Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 30/04/2026
cve: DSCD-15-PL-183
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 183
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 177
celebrada el jueves,
30 de abril de 2026
Convalidación o derogación de reales decretos leyes:
- Real Decreto Ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. (B.O.E. núm. 92, de 15 de abril de 2026). (Número de expediente 130/000040) ... (Página5)
Debates de totalidad de iniciativas de reforma constitucional:
- Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 921, de 13 de abril de 2026. (Número de expediente 102/000001) ... (Página26)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página57)
Debates de totalidad de iniciativas de reforma constitucional. (Votación) ... (Página58)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y dos minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes:
- Real Decreto Ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. (B.O.E. núm. 92, de 15 de abril de 2026). (Número de expediente 130/000040) ... (Página5)
El señor ministro de Hacienda (España García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decretoley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Valido García y los señores Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); los
señores Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gavin i Valls, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Alonso Cantorné, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; la señora Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
Debates de totalidad de iniciativas de reforma constitucional:
- Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 921, de 13 de abril de 2026. (Número de expediente 102/000001) ... (Página26)
La señora ministra de Igualdad (Redondo García) presenta a la Cámara el proyecto de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Robles López, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Franco González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replican el señor Robles López y la señora Franco González, y duplica la señora Narbona Ruiz.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, los señores Catalán Higueras y Rego Candamil y la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV); Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Martínez Barbero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
- Del Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 503, de 27 de marzo de 2026. (Número de expediente 162/000745) ...
(Página55)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se rechaza por 33 votos a favor y 315 en contra.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 513, de 17 de abril de 2026. (Número de
expediente 162/000756) ... (Página56)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 172 votos a favor y 171, en segunda votación, después de que en la primera hubiera un empate.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra región ultraperiférica.
(Número de expediente 173/000167) ... (Página56)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, se aprueba por 189 votos a favor, 119 en contra y 40 abstenciones.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas. (Número de expediente 173/000168) ... (Página56)
Sometida a votación por puntos la iniciativa de referencia, son aprobados todos.
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura. (Número de expediente 173/000169) ...
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se rechaza por 171 votos a favor y 177 en contra.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página57)
- Real Decreto Ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. (B.O.E. núm. 92, de 15 de abril de 2026). (Número de expediente 130/000040) ... (Página57)
Sometida a votación la iniciativa de referencia, se aprueba por 312 votos a favor y 32 en contra.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 348 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas de reforma constitucional. (Votación) ... (Página58)
- Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 921, de 13 de abril de 2026. (Número de expediente 102/000001) ... (Página58)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a la iniciativa de referencia, se rechazan por 171 votos a favor y 177 en contra.
Se levanta la sesión a las doce y cuarenta y dos minutos del mediodía.
SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026
Se reanuda la sesión a las nueve y dos minutos de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO LEY 9/2026, DE 14 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE. (Número de expediente 130/000040).
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas. Reanudamos la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. Para presentar el Real Decreto Ley, tiene la palabra, en
nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda. (Aplausos).
Por favor, señoras y señores diputadas y diputados, ruego silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García): Moltes gràcies. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
Comparezco en esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto Ley 9/2026, de Medidas Urgentes en Materia de Transporte, aprobado por el Consejo de Ministros como respuesta a una situación excepcional derivada de la crisis
internacional de Oriente Medio, y muy especialmente por el shock de los precios del combustible que esta crisis ha provocado. Lo hago con la convicción de que este Real Decreto Ley no solo es de extraordinaria y urgente necesidad, sino también
socialmente imprescindible, económicamente responsable y, algo que considero esencial subrayar aquí, es el resultado de un proceso de diálogo intenso con el sector del transporte y, especialmente, con el transporte de mercancías por carretera,
representado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Como saben, la guerra en Oriente Medio ha desencadenado una escalada abrupta del precio del petróleo -hoy tenemos un ejemplo más- y del gas, con efectos inmediatos sobre el precio de los combustibles. Esta subida ha tenido un impacto
directo y severo en el sector del transporte, un sector que no es uno más, sino una pieza crítica del funcionamiento de nuestro país. Conviene recordar algunos datos que ayudan a entender la magnitud e importancia de este sector en nuestro país.
El 95 % del transporte interior de mercancías en España se realiza por carretera; existen casi cien mil empresas, el 86 % de ellas pequeñas empresas con cinco vehículos o menos. Por tanto, estamos ante un sector altamente atomizado, con márgenes
reducidos y con una capacidad, y esta es la clave, limitada para absorber incrementos súbitos de costes. Cuando sube el precio del combustible y ese incremento no puede trasladarse de manera efectiva al precio del servicio, lo que está en riesgo no
es solo la rentabilidad de una empresa, sino la continuidad del suministro, el empleo y, en último término, el funcionamiento normal de nuestra economía. A esta realidad se suman otras circunstancias que aborda también el Real Decreto Ley, como es
el impacto que tiene esta subida sobre el ferrocarril de mercancías y el transporte marítimo, fundamental para el abastecimiento regular de los territorios extrapeninsulares. Y es que, señorías, cuando nos referimos al transporte no nos referimos a
un sector más, hablamos de un sector básico, un pilar de nuestro modelo productivo y nuestra cohesión territorial.
Ante esta situación, como saben, el Gobierno reaccionó con rapidez aprobando el Real Decreto Ley 7/2026, que incluía una primera batería de medidas de choque para amortiguar el impacto de la subida de los costes energéticos -entre ellas,
recordarán, la ayuda extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible-, pero desde el primer momento el Gobierno ya manifestó que si en el futuro fuera necesario avanzaríamos en nuevas medidas como las que hoy les planteamos. Y,
efectivamente, la magnitud de la
crisis y su duración, la volatilidad de los precios y, sobre todo, las carencias estructurales del sistema para trasladar los costes del combustible al precio del transporte exigían ir más allá, y aquí entra en juego el Real Decreto Ley
9/2026, un texto que refuerza el anterior, pues aumenta la protección en la cadena de transporte y completa el esquema ampliando su alcance a sectores no cubiertos inicialmente, dotándolos de soluciones que eran urgentes por la crisis generada, pero
que contribuyen a resolver problemas estructurales.
Pero permítanme detenerme en un aspecto fundamental, comenzando por el transporte de mercancías por carretera. El conjunto de medidas que hoy defendemos no ha sido diseñado en un despacho ni impuesto de forma unilateral, es el resultado de
un proceso de diálogo intenso, continuado y exigente, canalizado a través de su legítimo representante, el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Desde que comenzó la crisis, el Ministerio de Transportes ha mantenido numerosos contactos,
analizado datos, escuchado planteamientos, contrastado propuestas y buscado soluciones viables, equilibradas y jurídicamente sólidas, con un objetivo común: garantizar la viabilidad del sector y la estabilidad del sistema de transporte. Quiero
decirlo con claridad ante esta Cámara, el real decreto ley es una norma acordada con el sector, un acuerdo que ha permitido evitar escenarios de conflicto, que ha reforzado la legitimidad de las medidas y que demuestra que el diálogo social y
sectorial permite alcanzar las mejores soluciones posibles. (Aplausos).
Entrando ya en el contenido del real decreto ley, el primer gran eje se centra en el transporte de mercancías por carretera: garantizar que la variabilidad del precio del combustible se traslade de manera efectiva, automática y transparente
al precio del transporte. Como saben, desde el año 2022 la legislación española establece la obligatoriedad de revisar el precio del transporte cuando varía el precio del combustible. Sin embargo, los datos y la experiencia del sector nos obligan
a mejorar nuestro marco normativo. Por eso, el real decreto ley modifica la Ley 15/2009, del Contrato del Transporte Terrestre de Mercancías, para clarificar y reforzar el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio, establecer de
forma inequívoca que la variación debe reflejarse siempre de manera desglosada en la factura y eliminar cualquier posibilidad de pactar fórmulas alternativas que vacíen el contenido de la obligación legal. Obviamente, la norma necesita mecanismos
de control. Por eso, también se introduce un régimen sancionador específico, tipificando nuevas infracciones con sanciones graduadas en función del importe y su reiteración. Este régimen se inspira en modelos que ya han demostrado su eficacia,
como el régimen sancionador contra la morosidad en el sector, y que persiguen un único objetivo, garantizar que la ley se cumpla.
El segundo gran elemento del eje del transporte es que se modifica también la orden que regula cómo se calcula la revisión del precio. La realidad nos ha demostrado nuevamente que la fórmula vigente no responde adecuadamente a escenarios de
alta volatilidad como el actual. Por eso, se sustituye por una nueva fórmula dinámica, basada en un coeficiente vinculado al precio del gasóleo antes de impuestos en el momento de realizarse el transporte. Esta fórmula se aplica automáticamente
cuando se superan determinados umbrales, tiene en cuenta la estructura real de costes del sector, incorpora factores como el consumo de AdBlue -relevante dentro del esquema de costes de las empresas- y diferencia los tipos de vehículos por masas
máximas autorizadas y configuraciones operativas. Es una fórmula técnicamente más precisa y operativamente más sencilla, pensando en un sector compuesto en gran medida por pequeñas empresas. El real decreto ley establece con claridad que para
calcular la revisión del precio del transporte no se tendrán en cuenta las ayudas o bonificaciones extraordinarias del gasóleo establecidas en el Real Decreto Ley 7/2026. ¿Por qué? Porque estas ayudas son temporales y están sujetas a límites y
condicionantes adicionales. El segundo eje del real decreto ley se dirige al transporte ferroviario de mercancías, un modo que conocen que es esencial para los objetivos de sostenibilidad como país y que, sin embargo, está sufriendo de manera
intensa el impacto del encarecimiento del combustible. Para evitarlo, se establece una línea de ayudas directas en el año 2026, consistente en 15 000 euros por locomotora diésel en activo, con una dotación total de 3,15 millones de euros. El
objetivo es claro: evitar la expulsión del modo ferroviario de transporte de mercancías, que es
fundamental y en el que tenemos que seguir avanzando y desarrollando. Y el tercer eje se centra en el transporte marítimo, clave para la conectividad y para el abastecimiento de nuestros territorios extrapeninsulares. El real decreto ley
amplía el ámbito de las ayudas existentes para incluir los servicios de carga pura. Esta ampliación supone un incremento adicional de 7 millones de euros, que se suman a los 30 millones ya presupuestados inicialmente. Con ello, garantizamos un
trato homogéneo y no discriminatorio entre operadores. El real decreto ley incluye también ajustes técnicos y clarificaciones.
Concluyo. El Real Decreto Ley 9/2026, que hoy sometemos a su convalidación, refuerza y clarifica el marco legal existente: introduce mecanismos estructurales y permanentes -era urgente implantarlos para afrontar la crisis del transporte
por carretera- que permitan una correlación correcta de traslación de costes; reequilibra las relaciones contractuales entre cargadores y transportistas; adapta el sistema normativo a escenarios de alta volatilidad energética, y complementa las
medidas regulatorias con apoyo económico directo a los sectores ferroviario y marítimo. Y todo ello basado en el diálogo, especialmente con el transporte de mercancías y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.
Por todo ello, señorías, les pido el voto favorable para su convalidación.
Muchas gracias. Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, señorías.
Nosotros apoyaremos este decreto porque es necesario, es urgente y, además, forma parte de los contenidos del primer documento -es algo que ustedes pueden comprobar- que enviamos al señor Bolaños cuando nos solicitó nuestras propuestas.
Para archipiélagos como Baleares o Canarias, cuestiones como el transporte marítimo y el transporte interinsular son fundamentales y la única manera de amortiguar el sobrecoste que tiene la doble insularidad. Pero aprovecho para comentar alguna
otra cosa, porque, después de las declaraciones de Ursula von der Leyen ayer, hablando de que nos preparemos para una crisis que puede ser larga, temo que serán muchos los decretos que tengamos que ver y las cuestiones que tengamos que actualizar, y
una de ellas es el problema del incremento de los costes de la construcción. Yo no sé cuándo vamos a ver un decreto que ampare la revisión de precios para que las empresas no sigan renunciando a las obras adjudicadas o incluso dejando los concursos
desiertos. Esto está generando ya un problemón importante, también en la construcción de vivienda pública que se quiere poner en marcha.
Ayer, desde el Principado de Asturias, su compañero Adrián Barbón solicitó la flexibilidad de la regla de gasto. Estoy convencida de que no le contestarán ustedes ni con las formas, ni con el tono, ni con el fondo con los que me contestaron
a mí, pero cada vez son más las voces, señor ministro, que hablan de insistir a Europa en que, en una crisis que se nos anuncia que va a ser larga, las comunidades tienen que tener recursos para responder a la ciudadanía.
Como he dicho al principio, por supuesto que cuenta con nuestro voto a favor porque se recogen las cuestiones que solicitamos y que son muy muy importantes para Canarias.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moi bo día.
Moitas grazas, señora presidenta.
Se me permiten, previamente, esta noite lanchas militares israelís atacaron e asaltaron a flotilla rumbo a Gaza nunha nova acción criminal do estado sionista de Israel. Unha flotilla en que participan unha decena de activistas da
solidariedade galega con Palestina, ducias de cidadáns do Estado español e, polo tanto, o goberno español ten a obriga de
garantir a protección de todas esas persoas e de denunciar unha acción de piratería internacional que se suma aos crimes que leva cometido o estado de Israel e a cúpula sionista pola que debe pasar diante da Corte Penal internacional. O
Estado español debe romper xa relacións con Israel.
En todo caso, en relación con este Real Decreto nós xa dixemos cando se aprobou o anterior que era insuficiente, e a proba está en que o Goberno se ve obrigado a traer un novo que, por certo, continúa sendo insuficiente; necesario, mais
insuficiente. Aínda non se adoptan medidas que poden ser efectivamente moito máis eficaces como topar o prezo do gasóleo, porque está afectando non só ao transporte, ao sector do taxi, ao do transporte ferroviario de mercadorías ou ao transporte
marítimo, está afectando de maneira moi importante a todo o sector agrogandeiro, o sector pesqueiro, o conxunto do sector do taxi e á totalidade dos usuarios e usuarias. Non se adoptaron aínda medidas como o control do prezo dos alimentos, dos
alugueres ou das hipotecas, máis necesario que nunca despois de que antonte caese aquí o decreto de prórroga dos alugueres. Non se adoptou aínda un plan de emerxencia para as micropemes e para os autónomos e autónomas e non se actualizou, por
exemplo, -por citar só algunhas medidas que nós temos defendido-, o IPREM, conxelado desde o ano 2023. Activan vostedes a cláusula de escape para facilitar o aumento do gasto militar. Para o BNG a prioridade, esa si é unha prioridade, a protección
social e o que entendemos que debe facer este goberno que reclamamos que faga este goberno.
Moito obrigado.
Muy buenos días. Gracias, señora presidenta.
Si me permiten, antes que nada, esta noche lanchas militares israelíes atacaron y asaltaron la flotilla rumbo a Gaza en una nueva acción criminal del Estado sionista de Israel. Es una flotilla en la que participan una decena de activistas
de la solidaridad gallega con Palestina, decenas de ciudadanos españoles. El Gobierno español, por tanto, tiene que garantizar la protección de todas esas personas y denunciar una acción de piratería internacional, que se suma a los crímenes que
llevan cometiendo el Estado de Israel y la cúpula sionista, y por los que deben rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional. El Estado español debe romper relaciones con Israel.
En relación con este real decreto, nosotros ya dijimos cuando se aprobó el anterior que era insuficiente, y la prueba está en que el Gobierno se ha visto obligado a traer un nuevo decreto, que sigue siendo insuficiente; necesario, pero
insuficiente. Todavía no se adoptan medidas que puedan ser efectivamente mucho más eficaces, como topar el precio del gasóleo, porque esto no solo afecta al transporte, sino también al transporte ferroviario de mercancías, a todo el sector
agroganadero y pesquero, al conjunto del sector del taxi y a la totalidad de usuarios y usuarias. No se han adoptado medidas como el control de precio de los alimentos, de los alquileres o de las hipotecas, más necesario que nunca después de que
cayese ayer aquí el decreto de prórroga de los alquileres. Todavía no se ha adoptado un plan de emergencia para las micropymes, para los autónomos y las autónomas y no se actualizó, por ejemplo -por citar solo algunas medidas que nosotros hemos
defendido-, el IPREM, congelado desde 2023. Activan ustedes la cláusula de escape en relación con el aumento del gasto militar. Para el BNG la prioridad es la protección social, eso es lo que debe hacer este Gobierno y lo que reclamamos que haga.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta. Buenos días.
En primer lugar, quiero sumarme a las palabras del diputado Néstor Rego. Toda nuestra solidaridad con los activistas que están intentando romper el bloqueo, el cerco criminal de Israel contra Palestina. (Aplausos). Es una vergüenza que el
Estado terrorista de Israel pueda extender sus acciones a todo el Mediterráneo y que los Gobiernos europeos permanezcan callados ante eso.
El Gobierno nos presenta otro real decreto para la contención de los efectos económicos de la guerra de Irán, lo cual, señor ministro, era previsible, pero quizá no es el decreto que esperábamos ni las medidas que este país necesita.
Seguramente usted tenga razón y este decreto responda a las demandas de la patronal del transporte, está bien, pero, honestamente, sigue sin estar a la altura de la crisis social que se está gestando en barrios, en pueblos y en ciudades. Y se lo
vamos a decir una vez más, señorías del Gobierno. La agresión contra Irán, el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz y el rearme que se está produciendo en toda Europa no solo suponen un problema de costes empresariales, como parece que ustedes
apuntan según todas las medidas que van desarrollando, sino que, sobre todo, supone una cadena de subida de precios que está golpeando a las capas medias, a las clases trabajadoras. Ya sé que el Gobierno presume mucho de que las cifras macro van
muy bien, de que tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero, se lo digo con honestidad, los salarios no alcanzan. La prueba es que se están cronificando los 2,5 millones de trabajadores pobres que, trabajando, no llegan. Mientras
tanto, el precio de la vivienda, solamente este año, ha crecido un 14,3 %, y se va ensanchando la brecha entre las clases sociales. Por eso, lo peor de este decreto quizá no sea lo que contiene, sino lo que no contiene, lo que omite. Por ejemplo,
¿dónde está la protección a las familias que viven de su salario y que están notando en sus propias carnes el aumento del coste de la vida, que están notando cómo sube su hipoteca y que no les da para pagarla? ¿Dónde está el tope al precio de los
alquileres que les estamos demandando durante toda la legislatura y que no llega?
Señor ministro, esto es muy sencillo de entender. Si la guerra eleva el precio de la energía, sube el transporte, de acuerdo, pero también sube el precio de los alimentos y, de hecho, sube el precio de la vivienda. Por eso, creemos que no
basta con actuar solo sobre la pata del transporte. Sin un tope en el alquiler, sin limitar la compra de vivienda especulativa y sin un escudo social robusto estas medidas van a resultar asimétricas. Por un lado, se dan ayudas al transporte, que
muchas veces acaban en las cuentas de beneficios de las energéticas, y se lo decimos porque, como ya le advertimos hace dos semanas, las gasolineras ya han absorbido la rebaja fiscal del Gobierno y los precios de la gasolina y del gasóleo vuelven a
estar en precios muy elevados. Y, por otro lado, ustedes no quieren intervenir sobre los otros efectos de la guerra, sobre las hipotecas, los alquileres o la cesta de la compra.
En consecuencia, vamos a votar a favor de este real decreto porque entendemos que contiene medidas que alivian de manera parcial al sector del transporte, pero les decimos algo que es sencillo de entender: el tiempo se está acabando no solo
para este Gobierno, sino también para muchas familias que dependen de las decisiones que tomemos aquí. Si se pone dinero público para contener los efectos de la guerra, hay que intervenir también sobre los que se lucran con la guerra. Y, por
ejemplo, hay que topar el precio de la gasolina y del gasóleo, esos beneficios extraordinarios que están teniendo las energéticas. Si se ayuda a los sectores económicos, como a la patronal del transporte, también hay que ayudar a las clases medias
y trabajadoras con topes sobre el alquiler y con un verdadero escudo social. Y, como usted sabe, señor ministro, todo eso sigue pendiente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Egun on.
Ekialde Hurbileko gatazkaren ondoriozko krisia prezioen igoera bizia eta etengabea eragiten ari da, batez ere energiarena, baina baita elikagaiena eta oinarrizko kostuena ere. Egoera horrek eragin zuzena du gure ekonomiaren sektore
estrategikoetan eta bereziki garraioan. Hau da, gure herrialdeko kate logistikoaren eta horniduraren bizkarrezurrean. Testuinguru horretan, gaur eztabaidatzen ari garen Errege Lege dekretuak beharrezko neurriak sartzen ditu. Izan ere, dekretu
honek aitortzen du orain dela aste batzuk hartutako neurriak motz geratu direla, garraioaren sektorean izandako eraginari erantzuteko. Horregatik, gaur beste urrats bat ematea beharrezkoa zen eta dekretu honek horrela egiten du.
Buenos días, señorías.
La crisis derivada del conflicto en Oriente Medio está provocando una subida intensa y sostenida de los precios; especialmente de la energía, pero también de los alimentos y de los costes básicos. Esta situación está impactando
directamente en sectores estratégicos de nuestra economía y muy especialmente en el transporte, la columna vertebral de la cadena logística y del abastecimiento de nuestro país. En este contexto, el real decreto ley que hoy debatimos introduce
medidas necesarias. De hecho, este decreto es también el reconocimiento de que las medidas adoptadas anteriormente se han quedado cortas para responder a la magnitud del impacto en el sector del transporte. Por eso, era necesario dar un paso más y
este decreto así lo hace.
En primer lugar, valoramos positivamente el refuerzo de la revisión automática y obligatoria de los precios del transporte por carretera en función del coste del combustible; es un avance importante. Durante años, los transportistas han
tenido dificultades reales para trasladar los incrementos de costes a sus clientes, lo que ha generado una situación de desequilibrio contractual. Por tanto, introducir un mecanismo automático, obligatorio y transparente supone un paso adelante en
seguridad jurídica y en justicia económica. También es acertado que se actualice la fórmula de revisión para adaptarla a escenarios de alta volatilidad como el actual, permitiendo una respuesta ágil y ajustada a la realidad del mercado. Supone un
alivio estructural, ya que en escenarios de subidas bruscas ya no tendrán que absorber pérdidas ni depender de la buena voluntad del cliente para renegociar. Esto mejora radicalmente la viabilidad de pequeñas empresas que operan con márgenes muy
estrechos y que en los últimos meses han visto cómo el gasóleo, que representa entre el 30 y el 40 % de sus costes, subía más de un 25 % sin poder repercutirlo completamente. En Euskadi, además, donde hay unas 8000 empresas y autónomos de
transporte de mercancías, esta medida puede ser la diferencia entre continuar o cerrar en periodos de crisis de combustible.
En el ámbito ferroviario, se establecen ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías especialmente vinculadas a las locomotoras diésel. Esto es fundamental para evitar que el incremento de los costes energéticos reduzca la
competitividad del ferrocarril y que por costes de combustible se traspase carga del tren al camión. El uso del ferrocarril es beneficioso medioambientalmente y también para descongestionar las carreteras.
En cuanto al transporte marítimo, se refuerzan y amplían las ayudas a los servicios de cabotaje y transporte regular, incluyendo el transporte de carga entre la Península y los territorios no peninsulares, así como entre estos.
Por tanto, estamos ante un conjunto de medidas que intenta dar respuesta a una crisis compleja que afecta a distintos modos de transporte y que requiere una actuación urgente. Pero, señorías, apoyar este decreto no significa dejar de
señalar las carencias. En primer lugar, el Gobierno ha acertado al escuchar al sector del transporte, pero creemos que ha fallado al no incorporar a los grupos políticos en la elaboración de estas medidas. Y esto no es un detalle menor, porque,
con la actual aritmética parlamentaria, el consenso no es una opción, es una necesidad para luego no encontrarnos con sorpresas desagradables. Además, si se hubiera contado con los grupos desde el inicio, podríamos haber mejorado el texto con
aportaciones útiles. Por ejemplo, podríamos haber abordado una realidad que ya está en marcha, la implantación de sistemas de pago por uso en infraestructuras viarias, como ocurre en territorios como Guipúzcoa y Vizcaya, y que previsiblemente se va
a extender a otros territorios. Estos sistemas, basados en el principio de recuperación de costes, están suponiendo o van a suponer nuevos costes obligatorios para el transporte de mercancías, especialmente para los vehículos pesados. Sin embargo,
el decreto no contempla un mecanismo claro para que estos costes puedan ser repercutidos de forma específica y diferenciada a los clientes. A lo mejor, si se hubiera contado con los grupos podríamos haber incorporado una mejora sencilla pero
relevante: permitir que estos costes derivados del uso de infraestructuras se trasladen de forma transparente, igual que hoy se hace con el combustible.
Y ya que usted está aquí, señor ministro de Hacienda, hoy se reconoce, y lo apoyamos, que cuando aumentan los costes por causas externas, como la subida de la energía derivada de la crisis del Oriente Medio, se permite la revisión de los
precios de los contratos. Sin embargo, ese mismo principio se sigue negando en otros ámbitos. En los últimos años, el salario mínimo interprofesional ha aumentado de forma significativa, algo que valoramos positivamente, pero en un contexto de
aumento de precios energéticos y alimentos, muchas empresas que prestan servicios públicos esenciales están viendo cómo aumentan esos costes salariales sin poder actualizar los precios de los contratos, y esto está generando problemas reales:
pérdida de calidad en los servicios, dificultades para mejorar las condiciones laborales y empresas que renuncian porque dejan de ser viables, y esto afecta especialmente a sectores feminizados y a entidades sociales que trabajan con personas en
situación de vulnerabilidad. Por tanto, creemos que no podemos aplicar un principio en un sector y negarlo en otros.
Dicho esto, hoy votaremos a favor de este decreto porque es necesario en el contexto actual, pero lo hacemos también con una exigencia clara: mejorar estas medidas, ampliar el diálogo social y aplicar ese mismo criterio -el de adaptar los
contratos a la realidad de los costes de forma coherente- en aquellos ámbitos donde hoy también se están generando tensiones y desigualdades, como son los contratos de servicios del sector público. Si no lo hacemos, quienes acabarán pagando esta
incoherencia serán las personas trabajadoras más vulnerables y la ciudadanía que depende de servicios públicos esenciales.
Aldeko botoa emango dugu gaur eztabaidatzen ari garen araua beharrezko neurriak sartzen dituelako eta, aldi berean, dekretu honek gauza bat esan nahi duelako, zazpigarren dekretuan hartutako ekimenak ez direla nahikoak izan garraioaren
sektorean izandako eraginari aurre egiteko. Beraz, ezinbestekoa zen beste urrats bat ematea, lehen esan dudan moduan.
Eskerrik asko.
Votaremos a favor porque la norma que hoy debatimos introduce las medidas necesarias. Al mismo tiempo, este decreto supone el reconocimiento de que las iniciativas adoptadas anteriormente han resultado insuficientes para hacer frente a la
magnitud del impacto en el sector del transporte. Era, pues, imprescindible dar un paso más.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egunon, guztioi!
Gaurkoa dekretu xumea da, laburra da, lau artikulu, bost xedapen gehigarri besterik ez ditu eta dekretuaren funtsa eta oinarria ia zuzenketa teknikoa dela esan daiteke. Hain zuzen ere, errepide garraiozerbitzuen prezioen egokitzapen azkar
bat egitea, erregaien prezioen aldaketaren arabera. Prezio aldaketa azkar hauek zerbitzu hauek egitera dedikatzen diren enpresak larriki kaltetu ez ditzaten. Hau da helburu nagusia. Hortaz haratago, Irango gerraren ondorioz kaltetutako sektoreak
laguntzeko onartu zen dekretuan ezarritako diru laguntzetatik kanpo gelditu ziren sektore batzuk laguntzen dira. Alde batetik, salgaiak trenbidez garraiatzen dituzten diesel makinak dituzten enpresak, zeinentzat dirulaguntza lerro txiki bat
irekitzen den, garraiobide honek duen kuota eskasa ez galtzeko helburuarekin. Bestetik, martxoko dekretutik at geratu ziren egokitutako taxiak, eurotaxiak bezala ezagutzen direnak, laguntzeko. Eta azkenik, itsassalgaiak kabotaje bidez garraiatzeko
zerbitzuei laguntzak. Eta listo, hori da guztia. Ez dugu uste laguntza hauek zalantzan jartzeko ezer asko esan daitekeenik. Logikoa da salgaien garraioan aritzen diren enpresek arin islatzea jasaten ari diren prezio igoera izugarri eta bapatekoak
prezioa jaisten badira. Garraio zerbitzuen prezioa jaistea arrazoizkoa den moduan eskatzen dugun bakarra zera da neurri hauek bi noranzkoetan funtzionatzeko zaintza egitea. Hau da, erregaien prezioa jaisten denean, zerbitzuen prezioa arin jaistea
ere.
Agian deigarriena Garraio Ministerioa motel ibili izana da. Hemen arautzen den guztia aurreko dekretuan sartu zitekeen. Izan ere, dekretu honek aurrekoa aldatzea ekartzen du. Han kontutan hartu ez ziren sektoreak sartu ahal izateko. Zer
gertatu zen? Aurreko dekretuak onartu arte ez zen konturatu Ministerioa gaur laguntzen diren sektoreak zaurgarriak zirela? Eta horretaz gain, zalantzagarria iruditzen zaigu diesel lokomotorentzako laguntzak ustiapenean dauden lokomotoraren
kopuruaren arabera egitea, eta ez erabilitako erregaiaren arabera. Bitxia. Arazoa erregaiak izanda, hauen kontsumoa ez izatea irizpidea eta bai, aldiz, makina kopurua.
Muchas gracias, señora presidenta.
El Real Decreto Ley 9/2026 es un decreto modesto, breve -tiene únicamente cuatro artículos y cinco disposiciones adicionales-. Se puede decir que su trasfondo, su base, es una corrección técnica, precisamente la de realizar una adaptación
rápida de los precios de los servicios de transporte por carretera en función de la variación de los precios de los carburantes para que las rápidas variaciones de los precios de los carburantes no perjudiquen gravemente a las empresas dedicadas a
realizar estos servicios. Este es su objetivo principal. Más allá de eso, tiene en cuenta a algunos sectores que quedaron excluidos de las ayudas establecidas en el real decreto aprobado para ayudar a los sectores afectados por la guerra de Irán.
Por un lado, las locomotoras diésel que transportan mercancías por ferrocarril para las que se abre una pequeña línea de ayudas económicas con el objetivo de no perder la escasa cuota de este medio de transporte. Por otro lado, los taxis adaptados,
conocidos como eurotaxis, que quedaron fuera del decreto de marzo. Y, por último, se establecen ayudas a los servicios de transporte de mercancías marítimas por cabotaje. Ya está, eso es todo. No creemos que haya mucho que decir en cuanto a
cuestionar estas ayudas. Nos parece lógico que las empresas dedicadas al transporte de mercancías trasladen de una manera ágil las tremendas y repentinas subidas de precios que están sufriendo; de la misma manera que se establece que, si los
precios bajan, también se vean obligadas a reducirlos. Solo pedimos que se realice la vigilancia suficiente para que esto funcione realmente en ambos sentidos.
Quizá lo más llamativo sea que el Ministerio de Transportes ha estado lento. Todo lo que aquí se regula podría haberse incluido en el real decreto anterior. De hecho, este decreto supone unificar el anterior para poder incluir sectores que
no se tenían en cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Hasta que no se aprobó el decreto anterior el ministerio no se dio cuenta de lo que se incluye en el que hoy se somete a debate? Además, nos parece cuestionable que en la ayuda a las locomotoras diésel se
utilice el criterio del número de locomotoras y no se aplique el del combustible utilizado. Es curioso precisamente que se quiera paliar la subida del precio del carburante. No parece el mejor criterio.
El decreto en sí no da para mucho más, a nuestro entender, pero creemos que no está de más volver a recordar que esta ristra de sectores y más sectores que aparecen como perjudicados, como elementos a proteger, no se encontrarían en esta
situación de debilidad, con su viabilidad cuestionada, si no fuera por -recordemos- una intervención militar ilegal iniciada por Estados Unidos e Israel hace dos meses en Irán. Desde el inicio, dijimos que no queremos pagar las consecuencias de sus
guerras, pero estamos viendo que los sectores perjudicados a los que hay que ayudar desde el erario público -como se demuestra en este decreto- son cada vez más, así que la manera más efectiva de detener la sangría es, precisamente, impedir por
todos los medios que esta situación, que va camino de estrangular la economía mundial, y especialmente la europea, continúe.
Aprovecho la reflexión para denunciar desde aquí que ayer -como se ha dicho- una vez más, violando la legalidad internacional, Israel atacó la flotilla Global Sumud, que iba camino de Gaza. Una ofensiva que se traduce en la obstrucción
ilegal de cientos de participantes de la flotilla, una nueva ilegalidad cometida por el Estado de Israel en aguas internacionales. Quiero desear, por supuesto, la mejor fortuna a la flotilla y agradecer a todas esas personas que ponen su cuerpo
para acabar con el bloqueo y el muro de silencio sobre la inaceptable situación de Gaza. (Aplausos).
Además de esta reflexión básica, queríamos dejar otra que no es menos importante, porque esta situación de sostener a tantos y tantos sectores que dependen de que el precio de combustible no se dispare no es sostenible en el medio plazo.
Podemos procurar un alivio temporal, puntual, pero hacen falta cambios estructurales. Desde el punto de vista del transporte, el Gobierno en general y el Ministerio de Transportes en particular tienen que hacer una reflexión crítica, porque, en
realidad, los parches -que es lo que se pone a través de decretos como el de hoy- tienen un alcance limitado, y se ha demostrado que lo que funciona realmente es otra cosa. Lo explico. El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado, con razón,
que en esta crisis se está produciendo un fenómeno remarcable: hay una gran diferencia entre lo que está subiendo el precio de los combustibles, que es muchísimo, y el precio de la electricidad, que apenas ha subido. Esto viene dado porque con el
despliegue de las energías renovables se ha conseguido que, en gran medida, no sea el gas quien marque el precio de la luz, que hoy condiciona solamente el 15 % de las franjas horarias. Es decir, menos dependencia del gas fósil supone menos
volatilidad del precio y más renovables significa más contención de precio; y con buen criterio se dice que una menor dependencia energética exterior te dota de una mayor autonomía estratégica y ofrece menos perturbaciones. Así que la conclusión
es: más renovables y más electrificación, y Europa está lanzando el mismo mensaje.
Siendo esto cierto, y a pesar de la retórica optimista, cuando miramos la dependencia energética real y total del Estado del exterior, vemos que el Estado, a pesar de que en el sector eléctrico haya una autonomía subrayable, es dependiente
del exterior aproximadamente entre el 65 y 70 %, muy por encima de la media europea. Esto viene dado en gran medida por el transporte, sector que depende de los combustibles fósiles en más de un 90 %. (Rumores). La electrificación de la movilidad
está lejos de la media europea, hasta el punto de que se está convirtiendo en una rémora para los objetivos de descarbonización comprometidos en el Plan de Energía y Clima. La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril electrificado está a
años luz de la media europea y esto hace que numerosos sectores, uno, sean vulnerables, y, dos, necesiten ayudas de emergencia como las que esperemos se aprueben hoy y las que se aprobaron en el decreto anterior.
Todo esto, que está vinculado a unas políticas insuficientes para electrificar la movilidad, tiene unos efectos completamente perversos. Primero, retrasa la transición; segundo, te ata a la espiral destructiva de los efectos de la guerra,
y, tercero, termina generando una estructura de subvenciones a los combustibles fósiles inaceptable desde el punto de vista climático y estéril desde un punto de vista social; además, a costa del erario público y, de paso, detrayendo recursos que
son vitales para la transición. Vamos, que terminamos pagando todos el sostenimiento de los señores del petróleo, cuyo beneficio aumenta exponencialmente, porque no se ha sido eficiente a la hora de electrificar el parque móvil, porque el modelo de
desarrollo ferroviario ha asfixiado el transporte de mercancías por ferrocarril y, en definitiva, porque hay un retraso enorme en la transformación de la movilidad. El ministerio tiene que responder: el de Transportes y el de Hacienda, que tiene
mucho que decir en la fiscalidad energética para la transición.
Creemos que, en la medida en que hay perturbaciones provocadas por la inestabilidad geopolítica mundial, tan vinculadas a la economía de los combustibles fósiles, y esta ha venido para quedarse, el Gobierno no puede ni debe limitarse a
aliviar a todos los sectores que cuelgan del precio del petróleo, sino que debe enfocarse en la electrificación efectiva de la movilidad y el desenganche de la movilidad fósil, que es la verdadera garantía de la resiliencia. De lo contrario,
seguiremos debatiendo interminablemente decretos que no solucionarán el problema de fondo. Seguiremos insistiendo en ello.
Besterik ez. Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señor Otero.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Gavin i Valls.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Gavin i Valls.
El señor GAVIN I VALLS: Gràcies, presidenta.
Senyores i senyors diputats, tal com ha dit ja algun altre ponent d'algun altre grup parlamentari, aquest Reial decret, de fet, és una mena de annex del decret anterior. És a dir, conté mesures que s'haguessin pogut incloure a l'anterior
Reial decret de mesures contra l'efecte de la guerra d'Iran. De fet, gairebé podríem dir que és quasi quasi una fe d'errates. Hi ha una modificació de l'anterior decret. El que preveu són mesures que en algun moment donat Junts per Catalunya hem
demanat en alguna ocasió i també el sector. Evidentment, el sector fa molts anys que clama, per exemple, per mecanismes de revisió automàtica de preus en el transport per carretera davant de la fluctuació del preu del combustible, o també una línia
d'ajuts per a les màquines dièsel ferroviàries, que són la immensa majoria de maquinària que s'utilitza per muntar i desmuntar trens a les terminals ferroviàries. Eren mesures, de fet, com dic, imprescindibles per poder fer un paquet d'actuacions
en contra de l'efecte de la guerra d'Iran. Són mesures que, com dic, el sector les ha demanat -Junts per Catalunya, també- des de fa molt de temps. Aquest sector, el sector del transport està molt tensionat per la fluctuació del preu dels
combustibles des de la pandèmia, des de la guerra de la invasió d'Ucraïna, etcètera, etcètera, i, per tant, són benvingudes. No hi ha cap mena de dubte sobre això. Però vostès, el Govern planteja aquestes mesures d'alguna manera, com una solució
estructural. Solució estructural des del punt de vista de la fluctuació del preu del combustible es podria interpretar. Però el que a nosaltres ens preocupa realment, ministre, és que això són mesures conjunturals, evidentment, i el sector del
transport té tal quantitat de problemes estructurals no resolts pel seu govern que, sincerament, no podem admetre aquest tipus de llenguatge.
Començant per l'execució pressupostària de les infraestructures. Vostè ara fa poc que ha estat nomenat ministre, però hem donat aquí quantitats ingents de dades oficials que demostren la mínima inversió pressupostària i la baixíssima
execució pressupostària a Catalunya. Entre l'any 2010. Li dono unes quantes perquè així vostè ja vagi prenent nota. Entre el 2010 i el 2023, l'execució mitjana de les inversions d'ADIF i de Renfe a Catalunya, per exemple, va ser del 50 % del
pressupostat, inadmissible. Els anys crítics, com l'any 2021, va caure fins al 19,3, totalment inadmissible. I, per tant, això quan es perpetua en el temps de forma sistemàtica i crònica, ja no és un problema de mala gestió o del que sigui. És un
problema de model crònic estructural. Un model on nosaltres hem denunciat aquí moltes vegades que l'Estat es dedica a invertir en alta velocitat radial i centralitzada i abandonar la resta de modes de transport. Jo gairebé diria que això és la
prioritat madrilenya d'una mena d'acord tàcit, no escrit, entre el Partit Popular i el PSOE, perquè sempre passa tant si governa el PP com si governa el PSOE. La concentració de la inversió al centre, a Madrid, i la desatenció de la resta. I jo
gairebé el posaria en contraposició a la prioridad nacional que han pactat aquests senyors de PP i VOX en aquests moments, però en realitat són complementàries. El pacte de la prioritat madrilenya és constant i permanent en el temps tant si governa
el PP com si governa el PSOE. I això afecta tots els sistemes. Rodalies, és un escàndol que està passant a Catalunya amb Rodalies. Ho deia el president de la Comissió d'Investigació Ferroviària: 'No sé cómo los catalanes aguantan tanto', eh? Jo
tampoc no ho sé. Projectes com el desdoblament de l'R3 de Vic, que porten endarreriments de vint anys per dir alguna cosa. I un infrafinançament deliberat amb un servei que afecta la salut de les persones, el seu descans, la conciliació familiar,
la seva qualitat de vida, però que també té un fort impacte econòmic en l'economia, ministre, no ho oblidin. Amb tot, amb les persones i també amb l'economia. El greu impacte econòmic en hores de treball perdudes és constant amb el servei de
Rodalies a Catalunya. Aquesta darrera crisi, la darrera, la més forta dels darrers quaranta anys el ministre deia que ha tingut una factura de 186 milions d'euros. Però miri, l'Associació General de Transportistes de Catalunya, que agrupa autònoms
i petits transportistes -perquè li recordo que aquesta última crisi de rodalies anava acompanyada amb el tall de l'AP7- ens deien que en aquells dies aquests petits transportistes només perdien 2 milions d'euros cada dia. Per tant, home, solucions
estructurals, les d'aquest Reial decret, no.
El Corredor Mediterrani, que vostè això també ho deu conèixer, l'Estat espanyol s'ha dedicat a invertir amb un corredor central que porta la meitat de les mercaderies que el corredor mediterrani i ajornar i ajornar i ajornar sine die la
finalització del corredor mediterrani que passa pels ports. I, per tant, els Ports, començant pel de Barcelona, continuant pel de Tarragona i pel de Castelló i pel de València, han pagat la factura i també la indústria catalana, que aquest
corredor, que és prioritari a la Unió Europea i que és el que aporta més mercaderies de l'Estat, doncs no estigui acabat. Solució estructural, per si els falten idees.
I a la xarxa viària passa exactament el mateix. Totes les autovies de Catalunya estan inacabades, totes. I les que estan acabades, els trams que ho estan, tenen un manteniment molt deficient. Fa poques setmanes, a la Panadella hi va haver
un episodi d'accident de trencaments de llantes i rebentades de pneumàtics pel mal estat de la via. Hauria pogut acabar amb una desgràcia personal de grans dimensions i el ministeri, què fa? Arregla un trosset de tres o quatre quilòmetres, però
els trossos de la vora han tornat a estar ja novament en una situació de perillositat, fins i tot. I a les nacionals passa el mateix: la 340, la 260 i la 240, la Nacional II, totes tenen trams pendents i amb un manteniment molt deficient i de
perillositat. El deute acumulat en infraestructures, ministre, vostè ha de conèixer les dades, ja no li dic, però el Govern desatén la disposició addicional tercera de l'Estatut, una llei orgànica. Desatén les sentències del Tribunal Suprem que
obliguen a complir amb aquesta disposició addicional tercera i també les incompleix, aquestes sentències, com perquè ara ens haguem de fiar d'un consorci que ha de dependre del mateix govern incomplidor de lleis orgàniques, incomplidor de sentències
dels tribunals com per creure que ara en un consorci es resoldrà. De cap manera.
Això és el que demostra, com dic, és que vostès s'estan especialitzant en posar pegats, en mirar d'arreglar les situacions que es van produint davant de les diferents situacions d'incertesa o de mobilitat, però no estan resolent els
problemes reals estructurals del transport, de l'economia i dels serveis. I aquí és on fa molts anys que vostès no estan complint.
Gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, tal y como ha dicho algún otro ponente de otro grupo parlamentario, este real decreto es una forma de anexo al decreto anterior porque tiene medidas que se habrían podido incluir en el anterior real decreto de
medidas contra el efecto de la guerra de Irán. De hecho, casi podríamos decir que es una fe de erratas, una modificación del anterior decreto. Lo que prevé son medidas que Junts per Catalunya hemos pedido en alguna ocasión y que, evidentemente,
también hace muchos años que el sector pide: por ejemplo, mecanismos de revisión automática de precios en el transporte por carretera ante la fluctuación del precio del combustible; o también una línea de ayudas para las máquinas diésel
ferroviarias, que son la inmensa mayoría de maquinaria que se utiliza para montar y desmontar trenes en las vías ferroviarias. Son medidas imprescindibles para poder hacer un paquete de actuaciones contra los efectos de la guerra de Irán y que
-como digo- el sector y Junts per Catalunya hemos pedido desde hace mucho tiempo. Este sector está muy tensionado por el problema de los combustibles, por la pandemia, la guerra, la invasión de Ucrania, etcétera, y, por lo tanto, las medidas son
bienvenidas, no hay duda de esto, pero ustedes, el Gobierno, plantean esta medida, de alguna manera, como una solución estructural. Una solución estructural desde el punto de vista de la fluctuación de los precios del combustible se podría
entender, pero lo que a nosotros nos preocupa realmente es que son medidas coyunturales, evidentemente, y el sector del transporte tiene tal cantidad de problemas estructurales no resueltos por su Gobierno que, sinceramente, no podemos admitir ese
tipo de lenguaje.
Empezamos por la ejecución presupuestaria de las infraestructuras. Usted hace poco que ha sido nombrado ministro, pero hemos hablado aquí de cantidad de datos ingentes que demuestran la mínima inversión presupuestaria y la bajísima
ejecución presupuestaria que hay en Cataluña. Le voy a dar algunos de esos datos para que usted vaya tomando nota. Entre el año 2010 y el 2023, la ejecución media de las inversiones de ADIF y Renfe
en Cataluña fue solo del 50,3 % del presupuesto: inadmisible. En años críticos, como 2021, cayó el 19,3 %: totalmente inadmisible. Y, por lo tanto, eso, cuando se perpetúa en el tiempo de forma sistemática y crónica, ya deja de ser un
problema de mala gestión o de lo que sea, es un problema de modelo crónico estructural. Un modelo que nosotros hemos denunciado aquí muchas veces, en el que el Estado se dedica a invertir en alta velocidad radial y centralizada, abandonando el
resto de los modos de transporte. Yo casi diría que esta es la prioridad madrileña de un tipo de acuerdo tácito no escrito entre PP y PSOE, porque siempre pasa, tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE: la concentración de la inversión en
el centro, en Madrid, y la desaparición del resto. Y yo casi lo pondría en contraposición a la prioridad nacional que han pactado estos señores del PP y VOX en estos momentos, pero en realidad son complementarias. El pacto de la prioridad
madrileña es constante y permanente en el tiempo, tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE. Y esto afecta a todos los sistemas de rodalies. Es un escándalo lo que está pasando en Cataluña con los rodalies, cercanías. Lo decía el
presidente de la comisión de investigación ferroviaria. No sé cómo aguantan tanto los catalanes; yo tampoco lo sé. Proyectos como el desdoblamiento de la R3 de Vic, que lleva veinte años, por decir algo. Es una infrafinanciación deliberada de un
servicio que afecta a la salud de las personas, a su descanso, a la conciliación familiar, a su calidad de vida, pero que también tiene un fuerte impacto económico en la economía, ministro -no se olvide de ello-, en las personas y en la economía.
El grave impacto económico en horas de trabajo o perdidas es constante con el servicio de rodalies de Cataluña. La última crisis, la más fuerte de los últimos cuarenta años, el ministro decía que ha tenido una factura de 186 millones de euros.
Pero la Asociación General de Transportistas de Cataluña, del grupo de autónomos y pequeños transportistas -porque le recuerdo que esta última crisis de rodalies iba acompañada también del corte de la AP7-, nos decía que esos días los pequeños
transportistas solo perdían 2 millones de euros cada día. Por lo tanto, hombre, soluciones estructurales las que aporta este real decreto, no.
El corredor mediterráneo -usted también lo debe conocer-. El Estado español se ha dedicado a invertir en un corredor central que lleva la mitad de las mercancías del corredor mediterráneo y a aplazar, aplazar y aplazar sine die la
finalización del corredor mediterráneo que pasa por los puertos. Y, por lo tanto, los puertos, empezando por el de Barcelona, siguiendo por el de Tarragona, el de Castelló y el de Valencia, han pagado la factura y también la industria catalana de
que este corredor, que es prioritario en la Unión Europea y que es el que lleva más mercancías del Estado, no se haya llevado a término. Solución estructural, por si les faltan ideas.
En la red vial pasa exactamente lo mismo. Todas las autovías de Cataluña están sin acabar, todas. Y los tramos que están acabados tienen un mantenimiento muy deficiente. Hace pocas semanas, en Panadella, hubo un episodio de un accidente
de rotura de llantas y ruedas reventadas por el mal estado del firme, que podía haber acabado con una desgracia personal de grandes dimensiones. ¿Qué hace el ministerio? Arregla unos pocos kilómetros, pero los trozos de los lados vuelven a estar
otra vez en un nivel de peligrosidad muy amplio. Pasa lo mismo con las demás, la N340, la 260, la 240, la N2; todas tienen obras pendientes de ampliación y mantenimiento con niveles de peligrosidad muy altos. Usted debe conocer los datos, no se
los voy a dar, pero tenemos la disposición tercera del estatut, una ley orgánica, se desatienden las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a cumplir con esta disposición adicional tercera del estatut y también se incumplen estas sentencias
como para que nos tengamos que fiar de un consorcio que ahora depende del mismo Gobierno incumplidor de leyes orgánicas, incumplidor de sentencias de los tribunales. Como para creernos que ahora va a venir un consorcio a resolverlo todo, en
absoluto.
Esto demuestra, como decía, que ustedes están especializándose en poner parches, mirar a ver qué problemas hay ante las diferentes situaciones de incertidumbre o de movilidad, pero no están ustedes resolviendo los problemas reales
estructurales del transporte, de la economía ni de los servicios. Y aquí es donde hace muchos años que ustedes no están cumpliendo.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Gavin.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta.
Ministre.
Avui debatem la convalidació del Reial Decret 9/2026, una norma que sabem que neix en un context extraordinari, una pujada de preus del combustible que està posant en risc la viabilitat del transport i, sobretot, de milers de transportistes.
I vull començar reconeixent una cosa important: no venim aquí a qüestionar el text, que ens agrada. De fet, recull mesures que en la convalidació del Decret 7/2026 ja vam dir que es quedava curt, però, però continua quedantse curt. I sí
que li vull traslladar algunes preocupacions reals, urgents i concretes que avui encara no s'han resolt. Perquè, senyories, entre el que diu la norma i el que passa al carrer hi ha una distància que no podem ignorar.
Al volant hi ha majoritàriament conductors autònoms amb molts problemes econòmics no resolts, i li poso exemples. La primera qüestió, que creiem que és clara i greu, és que les ajudes que es van aprovar el Reial Decret 7/2026 encara no
estan arribant. Es va anunciar una ajuda de vint cèntims per litre de carburant, però aquesta ajuda encara no es paga. Sabem que cal aprovarho per la Unió Europea, però és imprescindible que es pagui. Com també que es paguin aquelles ajudes
directes i sí que ja sabem que han anunciat que, a partir de demà, es podran fer les sol·licituds, però cal ferho. Però encara hi ha una cosa més preocupant. El mateix Reial decret, el 7/2026, mentre s'aprovava l'ajuda d'aquests vint cèntims, es
suspenia la devolució del gasoil professional si et podies acollir a aquesta ajuda que fins ara rebien els transportistes. En canvi, aquesta no? Aquesta devolució, o sigui aquesta supressió de la devolució, sí que ja és efectiva. I això què
significa a la pràctica? Que, per una banda, no es cobren els vint cèntims per litre i, per l'altra, no se'ls abonen els 4,9 cèntims. Per tant, els transportistes estan perdent diners. I celebrem que es redactin reials decrets amb la intenció
d'ajudar el sector, més afectats pel context geopolític actual. Però la realitat immediata és que des del 22 de març molts autònoms i pimes del transport s'han vist augmentats els seus costos sense rebre cap compensació. I aquí creiem que s'ha de
ser molt més àgil. També cal regular les quotes de mòduls. Cada any el sector arriba amb un patiment sense saber què passarà. De fet, aquest any es va haver de solucionar amb una norma de pressa i corrents perquè, com sempre, VOX, PP i Junts van
votar en contra d'aquesta mesura en un reial decret. No podem entendre aquest sector, sempre patint també. Tot i el drama que viuen ara mateix, el seu problema no és només l'econòmic, que és molt greu, però no és només aquesta, és la incertesa.
La incertesa en un sector amb uns marges tan ajustats no es pot ignorar.
Senyories, el segon element que posem sobre la taula és estructural: la prohibició de treballar per sota de costos. Ja l'any 2022 es va aprovar l'anomenada Llei de la Cadena del Transport, una norma necessària que pretenia protegir
l'escaló més feble, que és el transportista efectiu. Però avui sabem que aquesta regulació és incomplerta i que deixa encara contractes fora. No podem permetre que la prohibició de treballar a pèrdues sigui només parcial. Ara mateix hi ha
diferències entre costos pagats i costos reals del 60 %. Ha d'aplicarse a tots els contractes, sense excepcions. Perquè si no, doncs les grans plataformes no s'ocupen de que això no passi ni de pujar aquests preus. Estem mantenint un sistema en
que molts transportistes continuen assumint costos que després no poden repercutir, i això no és just.
Tercer punt, les ajudes. El decret incorpora mesures importants, sí, hi estem d'acord, però el sector continua reclamant una cosa molt clara: ajudes directes, suficients i efectives, perquè la pujada del combustible ha estat immediata i
brutal, fins a un 30 % en qüestió de dies. Esclatava el conflicte i l'endemà aquesta pujada ja era efectiva. Tanmateix, les mesures han arribat tard i, en molts casos, tal com li deia, encara no s'han cobrat. I no parlem ara mateix de privilegis,
sinó que parlem de supervivència d'un sector.
I el quart punt, l'aplicació del Reial Decret. Aquest Reial Decret introdueix una mesura clau: la revisió automàtica del preu del transport en funció del combustible. Sobre el paper
és un gran avenç. Ara, a la pràctica pot quedar curt si no se'n garanteix el compliment, perquè tots sabem que hi ha una gran asimetria entre transportistes i grans carregadors i que, sense un control efectiu, molts intentaran eludir
aquesta norma com fan amb d'altres normes. Per això és imprescindible reforçar els serveis d'inspecció. No podem deixar sols els autònoms i les micropimes obligantlos a denunciar, moltes vegades de manera anònima, per complir la llei. O sigui,
fem denunciar a la gent fins i tot amb la por de que no els donin aquesta feina. El compliment de la norma l'ha de garantir l'administració, no les persones que estan treballant. No pot dependre de la capacitat de pressió, en aquest cas, de qui
menys força té. Tenim empreses incomplint el període de pagament fins a 120 dies. Això tampoc pot ser. Tenim conductors esperant hores i hores per poder carregar i descarregar el seu vehicle. I cal també regular aquestes hores perdudes. Per què
ara no estan prou ben regulades. Després ens estranya que el sector tingui problemes de relleu. Clar que té problemes de relleu, perquè pateixen molt.
En resum, aquest Reial Decret és necessari i és un pas cap a la bona direcció, però no és suficient per si sol. Calen d'altres mesures. Avui el sector del transport continua afrontant quatre problemes fonamentals: la manca de liquiditat
immediata, la incertesa sobre les ajudes, els desequilibris estructurals a la cadena de contractació i la incertesa amb el que passarà cada any amb els mòduls. Per això, el nostre posicionament és clar. Donem suport al Reial Decret, però també li
exigim, li demanem al Govern que actuï amb la màxima rapidesa en la seva aplicació i en la resolució dels problemes que encara estan oberts i que avui li he exposat aquí. Perquè darrere d'aquest debat no hi ha només xifres. Hi ha milers
d'autònoms, de petites empreses, de famílies que depenen d'aquest sector i de les decisions que avui es prenen aquí. I el que ens estan demanant no és res més que certesa, justícia i que les solucions que els donem siguin reals i efectives.
Perquè, en definitiva, ells el que volen és treballar i guanyarse la vida i crec que no costa tant d'entendre. Si passes moltes hores a la carretera, tens ganes d'arribar a casa sabent que aquell dia t'has guanyat la vida, no que aquell dia, a
sobre, has perdut diners.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenos días, ministro.
Hoy, debatimos la convalidación de este Real Decreto 9/2026, una norma que sabemos que nace en un contexto extraordinario: una subida de precios del combustible que está poniendo en riesgo la viabilidad del transporte y, sobre todo, de
miles de transportistas.
Y quiero empezar reconociendo una cosa importante. No venimos aquí a cuestionar el texto, que nos gusta, de hecho, recoge medidas de la convalidación del Decreto 7/2026 que ya habíamos dicho que se quedaba corto, pero -pero- sigue
quedándose corto y quería trasladarle algunas preocupaciones reales, urgentes y concretas que hoy todavía no se han resuelto. Porque, señorías, entre lo que dice la norma y lo que está pasando en las calles, hay una distancia que no podemos
ignorar.
Al volante, mayoritariamente hay conductores autónomos con muchos problemas económicos no resueltos. Y le voy a dar ejemplos. La primera cuestión que creemos que es clara y grave es que las ayudas que se aprobaron en el Real Decreto 7/2026
todavía no están llegando. Se anunció una ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, pero esta ayuda todavía no se paga. Sabemos que hay que aprobarlo en la Unión Europea, pero es imprescindible que se pague. Como también que se paguen estas
ayudas directas; ya sabemos que han anunciado que a partir de mañana se van a poder hacer las solicitudes, pero hay que hacerlo. Y todavía queda una cosa que es más preocupante. En ese mismo Real Decreto, el 7/2026, mientras se aprobaban las
ayudas de esos 20 céntimos, se suspendía la devolución del gasóleo a profesionales si te podías acoger a esa ayuda, cosa que hasta ahora recibían los transportistas. Sin embargo, esta supresión de la devolución sí que es efectiva ya. ¿Qué
significa eso en la práctica? Pues que, por una parte, no se están cobrando los 20 céntimos por litro y que, por otra, no se les abonan los 4,9 céntimos. Por lo tanto, los transportistas ahora están perdiendo dinero, y lo que queremos es que
redacten reales decretos que ayuden de verdad al sector más afectado por la política
actual. Pero la realidad diaria es que, desde el 22 de marzo, muchos autónomos y pymes del transporte han visto cómo aumentaban sus costes sin recibir ninguna compensación. Y aquí creemos que hay que ser mucho más ágil. También hay que
regular las cuotas de los módulos. El sector llega con sufrimiento, sin saber qué va a pasar. De hecho, se ha tenido que solucionar con una norma deprisa y corriendo porque, como siempre, VOX, PP y Junts votaron en contra de esta medida en un real
decreto. No podemos tener siempre sufriendo a ese sector. Aunque estén pasando ese drama, el problema que tienen no solo es el económico, que ya es muy grave, es la incertidumbre. La incertidumbre en un sector con unos márgenes tan ajustados es
algo que no se puede ignorar.
Señorías, el segundo elemento que ponemos sobre la mesa es estructural: la prohibición de trabajar por debajo de los costes. Ya en el año 2022 se aprobó la ley de la cadena del transporte, una norma necesaria que pretendía proteger al
escalón más débil, que es el transportista efectivo. Pero hoy sabemos que esa regulación es incompleta y que deja todavía algunos elementos fuera. No podemos permitir que la prohibición de trabajar a pérdidas sea solo parcial. Ahora mismo hay
diferencias entre costes pagados y costes reales que son del 60 %. Hay que aplicarse a todos los contratos sin excepciones porque, si no, las grandes plataformas ya se van a ocupar de que esto no suceda ni de subir esos precios. Estamos
manteniendo un sistema donde muchos transportistas siguen asumiendo costes que después no pueden repercutir y eso no es justo.
Tercer punto, las ayudas. El real decreto incorpora medidas importantes, sí, sí, estamos de acuerdo, pero el sector sigue pidiendo una cosa muy clara: ayudas directas que sean suficientes y efectivas porque la subida del combustible ha
sido inmediata y brutal, hasta un 30 % en cuestión de días. Estallaba el conflicto y al día siguiente esta subida ya era efectiva. De la misma manera, las medidas han llegado tarde y en muchos casos -como le decía- todavía no se han cobrado. Y
ahora no estamos hablando de privilegios, sino de supervivencia de un sector.
Cuarto punto, la aplicación del real decreto. Este real decreto introduce una medida clave: la revisión automática del precio del transporte en función del combustible. Sobre el papel, es un gran avance. Ahora bien, en la práctica, puede
quedarse corto si no se garantiza su cumplimiento, porque todos sabemos que hay una gran asimetría entre transportistas y grandes empresas. Así que muchos van a intentar eludir esta norma como hacen con otras normas. Por eso, es imprescindible
reforzar los servicios de inspección, no podemos dejar solos a los autónomos y a las micropymes, obligándoles a denunciar muchas veces de forma anónima por incumplimientos de la ley. De hecho, hacemos que denuncien, y la gente tiene el miedo de que
no les den ese trabajo. El cumplimiento de la norma es algo que tiene que garantizar la Administración, y no las personas que están trabajando. No puede depender de la capacidad de presión, en este caso, de quien tiene menos fuerza. Tenemos
empresas que incumplen el periodo de pago hasta 120 días, y eso tampoco puede ser; tenemos conductores que esperan horas y horas para poder cargar y descargar su vehículo, y esas horas perdidas también hay que regularlas, porque hasta ahora no lo
están bien. Luego, nos extraña que el sector tenga problemas de relevo, ¡pues claro que tiene problemas de relevo porque sufren muchísimo!
En resumen: este real decreto es necesario y es un paso en una buena dirección, pero no es suficiente por sí mismo; hacen falta otras medidas. Hoy, el sector del transporte sigue enfrentándose a cuatro problemas fundamentales: la falta
de liquidez inmediata, la incertidumbre sobre las ayudas, los desequilibrios estructurales en la cadena de contratos y la incertidumbre de lo que pasará cada año con los módulos. Por eso, nuestro posicionamiento aquí es claro: damos apoyo al real
decreto, pero también exigimos y pedimos al Gobierno que actúe con la máxima rapidez en su aplicación y en la resolución de los problemas que todavía siguen abiertos y que hoy le he expuesto aquí. Porque detrás de este debate no solo hay cifras,
hay miles de autónomos, de pequeñas empresas y de familias que dependen de este sector y de las decisiones que hoy se están tomando aquí, y lo que nos están pidiendo no es más que certeza, justicia y que las soluciones que les demos sean reales y
efectivas, porque, en definitiva, ellos lo que quieren es trabajar y ganarse la vida. Creo que no es tan difícil de entender. Si pasas muchas horas en la
carretera, quieres llegar a tu casa sabiendo que ese día te has ganado la vida y no que, encima, has perdido dinero.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Granollers.
Pel Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, té la paraula el senyor Alonso Cantorné.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta.
Buenos días.
El precio de los carburantes se ha disparado; una subida vertiginosa al vaivén de las ocurrencias criminales y especulativas del presidente de los Estados Unidos, que golpea a un sector estratégico de nuestro país, porque el transporte de
mercancías por carretera mueve el 95 % de todo lo que consumimos.
El texto que hoy debatimos es la respuesta de este Gobierno de coalición a esa sacudida; una respuesta en dos tiempos. En primer lugar, medidas coyunturales, de choque, para amortiguar el golpe inmediato con ayudas directas y temporales
para sufragar el precio de los productos energéticos tanto para las empresas que se benefician de la devolución del gasóleo profesional como para las que no. Y un detalle que saludamos con mucha alegría: se ha incluido expresamente a los taxis
adaptados, los eurotaxis. También se amplía la cobertura al transporte marítimo de carga entre la Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Sabemos que la herida es muy profunda. Por eso, este real decreto ley aborda, en segundo lugar, reformas estructurales, y aquí está el corazón de la norma: la modificación de la ley del contrato de transporte terrestre. ¿Qué busca?
Acabar con una injusticia que el sector arrastra desde hace décadas. Cuando el combustible se dispara, el transportista autónomo, la pequeña empresa asume el sobrecoste. Este decreto blinda la revisión del precio en función del combustible, la
hace obligatoria y la exige desglosada en factura y, ahora -para que quede claro que va en serio-, introduce sanciones. La nueva fórmula de revisión incorpora una variable importante, dinámica y automática; es seguridad jurídica, es
previsibilidad, es justicia para un sector que es columna vertebral de nuestra economía. Y no nos podemos olvidar del ferrocarril. Hemos de recordar que solo el 4 % de las mercancías se mueve por nuestras vías, muy lejos del 10 % previsto para el
2030. La norma articula un sistema de ayudas directas, con un crédito de más de 3 millones de euros para compensar el sobrecoste de los operadores ferroviarios.
Quiero poner algo en valor: cuando han llegado mal dadas, este Gobierno de coalición ha estado a la altura. (Rumores). ¿Se imaginan las prioridades de un Gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha? Lo vemos cada día en
Castilla y León, en Extremadura y Aragón. Nosotros -los que apoyamos al Gobierno- no nos hemos de conformar, porque repetir decisiones timoratas nos lleva a los mismos errores. Por tanto, hay que mejorar. Las herramientas para hacerlo existen,
son conocidas por todos nosotros: impuestos extraordinarios a los beneficios excedentes en energía, en alimentación; controles y topes de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales; mecanismos de indexación salarial para repartir el
ajuste y fortalecer la negociación colectiva. (Aplausos). Sin esto, los ganadores y los perdedores ya están decididos de antemano, como siempre; la clase trabajadora pierde poder adquisitivo y los hogares con capital financiero invertido en
grandes empresas y sus directivos salen ganando, siempre. Recordemos lo que pasó el martes en este Congreso: cayó el decreto de prórroga de los alquileres. ¿Quién pierde? Los inquilinos. ¿Quién gana? Los grandes tenedores.
Por eso, en SUMAR no solo denunciamos, sino que también proponemos. Una de las medidas que empezamos a trabajar durante la pandemia -no cuajó entonces, pero pronto la traeremos a esta Cámara- es la de garantizar el acceso universal a una
alimentación saludable y sostenible como un derecho básico, con herramientas reales: compra pública y ayudas a las familias vulnerables y, sí, igual también con supermercados municipales sin ánimo de lucro, como acaba de poner en marcha el alcalde
electo de Nueva York. (Aplausos). Aquí mismo hay cooperativas, así, en Palma, Mataró, Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia o Vigo; lugares donde la gente, organizándose sin
intermediarios ni afán de lucro, baja los precios de la comida sana. Si podemos bajar el precio del combustible, también podemos ayudar a bajar el precio de la comida de proximidad y saludable. (Aplausos). Eso es justicia estructural.
La causa última de esta escalada de precios -la raíz de lo que asfixia a la sociedad- es la guerra del Oriente Próximo, que cuesta a la Unión Europea 500 millones al día; ¡500 millones al día! Por eso, la mejor medida que podríamos aprobar,
la que de verdad devolvería estabilidad a los mercados y esperanza a los pueblos, es llegar a la paz; una paz justa y duradera, basada en el respeto del derecho internacional y en los derechos humanos; un derecho internacional que Estados Unidos e
Israel violan de forma sistemática y criminal; que esta misma noche, de nuevo, abordó a la Sumud Global Flotilla. En este Congreso, pido un aplauso solidario a nuestros compatriotas y a gentes de todo el mundo que ponen en riesgo su vida para
defender los derechos humanos. (Aplausos).
En el espacio de SUMAR, estamos orgullosos de que España sea hoy, en un mundo cada vez más oscuro, un faro civilizatorio. Somos un país que defiende la paz cuando otros siembran odio, discriminación y violencia; que defiende el diálogo
cuando otros imponen la fuerza. Pero también deberíamos ser ejemplo en políticas de vivienda y un Gobierno que defienda a sus trabajadores, a los transportistas, a los taxistas, a los consumidores y a sus inquilinos cuando las crisis globales los
golpean. Hagámoslo realidad. Hay margen. Hi ha marge. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Mejías Sánchez. (Aplausos).
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
Ministro, no sé si es una casualidad, pero cada vez que hay que convalidar un decreto del Ministerio de Transportes, el ministro del ramo está ausente. No sé si es que está fatigado por la de veces que le hacemos venir al Congreso a dar
explicaciones sobre la negligente gestión de su ministerio.
Hoy vamos a debatir un real decreto que, una vez más, nace al calor de una crisis -la crisis que tenemos actualmente del combustible, provocada por una guerra-, pero llega tarde, mal y con soluciones a medias. Además, se vuelve a abusar de
la figura del real decreto ley, hurtando el debate parlamentario y con la excusa, una vez más, de la urgencia para legislar por la puerta de atrás. Mire, si tanta urgencia había, por ejemplo, ayer en la Comisión de Economía mis compañeros
defendieron una propuesta para rebajar los impuestos de los hidrocarburos: el IVA sobre los hidrocarburos y el impuesto directo sobre los hidrocarburos. ¿Y qué pasó? Pues que todos los grupos se pusieron de acuerdo para votar en contra.
(Aplausos). Mucha urgencia, mucha urgencia, pero la realidad es que, cuando se propone o se invoca la urgencia, se introducen parches, medidas que no responden a la urgente necesidad del sector del transporte por carretera, que lleva años
reivindicando medidas de transformación. Aquí no se introducen cambios estructurales permanentes, sino que se introducen unas medidas de modificación en el régimen contractual y, además, se incluyen medidas sancionadoras para el transporte por
carretera.
Pero ¿saben cuál creo yo que es la urgencia en este caso, y usted se ha referido a ella? La de evitar un nuevo conflicto con otro sector del transporte. Un ministro que no gana para escándalos por la incompetencia en todos los sectores que
gestiona. La situación es crítica en el sector ferroviario -es crítica-, a pesar de que él nos cuente que vivimos el mejor momento de la historia. La situación está enconada con las compañías aéreas; ahora resulta que hemos perdido rutas aéreas
como consecuencia del conflicto directo del ministro con los presidentes de las compañías. La deficiente situación de la red de carreteras del Estado también afecta al sector del transporte por carretera. Y ahora no podían asumir una nueva crisis
del sector del transporte por carretera, y esa, y solo esa, es la razón de este decreto. Porque el problema no es solo el encarecimiento del combustible, que es un grave problema y ante el que habría que haber actuado anteriormente. Nuestro grupo
ha presentado innumerables iniciativas para reducir el coste de los hidrocarburos, y siempre se ha votado en contra.
El problema es un modelo que lleva años deteriorándose por la corrupción, la falta de inversión, la inseguridad jurídica y el abandono de los sectores productivos. Ustedes están a otras cosas, pero los que mueven el país precisamente son
esos sectores productivos que necesitan medidas eficaces para garantizar su seguridad jurídica y el desarrollo de sus tareas. (Aplausos). Y este decreto, señor ministro, lejos de corregir esas deficiencias, lo que hace es maquillarlas. En primer
lugar, el Gobierno presume de reforzar la revisión obligatoria del precio del transporte, obligando a repercutir el coste del combustible. Pero lo que presenta como una solución estructural no es más que trasladar el problema de unos a otros. Es
decir, aquí no hay una solución definitiva. Unos repercutirán el coste también sobre el resultado final y, por tanto, a nosotros también nos gustaría que eso significara una rebaja de los productos básicos. Aquí no se garantiza que ese coste sea
asumible en la cadena donde se transporta. La cadena de transporte sigue siendo el eslabón más débil. Y esto no es equilibrio contractual; esto es legalizar una tensión permanente en el mercado y también en el sector del transporte.
En segundo lugar, ustedes introducen una nueva fórmula de revisión automática, más compleja, más técnica, pero no necesariamente la más justa. Habría otra posibilidad para regular mejor el coste del combustible. Porque aquí no se aborda el
problema de fondo, que es la incapacidad real de muchos transportistas para negociar en igualdad de condiciones. Y eso este decreto no lo resuelve y, por lo tanto, deja en inferioridad de condiciones a algunos sectores del transporte que seguirán
pagando las consecuencias del incremento del precio del combustible. Mientras tanto, el Gobierno se limita a intervenir en el contrato, pero no lo hace en el mercado, que es donde debería intervenir y, en este caso, rebajando, como digo, el
impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Dónde están las medidas para reducir los costes estructurales? El decreto no recoge ninguna. ¿Dónde está el plan real de modernización del sector? Es algo que hace falta. También algunos de los
intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra han comentado la necesidad de la transformación del sector, la dificultad del reemplazo de los conductores, las dificultades del sector del transporte por carretera. ¿Dónde está la
inversión en competitividad?
Y, en tercer lugar, ustedes endurecen el régimen sancionador. Eso sí, más multas, más obligaciones, más control, pero nada se dice de la competencia desleal en el transporte por carretera, ministro, que esta sí es una cuestión que los
transportistas nos piden reiteradamente que se aborde. Porque aquí se sanciona mucho, pero las ayudas llegan poco, especialmente en lo relativo a la reducción de cargas fiscales para un sector especialmente golpeado por esta crisis -en este caso,
la del combustible-, pero que también en crisis anteriores se ha visto especialmente golpeado.
En cuanto al transporte ferroviario -medidas que ustedes incluyen también en el decreto-, anuncian ayudas directas, que está muy bien, pero son un parche absolutamente insuficiente para un sector que lleva años deteriorándose, que ha sido el
foco de la corrupción de este Gobierno y del que ahora pagamos las consecuencias. Ha perdido cuota frente a la carretera y, precisamente, ese es uno de los elementos que había que tener en cuenta para conseguir que el transporte de mercancías vía
férrea fuera uno de los sectores más importantes en este país y se llegara a los niveles que nos exige la Unión Europea. Pero no es así. ¿Y sabe por qué? Precisamente por la incompetencia en la gestión de un ministro que está más preocupado por
Twitter y por TikTok, y cuya negligencia ha provocado ya 46 muertos. (Aplausos).
Y, si hablamos del transporte marítimo, no estamos muy lejos de lo mismo: más ayudas puntuales, más dispersión, más improvisación. Pero aquí no se tiene una visión global del sistema logístico del país, señor ministro. Ayer se refería uno
de mis compañeros a la competencia entre puertos como consecuencia, precisamente, también de la rebaja de los hidrocarburos y de la menor carga impositiva de otros puertos cercanos, que hacen una competencia desleal y directa a nuestros puertos.
Eso hay que abordarlo, y hay que abordarlo desde una visión global del sistema logístico español.
Pero hay algo más preocupante todavía, y es que España necesita estabilidad, seguridad jurídica y planificación. No puede seguir funcionando a golpe de decreto,
hurtando debates parlamentarios, sancionando tarde en cada crisis y trasladando los problemas sin resolverlos. Porque, al final, señor ministro, quienes pagan son siempre los mismos: en este caso, los transportistas, cuando no son las
empresas. Y, en última instancia, siempre pagan los ciudadanos. Los ciudadanos son las auténticas víctimas de esta gestión negligente y de esta gestión corrupta del Gobierno de Pedro Sánchez.
Y, por eso, este decreto no es la solución. Es el reconocimiento implícito de que el problema sigue sin abordarse de raíz. Además, mientras tanto, el sector del transporte, que es clave para nuestra economía, sigue esperando algo más que
parches y sigue esperando que este Gobierno se vaya para dejar paso a un Gobierno que deje de improvisar y empiece a gobernar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Estamos en un nuevo debate parlamentario. Yo me acuerdo de que, de pequeños, a la mayoría de los que estamos aquí nos preguntaban: ¿qué quieres ser de mayor? Yo reconozco que no me acuerdo qué respondía. Era muy enreda con las máquinas y
me hice ingeniero. Y seguramente alguno aquí, que es muy friki, diría incluso que quería ser diputado.
Y yo voy a lanzarles otra pregunta hoy aquí: ¿cómo les gustaría ser diputados? ¿Qué tipo de diputado quieren ser? Y yo les ofrezco, además, dos opciones. Una, que se ve mucho en esta Cámara en los últimos tiempos, que es aquel diputado
que busca el foco mediático y para eso se dedica a gritar, a insultar, a decir barbaridades, porque por lo menos con eso va a salir en la tele. Es muy común en esta legislatura: el foco por encima de cualquier otra cosa. Y hay otro tipo de
diputado, que reconozco que es el que más me gusta: aquel que dialoga, que escucha, que tiene capacidad de consensuar y que aprueba medidas que impulsan la mejora de sus vecinos. Evidentemente, yo reconozco que me gusta la segunda. Hay algunos
que dirán que, estando en la oposición, no se puede ser ese tipo de diputados, porque están aquí para hacer oposición, para criticar al Gobierno, para hacer seguimiento de lo que hacen. Yo creo que no. Creo que de la oposición también se puede
mejorar la vida de la gente, comprometiéndose y negociando cosas que son buenas.
Hemos visto, además, que hay gente que vive en un mundo paralelo. Hemos visto a la diputada de VOX diciendo que esto no era urgente, que qué hacemos aprobando medidas urgentes como esta. Señora diputada de VOX, usted no escucha a los
camioneros, ¿verdad? Yo he recibido muchas llamadas de camioneros -sobre todo autónomos- que nos pedían que aprobáramos medidas urgentes como esta para tener la capacidad de negociar, para no tener que cerrar sus empresas y para seguir viviendo de
algo que da vida y seguridad a sus familias. Y en política estamos para eso, para mejorar la vida de la gente, y la única forma de hacerlo es escuchando a esos ciudadanos a los que representamos.
Hemos visto, además, que la política se ha convertido en un deporte de riesgo, pero ya no solo para los que estamos en política; permanentemente se acosa a aquellos que tienen relación con responsables políticos. Es una auténtica
vergüenza. Hemos visto cómo se acosa a la mujer del presidente del Gobierno simplemente por ser la mujer del presidente del Gobierno. (Aplausos). ¡Es una auténtica vergüenza! Si eso es una vergüenza, es mucho más grave que el Partido Popular no
lo condene, que no condene a quienes pagan por hacer esas cosas, a los que financian sus medios y están convirtiendo la política en una pelea de barro. Algunos dirán que esta intervención no tiene que ver con eso. Yo digo que sí, que tiene mucho
que ver con eso; tiene mucho que ver con la forma de entender la política, y yo entiendo la política como aquella herramienta que permite que podamos mejorar la vida de la gente.
Hemos visto, además, cómo el Grupo Popular y VOX hablaban de la excepción ibérica y la denominaban el timo ibérico; timo ibérico que ha permitido que los españoles, hoy en día, tengan una menor factura de la luz. En una situación compleja
de precios al alza de la energía, el liderazgo europeo del presidente ha permitido que este país sea referente mundial, que consiga sortear una crisis económica, como la que estamos viendo, por una situación sobrevenida de una guerra que no hemos ni
provocado, ni impulsado, ni defendido. Y lo que hace este Gobierno es actuar, tomar medidas para que la gente no viva esa situación.
Pero nosotros, que vemos habitualmente en esta Cámara al Grupo Popular y a VOX gritar, gritar mucho contra el Gobierno, y a esos diputados de VOX y del Grupo Popular llevar pulseritas con la bandera de España, ponemos en duda su patriotismo:
no han alzado la voz contra una guerra ilegal, no han alzado la voz contra Trump y sus locuras internacionales que sufren la mayoría de los ciudadanos. (Aplausos). Yo soy patriota porque defiendo a mis vecinos, no porque lleve permanentemente una
bandera de España en la muñeca demostrando lo que no soy. Y creo que la política ayuda, como he dicho, a que podamos ver las cosas de una perspectiva distinta.
Hemos visto cómo en mi tierra, en Extremadura, han pactado con VOX, con la ultraderecha, un pacto que es una auténtica vergüenza; aparte de tener jurídicamente muchas lagunas, aparte de no ser jurídicamente viable, es una auténtica
vergüenza. Vemos cómo ponen, entre los acuerdos, que quieren parar las energías renovables, que quieren frenar las energías renovables. Yo siempre he defendido -y en esta Cámara también lo he hecho- que las energías renovables tienen que servir
para el desarrollo de mi tierra. He pedido a las compañías eléctricas que no solo produzcan energía en mi tierra, sino que ayuden a desarrollarnos económicamente; que se genere industria a partir de ellas, que se genere empleo a partir de ellas.
El pacto de VOX y del Grupo Popular frena el desarrollo industrial de Extremadura, porque fábricas como la de diamantes artificiales, la gigafactoría de baterías, aparte de ser una apuesta del Gobierno de España para que todos tengamos las mismas
oportunidades, son una apuesta clara por las energías renovables, que es lo que nos permite diferenciarnos.
Señores del Grupo Popular y VOX, lo que ustedes están haciendo -y lo que han hecho en mi tierra- es frenar y parar nuestro desarrollo. A los de Madrid, que son los que han firmado el pacto -porque este pacto no lo han firmado los diputados
del PP en Extremadura ni VOX-, se lo han impuesto desde Madrid, y en Extremadura no han tenido narices para parar algo que era malo para nosotros, para los extremeños que siempre hemos creído que la autonomía y la democracia nos permitía tener una
esperanza de futuro. Cuando otros decidían el futuro por nosotros, sabíamos cuál era nuestro destino. Extremadura era una tierra de terratenientes que nos utilizaban para sus intereses, pero que no nos permitían desarrollarnos. Y vemos cómo eso
se repite una vez más: desde Madrid se impone a los extremeños algo que no queremos volver a recordar.
Algunos creerán que PP y VOX van a estar mucho tiempo en el Gobierno de Extremadura. Yo les digo que van a estar muy poco tiempo (rumores) y que, además, los socialistas extremeños estamos preparados para ganar las próximas elecciones.
(Aplausos). Estamos preparados para hacer frente a la vergüenza de un pacto que va contra los derechos de las personas, que va contra la humanidad y que va en contra del desarrollo de una tierra que quiere volar -como decía Guillermo Fernández
Vara-, porque ahora tenemos alas. No nos van a parar por muchos pactos de infamia que pacten en nuestra tierra. Los extremeños nos vamos a plantar, y lo vamos a hacer con talante, talento y consenso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, hace dos meses, el 28 de febrero, se inició la operación bélica con la intervención de Israel y de Estados Unidos en la República de Irán. Eso
conllevó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, por el que circula entre el 20 y el 30 % del petróleo y del gas natural licuado, y casi el 30 % del mercado de fertilizantes. Estas subidas desmedidas de los precios del petróleo han
trastornado a la economía mundial y han afectado de una manera muy importante al sector del transporte, al importantísimo sector del transporte, puesto que el combustible representa aproximadamente el 40 % de sus gastos de explotación.
Ayer mismo, la presidenta de la comisión, la señora Von der Leyen, avisaba de que las repercusiones de esta guerra podían prolongarse durante meses e incluso años, y cifraba en 27 000 millones de euros el coste que la Unión Europea había
tenido en estos sesenta últimos días, a razón de 500 millones de euros diarios.
Por lo tanto, estamos ante una situación muy seria, que ha provocado las reacciones de los gobiernos del mundo, de los europeos y también del Gobierno de España. Analicemos estas. En primer lugar, ya tuvo una reacción, a través del Real
Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, que fue convalidado en esta Cámara y que nuestro portavoz, Juan Bravo, calificó como insuficiente y tardío, amén de que introducía temas ajenos por completo a la temática. El Partido Socialista, el Gobierno en
ese momento, copió alguna de las propuestas del Partido Popular, pero no todas; lo cierto y verdad es que ha tenido que complementar los errores, las ausencias, las carencias del Real Decreto Ley 7/2026 con el Real Decreto Ley 9/2026 que llega
ahora, el 14 de abril, y que entra en vigor el 16 de abril. Por cierto, sabemos que han existido conversaciones con el sector en aras de su contenido, y eso nos parece bien, pero no se han incorporado, ni mucho menos, todas aquellas propuestas que
razonablemente se planteaban.
La verdad es que este real decreto contempla medidas necesarias en relación con el contrato de transporte de mercancías por carretera para establecer una revisión automática y reglada en función de la volatilidad de los precios del
combustible; y también valoramos las ayudas al transporte ferroviario y al transporte regular de carga con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que no se habían contemplado en el anterior decreto. Sin embargo, estas ayudas del Real Decreto Ley
9/2026, señor ministro, han llegado tarde. Han llegado tarde porque, hasta el 16 de abril, las empresas operadoras del transporte han tenido que asumir unos costes realmente muy importantes por los que no se les ha compensado todavía. Además, son
insuficientes porque faltan ayudas directas que el sector viene reclamando; ayudas directas como las que existieron con ocasión de la crisis de Ucrania, mucho menos relevantes en cuanto a impacto de precios de combustible que las que está teniendo
y va a tener esta. Estas ayudas las reclama el propio Comité Nacional del Transporte por Carretera, que también demanda que desaparezca el límite de minimis; y también las reclaman los transportistas pequeños, las pequeñas y medianas empresas que
piden ser considerados de una manera más efectiva.
En definitiva, señor ministro, se necesitan ayudas directas, se necesitan medidas de flexibilidad en la aplicación de las normas estatales que regulan las llamadas ayudas estatales. Ayer mismo, la Comisión Europea desarrolló la comunicación
'Acelerar Europa', que se había debatido en el Consejo Europeo de Chipre de la pasada semana. Es necesario flexibilizar y que el Gobierno de España adopte estas medidas, ya que la Unión Europea le está dando margen para que las pueda adoptar sin
que se consideren ayudas de Estado.
Señorías, señor ministro, aprovechando que no ha venido el ministro de Transportes y sí el ministro titular de la cartera de Hacienda, yo le tengo que decir, como ayer recordaba el profesor Puy en su intervención en esta misma tribuna, que
no podemos compartir el triunfalismo del Gobierno en relación con la situación económica de nuestro país, porque dista mucho de ser ese cohete que ustedes presentan. Según el propio CIS, el 60 % de los españoles considera que no ven tal círculo
virtuoso ni ven tal cohete de nuestra economía. Nosotros no podemos confiar en un Gobierno que está celebrando los récords de recaudación. No lo podemos compartir cuando hay muchísimos españoles que no llegan a fin de mes. Cuando la cesta de la
compra se dispara un 42 %, el Gobierno presume de recaudación. Tomamos estas medidas de revisión del transporte y de ayuda al transporte no solo porque el sector lo merece, sino porque los costes del transporte se trasladan al
consumidor final, en su cesta de la compra, en sus gastos diarios. ¿Están ustedes atendiendo a las clases medias, a las clases con menos recursos? No lo están haciendo, no están deflactando la tarifa del impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Señor ministro, el 50 % de la recaudación pública es consecuencia de la subida de los precios, porque parte sustancial de la mejora de la remuneración bruta ha sido absorbida por una mayor carga fiscal sobre el trabajo. El
resultado es que el empresario paga más, el trabajador paga más y gana menos, y ustedes son los únicos que hacen negocio con estas subidas. (Aplausos). Rectifiquen.
Y termino, señora presidenta. Dentro de un mes, el día 31 de mayo, se van a cumplir ocho años desde que yo, en ese escaño, escuchaba como, aquí, en esta tribuna, don José Luis Ábalos, hombre fuerte del Partido Socialista -luego ministro de
Fomento-, defendía la moción de censura. Hoy está en el Tribunal Supremo y creo que prestará declaración como imputado. Decía, entre otras cosas, que estábamos ante un auténtico sistema de corrupción institucional que afectaba gravemente a la
credibilidad de la Presidencia del Gobierno y a la propia dignidad de nuestra democracia. Decía que los españoles no podían tolerar esta indecencia, esta corrupción como algo normal, que no podíamos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en
las instituciones. Señorías, estas palabras, que fueron dichas por esa persona, son, creo yo, honestamente, la descripción de lo que está siendo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en estos ocho últimos años, y esto es sencillamente
intolerable. Esperamos que la justicia, en la que el Partido Popular sí que cree -en la independencia del Poder Judicial, en la independencia del Tribunal Supremo-, ponga fin a este desgobierno, a este descontrol, a este desmadre -dicho
castizamente- que estamos viviendo en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Pausa).
Señor ministro, cuando quiera.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (España García): Muchas gracias, presidenta.
Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios -a la inmensa mayoría que han apoyado la convalidación- su tono, sus palabras constructivas, aunque en algún caso hayan sido también críticas. Creo que el debate quizás no ha sido tan
electrizante ni tan mediático como otros, pero estoy seguro de que ha sido más constructivo y es el que esperaban todos los transportistas de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
- PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 102/000001).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española.
Para la presentación del proyecto de reforma, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad.
Cuando quiera.
La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en representación del Gobierno de España sintiendo el orgullo de pertenecer a una larga cadena de mujeres poderosas, de mujeres feministas, de mujeres que han hecho avanzar este país. Algunas hoy están aquí
compartiendo este importante debate. (Aplausos). Son mujeres que estuvieron antes, mujeres que están hoy, mujeres que se dejan, día a día, la piel para que este país siga avanzando. Lo hago,
además, con la certeza de que estamos haciendo historia, porque estamos defendiendo un pilar esencial de nuestra democracia: la libertad de las mujeres para desarrollar plenamente su proyecto de vida. (El señor vicepresidente, Rodríguez
Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Hoy, vengo a defender el derecho a decidir, la autonomía sobre nuestros cuerpos, la capacidad de vivir en igualdad, sin imposiciones ni tutelas, porque, cuando garantizamos esos derechos, fortalecemos nuestra democracia. Sé que no se trata
de un debate nuevo ni de reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos afirmando un consenso que la sociedad española hace tiempo consolidó. Lo que pretendemos alcanzar con esta reforma es que un derecho ya reconocido
sea, por fin, un derecho plenamente garantizado.
La libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está en cuestión en nuestro país, afortunadamente. Se trata de un derecho plenamente integrado en nuestro ordenamiento jurídico y expresamente reconocido por el Tribunal
Constitucional en repetida jurisprudencia y, más concretamente, en la Sentencia 44/2023, donde se deja claro que la dimensión de libertad, la dimensión individual del derecho de las mujeres, está reconocida en nuestra Constitución y conectada
íntimamente con la dignidad de la persona humana, con el libre desarrollo de su personalidad y, en definitiva, con la integridad física y moral que reconocen los artículos 10, 14 y 15 de la Constitución. La dimensión de libertad del derecho, por lo
tanto, no está en riesgo, pero sí lo está el ejercicio real y efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo. La libertad no está en duda -repito-, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de
plenitud en todo el territorio?
Señorías, los datos más recientes nos dicen que esa igualdad no se respeta en España. En 2024, casi el 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en clínicas privadas y con diferencias territoriales muy sustantivas.
En cuatro comunidades autónomas -Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra- el 75 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practicaron en la sanidad pública. Mientras que en once regiones y en las ciudades autónomas el porcentaje no llegó
ni siquiera al 10 %. Por ejemplo, en Cataluña se alcanzó un 55 %, pero sorprenden las cifras particularmente bajas, por ejemplo, de Andalucía -un 0,2 %- o de la Comunidad de Madrid -un 0,4 %-, donde su presidenta, además, directamente manda a las
mujeres a abortar a otro lado. Es más, señorías, lamentablemente, hoy hay mujeres españolas que siguen siendo obligadas a salir de nuestro país para poder interrumpir su embarazo. Según los datos del hospital público de Bruselas, en 2024 se
practicaron allí cuarenta y cuatro abortos a mujeres españolas, y aproximadamente el 44 % de las que viajaron a esa ciudad proceden, curiosamente, de la misma comunidad autónoma. Hablamos de embarazos de más de veintidós semanas, con anomalías
fetales graves, en los que la ley española permite la interrupción, pero que en la práctica dependen del aval de comités clínicos que, no en pocas ocasiones, rechazan estas solicitudes. Son mujeres que, queriendo ser madres, se ven en la durísima
situación de tener que abortar por inviabilidad del nasciturus. De hecho, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en torno a un 40 % de estos casos son denegados en la sanidad pública de algunas comunidades,
dejando a estas mujeres simplemente sin alternativa. Los responsables médicos de dicho hospital dicen que hay solicitudes de mujeres españolas que no han podido ejercer su derecho en su propio sistema sanitario y que no tienen más remedio que
buscar amparo en otros países donde puedan ser convenientemente atendidas. No, no estamos hablando de los años cuarenta, cincuenta o sesenta del siglo pasado; es hoy, en España, con una democracia asentada, con un sistema público de salud que es
la joya de nuestra corona todavía. Señorías, ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho. (Aplausos). Por eso, la reforma que proponemos es imprescindible para garantizar la
libertad a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera real y efectiva en todo el territorio y con los medios y prestaciones necesarios para garantizarlo. No se equivoquen, no cuestionamos el papel de las clínicas acreditadas, que han
sostenido durante años una prestación que no siempre ha estado
garantizada en el sistema público; muy al contrario, es justo reconocer que en muchos casos no solo han acompañado, sino que han protagonizado la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en este país, pero su compromiso
con las mujeres tiene que ser complementario al que ofrece la cartera de servicios de la sanidad pública. Un Estado social y democrático de derecho no puede permitir que haya mujeres de primera y de segunda; mujeres con derechos plenos y mujeres
solicitantes de atención sanitaria en otros países; mujeres que superan esta situación en su domicilio, con su familia, y mujeres que la afrontan lejos de casa.
Señorías, terminar con esa desigualdad en el ejercicio del derecho es precisamente el objetivo esencial de esta reforma constitucional que hoy planteamos. Una reforma que se concreta en la incorporación de un nuevo apartado al artículo 43
de la Constitución, que reza, según indicaciones del Consejo de Estado, lo siguiente: Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con
cuantas prestaciones y servicios sean necesarios. Su significado jurídico es muy claro: convertir en mandato constitucional la obligación de garantizar el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en toda España y de
forma equitativa; blindar, por tanto, su dimensión prestacional. En este sentido, no se modifica el modelo vigente ni se altera la regulación sustantiva del derecho; simplemente se protege su ejercicio en condiciones de igualdad. Y se hace con
todas las garantías y con el aval por amplia mayoría del Consejo de Estado, que es claro cuando afirma -y cito textualmente-: No se observa obstáculo jurídico alguno para esta reforma y que su tramitación pueda continuar.
Señorías, esta reforma garantiza que ninguna mujer vea limitado su derecho por razones geográficas y refuerza la igualdad real, aumentando la seguridad jurídica y protegiendo frente a posibles retrocesos. (Aplausos). Hoy, señorías, como
todos ustedes saben, se votan dos enmiendas a la totalidad que no proponen texto alternativo alguno, solo la devolución al Gobierno. Y creo, sinceramente, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia -el
diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista-, especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés
general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso. Por eso, señorías del Grupo Popular y señorías de VOX, les pido humildemente que retiren sus enmiendas a la totalidad y den paso al diálogo. La sociedad española tiene derecho a un debate
riguroso y honesto sobre este asunto. Cuando una mujer, con independencia de su ideología, toma la decisión meditada y responsable de interrumpir su embarazo, lo hace desde su autonomía, pero, repito, fundamentalmente desde su responsabilidad, en
el marco de una realidad probablemente compleja y de circunstancias diversas que no necesitan ser justificadas, sino simplemente respetadas. (Aplausos).
La interrupción voluntaria del embarazo, en no pocas ocasiones, es también la consecuencia de situaciones que podrían haberse evitado. Sí, podrían haberse evitado con más información, con más recursos y también con más y mejor educación
sexual. Y es ahí, señorías, donde este debate exige honestidad, exige rigor, exige altura de miras. Si de verdad el objetivo es reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, no basta con enunciarlo; es imprescindible actuar sobre
sus causas. La respuesta no puede ser la restricción del derecho, sino la prevención. Una prevención que pasa necesariamente por la educación en igualdad entre mujeres y hombres, por el acceso a una información veraz y por una educación
afectivosexual rigurosa. Solo así se reducen los embarazos no deseados. Si de verdad queremos menos abortos, el camino es claro: más educación, más igualdad y más prevención. (Aplausos).
La educación afectivosexual, señorías, no es ideología. Una amplia mayoría de la ciudadanía respalda el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que evidencia que no estamos ante una cuestión controvertida en términos sociales,
sino ante un derecho plenamente asumido y normalizado en nuestra convivencia democrática. Cuando existe un consenso social tan amplio y sostenido en el tiempo, la política tiene la
responsabilidad de acompañar esa realidad, de traducirla en garantías efectivas y de reforzar su protección jurídica, asegurando que su ejercicio no pueda ser condicionado por factores externos o desigualdades territoriales. Así ha sucedido
en países de nuestro entorno, como Francia o Luxemburgo, donde recientes reformas constitucionales han incorporado la garantía del derecho a esta interrupción voluntaria del embarazo en los propios textos fundamentales, en sus constituciones. Las
reformas han contado con un respaldo parlamentario extraordinariamente amplio, que ha trascendido las divisiones políticas y ha cosechado apoyos de espacios ideológicos tradicionalmente contrarios a este derecho. En Luxemburgo, la reforma
constitucional se ha aprobado con una amplia mayoría desde un enfoque jurídico y sanitario, como una garantía frente a posibles retrocesos. Y lo relevante no es solo el resultado, sino cómo se ha producido, sin una estrategia de bloqueo por parte
de la derecha, que ha participado en todo momento en el debate con matices, pero sin convertirlo en un asunto de confrontación partidista. Lo mismo ha sucedido, señorías, en Francia: incluso posiciones políticas muy alejadas han entendido que hay
debates que una democracia madura debe poder desplegar. Porque hay derechos que, una vez reconocidos y asumidos socialmente, deben situarse fuera de la confrontación partidista y pasar a formar parte del consenso básico que sostiene el sistema
democrático. Fíjense, en ese contexto, incluso representantes de la derecha francesa han señalado que, más allá de sus posiciones de fondo, la constitucionalización responde a la necesidad de proteger el marco jurídico vigente frente a eventuales
posibles retrocesos y de ofrecer una garantía adicional de estabilidad y de seguridad para las mujeres. La misma Marine Le Pen manifestó que no iba a oponerse a la inclusión del derecho en la Constitución, en la medida en que no alteraba la
legislación existente, situando así el debate en el terreno de la protección jurídica y no en el del conflicto. Señorías, ese posicionamiento ilustra una idea que me parece especialmente relevante: incluso quienes no han sido impulsores de este
derecho pueden reconocer que su protección forma parte de la consolidación democrática. Eso es precisamente lo que hoy les planteamos: demos una oportunidad al diálogo, veamos la conveniencia de incorporar a la Constitución el ejercicio de la
interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de equidad y de seguridad sanitaria en todo el territorio, para todas las mujeres.
Seamos claros, este es un debate que incomoda a algunos grupos políticos, especialmente a ustedes, señorías del Grupo Popular (el señor De los Santos González: Que no, que no), porque les sitúa ante una realidad social ampliamente asentada
y ante posiciones que no siempre son homogéneas, ni siquiera dentro de su propio partido ni tampoco entre sus votantes. Precisamente por eso, esta reforma es también una oportunidad para el Grupo Popular. Una oportunidad para dejar atrás esa
incomodidad, para dotarse de un marco estable que les permita no tener que reabrir permanentemente este debate ni verse obligados a tomar posición en términos de confrontación, sino a formar parte de un consenso democrático amplio que ya existe en
la sociedad española. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres. Debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos y avancemos. Retiren su
enmienda a la totalidad. Sean, como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado. (Rumores).
Señorías, el reconocimiento de la libertad de las mujeres a ejercer su maternidad no nace en esta reforma, por supuesto, pues es heredera de la lucha del movimiento feminista, de la perseverancia de generaciones de mujeres que defendieron su
libertad en contextos en los que ni siquiera estaba reconocida, de quienes abrieron camino cuando no había caminos, de quienes los consolidaron cuando aún eran frágiles y de quienes los defienden cuando se intentan retrocesos. Esta misma semana se
homenajeaba aquí cerca a Carlota Bustelo, diputada en esta Cámara durante las Cortes Constituyentes. Desde esta misma tribuna, en el año 1978, ella defendió la legalidad de los anticonceptivos. Lo hizo en un momento en el que hablar de estos
derechos suponía cuestionar inercias profundamente arraigadas, en el que la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo ni siquiera formaba parte del debate público, y en el que dar ese paso exigía convicción profunda, claridad y determinación
política. Carlota representa hoy a una generación de mujeres que
entendió que la libertad no podía construirse dejando fuera el cuerpo de las mujeres, y que la libertad y la dignidad de la mitad de la población merecía la pena. (Aplausos). Aquel impulso no fue un gesto aislado, sino parte de un proceso
más amplio de apertura democrática y de reconocimiento de libertades que hasta entonces habían sido negadas a las mujeres. Permitió empezar a situar los derechos sexuales y reproductivos en el lugar que les correspondía, dentro de nuestro sistema
de derechos, dentro de nuestra calidad democrática. Su valentía no solo fue admirable, sino que también fue determinante para abrir una senda de libertad que hoy seguimos recorriendo. Como ella, muchas mujeres sostuvieron la conquista de los
derechos sexuales y reproductivos en nuestro país con su compromiso y, en muchas ocasiones también, con un enorme coste personal. Fueron mujeres que se organizaron, que alzaron la voz cuando no era fácil y que defendieron la libertad frente al
estigma. Gracias a ellas, hoy podemos hablar de nuestro derecho a decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros proyectos de vida; también del derecho a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo como una expresión
irrenunciable de autonomía, de dignidad y de igualdad. Este recorrido tiene hitos claros, desde la ley de 1985 hasta la ley de 2010, pasando por la última reforma de 2023, pero también -y más importante- tiene una dimensión social que va de las
calles a las instituciones, de la movilización cívica a la acción legislativa, y desde el tren de la libertad hasta esta tribuna. En ese tren de la libertad, miles de mujeres y hombres llegados de todas partes fueron indispensables para el avance.
Alzaron fuertemente su voz para gritar que ni un paso atrás en nuestros derechos. Fueron un latido compartido, una memoria viva de quienes habían luchado antes y una promesa hacia quienes vendrían después. Aquel movimiento llevaba consigo
convicción, coraje y una certeza profunda de que los derechos de las mujeres no se negocian, no se recortan y no se someten a retrocesos, porque cada conquista lleva detrás una historia de lucha y cada intento de retroceso encontrará siempre una
respuesta colectiva. (Aplausos). Señorías, en cada momento se han producido avances adaptados a las necesidades de una sociedad en permanente transformación. Esta es una apuesta de todas y de todos por la igualdad y la libertad.
Queridas compañeras feministas que hoy nos acompañáis (dirigiéndose a la tribuna de invitados), es un placer teneros con nosotras. Es un placer que nos reforcéis, que nos apoyéis y que estéis siempre en la lucha. Gracias por vuestra
energía y por vuestra perseverancia, porque hoy podemos abordar este debate con la dignidad y la conciencia de que cada derecho que defendemos tiene detrás historias concretas, historias de valentía y de resistencia. A las que hoy estáis aquí y a
todas las que nos sostenéis cada día en vuestra lucha y en nuestra lucha feminista, en tantos espacios, en tantas plazas y en tantas vidas, gracias. (Aplausos). Gracias por no rendiros. Gracias, porque si vosotras no os rendís, nosotras no nos
rendiremos. Y gracias por seguir haciendo posible el avance, siempre hacia adelante, siempre avanzando en derechos. Durante demasiados siglos las mujeres hemos sido reducidas al rol de madres y no renunciamos a serlo, pero queremos elegirlo. A
estas alturas de nuestra democracia es nuestra responsabilidad histórica blindar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, con todas sus dimensiones, precisamente en un contexto internacional en el que los derechos sexuales y
reproductivos están siendo cuestionados y están siendo la punta de lanza de la batalla ideológica. Una democracia sólida no puede esperar a que los derechos se cuestionen para defenderlos, sino que tiene que anticipar su blindaje y garantía.
Señoras y señores diputados, hoy no nos encontramos ante una votación cualquiera, pues estamos ante una decisión que habla de qué España queremos construir entre todas y todos y de qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir para
construirla. Los derechos de las mujeres no son patrimonio de una mayoría ni de un grupo político, sino una conquista social, una conquista colectiva construida con el esfuerzo de las generaciones pasadas y depositada en las generaciones que
vendrán. Hoy les pido que estén a la altura de ese legado, que no cierren este debate antes de que pueda celebrarse y que permitan que esta Cámara haga su trabajo, que generalmente lo hace bien, con rigor, con serenidad y con capacidad de
convicción. Votar en contra de las enmiendas a la totalidad no es un gesto partidista, créanme, sino un acto de lealtad democrática. Señorías,
no se trata de nosotras y nosotros, no se trata de nuestros partidos, no se trata de las cuestiones que nos separan, que nos dividen. Se trata de las mujeres de este país, se trata de la inmensa mayoría de este país que conformamos las
mujeres y que tenemos el derecho a ser libres y a que nuestra libertad sea respetada en todos sus términos. (Aplausos).
Hoy, señorías, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de no fallar a las que nos precedieron, pero sobre todo de no fallar a las generaciones que vienen, y que vienen apretando fuerte. Tenemos la oportunidad de seguir construyendo
democracia, de hacer un ejercicio de inteligencia colectiva, de generosidad colectiva. Sintamos el orgullo de estar a la altura de las mujeres de este país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
A este proyecto de reforma se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Señor presidente, señorías, buenos días.
La verdad es que no nos sorprende este proyecto ni esta demagogia que acabamos de escuchar, ni el modo en el que se ha tramitado, ni la intención apenas disimulada con la que se trae a esta Cámara, que no es en modo alguno blindar derechos,
sino, antes bien, promover un debate artificioso en donde PSOE y aliados, en su uso habitual de la demagogia, pretenden obtener un puñado de votos (aplausos), de ahí que se tramite con toda la celeridad del mundo para que sus señorías socialistas y
los demás puedan volver a convertir esta sala no ya en el templo del eufemismo, que también, sino sobre todo en un escenario más propio de un mitin que de un debate legislativo.
La memoria explicativa de la reforma señala que la incorporación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución se justifica, literalmente, por la mayor sencillez y celeridad que ofrece la
tramitación de la reforma constitucional del artículo 167 de la Constitución, lo cual favorece la viabilidad, dicen, política del acuerdo y permite culminar la reforma en un tiempo razonable, sin interrumpir el normal funcionamiento de las Cortes
Generales. ¿A qué viabilidad se refiere usted? ¿Cuenta con los tres quintos de la Cámara, quizás? (Aplausos.-La señora ministra de Igualdad, Redondo García, hace gestos afirmativos). Son consideraciones espurias, de mero oportunismo, porque la
reforma de cualquier artículo de la Constitución debería realizarse atendiendo al contenido material de la reforma y no a las necesidades de celeridad del Gobierno. Es una vergüenza que traigan la reforma del artículo 43. Si proceden de esta
manera es sencillamente porque sus prioridades son de índole propagandística. En modo alguno pretenden otorgar ni blindar ningún derecho, sino traer a esta Cámara y tramitar, con toda la prisa del mundo, un asunto que les permite desplegar su
habitual demagogia en un periodo de fracaso electoral como el que se avecina para ustedes. (Aplausos). La consideración del aborto como un derecho constitucional se pretende vincular a la reforma del artículo 43, que evita la tramitación por el
procedimiento que determina el artículo 168 de la Constitución, por la sencilla razón de que quieren evitar una vía agravada, que exige una mayoría de dos tercios en esta Cámara y en el Senado, la disolución inmediata de las Cortes Generales y la
convocatoria de elecciones. El dictamen del Consejo de Estado es especialmente relevante porque, aunque avala el fondo de la reforma, incluye advertencia sobre el posible fraude de ley al usar el artículo 43 para evitar un procedimiento de reforma
agravado, y este fraude se estaría produciendo porque la materialidad del objeto de la reforma pretendida afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, que ustedes se pasan por el forro. (Aplausos). Desde otra perspectiva,
pudiéndose postular, como ya ha sucedido, además, que lo que se propone entraría en contradicción con los artículos 10 y 15 de la Constitución, una reforma tal debería adoptar las debidas reservas al tratar sobre un asunto en el que no existe ni
puede existir consenso o ni siquiera acuerdo en la sociedad española, salvo que crean que su
ideología es obligatoria para todo el mundo y a nosotros nos exterminen o algo así. (Aplausos).
No debería reformarse la Constitución de tal forma que se vulneren, sin decirlo, derechos claramente preferentes cuya infracción supone la destrucción del sistema de derechos fundamentales que debe ser respetado, o cuando menos, como
decíamos, atrévanse a tramitarlo por el procedimiento del artículo 168. Sin embargo, en la exposición de motivos se vincula el derecho al aborto con el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Ahora resulta que abortar es
una cosa saludable. Recomiéndeles a las mujeres que aborten cada mes, porque es muy saludable. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Claro, es tremendo. Se ordena a los poderes públicos
organizar la sanidad y fomentar la educación sanitaria y el deporte, esto es lo que dice el artículo 43. La innecesaria especificación de una determinada práctica médica, ya incluida bajo la norma general de proteger la salud, no tiene más alcance
que si propusiera usted incluir en este artículo el derecho constitucional a ser operado de apendicitis. (Aplausos). Es decir, una cosa ridícula e innecesaria, si evacuamos el interés puramente electoralista de esta pretendida reforma. Ridícula
porque es absurdo especificar cualesquiera prácticas sanitarias incluidas en el enunciado general e innecesaria porque nada cambia la realidad a la que se pretende supuestamente blindar con esta chapuza. Pero, en rigor, ustedes quieren incardinar
en la Constitución esta especificación para otros efectos prácticos que tienen mucho más que ver, como hemos dicho, con la propaganda sectaria y con la ideología que con la protección real de un supuesto derecho. Con esta reforma constitucional,
dicen, España avanza en su necesaria protección frente a dinámicas regresivas. En román paladino, tratan de restringir la futura posibilidad de que se legisle en un sentido ético, moral y político distinto, deslegitimando constitucionalmente dicho
sentido, y, de paso, poner una espada de Damocles sobre los médicos a quienes su conciencia moral les impele a no realizar este tipo de prácticas. (Aplausos). Esto es absolutamente contrario al valor superior del pluralismo político reconocido en
el punto 1.1 de la Constitución. La pregunta, ya en un terreno puramente práctico, es la siguiente: ¿Y esta modificación del artículo 43, en el improbable supuesto de que contara con tres quintos de los votos de esta Cámara, comporta alguna
ventaja para las mujeres? ¿O lo que busca el Gobierno más bien es otra cosa? A nuestro juicio, esta modificación nada añade a la protección de las mujeres. Es un Gobierno que acorta la condena de violadores, devolviéndolos a las calles; que
permite la llegada masiva de individuos procedentes de culturas que denigran a la mujer considerándola inferior al varón, a quienes luego regulariza sin mayor problema con nuestra oposición. Por cierto, un diputado del PSOE de la Asamblea regional
de Madrid ha dicho que hay que partirle la cara a quienes se opongan a las regularizaciones masivas. Pues mire, aquí le espero picando el mortero, como dicen en mi tierra. (Risas.-Aplausos). Y si no se atreven, ahí tienen a sus amigos de Bildu,
que son más proclives a este tipo de actuaciones. Un Gobierno que tiene por aliadas a teocracias en donde a las mujeres se las oculta en cárceles de tela, en calidad de ciudadanos de segunda. Un Gobierno formado por partidos que no han osado
mostrar ni un mínimo de empatía con la lucha de estas mujeres por sus derechos civiles inexistentes en estas teocracias. Un Gobierno que fomenta la extensión en nuestra patria de costumbres contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y especialmente
incompatibles con su impostado feminismo, como el burka, la poligamia, el matrimonio infantil, etcétera, aberraciones que ya se producen en nuestro país. Un Gobierno que perjudica a los españoles, mujeres y hombres por igual, cuando les margina a
la hora de ser atendidos en la sanidad pública o en el acceso a ayudas sociales, que ha destrozado la educación pública, convirtiéndola en una institución caduca, meramente asistencial, en donde, además de la viscosa ideología socialdemócrata,
difunde unos contenidos elegidos por la comisión islámica o por el Gobierno de Marruecos. (Aplausos). Lo único que les falta a ustedes es poner en la enseñanza pública una asignatura cuyos contenidos sean determinados por sus aliados de Hamás. Es
una vergüenza. Un Gobierno que defiende estas cosas no puede ser un aliado de las mujeres españolas, por muchos artículos de la Constitución que pretenda reformar. (Aplausos). Y solo puede perseguir un fin con esta reforma: ocultar su ineficacia
y su escandalosa corrupción; colocar un trampantojo ideológico
a la triste realidad que los españoles perciben cotidianamente cuando tienen que ir al médico o cuando necesitan ayuda de las instituciones; desviar la atención y practicar lo único que a este Gobierno parece dársele bien, que es la
ocultación y la demagogia, aunque para tal fin tenga que violentar el procedimiento legal incurriendo en contradicciones insalvables y colando de matute una reforma que cuestiona un derecho fundamental protegido por la Constitución.
El PSOE y sus aliados constituyen la mayor amenaza para los españoles del presente, a los que se empeñan en empobrecer, en condenar a un invierno demográfico donde la natalidad se desploma y, como consecuencia, amenazan también la existencia
de los españoles en el futuro. Y, en lugar de fomentar políticas que permitan a nuestros jóvenes formar familias priorizando su acceso a una vivienda asequible, en lugar de fomentar la natalidad, hacen todo lo contrario. A los recién llegados, de
modo ilegal, les ofrecen sanidad, ayudas y prioridades; a los españoles -a quienes diríase que odian-, sueldos menguados, precios desorbitados, inseguridad en las calles, aborto y eutanasia. (Aplausos). Y a las mujeres que se enfrentan a un
embarazo problemático son incapaces siquiera de permitir que se les dé información, asistencia y posibles alternativas. Un Gobierno que obliga a las jóvenes trabajadoras a tener que compartir piso, a no poder construir una familia, que castiga a
las emprendedoras con impuestos abusivos, que luego, en lugar de financiar debidamente la sanidad y la educación -también saturadas por la inmigración-, engorda las cuentas corrientes de ministros y familiares del Gobierno, es enemigo de las mujeres
españolas y, especialmente, de las mujeres del campo y de la España despoblada, a quienes abandona y arruina con sus políticas emanadas del fanatismo climático. (Aplausos).
En resolución, solicitamos la devolución de este proyecto de reforma trufado de trilerismo, y lamentamos que el Partido Socialista utilice las instituciones y el Poder Legislativo para hacer autopropaganda y mítines que no vienen al caso.
Las mujeres y los hombres de VOX no vamos a caer en sus trampas, orientadas a hacer creer que ustedes son los defensores de las mujeres. En 2019 se denunciaron 1400 casos de violación en España y en seis años de gobiernos socialistas, podemitas,
sumaritas y separatistas (rumores) ya son más de 5000. Si de verdad quisieran defender a las mujeres españolas reforzarían la seguridad en las calles; impondrían penas severas a criminales y violadores, en lugar de rebajarles las condenas;
protegerían nuestras fronteras; evitarían la penetración de doctrinas que consideran inferior a la mujer; apoyarían la natalidad y castigarían con el máximo rigor penal la violencia contra las mujeres, en lugar de venir con puntos violetas
inútiles e improbables reformas de carácter imprudente, fraudulentas en su trámite y contrarias a la protección de los derechos fundamentales. (Aplausos). El Gobierno de España no está al servicio del pueblo español, sino que está acelerando la
destrucción de la unidad y de la identidad de nuestra nación.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Franco González.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, ¿la Constitución se reforma para reforzar nuestra democracia o para rescatar a un Gobierno en caída libre? (Aplausos). Nuestra Constitución es el pilar que sostiene la estabilidad de nuestra democracia, no es patrimonio de ningún
partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista. Es un pacto que nos dimos entre todos sobre la base del consenso, el diálogo y la renuncia mutua. (Aplausos). Por eso es de todos y por eso nadie, tampoco el señor Sánchez, puede
utilizarla como una herramienta para sus intereses.
Como toda Constitución, nació con vocación de permanencia: cuarenta y siete años ya. No es ajena, por supuesto, al poder de reforma democrático, pero esa reforma se tiene que hacer con acierto, con esmero, con mimo. El propio Consejo de
Estado, en su doctrina,
ha establecido cuatro criterios básicos que debe cumplir una reforma constitucional para que sea acertada. Son cuatro preguntas que hoy todos los que estamos sentados en estos escaños tenemos que hacernos y responder con honestidad: ¿esa
reforma atenta contra el equilibrio interno de la Constitución? ¿Es fruto de una demanda social sólida y consolidada y de un problema ampliamente reconocido? ¿Está basada en el diálogo entre las fuerzas políticas y la sociedad? ¿Cuenta con un
consenso asimilable al del pacto de 1978? Si respondemos con honestidad a estas preguntas, vemos que esta reforma no cumple ninguno de estos criterios. (Aplausos). Esta reforma es desacertada, es un error político y jurídico, no viene a
fortalecer el pacto de 1978. Y, por último, su única finalidad es ser un instrumento para la supervivencia política del señor Sánchez y de su Gobierno. Nada más.
Veamos por qué. Primero, el equilibrio constitucional. La reforma que ustedes nos traen altera completamente el título I y, además, desnaturaliza el título X, que establece el sistema de reforma. (La señora ministra de Igualdad, Redondo
García, hace gestos negativos). Sí, señora ministra, sí. Ustedes, en lugar de abordar la reforma en el artículo 15 como derecho fundamental (la señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No es así), lo que hacen es trasladar o
desplazar de manera artificial al artículo 43, a un principio rector, esta cuestión. (Aplausos.-La señora ministra de Igualdad, Redondo García: En absoluto. No. En absoluto). Sí lo hacen, sí. Y no lo hacen por coherencia, sino por
conveniencia. Si se tocara el ámbito del artículo 15, ustedes deberían acudir al procedimiento de revisión reforzado del artículo 168, que implica mayorías parlamentarias, disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y referéndum.
Encajándolo en el artículo 43, cogemos el atajo del 167, que implica unas mayorías menos cualificadas y, por supuesto, no disolución de las Cortes. Ya se ha dicho aquí: ustedes expresamente justifican la elección por una mayor sencillez y
celeridad, por la viabilidad política del acuerdo -¿qué acuerdo?- y por evitar interferir en el calendario de las Cortes. ¡Viva la democracia! Es mera oportunidad política, oportunismo político. (Aplausos). El procedimiento deja de ser la
consecuencia del contenido y pasa a ser su causa. Señorías, este es el paradigma del fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil. Un fraude autoconfirmado, como les ha dicho expresamente uno de los padres de la Constitución y miembro nato del
Consejo de Estado, el señor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Así que cada vez que vayan ustedes a la Sala Constitucional y miren su retrato recuerden que van a ser ustedes responsables de cometer un fraude a la Constitución, un fraude
autoconfirmado. (Aplausos). Alterar el equilibrio interno de la Constitución, si aceptamos esta operación de fraude constitucional que ustedes pretenden llevar a cabo, supone desvirtuar la función de garantía que el título X otorga a nuestra
Constitución; supone romper la lógica reforzada de la protección de nuestros derechos fundamentales, y supone abrir la puerta a que en un futuro otra mayoría hipotética coja una materia sensible y la desplace también artificialmente hacia otro
lugar de la Constitución para poner en riesgo o cuestionar valores, instituciones y derechos fundamentales de nuestro sistema constitucional. Sí, están abriendo la puerta a eso. (Aplausos). Esto supone un fraude constitucional con mayúsculas. La
Constitución se puede adaptar, pero no se puede forzar; se puede perfeccionar, pero no se pueden burlar los sistemas de garantía que establece.
Ustedes hablan de que blindan un derecho en la Constitución. Mienten, no blindan nada -ya se lo he dicho-, no blindan nada, no recogen ningún derecho sustantivo porque no reforman el artículo 15, que es donde la jurisprudencia
constitucional ha anclado este debate. Una materia, además, que es derecho fundamental y que está sujeta a la reserva de ley orgánica. Lo que hacen ustedes es residenciarlo en el artículo 43, un principio rector; un principio rector. Fíjense lo
que ocurre con el derecho a la vivienda, que no es exigible directamente en los tribunales, que no tiene recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional y, además, su efectividad depende del desarrollo que haga de él una ley ordinaria.
Repito, ley ordinaria. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Lo que están haciendo en el sistema de fuentes es una degradación de la reserva de ley orgánica. (Aplausos). Es decir, no están blindando nada, están degradando y están creando un
trampantojo no ideológico, sino un trampantojo jurídico de consecuencias imprevisibles. ¿Y quién va a pagar esas consecuencias? Como en el resto de sus chapuzas legislativas, ¿las van a pagar las mujeres? ¿Las van a pagar las mujeres?
(Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!-Aplausos).
La dimensión sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en este país no está en riesgo. No está en riesgo. Los poderes públicos ya tienen la obligación de garantizar todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud de acuerdo
con los criterios de universalidad, gratuidad e igualdad. Dentro de ellos está la interrupción voluntaria del embarazo, como reconoce la Ley Orgánica 2/2010. Esa dimensión sanitaria no está en riesgo. Toda mujer española que se tenga que
enfrentar a esa terrible decisión, a esa complicada decisión de interrumpir su embarazo, sabe que tiene al sistema sanitario público, que la va a atender y acompañar. Lo saben, sí. (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!-Aplausos). Y si
hubiera algún desajuste, la solución no es esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional no aporta nada. Lo que hacen es repetir, incluir un simple inciso, un simple apartado, el cuarto, que recoge lo mismo que incluye el apartado 2 de
ese artículo 43. Su reforma es un brindis al sol que no ofrece ninguna garantía práctica nueva. Es un mero brindis al sol.
Además, ustedes confunden deliberadamente derecho y prestación. Supongo que para ganar algún titular. Yo no sé si ustedes son conscientes de que esto puede resultar engañoso para muchas mujeres. ¿De verdad les importa la protección de las
mujeres? ¿De verdad les importa? España ha caído hasta el puesto veintisiete entre los mejores países para ser mujer: violencia sexual en aumento, violencia digital que no decrece, brecha salarial persistente. Hemos sufrido las consecuencias de
leyes con una técnica legislativa pésima. Ahí está la ley del solo sí es sí y ahí sigue la mal llamada ley trans, cuyos efectos indeseables se niegan a revisar porque nunca han sido feministas de verdad. Nunca. (Varias señoras y señores
diputados: ¡Bravo!-Aplausos). Esto es un fraude a todas las mujeres.
Segundo criterio: la existencia de una demanda social sólida y un problema reconocido. No se cumple, señora ministra, no se cumple. El Tribunal Constitucional ya ha avalado la Ley Orgánica 2/2010, ha constitucionalizado el sistema de
plazos. No es necesario abrir la Constitución para esto. No es necesario. No hay una urgencia jurídica. Ustedes ni siquiera lo llevaban en su programa electoral. El último barómetro del CIS del señor Tezanos, que no es reaccionario, ni siquiera
incluía esta cuestión entre las principales preocupaciones ni de los españoles ni de las españolas. La demanda social consistente existía cuando reformamos el artículo 49 de la Constitución. Ahí sí existía esa demanda social consistente. Aquí no.
Aquí la única demanda consistente que hay es la de un Gobierno que intenta desplazar el foco de sus escándalos, de su corrupción y de su agenda judicial. Esa es la única demanda sólida que motiva esta reforma. (Aplausos).
Hay muchos principios rectores que preocupan a los españoles: el derecho a la vivienda, la protección de la juventud, la protección de la familia. Las familias hoy pierden poder adquisitivo, los jóvenes no pueden emanciparse y su Gobierno
no puede traer a esta Cámara unos presupuestos generales. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). No, no, se lo estoy diciendo: esos son los problemas que de verdad preocupan a los españoles. En
lo que ustedes deben centrarse no es en traer una reforma que no tiene una demanda social sólida y sostenible detrás, sino en legislar para realmente resolver estos problemas que tienen los españoles. Por eso esta reforma también es un fraude a
todos los españoles.
Tercer criterio: el diálogo. Discurso revelador. En lugar de buscar acuerdos, dicen que reforman la Constitución ante la eventualidad de que en un futuro cambien las mayorías parlamentarias. Pero la Constitución no se reforma por si
acaso, ni de forma preventiva, ni para evitar escenarios hipotéticos y además imprevisibles, y menos para evitar dialogar y pactar con otras fuerzas políticas. La Constitución es nuestra norma fundamental. Establece los valores compartidos entre
todos. No sirve para adaptarla a conjeturas hipotéticas o cálculos políticos. No está para eso.
Ustedes, además, presentan un proyecto cerrado, tramitado por urgencia. No deja de sorprender que el Tribunal Constitucional haya tardado trece años en dictar una sentencia en un asunto tan sensible y complejo y que ustedes pretendan
liquidar esta reforma por un procedimiento de urgencia en trece días. Incomprensible. Incomprensible. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Además, encajándole un calendario político a conveniencia del Gobierno, por
supuesto, y luego acompañado de una estrategia: todo el que se oponga es reaccionario. Esto es utilizar la reforma de la Constitución como un instrumento de polarización. Nada más.
Cuarto: consenso comparable al del texto de 1978. Ustedes no están construyendo una reforma de país con la reforma que traen hoy a esta Cámara. Lo que están intentando es forzar un acuerdo bajo la amenaza de que el que no se pliegue es
enemigo de los derechos de las mujeres. Esa es una lógica incompatible con el espíritu constitucional: o se construye entre todos o se degrada. Pero sí es compatible con el estilo Sánchez: o conmigo o contra los derechos. No hay más. No hay
más. (Aplausos). No cuentan con consenso y traen a esta Cámara esta reforma en un ejercicio de confrontación y polarización. Esta es la principal razón por la que traen este proyecto: confrontar, dividir y quitar el foco de sus escándalos. Nada
más. Su muro, como siempre; su muro.
Esta reforma es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos y que tiene la confianza ciudadana erosionada. Además, tratan de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece. En
esta Cámara tenemos hoy dos opciones: o avalamos una reforma que incumple descaradamente todos esos criterios de lo que tendría que ser una reforma acertada de nuestra Constitución, o defendemos la dignidad de todas las mujeres ante esta estafa y
defendemos la dignidad de nuestro texto constitucional. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Señorías, por responsabilidad, mantenemos nuestro voto. Y, señoría, por esas consecuencias imprevisibles que pueden sufrir las mujeres de este país, yo le pido con humildad que retire esta reforma constitucional.
(Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo!-Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Ha solicitado la utilización del turno... (rumores).
Silencio, por favor. Mantengamos el silencio que hemos tenido hasta el momento, por favor.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la utilización del turno en contra.
Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, la señora Narbona Ruiz.
La señora NARBONA RUIZ: Presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre de mi grupo, el proyecto de ley de modificación del artículo 43 de nuestra Constitución para garantizar la ejecución efectiva del derecho al aborto;
la ejecución efectiva, señorías. (Aplausos). Y lo hago con orgullo, lo hago con convicción y lo hago con emoción. Con orgullo, porque ha sido mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tengo el honor de presidir desde hace nueve años,
y lo ha hecho de la mano de los movimientos feministas; movimientos feministas que, junto con nosotros, han ido impulsando todas y cada una de las leyes que establecen derechos para las mujeres en nuestro país. Todas esas leyes, señorías, que el
Grupo Popular votó en contra; todas y cada una de ellas. (Aplausos). Muy en particular, señorías, muy en particular todas las que se refieren al derecho al aborto; todas y cada una de ellas. El único fraude en esta Cámara son ustedes
pretendiendo decir que defienden a las mujeres. (Aplausos.-Rumores). Lo hago con convicción, señorías, con convicción, porque creo firmemente en la necesidad de construir una sociedad más igualitaria, donde mujeres y hombres disfruten
de los mismos derechos y respondan ante las mismas obligaciones como requisito ineludible de una democracia auténtica y de una sociedad más próspera y más feliz. (Rumores). Y lo hago con emoción, porque yo pertenezco a una generación de
españolas que llegaron a la edad adulta mucho antes del final de la dictadura franquista y eso condicionó dramáticamente sus vidas en muchos aspectos. Algunas, incluso, perdieron su vida o su libertad... (continúan los rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, un momento. (Pausa).
La señora NARBONA RUIZ: ... por la consideración, entonces, del aborto como un delito punible con cárcel, lo que las obligaba a realizar la interrupción del embarazo, si tenían recursos, fuera de España, o aquí, en condiciones de
clandestinidad, sin las mínimas garantías para su salud. Esa era la España de Franco que ustedes añoran. (Aplausos). Por eso, mi primer reconocimiento es para todas esas mujeres que tanto sufrieron a causa de aquellas normas tan injustas. Y
también todo mi reconocimiento, en nombre propio y en el de mi grupo, a todas las mujeres feministas, muchas de ellas socialistas, que lucharon incansablemente contra la injusticia y consiguieron avances importantes ya en democracia, superando
muchos obstáculos, no solo jurídicos, también culturales.
Justo estos días -como ha recordado la ministra- hemos honrado la memoria de Carlota Bustelo, una magnífica representante de todas las mujeres valientes que consiguieron cambiar tantas cosas. (Aplausos). Y quiero agradecer hoy la presencia
de mujeres feministas en la tribuna de invitados y reconocer su compromiso permanente y necesario, porque queda todavía mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y no, no nos olvidamos de que
gracias al Tren de la Libertad, aquella masiva movilización de mujeres, se consiguió evitar en 2014 el rotundo retroceso que quería llevar a cabo RuizGallardón, ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy. (Aplausos).
Señorías, hoy no hablamos solo de una reforma legal; hablamos de democracia, de libertad y de igualdad, porque sabemos que los derechos no son irreversibles, y lo vemos en el contexto internacional, en Estados Unidos, en Polonia, donde
derechos que creíamos consolidados están debilitándose. Y los acuerdos del Partido Popular y VOX, aquí, en España, conllevan un futuro incierto, seguramente un futuro de retrocesos. Frente a esa amenaza no podemos mirar hacia otro lado.
La realidad, señorías, es que en España no todas las mujeres tienen el mismo acceso a ejercer el derecho al aborto. Dependiendo de donde viva, las condiciones cambian. Hay territorios donde el acceso es limitado y donde las mujeres se ven
obligadas a desplazarse. Sí, señorías, algunas seguramente tienen medios para practicar el aborto fuera de España; pero eso cuesta dinero, señorías. Y solo el 20 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos en
el conjunto del país. Pero ese es el porcentaje medio, porque en la Comunidad de Madrid ese porcentaje no alcanza el 1 %; el 0,3 % en el año 2024. La presidenta Ayuso, además, lo expresaba sin el menor complejo cuando afirmaba que las mujeres que
quieran abortar que se vayan. (Rumores). Sí, señorías, su presidenta de la Comunidad de Madrid, que muestra así su absoluta falta de empatía. (Aplausos). Bueno, ya lo hizo con los más de siete mil ancianos que murieron encerrados en las
residencias, sin atención hospitalaria, durante la pandemia. (Aplausos.-Protestas.-La señora Rodríguez Calleja: ¡Venga ya!). Palabras literales de la señora Ayuso: Total, se iban a morir igual. (Rumores). Esa es la presidenta del Partido
Popular que tienen ustedes en Madrid.
La reforma que hoy defendemos quiere evitar desigualdades entre mujeres que viven en distintos territorios. Y lo que proponemos es algo tan sencillo como profundamente transformador: que la Constitución española garantice no solo el
derecho, sino los medios para ejercerlo; que los poderes públicos estén obligados a asegurar que todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan acceso a esta prestación en condiciones de igualdad y efectividad. Hablamos de convertir en mandato
constitucional algo tan esencial como que
la libertad de las mujeres no dependa de su código postal. Esta reforma no cambia el modelo, no reabre debates superados. El debate sobre la legalidad del aborto en España está cerrado; es un derecho reconocido y avalado por muchas
sentencias del Tribunal Constitucional. Lo que hacemos ahora es dar un paso más, garantizar que ese derecho sea real, efectivo, asequible y accesible, algo que solo ofrece la sanidad pública.
Y vamos a hablar de las enmiendas de totalidad presentadas por VOX y por el Grupo Popular. Señorías, yo creo que, en un debate como este, lo mínimo que cabe esperar es que ustedes se lean el texto que estamos debatiendo. Porque el texto
que estamos debatiendo no dice que en ese artículo pongamos el reconocimiento al derecho al aborto. (Rumores). No lo dice, señoría. ¿No se han enterado? ¿No lo han leído siquiera? ¿De verdad? (Aplausos). Ambas enmiendas tienen en común que se
basan en esos votos particulares planteados frente al dictamen del Consejo de Estado. Señoría, seis votos particulares frente a diecinueve a favor del dictamen; un dictamen, por tanto, con una mayoría muy contundente.
Los votos particulares afirmaban que la propuesta del Gobierno suponía un fraude de ley -se ha explicado aquí- porque no se planteaba la modificación del artículo 15, que hubiera requerido la disolución de las Cortes. Pero, señorías, en
esas enmiendas, en esos votos particulares se eludía el hecho de que la redacción alternativa propuesta en el dictamen del Consejo se ajustaba perfectamente al artículo 43, dedicado a las obligaciones de los poderes públicos en relación con el
derecho a la salud. Por tanto, señorías del Grupo Popular y de VOX, esa redacción alternativa, mayoritariamente votada en el Consejo de Estado, ¿creen ustedes que es inconstitucional, que no se ajusta a la Constitución? El Consejo de Estado, por
mayoría, ha aprobado un texto y, miren, ese texto es el que hoy viene aquí, es el que se ha incorporado en el proyecto de ley.
Por lo tanto, señorías, señor Robles, señora Franco, pueden introducir todos los temas que quieran, la prioridad nacional, la inmigración masiva, la corrupción, pero es que de lo que estamos hablando aquí es del fondo y no tanto de la
técnica jurídica (la señora Rodríguez Calleja: ¡Ah!, ¿no?). Ustedes han errado el tiro completamente; completamente. (Aplausos.-Rumores). Así que se lo pregunto a las señoras diputadas del Grupo Popular: ¿de verdad no creen que sería oportuna
una reforma que garantizara mejor el ejercicio del derecho a abortar? (Rumores.-El señor De los Santos González: ¡No!). ¿De verdad que no lo creen? Desde luego, se lo pregunto a ustedes; no se lo pregunto a las diputadas de VOX, porque creo que
no cabe hacerles esta pregunta: su partido niega el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y así se deduce de su enmienda. Por cierto, una enmienda donde aprovechan para afirmar que el actual Gobierno es el Gobierno de la muerte, el
Gobierno de la destrucción. ¿Están hablando de ese Gobierno o del Gobierno del señor Netanyahu, al que ustedes apoyan? (Aplausos).
Esta reforma también es una cuestión de dignidad, de proteger a las mujeres frente a situaciones de presión, de acoso y de obstáculos innecesarios. ¿Me van a negar que esos obstáculos existen todavía? ¿Me van a decir que no se intenta
convencer a las mujeres antes de que practiquen el aborto delante de las clínicas? ¿De verdad eso no está sucediendo? Eso sucede, señorías.
En definitiva, es una cuestión de justicia social y también es una cuestión de país. España es referente en la ampliación de derechos y lo es a pesar del Partido Popular. (Aplausos). Lo fuimos con el matrimonio igualitario, con todas y
cada una de las leyes de igualdad y lo somos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Nos alineamos con las democracias más avanzadas de Europa -Francia ha aprobado ya una modificación de su Constitución para blindar el derecho al
aborto- y, sobre todo, enviamos un mensaje claro: aquí no queremos retroceder, aquí queremos consolidar derechos, protegerlos y ampliarlos. Hay generaciones de mujeres que no pudieron decidir, que vieron sus vidas condicionadas por leyes injustas,
que pagaron un precio altísimo por algo tan básico como su autonomía, y hay generaciones actuales que no están dispuestas a renunciar a lo ya conseguido. Por ellas, por las que estuvieron antes y por las que vendrán, tenemos la responsabilidad de
actuar. Tenemos que reforzar nuestra democracia, porque una democracia fuerte es aquella que protege a los más vulnerables, aquella que convierte
la igualdad en realidad. Una democracia fuerte es la que confía en las mujeres. Hoy decimos exactamente eso: confiamos en las mujeres, en su capacidad para decidir, en su libertad y la defendemos.
Quiero terminar con las palabras de una de las grandes pensadoras del feminismo, Simone de Beauvoir: No se nace mujer, se llega a serlo. (Rumores). En ese camino, la libertad es imprescindible. Con esta reforma damos un paso más para
garantizar esa libertad, porque sin libertad no hay igualdad y sin igualdad, señorías, no hay democracia.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de la señora ministra de Igualdad, Redondo García, puestos en pie.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de réplica, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora Narbona, yo entiendo que la lógica no es lo suyo porque decir al mismo tiempo que no se refiere al artículo 43 y después decir que sí se refiere al artículo 43 se llama contradicción, sencillamente. (Aplausos).
No sé si no han tenido suficiente con la demagogia anterior para tener que volver a hacer otro ejercicio demagógico a base de ideas fuerza: igualdad. ¿Igualdad en qué? Si no marca usted los parámetros, no sabemos de qué está hablando.
Libertad, ¿libertad para qué o libertad de qué? En cuanto a la democracia, dice usted que el aborto supone un progreso y que nosotros queremos retroceder, cuando las prácticas abortivas son más viejas que el hilo negro. Lo que no puede ser es que
el aborto sea considerado un método anticonceptivo. (Aplausos). Y lo que tampoco puede ser es que ustedes vengan aquí con la demagogia de unir el aborto con el derecho a la salud. Lo decía antes, ¿cómo se puede justificar que el aborto es una
práctica saludable? Nosotros estaremos de acuerdo con una ley de supuestos. Fue la civilización la que puso coto a ese desmadre de aborto descontrolado como método anticonceptivo. Ustedes lo saben perfectamente, de manera que no vengan aquí
hablando de progreso, que es otra idea fuerza que vienen aquí con ella no se sabe para qué.
A veces es mejor regresar un poquito, sobre todo cuando uno está al borde del precipicio, como han puesto ustedes a la nación española, al borde del precipicio (aplausos), con una corrupción generalizada que afecta al presidente del Gobierno
-el 'número 1' según el señor Aldama-, al 'número 2' y al 'número 3', Ábalos y Koldo. La corrupción de este Gobierno no se puede camuflar por muchas leyes que ustedes traigan aquí, que, además, no van a salir. Ustedes saben perfectamente -ya lo
hemos dicho- que no tienen tres quintos de la Cámara en el mismo momento en el que el Grupo Popular y VOX presentan enmiendas a la totalidad. Saben que esta reforma no va a salir adelante. Además, son especialmente cobardes porque no se atreven a
gestionar esta reforma por donde debería, por el artículo 168 de la Constitución (aplausos), ya que afecta a un derecho fundamental como es el derecho a la vida. ¿Existe o no existe el derecho a la vida como un derecho fundamental?
Luego, nos acusa de retrógrados. Para retrógrados, los que justifican el aborto con una teoría completamente absurda, que es la teoría de la animación retardada que defendieron Aristóteles y santo Tomás. ¿Qué es eso de que a las trece
semanas se puede abortar y a las catorce no? Si hay una continuidad ontogenética que ha descubierto la genética, ¿cómo se puede decir que hay un corte? Ese corte es ficticio. (Aplausos). Otra cosa es una ley de supuestos, sobre la cual
estaríamos dispuestos a discutir. Ustedes que se llenan la boca de la ciencia -¡oh, la ciencia!, ¡el cambio climático!, ¡los señores de VOX están en contra de la ciencia!-, ¿me pueden decir un argumento científico a favor de la discontinuidad en el
proceso de ontogénesis?, ¿me pueden dar un solo argumento? ¡Uno solo! (Aplausos). Es que ya está bien; aquí los únicos que están aplicando criterios propiamente espiritualistas son ustedes. La teoría de la animación retardada dice que el
Espíritu Santo insufla el espíritu a las catorce semanas (rumores) y ustedes ponen derecho al aborto libre hasta las catorce semanas. Eso es muy moderno y progresista, ¿verdad? ¿Por qué?
El asunto está muy claro, a ustedes no les interesan ni las mujeres ni el aborto ni nada. A ustedes lo único que les interesa es mantenerse en el poder con la demagogia, con las insidias, con las falacias, con los insultos y con los
discursos repletos de ideas fuerza que suenan muy bien: ¡igualdad!, ¡libertad!, ¡solidaridad!, ¡democracia! Pero de esas ideas ustedes no tienen ni la más remota idea de cuáles son sus fundamentos. La libertad hay que aclararla y la democracia hay
que aclararla porque se usa de muchas maneras: no es lo mismo la democracia popular china que la nuestra. Son ideas fuerza que ustedes usan con un interés puramente electoralista y nada más.
Como todo el mundo sabe, esta propuesta de reforma de la Constitución -que tiene todos los visos de que no va a salir adelante porque no cuenta con la mayoría necesaria- sencillamente es un ejercicio más al que nos tienen acostumbrados de
demagogia, de falacias, de insidias, de mentiras y de insultos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra la señora Franco González.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señora Narbona, en primer lugar, la felicito porque su formación política, su partido, lleva meses diciendo en ruedas de prensa que por fin van a constitucionalizar el derecho al aborto como un derecho fundamental, y usted ha reconocido aquí
que no lo van a hacer. Por supuesto que nos hemos leído el texto. Les he dicho que ustedes están jugando a la confusión con el derecho sustantivo y la prestación sanitaria (la señora Narbona Ruiz muestra un documento), están jugando a la confusión
constantemente y con eso están engañando a muchas mujeres. (La señora Rodríguez Calleja: ¡Muy bien!, ¡Claro que sí!). Se lo he dicho. Y ¿cómo es eso de que nadie nace mujer, que no nacemos mujeres? Ahora sí que no me extraña que ustedes no
quieran revisar la ley trans (aplausos), ahora sí comprendo por qué ustedes no quieren revisar la ley trans; sí, señor.
Ustedes después de este debate, se van a rasgar las vestiduras, van a armar mucho ruido y van a seguir diciendo que quien vote en contra o quien mantenga esta enmienda de totalidad va a estar en contra de que el derecho al aborto esté en
nuestra Constitución... Lo van a decir sí o sí. Es algo que no hacen porque ustedes no tocan el artículo 15 porque no se atreven con el artículo 168, que es el que se debería aplicar a esa reforma constitucional. No lo hacen por puro oportunismo
y por puro cálculo político, por nada más.
Además, ya lo he dicho, su reforma es innecesaria. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en nuestro país, dejen de meter miedo a las mujeres.
Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude: un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles. Banalizan nuestras instituciones, nuestro sistema de reforma constitucional. Creen que la Constitución es una
ley ordinaria que se puede cambiar así, sin más. Saben, además, que traen un texto que no va a salir adelante, porque en la Comisión de Igualdad, cuando la señora ministra presentó el anteproyecto, ya varios grupos políticos nada sospechosos de ser
reaccionarios le dijeron que no iban a aprobar ese proyecto de ley. (El señor De los Santos González: Esquerra, Bildu y PNV.-La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras que no se perciben). Sí se lo dijeron, léase usted el
Diario de Sesiones y verá cómo se lo dijeron. (Rumores.-Aplausos). Saben de sobra que esta reforma constitucional no va a salir adelante. Y eso es un fraude también. ¡Es un fraude! Díganme dónde tienen los 210 votos y qué van a hacer cuando no
salga. ¿Rasgarse las vestiduras? ¿A qué juegan? Está claro: a desviar la atención de sus problemas y a confrontar. Es lo único que pretenden, lo único que les mueve, su muro. (La señora ministra de Igualdad, Redondo García, pronuncia palabras
que no se perciben). No hay más. No hay más.
Me hablan del informe del Consejo de Estado. Yo no sé si ustedes se lo han leído con detenimiento, léanselo con detenimiento, no se queden con lo que me avalan las conclusiones. Léanselo con detenimiento (la señora Narbona Ruiz muestra un
documento), porque hay muchos argumentos en ese informe en contra de esta reforma. Lo raro es que la conclusión sea favorable. Eso sí que es lo raro. Yo espero que ustedes se lo hayan agradecido con creces a la señora Carmen Calvo. (La señora
Rodríguez Calleja: ¡Muy bien!-Aplausos). Porque se ha filtrado, se ha filtrado -ha salido en los medios de comunicación-: cambios constantes, falta de acuerdo, anomalías, un texto final que algunos consejeros no querían... E incluso alguno ha
llegado a hablar de 'chapuza jurídica', que este dictamen es una 'chapuza jurídica'. Yo es lo que he visto en prensa, es lo que he leído en prensa. (Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Aaah!). En fin.
Hablan ustedes de modelos internacionales. Nos ponen de ejemplo Francia. (Continúan los rumores). Miren, yo no sé en qué momento la señora Marie Le Pen se ha convertido en una musa e inspiración del Partido Socialista Obrero Español. Se
me escapa. (El señor De los Santos González: ¡Menuda paliza! ¡Bravo!-Aplausos). Se me escapa. La Constitución francesa no recoge el aborto tampoco como un derecho sustantivo, lo recoge como una libertad, que es jurídicamente un concepto un poco
distinto. Además, no lo recoge en ningún elenco de derechos. Lo recoge en un título donde lo único que se hace es relacionar las materias que están reservadas a ley ordinaria. Y los constitucionalistas franceses criticaron esa reforma porque es,
como la que ustedes pretenden, un brindis al sol. Porque la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en Francia creo que desde el año 1975. Un mero brindis al sol. No se reforma una Constitución por vientos que vienen... ¿de dónde?
Olas reaccionarias que vienen... ¿de dónde? No, señores, no. La Constitución se reforma para garantizar esos valores comunes y se reforma con seriedad, no de acuerdo con miedos hipotéticos, escenarios hipotéticos. (Aplausos.-Varios señoras y
señores diputados: ¡Muy bien!).
Ustedes se pasan el tiempo diciéndonos que el Partido Popular es VOX, VOX se pasa el tiempo diciendo que el Partido Popular es el PSOE. Miren, el Partido Popular es el Partido Popular, el único partido de Estado que queda en esta Cámara.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!-Rumores.-El señor De Olano Vela: ¡Silencio!-La señora ministra de Igualdad, Redondo García: VOX, VOX, VOX). El único partido que defiende el equilibrio de esta Constitución y que va a seguir
defendiendo esta Constitución ante sus ataques. No rehuimos ningún debate. (Continúan los aplausos). Estamos a favor de los derechos de las mujeres. De lo que estamos en contra es de su fraude, el fraude que están cometiendo, así como en contra
de todas esas chapuzas legislativas que han traído vestidas de progreso y que al final han sido una regresión, cuyas culpas han pagado las mujeres: ley del sí es sí...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: ... ley trans, todo lo que traen a esta Cámara, esa desprotección, los fallos de las pulseras... Ustedes no son feministas. ¡No son feministas! (Protestas).
Por favor, retiren este proyecto de reforma. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario VOX).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. Tiene la palabra la señora Narbona Ruiz.
La señora NARBONA RUIZ: Señorías del Grupo Popular, aquí quien mete miedo a las mujeres (la señora Muñoz de la Iglesia: ¡Es Ábalos!) es una presidenta del Partido Popular que les dice que a abortar fuera de Madrid. (Aplausos). Esa sí que
les mete miedo, esa. Y, en todo caso (rumores.-Varios señores diputados chistan pidiendo silencio), señorías, ustedes siguen sin quererse leer o aprobar o aceptar un dictamen que
según ustedes es una chapuza, ¿de verdad? (Muestra un documento). O sea: diecinueve consejeros -que pueden ver ustedes sus currículums y la enorme mayoría de ellos no son sospechosos de izquierdismo, señorías, la enorme mayoría-, ¿y
ustedes dicen que este dictamen es una chapuza? (Muestra de nuevo el documento.-Un señor diputado: ¡Sí!). ¿Quién pone en cuestión las instituciones del Estado, señorías? Ahora están poniendo en cuestión el dictamen del Consejo de Estado.
Debería darles vergüenza, señorías. (Aplausos).
En todo caso, señora Franco, ya sabemos que el feminismo del Partido Popular es el feminismo de VOX, lo ha dicho la señora Guardiola, lo ha dicho la señora Guardiola. (El señor De Olano Vela: Anda que...-Rumores.-Varios señores diputados
chistan pidiendo silencio). Ustedes están aceptando adaptarse a la necesidad de pactar con la extrema derecha, aunque eso signifique, seguramente, retorcer sus propios principios. Porque, aunque ustedes han votado siempre en contra de los avances
de las mujeres en este país -siempre-, yo estoy convencida, señorías, de que ustedes -y en particular las diputadas y las votantes del Partido Popular- en estos momentos no cuestionan el derecho al aborto, no lo cuestionan. Lo cuestiona el partido
de VOX, que aquí ya ha sacado no sé cuántas historias. También se ve que para el partido de VOX lo de las sentencias del Tribunal Constitucional avalando la ley de plazos y avalando el derecho al aborto, es decir, el Tribunal Constitucional y el
Consejo de Estado, todo eso para ustedes son chapuzas, ¿no? Son chapuzas. (Aplausos).
Y sí, señorías, claro que hay una ola reaccionaria. Pero si la están viviendo ustedes en sus carnes, ¿cómo van a decir que no hay una ola reaccionaria? Fuera de nuestras fronteras y aquí dentro, por desgracia. Así que más vale que se
atengan a los datos. Y los datos son los que he dicho: solo el 20 % de las mujeres que practican el aborto en España lo hacen en centros públicos. ¿Por qué pasa eso, señorías? ¿Por qué se tienen que ir a las clínicas privadas o fuera de España?
¿No está fallando algo? Pues si está fallando algo, intentemos trabajar juntos y juntas (rumores) para resolver lo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad de las mujeres, señorías. (Aplausos).
La señora Franco decía que el anteproyecto había sido criticado, pero es que el anteproyecto, señorías, cuando se ha transformado en proyecto de ley, ha incluido exactamente el texto del dictamen del Consejo de Estado, votado por una amplia
mayoría de sus consejeros. Eso tampoco les parece una razón importante para retirar su enmienda a la totalidad. (El señor De los Santos González: No, no nos lo parece). Porque su enmienda a la totalidad se basa en eludir lo que ha dicho el
Consejo de Estado y en eludir lo que ha hecho el Gobierno. Aquí, señorías, fraude, el de ustedes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.
Senyories, hui està en les nostres mans decidir si continuem el procés per a blindar els drets de les dones i reforçar la democràcia, o si, com hem vist, assistim a un xou reaccionari que l'únic que pretén és infantilitzar les dones.
Perquè, senyories, estem en un context de rearmament del patriarcat i hi ha falsos discursos de llibertat que promocionen models de tradwife de postal que el que volen és romanitzar la submissió, per deixarnos ben clar a totes les dones quin
és el lloc que ells volen que nosaltres ocupem: qualsevol que no qüestioni els privilegis de l'home blanc i heterosexual. I, senyories de PP i VOX, davant d'això, nosaltres diguem que nosaltres decidirem el lloc que volem ocupar. Les feministes
ho farem i escolten molt bé, senyories del Partit Popular i de VOX: el dret a la interrupció lliure, voluntària i segura de l'embaràs és una línia roja democràtica, perquè es la sobirania de les dones sobre el nostre propi cos, sobre la nostra vida
i sobre el nostre futur. I això no és negociable ni moralment ni políticament. I blindar el dret a l'avortament seria enviar un missatge tranquil·litzador i a la vegada un xicotet reconeixement a totes les dones que van morir quan no era segur,
quan
era clandestí i quan suposava un risc per a la seua vida. A totes les que encara avui no poden ferho pel seu codi postal, per la seua renda o pel discurs culpabilitzador que les apunta amb el dit -vostès les apunten amb el dit- i a totes
les que s'han sentit cohibits, ridiculitzades i coaccionades per les seues famílies o assenyalades violentament en les portes de les clíniques d'avortament. Per totes elles, hui hauríem d'obrir eixa trinxera.
Gracias, presidente.
Señorías, hoy está en nuestras manos decidir si seguimos el proceso para blindar los derechos de las mujeres y reforzar la democracia o si, como hemos visto, asistimos a un show reaccionario que lo único que pretende es infantilizar a las
mujeres.
Señorías, estamos en un contexto de rearme del patriarcado (rumores) y hay falsos discursos de libertad que promocionan modelos de tradwife de postal que quieren romantizar la sumisión para dejarnos muy claro a las mujeres el lugar que
quieren ellos que ocupemos: que no cuestione los privilegios del hombre blanco heterosexual. Ante esto, señorías del PP y de VOX, nosotros les decimos que seremos nosotras quienes decidamos el lugar que queremos ocupar. Las feministas lo haremos,
y presten atención, señorías del PP y de VOX: el derecho a la interrupción libre, voluntaria y segura del embarazo es una línea roja democrática porque es la soberanía de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra vida y sobre nuestro
futuro y eso no es negociable ni moral ni políticamente. Blindar el derecho al aborto sería mandar un mensaje tranquilizador y, a la vez, un poco de reconocimiento a las mujeres que murieron cuando no era seguro, era clandestino y suponía un riesgo
para su vida; a todas las que todavía hoy no pueden hacerlo por su código postal, su renta o por el discurso culpabilizador que las apunta con el dedo -ustedes les apuntan con el dedo- y a todas aquellas que se han sentido ridiculizadas, cohibidas
y arrinconadas por sus familias o señaladas violentamente en las puertas de las clínicas de aborto. Por todas ellas, hoy deberíamos abrir esa trinchera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Termine, por favor.
La señora MICÓ MICÓ: I senyories, i amb açò acabe, president. Sabem què passa quan no estan blindats els drets? Que primer els drets es qüestionen, que després els drets es debiliten i si no hi ha una resposta social i política,
s'arrenquen i no permetrem que els nostres drets s'arrenquen, senyories de PP i VOX.
Ya termino, presidente. Señorías, ¿saben qué pasa cuando no se blindan los derechos? Que primero los derechos se cuestionan, después se debilitan y si no hay una respuesta social y política, se arrancan. Y no permitiremos que nuestros
derechos se arranquen, señorías del PP y de VOX. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días.
Ya lo dijo Rodríguez Zapatero: Hay que tensionar la sociedad y hay que confrontar y hay que enfrentarla. Esa es la realidad, la triste realidad. El debate de hoy, señorías, señora ministra, es un debate falso porque el instrumento que
ustedes están utilizando saben que no es el adecuado para conseguir el fin perseguido. Lo ha puesto de manifiesto la propia portavoz del Grupo Socialista a la hora de reconocer que lo que es importante es el fondo y no la forma. ¿Cómo en un
sistema democrático, en un Estado de derecho donde la garantía jurídica es fundamental y la seguridad jurídica es algo esencial de respeto y de cumplimiento de la ley, lo único importante es el fondo? ¿El fin justifica todos los medios? Pues no,
señorías, no y más en un tema como este: modificar la Constitución como se debe hacer y no aprovechando ningún atajo burdo y fraudulento. Señorías, a la hora de modificar la Constitución en cuestiones que no se están cumpliendo podríamos hablar de
muchas cosas. Podríamos hablar de muchos derechos que tienen los ciudadanos y que no se están cumpliendo.
En este caso, señora ministra, hay que llenar los medios de comunicación y un titular tapa otro. Lamentablemente -o al menos esa es la impresión que ha dado y que va a dar mañana por la mañana en los medios de comunicación-, es lo que
ustedes pretendían: desviar la atención de aquellas cuestiones que les perjudican y que les molestan por otras para seguir enfrentando. Sabe que este Gobierno es un artista y un maestro a la hora del trilerismo puro y duro en política.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra del señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Moito obrigado, señor presidente.
Moi bo día.
Do que se trata con esta proposta é de dar rango de dereito constitucional ao dereito das mulleres á interrupción voluntaria da gravidez, mais non como dereito fundamental. En todo caso, darlle rango como dereito constitucional, non só como
unha derivada do dereito á integridade física e moral ou o dereito á saúde. Pero permítame que, digamos, nós temos un certo escepticismo en relación co efecto práctico desta teórica blindaxe constitucional. Para empezar porque se trata dunha
constitución que non partillamos, pero sobre todo porque é unha constitución que actúa como un xustillo de ferro cando se trata de impedir dereitos democráticos, -especialmente dereitos colectivos como o dereito das nacións-, e actúa como un paxe de
vimbio para recoller auga cando se trata de garantir dereitos individuais e non están aí, por exemplo, pois o dereito á vivenda ou o dereito ao traballo.
É máis, nós estamos de acordo en que hai que impedir a presión, o asedio permanente a que organizacións ultras someten ás mulleres e que hai que garantir o dereito efectivo ao aborto na sanidade pública; o dereito a que as mulleres ademais
poidan elixir libremente o método que queren sen presións, sen límites, sen condicionantes. Mais eu quero lembrar que xa hai normativa legal para iso e que a obriga do goberno é facela cumprir para que, efectivamente, as mulleres poidan abortar na
sanidade pública.
En todo caso, como expresión do dereito democrático, da vontade democrática da maioría, fronte á posición da ultra dereita e da dereita ultra, que despreza as mulleres e que quere limitar os seus dereitos, evidentemente, nós votaremos en
contra destas emendas.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Muy buenos días.
De lo que se trata con esta propuesta es de dar rango de derecho constitucional al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, pero no como derecho fundamental. En todo caso, darle rango como derecho constitucional no
solo como una derivada del derecho a la integridad física y moral, el derecho a la salud. Pero, permítanme que tengamos un cierto escepticismo en relación con el efecto práctico de este blindaje constitucional. Para empezar porque se trata de una
Constitución que no compartimos y porque cuando se trata de impedir derechos democráticos -especialmente derechos colectivos como el derecho de las naciones- la Constitución es una especie de parche cuando lo que queremos es garantizar derechos
individuales como el de la vivienda o el derecho al trabajo. Es más, nosotros estamos de acuerdo con que hay que impedir la presión, el asedio, acoso permanente al que las organizaciones ultra someten a las mujeres; con garantizar el derecho al
aborto en la sanidad pública, y con que, además, las mujeres puedan elegir libremente el método que quieren sin presiones, sin límites y sin condicionantes. Pero quiero recordar que ya hay normativa legal para eso y que la obligación del Gobierno
es que esa normativa se cumpla para que efectivamente las mujeres puedan abortar en la sanidad pública.
En cualquier caso, como expresión de la voluntad de la mayoría frente a la posición de la ultraderecha y de la derecha ultra que desprecian a las mujeres y que quieren cercenar sus derechos, nosotros votaremos en contra de sus enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.
Señorías, no ha tenido otra brillante idea el Grupo Parlamentario de VOX que salir a defender que las mujeres no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos sacando a esta tribuna a un auténtico 'señoro' (aplausos.-Protestas), a un
'señoro'. ¡Basta ya, saquen sus sucias manos de nuestros cuerpos y de nuestros derechos! (Rumores). Las mujeres españolas, las feministas, les vamos a plantar cara en esta tribuna y también en las calles. (Aplausos).
Nosotros pensamos que el aborto debe estar garantizado en la Constitución, señorías, pero no así, como propone el PSOE. Voy a tratar de explicar rápidamente por qué. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya sitúa el derecho al
aborto dentro del derecho fundamental a la integridad física y moral que está recogido en el artículo 15. Esto quiere decir que el aborto ya goza de una protección reforzada y, por tanto, no estamos ante un vacío que haya que rellenar, sino mucho
más ante un derecho que hay que explicitar.
El problema, señorías del PSOE, es que su reforma le da al derecho al aborto una patada hasta el artículo 43 de la Constitución, en el derecho a la salud, y ese cambio no es menor. Supone sacarlo del ámbito de los derechos fundamentales
para ubicarlo en el de los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente exigibles en el Tribunal Constitucional. Eso, por tanto, implica rebajar su nivel político y de protección jurídica y hacerlo más vulnerable a
los posibles recortes de la derecha y de la extrema derecha. Lo diré de manera simple: si vamos a proteger el derecho al aborto como se protege el derecho a la vivienda en este país, señorías, apaga y vámonos. (Aplausos).
Este es un gravísimo error porque el derecho al aborto está amenazado. Sí, la derecha quiere que solo las ricas se puedan ir a abortar a Londres como hacían nuestras madres y nuestras abuelas. (Rumores). Se van a acosar a las mujeres a
las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, están atacando el derecho al aborto y poniendo en riesgo a las mujeres, pero la manera de combatir eso es haciendo cumplir la nueva ley del aborto que impulsó Irene Montero y
obligando a las comunidades autónomas a que la gente y las mujeres puedan abortar (aplausos), puedan interrumpir sus embarazos en el centro público más cercano a su domicilio; que ese derecho, ministra, no está garantizado. Obliguen a la Comunidad
de Madrid, pero obliguen también, ministra, a CastillaLa Mancha, que también tiene el 99 % de sus abortos en clínicas privadas. Frente a la ofensiva reaccionaria, que ya está aquí, creo que no valen medidas simbólicas. El derecho al aborto tiene
que blindarse, pero tiene que blindarse de verdad haciendo cumplir la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Egun on guztioi.
La primera cuestión que suscita este proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española presentado por el Gobierno es la de su oportunidad y, una vez resuelta esa cuestión, si la propuesta responde a la necesidad de blindaje
constitucional de un derecho o, por el contrario, solo utiliza los derechos de las mujeres para incidir en una confrontación ideológica con la derecha y la ultraderecha. Lo cierto es que alimenta una incertidumbre en torno a un tema de gran
importancia para las mujeres, y lo hace de
forma irresponsable porque la legislación vigente ya garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Los avances en este sentido comenzaron en 1985 con la despenalización de determinados supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y, posteriormente, con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, reformada en febrero de 2023, que blindó un marco legal y jurídico sólido. Aquella reforma fue recurrida por el Partido Popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional reforzó ese blindaje, elevando el derecho al aborto a rango
constitucional. Así, la doctrina actual del Tribunal Constitucional vincula hoy el aborto con el derecho de la mujer a decidir libremente su proyecto de vida como parte del derecho fundamental a la integridad física y moral, vinculándolo al
artículo 15 de la Constitución. A su vez, este derecho guarda conexión directa con el artículo 43, que recoge el derecho a la protección de la salud y apunta el deber del Estado de garantizar la realización del aborto en las condiciones médicas
adecuadas. Es decir, el aborto voluntario está blindado jurisprudencialmente al máximo nivel.
Por ello, volvemos a la cuestión inicial, a la pregunta que todas nos hacemos. ¿Es necesaria una reforma constitucional semejante? Más aún, ¿lo es en el contexto político actual? ¿De verdad cree el Gobierno que existe un riesgo real de
que ese derecho se limite y se derogue como para reabrir un debate que ya estaba superado? Porque eso también tiene un riesgo, el de poner en duda derechos que ya están consolidados, ministra. Si así fuera, el Gobierno estaría obligado a reformar
el artículo 15 de la Constitución, que es donde debería residir el aborto como derecho fundamental. Sin embargo, se limita a introducirlo en el artículo 43, solo como un principio rector. Por tanto, no se blinda el derecho en sí, sino que refuerza
la obligación positiva de los poderes públicos a ofrecer el servicio de forma accesible y suficiente, pero esa no es la venta que ustedes han hecho a la ciudadanía. El Gobierno nos indica un objetivo y nos propone una medida que no va en la línea
del objetivo propuesto, es decir, del blindaje constitucional. La vía de la reforma pretendida parece un atajo para evitar el procedimiento agravado del artículo 168, reservado a los derechos fundamentales, que implicaría disolución de las Cortes y
referéndum, incluso lo llega a decir en la exposición de motivos. Sin embargo, la vía de reforma elegida, la del artículo 43, tampoco tiene visos de prosperar, y lo saben, ya que al igual que la otra requerirá de una mayoría de tres quintas partes
de ambas Cámaras; eso sí, en este caso no conllevaría la disolución de las Cortes Generales, pero sí un referéndum, si se pidiera.
Por tanto, tenemos un derecho legalmente reconocido y la jurisprudencia lo ha blindado al más alto nivel, pero el Gobierno nos presenta una reforma aguada, que además sabe que no tiene visos de prosperar. Entonces, ¿qué se busca? El hecho
de que el Gobierno haya optado por la vía del artículo 43 prueba que la reforma es más simbólica y oportunista políticamente que sustancial. Si verdaderamente se considera la necesidad de blindarlo en la Constitución, hubiera sido mejor y más
responsable trabajar en un contexto de mayor consenso y abordar los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental, con todas sus consecuencias, y no abrir falsos debates que puedan generar una
opinión contraria a un derecho ya consolidado legal y socialmente.
Dicho esto, quiero manifestar que nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular, porque el Partido Nacionalista Vasco apoyó la ley de 2010 y la reforma de 2023. Nos pareció un buen
campamento base para garantizar la libertad de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo y, por tanto, en ese momento podíamos estar más que satisfechas, porque la ley orgánica recuperaba la posibilidad
de abortar a las menores de dieciséis y diecisiete años y también se eliminaban los plazos de reflexión. Desde entonces, ¿qué ha pasado, ministra? Reconocemos que los derechos no son perennes ni inmunes a los cambios y que los primeros derechos
que se cuestionan siempre son -¡qué casualidad!- los de las mujeres. Por ello, si se quiere blindar este derecho, tal y como se dice, la reforma deberá dirigirse en ese sentido y no buscar atajos interesados y, en todo caso,
garantizar que no se produzca ningún retroceso, y eso ustedes hoy por hoy no lo pueden garantizar.
Por ello, pese a las reservas que nos producen el oportunismo político de la propuesta y los riesgos jurídicos que habría que mitigar, prevalece nuestro compromiso con el derecho de las mujeres a decidir libremente, para que la Constitución
consagre lo que es legal y socialmente ya una realidad. En consecuencia, votaremos, como he dicho antes, en contra de las enmiendas a la totalidad.
Laburbilduz, benetan uste du Gobernuak arriskua dagoela eskubide hau mugatzeko? Gaindituta zegoen eztabaida bat berriz irekitzeko? Hala balitz, Gobernua behartuta egongo litzateke Konstituzioaren 15. artikulua erreformatzera, bertan
kokatzen baita oinarrizko eskubide gisa. Hala ere, 43. artikuluan sartzera mugatzen da, eta hor printzipio gidari gisa baino ez da sartzen eskubideren exekuzioan, ez aitorpenean. Egin nahi den erreformaren bidea lasterbide bat da. Erreforma
sinbolikoa da, konfrontazio politikoa bilatzen duena, besterik ez.
Aitortzen digu eskubideak ez direla iraunkorrak, ezta aldaketekiko immuneak ere, eta zalantzan jartzen diren lehenengo eskubideak emakumeek lortutakoak direla. Horregatik, proposamenaren oportunismo politikoak sortzen dizkigun zalantzen
gainetik, emakumeekiko dugun konpromisoa gailentzen da, askatasunez erabakitzeko dugun, guztiak dugun, eskubidearekin. Ondorioz, gure taldeak ez ditu babestuko Vox eta Alderdi Popularrak aurkeztutako osoko emendakinak.
Mila esker.
En resumen, ¿el Gobierno de verdad cree que existe el riesgo de que se limite este derecho? ¿Es necesario reabrir un debate ya superado? Porque, en ese caso, estaría obligado el Gobierno a reformar el artículo 15 de la Constitución, donde
se acoge el aborto como derecho fundamental. Sin embargo, se limita a incluirlo en el artículo 43, donde solo se incluye como principio rector. La vía de la reforma que se presenta parece un atajo, una reforma simbólica que busca confrontación
política.
Reconocemos que los derechos no son permanentes ni inmunes a los cambios y que los primeros derechos que se cuestionan siempre son los logrados por las mujeres. Por ello, a pesar de las dudas que nos genera el oportunismo político de la
propuesta, se impone nuestro compromiso con las mujeres, con nuestro derecho a decidir libremente. En consecuencia, nuestro grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Gràcies, president.
El dret a la interrupció voluntària de l'embaràs està plenament -plenament- reconegut en la legislació vigent, tant en la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva, com en la Llei orgànica 1/2023 que va modificar
l'anterior per garantir l'avortament lliure i gratuït a la sanitat pública i com s'ha dit -i com s'ha dit- també està garantit de manera constitucional.
A Catalunya, és un dret consolidat que rep un suport total i indiscutible perquè deriva directament de la dignitat i l'autodeterminació de la dona, però sabem -sabem- que no és així a tot arreu. Per tant, solidàriament ens posem al costat
de qualsevol dona que s'hi vulgui acollir, a aquest dret, sigui d'on sigui, sigui on sigui. Hem d'evitar, entre totes, qualsevol retrocés en aquesta matèria. La totalitat de VOX ho seria. Votarem que no, però també votarem que no a la totalitat
del PP.
Però abans d'analitzar arguments dels populars, cal deixar clar que tot plegat és fum. Ni sortiran endavant, com hem dit, les totalitats de VOX o del PP, ni té recorregut, no té cap recorregut la reforma constitucional del PSOE. Un govern
Sánchez que no té majoria
simples per aprovar lleis, com ens vol fer creure que busca majories de tres cinquenes parts per canviar la Constitució?
Estem davant d'un nou espectacle electoralista i s'ha de denunciar, però els hem dit que analitzaríem arguments d'uns i altres. El PSOE proposa garantir constitucionalment, dins de l'article 43, diu: 'El dret de les dones a la interrupció
voluntària de l'embaràs mitjançant les prestacions i serveis necessaris i en condicions d'igualtat efectiva'. Aquesta modificació, com s'ha dit, és dins del capítol dels principis rectors de la política social i econòmica, que informa del
funcionament i de les prioritats dels poders públics de manera orientativa. No toca matèria -i això és rellevant- que requereixi el procediment agreujat de l'article 168. Però el PP no hi està d'acord. Considera que la reforma hauria de ferse, en
tot cas, dins de l'article 15, que afecta drets fonamentals, com ho és el de la integritat i la salut i, per tant, sí que requeriria el procediment del 168 cosa que mai no ha passat.
Recordem: suport de dos terços al Senat i Congrés, la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals i, un cop constituïdes les noves cambres, tornar a aprovar la reforma amb dos terços tant a la cambra baixa com a la cambra
alta. Ah, i per reblarho tot al final, al final de tot plegat, un referèndum. Ara em sembla que s'entén perfectament per què la Constitució espanyola només s'ha modificat tres vegades en cinquanta anys i mai arribant als 168. La Constitució és
gairebé irreformable. La seva rigidesa contrasta amb la flexibilitat d'altres textos constituents. Per exemple, Alemanya ha modificat el seu text seixanta vegades per adaptarlo a la modernitat d'un estat federal que respecta les competències dels
länder. Però també hi ha els casos de Bèlgica, de França, d'Itàlia i de molts altres països de la Unió Europea, que tenen clar que la Constitució no són les taules de la llei que Déu li va lliurar a Moisès.
Però la Constitució sempre és una bona excusa per a uns i per altres, per socialistes o per populars. L'amnistia és un bon exemple. Ens deien que no tenia encaix a la Constitució, que era impossible. Catedràtics emèrits de clar signe
polític defensaven amb vehemència que degradaria les institucions espanyoles, que seria, ens deien, un assalt a la democràcia, fins que va ser necessària i aritmèticament possible. Amb l'aval de la Comissió de Venècia, es va fer justícia, una
justícia que neguen encara en alguns despatxos de l'alta judicatura que no han sabut pair el triomf del legislatiu. És per això que, arribats a aquest punt, vull acabar amb una reflexió. Tenim l'enemic dels qui defensem el somni d'una Catalunya
lliure maquinant en despatxos on encara ressona el soroll de sabres que va acompanyar els moments més foscos de la transició. Davant d'aquesta realitat es fa molt difícil, molt difícil, entendre com alguns gosen convertir aquest faristol, aquest,
en un escamot d'execució.
A la presidència: dimarts no vàrem demanar la paraula, malgrat que hi va haver al·lusions directes, amb noms i cognoms dels set diputats de Junts. Ens van fer un 'a por ellos', que em va recordar les llistes d'altres temps. Ens van
assenyalar -en castellà, per cert- perquè els catalans no eren el seu públic objectiu. No vàrem demanar paraula perquè no formem part d'aquest circ dels que embruten la política. Mirin, els de Junts venim aquí a anar per feina. Volem legislar des
del rigor i sense oblidar mai que som aquí per Catalunya i pels catalans. Per responsabilitat, d'aquest hemicicle no poden sortir falses promeses. Per responsabilitat, Junts mai no farà seguidisme d'iniciatives que no resolen les necessitats
socials, però que alguns converteixen en titulars d'un dia. No estar d'acord amb les polítiques que ens volen imposar no hauria de portar a qüestionar la nostra integritat moral ni a ser objecte d'un assenyalament que pot portar conseqüències.
Les paraules tenen molt poder. Les que s'escriuen, les que es diuen i, fins i tot, aquelles que encara mantenen forma de pensament. S'ha de tenir molta cura perquè un mal pensament pot portar a una paraula terrible i una paraula terrible
pot portar a una acció repugnant. La companya Marta Madrenas va ser perseguida per un home, potser amb la intenció d'agredirla, i que la va acabar escopint mentre ella en fugia. I això ens pot passar a qualsevol dels set diputats de Junts
assenyalats dimarts al més pur estil VOX. Han estat dies difícils per a molts de nosaltres, però també plens de mostres de suport nascudes en l'empatia i també en un dels valors més fonamentals de la democràcia: el respecte a la
dissidència. Som una llista de set, amb una capitana de deu. I ho dic: una llista de set amb una capitana de deu.
Gràcies, Míriam Nogueras, una capitana de la que ens sentim tan orgullosos com ella de nosaltres.
I acabo amb una dita catalana que té molt del karma budista i que diu: Tal faràs, tal trobaràs.
Gracias, presidente.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente -plenamente- reconocido en la legislación vigente, tanto en la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, como en la Ley orgánica 1/2023, que
modificó la anterior para garantizar el aborto libre y gratuito en la sanidad pública. También, como se ha dicho, está garantizado de manera constitucional.
En Cataluña es un derecho consolidado que recibe un apoyo total e indiscutible, porque deriva directamente de la dignidad y la autodeterminación de la mujer, pero sabemos que eso no es así en todos lados. Por lo tanto, por solidaridad, nos
ponemos al lado de cualquier mujer que quiera acogerse a este derecho, sea de donde sea, esté donde esté. Tenemos que evitar, entre todas, cualquier retroceso en esa materia, y la enmienda a la totalidad de VOX lo sería. Por tanto, votaremos que
no, pero también votaremos que no a la de totalidad del Grupo Popular.
Antes de analizar argumentos de los populares, hay que dejar claro que todo es humo: ni saldrán adelante, como hemos dicho, las de totalidad de VOX o del Grupo Popular ni tiene ningún recorrido la reforma constitucional del PSOE. El
Gobierno de Sánchez, que no tiene mayorías simples para aprobar leyes, ¿cómo quiere hacernos creer que busca mayorías de tres quintas partes para cambiar la Constitución? Estamos ante un nuevo espectáculo electoralista, y tenemos que denunciarlo.
Pero les hemos dicho que analizaríamos los argumentos de unos y otros. El PSOE propone garantizar constitucionalmente, dice que dentro del artículo 43, el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo mediante las
prestaciones y servicios necesarios y en condiciones de igualdad efectiva. Esta modificación, como se ha dicho, está dentro del capítulo de los principios rectores de la política social y económica que informan del funcionamiento y las prioridades
de los poderes públicos de manera orientativa. No toca materia, y eso es importante, que requiera el procedimiento agravado del artículo 168, pero el Grupo Popular no está de acuerdo. Considera que la reforma debería hacerse, en cualquier caso,
dentro del artículo 15, que afecta a derechos fundamentales, como lo son la integridad y la salud, y, por lo tanto, sí que requeriría el procedimiento del 168, cosa que nunca ha pasado.
Recordemos: apoyo de dos tercios del Senado y del Congreso, la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones y, una vez constituidas las nuevas Cámaras, volver a aprobar la reforma con dos tercios, tanto en la Cámara Alta como en
la Baja, y para rematarlo, al final de todo habría que hacer un referéndum. Ahora creo que se entiende perfectamente por qué la Constitución Española solo se ha modificado tres veces en cincuenta años y nunca se ha llegado a tocar el 168. La
Constitución es prácticamente irreformable. Su rigidez contrasta con la flexibilidad de otros textos constituyentes; por ejemplo, Alemania ha modificado su texto sesenta veces para adaptarlo a la modernidad de un Estado federal que respeta las
competencias de los länder, pero también están los casos de Bélgica, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea, en los que tienen claro que la Constitución no son las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés.
Pero la Constitución siempre es una buena excusa para unos y para otros, para socialistas o para populares, y la amnistía es un claro ejemplo. Nos decían que no encajaba en la Constitución, que era imposible. Catedráticos eméritos de claro
signo político defendían con vehemencia que degradaría las instituciones españolas y nos decían que sería un asalto a la democracia, hasta que fue necesaria y aritméticamente posible. Con el aval de la Comisión de Venecia se hizo justicia, una
justicia que niegan todavía en algunos despachos de la alta judicatura, que no han sabido digerir el triunfo del
Legislativo. Es por eso por lo que, en este momento, yo quiero terminar con una reflexión: tenemos al enemigo de quienes defendemos el sueño de una Cataluña libre maquinando en despachos donde todavía resuena el sonido de sables que
acompañó los momentos más oscuros de la Transición. Ante esta realidad se hace muy difícil, muy difícil, entender cómo algunos osan convertir este atril, este, en un pelotón de ejecución.
A la Presidencia: el martes no pedimos la palabra, a pesar de que tuvimos alusiones directas con nombres y apellidos a los siete diputados de Junts. Nos hicieron un 'a por ellos' que me recordó las listas de otros tiempos; nos señalaron
-en español, por cierto- por no ser los catalanes el público objetivo. No solicitamos la palabra porque no formamos parte de este circo de los que ensucian la política. Miren, los de Junts venimos aquí para ir al grano, queremos legislar desde el
rigor y sin olvidar jamás que estamos aquí por Cataluña y por los catalanes. Por responsabilidad, de este hemiciclo no pueden salir falsas promesas. Por responsabilidad, Junts jamás hará seguidismo de iniciativas que no resuelven las necesidades
sociales, pero que algunos convierten en titulares de un día. No estar de acuerdo con las políticas que nos quieren imponer no debería llevar a cuestionar nuestra integridad moral ni a que seamos objeto de un señalamiento que puede traer
consecuencias. Las palabras tienen mucho poder, las que se escriben, las que se dicen, incluso las que todavía tienen forma de pensamiento. Hay que tener mucho cuidado, porque un mal pensamiento puede convertirse en una palabra terrible, y una
palabra terrible puede llevar a una acción repugnante. La compañera Marta Madrenas fue perseguida por un hombre, quizá con la intención de agredirla, que terminó escupiéndola mientras ella huía. Eso nos puede pasar a cualquiera de los siete
diputados de Junts señalados el martes al más puro estilo VOX. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Han sido días difíciles para muchos de nosotros, pero también han estado llenos de muestras de apoyo nacidas de la empatía y de uno de los
valores más fundamentales de la democracia, el respeto a la disidencia. Somos una lista de siete con una capitana de diez -lo repito: una lista de siete con una capitana de diez-. Gracias, Míriam Nogueras, eres una capitana de la que nos sentimos
tan orgullosos como ella de nosotros.
Termino con un dicho catalán que tiene mucho de karma budista y que dice -traducido al español-, tal harás, tal encontrarás.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Calvo.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Bon dia, presidenta.
Bon dia, diputats. Bon dia, diputades.
Mirin, hi ha temes que són fonamentals, fonamentals en la ideologia, fonamentals de la ideologia del partit, fonamentals de l'acció política i que no m'agrada barrejar amb altres temes, però lamentablement -perdonin, si us plau, sobretot des
de les graderies- he de començar amb una altra història. Aquest matí hem sabut que Israel ha detingut més d'una vintena d'embarcacions, a part de la flotilla que pretenia trencar el bloqueig d'ajuda humanitària a Gaza després de gairebé tres anys
de genocidi. Des d'Esquerra volem condemnar, una vegada més, la violació del dret internacional d'Israel, que ha detingut embarcacions que no han comès cap crim en aigües internacionals i que transportaven coses tan bàsiques com aigua, aliments o
medicaments. Exigim l'alliberament immediat de totes les persones detingudes, entre les quals n'hi ha de catalanes i també de basques, i que en cap cas es prenguin represàlies judicials contra els membres de la flotilla. I exigim també que el
Govern espanyol i la Unió Europea es posicionin clarament contra les accions d'un estat clarament embogit. Moltes gràcies.
I ara aniré al tema. I aniré al tema, abans n'he parlat amb la ministra. Mirin, fa uns mesos estàvem en una comissió d'igualtat i va comparèixer la ministra i ens va anunciar que volien portar aquesta iniciativa i des d'uns quants partits
que estàvem allà li vam dir: 'Ministra, no, ministra, no'. Parlemne abans, perquè nosaltres el que creiem és que, després d'una sentència del Tribunal Constitucional, que ha trigat tretze anys a arribar, però que garanteix, vinculat a drets
fonamentals, el dret a l'avortament, no és oportú obrir
en l'article 43 -principis rectors, com sap tothom- la situació, és a dir, l'encaix constitucional del dret a l'avortament. Perquè, segons com, que este país es muy raro, suposarà un endarreriment en la protecció de l'avortament. I, per
tant, no ens ho podem permetre. I no ens ho podem permetre per tres motius. El primer, perquè des del meu partit, des de la meva pròpia convicció i crec que representant la convicció de gran part de la nostra gent, mirin, avortament lliure i
gratuït, uno. Dos, les dones parim, les dones decidim. Tres, els drets sexuals i reproductius són drets humans i, per tant, no malbaratin el que ja tenim.
Fa molts mesos que l'extrema dreta està utilitzant l'avortament com a arma llancívola contra els drets de les dones. Fa molt de temps. De fet, és: feminismes, immigració i pobresa, si m'apuren, els tres arguments, els tres cavalls de
batalla que aquesta extrema dreta ens planteja cada dia aquí en el Parlament. I obrir un camp on podem perdre -ni que sigui així- de drets és una temeritat. És una temeritat en un hemicicle on tenim majoria absoluta el dia que votem tots els que
donem suport a la investidura, però tres cinquenes parts? Tres cinquenes parts per posar a l'article 43 -ja ho he dit, principis rectors- que no garanteixen l'empara davant del Tribunal Constitucional, que no garanteixen el recurs en els tribunals
ordinaris, de veritat? De veritat? Amb l'informe del Consell d'Estat que ens hem mirat per activa i per passiva, de veritat?
Si el que vostès volen és debatre sobre l'avortament i sobre els drets sexuals i reproductius -que s'ha de fer- femho sense posar en perill res, a no ser que sigui la intenció de demostrar que hi ha una part de la bancada que està en contra
de l'avortament. La pregunta és: això ens surt a compte? La major part de les dones del meu país pensen -i tenen raó- que l'avortament està garantit, que l'avortament és un dret fonamental, que no han de donar explicacions a ningú, que són
mestresses del seu propi cos. És en aquests moments oportú introduir el dubte sobre si això és així? Sobre si està suficientment garantit amb la sentència a les mans del Tribunal Constitucional? Jo li pregunto, perquè si es tracta només d'un tema
electoral -elecciones de Andalucía d'aquí a trenta dies, María Jesús Montero contra Moreno Bonilla, dientli: 'Ustedes son unos machistas'- pues bueno, me bajo del faristol, ja s'arreglaran. Tothom sap el que pensem i no donarem ni un pas enrere.
Si en realitat hi ha alguna intenció de tirar endavant aquest debat, l'han encarat malament. I encararho malament en un moment d'ultradreta desbocada, amb el control de les xarxes, és tornarnos a condemnar a les dones de ser en el terreny
simbòlic, el nostre cos, el terreny simbòlic on es fan les batalles democràtiques de l'Estat. Vostès comprendran amb una certa facilitat que respecte de la modificació de la Constitució, home! Miri, jo li diré: és que aquesta Constitució no me la
sento meva. Això ho sap tothom. Jo, és que aquesta Constitució, francament, de sortida d'aquesta transició, doncs li dono el valor democràtic que li dono, que és tirant a poquet. Jo és que aquesta Constitució, fins que no contingui el dret
d'autodeterminació dels pobles, per mi, facin el que vulguin amb ella. Però sí que hi ha elements que permeten la garantia d'alguns drets fonamentals i posarho en risc, em sembla -i ho torno a repetir- una temeritat política de conseqüències
impensables, si és que per algun motiu la gent de la dreta més o menys normal, que tampoc els agafés per votar a favor. Perquè recordi que els tribunals diuen que quan un dret està denominat en algun dels articles que estan continguts en els
principis rectors, amb els elements rectors, dels principis econòmics i socials perden el seu blindatge de dret fonamental. I vostès ens diuen: 'No, no, és que no ens estan entenent'. Nosaltres no parlem del dret, parlem d'execució dels drets.
Miri, vostès tenen un problema administratiu. La llei ja no és que permet, és que garanteix que es pugui avortar farmacològicament i quirúrgicament a tots els hospitals públics. Facinla complir! Si per votar ens van fer un 155, doncs per
l'avortament, facin alguna cosa amb les comunitats díscoles! Perquè nosaltres ja ho vam fer al nostre país. Ja vam introduirho. Madrid té un problema, sí, Madrid té un problema i aquest problema es pot estendre a tot l'Estat com guanyin. Estem
d'acord amb això?
Per tant, estan d'acord en això, votarem en contra de les dues totalitats, malgrat que l'anàlisi jurídica que fan el compartim i votarem en contra perquè, de nou simbòlicament,
volem que quedi molt clar el nostre suport absolut, que forma part indestriable de la nostra manera de fer política, al dret de les dones al seu propi cos, al dret a l'avortament, al dret als drets sexuals i reproductius, com els seus propis
noms indiquen, i al dret a efectuarho quan nosaltres vulguem. Ningú, ningú té cap dret a interferir en la voluntat i en l'ús que la dona fa del seu cos. Si us plau, no ho posin més en perill.
Moltes gràcies.
Buenos días, presidenta. Buenos días, diputados. Buenos días, diputadas.
Hay temas que son fundamentales en la ideología del partido, en la acción política, y no es que me guste mezclar con otros temas, pero lamentablemente -perdónenme, por favor, sobre todo desde las graderías- tengo que empezar con otra
historia. Esta mañana hemos sabido que se han detenido más de veinte embarcaciones, parte de la flotilla que iba a romper el bloqueo en Palestina -¡tres años de genocidio!-. Queremos denunciar una vez más que se han detenido en aguas
internacionales embarcaciones que no han cometido ningún crimen. Transportaban cosas tan básicas como agua, alimentos o medicamentos. Exigimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas, entre las que hay catalanas y también vascas, y
que en ningún caso se tomen represalias judiciales contra los miembros de la flotilla. Asimismo, exigimos que el Gobierno español y la Unión Europea se posicionen claramente contra las acciones de un Estado claramente enloquecido. Muchas gracias.
(Aplausos).
Y ahora voy al tema. Miren, hace unos meses estábamos en una sesión de la Comisión de Igualdad en la que compareció la ministra y nos anunció que querían traer esta iniciativa y desde uno de los partidos que estuvimos allí le dijimos:
Ministra, no, ministra, no; hablemos de ello antes. Nosotros creemos que después de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha tardado trece años en llegar, pero que garantiza vincular los derechos fundamentales al derecho al aborto, no es
oportuno abrir el artículo 43 -principios rectores, como sabe todo el mundo- para la situación, es decir, para el encaje constitucional del derecho al aborto, porque según cómo, pues este país es muy raro, supondrá un aplazamiento, un atraso en la
aplicación del aborto. Y no nos lo podemos permitir, por tres motivos. Uno, porque, desde mi partido, desde mi propia convicción, que representa a gran parte de nuestra gente, el aborto es libre y gratuito; dos, porque las mujeres parimos y las
mujeres decidimos; tres, porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Por lo tanto, no deshagan lo que ya tenemos, no lo estropeen.
Hace mucho tiempo que la extrema derecha está utilizando el aborto como arma arrojadiza contra los derechos de las mujeres. Feministas, inmigración y pobreza, esos son sus objetivos, los tres argumentos, los tres caballos de batalla que
esta extrema derecha nos plantea aquí cada día en el Parlamento. Y no podemos perder ni esto (junta las puntas de los dedos índice y pulgar) en derechos. Abrir esa puerta es una temeridad. En este hemiciclo tenemos mayoría absoluta el día que
votamos todos los que damos apoyo a la investidura, pero ¿tres quintas partes, y para ponerlo en el artículo 43, en los principios rectores, que no están garantizados por el amparo del Tribunal Constitucional, que no garantizan el recurso a los
tribunales ordinarios? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con el informe del Consejo de Estado, que nos hemos mirado por activa y por pasiva? ¿De verdad?
Si lo que ustedes quieren es debatir sobre el aborto y sobre los derechos sexuales y reproductivos, que hay que hacerlo, hagámoslo sin poner nada en peligro, salvo que la intención sea demostrar que hay una parte de la bancada que está en
contra del aborto. La pregunta es si eso nos merece la pena, si nos sale a cuenta. La mayor parte de las mujeres de mi país creen, y tienen razón, que el aborto está garantizado, que el aborto es un derecho fundamental, que no tienen que dar
explicaciones a nadie, que son dueñas de su propio cuerpo. ¿Es oportuno en estos momentos incluir la duda de si esto es así, si está suficientemente garantizado con la sentencia que tenemos del Tribunal Constitucional? Yo se lo pregunto porque, si
se trata solo de un tema electoral -elecciones de Andalucía de aquí a no sé cuántos días, María Jesús Montero contra Moreno Bonilla diciéndole: Ustedes
son unos machistas-, me bajo del estrado y ya se las arreglarán. Todo el mundo sabe lo que pensamos y no damos ni un paso atrás, ¿vale?
Si en realidad hay alguna intención de impulsar este debate, lo han encarado mal, y encararlo mal en un momento en que la ultraderecha está desbocada con el control de las redes es volvernos a condenar a las mujeres a estar en el terreno
simbólico de nuestro cuerpo, al terreno simbólico donde se libran las batallas democráticas del Estado. Ustedes entenderán con una cierta facilidad, con respecto a la modificación de la Constitución, que esta Constitución no la siento mía, como ya
sabe todo el mundo; que a esta Constitución, francamente, saliendo de esa Transición, le doy el valor que le doy, que es más bien poco; que mientras que no contenga esta Constitución nada de la autodeterminación de los pueblos, por mí hagan lo que
quieran con ella. Pero lo que sí que es verdad es que hay elementos que permiten la garantía de algunos derechos fundamentales, y poner en riesgo eso me parece -vuelvo a repetirlo- una temeridad política de consecuencias impensables, si es que por
algún motivo a la gente de la derecha, más o menos normal, que poco, le diera por votar a favor, porque recuerden que los tribunales dicen que, cuando un derecho está nombrado en alguno de los artículos contenidos en los principios rectores, los
principios económicos y sociales, pierde su blindaje de derecho fundamental. Y ustedes nos dicen: No, no, es que no nos están entendiendo, nosotros no hablamos del derecho, hablamos de la ejecución de los derechos. Miren, ustedes tienen un
problema administrativo. No es que permita, sino que la ley garantiza que se pueda abortar farmacológica y quirúrgicamente en todos los hospitales públicos. Hagan que se cumpla. A nosotros ya nos aplicaron el 155, pues hagan algo con las
comunidades díscolas respecto al aborto; nosotros ya lo hicimos en nuestro país, ya lo introdujimos. Madrid tiene un problema, sí, Madrid tiene un problema, y ese problema se puede extender a todo el Estado como ganen. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Por tanto, estando de acuerdo en eso, votaremos en contra, a pesar de que el análisis jurídico que hacen lo compartimos, y votaremos en contra porque, una vez más, simbólicamente queremos que quede muy claro nuestro apoyo absoluto, nuestra
manera de hacer política, el derecho de las mujeres a su cuerpo, el derecho al aborto, el derecho a los derechos sexuales, como su nombre indica, y el derecho a hacerlo cuando queramos nosotras. Nadie -nadie- tiene ningún derecho a interferir en la
voluntad y en el uso que hace la mujer de su cuerpo. Por favor, no lo pongan más en peligro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez Barbero.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el aborto no es una invención reciente, no nace de lo que la ultraderecha llama ideología de género, sino que acompaña a la humanidad desde sus orígenes, igual que el intento de controlar nuestros cuerpos. La historia del derecho
al aborto es la historia de la emancipación de las mujeres, la historia de las luchas feministas, de cómo hemos ido conquistando paso a paso la capacidad de decidir: primero, la educación, después el voto, la cuenta bancaria, el divorcio, la
sexualidad no sometida a la reproducción. Nada de esto fue regalado, todo fue conquistado.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de esa misma trayectoria y es una pieza central del reconocimiento de la dignidad (aplausos), la integridad física y moral y la autonomía de las mujeres. Precisamente por eso
estamos aquí, porque el derecho al aborto necesita protección, necesita garantía y blindaje. Pero bueno, tampoco podemos decir que hayamos llegado a este debate por inercia, ¿no? SUMAR planteó hace dos años que el derecho al aborto debía estar en
la Constitución y se nos dijo que no era el momento, y no fue la derecha quien lo dijo. Hoy estamos aquí porque nosotras no nos detuvimos y seguimos trabajando, llevando propuestas a los grupos parlamentarios y abriendo diálogo con expertas, con la
sociedad civil, con organizaciones feministas y sindicales -algunas de ellas están hoy aquí-. Hicimos lo que
había que hacer entre todas cuando se trata de derechos: empujar. (Aplausos). Por eso, señorías, quiero empezar reconociendo el trabajo de todas las que han mantenido viva esta causa durante años, de tantas mujeres del movimiento
feminista, pero también tengo que reconocer el trabajo de nuestras ministras y, sobre todo, el del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el de Aina, el de Esther, el de Engracia, el de Alda, el de Júlia, el de Tes, el de Candela, el de Viviane,
el de Laura, el de Mar y el de todas las de nuestro equipo técnico. Enhorabuena, compañeras, porque lo hemos conseguido. (Aplausos).
Señorías, este debate va de avanzar en derechos, va de ampliar la democracia. Por eso, señorías del Partido Popular, no hagan trampas, no pretendan reducirlo a una discusión técnica, que, además, no se sostiene y que corresponde, en todo
caso -en todo caso, señorías-, a otro momento procesal. Hablan ustedes de fraude constitucional, y lo hacen sin rigor. Se lo resumo. El Tribunal Constitucional ya ha establecido con claridad que el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo se articula sobre tres pilares: la dignidad, la integridad física y moral y la protección de la salud, artículos 10, 15 y 43 de la Constitución. Esta es la arquitectura constitucional de este derecho. No es uno, son tres. En nuestro
sistema, la protección de un derecho no depende únicamente de su ubicación formal, sino de su contenido material y de su vinculación con estos valores superiores. Por eso, incorporar el derecho en el artículo 43 es constitucionalmente válido y
jurídicamente coherente; además, evita algo que ustedes parecen querer reabrir, de la mano con VOX: el falso marco de colisión permanente con el derecho a la vida. No estamos ante un conflicto de derechos, señorías, estamos ante el reconocimiento
del derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir libremente sobre su propio cuerpo.
Señorías, asistimos a una ola reaccionaria que pretende limitar, cuando no acabar, con derechos conquistados. En Estados Unidos, después de que la Corte Suprema, con mayoría trumpista, anulara la sentencia Roe versus Wade, hemos visto cómo
numerosos Estados han prohibido o restringido el aborto hasta hacerlo inaccesible. En Argentina, Javier Milei ha vaciado la ley, sin necesidad de derogarla: recortes, retirada de medicamentos, abandono de programas públicos. En Polonia el aborto
está prácticamente prohibido, obligando a miles de mujeres a salir del país o a recurrir a procedimientos peligrosos e inseguros. En Italia, Giorgia Meloni aprobó que grupos antiabortistas pudieran acceder directamente a las clínicas. En Hungría,
Orbán impuso la ley del latido, que obliga a escuchar el sonido fetal antes de decidir. Las mismas estrategias, los mismos argumentos, los mismos aliados y, si no lo impedimos, los mismos resultados. ¿Y qué mejor ejemplo de todo esto que la
enmienda de VOX? Es una enmienda que directamente niega el derecho. Para VOX, cuantos menos derechos tengamos las mujeres, mejor, tanto es así que hoy estamos aquí hablando de autonomía de las mujeres y sale por VOX un 'señoro'. (Aplausos).
Señorías de VOX, su España, la de la tutela, la del miedo, la de las mujeres sin autonomía, ya no existe ni va a volver. Para eso están y estamos aquí las feministas.
El Partido Popular ha decidido no confrontar con VOX, ni siquiera para defender los derechos más básicos de las mujeres, nuestra dignidad y nuestra integridad. Es más, ha decidido seguir a VOX, asumir sus ideas y blanquearlo, paso a paso,
intervención a intervención, Gobierno a Gobierno. Así, señorías, es como avanzan las regresiones. No hacen falta grandes anuncios, basta con que discursos como los de VOX dejen de escandalizar y que alguien los recoja, los suavice y los traiga a
esta Cámara disfrazados de debate técnico. Los derechos, señorías, no desaparecen de un día para otro, se erosionan, se vacían y se dificultan hasta que dejan de ser reales. Hoy, el Partido Popular, con esta enmienda, está haciendo exactamente
eso, blanquear y legitimar el retroceso. Que sobra este debate, dicen. Que sobra, ¿verdad? Señorías, ¿saben que el aborto sigue siendo delito en España? ¿Esto les parece lógico en el año 2026? ¿De verdad les parece razonable que en el siglo XXI
una persona pueda enfrentarse a penas de cárcel por decidir sobre su propio cuerpo? (Aplausos). ¡Sobra el debate! ¡Este debate sobra! A nosotras no. Nos parece profundamente injusto. Nos parece profundamente incompatible con una democracia que
se tome en serio la libertad.
Señora Franco González -que ni está para escucharme-, el derecho al aborto no está garantizado. (Protestas.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso señalando hacia los escaños situados en la zona
alta del hemiciclo, a la derecha de la tribuna de oradores: ¡Sí! ¡Sí está!). No está... (La señora Franco González: ¡Aquí! ¡Estoy aquí!). De acuerdo. Antes estaba sentada en otro escaño (señalando hacia la parte central se los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Bien, pues escuche lo que le tengo que decir: el derecho al aborto no está garantizado en España. (Rumores.-La señora Franco González: ¡No es así!). Ya que está, escuche: No está garantizado.
Incluso cuando es legal, persisten barreras al derecho al aborto en nuestro país; barreras administrativas, barreras por el origen, por los papeles -por tenerlos o no-, barreras territoriales. Y de esto saben mucho; pensemos en Andalucía.
(Rumores.-Una señora diputada: ¡Sí, Ceuta y Melilla!). Su partido no solo ha destrozado la sanidad. (Protestas). En Andalucía, de casi 20 000 interrupciones voluntarias del embarazo, solo 41 se hacen en hospitales públicos. (Aplausos). Y hay
algo que duele aún más, señoría. Sí, en Jaén ya no hablamos de derivaciones; en Jaén es imposible abortar. (Protestas). Y eso tiene un nombre, se llama vulneración de derechos. Ese es su modelo, lo saben ustedes: romper el sistema público por
dentro para que los derechos dependan de otras cosas, del dinero, de los enchufes... Ustedes nunca han querido evitar los abortos. ¡No quieren eso! Han querido decidir quién puede abortar sin problemas y quién tiene que sufrir acoso por ello.
(Aplausos). Sí, acoso en las puertas de las clínicas.
Termino ya, señora presidenta. Compañeras diputadas del Grupo Popular, me hago cargo de lo difícil de vuestra posición. (Varias señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Nooo!). Y yo afirmo que no hay mujer
demócrata en esta Cámara que quiera votar en contra de que el derecho al aborto esté en la Constitución. (Fuertes protestas). Sí, y, sin embargo, es lo que les está exigiendo su grupo. Por eso, señorías, diputadas, compañeras, hoy lo que toca es
valentía; valentía para votar a favor de lo que sabemos que es justo; valentía para no aceptar que otros marquen el límite de nuestros derechos. Del debate de hoy se recordará quién estuvo a la altura y quién eligió mirar hacia otro lado. Se
recordará qué sociedad decidió cada uno que teníamos que ser, si una que avanza en derechos o una que retrocede. En SUMAR lo tenemos claro: el derecho al aborto debe estar expresamente en la Constitución... (Varios señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso: ¡El tiempo!).
La señora PRESIDENTA: Señora Martínez, tiene que terminar.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: ...por nosotras y por las que vendrán.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, puestos en pie.-Aplausos del Grupo
Parlamentario Socialista).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Vamos a votar en un minuto. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, RELATIVA AL COLAPSO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PROVOCADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA. (Número de expediente 162/000745)
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones.
Empezamos con las proposiciones no de ley.
En primer lugar, de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España.
La votamos en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 33; en contra, 315.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS RETRASOS DEL ESTADO EN INFRAESTRUCTURAS Y ACTUACIONES HÍDRICAS EN ANDALUCÍA. (Número de expediente 162/000756)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 170; en contra, 170; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA Ha habido un empate.
Entonces, tenemos que repetir la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 172; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA VALIDO GARCÍA), SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS GENERADA POR LA GUERRA DE IRÁN EN CANARIAS Y MEDIDAS URGENTES A PONER EN MARCHA PARA ENFRENTAR SUS CONSECUENCIAS EN NUESTRA REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA.
(Número de expediente 173/000167).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar
sus consecuencias en la región ultraperiférica.
Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 189; en contra, 119; abstenciones, 40.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTE GOBIERNO Y CÓMO IMPACTA A LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000168).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas.
Votamos separadamente por puntos.
Empezamos con el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 177; en contra, 155; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba el punto 1. (Aplausos).
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 179; en contra, 164; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba el punto 2. (Aplausos).
Votamos el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 184; en contra, 164.
La señora PRESIDENTA: Se aprueba el punto 3. (Aplausos).
Votamos el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.-Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso alertan a la Presidencia de problemas técnicos con los terminales).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 320; en contra, 11; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto 4.
Señor Requena, vamos a comprobar su terminal antes de continuar con las votaciones. (Pausa).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE CUÁLES VAN A SER LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LO QUE QUEDA DE LEGISLATURA. (Número de expediente 173/000169).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción con consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de
legislatura.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOSLEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETOLEY 9/2026, DE 14 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE. (Número de expediente 130/000040)
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 316; en contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 348.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Y, en consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 102/000001)
La señora PRESIDENTA: Hacemos ahora la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular y VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Aplausos).
Muchísimas gracias a todos ustedes.
No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.
Eran las doce y cuarenta y dos minutos del mediodía.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.