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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 168, de 24/02/2026
cve: DSCD-15-PL-168
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 168
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 162
celebrada el martes,
24 de febrero de 2026
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página4)
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario VOX, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la estrategia energética del Gobierno para garantizar la supervivencia de la industria y el
crecimiento del país. (Número de expediente 172/000182) ... (Página5)
Inclusión en el orden del día:
- Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página5)
- Solicitud de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de una nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa al Estatuto del Deportista, constituida en el seno de la
citada Comisión. (Número de expediente 154/000005) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 113-1, de
24 de mayo de 2024. (Número de expediente 122/000100) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 3-1, de 8 de septiembre de 2023. (Número de
expediente 122/000004) ... (Página21)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407, de 10 de octubre de 2025. (Número de expediente 162/000597) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 467, de 30 de enero de 2026. (Número de expediente 162/000684) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de la falta de presupuestos generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas. (Número de expediente 173/000151) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página67)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página4)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por dos nuevos casos de violencia machista y otros casos de violencia vicaria.
Exclusión del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la
vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sobre la estrategia energética del Gobierno para garantizar la supervivencia de la industria y el crecimiento del país, lo cual se aprueba por
asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
Asimismo, somete al Pleno de la Cámara la Solicitud de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de nueva prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa al Estatuto del
Deportista, constituida en el seno de la citada comisión, lo cual se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Martínez Barbero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Matute García de Jalón,
del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Sanz Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Prieto Serrano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página21)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya;
Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano; Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Hoces Íñiguez, del Grupo Parlamentario VOX, y Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Uriarte Begoechea, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página36)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página36)
Defiende la proposición no de ley la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto.
Hacen uso de la palabra las señoras Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto, y Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Cofiño Fernández, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
y Gutiérrez Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya;
Armario González, del Grupo Parlamentario VOX, y Velasco Morillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea ... (Página49)
Defiende la proposición no de ley la señora Alós López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Catalán Higueras y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; y los señores Álvaro Vidal, del Grupo
Parlamentario Republicano; Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Arribas Maroto, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página59)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de la falta de presupuestos generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas ... (Página59)
Defiende la moción el señor Ramajo Prada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Martín Urriza, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR, y Morales Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página67)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades
productivas, se rechaza por 168 votos a favor, 178 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aprueba por 175 votos a favor y
171 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y catorce minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Buenas tardes a todos y a todas.
Tengo que pedirles una vez más que nos pongamos en pie para guardar un minuto de silencio por Petronila y Tatiana, asesinadas por violencia machista esta semana en Madrid y Navarra; y también por Noemí, Antonia y Yared, menores de edad,
fallecidos por violencia de género en Castellón y Tenerife. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, A LA VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO SOBRE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE LA INDUSTRIA Y EL
CRECIMIENTO DEL PAÍS. (Número de expediente 172/000182).
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES, DE NUEVA PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL ESTATUTO DEL DEPORTISTA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA
CITADA COMISIÓN. (Número de expediente 154/000005).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara las siguientes modificaciones del orden del día: en el
sentido de excluir el punto 27, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, e incluir como último punto de la sesión del jueves la solicitud de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de una nueva
prórroga de seis meses de plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa al Estatuto del Deportista, constituida en el seno de la citada comisión. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias. En consecuencia,
quedan aprobadas estas modificaciones del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS. (Número de expediente 122/000100).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en proceso de deslocalización
y transmisión de unidades productivas.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Cuando quiera.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, me van a permitir que empiece mi intervención saludando a nuestros compañeros de los comités de empresa de Fiber de Galicia, de Arcelor y de Coca-Cola, que nos acompañan en la tribuna de invitados. (Aplausos).
Hoy mi grupo parlamentario viene aquí a hablar de derechos laborales y de democracia, viene a hablar de empresa y de política industrial. Venimos a hablar de lo que le importa a la gente, del trabajo que sostiene la vida de las industrias
que dan futuro a nuestros territorios y de las soluciones que este Parlamento debe tener el coraje de poner sobre la mesa. Venimos a hablar del presente y del futuro que queremos para España. Señorías, más allá de sus contenidos, esta iniciativa
pretende también ser una llamada a cuidar este espacio. El Congreso ha de hablar de la España real, no de una que no existe y que se quiere construir a base de odio y de miedo.
Señorías, permítanme recordar una realidad que a veces queda enterrada bajo el ruido: nuestro país sufrió un proceso de desindustrialización brutal, una auténtica hemorragia económica y social, durante la crisis financiera bajo el gobierno
del Partido Popular. Entre 2008 y 2014, este país destruyó más de un
millón de empleos industriales. En apenas seis años, uno de cada tres puestos de trabajo en la industria desapareció; uno de cada tres. Cada cifra es una familia, un barrio y una comarca que se quedan sin horizonte. Pero no estamos
condenadas a este destino, porque desde 2018, y gracias a las políticas de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, hemos logrado revertir una sangría que parecía inevitable. Hoy, el empleo industrial ha crecido en 325 000 personas, y nos situamos
por encima de los 3 millones de ocupados, la cifra más alta desde 2008. (Aplausos). Es un avance indiscutible, fruto de la valentía y de medidas que han respondido a la precariedad, con protección de derechos y con creación de empleo digno. Pero
no basta, señorías, no basta porque merecemos más. Hoy, la industria representa el 14 % del PIB, cuando el compromiso europeo es alcanzar el 20 %. Por eso necesitamos una política que combine empleo y sostenibilidad, y que dialogue con los
territorios y entienda que el progreso no se impone sobre las espaldas de la gente. Permítanme declamar -esperemos que por última vez desde esta tribuna- que...
... o noso modelo é 'o de Altri non'. Ese é o camiño:
nuestro modelo es: 'el de Altri, no'. (Aplausos). Ese es el camino:
... industria verde, moderna, ambiciosa y fuerte, con garantías sociales y ambientales, y siempre con la gente dentro.
Señorías, esta proposición de ley llega para plantear la misma pregunta a todos los grupos parlamentarios: ¿qué modelo productivo queremos para nuestro país? Y no se esfuercen por responder a otras, porque esta es la única de la que mi
grupo parlamentario quiere que hablemos hoy en este Pleno. Nosotras lo tenemos claro: no puede ser un modelo en el que haya empresas que reciban ayudas públicas, disfruten del esfuerzo colectivo de nuestros impuestos, los de las gentes
trabajadoras, y después trasladen su producción fuera de la Unión Europea para abaratar costes y aumentar sus beneficios; o que lleven a cabo una venta malintencionada para vaciar la empresa y que sean otros los que, por un módico precio y dejando
un reguero de deudas, despidan a una plantilla que no conocen sin miramientos. ¡Basta ya! Basta ya de trampas y de fraude con dinero público. ¡El dinero público, el dinero de todas y de todos, ha de estar para proteger el empleo y para sostener y
crear industria, no para financiar cierres y deslocalizaciones!
Señorías, aquí estamos hablando de algo muy concreto, muy real, que tiene nombres y apellidos: de familias que ven cómo las mismas empresas que recibieron ayudas públicas, que pidieron sacrificios a las plantillas, que aplicaron ERTE,
descuelgues de convenio, congelación y bajada de salarios, todo para salir adelante, ahora cierran, se marchan o se venden a fondos que vienen a desguazar y a despedir. Estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de la planta de BSH
en Esquiroz, Navarra; de Saint-Gobain, Sekurit o Arcelor en Asturies; de AGAMA en Illes Balears; de Marie Claire en el país valencià; de International Paper, de Iveco o de Coca-Cola en Madrid; de Fiber o Alcoa en Galicia; de Siemens Gamesa, de
Bimbo y de Michelin en Castilla y León; hablamos de SABIC en Murcia; de Nissan, de Bosch, de Mahle o de TE Connectivity en Cataluña; de Abengoa en Andalucía, y de MANN+HUMMEL o del Grupo Trigo en Aragón; y estas son solo algunas, porque hay
muchas más. Para todas ellas, para sus trabajadores y sus trabajadoras va hoy esta proposición de ley. (Aplausos). Para evitar que miles de trabajadores y de trabajadoras, esto es, que miles de familias se queden sin su fuente de ingresos y se
vean abocadas a intentar sobrevivir a base de empleos mucho más precarios o de ir tirando con lo que salga -en muchos casos empleos de horas al día o de algunos días- o, en demasiadas ocasiones, a estirar indemnizaciones y el paro, porque encontrar
un nuevo empleo, como ellos mismos dicen, con mi edad y después de 30 años en la misma empresa, es ciencia ficción. También es para que algunos territorios no se conviertan en eriales industriales sin presente ni futuro, llenos de lunes al sol y de
jóvenes que se marchan.
Hoy traemos una proposición de ley con dos propuestas sencillas y efectivas. La primera es una propuesta de justicia y de sentido común: si una empresa quiere trasladar su actividad fuera de la Unión Europea, que se olvide de despidos con
indemnizaciones de veinte días, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o de no aplicar los convenios colectivos. Si alguna se atreve a hacerlo, será un fraude de ley y los despidos serán improcedentes y nulos. Además, si esta
empresa se ha beneficiado de un ERTE o de cualquier tipo de ayuda pública, es decir, de una ayuda de la Administración, tendrá que devolver el dinero. ¡El dinero público está para generar y para mantener empleo aquí, no para financiar la mudanza de
quienes solo buscan su propio beneficio!
Y si esa primera propuesta está destinada a impedir que algunas empresas usen nuestro dinero para luego salir corriendo en busca de más dinero en otros países a costa, claro, de explotar a los trabajadores y las trabajadoras de esos mismos
países, de pagar sueldos de miseria y de instalaciones insalubres, contaminantes y peligrosas, la segunda está vinculada a poner límites a otro fraude, uno que cada vez se
produce más: el que se origina cuando una empresa vende a otro una factoría, una planta o una línea de producción específica con el objetivo oculto de cerrarla, de desmantelarla, de acabar con ella y de poner a la plantilla de patitas en la
calle. Para que eso no sea posible, hay que fortalecer la democracia en la empresa, hay que reforzar la transparencia y la capacidad de negociación de las personas trabajadoras. Proponemos hacerlo a través de un plan de viabilidad que tenga como
objetivo mantener la actividad y los puestos de trabajo, acompañado, por supuesto, de un periodo de negociación en el que tendrán que estar la empresa vendedora, la empresa compradora y los sindicatos o el comité de empresa. Y, por supuesto, para
evitar que esto se quede en lo formal y que sea nuestro tejido industrial una vez más el que lo pague, los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho de tanteo y retracto para adquirir la empresa y así seguir con la producción, como hubieran
querido mis compañeros de Fiber. Y ¿cómo vamos a hacer que esto se cumpla? Con consecuencias muy claras: si las empresas se lo saltan, los despidos de nuevo serán improcedentes y nulos, y la empresa vendedora tendrá que responder si se cumple el
plan registrado. Nada de lavarse las manos.
Señorías, la libertad de empresa no puede significar fraude y abuso. La libertad empresarial no puede ir en contra de la democracia en la empresa. En esta Cámara hay quienes invocan la Constitución como unas Tablas de la Ley inamovibles,
que usan incluso como un arma arrojadiza contra buena parte de quienes componemos este país, como un cepo para impedir avanzar en derechos. Nosotras proponemos mejorarla e introducir nuevos derechos, pero también, y sobre todo, aplicarla en todos
aquellos aspectos sociales que una mayoría social consiguió que la integraran con lucha en las calles. Señorías, el artículo 129 de la Constitución proclama la democracia en la empresa y aquí se enmarca esta iniciativa legislativa. La Constitución
del 78 no quiso un mercado laboral sin reglas, quiso un mercado laboral insertado en un Estado social. La democracia en la empresa significa que las decisiones que afectan de manera directa a la vida laboral -bien sea la organización del trabajo,
las condiciones, los despidos o los cierres- no pueden adoptarse como si el trabajo fuera una mercancía, ¡porque las vidas no son mercancía! Dicho de otra manera, si la democracia se queda en la puerta de la fábrica, si se queda en la puerta de la
oficina o al otro lado de la contraseña del acceso a intranet, entonces es una democracia incompleta. El artículo 129 nos recuerda que el poder económico también debe dialogar con el principio democrático. Y esto, señorías, no es una extravagancia
ideológica, esto es un mandato constitucional.
Señorías, esta ley no va contra las empresas, va contra las malas prácticas; no penaliza la actividad económica, penaliza el fraude, y no limita la inversión, garantiza que la inversión sea responsable. Queremos empresas competitivas, sí,
competitivas pero comprometidas con el territorio, con el planeta, con el empleo y con el país que les ha dado estabilidad jurídica, infraestructuras y ayudas públicas. (Aplausos). No podemos aceptar un modelo en el que las ganancias se privatizan
y las pérdidas se socializan. Esta proposición de ley envía un mensaje claro: quien quiera operar en España encontrará seguridad jurídica, trabajadores cualificados y apoyo público, pero también encontrará reglas que protegen el empleo, la
dignidad laboral, la democracia y el interés general. Por eso, dará igual lo bien que lo vistan, quien vote hoy en contra de esta ley votará en contra de nuestra industria y de nuestras empresas responsables. Votará en contra de nuestra clase -de
la trabajadora-, de las familias que sufrieron injustamente y de aquellas a las que debemos evitarles el sufrimiento.
Con esto termino, presidenta. Señorías, la realidad no está hecha ni de palabras ni de relatos, está hecha de vidas, y esta iniciativa quiere reconocerlas en todo su valor. Porque detrás de cada artículo hay una nómina que no llega o que
ya no da, una familia que espera y que desespera y una comarca a punto de morir de inanición. No hablamos de abstracciones, hablamos de personas concretas, que sostienen este país mientras nosotras aquí dentro debatimos. En SUMAR hoy no les
pedimos un gesto retórico, les pedimos que estén a la altura, que cuando salgan de este hemiciclo puedan decir, sin titubeos, que estuvieron del lado de la gente.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Moi boa tarde.
Son representante por un país moi pouco industrializado como Galiza, non por decisión propia, senón como consecuencia das políticas que levamos padecendo por parte do Estado desde hai moito tempo e un país que ademais está a sufrir un
proceso de desindustrialización acelerado, un proceso de crise industrial que xa está cronificado. Iso implica o fechamento de empresas, a perda de postos de traballo e, en moitos casos, precisamente como consecuencia da deslocalización.
En todo caso, eu quero aclarar que o BNG é unha forza política que aposta decididamente pola industrialización do noso país, por unha industrialización racional que desenvolva as inmensas potencialidades que temos e por iso, coa mesma
determinación coa que defendemos a industrialización de Galiza, rexeitamos proxectos que non son de industrialización, senón de espolio colonial do noso país, como o proxecto de Altri na Ulloa. Por iso celebramos con millares de galegos e galegas
que definitivamente este proxecto non vai saír adiante, que é un proxecto tombado e que é unha vitoria do pobo galego que saíu masivamente á rúa, máis de 100 000 persoas en mobilizacións nos últimos dous anos para rexeitar ese modelo depredador do
Partido Popular fronte, como digo, a unha industrialización racional e positiva.
Dicía que nos preocupa a deslocalización. De feito reparen, onte mesmo na Comisión de Industria era aprobada unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego a propósito da crise dunha empresa que no seu día foi punteira no sector da madeira
como o Grupo Losán e que o último punto recollía literalmente avaliar o resultado dos investimentos públicos no sector industrial e impulsar as reformas precisas que garantan que as empresas que reciban fondos públicos manteñan unha actividade
estábel e duradeira, así como os postos de traballo sen que poidan acudir a eles fechamentos ou deslocalizacións e é coincidente en boa medida co que hoxe se está propondo aquí.
Por tanto, é un adianto que nós imos apoiar esta iniciativa, aínda que en algúns aspectos nos pareza que queda un bocadiño curta. Explicarei por que. En todo caso, xa digo, na Galiza sufrimos deslocalizacións, algunhas delas en empresas
que recibiron cuantiosos fondos públicos, como é o caso de Poligal en Narón. E aquí o que se propón é que non poidan realizar EREs ou que sexan penalizados considerados como despidos improcedentes. Pero é verdade que ten unha limitación, vostedes
falan de que a Unión Europea xa ten un mecanismo para castigar -podemos dicir- as empresas que reciben fondos estruturais e que deslocalizan fóra da Unión Europea. Mais o sorprendente que vostedes non propoñen nada similar para o Estado español, eu
proporía tamén para Galiza cando os fondos son da Administración galega. Eu puxen o exemplo de Poligal adrede porque Poligal fechou en Narón para abrir unha planta en Polonia e para digamos incentivar o investimento da planta que ten en Portugal.
Polo tanto, cremos que esta iniciativa debe ser completada tamén desde esa perspectiva, de que no caso de axudas públicas estas deban ser devoltas con xuros á administración pública porque, caso contrario, pois o que estamos facendo é
incentivando a industrialización de terceiros países.
E acabo, simplemente mencionando unha cuestión, cando se debateu aquí a lei de clientela e fixemos fincapé tanto na atención presencial das empresas de servizos como no uso do galego, por que? Porque ambos son mecanismos contra a
deslocalización destas empresas que cada vez máis teñen os seus Call Center non só fóra da Galiza, fóra do Estado español e mesmo fóra de Europa. Polo tanto, a lingua factor de creación de emprego, evidentemente que si, e por esa liña hai que
continuar.
Moito obrigado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.
Soy el representante de un país muy poco industrializado como es Galicia, no por decisión propia, sino como consecuencia de unas políticas del Estado que hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo. Un país que, además, está sufriendo
un proceso de desindustrialización acelerado. Un proceso de crisis industrial que ya está cronificado y que implica el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, en muchos casos, precisamente como consecuencia de la deslocalización. En
todo caso, quiero aclarar que el BNG es una fuerza política que apuesta decididamente por la industrialización de nuestro país, una industrialización racional que desarrolle las inmensas potencialidades que tenemos. Y por eso, con la misma
determinación con la que defendemos la industrialización de Galicia, rechazamos proyectos que no son industrialización, sino expolio colonial de nuestro país, como el proyecto de Altri en la Ulloa. Por eso, celebramos con miles de gallegos y
gallegas que definitivamente ese proyecto no vaya a salir adelante, que se ha caído ese proyecto y que es una victoria del pueblo gallego, que salió a las calles masivamente -más de 100 000 personas en movilizaciones en los dos últimos años- para
rechazar ese modelo depredador del Partido Popular frente a una industrialización racional, como digo, y positiva.
Decía que nos preocupa la deslocalización. De hecho, ayer mismo, en la Comisión de Industria, se aprobaba una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego a propósito de la crisis de una empresa que en su día fue puntera en el sector maderero,
como el grupo Losán, y en su último punto se recogía literalmente evaluar el resultado de las inversiones públicas en el sector industrial e impulsar las reformas necesarias que garanticen que las empresas que reciban fondos públicos mantengan una
actividad estable y duradera, así como los puestos de trabajo, sin que puedan acudir a ellos cierres o deslocalizaciones; y coincide en buena medida con lo que hoy se está proponiendo aquí. Por tanto, ya adelanto que vamos a apoyar esta
iniciativa, aun cuando en algunos aspectos nos parezca que se queda un poco escasa, un poco corta, y explicaré por qué.
En todo caso, ya digo, en Galicia sufrimos deslocalizaciones, algunas de ellas en empresas que recibieron cuantiosos fondos públicos, como es el caso de Poligal en Narón. Y aquí lo que se propone es que no puedan realizar ERE o que sean
penalizados o considerados como despidos improcedentes. Pero es cierto que hay una limitación. Usted dice que la Unión Europea tiene ya un mecanismo para castigar, podemos decir, a las empresas que reciben fondos estructurales y que deslocalizan
fuera de la Unión Europea. Pero es sorprendente que usted no propone nada similar para el Estado español; yo también lo propondría para Galicia cuando los fondos sean de la Administración gallega. Yo puse el ejemplo de Poligal a propósito, porque
Poligal cerró en Narón para abrir una planta en Polonia y para, digamos, incentivar la inversión de la planta que tiene en Portugal. Por lo tanto, creemos que esta iniciativa debe ser completada también desde esa perspectiva de que, en el caso de
ayudas públicas, estas tengan que ser devueltas con impuestos a la Administración pública, porque, en caso contrario, lo que estamos haciendo es incentivar la industrialización de terceros países.
Y acabo simplemente mencionando una cuestión. Cuando se debatió aquí la... últimas líneas, hicimos hincapié en la atención presencial de las empresas de servicios como en el uso del gallego. ¿Por qué? Porque ambos son mecanismos contra
la deslocalización de estas empresas, ya que estamos cada vez más concentrados, no solo fuera de Galicia, del Estado español e incluso fuera de Europa. Por lo tanto, la lengua es un factor de creación de empleo, evidentemente que sí, y por esa
línea hay que continuar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Tiene la palabra ahora el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos una de esas proposiciones de ley que son importantes y que tocan un problema estructural del sistema económico, como son las deslocalizaciones de empresas, que fueron, como todo el mundo sabe, una de las señas de identidad del
neoliberalismo. Durante décadas se nos dijo que las empresas, para ser competitivas, debían deshacerse de actividades engorrosas y poco rentables, trasladar industrias a los países de la periferia para pagar menos a los trabajadores, disfrutar de
regulaciones ambientales menos restrictivas y fomentar las exportaciones. Estas políticas neoliberales fueron implementadas durante décadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y han reforzado al final el poder del capital,
debilitando a los sindicatos y llevando a las clases trabajadoras a unas condiciones laborales bastante peores. Sin embargo, señorías, está claro que esto ya no da más de sí. La crisis financiera de 2008, la ruptura de las cadenas de valor a raíz
de la pandemia o la cada vez más intensa competencia geopolítica hacen que hayamos entrado en una fase de desglobalización -y esto hay que decirlo claramente-, donde son los países centrales del sistema-mundo, con Estados Unidos a la cabeza, los que
están haciendo lo contrario: los que se están trayendo de nuevo las industrias a sus países y están blindando las estrategias industriales.
En esta coyuntura, desde luego, el Gobierno progresista debería replantearse su política industrial, pero desgraciadamente tenemos que decir que no está siendo así. Cuando hablamos de deslocalizaciones no hablamos solo de cifras -se ha
dicho ya-, hablamos de muchas familias trabajadoras. El último ejemplo lo tenemos en mi tierra, en Cartagena, donde SABIC quiere dejar en la calle a 500 trabajadores. Estamos hablando de que en el año 2020 esta empresa abrió una fábrica en China y
cerraron su planta en Cartagena; y, a pesar de que lo reclamamos entonces, no se tomó ninguna medida y ahora venden el resto del negocio al fondo de liquidación Mutares. Y mientras tanto, ¿qué han hecho el Gobierno central, el Gobierno autonómico
o el Ayuntamiento de Cartagena? Nada. Convocar una mesa de seguimiento. Señorías, en esta Cámara muchas veces se nos llena la boca hablando de la importancia estratégica de la industria para el mundo que viene, pero a la hora de la verdad, ¿en
qué queda todo esto? ¿En qué
quedan estos discursos? ¿Por qué se permite que cierre una empresa que se instaló en suelo público en Cartagena? ¿Por qué se permite que deje en la calle a 500 familias trabajadoras cuando SABIC ganó en Cartagena 27 millones de euros en el
año 2024, un 120 % más que en 2023? Es una empresa con ganancias. Es una vergüenza que este Gobierno no actúe a través de la SEPI para garantizar el futuro de esas familias y de la industria en Cartagena.
No sé si le han echado un vistazo últimamente a las noticias del mundo que viene, a la competición feroz que hay entre Estados Unidos y Rusia, Europa y China. Quizá, si leyeran más atentamente las noticias, verían que la apuesta por nuestra
industria, por el empleo y no solo por las migajas que nos dejan los Estados Unidos es algo estratégico. Combatir las deslocalizaciones ya es eso. El patriotismo es justamente eso. Damos todo nuestro apoyo, por tanto, a los trabajadores de SABIC
y a sus familias.
En este sentido, en Podemos creemos que esta proposición de ley es un buen primer paso, vamos a apoyarla para restringir esos despidos colectivos, pero creemos que se podría ir mucho más allá, y para eso plantearé tres ideas muy brevemente.
Primero, creemos que se debería prohibir el cierre de centros productivos rentables, como es el caso de SABIC. No basta con sanciones para obligar a las empresas o que devuelvan las ayudas. En segundo lugar, hay que dar poder real a los
trabajadores. En este sentido, plantearíamos que el comité de empresa tenga capacidad de veto ante decisiones que destruyen empleo o que trasladan la producción fuera de nuestro país. Y, en tercer lugar, todas las empresas tienen que pagar muy
caro las deslocalizaciones. Para ello, se podrían gravar con tasas progresivas los beneficios que no vayan acompañados de la creación de empleo local o imponer aranceles sociales y ambientales a productos de esas empresas deslocalizadas de España
que luego vienen a nuestro país. Se trata, por tanto, de restablecer la soberanía sobre nuestra industria. Durante muchas décadas, las clases trabajadoras han estado bajo chantaje permanente del capital y eso ha traído un descrédito enorme a la
política; ahora hay que darle la vuelta a esta situación. Como decía un viejo dirigente chino: que la política vuelva a estar a los mandos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Arratsalde on.
Hoy debatimos una iniciativa que aborda principalmente cómo garantizar que la modernización e incluso la internacionalización empresarial no se traduzca en desprotección laboral, desarraigo industrial o utilización indebida de recursos
públicos. Y lo hacemos ante una realidad que conocemos bien: procesos de deslocalización hacia países terceros que han dejado comarcas sin empleo y operaciones de venta que en ocasiones han servido para eludir responsabilidades laborales, sí, pero
también pueden responder a factores regulatorios que impactan directamente en la estructura de costes que, si no vienen acompañados de instrumentos de adaptación suficiente, el riesgo de desplazamiento productivo existe, y esto también debería
formar parte de este debate.
En este debate tampoco hay un vacío. Hay que decir que Francia y Alemania, las dos mayores economías industriales de Europa, llevan años actuando en esta misma dirección. Francia lo hace mediante mecanismos como la ley Florange, que obliga
a buscar compradores antes de cerrar plantas rentables y condiciona fuertemente las ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Alemania, por su parte, combina incentivos industriales, compromisos de permanencia asociados a subvenciones y una
fuerte participación de los trabajadores y las trabajadoras en la gobernanza empresarial. Ambos países comparten la idea de que, cuando hay empleo, tejido productivo y recursos públicos en juego, el Estado no puede ser un espectador pasivo. Creo
que esta proposición de ley se sitúa en esta misma lógica. Además, el propio proyecto de ley de industria aprobado por el Gobierno también incorpora medidas para evitar que ayudas públicas terminen financiando deslocalizaciones fuera de la zona
euro. Esto es simplemente para reforzar la autonomía estratégica y proteger la base productiva.
Valoramos especialmente tres elementos del texto. Coherencia entre ayudas públicas y mantenimiento del empleo, porque si una empresa ha recibido apoyo mediante ERTE o mecanismos similares y posteriormente traslada su actividad a países
terceros se exigen responsabilidades. No se limita la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea, se actúa donde aquí sí hay margen regulatorio. Transparencia en la venta de unidades productivas: la obligación de abrir un periodo de
consultas, compartir información relevante y presentar un plan de viabilidad introduce una lógica preventiva que
puede evitar operaciones opacas e incluso cierres encubiertos. Y participación de la representación de las personas trabajadoras en procesos que afectan directamente a su futuro, porque creemos que es una garantía democrática y un
instrumento para anticipar riesgos.
Ahora bien, votar a favor no significa ignorar los riesgos, y es importante expresarlos con honestidad. En este debate se ha presentado la deslocalización como si estuviéramos ante un vacío legal absoluto, pero no es así. La Unión Europea
ya condiciona determinadas ayudas al mantenimiento de la actividad y existen experiencias previas en nuestro propio país. Territorios como Vizcaya cuentan desde hace años con mecanismos de reintegro de ayudas en caso de deslocalizaciones, y
mencionarlo es útil para entender que esta iniciativa se limita a actuar, además, en el ámbito de los traslados fuera de la Unión Europea. Precisamente por eso también hay que legislar con precisión. Aquí aparecen los riesgos que debemos tener en
cuenta. Uno de ellos es la inseguridad jurídica, porque conceptos quizá como la vinculación directa o indirecta entre decisiones laborales y una deslocalización pueden generar interpretaciones dispares y quizá aumentar la litigiosidad si no se
define con claridad. Proporcionalidad, porque hay que limitar determinadas medidas laborales cuando se produce un traslado fuera de la Unión Europea, pero exige también un equilibrio riguroso entre la protección de empleo y la libertad de empresa.
Impacto en operaciones empresariales legítimas, porque el régimen de responsabilidad subsidiaria solidaria del vendedor puede tener efectos disuasorios: si quien vende sigue respondiendo por decisiones futuras que ya no controla, puede optar por no
vender y cerrar, lo que iría en contra del objetivo de mantener la actividad. Coordinación normativa para evitar duplicidades y garantizar una correcta articulación con las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas y efectos no deseados.
Una regulación excesivamente rígida puede incentivar estrategias de elusión o fragmentaciones empresariales previas a la aplicación de la norma. Proteger el empleo y garantizar la responsabilidad cuando hay recursos públicos en juego es un objetivo
legítimo y compartido, pero también la legislación exige equilibrio, seguridad jurídica y coherencia institucional.
Nuestro voto favorable es un voto responsable. Apoyamos el objetivo de la norma, pero exigimos una mejora técnica que permita que esas medidas sean eficaces, proporcionadas y sostenibles en el tiempo.
Gure taldeak lege proposamen honen alde bozkatuko du. Bat gatoz bere funtsezko helburuarekin: enpleguaren babesa indartzea Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo justifikatu gabeko deslokalizazioaren aurrean, eta
gardentasuna eta erantzukizuna bermatzea produkzio-unitateen transmisioan. Funts publikoak tartean daudenean eta komunitate osoak produkzio zentro baten mende daudenean, interes orokorrak arau argiak eskatzen baititu.
Eskerrik asko.
Nuestro grupo votará a favor de esta proposición de ley. Lo hacemos porque compartimos su objetivo esencial: reforzar la protección del empleo frente a deslocalizaciones injustificadas fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico
Europeo, y garantizar también la transparencia y la responsabilidad en la transmisión de unidades productivas. Cuando hay fondos públicos implicados y comunidades enteras que dependen de un centro productivo, el interés general exige reglas claras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta andrea, diputatuok, arratsalde on.
Afrontamos este debate con una certeza, por desgracia sufrida en carnes propias en nuestro país, en Euskal Herria: no hay proceso de deslocalización que no acarree o lleve a la par dos grandes perdedores, los trabajadores y las trabajadoras
de la factoría que se deslocaliza y la sociedad o el lugar donde esta se radica. Realmente creemos que esa es la verdadera inseguridad, ahora que tan de moda está hablar de inseguridad. La verdadera inseguridad para toda sociedad es perder
riqueza, perder puestos de trabajo, perder futuro, porque sin industria no hay futuro. Ya sabemos que a nadie le gusta señalar a los responsables en ese debate, como tampoco se hace fácil en otros debates de inseguridad. Quizá sea porque los
delincuentes de cuello blanco, tengan la nacionalidad que tengan, se sienten intocables.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que continúa con un debate que ya se tuvo en esta Cámara, el que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras cuando se produce un fenómeno de deslocalización,
ya sea parcial o total. Pero conviene recordar que esta necesidad, la de proteger a los trabajadores y las trabajadoras, tiene un carácter casi paliativo, es decir,
hay que protegerles ante una realidad que no han deseado y que seguramente nadie desea que se produzca en su realidad vital. Tan importante como esto sería que aquello que aprobamos en esta Cámara en torno a la ley de industria del 2023,
que no pudo ser desarrollado por la convocatoria de elecciones, se pueda desarrollar por acción de Gobierno. Nadie le impide al Gobierno desarrollar todo aquello que tiene que ver con la reversión de las ayudas públicas con el dinero de todos y
todas que se da a algunas empresas para que se instalen. Probablemente viene muy bien al político de turno decir que es capaz de traer empleo, lo que no dice -es la letra pequeña, como en los contratos difíciles- es que muchas veces esa empresa
viene porque está regada de dinero público, que luego jamás devuelve. Por tanto, junto con la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, sería bueno que aquello que se puede llevar a efecto, porque había mayorías y porque hay acuerdos
aprobados, como del que estoy hablando, el de la reversión de ayudas, que fue fruto de un acuerdo del Gobierno con Euskal Herria Bildu, se lleve a efecto.
En cualquier caso, con respecto a esta medida quisiera señalar al menos dos elementos que al leer la iniciativa nos parecen interesantes y que he visto que son positivos. No digo que el resto no lo sean, sino que me han llamado más la
atención estos. Uno tiene que ver con la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para hacerse cargo del control de la empresa. Sé que a alguna gente le sonará muy bolchevique, le sonará casi al siglo XIX, y a alguno, si ha leído algo más
-esto ya es un poco más difícil-, a la Comuna de París. En realidad, lo que se está planteando es que aquellos que levantan el país, aquellos que levantan la empresa, aquellos que generan riqueza con su trabajo, puedan tener algo que decir de esa
empresa de cara al futuro. Eso habría estado muy bien que se hubiera tenido ya instalado para casos como el de Mecaner -antes Mecánica de la Peña- o casos como el de La Naval, donde había voluntad real de los trabajadores y las trabajadoras para
hacerse con el control de la empresa y hubo demasiados cargos públicos que les dijeron lo que no era posible hacer o lo que no era, atendiendo a las sacrosantas leyes del mercado, digno de hacerse.
También hay otro punto que nos ha llamado la atención, el que tiene que ver con la vigilancia que se exige al poder público para que sea más riguroso con aquel dinero que ha dado. Nos parece bien, porque también la historia nos recuerda que
hay demasiados casos en los que la Administración se ha dedicado a ser un regante de dinero público y luego ha mirado hacia otro lado: eso no tiene otro nombre que negligencia e irresponsabilidad. Hay miles de ejemplos y, ya que todo el mundo
habla de ejemplos, yo citaré también aquí otros dos. Uno es el de la empresa de muebles Xey, en Guipúzcoa, y otro es el de la empresa de papel CEL en Enkarterri -Las Encartaciones-. En ambos casos, las Administraciones públicas eran accionistas y
en ambos casos -lo señalan juzgados de lo mercantil, tanto de Donostia como de Vizcaya- la Administración pública no hizo sus deberes, porque ni estuvo atenta a la auditoría, ni estuvo atenta a la hora de presentar alegaciones, y, por tanto,
pudieron llevarse a efecto esos cierres. Habría que revertir estas malas praxis.
Como decía, creemos que lo que se plantea está bien porque intenta paliar lo que seguramente todo el mundo quiere evitar, pero creemos que es también importante que prestemos más celo a las ayudas públicas. Nosotros planteábamos que
aquellos que perciban ayudas públicas para instalarse no puedan trasladar su producción en al menos cinco años desde que lo hacen y que aquellos que abandonen un territorio devuelvan lo cobrado en los diez años anteriores. Nada de eso es imposible
y seguramente sería mucho más persuasivo que las grandes palabras que unos y otros podamos verter desde aquí, desde esta tribuna, en defensa de la clase trabajadora o en defensa de la dignidad de nuestros territorios.
Es verdad que la deslocalización es un fenómeno que nace con la globalización económica, pero, sobre todo, se fortalece con la liberalización propiciada por el movimiento libre de capitales -nunca de personas, sí de capitales, sí del
dinero-. Estamos de acuerdo en que hace falta y es necesario que la iniciativa pública se implique, pero probablemente desde una óptica antagónica a la de aquellos que hablan mucho de la colaboración público-privada para no decir que a las empresas
privadas, a los amigos, hay que regarles con dinero público cuando les vienen mal dadas. Nosotros creemos que quien da terrenos -se dan para que se instalen empresas- tiene que velar por que esos terrenos no sean la moneda de cambio para pagar las
indemnizaciones a los trabajadores y las trabajadoras, haciendo algo tan sencillo como la conversión de un suelo industrial a un suelo urbano. Y de esto también tenemos ejemplos, por desgracia, en nuestro país, en Euskal Herria.
Creemos que lo más importante es lo que se puede hacer y no se hace, dotarse de un verdadero plan industrial, atendiendo cada realidad para que no haya zonas que se desangran. Yo ahora no puedo no acordarme de una zona en concreto de Euskal
Herria que se está desangrando, de la que ha sufrido el cierre de Glavista, de Guardian y de Maderas de Llodio y ahora la amenaza de cierre de Tubos Reunidos.
Hablo de Aiaraldea, de Amurrio y de Laudio. Para que eso no pase hace falta un plan industrial y que esas grandes palabras que oímos cuando se habla de la revolución tecnológica, de la industria 4.0 o de la descarbonización de la industria
se conviertan en una inversión proactiva y real para hacer que nuestras industrias sean competitivas.
Señorías, probablemente alguien piense que digo todo esto desde la tranquilidad de vivir en la zona más industrializada del Estado español, y es cierto. Todavía hoy seguimos siendo la zona más industrializada. Tenemos en torno al 23 % del
peso en el PIB o en el valor bruto del peso industrial, pero probablemente estamos más arriba que el Estado español porque hemos caído desde mucho más arriba. Nosotros teníamos más del 42 % de tejido industrial y ahora nos tenemos que conformar con
intentar salvar el 23 %, tanto en la comunidad autónoma vasca como en la Comunidad Foral de Navarra. Esa es una realidad que se torna amenazante para todos y todas porque probablemente, como decían las paredes hace décadas, cuando los hijos de la
reconversión industrial empezábamos a salir a defender los puestos de trabajo de nuestros padres, sin industria no hay futuro, y nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, queremos que Euskal Herria siga siendo un referente en política
industrial, siga siendo un referente de la industrialización, no solo un decorado para quienes vienen a visitarnos muy de vez en cuando.
Besterik ez. Mil esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, senyories.
Avui el Grup Parlamentari SUMAR presenta per a la seva presa en consideració una nova proposició de llei. Ho fa en el context paral·lel de la tramitació d'un projecte de Llei d'Indústria que, com deia la diputada del grup basc, recull part
d'aquesta proposició i que, en tot cas, podria ser, al nostre entendre, el marc idoni per tractar-ho. Així que no sabem si aquesta proposició és un pas més davant la incapacitat del Govern de fer avançar aquest projecte de Llei d'Indústria per ser
un projecte pendent del debat de la nostra esmena a la totalitat, resultat dels incompliments del PSOE, o si només és un capítol més en la pugna entre els partits del Govern.
Nosaltres no entrarem a fer una valoració exhaustiva de la seva proposta, però si els volia dir senyories de SUMAR, que continuen tenint la mirada curta i que la seva dinàmica és sempre la mateixa amb el comodí de la protecció del
treballador, fan més rígid el marc normatiu sense pensar massa més enllà. Fraccionar les reformes per limitar la capacitat i l'autonomia empresarial, no pot ser sempre la seva resposta. Els hem dit en altres ocasions. Si s'ha d'abordar la
l'acomiadament, abordem-lo. Abordem-lo en una reforma laboral integral que, a més de modernitzar el marc laboral, ens ajudi a treballar millor. A treballar millor, els hi sona? I si es volen restringir les eines bàsiques de reestructuració o
modificar les condicions quan hi ha causes justificades, fem-ho, però fem-ho des de la proporció, sense generar inseguretat jurídica, sense espantar els possibles inversors i fem-ho, sobretot en el marc del diàleg social que, al nostre entendre, és
la millor manera de no posar en risc els llocs de treball. Perquè apostar pel diàleg social i buscar l'acord entre tots els actors, sense deixar ningú al marge, és també la millor manera de garantir que quan bufi el vent contrari no hi hagi cap
excusa perquè es prescindeixi d'una de les parts.
Però deixi'm tornar a parlar del context. Ara del context general, aquest en què els presidents Sánchez i Illa s'omplen la boca parlant de normalitat. I la vicepresidenta segona ens diu que compleix els acords, quan sabem que això no
passa. N o passa ni una cosa ni l'altra. No hi ha normalitat. El govern Sánchez, amb la complicitat del govern Illa, l'únic que han normalitzat a Catalunya és el caos, l'empobriment i el col·lapse. I tot en un marc de mentides i incompliments
que alguns socis toleren només gesticulant, però on no ens hi trobaran a Junts per Catalunya. Els vots de Junts no són ni a canvi de res ni a canvi d'un titular.
Senyora Martínez, com ja li he dit, sap perfectament que fa onze mesos que tenim signat un acord per reformar la Llei 14/1994 amb el Ministeri de Treball en mans del seu partit. Un acord que han estat incapaços de materialitzar, tot i que
els donava la possibilitat de transposar d'una vegada per totes la directiva de condicions laborals transparents del Parlament i el Consell Europeus. Però vostès han triat continuar incomplint, continuar incomplint amb nosaltres i continuar
incomplint amb Europa.
Per això, si aquesta presa en consideració avui no prospera, no serà culpa de Junts per Catalunya. Serà culpa de que els grups parlamentaris que sustenten el Govern, els partits de Govern i el mateix Govern encara no han entès res. Serà
culpa només dels seus incompliments amb Catalunya.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Parlamentario SUMAR presenta para su toma en consideración una nueva proposición de ley. Lo hace en el contexto paralelo de la tramitación de un proyecto de ley, el de industria, que, como decía la diputada del Grupo Vasco,
recoge parte de esta proposición y que, en todo caso, podría ser, a nuestro juicio, el marco idóneo para tratarlo. Así que no sabemos si, ante la incapacidad del Gobierno, esta proposición es un paso más para que este proyecto de ley de industria
avance -por cierto, un proyecto que está pendiente del debate de nuestra enmienda a la totalidad, resultado de los incumplimientos del PSOE- o bien si es solo un capítulo más de la pugna entre los partidos del Gobierno.
Nosotros no entraremos a hacer una valoración exhaustiva de su propuesta, pero sí quería decirles algo, señorías de SUMAR. Siguen teniendo la mirada miope. Su dinámica siempre es la misma: con el comodín de la protección del trabajador,
hacen que el marco normativo sea más rígido, sin pensar mucho más allá. Fraccionar las reformas para limitar la capacidad y la autonomía empresarial no puede ser siempre su respuesta. Se lo hemos dicho en otras ocasiones: si se tiene que abordar
el despido, abordémoslo con una reforma laboral integral que, además de modernizar el marco laboral y de trabajo, nos ayude a trabajar mejor; a trabajar mejor, ¿le suena? Si quieren restringir las herramientas básicas de reestructuración o
modificar las condiciones cuando hay causas justificadas, hagámoslo, pero desde la proporción, sin generar inseguridad jurídica, sin ahuyentar a los posibles inversores; y hagámoslo, sobre todo, en el marco del diálogo social, que, a nuestro
juicio, es la mejor manera de no poner en riesgo los puestos de trabajo. Apostar por el diálogo social y buscar el acuerdo entre todos los agentes, sin dejar a nadie al margen, también es la mejor manera de garantizar que cuando soplen vientos
contrarios no haya ninguna excusa para que se prescinda de una de las partes.
Pero permítanme volver a hablar del contexto, ahora del general, en el que los presidentes Sánchez e Illa se llenan la boca hablando de normalidad y en el que la vicepresidenta segunda nos dice que cumple los acuerdos, cuando sabemos que eso
no ocurre. No pasa ni una cosa ni la otra. No hay normalidad. El Gobierno Sánchez, con la complicidad del Gobierno Illa, lo único que ha normalizado en Cataluña es el caos, el empobrecimiento y el colapso, y todo en un marco de mentiras e
incumplimientos que algunos olerán solo gesticulando, pero ahí no nos van a encontrar a los de Junts per Catalunya; los votos de Junts no se dan a cambio de nada ni a cambio de un titular.
Señora Martínez, como ya le he dicho, usted sabe perfectamente que hace once meses firmamos un acuerdo para reformar la Ley 14/1994 con el Ministerio de Trabajo, en manos de su partido, un acuerdo que han sido incapaces de materializar, a
pesar de que les daba la posibilidad de transponer de una vez por todas la directiva de condiciones laborales transparentes del Consejo y del Parlamento Europeo, pero ustedes han elegido seguir incumpliendo con nosotros y con Europa.
Por eso, si esta toma en consideración hoy no prospera, no será por culpa de Junts per Catalunya, será culpa de que los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, los partidos de Gobierno y el propio Gobierno todavía no han entendido
nada. Será culpa de sus incumplimientos con Cataluña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies, presidenta. Molt bona tarda.
Deslocalitzacions. Avui dimarts 24 de febrer, a Valls i a Montblanc hi ha treballadors que comencen una vaga indefinida per salvar la feina amb què es guanyen el pa. I ho fan per una raó perquè estan patint una deslocalització. Tot el
nostre suport a ells i a les seves famílies.
Deixeu-m'ho dir clar, una deslocalització no és una reestructuració. Una deslocalització és això, marxar amb els beneficis i deixar aquí el desastre. És convertir persones en números i pobles en danys col·laterals. I els responsables
tenen nom: International Paper i DS Smith. Per això avui votarem que sí. I els demano que votin que sí a tota aquesta cambra perquè el que passa a Valls i Montblanc és la prova que aquest Congrés, si frena les deslocalitzacions no s'agenolla al
poder. Vostès avui escolliran en quin costat estan. El debat avui no és tècnic. És, si em permeten, que la deslocalització sigui un dret del poder o si la prenem com una injustícia.
Votarem que sí per tres raons. Primera, perquè és una deslocalització. No és una xifra, és la vida. No és un Excel, no és una reestructuració, és la hipoteca, és la criatura, és la salut mental, és el torn de nit, és el pa a la taula. És
la gent que plorava l'altre dia, quan vaig anar a Montblanc i Valls, que plorava perquè,
després de trenta anys de feina, se'ls tirava al carrer. Trenta anys de feina se'ls tirava al carrer i havien vist el seu pare, que treballava en aquesta empresa, i avui els seus fills són llençats al carrer en una empresa que, a més, té
beneficis. Això és una deslocalització. Quan una planta tanca, no tanca, només una fàbrica, s'afebleix un poble sencer. Al bar, els transportistes, el taller, el comerç, el lloguer, l'escola, vida real.
Segona raó per la qual votarem que sí: perquè això és abús de poder, perversitat. I encara que hi hagi alternatives, té la prohibició, i aquí ve lo fort de la història, és demostrar que aquí mano jo. Aquí mano jo i els demés a callar. Jo
us ho dic sense embuts. Això no és llibertat econòmica, com alguns diran. Això no és llibertat econòmica, és poder contra drets.
Tercera: perquè això està passant avui, aquí i ara. Avui dimarts 24 de febrer, els treballadors i treballadores de Valls i Montblanc comencen una vaga indefinida. No per fer-se els valents, sinó per salvar la feina amb la que es guanyen
el pa. I avui hi ha un consens rigorós que ningú discuteix de bona fe. Tancar una indústria viable, perquè és viable, destrossa vides i destrossa territori.
El debat obert és com ho impedim. I la meva interpretació, que avui defenso aquí, és que el que tenim al davant és feudalisme modern. Una multinacional decidint qui viu i qui cau. Perquè mirem bé el cas. En aquesta empresa, i és un
exemple que val per a totes les altres, hi ha inversors disposats a comprar les plantes i mantenir l'activitat i l'ocupació. Hi ha sortida, hi ha alternatives i l'empresa es nega a vendre-la. Ja no dic els seus treballadors, com deia el meu
company, que seria normal, sinó vendre-la. Si la volen vendre i hi ha gent que la vol comprar és perquè és viable, és perquè té beneficis. I què fa International Paper DS-Smith? Bloquegen la venda. Per què? Amb una única raó: no volen
competència. Si només fos inevitable, la vendrien. Hi ha beneficis, com deia, però volen més beneficis. Aquesta és la realitat, per molt que l'amaguin en la seva vergonyant propaganda.
Benvinguts al gran espectacle de DS-Smith i de moltes empreses que deslocalitzen. El que anomenen el rentat verd i el rentat social. He entrat a la seua web i he vist els seus tríptics. Son preciosos. Estan plens de paraules com
sostenibilitat, cultura comuna, persones, valors. Però senyories, no hi ha sostenibilitat, han desertitzat un territori. No hi ha compromís social amb tirar els treballadors al carrer com si fos un kleenex. No hi ha respecte quan els condemnes i,
a sobre, els negues la sortida d'una compra. Això no és responsabilitat social, és blanqueig corporatiu per amagar l'esclavatge dels beneficis a costa de les persones. Però també hi ha responsabilitats polítiques. Hi ha responsabilitats
polítiques perquè aquí també s'ha dit alguna cosa que incomoda.
I vull fer una mica de memòria. Esquerra Republicana, i jo mateix, vam portar aquí a aquesta cambra el 26 d'abril del 2016, una proposta exactament igual en forma de proposició no de llei. Va ser aprovada per tota aquesta cambra. Va ser
aprovada sense els vots de la dreta catalana i de la dreta espanyola o viceversa. Aquests van votar com sempre en contra. Aquests sí que formen un glop quan han de defensar els interessos del poder, quan són els dels treballadors, això. Vaig
portar aquí una proposició no de llei al 2016. Va ser aprovada deu anys després. Deu anys després seguim exactament igual i durant deu anys molta gent ha patit com estem patint avui. Aquesta és una altra realitat que avui diu. I va passar amb el
govern del Partit Popular, que va perdre aquí aquesta proposició no de llei i no la va implementar. De fet, a la seva reforma laboral va treure l'autorització administrativa per poder fer-ho. La van treure, els altres no la van recuperar, tot s'ha
de dir. I aquí hi ha una petita crítica: haguessin pogut recuperar-la. És impressionant, és molt important recuperar aquesta autoritat administrativa. No és l'únic mecanisme per intentar evitar deslocalitzacions. La llei d'avui és molt millor,
però tot dificulta, tot ajuda. I aquí també estava Esquerra Republicana. Deu anys perduts. I quan la política perd deu anys, qui paga no és el BOE. Qui paga són els treballadors. I també ho hem de dir. Quan s'ha de triar entre els drets i la
gent, el poder massa sovint, la dreta massa sovint tria el poder i no la gent. Veurem avui què passa. Em sembla que tornarà a passar el mateix.
I demanem als treballadors d'aquestes empreses que tinguin memòria perquè no tothom és igual. I al govern li dic el mateix: no han recuperat la direcció administrativa. Per això avui els hi demano, i acabo, una cosa molt concreta: votin
sí, votin sí per la vaga indefinida; votin sí, perquè hi ha alternatives a l'empresa bloquejada; votin sí, perquè no poden normalitzar que una multinacional mani més que la democràcia d'un Congrés; votin sí per empatia, però també per una cosa
molt simple: per dignitat institucional d'aquesta cambra.
I acabo, senyories, avui aquest Congrés tria o està al costat d'empreses com International Paper DS-Smith, amb el seu cinisme i perversitat, o està al costat de la gent que treballa i que avui s'ha posat dempeus per guanyar-se el pa.
Nosaltres votem sí. I que quedi gravat aquí no hi ha reestructuracions, aquí hi ha un abús de poder. I avui el Congreso pot limitar aquest abús de poder.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta. Muy buenas tardes.
La deslocalización. Hoy, 24 de febrero, en Montblanc hay una huelga indefinida para salvar los puestos de trabajo de los que se ganan el pan, y lo hacen por una razón: están sufriendo una deslocalización. Todo nuestro apoyo para ellos y
sus familias. (Aplausos).
Permítanme que lo diga claro: una deslocalización no es una reestructuración, es irse con los beneficios y dejar aquí el desastre; es convertir a personas en números y a pueblos en daños colaterales. Y los responsables tienen nombre: DS
Smith e International Paper. Por eso hoy votaremos que sí, y pido que vote que sí a toda esta Cámara, porque lo que pasa en Valls y Montblanc es la prueba de que en este Congreso se frenan las deslocalizaciones. No sé si van a estar con el poder.
¿De qué lado van a estar? El debate hoy no es técnico, es sobre si se permite que la deslocalización sea un derecho del poder o si la frenamos como una injusticia.
Votaremos que sí por tres razones. Primero, porque es una deslocalización, no una cifra; es la vida, no es un éxcel; no es una reestructuración, es la hipoteca, la criatura, la salud mental, el poder dormir por la noche, el pan en la
mesa, como conversaba hace unos días en Montblanc, donde conocí a gente que lloraba porque los despedían, los echaban a la calle después de treinta años de trabajo, después de haber empezado con sus padres en una empresa, que tiene beneficios.
(Aplausos). Eso es la deslocalización. Cuando una planta cierra, no solo cierra una fábrica, se empobrece todo un pueblo: al bar, los transportistas, el comercio, los alquileres, la escuela.
Votaremos que sí porque esto es abuso de poder, perversidad. Hay alternativas, pero lo que hacen es demostrar que aquí mandan y los demás se tienen que callar. Se lo digo sin ambages: eso no es libertad tecnológica, como dirán algunos, no
es libertad económica, es poder contra derechos.
Tercera razón. Porque está pasando hoy, 24 de febrero, aquí y ahora: los trabajadores de estas zonas, como he dicho, empiezan una huelga indefinida para salvar el puesto de trabajo que les permite ganarse el pan. Se cierra una industria
viable y se destrozan vidas y territorios.
El debate abierto es cómo se puede impedir esto. La interpretación que yo hago y que defiendo aquí es que lo que tenemos aquí es feudalismo moderno, una multinacional que decide quién vive y quién cae. Miremos bien el caso: en esta
empresa -es un ejemplo que vale para todas las demás- hay inversores dispuestos a comprar las plantas y a mantener la actividad y el empleo. Hay salida, hay alternativas, y la empresa se niega a venderla. Y a esos trabajadores, ¿qué se les puede
decir? Si la quieren comprar algunos es porque es viable, porque tiene beneficios. ¿Y qué hacen International Paper y Smith? Bloquean la venta por una sola razón: no quieren competencia. Si fuera inevitable, la venderían. Hay beneficios, pero
quieren todavía más, por mucho que lo oculten con su propaganda vergonzosa.
Bienvenidos al gran espectáculo de estas empresas y de otras tantas que deslocalizan. Está en la vertiente social -he entrado en su web-, con palabras preciosas: sostenibilidad, cultura común, personas, valores... Eso dicen, pero,
señorías, no hay sostenibilidad si se desertiza un territorio; no hay compromiso social echando a la calle a los trabajadores como si fueran clínex; no hay respeto cuando se condena a la gente a salir de una compra. Eso es blanqueo corporativo
para obtener más beneficios a costa de las personas, pero también hay responsabilidades políticas, porque aquí también se ha dicho algo que incomoda. Quiero hacer un poco de memoria. Esquerra Republicana y yo mismo trajimos aquí, a esta misma
Cámara, el 26 de abril de 2016, una propuesta exactamente igual, en forma de proposición no de ley. Se aprobó toda esta Cámara; bueno, no sé si lo hicieron la derecha catalana y la española, pues estas votan siempre en contra y siempre se unen
cuando van a defender los intereses del poder, pero cuando se trata de los trabajadores...
Decía que hicimos una proposición no de ley en aquella fecha, y diez años después seguimos exactamente igual. Durante diez años mucha gente ha sufrido, como están sufriendo ahora -esta es otra realidad-. Ocurrió con el Gobierno del Partido
Popular, que perdió aquí esta proposición no de ley, no la aplicó; de hecho, con su reforma laboral quitaron la autorización administrativa para poder hacerlo. Los otros no la recuperaron, todo sea dicho -aquí hay un poco de crítica-, y hay que
recuperarla. Es muy importante recuperar esa autorización administrativa, aunque no es el único mecanismo para evitar la deslocalización. La ley hoy es mucho mejor, pero todo eso dificulta. Y aquí también estaba Esquerra Republicana. Diez años
perdidos y, cuando la política pierde diez años, quien paga no es el BOE, quienes pagan son los trabajadores, también lo tenemos que decir. Cuando hay que elegir entre los derechos de la gente y el poder, demasiado a menudo la derecha en concreto
escoge al poder y no a la gente. Veremos qué pasa hoy, aunque me parece que volverá a pasar lo mismo.
Pedimos a los trabajadores de estas empresas que tengan memoria, porque no todo el mundo es igual. Al Gobierno le digo lo mismo: hay que recuperar la autorización administrativa. Por eso hoy les pido algo muy concreto: que voten que sí,
a favor de la huelga indefinida, porque hay alternativas a la empresa bloqueada, porque no se puede normalizar que una empresa multinacional mande más que el Congreso y la democracia. Voten que sí por empatía, pero también por algo muy simple, por
la dignidad institucional de esta Cámara. Hoy el Congreso elige si está al lado de estas empresas, con su cinismo, o si está al lado de las personas que trabajan para ganarse el pan. Nosotros votaremos que sí. Aquí no hay reestructuraciones, aquí
hay un abuso de poder, y el Gobierno puede limitarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hay iniciativas legislativas que se presentan envueltas de una retórica de protección y justicia social, incluso con bonhomía, como la de la portavoz del grupo proponente, pero son todo lo contrario a esto, como es habitual en la
izquierda. Esta es una de ellas. Se nos dice que el objeto es defender a los trabajadores frente a la deslocalización y evitar prácticas empresariales abusivas en un contexto de globalización intensa. La intención declarada -insisto- puede
parecer loable, la cuestión es si los instrumentos elegidos conducen realmente a fortalecer el empleo o si, por el contrario, introducen rigideces que acaban debilitando el tejido productivo que se pretende proteger.
La proposición parte de una idea que conviene examinar con serenidad, la de que el fenómeno de la deslocalización responde especialmente a un déficit normativo y que, por tanto, limitando determinadas decisiones empresariales, se preservará
el empleo. Sobre esta base se pretende añadir al Estatuto de los Trabajadores una nueva disposición que impida acudir a despidos colectivos, a extinciones objetivas, a modificaciones sustanciales o a inaplicaciones del convenio cuando la empresa
decida trasladar su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, presumiendo el fraude si existe vinculación directa o indirecta con ese traslado. Se sustituye así el análisis caso por caso de causas económicas -eso sería
interesante en razón a lo que ha dicho el señor Jordi Salvador: caso por caso por causas técnicas y económicas u organizativas- por un veto preventivo asociado a la mera localización geográfica. Pero el propio ámbito territorial elegido evidencia
una contradicción sustantiva: para un trabajador gallego cuya fábrica cierre el perjuicio será idéntico si la producción se traslada a China o si lo hace a Alemania, a Polonia o a cualquier otro Estado miembro del mercado interior. (Aplausos).
Así pues, no sirve esta proposición, no sirve. En ambos casos deberá plantearse si abandona su tierra con su familia o pierde su empleo.
Sin embargo, la propuesta acepta como asumible la deslocalización intraeuropea y solo sanciona la extracomunitaria. No se está ante una defensa estricta de la industria española, sino ante una delimitación que responde a un marco
supranacional concreto, aunque las consecuencias para nuestras familias trabajadoras sean exactamente las mismas. A ello se añade la previsión de reintegro íntegro de prestaciones y exoneraciones vinculadas a ERTE o mecanismos RED cuando en los
cuatro años anteriores la empresa se haya beneficiado de tales medidas. Conviene advertir que los expedientes temporales de regulación pueden obedecer a causas muy diversas y no necesariamente conectadas con una decisión futura de traslado.
Establecer un automatismo tan amplio en el tiempo introduce un elemento de desproporción que puede generar -y generaría- inseguridad y penalizar situaciones empresariales que en su origen fueron legítimas y ajenas a cualquier intención de
vaciamiento.
La segunda disposición propuesta incide en la transmisión de empresas o unidades productivas de cincuenta o más trabajadores, imponiendo la presentación obligatoria de un plan de viabilidad ante la autoridad laboral, un periodo de consulta
reforzado y la revelación de toda información disponible sobre la operación, incluido el precio y las condiciones comerciales o financieras. Se configura así un modelo de intervención intensa en decisiones privadas que afecta a la propiedad y a la
libre contratación entre particulares. No se trata de garantizar información laboral, sino de someter la operación mercantil a una exposición que puede frustrar acuerdos legítimos y disuadir a compradores solventes.
La introducción de un derecho preferente de adquisición por parte de la plantilla y la previsión de responsabilidades subsidiarias o incluso solidarias tras la transmisión completan un esquema que, lejos de facilitar reestructuraciones
ordenadas, puede dificultarlas. (Aplausos). Cuando se imponen cargas adicionales a quien valora invertir o adquirir una unidad productiva, el resultado no siempre es la continuidad
del empleo; en ocasiones, es la retirada de la oferta y, con ello, la liquidación definitiva de la sociedad. Existe además un principio económico elemental que rara vez se menciona: a mayores barreras de salida, mayores barreras de
entrada. Si el marco normativo convierte en extraordinariamente complejo reorganizar o transmitir una empresa, el inversor incorporará ese riesgo desde el inicio y ponderará con mayor cautela su decisión de implantarse o ampliar actividad en
nuestro país. La protección del empleo existente no puede diseñarse al margen de la necesidad de generar empleo futuro.
Nada de lo anterior implica desconocer que el Estado debe actuar contundentemente -insisto, contundentemente- frente al fraude o frente al uso oportunista de ayudas públicas. (Aplausos). Cuando existan compromisos de permanencia claramente
definidos, su incumplimiento debe tener consecuencias proporcionadas y eficaces, pero perseguir el abuso no equivale a convertir el derecho laboral en un sistema general de prohibiciones preventivas ni a difuminar los límites entre tutela laboral y
control administrativo de la empresa. La verdadera fortaleza industrial no se construye exclusivamente a través de vetos y obligaciones adicionales, sino creando un entorno en el que producir en España resulte competitivo, estable y previsible, y
esto en España ahora no sucede. Si no abordamos los factores estructurales que encarecen la actividad productiva y limitan su desarrollo, estaremos regulando las consecuencias sin afrontar las causas.
En ese equilibrio entre protección legítima y libertad económica responsable -sí, libertad de empresa- es donde debe situarse cualquier reforma seria. Fuera de ese equilibrio, el riesgo es que la norma, aun presentada como defensa del
trabajador, termine erosionando las condiciones que hacen posible el empleo sostenible en el tiempo y, por ende, en perjuicio del propio trabajador.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sanz Martínez.
La señora SANZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, en el Grupo Socialista valoramos favorablemente esta propuesta del Grupo SUMAR por su clara alineación con el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica presentado por el Gobierno y actualmente en fase de tramitación
parlamentaria. Además, esta iniciativa abunda en lo ya recogido en la proposición no de ley presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo SUMAR, aprobada el pasado mes de mayo en la Comisión de Industria y Turismo de esta Cámara.
Señorías, la reestructuración empresarial y la búsqueda de internacionalización y nuevos mercados son procesos deseables, pero sus efectos sobre el tejido productivo y el empleo no siempre lo son. Por eso se necesitan mecanismos que
mitiguen los efectos adversos que perjudican gravemente a nuestros territorios.
El Gobierno de España contempla entre sus objetivos de política económica el desarrollo de una estrategia industrial orientada al fortalecimiento del sector. Así lo acredita el despliegue de los PERTE como herramienta para canalizar
recursos y promover inversiones con gran capacidad de arrastre sobre la economía y la competitividad. También lo demuestra el peso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la palanca de modernización del
tejido industrial, que asciende al 22,8 % del total de las convocatorias resueltas. Todo ello cristaliza en la futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una norma que va mucho más allá de la propuesta que hoy debatimos, ya que no solo
pretende paliar los efectos de la deslocalización, sino que también busca mantener y proteger la actividad ya existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo así el empleo y la cohesión social y territorial. (Aplausos).
El objetivo no debe limitarse a evitar que las empresas se marchen, sino a conseguir que se instalen más, que generen empleo y que contribuyan a fijar población. Y esto es especialmente importante y relevante en territorios como el que yo
mejor conozco, Castilla y León, que lleva décadas perdiendo habitantes. En los treinta y nueve años de Gobiernos del Partido Popular en nuestra comunidad hemos visto cómo el desinterés y la falta de gestión han provocado la salida de empresas y el
descenso continuado de la población.
Señorías, permítanme recordar un ejemplo de deslocalización fuera de la Unión Europea que afectó gravemente a Castilla y León: el de la multinacional danesa de aerogeneradores Vestas, situada en Villadangos del Páramo, en León, que cerró su
planta y trasladó su producción en 2018, lo que llevó a la pérdida de casi cuatrocientos empleos directos. Pero es que la huida de empresas de Castilla y León no
se limita solo a la deslocalización hacia fuera de la Unión Europea. Son conocidos los casos de empresas emblemáticas, como Fontaneda, en Aguilar de Campoo, Palencia, o Lauki, Dulciora o Renault Comercial, en Valladolid, que se han
trasladado incluso a otras comunidades autónomas por la falta de incentivos de nuestro indolente Gobierno regional. Y la deslocalización es solo una parte del problema. También hemos visto cómo grandes oportunidades industriales han quedado en el
aire por falta de impulso político.
Pero los ciudadanos no debemos resignarnos ni sentirnos condenados a aceptar como inevitable la pérdida de oportunidades, porque cuando existe compromiso con el territorio, hay instrumentos para atraer actividad económica, para diversificar
el tejido productivo y para generar empleo de calidad. Y existen claros ejemplos que lo atestiguan, como el de los ocho años de Gobierno municipal de Óscar Puente, que impulsó la llegada a Valladolid de compañías tecnológicas, logísticas e
industriales y facilitó la implantación o ampliación de empresas consolidadas, como Amazon, que inauguró en noviembre de 2021 su estación logística, o Santander Consumer Finance, así como distintas promotoras vinculadas al desarrollo urbano. Pero
es que además el ayuntamiento de Puente trabajó en grandes proyectos estratégicos vinculados a la nueva movilidad, como InoBat, empresa eslovaca que proyectó en Valladolid una gigafactoría de baterías que contó con ayudas estatales de más de 50
millones de euros para garantizar su viabilidad y para situar a Castilla y León en el mapa europeo de la industria del vehículo eléctrico. (Aplausos). Del mismo modo, Switch Mobility, fabricante indio de autobuses eléctricos, anunció en 2021 su
intención de instalar una planta en Valladolid, vinculando a nuestra tierra con la transformación del transporte público hacia modelos sostenibles. Y todos estos proyectos no son menores, son enormes oportunidades de reindustrialización, de empleo
cualificado y de fijación de población.
Sin embargo, desde que el Partido Popular volvió a gobernar en el Ayuntamiento y con el señor Mañueco al frente de la Junta, estos proyectos estratégicos no han avanzado al ritmo que necesitaban. Esa es la diferencia entre impulsar y
bloquear, entre gestionar y dejar pasar. (Aplausos). Señorías, debemos ser claros: las medidas paliativas no bastan si los Gobiernos autonómicos del Partido Popular no asumen su responsabilidad para retener y atraer inversiones, porque se compite
con inversión, apoyando a nuestras empresas en su internacionalización, en la incorporación de nuevas tecnologías y en la formación. Y también con salarios dignos. De ahí la importancia del incremento del salario mínimo interprofesional, porque
los salarios dignos atraen talento, mejoran la productividad y refuerzan el crecimiento económico. Pero cuando no existe compromiso político, las oportunidades se enfrían.
Voy terminando, presidenta, esta proposición de ley viene a paliar en el ámbito laboral los efectos devastadores de una deslocalización que afecta gravemente a las condiciones de vida de toda la población vinculada a esa actividad. Por eso
el Grupo Socialista votará a favor de su toma en consideración, porque coincide con la dirección marcada por el Gobierno de España y porque es coherente con una estrategia industrial que ya está recogida en la futura Ley de Industria y Autonomía
Estratégica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Prieto Serrano.
La señora PRIETO SERRANO: Señorías de SUMAR, hoy nos traen esta proposición de ley con el pretexto de proteger los derechos de los trabajadores, cuando en realidad lo que buscan es seguir criminalizando y perjudicando a las empresas de
nuestro país, que son el principal motor de desarrollo económico y generadoras de empleo y de riqueza. (Aplausos). No utilicen a los trabajadores como coartada. No lo hagan. (El señor Lago Peñas hace signos negativos). Tienen que estar muy
desesperados para traer una iniciativa de estas características, desproporcionada, que implica injerencia en las potestades de autorganización de las empresas, control del ámbito de sus relaciones comerciales y mercantiles, penalizaciones
injustificadas, presunciones generalizadas de fraude y más obligaciones y cargas burocráticas en su funcionamiento. En resumen: un intento burdo de someter y controlar la libertad de empresa (aplausos), libertad de empresa que está consagrada en
el artículo 38 de la Constitución española.
Su grupo parlamentario va encajando una derrota política tras otra y su proyecto político se desintegra, ya ha perdido trece partidos por el camino. Y el liderazgo de la izquierda progresista, ¿dónde se ha quedado? (El señor Lago Peñas
pronuncia palabras que no se perciben). Yolanda Díaz: un gran espejismo. Su ministra ha roto el consenso propio del diálogo social y lo ha convertido en un instrumento de comunicación política al servicio de sus titulares electoralistas (el señor
Lago Peñas junta y separa repetidamente los dedos de la mano imitando el movimiento de una boca que se abre y se cierra
sin parar); anuncios vacíos, porque el Gobierno está paralizado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria que pueda legislar. Por eso se ven obligados a dictar reglamentos intervencionistas, al estilo de las viejas ordenanzas laborales
franquistas. (Risas del señor Lago Peñas.-El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!-Aplausos). ¡Vaya nivel de actividad legislativa! Esta reforma normativa requeriría de un acuerdo, dentro del diálogo social, entre los representantes de los trabajadores
y de los empresarios, pero -como ya nos tienen acostumbrados- su propuesta carece de él. Además, quieren crear un conflicto estéril donde no lo hay. Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los
derechos de los trabajadores.
Están muy preocupados con los fondos públicos -ya he oído a varios grupos-, pero cuando roban Koldo, Ábalos o Cerdán, no les preocupan. (La señora Martínez Barbero pronuncia palabras que no se perciben). No les preocupa nada. (Aplausos).
Miren, su silencio ante la corrupción económica de este Gobierno y ante la degradación moral los hace cómplices. (El señor Lago Peñas: Yo me voy). Depredadores sexuales en sus filas, altos cargos nombrados por ministros, presuntos violadores...
¡Menuda defensa de los derechos de la mujer!, ¡menudo fraude de la izquierda progresista, que ya no engaña a nadie en este país! (La señora Martínez Barbero: ¡A mí me va a decir lo que es feminismo!).
Las políticas laborales rígidas impuestas por su Gobierno, con continuas subidas de cotizaciones e impuestos, costes laborales, medidas improvisadas y ocurrencias múltiples que aumentan las cargas burocráticas, están deteriorando gravemente
el mercado laboral. Generan incertidumbre e inseguridad jurídica, ahuyentan inversiones, provocan huidas de empresas y destruyen puestos de trabajo. El Gobierno que presume de modernizar la economía española ha destruido tejido productivo. Más de
67 000 empresas desaparecidas desde el año 2018. Las empresas pierden productividad y competitividad. Ha descendido la productividad por empleado un 1,9 %, frente a la subida media del 1,2 % de la Unión Europea. Se han perdido miles de empleos en
sectores como la agricultura, la industria o el comercio. Y vosotros miráis para otro lado. (La señora Martínez Barbero: ¿Nosotros?).
En la última adenda de ejecución de fondos europeos, de diciembre de 2025, el Gobierno ha renunciado a aprobar los principales hitos legislativos, entre ellos la ley de industria. Es un Gobierno incompetente, incapaz de gestionar los fondos
europeos. Ha renunciado a 60 000 millones de euros para transformar y modernizar la economía española por su incapacidad para gestionarlo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Como esta ley se ha esfumado y ya no tienen percha donde colgar esta
reforma, ahora tienen que venir aquí al Congreso y traerla por separado, descontextualizada y sin rigor técnico.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó recientemente a las empresas de nuestro país como trituradoras de salarios y las responsabiliza de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. ¡Pero qué desfachatez, qué colmo de
cinismo! El Gobierno con mayor voracidad fiscal de la historia de la democracia, que tiene asfixiadas a las empresas, a las familias y a los trabajadores, que les quita la mayor parte de las subidas salariales a través de los impuestos -subidos más
de 97 veces- y obliga a tributar a las rentas más bajas. El Gobierno que ha batido récord histórico en recaudación y con el que peor funcionan los servicios públicos. ¿Dónde está el dinero de los ciudadanos? ¿Dónde están los fondos públicos?
(Aplausos). España no funciona con este Gobierno.
La situación del mercado laboral no es más halagüeña: es muy preocupante, está muy alejada del triunfalismo oficial del que alardean. Líderes en desempleo en la Unión Europea en los últimos cuarenta meses, parcialidad no deseada, aumento
del pluriempleo forzoso, la tasa de rotación laboral más alta de la Unión Europea y las cifras de absentismo laboral disparadas, más de un millón de trabajadores cada día no acude a su puesto de trabajo. Y ustedes miran para otro lado. La holgura
laboral, enorme: 2,7 millones de trabajadores desanimados que abandonan las listas del paro y que están subempleados. La precariedad laboral, real, que no se puede tapar con maquillaje: solo dos de cada diez contratos son indefinidos o a jornada
completa. Tenemos un empleo que ya no garantiza vivir de él. La pobreza laboral: dos millones y medio de personas tienen trabajo, pero están trabajando en un empleo precario, que no les garantiza un medio de vida. Tenemos la más alta volatilidad
en el empleo de los últimos años: cada afiliado necesita una media de treinta contratos al año para generar una afiliación. Y los registros del paro ocultan a los fijos discontinuos inactivos: en el mes de enero, más de 900 000.
Con este panorama, el Ministerio de Trabajo debe abandonar su intervencionismo y sus medidas propagandísticas y centrarse en resolver los problemas que realmente afectan a la calidad de vida de los trabajadores. La regulación que plantean
está alejada de la realidad y de la lógica del funcionamiento de las empresas. No se puede imponer por ley la perpetuación de las relaciones laborales sin posibilidad de modificación ni extinción ni para las empresas ni para los trabajadores. Las
fugas de empresas derivan de
las políticas erráticas de su Gobierno. No atacan el origen del problema, siguen regulando de forma rígida, con restricciones, ahuyentando potenciales inversiones y también potencial creación de puestos de trabajo. Intentan poner puertas y
límites a una realidad económica globalizada, algo que solo denota un sesgo proteccionista trasnochado. Hay que adoptar medidas que permitan aumentar la productividad y competitividad de las empresas. Cuando un Estado pone trabas a la libertad de
circulación y de establecimiento, el resultado final es contraproducente para el empleo.
Mire, su intento de estigmatizar a las empresas citadas en la exposición de motivos no va a eliminar los cientos de miles de puestos de trabajo que han creado en España ni las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. En
España, en nuestro país, se necesitan más Zara, más H&M, muchas más empresas con prestigio y más autónomos. Y, por supuesto, menos SUMAR. (El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!-Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Prieto.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000004).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on guztioi.
Señorías, con la proposición de ley que presentamos proponemos reconsiderar las dos leyes orgánicas, la 12/2015 y la 15/2015, que modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. Como sus señorías conocen, por un lado, con
la Ley Orgánica 12/2015 se reintrodujo el recurso previo de inconstitucionalidad en la elaboración de los estatutos de autonomía, que estuvo vigente para todas las leyes orgánicas desde su aprobación en 1979 hasta 1985; y, por otro lado, con la Ley
Orgánica 15/2015 se estableció un nuevo régimen jurídico para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional para, según se dice en su exposición de motivos, garantizar la ejecutividad de sus decisiones ante eventuales incumplimientos.
Señorías, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad en el proceso de elaboración de las leyes orgánicas de aprobación de los estatutos de autonomía, es decir, el recurso contra lo aprobado por las Cortes Generales y antes de
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, supone, cuando menos, un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas en cuanto a su voluntad y capacidad de defensa de la misma Constitución. Algo, señorías,
que a nuestro juicio consideramos políticamente inaudito además de arbitrario. Decimos arbitrario porque parece que las Cortes Generales desconfían de sí mismas para defender la Constitución cuando aprueban estatutos de autonomía, pero no cuando
aprueban otras leyes orgánicas, y sin darnos razón alguna lo cual nos parece inaceptable. Pero, señorías, como les decía, el recurso previo no es solo un acto de desconfianza preventiva hacia sí mismas de las Cortes Generales -además de
arbitrario-, sino que es también un instrumento de obstrucción previo con efectos perturbadores en manos de los grupos parlamentarios que se opusieran a lo aprobado por las Cortes Generales y antes de su publicación. Se pone así, de hecho, en manos
de la minoría parlamentaria un instrumento de bloqueo de lo aprobado por la mayoría. Se posibilita así un auténtico veto político en manos de la oposición con efectos perturbadores en el sistema de relaciones entre las mayorías y las minorías
parlamentarias. Además, señorías, no es que solo se distorsione el sistema de relaciones entre las mayorías y las minorías parlamentarias, como les decía, sino que supone, de hecho, delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver los
problemas políticos de fondo entre los grupos parlamentarios, facilitando con esta dejación la obstrucción parlamentaria ya que lo ha aprobado por las Cortes queda en suspenso hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Esta situación,
señorías, convierte, de hecho, al Alto Tribunal en una tercera Cámara legislativa cuando, lanzado a intervenir en el procedimiento legislativo, corre el riesgo de caer en la tentación de invadir la competencia del legislador y condicionarlo, ya que
en la sentencia de declaración de inconstitucionalidad o interpretativa de algún precepto de la ley orgánica aprobado por las Cortes pueden introducirse por el Alto Tribunal indicaciones al legislador de lo que tiene que hacer, imponiéndole o
sugiriéndole, mediante su interpretación
o motivación, la proyección normativa concreta de los valores constitucionales reconocidos. En tal caso podría caer en el arbitrismo o decisionismo judicial, como en su día fue denunciado en no infrecuentes votos particulares a alguna de
las sentencias constitucionales dictadas con ocasión de recursos previos de inconstitucionalidad hasta el año 1985, mientras estuvo vigente este recurso previo.
Señorías, por esta experiencia política del recurso previo repleta de incongruencias, su supresión en 1985 fue calificada, generalmente por la doctrina, como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del
Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal. Sin embargo, con la ley orgánica de 2015 nuevamente se vuelve a incorporar un auténtico veto político en los procedimientos de reforma
de los estatutos de autonomía; un procedimiento no previsto constitucionalmente que se pone en manos de la minoría parlamentaria -como les decía-, disconforme con lo aprobado por la mayoría, lo que conlleva que se desnaturalice el procedimiento
legislativo y el modelo que la Constitución establece. Esto afecta necesariamente a la esencia de la función del Tribunal Constitucional -que es siempre reparadora y a posteriori como legislador negativo, y no a priori y preventiva-, con el riesgo
de actuar como legislador positivo invadiendo las competencias del legislador y, finalmente, politizando la función jurisdiccional del Constitucional, además de considerar, como ya he señalado, a los estatutos de autonomía con un rango político
menor al de otras leyes orgánicas.
Señorías, como les decía al principio de esta intervención, la segunda reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se produjo en 2015, y cuya reversión también proponemos, fue la que estableció un nuevo régimen jurídico para
garantizar la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional ante eventuales incumplimientos. Esta reforma consistió en dos potestades coactivas a su disposición: la suspensión de autoridades de todos los poderes públicos y la ejecución
sustitutoria, bien por el propio Tribunal o, incluso, requiriendo al Gobierno del Estado central para que adopte las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. Tenemos que señalar, en primer lugar y como cuestión previa, que esta reforma,
como conocen sus señorías, tuvo en 2016 sentencia favorable del mismo Tribunal Constitucional, lo cual no lo consideramos óbice para que propongamos su derogación por, como pusieron de manifiesto los votos particulares a esa sentencia, las graves
consecuencias que su aplicación tendría en el entramado de normas que contienen los principios y valores de la organización jurídico-política del Estado -como son las garantías constitucionales de las medidas punitivas-, además de una grave
alteración del sistema de equilibrios de poderes y afectación del modelo de Estado de las autonomías; cuestiones aplicativas sobre las que el Tribunal eludió pronunciarse diciendo algo así como que, en su caso, ya se vería cuando llegue el momento
de su aplicación; es decir, se refugió así tras un juicio abstracto de la ley.
Señorías, ¿se imaginan las implicaciones constitucionales que tendría la suspensión, sin mediar un proceso penal con todas las garantías, de miembros de esta Cámara o de miembros de parlamentos autonómicos o de los mismos miembros del
Gobierno central o autonómicos? Porque, señorías, la Ley Orgánica 15/2015 convierte, de hecho, al Tribunal Constitucional en un tribunal penal, pero sin un proceso penal regulado, es decir, sin respetar la legalidad penal como establecen el
artículo 25 de la Constitución, el 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos y el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No cabe autoengaño alguno, la suspensión de autoridades del Poder Legislativo o Ejecutivo es una medida sancionadora
disciplinaria o penal, pero sancionadora. No es una medida cautelar ni tampoco una medida de ejecución conocida en nuestro ordenamiento sancionador, sustantivo o procesal. Además, la suspensión efectiva por parte del Tribunal Constitucional de
autoridades y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos, incluidos -repito- los de esta Cámara, altera el equilibrio y el juego constitucional de contrapesos con el resto de los poderes del Estado.
Señorías, el constituyente no quiso entregar al Tribunal Constitucional -si no, lo hubiera hecho- competencias para enjuiciar y suspender a titulares de otros poderes por infracción legal o constitucional. Esta es una facultad que
constitucionalmente solo corresponde a la justicia ordinaria a través de un proceso penal con todas las garantías; y, además, como ya conocen, en el caso de las Cámaras del Poder Legislativo, con previa autorización de estas para el enjuiciamiento
de sus miembros.
Como les decía, la segunda potestad coactiva atribuida al Tribunal Constitucional en la Ley Orgánica 15/2015 es la ejecución sustitutoria de sus resoluciones, bien por sí mismo o a través del Gobierno central. Como también han señalado
algunos magistrados del Tribunal Constitucional, es una facultad del Tribunal que se solapa con el diseño del artículo 155 de la Constitución, al tener el mismo supuesto de hecho, las mismas consecuencias y el mismo procedimiento, pero cambiando el
actor
principal: para el artículo 155 de la Constitución, son instancias políticas del Gobierno central; para la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es el propio Tribunal Constitucional. Y cambiando el diseño de la lógica constitucional:
para la Constitución, el artículo 155 toma como base, en el fondo, que los conflictos políticos han de ser resueltos en atención a su propia naturaleza, esencialmente política, en instancias políticas y no jurídicas, entre el Gobierno central y los
correspondientes Gobiernos autonómicos. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esos conflictos se resuelven mediante la judicialización.
Presidenta, voy finalizando. Señorías, como dijimos en esta Cámara hace ya casi diez años, hay ciertos problemas con ropaje jurídico y cuerpo político que, si se quieren abordar por su raíz y naturaleza, han de ser tratados esencialmente a
nivel político y no a través de su apariencia, lo jurídico. Lo jurídico, es la forma; lo político, es el fondo.
Señorías, las palabras equivocadas a veces nos llevan a pensamientos erróneos y a soluciones inverosímiles que no hacen más que agravar los asuntos que se pretenden acometer. A nuestro juicio y al de buena parte de la doctrina y de los
miembros del Alto Tribunal, ambas reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizadas en 2015 suponen una desnaturalización del modelo de justicia constitucional, con negativas consecuencias, al atribuir al Tribunal Constitucional
unas responsabilidades que no le son propias, y con una distorsión en el sistema de equilibrios y contrapesos de los distintos poderes del Estado, y da un paso más en el camino de judicializar procesos y situaciones que son eminentemente políticas.
Por eso, señorías, consideramos que debe retrotraerse la ley orgánica del Alto Tribunal a la situación anterior a la aprobación de las leyes orgánicas 12/2015 y 15/2015.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Legarda.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Vasco nos trae una proposición de ley para modificar la ley del Tribunal Constitucional, con el objetivo de eliminar tanto el recurso previo de inconstitucionalidad frente a reformas estatutarias como el régimen
sancionador que el Partido Popular incorporó en el año 2015 para los cargos públicos. Esta ley no se ha traído al Congreso solamente esta vez, sino que también se trajo en los años 2016 y 2021, pero no se llegó a tramitar. Y no se trata de una
reforma meramente técnica ni menor, sino que tiene que ver con algo que es muy serio: cuál es el papel del Tribunal Constitucional en una democracia y hasta dónde debe llegar su intervención en los conflictos políticos.
Recordemos que, en el año 2015, en pleno conflicto territorial, el Partido Popular decidió convertir el Tribunal Constitucional en algo más que un órgano jurisdiccional y le otorgó facultades de ejecución directa, con la posibilidad también
de imponer sanciones e incluso la suspensión de autoridades públicas elegidas democráticamente. La verdad es que esto supuso un salto cualitativo que tensionó la separación de poderes y, además, desdibujó la naturaleza del propio Tribunal
Constitucional. Un tribunal constitucional está para interpretar la Constitución y declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas; no está para convertirse en un órgano disciplinario del Poder Legislativo ni tampoco en una
herramienta de confrontación política.
La reforma que propone hoy el Grupo Vasco pretende eliminar este modelo punitivo y devuelve el Tribunal a su configuración anterior. Sinceramente, desde nuestro punto de vista, esto sí que corrige un exceso. Además, como he dicho antes,
elimina el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, un mecanismo que introduce un control preventivo que no estaba previsto originariamente en la arquitectura constitucional y que, en la práctica, podía operar como un
veto político, antes incluso de que la ciudadanía pudiera pronunciarse en un referéndum.
Señorías, los conflictos políticos se resuelven con política, con debate, con diálogo y con negociación, pero no trasladando permanentemente las decisiones al ámbito judicial. Ahora bien, dicho esto, también queremos decir que la reforma
que se propone corrige una deriva concreta, pero no resuelve el problema estructural de fondo. El Tribunal Constitucional sigue siendo un órgano cuya composición depende de mayorías parlamentarias, bloqueadas además durante años. Sigue existiendo
esa percepción por parte de la ciudadanía y de todo el mundo del reparto por cuotas entre los grandes partidos del bipartidismo. Además, seguimos sin abordar una reforma profunda que refuerce su independencia real y su legitimidad social. Y si
hablamos de democratización, no podemos olvidar que el acceso al recurso de amparo sigue
siendo extraordinariamente restrictivo para la ciudadanía común, especialmente cuando hablamos de derechos sociales.
Por tanto, nuestra posición es coherente con lo que hemos venido diciendo siempre: no queremos un Tribunal Constitucional convertido en una tercera Cámara legislativa y no queremos un Tribunal Constitucional con funciones cuasi ejecutivas
que alteren el equilibrio entre poderes, pero tampoco nos conformamos con una reforma limitada que no toque el corazón ni el fondo del problema.
Como digo, esta proposición corrige los excesos de 2015, y eso en parte es positivo, pero la democratización del Poder Judicial en nuestro país es urgente y sigue pendiente. Aun así, votaremos a favor, señor Legarda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Eskerrik asko, mahiburu andrea.
Arratsalde on, jaun-andreok.
Señorías, hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra Cataluña. (Rumores). Sí, contra Cataluña.
En esta proposición de ley que trae de nuevo el Grupo Vasco -ya la vimos en la legislatura anterior- se trata de derogar dos medidas que, por un lado, llevaban a aprobar los recursos previos de constitucionalidad ante los estatutos de
autonomía y, por otro, dotaban al Tribunal Constitucional de unas capacidades que cambiaban la naturaleza misma de ese tribunal. De hecho, no son pocos los juristas que decían que en el primer caso, el de los recursos previos -y ya lo señalaba la
portavoz que me precedió en el uso de la palabra-, convertía, de hecho, al Tribunal Constitucional en una tercera cámara parlamentaria ante esos estatutos de autonomía. Y en relación con los cambios para dotar de capacidades ejecutivas para
sancionar al Constitucional, veíamos que varios y varias juristas señalaban que, de hecho, era una reforma constitucional por la puerta atrás, de tapadillo, teniendo en cuenta que cambiaba la naturaleza de ese órgano.
Podríamos preguntarnos, ¿cuál era la intención del Partido Popular en aquella época? Obvio: coartar la decisión política de los representantes elegidos en los diferentes territorios o en los parlamentos de las diferentes comunidades en un
momento y en un contexto en el que estaba en auge el procés en Cataluña. A nosotros, a Euskal Herria Bildu, no nos preocupa únicamente el recurso previo en el momento que ese tribunal pueda realizar una injerencia sobre una decisión de ese
hipotético parlamento, nos preocupa que lo pueda hacer también después. Nos da igual el momento y, de hecho, creemos que nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra
de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto, y más teniendo en cuenta que, en el caso de la sociedad vasca, hablamos de un tribunal que no cuenta con ningún tipo de legitimidad otorgada por su ciudadanía.
En relación con la reforma de dotar de capacidades ejecutivas y de resoluciones, como suspensiones o ejecución de decisiones, del tribunal, como decía antes, esta va en contra de la separación de poderes. Además, distorsiona ese equilibrio
que debe haber entre lo territorial y lo competencial, más cuando hablamos de un Estado plural, de un Estado compuesto en el cual esos equilibrios son aún más importantes. Pero el PP creyó en ese momento, porque tenía mayoría absoluta en esta
Cámara, que podía hacerlo y que un giro de tuerca hacia la recentralización y hacia la represión le iba bien. No hay más que recordar -hoy lo he revisado- el discurso del señor Hernando, que no se encuentra en la Cámara en este momento, del 16 de
septiembre del 2015 en el que mencionó en más de veinte ocasiones a Cataluña y al president Más. Una norma aprobada ad hoc, de manera urgente y en lectura única -recordemos- dos semanas antes de las elecciones autonómicas de Cataluña. Esto era un
acto electoral más que la aprobación de una norma, un mes antes de que se disolvieran estas Cortes en la X Legislatura. O sea, no ya el constituyente, que decía el señor Legarda, sino que, a pesar de que en treinta y cinco años no se había visto la
necesidad de dotar de esas capacidades al Tribunal Constitucional -nadie las había pedido-, el PP decidió que era algo importantísimo para amenazar y para coartar a los representantes políticos de Cataluña.
Estas dos reformas que llevó a cabo el Partido Popular, en el fondo anunciaban lo que iba a hacer respecto a la tensión que se estaba dando por el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español. ¿Cuáles fueron las técnicas
que utilizó? Las conocemos todos y todas: la negación, la imposición,
la amenaza, la criminalización y la violencia contra los votantes el 1 de octubre. Y con esa represión, ¿qué consiguieron? Consiguieron que España se convirtiera en la Turquía Occidental. Hubo numerosos llamamientos, tanto de órganos de
Naciones Unidas como del Consejo de Europa y de diferentes países, afeando la posición de España y solicitándole diálogo y negociación para acabar con lo que es un conflicto político, porque, no nos engañemos, es cierto que la tensión se ha
reducido, pero el conflicto político existente, tanto entre Cataluña y el Estado español, como entre Euskal Herria y el Estado español, siguen irresueltos. Hay que buscar, mediante el debate, la negociación, el diálogo y el acuerdo, el encaje o el
desencaje de esos territorios, que tienen mayorías que exigen ser dueñas de su futuro institucional.
Voy acabando, porque se me agota el tiempo. Señores del Grupo Vasco, tanto ustedes como nosotros, como la mayoría de la sociedad vasca, exigimos ser dueños de nuestro futuro institucional y que, además, esas decisiones se palpen en acuerdos
que tengan reflejo y también en acuerdos transversales para dotarnos de mayores capacidades, de mayor soberanía o de nuevos estatus. De hecho, hay un mandato claro en la comunidad autónoma vasca para llegar a un acuerdo. Consideramos que nunca un
tribunal ajeno, como es el Tribunal Constitucional, puede estar por encima de la decisión de nuestros Parlamentos.
Por ello, hoy, por responsabilidad y por coherencia, ya que votamos en contra de las medidas que aprobó el Partido Popular, apoyaremos esta medida.
Eskerrik asco. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
... té la paraula el senyor Pagès i Massó.
... tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Presidenta, senyories, bona tarda.
Amb gran desplegament de mitjans i molt d'interès personal, d'alguns, s'anuncia l'arribada de l'extrema dreta com si fos una cosa nova. La realitat és que les amenaces de l'extrema dreta, sembla que alguns ja ho han oblidat, son una
realitat consolidada a l'Estat espanyol des de fa anys. Una realitat que va néixer contra el procés català, com ha explicat perfectament el diputat que ha precedit, Jon Iñarritu, i que es va concretar fent de l'excepció la normalitat, com la llei
de 2015 que avui la proposta del Partit Nacionalista Basc proposa revertir. I qui ho va fer, això? Qui va fer aquesta conversió de l'excepció en normalitat? No l'extrema dreta, que no existia com a tal l'any 2015, ho va fer el Partit Popular, la
suposada dreta democràtica. I saben qui ho ha mantingut i portat a l'extrem? El PSOE, l'esquerra espanyola. Un estat d'excepció que va tenir un moment clau, com dèiem el 2015, amb la reforma de diverses lleis que tenien l'únic objectiu de fer
front a la fermesa de Catalunya per exercir el seu dret a l'autodeterminació. Davant d'això, no es van estar de res. Reforma del Codi Penal i de la Llei Mordassa, i aprovació de la Llei Mordassa, per perseguir i fer callar els que no pensen com
ells. Per cert, fa cinc anys que Pablo Hasél està empresonat, injustament, empresonat, empresonat en condició de pres polític. I des d'aquí ho tornem a dir llibertat. Pablo Hasél continua. Reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal i de la
LOREG per privar de drets els representants electes i per laminar la sobirania dels parlaments davant l'activisme judicial. Més reforma del Tribunal de Comptes i del Tribunal Constitucional, que és la que ens ocupa.
Totes aquestes lleis i moltes altres van ser aprovades el 2015 i sense l'ajuda de VOX. I insisteixo, que no existia. I fa 8 anys que governa l'esquerra espanyola des d'aquell fatídic 2015. I quantes d'aquelles lleis del PP s'han repartit?
Cap, absolutament cap. Ni mordassa, ni llibertat d'expressió, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal de Comptes, ni 384 bis LECrim, com tampoc han volgut canviar les lleis de secrets oficials franquista o la del CNI, tenint les majories, aquests
governs d'esquerres no han volgut canviar cap d'aquestes lleis estructurals. Al contrari, els governs progressistes han decidit anar més enllà que ningú en fer de l'excepció la norma. Alguns exemples: l'existència d'un govern sense majoria
parlamentària en un sistema parlamentari. Inaudit. L'ús indiscriminat dels reials decrets llei òmnibus, el cas omís del deure constitucional de presentar anualment pressupostos. Tot això, totes aquestes decisions en detriment de la deliberació
parlamentària. Continuo: la instrumentalització de la fiscalia per a fins polítics, la reforma constitucional per a fins electoralistes o l'intent que, aviso que no arribarà, enlloc d'espatllar la llei d'amnistia. Una llei que reconeix
l'existència d'un conflicte polític, que l'esquerra espanyola ha intentat buidar de contingut amb el fals argument de la reconciliació.
El resultat és un estat dual, un edifici amb façana de cartró pedra, d'estat de dret i una cuina que és on es prenen les decisions. On regna l'excepció, l'oportunitat, l'opacitat. Exemple d'això i de la hipocresia i de la gestualitat per
interessos partidistes és la desclassificació a la carta de documents -veurem
quins- del 23-F. Com que ahir era 23-F i com que hi ha un senyor expert en blanquejar el falangisme que va fer un llibre sobre el 23-F i ara es veu que se n'ha fet una sèrie d'aquest llibre, algú va pensar: 'Eh! Desclassifiquem alguna cosa
del 23-F. Diguem que som molt transparents i sobretot fem un titular amb una frase amb ganxo del tipus 'la memòria no puede seguir bajo llave''. Per favor, per favor.
Mirin a hipòcrites, senyors socialistes, no els guanya ningú. Si algú s'ha esforçat per mantenir la memòria bajo llave, són vostès, el partit Socialista. Són vostès els que durant anys han bloquejat la derogació de la Llei de Secrets
Franquista de 1968. Són vostès els que han presentat una proposta indigna que reprodueix la llei franquista de 1968, a la que, per cert, Junts per Catalunya ha presentat una esmena a la totalitat. Són vostès els que han impedit desclassificar la
informació dels San Fermins del 1978. Els que tenen bajo llave la informació del GAL i la desaparició de Mikel Zabalza. Són vostès els que no desclassifiquen la informació del 17-A, de l'Operació Catalunya del PP, però tampoc l'operació Catalunya
del PSOE, la de Pegasus i la del Ministeri de l'Interior de Marlaska.
I ara ens venen amb que la memòria no puede seguir vajo llave. Au, va! Au, va. Fins aquí. No ens fotin més el pèl i activin ja la proposició de llei del Partit Nacionalista Basc, que sí que respon als estàndards de transparència i que,
per cert, ha estat presa en consideració no sé quantes vegades. L'última el febrer de 2024. Precisament la proposició de llei del PNV que ens ocupa ara també va ser presa en consideració la legislatura passada per, amb total menyspreu del
parlamentarisme, acabar en un calaix fins que va decaure al final de la legislatura. I tot per la falta de voluntat política del PSOE, perquè les majories per tirar-la endavant i eren les majories per revertir la reforma de la llei orgànica del
Tribunal Constitucional del PP de l'any 2015 hi eren.
Per aprofitar el temps que em queda, deixin-me dir quatre coses molt bàsiques. La primera, la proposició de llei del diputat Mikel Legarda, és una lliçó de parlamentarisme i de dret constitucional necessària per entendre què és l'estat de
dret i la separació de poders. Si us plau, els hi demano que la llegeixin. Dos: com que el text presentat és el mateix, em remeto al diari de sessions del 23 de març de 2021. Allà hi trobaran el que aquest humil diputat va expressar en nom de
Junts al respecte i, per tant, que és exactament el mateix que diem al respecte de la proposta que es presenta avui, perquè és la mateixa proposta. Per tant, aquell debat ens remetem. Tres: per afegir alguna cosa per afegir alguna cosa, nosaltres
pensem que la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional també hauria d'incloure la previsió d'un conflicte de competències entre poder judicial i els altres òrgans constitucionals, molt especialment els parlaments, tal i com defensa un altre gran
jurista basc, Iñaki Lasagabaster.
És imprescindible per garantir la divisió de poders i, sobretot, la sobirania dels parlaments davant l'activisme polític de la judicaturaue es prevegi aquest mecanisme de conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional i, a més
a més, sobretot...
Presidenta.
Señorías, buenas tardes.
Con un gran despliegue de medios y mucho interés personal de algunos, se anuncia la llegada de la extrema derecha como si fuera algo nuevo. La realidad es que las amenazas de la extrema derecha -parece que algunos ya lo han olvidado- son
una realidad consolidada en el Estado español desde hace años. Una realidad que nació contra el procés catalán, como ha explicado perfectamente el diputado que me ha precedido, el señor Jon Iñarritu, y que se concretó haciendo de la excepción la
normalidad, como la ley de 2015 que hoy el PNV propone repartir. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo esa conversión de la excepción en normalidad? No la extrema derecha, que no existía como tal en el año 2015, lo hizo el Partido Popular, la supuesta
derecha democrática. ¿Y saben quién lo ha mantenido y lo ha llevado al extremo? El PSOE, la izquierda española. Un estado de excepción que tuvo un momento clave, como dijimos, en 2015, con la reforma de distintas leyes que tenía como objetivo
hacer frente a la firmeza de Cataluña para ejercer su derecho a la autodeterminación. Ante esto, no se ahorraron nada: aprobación de la ley mordaza para perseguir y hacer callar a los que no piensan como ellos. Por cierto, hace cinco años que
Pablo Hasél está injustamente encarcelado como preso político, por lo que desde aquí lo volvemos a decir: 'Libertad Pablo Hasél'. Y sigo: reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la LOREG para privar de derechos a representantes electos
y para laminar la soberanía de los parlamentos ante el activismo judicial. Más: reforma del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional que nos ocupa.
Todas estas leyes y muchas otras fueron aprobadas en 2015 y sin la ayuda de VOX, insisto, que no existía. Y hace ocho años -¡hace ocho años!- que gobierna la izquierda española. Desde ese fatídico 2015. ¿Y cuántas de esas leyes del PP se
han revertido? Ninguna, absolutamente ninguna.
(El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ni mordaza, ni libertad de expresión, ni Tribunal Constitucional, ni Tribunal de Cuentas, ni 384, ni tampoco han querido cambiar las leyes de secretos oficiales
franquistas o la del CNI. Teniendo las mayorías, estos Gobiernos de izquierdas no han querido cambiar ninguna de estas leyes estructurales. Al contrario, los Gobiernos progresistas han decidido ir más allá que nadie y hacer de la excepción la
norma. Algunos ejemplos: la existencia de un Gobierno sin mayoría parlamentaria en un sistema parlamentario -inaudito-, el uso indiscriminado de los reales decretos ley ómnibus, el caso omiso del deber constitucional de presentar anualmente
presupuestos. Todo esto, todas estas decisiones en detrimento de la deliberación parlamentaria. Y sigo: la instrumentalización de la Fiscalía para fines políticos, la reforma constitucional para fines electoralistas o el intento -que aviso de que
no va a ir a parar a ningún lado- de romper la ley de amnistía que reconoce un conflicto político que la izquierda española ha intentado vaciar de contenido con el falso argumento de la reconciliación.
El resultado es un estado dual, un edificio con fachada de cartón-piedra que se queda de pie y la cocina, donde se toman las decisiones, donde reina la excepción, la oportunidad, la opacidad. Ejemplo de ello y de la hipocresía y de la
gestualidad para intereses partidistas es la desclasificación a la carta de documentos -veremos cuáles- del 23-F. Como ayer fue el 23-F y como hay un señor experto en blanquear el falangismo que hizo un libro sobre el 23-F y que ahora se ve que
este libro se ha convertido en una serie, alguien pensó: Venga, vamos a desclasificar algo del 23-F; vamos a decir que somos muy transparentes y, sobre todo, hagamos un titular con una frase con gancho del tipo 'la memoria no puede seguir bajo
llave'. ¡Por favor! ¡Por favor! A hipócritas, señores socialistas, no les gana nadie.
Si alguien se ha esforzado para mantener la historia bajo llave son ustedes, el Partido Socialista. Son ustedes los que durante años han bloqueado la revocación de la ley de derechos franquista de 1968; son ustedes los que han presentado
una propuesta indigna que reproduce la ley franquista de 1968, a la que, por cierto, Junts per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad; son ustedes los que han impedido desclasificar la información de los Sanfermines del 78, los que
tienen bajo llave la información del GAL y la desaparición de Mikel Zabalza; son ustedes los que no desclasifican la información del 17-A de la operación Cataluña del PP, pero tampoco la operación Cataluña del PSOE, la de Pegasus y del Ministerio
de Interior de Marlaska.
Y ahora nos vienen con que la memoria no puede seguir bajo llave. ¡Venga ya! ¡Hasta aquí! No nos tomen más el pelo y activen ya la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, que sí responde a los estándares de transparencia y que,
por cierto, se ha tomado en consideración no sé cuántas veces -la última en febrero de 2024-. Precisamente, la proposición de ley del PNV que nos ocupa ahora también se tomó en consideración en la legislatura pasada para, con total menosprecio del
parlamentarismo, acabar en un cajón hasta que decayó al final de la legislatura. Y todo por la falta de voluntad política del PSOE, porque las mayorías para tirarla hacia adelante estaban; pero, para revertir la reforma orgánica del Tribunal
Constitucional del PP del 2015 también estaban.
Para aprovechar el tiempo que me queda, permítanme decir cuatro cosas muy básicas. Una, la primera, la proposición de ley del diputado Mikel Legarda es una lección de parlamentarismo y de derecho constitucional necesaria para entender qué
es el Estado de derecho y la separación de poderes. Por favor, les pido que la lean. Dos, puesto que el texto presentado es el mismo, me remito al Diario de Sesiones del 23 de marzo de 2021, ahí encontrarán lo que este humilde diputado expresó en
nombre de Junts al respecto y que, por lo tanto, es exactamente lo mismo que decimos al respecto de la proposición que se propone hoy, porque es la misma proposición, a ese debate nos remitimos. Tres, para añadir algo, nosotros creemos que la ley
orgánica del Tribunal Constitucional también tendría que incluir la previsión de un conflicto de competencias entre poderes judiciales y los demás órganos constitucionales, especialmente los parlamentos, tal como lo defiende otro gran jurista vasco,
Iñaki Lasagabaster.
Es imprescindible para garantizar la división de poderes y, sobre todo, la soberanía de los parlamentos ante el activismo político de la Judicatura, que se prevea este mecanismo de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor PAGÈS I MASSÓ: ... és necessari que saprovi i sobretot, és necessari per no fer-nos passar la vergonya que ens va fer passar lanterior presidenta daquesta cambra.
I acabo. El 2015, el Partit Popular, després de l'èxit de la consulta del 2014, servint-se de la seva majoria absoluta en lectura única, excepcionalitat i a quatre dies, dues setmanes de fet de les eleccions
catalanes, va aprovar aquesta llei infame que es proposa revertir. Com diu l'exposició de motius del senyor Legarda, la llei de 2015 partia de l'infantilisme de creure que amb l'ordeno y mando, en lloc del diàleg i la negociació, es poden
resoldre conflictes. Per combatre el moviment democràtic d'autodeterminació, es va fins i tot desnaturalitzar el Tribunal Constitucional, donant-li una aura de defensor de la Constitució amb un recurs previ...
... y, sobre todo, es necesario para no hacernos pasar la vergüenza que nos hizo pasar la anterior presidenta de esta Cámara.
Acabo. En 2015, el Partido Popular, después del éxito de la consulta de 2014, y utilizando su mayoría absoluta en lectura única, excepcionalidad, y a cuatro días -dos semanas, de hecho- de las elecciones catalanas, aprobó esta ley infame
que quiere revertir. Y, como dice la exposición de motivos del señor Legarda, la ley de 2015 partía del infantilismo de creer que con el ordeno y mando, en lugar del diálogo y la negociación, se pueden resolver conflictos. Para combatir el
movimiento democrático de autodeterminación, incluso se desnaturalizó el Tribunal Constitucional dándole un aura de defensor de la Constitución con un recurso previo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice.
El señor PAGÈS I MASSÓ: I acabo. Si us plau. I l'atorgament al Tribunal Constitucional de capacitat coercitiva per executar les seves pròpies resolucions.
Ara mateix acabo. Només dir que per mi, per aquest humil diputat ha estat un orgull i ha estat un honor haver estat una de les poques persones al món multades per un Tribunal Constitucional. És una vergonya per l'Estat espanyol...
Acabo. Y con la autorización al Tribunal Constitucional de poderes para ejecutar sus propias resoluciones.
Ahora mismo termino. Solo quiero decir que, para mí, para mí, para este humilde diputado, ha sido un orgullo, ha sido un honor haber sido una de las pocas personas en el mundo multadas por un Tribunal Constitucional. Es una vergüenza para
el Estado español...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias, señoría. Su tiempo ha finalizado. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Bona tarda, president, senyories.
Permetin-me una reflexió prèvia, ja que aquest punt, aquesta proposta, em toca el cor de la democràcia i toca la qualitat del sistema.
Buenas tardes, presidente, señorías.
Permítanme una reflexión previa, ya que este punto, esta proposición, toca el corazón de la democracia y toca la calidad del sistema.
Es una reflexión dirigida de manera especial a las señorías del Grupo Socialista a raíz de la desclasificación de los papeles del 23 de febrero. Mi primera posición es felicitarles y rápidamente añadir: Llegan tarde; llegan tarde.
Alguien ha dicho que esto no va a añadir nada a los supuestos bulos y bolas del 23-F. Comprenderán que, habida cuenta de que el Estado español no es exactamente Suecia, tengamos interés en saber qué hay en los papeles del 23-F. Repito, habida
cuenta de que España no es Suecia, vamos a ver qué hay.
Por ejemplo, el Estado español ordenó el espionaje de dirigentes políticos y líderes sociales recientemente mediante el dispositivo Pegasus. Esto tampoco es Suecia. El Estado español ha infiltrado, sin mandato judicial, policías en
movimientos sociales en Cataluña, Valencia, Mallorca y Euskadi. Esto tampoco es Suecia. El Estado español ha convertido a una parte de la cúpula judicial en el brazo armado de la reacción; reacción que, por cierto, ahora va contra las señorías
del Grupo Socialista. Esto tampoco es Suecia. Por cierto, también el Estado español mantiene una ley de secretos oficiales de la dictadura franquista que tiene un año menos que esta señoría que les habla. Esto tampoco es Suecia. Y el Estado
español, lo han dicho ustedes, señorías del Grupo Socialista, practica lawfare. Esto tampoco es Suecia. Por tanto, señorías del Grupo Socialista, no se hagan los suecos con los papeles del 23-F, porque, exactamente, esto no es Suecia.
Senyories, vaig a la qüestió que, el Partit Nacionalista Basc, una vegada més i de manera pertinent, porten a aquesta cambra. Nosaltres votarem a favor perquè és una qüestió de qualitat democràtica revertir el que es va fer en contra del
sistema, però sobretot es va fer en contra de Catalunya. El que es va fer va ser un vestit a mida en contra de la voluntat dels catalans i les catalanes. La pel·lícula es podria dir 'el Estado contra Catalunya, pasando por el Tribunal
Constitucional, y me fumo dos puros en el Tendido Cero de los toros'. Això es podria dir així, senyories, perquè va ser una vergonya. Va ser un escàndol. I el senyor Legarda, que és un jurista molt fi i un home elegant, no ha entrat en la
misèria, però un servidor, que no és jurista ni tan elegant com el senyor Legarda, ho farà. Va ser una vergonya i ara es tracta de revertir aquesta vergonya. Per cert, això es va fer després de la retallada de l'Estatut que, per cert, va tenir
lloc després que les senyories del PP -pensaven senyories del PP, que no tindria paraules boniques per a vostès? Sí, també-. Les senyories del PP, tinguem memòria, van organitzar unes taules -mesas petitorias, en deien- demanant firmes contra
l'Estatut de Catalunya, una cosa inenarrable. Abans les persones del PP demanaven firmes per la Creu Roja. Aquell dia van demanar firmes contra l'Estatut de Catalunya. Per cert, un periodista molt acreditat d'aquesta bonica capital va escriure:
'Pasaba por delante de la mesa y pregunté: '¿Qué hacen ustedes aquí?' Y una señora me dijo: 'Contra Cataluña''. Estava claríssim, estava claríssim. Va ser una vergonya. I com vostès diuen sempre, de aquellos polvos estos lodos. És així. Es
va trencar l'equilibri institucional. L'àrbitre, que és el Tribunal Constitucional va esdevenir un jugador de part, però un jugador absolutament brut. Un jugador que feia trampes, un jugador descarat. I el que ens va vendre com un control previ
era només un veto polític, un control de part i una censura preventiva contra el pluralisme i el diàleg propi d'una societat lliure.
Senyories del PP, en col·laboració amb les senyories del PSOE, vostès, que són tan liberals, es van carregar en una tarda aquell concepte que els hi agradarà de Karl Popper, 'la societat oberta'. Més aviat van caure en Mary Poppins perquè
van caure del cavall amb un paraigua a la mà. Es va convertir el Tribunal Constitucional en una tercera cambra i, a més a més, com s'ha dit aquí, una cosa inenarrable que no han vist els segles, es va convertir al Tribunal Constitucional en una
cambra punitiva que tenia mandat coercitiu sobre electes. És una cosa inenarrable. És una cosa que en política comparada no s'ha vist. Una cosa digna de república bananera. No ho ha dit el senyor Legarda, però ho he pensat.
En fi, el que proposa el Partit Nacionalista Basc posa les coses al seu lloc. Intenta revertir el que va ser, no només un error, sinó si em permeten citar un francès, va ser un crim encara pitjor. Reforçarem l'estat de dret, se suposa. I
aleshores, senyories del PP, que els hi agrada tant parlar d'Espanya 'és una democràcia plena'. Doncs potser sí que ho serà una democràcia plena, perquè si em permeten el joc de paraules que dona aquesta hora de la tarda, que és una hora una mica
estranya, fins ara, la democràcia espanyola ha estat sovint una democràcia plena d'oprobi, de vergonya, de misèria, de repressió. Perquè, com s'ha dit aquí també, això respon a un conflicte realment existent, que és el conflicte polític que
s'estableix entre la nació catalana o la nació d'Euskal Herria vers un Estat que no ha entès que la llibertat és una cosa que no es pot tallar, ni amb cops de porra ni amb utilitzacions maldestres de tribunals constitucionals, que, en tot cas, el
que correspon al segle XXI és arribar a solucions entre les parts. Ara vostès, senyories del PP, que veig que s'han posat a roda de VOX, saben que els hi ve una cosa molt greu. Els hi ve una cosa molt greu que els acabarà devorant. Però recordin
que algun dia vostès van col·laborar amb tot això. I senyories del PSOE, pensin que posar-se de perfil no serveix de res.
Bona tarda. Moltes gràcies.
Señorías, voy a la cuestión que el Partido Nacionalista Vasco, una vez más y de forma pertinente, trae a esta Cámara. Nosotros vamos a votar a favor porque es una cuestión de calidad democrática revertir lo que se hizo contra el sistema y,
sobre todo, contra Cataluña. Lo que se hizo fue un vestido a medida en contra de la voluntad de los catalanes y las catalanas. La película podría titularse El Estado contra Cataluña pasando por el Tribunal Constitucional y me fumo dos puros en el
tendido cero de los toros. Se podría decir así, señorías, porque fue una vergüenza, fue un escándalo. El señor Legarda, que es un jurista muy fino y elegante, no ha entrado en la miseria, pero un servidor, que no es jurista ni es tan elegante como
el señor Legarda, lo va a hacer: fue una vergüenza. Y ahora se trata de revertir esa vergüenza. Esto se hizo después del recorte del estatut, que, por cierto, tuvo lugar después de que las señorías del PP -¿creían que no tendría palabras bonitas
para ustedes hoy? Pues las tengo- organizaran unas mesas -tengamos memoria-, mesas petitorias las llamaban, pidiendo firmas contra el estatut de Catalunya. Una cosa inenarrable. Antes la gente del PP pedía firmas para la Cruz Roja; aquel día
pidieron firmas contra el estatut de Catalunya. Por cierto, un periodista muy acreditado de esta bonita capital escribió: Pasaba por
delante de la mesa y pregunté: ¿Qué hacen ustedes aquí? Y una señora me dijo: Contra Cataluña. Estaba clarísimo; estaba clarísimo. Fue una vergüenza. Y, como ustedes dicen siempre, de aquellos polvos, estos lodos. Es así. Se rompió
el equilibrio institucional. El árbitro, que es el Tribunal Constitucional, se convirtió en un jugador de parte, pero un jugador absolutamente sucio, que hacía trampas, un jugador descarado. Lo que se vendió como un control previo era solo un veto
político, un control de parte y una censura preventiva contra el pluralismo y el diálogo propios de una sociedad libre.
Señorías del PP, en colaboración con sus señorías del PSOE, ustedes que son tan liberales, se cargaron en una tarde aquel concepto que les gustará de Karl Popper: la sociedad abierta. Más bien cayeron en Mary Poppins, porque se cayeron del
caballo con un paraguas en la mano. Se convirtió el Tribunal Constitucional en una tercera cámara. Además, como se ha dicho aquí -una cosa inenarrable que no se ha visto en siglos-, se convirtió al Tribunal Constitucional en una cámara punitiva
que tenía mandato coercitivo sobre electos. Es una cosa inenarrable, es una cosa que en política comparada no se ha visto, una cosa digna de república bananera. No lo ha dicho el señor Legarda, pero lo ha pensado.
En fin, lo que propone el Partido Nacionalista Vasco pone las cosas en su sitio. Intenta revertir lo que fue un error. Si me permiten citar a un francés, fue aún peor que un crimen. Vamos a reforzar el Estado de derecho, se supone.
Entonces, señorías del PP, que les gusta tanto hablar de que España es una democracia plena, quizá sí sea una democracia plena porque -si me permiten el juego de palabras a estas horas de la tarde, que es una hora así, un poco rara- hasta ahora la
democracia española, a menudo, ha sido una democracia plena: plena de oprobio, de vergüenza, de miseria, de represión. Como se ha dicho aquí también, esto responde a un conflicto realmente existente, que es el conflicto político que se establece
entre la nación catalana o la nación de Euskal Herria frente a un Estado que no ha entendido que la libertad es una cosa que no se puede cortar ni a golpes de porra, ni con usos maldiestros de tribunales constitucionales. En todo caso, lo que
corresponde al siglo XXI es llegar a soluciones entre las partes. Ahora ustedes, señorías del PP, que veo que ya se han puesto en contra, saben que viene algo muy grave, viene algo muy grave que les acabará devorando, pero recuerden que algún día
que ustedes colaboraron con todo esto. Y, señorías del PSOE, piensen que ponerse de perfil no sirve de nada.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.
Es un honor hablar hoy en esta tribuna de que se van a desclasificar los documentos del 23F. Y puestos que vamos de anuncios, que al día siguiente del 23F se desclasifican los documentos, yo le propongo al Partido Socialista que el 14 de
abril, que está cerca, podemos desclasificar, por ejemplo, la encuesta de Suárez y sabríamos la opinión de los ciudadanos de España: si monarquía o república en ese momento. Sería interesante también esa desclasificación. Precisamos ser un poco
más rigurosos y lo que nos hace falta ya en este Estado es una ley de secretos oficiales democrática, que lo venimos pidiendo -y mucha gente diversa lo pide- desde hace muchísimo tiempo. Si me permiten, colaboremos entre todos a poner luz en la
oscuridad.
Vamos al tema.
Som conscients que l'Estat espanyol no representa el que nosaltres voldríem. L'Estat no està sent ni complint el que nosaltres desitjàvem. Nosaltres volem una terra, un país amb plena sobirania, amb plena llibertat i amb plena poder de
decisió. Però. evidentment. això no és així. I mentrestant estem aquí, en aquest Parlament, per canviar-ho perquè aquest Estat sigui més democràtic, més social, més plurinacional i que l'autogovern sigui més una realitat en les nostres
institucions pròpies. Els instruments que tenim pel nostre autogovern són els estatuts d'autonomia, la clau de bòveda, la peça bàsica de tot plegat. L'Estatut d'Autonomia, per exemple, de les Illes Balears, com molts d'altres -el nostre aprovat el
2007-, a dia d'avui s'incompleix. I no passa res. Encara no s'han transferit totes les competències. No tenim competències en justícia o en transport aeroportuari. I no passa res. Però, evidentment, mentrestant PP i VOX clamant sempre al cel
'Una, grande y libre'. Preocupats perquè a Espanya es destrossa i Marga Prohens, en lloc de reclamar el compliment del nostre Estatut, norma bàsica del meu país, es dedica a seguir l'estratègia de Feijóo, si és que en té alguna per aquest país.
I què ens ha portat avui aquesta proposició del Partit Nacionalista Basc? Revertir la situació que es va crear de forma injusta el 2015. Fer aquesta reforma en dos temes bàsics, com ja s'ha dit. El primer: suprimir el recurs previ de
constitucionalitat, perquè és un instrument que s'ha empleat per atacar el més
bàsic de la sobirania de les comunitats autònomes, l'Estatut d'Autonomia; perquè va en contra del model territorial que tenim ara mateix plasmat en la Constitució, però que s'ha ampliat com un instrument purament polític i no judicial. I
el segon: limitar les facultats per a l'execució de les sentències. No pot ser el Tribunal Constitucional una tercera cambra, com ja s'ha dit, o tenir els instruments del 156 bis, perquè cap ciutadà els ha votat. Als parlamentaris de les Illes
Balears, els han votat els ciutadans de les Illes Balears. Vostès qui els han votat o els ha votat la ciutadania. Però al Tribunal Constitucional no l'ha votat ningú. I això no és nou, com bé deien, ja s'ha tractat i debatut en moltíssimes
ocasions. I això ja es va derogar. La llei del 1979 i el 1985 ja es va eliminar perquè generava problemes, xocs entre els diferents poders. I això no podia ser perquè no és lògic que, mentre hi ha un debat polític, mentre s'està negociant i
dialogant, pugui penjar aquest botó i que intervingui el Tribunal Constitucional per marcar el joc, perquè coarta la feina del legislador, que és pensar quin model vol, arribar a acords amb els diferents i progressar. Però, això sí, s'ha substituït
per un Tribunal Constitucional no elegit pel poble. Per tant, no és útil, no és el que volen.
El Tribunal Constitucional esdevé un element polític que debat lleis. A banda de que estiguin aprovades. A banda que siguin una realitat, això no és el que voldrien. Li posaré un exemple, per no parlar de Catalunya, que lo millor és que
va motivar el canvi. Imaginin vostès, posarem un exemple clar: al parlament gallec no hi ha cap diputat de VOX. No n'hi ha cap, ni un. El parlament gallec discuteix l'Estatut de Galícia, arriben a un acord, el duen aquí i està a punt
d'aprovar-se, i els diputats de VOX, que no tenen cap representació del territori, decideixen bloquejar la decisió de Galícia, bloquejar els acords que s'hagin pogut dur a terme per una qüestió purament política i utilitza aquest instrument. Quan
pensin en Catalunya, senyors del Partit Popular, pensin que també es pot aplicar a altres territoris. Perquè m'entenguin, i aquí potser el més boomers de la sala m'entendran. Recorden la pel·lícula Minority Report? Aquella pel·lícula del 2002 on
hi havia unes persones que estaven connectades a unes màquines i podien llegir el futur i que a través d'aquelles màquines, abans que es cometés un crim, ja la policia actuava i detenia aquella persona i el tancava sense que hagués comès el crim?
Com que s'havia predit que es produiria un crim, aquella persona abans de que ho fes, ja era agafada i tancada. Doncs als parlamentaris, tant de parlaments autonòmics com aquesta cambra se'ns tracta en aquesta norma com a presumptes criminals que
abans de que hagin fet i decidit i tancat la norma. I com de crims que no s'han produït. I això ho hem d'evitar.
Avui repetim un debat per enèsima vegada. Però lo important, com dèiem, no és la tècnica que s'ha explicat bé la tècnica. Però no ens quedem en la modificació normativa, en les paraules d'un text legal. Vegem la intencionalitat política
que hi ha. Vostès legislant en contra del poble català. Però no, no s'equivoquin, no siguin tan curts de mires. Legislaren contra tots els pobles, contra totes les comunitats autònomes, contra tots els parlaments autonòmics i inclús contra la
condició de vostès mateixos de diputats.
Moltes gràcies.
Somos conscientes de que el Estado español no representa lo que nosotros queríamos. El Estado no está siguiendo ni cumpliendo lo que deseábamos. Nosotros queremos una tierra, un país con plena soberanía, con plenas libertades y con pleno
poder de decisión, pero, evidentemente, eso no es así. Mientras tanto, estamos aquí, en este Parlamento, para cambiar eso, para que este Estado sea más democrático, más social, más plurinacional y que el autogobierno sea más una realidad en
nuestras instituciones propias. Los instrumentos que tenemos para nuestro autogobierno son los estatutos de autonomía, la clave de bóveda, la pieza básica de todo el conjunto. El estatuto de autonomía balear, como muchos otros, hoy se incumple y
no pasa nada. Todavía no se han transferido todas las competencias, ya sea en justicia, en transporte, aeroportuarias, etcétera, y no pasa nada. Evidentemente, PP y VOX claman siempre al cielo: una grande y libre, y siempre preocupados porque
España se rompe. En lugar de reclamar las transferencias de nuestro estatuto, se dedican a seguir la estrategia de Feijóo, si es que tiene alguna para este país.
¿Qué nos ha traído hoy esta proposición del PNV? Revertir la situación que se creó de forma injusta en 2015, con dos temas básicos. Ya se ha dicho. En primer lugar, suprimir el recurso previo de constitucionalidad, porque es un
instrumento que se ha utilizado para atacar la soberanía más básica de las comunidades autónomas: el estatuto de autonomía. Se va en contra del modelo territorial actual que emana de la Constitución. Se ha empleado como un instrumento puramente
político y no judicial. Y, en segundo lugar, limitar las facultades para la ejecución de sentencias. No puede ser el Tribunal Constitucional una tercera cámara, como ya se ha dicho, o tener los instrumentos del 155 bis, porque a cada parlamentario
lo han votado los ciudadanos de las Islas Baleares, a ustedes les ha votado la ciudadanía, pero al Tribunal Constitucional no lo ha votado nadie. Y eso no es nuevo, ya se ha tratado y debatido en muchas ocasiones y ya se derogó porque
generaba problemas en relación con diferentes poderes y eso no podía ser así. No es lógico que mientras hay un debate político, mientras se está negociando, dialogando, se pueda pulsar este botón y que intervenga el Tribunal Constitucional para
marcar el juego. No es lógico porque coarta la labor del legislador, que es pensar en qué modelo se quiere, llegar a acuerdos entre diferentes y avanzar, pero, eso sí, se sustituye por un Tribunal Constitucional no electo por el pueblo; por tanto,
no es útil y no es lo que queremos. El Tribunal Constitucional se convierte en un elemento político que debate leyes antes de que se aprueben, antes de que sean una realidad. Eso no es lo que querríamos. Les pondré un ejemplo. Por no hablar de
Cataluña, que es lo que motivó el cambio, imaginen ustedes el Parlamento gallego, que no tiene ningún diputado de VOX. En el Parlamento gallego se debate el estatuto de Galicia, llegan a un acuerdo, lo traen aquí, está a punto de aprobarse y los
diputados de VOX, que no tienen ninguna representación en el territorio, deciden bloquear la decisión de Galicia, bloquear los acuerdos a que se haya podido llegar por una cuestión política y utilizan este instrumento. Cuando piensen en Cataluña,
señores del PP, piensen que esto también puede afectar a otros territorios, porque, para que me entiendan -quizás los boomers me entenderán-, ¿recuerdan Minority Report, la película de 2002, donde había unas personas que estaban conectadas a unas
máquinas y podían leer el futuro y que, a través de aquellas máquinas, antes de que se cometiera un crimen ya la policía actuaba y detenía a esa persona y la encerraba sin que se hubiera cometido el crimen? Como se había previsto que se iba a
cometer, se detenía a esa persona y se la encerraba antes de que lo hiciera. Pues, con esta norma, a los parlamentarios de parlamentos autonómicos y de esta Cámara se nos trata como a presuntos criminales antes de que hayamos hecho nada, antes de
que hayamos decidido o aprobado la norma. Son crímenes que no se han producido. Eso tenemos que evitarlo.
Hoy repetimos un debate por enésima vez, pero lo importante no es la técnica -que se ha explicado bien-, no nos quedemos en la modificación normativa, en las palabras de un texto legal, leamos la intencionalidad política que hay. Ustedes
legislaron en contra del pueblo catalán, pero, no se equivoquen, no sean tan miopes, legislaron contra todos los pueblos, contra todas las comunidades autónomas, contra todos los parlamentos autonómicos, incluida la propia condición de ustedes como
diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hoces Íñiguez. (Aplausos).
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta iniciativa es pura dinamita contra España. (Aplausos). Y lo digo metafóricamente, porque los que sí que saben la literalidad de la palabra dinamita son sus socios de Bildu. (Aplausos). Esta iniciativa busca proteger a los
delincuentes y a los que desafían la unidad de España. Para que todas aquellas personas que nos puedan estar viendo lo sepan, el partido separatista vasco propone hoy eliminar la posibilidad de interponer recurso previo de inconstitucionalidad a
los estatutos de autonomía o sus reformas y, también, reducir drásticamente la posibilidad de ejecutar las resoluciones del mismo tribunal. Quieren un Tribunal Constitucional sin capacidad de bloquear sus embestidas separatistas. En consecuencia,
esta iniciativa es un ataque a la unidad de España, quiere vaciar de contenido una de las instituciones del Estado cuando precisamente lo que España necesita son iniciativas diametralmente opuestas a la que ustedes hoy plantean en esta Cámara.
Esta iniciativa atenta contra la unidad de España porque prepara el terreno para que los Gobiernos o Parlamentos autonómicos que son desleales con el resto de España puedan iniciar un proceso separatista; es decir, ustedes dejan el balón
botando a aquellos que dijeron que lo volverían a hacer. Ustedes, cuando redactaban esta iniciativa estaban pensando en el plan Ibarretxe y en el proceso separatista catalán. Pues no. España y su unidad no se negocian. España y su unidad es
anterior y superior a cualquier ley, incluso a la que permite que ustedes se sienten aquí. (Aplausos). España y su unidad es anterior a cualquier texto constitucional, por eso cualquier Constitución que valga se fundamenta en la indisoluble unidad
de la nación española.
Señorías del Partido Nacionalista Vasco, ustedes lo que buscan es saltarse la ley y que no pase absolutamente nada; que un Parlamento autonómico inicie un proceso de separación del resto de España y nadie pueda suspenderlo. Ustedes quieren
que se pueda convocar un referéndum para separarse de España y que aquí no pase absolutamente nada. Incluso que aprueben un estatuto de autonomía contrario
a la Constitución y se aplique durante años. Pues no. Si un político se salta la ley, cárcel. (Aplausos). Y si el político se salta la ley contra la unidad de España, más cárcel y ni indultos ni amnistías.
Señorías del partido separatista vasco, esta iniciativa va en plena consonancia con la tradición y con la traición de su partido; esa tradición y traición inauguradas por el lunático de Sabino Arana, así calificado por sus contemporáneos
vascos; ese que dijo: si algún español se ahoga y pide socorro, contéstale: no sé castellano.
Señorías del partido separatista vasco, ustedes están destruyendo las tradiciones vascas. Su nacionalismo, como dijo José Calvo Sotelo en 1935, en San Sebastián, es profundamente antivasco. Ustedes han ensalzado a figuras como el racista
Sabino Arana y han arrinconado a héroes nacionales como Legazpi, como Oquendo, como Churruca o como Maeztu. Y también están destruyendo las tradiciones vascas impulsando ese proceso de islamización de las tres provincias vascas. Y aquí sí le voy a
dar la razón al presidente de su partido, que dijo que no sabía si el próximo presidente del Partido Nacionalista Vasco se llamaría Aitor o Hassan. Pues se llamará Hassan como sigan ustedes impulsando esa política de fronteras abiertas.
(Aplausos). El partido separatista vasco siempre ha encontrado a un traidor de izquierdas o a un traidor de derechas dispuesto a desguazar un poco más la nación. Y por eso les preguntamos, señorías del Partido Popular, cuál va a ser su relación en
el futuro con los separatismos. Sabemos que el señor Núñez Feijóo considera que Galicia y Cataluña son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o si se van a unir a VOX para asfixiar al
separatismo. (Aplausos).
Como decía al principio, esta iniciativa vacía de contenido una institución del Estado, el Tribunal Constitucional. Y es verdad que hoy tenemos un Tribunal Constitucional adulterado y degradado, porque tenemos un Tribunal Constitucional que
está más pendiente de garantizar los deseos de Pedro Sánchez que los derechos y libertades de todos los españoles, pero si hemos llegado a estas cotas de degradación es porque el bipartidismo ha tratado las instituciones del Estado como un botín
partidista. (Aplausos).
Señorías, necesitamos medidas diametralmente opuestas a estas que plantea el partido separatista vasco; para empezar, necesitamos modificar las leyes para que partidos políticos que apenas cuentan con un 1 % del sufragio no puedan
condicionar la política nacional. Tenemos que recuperar el delito de sedición y el delito de referéndum ilegal, aumentar las penas por la conspiración contra la unidad de España y por el ultraje a los símbolos nacionales, y también necesitamos
traer un tipo agravado de malversación para que cuando la malversación de dinero público vaya contra la unidad nacional la pena sea muy muy superior. (Aplausos).
Señorías del Partido Nacionalista Vasco, de Junts y de Esquerra, dicen ustedes que van a celebrar más referéndums para separarse de España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del Partido Popular en el
año 2017. Les aseguramos que el único referéndum que ustedes van a querer votar va a ser el referéndum que nosotros vamos a convocar para que todos los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la
soberanía y con la integridad territorial de España.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señor presidente.
Debatimos hoy la derogación de las leyes orgánicas 12/2015 y 15/2015, leyes que reformaron el Tribunal Constitucional para recuperar el control previo de inconstitucionalidad sobre las reformas estatutarias y que le atribuyeron exorbitantes
facultades para la ejecución de sus resoluciones, facultades -diré- solo defendidas hoy, como acabamos de oír, en boca del portavoz de VOX y en fecha tan referencial como la de ayer por la Brunete constitucionalista.
Diré, en primer lugar, que no nos merece reproche alguno la oportunidad en el tiempo de esta iniciativa. Algunos la considerarán no prioritaria al no existir en el horizonte ningún conflicto que la justifique. Para nosotros es virtuoso
debatir una propuesta de alto calado institucional alejados del fragor de batallas o de pleitos concretos, lejos de la furia que impide un debate sereno, riguroso, no contaminado de cortoplacismo y sectarismo. Precisamente lo que no ocurrió con la
Ley 15/2015, a la que nosotros nos opusimos, que contó exclusivamente con los votos del Grupo Popular, aprobada en lectura única y por urgencia; una proposición de ley del Grupo Popular, señorías del PP, sin informes ni del Consejo de Estado ni del
Consejo General del Poder Judicial (aplausos); una ley, señorías, aprobada días antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2015, con la amenazante e indisimulada intención de instrumentalizar al Tribunal
Constitucional para embridar y desactivar el procés, lo que obviamente no tuvo ningún éxito; una ley al servicio electoral del PP: el Tribunal Constitucional usado como instrumento electoral, como moneda de cambio, como ariete político. Multas
coercitivas, señorías, a personas físicas de hasta 12 000 euros diarios; cargos públicos compelidos a la renuncia de sus puestos. Así lo atestiguan los Autos 126/2017 y 127/2017 del Tribunal Constitucional. Señorías, munición de grueso calibre en
manos de un Tribunal Constitucional empujado a la arena política, nunca antes concebido para la confrontación, sino como jurisdicción independiente. Flaco favor prestado al orden constitucional. Nosotros nos opusimos en 2015 y nos opondremos hoy.
Lejos quedan los convulsos tiempos del procés. Hoy, con una Cataluña normalizada social, política e institucionalmente, apoyaremos la supresión de estas innecesarias y exorbitantes facultades del Tribunal Constitucional, reproche compartido
ampliamente por la doctrina iuspublicista e incluso por la Comisión de Venecia, a pesar de que las sentencias del Tribunal Constitucional 185/2016 y 215/2016 avalaran su constitucionalidad.
Señorías del Grupo Vasco, señor Legarda, un juicio muy diferente nos merece su intención de suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad sobre las reformas estatutarias, cuya reintroducción nosotros apoyamos en 2015. Es cierto que en
la génesis de la Ley Orgánica 12/2015 está el debate sobre l'estatut de Catalunya, la antesala del procés, pero ustedes saben que el objetivo de esa ley era precisamente el contrario a cercenar las legítimas aspiraciones de las reformas
estatutarias. Esta ley, más bien al contrario, como decía, pretendía atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de una reforma estatutaria ya aprobada por un
legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos de una comunidad autónoma. Una indeseable colisión de legitimidades. A nadie se le escapan los riesgos de esta situación. Todos conservamos en nuestra retina la
multitudinaria manifestación con más de un millón de personas en las calles de Barcelona el 10 de diciembre de 2010 en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l'estatut. Esa y no otra era la intención de los socialistas
al apoyar la reintroducción del recurso previo de inconstitucionalidad solo para estatutos de autonomía y con los límites para evitar el obstruccionismo parlamentario propio ya de otra lejana época. (Aplausos).
Señor Legarda y señores portavoces que han seguido esa misma línea argumental, con todo el respeto y consideración que ustedes me merecen, les diré que no compartimos que se trate de un control político ni de un veto político, ni que
desnaturalice el modelo de jurisdicción constitucional, ni que el Tribunal Constitucional se convierta en una tercera Cámara, ni que sufra tacha alguna de inconstitucionalidad, y así lo confirmó la muy temprana Sentencia 66/1985 del tribunal. Nada
más alejado de la realidad. Esa ley orgánica era políticamente bien intencionada y constitucionalmente escrupulosa con el mejor entendimiento de nuestra realidad territorial, sustentado en la vocación de integración, de lealtad y de respeto mutuo
entre Estado y comunidades autónomas. Esa es nuestra opinión; también la del Consejo de Estado en 2006; también la de buena parte de la doctrina, con don Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, a la cabeza, aunque no
negamos la existencia de voces autorizadas contrarias, como la del maestro Pérez Royo. No, señorías, no nos negamos a ese debate y nunca renunciaremos al diálogo. Nos abrimos a que nos convenzan, pero también tenemos la aspiración de convencerlos.
Por ello, hoy apoyaremos esta toma en consideración, pero en el aire queda un último interrogante, y con ello termino, señor presidente: ¿qué hará el PP? Porque para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional basta la mayoría absoluta de
esta Cámara. Así lo evidenció, tristemente, el Partido Popular en 2015, aunque estaremos de acuerdo en que una reforma de este alcance merece...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor RALLO LOMBARTE: ... un consenso más amplio -termino, señor presidente-, al menos el de los dos partidos mayoritarios. La pregunta es: ¿será capaz el Grupo Popular de aparcar hoy su actual mochila ultra, su ya habitual discurso
brutalista para volver al diálogo moderado con un mínimo sentido de Estado? Me temo que la respuesta la tendrán todos ustedes en pocos minutos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Uriarte Bengoechea.
La señora URIARTE BENGOECHEA: Señorías, ¿saben quién firma esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco? Pues la firma Aitor Esteban, su anterior portavoz. ¿Y recuerdan ustedes cómo se despidió Aitor Esteban de esta Cámara hace
un año? Se despidió con un gora Euskadi askatuta, que significa arriba Euskadi liberada. (Rumores). Y lo hizo con el aplauso de ustedes, señorías del Partido Socialista. Sí, sí, le aplaudieron aquello de arriba Euskadi liberada. ¿Liberada de
qué? ¿Es que Euskadi está oprimida? (Aplausos). ¿Es que España no es una de las democracias más descentralizadas del mundo? Este es su problema, señorías del Grupo Vasco, y el de esta proposición de ley, que ustedes siguen proclamando que
quieren liberar Euskadi de un supuesto yugo. ¿Qué yugo?, ¿el de la Constitución? ¿Y ustedes presentan una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional cuando se oponen a la Constitución?
Usted, señor Legarda, es un jurista serio y riguroso e intenta hacer una defensa jurídica de esta cuestión, pero es que su defensa está desgajada de la realidad de su partido, del Partido Nacionalista Vasco. Usted ha dicho antes: Porque lo
político es el fondo de la cuestión. Cierto, señor Legarda, lo político. Y el fondo de la cuestión aquí es que el partido que propone eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad y además quitar al Tribunal Constitucional los instrumentos
para hacer efectivas sus resoluciones es un partido que no respeta la Constitución (aplausos); un partido cuyo máximo líder, Aitor Esteban, defiende posiciones independentistas. Lo ha dicho varias veces, es partidario de la independencia; pero
también el lehendakari Imanol Pradales, del PNV, que ha dicho que es proindependentista. Es decir, sus máximos dirigentes defienden posiciones inconstitucionales, señorías del Grupo Vasco, y de ahí la incongruencia de esta propuesta.
Ustedes dicen en su defensa que la ley actual produce efectos perturbadores del funcionamiento del sistema político; dicen que va contra el diálogo e incluso acusan a la ley actual de infantilismo político, pero, de otro lado, ustedes
defienden lo que llaman el derecho a decidir. Y es que, señorías del Grupo Vasco -y esto que voy a decir es esencial para este debate-, ustedes están negociando con Bildu lo que llaman un nuevo estatus político para actualizar el Estatuto de
Gernika. Y ustedes tienen diferencias, pero están de acuerdo con Bildu en eso que llaman derecho a decidir. De hecho, ustedes ya han votado a favor del derecho a decidir en resoluciones de juntas generales y del Parlamento Vasco.
Esta es la realidad del PNV, señorías. Es una realidad de confrontación con la Constitución. Una realidad, por cierto, muy alejada de la realidad de los vascos, porque ahora que el PNV se ha hecho independentista hay menos independentistas
que nunca entre los vascos. Según el último Deustobarómetro de invierno de 2025, ¿saben cuál es el porcentaje de vascos que quieren un Estado independiente? No llega al 17 %, exactamente el 16,9 %. Este es el problema de los partidos
nacionalistas, desgraciadamente. Lo resumió muy bien el mayor experto en federalismos comparados que hay en España, el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés, que dijo en su libro Los rostros del federalismo lo siguiente:
¿Saben cuál es la diferencia principal entre nuestro sistema descentralizado y el resto de los sistemas federales del mundo? Hay una diferencia. ¿Saben cuál? La deslealtad de los partidos nacionalistas. (Aplausos). Y ustedes, señorías del Grupo
Socialista, lo saben perfectamente. Por eso ustedes hace ya doce años, en 2014, presentaron junto con el Grupo Popular una proposición de ley para introducir el recurso previo de inconstitucionalidad, porque no querían que se repitiera en España lo
que ocurrió con el estatuto catalán. Pero es que además ustedes sabían -lo reconocían entonces- que tenemos un problema de deslealtad de los partidos nacionalistas. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Porque ahora ustedes están en otra posición;
ahora ustedes, señor Rallo, nos acaban de acusar de estar en posiciones ultras. ¿Cómo? ¡Si los que han cambiado son ustedes, señorías del Grupo Socialista! ¿Y por qué? ¿Qué ha cambiado? Que ustedes cambiaron a Alfredo Pérez Rubalcaba por Pedro
Sánchez; eso es lo que ha cambiado. Y también ha cambiado que ahora ustedes y Pedro Sánchez están dispuestos a cualquier tipo de negociación con los partidos independentistas para mantener el poder. De ahí todo lo que han hecho en estos últimos
años, desde aquella moción de censura contra la corrupción, liderada por Ábalos, hasta la ley de amnistía o los acuerdos para sacar a los asesinos más sanguinarios de ETA de la cárcel. (Aplausos). Señorías, el nacionalismo antes moderado se ha
hecho independentista, lamentablemente. Y el socialismo, que antes era socialdemócrata, se ha hecho radical y se ha hecho sanchista. Y eso significa que está dispuesto a cualquier tipo de negociación con tal de mantenerse en el poder.
Señorías, hace unos días la portavoz de mi grupo, Ester Muñoz, dijo que, en caso de que Pedro Sánchez consiguiera perpetuarse en el poder tras unas próximas elecciones, pondría en peligro tanto nuestro modelo de monarquía parlamentaria como
nuestro modelo territorial. ¿Por qué? Por una sencilla razón: porque ustedes no tienen nada más que entregar y que ceder a los independentistas. Ahora bien -y quiero terminar con esto-, los españoles también deben saber que hay un partido, el
Partido Popular,
con su líder al frente, Alberto Núñez Feijóo, que es y será garantía de que esto no ocurrirá (rumores) y que liderará la defensa de una España democrática, unida y constitucional.
Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA URTEAGA), PARA LA GARANTÍA EFECTIVA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY ORGÁNICA 1/2023, DE 28 DE FEBRERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2010, DE 3
DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 162/000597).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Belarra Urteaga, para la garantía efectiva del derecho a la educación sexual integral, en cumplimiento con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para la presentación de la iniciativa y para la defensa de la enmienda formulada, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.
Señorías, alerta machista. Alerta machista. Ana María, Tatiana, María José, Petronila y la niña de 12 años, Noemí. Cuatro mujeres y una niña asesinadas en una sola semana. Catorce mujeres, un niño y una niña asesinadas en lo que llevamos
de año. El peor arranque del año en violencia machista en muchísimo tiempo, y no abre telediarios ni acapara el debate público.
Señorías, nos están asesinando, nos asesinan por ser mujeres, nos asesinan nuestras parejas y exparejas. Y lo único que tienen en común las personas que nos asesinan es que son hombres. Nos asesinan en nuestras casas, el lugar que debería
ser más seguro para nosotras. Nos asesinan a pesar de haber denunciado.
Hoy es urgente recordar que el Estado tiene la obligación de protegernos y que les ha fallado a todas estas mujeres, que hay que redoblar los esfuerzos y que hay que sacar el feminismo del cajón. Por eso, Podemos presentará en los próximos
días una actualización, una revisión del sistema VioGén, porque muchas de estas mujeres asesinadas habían denunciado. Es urgente recordar que VOX y su negacionismo de la violencia machista ampara a estos agresores y nos pone en peligro a todas las
mujeres.
Y, en este contexto, señorías, me parece que esta iniciativa que traemos hoy se vuelve más importante que nunca. En la pasada legislatura, Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, logró aprobar la nueva ley del aborto, que
establece la obligatoriedad de la educación sexual en todas las etapas educativas, una herramienta clave en la prevención de las violencias machistas. Una medida que este Gobierno todavía no ha impulsado y que ha metido en un cajón con todo el
conjunto de políticas feministas.
Hoy traemos al presidente y al Gobierno una propuesta: crujamos a impuestos a todas esas plataformas de redes sociales que extienden el odio, el machismo, la violencia contra la clase trabajadora (aplausos) y, con ese dinero, blindemos la
educación sexual intensiva y obligatoria para toda la ciudadanía y especialmente para las personas más jóvenes. Es una absoluta urgencia en un país en el que el acceso al porno ya está en los ocho años. Porque no es educación sexual o nada. Es
educación sexual o porno violento. Es educación sexual o negacionismo de la violencia machista. Es educación sexual o 'mi novio me controla el móvil y sabe dónde voy'. Es educación sexual o 'no seas maricón'. Es educación sexual o 'no te vistas
como una puta'. Es educación sexual o 'calladita estás más guapa'. Les recuerdo a sus señorías del Grupo Socialista que el Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar un plan estatal real con formación obligatoria al profesorado y con mecanismos
de seguimiento para blindar la educación sexual en las aulas. Y esto no depende de la mayoría parlamentaria, que es la excusa que usan para no hacer nada, depende exclusivamente de ustedes.
Estoy segura de que en un rato se van a subir aquí los portavoces de VOX y de los que defienden el mismo feminismo que VOX -¿verdad, señorías del Grupo Popular?- y van a empezar a gritar: '¡Adoctrinamiento!'. '¡Adoctrinamiento!'.
'¡Pederastia!'. Pero lamentablemente, señorías de VOX,
señor Abascal -que no está porque le pilla mal trabajar (la señora Mejías Sánchez: ¡Está aquí, está trabajando!)-, creo que este discurso ya no funciona, y no funciona porque la gente no es tonta, señorías de VOX, y se da cuenta de que los
únicos que llevan pederastas en sus filas son ustedes (las señoras Ruiz Solás, Aguirre Gil de Biedma y Romero Vilches pronuncian palabras que no se perciben), que hace muy poquitos días tuvieron que cesar a sus responsables de redes por agredir y
por acosar a menores de edad. (Aplausos). Se dan cuenta de que ustedes son los defensores aquí en España de ese pedófilo, de ese agresor sexual condenado que es Donald Trump y de su colega, el señor Epstein, y su isla de los horrores. Son ustedes
los que defienden y protegen a los pederastas. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¿Pero qué pederastas?). Su discurso tampoco funciona porque ustedes son el sistema machista, racista, clasista, de violencia contra la clase trabajadora, funcionando
a pleno rendimiento. (Las señoras Ruiz Solás, Aguirre Gil de Biedma y Romero Vilches pronuncian palabras que no se perciben). Ustedes no son alternativa de nada porque son el capitalismo funcionando a pleno rendimiento, repito. Y su discurso
tampoco funciona (la señora Aguirre Gil de Biedma: ¿Y el suyo?), señorías de VOX, porque la gente ve perfectamente que aquí los únicos que quieren adoctrinar son ustedes. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¡A la cuestión, a la cuestión!).
Adoctrinamiento es lo que hace la Iglesia Católica en la mayor parte de los colegios concertados de este país, donde obligan a los niños y a las niñas a ir a misa y les dicen que follar antes del matrimonio es pecado, incluso algunos todavía
dicen que masturbarse hace que te quedes ciego. (Rumores). Adoctrinamiento y violencia es decirles a las mujeres que tener sexo con sus parejas es obligatorio. Adoctrinamiento es decirles a las personas LGTBIQA+ que tienen una enfermedad y que
tienen que ir a una terapia de conversión. (Rumores). Adoctrinamiento es impulsar colegios concertados con educación separada para niños y niñas. Adoctrinamiento es llevar a los niños y a las niñas a ver tortura en una plaza de toros.
Adoctrinamiento y tortura es lo que hacían sus referentes franquistas con el Patronato de Protección a la Mujer y con esa Sección Femenina que le gustaba tanto a la señora De Meer. (Aplausos). Eso es adoctrinar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.
La señora BELARRA URTEAGA: La educación sexual es libertad (continúan los aplausos); es que las mujeres recuperemos el control sobre nuestros cuerpos; que podamos evitar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual; que
sepamos que si no hay consentimiento es violación. La educación sexual sirve para que los niños y las niñas puedan nombrar las distintas partes de su cuerpo -incluidos los genitales- para evitar las agresiones sexuales (Las señoras Ruiz Solás,
Aguirre Gil de Biedma y Romero Vilches pronuncian palabras que no se perciben). Solo, señorías, a los agresores sexuales y a quienes los protegen les puede interesar que los niños y las niñas no tengan educación sexual...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine, por favor.
La señora BELARRA URTEAGA: ... para poder continuar con sus agresiones. (Aplausos). Educación sexual es empezar a terminar con la impunidad de los agresores.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Las señoras Ruiz Solás, Aguirre Gil de Biedma, Romero Vilches y Mejías Sánchez pronuncian palabras que no se perciben dirigiéndose a la señora Belarra Urteaga mientras sube
hacia su escaño).
Señorías, silencio, por favor. (Rumores). Señorías, silencio. Silencio. Silencio. Gracias.
Tiene la palabra la señora Valido García. (Rumores.-Protestas). Señorías. (La señora Aguirre Gil de Biedma pronuncia palabras que no se perciben.-La señora Mejías Sánchez: Es insignificante, por mucho que...). Señora Aguirre, señorías.
Señorías de VOX, respeten a la interviniente. Después tendrán ustedes su intervención para rebatir todos lo que les haya parecido mal. Respeten a sus compañeros, que también lo son, diputados de otros partidos (La señora Mejías Sánchez: No nos
puede insultar de esa manera). También lo son. (De nuevo la señora Aguirre Gil de Biedma pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Guijarro García: ¡Esto no puede ser!-El señor González López: ¡Es una falta de respeto!). Silencio, señora
Aguirre. Silencio. Silencio. (Aplausos). Sí, un momento. (Rumores.-Protestas). Señorías, cálmense, por favor. Cálmense. (La señora Belarra Urteaga pide la palabra).
Señoría, dígame.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.
Por alusión a la dignidad de mi grupo y a mí misma como persona (rumores), una de las diputadas de VOX me ha llamado 'viciosa' cuando subía a mi escaño. (Risas.-Rumores). Que lo retire. (La señora Mejías Sánchez pide la palabra.-El señor
Sánchez Serna: Sí, levanta la mano, que se sepa).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Tiene la palabra, dígame. Señoría, no distorsione el debate, ¿eh? Responda solo a lo que se le ha pedido, por favor.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Respecto a lo que ha dicho la señora de Podemos en su intervención, yo le agradecería que retirara del Diario de Sesiones cuando nos ha llamado pederastas, racistas y otra serie de insultos. (Rumores.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Se revisará todo. Muchas gracias.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Debe retirarlos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. Se revisará.
Tiene la palabra, señora Valido. (Rumores.-Aplausos).
La señora VALIDO GARCÍA: Señorías, quiero empezar agradeciendo a Podemos que me haya cedido este minuto para poder defender la enmienda que hemos registrado desde Coalición Canaria y que no busca otra cosa que incorporar la formación
específica que permita la prevención, la detección temprana y, por supuesto, la denuncia del abuso sexual.
Creemos que el alumnado debe tener herramientas claras, comprensibles y adaptadas a la edad para identificar las conductas inapropiadas, para reconocer las situaciones de riesgo, para proteger su integridad física y emocional y para que
conozca los canales para la denuncia. Y que se garantice su confidencialidad -insisto- y su protección para que el abusador sexual no pueda camuflarse ni en las redes ni fuera de ellas, para que se enciendan las alarmas desde la primera pista de
que se trata de un posible abusador, para que no sean pillados desprevenidos. Para combatirlo tenemos que impulsar fórmulas que activen las alarmas a la primera sospecha, que denuncien y que puedan vivir en plena seguridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, tiene la palabra por el Grupo Republicano la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Moltes gràcies, president.
Jo voldria començar dient que no només li ha dit 'viciosa' a la diputada, sinó que quan ja estàvem tots asseguts allà han exclamat un: 'estáis todas locas'. Bé, en tot cas, aquest és el feminisme que practica VOX i que el PP practica igual
pel que han dit.
Fet aquest apunt, d'entrada jo volia començar dient que compartim plenament el fons d'aquesta iniciativa que garantir una educació afectivo-sexual integral és garantir drets, és garantir salut, és garantir la prevenció de violències
masclistes és una política pública imprescindible i una eina de llibertat.
Dit això, però, cal que parlem amb rigor i sobretot, amb honestedat institucional, perquè senyories de Podem, vostès saben perfectament que mentre alguns territoris aquest debat encara està per començar, el meu país fa anys que s'hi treballa
i que no partim de zero. La coeducació i la perspectiva de gènere formen part dels currículums competencials, des de l'educació infantil fins al batxillerat i fins i tot a la formació professional a Catalunya. No són una declaració d'intencions,
són una normativa vigent i una pràctica educativa consolidada. A Catalunya, el disseny curricular es desplega dins d'un marc de competències compartides. Hi ha uns reials decrets que fixen unes bases comunes, sí, però també hi ha un espai de plena
capacitat de decisió que nosaltres hem exercit amb responsabilitat. Sota aquest paraigua hem construït un model propi que incorpora de manera transversal l'educació afectivo-sexual, la coeducació i la perspectiva de gènere a totes les etapes
educatives. Un model que ens ha costat anys de consens pedagògic, institucional i social. Aquest desplegament es concreta en el programa Coeduca que dona suport als centres per treballar la coeducació i la sexualitat de forma explícita,
sistemàtica i rigorosa. Parlem d'un programa avalat per marcs internacionals com la UNESCO i l'OMS, i construït amb la implicació de la Generalitat, dels ajuntaments, d'universitats i d'entitats expertes. És una política pública que avui ja
funciona al meu país. El curs 2021-2022 tots els centres educatius de Catalunya van incorporar
de manera explícita aquests continguts al seu projecte educatiu. Es treballa a l'aula, a les tutories, en l'organització dels centres i també amb les famílies. Hi ha formació específica per al professorat, per a persones referents als
centres i acompanyament des dels serveis territorials i la inspecció. Tot plegat amb un únic objectiu: preparar els infants i joves per a una vida afectiva-sexual basada en la igualtat i els drets humans.
Per això, com deia, compartim els objectius de la proposició no de llei, però hem de ser clars amb el tema de les competències. No podem permetre iniciatives estatals, encara que siguin ben intencionades, que obrin la porta a recentralitzar
models que ja estan desplegats i consolidats a casa nostra. A Catalunya hem fet la feina i l'hem fet bé. Tornar a començar el debat o posar en qüestió el que ja funciona seria fer un pas enrere i faria el joc, precisament, a aquells qui volen
desmantellar la coeducació a les aules. Per això hem presentat una esmena constructiva que demana aplicar aquestes polítiques estrictament dins les competències de l'Administració General de l'Estat, respectar els models que ja estan implementats i
prendre com a exemple comunitats que ja han avançat i també recursos. Recursos reals perquè les comunitats i els ens locals puguin desplegar aquestes polítiques dins el marc de les seves competències. Perquè, com deia, la cooperació institucional
és la base de respecte i és necessària. Però la cooperació només funciona si hi ha respecte al marc competencial i el treball fet.
I permetin-me fer una petita reflexió final. Mentre discutim declaracions i plans, la realitat és tossuda. Aquest any, en el que portem d'any, han assassinat una dona cada cinc dies a l'Estat, una cada cinc dies. I quina ha estat la
resposta del Ministeri d'Igualtat, senyories? Enviar una carpeta al poder judicial per dir que les ordres d'allunyament no funcionen. Realment una iniciativa revolucionària per combatre els assassinats. Diguem que sí. El que necessitem són
polítiques efectives, recursos i accions contundents que evitin que ens matin pel sol fet de ser dones. I sí, també en l'àmbit educatiu. I aquí els qui ja hem avançat tenim molt a aportar. Defensarem, com deia sempre, l'educació afectivo-sexual
com una eina de llibertat, d'igualtat i de prevenció de les violències masclistes. I defensarem també un model educatiu de Catalunya construït amb rigor i amb anys de feina. Cooperar sí, recentralitzar, no.
Espero que acceptin la nostra esmena i, per tant, puguem votar favorablement a la seva proposta.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Querría empezar diciendo que no solo han llamado 'viciosa' a la diputada, sino que cuando estaban ya todos sentados allí, decían: '¡Estáis todas locas!'. Bien, en todo caso, este es el feminismo que practica VOX y que el PP practica igual,
por lo que han dicho. (Aplausos).
Hecho este apunte de entrada, querría empezar diciendo que compartimos plenamente el fondo de esta iniciativa, que garantiza una educación afectiva-sexual integral. Garantizar los derechos, la salud, así como la prevención de violencias
machistas es una herramienta imprescindible y de libertad. Pero hay que hablar con rigor, sobre todo en un escenario institucional, porque, señorías de Podemos, ustedes saben perfectamente que mientras algunos territorios tienen este debate todavía
por comenzar, en mi país hace años que se trabaja en ello y no partimos de cero. La coeducación y la perspectiva de género forman parte de los currículos competenciales desde la educación infantil hasta el bachillerato y hasta la formación
profesional en Catalunya. No son una declaración de intenciones, son una normativa vigente y una práctica educativa consolidada. En Cataluña el diseño curricular se despliega dentro de un marco de competencias compartidas. Hay reales decretos que
fijan unas bases comunes, sí, pero hay un espacio de plena capacidad de decisión que nosotros hemos ejercido con responsabilidad. Bajo este paraguas hemos construido un modelo propio que incorpora de manera transversal la educación afectivo-sexual,
la coeducación y la perspectiva de género en todas las etapas educativas; un modelo que nos ha costado años de consenso pedagógico, institucional y social. Este despliegue se concreta en el Programa Coeduca´t especialmente, que da apoyo a los
centros para trabajar la coeducación y la sexualidad de forma explícita, sistemática y rigurosa. Hablamos de un programa avalado por marcos internacionales como la Unesco y la OMS y construido con la implicación de la Generalitat, los
ayuntamientos, las universidades y las entidades expertas. Es una política pública que hoy ya funciona en mi país. En el curso 2021-2022 todos los centros educativos de Cataluña incorporaron de forma explícita estos contenidos en su proyecto
educativo. Se trabaja en el aula, en las tutorías, en la organización de los centros y con las familias también. Hay formación específica para el profesorado, para personas referentes del centro y acompañamiento desde los servicios territoriales y
las inspecciones. Todo ello con un único objetivo: preparar a los niños y jóvenes para una vida afectiva-sexual basada en la igualdad y en los derechos humanos.
Por eso, como decía, compartimos los objetivos de la proposición no de ley, pero tenemos que ser claros con el tema de las competencias. No podemos permitir iniciativas estatales -aunque tengan buenas intenciones- que abran la puerta a
recentralizar modelos que ya están desplegados y consolidados en nuestra tierra. En Cataluña hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho bien. Volver a empezar con el debate o poner en cuestión lo que ya funciona sería dar un paso atrás y haría el
juego precisamente a quienes quieren desmantelar la coeducación en las aulas. Por eso, hemos presentado una enmienda constructiva que pide que se apliquen estas políticas estrictamente dentro de las competencias de la Administración General del
Estado, que se respeten los modelos ya aplicados y que se tomen como ejemplo las comunidades que ya han avanzado. También pedimos recursos reales para que las comunidades y los centros locales puedan desplegar estas políticas dentro del marco de
sus competencias porque, como decía, la cooperación institucional se tiene que hacer sobre la base de respeto, pero la cooperación solo funciona si se respeta el marco competencial y el trabajo hecho.
Y permítanme hacer una pequeña reflexión final. Mientras discutimos declaraciones y planes, la realidad es tozuda: en lo que llevamos de año han asesinado a una mujer cada cinco días en el Estado. ¿Y cuál ha sido la respuesta del
Ministerio de Igualdad, señorías? Enviar una cartita al Poder Judicial para decir que las órdenes de alejamiento no funcionan. Verdaderamente una iniciativa revolucionaria para combatir los asesinatos. ¡Digan que sí! Lo que necesitamos son
políticas efectivas, recursos y acciones contundentes que eviten que nos maten por el solo hecho de ser mujeres. Y sí, también en el ámbito educativo. Aquí, los que ya hemos avanzado, tenemos mucho que aportar. Defenderemos siempre la educación
afectivo-sexual como una herramienta de igualdad y prevención de violencias machistas, y también defenderemos un modelo educativo que en Cataluña construimos con rigor y años de trabajo. Cooperar, sí; recentralizar, no.
Espero que acepten nuestra enmienda y, por tanto, podamos votar a favor de su propuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Cofiño Fernández.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenas tardes, presidente.
Señorías, agradecemos al Grupo Parlamentario Mixto la presentación de esta proposición no de ley en el Pleno. En esta misma legislatura nuestro grupo parlamentario presentó -y se aprobó en la Comisión de Sanidad- una proposición similar,
concretamente el 30 de mayo del 2024, y pensamos que es fundamental seguir insistiendo en educación sexual integral, que es una acción de salud pública que sirve para mejorar la salud sexual de las personas y el bienestar emocional, y para disminuir
las violencias machistas, las violencias sexuales y las violencias homofóbicas.
El debate que hoy escucharemos y que ya hemos escuchado en parte, por un lado, va a tener un razonamiento basado en la evidencia, basado en lo que nos dicen las instituciones sanitarias, basado en lo que nos dicen los expertos y las
expertas; y, por otro lado, vamos a tener un debate donde se deformará o se sacará de contexto lo que dicen algunos titulares cuando hablan de educación sexual, un debate que lo que busca es el bulo, la mentira y el ruido y lo que atisba es la
España de la hoguera, la España del ruido, la España del velo negro y la España de la anticiencia.
En la PNL que presentamos el 30 de mayo del 2024 y que fue aprobada -insisto- en la Comisión de Sanidad apostábamos por la ciencia y por los expertos y se presentaban más de treinta referencias bibliográficas que sustentan la importancia de
tener educación sexual integral. Esto no es nuevo, no es un debate actual, aunque sigue siendo totalmente pertinente por los datos que tenemos actualmente de violencia machista. En Asturies el primer programa de educación sexual en adolescentes
comienza en el año 1994 a cargo de Javier Castiñeiras. Está inspirado en un programa de educación sexual, el pionero de nuestro país, que hace el colectivo Harimaguada de Canarias, un colectivo que nació en 1984. Durante los años noventa, Xente
Gai Astur y el Conseyu de la Mocedá del Principado de Asturias, con Mercedes García, trabajaron en diferentes programas de educación sexual sobre la diversidad y la orientación sexual. El Conseyu de la Mocedá trabaja en programas de educación
sexual entre iguales, en programas de educación sexual en personas con discapacidad y en educación sexual en centros de menores. En el año 2000 Marian Uría, referente feminista en Asturias en la Consejería de Sanidad, elaboró un programa de
educación sexual. Y en el año 2018 Ana Gloria Blanco, junto a otro grupo de profesoras del Instituto de Enseñanza Secundaria Padre Feijóo, de Gijón, elaboró unos materiales, el Programa Ni ogros ni princesas -con un título que sigue siendo
plenamente vigente, Ni ogros ni princesas-, que ha sido referente en
Asturias, referente a nivel estatal y referente internacional en programas de educación sexual integral. (Aplausos). José Vázquez, que ha sido el coordinador de Salud Pública durante estos años de los programas de educación sexual, entre
ellos del Programa Sexualidades, ha sido también la persona que nos ha ayudado a elaborar esa PNL que presentamos en el año 2024. No es nada nuevo, muchas personas están trabajando en los territorios en diferentes partes de nuestro país desde hace
muchos años y es crucial seguir trabajando en temas de prevención.
Las enmiendas que hemos presentado a la PNL son tres. Una dice que no basta solamente con la transversalidad. La evidencia científica dice que es necesaria una materia curricular obligatoria adaptada a todos los ciclos educativos.
Planteamos la edición de materiales didácticos, concretamente unos materiales que están pendientes de impresión por parte del Ministerio de Educación, me refiero al Proyecto Bienestar. Planteamos en otra enmienda que la educación sexual no
solamente hay que trabajarla en el sector educativo, sino que hay que trabajarla en todos los ámbitos comunitarios, tal y como hace referencia el programa de educación sexual en Asturias. Hay que trabajarlo en movimientos asociativos, en
movimientos juveniles, en familias, en comunidad, en cultura y también en redes. Insisto en que hay muchos programas en nuestro país que trabajan en este sentido.
Hablar de educación sexual supone hablar de comunicación, de diálogo, de empatía, de asertividad, de desarrollar pensamiento crítico, de trabajar entre iguales, de desarrollar emociones, afectos, respeto; supone hablar de deseo y supone
hablar de placer. Hablar de educación sexual supone hablar de feminismo, de derechos, de bienestar emocional y de prevención de violencias.
Varios años después de lo que entró por esa puerta en 1981 es muy importante a qué aspiramos en este país. Aspiramos sobre todo a tener un país más educado, con más diálogo y con menos violencias. Cada vez que desde esta tribuna sube
alguien a realizar exabruptos con el ánimo de soliviantar a otro o con el ánimo de ganarse un titular en la prensa o de tener un vídeo para la posteridad de las redes sociales, en mi modesta opinión, estamos dando un paso atrás en la democracia. Lo
que quiere la gran mayoría de este país, lo que quiere la gran mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país es un país más respetuoso, un país más elegante, un país más educado, un país con menos odio, con menos mentiras, con menos
violencia, con menos ruido; un país que no tenga anticiencia, donde no exista el fascismo (aplausos) y donde no exista el trumpismo, que sabemos que viene de Trump y de hacer trampas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gutiérrez Santiago.
El señor GUTIÉRREZ SANTIAGO: Gracias, presidente.
Señorías, la educación afectivo-sexual integral no es un capricho ni es una moda y, desde luego, tampoco es una ideología; es salud pública, es prevención de violencias, es educación en igualdad y, sobre todo, es protección del alumnado, y
cuando hablamos de menores, estaremos de acuerdo en que proteger no es opcional. La legislación vigente ya establece obligaciones claras y el currículo ya incorpora educación para la salud y educación afectivo-sexual como elementos transversales.
Por tanto, hoy no estamos aquí para inventar nada, sino para hablar de algo mucho más sencillo, que es garantizar que la ley se cumpla, porque el papel lo aguanta todo, pero lo que verdaderamente cambia vidas es lo que ocurre en las aulas.
A quienes intentan convertir la educación en una trinchera ideológica y pretenden que esta sea otra batalla de su particular guerra cultural, nosotros les respondemos con toda la tranquilidad del mundo: señorías del Grupo Popular y de VOX,
la igualdad no es una amenaza; la igualdad es una protección que debe garantizarse. Déjenme subrayar algo clave: cuando hablamos de educación afectivo-sexual integral, hablamos de contenidos adaptados a la edad y al nivel madurativo. ¿Qué
significa esto? Pues significa enseñar a un niño que su cuerpo es suyo, enseñar a una niña que nadie puede obligarla o enseñar a un adolescente que el consentimiento es imprescindible. (Rumores). Yo me pregunto qué de esto les parece tan
horroroso a la derecha y a la ultraderecha. (Rumores.-La señora Aguirre Gil de Biedma pronuncia palabras que no se perciben). Ninguna de esas enseñanzas sustituye a la de las familias. Lo que hace es proteger...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
Señora Gutiérrez, su grupo tendrá cinco minutos para rebatir todas y cada una de las cosas que quieran. No puede estar usted interactuando permanentemente... (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¿Yo?-El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¿Quién
es Gutiérrez?). Sí, usted. No puede estar... (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¿Yo?-El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¿Pero quién es Gutiérrez?). Sí, usted. No puede estar permanentemente interactuando. No puede. Así que cálmense de una vez,
por favor.
Continúe.
El señor GUTIÉRREZ SANTIAGO: Decía que la cuestión importante está ahí, en que, si la educación no la da la escuela, la va a dar Internet, y todos sabemos perfectamente que, si la educación afectivo-sexual la da Internet, la va a dar la
pornografía. Por tanto, no podemos dejar la educación de los menores en manos de la pornografía. (Aplausos). Es una gran irresponsabilidad, porque ese vacío educativo no queda vacío, sino que lo llenan los algoritmos, los estereotipos y la
desinformación. Luego, claro, venimos aquí y nos preguntamos por qué hay jóvenes que confunden el amor con el control, por qué aumenta la violencia sexual entre los menores o por qué tantos adolescentes piensan que el consentimiento es algo que se
puede negociar. Precisamente por eso, el presidente Pedro Sánchez ha abierto el debate a prohibir las redes sociales a menores de 16 años y a exigir a las plataformas la verificación de edad. Esto no va de ideología; esto va de realidad.
Insisto, hay quienes han decidido hacer de esto una guerra cultural. Señorías del Grupo Popular, en el decálogo que han presentado para negociar con VOX (muestra un documento) y que hemos conocido, vemos que ustedes entienden estas
cuestiones que tienen que ver con la educación afectivo-sexual como adoctrinamiento ideológico. Hablan -leo textualmente- de quienes pretenden utilizar las aulas para imponer una visión ideológica del mundo y se comprometen a impedir que las aulas
se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico. Cualquiera diría que están hablando ustedes de la religión. La realidad es que, aunque exista un marco general en educación, esto no significa que se cumpla en todas partes. No sé si se
acuerdan ustedes del pin parental que propuso VOX y que ustedes compraron en numerosas autonomías, que al final lo que vino a hacer es a prohibir, vetar charlas de igualdad y diversidad. En la Comunidad de Madrid, sin la necesidad de VOX en la
ecuación, el Partido Popular impulsó reformas legislativas en materia LGTBI que afectaban al ámbito educativo. También lo hicieron en la Comunidad Valenciana junto a VOX, pero, para su desgracia, ahí estaba el Gobierno del Estado, que lo recurrió,
y el Tribunal Constitucional nos dio la razón.
Y no me quiero olvidar de Carla Toscano -a la que, por cierto, ustedes ayer purgaron de su partido-, que llegó a decir en el Ayuntamiento de Madrid lo más repugnante y miserable que yo he escuchado en mi vida en política: que la educación
en diversidad lleva a la corrupción de menores y acaba en la pederastia. Esas son las palabras vomitivas que debieron acabar con la carrera de Carla Toscano y no el no bailarle el agua al señor Abascal, que es lo que ha ocurrido. (Aplausos). Por
cierto, hablando de purgas, señorías de VOX, ustedes que son tan amigos de Desokupa, igual estaría bien que les pegasen un toque, porque parece ser que el señor Ortega Smith les ha okupado la portavocía del Ayuntamiento de Madrid y no tiene pinta de
que se vaya a ir. Así que igual estaría bien que les pegasen un toque a sus amigos de Desokupa.
En fin, yo les pregunto a las señorías del Grupo Popular si este feminismo y esta diversidad es con lo que se sienten identificados. ¿Esto que dice VOX es lo que ustedes quieren para los menores en Aragón, en Extremadura y en aquellos
lugares en los que pretenden gobernar? A mí me parece, cuando menos, preocupante. La realidad es que enseñar consentimiento no es corrupción; corrupción es enseñar a callar. Enseñar respeto no es adoctrinar; adoctrinar es enseñar odio. El
derecho de un menor no puede depender del código postal ni del pacto al que se llegue en un Gobierno con la ultraderecha. (Aplausos).
Termino, presidente. En el Grupo Parlamentario Socialista compartimos el espíritu de la iniciativa con una premisa de Estado: protección para todo el alumnado, respeto absoluto al marco competencial y coordinación real con las
Administraciones educativas. Nos hubiese encantado poder sentarnos con ustedes a hablar un poquito de los matices. Hemos planteado unos ajustes de redacción muy concretos no para rebajar el objetivo, sino para hacerlo más eficaz.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor GUTIÉRREZ SANTIAGO: Termino ya.
Esperamos en estos minutos poder llegar a un acuerdo.
Termino. Señorías, la educación afectivo-sexual no debería generar debate, sino que debería ser un consenso de país, porque hablamos de protección y de derechos, y la educación afectivo-sexual no le quita derechos a nadie, lo que hace es
garantizar que todos los tengan.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Señora Aguirre, discúlpeme, anteriormente le he cambiado el apellido por Gutiérrez. Disculpe.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Gracias.
Arratsalde on, jaun-andreok.
Lehenik eta behin, legez besteko proposamenak dioenaren fondoarekin bat egiten dugu, baina ez Estatuari egokitu nahi zaion konpetentziarekin. Haur eta gazte eta nerabe guztiei, berdintasunean, giza eskubideetan eta dibertsitatean
oinarritutako hezkuntza afektibo-sexuala bermatu behar zaie. Hauek dira Euskadiko hezkidetzaren oinarriak, Lehen Hezkuntzatik hasita, adinari egokitutako formazioa izan behar duelarik. Legez besteko proposamenean aipatzen den legeria betetzearen
alde egiten dugu, bai abortuaren 1/2023 Lege Organikoa, eta baita sexu askatasunean berme integralari buruzko 10/2022 Lege Organikoa. Bi lege horiek, besteak beste, gure taldearen baiezko botoari esker onartu baitziren. Edo, beste modu batera
esanda, gure baiezko botorik gabe ez lirateke onartuak izango lege horiek.
Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, compartimos el fondo de la proposición no de ley, pero no la competencia que se quiere atribuir al Estado. Se debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes una educación afectivo-sexual basada en la igualdad, los
derechos humanos y la diversidad, que precisamente constituyen los pilares básicos de la coeducación en Euskadi desde la educación primaria. Se trata de una educación que debe ser la adecuada a la edad del alumnado. Apostamos por el cumplimiento
de la legislación citada en la PNL, tanto de la Ley Orgánica 1/2023, del aborto, como de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, dos leyes que se aprobaron con el voto de nuestro grupo, entre otros, o dicho de otro modo,
no habrían sido aprobadas sin nuestro voto.
Señorías de Podemos, en los términos en que ustedes la han planteado, no podemos apoyar una iniciativa que no respeta el marco competencial ni el autogobierno vasco y que pretende recentralizar las competencias -en este caso, en la
educación- que corresponden a las comunidades autónomas porque algunas no las cumplan. Desde luego, no es el caso de Euskadi ni de la Comunidad Foral de Nafarroa ni de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Proponen una iniciativa en la que
compartimos el fin y el fondo, pero no el cómo, ya que lo que proponen va más allá del fin, es decir, de garantizar el derecho a la educación sexual integral. Nosotras también creemos y defendemos la necesidad de una educación sexual integral que
no sea sexista, basada en derechos humanos y en el respeto a la diversidad, desde las primeras etapas educativas, y por eso la educación sexual y afectiva conforma uno de los pilares de la coeducación en Euskadi. Pero ustedes lo que proponen en
esta iniciativa es arrogar al Estado una competencia que no le es propia y para ello proponen un plan estatal de coordinación y control por el Estado, con un planteamiento contrario al reparto y el respeto competencial. Proponen que sea el Gobierno
del Estado el que impulse la educación sexual en las aulas, aun sabiendo que no le corresponde tal atribución. También deberían tener en cuenta la LOMLOE. Tampoco le corresponde al Estado dotar al profesorado de formación específica, pues eso
también les corresponde a las comunidades autónomas. Y mucho menos le corresponde al Estado desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento con el fin de corregir los incumplimientos, porque no existe un título competencial general de
coordinación que habilite al Estado a coordinar cualquier política de competencia autonómica por el mero hecho de considerarla relevante, porque tan relevante es para el Estado como lo es para Euskadi. Todas estas atribuciones corresponden por ley
a las comunidades autónomas y la ley orgánica lo establece con claridad en el artículo 9, les corresponden a los poderes públicos en el ámbito de sus competencias.
Podemos ya lo intentó en la tramitación de las leyes que hemos citado. Nos opusimos entonces a esa recentralización y muchos grupos, también el nuestro, acordamos con la ministra Montero el texto que hoy insisten en modificar o en
reinterpretar. Son textos legales que se aprobaron gracias también al voto de nuestro grupo. Aprovechan su pugna con Gobiernos del Partido Popular en comunidades donde no se cumple la ley para proponer modificar lo ya acordado y dirigir desde el
Estado el cumplimiento, en este caso, del artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo cuando saben -o deberían saberlo- que esto es algo que hay que debatir y exigir en cada
parlamento a los Gobiernos incumplidores. Señorías, ¿han pensado qué pasaría si gobernara en el Estado una fuerza reaccionaria y contraria a la libertad de las mujeres? Si no es porque no creen en este Estado plurinacional, háganlo por estrategia
política, no den más poderes al Gobierno del Estado.
Para finalizar les digo dónde encontrarán al Partido Nacionalista Vasco: nos encontrarán cumpliendo con la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y nos encontrarán trabajando, día a día, en
la defensa de los derechos de las mujeres con medidas que garanticen el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo y a la no discriminación por ninguna causa para que no se dé ningún retroceso en los derechos conquistados -y el derecho a
la interrupción del embarazo es una de las conquistas-, y seguiremos participando en aquellas iniciativas que propongan avances reales en este sentido. Por supuesto, seremos exigentes en la aplicación de todas las medidas que apoyamos en la Ley
Orgánica en 2023, también en las del ámbito educativo, porque son necesarias, evidentemente, para que se dé una igualdad real.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Arratsalde on guztioi.
Sí, efectivamente, la Ley Orgánica 1/2023, que reforma la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, reconoce de forma explícita la educación sexual dentro de lo que se supone que es la garantía de los derechos en
salud sexual y, por ello, incluye la obligación de los poderes públicos de promover la educación sexual integral. Además previamente, en el 2020, la LOMLOE ya incluía la educación afectivo-sexual como parte del currículo educativo; en el 2021, la
LOPIVI incorporó la educación sexual dentro del marco de la prevención de la violencia, y un año después, en el 2022, la Ley de garantía integral de libertad sexual reconocía la educación sexual como herramienta clave para la prevención de las
violencias sexuales y como un elemento obligatorio del sistema educativo. Para finalizar este recorrido legislativo, en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incorporó la educación afectivo-sexual como una línea de actuación
clave para la prevención, que, como estamos viendo estas últimas semanas, también urge tenerla en cuenta. No podemos quedarnos impasibles ante los feminicidios, que son claramente consecuencia de la violencia machista.
Nos encontramos con una paradoja evidente: en el Estado español se reconoce en varias leyes y pactos la importancia de la educación sexual, pero su aplicación es casi anecdótica. Por ello, nos preguntamos qué o quiénes frenan la
implementación. No podemos olvidar que la educación es una competencia compartida y, aunque el Estado fija la ley, las comunidades autónomas deciden cómo aplicarla, qué contenidos priorizan, qué formación ofrecen al profesorado y qué programas
financian. Para ello, haré una mención a la realidad de nuestros territorios, Navarra y la Comunidad Autónoma vasca. En Navarra, el decreto de salud sexual y reproductiva refuerza la obligación de incluir la educación afectivo-sexual en el
currículo, además de la orden foral que aprueba el Plan de Coeducación 2024-2028 y que articula la educación sexual en los centros. En la Comunidad Autónoma vasca, mediante la Ley de Educación del 2023 y el desarrollo de protocolos oficiales, se
obliga a trabajar los contenidos relacionados con la educación sexual, pero la realidad es que en el caso de la comunidad ha estado recogida hasta ahora en el Plan de Coeducación. Digo hasta ahora porque se desconocen los contenidos del plan actual
y, además, este está sostenido por una guía que, supuestamente, se iba a repartir en los centros de estudio y hasta ahora no se tiene constancia de que se haya hecho. Hoy en día, la realidad es que se depende de intervenciones puntuales realizadas
por profesionales de la sexología de empresas privadas, que intervienen en los centros de estudios y en los niveles que se deciden según el criterio de cada centro y que se financian a través de los ayuntamientos, las diputaciones y las APYMA. En
Navarra, el Programa
Skolae fue, en sus inicios, referencia a nivel estatal, pero la falta de un compromiso real con los mandatos de este programa está quedando evidenciada. Así, con el paso de los años, la educación sexual ha quedado en manos de la voluntad de
la dirección de cada centro de estudio y relegada, en muchos casos, a una práctica totalmente anecdótica.
Mucho nos tememos que el pilotaje que se inició para reforzar el vacío que se estaba dando en el ámbito de la educación sexual ha comenzado a hacer aguas. Creo, francamente -y lo digo con pena-, que se está descafeinando. Euskal Herria
Bildu trabaja y trabajará en sus propios parlamentos para que los departamentos de educación y salud de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma vasca den los pasos necesarios para garantizar una educación sexual de calidad a la ciudadanía y para
revertir esta inacción. Por ello, vemos los puntos que plantea esta proposición no de ley y, compartiéndolos totalmente en su filosofía, no compartimos que la solución pase por la elaboración de un plan estatal de implantación de la educación
sexual que se establezca por encima de nuestras instituciones y de nuestras competencias propias en esta materia. Porque el autogobierno debe respetarse en todos los ámbitos y no se puede caer en la tentación de recentralizar para lograr un
objetivo positivo. Leyes y mandatos nos sobran, lo que falta es voluntad política.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Sí, voy finalizando.
Algunos llevan años utilizando la educación sexual para apagar fuegos, acercándonos a la realidad sexual de las personas desde las miserias y el alarmismo, como si la sexualidad fuera una dimensión que solo tiene que ver con lo no grato y
centrada preferentemente en la violencia, y no es así.
Ahora sí finalizo. Seamos audaces y firmes en la defensa y en la implementación de las normativas ya aprobadas. Posibilitemos más recursos y personal especializado. La educación sexual requiere profesorado formado, materiales adecuados...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe terminar, por favor.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: ... tiempo curricular y un presupuesto suficiente que garantice su permanencia en el tiempo. Y, cómo no, mecanismos de evaluación y de exigencia.
Mil esker. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Seré molt breu, president.
Avui hem tornat a començar el ple guardant un minut de silenci per a les noves víctimes de violència de gènere. Mares, nens. Aquest drama que cada setmana, cada setmana ens deixa muts durant 60 segons, té molts orígens i un d'ells, de ben
segur és la falta d'educació afectiu sexual. Una educació que posi en valor a les dones, que faci del respecte el pont que han de transitar les relacions entre les dones i les seves parelles. Una educació que faci possible que quan l'amor es
trenca hi hagi lloc pel civisme i no per la violència, ni envers les dones ni cap a criatures innocents instrumentalitzades per causar una ferida que també és mortal. Perquè quan maten els fills deixen sense vida a les mares.
Dit això, estem d'acord, molt d'acord en què cal incidir en l'educació afectivo-sexual, no només per acabar amb els feminicidis i amb la violència vicària. També per evitar les agressions sexuals, la cosificació de la dona o altres variants
de la pèrdua de valors que pateix la nostra societat. Però la PNL, la proposició no de llei de Podemos, reclama un pla estatal per garantir l'aplicació efectiva de l'article 9 de la Llei Orgànica 1/2023, que efectivament, estableix que l'educació
sexual integral s'implanti en totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat i formació professional. Un pla estatal que converteix la llei en una eina recentralitzadora. Que determina des de Madrid la direcció política i aplica,
també des de Madrid, la supervisió de com les diferents comunitats autònomes han de gestionar les seves competències d'educació, d'igualtat, de joventut i infància. I no cal entrar en detalls: que si educació sexual obligatòria i transversal dins
del currículum escolar, que si adaptada a cada etapa escolar, etcètera, etcètera. I diem no cal entrar en detalls, perquè com més entrem en el detall més clara fan vostès la invasió competencial. El que encara veiem més greu és que a través dels
mecanismes d'avaluació i control del grau de compliment del dret a l'educació sexual en cada territori, això és el que diu la seva PNL, volen detectar incompliments i atenció, corregir desviacions d'aquella conselleria. Perquè clar, si es tracta de
detectar
incompliments i corregir desviacions, es tracta de des de Madrid, afectar el com es gestiona de nou el Govern des de cada conselleria responsable. Vaja, que ens estan proposant esmenar-nos la plana. I davant la falta de recursos que pateix
Catalunya com a conseqüència directa del dèficit fiscal estructural, reclamen des de Madrid que els centres educatius disposin de professionals, capacitats i recursos adequats.
Això, en tot cas, és una reclamació que ha de sortir, en el nostre cas, del Parlament de Catalunya, com a part de les sessions de control al govern del nostre país. No ha de ser en matèria d'aquesta cambra.
Voy a ser muy breve, señor presidente.
Hoy hemos vuelto a empezar el Pleno guardando un minuto de silencio por las nuevas víctimas de la violencia de género, madres y niños. Este drama, que cada semana nos deja mudos durante sesenta segundos, tiene muchos orígenes y uno de ellos
seguro que es la falta de educación afectivo-sexual; una educación que ponga en valor a las mujeres, que haga del respeto el puente que tienen que transitar las relaciones entre las mujeres y sus parejas; una educación que haga posible que, cuando
el amor se rompe, haya sitio y lugar para el civismo y no para la violencia, ni hacia las mujeres ni hacia criaturas inocentes instrumentalizadas para causar una herida que también es mortal, porque cuando matan a los hijos dejan sin vida a las
madres.
Dicho esto, estamos de acuerdo -muy de acuerdo- en que hay que incidir en la educación afectivo-sexual, no solo para acabar con los feminicidios y la violencia vicaria, también para evitar las agresiones sexuales, la cosificación de la mujer
u otras variantes de la pérdida de valores que sufre nuestra sociedad. Pero la proposición no de ley de Podemos reclama un plan estatal para garantizar la aplicación efectiva del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2023, que, efectivamente, establece
que la educación sexual integral se implante en todas las etapas educativas, desde infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. Un plan estatal que convierte la ley en una herramienta recentralizadora, que determina desde Madrid la
dirección política y aplica también desde Madrid la supervisión de cómo las diferentes comunidades autónomas tienen que gestionar sus competencias de educación, de igualdad, de juventud e infancia. Y no hace falta entrar en detalles: que si
educación sexual obligatoria y transversal dentro del currículo escolar, que si adaptada a cada etapa escolar, etcétera, etcétera. Decimos que no hay que entrar en detalles, porque cuanto más entremos en el detalle, más clara hacen ustedes la
invasión competencial. Lo que aún vemos más grave es que, a través de los mecanismos de evaluación y control del grado de cumplimiento del derecho a la educación sexual en cada territorio -es lo que dice su PNL-, quieren detectar incumplimientos y
atención, corregir desviaciones de esta o aquella consejería. Porque, claro, si se trata de detectar incumplimientos y corregir desviaciones, se trata de afectar desde Madrid cómo se gestiona en cada consejería responsable. Es decir, que nos están
proponiendo corregirnos. Y frente a la falta de recursos que sufre Cataluña directamente del déficit estructural, reclaman desde Madrid que los centros educativos dispongan de personales capacitados y recursos adecuados.
Esto, de todos modos, es una reclamación que tiene que salir, en nuestro caso, del Parlament de Cataluña, como parte de las sesiones de control del Gobierno de nuestro país; no tiene que ser materia de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario González. (Aplausos).
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Buenas tardes, señorías.
En Podemos, después de su ridículo de la semana pasada tras votar en contra de la prohibición del burka y del niqab en los espacios públicos, dejan bastante claro que no les interesa para nada votar a favor de medidas que protegen a la
mujer, sino todo lo contrario. A este ridículo le ha seguido el resultado de las elecciones de Extremadura y de Aragón, ustedes van teniendo más claro que Podemos se hunde. Y tras su demagogia ya sabemos que lo que hay es división, enfrentamiento
y un afán de adoctrinamiento. (Aplausos). Ustedes ya no se esconden y con esto que traen hoy dejan muy claro que quieren pervertir a nuestros menores desde que son bebés.
Podemos quiere que en España haya un plan estatal para que se implante la educación sexual integral en el sistema educativo. Y, cómo no, tampoco a esta iniciativa le va a faltar el ingrediente de combatir los discursos de odio y la
desinformación. Esta obsesión por adoctrinar resucita de nuevo la apología de la pederastia, que tanto les gusta a sus señorías sacar a pasear para tener esos minutitos de gloria en los
medios de comunicación y abrir de nuevo ese debate. (Aplausos). Es una iniciativa que viene disfrazada de una falsa protección del menor, que lo que pretende es corromperlo y pervertirlo. Es desde que ustedes llegaron a la política,
señorías de Podemos, que los españoles tenemos que combatir los discursos de odio y la desinformación. Ustedes no son defensores de nada. Aquí quienes sueltan violadores son ustedes, son unos 'sueltavioladores'. (Aplausos). Aquí quienes toleran
los símbolos de sumisión, como el burka y el niqab, son ustedes. No es defensa del menor adoctrinar sexualmente ni gritar que si un menor da el consentimiento puede mantener relaciones sexuales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿No se
acuerdan de las palabras de la señora Montero, que decía que los menores tienen derecho a mantener relaciones sexuales con quien deseen si existe consentimiento? ¡Aquí quienes incitan a la pederastia son ustedes! (Aplausos). Los adultos que
mantienen relaciones con menores no son disidentes culturales ni pertenecen a un universo de diversidad afectiva, señorías de Podemos, son delincuentes sexuales.
Además, debatimos algo mucho más profundo y grave de lo que parece, ya que no es solo esta iniciativa de Podemos lo que nos da realmente asco, sino que, por ejemplo, el Grupo Popular haya mejorado con una enmienda una iniciativa de SUMAR
hace algunos meses en la Comisión de Sanidad, en la que proponía que se establecieran enseñanzas mínimas con respecto a la educación afectivo-sexual en todas las comunidades autónomas y formación del profesorado en materia afectivo-sexual, que SUMAR
-claro está- aceptó encantado. Por mucho discurso que ustedes hagan aquí hoy detrás de mí, señorías del Grupo Popular, una cosa es lo que dicen ustedes en palabras, pero en papeles pone otra muy diferente. (Aplausos). Y si no, recordemos el
cartel del Partido Popular en Almería, financiado además con fondos del pacto de Estado, con una cara de un niño que decía: Si dice no, no es sexo, es agresión. ¡Es que ustedes, señorías del Grupo Popular, no se enteran, con un menor siempre es
agresión sexual y siempre es violación! (Aplausos). ¡Son ustedes una estafa, eso es lo que son!
Hace unos meses también se votó en este Congreso erradicar el matrimonio infantil, que cada vez hay más casos en España gracias a importar esa cultura que es completamente incompatible con la nuestra, que consiente que las niñas se casen y
mantengan relaciones sexuales con hombres que son, además, mucho más mayores que ellas. ¿Y qué votaron ustedes, señorías de Podemos? Ustedes votaron que no. Toda la izquierda votó que no. (Aplausos). ¡Toda la izquierda es un lobo con piel de
cordero!
Cuanto más sustituyan ustedes la autoridad de la familia por la autoridad del Estado, cuanto más sustituyan la educación por ideología, cuanto más sustituyan ustedes la protección por la intromisión de la identidad, más traspasan esa línea
roja que muchos jóvenes hace mucho tiempo se han dado cuenta de que han sobrepasado. La escuela no es un lugar de adoctrinamiento, es un lugar de conocimiento y no un laboratorio ideológico de la izquierda. (Aplausos). Ustedes firman esta
iniciativa como si fuera una conquista de derechos, porque ustedes se creen de verdad moralmente superiores. El comunismo se cree moralmente superior, después de haber dejado millones de asesinatos por imponer sus ideas por todo el mundo. Se creen
ustedes con el derecho de robar la inocencia de los menores y pervertirlos y encima hacerles creer que eso es progreso. No es casualidad tampoco que el comunismo ataque siempre los mismos pilares, que son la familia, la tradición, la identidad
nacional, la identidad individual, porque saben que, mientras que haya padres que sean libres, hijos protegidos y españoles también unidos, su proyecto ideológico no germina. (Aplausos).
Termino, señora presidenta. ¡Nosotros tenemos muy claro en VOX que no a la ideología en las aulas, no a los contenidos sexuales en la Educación Infantil, no a la sustitución de los padres por el Estado y sí a la familia y a la libertad, sí
a una enseñanza basada en el conocimiento y en el mérito, sí a la verdadera defensa y protección de la infancia! ¡Saquen sus asquerosas manos de nuestros hijos! ¡Los niños no se tocan, señorías de Podemos! ¡No se tocan! (Aplausos de las señoras y
los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Armario.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Velasco Morillo.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Estamos debatiendo una iniciativa que tiene que ver con el ámbito educativo y la señora Belarra ha empezado relatando una serie de frases, pero se le ha olvidado una cita de Pablo Iglesias: la azotaría hasta que sangrase. No sé si ha sido
intencionado o un olvido. (Aplausos).
Su iniciativa gira exclusivamente alrededor de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y llama mucho la atención que en el texto de la iniciativa y en ningún momento de su intervención hagan mención o referencia alguna a lo dispuesto
en la LOMLOE, ley que, por cierto, como recordarán todas sus señorías, fue aprobada estando Podemos en el Gobierno. En esta ley le dan a la salud sexual y reproductiva un tratamiento transversal en primaria y secundaria. Además, la presentan en un
momento político, señora Belarra, no muy boyante por a ustedes: mucha energía en esta tribuna, pero cada vez es más la pérdida de representación territorial. También se encuentran en una fase de búsqueda de nuevas propuestas políticas, pero su
propuesta no tiene nada de novedad: ya la presentaron la legislatura pasada en diferentes comisiones, tanto en la de Educación como en la de Igualdad, incluso fueron aprobadas, pero está visto que los avances no han sido de su agrado.
Señorías, el sistema sanitario vigente conforme a la LOMLOE y a los reales decretos ya recoge de forma expresa la educación afectivo-sexual no como contenido aislado, sino como parte de los principios pedagógicos, los objetivos de etapas,
las competencias y los saberes básicos de diversas áreas y materias. Los reales decretos de enseñanzas mínimas de todas las etapas educativas incorporan la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y
mujeres, el respeto a la diversidad y la prevención de conductas discriminatorias y violentas. Parecen desconocer las propias normas que aprueban con su voto.
En otro orden de cosas fundamentales para mi grupo, diré que no es de recibo que hagan responsables de la falta de educación sexual a los profesores, que son los profesionales pedagógicamente cualificados para adaptar los contenidos al
contexto y a la edad del alumnado.
Señorías, para elaborar una propuesta curricular de alta calidad que contemple la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, se tienen que contemplar dos premisas claras, entre otras: tiene que responder a la edad y necesidades
formativas de los alumnos y tiene que garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones, como se establece en el artículo 27.3 de la Constitución española.
Permítame que hable del sistema educativo de Castilla y León, mi comunidad, donde la educación se posiciona como la mejor de España. Destaca su alta calidad, la equidad y los resultados, según informes internacionales. Es una de las
mejores del mundo, según los datos del informe PISA. Es un sistema educativo de éxito, con libertad, calidad y equidad. Se garantiza la educación en el medio rural, manteniendo colegios con tres alumnos, y se apoya a nuestros docentes, pilares del
éxito. Vamos a seguir avanzando hacia una formación profesional de excelencia. (Aplausos). En ejercicio de sus competencias de desarrollo curricular, la comunidad autónoma ha concretado en sus decretos los mandatos de currículo, incorporando la
educación afectivo-sexual de forma explícita y aplicada. El modelo curricular vigente no sitúa la educación afectivo-sexual como un bloque aislado, sino como un contenido integrado y adaptado al desarrollo del alumnado, enfoque progresivo por
etapas, tratamiento desde las distintas áreas del conocimiento, vinculación con salud, convivencia, igualdad, valores cívicos y desarrollo emocional, integración en competencias y criterios de evaluación. Esto responde a criterios pedagógicos
consolidados. La educación en valores personales y relacionales funciona mejor de forma integrada que como modelo independiente, obligado y uniforme. Además, es importante destacar que el currículo no se queda en meras enunciaciones normativas,
sino que se concreta en propuestas pedagógicas y organizativas que operan en las aulas y en los centros educativos en mi comunidad. Está claro que, sobre la base de la normativa vigente y su desarrollo efectivo, la educación afectivo-sexual ya está
expresamente contemplada. Existe desarrollo autonómico completo en Castilla y León; se aplica de forma transversal, progresiva y evaluable conforme a criterios pedagógicos; el profesorado está cualificado y cuenta con formación permanente y
recursos específicos; hay colaboración con los profesionales sanitarios que aportan especialización técnica, y el modelo actual permite la adaptación al contexto, edad y centro dentro del marco normativo.
Señorías, concluyo. No resulta necesario un nuevo plan estatal obligatorio adicional, dado que los objetivos que se persiguen en su iniciativa ya están normativamente integrados y operativamente desarrollándose en las comunidades autónomas.
Le he puesto el ejemplo de mi comunidad autónoma, Castilla y León, con un modelo educativo consolidado y reconocido por sus resultados.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velasco.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LAS ÓRDENES DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES SIN DERECHO A PERMANECER EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 162/000684).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión
Europea.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Alós López.
La señora ALÓS LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy presentamos esta iniciativa con el objetivo de que España empiece de una vez a cumplir la ley y deje de ser el eslabón débil de Europa en materia de retornos e inmigración. Los datos son incontestables. Según Eurostat, entre
enero y septiembre del 2025 España notificó más de 41 000 órdenes de expulsión; sin embargo, la propia Secretaría de Estado de Seguridad ha reconocido que apenas se ejecutaron algo más de 3000. Estamos hablando de que solo se ejecutan siete de
cada cien órdenes de expulsión. Esto no es un fallo puntual, sino un fracaso estructural y un mensaje devastador. En España incumplir la ley sale gratis. Por si fuera poco, el Gobierno prepara la mayor regularización masiva de inmigrantes
irregulares de nuestra historia, en un país donde, según las estimaciones, residen alrededor de 840 000 personas en situación irregular. Nunca ha habido en nuestro país tantas personas extranjeras, más del 14 % de la población total, y nunca se
había planteado una regularización de semejante alcance.
Señorías, ¿qué señal están enviando? Yo se lo diré. Por un lado, se dictan órdenes de expulsión que no se cumplen; por otro, anuncian que quien permanezca irregular un mínimo tiempo podrá obtener papeles; y, para colmo, como acreditación
de no tener antecedentes penales bastará una simple declaración responsable. Señorías, les recuerdo que a un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas
actividades; sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral. ¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿De verdad creen que eso
protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas? Esta regularización no solo es injusta para los ciudadanos españoles, lo es también para quienes han venido legalmente y han esperado años trámites burocráticos
interminables. Es un premio colectivo por el mero paso del tiempo y, lo que es más grave, es un potente efecto llamada que están utilizando ya las mafias e introduce riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana.
Las cifras europeas muestran que las entradas irregulares han descendido en la Unión; sin embargo, en la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta directamente a España, han aumentado. Mientras nuestros socios endurecen sus políticas
de retorno, España anuncia papeles para todos, así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen. (Aplausos). La propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso
judicial y la imposibilidad de localización o falta de cooperación consular. Es decir, el sistema no funciona. En lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva. Señorías, esto no va de
humanidad frente a firmeza, va de Estado de derecho, va de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplan, va de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado.
Las peticiones en nuestra proposición son claras. Primero, garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión. Segundo, aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o
reincidentes, especialmente por delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno. Tercero, reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas. Cuarto, revisar los acuerdos con países de origen y
tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión. Y, quinto, reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impulsar la colaboración con
Frontex.
Además, señorías, esta iniciativa es coherente con el nuevo reglamento de retorno presentado por la Comisión Europea en el marco del Pacto de Migración y Asilo. Este reglamento -es muy importante subrayarlo- no es una directiva, es un
reglamento directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros. Establece normas comunes, refuerza la cooperación, introduce la orden de retorno europea integrada en el sistema de información de Schengen y endurece las medidas
frente al riesgo de fuga y frente a quienes representan una amenaza para la seguridad. También amplía los motivos de
detención, permite prohibiciones de entrada de hasta diez años, incluso veinte para casos de alto riesgo, y exige que, cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión. (Aplausos).
¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este reglamento si hoy ejecuta solo un 7 % de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones si estas no se cumplen?
¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros? El reglamento europeo habla de eficacia, de cooperación, de prevención de movimientos secundarios dentro de Schengen; justamente lo contrario de lo que hace el Gobierno con la
regularización masiva, que rompe la coherencia del sistema europeo y nos enfrenta con nuestros socios; de hecho, hemos leído esta semana que trece primeros ministros reprocharán a Sánchez en Bruselas la regularización masiva por obviar el pacto
migratorio: consideran que España ya no es un socio fiable por asumir una decisión unilateral que compromete la integridad del espacio Schengen.
Señores del Gobierno, gobernar no es improvisar, no es utilizar el BOE como herramienta electoral, no es hurtar el debate parlamentario cuando no se tienen los apoyos suficientes. Gobernar es asumir la realidad, decir la verdad, tomar
decisiones responsables y cumplir la ley. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). España necesita una política migratoria de Estado, con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier
regularización individualizada y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos, y, por supuesto, necesita ejecutar las órdenes de expulsión.
Humanidad sí, pero también justicia. Integración sí, pero también cumplimiento de la ley. Solidaridad sí, pero también responsabilidad. No pueden seguir trasladando a comunidades autónomas y ayuntamientos los costes de la improvisación.
No pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica. No pueden pedir confianza a los ciudadanos mientras envían el mensaje de que el cumplimiento de la ley es opcional. Por eso pedimos el apoyo a esta
proposición no de ley, porque va a favor del Estado de derecho, a favor de la convivencia, a favor de una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo, a favor de lo que esperan nuestros socios europeos de un país fiable. España no puede ser
el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática. España debe cumplir la ley, debe controlar sus fronteras, cumplir sus expulsiones y estar a la altura de lo que esperan los
socios europeos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alós.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Este Gobierno no tiene una política migratoria real y efectiva, como hemos venido denunciando en otras ocasiones. Actúa en función de las circunstancias de cada momento y lo hace a la luz de los intereses partidistas y sectarios que tiene,
sin ningún tipo de criterio y, en ocasiones, en contra de los mandatos de la Unión Europea, que ya ha advertido a España sus reparos respecto a la regularización masiva del Gobierno. La Unión Europea marca unas directrices y que el propio Gobierno
incumple. Hemos podido comprobarlo en todo el tema de los menores no acompañados hacinados en Canarias. También lo hemos comprobado con la regularización masiva sin ningún tipo de rigor jurídico que el Gobierno metió en el cajón y luego lo sacó de
ese cajón del olvido para mercadear con los cuatro votos de Podemos y sumarlos a otras iniciativas. Y lo estamos viendo con las órdenes de expulsión, cuyo nivel de cumplimiento en nuestro país es ridículo, vergonzoso, por dejadez, por incapacidad,
por incompetencia o por puro interés. No alcanzamos el 8 %, cuando en el resto de los países de la Unión Europea hay un cumplimiento del 25 y el 30 %. Asimismo, si valoramos la evolución de los últimos años, podemos comprobar que también ha ido
disminuyendo: poco más de 5000 expulsiones se llevaron a cabo en el año 2016; en el año 2019, un poco más de 4500; en el año 2025, 3398, cuando las órdenes de expulsión emitidas habían sido más de 41 000.
Por lo tanto, señorías, el Gobierno tiene que tomar decisiones en esa línea, tiene que actuar con eficacia, con eficiencia. Una de las cuestiones que se está planteando -viene recogida en esta propuesta, que nosotros apoyaremos- es la firma
de convenios, no solo ya de España como país, sino, algo
fundamental, de la Unión Europea, porque la política migratoria de España tiene que ser la que marque la Unión Europea. No podemos ir por libre.
Finalizo. Señorías, es indignante comprobar que, cuando al Gobierno se le pregunta por la nacionalidad de las personas que tienen una orden de expulsión o por aquellas que se han ejecutado, el Gobierno calla, siguiendo otra vez en la
opacidad, y lo justifica diciendo que es que, de facilitar esa información, se podrían generar problemas en la política exterior de nuestro país. Prepotencia y soberbia, una vez más, de este Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Gracias, señora presidenta.
El Partido Popular parece que se ha marcado el objetivo de competir con VOX. Pues permítanme darles un consejo: cuando se compite en el terreno del odio, nadie gana, pero mucho menos se combate aquello que ustedes decían que venían a
combatir. Lo que nos traen hoy aquí, a través de esta proposición no de ley, es una carrera por ver quién propone más expulsiones, más titulares incendiarios y más mano dura contra las personas migrantes. Sin embargo, esta competición, señores y
señoras del Partido Popular, no les está sentando a ustedes nada bien porque, a pesar de intentar endurecer su discurso migratorio, lo único que hacen es comprarles el discurso a sus compañeros de ultraderecha. Hablan de ejecución efectiva, como si
el problema de este país fueran las personas que no tienen papeles, pero no dicen nada de esos empresarios que se aprovechan de estas personas, a las que pagan una miseria y tienen explotadas. No dicen nada tampoco de la economía sumergida, que se
supone que ustedes han querido combatir, aunque nunca han hecho nada serio para revertir la situación. Tampoco dicen nada de las familias que llevan años y años trabajando y contribuyendo a nuestra economía, eso sí, sin ningún tipo de derechos.
Cuando se debatió la iniciativa legislativa popular, al final ustedes cedieron a la presión, cedieron a la presión de 700 000 firmas, cedieron a la presión de la Iglesia, pero no fue para buscar una posición valiente en política migratoria,
fue -ahora lo estamos comprobando- por puro oportunismo político. Ahora, cuando creen que pueden rascar votos hacia su derecha, cambian el tono e intentan mimetizarse con el partido VOX.
Desde Podemos les vamos a decir sin complejos que nosotras estamos completamente orgullosas de haber sido impulsoras de la regularización de las personas que estaban en nuestro país en una situación irregular, porque regularizar significa
fortalecer nuestra Seguridad Social, significa garantizar derechos laborales, significa proteger a todas esas mujeres migrantes que cuidan a quienes más queremos y, también, regularizar significa combatir la explotación. Eso sí, señores del Partido
Popular, eso sí que es eficacia. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, España sufre una invasión migratoria producto de la política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo desde hace décadas. Ahora Sánchez se propone llevar adelante una regularización inmediata de medio millón de
inmigrantes ilegales, que van a ser muchos más, entre dos y tres millones, una vez que los regularizados ahora completen sus procesos de reagrupación familiar, todo ello sobre la base del nuevo reglamento de extranjería, que es un auténtico coladero
al minimizar al máximo los requisitos del arraigo. Por cierto, estos conceptos, arraigo y reagrupación familiar, fueron introducidos en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2000 por el Gobierno de Aznar.
Así que, señorías, esta nueva regularización masiva lo único que va a hacer es alentar aún más el efecto llamada y, por tanto, aumentar esa invasión migratoria, con las consecuencias nefastas que tiene en el ámbito social, es decir, más
problema de vivienda, más colapso de la sanidad y de los servicios sociales, más precariedad del mercado de trabajo y más delincuencia. Sí, señorías, más delincuencia (aplausos), porque ahora se van a poder regularizar todos aquellos que en este
momento andan delinquiendo en nuestras calles, con tal de que no tengan antecedentes penales o ellos mismos digan que no los tienen, que son cosas distintas, suscribiendo una mera declaración, aunque tengan un largo historial
de antecedentes policiales. Por eso, previniendo esta situación, el Grupo Parlamentario VOX fue el único grupo en esta Cámara que hace meses se opuso a la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que tenía el mismo fin de
esta regularización masiva que ahora se va a llevar adelante.
Hemos denunciado la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez para garantizar la seguridad de nuestras fronteras, para combatir a las mafias y a las ONG que colaboran con ellas, para mantener una política de firmeza frente a
Marruecos y ejecutar las órdenes de expulsión que se dictan, porque se ejecuta un porcentaje ridículo, en torno al 7 % anual; por cierto, en términos muy similares al que se ejecutaba en la época del Gobierno de Rajoy. Así que, en contexto
general, señorías, conviene recordar algunas cosas. Primero, que en el año 2015 el Gobierno de Rajoy llevó adelante una reforma del artículo 89 del Código Penal, que sigue vigente y que dificulta la expulsión de delincuentes extranjeros una vez
estos salen de prisión. Segundo, que, con los mismos argumentos que hoy el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido en esta tribuna, ha venido sistemáticamente durante años votando en contra de todas las iniciativas presentadas por el Grupo
Parlamentario VOX en orden a frenar esta invasión ilegal. Y, tercero, que tuvimos que abandonar los Gobiernos autonómicos porque el Partido Popular llegó a un acuerdo con Sánchez para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las
diversas comunidades autónomas; problema este de los menores especialmente singular por su efecto también sobre el incremento de la delincuencia.
En los dos últimos años, la llegada de estos menores se ha incrementado en un 41 %, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos, país que se está pasando por el forro, desde el momento mismo de firmarlo, el acuerdo entre ambos reinos el 6
de abril de 2007 en Rabat para la prevención de la inmigración ilegal de menores extranjeros y la devolución de estos a sus familias o a instituciones de tutela en sus países de origen. El Gobierno acaba de reconocer que, durante todo este tiempo,
no se ha ejecutado una sola orden de devolución de estos menores a Marruecos.
En consecuencia y en atención a todo ello, presentamos enmienda de adición a esta proposición no de ley para darle mayor firmeza, contundencia y claridad. Exigimos la derogación del Real Decreto 1155/2024, que aprueba el nuevo reglamento de
extranjería. Exigimos la ampliación del número de años necesario para adquirir la residencia de larga duración. Exigimos que se implementen los procesos de reemigración a sus países de origen de aquellos inmigrantes que de manera permanente viven
de la ayuda y de los servicios sociales que prestan las diversas Administraciones públicas. Exigimos que se deporte a todos aquellos extranjeros que delincan o que pretendan imponer el islamismo y, de igual forma, que se les prive, se les revoque
la nacionalidad española, si la tienen, y se expulse a aquellos que estén en situación de perpetrar cualquiera de las dos conductas que acabo de señalar. Por último, exigimos que se ponga fin a cualquier política inmigratoria que tenga por objeto
traer más inmigración, ante la situación de saturación inmigratoria que en este momento tiene España, y, por supuesto, a cualquier proceso de regularización afecto a tal fin, por las situaciones nefastas que esta saturación inmigratoria está
produciendo en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la precariedad del mercado de trabajo y, también, en el ámbito de la delincuencia.
Termino, señora presidenta, diciendo que todas estas exigencias son exigencias acordes con el interés nacional, acordes con el sentido común y acordes con lo que opinan...
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, tiene que terminar.
El señor GIL LÁZARO: ... millones y millones de españoles hartos ya de aguantar tanta patraña.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, uno de los éxitos de la extrema derecha, tanto política como mediática, ha sido situar en el CIS y en otras encuestas las migraciones como un problema para la sociedad española. Es cierto que luego, cuando se pregunta a la
ciudadanía en qué afecta ese fenómeno en su día a día, esto baja drásticamente. En definitiva, las migraciones no son un problema, pero sí hay esa percepción, y eso es
debido a los bulos y a los estigmas que se vierten día a día por parte de la derecha más extrema y de sus sucursales mediáticas.
La realidad es que la población migrante que hay en el Estado español aporta un 70 % más de lo que recibe, es decir, es beneficiosa incluso en esos términos economicistas. De igual forma, es mentira, es falso que haya una vinculación entre
delincuencia y nacionalidad; lo que sí hay es un fenómeno que une delincuencia con situación socioeconómica. Si uno escucha el discurso de hoy del Grupo Popular, que en poco ha diferido del que ha hecho el portavoz de VOX, de su antiguo compañero,
Gil Lázaro -que es cierto que es gracioso oírle criticar al Gobierno de Rajoy cuando yo le recuerdo perfectamente sentado aquí como miembro de la Mesa, pero bueno, eso es para otro día-, hablando del efecto llamada, de migración ilegal -sí,
migración ilegal-, de coladero, uniéndolo con la regularización y dando datos y diciendo que delinquir sale gratis... Ese es el discurso de VOX. ¿Qué ocurre? ¿Es un acto de campaña para las elecciones de Castilla y León? ¿O es que no les ha ido
muy bien en Extremadura y en Aragón, que aun ganando han perdido? ¿Está ahí la cuestión del debate? ¿Es una proposición electoral? Si se trata de confrontar con la extrema derecha, con su escisión de VOX, ustedes tienen pedigrí, tienen un
currículum en esto de las migraciones y la mano dura. Pueden recordarles el hecho del Tarajal. Fíjense, se cumplen este mes de febrero doce años de la masacre del Tarajal, en Ceuta. De igual forma, tienen un currículum abultado de expulsiones
sumarias, incluyendo a personas heridas, mujeres embarazadas y menores durante los Gobiernos de Rajoy y Aznar. También las muertes en los CIE, más de media docena durante el último Gobierno de Rajoy. ¿O qué decir de los falsos puestos en frontera,
tanto en Ceuta como en Melilla, en 2014 que impedían que cualquier persona de origen subsahariano pudiera solicitar asilo en frontera? ¿O la congelación de las solicitudes de asilo cuando ustedes gobernaron? Sí, creo que tienen capacidad de
demostrar que ustedes son igual de duros que ellos, pero no solamente con palabras, sino con hechos; esto lo pueden demostrar.
Pero una de las verdades que curiosamente les ha dicho el señor de VOX ha sido que, cuando ustedes gobernaban, las expulsiones se efectuaban en el mismo nivel que las que puede hacer el Gobierno del Partido Socialista. ¿Saben por qué?
Porque, más allá de las ejecuciones, estas se tienen que llevar a cabo con el principio de proporcionalidad, de legalidad, en cumplimiento de garantías y de tratados, y en muchas ocasiones eso no se puede hacer. Y qué decir cuando hay dificultades
por parte de otros Estados, que es cierto que las hubo en el pasado y las hay ahora, pero en los mismos niveles. Si esto es una competición, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no hicieron todo esto que ahora proponen al Partido Socialista?
Porque en el día a día hay dificultades.
Es normal que todo Gobierno, todo Estado, luche contra la delincuencia. Es normal que toda persona que cometa un delito tenga un reproche penal. Es normal que se cumpla la ley incluso cuando no gusta. Está regulado ya esto de las
expulsiones en el Código Penal incluso en la ley de extranjería; pero, ya les digo, esto se hace con garantías y con unos procesos arreglados. Utilizar esto para intentar unir el mensaje de migraciones con delincuencia tiene un tufo a xenofobia.
Y, además, en este contexto, se ve que es con un cariz electoral. Yo creo que, si hay que luchar contra la delincuencia -que es importante-, hay que luchar también contra la xenofobia y contra todos aquellos y todas aquellas que intentan vincular
migraciones con delincuencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Madrenas i Mir.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt bona tarda a tothom. Avui aquí no parlem de depèn de què. Avui aquí parlem de persones que han comès un delicte, no d'altres persones. Persones que han comès un delicte i que un jutge estima que ha de ser expulsada i que el Govern no
executa l'ordre del jutge. Si això és xenofòbia, doncs no ho sé, tenim un problema. Ordres judicials inexecutades. Estem parlant d'això.
Diu la proponent que hi ha moltes ordres judicials d'expulsió a persones estrangeres que han delinquit, que no s'executen, i això és radicalment cert. És cert i preocupa la gent i preocupa Junts i hauria de preocupar a tothom que defensa un
estat de dret sòlid. Perquè no fer-ho genera enormes desconfiances amb el sistema, frustració amb la justícia i una sensació d'impunitat que cap societat madura pot assumir. Fins i tot les institucions europees han expressat en diverses ocasions
la necessitat de millorar l'efectivitat d'aquest sistema.
Ara bé, també és cert que aquesta PNL parteix d'una base molt fràgil. Ho he de dir, utilitza dades parcials fora de context, metodològicament feble. Amb dades febles no es pot construir política migratòria seriosa, òbviament. Tampoc
compartim el model competencial centralitzador que el text dona per descomptat. El relat que ens presenten converteix estimacions en certeses i barreja períodes temporals diversos, genera una fotografia inconsistent. Ara aquest tema no és un tema
menor, perquè quan es parla d'expulsions de seguretat, el rigor és absolutament imprescindible. Dades febles no fan polítiques fortes.
Però en tot cas els hi he de dir que segurament la culpa no és de vostès que no tinguin les dades correctes. Tenim molt clar que el culpable d'això és el Govern espanyol i Junts fa molt de temps, i ho sabem perquè ho he dit en multitud
d'ocasions i des d'aquest faristol, en som molt crítics perquè el govern de PSOE de SUMAR amaga sistemàticament aquesta informació. No hi ha manera de trobar-la. Fa dos anys que estem reclamant dades completes i actualitzades sobre les ordres
judicials d'expulsió. El nombre real d'execucions i la causa de les dilacions o de les no execucions. I la resposta ha estat sempre: el silenci. La manca persistent de transparència del Gobierno cap a tots nosaltres i, sobretot, cap a la
ciutadania. És totalment incomprensible. Qualsevol de nosaltres podríem assenyalar causes de la manca d'execució, el col·lapse judicial, poca coordinació administrativa, dificultats consulars. Però és que aquesta cambra continuaria legislant a
mitges o malament, si no disposem del quadre complet. És impossible prendre decisions estratègiques quan l'Estat reté les dades amb la mateixa força que reté les competències. Per això, aquesta PNL utilitza algunes formulacions pròpies d'un debat
més emocional que no pas d'un debat rigorós. A Catalunya sabem de la necessitat de gestionar convivència i pressió demogràfica i precisament per això sabem que la seguretat es defensa amb proporcionalitat i cal informació i transparència, no amb
generalitzacions que acaben alimentant algunes formulacions simplistes.
A banda d'això, per Junts és punt central del nostre posicionament l'aspecte competencial. És Catalunya qui assumeix en proporció clarament superior l'arribada migratòria. És Catalunya qui, malgrat un dèficit fiscal indecent, sosté els
serveis públics quan es tensen. És Catalunya qui gestiona barris amb densitats de població estrangera molt per sobre de la mitjana estatal. I és Catalunya qui posa els Mossos d'Esquadra, els serveis socials, els ajuntaments, totes les polítiques
necessàries d'integració i, malgrat tot això, les decisions sobre expulsions, fronteres, admissions, coordinació, Frontex, tot el que diuen, continua sent competències exclusives de Madrid. Aquest és el desequilibri real d'aquesta proposició del PP
que ignora i que el PSOE perpetua quan es nega a compartir dades que són essencials. Quan l'Estat dicta ordres que després no executa i alhora reté la informació necessària per entendre què passa, és fa evident un model centralitzat que impedeix
aprofitar les capacitats del territori que efectivament està gestionant la realitat quotidiana. Si Catalunya disposés de les dades i de les competències, la resposta seria eficient i efectiva. En aquesta proposició, Catalunya continua assumint les
conseqüències sense poder de decidir res. Per això la nostra posició és clara. Sí, a fer efectives les ordres judicials d'expulsió d'aquelles persones que han delinquit, però no a avalar un model centralista incomplet i sustentat en dades que són
discutibles per culpa del Govern. I la seguretat no és un eslògan, és una responsabilitat i no hi ha responsabilitat sense capacitat de decisió.
Catalunya vol executar una política migratòria rigorosa i efectiva, però això només serà possible quan es reconegui que nosaltres, que som qui gestionem el dia a dia, puguem decidir com fer-ho. Senyors del Govern, compleixin d'una vegada
amb el traspàs de les competències d'immigració cap a Catalunya.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes a todos. Hoy aquí no hablamos de según qué, hoy hablamos de personas -personas que han cometido un delito, no de otras personas-, personas que han cometido un delito y un juez estima que tienen que ser expulsadas y el
Gobierno no ejecuta la orden judicial. Si eso es xenofobia, pues no sé, tenemos un problema. Órdenes judiciales que no se ejecutan; estamos hablando de eso.
Dice la proponente que hay muchas órdenes judiciales de expulsión a personas extranjeras que han delinquido que no se ejecutan. Y eso es radicalmente cierto, es cierto, y preocupa a la gente, preocupa a Junts y debería preocupar a todo
aquel que defienda un Estado de derecho sólido, porque no hacerlo genera enormes desconfianzas en el sistema, frustración con la justicia y una sensación de impunidad que ninguna sociedad madura puede asumir. Incluso las instituciones europeas han
expresado en diversas ocasiones la necesidad de mejorar la eficacia de este sistema.
Ahora bien, también es cierto que esta PNL parte de una base muy frágil, lo tengo que decir. Utiliza datos parciales fuera de contexto, metodológicamente débiles. Con datos débiles no se puede construir política migratoria seria,
obviamente. Tampoco compartimos el modelo competencial centralizador que el texto da por descontado. El relato que nos presentan convierte estimaciones en certezas y mezcla diversos periodos temporales; generan una fotografía inconsistente.
Ahora bien, este tema no es menor, porque cuando se habla de expulsiones, de seguridad, el rigor es absolutamente imprescindible. Datos débiles no dan políticas fuertes.
En todo caso, tengo que decirles que probablemente la culpa de tener datos incorrectos no sea de ustedes; el culpable es el Gobierno español, lo tenemos muy claro. Y Junts hace mucho tiempo -y lo saben, porque lo he dicho muchas veces
desde este atril- somos muy críticos, porque el Gobierno del PSOE y SUMAR oculta sistemáticamente esta información, no hay manera de encontrarla. Hace dos años que estamos reclamando datos completos y actualizados sobre las órdenes judiciales de
expulsión, el número real de ejecuciones y la causa de las dilaciones o de las no ejecuciones, y la respuesta siempre ha sido nada, el silencio. La falta persistente de transparencia por parte del Gobierno hacia todos nosotros y, sobre todo, hacia
la ciudadanía, es totalmente incomprensible. Cualquiera de nosotros podríamos señalar causas de la falta de ejecución -el colapso judicial, poca coordinación administrativa, dificultades consulares-, pero es que esta Cámara seguiría legislando a
medias o mal si no tenemos el cuadro completo. Es imposible tomar decisiones estratégicas cuando el Estado retiene los datos con la misma fuerza que retiene las competencias. Por eso esta PNL utiliza algunas formulaciones propias de un debate más
emocional que no uno riguroso. En Cataluña sabemos de la necesidad de gestionar convivencia y presión demográfica, y precisamente por eso sabemos que la seguridad se defiende con proporcionalidad. Y hace falta información y transparencia para eso,
no generalizaciones que terminan alimentando algunas formulaciones simplistas.
Ante todo, Junts quiere posicionar el aspecto competencial. Es Cataluña la que asume en proporciones claramente superiores la llegada migratoria. Es Cataluña la que, a pesar de un déficit fiscal indecente, sostiene los servicios sociales
tensados. Es Cataluña la que gestiona barrios con intensidad de población extranjera muy por encima de la población estatal. Y es Cataluña la que gestiona los Mossos d'Esquadra, los servicios sociales, los ayuntamientos, todas las políticas
necesarias de integración. Y, a pesar de todo eso, las decisiones sobre expulsiones, fronteras, readmisiones, coordinación Frontex... todo lo que dicen, siguen siendo competencias exclusivas de Madrid. Este es el desequilibrio real de esta
proposición del PP, que este ignora y que el PSOE perpetúa cuando se niega a compartir datos que son esenciales. Cuando el Estado dicta órdenes que después no ejecuta y a la vez retiene la información necesaria para entender qué pasa, pues se hace
evidente un modelo centralizado que impide que aprovechemos las capacidades del territorio que efectivamente está gestionando la realidad cotidiana. Si Cataluña dispusiera de los datos y las competencias, la respuesta sería mucho más efectiva. En
este contexto, Cataluña sigue asumiendo las consecuencias sin poder decidir nada. Por eso nuestra posición es clara: sí a hacer efectivas las órdenes judiciales de expulsión de aquellas personas que han delinquido, pero no avalar un modelo
centralista incompleto que se apoya en datos que son discutibles por culpa del Gobierno. La seguridad no es un eslogan, es una responsabilidad, y no hay responsabilidad sin capacidad de decisión.
Cataluña quiere ejecutar una política migratoria rigurosa y efectiva, pero eso solo será posible cuando se reconozca que nosotros, que somos quienes gestionamos el día a día, podamos decidir cómo hacerlo. Señores del Gobierno, cumplan de
una vez con el traspaso de las competencias de inmigración hacia Cataluña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Presidenta, bona tarda.
Quiero empezar contándoles una fábula, señorías del PP que proponen esta iniciativa. Esta fábula les será familiar. Empieza al día siguiente del último congreso que celebraron ustedes, lo que ustedes llaman el Congreso Nacional. En el
último Congreso Nacional del PP su líder, Núñez Feijóo, prometió endurecer las políticas migratorias. Están en su derecho, está en su programa. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Al día siguiente el partido VOX, a través de una diputada y portavoz de
temas sociales, dijo lo siguiente: Si VOX gobierna en España, expulsaremos a ocho millones de personas. A ocho millones de personas, repito. (El señor Robles López: ¡Bulo!). ¿No? La señora De Meer lo dijo. (Rumores). Está registrado. (El
señor Robles
López: ¡Bulo!). ¿Cómo se llama esta fábula? Se llama la subasta insomne del perdedor Feijóo. (El señor Robles López hace signos negativos). Nunca llegarán ustedes a superar la subasta del señor Abascal. Esta es su condena y esta es
nuestra ruina.
Per tant, senyories del PP, tot el que vostès proposen avui, obeeix a aquesta lògica perversa que és intentar encalçar la subhasta perpetua de la ultradreta. I això és el que explica, per exemple, el debat trampós sobre el burka, o això és
el que explica, senyories, el debat trampós sobre la multireincidència, o això és el que explica tantes coses. La faula també es podria dir: com un partit que reclamava hereu dels democristians o dels liberals o dels millors conservadors, va
acabar a les platges pútrides de la ultradreta? També és una altra faula. També l'hauran d'explicar.
Bé, vostès pensen, senyories del PP, que estan parlant de l'expulsió de persones d'Europa, però en realitat estan parlant de l'auto expulsió dels europeus. Perquè si vostès realment creuen, suposo que ho creuen des del seu cinisme, però que
aquesta és la política millor per regular les migracions al Vell continent, en el fons haurem d'acabar expulsant nos a nosaltres mateixos. Perquè què és Europa si no? Com es preguntava el savi Edgar Morin, què és Europa si no? Una idea en
construcció. I vostès estan destruint aquesta idea. Vostès estan cada dia des d'aquest hemicicle, des de les xarxes, des dels mitjans, rebentant aquesta idea. I ho estan fent seguint el dictat de Donald Trump. I això es diu profecia
autocomplerta. Donald Trump, en el seu document sobre seguretat, va dir: 'Europa viu en decadència'. I vostès estan abonant aquest judici, aquesta idea tan falsa de que Europa està en decadència. Efectivament, l'Europa decadent és aquella en què
els hereus d'Adenauer i Merkel estan comprant el que els hereus d'altres no tan bons estan proposant.
Senyories, jo ja no em poso nerviós. He vingut aquí a veure la caiguda de l'Imperi Romà. I vostès es pensen que són els lleons, però són els cristians perquè vostès seran devorats, seran devorats inevitablement. I és una cosa que m'agrada
dir cada dia que pujo aquí. Seran devorats inevitablement, com s'ha vist a Extremadura, com s'ha vist a l'Aragó, com probablement es veurà Castella i Lleó, vostès seran devorats. Els salvarà el senyor Moreno Bonilla, que és l'excepció que confirma
la regla.
Bé, i què hem de fer la resta? Doncs la resta hem de dir que vostès no només s'equivoquen, sinó que ens porten al desastre. I que vostès són sobretot en termes històrics, uns irresponsables, uns irresponsables d'una dimensió total. Perquè
jo em pregunto, ja que vostès són la dreta política, per què no escolten el Papa? El Papa no és pas un bolxevic, diria. Per què no escolten Foment del Treball? Foment del Treball no és pas un casal okupa. Aleshores vostès que són la dreta per
què s'entesten a imitar la ultradreta?
Bé, acabaré amb una cita de Hannah Arendt. Hannah Arendt, l'any 1943, exiliada a Nova York, va dir: 'Hem de lluitar pel dret a tenir drets'. El derecho a tener derechos. Això va dir que anaren l'any 1943 fugint d'una barbàrie que vostès
avui abonen amb la seva irresponsable i trista mirada cínica sobre el món que tenim.
Bona tarda.
Por tanto, señorías del PP, todo lo que ustedes proponen hoy obedece a esta lógica perversa, a saber, intentar ganar a la subasta perpetua de la ultraderecha. Y eso es lo que explica, por ejemplo, el debate tramposo sobre el burka; o lo
que explica, señorías, el debate tramposo sobre la multirreincidencia; o lo que explica tantas cosas. La fábula también podría decir, ¿cómo un partido que se reclamaba heredero de los democristianos o de los liberales o de los mejores
conservadores acabó en las manos pútridas de la ultraderecha? También es una fábula. También lo tienen que explicar.
Pues bien, ustedes, señorías del PP, piensan que hablan de la expulsión de personas de Europa, pero en realidad están hablando de la autoexpulsión de los europeos. Porque, si ustedes realmente creen -supongo que lo creen, desde su cinismo-
que esta es la mejor política para regular las migraciones en el viejo continente, pues en el fondo acabaremos expulsándonos a nosotros mismos. Porque, ¿qué es Europa si no, como se preguntaba el sabio Edgar Morin? ¿Qué es Europa si no? Una idea
en construcción. Y ustedes están destruyendo esa idea. Están cada día desde este hemiciclo, desde las redes, desde los medios, reventando esta idea. Lo están haciendo siguiendo el dictado de Donald Trump y eso se llama profecía autocumplida.
Donald Trump en su documento sobre seguridad dijo lo siguiente: Europa vive una decadencia. Y ustedes están abonando este juicio, esta idea tan falsa de que Europa está en decadencia. Efectivamente, la Europa decadente es aquella en la que los
herederos de Adenauer y de Merkel están comprando lo que los herederos de otros no tan buenos están proponiendo.
Señorías, yo ya no me pongo nervioso. He venido aquí a ver, digamos, la caída del Imperio romano. Ustedes se piensan que son los leones, pero son los cristianos, porque ustedes serán devorados
inevitablemente. Y es algo que me gusta decir cada día que subo aquí: serán devorados inevitablemente, como se ha visto en Extremadura, en Aragón y como, probablemente, se verá en Castilla y León. Ustedes serán devorados. Los van a
devorar. Los salvará el señor Moreno Bonilla, que es la excepción que confirma la regla.
Bien, ¿y qué tenemos que hacer el resto de nosotros? Pues tenemos que decir que ustedes no solo se equivocan, sino que nos llevan al desastre. Y que ustedes, sobre todo en términos históricos, son unos irresponsables, unos irresponsables
de una dimensión total. Porque yo me pregunto lo siguiente: ya que ustedes son la derecha política, ¿por qué no escuchan al Papa? El Papa no es un bolchevique en absoluto, diría yo. ¿Por qué no escuchan a Foment del Treball? No es una casa de
okupas. Entonces, ustedes, que son la derecha, ¿por qué se empecinan en imitar a la ultraderecha?
Pues bien, acabaré con una cita de Hannah Arendt. En 1943 Hannah, exiliada en Nueva York, dijo lo siguiente: Tenemos que luchar por el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Eso dijo en 1943 Hannah Arendt, huyendo de una
barbarie que ustedes hoy abonan con su irresponsable y triste mirada cínica sobre el mundo que tenemos.
Buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Presidenta, señorías, el Partido Popular y VOX insisten en utilizar la desconfianza hacia los extranjeros, trabajadores y pobres para azuzar problemas de convivencia, crispando un poco más cada día el ambiente
social.
Resulta que las regularizaciones son necesarias cuando las hace el Partido Popular, pero son malísimas si las hace otro Gobierno. Aznar, en 1996, aprobó una regularización de más de 500 000 extranjeros y, por si fuera poco, en los años 2000
y 2001, una segunda que regularizó un total de un millón de extranjeros. Por cierto, el señor Gil Lázaro ya debía ser diputado del Partido Popular entonces. (Aplausos). Las expulsiones son exigibles cuando gobierna la izquierda, pero cuando
gobierna la derecha lo que ocurre es que no son posibles. Y, frente a su alarmismo, en 2025 las entradas irregulares en la Unión Europea descendieron un 26 %, y en España descendieron más, un 42 %, por los convenios existentes. Y les digo: más se
reducirían con políticas de desarrollo; o sea que ya saben cuál es la receta.
Proponer medidas que ya existen, como la expulsión de extranjeros con condena penal o la expulsión en vía administrativa, o es ignorancia o es demagogia. Proponen luego ocurrencias de imposible ejecución. Por ejemplo, cobrar sanciones
económicas a los países de origen de los migrantes. ¡A los países más pobres del mundo le van ustedes a cobrar sanciones! Eso lo tengo yo que ver.
Esta propuesta realmente es un peaje que el Partido Popular paga a VOX para que le permita gobernar en Extremadura y en Aragón (rumores); para salir del atolladero en el que se han metido tras la decisión de Feijóo de adelantar cuantas
elecciones autonómicas ha podido. Y es un anticipo de lo que nos espera si el Partido Popular gobierna junto a VOX o dependiendo de ese partido ultra y fascista que pretende expulsar a todo el mundo en todas partes, ya sean extranjeros o hasta al
militante de VOX con el carné número uno. ¡Por expulsar que no quede! (Aplausos). Una purga peor que la de Stalin, decía Ortega Smith, que afirma que no hay nada peor que el terror impuesto por Abascal en su propio partido. Imagínense a Abascal
de ministro de Interior de España.
Las propuestas del Grupo Popular y las enmiendas de VOX muestran la falta de respeto de ambos partidos al Estado de derecho: sustituyen el Estado de derecho por la arbitrariedad; desprecian el principio de proporcionalidad; desprecian la
tutela judicial efectiva y llaman a incumplir las leyes de la Unión Europea, la nueva directiva europea de retorno en vigor en el año 2026 que prohíbe las expulsiones automáticas o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
desprecian el interés superior del menor; desprecian la unidad de las familias.
El Grupo Popular y VOX un día nos presentan resoluciones condenando un supuesto genocidio que sufrirían los cristianos en África o en Oriente Medio para, a continuación, presentar una propuesta ignorando el mandato del derecho internacional
de no devolución de extranjeros perseguidos en sus países de origen. Entérense de que los cristianos en África o en Oriente Medio no son blancos, son negros o son árabes y llegan aquí como migrantes. (Aplausos.-Rumores). Y si son tan cristianos,
respeten los mandatos bíblicos: Dios ama al extranjero y le da pan y vestido. Paguitas lo llamarían ustedes. Y continúa: Por tanto, su pueblo debe hacer lo mismo. Ustedes acordarían el internamiento de familias enteras de
extranjeros en centros de tortura como los del ICE. Recluirían a menores como Liam Conejo, el niño de cinco años, o como Amalia, la bebé de meses a la que casi mata Trump por negarle atención médica. Y cuando sueñan con expulsar a
extranjeros lo hacen soñando en lugares como Guantánamo o en las cárceles negocio de Bukele. Tomen nota de cómo la justicia italiana ha ido corrigiendo las arbitrariedades de su admirada Meloni, obligando a pagar una indemnización al Open Arms u
ordenando la devolución de extranjeros expulsados a Albania por obviar sus derechos. La ola de racismo que están poniendo en marcha llega a todas partes. ¡Qué vergüenza los seis antidisturbios que humillaron a un ciudadano de Melilla delante de su
esposa y sus hijos menores! (La señora Acedo Reyes pronuncia palabras que no se perciben). Gracias a que la víctima era guardia civil toda España se ha enterado de las consecuencias del odio racista que están impulsando.
El gran problema que enfrenta nuestro país ante un posible Gobierno del Partido Popular y de VOX es que todo lo que dicen que van a hacer con los diferentes lo acabarán haciendo con quienes pensamos diferente a ustedes. El Partido Popular
está dispuesto a acabar con el Estado de derecho y con las libertades con tal de que VOX les deje gobernar.
Votaremos que no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Santiago.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas Maroto.
El señor ARRIBAS MAROTO: Gracias, presidenta.
Hoy el Grupo Popular nos trae una iniciativa que no nace de la preocupación real por la política migratoria ni por la seguridad en nuestro país. Estamos ante una propuesta diseñada para alimentar el miedo y eso es muy grave porque cuando se
juega con el miedo se rompe la convivencia. Cuando la derecha no tiene soluciones siempre busca un enemigo y casualmente siempre busca al enemigo más débil. Hoy ustedes han elegido a los inmigrantes. Esta proposición no de ley no sale de un
análisis riguroso de los datos ni de una visión responsable del fenómeno migratorio, nace de otra cosa: nace de esa competición permanente que tienen el Partido Popular y VOX para ver quién tiene el discurso más racista (aplausos), para ver quién
endurece más el discurso, para ver quién señala más fuerte al diferente.
Señorías de la extrema derecha -porque aquí ya no hay derecha, aquí ya sois todos extremos-, el odio nunca ha construido una sociedad mejor. Cuando se normaliza el discurso del miedo, del odio y del rechazo se debilita la democracia, pero
la democracia, señorías, les queda demasiado grande. Patriotismo no es señalar al diferente. España no se defiende enfrentando a los ciudadanos. Ustedes hablan como si en España hubiese un problema de inmigración irregular y por inseguridad.
Hablan como si en España no se pudiese salir a las calles, como si fuese un país inseguro. Señorías, España es uno de los países más seguros del mundo. Las entradas irregulares han descendido de manera notable no solo en España, sino en el
conjunto de la Unión Europea. Esto no ha sido por casualidad, ha sido gracias a las políticas migratorias y al trabajo conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero, además, hay algo que debemos decir con claridad: la inmigración no
es sinónimo de delincuencia y, aunque a ustedes no les guste, España es un Estado de derecho. En España cuando una persona comete un delito, se aplica el Código Penal, con independencia de cuál sea su nacionalidad, y cuando la ley prevé expulsiones
por razones penales o de orden público, esas expulsiones se ejecutan. Así que, señorías, dejen de alimentar bulos, dejen de insinuar que existe impunidad generalizada porque lo único que consiguen con este discurso es señalar injustamente a
millones de personas honestas que trabajan, que cotizan y que contribuyen cada día a sostener nuestro país. (Aplausos).
Miren, señorías de la derecha, se lo he dicho varias veces: yo soy alcalde, conozco bien el medio rural. Vengo de Castilla y León y allí el problema no es que sobre gente (rumores), allí el problema es que falta gente, señorías. Con ese
discurso racista, ustedes alientan a aquellos que se ponen la pulsera, el chalequito de VOX y luego dicen que no encuentran trabajadores para el campo. No sé si ustedes han ido alguna vez a la campaña de la fresa, por ejemplo. La verdad es que no
tienen ustedes mucha pinta. (Protestas.-Aplausos.-La señora Sánchez Torregrosa: ¿¡Qué sabrás tú!?-El señor Requena Ruiz: ¡Eres un clasista! Es impropio de un diputado en el hemiciclo).. Allí hay un montón de hombres y de mujeres, principalmente
mujeres, que cobran un salario indigno y ustedes no quieren que se les regularice para que las puedan seguir explotando en esas... (Protestas.-La señora Sánchez Torregrosa pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, silencio. (Protestas).
Señores diputados, por favor, silencio. (La señora Sánchez Torregrosa: ¿¡Qué sabrás tú!?). Señora diputada, silencio. (Continúan las protestas). Silencio y educación.
Está en el uso de la palabra el señor Arribas. (Continúan las protestas). Está en el uso de la palabra el señor Arribas. Su portavoz ha hecho ya su intervención y la ha hecho con los otros respetando. Por tanto, les pido lo mismo.
(Protestas). Silencio, señora diputada.
Cuando quiera, señor Arribas.
El señor ARRIBAS MAROTO: Por eso ustedes no quieren que haya regularización. No sé si ustedes tienen padres o abuelos. No lo sé. Pero en la mayoría de nuestros pueblos quienes cuidan a nuestros padres, a nuestros abuelos son mujeres,
principalmente latinoamericanas, que trabajan como internas, que cuidan y que sostienen los hogares y que dan cariño cuando muchas veces lo que falta es compañía.
Miren, señorías, se lo voy a decir muy claro: en muchos municipios cuando llega una familia, llega la esperanza, porque es la esperanza de que no se cierre el colegio, de que no se cierre el consultorio médico.
Yo quiero dirigirme al conjunto de los castellanos y de los leoneses y decirles que el racismo no se frena mirando hacia otro lado, que el racismo y el fascismo se combaten en las urnas (aplausos), y la derecha del Partido Popular y de VOX
lo que quiere es eliminar al diferente. Miren, aquí hay dos opciones muy claras: la opción de la derecha del Partido Popular y de VOX, que quieren eliminar al diferente, y la opción del Partido Socialista, la que no va a permitir que ustedes
elijan cuál es el rumbo de nuestro país, la que va a impedir que ustedes elijan cuál es el futuro que pueden elegir esos millones de personas que vienen a nuestro país a buscarse un futuro digno. Así que nos atreveremos al cambio y les sacaremos de
la Junta de Castilla y León el 15 de marzo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arribas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPACTO DE LA FALTA DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 173/000151).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arribas.
Les anuncio que vamos a proceder al debate de la primera moción, que será el último punto que veremos durante el día de hoy. Se trata de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el impacto de la falta de presupuestos
generales del Estado en la financiación de infraestructuras y servicios de las comunidades autónomas.
Por el grupo autor de la iniciativa y para defender esta moción, tiene la palabra el señor Ramajo Prada.
Cuando quiera. (Rumores). Un poco de silencio, por favor.
El señor RAMAJO PRADA: Gracias, presidenta.
Señorías, la impecable interpelación que hizo aquí mismo la semana pasada mi compañero Ángel Ibáñez dejó clara la incapacidad manifiesta del Gobierno de Sánchez de cumplir la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado, tal
y como obliga el artículo 134 de la Constitución, y mucho menos de aprobarlos. Esa ineptitud perjudica seriamente la financiación de las infraestructuras y de los servicios de todas las comunidades autónomas.
La anomalía democrática de aprobar solo tres presupuestos en ocho años provoca que el Gobierno permanezca secuestrado por sus socios, que huelen su debilidad y lo exprimen constantemente, así como que se degrade la imagen del país y un daño
creciente en la credibilidad económica de España. El Sánchez del pasado le diría al Sánchez de ahora: Un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina que, sin poder aprobarlos, debe convocar elecciones. (Aplausos). Pero para el
autócrata Sánchez no es un problema no aprobar presupuestos, porque ya manifestó su intención de gobernar con o sin el Parlamento, y en ello está. Pero le recordamos que, sin presupuestos, no hay control; y, sin control, no hay democracia.
Sánchez huye del control parlamentario para poder continuar pagando con nuestros impuestos los favores a los separatistas, en vez de destinar ese dinero a mejorar las infraestructuras, a mantener en
perfecto estado las vías o los trenes, o a conservar esas carreteras estatales abandonadas, plagadas de baches y socavones gigantes, porque las infraestructuras llevan ocho años sin el mantenimiento correcto, por una negligencia continuada
del Gobierno, que está jugando a la ruleta rusa con nuestra seguridad y poniendo en riesgo la vida de los españoles. (Aplausos). Más impuestos que nunca, pero con las infraestructuras peor conservadas de toda la historia.
El impacto de la falta de presupuestos demora la actualización de las entregas a cuenta, que se ven obligadas a ser aprobadas a través de reales decretos leyes. Y también, por otro lado, en mi tierra, en Castilla y León, la falta de ese
modelo de financiación adecuado hace que tengamos un déficit acumulado de 8300 millones de euros en la financiación del Estado en los servicios esenciales. Sin presupuestos, a Sánchez se le acaba el tiempo. Ya nadie cree en su Gobierno, no puede
salir a la calle y sigue la hoja de ruta de un boxeador noqueado que se siente acabado, pero que sigue atacando a la democracia y a la igualdad territorial. Por eso se revuelve y destapa su peor cara, y ataca también a la financiación autonómica.
En estos momentos, marcado por distintos periodos electorales en varias comunidades autónomas, nos ha mostrado una de las imágenes más esclarecedoras del sanchismo actual (muestra una fotografía): la imagen en la que estrecha la mano del
condenado Junqueras en la Moncloa -que no gobierna en ninguna comunidad autónoma y al que ustedes indultaron- para decidir el reparto de la financiación autonómica que afecta a todos. Se lanza en brazos de Esquerra como pago de sus acuerdos de
investidura. (Aplausos).
Les pregunto, señorías: ¿por qué alguien así decide lo que es de todos?, ¿con qué derecho? Es normal que esto no le guste a nadie. Sánchez ha puesto de acuerdo a todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con las
pocas que quedan del PSOE, porque esto solo es bueno para el independentismo. Por eso queda claro que Castilla y León no entra en los planes de futuro del Gobierno de Sánchez, porque nuestra comunidad tiene el 20 % de la superficie de nuestro país
y el 5 % de la población, pero vamos a recibir apenas el 1 % de los fondos.
Este sería el mayor ataque del Gobierno de Sánchez a nuestra comunidad. Por ello, el presidente Mañueco ha anunciado que luchará contra esta tropelía que pretende Sánchez, dando la batalla ante los tribunales, si es necesario, para que no
paguemos los despilfarros de los separatistas. (Aplausos). Los socialistas de Castilla y León han decidido abrazar el modelo Sánchez-Junqueras y con ello traicionan a su tierra, porque se sacrifican y arrojan ya la toalla por orden del 'número 1',
por orden de Sánchez. Lo mismo que ha ocurrido con Gallardo, en Extremadura, y con Alegría, en Aragón. Así que piénsenlo bien, señorías socialistas de Castilla y León, porque Sánchez va sacrificando barones regionales y comunidades autónomas
enteras. Solo piensa en su supervivencia política y personal. Él mismo lo ha dicho: únicamente le interesan las generales.
Aun así, sin presupuestos, señorías del Grupo Socialista y diputados de Castilla y León, aquí reclamamos las infraestructuras que tenemos pendientes en conexiones ferroviarias y en carreteras, porque es vergonzoso que nos tengan abandonados
desde que Sánchez es presidente, y más desde que Puente es a medias ministro y a medias líder de los socialistas en Castilla y León. Pedimos tener capacidad de conexión eléctrica suficiente para nuestras industrias y la conectividad digital que
merece nuestro mundo rural. No hagan más de lo que tienen que hacer, señorías, solo cumplan sus promesas. (Aplausos).
Reitero de nuevo que, con o sin presupuestos, con el PSOE en el Gobierno de España va a ser imposible que a mi comunidad le vaya bien. Aquí hay dos modelos muy claros y diferentes: el de la gestión eficaz y responsable del Partido Popular
en Castilla y León, y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que ha colocado a mi tierra como líder nacional en educación, en servicios sociales, en atención a mayores y dependientes y en las primeras posiciones en sanidad y en producción
industrial, con el objetivo de situarla, tras el 15 de marzo, entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir; y, en el otro lado, el otro modelo, el del dúo de Pedro Sánchez -en modo supervivencia- y el del verdadero líder del
Partido Socialista en Castilla y León, Óscar Puente, el del caos de las infraestructuras y el mismo que insultó a su tierra, definiéndola como un geriátrico a cielo abierto. Un dúo destructor que no ha parado de castigar a Castilla y León en estos
ocho años. (Aplausos).
Señorías, apoyen esta moción para dejar claro que España es una nación en la que todas las comunidades autónomas merecen el mismo trato del Gobierno y no el trato vejatorio con el que Sánchez castiga a Castilla y León. Voten hoy, diputados
socialistas de Castilla y León, y háganlo a favor de su tierra, no de Sánchez, porque, si no, el próximo 15 de marzo mis paisanos les pondrán donde merecen
estar: en la oposición. Y esto será tan solo el preludio de lo que ocurrirá cuando se dé la voz a los españoles para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ramajo.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos presenta el Grupo Popular una moción desmemoriada, electoralista e incoherente. Hablamos de una moción desmemoriada, porque menciona que las cesiones a los independentistas catalanes se hacen a costa del resto de las
comunidades autónomas -y es cierto-, pero olvidan que fueron Gobiernos del Partido Popular quienes llevaron a cabo importantes cesiones al independentismo catalán -recordemos el Pacto del Majestic- (aplausos) y sustanciales cesiones al
independentismo vasco, reforzando sus privilegios fiscales. Señorías, con el Partido Popular se consolidó un sistema en el que los partidos independentistas aprendieron que su apoyo se paga con privilegios.
Hablamos de una moción electoralista. Electoralista porque utiliza el Congreso como plataforma de precampaña, en este caso para las elecciones de Castilla y de León. Plataforma de precampaña porque solo instan a llevar a cabo inversiones
en infraestructuras, digitalización y proyectos estratégicos en Castilla y en León. Por ello, hemos presentado una enmienda instando a acometer un programa de infraestructuras a nivel nacional. A nivel nacional, señores del Partido Popular.
(Aplausos). Vuelvo a notar cierta desmemoria en sus propuestas y cito tan solo un ejemplo. Les recuerdo que, en los seis años y medio del Gobierno de Mariano Rajoy, tan solo se pusieron en servicio 13,7 kilómetros de la Autovía del Duero. Repito,
13,7 kilómetros en seis años y medio del Gobierno de Mariano Rajoy.
Hablamos de una moción incoherente. Por un lado, critica que el Gobierno haya hecho caso omiso a la voluntad del Parlamento y, por otro, propone acudir al real decreto como instrumento ordinario. Señorías, esta vía supone hurtar al
Congreso el debate y el control político que exige cualquier decisión con impacto financiero relevante. En VOX defendemos una idea muy clara: cuanto mayor es el gasto, mayor debe ser el control parlamentario. Apostar por procedimientos que
reducen el debate no fortalece al Estado, lo debilita.
Nos llaman la atención también los siguientes aspectos. Primero, se pide actualizar las entregas a cuenta con previsiones de ingresos del año 2026 cuando, en ausencia de presupuestos generales del Estado, estas previsiones no tienen rango
normativo.
Segundo, pretenden disfrazar lo que es una petición de más fondos públicos para las comunidades autónomas con una timorata propuesta para ayudar a las familias y con una inconcreta propuesta para facilitar el acceso a la vivienda. Señorías,
planteemos medidas valientes para ayudar a las familias. Les damos unas ideas, que hemos incluido como enmiendas. Uno, reducir a dos los tipos del IRPF, un 15 % para los primeros 70 000 euros. Dos, aplicar una exención de 22 000 euros para las
rentas del trabajo. Tres, reducir los tipos de IRPF 4 puntos por cada hijo. Cuatro, recuperar hasta llevar a cabo una verdadera reforma fiscal la deducción por inversión en vivienda habitual y extender a toda España la deducción por gastos de
alquiler.
Y tercero, la incoherencia de quienes hablan de subidas fiscales y señalan que la mayor recaudación del Estado supone un empobrecimiento de los españoles, pero a continuación dicen:¿Y qué hay de lo mío?
Señorías, las comunidades autónomas disponen de más recursos que nunca. Han incrementado su presupuesto de gastos un 122,7 % en los últimos veinte años. Tan solo dedican un 54,1 % de su presupuesto -datos de los presupuestos del año 2024-
a sanidad, educación, justicia y acceso a la vivienda. Lo cierto es que hablamos de un Estado autonómico que exige cada año más dinero sin mejorar los servicios esenciales: ni mejor sanidad, ni mejor educación, ni mejor atención a nuestros
mayores.
Señorías, los Gobiernos autonómicos no tienen un problema de falta de dinero, tienen un problema de mala gestión, de redes clientelares que tienen que alimentar y de despilfarro estructural.
Termino recordando dos cosas. Primera, el dinero no es ni de la Administración central ni de las Administraciones autonómicas, el dinero es de los ciudadanos. Segunda, cada euro de gasto público debe justificarse ante quienes lo aportan
con su trabajo y con sus impuestos.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal... (Denegación). Ah, no, perdón.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cruset Domènech.
Pues por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.
És legítim que vostès, senyors del Partit Popular, portin la campanya electoral de Castilla i León en aquesta cambra? Suposo que sí, em semblarà més o menys malament, però al final legítim deu ser-ho. Ara bé, per tal de poder plantejar tot
un llistat enorme de reivindicacions polítiques per aquesta comunitat autònoma, vostès necessiten utilitzar Catalunya i els catalans? Que ja mexplicaran què hi tenim a veure nosaltres en el festival polític que tenen vostès muntat a Castilla y
León. Però és evident que vostès sempre que volen guanyar vots, necessiten atacar-nos als catalans. De fet, atacar Catalunya per guanyar vots és leterna estratègia del Partit Popular. Com és leterna estratègia del PSOE, fer enormes promeses als
catalans per després incomplir-les. I això és així perquè uns i altres tenen un denominador en comú: actuar pensant que Catalunya i els catalans només som l'instrument a utilitzar en cada moment segons convingui als seus interessos electorals.
Ras i curt: vostès són cada dia la millor expressió de la clàssica actitud colonial espanyola, utilitzant qualsevol territori a canvi de treure'n un benefici per a la capital. Però fixi's, en aquesta ocasió, malauradament per als catalans
ni tan sols cal que utilitzin cap dels falsos greuges que diuen en la moció, perquè com dic, son falsos i son falsos per inexistents.
Anem a pams. Vostès parlen d'una condonació del FLA que perjudicarà, i molt, a Castilla y León. Una condonació que, més enllà d'uns quants titulars, no existeix, no s'ha produït. Una condonació del deute que des del seu inici en l'anunci
que es va fer a finals de l'any 2023 fins a dia d'avui ni tan sols s'ha començat la tramitació parlamentària. Però si això no fos prou, en cas de finalitzar-se el tràmit en el Parlament, alguns pretendrien vendre això com un gran èxit, quan no
deixaria de ser un nou cafè per a tothom. Això sí, deixant Catalunya a la cua en percentatge de condonació.
Però això no és tot. Malauradament, vostès tampoc han de patir pel finançament de Catalunya. Fixin-se bé: un acord entre Esquerra i el PSOE anunciat com un concert econòmic. Un concert econòmic rebaixat, finançament singular. Un
finançament singular rebaixat a un nou model que respecti el principi d'ordinalitat. Principi d'ordinalitat rebaixat s ordinalitat segons la població ajustada. Però això si, es garanteix que sigui un model singular per a Catalunya. Model singular
per a Catalunya, rebaixat a reforma del sistema general de finançament autonòmic, però amb la promesa de què Catalunya recaptarà l'IRPF. Recaptació de l'IRPF Catalunya rebaixada a cessió del Govern perquè tothom qui vulgui la pugui demanar. Cessió
impulsada pel Govern rebaixada a una proposició de llei d'Esquerra sobre l'IRPF. Proposició de llei d'Esquerra retirada a canvi d'un consorci d'inversions, consorci d'inversions del qual ningú n'ha sentit parlar res ni s'ha materialitzat.
Per tant, a dia d'avui la cosa s'ha acabat sense concert econòmic, sense model de finançament singular, sense ordinalitat segons la població real sense traspàs de l'IRPF, sense consorci d'inversions, sense condonació del FLA. I això sí, amb
Salvador Illa, president de la Generalitat. Un a canvi de res en tota regla. No van fer tot el que van fer l'any 2017 per arribar avui aquí. Com els hi hem dit en diferents ocasions, tenim una oportunitat històrica per aconseguir el concert
econòmic. Sumem els 14 diputats a aquesta causa. Aconseguim ara la sobirania econòmica de Catalunya i amb ella fem camí cap a la independència.
I acabo. Senyors del Partit Popular, deixin d'utilitzar Catalunya per la seva campanya electoral a Castilla y León. Perquè tot això que diuen que és tant dolent per Castilla y León i que és tant positiu per Catalunya, ara per ara,
malauradament només són quatre titulars i poca cosa més.
Muchas gracias, presidenta.
¿Es legítimo que ustedes, señores del Partido Popular, traigan la campaña electoral de Castilla y León a esta Cámara? Supongo que sí. Nos podrá parecer mejor o peor, pero, al final, legítimo será. Ahora bien, con tal de poder plantear
toda una lista de reivindicaciones políticas tan enorme de esa comunidad autónoma, ¿ustedes necesitan utilizar a Cataluña y a los catalanes? Ya me contarán qué tenemos que ver nosotros con el festival político que tienen montado en Castilla y León.
Pero es evidente que ustedes siempre que quieren ganar votos necesitan atacarnos a los catalanes. De hecho, atacar a Cataluña para
ganar votos es la eterna estrategia del Partido Popular, como lo es también del PSOE hacer enormes promesas a los catalanes para después incumplirlas. Y eso es así porque unos y otros tienen un denominador común: actuar pensando que los
catalanes solo son el instrumento para utilizar en cada momento según convenga a sus intereses electorales.
Ustedes son cada día la mejor expresión de la clásica actitud colonial española, que utiliza a cualquier territorio a cambio de obtener un beneficio para la capital. Pero, fíjense, en esta ocasión, desafortunadamente para los catalanes, ni
siquiera hace falta que utilicen ninguno de los agravios falsos que traen con esta moción, porque son falsos por inexistentes, precisamente.
Vamos poco a poco. Ustedes hablan de una condonación del FLA que perjudicará mucho a Castilla y León. Aunque sus titulares no existen, porque no se ha producido una condonación de la deuda que, desde su inicio, con el anuncio que se
produjo a finales de 2023 hasta hoy, ni siquiera ha comenzado su tramitación parlamentaria. Pero, por si no bastara eso, en caso de finalizarse el trámite en el Parlamento, algunos pretenderían vender eso como un gran éxito, cuando sería un café
para todos. Eso sí, dejando a Cataluña a la cola en porcentaje de condonación.
Pero eso no es todo. Desafortunadamente, ustedes tampoco tienen que sufrir por la financiación de Cataluña. Fíjense bien: un acuerdo entre Esquerra y el PSOE anunciado como un concierto económico. Un concierto económico rebajado a
financiación singular. Una financiación singular rebajada a un nuevo modelo que respete el principio de ordinalidad. Un principio de ordinalidad rebajado a ordinalidad según la población ajustada. Pero eso sí, se garantiza que es un modelo
singular para Cataluña. Un modelo singular para Cataluña rebajado a reforma del sistema general de la financiación autonómica, pero con la promesa de que Cataluña recaudará el IRPF -recaudación del IRPF que se puede extender a todo el que la pida-.
Y esto a su vez se rebaja a una proposición de ley de Esquerra sobre el IRPF, proposición de Esquerra que se retira a cambio de un consorcio de inversiones; consorcio de inversiones del que nadie ha oído hablar nada, ni se ha materializado.
Por tanto, hoy en día la cosa ha terminado sin concierto económico, sin modelo de financiación singular, sin ordinalidad según la población real, sin traspaso del IRPF, sin consorcio de inversiones, sin condonación del FLA y, eso sí, con
Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Uno a cambio de nada, en toda regla. No han hecho lo que hicieron en 2017 para llegar hoy aquí. Como hemos dicho en diferentes ocasiones, tenemos una oportunidad histórica para conseguir el
concierto económico. Sumemos los 14 diputados a esta causa. Consigamos ahora la soberanía económica de Cataluña y con ella hagamos camino hacia la independencia.
Acabo. Señores del Partido Popular, dejen de utilizar a Cataluña para su campaña electoral en Castilla y León, porque todo lo que dicen que es tan malo para Castilla y León y tan positivo para Cataluña, ahora mismo solo son cuatro titulares
y poco más.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcias, senyor Cruset.
Pel Grup Parlamentari Republicà té la paraula la senyora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, presidenta.
Molt bona tarda a totes i a tots.
Avui el Partit Popular ens porta una moció que és directament un exercici de cinisme polític, m'atreviria a dir, de primer nivell. Vostès venen aquí i es queixen de la quitança del FLA. Vostès venen aquí i es queixen del nou model de
finançament. Vostès venen aquí, ens ensenyen una fotografia del president del meu partit i del president de l'Estat espanyol. És a dir, vostès es queixen que les comunitats autònomes tinguin menys deute i més recursos. Doncs miri, francament,
costa d'entendre. Costa d'entendre si és que el que realment els molesta no és tant això, sinó que el que els molesta és que Catalunya guanyi sobirania i que, a més a més, aquesta sobirania la guanyi gràcies a la feina d'Esquerra Republicana de
Catalunya.
Mirin, si vostès, senyories del PP, creguessin mínimament en la descentralització política i fiscal, sens dubte estarien a favor d'aquestes mesures. Però no tot el contrari. Perquè el que estem veient és si em permeten la renúncia
sistemàtica dels seus governs autonòmics a exigir l'autogovern. Així de simple. Així de clar. I això ens vehicula cap a una conclusió molt clara: el seu model, senyories del PP, no és el de l'Espanya autonòmica, tampoc el nostre, però de moment
és el que hi ha i per això treballem per guanyar espais de sobirania. El seu model s'assembla molt més al centralisme que defensen els d'Abascal i els seus.
Mirin, parlem clar. El model de finançament actual ho hem dit moltíssimes vegades des d'aquest faristol, moltíssimes, està caducat. Està caducat des de fa 12 anys. Doce, per si hi ha dubtes. Diez más
dos, si cal farem una sessió de Barrio Sésamo perquè ho entenguin. Més d'una dècada i és un model profundament injust en molts territoris, però sí especialment amb Catalunya, sí, també amb el País Valencià i sí també amb les Illes. Només
una dada, una dada que tampoc és nova, però per no ser nova, no vol dir que no sigui o continuï sent escandalosa. El dèficit fiscal de Catalunya va arribar als 22 000 milions d'euros l'any 2021, un 9,6 % del PIB. Més de la meitat del pressupost de
la Generalitat de Catalunya. De debò, vostès, senyories del PP, davant d'aquesta realitat, s'escandalitzen perquè nosaltres demanem un model més just? De veritat? Mirin, aquest és un infrafinançament crònic, sumat, evidentment, a les polítiques
lesives del Partit Popular quan governaven. El que han fet és erosionar d'una manera flagrant l'estat del benestar de Catalunya. Rodalies col·lapsades, sanitat tensionada, educació infrafinançada. I encara ens venen a donar lliçons de
responsabilitat fiscal? Au, va, au va. Vagi-se'n a passeig.
Senyories, el nou model de finançament. Suposa més capacitat normativa, més participació en l'IVA i l'IRPF. Acaba amb un sistema de bestretes que permetia al Govern espanyol escanyar financerament la Generalitat. I ho feia a destajo, que
dirien vostès. A més a més, el nou model garanteix l'ordinalitat i redueix el dèficit fiscal, que no té comparació en estats federals. I això, diputats i diputades del Partit Popular no és cap privilegi. Això se'n diu justícia.
En la moció, en aquesta moció, en aquest text tan cínic que deia al principi, parlen també de finançament autonòmic i municipal. I aquí permetin-me també una certa ironia. Celebrem i ho fem molt fortament, senyories del Partit Popular, que
el PP descobreixi ara les reivindicacions que els republicans portem anys defensant. Cal actualitzar les entregues a compte? Sí, però sobretot el que cal reformar és la refotuda Llei d'Estabilitat Pressupostària, adaptar-la al marc europeu donar
flexibilitat als ajuntaments i, sobretot, derogar la LRSAL, la coneguda Llei Montoro. No sé si els hi sona d'alguna cosa aquest nom. La Llei Montoro, el major atac a l'autonomia municipal que s'ha aprovat en democràcia. Vostès la van aprovar. Un
marc profundament injust creat per vostès. Un marc que, val a dir, el PSOE tampoc ha corregit en vuit anys. I en aquest sentit, sí, com apuntava el senyor Cruset, com bramava el senyor Cruset, Esquerra Republicana hem presentat una proposició de
llei. Esperem que per una vegada el PP voti el mateix que demana els seus propis alcaldes.
No em queda temps, però només un apunt, presidenta, per parlar de l'execució pressupostària. De fet, la llei obliga l'Estat a publicar, com bé saben, semestralment, les dades regularitzades d'execució de la inversió. Però aquestes dades no
es publiquen, no es publiquen en obert. No s'envien tampoc en temps i en forma, i això és una vulneració claríssima de la Llei General Pressupostària. De fet, en els últims deu anys, Adif, per posar un exemple, només ha pressupostat 4167 milions
d'euros per a Catalunya. D'aquests quatre mil i escaig n'ha executat mil trescents, un de cada tres euros. Perquè es fixin amb la comparació? Jo crec que amb això queda tot dit.
Mirin, i ara sí que acabo. Si realment senyories del Partit Popular pretenen o volen parlar de transparència i volen parlar de justícia fiscal, comencin per reconèixer el dèficit fiscal estructural, la desinversió persistent i el
maltractament financer que pateix Catalunya. Perquè el que és frívol i patètic és que ens portin una moció al plenari d'aquesta cambra fingint que acaben de descobrir un problemón quan vostès són els que l'han generat durant anys. Els hi hauria de
caure la cara de vergonya. El que passa és que la cara la tenen de ciment armat i parlant de cares de ciment armat, senyor Cruset, jo li diré, sense bramar que viuen a Ripoll, més tard o dhora sadonaran de qui negocia a canvi de res.
Res més. Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Hoy el Grupo Popular nos trae una moción que es directamente un ejercicio de cinismo político. Me atrevería a decir incluso de primer nivel. Ustedes vienen aquí y se quejan de la quita del FLA; ustedes vienen aquí y se quejan del nuevo
modelo de financiación; ustedes vienen aquí y nos enseñan una fotografía del presidente de mi partido y del presidente del Estado español. Es decir, ustedes se quejan de que las comunidades autónomas tengan menos deuda y más recursos. Pues,
miren, francamente cuesta entenderlo. Cuesta si realmente lo que les molesta de verdad no es eso, sino que Cataluña gane soberanía y que, además, esta soberanía la gane gracias al trabajo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Si ustedes, señorías del PP, se creyeran mínimamente o creyeran mínimamente en la descentralización política y fiscal, sin duda estarían a favor de estas medidas. Pero no, al contrario, porque lo que vemos es, si me lo permiten, la renuncia
sistemática de sus Gobiernos autonómicos a exigir el autogobierno. Así de simple y así de claro. Eso nos vehicula hacia una conclusión muy clara: su modelo, señorías del PP, no es
el de la España autonómica -tampoco es el nuestro, pero de momento es el que hay y por eso trabajamos para ganar espacios de soberanía-, el modelo de ustedes se parece mucho más al centralismo que defienden los de Abascal y los suyos.
Hablemos claro. El modelo de financiación actual, lo hemos dicho muchísimas veces desde este atril, muchísimas, está caducado. Está caducado desde hace doce años, ¡doce años! Por si hay dudas, doce: 10 más 2. Si hace falta, haremos una
sesión de Barrio Sésamo, para que lo entiendan. Más de una década. Y es un modelo profundamente injusto con muchos territorios. Pero especialmente con Cataluña; sí, también con el país valenciano; y sí, también con las islas. Solo un dato, que
tampoco es nuevo, pero eso no quiere decir que no siga siendo escandaloso: el déficit fiscal de Cataluña llegó a los 22 000 millones de euros en 2021. Bueno, un 9,6 % del PIB. Más de la mitad del presupuesto de la Generalitat de Cataluña. ¿De
verdad ustedes, señorías del PP, ante esta realidad, se escandalizan de que nosotros pidamos un modelo más justo? ¿De verdad? Esta es una infrafinanciación crónica que se suma, evidentemente, a las políticas lesivas del Partido Popular cuando
gobernaban. Lo que han hecho ustedes ha sido erosionar de una manera flagrante el estado de bienestar de Cataluña: rodalías colapsadas, sanidad mal y educación infrafinanciada. ¿Y todavía nos dan lecciones de responsabilidad fiscal? ¡Solo
faltaba! ¡Váyanse ustedes a paseo!
Señorías, el nuevo modelo de financiación supone más capacidad normativa, más participación en el IVA y en el IRPF. Acaba con un sistema de impedimentos que permitía asfixiar a la Generalitat por parte del Gobierno español. Y lo hacía a
destajo, que dirían ustedes. Además, el nuevo modelo garantiza la ordinalidad y reduce el déficit fiscal que no tiene comparación con estados federales. Y eso, diputados y diputadas del Partido Popular, no es ningún privilegio. Es justicia.
En esta moción, en este texto tan cínico que decía al principio, ustedes hablan también de financiación autonómica y municipal. Aquí permítanme también una cierta ironía: celebramos, y lo hacemos muy intensamente, señorías del Partido
Popular, que el PP descubra ahora las reivindicaciones que los republicanos llevamos años defendiendo. Hay que actualizar las entregas a cuenta, sí. Pero, sobre todo, lo que hay que reformar es la maldita Ley de Estabilidad Presupuestaria,
adaptarla al marco europeo, dar estabilidad a los ayuntamientos y derogar la ley Montoro, no sé si les suena de algo este nombre. La ley Montoro, el mayor ataque a la autonomía municipal que se ha aprobado en democracia. Ustedes la aprobaron. Un
marco profundamente injusto creado por ustedes. Un marco que, digámoslo, el PSOE tampoco ha corregido en ocho años. Y en este sentido también, como decía el señor Cruset, como bramaba el señor Cruset, Esquerra Republicana ha presentado una
proposición de ley. Esperemos que, por una vez, el PP vote lo mismo que piden sus propios alcaldes.
No me queda tiempo, pero solo un apunte, presidenta, para hablar de la ejecución presupuestaria. De hecho, la ley obliga al Estado a publicar semestralmente, como bien sabe, los datos regionalizados de ejecución de la inversión. Pero estos
datos no se publican abiertamente, no se envían tampoco en tiempo ni forma, y eso es una vulneración clarísima de la ley general presupuestaria. Así, en los últimos diez años, ADIF, por poner un ejemplo, ha presupuestado 4767 millones de euros para
Cataluña. De estos cuatro mil y pico, ha ejecutado 1300; es decir, uno de cada tres euros. Para que ustedes se fijen en la comparación. Creo que con eso queda todo dicho.
Miren -y ahora sí termino-, si realmente, señorías del Partido Popular, pretenden o quieren hablar de transparencia y quieren hablar de justicia fiscal, empiecen por reconocer el déficit fiscal estructural, la desinversión persistente y el
maltrato financiero que sufre Cataluña. Porque lo que es frívolo y patético es que nos traigan una moción al Pleno de esta Cámara fingiendo que acaban de descubrir un problemón cuando ustedes son los que lo han generado durante años. Se les
debería caer la cara de vergüenza, lo que pasa es que la cara la tienen de cemento armado. Y hablando de caras de cemento armado, señor Cruset, yo diré sense bramar, que dirían en Ripoll, más pronto que tarde se darán cuenta de quién negocia a
cambio de nada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza.
El señor MARTÍN URRIZA: Muchas gracias.
Señorías del PP, ustedes saben perfectamente que la falta de presupuestos no paraliza la financiación autonómica; de hecho, son ustedes los primeros interesados en que esta Cámara apruebe las entregas a cuenta del sistema de financiación
autonómico que sostiene los servicios públicos. Ustedes votan siempre
sí, siempre a favor de las entregas a cuenta y no a los presupuestos generales del Estado. No lo hacen por responsabilidad institucional, sino porque les interesa, pues gobiernan en once de las diecisiete comunidades autónomas.
Por si cabe alguna duda, déjenme que les dé algunos datos que muestran cómo la falta de presupuestos generales del Estado no afecta lo más mínimo a la financiación autonómica. Las entregas a cuenta que aprobaremos para este año aumentarán
en 62 000 millones de euros las entregas a cuenta que había en 2018. De hecho, este año se darán 158 000 millones de euros a las comunidades autónomas, alcanzándose una cifra récord; significa un incremento del 31 % en términos reales. Para
Castilla y León, el aumento será de 3400 millones en el mismo periodo, 9500 millones en total; nuevamente, una cifra récord que supone un crecimiento real del 24 %. (Aplausos). Son cifras objetivas, impresionantes e incontestables. Pero hay
otros fondos que este Gobierno también ha habilitado para las comunidades autónomas. Hay 16 000 millones para hacer frente a los gastos extraordinarios que generó la pandemia, 29 100 millones procedentes de los fondos Next Generation EU que han
sido gestionados directamente por las comunidades autónomas, 4000 millones de ellos por CastillaLa Mancha. Más datos incontestables. Este Gobierno ha puesto encima de la mesa la condonación de 83 000 millones de deuda de las comunidades autónomas,
3600 millones corresponden a Castilla y León, lo que representa un 26 % de su deuda total. Como colofón, este Gobierno ha puesto encima de la mesa, por fin, la reforma del sistema de financiación de comunidades autónomas, añadiendo 21 000 millones
adicionales a esa financiación. A estas dos mejoras en la situación financiera y de financiación de las comunidades autónomas, el Partido Popular se ha opuesto. Estos datos muestran claramente que nunca antes las comunidades autónomas habían
dispuesto de tantos recursos para atender los servicios públicos. Sin embargo, los ciudadanos se preguntan en qué se están gastando el dinero las comunidades autónomas del Partido Popular, porque las listas de espera de la sanidad pública que
gestionan las comunidades autónomas del Partido Popular siguen creciendo (aplausos), las universidades públicas denuncian insuficiencias en las comunidades autónomas del Partido Popular, y sabemos que el Gobierno de Castilla y León no se ha gastado
el dinero en mejorar el servicio de prevención de incendios, como se comprobó en la dramática gestión de los incendios del verano pasado.
El problema, señorías, no es la falta de recursos públicos, el problema es el modelo de gestión de las derechas. El PP se dedica a privatizar los servicios públicos y esto provoca dos cosas: en primer lugar, los encarece, porque ahora hay
que remunerar también al capital privado, y, en segundo lugar, esto recorta su calidad, como se ha comprobado en los cribados de Andalucía y en la mala gestión de los hospitales de Torrejón y Alzira. (Aplausos). A veces es simplemente despilfarro
de recursos, como es el caso del Hospital Zendal en la Comunidad de Madrid. Está comprobado que la privatización de la sanidad pública mata, como mata promover los seguros de asistencia sanitaria privados negando la atención hospitalaria a ancianos
en residencias públicas, como comprobamos durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. (Aplausos).
Señorías del PP, en Castilla y León llevan gobernando treinta y nueve años. Es una comunidad en regresión poblacional y sobreenvejecida como resultado de sus políticas de deterioro de los servicios públicos, que han reducido las
oportunidades obligando a los jóvenes a marcharse de esa comunidad. Ahora quieren también eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. No quieren impuestos porque no creen en lo público, no creen en la sociedad, pero fue lo público y la
sociedad lo que nos salvó de que la pandemia no fuera aún más terrible de lo que fue, y será lo público y la sociedad lo que nos salve de la incertidumbre y del odio al que ustedes parecen haberse abonado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morales Álvarez.
El señor MORALES ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para expresar el rechazo de mi grupo a esta moción porque es una iniciativa que, bajo una apariencia de preocupación técnica, esconde una profunda incoherencia política. El Grupo Popular nos trae hoy un texto
que critica la supuesta falta de presupuestos, pero omite que son ellos quienes, con sus votos en esta Cámara, intentan maniatar las cuentas públicas del país. Si tanto les preocupan los presupuestos, ¿por qué el Grupo Popular vota sistemáticamente
en contra de su tramitación? Si quieren que lleguen más recursos a los territorios, lo tienen bien fácil, voten este jueves a favor del Real Decreto Ley 2/2026 (aplausos), un decreto que incluye medidas urgentes para la financiación autonómica y de
los ayuntamientos; en concreto, 1300 millones más para las entregas a cuenta para Castilla y León.
Se les ha propuesto incluso condonar 3600 millones de euros de deuda a la Junta de Castilla y León aliviando una cuarta parte de su carga financiera, y lo rechazan. Su incoherencia es total.
Señorías, es inaceptable que hablen de una infrafinanciación cuando los datos son públicos e incontestables. En los siete años del Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla y León ha recibido un 38 % más de recursos que con el Partido Popular.
Son 15 500 millones de euros más para nuestra tierra. Y escuchen bien este dato: para este año 2026, Castilla y León va a recibir la cifra récord de 10 223 millones de euros; esto es, un 7,5 % más que el año pasado para los servicios de los
castellanoleoneses.
Llevan cuarenta años gobernando Castilla y León de una forma nefasta. En los últimos años, con Mañueco, han convertido la desidia en costumbre. Han encadenado seis prórrogas presupuestarias en la Junta de Castilla y León. (Rumores). Sí,
seis. En 2019, en 2020, en 2022, en 2024, en 2025 y en 2026 han vuelto a prorrogar las cuentas. (Aplausos). Pero lo más grave es que son incapaces de invertir el dinero que reciben. Mientras piden más recursos, el Gobierno de Castilla y León
solo ha ejecutado el 46 % de las inversiones de capital.
La desfachatez máxima llega con las infraestructuras. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Morales.
Por favor, un poquito de silencio, porque si no, es imposible. Falta poquito tiempo.
Cuando quiera.
El señor MORALES ÁLVAREZ: En su carta a los Reyes Magos de la moción, que supondría todo el presupuesto del ministerio durante cuatro años, podrían tener más rigor, señorías del PP. Piden en su moción terminar viaductos que ya están
terminados, piden las variantes que son competencia de la Junta, por no hablar de las infraestructuras de Burgos. Hagamos un poco de memoria. Durante los siete años de Rajoy, nuestra provincia vivió una parálisis total. Las autovías A11, A12, A73
fueron metidas en un cajón. Tuvo que llegar el Gobierno socialista para rescatar esos proyectos, actualizar expedientes y poner las máquinas a trabajar. (Aplausos). El AVE llegó a Burgos con el mandato socialista y la conexión Burgos-Vitoria se
está ejecutando con este Gobierno. Hoy, las licitaciones ferroviarias en nuestra región son seis veces superiores a las que ustedes dejaron en 2017; seis veces más inversión para ferrocarriles en Castilla y León. La realidad, señoría, es que
nuestra tierra nunca ha estado mejor financiada por el Estado. Después de cuarenta años en el poder, lo que les falta es un proyecto de futuro para Castilla y León que no pase por la confrontación constante. Dejen de boicotear en Madrid lo que son
incapaces de gestionar en Castilla y León. El PSOE, en nuestra comunidad, con Carlos Martínez a la cabeza, les ha ofrecido pactos de estabilidad para no perder ni un euro, y ustedes los han rechazado todos.
Termino, señorías. La cuenta atrás ya está en marcha y el 15 de marzo empieza el cambio por el futuro de Castilla y León.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morales.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS. (Número de expediente 122/000100).
La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades
productivas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 168; en contra, 178; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000004).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), orgánica, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 175; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración la proposición de ley orgánica.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias.
Eran las ocho y catorce minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.