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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 159, de 11/12/2025
cve: DSCD-15-PL-159
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 159
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 154
celebrada el jueves,
11 de diciembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos leyes:
- Real Decreto Ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas. (BOE núm. 284,
de 26 de noviembre de 2025). (Número de expediente 130/000027) ... (Página8)
- Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (BOE núm. 290, de 3 de diciembre de 2025). (Número de expediente 130/000028) ...
- Real Decreto Ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de
formatos de los registros de facturación. (BOE núm. 290, de 3 de diciembre de 2025). (Número de expediente 130/000029) ... (Página33)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 12-1, de 8
de marzo de 2024. (Número de expediente 121/000012) ... (Página53)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal
conforme al artículo 49 de la Constitución Española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 64-1, de 24 de julio de 2025. (Número de expediente 121/000064) ... (Página66)
Avocación de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la Administración española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 84-1, de 22 de marzo de 2024. (Número de expediente
122/000072) ... (Página86)
- Proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 139-1, de 26 de julio de 2024. (Número de
expediente 122/000124) ... (Página86)
- Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 256-1, de 24 de julio de 2025. (Número de expediente 122/000214) ...
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria:
- Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 446, de 5 de diciembre de 2025. (Número de expediente 430/000008) ... (Página86)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, constituida en el seno de la
citada Comisión, hasta el final del siguiente periodo de sesiones (febrero a junio de 2026). BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, número 262, de 30 de diciembre de 2024. (Número de expediente 154/000008) ...
- Solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada Comisión. BOCG. Congreso
de los Diputados, serie D, número 198, de 19 de septiembre de 2024. (Número de expediente 154/000006) ... (Página106)
Declaración institucional:
- Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia. (Número de expediente 140/000011) ... (Página106)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página107)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página107)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página108)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página110)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página111)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página111)
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página112)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página112)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página8)
Real Decreto Ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas ...
El señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (Torres Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Valido García y Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Vidal Matas, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Rodríguez Almeida, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Álvarez González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor rojas Manrique, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público ... (Página19)
El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública (López Águeda) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Matute García de
Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las señoras Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano, y Rivera Arias, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX;
Aceves Galindo, del Grupo Parlamentario Socialista, e Ibáñez Hernando, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto Ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de
formatos de los registros de facturación ... (Página33)
El señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática (Torres Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra de la convalidación interviene el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Otero Gabirondo,
del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano, y López Tagliafico, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y
los señores González Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Román Jasanada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas del Senado ... (Página53)
Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela) ... (Página53)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras y Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Cruset Domènech, del Grupo
Parlamentario Junts per Catalunya; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Fernández Ríos, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Andrés Añón, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Martínez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página66)
Proyecto de ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal
conforme al artículo 49 de la Constitución Española ... (Página66)
El señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Bustinduy Amador) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En turno en contra interviene el señor Martínez Hierro, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Replica el señor Cruset Domènech y duplica el señor Martínez Hierro.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor
Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX; y los señores Sáez Cruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página86)
Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la Administración española ... (Página86)
Proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios ... (Página86)
Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos ... (Página86)
La Presidencia informa de que estos asuntos se someterán a votación sin debate previo, que se realizará al final de la sesión.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria ... (Página86)
Pagina
Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no
financiero del presupuesto del Estado para el año 2026 ... (Página86)
En nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) presenta a la Cámara el acuerdo relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martín Urriza, del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR; la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Belarra Urteaga, el señor Rego Candamil y la señora Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hace uso de la palabra la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página106)
Solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, constituida en el seno de la
citada Comisión, hasta el final del siguiente periodo de sesiones (febrero a junio de 2026) ... (Página106)
Solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada Comisión ...
La Presidencia informa de que estas dos iniciativas se someterán directamente a votación junto con el resto de los asuntos.
Declaración institucional ... (Página106)
El señor secretario (Pisarello Prados) da lectura a la declaración institucional con motivo del día mundial de la anafilaxia.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página107)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos, se aprueba por 178 votos a favor, 159 en contra y 10 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial, se aprueba por 172
votos a favor, 32 en contra y 144 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página107)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado, se rechazas por 170 votos a favor y
178 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al
que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado, se rechaza por 169 votos a favor y 179 en contra.
Sometida a votación por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la mejora de la financiación en Galicia, se aprueban los puntos 1, 3, 4 y 5, y se rechaza el punto
2.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página108)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas, aprueba por 309 votos a favor y 39 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 348 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, se aprueba por 309 votos a favor, 32 en contra y 7
abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 347 votos a favor.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se
modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y
profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, se aprueba por 179 votos a favor, 168 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 347 votos a favor.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página110)
Se someten a votación separada las enmiendas al Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente (antes denominado Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela).
La Presidencia informa de que las enmiendas del Senado que han sido aprobadas serán incorporadas al texto inicial aprobado por el Congreso de los Diputados.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página111)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución presenta por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya al Proyecto de ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y
refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española, se rechaza por 7 votos a favor, 171 en contra y 169 abstenciones.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página111)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la Administración española, se aprueba por 347 votos a favor.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Proposición de ley Proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, se aprueba por 337
votos a favor y 11 en contra.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Proposición de ley Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos, se aprueba por 336 votos a favor y 11 en contra.
Debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. (Votación) ... (Página112)
Sometida a votación el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028 y el
límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026, se rechaza por 166 votos a favor, 177 en contra y 5 abstenciones.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página113)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil,
constituida en el seno de la citada Comisión, hasta el final del siguiente periodo de sesiones (febrero a junio de 2026), se aprueba por 316 votos a favor y 32 en contra.
Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada
Comisión, se aprueba por 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones.
Se levanta la sesión a las cinco y treinta y siete minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO LEY 13/2025, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS URGENTES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA TRAS LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS. (Número de
expediente 130/000027).
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y todas. Si sus señorías ocupan los escaños, reanudamos la sesión. (Pausa).
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de los reales decretos leyes. Primero vamos a ver la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se
adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
Para presentar el real decreto ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Torres Pérez): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Buenos días a todas y todos.
Comenzamos con esta propuesta de convalidación del Real Decreto Ley 13/2025. Este real decreto ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el día 25 de noviembre y, por tanto, entra en vigor desde que se publica en el Boletín Oficial del
Estado, pero hoy procede su convalidación por el Congreso de los Diputados. Es un real decreto ley, el 13/2025, exclusivo para las islas Canarias y, más concretamente, para los afectados y las afectadas por el volcán en la isla de La Palma. Este
real decreto contiene de manera clara aquello que precisaba de normativa legislativa para su aprobación antes de que acabara el año 2025. El Gobierno, por tanto, tras la investidura del presidente Sánchez y los acuerdos de legislatura con el apoyo
de distintas fuerzas, cumple con lo firmado. En este caso, este real decreto ley también responde al compromiso firmado con el partido de Coalición Canaria, lo que se ha llamado y se llama agenda canaria.
Hay que recordar que esta agenda canaria fue firmada antes de una investidura que no salió adelante por la responsable del Partido Popular, la señora Gamarra, y que prácticamente es el mismo texto que luego se ratifica por Coalición Canaria
y el Partido Socialista y se firma, en este caso, por la vicesecretaria general, la señora Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. El Gobierno de España está respetando las cuestiones contenidas en el texto, como digo, llevándolas a
la práctica y cumpliéndolas.
Hay cuestiones que están en esa agenda canaria que precisan, como he dicho, una norma legislativa, una norma con rango de ley, y estos son los aspectos que hemos incluido antes de que acabe este ejercicio. Por tanto, la agenda está viva y
sometida a las consideraciones, las aclaraciones, las reuniones y las interpretaciones que sean precisas. Nuestra voluntad en el Gobierno de España va a ser siempre una voluntad constructiva y de acuerdo y diálogo permanente al respecto. De hecho,
el pasado 14 de octubre se produjo una reunión en la que estaban la vicepresidenta primera y el presidente de Canarias y donde se pusieron sobre la mesa y se repasaron cuestiones de la agenda canaria. Parte de esa agenda responde de dos maneras: a
través de transferencias ordinarias, acuerdos o reales decretos que no precisan que sean luego llevados al Congreso de los Diputados, como agua de riego, desalación, lucha contra la pobreza, menores, y ya anuncio que en los próximos consejos de
ministros llegarán nuevos acuerdos para Canarias respecto a esta agenda canaria; en otros casos se exige una aprobación por un instrumento normativo. Es lo que hoy traemos a este Pleno. Por tanto, este real decreto lo vamos a cumplir.
¿Qué es lo que trae este real decreto que hoy traemos a convalidación? Trae cuatro cuestiones fundamentales. La primera es la bonificación del 60 % del IRPF para todos los residentes en la isla de La Palma. La Agenda Canaria en su punto
10 establece -leo textualmente- asegurar la bonificación del 60 % en el IRPF para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027, y a partir de ahí, y sobre la base de la mejora de la economía de la isla y conforme a esta, proponer el porcentaje de
bonificación para ejercicios futuros, determinando sobre qué colectivos debe actuar o si se debe hacer sobre todos los vecinos y, conforme a los informes de la AIReF, también realizar las medidas necesarias orientadas a la recuperación de la
economía de la isla.
Por tanto, entre los acuerdos está, como digo, la bonificación en el IRPF del 60 % del año 2025 para todos los residentes, que es lo que traemos también a la convalidación de este Congreso de los Diputados. Eso significa, lógicamente,
apostar por mayor renta disponible, inversión en la isla y mayor consumo y supondrá, según las previsiones del Ministerio de Hacienda, que la Administración General del Estado dejaría de ingresar unos 111 millones de euros, que se quedan para la
recuperación necesaria de la isla de La Palma.
La segunda cuestión es una moratoria del pago del principal y de los intereses de los agricultores que adeuden préstamos y créditos con o sin garantía hipotecaria en los municipios que fueron afectados por el volcán, que son los de El Paso,
los Llanos de Aridane y Tazacorte. Esta es una moratoria que venía otorgando el Ministerio de Economía con prórrogas anteriores que ya habían decaído. Estaba inactiva, pero ante la necesidad que tiene el sector, fundamentalmente el primario, y los
agricultores de dar respuesta a este ámbito fundamental, lo que hacemos es volver a otorgarla. ¿Qué significa? Que estamos apostando también por el sector agrícola. Los agricultores pueden suspender el pago principal y los intereses de los
créditos para el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio del año 2026. Tienen que hacer la solicitud antes del 15 de enero de ese año y deben estar, lógicamente, registrados como personas afectadas. Esta moratoria era necesaria y será
necesaria toda aquella que sea precisa, y el Gobierno también responderá.
La tercera de las cuestiones que trae este real decreto ley es la prórroga de ayudas del Ministerio de Transición Ecológica. Son ayudas, subvenciones, que el Gobierno de España, a través de este ministerio, había concedido tanto al Gobierno
de Canarias como al Cabildo insular de la isla de La Palma. Había un plazo comprometido. Tenían que justificarse antes de acabar el año 2024, a 31 de diciembre del 24, con posibilidad de un año de prórroga, y lo que hacemos es volver a prorrogarlo
hasta marzo de 2026, porque, de no hacerlo, las Administraciones canarias estarían obligadas a devolver partidas no ejecutadas. Es decir, lo que hacemos es dar solución con estas subvenciones y facilitárselo a las Administraciones canarias.
Estamos hablando del vivero en Puntallana, del edificio de PLOCAN en Tazacorte o incluso del Hotel Escuela Monterrey, en el municipio de El Paso. Además, respondemos a una petición necesaria que hacían las Administraciones canarias.
Por último, la cuarta cuestión es el uso del superávit del año 2024 por cuantía de 100 millones de euros. Fundamentalmente, y esto lo dice el real decreto ley en su apartado II de la exposición de motivos -abro comillas- 'para financiar
ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente destinados a los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas
expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas' -cierro comillas-. Es decir, esto se hace para paliar los daños del sector más afectado. En estos momentos, todos los que han perdido su primera vivienda han recibido el cien por cien
de las ayudas, y no lo dice el Gobierno de España, está en el acta de la comisión mixta celebrada recientemente con todas las Administraciones canarias y el Gobierno de España en esa misma mesa, pero hay un sector que precisa una actuación
principal, y es el sector primario. Este es el motivo principal -por eso está en la exposición de motivos- por el que se aprueban esos 100 millones de euros, que son, como digo, para ayudar básicamente al sector primario. Se permite así por el
Ministerio de Hacienda una actuación específica y única al Gobierno de Canarias: el uso del superávit para una actuación -quiero dejarlo bien claro- que no es una inversión financieramente sostenible, no cabe como IFS la ayuda al sector primario.
Dicho de otro modo, no se podrían destinar estos 100 millones al sector primario si solo hubiésemos traído hoy el decreto que luego traeremos a convalidar de las IFS. De ahí lo relevante y lo importante que esté en este decreto específico y
destinado exclusivamente para los afectados de la isla de La Palma.
Voy concluyendo, señorías. Como saben todos, en septiembre del año 2021 se produce la erupción en la isla de La Palma. Ha habido una colaboración interadministrativa que ha sido ejemplar, mejorable, sí, pero ejemplar. Fue muy importante
que después de noventa días de erupción no hubiera ninguna víctima mortal a causa del volcán. Fue un éxito de la ciencia, un éxito de prevención, un éxito también de la sociedad palmera, que respondió a las normas y a las órdenes que daban
protección civil y desde los ámbitos de la seguridad. Desde entonces, en estos años se ha avanzado en la recuperación de la isla de La Palma, pero hay que seguir trabajando para que esa recuperación sea absolutamente definitiva.
Por la obligación que tenemos todos los responsables públicos en cuanto a la transparencia y a la dación de cuentas, he de decir que, desde la erupción de la isla de La Palma hasta hoy, el Gobierno de España ha dado ayudas y desembolsado una
cantidad de 1237,5 millones de euros, según un informe del comisionado de La Palma, hecho también con la intervención general de los ministerios, según las subvenciones publicadas y según los datos que pueden conocer quienes quieran. El 72 % del
dinero público que se ha desembolsado para la isla de La Palma ha sido puesto por el Gobierno de España. Como digo, son datos oficiales.
Permítanme que los enumere, simplemente para que quede en la sesión de control o en el acta de esta sesión. Si hablamos de política territorial, 53,7 millones de euros, 50 % de infraestructuras municipales, también ayudas al cabildo en
infraestructuras. Si hablamos del Ministerio del Interior, las ayudas para casas y enseres son 59,1 millones de euros. Sector primario, agricultura, pesca y alimentación, en infraestructuras y en ayudas, 33,5 millones de euros. Si hablamos del
Ministerio para la Transición Ecológica, hablamos de biodiversidad, de geotermia, el buque cisterna, fueron 108,9 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tomando de cuatro planes extraordinarios de empleo para la
isla de La Palma, 135 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Industria y Turismo, los suelos industriales, la activación de las rutas aéreas, conectividad, 30,7 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Economía, Comercio y
Empresa, ayudas directas y también del consorcio de compensación, 240,7, para viviendas, para aspectos materiales diversos. Para políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, 0,5 millones de euros. Si hablamos de derechos sociales y
ayudas a los sectores más vulnerables de la isla de La Palma, los ayuntamientos han recibido del Ministerio de Derechos Sociales 5 millones de euros y 2,6 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Del Ministerio de
Hacienda, ayudas de fiscalidad, ayudas diversas que son también directas, 479,5 millones de euros. Se han destinado 200 000 euros para la movilización de la cultura. Si hablamos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, vías y
carreteras hechas en la isla de La Palma o el estudio para luchar contra los gases, 56,2 millones de euros. Del Ministerio de Sanidad, para la salud mental, básicamente 1,5 millones de euros. Si hablamos de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, ahí están los ERTE o el cese de actividad, 21 millones de euros. Por último, si hablamos del Fondo de Solidaridad solicitado a la Unión Europea, 9,5 millones de euros. Es decir, por parte de la Administración General del Estado, tanto
del anterior Gobierno de España como del actual, del año 2021 al día de hoy, 1237,5 millones de euros.
Seguiremos trabajando por la isla de La Palma. También quiero reconocer el esfuerzo del resto de las Administraciones. Del Gobierno de Canarias, de la etapa anterior y la actual, más de 400 millones. Son datos del comisionado de La Palma,
por supuesto sometido a actualización por esas Administraciones. Más de 50 millones del Cabildo de La Palma y más de 25 millones por parte de los ayuntamientos afectados. Es decir, ha sido un trabajo colectivo, un trabajo interadministrativo, un
trabajo, creo que también ejemplar, en el que -repito- no podemos ir a la autocomplacencia, sino seguir trabajando. Por
tanto, como tenemos que seguir trabajando -ya termino-, también me toca solicitar el voto unánime para este real decreto ley de ayuda a los afectados de la isla de La Palma.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, señorías.
Señor ministro, ¿era necesario esperar al último Pleno del año para aprobar este decreto? Durante todo el año se ha prometido a palmeros y palmeras que venía el decreto, se ha dicho que esto era seguro y que no se preocuparan, pero lo
estamos aprobando en el último Pleno del año, contra las cuerdas. ¿Qué necesidad había de generar esta preocupación y tener a toda La Palma pendiente, mes tras mes, del IRPF cuando, como usted ha dicho, esto es algo que estaba firmado? En la
agenda canaria se establece que esta bonificación irá hasta el año 2027, luego el Gobierno de España lo tenía clarísimo. No se puede entender.
También tengo que decirle algo que usted sabe perfectamente: la bonificación del IRPF fue concebida para que, mes a mes, las familias de La Palma contaran con un poco de renta más para poder gastar, generar economía, vivir en un momento tan
complicado en la isla, con una economía que se ha visto afectada. El objetivo del IRPF no era que se aprobara en el último Pleno del año para que el año que viene, cuando hagan la declaración, les devuelvan un dinero, sino que el objetivo era
recibirlo mes a mes. Por tanto, yo le pido que el año que viene no hagan lo mismo, sino que lo aprueben en enero o en febrero, que se convalide, para que de verdad tenga el efecto que perseguíamos y que palmeros y palmeras puedan ver cada mes en
sus nóminas ese margen que les permita vivir decentemente en una isla seriamente afectada.
Usted sabe que todavía queda mucho para la reconstrucción, por eso no entiendo que cada vez que hablo de La Palma el presidente Sánchez me diga que ya han puesto 1000 millones o que usted hoy me haga esa cuenta, en la que me ha mezclado
muchas cosas, y me diga que ya han puesto 1200. Si en algo coincidían varios ministros durante la erupción era en que la reconstrucción iba a costar miles de millones y que el Gobierno de España no iba a parar hasta que la isla no hubiera terminado
su reconstrucción. Luego viene la realidad detrás de la catástrofe. En el primer convenio que firmamos con el Gobierno de España se dice que el Gobierno de España pone el 50 %, no el 100 %. Luego viene la realidad después de la catástrofe. El
plan de empleo ha pasado en apenas tres años de 63 millones a 12. Luego viene la realidad, la triste y cruda realidad detrás de la catástrofe. Nos encontramos con que en el año 2023 necesitan el voto de Coalición Canaria e incorporan al
presupuesto 100 millones de euros para la reconstrucción. Ese presupuesto, prorrogado todavía hoy -no sé por cuánto tiempo más- no prorroga los 100 millones de euros. Se prorroga el presupuesto, pero una partida contemplada en el presupuesto de
100 millones de euros no ha sido abonada en los años siguientes. Incluso hay una nota de Moncloa en la que en su momento usted mismo dice que no hay problema porque, si no hay nuevos presupuestos, el presupuesto se prorroga, pero esos 100 millones
no se han prorrogado y no han llegado.
Ahora hablamos del superávit. Dicen que son tan buenos con La Palma que van a permitir que el Gobierno canario pueda aplicar su superávit para financiar la reconstrucción de La Palma. O sea, hoy vamos a aprobar un decreto para que todas
las Administraciones puedan utilizar el 100 % de su superávit en sus necesidades, en servicios públicos, en los gastos que requiere su ciudadanía, pero Canarias no, Canarias tendrá que utilizar su superávit para seguir financiando la reconstrucción
y solo podrá disponer de un 30 % para otras inversiones, mientras que el resto del país cuenta con el 100 % del suyo. A mí me parece que eso no es justo y yo le pido que lo resuelva. No es justo que no se hayan prorrogado los 100 millones, que
desde el primer convenio ustedes solo pongan el 50 % y que, ahora que todas las Administraciones vayan a contar con el 100 % del superávit y que ustedes digan que Canarias utilice el suyo para la reconstrucción de La Palma.
Usted puede hacer las cuentas que quiera, yo lo entiendo. Es cierto que son 1200 millones, pero usted, que era presidente del Gobierno, ¿recuerda los miles de millones en los que cifró la recuperación de La Palma? Está en la hemeroteca.
Usted hablaba de miles de millones. Hoy, cuando le pregunto al presidente, me habla de que ya han puesto 1000.
La señora PRESIDENTA: Señora Valido, tiene que ir terminando.
La señora VALIDO GARCÍA: Y hoy usted me desgrana los 1200 como, bueno, una aportación. Usted sabe muy bien que es insuficiente y que no se puede financiar la reconstrucción a costa del bolsillo de los canarios y de su superávit. Los
canarios merecen que ese superávit se invierta en todos ellos y todas ellas y en todas las islas, y no que el 70 % vaya a la reconstrucción porque el Gobierno de España ni siquiera prorroga los 100 millones de euros del año 2023.
La señora PRESIDENTA: Señora Válido, tiene que terminar.
La señora VALIDO GARCÍA: Termino.
Confío, señor ministro, en que en febrero estemos convalidando el IRPF del 2026 y que sirva para lo que planteamos, en que aparezcan los 100 millones prorrogados que tenían que estar desde el año 2023 y en que dejen de decir 'ya hemos
puesto' y digan 'pondremos lo que haga falta hasta que la reconstrucción finalice', como dijeron cuando visitaban La Palma
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Válido.
Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy vengo a hablar de la isla de La Palma no solo como diputada de Podemos en el Congreso, sino también como la consejera de Derechos Sociales que vivió en primera línea la erupción del volcán en septiembre del año 2021. A mí esos días no
se me olvidan. No se me olvida la gente abandonando sus casas con lo puesto, mirando hacia atrás y pensando si podrían volver o no. Si hay algo muy dramático que se vive con una erupción volcánica y que no se vive con otros desastres naturales es
que lo pierdes todo: no solo pierdes la casa, pierdes el terreno, pierdes tu comunidad de vecinos... Cuando vuelves, el paisaje ha cambiado completamente y ya no puedes rehacer tu vida como siempre la habías desarrollado. Por eso la
responsabilidad era altísima y queríamos responder.
Queríamos responder con humanidad y queríamos responder con urgencia, y así lo hicimos. Primero, garantizamos una alternativa habitacional a todas aquellas vecinas que no podían seguir en sus casas. También trasladamos a todas aquellas
personas dependientes y a todas aquellas personas mayores que necesitaban estar en centros especializados porque sus centros estaban ubicados en la zona del desastre. Habilitamos ayudas de emergencia. Hicimos una modificación para que la
prestación canaria de inserción llegara primero a los palmeros, más rápido y en mayor cuantía. Recuerdo que habilitamos fondos para la lucha contra la violencia de género, porque detectamos que había un incremento de las violencias machistas en
aquellos momentos. Movilizamos a cientos de personas para atención psicosocial. Movilizamos a cientos de trabajadoras sociales de todas las islas para que atendieran a la población de La Palma. Sabemos que a lo mejor nuestra respuesta fue
imperfecta, pero fue desde el corazón y fue humana. ¿Y sabe dónde no estábamos nosotros? En ningún Ventorro ni mirando para otro lado, estábamos allí, al pie del cañón con el pueblo de La Palma. Ahí estaba su Gobierno de Canarias.
Este Real Decreto Ley 13/2025 profundiza en esas ayudas de quienes lo han perdido todo. ¿Saben lo que más repetían los palmeros durante esos días? Que lo habían perdido todo, pero lo que no habían perdido eran vidas. Eso fue así gracias a
la responsabilidad del Gobierno, pero también de la oposición en aquel momento en el Parlamento de Canarias: unimos nuestras fuerzas para salvar al pueblo palmero. Ese es el espíritu que debería permanecer en el día de hoy, señora Valido. Es
verdad que son imperfectas las acciones del Gobierno estatal, no se lo voy a debatir, y estamos luchando para que este real decreto pueda ser mejorado, pero también es imperfecta la acción del actual Gobierno de Canarias y, si no, hable con los
propios palmeros, que a nosotros nos dicen que esperan mucho más de su Gobierno autonómico.
La realidad es que la reconstrucción de La Palma debe hacerse contando con su pueblo y con lo que este quiere de cara a su futuro. El pueblo de La Palma no quiere más de lo mismo. No quiere una economía basada en el monocultivo del
plátano, con pocas alternativas para las mujeres y jóvenes que se dedican al mundo rural o un turismo de masas. Lo que quiere es un turismo sostenible, un turismo que respete a la tierra que ellos y ellas tanto aman. Por lo tanto, la
reconstrucción de La Palma no tiene que ser para estar como estábamos antes de que el volcán erupcionara en septiembre del 2021. No. Tiene que ser una construcción mejor de la isla, con mejores alternativas y un futuro para sus jóvenes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Gaur, 2025eko hamahirugarren errege lege dekretua eztabaidatzen dugu. La Palma berreraikitzen eta berreskuratzen laguntzen duen araua, Gailur Zaharreko sumendiaren erupzioaren ondoren. Eta hasteko, dekretu hau beharrezkoa dela onartu nahi
du, onartu nahi dugu. Dekretu honen edukiak edo neurriak benetako eta oraindik premiazkoak diren beharrei erantzuten diete, batez ere familiei, nekazariei, autonomoei eta sare ekonomiko eta sozialari laguntzeko. Positiboki baloratzen dugu hainbat
neurri, hala zelan nekazarien finantza betebeharrak arintzeko epeak luzatzea, uhartean bizi direnentzako zerga-kenkari espezifikoak eta natura ondarearen eta eragindako biodibertsitatearen gaineko jarduketen jarraipena. Neurri baliagarriak,
beharrezkoak eta ondo etorriak dira, eta horregatik, dekretu honen bitartez egindako ahalegina aitortzen dugu.
Hoy debatimos el decimotercer real decreto ley de 2025. Es una norma que ayuda a la reconstrucción y la recuperación de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En primer lugar, yo quisiera reconocer que este decreto es
necesario. Su contenido y las medidas que propone responden a necesidades reales y urgentes de apoyo a las familias, a los agricultores, a autónomos y, en definitiva, al tejido económico y social. Valoramos positivamente algunas medidas como la
ampliación de los plazos para aliviar las obligaciones financieras de los agricultores, las deducciones fiscales específicas para los residentes y las residentes y el seguimiento de las actuaciones sobre el patrimonio natural y la biodiversidad
afectada. Son medidas útiles, necesarias y muy bienvenidas. Por todo ello, reconocemos el esfuerzo realizado a través de esta iniciativa.
Ahora bien, señorías, permítanme centrarme en un aspecto que considero fundamental: la coordinación normativa en relación con la medida acerca del uso del superávit. El decreto que hoy debatimos habilita 100 millones de euros de superávit
de la Comunidad Autónoma de Canarias para destinarlos a la recuperación de La Palma, una medida sin duda muy positiva, pero hoy mismo vamos a convalidar -quiero pensarlo así- otra norma que permite utilizar el superávit de 2024 para inversiones
financieras sostenibles, lo que -entiendo- amplía además el margen real de recursos que podrán movilizar las Administraciones canarias. Por tanto, entiendo que la capacidad financiera no se va a limitar solo a esos 100 millones que hoy debatimos en
este decreto, sino que existe un escenario más amplio que hubiera merecido quizá una articulación normativa conjunta desde el inicio.
Quiero recordar también que en el decreto de la senda de estabilidad nosotros, el Grupo Nacionalista Vasco, ya defendimos la necesidad de que las entidades locales pudieran utilizar su superávit para este tipo de inversiones, dado que la
regla de gasto impide a las Administraciones emplear recursos que ya tienen disponibles.
Celebramos que finalmente se habilite esta vía, pero, precisamente por eso, es necesario subrayar la importancia de este decreto en cuanto a una mayor coordinación normativa. En lugar de integrarse estas medidas -la del uso del superávit-
en una estrategia legislativa unificada, se ha adoptado de manera sucesiva respondiendo a los acontecimientos conforme iban surgiendo. Y si bien la urgencia puede justificar cierta agilidad en un proceso de reconstrucción tan complejo como está
siendo el de La Palma, la previsibilidad, la coherencia y la claridad normativa también creemos que son esenciales. Una planificación conjunta en este sentido habría permitido ofrecer, desde el primer momento, una visión más global del uso del
superávit, aportando seguridad jurídica y una hoja de ruta más firme para quienes gestionan sobre el terreno la recuperación.
Aun así, señorías, reitero nuestro apoyo al decreto.
Hala ere, jaun andreok, berriro diot dekretuaren alde gaudela. Izan ere, gaur garrantzitsuena da La Palmak behar dituen baliabideak izatea eta neurriak eraginkortasunez aurrera egiten jarraitzea.
Eskerrik asko.
De todos modos, señorías -repito-, estamos a favor del decreto porque hoy lo importante es que La Palma tenga los recursos que necesita y que las medidas sigan avanzando y se sigan implementando con eficacia.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias, presidenta.
En cualquier proceso de reconstrucción, cuando uno tiene que afrontar un reto tan grande como el que afronta la isla de La Palma, tenemos que partir del análisis de las condiciones de base, las condiciones que marcan ese territorio: la
insularidad. Los efectos de la insularidad no desaparecen y, por tanto, van a marcar todo el proceso de reconstrucción. La insularidad aporta siempre unos retos muy fuertes. El primero, la gran carestía de vida. Todos los productos en las islas
-sean la Canarias, sean las Baleares- son más caros. Por tanto, en la reconstrucción debemos tener en cuenta que a las familias les cuesta cada día más dinero rellenar la nevera. Evidentemente, cuando planteamos la necesidad de un cambio de modelo
económico en las islas, los costes de producción siempre en las islas son más caros. Por tanto, tenemos que acompañarlo de medidas que permitan desarrollar economías no dependientes del turismo, economías más diversificadas, más ricas, más
resilientes.
Respecto a los costes energéticos, el Partido Popular en todas sus políticas energéticas siempre habla de quitar los costes extrapeninsulares de la producción energética porque son conscientes de los costes de la electricidad, porque son
conscientes de que los costes de los combustibles en las islas son mucho mayores. En este sentido, cualquier persona que quiera emprender en las islas Baleares, en Canarias, en La Palma sabe que el coste de inversión en los elementos de producción
siempre va a ser superior al de la península, y eso limitará su capacidad inversora. Eso hace que tengamos unos retos mucho mayores, no solo para los privados sino también para la Administración. Garantizar que los servicios públicos sean de
calidad en las islas es mucho más caro, evidentemente, porque el radio de población no va a ser el mismo, porque el referente geográfico es la isla. En La Palma necesitamos hospitales y escuelas; equipamientos que hacen que los servicios públicos
sean más caros que en otros territorios. Además, la economía en las islas también es más cruel que en otros sitios, porque las prácticas abusivas de mercado y las conductas anticompetitivas son más fáciles de aplicar en pequeños mercados, aislados
y dependientes de puertos y aeropuertos. Esos riesgos debemos afrontarlos para la reconstrucción de La Palma. Lo peor son los sistemas insulares, ya sea en Baleares o en Canarias. Estamos más expuestos, somos más vulnerables a los shocks de
mercado que vienen del exterior. En este caso, el shock que afectó a La Palma no vino del exterior, vino de la naturaleza, vino con la explosión del volcán. Ese shock bloqueó toda la economía de La Palma afectando social, ambiental y
económicamente a todos sus ciudadanos. Ese es el reto que tenemos que afrontar para la reconstrucción.
Con el real decreto damos pasos en positivo, y por eso les vamos a dar nuestro apoyo. Pero, evidentemente, queremos mejorarlo en su tramitación porque los ciudadanos de La Palma tienen que saber que el Estado está a su lado, que el Estado
no los va a dejar atrás; y vamos a analizarlo punto por punto, evidentemente. Ya se ha comentado que era una buena medida permitir gastar el superávit -cien millones, para las islas Canarias- en la reconstrucción, pero esta medida ha quedado
desfasada. Espero que hoy, como también se ha dicho, se apruebe una medida más amplia para todos los territorios. Lo que sí nos preocupa -y nos lo trasladan los compañeros de Drago, desde Canarias- es que el compromiso de los cien millones en
transferencias que había cada año no se están dando; por tanto, falta también información y transparencia. Si el Estado invierte, se tiene que conocer en qué está invirtiendo. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de esa inversión.
El segundo punto es el IRPF. Es una medida importante: una deducción del 60 %, como en Ceuta y en Melilla. Una deducción significativa, que impacta en el bolsillo de las familias y que reactiva la economía. Pero, para que sea efectiva,
tendría que haberse aplicado mensualmente, con el fin de facilitar la liquidez y permitir la entrada de capital de manera capilar a todo el mercado de la isla. Ese era el objetivo y no nos tenemos que olvidar que esta medida deja fuera a los más
vulnerables, a los que tienen menos. Y a esos les tenemos que prestar especial interés.
Otra medida es garantizar esa moratoria de los créditos para los agricultores. Creo que es clave, y me parece un acierto recuperar esa medida porque los sistemas agrarios no entienden de los tiempos de la Administración, entienden de los
tiempos de la naturaleza, de reconstrucción, de invertir, de plantar, de crecer y ese tiempo es muy superior al que se había dado. Evidentemente, tenemos que afrontar también que el Ministerio de Transición Ecológica necesita más tiempo para
desarrollar todos los fondos de inversión. Para que no se pierda un fondo si, un plazo no es suficiente, alarguemos el plazo.
La duda que nos plantean los compañeros de Drago es qué visión de futuro tenemos, qué plan de inversión hay para la reconstrucción, qué convenio plurianual hay a largo plazo que garantice la estabilidad de esa inversión. Gobierne quien
gobierne, los ciudadanos de La Palma tienen que saber que hay un plan de reconstrucción con los fondos necesarios para su futuro.
Evidentemente, son medidas positivas, señor ministro, y ahí tendrá nuestro apoyo. Pero no podemos caer en la complacencia; no podemos caer en que hemos actuado bien y ya está, no. Tenemos que ser más exigentes. No podemos pensar que la
reconstrucción se ha culminado, como dice, que el objetivo de culminar la reconstrucción se ha conseguido. No culminaremos la reconstrucción hasta que las principales necesidades de la gente estén cubiertas. Ahora mismo, las principales urgencias,
las principales necesidades de los ciudadanos son vivienda, vivienda, y salud mental después del impacto que tuvieron. (Aplausos). Y hay una cosa, ministro, muy necesaria para cualquier pueblo: el futuro. Tenemos que garantizar un futuro para
los palmeros y palmeras, para que la gente pueda vivir en La Palma y no tenga que emigrar. Garantizar el futuro ahora mismo es el reto más importante.
Cuanto hablo de vivienda, lo hago porque ya han pasado cuatro años y aún hay gente viviendo en sitios que debían temporales. Qué tremendo es cuando algo temporal se convierte en definitivo; qué tremendo es cuando esas viviendas no llegan a
quienes deberían llegar. Apoyemos y colaboremos con todas las Administraciones. Si el Cabildo tiene un plan especial de vivienda, pongamos dinero en ese plan especial y colaboremos con todas las Administraciones que lo puedan hacer posible.
En el sector primario se está produciendo un efecto perverso que nos deja muy preocupados: la eliminación de los minifundios, la concentración de la tierra, del poder productivo, la capacidad del modelo agrario de La Palma para
reconvertirse. Si la tierra queda en manos de unos pocos, evidentemente, se van a dedicar solo al plátano y no va a haber alternativas de desarrollo local, como querríamos.
Ministro, lo que le decía: futuro. Y el futuro pasa por dar esperanza, pasa por la planificación territorial, por la protección ambiental y pasa por cumplir todo lo que les hemos prometido. Cumplamos con La Palma, que es cumplir la
palabra dada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida.
El señor RODRÍGUEZ ALMEIDA: Muchas gracias, señora presidente.
Señor ministro, señor Torres, menudo papelón le ha tocado hoy, porque era el presidente del Gobierno de Canarias durante la erupción, por lo tanto, usted es responsable de la situación. (Rumores).
Como ya dije en su momento, creo que el Gobierno de España tuvo una ocasión de oro, una ocasión perfecta para demostrar cómo podía volcarse en favor de los españoles y, en este caso, no estuvieron a la altura, señor ministro. No estuvieron
a la altura ni usted, como presidente del Gobierno de Canarias, ni tampoco lo estuvo el Gobierno de España. No es una opinión personal, no lo digo yo, esto es lo que se dice en Canarias, especialmente en la isla de La Palma. Recuerdo a una
persona, que supongo que usted conoció muy bien: Jerónimo Saavedra. No sé si usted se acuerda de la opinión que tenía Jerónimo Saavedra sobre la gestión del Gobierno de España. ¿Recuerda esto de: 'Ya está bien de venir aquí en aviones a pasearse
por la isla de La Palma; lo hay que hacer es ayudar a los palmeros, que necesitan esa ayuda, y no lo están haciendo'? (Aplausos).
Señor Torres, creo que le ha tocado un papelón. Le ha tocado un papelón porque, a lo mejor, usted tiene el propósito de volver a presidir el Gobierno de Canarias; o, no sé, huyendo de aquí..., con tanto compañero del Consejo de Ministros
que va para los tribunales de justicia. Es una situación muy complicada, señor Torres; pero, lo siento, no podemos dar por buena ninguna de las propuestas que vienen de este Gobierno.
La señora Santana, de Podemos, ha querido justificar su etapa de Gobierno con el señor Torres como consejera de Asuntos Sociales, pero le pasa lo mismo que al señor Torres. Hay un elemento comparativo que les deja muy mal, muy mal, muy mal,
y es cómo se ha tratado a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma y cómo se ha tratado a los inmigrantes ilegales que llegaban a Canarias, que estaban bajo su responsabilidad (aplausos), y la situación es humillante para los canarios
-humillante-, especialmente para los damnificados por la erupción volcánica. Lo único que han hecho es poner de manifiesto su ineptitud para ayudar a los que más lo necesitan cuando tienen todos los medios para hacerlo; sin embargo, como digo, el
contraste está en cómo se vuelcan con aquellos que violentan nuestras fronteras, que generan problemas de conflictividad. Señora Santana, usted lo recordará.
Veo aquí a nuestro presidente, Santiago Abascal. Santiago, muchísimas gracias por haber apoyado a todos los empresarios de Puerto Rico que sufrían las consecuencias de alojar en hoteles a los inmigrantes ilegales. (Aplausos.-Algunos
señores y señoras diputados: ¡Oooh!).
Como digo, era especialmente humillante para los damnificados del volcán de La Palma, que veían que a quienes llegaban ocultando y falseando información sobre su edad y su nacionalidad recibían un trato de hoteles de cuatro o cinco estrellas
en régimen de pensión completa, sin tener que preocuparse por dónde iban a dormir o qué iban a desayunar, comer y cenar. (Aplausos). A los damnificados del volcán de La Palma, que en aquel momento tenían esa preocupación, ustedes no se la
resolvieron, y hoy en día sigue vigente. Le voy a poner un caso concreto. El real decreto establecía 60 480 euros para los que habían perdido todo. Para los que habían perdido todo, el Estado disponía de 60 480 euro; pero el Estado premia a
quienes violentan nuestras fronteras con 120 euros diarios de coste. Si hacen la comparación, si hacen los números, en solo cuatro meses de atención a un inmigrante ilegal -en solo cuatro meses- se han gastado ya más de todo a lo que podían aspirar
a recibir quienes habían perdido su casa. Si a ustedes eso les parece razonable, se merecen el peor calificativo que puedan imaginar como responsables políticos.
Con respecto al contenido de este real decreto que se pretende convalidar hoy, en su artículo 1, se ha mencionado anteriormente del límite de los 100 millones de euros destinados al gasto del superávit por parte del presupuesto de la
comunidad autónoma. Por poner otro ejemplo en el mismo ámbito: ¿sabe cuánto se va a gastar el Gobierno de Canarias en la atención a los inmigrantes ilegales? Usted ya no está en el Gobierno de Canarias, pero le doy la cifra: 190 millones de
euros; y para los damnificados de La Palma, solo 100, prácticamente la mitad. (Aplausos). Creo que esto merece alguna reflexión por parte del Gobierno de España; y también por parte del Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, señora Valido.
¿Sabe qué ha hecho el señor Alfonso Cabello, el viceconsejero? Reclamar más recursos para la inmigración ilegal; los 190 millones de euros le parecen poco. No hacen absolutamente nada por combatir el negocio multimillonario de las mafias de la
inmigración ilegal, lo único que piden es más dinero para aumentar el efecto llamada y seguir gestionando ese negocio, porque ustedes, Coalición Canaria, con el Partido Popular y el PSOE, tienen una política consensuada de puertas abiertas que está
degradando la vida de todos los canarios. (Aplausos).
En cuanto al artículo 2, señor Torres, ha hablado usted de la Agenda Canaria para extender al tema de las deducciones fiscales. Si usted repasa bien las deducciones previstas para los residentes de Ceuta y Melilla, que es el régimen que se
pretende extender para la isla de La Palma, verá que no tiene ningún sentido. Ya se lo han dicho anteriormente. Creo -y tiene usted que convencerse- que una catástrofe de estas características merece un régimen propio, no asimilarlo a uno ya
existente que no tiene nada que ver con el propio de los residentes de Ceuta y Melilla.
Los artículos 3 y 4 son para prorrogar o quitar los límites temporales que tenían estas ayudas. Hay que hacer alguna reflexión sobre por qué tantos años después sigue siendo necesario prorrogar estas ayudas. La realidad es que o no llegan
o son insuficientes y eso merece una reflexión profunda por parte del Gobierno.
Termino. Señor ministro, tienen que entender que su principal obligación como ministro del Gobierno de España es atender y proteger a los españoles y en eso han suspendido categóricamente. E, insisto, es humillante, especialmente en el
caso de Canarias, por la atención que hacen a los inmigrantes ilegales que violentan nuestras fronteras.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez González.
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
No voy a perder ni medio segundo en contestar a su señoría de VOX, pero se lo voy a decir claro: ni lo de la Revuelta ni todas las tonterías que ha dicho hoy en esta tribuna tienen sentido. Si quiere, luego, en un ratito, yo le explico
todo, porque usted ni pisa Canarias ni se entera de nada de lo que dice. (Aplausos).
Señorías, hace cuatro años en Canarias el cielo se tiñó de gris ceniza. Fue horrible, devastador. Vimos como un gigante asolaba parte de nuestra Isla Bonita y se lo llevaba todo por delante: la propia naturaleza, las casas, los colegios,
todo; barrios y pueblos sepultados bajo la lava. Nadie puede entender qué es eso si no lo vive, si no lo ve, si no lo siente. Y recuerdo que alrededor de las tres de la tarde -creo, Ángel Víctor- recibí un mensaje de tu consejero, Julio Pérez,
que me decía que había comenzado la erupción; dijo: 'Todos preparados; todos a una tenemos que estar para ayudar'. (Aplausos). Y recuerdo, Ángel
-lo recuerdo y me emociono-, que tú, como siempre, a la cabeza -hoy has sido demasiado humilde y no has reconocido cómo te dejaste la piel-, te pusiste allí y nos pusiste a todos. Ahí no había ni Ventorros ni excusas, había responsabilidad
y ganas; objetivo: ayudar. Muchas gracias, Ángel. (Aplausos).
Han pasado los años y estamos aquí, cuatro años después, hablando de La Palma y de seguir reconstruyéndola, y, aunque hay cierta normalidad, todavía tenemos mucho por hacer. Lo cierto es que desde el primer minuto nos pusimos a trabajar
incansablemente, lo he dicho, y además teníamos un tándem perfecto: un presidente del Gobierno de Canarias socialista, Ángel Víctor Torres, y un presidente del Gobierno en España socialista también, Pedro Sánchez. Ambos presidentes se dejaron la
piel desde el primer minuto, se comprometieron con La Palma, y por eso La Palma hoy tiene muchos signos de haber recuperado su normalidad. Lo digo porque -y me hierve la sangre- los valencianos y las valencianas no han tenido la misma suerte para
nada: han tenido un gobierno autonómico que no ha asumido nunca sus responsabilidades y que ha dedicado su tiempo a tapar con mentiras todas sus vergüenzas, y un presidente del partido a nivel nacional, el señor Feijóo, que no ha mandado ni ha
puesto orden en su casa. (Aplausos). Yo siento mucho orgullo de lo que hicimos en Canarias y de lo que hacemos en el Estado, porque en La Palma enfrentamos de frente la tragedia, nos pusimos para asegurar que ninguna vida corría ese peligro. Los
realojos inmediatos en esos hoteles que nombra sin saber su señoría claro que tenían en un primer momento pensión completa y estaban plenamente cubiertos durante meses, mientras fue necesario. Todo ha sido mientras ha sido necesario. Ayudas
inmediatas. Es que no puedo resumir en siete minutos lo que hicimos con tantísimo esfuerzo.
Señorías del Grupo Popular, me van a permitir que hable así porque yo lo viví en primera persona, yo tenía el tremendo orgullo de tener responsabilidades al lado de Ángel Víctor Torres, y recuerdo que estábamos a todo, que todos nosotros
cargamos cajas para montar la oficina de atención a los damnificados de La Palma. (Risas.-Rumores). Sí, no se ruboricen, ustedes se iban a El Ventorro, nosotros estábamos ahí, es así. (Aplausos). Es que no nos podemos comparar, el nivel no es
comparable.
Montamos un sistema único para el registro de las ayudas, un sistema que hacía fácil que quien lo había perdido todo -el DNI, los papeles-, quien no tenía nada para demostrar que había perdido todo, pudiera hacerlo. Montamos algo
extraordinario y lo hicimos en colaboración con y para las Administraciones, ayuntamientos y cabildos, sin importar el color político de estas, que no eran del mismo que el nuestro, por cierto. Porque lo único que había que hacer era estar todos a
una por las y los palmeros. Ustedes de eso no saben nada y no me van a dar lecciones. Les digo que me hierve la sangre porque lo hemos visto este verano con los incendios, porque lo vemos con la dana, porque cuando se trata de enfrentar
catástrofes, el Partido Popular no está a la altura de lo que tienen entre manos.
Señorías, vuelvo a La Palma porque es realmente lo que me preocupa. Les explicaba que el efecto fue devastador, y recuperarse de algo así, cuando se ha asolado todo, requiere tiempo. Además, en una isla de efectos mayores -lo decía su
señoría de SUMAR- teníamos limitados: los recursos, la mano de obra, los materiales, absolutamente todo. Y el esfuerzo de lo público tuvo, tiene y tendrá que ser mayor hasta que recuperemos la normalidad en La Palma. Y aquí estamos, cuatro años
después, por eso: porque seguimos poniendo medidas, porque hace cuatro años Pedro Sánchez se comprometió con La Palma, porque hoy son más de 1200 millones de euros -repito 1200 millones de euros- los que ha invertido el Estado en la recuperación de
La Palma en vivienda, agricultura, carreteras, en planes de empleo específicos, en ERTE, en bonificación del IRPF. Son casi 380 millones que hemos dejado de ingresar para que los palmeros sientan ese desahogo en sus economías. Todo lo que ha sido
necesario.
Señorías, este Gobierno se ha volcado con Canarias siempre, y es una pena que no todas las señorías que están aquí presentes, ni todos los partidos políticos, ni lo hayan entendido así, ni lo hayan hecho así. Quiero recordar que el Partido
Popular, que gobierna hoy en Canarias junto con Coalición Canaria, ha votado reiteradamente en contra de los canarios y las canarias aquí, en esta sede. (Aplausos). Han votado en contra de cuestiones, como ir en contra de los menores migrantes -en
lo de VOX no entro-, ha votado en contra de la subida de las pensiones, de la subida del salario, pero ha votado en contra de los ocho reales decretos que han precedido a este para ayudar a la isla de La Palma. Espero que hoy, el noveno, voten que
sí y dejen de darnos la espalda a los canarios y a las canarias.
Además, quiero poner en valor que el Gobierno de España no solo ha atendido la erupción como algo propio, sino que también ha intentado poner en valor y dinamizar la economía de La Palma invirtiendo más allá de la emergencia: ahí están los
400 millones propuestos para ubicar el telescopio de 30 metros o la elección de la sede de la isla de La Palma para que se ubique el Centro Nacional de Vulcanología. Es decir, una y otra vez una apuesta absoluta por La Palma, por Canarias.
Hoy traemos este decreto ley específico para la isla de La Palma con las cuatro medidas que ya relató nuestro ministro, que resumo fácilmente. Primero, ampliar las subvenciones destinadas a mitigar las consecuencias de la erupción; no sé
quién puede oponerse a eso. Segundo, habilitar de forma excepcional ese superávit de 100 millones para que sigan ayudando al sector más importante de la isla, a nuestro plátano, a nuestro sector agrario, porque sí, señora Valido, nosotros cumplimos
con la agenda canaria, incluso cumplimos con esos 100 millones que no están en la agenda canaria, porque cumplimos cada día con cada cosa y por encima de las expectativas; porque también le digo, señora Valido, que nosotros ya habíamos empezado esa
recuperación y construcción tras la erupción en La Palma mucho antes de que usted llegara aquí. (Aplausos). Tercero, para solicitar la suspensión de préstamos y créditos hipotecarios; esto es muy importante, porque se trata de personas que lo
habían perdido todo, que podían estar endeudadas y que tenían que volver a empezar de cero: casa, trabajo, negocio, una vida nueva. Y cuarto, ampliar esa bonificación del IRPF, porque sí, es un desahogo real para las familias. En eso hemos estado
trabajando estos tres años, y seguiremos trabajaremos para seguir apoyándolas.
Señorías, voy terminando. Las medidas han demostrado su eficacia, eso lo hemos visto en estos años. Nos falta un empujón para que sea una realidad y podamos ver una Palma que florece. Pero ya vemos signos de recuperación, vemos que, desde
que empezó la erupción, la isla de La Palma tiene más población, tiene más empresas inscritas y tiene mínimos históricos de tasa de paro. Pero no nos vamos a quedar tranquilos, La Palma necesita más. Vamos a estar en La Palma siempre, no cuando
gobernemos, siempre, a diferencia de ustedes. Y hoy, con la convalidación de este decreto, les vamos a decir a los palmeros y a las palmeras que la política es útil, que estamos aquí para ayudarles y le vamos a decir a la sociedad que la política,
nosotros y este partido vamos a estar siempre para mejorar la vida de la gente.
Muchas gracias y felices de fiesta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas Manrique. (Rumores).
Silencio, por favor, señores diputados.
Señor Rojas, cuando quiera.
El señor ROJAS MANRIQUE: Buenos días, presidenta, señorías.
Buenos días, señor ministro. Lo veo muy solo hoy en la bancada azul, como se ven los canarios con el Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos).
Hoy debatimos un real decreto ley que contiene medidas muy necesarias para La Palma, pero que vuelve a poner de manifiesto los constantes incumplimientos del Gobierno socialista con Canarias. Es cierto que este decreto incluye iniciativas
positivas, y el Grupo Popular las apoyará porque benefician a quienes más lo necesitan, pero nada justifica que el Partido Socialista, en lugar de cumplir con La Palma con los fondos del Estado, nos obligue a utilizar el superávit de Canarias para
pagar lo que corresponde al Gobierno de España. Ya reconocía usted mismo, señor ministro, en un lapsus de sinceridad, que esta vez no han hecho trampas mezclando asuntos canarios con prebendas a sus socios. El sanchismo es así, al final querrán
que les felicitemos por no hacer trampas. El propio decreto reconoce que cuatro años después de la erupción persisten consecuencias sociales, económicas y medioambientales que dificultan el retorno a la normalidad. Esa es la realidad oficial
escrita, negro sobre blanco. Y frente a esta realidad evidente, escuchamos declaraciones como las del señor Torres, quien llegó a afirmar que en La Palma se vive ahora mejor que antes de la erupción. Señorías, ambas cosas no pueden ser ciertas. O
miente la exposición de motivos de este real decreto o mintió usted, señor Torres, y que usted mienta, lamentablemente, ya no sorprende a nadie. (Aplausos).
Este decreto llega, además, muy tarde, tardísimo. Aquí estamos, en los últimos días del año, dando tranquilidad a los palmeros en el último momento, en el último Pleno, generando incertidumbre y preocupación durante meses y, para colmo,
obligando a Canarias a pagar lo que debería pagar el Estado. El Gobierno habilita excepcionalmente a Canarias a usar 100 millones de su superávit para La Palma, y lo hace unos días antes de permitir esta misma excepción a todas las comunidades para
todo tipo de inversiones sostenibles. La supuesta excepción se convirtió en una absoluta tomadura de pelo para Canarias. Se han reído de nosotros otra vez: ni Agenda Canaria ni excepciones ni compromisos. El sanchismo es así, un juego de
trileros.
El Estado debía aportar 400 millones al proceso de recuperación de La Palma tras la erupción. Lo anunciaron a bombo y platillo y se hartaron de hacerse fotos en la isla. A finales de 2023 aportaron los primeros 100 millones y se acabó el
compromiso; desde entonces, ni un euro más. Ahora han tratado de
vender en Canarias que poner 100 millones con cargo a nuestro superávit era un gran favor, pero este decreto solo es un gran engaño. Siguen incumpliendo sus compromisos y pretenden pagar con dinero de todos los canarios. Su Gobierno aún
debe a La Palma 200 millones pendientes de sus aportaciones de 2024 y de 2025, y ahora deben a Canarias otros 100 millones más que nos obligan a adelantar.
El agravio a nuestras islas es histórico. Mientras las demás comunidades autónomas podrán utilizar el 100 % de su superávit, Canarias solo podrá ampliar el 30 % que nos queda después de pagar sus incumplimientos. El sanchismo es así: te
deben dinero y al final terminas pagando tú; un timo. (Aplausos). En este juego de tronos hay una cosa muy clara que algunos socios deberían grabarse a fuego: un Gobierno socialista nunca paga sus deudas.
Señorías, esto no es un gesto hacia Canarias, es un castigo, es una discriminación evidente y, además, un engaño. Y no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo episodio que se suma a incumplimientos inaceptables. Canarias fue
excluida de la cumbre bilateral con Marruecos, se anuncia un incremento de las tasas aeroportuarias que perjudica gravemente nuestra conectividad y continúa el incumplimiento de nuestro REF, hasta el punto de que ayer conocíamos la intención del
Gobierno de Pedro Sánchez de computar la financiación del REF como un gasto en el cálculo de la quita de la deuda, cuando precisamente su finalidad es igualarnos y, por tanto, no puede computarse para ese cálculo. Todo ello pese a la llamada Agenda
Canaria, que forma parte del acuerdo de investidura del Partido Socialista con Coalición Canaria.
Y permítanme una reflexión: si esa agenda se incumple una y otra vez, alguien debería levantar la voz y tomar decisiones; sin embargo, estos incumplimientos se acumulan. Coalición Canaria sigue votando con el Partido Socialista en más del
75 % de las ocasiones y aún nadie entiende por qué no apoyaron la propuesta del Partido Popular para congelar las tasas aéreas en la Ley de Movilidad Sostenible. (Aplausos).
Este grado de alineamiento sería comprensible, al menos en parte, si se estuviera cumpliendo lo pactado, pero no es así y Canarias no puede permitirse más silencios cómodos ni apoyos automáticos. Por eso lo digo con claridad: no permitan
que sigan engañándoles y no permitan que engañen de nuevo a todos los canarios. El Partido Popular mantendrá una posición firme. Apoyaremos todo lo que beneficie realmente a La Palma; exigiremos rigor, transparencia y respeto institucional y
denunciaremos cada incumplimiento, recordando siempre que nuestra obligación es defender a Canarias frente a un Gobierno que nos humilla y nos engaña.
La realidad es clara. Este decreto no es un acto de apoyo ni de compromiso, sino la prueba de un retraso injustificado, de un engaño y de un castigo presupuestario injusto. Coalición Canaria debe exigir lo que firmó, el PSOE debe dejar de
menospreciar a los canarios y el Gobierno debe cumplir de una vez por todas. En el Partido Popular seguiremos defendiendo cada derecho y cada euro que corresponda a nuestra tierra porque Canarias merece respeto, porque La Palma necesita soluciones
reales y porque los canarios nunca aceptarán ser españoles de segunda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rojas.
- REAL DECRETO LEY 14/2025, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000028).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Para presentar el real decreto ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.
El señor MINISTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (López Águeda): Buenos días, señorías.
Intervengo ante la Cámara para pedir el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios para una medida que supone el reconocimiento y, por supuesto, el trabajo de quienes sostienen nuestro estado del bienestar.
La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que sube el sueldo a más de tres millones de funcionarios, a más de tres millones de empleados y empleadas públicos de todas las
Administraciones, y hoy tengo el honor de elevar dicho acuerdo a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, para que el Poder Legislativo convalide un consenso social evidente.
Las y los empleados públicos merecen estabilidad, calidad y buenas condiciones. Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta; lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a
contrarreloj para atajar la peste porcina; y lo merecen los agentes forestales, los profesores de la universidad pública o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad.
La convalidación de este real decreto ley supone que la Administración central, pero también las comunidades autónomas y las entidades locales, actualicen el salario de sus empleados públicos de la siguiente manera: subiendo el 2,5 % con
respecto a las nóminas vigentes a 31 de diciembre de 2024, es decir, un 2,5 % en las nóminas del año 2025, y todo eso teniendo en cuenta la subida posterior que hicimos el año pasado de un 0,5 % adicional; y subiendo para el año que viene, 2026, un
1,5 % fijo con respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, es decir, acumulado, y en este último caso se complementará con un 0,5 % adicional extra si la variación del IPC en 2026 es igual o superior a dicho 1,5 %.
Señorías, por tanto, estamos hablando de que en enero todas las nóminas de los empleados públicos de todas las Administraciones se incrementen un 4 %. Pero esta medida va mucho más allá del reconocimiento salarial de quienes salvan vidas,
de quienes ponen vacunas y de quienes abren escuelas cada día. Esta medida es el primer paquete de un acuerdo marco firmado con los sindicatos mayoritarios del sector público para hacer de nuestra Administración pública un ejemplo europeo y mundial
de servicios ciudadanos.
Comisiones Obreras, UGT y CSIF, junto con el Gobierno de España, defendemos una función pública más robusta, más eficaz e igualitaria y más digitalizada. Por eso el acuerdo incluye otras medidas, como, por ejemplo, optimizar la gestión del
talento público con procesos de selección, formación y promoción interna más eficientes; o como mejorar la atención a la ciudadanía, que es al final el objetivo de todo este gran acuerdo, priorizando la dotación de personal que tenga trato directo
con la gente y garantizando una atención cercana e integral que combine el contacto presencial con el contacto electrónico y, por supuesto, telefónico. Este acuerdo supone también digitalizar de abajo arriba la Administración pública, fortaleciendo
las competencias digitales y de inteligencia artificial de los empleados públicos mediante un plan de competencias digitales; o supone, por ejemplo, elevar también los estándares de calidad del empleo público, integrando la salud laboral en la
planificación de recursos humanos y promoviendo entornos seguros, inclusivos y medioambientalmente responsables. Además, vamos a impulsar el Observatorio del Empleo Público, que permitirá evaluar los progresos y detectar nuevas necesidades. Y, por
supuesto, no nos olvidamos del horizonte final del acuerdo, que la subida salarial alcance el 11 % de aquí al año 2028.
Señorías, todo lo que acabo de exponer sigue la estela de la intervención que tuve en este Congreso para la exposición de líneas generales en diciembre del año pasado. Hablaba entonces, ante este Congreso, del consenso por una
Administración abierta. Hoy, apenas doce meses después, el Gobierno de España despliega una parte fundamental de todos estos compromisos, porque transformar la función pública es un reto inmenso que se conquista con muchas grandes decisiones y la
de hoy es una de ellas y está en manos de esta Cámara.
Señorías, con la convalidación de este real decreto ley que solicito a esta Cámara, a todos los grupos parlamentarios, la Administración General del Estado y el Gobierno de España cumplirán inmediatamente con todas las condiciones del
compromiso. Este mismo diciembre haremos efectiva una nómina adicional retroactiva que abonará el 2,5 % de subida que corresponde a todo el año 2025 y en enero de 2026 aplicaremos ya desde el 1 de enero una subida del 1,5 % adicional con respecto a
la nómina consolidada este mes. Y, como he dicho antes, en caso de que el IPC supere finalmente en el año 2026 ese 1,5 %, aplicaremos un 0,5 % adicional en el primer trimestre de 2027. Señorías, estas Navidades al menos medio millón de familias va
a recibir una merecida extra, y no solo ese medio millón, sino muchos más, porque, en permanente diálogo con muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, nos han mostrado que también ellos abonarán esta cantidad antes de que finalice el año.
Señorías, podemos hacerlo, porque el éxito económico de España robustece los ingresos mientras reducimos el déficit. Hay un dato que me parece verdaderamente espectacular y es que, según las previsiones, el año que viene España tendrá menos
déficit que Alemania. Imagínense de dónde venimos. Por lo tanto, podemos hacerlo y debemos hacerlo, porque los servidores públicos se merecen restituir derechos que fueron recortados durante una etapa de políticas neoliberales. Y lo hacemos,
además,
mientras aumentamos las plantillas de los servidores públicos, con las mayores ofertas de empleo público que se han llevado a cabo en estos últimos siete años. En resumen, señorías, más servidores públicos, mejor remunerados y, por lo
tanto, mejor y mayor estado del bienestar. (Aplausos). Este es el sentido del acuerdo que alcanzamos -reitero- con UGT, Comisiones Obreras y CSIF, un acuerdo que garantiza mejores condiciones profesionales para los servidores públicos, un acuerdo
que garantiza la modernización y la digitalización de nuestra función pública y un acuerdo que, sobre todo, garantiza -que ese es el objetivo- mejores servicios a los ciudadanos de este país. Y todo ello siempre, señorías, con diálogo social, con
acuerdos.
Concluyo. Concluyo pidiendo a esta Cámara que demos un mensaje de estabilidad y de certidumbre a la función pública de nuestro país. Concluyo solicitando que recuperemos el poder adquisitivo de quienes están en las buenas y en las malas.
Y concluyo pidiéndoles que cuidemos a quienes cuidan de nosotros, de nuestros padres y de nuestros hijos, porque esto no va de aumentar nóminas, sino de reconocer la dignidad de nuestros servidores públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Moi bo día.
Xa que imos falar de dereitos laborais e salariais, permítanme saudar os traballadores e traballadoras portuguesas que hoxe están en greve xeral contra o pacote de reforma laboral do goberno da dereita, contra os cortes que a dereita
pretende impor aos traballadores e traballadoras portuguesas. Toda a solidariedade do Bloco Nacionalista Galego.
Hoxe traen vostedes aquí a convalidación do Real Decreto Lei para actualizar o salario dos empregados e empregadas públicas para o período 2026-2028, que a partida é resultado dun acordo con dous sindicatos estatais -finalmente, parece que
tres-, xestado á marxe dos organismos legais de negociación, neste caso á Mesa Xeral de Negociación, á que se lle levou xa un acordo fechado, e excluíndo sindicatos coa condición legal de máis representativo, no caso da Galiza a central maioritaria,
Confederación Intersindical Galega, CIG, e vulnerando, por tanto, o establecido na Lei Orgánica de Liberdade Sindical. Máis unha vez queremos denunciar esta práctica que exclúe a representación legal maioritaria dos traballadores e traballadoras
galegas, tamén na función pública e en servizos públicos como ensino e saúde, porque para alén do seu carácter antidemocrático, ten sempre consecuencias negativas para os dereitos laborais e salariais, neste caso de maneira moi evidente.
O acordo con UXT, CSIF, Comisións plasmadas neste Real Decreto implica que os empregados e empregadas públicas continuarán a perder poder adquisitivo, porque nin sequera os incrementos salariais establecidos igualan o IPC real previsto neste
período. Renuncia a recuperar o desfase coa inflación de 2,3 % do anterior acordo. E non falemos xa da recuperación do poder adquisitivo perdido polo persoal empregado público nas últimas décadas de recortes, que nos últimos quince anos xa acumula
un deterioro de 20 %. Non é, por tanto, isto nin o que reclaman, nin o que merecen os traballadores e traballadoras da función pública e dos servizos públicos, que garanten, como vostede dicía, o funcionamento da administración e dos servizos que
recibe a cidadanía e sistematicamente, porén, son castigados nas súas retribucións e condicións de emprego.
O BNG súmase á reclamación que está a facer a central nacionalista CIG. maioritaria no noso país. de aplicar unha suba de 5 % para os anos 2025 e 2026 con efectos retroactivos desde xaneiro e introducir unha cláusula de garantía salarial
ligada ao IPC real e blindada por lei, que é o mínimo que debería facer este goberno. Só este mínimo establecería un trato xusto os traballadores e traballadoras que fan que cada día todo funcione, a administración e os servizos esenciais para
garantir a calidade de vida e benestar da cidadanía. Xa sabemos, ademais, que un colectivo tratado con xustiza é sempre un colectivo máis motivado para dar o mellor de si polo conxunto da sociedade. Miren, da ultra dereita e da dereita ultra, que
aplicou sistematicamente recortes aos empregados e empregadas públicas desde que asumiu o goberno en 2012 non hai nada que esperar, mais o certo é que o goberno dito máis progresista da historia de PSOE-SUMAR están a defraudar millares de
traballadores e traballadoras públicas con este acordo.
Non será o BNG quen vote en contra de incrementar os salarios dos empregados públicos, mais evidentemente non nos convencen e, o máis importante, creo que tampouco convencen á maioría dos traballadores.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de derechos laborales y salariales. Permitidme saludar a las trabajadoras y trabajadores portugueses que están en huelga contra el paquete de reformas laborales del Gobierno de la derecha y protestan contra los recortes que
la derecha pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores portugueses. El BNG y su solidaridad están con ellos.
Hoy traen aquí ustedes la convalidación de un real decreto ley para actualizar los salarios de las empleadas y empleados públicos para el periodo 2026-2028, que de partida es el resultado de un acuerdo con dos sindicatos estatales -parece
que tres- gestado al margen de los organismos legales de negociación, en este caso la Mesa General de Negociación, con la que se llegó a un acuerdo, excluyendo a sindicatos con la condición legal de más representativos -en el caso de Galicia, la
CIG, la Confederación Intersindical Galega- y vulnerando, por tanto, lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Una vez más, queremos denunciar esta práctica que excluye a la representación legal mayoritaria de los trabajadores
gallegos también en la función pública y en servicios públicos como la enseñanza y la salud, porque, además de su carácter antidemocrático, siempre tiene consecuencias negativas para los derechos laborales y salariales. En este caso, de manera muy
evidente.
El acuerdo con UGT, CSIF y Comisiones Obreras plasmado en este real decreto implica que los empleados públicos seguirán perdiendo poder adquisitivo, porque ni siquiera los incrementos salariales establecidos igualan el IPC previsto para este
periodo. El acuerdo renuncia a recuperar el desfase con la inflación del 2,3 % del anterior acuerdo, y ni hablemos de la recuperación del poder adquisitivo perdido por el personal empleado público en las últimas décadas de recortes, que en los
últimos quince años ya acumula un deterioro del 20 %. Por tanto, no es esto lo que reclaman ni lo que merecen los trabajadores de la función pública y de los servicios públicos, quienes garantizan, como usted decía, el funcionamiento de la
Administración y de los servicios que recibe la ciudadanía y a los que, sin embargo, continuamente se les castiga en sus retribuciones y condiciones de empleo.
El BNG se suma a la reclamación que está llevando a cabo la central nacionalista en nuestro país y queremos que se aplique una subida del 5 % para los años 2025 y 2026, con efecto retroactivo desde enero, y que se introduzca una cláusula de
garantía salarial vinculada al IPC y blindada por ley. Solo este mínimo establecería un trato justo a los trabajadores que hacen que cada día funcione todo, la Administración y los servicios esenciales, y que garantizan la calidad de vida y el
bienestar de la ciudadanía. Ya sabemos que un colectivo tratado con justicia es siempre un colectivo más motivado para dar lo mejor de sí por el conjunto de la sociedad.
De la ultraderecha y de la derecha ultra, que aplicó sistemáticamente recortes a los empleados públicos desde que asumió el poder en 2012, no hay nada que esperar. Pero lo cierto es que el Gobierno llamado el más progresista de la historia,
de PSOE y SUMAR, está defraudando a miles de trabajadores públicos con este acuerdo. No vamos a votar en contra de aumentar el salario de los empleados públicos, pero, evidentemente, no nos convence y -lo más importante- creo que tampoco convence a
la mayoría de los trabajadores.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moitas grazas, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Señor ministro, bienvenido. Hoy nos trae el Gobierno este real decreto por el que se aprueban medidas urgentes respecto al incremento retributivo del personal al servicio del sector público, estatal, autonómico y local para los años 2025 y
2026, que se encuadra en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía que firmaron el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Este acuerdo establece un marco plurianual de
incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extiende hasta el año 2028, aunque en este decreto se
recojan los años 2025 y 2026, y prevé para los años citados ese incremento salarial, que tiene que ir acompañado de las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. Con este real decreto, los efectivos de la Administración General
del Estado percibirán en 2025 una subida salarial en una sola paga en la nómina de este mes de diciembre y se establece una subida salarial consolidable del 2,5 %. El resto de las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los
importes y atrasos relativos a 2025 según lo que acuerden con los sindicatos, y, como veremos, también las medidas de este ejercicio tienen efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. En cuanto a 2026, el real decreto establece una subida
consolidable del 1,5 % respecto a las retribuciones incrementadas vigentes a 31 de diciembre de 2026. Este incremento se empezará a cobrar desde la nómina de enero y, adicionalmente, se aplicará el incremento retributivo y consolidable del 0,5 % si
la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 %, que se percibirá a principios de 2027. Es decir, que la subida salarial alcanzaría en torno a un 2 % en el año 2026.
Nosotras, en Podemos, nos alegramos de que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los sindicatos, que se extienden hasta 2028, pero hoy me gustaría acordarme del personal al servicio del sector público, que igual no va a poder
cobrar este incremento en sus retribuciones porque puede que termine en la calle. Tenemos novecientos mil empleados públicos interinos afectados y en abuso de temporalidad, a los que no se les está aplicando la legislación europea y tampoco las
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. Y hoy, aprobando este real decreto, la verdad es que no podemos olvidarnos ni de ellos ni de ellas, porque está muy bien que hoy aprobemos de manera urgente ese incremento
de las retribuciones del personal del sector público, pero los interinos también son personal del sector público y su estabilización depende de la voluntad política de los grupos parlamentarios que estamos aquí en el Congreso. Así que le pediría
una reflexión, ministro, y también a los grupos parlamentarios -al Grupo Socialista, al Grupo Popular, a VOX, al Partido Nacionalista Vasco-, para que dejen de poner freno a la estabilización de los más de novecientos mil interinos, que la están
esperando. De todas maneras, nosotras votaremos que sí a este real decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Egun on.
Hoy debatimos un decreto que incluye la parte salarial para las y los empleados públicos del acuerdo 2025-2028 firmado con los sindicatos del Estado, pero que deja fuera otros elementos estructurales pactados. Este incremento propuesto no
supone un privilegio y tampoco una concesión. Se trata de una obligación derivada de un acuerdo firmado, de un compromiso de las Administraciones con sus trabajadoras y trabajadores y, si se trasladara el acuerdo en su totalidad, de una necesidad
para mantener unos servicios públicos de calidad, que en algún caso ya están funcionando al límite. Una medida que también responde a la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo acumulada por las y los empleados públicos durante los últimos
años, particularmente desde la crisis financiera de 2008, y que todavía no han recuperado.
Apoyaremos esta medida porque es necesaria, pero no podemos ignorar que el Gobierno está incumpliendo varios de los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura con nuestro grupo. Un acuerdo que establecía que las tasas de reposición
y los límites del incremento de la masa retributiva del personal público debían consensuarse previamente en las comisiones mixtas de concierto y convenio, respetando la autonomía financiera de los territorios forales y trasladando después lo
acordado a las normas de empleo público de Euskadi y Navarra; un acuerdo que reconoce la posibilidad de que Euskadi pudiera establecer sus propios objetivos salariales dentro de su marco competencial y financiero, reforzando así su capacidad de
planificación. Esta vía de consenso, que era obligatoria, no se ha activado y no aparece reflejada en este decreto ley. Ministro, tampoco se nos ha informado previamente, como exige el acuerdo de investidura, de la tramitación de este decreto, lo
que evidencia una falta de rigor y de lealtad institucional, porque, si se hubiera cumplido este procedimiento, quizá hoy estaríamos debatiendo un texto ya alineado con ese acuerdo de investidura y no señalando otra vez un incumplimiento que debería
haberse evitado. Además, cabe añadir que este acuerdo, aunque negociado y firmado con los sindicatos más representativos a nivel estatal, tampoco refleja la pluralidad sindical existente en Euskadi,
y es este otro motivo por el que la concertación previa es indispensable para asegurar que la diversidad sindical y territorial se incorpore adecuadamente a la realidad de los territorios forales.
Aun así, y a pesar de estos incumplimientos, nuestro grupo no va a bloquear esta medida porque creemos que es necesaria; insuficiente, pero necesaria. La actualización salarial del personal público es imprescindible para garantizar la
estabilidad de los servicios esenciales, para asegurar que el talento se mantenga y se incorpore, para corregir la pérdida de poder adquisitivo acumulada, como ya he dicho, y también para sostener la planificación presupuestaria de todas las
Administraciones, incluidas las forales. Por eso apoyaremos la subida, pero les dejamos tareas pendientes y la exigencia de su cumplimiento: que el contenido pendiente del acuerdo de investidura se incorpore en una próxima ley, porque este margen
ya es limitado. No vamos a aceptar un segundo retraso porque creemos que la palabra dada obliga, los acuerdos firmados deben cumplirse y el Gobierno debe asumir con responsabilidad su cumplimiento.
Por último, quiero aprovechar este momento para hacer una pequeña reflexión que creo que trasciende del sector público. Conviene recordar que la coherencia salarial exige que el crecimiento económico llegue también a las y los trabajadores
del sector privado. La economía, como ha dicho el ministro, no está en recesión; creció un 3,5 % el año pasado y las previsiones para 2025 se mantienen robustas, con una expansión de la actividad económica impulsada por el consumo, la inversión y
el empleo. En este contexto, la mejora salarial del sector público debe acompañarse también de una mejora salarial en el sector privado, especialmente en aquellas empresas que presenten beneficios sostenidos, porque las y los trabajadores del
sector privado también han sufrido una pérdida del poder adquisitivo. Por eso hacemos un llamamiento: si las empresas pueden generar beneficios en un contexto económico favorable cuando la economía crece y la productividad mejora, también se deben
actualizar los salarios de esos trabajadores, porque no puede haber modernización económica con plantillas precarizadas ni crecimiento con sueldos estancados. Dicho de otra manera: las empresas que obtienen beneficios deben contribuir a que la
mejora del ciclo económico llegue también a los salarios, reforzando así la cohesión social y la estabilidad del propio crecimiento.
Votaremos, como he dicho, afirmativamente. Lo hacemos con responsabilidad, con exigencia y convencidos de que los salarios deben reflejar la realidad económica, reconocer el trabajo que sostiene la economía y garantizar que el crecimiento
llegue a todas y todos sin excepciones y sin dejar a nadie atrás. Reitero una vez más que el cumplimiento íntegro del acuerdo de investidura y del acuerdo marco es una condición imprescindible para mantener la confianza y la estabilidad
institucional, y también que el Gobierno debe cumplir los compromisos asumidos en materia de tasas de reposición e incremento de la masa retributiva y de concertación previa en sede foral, para que este avance salarial venga acompañado también del
respeto al autogobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías.
Creo que es bueno que sepamos qué se vota realmente, porque si uno atiende a lo que ha sido la explicación del ministro podría tener la intuición o la sensación de que lo que votamos es mucho más de lo que realmente se está votando. Y voy a
ser más claro y explícito: si lo que hoy se votara es todo el envoltorio que hoy el ministro ha trasladado aquí, nosotros no votaríamos a favor (aplausos), porque nos ha hablado de un acuerdo general que nosotros no compartimos. Pero realmente lo
que se vota hoy aquí es la subida salarial para los funcionarios con carácter retroactivo para el 2025, una subida del 2,5, y se vota igualmente que para el 2026 sea una subida del 1,5 más un 0,5, en función de la evolución de la economía o del
índice de precios al consumo. A eso vamos a votar a favor, porque no queremos penalizar ni a uno solo de los funcionarios y funcionarias que desempeñan su función en las diferentes Administraciones del Estado español. Pero solo a eso, porque el
resto del proceso creo que tiene muchos elementos de juicio para ser criticable.
Entendemos que haya lecturas benevolentes, que haya lecturas dulces o incluso amables de lo que ha sido, pero ha sido un proceso que se ha hecho en una negociación paralela y al margen de la mesa de negociación, solo convocada cuando el
acuerdo ya se había alcanzado con UGT y con CSIF, pero dejando al margen a sindicatos mayoritarios en realidades nacionales como la nuestra, como ELA y LAB, o, en el caso de Galiza, como la CIGA, y eso es algo que no debe ocultarse ni esconderse.
De igual manera, decimos que esta subida salarial justa, digna y merecida no eclipsa ni oculta que en 2022, 2023 y 2024 los funcionarios perdieron poder adquisitivo y no lo van a recuperar. Es algo que tampoco se dice en este acuerdo. Pero
vamos más allá, y por eso decía -y perdonen si el tono es duro o es ácido- que solo porque se vote una subida salarial con carácter retroactivo en 2025 y para el 2026 -que apoyamos y votaremos a favor- no podemos ocultar que ese acuerdo marco, ese
acuerdo general, vuelve a situar un sistema, un modelo y un esquema de pensamiento que se basa en la uniformización, que se basa en una lectura única e impositiva de lo que es la realidad en el Estado español y sin entender las diferentes
realidades. ¿Cómo si no se entiende la tasa de reposición con carácter general y unitario, cuando la realidad de las tasas de reposición es diferente, cuando en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra hablamos de una
temporalidad del 42 % a la que no se da respuesta con el acuerdo marco o general que se ha alcanzado con la UGT o con la CSIF? Sinceramente, queremos huir de la uniformidad y, desde luego, no estamos de acuerdo con la lectura que se hace sobre la
evolución de las políticas en salud laboral o en inteligencia artificial.
Creemos sinceramente que hay que profundizar también aquí, en materia laboral, en derechos para los y las trabajadoras de la función pública que tienen que ver con el derecho a decidir. Tenemos enmiendas en la ley de función pública -lo
saben los diferentes diputados y diputadas- que pasan por que se respete el derecho a decidir la negociación colectiva en nuestro territorio; que pasan por que los sindicatos puedan negociar en su ámbito cuáles son las subidas salariales que
merecen y corresponden a su territorio, no las que con carácter general se impongan. Esa es la voluntad y el compromiso de Euskal Herria Bildu, y es algo que hacemos tanto en la ley de función pública a través de enmiendas, que no estamos
dispuestos a retirar y que vamos a pelear hasta el final, como en los hipotéticos presupuestos generales del Estado si algún día llegan a esta Cámara. Condiciones laborales, empleo y salarios acordes al territorio en el que vivimos, al territorio
en el que desempeñamos nuestra labor y nuestra vida, Euskal Herria.
Besterik ez. Mil esker.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Pel Grup Parlamentari Republicà, la senyora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí. Gràcies, presidenta.
Bon dia, diputats. Bon dia, diputades.
Jo tinc la mala sort de sortir sempre després de l'Òscar Matute de Bildu, amb la qual cosa l'única gràcia que tinc és que ho faig en català. Ell ho fa en castellà, jo en català. Perquè ha explicat gran part del que li anava a dir, jo,
senyor ministre. I ho comentàvem abans amb els companys d'escó, que em deien: 'Ha sigut relativament breu'. Més breu hauria hagut de ser, perquè cada vegada que parlava d'allò que no era estrictament l'acord em donava motius per votar-hi en
contra.
Nosaltres donarem suport. Nosaltres donarem suport a l'increment que, a través d'aquesta tècnica decret llei, es fa perquè és evident que qualsevol benefici en favor dels treballadors públics li donarem suport, però hi ha un parell de coses
a comentar. De fet, n'hi ha vàries. La primera, la cara o el sentiment amb què van rebre determinades entitats locals el fet que s'apugés un 11 % el seu capítol I sense que en fossin coneixedors, els va situar en una situació de dir: Com
afrontarem un increment del capítol I de l'11 % fins al 2028, si no tenim ni tan sols ara mateix encara la disponibilitat dels romanents? A tothom li ha de quedar clar. Aquest reial decret no incorpora aquest 11 %, només es refereix als anys 2025
i 2026 i són, respectivament, d'un 2,5 % i d'un 1,5 %, amb un 0,5 % eventualment addicional. Per tant, diríem que, del que ha publicat la premsa al que efectivament ens ve en negre i blanc avui aquí hi ha una diferència substancial.
Dit això, sap què passa? Que nosaltres, més enllà de la lloança dels serveis públics, més enllà de la lloança dels treballadors i les treballadores públiques, no compartim la visió de com està estructurada la funció pública en aquest Estat.
En el seu moment ja vam votar en contra de l'EBEP i vam votar en contra de l'EBEP pels motius que s'han fet abans evidents.
Hem de tenir la capacitat de fixar els preus en funció del nostre IPC, que és diferent a la resta de l'Estat. Hem de tenir la capacitat d'organitzar la nostra funció pública d'acord amb les necessitats del nostre país, que no són
necessàriament les de la resta de l'Estat. En els àmbits de negociació, efectivament s'exclouen casos claríssims com el del País Basc, amb ELA i LAB, i casos claríssims com el de Galícia amb CIGA. Però nosaltres també tenim un univers sindical
diferent i no representat en el que vostès
pacten com a diàleg social. Per tant, ja de base, la manera que tenim d'entendre la funció pública està molt lluny de la manera que nosaltres la tenim d'entendre. Volem la llibertat d'organitzar la nostra funció pública com creiem que ho
hem de fer, entre altres coses, perquè quan la ciutadania vota ha de poder votar un govern que pugui organitzar l'administració com li sembli. I això, ara mateix és impossible.
L'altre gran tema, més enllà de temes vinculats a l'idioma i demés en funció pública, també l'han tret els meus companys a col·lació, l'han portat a col·lació. Està bé. Està bé que plantegem aquests increments, tot i que són insuficients i
no recuperen el poder adquisitiu perdut pel personal al servei de les administracions públiques. Però tenim els interins esperant i cada dia que passa hi ha un interí cessat més. Sé que estem esperant a la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, però mentrestant hem d'anar armant solucions que no necessàriament potser estiguin recollides a la legalitat vigent avui dia, però que hem d'imaginar que hem de crear i que hem de passar a llei perquè siguin justes. Perquè, de
vegades, legals o previstes i justes no són el mateix. I aquí ens hem de posar tots d'acord per no deixar desemparades 800 o 900 o 400 000 persones, segons les fonts, però en qualsevol cas, un contingent de treballadors importantíssim que ha portat
endavant els serveis públics fins ara.
Ara mateix, un dels grans problemes que tenim a les administracions públiques és l'envelliment progressiu de les plantilles. Això és una situació d'oportunitat i, en canvi, l'estem convertint en una situació de maltractament dels
funcionaris i dels treballadors laborals que fins ara han estat donant la cara. Un govern que es diu 'socialdemòcrata o barbàrie' ha de saber com reaccionar a aquesta situació i ha de saber que ho ha de fer a favor de l'Estat i a favor dels
treballadors, que en aquest cas és el mateix.
I deixi'm acabar. Crec que no hauria costat gens incorporar en aquest Reial decret l'arranjament de l'error que es va fer amb els contractes de relleu. Ara mateix, les administracions públiques no poden utilitzar els contractes de relleu,
amb la qual cosa les jubilacions parcials dels treballadors públics han quedat aturades. I no té cap sentit que no siguem capaços d'arreglar-ho amb un article amb un Reial Decret! Que li hauríem convalidat, un cop negociat. Si no ho fan avui, si
us plau, presentin-ho al febrer. Urgentment necessitem que això torni a ser un dret dels treballadors del sector públic.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenos días, diputados. Buenos días, diputadas.
Yo tengo la mala suerte de salir siempre después de Óscar Matute, de Bildu, y la única gracia que tengo es que lo hago en catalán. Él lo hace en castellano y yo en catalán. Porque ha explicado gran parte de lo que yo le iba a decir, señor
ministro, y lo hablábamos antes con nuestros colegas en el escaño. Ha sido relativamente breve, y más breve hubiera tenido que ser, porque cada vez que hablaba de lo que no era estrictamente el acuerdo me daba motivos para votar en contra.
Nosotros vamos a dar apoyo al incremento que se hace en esta ley a través de esta técnica, porque es evidente que a cualquier beneficio a favor de los sueldos públicos le vamos a dar apoyo. Pero hay un par de cosas que quiero comentar.
Primero, el sentimiento con el que recibieron algunas entidades locales el hecho de que se subiera un 11 % en el capítulo 1 sin ser conocedores de ello, que les situó en una situación de ver cómo afrontar un incremento del capítulo 1 del 11 % hasta
el 2028 si no tenemos ni siquiera ahora mismo la disponibilidad de los remanentes. A ver, yo creo que eso queda claro. Este real decreto no incorpora ese 11 %, solo se refiere a los años 2025 y 2026, y respectivamente son de un 2,5 % y de un 1,5
%, con, eventualmente, un 0,5 % adicional. Por lo tanto, diríamos que de lo que ha publicado la prensa a lo que efectivamente nos llega en negro y blanco hoy hay una diferencia sustancial.
Dicho esto, ¿sabe qué pasa? Que nosotros, más allá de las alabanzas a los servicios públicos y de las alabanzas a las trabajadoras y trabajadores públicos, no compartimos la visión de cómo está estructurada la función pública en este
Estado. En su momento ya votamos en contra, y votamos en contra de la ley por los motivos a los que ya se ha aludido.
Debemos tener la capacidad de fijar los precios en función de nuestro IPC, que es diferente al del resto del Estado. Debemos tener la capacidad de organizar nuestra función pública de acuerdo con las necesidades de nuestro país, que no son
necesariamente las del resto del Estado. En los ámbitos de negociación, efectivamente, se excluyen casos clarísimos, como el del País Vasco con ELA y LAB, y también casos clarísimos como el de Galicia con la CIGA. Pero nosotros también tenemos un
universo sindical diferente y no representado en lo que ustedes pactan como diálogo social. Por lo tanto, ya de base, la forma que tienen de entender la función pública está muy lejos de la forma que tenemos nosotros de entenderla. Queremos la
libertad para organizar nuestra función pública como creemos que tenemos
que hacerlo, entre otras cosas porque cuando la ciudadanía vota tiene que poder votar a un Gobierno que pueda organizar la Administración como le parezca, y eso ahora mismo es imposible.
El otro gran tema, más allá de temas vinculados con el idioma en la función pública, también lo han sacado mis compañeros a colación. Está bien que planteemos esos incrementos, aunque son insuficientes y no se recupera el poder adquisitivo
perdido por parte del personal de las Administraciones públicas, pero tenemos a los interinos esperando y cada día que pasa hay un interino cesado más. Sé que estamos esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero
mientras tanto tenemos que ir encontrando soluciones que no necesariamente estén recogidas en la legalidad vigente de hoy día, pero que tenemos que imaginar, que tenemos que crear y que tenemos que pasar a leyes para que sean justas. Porque, a
veces, legales o previstas o justas no es lo mismo. Aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo para no dejar desamparadas a 800, 900 o 400 000 personas, según las fuentes; en todo caso, un contingente de trabajadores importantísimo que ha llevado
hacia adelante los servicios públicos hasta ahora.
Ahora mismo, uno de los grandes problemas que tenemos en las Administraciones públicas es el envejecimiento progresivo de las plantillas. Esta es una situación de oportunidad y, en cambio, la estamos convirtiendo en una situación de
maltrato a los funcionarios y a los trabajadores laborales, que hasta ahora han dado la cara. Un Gobierno que se llama socialdemócrata tiene que saber cómo reaccionar ante esta situación y tiene que saber cómo hacerlo a favor del Estado y a favor
de los trabajadores, que en este caso es lo mismo.
Déjeme acabar. No creo que hubiera costado mucho incorporar en este real decreto el arreglo del error que se hizo con los contratos de relevo. Ahora mismo, las Administraciones públicas no pueden utilizar los contratos de relevo, por lo
cual las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos han quedado paradas. No tiene ningún sentido que no seamos capaces de arreglarlo con un artículo en un real decreto, que lo hubiéramos convalidado una vez negociado. Si no lo hacen hoy,
por favor, preséntenlo en febrero; pero necesitamos urgentemente que esto vuelva a ser un derecho de los trabajadores del sector público.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vallugera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
La señora RIVERA ARIAS: Buenos días, señorías.
Señor ministro, hoy venimos a convalidar un decreto ley sobre retribuciones en el sector público, pero en realidad hoy venimos a hablar de servicios públicos. Cuando hablamos de trabajadoras públicas, que son la columna vertebral que
sostiene nuestro país, estamos hablando de servicios públicos. Este real decreto ley afecta a quienes abren los centros de salud cada día, a las que garantizan la atención social, la educación, la seguridad, la justicia, los cuidados y la gestión
pública con profesionalidad y vocación; en definitiva, esto afecta a quienes contribuyen al sostenimiento del derecho a una vida digna, incluso cuando nadie mira. Por eso, cuando debatimos medidas que afectan a condiciones laborales y salariales
no estamos discutiendo un detalle técnico o un ajuste contable, estamos tomando decisiones que determinan la calidad de nuestro estado social. Hay que decirlo con claridad: no habrá servicios públicos fuertes si no hay empleadas públicas con
derechos, con condiciones dignas y con salarios que reconozcan su labor. (Aplausos).
En este contexto llega el Real Decreto Ley 14/2025, que hoy estamos viendo, que regula esos incrementos salariales para 2025 y 2026. Son medidas que nacen de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y que, ante este
escenario de prórroga presupuestaria, permiten garantizar la mejora retributiva comprometida. Yo aquí, señor ministro, le quiero decir que hay que cumplir los acuerdos, es muy importante, y creo que vamos en la senda correcta. Hay que terminar de
cumplir los acuerdos de 2022 y continuar cumpliendo los recién alcanzados, que, desde nuestro punto de vista, son muy importantes.
Hoy debemos decir algo más importante aún, a nuestro parecer, y es que el debate sobre los salarios públicos no puede ser reducido a ese ajuste pendiente según haya o no presupuestos y que la mejora salarial debe ser el pilar estructural de
la defensa de los servicios públicos, no una nota a pie de página en tiempos de estabilidad. Los servicios públicos funcionan gracias a plantillas que han soportado recortes, temporalidad, congelaciones salariales y sobrecargas estructurales. En
1983 nos inventamos los moscosos
para no actualizar los salarios, dimos días de asuntos propios a la gente. En 1993 los salarios de los funcionarios y las funcionarias fueron congelados. En 1997 el señor Mariano Rajoy volvió a congelar los salarios públicos. En 2010
fueron reducidos. Es decir, las empleadas públicas han respondido siempre y han estado a la altura de las necesidades de nuestro país. Ya es hora de que se les reconozcan todos esos esfuerzos, esas sobrecargas que han padecido y esas pérdidas
adquisitivas padecidas desde que entró la democracia en nuestro país, en 1978. Siempre lo han hecho con profesionalidad, también con un enorme coste. Ya lo he dicho, España todavía arrastra déficits crónicos en recursos humanos en sectores
esenciales; tenemos centros educativos que sobreviven gracias al sobresfuerzo de los claustros, centros de salud donde la presión asistencial es insostenible y Administraciones con plantillas con medias de edad cercanas a la jubilación y sin
capacidad de reposición suficiente. Por eso, cuando este real decreto ley plantea el calendario de abono de los atrasos, que se pueden distribuir hasta 2028 o abonarse íntegramente en diciembre de 2025, según cada Administración y su negociación
con los representantes de las trabajadoras, también está señalando algo de fondo: no todas las Administraciones están igual de preparadas ni tienen el mismo músculo financiero y, por tanto, abre la puerta a una desigualdad que creemos que hay que
corregir.
Defender a nuestras empleadas públicas significa algo muy simple, que el salario que cobren en una comunidad no dependa de la suerte presupuestaria o de la voluntad política del momento (aplausos), que las condiciones laborales deben ser
justas y dignas para todas y que las mejoras salariales no se pueden convertir en una moneda de cambio, pues son un reconocimiento estable al valor de lo público, del servicio público.
Además del salario, también voy a mencionar un reto enorme que tiene la función pública en este país y que tiene el señor ministro por delante para torear -hago un símil taurino, aunque sea antitaurina-: la estabilización y la reducción
real de la temporalidad. Ninguna subida salarial va a compensar la incertidumbre que tienen cientos de miles de personas en este país que llevan años, incluso décadas, encadenando temporalidad. (Aplausos). Tampoco hay que olvidar otro reto que ya
se ha dicho, el del relevo generacional. En los próximos cinco años una parte significativa de nuestras plantillas se jubilará. Si no actuamos ya, si no planificamos ya la reposición de efectivos, la formación, la digitalización y la atracción de
talento público, estaremos poniendo en riesgo la continuidad misma del sistema y, por tanto, la calidad de los servicios públicos.
Cuando en algunos sectores se cuestiona el gasto público en empleo o cuando se presentan las mejoras salariales como un coste o como un privilegio, lo que en realidad están poniendo en cuestión es el derecho a la sanidad pública, a la
educación pública, a la atención social, a la seguridad, a la justicia, a las políticas de igualdad o a los cuidados. Desprestigiar a las empleadas públicas es el primer paso para debilitar nuestros servicios públicos. Frente a ese discurso,
nuestra posición siempre va a ser firme. Invertir en empleo público no es un gasto, es una garantía de igualdad, cohesión y justicia social. (Aplausos). No hay transformación digital sin personal formado; no hay políticas de cuidados sin
profesionales estables y pagadas dignamente; no hay transición ecológica sin equipos públicos que evalúen, planifiquen y regulen; no hay democracia sólida sin instituciones dotadas de recursos humanos suficientes. Por eso defendemos este real
decreto ley hoy como un paso necesario e imprescindible en esa consolidación y defensa de los servicios públicos, porque para nosotras defender a las empleadas públicas es defender a la mayoría social, es defender a quienes garantizan que este país
funcione incluso en los peores momentos; desgraciadamente, bien lo comprobamos en pandemia. También es enviar un mensaje claro a las nuevas generaciones: el servicio público es un espacio de dignidad, profesionalidad y derechos. Cada mejora
laboral y salarial que conquistemos para las empleadas públicas no será solo una conquista para las trabajadoras y los trabajadores, sino para toda la ciudadanía, porque cuando fortalecemos al personal público, fortalecemos la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez AlonsoMuñumer. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el Gobierno, de nuevo, utilizando el real decreto ley como forma de legislar. El Gobierno vuelve a usar el viejo hábito de gobernar por urgencia, sin debate parlamentario real y sin planificación a medio plazo. Un
Gobierno que transmite incertidumbre, improvisación y demuestra la
ausencia de una política presupuestaria definida. Un Gobierno que deja para el final del año la subida de los salarios de los empleados públicos, demostrando así sus prioridades.
Nos habla el Gobierno de extraordinaria y urgente necesidad cuando existen más de cuarenta proyectos de ley pendientes de tramitar y cuando no son capaces de presentar a esta Cámara unos presupuestos generales del Estado. (Aplausos). Nos
habla de extraordinaria y urgente necesidad un Gobierno que renuncia por sorpresa y sin previo aviso a unos 60 000 millones de euros de fondos europeos. Nos hablan del principio de buena regulación, mientras usan el mecanismo menos transparente y
menos participativo: el real decreto ley. Nos habla del principio de seguridad jurídica un Gobierno -y un presidente- rodeado de causas de corrupción y en el que su fiscal general ha sido condenado. Nos habla de transparencia un Gobierno que ha
logrado que España retroceda diez posiciones en 2024 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Nos habla de transparencia un Gobierno que ha conseguido que España sea el país que, de acuerdo con un
estudio del Instituto de Estudios Económicos, más ha empeorado en la OCDE en corrupción política desde el año 2019. Nos habla de una norma que genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía, lo dice un Gobierno al que el 93 % de los
autónomos reprochan que haya aumentado las cargas administrativas en los últimos tres años.
Señorías, este Gobierno nos propone aumentos que no compensan ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos tras años de inflación. Empleados públicos a quienes queremos agradecer y reconocer su trabajo,
su dedicación y su compromiso con el funcionamiento del Estado. (Aplausos). Esa pérdida de poder adquisitivo tiene como causa principal el recorte del sueldo de los empleados públicos llevado a cabo por el Partido Socialista en el año 2010.
Recordemos que el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un recorte salarial del 5 % de media a los empleados públicos a partir de junio de 2010 y congeló los sueldos en el año 2011. Recorte que quitó de los bolsillos de los
funcionarios, según CSIF, nada menos que 4500 millones de euros y generó, por la subida del 3 % de los precios, una devaluación salarial de entre un 8 % y un 13 %. Y es que la pérdida de poder de compra de los trabajadores públicos se sitúa en
torno a un 19 % desde el año 2010 y, desde el año 2022, en casi un 6 %. Pérdida de poder adquisitivo que volverán a sufrir en el año 2025, ya que la media anual de inflación para este año parece que va a superar el 2,5 % marcado en este real
decreto. Pérdida de poder adquisitivo porque la realidad es que, en los últimos cuatro años, la cesta habitual de alimentación en España, según la OCU, se ha encarecido aproximadamente un 36 %, la vivienda se ha encarecido en un 25 % y el precio
medio de los alquileres se ha incrementado entre un 28 % y un 30 %.
Señorías, por mucho que se empeñen, la realidad es que España sigue por debajo del promedio de la Unión Europea en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. La realidad es que este Gobierno propone una subida para 2026 del 1,5 %, más
un 0,5 % condicionado, cuando el techo de gasto aumenta un 8,5 %. La realidad es que este Gobierno demostró sus prioridades cuando aumentó un 16,5 % el presupuesto en publicidad institucional para 2025. Aumentó un 24,3 % el presupuesto del
programa 231H, de acciones a favor de los inmigrantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (aplausos), con un incremento del 302 % de este programa desde el inicio del ejercicio 2018. Hablamos de un presupuesto de 1278
millones de euros para el año 2025. Aumentó la ayuda oficial al desarrollo un 12 % en 2024, una ayuda que superó los 4000 millones de euros en dicho ejercicio. Aumentó de urgencia un 52 % el presupuesto para acoger a inmigrantes que piden asilo.
Hablamos de un importe de 713 millones de euros.
Señorías, tan solo un Gobierno irresponsable plantea medidas que impactan en el gasto público estructural sin presentar una memoria económica, sin cuantificar el impacto a corto, medio y largo plazo en las cuentas públicas. Tan solo un
Gobierno irresponsable no indica la manera en que va a financiar la propuesta, no indica si piensa financiar la propuesta con mayores cargas fiscales, recortando otro tipo de gastos o aumentando la deuda pública. Señorías, una política fiscal
responsable exige no incrementar la carga fiscal a los españoles. Exige no aumentar la deuda pública en su monto global. Exige la aprobación de presupuestos generales del Estado. Exige tener claras las prioridades de gasto. Exige retribuciones
dignas a los empleados públicos. Exige reducir gasto superfluo e innecesario para que el gasto público total no se vea incrementado. Señorías, para poder llevar a cabo una política fiscal responsable es imprescindible que ustedes se vayan.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aceves Galindo.
El señor ACEVES GALINDO: Gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, buenos días.
Voy a empezar con un previo, porque después de escuchar al señor Sáez Alonso le quiero agradecer lo que ha dicho en esta tribuna, ya que certifica claramente que VOX ya no va a ir a ninguna comunidad autónoma y a ningún ayuntamiento a
defender lo público, porque ustedes defienden claramente que con lo público algunos saquen tajada. Muchas gracias por certificarlo, de verdad. (Aplausos). Por cierto, me ha extrañado que no acabara con su eslogan, pues siempre suelen acabar con
lo de 'solo queda VOX'. Claro, es que hoy tendrían que decir 'se lo lleva VOX', por lo de Revuelta. Muchas gracias también por su aportación.
Debatimos el Real Decreto Ley 14/2025. ¿Quién va a votar en contra de este real decreto ley? ¿Quién está en contra de subir y dignificar el salario de los empleados públicos? ¿Alguien, de verdad, va a votar en contra de este real decreto
ley? Díganlo claramente porque es bueno que lo sepamos.
Yo quiero aprovechar, además -porque esto proviene de un buen acuerdo, señorías, que ahora voy a explicar-, para agradecer el trabajo del equipo de la Secretaría de Estado de Función Pública, con el ministro López a la cabeza, porque ha
llegado a un acuerdo con tres centrales sindicales: con UGT, con CSIF y con Comisiones Obreras. Por lo tanto, con los tres sindicatos que mayor representación tienen en nuestro país, respetando, por supuesto, a cualquier otro sindicato que pueda
tener otro tipo de representación. Y digo, señorías, que vamos a convalidar la subida de 3,5 millones de empleadas y empleados públicos en nuestro país en todas las Administraciones: Administración General del Estado, comunidades autónomas,
corporaciones locales y empresas del sector público. Y añado, señorías: los socialistas, siempre que se produce cualquier mejora de un trabajador del sector público o del privado lo aplaudimos, lo reconocemos y lo apoyamos. Por lo tanto, venir
aquí a comparar este acuerdo del sector público con otros sectores, señorías, que quede claro, lo agradecemos y lo apoyamos siempre. Estamos, señorías, dignificando el trabajo de profesores, maestros, policías, bomberos, militares, personal
penitenciario, médicos, resto de personal sanitario, profesionales de servicios sociales, científicos, agentes forestales, técnicos, servicios de limpieza municipal -sería eterno enumerarlos a todos-; funcionarios que son la columna vertebral de
nuestro estado de bienestar. Eso es lo que estamos debatiendo hoy.
Vuelvo a las cifras. Ya se han dicho, pero quiero recalcar un par de ellas. Lo que vamos a convalidar es, con efecto retroactivo para 2025, un 2,5 % y para 2026 un 1,5 %, que puede ser con un 0,5 adicional si el IPC de 2026 sobrepasa el
1,5 %. Proviene de un acuerdo, señorías, que, cuando se cumpla, por primera vez en mucho tiempo conseguirá un aumento del poder adquisitivo para los empleados públicos. Pues claro, pero esto lo hace este Gobierno, señorías, y lo hace con el
acuerdo de los sindicatos, y aquí lo tenemos que refrendar. Por eso digo que es un buen acuerdo en el global.
Señorías, después de siete años de recortes, con el Partido Popular en el Gobierno, ahora estamos, en siete años, revirtiendo esos recortes, porque todo lo que nos encontramos cuando el presidente Sánchez llegó al Gobierno eran recortes en
lo público. Ahora, durante estos años, estamos dignificando, con el apoyo en este Parlamento, a los servidores públicos, porque el mejor servicio público que presten será un mejor servicio a la ciudadanía. Para cualquier demócrata eso tendría que
ser la parte fundamental de su acción política. Desde luego, para nosotros lo es. Y le voy a dar algunos datos que me parecen muy llamativos. Para comparar, porque esto de comparar siempre es bueno para la ciudadanía. Oferta de empleo público
20122017, con el Gobierno del Partido Popular, 63 394 plazas. Oferta de empleo público 20182025, con el Gobierno del Partido Socialista, de progreso, 260 177. Algún dato más. Subida salarial 20122017, con el Partido Popular: 3,7 %. Subida
salarial 2018-2025, con Gobiernos de coalición de progreso: 17 %. ¿Hace falta alguna comparación más? Yo creo que ninguna. Pero sigo. Estabilización, que también ha salido: 400 000 personas estabilizadas desde la ley del año 2021; 400 000
personas estabilizadas. Y plantillas. Miren, total de plantilla de las Administraciones públicas 20122017: menos 124 454 personas. Eso lo hacía el Partido Popular. Gobierno actual 20182024: más 407 139. Demoledores los datos comparativos,
señorías. (Aplausos).
Pero les digo más. Decía antes que esto es un buen acuerdo, señorías. El global -porque esto es solo una parte-, el acuerdo de 27 de noviembre es un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque supone, aparte del incremento salarial, una apuesta por
el diálogo social. Aquí se traen cosas acordadas en el diálogo social. No se imponen políticas, se acuerda con los representantes de los trabajadores. Calidad en el empleo público. Esto da calidad. Lo ha dicho antes el ministro y algún otro
compareciente. Ese acuerdo
no es solo una subida salarial, supone un cambio digital transformador en la función pública. Pero es que, además, señorías, hay cosas que yo tengo que reflejar aquí. Por fin, ese acuerdo refleja una revisión del complemento de insularidad
que tanto han demandado los trabajadores y las trabajadoras públicas de las islas. Eso también se resuelve con este acuerdo, al igual que una mejora de las indemnizaciones por razón de servicio tantas veces demandada. Así que, señorías, esto es
posible, primero, por la voluntad del Gobierno, evidentemente, y por el acuerdo con los sindicatos, pero también porque vivimos un ciclo virtuoso en nuestra economía. Batimos récords de crecimiento económico, por eso nuestro país se puede permitir
esa compensación y todo lo que decía antes es más fácil, si no sería más complicado.
Señorías, voy a poner un pequeño ejemplo de esos modelos que estamos debatiendo aquí, porque ahora seguramente saldrá el Partido Popular solo a buscar críticas, no a ver lo que realmente sucede con este real decreto ley. Hay un ejemplo
palmario que en estos días ha demostrado lo que es el modelo de un Gobierno progresista y uno del Partido Popular. Mire, el modelo del Partido Popular, el del Hospital de Torrejón, en Madrid, es hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una
oportunidad para enriquecerse. Además, lo permiten y no se sonrojan. Debilitan lo público y lo privatizan, así pueden sacar tajada. Pero, ojo, el señor Feijóo lo hizo también en Galicia: privatizó tres hospitales públicos. Y en mi tierra, en
Castilla y León, uno, el de Burgos; sea, es el modelo del Partido Popular en nuestro país en todos y cada uno de los lugares en los que tiene opciones. Y, señorías, los pacientes no somos clientes. No engañan a nadie con sus políticas. Y eso de
que a las listas de espera hay que sacarles rentabilidad es tan injusto que los socialistas no lo vamos a permitir, lo combatiremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor ACEVES GALINDO: Termino, presidente.
Miren, los socialistas lo tenemos claro: siempre defenderemos servicios públicos para toda la ciudadanía, para toda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ibáñez Hernando.
El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Gracias, presidente.
Señor Aceves, me va a permitir, con todo el cariño: que suba aquí para criticar a otros grupos de querer sacar tajada de lo público con la que está cayendo en el Partido Socialista es poesía, ¿eh? Es poesía. (Aplausos).
Señorías, el Gobierno aprueba por vía de real decreto ley incrementos salariales para los empleados públicos en los próximos dos años y lo hacen por la incapacidad para presentar presupuestos generales del Estado y también marcando
incrementos salariales sin soporte presupuestario y trasladando esta tensión financiera a comunidades autónomas y ayuntamientos con una decisión unilateral que invade la autonomía financiera de estas entidades. No han dialogado con las comunidades
autónomas, no han dialogado con la Federación Española de Municipios y Provincias y van a generar un impacto presupuestario inmediato en el conjunto de Administraciones públicas de nuestro país. Además, condicionan la política retributiva de
sucesivos Gobiernos al considerarse los incrementos plurianuales. La aprobación por parte del Gobierno de esta norma también deja sin capacidad de reacción a las comunidades autónomas; muchas ya habían elaborado sus presupuestos en estas fechas
desconociendo este incremento retributivo que ahora van a tener que asumir. Por eso, de nuevo, otra vez tarde, otra vez mal y otra vez sin diálogo con el resto de las Administraciones territoriales. En resumen, lamentable esta forma de hacer
política, concebir esta forma de tomar acuerdos que afectan, además, al resto de Administraciones públicas.
Desde la perspectiva puramente formal, cabe hacer una reflexión también: que este es el cuarto decreto ley retributivo consecutivo que utiliza el Gobierno en ausencia de presupuestos generales del Estado. Y la urgente necesidad se
justifica porque acaban de llegar a un acuerdo con los sindicatos, algo que deja ver cómo todo es completamente improvisado. Lo que aquí abordamos no es otra cosa que el reflejo de lo que la función pública representa para el Gobierno de Sánchez.
Los empleados públicos poco o nada le importan a Sánchez, y esto se refleja en varias cuestiones. Primero, que ya son cinco ministros los que han llevado esta cartera en siete años. Casualmente, todos lo hicieron bajo la figura conocida como
'expectativa de destino'. Fíjese, una se fue de presidenta al Congreso; otra, al Banco de España; otra, a la Alcaldía de Las Palmas; otra, a la embajada de la UNESCO; todos ellos buenos destinos.
(Aplausos). Creo que la pena la tiene usted, señor López, porque me temo, muy a su pesar, que el destino que le espera no es tan bueno como el de sus antecesores, sino la oposición en la Comunidad de Madrid. (Aplausos). Ese es su destino
y los empleados públicos no lo van a echar de menos. No van a echarlo de menos por los antecedentes que tiene este Gobierno, como el Real Decreto 6/2023, que también se hizo de espaldas a los empleados públicos, solamente para recaudar fondos
europeos. Por cierto, dos años después, pese a que la tramitación se hizo por el procedimiento de urgencia, sigue sin convocarse la ponencia, dando también la espalda al Legislativo.
Este es el ministerio que sigue instalado en la falsa promesa de la tasa de reposición y su supresión. Escrivá lo prometió a bombo y platillo y el Grupo Socialista llegó a presentar una proposición no de ley, pero luego llegó el ministerio,
llamó y dijo: eso hay que dejarlo completamente parado. Una promesa más incumplida y una alternativa que no se concreta, ministro. Pero si hablamos de los directivos públicos, este es el ministerio que promueve que haya direcciones generales no
ocupadas por funcionarios, sino por políticos. Hay hasta treinta y cinco direcciones generales ocupadas por políticos y no por funcionarios, lo cual representa un ataque a la profesionalidad de la función pública española. Y este es el ministerio
que no se ha ocupado de resolver la situación límite de muchos empleados públicos interinos. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el informe del Abogado General también han generado una gran incertidumbre en estos
empleados públicos, lo sabe perfectamente, pero no están tomando ni una sola medida para generar certeza a esos centenares de miles de empleados públicos que se encuentran en esta situación. No han hecho prácticamente nada por reducir la
temporalidad y tienen 600 millones de euros congelados en Europa por su incompetencia, señor ministro; 600 millones congelados. Y una cosa más en este apartado, aprovechando que está el ministro de Política Territorial. Este es el ministerio que
pretende usar a los funcionarios de Administración local habilitados nacionales como meros productos de un mercado persa. Siguen persistiendo en traspasar las competencias de estos funcionarios a petición de los grupos independentistas, un
vergonzoso comportamiento que emplea a este cuerpo de funcionarios como una mera moneda de cambio, porque son profesionales acreditados, garantes de la legalidad en nuestro país, que ustedes venden a los peores postores: a quienes quieren controlar
este cuerpo de funcionarios para amparar sus tropelías en esas comunidades. Les digo que van a tener al Partido Popular enfrente (aplausos), defendiendo a estos funcionarios, defendiendo su trabajo y acudiendo al Tribunal Constitucional cada vez
que sea necesario y persistan en su intento.
Este es el triste resumen del ministerio que se ocupa de más de 3,5 millones de personas en España, que dice presentar la mayor oferta pública de empleo de la historia, pero que tiene casi 10 000 plazas no ejecutadas y que se han perdido por
falta de planificación; que presume de tener la Presidencia española de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuando tenemos ante nosotros al Gobierno más corrupto, más opaco y que más ha incumplido la ley de transparencia, tal como se puede
comprobar en las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y que dice garantizar el futuro de MUFACE tras meses de incertidumbre, informes y anuncios para desmantelar el sistema del mutualismo para los empleados públicos. Pero,
claro, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que tiene un ministro que cuando se refería a unos trámites para acelerar el pago de mascarillas, en relación con la funcionaria que se encargaba de los pagos, decía: o lo soluciona de inmediato o la
levanto por el aire? Lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de un Gobierno así? (Aplausos). ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que ha utilizado la función pública para colocar amiguitas o sobrinas de ministros por ahí? ¿Qué se puede
esperar de un partido que ha utilizado la función pública para inventarse plazas ficticias para el hermano del presidente y así conseguir ser candidato en unas elecciones autonómicas, aunque además esté imputado? ¿Qué vamos a esperar en la función
pública en España de este Gobierno? Nada, absolutamente nada. (Aplausos).
El Partido Popular reitera su compromiso firme con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, con la estabilidad en el empleo, con procesos selectivos ágiles y con una función pública que sea moderna, eficaz, formada,
reconocida; una función pública de prestigio. Por eso, los millones de empleados públicos pueden confiar en que el futuro Gobierno del Partido Popular va a dedicar -sí- todo su tiempo y esfuerzo a la ingente cantidad de tarea que todavía queda
pendiente en la función pública. Lo vamos a hacer por respeto a esos 3,5 millones de empleados públicos, pero también por una España que sirva mejor a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- REAL DECRETO LEY 15/2025, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD INVERSORA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1007/2023, DE 5 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS O ELECTRÓNICOS QUE SOPORTEN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES, Y LA ESTANDARIZACIÓN DE
FORMATOS DE LOS REGISTROS DE FACTURACIÓN. (Número de expediente 130/000029).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades
locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos
que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Para presentar el real decreto ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
EL señor MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (Torres Pérez): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, traemos a esta Cámara el Real Decreto Ley 15/2025, que fue aprobado en Consejo de Ministros, de manera ordinaria, el martes 2 de diciembre, para, si procede, su convalidación. Es un real decreto ley que contiene medidas en tres
ámbitos: primero, medidas para favorecer la inversión de las entidades locales y de las comunidades autónomas; segundo, una modificación de la Ley de Base de Régimen Local en relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración local
con habilitación nacional, y, tercero y último, una modificación del Real Decreto 1007/2023, sobre los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales.
Empezamos por la primera de las medidas. Lo que se pretende con este real decreto ley es que se emplee el superávit del año 2024 obtenido en las cuentas de las Administraciones públicas durante ese ejercicio en inversiones financieramente
sostenibles en los años 2025, 2026 y 2027. Con esta medida se pretende favorecer la actividad inversora de las Administraciones públicas autonómicas y locales, aprovechando que su situación financiera concluyó en esos territorios con superávit y
remanentes de tesorería. Esta inversión financieramente sostenible -IFS- sin duda va a contribuir al desarrollo de importantes proyectos que tienen en sus cajones estas Administraciones públicas, proyectos de interés para todos los ciudadanos y
ciudadanas que gestionan. Algunas consideraciones sobre lo que dice el real decreto ley. Si un proyecto de IFS no puede ejecutarse por completo antes del día 31 de diciembre del año próximo, la parte restante del gasto autorizado se podrá
comprometer en el siguiente ejercicio, eso sí con el límite del importe del superávit de 2024 y con cargo al remanente de tesorería del año anterior. Según dice este real decreto ley, los proyectos deben haberse iniciado antes del 31 de diciembre
del año próximo, del año 2026. Como saben todos los presentes, las IFS son esas inversiones que tienen un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, en este caso de las Administraciones locales y comunidades autónomas, que
dan cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Para poder beneficiarse de las IFS, las comunidades autónomas y Administraciones locales, lógicamente, tienen que cumplir con el pago a proveedores previsto en la
normativa sobre morosidad y, obviamente -es una perogrullada-, podrán hacer uso del superávit las comunidades autónomas y Administraciones locales que tengan superávit. En este caso, estamos hablando de diez de las diecisiete comunidades autónomas,
de muchos ayuntamientos y de las dos ciudades autónomas. ¿De qué estamos hablando, señorías? Si hablamos de las comunidades autónomas, la cantidad que podrán invertir en IFS estas diez que tienen superávit será de 2787 millones de euros; y si
hablamos de las administraciones locales, de los ayuntamientos, de las diputaciones, cabildos, de las entidades locales, el superávit asciende a 7075 millones de euros, lo que significa el 0,44 % de nuestro producto interior bruto. ¿Para qué pueden
utilizar esos fondos estas administraciones? En el caso de las entidades locales, para la prestación de los servicios básicos esenciales; por ejemplo, la red de alcantarillado, la gestión de las aguas, la recogida de los residuos y su coste -un
importante debate público-, el alumbrado público, la mejora de los sistemas productivos de los diversos sectores, las infraestructuras de deporte, los centros docentes de titularidad
municipal, las asistencias sociales primarias, recursos hidráulicos o la sociedad de la información, entre otros ámbitos. Y si hablamos de las comunidades autónomas, estas podrán realizar inversiones financieramente sostenibles para la
lucha contra el cambio climático, para contribuir a la mejora y, por tanto, al ahorro en la eficiencia energética y para todos aquellos gastos recurrentes que permitan evitar que los tengan en el futuro y que impliquen también ahorros en otros
ejercicios por venir, y todo ello dentro de los ámbitos que tienen las comunidades autónomas, por ejemplo, en vivienda, competencia autonómica. Por tanto, esta medida puede servir también para invertir en vivienda. Es verdad que no va a resolver
todo el problema que tienen los españoles y españolas con la vivienda, pero sin duda todas las medidas que se tomen al respecto deben ser aplaudidas por el interés general. Quiero añadir que estamos respondiendo a una histórica demanda, y cuando
digo histórica me refiero a hace muchísimos años, pero también es reciente, de los alcaldes y alcaldesas de la Federación Española de Municipios y Provincias, que recientemente, hace escasas semanas, en la Comisión Nacional de Administración Local
nos pedían justamente que les permitiéramos utilizar las inversiones financieramente sostenibles, los superávits y remanentes, para estas inversiones financieramente sostenibles, y ahí están las actas. Por tanto, respondemos a una petición
mayoritaria de los alcaldes y las alcaldesas.
Hay una segunda medida en este real decreto ley que traemos a convalidar, que es la tercera disposición final, en la que se introduce una modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, para devolver, y digo bien -el verbo es
correcto, devolver-, en este caso a la Generalitat de Cataluña, la gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección de los habilitados nacionales. Esta medida se acordó en la Comisión Bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de
España celebrada en febrero de este año. Como dije anteriormente, el término correcto es 'devolver', porque todas las comunidades autónomas tenían esa competencia entre los años 2007 y 2013, pero fue retirada con la llegada del Gobierno de Mariano
Rajoy con la excusa de la crisis y se centralizó lo que estaba descentralizado, pero, repito, entre los años 2007 y 2013 -eso lo saben bien los que aquí están que han sido, o hemos sido, representantes municipales- las comunidades autónomas tuvieron
la competencia para convocar plazas de interventores, de tesoreros o de secretarios o secretarias municipales. Con este real decreto, por tanto, lo que hacemos es devolver a Cataluña lo que ya se devolvió a Euskadi mediante un real decreto ley en
el año 2023, decreto que también planteé yo al Consejo de Ministros como ministro responsable. Por cierto, Cataluña es la comunidad que tiene más vacantes pendientes de cubrir y añado que esta devolución, que a través del real decreto ley se amplía
ahora a Cataluña, podría hacerse extensiva al resto de las comunidades autónomas si lo quieren y lo solicitan de acuerdo con los mecanismos legislativos precisos, la Ley de Función Pública u otros. Desde el año 2013, señorías, se ha generado un
número muy elevado de vacantes en todo el país: cuatro de cada diez plazas están vacantes, y lo saben bien los alcaldes y las alcaldesas, especialmente de los municipios con menos población, pero ocurre en prácticamente todas las Administraciones
locales. Por eso, el Gobierno plantea esta medida que no solamente ayuda para esta reversión, sino que incluso hemos sido capaces de lanzar una convocatoria extraordinaria de 1000 plazas de habilitados nacionales, que se examinaron ya en una
primera fase el pasado sábado 29 de noviembre. Y es curioso, porque en este proceso de descentralización ofrecimos a las comunidades autónomas que pudieran hacer estos exámenes en sus territorios; por primera vez, los aspirantes a una plaza de
secretario, secretaria, interventora, interventora, tesorero o tesorera en ayuntamientos podían hacer estos exámenes en sus territorios, y se acogieron tres comunidades autónomas: Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha. Creo que es importante que
avancemos en el concepto de Estado autonómico, que está en nuestra Constitución, y en la descentralización de los servicios. Por lo tanto, una medida también necesaria y que piden los ayuntamientos de nuestro país.
La tercera medida es una modificación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, que establece una serie de requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación en pequeñas y medianas empresas y autónomos, el denominado
Reglamento VERI*FACTU. Esta modificación, que está en este real decreto ley que convalidamos, lo que supone es que aplacemos un año, hasta 2027, el inicio de la aplicación de estos requisitos. Proponemos esta ampliación porque es necesario adecuar
los sistemas informáticos de facturación para que sean efectivos y garantizar que esta implementación sea ordenada y homogénea dentro del tejido empresarial. ¿Cómo serían los nuevos plazos? Para las empresas cuyo plazo de implantación y adaptación
de sus sistemas informáticos comenzaba el 1 de enero del año 2026, lo que hacemos es que lo trasladamos al 1 de enero del año 2027, y para las que empezaban a aplicar el VERI*FACTU en verano, el 1 de julio del año 2026, también se amplía un año más,
hasta el 1 de julio del año 2027. ¿Quién pide esto? Lo piden los autónomos y las autónomas y las organizaciones
que los unen; por tanto, respondemos también a una demanda de interés general. Con ello también pretendemos luchar contra el fraude tributario derivado del uso del denominado software de doble uso y evitar una doble contabilidad.
Señorías, concluyo. Estas son las tres medidas que planteamos que se convaliden a través de este real decreto ley, que lo que hace es ayudar a las Administraciones públicas con las inversiones financieramente sostenibles, dar respuesta a
los ayuntamientos con los habilitados nacionales y también a los autónomos y sus organizaciones con aplazamientos que son absolutamente justos y necesarios, por lo que pedimos el apoyo a esta convalidación del real decreto ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
La mitología griega nos dejó muchas advertencias, y hay concretamente una que nos puede ayudar más que cualquier informe a entender mejor lo que hoy se pretende aprobar. Supongo que sus señorías la conocerán y, por supuesto, el señor
ministro, eso lo doy por descontado. Hesíodo cuenta que Pandora llegó al mundo con un obsequio tan hermoso como engañoso, una caja cuyo interior mezclaba dones y calamidades. No podía separarse lo bueno de lo malo, todo venía junto, envuelto en
apariencia amable. Al abrirla, los males se desataron sin retorno posible. Ese es exactamente, una vez más, el funcionamiento que reproduce este real decreto ley: un envoltorio amable -inversiones financieramente sostenibles, posible alivio para
los autónomos, ajustes técnicos- que oculta una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado; un obsequio que se presenta como urgente y necesario, pero contiene una cesión competencial estructural que jamás habría sobrevivido a
un debate limpio y separado. (Aplausos). Lo que hoy se presenta como un conjunto de medidas dispersas y diversas, oculta bajo un barniz de urgencia la ruptura del modelo estatal de los habilitados nacionales en Cataluña; esto es, secretarios,
tesoreros e interventores garantes de la legalidad en el Estado.
El señor ministro supongo que se habrá leído este real decreto ley porque le ha tocado defenderlo. Pues bien, vamos a analizarlo un poco. El texto llega al Boletín Oficial del Estado con incoherencias visibles. Menciona un inexistente
artículo 3, remite a él en una disposición final segunda, atribuye a la primera modificaciones que recaen en la tercera y esto, sin duda, señor ministro, es la prueba de un decreto ley ensamblado con prisas para encajar concesiones ajenas a la
materia principal. (Aplausos).
Más revelador aún es que la parte expositiva atribuye a la disposición final primera cambios en la Ley de Bases del Régimen Local, pero la disposición final primera solo trata de VERI*FACTU, y es la disposición final tercera la que añade la
nueva disposición adicional decimoctava a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Supongo que lo habrá entendido, pues revíselo y ya verá cómo es un desajuste absoluto.
En fin, señor ministro, esto no es un error menor, es la huella del parcheo normativo, un decreto concebido para inversiones y VERI*FACTU al que se le ha injertado de manera atropellada una cesión competencial incompatible con las materias
originales, y aquí empieza la verdadera gravedad. Lo que se introduce en la nueva disposición adicional decimoctava no es un ajuste técnico, en absoluto, es la cesión -devolver ha dicho usted, ya sabe por qué lo ha dicho- a la Generalitat de todas
las facultades del artículo 92 bis: creación y clasificación de puestos, oferta pública, selección, temarios, formación, habilitación, provisión, primer destino y situaciones administrativas; todo, absolutamente todo.
No hablamos de gestionar listas, hablamos de permitir que una comunidad autónoma diseñe su propio modelo de acceso, sus pruebas y sus filtros respecto a un cuerpo cuya función es controlar la legalidad y la estabilidad financiera municipal,
exactamente el tipo de función que debe mantenerse alejada de cualquier instrumentalización política. Esto vulnera frontalmente el artículo 149.1.18 de la Constitución y la nítida doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 25/1983, que declaró
que la selección y adscripción de los habilitados es competencia estatal por constituir el núcleo de las bases del régimen estatutario. Y añadió algo más, decisivo, que es básico: 'todo aquello que preserve la existencia de ese cuerpo', lo que
faculta para excluir aquello que lo diluya; y este real decreto lo diluye. Permitir que cada comunidad autónoma defina pruebas, temarios o requisitos es la forma más eficaz de convertir un cuerpo estatal en una ficción.
Tampoco se respeta el artículo 150.2. Si se pretenden transferir facultades ejecutivas del régimen estatutario nacional se requiere, como mínimo, señor ministro, una ley orgánica que delimite alcance, controles y facultades reservadas al
Estado. Aquí no hay nada de eso, solo una disposición adicional introducida de forma abrupta en un decreto sin conexión con esta materia.
Y también se vulnera -cómo no- el artículo 23.2, porque permitir que en Cataluña se acceda al mismo cuerpo estatal mediante sistemas distintos, temarios distintos o requisitos lingüísticos excluyentes rompe la igualdad de acceso.
(Aplausos). No es una hipótesis. Sabe muy bien, señor ministro, que entre 2007 y 2013 -creo que lo ha dicho-, cuando se experimentó con modelos fragmentados solo se convocaron -ha dicho 1000, pero no- 956 plazas, y cuando el Estado recuperó la
competencia, más de cuatro mil. Y esto demuestra que donde hay unidad hay eficacia y donde hay fragmentación hay desigualdad. Y todo eso se hace usando un instrumento excepcional como el decreto ley, sin extraordinaria ni urgente necesidad.
Incluso, si admitiéramos urgencia en inversiones o en VERI*FACTU, ¿dónde está la urgencia en alterar un cuerpo estatal centenario? ¿Qué necesidad tiene Cataluña que no tengan Extremadura o Castilla-La Mancha? ¿Qué justifica forzar por decreto lo
que debe tramitarse como proyecto de ley?
No hay urgencia porque no hay urgencia. Hay un falaz acuerdo político y eso no es lo que exige el artículo 86 de la Constitución. Porque todo esto no es técnica administrativa, es política en estado puro, política, pero de la peor, escrita
con prisas y en conversaciones opacas para apoyar a parlamentarios y a grupos parlamentarios ajenos al contenido principal.
Se nos exige elegir entre un hipotético alivio a autónomos y defender la integridad del Estado, entre apoyar inversiones locales y aceptar la ruptura del régimen estatal de habilitados. Esto no es legislar, es chantajear a todo este
Parlamento. Es una treta: o tragas con la cesión al separatismo catalán o cargas con el coste político de rechazar medidas accesorias. Y después vienen con la cantinela de que si hemos votado en contra. Por supuesto que hemos votado en contra de
muchas cosas porque siempre han persistido en la misma trampa (aplausos), y eso es una falsa dicotomía. Las inversiones podrían venir en un real decreto ley monográfico -lo sabe el señor ministro-, el aplazamiento de VERI*FACTU puede aprobarse, y
aún puede, por real decreto reglamentario -lo sabe el señor ministro-, y la reforma del régimen de habilitados, si se quisiera hacer bien, debería tramitarse como ley orgánica con debate y control. Pero nada de eso interesa cuando el objetivo no es
fortalecer el Estado, sino debilitarlo a cambio de una votación.
Por eso, hoy no discutimos solo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado porque, aceptado el
precedente de hoy, no hay límite. Durante un siglo todos los regímenes han mantenido el carácter estatal del cuerpo por su función de control, y hoy se altera no para mejorar la Administración, sino para satisfacer exigencias orientadas a escapar
de todo control. Y a esa lógica no vamos a contribuir, por eso no abriremos la caja de Pandora, envuelta en papel de regalo, como siempre. No aceptaremos que se mezcle lo necesario con lo inaceptable, no vamos a ceder al chantaje de quienes
reducen la política a un precio semanal.
Los catalanes que amamos a nuestra tierra sin debilitar a España no queremos un Estado de retales normativos ni funcionarios sometidos a filtros ideológicos o lingüísticos. Queremos una Cataluña fuerte porque forma parte de una España
fuerte, y una España fuerte requiere de instituciones sólidas, cuerpos nacionales firmes y garantías que no dependan del humor de una negociación. Por eso, votaremos en contra. No votamos en contra de autónomos ni en contra de las inversiones
locales, votamos contra la farsa, contra el BOE como instrumento de pago, y votamos por la igualdad, la legalidad y la unidad institucional. Permítame añadir algo con transparencia: incluso sin esta cesión al separatismo catalán, ni las
inversiones financieramente sostenibles ni VERI*FACTU merecen un voto favorable tal y como están. No lo harían, las inversiones se han convertido en un cajón donde cabe desde buena gestión hasta dejadez, y VERI*FACTU simboliza -lástima que no esté
el señor ministro- a un Gobierno que legisla sin coordinar ni medir el impacto sobre la economía real.
Pero todo eso es menor comparado con lo que hoy se pretende, porque estamos ante un chantaje directo del Gobierno a esta Cámara, al Congreso, que obliga a elegir entre lo razonable y lo destructivo, entre el alivio posible y la demolición de
una institución básica. Y todo ello evidencia que el PSOE y Junts comparten una estrategia de erosión del Estado, una hoja de ruta que no consiste en gobernar, sino en desmontar piedra a piedra los mecanismos que garantizan igualdad e
imparcialidad. La técnica es siempre la misma: usar lo accesorio para colar lo esencial. Porque lo más grave no es solo lo que Junts exige, es que el Partido
Socialista cede encantado, no como quien sufre un chantaje, sino como socio funcional y necesario del separatismo, dispuesto a trocear cuanto haga falta para seguir un día más en el poder. (Aplausos).
Por eso, vuestras señorías entenderéis que nuestra posición sea firme. No vamos a abrir la caja de Pandora, no. No vamos a entrar en el juego del chantaje legislativo y no vamos a permitir que se use el Congreso como ventanilla de pago
para exigencia de quienes solo creen en España cuando pueden destruirla. Y, repito, a pesar de que después nos utilicen como chiquillos, como niños enfadados para decir que no hemos votado esto o que hemos votado en contra de aquello, nos da
absolutamente igual lo que nos digan. Y es que a los traidores ningún perdón les alcanza. Nunca les alcanza ningún perdón, exclamó Lope de Vega (aplausos), y hoy resuena en estas Cortes españolas ante quienes ponen precio a las instituciones y
convierten la lealtad en mercancía política.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Señor ministro, este Real Decreto Lei 15/2025 de medidas urxentes para favorecer a actividade investidora das entidades locais e das comunidades autónomas parécenos necesario e ademais positivo. De facto, vai na dirección de que o BNG veu
reclamando.
No concreto, achamos que o contido dos artigos 1 e 2 constitúe unha medida positiva porque flexibiliza as condicións de aplicación do remanente de tesouraría derivados de superávits orzamentarios para poder realizar investimentos
financeiramente sustentábeis que na situación de infrafinanciamento en que se encontran hoxe os concellos depende en grandes medidas das transferencias doutras administracións, especialmente no caso duns concellos galegos particularmente castigados
polo infrafinanciamento. Quer dicir, esta norma posibilita que as entidades locais utilicen o superávit orzamentario resultante en 2024 para financiar investimentos financeiramente sustentables nos anos 2025-2027, en lugar de ficaren obrigados a
destinar ese cedente só á redución de débeda, como esixe a regra xeral da Lei orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria, orzamentaria e sustentabilidade financeira. Aliás, permite o mesmo tamén aplicado ás comunidades autónomas.
Cuestionamos apenas que nos dous casos a medida sexa temporal, buscando aproveitar o superávit dun ano para activar proxectos de investimento nos anos seguintes. No noso punto de vista isto debería converterse en norma. En todo caso, son
medidas positivas para concellos e comunidades autónomas, especialmente en termos de investimento público, capacidade de actuación e flexibilización orzamentaria e van permitir que as administracións locais e autonómicas poidan acometer proxectos
necesarios, en infraestruturas, mellora de servizos públicos, mantemento, innovación, etcétera e incrementando a capacidade de investimento público e o seu efecto multiplicador sobre a economía.
Constitúe, do noso punto de vista, un marco máis flexíbel e adaptado á realidade financeira actual, especialmente cando se dispón dun superávit e pode contribuír para o impulso á actividade local e ao benestar colectivo, pois os
investimentos loxicamente deben traducirse en melloras directas para a poboación: transporte, servizos sociais, educación, saneamento e renovación de equipamentos, o que repercute en calidade de vida, creación de emprego e dinamización económica
local. Sen dúbida, isto pode estimular a economía porque investir a nivel municipal ou autonómico implica traballo ou contratacións, obras, o que é como diciamos activa a economía nese ámbito, especialmente importante en municipios pequenos ou en
zonas rurais, como na maior parte do territorio da Galiza, e aínda permite un uso, ao noso xuízo, máis eficiente dos recursos públicos evitando que o superávit fique inmobilizado ou simplemente destinado a reducir débeda cando en moitos casos as
administracións afectadas non poden acometer investimentos relevantes e urxentes.
Con todo, esta posibilidade debe observar unha serie de condicións e límites, pois os investimentos teñen que ser financeiramente sustentábeis segundo os criterios previstos na normativa e non poden xerar déficit, pois a medida permite
investimentos con cargo ao superávit, mais garante que non incorra en balance negativo nese ou noutros exercicios.
Quedei sen tempo para facer referencia a outros aspectos do Real Decreto, en todo caso, ademais de lamentarnos, como dicía antes, esa medida sexa concibida como temporal, o BNG vai apoiala, vai votar a favor.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Señor ministro, este Real Decreto Ley 15/2025, de medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, nos parece necesario y, además, positivo. De hecho, va en la dirección de lo
que ha venido reclamando el BNG. Específicamente, nos parece que el contenido de los artículos 1 y 2 constituye una medida positiva, porque flexibiliza las condiciones de aplicación de los remanentes de tesorería derivados de superávits
presupuestarios para poder realizar inversiones financieramente sostenibles, que en la situación de infrafinanciación en que se encuentran hoy los municipios depende, en gran medida, de las transferencias de otras Administraciones, especialmente en
el caso de los ayuntamientos gallegos, particularmente castigados por esa infrafinanciación.
Es decir, esta norma posibilita que las entidades locales utilicen el superávit presupuestario resultante en 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en los años 2025-2027, en lugar de quedar obligadas a destinar ese
excedente solo a la reducción de deuda, como exige la regla general de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y permite, además, lo mismo aplicado a las comunidades autónomas, por cierto. Lo único que
cuestionamos es que en los dos casos la medida sea temporal, buscando aprovechar el superávit de un año para activar proyectos de inversión en los años siguientes. Desde nuestro punto de vista, esto debería convertirse en norma.
En todo caso, son medidas positivas para municipios y comunidades autónomas, sobre todo en términos de inversión pública, capacidad de actuación y flexibilización presupuestaria, y van a permitir que las Administraciones locales y
autonómicas puedan acometer proyectos necesarios en infraestructuras, mejoras de servicios públicos, mantenimiento, innovación, etcétera, aumentando la capacidad de inversión pública y su efecto multiplicador sobre la economía. Desde nuestro punto
de vista, constituye un marco más flexible y adaptado a la realidad financiera actual, sobre todo cuando se dispone de un superávit que puede contribuir a impulsar la actividad local y el bienestar colectivo, pues lógicamente esas inversiones deben
traducirse en mejoras directas para la población, en transporte, servicios sociales, educación, saneamiento o renovación de equipamientos, lo que repercute en calidad de vida, creación de empleo y dinamización de la económica local. Sin duda, esto
puede estimular la economía, porque invertir a nivel municipal y autonómico implica trabajo, contrataciones y obras, lo que, como decíamos, activa la economía, especialmente en este ámbito tan importante en municipios pequeños o en zonas rurales,
como es la mayor parte del territorio de Galicia. Es más, a nuestro juicio, permite un uso más eficiente de los recursos públicos, evitando que el superávit se quede inmovilizado o simplemente destinado a reducir la deuda, cuando en muchos casos
las Administraciones afectadas no pueden acometer inversiones relevantes y urgentes.
En todo caso, y a pesar de todo esto, esta posibilidad debe observar una serie de condiciones y límites, pues esas inversiones tienen que ser financieramente sostenibles, según los criterios previstos en la normativa, y no pueden generar
déficit, pues la medida permite inversiones con cargo al superávit, pero en la medida en que no se incurra en un balance negativo en ese o en otros ejercicios.
Me he quedado sin tiempo para hacer referencia a otros aspectos del real decreto. En todo caso, a pesar de lamentar que esta medida sea concebida como temporal, como decía antes, el BNG va a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, señorías, este real decreto consta de tres partes, pero para nosotras, Podemos, la primera, la principal y la más importante es la que muchas llevamos reclamando a nivel local durante años y años, ante la situación financiera
que viven nuestros ayuntamientos, que se han visto afectados durante años por las políticas de austeridad -no se nos olvida- del señor Cristóbal Montoro. Por cierto, ahora hemos conocido que la austeridad era para toda la población y todas las
Administraciones, menos para él, su entramado de empresas, su despacho y sus empresas amigas. ¡Cuánto daño han hecho ustedes desde el Partido Popular, asfixiando a todo el mundo, mientras que los miembros de su partido se forraban a costa del
resto! Y eso no lo vamos a olvidar. De hecho, por culpa de sus políticas, en muchas ocasiones, tanto en entidades locales como en comunidades autónomas se han podido generar superávits y remanentes de tesorería, pero no se han podido utilizar
después para inversiones financieramente
sostenibles. Por eso es fundamental no solo que puedan hacerlo, sino que además se les permita desarrollar proyectos que sean de interés público. Por lo tanto, en este sentido, estamos muy satisfechas.
Respecto a la segunda parte del decreto, que son los sistemas electrónicos, ante la inminencia de la entrada en vigor de la obligación prevista para el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que no están
acogidos al suministro inmediato de información, el Gobierno toma la decisión de prorrogar hasta 2027 el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de las empresas y de los autónomos cumplan con los requisitos establecidos en el
denominado reglamento VERI*FACTU. La verdad es que no se entiende por qué usan un real decreto ley para lo que podían haber modificado directamente en el Consejo de Ministros, y tampoco se entiende que esperen hasta el 2 de diciembre, cuando
muchísimas pymes y muchos autónomos y autónomas ya han hecho la inversión para adaptarse a la nueva fórmula de facturación. Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, a veces es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal.
En ese sentido, también tenemos que hacer una crítica a la tercera parte de este real decreto que han incluido, y no entendemos tampoco muy bien por qué, que es la transferencia a la Generalitat de la competencia sobre los habilitados
nacionales. Y lo decimos porque esto se ha hecho sin negociar directamente con el colectivo de trabajadores y trabajadoras que van a ver modificadas sus condiciones laborales, que hoy se manifiestan ante el Congreso. Desde Podemos nos hemos
comprometido -tengo que decirlo así- a incorporar en la tramitación como proyecto de ley la salvaguarda para que las condiciones laborales de este colectivo no se vean afectadas por esta decisión. Señores del Gobierno, desde nuestro punto de vista,
primero hay que negociar con los trabajadores y las trabajadoras, y luego hay que regular, no al revés.
Aun así, votaremos a favor de este decreto, pero sí le pedimos por favor que, pudiendo hacer las cosas bien, no se hagan mal y que no se hagan tampoco en el último momento como van a hacer -y eso nos preocupa mucho y lo quiero dejar aquí muy
claro- con la prórroga de la suspensión de los desahucios que tantísimas familias están esperando que aprueben.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea,
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias. Egun on.
Señorías, el Grupo Vasco va a votar a favor de este real decreto, y lo hacemos por coherencia y porque este texto, aunque sea de forma parcial, también recoge una reivindicación que el Partido Nacionalista Vasco hizo el otro día: fue el
único grupo en plantear expresamente en el debate de la senda de estabilidad del pasado 27 de noviembre habilitar el uso del superávit de las Administraciones para destinarlo a inversiones financieras sostenibles. Lo dijimos entonces y lo repetimos
hoy, porque de muy poco sirve ampliar el margen de déficit o tener superávit si después la regla de gasto impide utilizar los recursos disponibles. La regla de gasto vigente fija un límite de crecimiento del gasto del 3,5, calculado sobre los
ingresos estables de las Administraciones, lo que significa que, incluso teniendo superávits o remanentes, no pueden destinarlos a inversiones si se supera este umbral y que, por mucha recaudación que haya, tampoco lo podrían hacer. Así es
imposible impulsar políticas o inversiones necesarias.
Pero el problema no es solo ese; el problema es que hoy el Estado convive, como ya dije, con una incoherencia normativa evidente porque está obligado a aplicar dos marcos incompatibles entre sí: por un lado, el marco europeo de estabilidad
2024, que es más flexible, y, por otro, la ley orgánica de estabilidad, un marco interno anual mucho más rígido, basado, además, en indicadores que Europa no usa y una regla que impide crecer, como he dicho, por encima de un margen aunque exista
capacidad financiera para hacerlo. Por tanto, convivir con esos dos marcos, desde luego, genera confusión y bloqueo en la acción fiscal de las Administraciones, por eso defendemos y defendimos en su día que, mientras no se resuelva esta
incompatibilidad mediante una reforma profunda de la ley de estabilidad y de la regla de gasto acorde al marco europeo, la única vía -creemos- sensata y coherente es habilitar el uso de los remanentes y superávits para inversiones financieras
sostenibles para que las Administraciones puedan invertir más allá de esos límites. En ese sentido, valoramos positivamente que el decreto ley habilite el uso del superávit de 2024, pero consideramos también, ministro, que debería habilitarse el
uso del superávit de 2025 en tanto en cuanto no se reforme la ley de estabilidad. Por eso, como he dicho, lo razonable también sería habilitar el 2025 para que las Administraciones puedan invertir si tienen recursos para hacerlo.
Además, señorías, hablamos de inversiones o proyectos de envergadura -obras hidráulicas; vivienda pública, como ha dicho el ministro; infraestructuras de transportes, saneamientos, equipamientos- y, quizá, el margen temporal que se
habilita con solo un mes para la programación de inversiones, por lo menos en 2025, y una autorización que llega hasta el 2027, pueda ser insuficiente. Y es que, muchas veces, los plazos administrativos y de licitación no siempre encajan en
horizontes tan estrechos y esto puede limitar el verdadero impacto de la medida. Creo que el señor Aizcorbe decía que permitir inversiones era un tanto dejadez, y yo creo que todo lo contrario porque, fíjense: si algo se demostró en pandemia es
que se hicieron inversiones y gastos sociales de forma coherente cuando las reglas fiscales no estaban en vigor. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
En cuanto a la medida relativa a la ampliación del plazo para la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, quiero subrayar que, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, muchas empresas ya han realizado inversiones importantes para adaptarse.
En Euskadi, desde luego, lo sabemos mejor que nadie porque contamos con el TicketBAI, un sistema pionero que creo que ha demostrado que la digitalización y la facturación ayudan también directamente a las pymes y autónomos, reduce cargas
administrativas y permite que las haciendas forales elaboren los borradores de IVA, de sociedades y de renta facilitando enormemente la gestión de las pequeñas empresas y autónomos. Nuestro grupo no va a criticar la ampliación de este plazo, pero
sí debemos señalar que estamos a 5 de diciembre, que la entrada en vigor estaba prevista para el 2026 y que esta es la segunda prórroga. Por lo tanto, hay empresas que han cumplido, han invertido, han hecho un esfuerzo y ahora ven retrasada esa
obligación, y quizá sería razonable y justo que, si se pospone un año, se prevea algún mecanismo de compensación para quienes ya hayan hecho esta adaptación. En Euskadi, así se hizo: las haciendas forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa establecieron
deducciones fiscales para cubrir los costes de implantación e incluso reducciones adicionales de la base imponible para quienes se incorporasen voluntariamente antes de la obligatoriedad. Creemos que, a lo mejor, se podría establecer algo así o
inspirarse al menos en estas deducciones para no penalizar a los contribuyentes responsables que ya han cumplido con el sistema VERI*FACTU.
Eta azkenik, lege dekretu honek Kataluniari itzultzen dio enplegu eskaintza publikoaren kudeaketa eta gaitutako nazionalen hautaketa. Eta guztiz bat gatoz neurri horrekin, deszentralizazioa eta erkidegoen autonomia indartzen duelako.
2007tik 2013ra bitartean, autonomia erkidegoek kudeatu zituzten eskumen hauek, eta ondo funtzionatu zuten, nahiz eta beste batzuek kontrakoa esan. Gainera, gogoratu nahi dut Eusko Alderdi Jeltzaleak eskumen hori berreskuratu zuela Euskadirentzat,
bi legeetan, baina PPek helegitea aurkeztu zuen Auzitegi Konstituzionalean birzentralizazioaren aldeko talde batek, eta gainera, errekurtso hori jarri zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra daukan gurutzada partikular baten ondorioz. Egia esan,
Junts jaun-andreok, hau, antza, zuen aldarrikapen bat da, eta ez dugu zoritxar-igorle izan nahi, baina itxura guztien arabera, batzuek gaur be amen esan dute. Kataluniarako neurri honen aurka egingo, edo egiten saiatuko dira, azken batean ez
dutelako estatu deszentralizatu batean sinisten.
Finalmente, este decreto ley devuelve a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de nacionales habilitados, y compartimos plenamente esta medida porque refuerza la descentralización y la autonomía de las comunidades.
Entre 2007 y 2013, las comunidades autónomas gestionaron estas competencias y funcionó bien a pesar de que otros afirmaran lo contrario. Quiero recordar, además, que el PNV recuperó esa competencia para Euskadi, pero que el PP presentó un recurso
ante el Tribunal Constitucional, un grupo favorable a la recentralización que, además, interpuso el recurso por la particular cruzada que mantiene contra el PNV. La verdad es que, señorías de Junts, no queremos ser agoreros ante esta
reivindicación, pero todo indica que hay quien intentará también arremeter contra esta medida para Cataluña, porque, en definitiva, no creen en un Estado descentralizado.
Finalizo. Votaremos a favor, como he dicho, de este decreto...
...superabitarekin inbertsioak egiteko aukera ematen duelako. Finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioetan erabiltzeko aukera ematen du. 2024ko gaikuntza baloratzen dugu, baina 2025eko superabitaren erabilera ere baimentzea eskatzen
dugu. VERI*FACTU sistemaren luzapena ikusten ez dugun arren, ez gaude horren aurka. Euskadik dagoeneko badaukalako TicketBAI sistema propioa erabat inplementatuta eta eraginkorra eta bat gatozelako Kataluniara itzultzearekin lan-eskaintza
publikoaren kudeaketa eta gaitutako nazionalen hautaketa Kataluniaren autonomia eta deszentralizazioa indartzen du, Euskadiren aurrekariari jarraituz.
Eskerrik asko.
... porque permite hacer inversiones con el superávit, porque permite utilizarlo en operaciones financieramente sostenibles y porque valoramos la habilitación para el 2024, pero solicitamos que se autorice también el uso del superávit del
2025. Aunque no hemos visto la prórroga del sistema de VERI*FACTU, no nos oponemos a ella porque Euskadi ya dispone de un sistema propio, TicketBAI, totalmente implementado y eficiente, y porque apoyamos completamente devolver a Cataluña la gestión
de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales ya que refuerza la autonomía y descentralización de Cataluña, siguiendo el precedente de Euskadi.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Egun on guztioi.
Este real decreto que hoy se somete a convalidación contiene tres cuestiones importantes. La primera, la prórroga de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que posibilita utilizar el superávit del 2024 obtenido por las entidades locales para realizar inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Bienvenida sea esta prórroga que permite a los ayuntamientos
utilizar sus remanentes y que abre un paréntesis en esa medida impuesta en 2012 por el ministro Montoro, una medida injusta a todas luces.
La eliminación de esta ley de estabilidad presupuestaria es una exigencia que a menudo se ha planteado en esta tribuna -también por nuestra parte- y es una demanda generalizada por parte de los ayuntamientos que la sufren. Hemos calificado
más de una vez esta ley todavía en vigor como un sinsentido, porque, además de una conculcación de la autonomía municipal, es una imposición injusta y una medida cuestionable incluso en su eficacia real; salvo, claro, por el hecho de que han sido
los ayuntamientos los que han permitido durante años cuadrar las cuentas al Estado para cumplir con los objetivos de déficit. Porque ahí, solo ahí y solo para el Estado, radica la eficacia de esta medida. Así que, como decía, bienvenida sea la
prórroga, bienvenida sea la posibilidad de que los ayuntamientos puedan utilizar su dinero en lo que realmente necesitan, pero no podemos olvidar que este Gobierno también tiene esta tarea pendiente: la de reformar la Ley de Estabilidad
Presupuestaria para que acaben de una vez y por todas las restricciones que impuso el Partido Popular de Cristóbal Montoro.
La segunda cuestión importante: otra prórroga, la de la fecha límite para implantar la facturación digital. El registro de facturación digital supone un mayor control tributario de los ingresos de los negocios y la declaración de todas las
operaciones de ventas realizadas. En resumen, un control fiscal de empresas y autónomos que tiene el objetivo de evitar el fraude fiscal y asegurar que todas las facturas emitidas queden registradas, en nuestro caso, en las haciendas forales
correspondientes. En la Comunidad Autónoma vasca prácticamente está implantado, es lo que se conoce como el TicketBAI, que empezó a implantarse progresivamente desde 2022, y en la Comunidad Foral de Navarra también está en marcha desde 2024. Se
pide una prórroga para aumentar el periodo de adaptación, y no nos opondremos a ella.
Finalmente, el real decreto ley aborda el régimen aplicable al personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña, que será asumido por la Generalitat en los términos que establezca la normativa
autonómica. Estamos hablando de los secretarios y las secretarias, interventores y tesoreros y tesoreras de la Administración local, que integran el denominado cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. En los últimos años, en
la Comunidad Autónoma vasca se han producido varios intentos de recuperar los nombramientos de los denominados habilitados nacionales. En 2024, el Tribunal Constitucional tumbó una de las decisiones por entender que el trámite no era adecuado al
canalizarse a través de una enmienda a los presupuestos generales de 2022. Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/2023 también contemplaba esta medida, y ya más recientemente se incorporó a la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas en Materia de Eficiencia
del Servicio Público de Justicia. El Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a esta última norma y también se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ambas
están pendientes de resolver.
Desearíamos que este real decreto ley no corriera la misma suerte, sobre todo porque ya anteriormente, tanto en Cataluña como en nuestras instituciones, se gestionaron estas competencias en el periodo 2009-2013, en los años en los que estuvo
vigente la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. En ella se otorgaba a cada comunidad la gestión de estos puestos de trabajo, selección, nombramientos
y convocatoria de ofertas de empleo. Fue Mariano Rajoy -de nuevo con Cristóbal Montoro en la cartera de Función Pública- quien cambiaría de nuevo el régimen de estos funcionarios para que fuesen habilitados nacionales. El Partido Popular,
como siempre, en contra de los ayuntamientos y atacando las competencias en su espiral recentralizadora.
La realidad es que hay miles de puestos vacantes que no se cubren porque no hay efectivos. Naturalmente, todo esto funcionaría mucho mejor si se pudieran hacer las convocatorias de puestos en cada territorio, algo que además eliminaría ese
plus de incertidumbre que se genera en las personas que acceden a unas oposiciones sin saber en qué punto del mapa ibérico van a conseguir la plaza. De todos estos procesos largos y laberínticos lo más curioso es la argumentación que esgrimen
quienes defienden que secretarios, interventores o tesoreros sean nombramientos del Estado, porque es un argumento eminentemente político, basado además en un conjunto de prejuicios y presunciones como que los interventores o secretarios nombrados
por el Estado son los que garantizan realmente la legalidad en los ayuntamientos y que la corrupción sea perseguida, mientras que los interventores o secretarios que dependen de las comunidades autónomas podrían verse influenciados por el entorno
político. Lo que no aclaran es qué pócima mágica utilizan en los exámenes de habilitación nacional para conseguir ese halo de incorruptibilidad, esa capacidad que, al parecer, no puede conseguir el resto. Porque francamente, señorías, visto cómo
de no ya influenciados, sino directamente teledirigidos políticamente están los estamentos de este Estado, obviamente el argumento se cae por su propio peso. Secretaría, intervención y tesorería son elementos fundamentales en la Administración
local. Son fundamentales para el servicio público que deben ofrecer, y como tal deben ser considerados. Para acabar con la interinidad eterna en la que se encuentran centenares de estos puestos, reclamamos una vez más que, al igual que se
explicita en este decreto para Cataluña, las sentencias que deben darse respecto a la comunidad autónoma vasca sean favorables a lo que los ayuntamientos necesitan.
Señorías, por todas estas razones, votaremos a favor de este real decreto ley, que sí incluye diferentes medidas en diferentes ámbitos. De hecho, cualquiera podría calificarlo como ómnibus, cuestión esta que, recordarán, generaba una gran
oposición cuando lo que incluían eran medidas sociales y se convirtió en la excusa perfecta para que algunos se opusieran y rechazaran medidas de protección social para la ciudadanía. Nos alegra ver que esto ya no pasa, que esto ya no es un
problema y que estas excusas no servirán para negar derechos básicos en el futuro o, por lo menos, esperamos eso.
Besterik ez. Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señor Otero.
Pel Grupo Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Pagès i Massó.
El señor PAGÉS I MASSÓ: Senyora presidenta.
Senyor ministre, senyories, bon dia.
Junts per Catalunya només té una raó de ser: treballar per Catalunya i pels catalans. Per això, vàrem signar a principis de legislatura un acord d'investidura, no de legislatura, que supeditava l'estabilitat al compliment dels acords als
que s'anés arribant. La lògica és molt senzilla: Els titulars no ens valen. El que ens interessa és que els acords es compleixin i que les lleis s'aprovin; si no, ens n'anem. I fa un mes i mig, després d'advertir repetidament sobre els
incompliments sistemàtics del PSOE, vam sortir del marc de negociació. Nosaltres no negociem amb el Govern espanyol. Hi ha una llista de coses pendents i els deutes amb Catalunya no prescriuen. Amb aquest Reial decret, un cop més, s'evidencia que
mantenir la posició i forçar fins al límit el Partit Socialista dona resultats i serveix per canviar les coses. Serveix per donar solucions als problemes concrets de treballadors, comerciants, autònoms, petites empreses, els ajuntaments, els
ciutadans de Catalunya.
El Reial decret llei respon a necessitats concretes de sectors molt perjudicats per la deixadesa del Govern espanyol. Com dèiem abans, autònoms, petites empreses i ajuntaments són els principals afectats. Amb aquest Reial decret llei, el
que veiem és que el govern espanyol s'ha donat finalment per assabentat i ha posat negre sobre blanc algunes de les qüestions que tenia pendents amb nosaltres. De fet, en aquest Reial decret llei només hi ha temes de Junts per Catalunya. En primer
lloc, es compleix amb el compromís amb Junts sobre el superàvit de les administracions. Les normes que regulen l'ús del romanent de tresoreria del 2024 per als ajuntaments, diputacions i Generalitat de Catalunya es prorroguen per als anys 2025,
2026 i 2027. Què vol dir això? Vol dir inversió en habitatge públic. Vol dir inversió en serveis, en serveis essencials com l'abastiment d'aigua o l'enllumenat, en transports, en centres escolars, en clavegueram, assistència social, eficiència
energètica. Vol dir oxigen per als ajuntaments, per millorar la
vida dels ciutadans. Uns ajuntaments que podran recórrer a aquest superàvit per a inversions sostenibles als anys vinents.
És una mesura que reivindica tot el món local, que és de sentit comú i que no entenem com el PSOE l'ha tingut bloquejada en contra dels interessos dels ciutadans tot aquest temps. És una mesura que fa front a l'infrafinançament que
arrosseguen les administracions locals i que ara, gràcies a Junts, permetrà que els ajuntaments puguin destinar el seu superàvit a habitatge públic i a la resta d'inversions que considerin necessàries per al benestar dels seus veïns.
En segon lloc, hem aconseguit ajornar l'entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, una mesura que els autònoms i les pimes del teixit productiu de Catalunya demanaven, perquè la seva implantació és molt costosa i complicada. Quin és el
problema amb aquesta mesura? Doncs que van tard, senyors del Govern, van tard, van molt tard. Fa mesos que saben que això s'havia de fer. S'hagués hagut de fer fa molt de temps i ho fan ara, a quatre dies d'entrar en vigor. I ara ens trobem que
les empreses que van fer la sol·licitud per entrar al SII, al subministrament immediat d'informació, per evitar el VERI*FACTU resulta que estan condemnades a quedar-se en aquest sistema tot l'any que ve. I les empreses que van entrar voluntàriament
al VERI*FACTU, per preparar-se i fer proves, no poden sortir-ne fins a finals del 2026. En els dos casos cal que aquestes empreses puguin fer marxa enrere. No pot ser que el benefici sigui només per als que ho deixen tot a última hora i que es
penalitzi els que han estat previsors i ho han volgut fer bé. Prenguin nota. Prengui nota. Solucionin aquest problema que han generat amb el seu retard. Per fer-ho, no cal cap canvi legislatiu. Amb normes reglamentàries i unes instruccions
clares per part de l'AEAT, que és l'organisme que ho ha de gestionar, n'hi ha prou. En altres ocasions, quan els ha interessat, ho han fet així i no ha passat absolutament res.
Acabo, vaig acabant. Secretaris interventors, hi ha dues maneres d'enfocar la qüestió dels habilitats nacionals. Una, la del Govern socialista de la Generalitat de Catalunya, la del senyor Dalmau i que també, per cert, va ser la del Govern
Aragonès. Aquesta via consisteix a suplicar al Govern espanyol que deixi posar taules i cadires per fer unes proves a Barcelona, unes proves que evidentment han de ser en castellà i que permeti a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya fer
quatre cursos, el que en diuen la cogestió. Hi ha una altra via per enfocar el tema dels secretaris interventors: un règim específic per a Catalunya a la Llei de Bases del Règim Local que, partint dels drets històrics reconeguts a l'Estatut de
Catalunya en règim local, permetin a la Generalitat assumir la gestió integral dels funcionaris habilitats estatals. Això vol dir la creació dels llocs, la selecció, els nomenaments i també, i també, l'habilitació. Això és el que no van aconseguir
els que tenien la clau la passada legislatura; de fet, ni tant sols s'ho van plantejar. Això és el que no ha aconseguit la comissió bilateral Estat-Generalitat. Això és el que és el que no ha aconseguit el Govern Illa. Això és el que no han
aconseguit els 19 diputats del PSC en aquesta cambra. I això és el que ha aconseguit Junts per Catalunya. Ens hem plantat en la defensa de la bilateralitat i ho hem aconseguit. Ara mateix, gràcies a Junts per Catalunya, és vigent, és vigent a
Catalunya un règim amb rang legal bàsic que excepciona en el règim general i que permet a la Generalitat tenir totes les eines per fer front al dèficit estructural de secretaris interventors que pateixen els nostres ajuntaments. Ara mateix és
vigent. Això és el que ens demanen els batlles catalans. Això és el que teníem abans de la derogació de la LRSAL el 2013. I això és el que pertoca d'acord amb l'Estatut, senyor Aizcorbe. Això és el que preveu l'Estatut d'Autonomia, un
desenvolupament propi per a Catalunya del règim local que inclou, evidentment, secretaris interventors. I això, per cert, és el que Junts per Catalunya va acordar el gener del 2024 per a l'aprovació dels reials decrets lleis aquell gener, doncs bé,
de fa dos anys. I això, senyores i senyors, insisteixo, ja és vigent.
Moltes gràcies.
Señora presidenta, señor ministro, señorías, buenos días.
Junts per Catalunya solo tiene una razón de ser, trabajar por Cataluña y por los catalanes, y por ello firmamos a principios de legislatura un acuerdo de investidura, no de legislatura, que supeditaba la estabilidad al cumplimiento de los
acuerdos a los que se hubiera llegado. La lógica es muy sencilla: los titulares no nos valen, lo que nos interesa es que los acuerdos se cumplan y que las leyes se aprueben. Si no, nos vamos. Y hace un mes y medio, tras advertir repetidamente
sobre los incumplimientos sistemáticos del PSOE, salimos del marco de negociación. Nosotros no negociamos con el Gobierno español; hay una lista de acuerdos pendientes y las deudas con Cataluña no prescriben. Con este real decreto de nuevo se
evidencia que mantener una posición y forzar hasta el límite al Partido Socialista da resultados y sirve para cambiar las cosas. Sirve para dar soluciones a los
problemas concretos de trabajadores, comerciantes, autónomos, pequeñas empresas, a los ayuntamientos y a los ciudadanos de Cataluña.
El real decreto ley responde a necesidades concretas de sectores muy perjudicados por la dejadez del Gobierno español. Como decíamos antes, autónomos, pequeñas empresas y ayuntamientos son los principales afectados. Con este real decreto
ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el real decreto ley solo hay temas de Junts per Catalunya. En
primer lugar, se cumple con el compromiso con Junts sobre el superávit de las Administraciones. Las normas que regulan el uso del remanente de tesorería de 2024 para los ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat de Catalunya van a prorrogarse
para los años 2025, 2026 y 2027. ¿Qué significa esto? Significa inversión en vivienda pública, significa inversión en servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la iluminación, transportes, centros escolares, saneamiento de aguas,
eficiencia energética. Significa oxígeno para los ayuntamientos, para mejorar la vida de los ciudadanos, unos ayuntamientos que podrán recurrir a este superávit para inversiones sostenibles en los años próximos.
Es una medida que reivindica todo el mundo local, que es de sentido común y que, además, no entendemos cómo el PSOE la ha tenido bloqueada en contra de los intereses de la ciudadanía tanto tiempo. Es una medida que afronta la
infrafinanciación que arrastran las Administraciones locales y que ahora, gracias a Junts, va a permitir que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a vivienda pública y al resto de inversiones que consideren necesarias para el bienestar de
sus vecinos.
En segundo lugar, hemos conseguido aplazar la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, una medida que los autónomos y las pymes del tejido productivo de Cataluña pedían porque su implantación es muy costosa y complicada. ¿Cuál es el
problema con esa medida? Pues que van tarde, señores del Gobierno. Llegan tarde, llegan muy tarde. Hace meses que saben que esto había que hacerlo, se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Lo hacen ahora, a cuatro días de que entre en
vigor, y ahora nos encontramos que las empresas que realizaron la solicitud para entrar en el SII, el Suministro Inmediato de Información, para evitar el VERI*FACTU, resulta que están condenadas a quedarse en este sistema todo el año próximo, y las
empresas que entraron voluntariamente en VERI*FACTU para prepararse y realizar pruebas no pueden salir hasta finales de 2026. En los dos casos, hace falta que estas empresas puedan dar marcha atrás. No puede ser que el beneficio sea solo para
quienes lo dejan todo para última hora y que se penalice a quienes han sido previsores y lo han querido hacer bien. Tomen nota y resuelvan este problema que han generado con su atraso. Para hacerlo, no hace falta ningún cambio legislativo. Con
normas reglamentarias y unas instrucciones claras por parte de la AEAT, que es el organismo que lo debe gestionar, bastaría. En otras ocasiones, cuando les ha interesado, así lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada.
Voy terminando. Secretarios e interventores. Hay dos formas de enfocar la cuestión de los habilitados nacionales. Una, la del Gobierno socialista de la Generalitat de Catalunya, la del señor Dalmau, y que también, por cierto, fue la del
Gobierno Aragonès. Esta vía consiste en suplicar al Gobierno español que deje poner mesas y sillas para hacer unas pruebas en Barcelona, unas pruebas que, evidentemente, tienen que ser en castellano, y que permita a la Escuela de Administración
Pública de Cataluña realizar cuatro cursos, lo que llaman cogestión. Hay otra vía para enfocar el tema de los secretarios e interventores, un régimen específico para Cataluña en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que partiendo de los
derechos históricos reconocidos en el Estatuto de Cataluña en régimen local permita a la Generalitat asumir la gestión integral de los funcionarios habilitados estatales. Esto significa la creación de los puestos, la selección, los nombramientos y
también la habilitación. Esto es lo que no consiguieron quienes tenían la llave la pasada legislatura; de hecho, ni siquiera se lo plantearon. Es lo que no ha conseguido la comisión bilateral Estado-Generalitat, y es lo que no han conseguido el
Gobierno Illa ni tampoco los diecinueve diputados del PSC en esta Cámara. Eso, sin embargo, es lo que sí ha conseguido Junts per Catalunya, nos hemos plantado en defensa de la bilateralidad y lo hemos conseguido. Ahora, gracias a Junts per
Catalunya, está vigente en Cataluña un régimen con rango legal básico que excepciona el régimen general y que permite a la Generalitat tener todas las herramientas para afrontar el déficit estructural de secretarios e interventores que sufren
nuestros ayuntamientos. Ahora mismo está vigente, en estos momentos. Es lo que nos piden los alcaldes catalanes. Esto es lo que teníamos antes de la derogación de la LRSAL, de 2013, y esto es lo que toca de acuerdo con el estatuto. El estatut,
señor Aizcorbe, es lo que prevé el estatuto de autonomía, un desarrollo propio para Cataluña del régimen local, que también incluye a secretarios e interventores. Esto, por cierto, es lo que Junts per Catalunya acordó
en enero de 2024 mediante la aprobación de los reales decretos leyes. Fue en enero de hace dos años, como recordarán. Esto, señoras y señores, ya está vigente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Pagès.
Pel Grup Parlamentari Republicà, senyora Granollers Cunillera
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, presidenta.
Salutacions, diputats i diputades.
Avui debatem un Reial Decret, el 15/2025, que nosaltres el podríem anomenar un decret, que és un bunyol, sincerament, un text que el Govern presenta com una resposta urgent a tres àmbits molt diferents. Si aquests tres àmbits són molt
diferents, l'hem de votar a favor o l'hem de votar en contra? Què fem? Perquè aquí han barrejat tota una sèrie de mesures que no tenen a veure amb una cosa amb una altra. D'una banda, la possibilitat que els ajuntaments utilitzin el superàvit del
2024 per finançar inversions en els propis exercicis. La setmana passada vostès, senyories del PSOE, al Senat, ho van votar en contra. Per què ho hauríem de votar nosaltres avui a favor?
De l'altra banda, el traspàs de la gestió dels funcionaris habilitats nacionals a la Generalitat de Catalunya. Ho tenim amb una esmena a la Llei de Funció Pública. Per què ho hem de votar avui a favor aquest Reial decret?
I, finalment, un ajornament del sistema VERI*FACTU que havia de modernitzar la gestió tributària de centenars de milers d'empreses, per què l'hem de votar a favor? I les empreses que han fet la feina, que els hi passa a aquestes empreses?
Podem enfrontar aquest decret llei amb la responsabilitat de sempre, donant suport al que ajuda i denunciant el que no ens agrada del problema. Però el PSOE ens demostra que li encanta anar a cop de volant. Per tant, avui potser ens
permetem el luxe també d'anar a cop de volant. Vaig a desgranar.
Començo pel primer bloc. Esquerra Republicana no pot votar en contra. Per què? Per què no poden votar en contra? Si vostès, el Senat, ho van votar en contra. Nosaltres vam presentar una mesura que donava una mica més d'aire als
ajuntaments que el seu Reial decret. Esquerra Republicana és un partit de essència municipalista i, com a tal, som un grup que hem defensat l'autonomia local i la sobirania financera municipal. Aquest Reial decret no resol el problema estructural.
És un pedaç temporal. Només permet utilitzar el superàvit del 2024 i, a més, amb uns requisits tan estrictes que gairebé fan inviable planificar i executar inversions al 2026 o al 2027. El Govern manté exactament el mateix marc del Partit Popular:
inversions financerament sostenibles. Són un instrument creat pel Partit Popular i que vostès prorroguen any rere any. Avui el PSOE perpetua aquest model. Aquesta és la setena pròrroga d'un marc 'austeritari' del PP, el mateix que va limitar els
ajuntaments durant una dècada. I això no és respectar l'autonomia municipal. I sobretot, això impedeix planificar i cap ajuntament pot treballar amb serietat quan cada any depèn d'un pedaç, d'un decret, d'una excepció.
Per això, Esquerra Republicana hi vam treballar i vam defensar aquesta proposició de llei que vam presentar al Senat i que ara també hem registrat aquí al Congrés amb quatre objectius: flexibilitzar la regla de despesa, permetre l'ús lliure
dels superàvits -perquè aquest Reial decret, això no ho fa- transposar el nou marc fiscal europeu aprovat fa gairebé dos anys i que el Govern encara no ha aplicat, repartir de manera justa els objectius de dèficit i deute entre l'Estat, les
comunitats i els ajuntaments en proporció a la despesa que executen i derogar d'una vegada la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el ministre Montoro, que va ser la mà que va perpetrar el major atac del PP contra
l'autonomia local.
Per tant, lamentem profundament que vostès, juntament amb el PP al Senat la setmana passada, bloquegessin aquesta iniciativa. Mentrestant, els ajuntaments tenen milions congelats als bancs i mentre falten recursos per a habitatge públic o
serveis socials. Quan l'administració més propera no pot respondre, es deixa un espai immens perquè creixi la demagògia de l'extrema dreta. Això és el que estan fent vostès, fer créixer l'extrema dreta. Tenen una altra opció al Congrés. Hem
registrat aquest projecte de llei aquí. Veurem el que faran, votin-lo.
El segon bloc, el decret llei és el traspàs a la Generalitat del nomenament i gestió de secretaris interventors i tresorers municipals. Recordem que el 2012 ja teníem aquesta competència i el Govern espanyol va retirar aquestes competències
a la Generalitat i va deixar centenars d'ajuntaments sense els funcionaris. La situació, certament, ha anat empitjorant i avui és totalment insostenible. I aquest ha estat un combat persistent des del nostre grup parlamentari i també des del
govern republicà la legislatura
passada. A principis d'aquest any vam aconseguir un acord amb el PSOE en el marc de la Llei de Funció Pública. La tenen parada. Tenim una esmena que resolia per llei aquest tema. Vostès ho tenen encallat els darrers mesos. Ara, això sí,
això està bé, val més tard que mai, perquè el que importa és que Catalunya recuperi aquesta gestió, però fem-ho bé, no a mesura d'un reial decret que no té ni solta ni volta.
I en tercer lloc, el VERI*FACTU, un nou ajornament d'aquest sistema. Cal ser clars. Aquest canvi de rumb a última hora és un error greu. Saben què? Estem convençuts que l'Agència Tributària no havia fet la feina i ara es treuen un reial
decret de la màniga dient que ho fan per les empreses. Però les empreses serioses, moltes empreses, sobretot petites i mitjanes, ja havien fet l'esforç per adaptar-se a aquest sistema. Havien invertit en software, formació i reorganització
interna. Alguns fins i tot havien invertit els diners del Kit Digital en fer això.
Què els diu avui el Govern? Que tot podia esperar, que la paraula donada no té cap valor, que les normes són mòbils. Qui compensarà a les petites i mitjanes empreses que havien fet la feina? El VERI*FACTU, senyories del Govern, era només
una obligació. Vostès ho vestien com una oportunitat per facilitar la gestió tributària, per modernitzar el teixit productiu, per reduir càrregues administratives i per lluitar contra el frau fiscal. Aquest reial decret, el que fa al Govern és
generar inseguretat jurídica i transmetre improvisació. És molt fàcil avui omplir-se la boca dient que es defensa la petita empresa, però la realitat és que vostès han generat confusió i penalitzen, precisament, penalitzen precisament, el que més
esforç ha fet per complir. I ara el que cal és una regulació clara, estricta i estable i alhora un acompanyament real en la transició. No es pot governar tal com estan fent vostès a cop de volant.
Acabo, presidenta. Aquest reial decret conté mesures que podríem compartir parcialment, però també evidencia un cop més la manca d'estratègia i de visió a mitjà termini del Govern espanyol. Nosaltres, com sempre, hi som per defensar els
ajuntaments, que necessiten recursos i llibertat per decidir. Votin el projecte de llei que la setmana passada van votar en contra. El país, que ha de recuperar les seves competències plenes, trameten la Llei de Funció pública, que la tenen parada
i les petites i mitjanes empreses que necessiten estabilitat i no girs bruscos.
Hi serem, com hi som sempre, sobretot per garantir que aquestes mesures no siguin pedaços, sinó passos reals cap a un model més just i més eficient, més respectuós cap a l'autonomia del nostre territori, però cal que ho facin bé. I realment
aquest Reial decret el podem definir com el Real decret bunyol, perquè és el que és: un gran bunyol a la democràcia, un gran bunyol a fer les coses malament i a votar en contra de lleis que ho poden solucionar per després portar-ho a un real decret
que l'únic que fa és fer un pedaç.
Gràcies.
Gracias, presidenta.
Saludos, diputados y diputadas.
Hoy debatimos un real decreto, el 15/2025, que podríamos decir un decreto que es un auténtico churro, sinceramente. Un texto que el Gobierno presenta como una respuesta urgente a tres ámbitos muy distintos. Si estos tres ámbitos son muy
distintos, ¿tenemos que votar a favor o tenemos que votar en contra?, ¿qué hacemos? Porque aquí se han mezclado una serie de medidas que no tienen que ver las unas con las otras. Por un lado, la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen el
superávit de 2024 para financiar inversiones en los propios ejercicios. La semana pasada ustedes, señorías del PSOE, en el Senado votaron en contra, ¿por qué ahora tendríamos que votar a favor nosotros?
Por otro lado, contempla el traspaso de la gestión de los funcionarios habilitados nacionales a la Generalitat de Catalunya. Lo tenemos en una enmienda a la ley de función pública, ¿por qué tenemos que votar a favor hoy?, ¿por qué tenemos
que votar a favor de este real decreto hoy?
Por último, hubo un aplazamiento del sistema VERI*FACTU que tenía que modernizar la gestión tributaria de centenares de miles de empresas. ¿Por qué tenemos que votar a favor? Y las empresas que sí han hecho los deberes ¿qué les pasa a
ellas?
Podemos afrontar este decreto ley con la responsabilidad de siempre, dando apoyo a quien ayuda y denunciando lo que no nos gusta del problema. Pero el PSOE nos demuestra que le encanta ir a volantazos, así que hoy quizás nos permitiremos el
lujo también de ir dando bandazos. Voy a desgranar el tema.
Empiezo por el primer bloque. Esquerra Republicana no puede votar en contra. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos votar en contra? Si ustedes en el Senado votaron en contra. Nosotros presentamos una medida que daba un poco más de aire a los
ayuntamientos que su real decreto. Esquerra Republicana es un partido de esencia municipalista y, como tal, somos un grupo que ha defendido la autonomía local y la soberanía municipal y la autosuficiencia. Este real decreto no resuelve el problema
estructural, es un
parche temporal que solo permite utilizar el superávit de 2024 y, además, con unos requisitos tan estrictos que prácticamente hacen inviable planificar y ejecutar inversiones en 2026 o en 2027. El Gobierno mantiene exactamente el mismo
marco que el Partido Popular, las inversiones financieramente sostenibles. Son un instrumento que creó el Partido Popular y que ustedes prorrogan año tras año. Hoy el PSOE perpetúa este modelo, esta es la séptima prórroga de un marco
'austeritario' del PP, el mismo que limitó a los ayuntamientos durante una década. Esto no es respetar la autonomía municipal. Y, sobre todo, ello impide planificar y ningún ayuntamiento puede trabajar con seriedad cuando depende todos los años de
un decreto, de una excepción, de un parche.
Por ello, Esquerra Republicana trabajó en este tema y defendió una proposición de ley que presentó en el Senado -y que ahora también hemos registrado aquí en el Congreso- con cuatro objetivos: flexibilizar la norma de gasto; permitir el
uso libre de los superávits, porque este real decreto no lo hace; transponer el nuevo marco fiscal europeo aprobado hace casi dos años y que el Gobierno todavía no ha aplicado; repartir de forma justa los objetivos de déficit y deuda entre el
Estado, las comunidades y los ayuntamientos proporcionalmente según el gasto que ejecutan, y derogar de una vez por todas la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
El ministro Montoro fue la mano que perpetró el mayor ataque del PP a la autonomía local. Así que lamentamos profundamente que ustedes, junto con el PP en el Senado la semana pasada, bloquearan esta iniciativa. Mientras tanto, los
ayuntamientos tienen millones congelados en los bancos y faltan recursos para vivienda pública o servicios sociales. Cuando la Administración más cercana no puede responder, se deja un hueco enorme para que crezca la demagogia de la extrema
derecha, y esto es lo que están haciendo ustedes, hacer crecer a la extrema derecha. Tienen otra opción en el Congreso puesto que hemos registrado esta proposición de ley, veremos lo que hacen. Apóyenla.
Segundo bloque. El decreto ley es el traspaso a la Generalitat del nombramiento y gestión de secretarios, interventores y tesoreros municipales. Recordemos que en 2012 ya teníamos esta competencia y el Gobierno español retiró estas
competencias de la Generalitat y dejó centenares de ayuntamientos sin los funcionarios. La situación, es cierto, ha ido empeorando y a día de hoy es totalmente insostenible. Este ha sido un combate, una lucha persistente en nuestro grupo
parlamentario y también en el Gobierno republicano en la legislatura pasada. A principios de este año conseguimos un acuerdo con el PSOE en el marco de la ley de función pública, pero la tienen parada. Teníamos una enmienda que resolvía este tema,
pero ustedes lo tienen atascado en los últimos meses. Esto está bien, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Porque lo que importa es que Cataluña recupere esta gestión. Pero hagámoslo bien, no con un real decreto que no tiene ningún sentido.
En tercer lugar, el VERI*FACTU. Aplazamiento de nuevo del sistema. Seamos claros. Este cambio de rumbo a última hora es un error grave. ¿Saben qué? Estamos convencidos de que la Agencia Tributaria no había hecho los deberes y ahora se
sacan un real decreto de la manga diciendo que lo hacen por las empresas. Pero las empresas serias, muchas empresas, sobre todo pymes, ya habían hecho el esfuerzo por adaptarse a este sistema. Habían invertido en software, en formación y
reorganización interna. Algunos incluso habían invertido el dinero del kit digital en hacerlo.
¿Qué les dice hoy el Gobierno? Que todo podía esperar, que la palabra que se dio no tiene ningún valor y que las normas son móviles. ¿Quién va a compensar a las pymes que habían hecho los deberes? VERI*FACTU, señorías del Gobierno, ¿era
solo una obligación? Ustedes lo vestían como una oportunidad para facilitar la gestión tributaria, para modernizar el tejido productivo, para reducir cargas administrativas y luchar contra el fraude fiscal. Lo que hace el Gobierno con este real
decreto es generar inseguridad jurídica y transmitir improvisación. Es muy fácil llenarse la boca hoy diciendo que se defiende a las pequeñas empresas, pero la realidad es que ustedes han generado confusión y penalizan precisamente a los que más
esfuerzo han hecho para cumplir. Y ahora lo que hace falta es una reglamentación clara, estricta y estable, y un acompañamiento real en la transición. No se puede gobernar como lo hacen ustedes, así, a volantazos.
Termino, presidenta. Este real decreto ley contiene medidas que podríamos compartir parcialmente, pero también pone de manifiesto una vez más la falta de estrategia y de visión a medio plazo del Gobierno español. Nosotros, como siempre,
ahí estamos para defender a los ayuntamientos, que necesitan recursos y libertad para decidir. Voten a favor la proposición de ley que votaron la semana pasada en contra. El país tiene que recuperar sus competencias plenas. Pues bien, tramiten la
ley de función pública, que la tienen parada. Las pequeñas y medianas empresas necesitan estabilidad y no estos volantazos.
Estaremos, como siempre, para garantizar que estas medidas no sean parches, sino pasos reales hacia un modelo más justo y eficiente, más respetuoso con la autonomía de nuestro territorio. Pero hace falta que lo hagan bien. Y, realmente,
este real decreto ley lo podemos definir como un churro, porque es lo que es, un gran churro, teniendo en cuenta los criterios de la democracia. Se hacen las cosas mal, se vota en contra de medidas que lo pueden resolver y luego lo traen como un
real decreto que no es más que un parche.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Granollers.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora López Tagliafico.
La señora LÓPEZ TAGLIAFICO: Gracias, presidenta.
Permitidme empezar esta intervención haciendo un poco un viaje al pasado, al año 2011, cuando España y Cataluña seguían golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por un paro disparado y por unos recortes que empezaban a afectar
a la vida cotidiana de la gente. Fue precisamente en aquel verano -en aquel pleno agosto-, por la puerta de atrás, cuando el bipartidismo, el Grupo Popular y también el Grupo Socialista, acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución para
situar el pago de la deuda como la prioridad principal del Estado, por delante de los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Muchos recordamos bien todo aquello. En aquellos años se buscaba un culpable de aquella crisis económica y en
realidad se puso en el centro de la diana a las Administraciones públicas, al eslabón más débil. Entre ellos estaban los ayuntamientos, a quienes se acusó de hacer cosas que no les tocaban, de gastar demasiado. ¿Y cuál fue la solución, en aquel
caso, del Partido Popular y del Partido Socialista? Recortar servicios públicos, controlar y reducir el gasto de todas las Administraciones y convertir la austeridad en un dogma. Pero ¿quién era realmente el responsable de la crisis? ¿Los
ayuntamientos que atendían las necesidades de sus vecinos y vecinas?, ¿o quienes inflaron la burbuja y se enriquecieron con ella? Porque de aquellos barros, estos lodos, señorías.
Hoy sufrimos las consecuencias de unos servicios sanitarios saturados, un sistema educativo que requiere inversiones urgentes y un parque público de vivienda prácticamente inexistente. En realidad, a partir de aquí, vino una cadena
perfectamente diseñada de políticas que ahogaron las Administraciones locales. Primero llegó la ley de estabilidad presupuestaria. Después llegó la ley Montoro, que vino a decir a los ayuntamientos que no podían decidir por sí mismos -mientras
tanto, él sí hacía negocios para sus amigos-. También la LRSAL, que ni racionalizaba ni hacía sostenible ninguna Administración local. Después, la regla del gasto, la norma que castigaba incluso a quien gestionaba bien. Y, con ello, la mayor
contradicción de todas: si un ayuntamiento ahorraba, no podía usar ese ahorro para su gente ni para abrir un centro cívico, reforzar servicios sociales o frenar la emergencia habitacional. Eso tenía un nombre: asfixia local. Y, mientras el
Gobierno de Mariano Rajoy ponía un candado a los ayuntamientos, se abría la autopista hacia las privatizaciones. Mientras se recortaba lo público, se ampliaban oportunidades para quienes siempre encuentran la forma de hacer negocio. ¿Les suena
esta receta, señorías del Partido Popular? Porque es la que siguen aplicando a día de hoy en las comunidades donde gobiernan.
En este caso ya no necesitan una gran crisis para aplicar esta fórmula: hoy debilitan lo público descaradamente para fortalecer el negocio de sus amigos. Ese es el origen del modelo que vemos hoy en Madrid, el modelo Ayuso, el modelo
Ribera-Quirón. (Aplausos). Un modelo que esta misma semana ha vuelto a mostrar su rostro, donde los beneficios privados han vuelto a imponerse sobre la salud de la ciudadanía. Permítanme que les diga, diputados del Partido Popular, que ustedes no
asfixiaron a las Administraciones, a los ayuntamientos, por necesidad, sino que los asfixiaron por convicción, porque su proyecto no es que lo público funcione, su proyecto es blindar lo privado.
Muchos vivimos estas consecuencias en primera persona. Muchos hemos sido alcaldes, alcaldesas, regidores, concejales de nuestros ayuntamientos, y sabíamos lo que implicaba estar ante nuestros ayuntamientos, ante nuestros vecinos y vecinas,
ante nuestra ciudadanía que necesitaba respuestas a sus problemas. Y nosotros no nos preocupábamos de las competencias. Nosotros teníamos incumbencias, cosas por las que nos preocupábamos, que queríamos resolver: servicios sociales saturados;
mantener nuestras escuelas, nuestros equipamientos, con presupuestos insuficientes; tener nuestras ciudades limpias, el alumbrado, los parques; afrontar la dependencia y la emergencia habitacional sin tener margen de maniobra. Además, teníamos
que gestionar bien, y lo hacíamos, pero teníamos superávit y no podíamos gastarlo. Lo prioritario era amortizar la deuda y tener un catálogo supercerrado que no tenía nunca en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía. Un auténtico
despropósito. Ustedes, señorías del Grupo
Popular, también lo saben porque sus alcaldes también han sufrido esta incompetencia legislativa. Ellos también quieren derogar la LRSAL, solo que no pueden decirlo en alto. Muchos no nos resignamos, lo denunciamos, lo combatimos desde
abajo, con las entidades municipalistas y centenares de ayuntamientos que vivían en primera línea esta asfixia. Impulsamos recursos de inconstitucionalidad contra los aspectos más duros de la LRSAL. Registramos iniciativas para ampliar las
inversiones financieras sostenibles. Eliminamos la regla del gasto y proponíamos reformar la ley de estabilidad presupuestaria. Y no lo hemos hecho de forma puntual, lo hemos venido haciendo año tras año, año tras año. (Aplausos). En 2024
presentamos exactamente lo que hoy se aprueba. El 21 de mayo de 2025 pedíamos poder gastar el superávit para abordar la emergencia habitacional. Hoy celebramos que este real decreto lo contemple. Hemos hecho preguntas, propuestas. Hemos estado
estos seis años apretando al Partido Socialista para que cambie el rumbo de esta economía neoliberal y que lo haga por una política verdaderamente de izquierdas. Y lo que nuestro grupo parlamentario, lo que nuestros compañeros del Gobierno hacen
semana tras semana es cambiar este rumbo del Partido Socialista e intentar mejorar la agenda social de este Gobierno. (Aplausos).
Lo que se demuestra con este decreto es que, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede, y hoy lo hacemos posible. En realidad, ¿saben de qué estamos hablando? En 2025 las comunidades autónomas podrán gastar 2787 millones de
euros y las entidades locales 7075 millones. ¿Y eso en qué se traduce? Si nos vamos a Cataluña, a nivel autonómico tendremos 971 millones. ¿Y eso qué puede ser? Pues 6000 viviendas públicas nuevas, casi 100 000 personas atendidas en su hogar
durante todo un año. Más de 19 000 profesionales de sanidad y educación. Y, a nivel local, ¿de qué estamos hablando? Pues podemos estar hablando de 300 o 400 escuelas infantiles municipales, de más de 35 000 viviendas rehabilitadas o de 150 o 200
equipamientos de barrios como centros cívicos, bibliotecas o polideportivos -esos locales para los chavales de los que hablaba el gran Robe-. Por eso celebramos hoy este real decreto, porque permite utilizar estos superávits para solucionar los
problemas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, da aire a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, reconoce al fin lo que llevamos décadas reclamando y corrige también el error de la LRSAL, al devolver competencias a la Generalitat
sobre secretarios e interventores y al ayudar especialmente a los pequeños y medianos ayuntamientos que están muchas veces bloqueados jurídica y administrativamente. (Aplausos).
Seamos claros: este decreto es un alivio, pero no es la solución. Necesitamos una reforma profunda de la ley de estabilidad presupuestaria, una nueva ley de financiación local que garantice autonomía y suficiencia financiera para los
ayuntamientos y que el superávit siempre se destine a resolver los problemas de nuestras ciudades.
Acabo.
Avui crec que val la pena destacar que aquest Reial decret és fruit d'un acord polític ampli, també amb Junts. I ho volem remarcar, perquè al final la millor manera de fer política és aquesta: arribar a acords que generen avenços reals i
milloren la vida de la gent. Aquest decret demostra una cosa essencial: la política és útil quan serveix per desbloquejar i per transformar. Perquè aquest decret no només parla de destinar recursos als ajuntaments, parla de més competències.
Parla d'incrementar els recursos de les comunitats autònomes i en realitat no es pot entendre que en aquest mateix Ple estiguem donant recursos per Catalunya i estiguem evitant que arribin a Catalunya més de 330 000 milions d'euros a través de la
senda d'estabilitat i que, en realitat, estiguem perdent també centenars de mestres d'infermeres, de beques menjadors.
No és un vot contra el govern de coalició progressista. Aquest és un vot contra els interessos dels catalans i les catalanes. Per tant, el que els demano, en definitiva, és que fem servir la política com un exemple, perquè ens ho prenem
seriosament, per corregir injustícies, per recuperar competències, per reforçar l'autogovern, per garantir recursos i per donar eines als municipis i a la ciutadania. Això és el que fem des del nostre grup i és el que continuarem fent, defensant
també els interessos dels catalans i les catalanes.
Creo que hoy hay que destacar que este real decreto es fruto de un acuerdo político amplio, también con Junts. Queremos remarcarlo porque al final la mejor manera de hacer política es esta, llegar a acuerdos que generen avances reales y
mejoren la vida de la gente. Este decreto demuestra una cosa esencial: la política es útil cuando sirve para desbloquear y transformar. Este decreto no solo habla de destinar recursos a los ayuntamientos, sino que habla de más competencias, de
incrementar los recursos de las comunidades autónomas. En realidad, no se puede entender que en este mismo Pleno estemos
dando recursos a Cataluña y estemos evitando que lleguen a Cataluña más de 330 millones de euros a través de la senda de estabilidad y que, en realidad, estemos perdiendo también centenares de médicos, de becas comedor, de maestros. No es
un voto contra el Gobierno de coalición, sino contra los intereses de los catalanes y las catalanas. Les pido, en definitiva, que utilicemos la política como un ejemplo y que lo tomemos seriamente para corregir injusticias, para recuperar
competencias, para reforzar el autogobierno, para garantizar recursos y para dar herramientas a los municipios y a la ciudadanía. Eso es lo que nuestro grupo hace y seguirá haciendo, defendiendo también los intereses de los catalanes y las
catalanas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora López.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Gracia.
El señor GONZÁLEZ GRACIA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, buenos días.
Todos estamos de acuerdo, salvo VOX, todos presentamos propuestas no de ley a esta Cámara, salvo VOX, todos damos grandes titulares diciendo que los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y que ha ido adquiriendo cada
vez más competencias, pero, sin embargo, no se ha financiado lo suficiente. Todos los grupos políticos, salvo VOX, siempre hemos estado más o menos de acuerdo en la insuficiencia financiera de los ayuntamientos. Todos estábamos de acuerdo, pero
nadie hacía nada, hasta que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo voy a decir alto y claro: El Gobierno de Pedro Sánchez es el que mejor ha financiado a los ayuntamientos españoles en toda la historia de la democracia. (Aplausos). Esto no lo
digo yo, esto no me lo invento yo, esto lo dicen los números. ¿Y qué dicen los números? Los números dicen que, durante los Gobiernos de Pedro Sánchez, la financiación a los ayuntamientos con respecto a los Gobiernos del Partido Popular de Mariano
Rajoy ha aumentado un 32 %. ¿Y esto qué significa? Significa que, si comparamos los siete años de Mariano Rajoy con los siete años de Pedro Sánchez, el resultado es que, con los Gobiernos socialistas, han llegado 40 000 millones de euros más a los
ayuntamientos de este país. (Aplausos).
Por tanto, señorías, ¿es el Gobierno de Pedro Sánchez el que encabeza el crecimiento económico en Europa? Sí. ¿Con el Gobierno de Pedro Sánchez el número de trabajadores ocupados es el mayor de toda la serie histórica? Sí. ¿Es este el
Gobierno que más ha incrementado las pensiones? Sí. ¿Es este el Gobierno que más ha incrementado el salario mínimo interprofesional? Sí. ¿Es este el Gobierno, el de Pedro Sánchez, el que más recursos ha destinado a becas para nuestros jóvenes?
Sí. ¿Es este el Gobierno que más ha apostado por las energías renovables, propiciando la transición energética? Sí.
A todos estos logros, señorías, hay que añadir que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez es el que mejor ha financiado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Este real decreto es un nuevo ejemplo de ello porque va a permitir
que los superávits de los ayuntamientos en el año 2024 puedan ir destinados a inversiones financieramente sostenibles durante los próximos tres años. Una buena parte de los 7000 millones de euros que tuvieron los ayuntamientos en el año 2024
-hablaba el señor ministro de ellos- podrán ir destinados a la inversión. Esto lo pedía la Federación Española de Municipios y Provincias, incluso el Partido Popular lo trajo hace unas semanas a esta Cámara. Por tanto, señores del Partido Popular,
por coherencia, deberían votar sí, por coherencia y por respeto a los más de ocho mil ayuntamientos de este país. Además, a través de este decreto, las comunidades autónomas que tuvieran superávit en el año 2024 también podrán dedicarlo a
inversiones. Estamos hablando de 2700 millones de euros. Por tanto, ¿va a decir el Partido Popular lo mismo que VOX? Es decir, ¿van a decir ustedes no a casi 10 000 millones de inversión para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos?
Eso es lo que ustedes hoy tienen que decidir.
¿Y qué son inversiones sostenibles? Por ejemplo, la vivienda. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista pide que intente emplearse el máximo posible esta herramienta que el Gobierno va a facilitar a ayuntamientos y comunidades autónomas
en vivienda. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencia en suelo y vivienda y los españoles están diciendo que el mayor problema que tiene este país es la falta de vivienda. Este real decreto ley se puede aprovechar para que
se invierta en facilitar el acceso a la vivienda a los que no la tienen. (Aplausos). Señorías, la falta de vivienda está poniendo en riesgo la propia legitimidad de la democracia. Por eso, es fundamental que todas las Administraciones pongan todo
su esfuerzo en facilitar el acceso a la vivienda.
El año 2026 va a ser histórico en cuanto a financiación del Gobierno, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Concretamente los ayuntamientos, además de la posibilidad de utilizar los superávits, en
el año 2026 van a tener 30 216 millones de euros del sistema de financiación, lo que supone un récord en cuanto a la financiación municipal. Las comunidades autónomas recibirán más de 170 000 millones de euros de financiación para el año
2026 del Gobierno. Nunca antes se había recibido tanto dinero, y esto lo tienen que saber todos los españoles, porque ese dinero lo tienen que administrar las comunidades autónomas, que pueden administrarlo bien, señorías, como lo hace, por
ejemplo, Salvador Illa en Cataluña fomentando el acceso a la vivienda (aplausos), o se puede emplear mal, como hace la señora Ayuso en Madrid, privatizando la sanidad para que luego se convierta en largas listas de espera para la clase trabajadora.
Lo que nunca se puede hacer, porque eso es de ser mal dirigente, es aprovecharse de que llegan más recursos del Gobierno central para quitar el impuesto de patrimonio a las 1700 personas más ricas de Extremadura, como hace la señora Guardiola.
(Aplausos).
Por cierto, el 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura y los extremeños tienen que decidir si esa financiación récord que va a llegar del Gobierno central de Pedro Sánchez la gestiona un Gobierno progresista, un partido con vocación de
gobierno como es el PSOE de Extremadura, o la gestiona la ultraderecha. Ese es el dilema. La señora Guardiola puede estar teledirigida por VOX. La señora Guardiola se ha equivocado al convocar elecciones y en estos momentos no le salen los
números; en estos momentos está acorralada por VOX. Por tanto, la ultraderecha puede pedir un precio muy elevado al Partido Popular y sumir en la inestabilidad política y económica a Extremadura. Es necesario que los extremeños se den cuenta y
confíen en la estabilidad que siempre dieron los Gobiernos del Partido Socialista con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con Guillermo Fernández Vara.
Termino. Hace unas semanas muchos grupos mostraban su preocupación en esta Cámara por los autónomos. Hoy tienen ustedes la oportunidad de favorecer a los autónomos. Son ellos, sus organizaciones, los que están pidiendo la prórroga que se
recoge en este decreto. Por eso, pido a los grupos políticos que estén a la altura de los autónomos. El Grupo Socialista sí lo estará.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Román Jasanada.
El señor ROMÁN JASANADA: Señor portavoz del Grupo Socialista, el día 21 de diciembre los extremeños elegirán entre la presidenta Guardiola o el imputado Gallardo, apoyado por el hermano colocado del señor Sánchez, al que colocaban para no
ir a trabajar a la Diputación de Badajoz. (Aplausos).
Señora presidenta, señorías, señor ministro, este real decreto que traen aquí hoy lo han definido desde VOX hasta Esquerra Republicana, la mayoría de los grupos políticos. Es un ejemplo del trilerismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un
real decreto que no nace para solucionar los problemas de los ciudadanos, nace para construir un artificio legislativo para satisfacer -también lo han dicho- las exigencias del independentismo. Ha dicho el portavoz de Junts que llevar al límite al
Partido Socialista da sus frutos, y esto es un ejemplo, un triste ejemplo de que el Partido Socialista gobierna en contra de los españoles y para satisfacer las demandas de los que quieren romper España. (Aplausos). Por tanto, es un real decreto
que solo responde a las necesidades de supervivencia del señor Pedro Sánchez.
Es un decreto que, como es un ejemplo de trilerismo, mezcla cubiletes del Gobierno para buscar la bolita. Mezcla ese churro del que hablaba la portavoz de Esquerra Republicana, el aplazamiento del VERI*FACTU y permitir inversiones
financieramente sostenibles solo del superávit del año 2024. Por cierto, no modifican en nada la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ni la Ley de Haciendas Locales. Es decir, lo que podían haber hecho hace once meses lo
traen ahora en un real decreto a final del año. Mezcla también la cesión a Cataluña de competencias sobre los habilitados nacionales. ¡Ah!, sí, se les ha olvidado otra cosa: si leen el título del real decreto, no se habla nada de la transferencia
de los habilitados nacionales, solo habla de VERI*FACTU y de inversiones financieramente sostenibles. ¿Acaso tienen algo que ocultar? ¿O tienen temor o vergüenza por la transferencia de competencias a Cataluña en materia de habilitados nacionales?
(Aplausos). Estas tres materias no deberían ir nunca juntas, y usted lo sabe. Lo digo con claridad: si hubieran venido separados tres decretos leyes o tres normas legislativas, nuestro voto sería diferente en cada uno de ellos, pero ustedes
buscan forzar a este Parlamento a escoger un cubilete siempre vacío para poder simular la verdadera finalidad de este decreto. No es técnica legislativa, señorías, es intentar un chantaje. Puro trilerismo.
Señorías, el Gobierno invoca la urgencia, pero no hay urgencia, solo hay retraso y mala gestión. VERI*FACTU ya fue aplazado el pasado mes de abril y en ningún caso utilizaron un real decreto ley. Utilizaron un real decreto, como también
podrían haber utilizado una orden de la Agencia Tributaria para
aplazar esta norma, este reglamento, que entraba en vigor el 1 de julio del año 2025, lo aplazaron para el 1 de enero del año 2026 y ahora lo aplazan un año más, y lo hacen -insisto- solo para blanquear el traspaso de habilitados nacionales
presumiblemente inconstitucional.
Por otra parte, las inversiones financieramente sostenibles podrían haberse regulado a lo largo de todo el año, incluso en el mes de julio, cuando vino a este Congreso para convalidar el decreto de financiación territorial en lo que hacía
referencia a las entregas a cuenta. Eso sí sería un real decreto ley que hablaría de temas económicos que afectaba a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Pero no, no quisieron.
Por último, como digo, justifican la urgencia del traspaso de competencias sobre habilitados nacionales. ¿A qué urgencia responde? Únicamente responde a que la señora Nogueras o el señor Puigdemont han sacado los pies del tiesto y han
puesto encima de la mesa que o cumplen todos los compromisos que Puigdemont ha tenido con el señor Sánchez o no van a tener más apoyo de Junts. Esa es la única urgencia por la que están ustedes hoy aquí. (Aplausos). No hay urgencia, sí una causa
sobrevenida, y es que el socio parlamentario inestable les ha retirado el apoyo. Lo que hay sobre todo es inacción de un Gobierno, que tiene tareas sin resolver, prisas motivadas por sus compromisos y que solo trae lo de Junts. Esto no lo digo yo,
lo ha dicho el portavoz de Junts. Les ha dicho a la cara que este real decreto solo trae las cosas que tiene Junts. Para eso, que lo traiga una proposición de ley de Junts y se la apoyan ustedes directamente.
Permítanme que analice someramente las tres materias de este decreto ley. VERI*FACTU. Quiero detenerme aquí porque es importante para muchos españoles. El Partido Popular ha defendido y defenderá siempre a los 3,4 millones de autónomos.
Mientras el Partido Popular los defiende, el Gobierno de Pedro Sánchez los asfixia con más burocracia, les ahoga fiscalmente y les trata como sospechosos permanentes. Hace unas semanas tuvieron que rectificar su intención de subir las cotizaciones
a todos los autónomos españoles. Ahora vuelven a aplazar VERI*FACTU, tras el aplazamiento al que hacía mención anteriormente, lo que demuestra que, como en aquel momento lo hicieron por real decreto, ahora mismo hubiera bastado también un real
decreto, no un real decreto ley. La única diferencia -insisto, y no me cansaré de insistir en ello- que hace que lo traigan de este modo aquí, en este real decreto ley, es la necesidad de contentar a Junts, de seguir mendigando arrodillados siete
votos independentistas. Lo hacen, además, quiero recordarlo -hablaba del portavoz socialista de coherencia-, después de que en la Comisión de Economía del pasado mes de octubre una proposición no de ley del Grupo Popular para flexibilizar el
calendario y la implantación digital de este VERI*FACTU tuvo los votos contrarios del Grupo Socialista, también de VOX, pero fundamentalmente del Grupo Socialista. Mientras tanto, miles de autónomos han invertido en formación, en software, en
adaptar su sistema. ¿Quién compensa a los autónomos? ¿Quién responde de la inseguridad jurídica? ¿Quién les paga esta improvisación que sin duda les perjudica? Desde luego, no es este Gobierno el que les compensa, ya que ni siquiera ha sido
capaz de adaptar sus propios sistemas para la plena implementación de ese sistema.
Inversiones financieramente sostenibles. Son un mecanismo excepcional que permite a los ayuntamientos destinar superávits e inversiones. Como decía al principio, esto viene regulado en la Ley de Haciendas Locales y en la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no modifican en absoluto. En el mes de junio -voy terminando- pregunté al secretario de Estado de Política Territorial cuándo iban a permitir las IFS y la respuesta fue que cuando se aprobaran los
presupuestos generales de Estado o norma con rango de ley que lo permitiera. No había ningún tipo de urgencia en el mes de junio. En la Comisión de Política Territorial también se aprobó en el mes de octubre una PNL del Grupo Popular que pedía
impulsar las inversiones financieramente sostenibles y flexibilizarlas, y el Grupo Socialista también votó en contra. Esto muestra de su incoherencia. El problema -eso han dicho- es que llegan tarde, otra vez, e introducen un mensaje que no es
cierto. No es posible ejecutar proyectos de vivienda pública dentro del plazo exigido en las inversiones financieramente sostenibles. Ustedes lo anuncian, pero saben que no se pueden hacer sin flexibilizar el marco, sin permitir proyectos
plurianuales o sin autorizar proyectos de inversión productiva o de interés general. Pierden la oportunidad -concluyo, de verdad- de aprobar las IFS no solo del superávit de 2024, sino de años futuros, y de aprobar unas IFS verdaderamente
productivas.
Si hablamos de habilitados nacionales -lo han dicho-, rompen el modelo nacional...
La señora PRESIDENTA: Por favor, tiene que terminar.
El señor ROMÁN JASANADA: ... fragmentan el cuerpo y ponen en riesgo la independencia del funcionariado.
El Partido Popular, que recurrió al Constitucional las transferencias al País Vasco, no puede apoyar este real decreto. Este real decreto -concluyo- no puede ser convalidado porque mezcla materias inconexas con una finalidad política
evidente, porque no cumple el requisito constitucional de urgencia, porque daña la seguridad jurídica de los autónomos, porque llega tarde y sin diálogo en el ámbito municipal y porque romper el modelo nacional de habilitados, pero quiero dejar
constancia de nuestra posición.
La señora PRESIDENTA: Señor Román, tiene que ir terminando ya.
El señor ROMÁN JASANADA: Concluyo ya.
Flexibilización razonable del calendario VERI*FACTU, que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros para vivienda pública e inversiones productivas, pero no estamos de acuerdo con la transferencia de competencias exclusivas del Estado ni con
el modelo único de funcionarios de entidades locales con habilitación nacional, y utilizaremos todas las vías para frenar cualquier medida contraria a la Constitución o que rompa la igualdad de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Román.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA). (Número de expediente 121/000012).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado al Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.
Como pudimos comprobar en esta misma sesión con la tramitación de una toma en consideración de una proposición de ley, punto II del orden del día, los independentistas utilizan la lengua no para unir, no para mejorar la comunicación, todo lo
contrario; lo hacen para dividir, para levantar muros, porque al final lo que están haciendo es priorizar su construcción nacional. Allí donde gobiernan o han gobernado tampoco han garantizado los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes,
por ejemplo. Vienen a exigir lo que ellos nunca han cumplido.
Los españoles, señorías, no pueden sentirse extranjeros en su propio país, y en Navarra sabemos de lo que estamos hablando. Navarra no es una comunidad bilingüe, como pueden ser otras comunidades autónomas de nuestro país. En Navarra una
ley establece que el español es la lengua oficial en toda la comunidad y que el euskera lo es en una parte de esta, por mucho que el nacionalismo se empeñe en todo lo contrario. En Unión del Pueblo Navarro defendemos el respeto, el reconocimiento y
el uso de las lenguas de nuestro país, su diversidad lingüística, pero también plantamos cara a la imposición, al sectarismo, a la falta en ocasiones de igualdad de oportunidades y a la discriminación que suele establecer el secesionismo allá donde
gobierna, sobre todo porque tiene la obsesión enfermiza de despreciar todo aquello que represente a España.
Señorías, una cosa es que las Administraciones públicas atiendan a sus ciudadanos en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en su propia comunidad, siempre que sea una comunidad bilingüe al cien por cien, y otra muy diferente es
la imposición o intromisión que supone obligar a empresas de toda la geografía española a atender en cualquier parte de España en una lengua oficial en una comunidad autónoma diferente. Este es un planteamiento que nosotros rechazamos y, por eso,
no pudimos votar a favor de la ley.
Es una ley que, por cierto, contempla otra serie de cuestiones con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, como garantizar una atención y un servicio que en este momento no se está prestando. Hay ciudadanos que vienen comprobando
cómo empresas o holding de empresas se
aprovechan de ellos, y a partir de hoy la situación puede ir cambiando. Es llamativo exigir a las empresas privadas lo que la Administración pública es incapaz de ofrecer a los ciudadanos. Es llamativo comprobar que los ciudadanos tengan
verdaderas dificultades cuando realizan gestiones en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en la Administración central del Gobierno de España. Podríamos comprobar qué ocurre cuando se tienen que realizar gestiones en la Seguridad Social o con
la situación que se está viviendo con las listas de espera en sanidad o en dependencia -hay personas que se están muriendo sin que lleguen las ayudas que les prometieron-. Por lo tanto, en esa línea, señorías, la Administración tiene mucho que
decir.
Por otro lado, es evidente que el Gobierno ha vetado una serie de enmiendas, con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y así lo manifestamos con nuestro voto en el Senado a través de la senadora de Unión del Pueblo Navarro. ¿Por
qué? Porque nosotros sabemos y reconocemos la complicada situación que están viviendo las familias en nuestro país a la hora de acceder a los productos de primera necesidad, a los productos básicos, a la carne, al pescado. Nosotros, Unión del
Pueblo Navarro, junto a otras formaciones políticas, propusimos en su día en el Senado una rebaja del IVA en la electricidad y el gas, y el propio Gobierno entonces -el Partido Socialista y sus socios- nos dijo que se estaban poniendo en riesgo con
los servicios públicos. A la semana siguiente fue el propio Gobierno quien redujo el IVA del gas y de la electricidad.
Señorías, es lamentable comprobar cómo este Gobierno está posibilitando que haya dos Españas, una con familias, algunas con holgura y otras sin ella, que tienen mucha dificultad para llegar a final de mes y otra con familias a las que les es
imposible llegar a final de mes. Los productos de primera necesidad tienen unos precios que no pueden abordarse por algunas familias. Por eso nosotros hemos propuesto también la deflactación de las tablas del IRPF para que los trabajadores no vean
menguados sus salarios y, sobre todo, puedan tener y mantener el poder adquisitivo para hacer frente a la inflación.
Señorías, si algo ha caracterizado a este Gobierno ha sido que ha castigado como no lo había hecho ninguno otro a la clase media española, a los trabajadores y a los autónomos de nuestro país. Es triste pero real.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Non falla, ante calquera mínimo avance social conseguido neste Congreso -infelizmente sempre insuficientes-, aí está o Partido Popular actuando para recortar dereitos ás clases populares, actuando sempre como o brazo executor dos intereses
das grandes empresas e dos poderosos.
Hoxe temos outro exemplo coas emendas á Lei de Clientela que introduciu no Senado. Como xa expuxemos cando foi aprobada no Congreso esta lei, o BNG esperaba poder chegar a un texto máis ambicioso e garantista no que corresponde ao dereito
das persoas consumidoras e usuarias, das condicións dos traballadores e na esixencia de atención mínima presencial. Porén, o texto final, a pesar de que non conseguimos todo, porén, incorporou unha serie de avances indubidábeis que levaron a que
désemos o noso apoio á lei e destacabamos naquel momento a incorporación dunha serie de emendas que aseguran o dereito das persoas consumidoras a recibir atención na lingua oficial que elixan, a presentaren as queixas, consultas ou reclamacións
tamén na lingua propia e a recibiren a contestación na mesma lingua en que foi presentada a reclamación.
Agora o PP no Senado devolve un texto en que se incorpora unha serie de emendas que directamente desprotexen os consumidores e consumidoras para seguir mantendo os privilexios e vantaxes das empresas. Así, en primeiro lugar, nunha
incomprensíbel teima terminolóxica, empéñanse en eliminar todas as denominacións de xénero neutro para recuperar o masculino xenérico. A seguir pretenden incorporar a administración da norma como se as persoas administradas fosen tamén clientes das
administracións públicas. Se callar dada a obsesión privatizadora dos servizos públicos, o subconsciente xogou unha mala pasada ao PP neste caso, porque con efecto podemos partillar a necesidade de que se impoñan obrigas tamén aos poderes públicos
na súa relación coa cidadanía, mais non a súa equiparación ao sector privado. As empresas e entes públicos que actúan no mercado xa están incorporadas, o resto non pode nin debe ser equiparábel.
Ademais, modifica gran parte dos deberes impostos ás compañías, fornecedora de servizos para convertelos en accións voluntarias para as empresas, ampliando prazos tempo de resposta, etcétera, en
definitiva, desprotexendo os consumidores e consumidoras e beneficiando as empresas. E para terminar modifica os artigos referidos aos dereitos lingüísticos para reducir ou limitar os dereitos das persoas falantes de linguas distintas do
español. Así, para o PP só se ten o dereito a pedir a atención en galego na Galiza se o domicilio social da empresa estiver no noso país ou a presentar consultas ou incidencias en galego cando a relación de atención ao cliente se produza dentro do
territorio da Comunidade Autónoma. Por tanto, na hipótese de domicilio social fóra, no caso de Galicia, reparen, isto é a inmensa maioría das grandes empresas fornecedoras de servizos, entón nesa hipótese os dereitos lingüísticos das persoas
galegofalantes fican en suspenso. Demostran máis unha vez a súa xestión contra a nosa lingua e o pouco que lles interesan os dereitos da cidadanía.
Evidentemente, o voto do BNG non vai ser contrario ás emendas propostas. Defendemos o mantemento de dereitos e garantías sen recortes e rebaixas, e sobre todo, defendemos que os galegos e galegas deben poder dirixirse ás empresas que lles
prestan servizos en galego se esa for a súa vontade con normalidade e a recibir, en todo caso, a contestación na mesma lingua.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
No falla. Ante cualquier mínimo avance social conseguido en este Congreso, por desgracia siempre insuficiente, ahí está el PP actuando para recortar derechos a las clases populares y actuando siempre como el brazo ejecutor de los intereses
de las grandes empresas y de los poderosos. Hoy tenemos otro ejemplo con las enmiendas a la ley del cliente que introdujo en el Senado. Como ya expusimos cuando se aprobó esta ley de la clientela en el Congreso, el BNG esperaba poder llegar a un
texto más ambicioso y garantista en lo que se refiere a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a las condiciones de los trabajadores y a la exigencia de una atención mínima presencial. Sin embargo, aunque no se consiguió todo, sí que
se incorporaron una serie de avances indudables que llevaron a que apoyásemos el texto.
En aquel momento destacamos la incorporación de una serie de enmiendas que aseguraban el derecho de las personas consumidoras a recibir atención en la lengua oficial que eligiesen, a presentar quejas, consultas o reclamaciones también en su
propia lengua y a recibir la contestación en la misma lengua en la que se presentó la reclamación. Ahora el PP, en el Senado, devuelve un texto en el que se incorporan una serie de enmiendas que directamente desprotegen a los consumidores y para
seguir manteniendo los privilegios y ventajas de las empresas.
En primer lugar, hay una incomprensible obsesión terminológica. Se empeñan en eliminar todas las denominaciones de género neutro para recuperar el masculino. También pretenden incorporar la Administración a la norma, como si las personas
administradas fuesen clientes también de las Administraciones públicas. Quizás debido a la obsesión por privatizar los servicios públicos, en este caso el subconsciente jugó una mala pasada al PP. Efectivamente, podemos compartir la necesidad de
que se impongan obligaciones también a los poderes públicos en su relación con la ciudadanía, pero no su equiparación al sector privado. Las empresas y las entidades públicas que actúan en el mercado ya están incorporadas, el resto no debe ser
equiparable. Además, se modifica gran parte de los deberes impuestos a las compañías proveedoras de servicios para convertirlos en acciones voluntarias para las empresas, ampliando plazos, tiempos de respuesta.
En definitiva, desprotege a los consumidores y se beneficia a las empresas. Y, para terminar, modifica los artículos referidos a los derechos lingüísticos para reducir o limitar los derechos de las personas hablantes de lenguas distintas al
español. Así, para el PP, solo se tiene derecho a pedir atención en gallego en Galicia o si el domicilio social de la empresa está en Galicia, o presentar consultas cuando la relación de atención al cliente se produzca dentro del territorio de la
comunidad autónoma. Por tanto, en caso de que se tenga el domicilio social fuera -y en el caso de Galicia hablamos de que la mayoría de las grandes empresas suministradoras de servicios no están en Galicia- quedarían los derechos lingüísticos de
las personas en suspenso. Esto demuestra la obsesión en contra de nuestra lengua y lo poco que les interesan los derechos de la ciudadanía.
Evidentemente, el voto del BNG va a ser no a las enmiendas propuestas. Defendemos que se mantengan los derechos y garantías sin recortes, que los gallegos puedan dirigirse a las empresas en gallego y recibir una respuesta también en la
misma lengua.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grazas, señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Egun on, eguerdi on, guztioi!
Beno, buelta ugari eman ondoren, gaur dugu bezeroentzako arreta zerbitzuak arautzen dituen legea onartuko den eguna. Edo hori espero dugu behintzat. Ez da lehenengo aldia, ezta gutxiagorik ere, tribuna honetatik lege honen onurez eta baita
hutsuneez ere hitz egiten dugula. Beraz, ez naiz luzatuko.
Lege honek beste edozein legek moduan, ez ditu bezero gisa jasaten ditugun oker guztiak zuzenduko, noski. Hala ere, behin baino gehiagotan esan dugun moduan, urrats garrantzitsua da, izan ere, bezeroa eta haren eskubideak jartzen baititu
erdigunean. Enpresa handiek bezeroekiko izan behar duten arretari dagokionez, bezero zaurgarrienengan arreta berezia jarriz.
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, buenas tardes a todas y a todos.
Después de muchas idas y venidas, hoy es el día en el que se aprobará la ley que regula los servicios de atención a la clientela, o al menos eso esperamos. No es la primera vez, ni mucho menos, que desde esta tribuna hablamos de las
bondades de esta ley y también de las lagunas, por lo que no me extenderé.
Esta ley, al igual que cualquier otra, no corrige todos los males que sufrimos como clientes, por supuesto. Sin embargo, como hemos dicho en más de una ocasión, es un paso importante, ya que pone a la clientela y sus derechos en el centro
de la atención a los clientes que deben ofrecer las grandes empresas, con especial atención a los más vulnerables.
De hecho, las múltiples carencias de los servicios de atención a la clientela de las grandes empresas que prestan servicios básicos a la ciudadanía son una percepción generalizada. Y hablamos, como decía, de servicios básicos esenciales,
esos que queramos o no necesitamos utilizar y utilizamos a diario, sean telecomunicaciones, el suministro de agua o energía, los servicios financieros o el transporte, por ejemplo. De ahí, la necesidad de dotar a la ciudadanía de instrumentos
eficaces ante la indefensión, la inseguridad y la vulnerabilidad que sufrimos ante la falta de garantías de nuestros derechos como clientes. Y eso es precisamente lo que se ha pretendido hacer mediante esta ley: regular unas garantías mínimas en
cuanto a la atención, tanto en la calidad del servicio como en las reclamaciones.
El señor Rego ya ha desgranado las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Estamos totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho, por tanto, nosotros también votaremos no a sus enmiendas. Ya antes hemos venido desgranando algunos de los
beneficios de esta ley y no vamos a repetirlos, pero queremos volver a resaltar algo que para Euskal Herria Bildu tiene especial relevancia, y es el hecho de que gracias a nuestras aportaciones y a los acuerdos conseguidos en torno a ellas se ha
regulado cómo se hará efectivo el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades autónomas con una lengua oficial diferente al castellano, aunque al señor Catalán no le guste.
En adelante, gracias a esta nueva ley, en nuestro pueblo se podrán presentar todo tipo de reclamaciones en euskera, sea por vía telefónica, escrita o electrónica, y esas reclamaciones deberán ser también respondidas en euskera. Se
garantiza, además, que las empresas situadas en Hego Euskal Herria ofrecerán atención personalizada en euskera.
Eta lorpen hori oso garrantzitsua da guretzat. Oso urrats garrantzitsua da merkataritzan herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzeari dagokionez, eta baita Espainiako Estatuaren errealitate nazioanitza eta eleaniztuna aitortzeari
dagokionez. Are gehiago euskara ofentsiba judiziala jasaten ari den une honetan. Izan ere, Auzitegi Gorenak hogeita hamar epai baino gehiago eman ditu hizkuntza politikan ditugun eskumenak ahultzen ari direnak. Epai horiek hainbat lan-eskaintza
publiko baliogabetzetik hasi eta gure erakundeetan gehiengo zabalak onartutako legeak atzera botatzeraino doaz.
Horregatik, talde parlamentarioen borondatea eskertu nahi dugu, gure hizkuntza eskubideak aitortzen dituzten akordio horiek lortzea ahalbidetu dutelako. Eta, era berean, esan behar dugu adi egongo garela araudi berria betetzeko enpresetan
nahitaez egin behar duten egokitzapenari eta zerbitzuaren kalitatea ebaluatuko duten urteko auditoriei. Gure ustez, eta lege hau ezerezean gera ez dadin, administrazio eskudunek ere estuki jarraitu beharko lituzketen egokitzapen eta auditoriak.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Este logro es muy importante para nosotras. Se trata de un paso muy importante en cuanto al respeto de los derechos lingüísticos de todos y todas las ciudadanas en el comercio y también en cuanto al reconocimiento de la realidad
plurinacional y plurilingüe del Estado español, máxime en un momento en el que el euskera está sufriendo una ofensiva judicial. Y es que el Tribunal Supremo ha dictado más de
treinta sentencias que están debilitando nuestras competencias en política lingüística, sentencias que van desde la anulación de varias OPE hasta el rechazo de leyes aprobadas por una amplia mayoría en nuestras instituciones.
Por ello, queremos agradecer la voluntad de los grupos parlamentarios que han permitido alcanzar estos acuerdos que reconocen nuestros derechos lingüísticos. Y también debemos decir que, en cumplimiento de la nueva normativa, estaremos
atentos a la necesaria adaptación de las empresas y a las auditorías anuales que evalúen la calidad del servicio; adaptaciones y auditorías que, a nuestro juicio, deberían ser seguidas estrechamente por las Administraciones competentes para que
esta ley no quede en nada.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Eskerrik asko, señora Fullaondo.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.
Gairebé dos anys després de començar el seu tràmit, arribem al final del camí d'aquesta llei. Una llei que representa un salt qualitatiu en la defensa dels drets dels consumidors i en la qual Junts per Catalunya hi hem deixat una empremta
important.Primer, la protecció competencial de Catalunya eliminant l'efecte recentralitzador que contenia la majoria dels seus articles en el seu redactat inicial i, segon, la protecció lingüística dels catalans, eliminant la imposició del castellà
i introduint aquelles modificacions treballades amb Plataforma per la Llengua que donen cobertura als drets lingüístics dels catalans. En resum, primer s'aplicarà l'Estatut de Catalunya i després aquesta llei. I per molt que s'escandalitzen
alguns, el dret d'utilitzar el català ve donat pel lloc on està ubicat el client i no pas per la bona voluntat de les empreses o bé la ubicació d'aquestes empreses en els diferents territoris. Com deia, una empremta important en benefici de
Catalunya i la seva gent.
I tornant a la tramitació de la llei, aquesta ha requerit d'un esforç enorme per poder arribar aquí, de molt de temps. El camí ha estat llarg, però el resultat, com deia, ha valgut la pena. De fet, crec que aquesta llei il·lustra molt bé
com hauria hagut de ser aquesta legislatura. El Govern que l'impulsa sabia, sap que, amb els seus socis habituals, no té suficient majoria per aprovar lleis. El Govern obre negociacions amb Junts per Catalunya per arribar a un acord que eviti
l'esmena a la totalitat i, per tant, el fracàs de la iniciativa del propi Govern. Malgrat les enormes dificultats, les negociacions avancen i, finalment, s'arriba a un acord rellevant signat per les parts. Però la feina continua. Aquest no és el
final del tràmit. Aquí no n'hi ha prou només amb el titular de l'acord. Cal rematar la feina amb la part més important. Els acords s'han d'impulsar. Els acords s'han de defensar davant de tercers quan es pretenen alterar i els acords s'han de
materialitzar. I això amb aquesta llei ha passat: negociar, arribar a acords i complir els acords. Aquesta, de fet, és l'essència de la democràcia, i més quan no hi ha majories consolidades en un hemicicle.
I com deia, això en aquesta llei ha passat, fet que evidencia encara més l'error del Govern quan les coses no es fan d'aquesta manera i s'incompleixen sistemàticament els acords. Per això, quan vam anunciar que la legislatura quedava
bloquejada per culpa dels incompliments del Govern per part del PSOE i SUMAR, també vam dir que aquesta llei sobreviuria a aquest bloqueig de la legislatura. I com que nosaltres som gent de complir els acords, avui aquesta llei serà una realitat.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Casi dos años después de comenzar su trámite, llegamos al fin del camino de esta ley, una ley que representa un salto cualitativo en la defensa de los derechos de los consumidores, y en la que Junts per Catalunya ha dejado una huella
importante. Primero, la protección competencial de Cataluña, eliminando el efecto recentralizador que contenían la mayoría de sus artículos en su redactado inicial. Y, segundo, la protección lingüística de los catalanes, eliminando la imposición
del castellano e introduciendo las modificaciones trabajadas con Plataforma per la Llengua, que dan cobertura a los derechos lingüísticos de los catalanes. En resumen, primero se aplicará el Estatut de Catalunya y luego esta ley. Y por mucho que
se escandalicen algunos, el derecho de utilizar el catalán viene dado por el lugar donde está ubicado el cliente y no por la buena voluntad de las empresas o por la ubicación de dichas empresas en los distintos territorios. Como decía, es una
huella importante en beneficio de Cataluña y su gente.
Volviendo a la tramitación de la ley, esta ha requerido un esfuerzo enorme para llegar hasta donde estamos hoy y mucho tiempo. El camino ha sido largo, pero el resultado, como decía, ha merecido la
pena. De hecho, creo que esta ley ilustra a las mil maravillas cómo tendría que haber sido esta legislatura. El Gobierno que la impulsa sabía que con sus socios habituales no tiene una mayoría suficiente para aprobar leyes y abre
negociaciones con Junts per Catalunya para llegar a un acuerdo que evite la enmienda a la totalidad y, por tanto, el fracaso de la iniciativa del propio Gobierno. A pesar de las enormes dificultades, las negociaciones avanzan y, finalmente, se
llega a un acuerdo relevante firmado por las partes. Pero el trabajo sigue, este no es el fin del trámite. No basta con el titular del acuerdo, hay que remachar el trabajo con la parte más importante. Los acuerdos hay que impulsarlos, hay que
defenderlos ante terceros cuando se quieren adulterar y también hay que materializarlos. Y eso, con esta ley, ha ocurrido: negociar, llegar a acuerdos y cumplirlos. De hecho, esta es la esencia de la democracia, y más cuando no hay mayorías
consolidadas en un hemiciclo.
Como decía, con esta ley ha ocurrido, y es un hecho que pone más de manifiesto todavía el error del Gobierno cuando las cosas no se hacen de este modo y se incumplen sistemáticamente los acuerdos. Por ello, cuando anunciamos que la
legislatura quedaba bloqueada por culpa de los incumplimientos del Gobierno -incumplimientos del PSOE y SUMAR-, también dijimos que esta ley iba a sobrevivir a este bloqueo de la legislatura. Y como nosotros somos gente que cumple los acuerdos, hoy
esta ley será una realidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bé. Bona tarda ja. Gràcies, presidenta.
Senyories.
La Llei del Servei d'Atenció a Clientela torna avui a aquesta cambra després del seu pas pel Senat i torna, malauradament, com tornen sovint les lleis que passen pel filtre de la majoria absoluta del Partit Popular a la cambra alta:
retallades en drets, rebaixada en ambició i amb una ambició uniformitzadora que ignora la realitat plurinacional i plurilingüística de l'Estat. És una realitat, els agradi o no els agradi.
Avui el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana anuncia que votarem en contra de les esmenes introduïdes pel Partit Popular al Senat. I ho farem per responsabilitat, per coherència i, sobretot, per respecte a la ciutadania, a tota la
ciutadania. El pas pel Senat ha estat un intent descarat de descafeïnar una llei que és vital per posar fi als abusos quotidians. El PP ha intentat convertir drets exigibles en simples recomanacions i obligacions estrictes en paper mullat. La
defensa de la llengua és un dret, no és un privilegi. La defensa de la llengua és un dret, no és un privilegi. No hi ha llengües supremacistes, no n'hi ha. La meva llengua, el meu nom, el que jo vaig heretar val igual que el que va heretar
qualsevol dels que esteu aquí, qualsevol. I això calia respectar-ho. Estem al 2025. S'ha tardat. S'hagués pogut s'hagués pogut fer ja abans a l'altra legislatura, el 2023, s'hauria pogut fer, però no es va fer perquè va decaure la legislatura.
Esquerra Republicana va entrar les esmenes de Plataforma per Catalunya ja abans del 2023. Estaven pactades. Estava tot fet. Va decaure la llei i hem hagut d'esperar dos anys més per poder-ho portar a la pràctica.
Senyors del Partit Popular, és greu. És un nou intent del Partit Popular, jo diria que és un partit pràcticament catalanofòbic, en aquest sentit. De fet, cada vegada que vostès porten diputats com la Cayetana Álvarez de Toledo, treuen un
diputat sol. Tant de bo tornessin a portar aquests diputats més ultres que tenen, perquè així les coses, a nosaltres ens van millor que quan porten gent una mica més civilitzada. La seva esmena pretén que l'atenció en català, basc o gallec sigui
obligatòria només en l'empresa que té seu física en una delegació territorial on la llengua és oficial. Senyories del Partit Popular, en quin segle viuen? En l'era digital, on els serveis es presten des de qualsevol racó del món, vincular els
drets lingüístics a la ubicació d'una oficina és, a la pràctica, anul·lar-los tots. Si un consumidor de Manresa, de Gandia o de Maó truca a la seva companyia elèctrica o de telefonia, té dret a ser atès en la seva llengua, independentment de si el
call center -amb això no s'hi posen, si està en anglès queda millor, no?- independentment de si el call center està a Madrid, a Sevilla o a Valladolid. Votant no a la seva esmena, recuperem el text original impulsat per Esquerra Republicana, entre
altres partits, amb l'obligació real i efectiva de les grans empreses a garantir l'atenció en les llengües cooficials sense excuses geogràfiques i sense trampes. Perquè parlar en la llengua que és pròpia de cadascú no és un caprici, és un dret de
la ciutadania fonamental que malauradament hem estat massa decennis, per no dir segles, sense actualitzar.
Dos, no a la rebaixa de la protecció del consumidor. El seu intent de desmuntatge no s'atura aquí. També hi votarem en contra de les seves esmenes, que pretenen allargar els terminis i dificultats de reclamacions, terminis de resolució.
Vostès volen tornar als trenta dies per resoldre una reclamació. Nosaltres mantenim els quinze dies que vam aprovar aquí, perquè quan una família es queda sense llum o sense internet, quinze dies ja són una eternitat. Trenta són un insult.
Temps d'espera. Han intentat aigualir l'obligació d'atendre el 95 % de les trucades en menys de tres minuts, introduint conceptes jurídics indeterminats com en la 'mesura de lo possible'. No, no, no, senyories. Les lleis ho són per
complir-les i no per intentar-ho si va bé o si no, no.
Atenció humana, rebutgem que es rebaixi l'obligació de garantir una atenció personalitzada i humana. La gent està farta de parlar amb màquines i hi ha generacions que, per raons òbvies, necessiten parlar amb persones i això no es pot
limitar en cap manera.
El nostre sí, doncs, és un sí a la llei que vam construir aquí entre molts partits. És rebutjar les retallades. Avui només diem no al Partit Popular, si no diem sí a la llei que vam construir des d'una majoria plurinacional, agradi o no,
des d'una majoria plurinacional. Els costa, però a poc a poc van entrant. De fet, avui puc parlar en aquest idioma perquè s'ha aconseguit a base de seguir imposant una realitat que per alguns és tossuda. Una llei que porta l'empremta d'Esquerra
Republicana, com deia, a través de les esmenes que ja vam incorporar i que avui blindem. Blindem l'atenció al català i les altres llengües oficials com a obligació. Blindem la definició clara de persona consumidora vulnerable. Blindem la
prohibició de tallar el servei mentre hi hagi una reclamació en curs.. I blindem el respecte a les competències de la Generalitat en matèria de consum. Perquè defensar els consumidors també és defensar el nostre autogovern.
Conclusió, per tot això votarem en contra de les esmenes del Senat que ens porta el partit catalanofòbic del Partit Popular. I espero que algun dia reflexionin que algun dia no arribaran mai a la Moncloa sense Catalunya. Però bé, ja ens va
bé. Com deia, votarem per això que no. La diversitat lingüística d'aquest país no es negocia.
Moltes gràcies.
Buenas tardes ya.
Gracias, presidenta.
Señorías, la ley de servicios de atención a la clientela vuelve a esta Cámara tras su paso por el Senado, y vuelve desgraciadamente como vuelven muchas veces las leyes que pasan por el filtro de la mayoría absoluta del Partido Popular en la
Cámara Alta: recortadas en derechos, rebajadas en ambición y con una aspiración uniformizadora que ignora la realidad plurinacional y plurilingüística del Estado. Es una realidad, les guste o no.
Hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana anuncia que vamos a votar en contra de las enmiendas introducidas por el Grupo Popular en el Senado, y lo haremos por responsabilidad, por coherencia y, sobre todo, por respeto a la
ciudadanía, a toda la ciudadanía. El paso por el Senado ha sido un intento descarado de descafeinar una ley que es vital para poner fin a los abusos cotidianos. El PP ha intentado convertir derechos exigibles en simples recomendaciones y
obligaciones estrictas en papel mojado. La defensa de la lengua es un derecho, no es un privilegio. Repito, la defensa de la lengua es un derecho, no un privilegio. No hay lenguas supremacistas, no las hay. Mi lengua y mi nombre -los que yo
heredé, como cualquiera de los que están aquí heredaron- hay que respetarlos en 2025. Se ha tardado en hacer la ley. Se podría haber hecho hacer antes, en 2023, en la anterior legislatura, pero no fue así porque terminó la legislatura. Esquerra
Republicana introdujo las enmiendas de Plataforma per Catalunya ya antes de 2023 -estaban pactadas, estaba todo hecho-, pero decayó la ley y hemos tenido que esperar dos años más para poderlo llevar a la práctica.
Señores del Partido Popular, es grave. Es un nuevo intento del Partido Popular, que diría que es un partido catalanofóbico prácticamente en este sentido, porque cada vez que traen a diputados como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo,
sacan un solo diputado. Ojalá trajeran más diputados así, porque les irían peor las cosas que cuando traen a gente más civilizada. Su enmienda pretende que únicamente en las empresas con sede física en una delegación territorial donde hay otra
lengua oficial se pueda hablar en catalán, gallego o euskera. ¿En qué mundo viven? Los servicios se prestan desde cualquier lugar del mundo, así que vincular los derechos lingüísticos a la localización de una oficina es eliminarlos todos en la
práctica. Si, por ejemplo, llama una persona desde Mahón a una empresa y el call center está en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, tiene derecho a que se le atienda en su lengua. Votando no a su enmienda, recuperamos el texto original impulsado
por Esquerra Republicana, entre otros partidos, con la
obligación real y efectiva de las grandes empresas de garantizar la atención en las lenguas cooficiales sin excusas geográficas ni trampas, porque hablar en la lengua que es propia de cada uno no es un capricho, es un derecho de la
ciudadanía, un derecho fundamental que desgraciadamente hemos pasado décadas, por no decir siglos, sin poder ejercer.
No a la rebaja en la protección del consumidor. Este es un intento de desmontaje que no se detiene aquí. También vamos a votar en contra de sus enmiendas porque ponen dificultades para las reclamaciones. Ustedes quieren volver a los
treinta días para resolver una reclamación; nosotros mantenemos los quince días que aprobamos aquí, porque, cuando una familia se queda sin luz o sin Internet, quince días son ya una eternidad, y treinta son directamente un insulto.
En cuanto al tiempo de espera, han intentado ustedes diluir la obligación de atender el 95 % de las llamadas en menos de tres minutos, introduciendo conceptos jurídicos indeterminados, como 'en la medida de lo posible', etcétera. No,
señorías, no, las leyes están para cumplirlas y no para intentar ver si va bien y, si no, no se cumplen.
Respecto a la atención humana, rechazamos que se rebaje la obligación de garantizar una atención personalizada y humana. La gente está harta de hablar con máquinas. Hay generaciones que, por razones obvias, necesitan hablar con personas, y
esto no se puede limitar en modo alguno.
Nuestro sí es un sí a la ley que construimos aquí entre muchos partidos; es rechazar los recortes. Hoy no solo decimos no al Partido Popular, sino que decimos sí a la ley que construimos con una mayoría plurinacional, les guste o no. Les
cuesta, pero poco a poco lo van entendiendo. De hecho, hoy puedo hablar en este idioma porque se ha conseguido a base de seguir imponiendo una realidad que para algunos es tozuda. Es una ley que lleva la huella de Esquerra Republicana, a través de
las enmiendas que incorporamos y que hoy blindamos. Blindamos la atención en catalán y en las demás lenguas oficiales como obligación; blindamos la definición clara de persona consumidora vulnerable; blindamos la prohibición de cortar el servicio
mientras haya una reclamación en curso, y blindamos el respeto a las competencias de la Generalitat en materia de consumo, porque defender a los consumidores también es defender nuestro autogobierno.
En conclusión, por todo ello, votaremos en contra de las enmiendas del Senado que nos trae el partido catalonofóbico, el Partido Popular, y espero que reflexionen, porque no llegarán a la Moncloa sin Cataluña. Pero bueno, ya nos va bien.
Como decía, por ello votaremos que no. La diversidad lingüística de este país no se negocia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Alonso Cantorné.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gràcies, presidenta.
En primer lugar, aprovecho que hoy nos vuelven a acompañar las asociaciones de consumidores para agradecerles todo su trabajo para que hoy, en el Congreso, salga adelante una ley necesaria y largamente esperada, y les pido a todos ustedes un
aplauso para ellos. (Aplausos).
Hoy debatimos las enmiendas de la ley de servicios de atención a la clientela que viene del Senado, unas enmiendas que parecen redactadas en la sede de la central de Ribera Salud, reutilizando material legislativo de un solo uso. (Rumores).
Huelen a subcontrata legislativa, a un copia y pega del modelo de la señora Ayuso, el de convertir derechos públicos en negocio privado. Sus señorías del Partido Popular y de VOX no se han comportado como representantes públicos, han sido riders de
los lobbies, pedaleando a rueda de las empresas y no de los consumidores. (Aplausos). Es un paquete de enmiendas cojonudo, ¡cojonudo! La frase es de Carlos Mazón, pero podría ser perfectamente de Amazon. Si la ley de movilidad vino en taxi desde
el Senado, estas enmiendas han llegado en Uber black de lujo para los privilegios corporativos.
Ya me tranquilizo, pero, señorías del Partido Popular y de VOX, no se alteren ustedes tampoco. Hoy, a pesar de su spam legislativo, en esta Cámara se impondrá el sentido común. La mayoría está aquí para defender a las personas consumidoras
y volver a enderezar el rumbo. Saldamos una deuda histórica de la democracia: esta es la primera ley que se ocupa exclusivamente de regular y proteger a los consumidores cuando reclaman sus derechos (aplausos), una deuda que veníamos arrastrando
mientras la gente se sentía indefensa. Lo que nos traen ustedes hoy aquí con sus enmiendas es un intento de no pagar esa deuda, intentan vaciar una ley pionera para seguir con un cheque en blanco para los abusos. Miren su obra cojonuda: van en
contra de la protección lingüística, un disparate ideológico que discrimina
a los ciudadanos y un desprecio a casi veinte millones de personas que enriquecemos a este país con más de una lengua.
¿Atender con una lengua propia, reconocida desde hace cuarenta y siete años en nuestra constitución, es un lujo? Para las señorías del Partido Popular, con cláusula VOX, sí. Van contra la celeridad, duplican el plazo para las reclamaciones
de quince a treinta días en la era de la inmediatez. Ustedes proponen la burocracia lenta, van contra la calidad, eliminan la formación obligatoria en idiomas y para entender a las personas vulnerables y van en contra del lenguaje inclusivo, pero
no pasará porque nosotros sí sabemos de qué lado estamos: del lado de la gente y, a pesar de su voto, también del de ustedes, porque todos somos clientes y víctimas de un mal servicio de atención o cláusulas abusivas, o recibimos esas llamadas
basura y queremos ya un basta.
Pues bien, esta ley que defendemos acaba con esa angustia, y voy a decirles con orgullo qué es lo que realmente protege a los ciudadanos, no a las grandes cuentas de resultados. Primero: se acabaron las llamadas spam. Las empresas tendrán
que identificar sus llamadas comerciales con un código específico y los operadores bloquearán a las que no lo usen. Además, cualquier contrato firmado tras una llamada no solicitada será nulo. (Aplausos). Esta medida se suma al plan antiestafas
del Gobierno, que ya ha bloqueado 135 millones de llamadas desde marzo de este año. Segundo: se acabarán las renovaciones por sorpresa. Las plataformas deberán avisarte con quince días de antelación antes de renovar tu suscripción. Tú decides;
no lo hace tu entidad bancaria por inercia. Tercero: se acabaron los precios trampa con la obligación de mostrar el precio final completo desde el primer clic; nada de que el billete de avión o la entrada suban mientras compras. Cuarto: derecho
a una persona, no a un robot. Garantía de que el 95 % de las llamadas se atiendan con una persona en menos de tres minutos. Prohibidos los robots como única opción. Quinto: atención con medios de apoyo para personas vulnerables. Sexto: lucha
contra las reseñas falsas en Internet. Séptimo, y no por eso es menos importante: que los menores de edad que accedan a las plataformas de juego no puedan pagar con las tarjetas de crédito de sus padres o madres y que los influencers no puedan
seguir atrayendo a las personas jóvenes a los juegos de azar a través de redes sociales. Alerta, alerta con esta enmienda del Partido Popular y de VOX, que, si sale, continuará dejando la puerta abierta a la ludopatía.
Esta ley es personal. Es para la persona mayor que firma lo que no entiende y es para la familia que encuentra cargos fantasmas en su factura. Esta ley actúa justo donde las lógicas de poder están marcadas y lo hace para romper ese
desequilibrio. Por eso, rechazaremos una por una las enmiendas que buscan debilitar la protección. Hoy votamos principios. ¿De qué lado está esta Cámara? ¿Del lado de las familias o del lado de los lobbies? Ayer volvimos a certificar de qué
lado están VOX y el Partido Popular. Son proabusos de la banca al dejar en la estacada a un millón de familias afectadas con las hipotecas IRPH.
Señorías, tenemos por delante más batallas, como el proyecto de la Ley REDAL, que llevamos hoy precisamente para su avocación a Pleno. Tenemos mucho camino por recorrer, pero, hoy, con la ley de servicios de atención a la clientela, ganamos
una etapa.
Esta mañana veo que no falta nadie, ningún grupo, en la votación, y la mayoría del Congreso no se doblegará. Esta ley, que se aplicará a las grandes empresas y servicios esenciales como la luz, el agua o el transporte, es un paso de
gigante. Que quede claro: el único spam que no tiene cabida aquí son las enmiendas regresivas del PP y VOX. Defendamos esta ley, que el derecho del consumidor no quede desprotegido.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.-El señor Sierra Caballero aplaude, puesto en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Fernández Ríos.
El señor FERNÁNDEZ RÍOS: Con la venia, presidenta.
Miren, señorías del Grupo Popular, un mal coche de segunda mano es un coche que dará problemas, y da igual que se le pongan llantas nuevas, lo tapicemos de cuero o lo pintemos; seguirá siendo un vehículo con el que lo único que se puede
hacer es mandarlo al desguace. Pues lo mismo sucede con este proyecto de ley de atención a la clientela: que ya era una chatarra lista para el desguace desde que se presentó en esta Cámara y que, aun con las enmiendas que han incorporado ustedes
en el Senado, sigue siendo una verdadera máquina que debe ir al desguace. (Aplausos). Porque, como ya les dije en el debate del mes pasado, esta ley no es más que un engendro de contenido ideológico con el único propósito de dividir a los
consumidores y a las empresas, y, al final, lo único que va a hacer es acabar perjudicando a ambos.
España ya cuenta con una sólida arquitectura normativa en materia de consumo, pero, lejos de utilizar esta oportunidad que tenía para intentar mejorar este marco, el Gobierno ha decidido convertir esta ley en un mero vehículo de concesiones
políticas, cargado de ideología, que nada tiene que ver con los problemas y con la vida de los consumidores. Porque hoy no estamos legislando para proteger al cliente, no; hoy estamos legislando para satisfacer tanto a los socios comunistas que
odian a la iniciativa privada como a los socios golpistas y filoetarras, quienes han hecho del chantaje su modelo de negocio político (aplausos), y ante los que este Gobierno, una y otra vez, es capaz de ponerse de rodillas con tal de que le
mantengan un solo día más en el poder. ¿De verdad creen ustedes que lo realmente importante para un consumidor es que una empresa de Huelva o de Albacete tenga personal disponible para atender en catalán, en euskera o en gallego cuando necesita que
lo atiendan? ¿Esa es de verdad la prioridad que va a hacer que mejore la atención a los clientes? ¿O no será que estamos, como digo, asistiendo de nuevo a la vergonzosa entrega del Gobierno a los que quieren hundir este país? Una entrega, por
cierto, en la que, desgraciadamente, ustedes, señores populares, también son expertos, ya que -y digo desgraciadamente- no dejaron de ponerla en práctica en los años en los que gobernaron, por lo que ustedes también son tan responsables como los
señores socialistas de la situación tan peligrosa en la que se encuentra hoy por hoy la unidad de España.
Les voy a decir una cosa, aunque no lo vayan a reconocer: ustedes, estoy casi seguro, no hubieran tenido reparos en aprobar esta ley si nosotros no nos hubiéramos opuesto a ella como lo estamos haciendo. (Aplausos). En su momento -en la
ocasión anterior- se abstuvieron con la ley en el Senado -donde ustedes tienen mayoría-, y, en la comisión de ponencia -en la que, por cierto, nosotros no podemos participar- lo que han hecho es lavar un poco la cara con enmiendas -que, además, se
votaron en conjunto en el Pleno-, y que la ley vuelva aquí con esas enmiendas. Ya veremos cuál es su posición final ante la ley. Por cierto, incluyendo, además, dentro de esas enmiendas -igual que hace este Gobierno socialista- eso que no deja de
ser una estafa legislativa y que debería estar terminantemente prohibida, como introducir enmiendas intrusas, que no deja de ser un modo torticero de colar por la puertecita de atrás algo que nada tiene que ver con el propósito esta ley en concreto.
En este caso, ustedes han puesto una enmienda para la reducción del IVA en los alimentos básicos, algo que nosotros, VOX, llevamos defendiendo desde el principio de la legislatura, pero, desde luego, no es la forma en la que se debería tratar este
asunto tan grave en la Cámara.
Pero es que, además, el conjunto de sus enmiendas no resuelve ninguno de los problemas esenciales de este proyecto de ley, que sigue imponiendo unas cargas desproporcionadas que van a comprometer muy seriamente la competitividad de miles de
empresas españolas. ¿De verdad creen ustedes que muchas empresas, con los problemas que ya tienen para subsistir, con la presión normativa, con la presión fiscal a la que están sometidos, van a poder soportar las exigencias que les impone esta ley?
Exigencias que en muchos casos ni siquiera -o con muchas dificultades- podrían cumplir una multinacional o un servicio de emergencias como el 112: algunas como lograr que el 95 % de las solicitudes de atención sean atendidas antes de tres minutos,
que se dé una asistencia personal obligatoria o que sus empleados tengan que conocer lenguas cooficiales, con una formación continua y con accesibilidad, etcétera.
Señorías, ustedes saben perfectamente que una empresa mediana española no puede cumplir esto; no puede. Y si acaban ustedes, como parece, aprobando esta ley, la empresa va a tener dos salidas. La primera, que será la más recurrente,
repercutir de manera significativa todo lo que vamos a aprobar en el precio, con lo cual, al final, las cosas serán más caras para el consumidor. Y la segunda -espero que sean pocas-, cerrar. Son dos situaciones en las que los que salen
perjudicados son precisamente -qué curioso- aquellos a los que esta ley afirma que quiere proteger: el consumidor y el mediano empresario español.
Pero es que, además, pretenden ustedes que esta ley entre en vigor de forma inmediata, cuando ni las empresas que podrían están ahora mismo adaptadas y preparadas para sistemas nuevos, personal, protocolos o recursos económicos podrían
ponerlo en práctica. Pero, de verdad, ¿en qué están ustedes pensando? Porque, antes de que aprueben esta ley, a mí me gustaría preguntarles: ¿han evaluado ustedes, de verdad -sobre todo ustedes, señores del Gobierno-, cuál va a ser el coste real
para las empresas? ¿Han investigado cómo va a repercutir, como he dicho antes, en el precio final para los consumidores? Y, sobre todo, ¿han sopesado si la que debería de cumplir la primera, que es la Administración Pública, a la que se le debe de
exigir lo mismo que a las empresas privadas, está en condiciones de cumplirlo? Porque ya se lo digo yo, y les contesto de antemano: no, no lo han pensado. Si esta Cámara quisiera realmente proteger a los consumidores, lo primero que deberíamos
hacer es legislar
mucho menos, y legislar con normas sencillas, claras y factibles de cumplir. Se lo he dicho muchísimas veces. ¿Saben cuántas leyes tenemos en España? Más de trescientas mil. Y ese es un drama para un país. Porque toda esa ansia de
intervencionismo, esa ansia que tienen ustedes, lo único que consigue es crear incertidumbre y desconcierto constante en la ciudadanía, que ya no sabe a qué atenerse, y, sobre todo, afecta a las empresas, limitando su manera de innovar y de crecer,
es decir, de generar riqueza.
Así pues -y termino-, hoy vamos a apoyar muchas de las enmiendas que traen, porque entre susto o muerte, en VOX nos quedamos con susto, pero les recuerdo una cosa, señores populares: cojan ustedes libreta, cojan un boli y vayan apuntando
también esta ley entre las que vamos a derogar cuando lleguemos al Gobierno, que, como ya empiezan a intuir algunos de ustedes, a lo mejor va a ser mucho antes de lo que nunca se imaginaron.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Andrés Añón.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Buenos días, señorías. Y buenos días también a las organizaciones que nos acompañan, que han sido fundamentales en el impulso y en la mejora de esta ley.
Señorías del Grupo Popular, entre derechos de la mayoría social e intereses de las grandes empresas, ustedes siempre con los intereses de las grandes empresas. (Aplausos). Entre el abandono de las personas vulnerables o la protección de
las personas vulnerables, ustedes siempre con el abandono. Entre la involución o el progreso, ustedes siempre con la extrema derecha. Y este es el hilo argumental de sus enmiendas, que parecerían traídas por el propio señor Feijóo de la patronal
catalana cuando la fue a visitar, arrodillándose, para presionar a Junts para tener esta ansiada moción de censura. Pero no. No, no; las han hecho ustedes mismos, porque la mayoría de las empresas de este país muestran más responsabilidad social
que ustedes mismos con sus enmiendas. (Aplausos).
Sus enmiendas alteran la naturaleza de la ley, merman en derechos a la clientela, refuerzan la posición de dominio de las empresas, rompen el consenso alcanzado, concesiones y renuncias de todos, y refuerzan la polarización. Empezando por
el propio título, que ustedes cambian, sustituyen a lo largo de toda la ley clientela por clientes, personas consumidoras y usuarias por consumidores y usuarios. Mejora técnica, dicen ustedes, señorías del Grupo Popular, pero técnicamente es un
retroceso del lenguaje no sexista. Es un retroceso que no se adecua al uso del lenguaje inclusivo y no sexista que recoge el Reglamento de esta Cámara desde julio de 2025, y políticamente es una derechización del lenguaje en su afán de asemejarse a
VOX. Y, con este mismo afán de asemejarse a VOX, se enorgullecen de mermar los derechos lingüísticos de 12 millones de personas en su trato diario con las grandes compañías prestadoras de servicios tan básicos como la luz, el gas, el agua, la
electricidad o el transporte público, solo para ahorrar costes a esas grandes compañías. Porque recordemos que esta ley, señorías de VOX, no es para pequeñas ni medianas empresas, es para grandes empresas que obtienen grandes beneficios.
(Aplausos). Por lo tanto, otra vez, señorías del Grupo Popular, los derechos subyugados a los intereses económicos, en este caso usando la lengua. Pero, además, la usan como la usan siempre, como arma política para dividir, para polarizar, para
romper, y esa es una etapa que está superada.
También nos traen enmiendas que refuerzan la posición de dominio de las empresas. Les voy a decir una con relación a personas consumidoras vulnerables, las personas sordas. Ustedes supeditan la atención a las personas sordas a que los
sistemas no sean demasiado costosos. A ver cómo se lo explican a estas entidades que las representan cuando vengan aquí a hablar con ustedes o a comparecer. (Aplausos). En otras enmiendas se aplica directamente su marco ideológico, el de
confusión de lo público con lo privado. Incluyen entidades públicas de cualquier dimensión; incluyen entidades públicas como la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de Madrid, con un presupuesto de menos de 4 millones de euros y diecisiete
trabajadores para la gestión de residuos, que cobra tasas que revierten en los servicios públicos, y ustedes les exigen lo mismo que a las grandes eléctricas o a esos grupos empresariales que hacen dinero a costa de la salud de los madrileños.
Finalmente, suprimen la disposición adicional cuarta -y aquí me voy a detener un poco-, la que regula la publicidad del juego. Señorías del Grupo Popular, el mismo día de la Constitución, la señora Ayuso usaba la señal institucional del
Congreso para legitimar aquí la imposición del beneficio económico sobre la salud, justificando el escándalo de Ribera Salud. Y ustedes hacen lo mismo, exactamente lo mismo que ella, desde sus escaños. Intentan legitimar que las personas, los
ciudadanos, las ciudadanas,
somos solo agentes económicos al servicio de los intereses de las empresas, para que estas obtengan beneficios. Eliminar la regulación de la publicidad del juego online es precisamente eso. Porque todos sabemos que la publicidad es lo que
anima al consumo -por eso hay grandes publicistas-, y abandonar a las personas más vulnerables, como son los adolescentes y jóvenes, a un mercado de juego sin regulación de la publicidad es abrir la puerta al juego problemático y patológico que
arruina salud, vidas y familias. (Aplausos). Esa puerta la abren ustedes suprimiendo esta disposición adicional cuarta, y la abrirán también todos los grupos que apoyen esa enmienda. Me gustará ver cómo se lo explican a UNAD, la red de atención a
las adicciones y drogodependencias, con más de doscientas entidades, y a FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. ¿Cómo se lo van a explicar cuando vengan aquí al Congreso? Todo solo para favorecer a quien ustedes
defienden siempre: a los más poderosos, a las grandes empresas, en este caso, del sector del juego.
Apelamos a los grupos que apoyaron la ley en el Congreso a recuperar el texto que se aprobó aquí. Es el texto de una ley necesaria y justa, que alivia la vida de toda la ciudadanía de spam, de largos tiempos de espera, de respuestas
automatizadas, de opacidad en las ofertas, y protege y defiende los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Apelamos a todos a votar para volver a recuperar ese texto, trabajado, entre otras, con las entidades que hoy nos acompañan.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andrés.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Gómez.
El señor MARTÍNEZ GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, muy buenas tardes.
Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular para manifestar nuestra posición en relación con esta ley, la ley de servicio de atención al cliente, una ley necesaria, muy demandada por toda la sociedad, que hoy verá la luz. Y esto que
debería ser un motivo de satisfacción es un... Porque todos sabemos en qué contexto nos encontramos: un Gobierno sin mayoría parlamentaria y un Parlamento secuestrado, donde demasiadas iniciativas terminan durmiendo el sueño de los justos,
mientras otros muchos terminan durmiendo en prisión. Y ya van tres. (Aplausos). Tres de la banda del Peugeot, y todo apunta al 'número 1'. Por eso avanzar en esta norma es también un motivo de satisfacción; como decía, una victoria para todos
aquellos que creemos en el Estado de derecho, en el trabajo serio, en el respeto institucional y en la obligación que tenemos de dar cumplimiento a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.
Ahí está precisamente la raíz de esta parálisis que afecta también a esta norma, una norma que comenzó su tramitación a principios del año 2024 y estamos terminando 2025. Y todo por una razón muy evidente. Las preocupaciones del Gobierno
no han sido nunca las mismas de los ciudadanos, porque ustedes han estado y están a otra cosa. Ustedes han estado dedicando su tiempo, sus energías y también la dignidad de su acción política a fabricar un relato falaz e indecente, plagado de
mentiras, con el único objetivo de tapar su corrupción y aferrarse al sillón. (Aplausos). Esa es su única y verdadera agenda: no legislar, no servir al país, salvarse ustedes mismos. Su incompetencia y su desidia solo se justifican en este
último y supremo interés, el del Gobierno por mantenerse un día más.
Se trata de una ley que vienen demandando las asociaciones de consumidores y usuarios, pero eso a ustedes les ha dado igual, mientras muchos seguían consumiendo prostitución y gastando a troche y moche en grandes almacenes el dinero que nos
robaban a todos los españoles. Eso es lo que de verdad les preocupaba. (Aplausos). A estos sí les cundía consumir, vaya que sí. Los que llegaron al Gobierno para acabar con la corrupción, y aquí nadie sabía nada y aquí nadie veía nada. ¡Qué
vergüenza! Estos no tenían problemas para llegar a fin de mes ni para llenar la nevera (hace el gesto de comillas con las manos) de chistorras y lechugas y tampoco para pagar un alquiler de 5000 euros, ¿verdad?, aunque, dicho sea de paso, ahora les
va a resultar bastante más económico dormir calentitos y a cubierto.
Pero mientras ustedes se preocupan de estas cosas, y motivo no les falta, nosotros volvemos a preocuparnos y ocuparnos de esta ley. Señorías, esto es cuestión de voluntad política. Así, una ley contaminada, manoseada y, en muchas
ocasiones, al albur de los chantajes de otros grupos parlamentarios, viene mejorada con algunas enmiendas del Partido Popular. Lo podría decir más alto, pero no más claro. Si esta ley es buena en algo, es precisamente por ese compromiso y ese
rigor que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular. Yo les voy a dar solamente dos ejemplos.
Frente a las imposiciones nacionalistas, nosotros hemos defendido en todo momento una política lingüística sensata, porque es una barbaridad obligar a las empresas en cualquier territorio de España a
atender en cualquier lengua cooficial. Señorías, es un disparate que una empresa de Albacete -digo Albacete porque soy de allí- tenga que atender reclamaciones o quejas en euskera o catalán. ¿Señorías de Junts y de Esquerra, van a obligar
a sus empresas a que atiendan en euskera? Vayan preparándoles y regalándoles uno de estos a todos (muestra en alto los auriculares utilizados para la escucha de intervenciones en otras lenguas distintas al castellano) porque les va a hacer falta,
evidentemente. Y algo importantísimo, el cumplimiento de esta ley también por parte de la Administración y de todas las empresas públicas. Podría dar muchos ejemplos, pero con el ejemplo de Renfe y con la que está cayendo sería más que suficiente
para que entendieran la importancia de esta enmienda.
Estas son, entre otras cuestiones, las aportaciones que hemos hecho a esta ley y es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, defendiendo su sillón y nosotros, defendiendo siempre el interés general. (Aplausos.-Una señora diputada:
¡Muy bien!). Y defender el interés general no es solamente cambiar un término por otro, no es cambiar cliente por clientela. No, señorías. Al Partido Popular, lecciones de igualdad, ninguna. Los que se sentaban ahí hasta hace poco, acosadores y
puteros, ninguna lección de igualdad, no. (Aplausos). La igualdad no se defiende con el lenguaje, se defiende con hechos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Señor Alonso, señoría de SUMAR, usted mismo hablaba de clientes, no de clientela. El
subconsciente le traicionó.
Quisiera destacar también una enmienda, esta enmienda tan debatida que añadió el Grupo Popular en el trámite del Senado, que mejora muchísimo -vendría a mejorar la vida de muchas personas que tan mal lo están pasando, de muchas familias, de
muchos españoles- y que ustedes han vetado con su rodillo, saltándose la disciplina del Constitucional también, porque el Gobierno no puede vetar una enmienda que afecte solo a un presupuesto futuro y no a los vigentes, y porque el Gobierno no puede
vetar una enmienda que ha sido aprobada en el Senado y ustedes, con su rodillo, la han vetado. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
Y el veto no es un error solamente. Este veto es también una verdadera vergüenza. Nos hablaba la portavoz del Grupo Socialista de personas vulnerables. ¿Y vetan esta enmienda? Esto sí es proteger a las personas vulnerables, una enmienda
para que, con efectos del 1 de enero y hasta el 30 de junio, se rebaje el IVA al 4 % a carnes, pescados y conservas y se baje el IVA al 0 % a la leche, huevos, frutas, hortalizas, verduras y legumbres. (Aplausos). Lo más grave es que el Gobierno
argumenta que no cabe esta enmienda porque ello supondría una merma en los ingresos del Estado de 3680 millones de euros. Ese es el argumento. ¿No le da vergüenza al Gobierno seguir metiendo la mano en el bolsillo de los españoles, exprimiendo a
los ciudadanos y a las empresas con una voracidad recaudatoria que no sirve para mejorar los servicios, pero sí para alimentar -alimentar, insisto- sus propios chiringuitos?
Y esta no es una enmienda intrusa, señorías de VOX, no. Esta enmienda nace de la voluntad de afianzar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que establece la Constitución. Y qué mejor manera de proteger, mejorar y
garantizar esa defensa, sobre todo a aquellos que peor lo están pasando y que no pueden acceder a lo más básico, familias, personas abocadas a sustituir alimentos básicos por otros alimentos nada saludables. Escuchen esta noticia. Dice: Adiós a
los ultraprocesados. El Gobierno estudia excluirlos de los hospitales en el menú infantil. Señor ministro, ¿nos quiere decir que un niño tiene que enfermar y que le hospitalicen para que pueda comer sano y en condiciones? ¿Nos quiere decir eso?
¡Qué barbaridad!
Nos quieren vender ustedes algo que no podemos comprar. Los señores del Gobierno, los de la bancada socialista y los socios que lo sostienen deben saber que la cesta de la compra -usted, señor ministro, debería saberlo- ha subido un 40 %
desde que están en el Gobierno. Al 30 % de las familias les resulta muy difícil afrontar los gastos de productos como el pan, la leche o los huevos; al 33 % les resulta muy difícil poder comprar frutas y verduras; y al 43 % carne o pescado. Les
estoy diciendo que casi la mitad de las familias españolas no pueden dar de comer a sus hijos dos platos de carne o pescado a la semana. Mientras esto sucede en la cuarta economía de la eurozona, mientras ustedes dicen que esto va como un tiro, ahí
fuera hay mucha gente pasándolo mal. ¿Son capaces ustedes, señores del PSOE, de SUMAR, señores del Gobierno, de mirar a la cara de muchos ciudadanos y decirles que esto va como un tiro? No. Por eso el Gobierno pisa tan poco la calle.
(Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
Voy terminando, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Martínez, tiene que terminar.
El señor MARTÍNEZ GÓMEZ: Estos son los datos de la mochila con la que el Gobierno pronto se irá a su casa; los datos de la miseria, los datos de la vergüenza, los datos de la pobreza. Señorías del
escudo social, esta enmienda sí que era un verdadero escudo social. Señorías, si hubiésemos aceptado esta enmienda, hubiésemos mejorado mucho el texto, pero, sobre todo, hubiésemos dado un alivio a muchas familias. Pero no engañemos a
nadie, esta tampoco es la solución definitiva. Señorías del Gobierno, están ustedes consiguiendo hacer de la pobreza algo estructural en nuestro país. Por eso les exigimos, por el interés general, si es que lo tuvieron, por dignidad, por
coherencia, si la conocieron, por el bien de España y para acabar con el calvario de muchas familias, que den voz a los españoles y convoquen elecciones ya.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, Y LA LEY 39/2006, DE
14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA EXTENSIÓN Y REFUERZO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA INCLUSIÓN, LA AUTONOMÍA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CONFORME AL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000064).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día correspondiente al debate de la totalidad del Proyecto de ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para la extensión y
refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme al artículo 49 de la Constitución española.
En nombre del Gobierno, para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El señor MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 (Bustinduy Amador): Muchas gracias, presidenta.
Muy buenos días a todos y todas las presentes en esta sesión, de la que espero que podamos salir con dos avances importantes en materia de política social. El primero, la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la
Clientela, que vienen ustedes de debatir y que, tras muchos años de presión y de esfuerzos por parte de las organizaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras, supondrá un paso delante de calado en la defensa de esos derechos y,
por tanto, también en la extensión y la mejora de la democracia española al cubrir gran parte de las relaciones económicas y comerciales. El segundo hito de esta sesión es la votación de la tramitación en esta Cámara de la reforma de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, reforma que despliega el mandato constitucional del artículo 49 y
supone la que quizás sea la mayor reforma social en mucho tiempo para ampliar y desarrollar el estado del bienestar y así para mejorar la democracia española.
Esto es algo importante, porque más de cuatro millones de compatriotas viven hoy con una discapacidad y esperan de su país avances decididos para garantizar la promoción de su autonomía, la accesibilidad universal y la plenitud de sus
derechos económicos, políticos, civiles y sociales. Es importante también porque saben que España es uno de los países más longevos del mundo; este año nuestro país superó por primera vez los 84 años de esperanza de vida al nacer. Y porque las
tendencias demográficas en curso y los cambios en nuestras estructuras familiares hacen que el desafío de los cuidados y la construcción de un sistema público de protección social capaz de garantizar los apoyos necesarios para promover la autonomía
personal y asegurar una atención digna a las personas en situación de dependencia sea quizás la tarea social más acuciante que tenemos por delante.
Muchas veces este desafío se aborda desde una lógica numérica o una perspectiva contable, y las propias estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales nos muestran que de aquí al año 2030 el sistema va a atender entre dos millones y dos
millones y medio de personas, lo que a su vez va a requerir
de una incorporación considerable de trabajadoras y trabajadores dentro del sistema de la dependencia, cifrada hasta en trescientas mil trabajadoras adicionales. Pero yo hoy quisiera empezar transmitiendo que no se trata solo de una
cuestión numérica o contable con una aseveración bien sencilla: envejecer no es una carga ni un lastre para nuestra balanza fiscal, es un logro democrático, es el resultado del progreso y el desarrollo económico y social de la democracia española
(Aplausos). Y ese hecho nos obliga a repensar nuestros sistemas de protección social para hacer que estén a la altura de ese desarrollo y remover los obstáculos y las desigualdades que lastran las vidas de los ciudadanos y ciudadanas en función de
criterios como la renta, la riqueza o el lugar en el que viven. Es algo que vimos de forma muy clara, dolorosa, durante la pandemia. El modelo de las macrorresidencias, una década de recortes en política social y una financiación crónicamente
insuficiente nos hicieron conscientes como sociedad de que ese no es el modelo de cuidados que nos merecemos y que deseamos. Así que a la pregunta de por qué estas reformas, cabría responder simplemente eso: porque este país las necesita y porque
las vamos a necesitar todos y cada uno de nosotros y nosotras.
Creo que no retuerzo el lenguaje ni exagero si les digo con sinceridad que estas reformas no son del ministerio que tengo el honor de dirigir y no son del Gobierno de coalición. Es una ley del país, construida con el empuje, el conocimiento
y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. (Aplausos). Y hoy, por tanto, quiero hacer desde aquí un reconocimiento y un agradecimiento explícito a
quienes nos siguen desde la tribuna de esta Cámara: al CERMI, al CEOMA, a la ONCE, al Consejo General del Trabajo Social, a la Plataforma de Mayores y Pensionistas y a quienes nos están siguiendo desde otras salas del Congreso, que son muchos.
Organizaciones como Autismo Plena Inclusión, la Plataforma Estatal de Colectivos de Familiares y Usuarias de Residencias, FundAME, la Fundación Matia, sindicatos, organizaciones de mayores, de discapacidad, de salud mental, de enfermedades raras y
neurodegenerativas. Muchas gracias a todas y cada una de ellas. (Aplausos).
Dicho esto, quisiera recordar muy brevemente cuáles son los principales ejes del contenido de esta reforma normativa. Como mencionaba anteriormente, el mundo en el que hoy vivimos ha cambiado sustancialmente. Lo ha hecho la estructura
demográfica, lo ha hecho el mercado laboral y deben hacerlo también las formas en que conceptualizamos los derechos de ciudadanía y el Estado social que somos. Ese es el objetivo último que persigue la reforma que hoy debatirán ustedes aquí:
acomodar nuestra normativa a una nueva realidad de cuidados que ya no es la predominante en el año 2006, cuando el sistema echó a andar. Siempre digo que la transformación del sistema de la dependencia que se va a apoyar en la estructura normativa
de esta reforma tiene tres pilares: el cambio del modelo, la mejora de la situación de las personas cuidadoras y el sostenimiento de la senda de crecimiento de su financiación. Cada uno de estos tres pilares debe permitirnos abordar los desafíos
más acuciantes a los que se enfrenta el sistema.
Primera cuestión: la perspectiva asistencialista que atraviesa todo el sistema de la dependencia, desde lo micro, en el día a día de muchas residencias, hasta lo macro, en la propia arquitectura jurídica sobre la que se sustenta. El cambio
de modelo de cuidados propone justamente lo contrario. Nos alejamos de centrar los esfuerzos en la gestión de las instituciones y nos volcamos en los resultados, las necesidades, los deseos y las preferencias de las personas usuarias: qué se
quiere, dónde se quiere envejecer y cómo se quiere ser cuidado. Cuando se pregunta a las personas mayores, el 90 % de ellas contesta que desea permanecer en su casa el mayor tiempo posible. Garantizar que esa preferencia sea posible requiere
cambios profundos en un sistema que no fue diseñado para ello; cambios complejos, pero que deben emprenderse cuanto antes. Por eso con esta reforma pretendemos pasar del modelo asistencialista a uno más cercano y comunitario, a través de
transformaciones concretas que mejoren especialmente los cuidados a domicilio e impulsen la promoción de la autonomía personal. Por ejemplo, se propone garantizar la accesibilidad universal como un derecho, con la creación de un fondo estatal de
accesibilidad universal para poder abordar las obras necesarias en todos los espacios públicos. Y se propone también modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ampliar supuestos de obligatoriedad en las reformas de accesibilidad. Además, la
reforma contempla la expansión de la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario, para que pueda cubrir actividades como hacer la compra, ir al médico o al centro de día. Consagra la teleasistencia como un derecho subjetivo y busca incorporar al
catálogo de servicios aquellos de asistencia personal, apoyos en viviendas o la provisión de productos de apoyo. (Aplausos).
Pasamos ahora a la segunda cuestión: la falta de valorización social generalizada, no solo económica, del trabajo de cuidados, asunto derivado de su fuerte feminización tradicional y de su relegación al ámbito
de lo reproductivo, de lo doméstico, de la economía no monetizada. Atendiendo a la conversación pública, atendiendo a los debates sobre la economía, por ejemplo, podría parecer que el trabajo de una persona que cuida día a día de los otros
no valiera mucho. Sin embargo, es evidente que se trata de uno de los trabajos más elementales de nuestra sociedad, porque si un solo día todas las personas que cuidan no pudieran realizar su trabajo, la vida social en nuestro país colapsaría. Por
eso, esta reforma busca centrarse no solo en quienes necesitan cuidado, sino también en quienes cuidan y poner en valor su labor. Queremos poner la dependencia en el centro de nuestro estado del bienestar, dando a los cuidados el peso social y el
reconocimiento que siempre debieron tener. Algunas de las medidas más importantes en este sentido son la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno relacional así como el fomento de la investigación social y tecnológica, que debe
repercutir en una mejora de la labor de cuidados.
Por último, tenemos una tercera cuestión que seguro que muchas de sus señorías enfatizarán en esta sesión, la relativa a la financiación del sistema. La triste realidad es que venimos de una trayectoria y de un pasado de infrafinanciación
crónica y sistemática del sistema. Por eso, la tarea que tenemos ante nosotros y nosotras es doblemente exigente. Tenemos que reforzar el sistema al mismo tiempo que lo reformulamos y lo transformamos. Pero yo hoy quiero declarar aquí que tenemos
toda la determinación de hacerlo y creo que contamos también con suficientes hechos probados desde la legislatura pasada para poder sustentar ese compromiso. Desde el año 2020, la contribución de la Administración General del Estado a la
financiación del sistema de la dependencia se ha incrementado en un 150 % y se ha triplicado desde el año 2014, y si incluimos los fondos provenientes del PRTR que España -que ha sido el único país europeo en hacerlo- ha dedicado en su componente 22
a la política social y específicamente a la política de cuidados, esos fondos se han multiplicado por cuatro desde el año 2014. En este 2025 alcanzaremos un máximo histórico de más de 3700 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5 %
respecto al año anterior y de un 15 % respecto a 2023. Hoy, con total claridad, quiero transmitir a todos los grupos parlamentarios que estas reformas contarán con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante. (Aplausos). Es lo que
refleja el acuerdo de gobierno, que recoge el compromiso de alcanzar un 50 % de la financiación de la dependencia en la contribución de la Administración General del Estado, y creo que también los hechos de nuestra acción reciente. Hace apenas unas
semanas esta Cámara aprobó por unanimidad una inyección extraordinaria de 500 millones de euros adicionales al sistema de la dependencia, pero en los últimos meses también nuestro ministerio, tanto en materia de dependencia como de discapacidad, ha
destinado importantes partidas presupuestarias extraordinarias para financiar, por ejemplo, con 20 millones de euros programas de educación inclusiva para el alumnado autista en nuestro sistema educativo, 41 millones de euros para desarrollar un
marco estatal de atención temprana, 65 millones de euros para desarrollar un plan de acción de mujeres y discapacidad, como mandata el artículo 49 de la Constitución, y, provenientes de los fondos europeos que se desarrollaron desde la legislatura
pasada en el Gobierno de coalición, se han destinado 365 millones de euros para promover la teleasistencia y más de 1000 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para la adaptación y adecuación de hasta dieciséis mil plazas
residenciales.
También quiero anunciarles que se pondrá en marcha un importante esfuerzo fiscal para poder promover el desarrollo tecnológico en el sector de los cuidados, lo que no solo supone una importante oportunidad de mejora para nuestro sistema de
cuidados, sino también una oportunidad estratégica de desarrollo industrial para nuestro país.
Sin extenderme mucho más, querría hacer una breve consideración final. Hace unas semanas, esta Cámara brindó una imagen poco habitual: la de las pantallas de votaciones teñidas de verde para aprobar por unanimidad el decreto ley de
desarrollo de la ley ELA con esos 500 millones de euros de financiación extraordinaria para garantizar la atención veinticuatro horas para el nuevo grado III+ de la dependencia. No hubo entonces ningún voto en contra. Es un consenso que se ha
extendido en estas semanas a un acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el despliegue de la ley ELA; un consenso que quiero
agradecer a todas las comunidades autónomas y a todos los signos políticos; un consenso social parecido al que sustentó la reforma del artículo 49 de la Constitución, la propia aprobación de la ley ELA, la ampliación de permisos de paternidad y
cuidados y espero que también la aprobación definitiva de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Hoy, con la votación de esta enmienda a la totalidad, con el arranque de la tramitación de la reforma de estas leyes, sus señorías tienen una oportunidad para prolongar esa senda de avances sociales, que no son logros de este o de aquel
actor político, sino del país y de la sociedad entera. Estas reformas
podrán enriquecerse en su tramitación con todas las aportaciones de los grupos de esta Cámara de la misma manera que lo hizo la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Creo, sinceramente, que sería un buen mensaje que enviar a la
ciudadanía y una gran contribución para mejorar nuestra democracia y nuestro Estado social por parte de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.
Ministre, des de Junts per Catalunya hem presentat aquesta esmena a la totalitat per sol·licitar la devolució al Govern de la Llei de Drets de les persones amb Discapacitat, una esmena a la totalitat que respon a dos eixos. El primer, el
marc competencial. Aquest projecte de llei és una contundent invasió competencial com no hem vist en aquest hemicicle en els últims temps, una extralimitació material respecte dels títols estatals que s'hi invoquen i, òbviament, és una manca
d'adequació contundent al marc estatutari català.
La llei proposa canvis substancials en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat i en situació de dependència, però ho fa des d'una visió absolutament centralista i sense cap mena de garantia sobre els recursos econòmics necessaris.
És més, la proposta de llei implica un evident increment pressupostari si s'han de portar a terme totes les mesures que s'hi recullen, però pel contrari, no s'ha fet cap càlcul de l'impacte econòmic ni hi figura cap compromís per part de l'Estat
d'aportar els recursos econòmics necessaris. De fet, ni tan sols hi figura cap compromís d'arribar a un nivell de cofinançament compromès en l'actual llei i que l'Estat incompleix sistemàticament. Com hem vist avui, paraules, senyor ministre.
Declaracions de bones intencions, però en política l'acció no es demostra amb paraules. Es demostra en partides pressupostàries, en execució de les partides pressupostàries, en mobilització de recursos cap a la gent i no pas anticipant la petició
de vot en les lleis pel davant d'aquesta materialització de compromisos.
A més a més, la proposta de llei té una visió que ignora de manera descarada la realitat social de Catalunya, una visió que vulnera de manera descarada l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que estableix competències exclusives en serveis
socials, en política d'atenció a la dependència, així com en matèria de promoció de l'autonomia personal. Una invasió competencial que vostès, des del Govern, pretenen sumar ara a la que ja va fer la llei que actualment està en vigor i que es va
aprovar l'any 2006, sobre la qual el Consell de Garanties Estatutàries va concloure que era inconstitucional en un 70 % de l'articulat, precisament per invasió competencial.
A vostès segurament això els hi pot semblar que és un tema menor. I deu ser normal que pensin això, perquè el menyspreu continuat que mostra sempre el Govern de l'Estat cap a l'autogovern de Catalunya ha estat sempre majúscul. Però a més a
més, en aquesta llei ho fan amb un fals missatge, un missatge que pretén dir, que pretén insinuar, que pretén materialitzar que Catalunya no és capaç de protegir per si sola els seus ciutadans i que necessiten de l'acció del Govern de l'Estat per
tal de protegir com toca als ciutadans. Un fals missatge, el de la llei, tenint en compte que precisament a Catalunya vam ser pioners en l'atenció a les persones amb discapacitat. Un model, el català, que va ser d'èxit fins a quan? Va ser d'èxit
fins que el 2006 la seva acció recentralitzadora, amb l'aprovació d'aquesta llei, boicotegés els excel·lents resultats obtinguts fins llavors. Precisament perquè ja en aquella llei es va produir el que està passant a dia d'avui: paraules, bones
voluntats, bones intencions però zero recursos necessaris per fer possible l'aplicació d'aquesta llei.
Volen dades. Les opinions, totes són legítimes. Les dades són les que donen i treuen raons. El seu model és letal per a les persones dependents de Catalunya. Amb el seu model, a dia d'avui, 70 000 persones dependents estan esperant ser
ateses a Catalunya, 70 000 persones. Els catalans som els més perjudicats per la manca de recursos de l'Estat i pel mal funcionament de la Llei de dependència. El darrer any han mort deu mil catalans en llista d'espera sense ser atesos per falta
de recursos. De fet, a Catalunya és on més persones han mort a les llistes d'espera de dependència. En total, han mort 103 000 persones només des de l'any 2017, 103 000 persones dependents que han mort esperant ser atesos dignament, 103 000
persones, 30 000 esperant obtenir el grau de dependència, 73 000 pendents de rebre la prestació.
Més dades del seu model. Amb allò que el Govern de l'Estat aporta a Catalunya, només es poden atendre 29 persones dependents per cada 1000 habitants, un 16 % menys que, per exemple, a Andalusia.
Catalunya, de fet, és qui més ha patit la reducció de la inversió estatal en dependència, encapçalant la llista dels més perjudicats. Però, a més a més, el sistema espanyol de dependència ha reduït dràsticament la inversió per persona
dependent. L'IPC acumulat entre el 2010 i el 2024 ha estat del 31,6 %. Allò que costava 1000 euros l'any 2010, a dia d'avui en costa 1316. Què han fet vostès? Han actualitzat el finançament de la dependència a aquest increment de l'IPC? Fa un
moment el sentíem i semblava que tot era bondat per part vostre, ministre. Han fet això? No. Tot el contrari. Han fet tot el contrari. L'any 2010 destinaven 8135 euros per persona dependent. Avui han reduït dràsticament aquesta assignació fins
a 5982 euros. Una reducció del 27 % que s'ha de sumar, com deia abans, a l'increment del cost de la vida del 31,6 % del mateix període de temps. Aquest és el seu model estatal. Aquest és el seu model letal per als ciutadans de Catalunya.
Fins aquí arriba el seu populisme: bones propostes, zero actuacions. Quan han estat incapaços d'aplicar mínimament bé el model actual, no han estat capaços, ara vinguin i parli'ns de les bondats d'aquesta nova llei, de les seves noves
iniciatives en matèria de dependència.
Però aniré més enllà i entraré en el segon eix que ens porta aquesta esmena a la totalitat, que a més a més es contraposa al que li deia en el debat de la llei anterior, la de l'atenció a la clientela. Aquesta llei s'aprova pel Consell de
Ministres l'11 de febrer del 2025. Nosaltres vam registrar aquesta esmena a la totalitat el 6 de novembre, fruit del bloqueig de la legislatura per culpa dels incompliments del Govern de l'Estat. Entre una data i l'altra han passat 9 mesos.
Durant els 9 mesos que han passat, vostès no han impulsat ni una sola reunió per a aquesta llei, ni una. Cap. I saben perfectament que amb nosaltres el tema competencial, el tema de recursos, el tema de l'atenció als ciutadans, és absolutament
fonamental i que no poden comptar amb nosaltres si no és resolent totes aquestes coses. I malgrat tot, ni una sola llei en 9 mesos.
Per tant, ara venen i sense cap reunió prèvia al bloqueig que van portar a terme, vostès tanquen el període d'esmenes a la totalitat i ens trobem aquí. De veritat? Tot plegat, un despropòsit, una situació que no té cap lògica ni cap sentit
si vostè volia impulsar aquesta llei de veritat, a no ser que l'explicació de per què ens trobem avui aquí en sigui una altra. A no ser que l'objectiu sigui el, enlloc d'aprovar la llei de dependència, a veure si ens porten a Junts per Catalunya
davant d'una situació que ens traslladi pressió. Junts per Catalunya vam anunciar que aquesta legislatura estava bloquejada. I vam anunciar que no votaríem a favor de cap llei del govern que no fossin aquelles en què ja teníem acords en benefici
de Catalunya. Poc després, vostès ressusciten aquesta llei, que havia estat nou mesos aturada, i la porten al tràmit parlamentari. Així que diguin la veritat a la gent, senyor ministre. Vostès han escollit aquesta llei, la de la dependència,
pensant que ens posaven a nosaltres amb una dificultat a l'hora de votar-hi en contra o de defensar avui aquesta esmena a la totalitat. Vostès han arrencat aquest tràmit d'aquesta llei per fer pressió a Junts. Vostès, però, saben que no poden
comptar amb els nostres vots. Vostès han forçat avui que es tracti aquesta llei per fer-nos pressió, ignorant que aquesta llei és pèssima per a Catalunya. Recordin els més de cent mil catalans que han mort en llista d'espera. A nosaltres, per
tant, la pressió no ens fa moure de la nostra posició en defensa dels catalans, perquè Junts per Catalunya estem precisament aquí per defensar els catalans de les seves agressions, no pas per regalar-los els nostres vots a canvi de res. O en el cas
d'avui, el que és pitjor, regalar-los els nostres vots a canvi d'una llei que és nefasta i cronifica el dany per als ciutadans de Catalunya que necessiten les ajudes en matèria de dependència.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, presidenta, ministro.
Junts per Catalunya hemos presentado esta enmienda a la totalidad para solicitar la devolución al Gobierno de la ley de derechos de las personas con discapacidad, una enmienda a la totalidad que responde a dos ejes: el primero, el marco
competencial. Este proyecto de ley es una contundente invasión competencial como no hemos visto en este hemiciclo en los últimos tiempos, es una extralimitación material con respecto a los títulos estatales que se invocan y, obviamente, es una
falta de adecuación contundente al marco estatutario catalán.
La ley propone cambios sustanciales en materia de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, pero lo hace desde una visión absolutamente centralista y sin ningún tipo de garantía con respecto a los recursos
económicos necesarios. Es más, la proposición de ley implica un evidente incremento presupuestario si hay que llevar a cabo todas las medidas que recoge. Por el contrario, no se ha hecho ningún cálculo del impacto económico ni figura tampoco
compromiso alguno por parte del Estado de aportar los recursos económicos necesarios. De hecho, ni tan siquiera figura compromiso
alguno de llegar al nivel de cofinanciación comprometido en la ley actual y que el Estado incumple sistemáticamente. Como han visto hoy, señor ministro, palabras, declaraciones de buenas intenciones, pero en política la acción no se
demuestra con palabras, sino con partidas presupuestarias, con ejecución de las partidas presupuestarias, con movilización de recursos hacia la ciudadanía y no anticipando la petición de voto en las leyes antes de la materialización de los
compromisos.
Además, la proposición de ley tiene una visión que ignora de forma descarada la realidad social de Cataluña, una visión que vulnera de forma descarada el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece competencias exclusivas en servicios
sociales, política de atención a la dependencia y también en materia de promoción de la autonomía personal. Una invasión competencial que ustedes, el Gobierno, pretenden sumar ahora a la que ya se realizó con la ley actualmente en vigor, que se
aprobó en 2006, sobre la que el Consejo de Garantías Estatutarias concluyó que era inconstitucional en un 70 % de su articulado, precisamente, por invasión competencial.
A ustedes seguramente esto les puede parecer un tema menor. Y debe ser normal que lo piensen, porque el menosprecio continuado que muestra el Gobierno del Estado hacia el autogobierno de Cataluña ha sido siempre mayúsculo. Pero, además, en
esta ley lo hacen con un falso mensaje que pretende insinuar, decir o materializar que Cataluña es incapaz de proteger por sí sola a sus ciudadanos y que necesita la acción del Gobierno del Estado para proteger, como está mandado, a los ciudadanos.
Es un falso mensaje el de la ley, teniendo en cuenta que precisamente en Cataluña fuimos pioneros en la atención a las personas con discapacidad; un modelo, el catalán, que fue de éxito hasta que en 2006, con su acción recentralizadora con la
aprobación de esa ley, se boicotearon los excelentes resultados obtenidos hasta ese momento, precisamente porque ya en esa ley se produjo lo que está ocurriendo a día de hoy: palabras, buenas voluntades, buenas intenciones, pero cero recursos
necesarios para hacer posible la aplicación de la ley.
¿Quieren datos? Las opiniones son todas legítimas, pero los datos son los que dan y quitan razones. Su modelo es letal para las personas dependientes de Cataluña. Con su modelo, a día de hoy, setenta mil personas dependientes están
esperando que se les atienda en Cataluña; setenta mil personas. Los catalanes somos los más perjudicados por la falta de recursos del Estado y por el mal funcionamiento de la ley de dependencia. En el último año, han muerto diez mil catalanes en
lista de espera sin que se les atendiera por falta de recursos. De hecho, en Cataluña es donde más personas han muerto estando en la lista de espera de dependencia; en total, solo desde el año 2017, 103 000 personas dependientes han muerto
esperando que se les atendiera dignamente; 103 000 personas, treinta mil esperando obtener el grado de dependencia, 73 000 pendientes de recibir la prestación.
Más datos sobre su modelo. Lo que el Gobierno del Estado aporta a Cataluña solo permite atender a veintinueve personas dependientes por cada mil habitantes, un 16 % menos que, por ejemplo, en Andalucía. Cataluña, de hecho, es quien más ha
sufrido la reducción de la inversión estatal en dependencia, encabeza la lista de los más perjudicados, pero además el sistema español de dependencia ha reducido drásticamente la inversión por persona dependiente. El IPC acumulado entre 2010 y 2024
ha sido del 31,6 %. Lo que costaba 1000 euros en 2010, a día de hoy cuesta 1316. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Han actualizado la financiación de la dependencia ante este incremento del IPC? Hace un momento los oíamos y parece que todo era bondad por
su parte, ministro. ¿Eso es lo que han hecho? No, todo lo contrario; han hecho todo lo contrario. Es decir, en 2010 destinaban 8135 euros por persona dependiente, hoy han reducido drásticamente esta asignación hasta los 5982 euros, una reducción
del 27 % a la que hay que sumar también el incremento del coste de la vida, un 31,6 %, en el mismo periodo de tiempo. Este es su modelo estatal. Este es su modelo letal para la ciudadanía de Cataluña.
Hasta aquí llega su populismo: buenas propuestas, cero actuaciones. Cuando han sido incapaces de aplicar mínimamente bien el modelo actual -no han sido capaces-, ahora vienen y nos hablan de las bondades de esta nueva iniciativa, de sus
nuevas iniciativas en materia de dependencia.
Pero voy a ir más allá y entraré en el segundo eje que nos lleva a esta enmienda a la totalidad, que además se contrapone a lo que le decía en el debate de la ley anterior, la de la atención a la clientela. Esta ley se aprueba por el
Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2025. Nosotros registramos la enmienda a la totalidad el 6 de noviembre, fruto del bloqueo de la legislatura por culpa de los incumplimientos del Gobierno del Estado. Entre una fecha y la otra han
transcurrido nueve meses, y durante los nueve meses transcurridos ustedes no han impulsado ni una sola reunión para esta ley, ni una, cero. Y saben perfectamente que con nosotros el tema de los recursos, las competencias y la atención a la
ciudadanía
es absolutamente fundamental y que no pueden contar con nosotros si no es resolviendo todas estas cosas. A pesar de todo, ninguna reunión en nueve meses.
Ahora vienen, cierran el periodo de enmiendas a la totalidad y aquí estamos. La verdad es que todo ello es un despropósito, una situación que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido si usted quería impulsar de verdad esta ley. A no ser
que la explicación de por qué estamos hoy aquí sea otra. A no ser que el objetivo sea, en vez de aprobar la ley de dependencia, intentar llevar a Junts per Catalunya a una situación que nos sitúe bajo presión. Junts per Catalunya anunció que esta
legislatura estaba bloqueada y que no íbamos a votar a favor de ninguna ley del Gobierno que no fuera las que ya habíamos acordado en beneficio de Cataluña. Poco después, ustedes resucitan esta ley, que había estado nueve meses parada, y la traen
al trámite parlamentario. Así que digan la verdad a la gente, señor ministro: ustedes han elegido esta ley, la de la dependencia, pensando que nos iban a poner en dificultad, en un brete, por votar en contra o por defender hoy esta enmienda a la
totalidad. Ustedes han puesto en marcha el trámite de esta ley para presionar a Junts. Ustedes, sin embargo, saben que no pueden contar con nuestros votos. Ustedes han forzado que se trate en el día de hoy esta ley para presionarnos, ignorando
que esta ley es pésima para Cataluña. Recuerden los más de cien mil catalanes que han muerto en una lista de espera. Así que a nosotros la presión no nos hará movernos de nuestra posición en defensa de los catalanes, porque Junts per Cataluña está
aquí para defender a los catalanes de sus agresiones, no para regalarles nuestros votos a cambio de nada o, en el caso de hoy y lo que es peor, regalarles nuestros votos a cambio de una ley que es nefasta y que cronifica el daño a la ciudadanía de
Cataluña, que necesita las ayudas en materia de dependencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.
Muchas gracias, señor Cruset.
En defensa del turno en contra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez Hierro.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer hoy a todas las personas y a todas las entidades -también las ha mencionado el ministro- que están siguiendo tanto desde aquí como desde otras salas del Congreso el desarrollo de este debate tan importante
para millones de personas en el país, tanto el trabajo que han realizado hasta hoy como el que esperemos que comience a partir de hoy.
La reforma del artículo 49 de la Constitución, que se aprobó el 18 de enero de 2024 en el Congreso, fue un hito verdaderamente histórico: fue la tercera modificación del texto constitucional desde su entrada en vigor y la primera con
carácter social. Parte de los cambios tuvieron que ver con el lenguaje empleado, como ya es sabido, y su importancia fue trascendental, por lo menos, por tres motivos. En primer lugar, porque es un jalón más en la larga marcha del activismo de las
personas con discapacidad para superar las limitaciones del modelo asistencialista y hablar con su propia voz. En segundo lugar, porque señala un punto de partida para una perspectiva integral de las políticas públicas en el ámbito de la
discapacidad que considere la autonomía personal, la inclusión social y la accesibilidad universal como principios irrenunciables. Y, en tercer lugar -en esto sí me quiero detener-, la reforma del artículo 49 es trascendental porque traslada al
ordenamiento jurídico del país un consenso que llevaba años fraguándose entre la ciudadanía: reconocer nuestra deuda con la discapacidad va a mejorar la vida de la sociedad en su conjunto. (Aplausos). Creo que eso es lo que está sucediendo. Ese
reconocimiento es lo que nos trae hoy hasta aquí.
Entender las diferentes capacidades como interacciones entre la persona, la sociedad y su entorno nos permite contemplar de forma crítica las políticas públicas como fuente de soluciones, pero también muchas veces de barreras; nos permite
actuar para eliminar estas barreras y cumplir también con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución y tomar decisiones que van más allá de un contexto particular y que apunten a la estructura fundamental de nuestra sociedad; y nos permite
construir con la esperanza, incluso con la certeza de que los cambios que logramos implementar en cada Gobierno se convertirán en aliciente para nuevas transformaciones, cada vez más ambiciosas, cada vez más profundas.
Desde ese consenso en torno a las deudas que tenemos con las personas con discapacidad y al cambio del artículo 49 de la Constitución nos enfrentamos hoy a la modificación de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley para la Promoción de la Autonomía y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sabiendo que el sistema para la autonomía y atención de la dependencia es
un pilar público esencial de cuidados y apoyos para las personas con discapacidad y que no podemos atender el mandato del artículo 49 en su totalidad si no cambiamos también la ley de dependencia. Y eso es lo que hacemos hoy aquí, que el mandato
del artículo 49 de la Constitución llegue directamente a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. (Aplausos).
El proyecto de ley que nos ocupa parte de reconocer una situación compleja, evidentemente. Por un lado, arrastramos aún los efectos de los recortes de periodos anteriores que redujeron en más de 5400 millones de euros los fondos del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. El Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por reforzar el sistema de dependencia: ha incrementado las partidas destinadas a financiarlo un 150 %, hasta llegar a repartir más de 783 millones
de euros entre los Gobiernos autonómicos en el año 2023, una cifra récord que se repitió con la prórroga presupuestaria del año 2024. Esta verdadera reconstrucción se afronta en un contexto de presión creciente también, yo creo que lo ha relatado
bien el ministro. Solo en el último año se han registrado más de 133 000 nuevas solicitudes de valoración de grado. Estamos hablando de que la evolución demográfica nos permite prever un incremento de 400 000 personas en situación de dependencia
en el próximo lustro, y que el envejecimiento de la sociedad hará que en el año 2030 haya 1,2 millones más de personas mayores de 65 que en el año 2023. La longevidad es un éxito democrático, pero también supone desafíos y la necesidad de adaptar
nuestro estado del bienestar para democratizar y para reforzar los cuidados. Democratizar los cuidados para quien los recibe, para quien los presta por su empleo y para quien está atravesada -porque son mujeres generalmente- por cuidar a un
familiar. Un gran desafío que supone articular y garantizar cuidados y apoyos para una proporción mayor de la ciudadanía del Estado. Esto no puede ni debe pasar por multiplicar plazas residenciales. Se trata de crear alternativas de vida digna y
elegida en comunidad.
Algunos hitos de ese objetivo común reflejados en este proyecto de ley son trascendentales para la vida de estas personas. Se habilita, por ejemplo, una nueva prestación transitoria; se incluye el tiempo de espera como criterio de
prioridad en el acceso a los servicios del SAD; el reconocimiento del entorno relacional de la prestación de los cuidados; el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho universal; la consolidación de los centros de día como centros clave
de proximidad con un enfoque comunitario; la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones -una de las claves para el acceso a la vida independiente-; también el reconocimiento de los derechos de las personas cuidadoras no profesionales; la
inclusión de un nuevo artículo sobre la calidad del empleo como condición para unos cuidados dignos; el reconocimiento de derechos propios como formación y acompañamiento a las cuidadoras familiares principales; y, por no extenderme más, la
creación de un fondo estatal que nos permita consagrar la accesibilidad universal como un derecho de la ciudadanía.
Otra de las virtudes de este proyecto de ley es poner en el centro a las personas con necesidades de apoyos y cuidados, para quienes las listas de espera o los recursos rígidos, con servicios que no respetan su voluntad o sus derechos, no
deberían darse con la frecuencia con la que se dan. Necesitamos flexibilizar nuestro sistema para ofrecer alternativas de vida digna respetando el espíritu de la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también ponemos en
el centro a la persona cuidadora. Cuando se habilitan nuevos servicios de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como las grúas o las camas articuladas, estamos hablando de mejorar la vida de las personas usuarias, pero también
de mejorar la seguridad y la autonomía de las personas que cuidan, las personas cuidadoras, cientos de miles de mujeres, principalmente, que sostienen un sistema lastrado por prejuicios y estereotipos machistas. (aplausos), con una labor
insuficientemente reconocida y una retribución a todas luces injusta. Si hablamos del sector de los cuidados, vemos que más del 85 % de las trabajadoras son mujeres, la mitad tiene más de 45 años y una de cada cuatro es migrante; sus salarios son
de media un 35 % inferiores al promedio, lo que supone unos 10 000 euros menos con respecto al resto de los empleos. Es difícil solucionar de golpe la situación de todas las personas cuidadoras, pero sí podemos afirmar que esta reforma de la ley va
a la raíz del problema. Los cambios que se proponen son revisar nuestra cosmovisión y dignificar el trabajo de los cuidados como se merece. Estamos hablando de gerocultoras, personal de enfermería, de psicólogas y otros tantos perfiles laborales a
los que debemos tanto y que a menudo reciben tampoco. Yo quiero celebrar que este proyecto de ley ha puesto el foco en mejorar su situación laboral y confío en que ofrecerá el marco que nos permita avanzar hacia un empleo digno, estable y
socialmente reconocido para las personas cuidadoras.
Yo creo que son muchas las virtudes del proyecto de ley que he mencionado, no quiere decir que no falten cosas o que no haya aspectos mejorables. Trabajar para el consenso no implica negar el conflicto y hoy estamos debatiendo una enmienda
a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Planean ustedes en su enmienda una invasión de competencias que remontan a la Ley 39/2006, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, y destacan que fue precisamente Cataluña la pionera en la atención a las personas en situación de dependencia. Pueden creerme cuando les digo que en el Grupo Plurinacional SUMAR nos tomamos muy en serio el respeto más absoluto y
estricto a las competencias autonómicas, y por ello mismo me parece muy digno de alabar el esfuerzo que ha hecho el ministerio a la hora de redactar una norma que respeta con pulcritud el ámbito competencial de las comunidades autónomas.
(Aplausos). Como decía, se ha redactado un texto en el contexto de múltiples reuniones y también con las comunidades autónomas, se ha redactado además con voluntad expresa de encontrar soluciones allí donde se hayan cometido errores -que puede
haberlos- y con la disposición plena a incorporar mejoras para que las comunidades autónomas puedan encontrar en este barco una herramienta que les permita desarrollar al máximo sus competencias.
Yo también comparto una cosa con ustedes: es cierto, no hay contradicción entre defender las competencias propias -es absolutamente legítimo- y defender las mejoras que esta norma ofrece a la sociedad en su conjunto, y espero que compartan
algo ustedes conmigo, que solicitar la devolución de este texto no resuelve ninguno de los problemas que se puedan plantear hoy aquí. ¿Cabe mejorar la integración de este proyecto de ley en el marco de las competencias autonómicas? Sin duda, y
todavía resta una tramitación parlamentaria que nos puede permitir hacerlo. ¿Podemos mejorar el texto en sí con propuestas y medidas? Cuento con ello, y llegaremos hasta donde se pueda. Podemos devolver un proyecto de ley, pero devolver un
proyecto de ley que aborda de frente una situación compleja, con medidas reales participadas, no solo nos impide alcanzar soluciones, es que parece poner los cálculos estratégicos por delante de los compromisos sociales. Aún más cuando ustedes han
sido promotores y han trabajado muchísimo en una ley como es la ley ELA, cuya arquitectura competencial y jurídica es la misma que tiene esta ley, y no solo eso, sino que hay cuestiones que no entraron dentro de la ley ELA que sí entran dentro de
esta reforma de la ley de discapacidad e independencia. Yo creo que en este contexto no caben cálculos, ni siquiera bloques, porque lo que estamos intentando construir aquí es un consenso en torno a la expansión permanente de nuestro sistema de
cuidados de larga duración, una expansión permanente que no dependa del color de los Gobiernos ni de los equilibrios parlamentarios. Ese debería ser nuestro legado con este proyecto de ley, así como la certidumbre de que el incremento de la
financiación debe ser sostenido, estructural e irreversible.
El Gobierno se ha comprometido a alcanzar en el año 2027 el 50 % de la financiación del sistema de dependencia por parte de la Administración General del Estado. Es cierto que el Estado aún tiene un déficit en la financiación del sistema de
dependencia, por eso tenemos que conjugar ese incremento irreversible de la financiación con las adaptaciones normativas necesarias para dotar de contenido el nuevo modelo de derechos sociales en este ámbito. Mejor financiación, más derechos y más
igualdad. En definitiva, más democracia, porque este proyecto de ley es una oportunidad única para ejercer nuestra responsabilidad institucional y garantizar que a partir de esta legislatura el único camino imaginable para los próximos Gobiernos
sea el del refuerzo permanente e indiscutido de nuestro Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Como ha dicho ya el ministro, esta es una ley de país, construida con, por y para la gente, con los movimientos sociales y con todo aquel que ha querido y ha podido implicarse en esta primera fase del desarrollo. Como ley de país que es,
hagamos de un consenso social un consenso político.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
¿Quieren hacer uso de la réplica? (Pausa).
Señor Cruset, quan vulgui.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, presidenta.
La veritat és que no tenia previst intervenir, però l'he escoltat amb molta atenció i he arribat a la conclusió que vostès realment, de convicció, viuen en un món paral·lel al de la veritat, d'acord? I s'atreveix a sortir aquí i afirmar que
no hi ha invasió competencial i quedar-se tan tranquil. I tant que hi ha invasió competencial! Òbviament que n'hi ha! A més, d'una manera molt contundent. I el que és més preocupant és quan el sento afirmar a vostè que estén la mà i diu: 'No, ja
ho arreglarem, ja mirarem de trobar-hi
solució'. Però després hi afegeix -perquè el traeix el subconscient- afegeix el 'llegaremos hasta donde se pueda'. Ja comprendrà que vostè, tenint en compte que eren els del sí se puede i s'ha quedat amb el que s'ha quedat tot això, ja
comprendrà que vostè poca confiança ens dona en aquestes bones declaracions de voluntat. Posa, a més a més d'exemple, la Llei ELA, una llei encallada en aquest hemicicle durant anys, que si és una realitat va ser gràcies a la Pilar Calvo i a la
feina de Junts per Catalunya i que, a més a més, van tindre la barra, després d'un cop aprovada, bloquejar els recursos econòmics patint, com hem denunciat avui en la Llei de dependència, que la gent es quedessin patint sense tindre els recursos
perquè el govern no mobilitzava aquests recursos. Per tant, utilitzar l'exemple de la llei ELA amb el que pot passar amb la llei de dependència, ja li dic francament que és un exemple ben desafortunat, perquè si hagués sigut per vostès, no hi
hauria ni llei i no hi hauria pas ni recursos per tal d'ajudar els malalts d'ELA.
I una última qüestió. Acaba dient: 'Aquesta és una llei de país'. Hi estic d'acord, del 'seu' país perquè envaeix les competències del nostre país i les recentralitza d'una manera contundent. Però no pateixi, potser segurament se'n
sortirà gràcies als vots de la dreta i l'extrema dreta, que quan es tracta de parlar del seu país no els hi fallen mai.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que no tenía previsto intervenir, pero he escuchado con mucha atención y he llegado a la conclusión de que ustedes realmente viven en un mundo paralelo al de la verdad. Se atreve a salir aquí y afirmar que no hay invasión de
competencias y quedarse tan tranquilo, pero claro que hay invasión competencial, es obvio que la hay, y además de una forma muy contundente. Y lo que me preocupa más es oírle afirmar a usted que ya lo arreglaremos, que buscaremos alguna solución,
pero luego añade, porque le traiciona el subconsciente: llegaremos hasta donde se pueda. Ya comprenderá que, teniendo en cuenta que eran los del sí se puede y se ha quedado en lo que se ha quedado todo esto, nos da poca confianza con esas
declaraciones de buena voluntad. Además, pone de ejemplo la ley ELA, una ley encallada en este hemiciclo durante años y que si es una realidad fue gracias a Pilar Calvo y al trabajo de Junts per Catalunya. Y además tuvieron el morro de, una vez
aprobada, bloquear los recursos, como han denunciado hoy en relación con la ley de dependencia, y que la gente se quedara sufriendo sin tener recursos porque el Gobierno no movilizaba dichos recursos. Por tanto, poner el ejemplo de la ley ELA
respecto a lo que puede pasar con la ley de dependencia, francamente le digo que es un ejemplo bien desafortunado, porque si hubiera sido por ustedes no tendríamos ley ni habría tampoco recursos para ayudar a los enfermos de ELA.
Y una última cuestión. Acaba diciendo: esta es una ley de país. Y estoy de acuerdo: de su país. Porque invade las competencias de nuestro país y las recentraliza de una forma contundente. Pero no sufran, porque seguramente saldrá de
aquí. Tendrán los votos de la derecha y de la extrema derecha, porque cuando se trata de hablar de su país no les fallan nunca.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.
Tiene la palabra el señor Martínez Hierro.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Mire, señor Cruset, tampoco nos hagamos trampas en el solitario. Ha empezado usted así, y yo también lo diré. Usted sabe perfectamente a lo que me refiero cuando hablo de la ley ELA. También creo que cabe
reconocer implicación plena del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de su portavoz, Verónica Barbero, y de Rafael Cofiño en el desarrollo de esta ley. Sabe perfectamente a lo que me refiero. Ustedes aceptaron un marco para aprobar esa ley que
hoy están negando. Ustedes aceptaron un marco e incluso aceptaron que se quedasen fuera cosas que hoy quedan dentro de esta ley; por tanto, su discurso en materia competencial y en materia de la estructura legislativa hace aguas.
Entiendo que nos centremos en las cosas que se hicieron mal en nuestros servicios sociales, de verdad que lo entiendo, y entiendo que es parte del debate, y que hay insuficiencia financiera, y que nos centremos en los recortes, en la mejora
de la coordinación sociosanitaria y en que la gente debería de ser atendida mejor y más rápido, desde luego, y con un mayor respeto a sus preferencias y proyectos vitales, pero es que para eso estamos aquí, para buscar soluciones, y desde luego la
devolución de la ley no aporta ningún tipo de solución. A mí me hubiera gustado escucharle, además de la obvia argumentación de por qué no consideran ustedes que esta es una ley apropiada, qué propuestas de mejora tienen más
allá de la devolución de una ley que, evidentemente, genera un marco que permite a las comunidades autónomas desarrollar toda su potencialidad en relación con las políticas de discapacidad y dependencia.
El reto era afrontar una reconstrucción compleja que avanzase en materia de derechos por vía de participación y de diálogo, y además nosotros creemos que esta reforma lo ha conseguido. La mejora del texto durante los primeros pasos de su
tramitación ha sido fruto de un proceso participativo muy amplio, con cientos de aportaciones en el procedimiento de información pública, con reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con encuentros con agentes sociales en el marco de las
mesas y con un constante trabajo conjunto con la sociedad civil, con sus entidades y con la ciudadanía. Han comparecido más de una decena de entidades en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad para aportar sus matices y sus críticas, pero
también para aportar un consenso claro: que esta reforma de la ley tiene que salir adelante y que la necesitan ya. (Aplausos).
Y yo vuelvo a afirmar lo que he afirmado antes: que ha habido un trabajo profundo por parte del Ministerio de Derechos Sociales, centrado en el pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas, que puede y debe ser continuado.
Yo les animo a seguir trabajando en un proyecto de ley que es fundamental para millones de personas y de familias, de verdad.
Y quiero acabar resaltando también la resiliencia de nuestros servicios sociales, que incluso tras un periodo complejo, agravado por una pandemia, han seguido adelante y nos encontramos ante la oportunidad no solo de recuperar su capacidad,
sino de garantizar su progresiva expansión. Es que, además, este proyecto de ley consolida el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales, de las comunidades autónomas y de las Administraciones locales. Y esta oportunidad de la que yo hablo de
volver a recuperar esos servicios sociales no existiría sin las plantillas de trabajadoras sociales, de gerocultoras, sin las entidades que gestionan proyectos fundamentales para la estructura de cuidados y apoyo de nuestro país, sin la entrega de
las cuidadoras en el ámbito doméstico y sin el apoyo de las familias. Cada día, miles de personas a todos los niveles de la Administración y de la sociedad sostienen nuestro sistema de cuidados a pesar de las dificultades, y gracias a esas personas
estamos hoy aquí, ante la oportunidad de transformar, como he dicho antes, un consenso social en un consenso político.
Creo, y quiero decirlo para terminar, que todas esas personas merecen nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, así que, termino y solo pido una cosa: aprovechemos esta reforma para dar un paso decidido hacia un sistema de cuidados público
más robusto, profesional y más justo y cercano a las personas. Este Congreso tiene la responsabilidad de estar a la altura y hoy podemos dar el primer paso para convertir ese consenso social en una decisión política sólida. Avancemos con la
convicción de que fortalecer los servicios sociales es fortalecer nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta enmienda a la totalidad que ha presentado Junts al proyecto de ley que ha traído el Gobierno alega invasión de competencias y falta de financiación. Nuestro posicionamiento va a ser no apoyar esta enmienda a la totalidad, y no porque
estemos de acuerdo al cien por cien con el proyecto que presenta el Gobierno, pero sí defendemos más derechos, más inclusión y más dignidad para las personas dependientes y con discapacidad de este país, y eso sí que no puede seguir esperando.
El proyecto que se presenta refuerza algunas medidas fundamentales, reconoce la accesibilidad universal como un derecho exigible, amplía la asistencia personal, simplifica la burocracia e incluye nuevas prestaciones y apoyos técnicos, y eso
a nosotras nos parece que son avances importantes. Sin lugar a dudas, la vida independiente y la autonomía de las personas con discapacidad dependen de algunas de estas medidas, pero, evidentemente, nosotras sabemos que no todo está resuelto. Sin
recursos y sin los mecanismos y las herramientas necesarias los derechos no se pueden garantizar, señor ministro. Por ejemplo, no aprobar presupuestos generales del Estado durante toda la legislatura supone que se congelen las prestaciones a las
personas dependientes y que, al incrementarse el precio de los servicios y el coste de la vida, las condiciones hoy en día sean peores que las que dejamos nosotras cuando salimos del Gobierno. Por cierto, creo que es justo recordar que la ministra
que revirtió los recortes de la derecha, del señor Rajoy, fue Ione Belarra (aplausos), porque a día de hoy ustedes no han subido ni un céntimo, señor ministro. Perdóneme, pero yo creo que es de justicia decirlo.
Junts nos dice que esta ley invade competencias autonómicas, y nosotros no lo ponemos en duda. Nosotros entendemos que es un argumento muy válido, pero la realidad que nosotras contemplamos es que las personas dependientes y con
discapacidad deben ser atendidas de la misma forma, estén en el lugar que estén, en todo el territorio del Estado. La accesibilidad, las prestaciones y los apoyos deben garantizarse en todos los lados. Y también se cuestionan la memoria económica
del proyecto y las promesas vacías. Nosotras también vamos a estar muy pendientes de que no se hagan promesas vacías y de cuál vaya a ser el dinero que se destine a este proyecto de ley, porque no queremos más palabras bonitas y que las personas
dependientes y con discapacidad sigan viendo sus derechos mermados. No nos valen las buenas intenciones.
Entre las cosas positivas que tiene el proyecto y por lo que lo vamos a apoyar son las medidas para las mujeres y niñas con discapacidad, medidas específicas que a nosotras también nos parecen un avance, pues reconocen por primera vez la
doble discriminación: no solo por tener una discapacidad, sino también por el hecho de ser mujeres. Pero, señor ministro, a nosotras nos siguen faltando programas integrales y servicios accesibles de prevención de la violencia específicos para las
mujeres y niñas con discapacidad o cualquier tipo de dependencia, así como una formación de verdad de los profesionales en esta materia. Además, porque así nos lo ha hecho llegar la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, le pido que las
escuchen, pues nos han dicho que han pedido cita y no las han atendido, y al final el resultado es que sus reivindicaciones no están incorporadas al proyecto. Nosotras, en nuestro trabajo, vamos a incorporar estas reivindicaciones y espero que sean
atendidas. Lo que al final busca la gente dependiente y con discapacidad de este país es poder desarrollar una vida en unas condiciones dignas y con la mayor autonomía posible. No hay más, es lo que al final perseguimos todas y todos. Por eso,
nosotras entendemos que esta ley debe ser tramitada con la mayor premura posible; ya llevan demasiado tiempo esperando.
Deben hacer sus tareas las comunidades autónomas, pero también el Gobierno. Señor ministro, ya le dije una vez en comisión que hay que trabajar bien las compatibilidades de las distintas prestaciones. En Canarias, por ejemplo, a través de
la renta ciudadana se han intentado complementar pensiones no contributivas, que muchas de ellas las reciben personas dependientes, y se ha amenazado a mi tierra con que hoy no se podía hacer. Y yo no soy sospechosa de defender al Gobierno de
Canarias, de Coalición Canaria y el Partido Popular. Pongamos las cosas fáciles a las comunidades autónomas cuando lo que se va a hacer es ampliar derechos y mejoras en la vida de la ciudadanía.
Ya digo que nosotros no vamos a defender ciegamente este proyecto de ley, pero sí los derechos de las personas con discapacidad y dependencia de este país. Sabemos que hay muchas entidades, plataformas y personas que trabajan en este ámbito
que están pendientes de que esto salga adelante en el día de hoy y, por supuesto, van a contar con nuestro voto favorable en ese sentido. Por tanto, señor ministro, sin más, quiero decirle que tiene usted una tarea muy importante por delante y que
esperamos que, más allá de las palabras bonitas, esta ley sirva como herramienta válida para garantizar derechos y, sobre todo, para que las personas con dependencia y discapacidad de este país puedan tener su proyecto de vida en las condiciones que
ellas desean.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Eguerdi on, guztioi.
Beno, labur saiatuko naiz azaltzen gure posizioa. Lege proposamen honi ipinitako osoko emendakina kentzearen arrazoiak azaltzeko erabiliko dut txanda. Batzordean esan bezala, ezgaitasuna duten pertsonen Eskubideen Legeari dagokion partean
eta bertan planteatzen diren aldaketen inguruan ez dugu arazo nagusirik antzeman, eremu konpetentzialari dagokionez batik bat, bai ordea, dependentziaren inguruko inguruan planteatzen diren lege aldaketetan. Hori dela eta, gure osoko emendakinaren
arrazoia izan da.
Jada 2026ko legearen kontrako botoa eman genuen, gure taldeak legea guztiz inbasiboa zelako, eta delako. Oraingo honetan planteatzen diren aldaketekin joera horrekin jarraitzen du gobernuak. Hau honela izanik, eremu konpetentzialaren
kontrako lege-proiektua izanik, batez ere dependentziaren arloan, Estatuko gobernuaren konpromiso bat lortu nahi genuen eraso legalari aurre egiteko. Hamaika dira konpetentzialki gure taldetik proposatu ditugun aldaketak, eta esan dezaket, ia bere
osotasunean gobernuaren konpromisoa dugula testua moldatzeko. Konfiantza horrekin, eta oraindik eztabaidatzeko
bidea zabalik dagoela sinistuta, gure osoko emendakina kendu eta emendakin partzialen bideari ekingo diogu. Lege-proiektu honek konpetentziak errespetatzeaz aparte hobekuntzak barneratzeko nahiarekin.
Buenas tardes a todas y a todos.
Voy a tratar de ser breve al explicar las razones de nuestra posición y de la retirada de la enmienda a la totalidad presentada a este proyecto de ley. Tal y como se ha dicho en la comisión, en la parte que corresponde a la ley de derechos
de las personas con discapacidad y en torno a los cambios que se plantean en ella, no hemos detectado ningún gran problema en lo que respecta al ámbito competencial; en cambio, sí los hemos detectado en las modificaciones legales que se plantean en
torno a la dependencia. De ahí, nuestra enmienda a la totalidad.
Nuestro grupo ya votó en contra de la ley en 2006, porque nos parecía totalmente invasiva. Con los cambios que se plantean en esta ocasión, el Gobierno sigue con la misma tendencia. Siendo esto así, siendo un proyecto de ley contra el
ámbito competencial, sobre todo en lo que respecta a la dependencia, queríamos conseguir un compromiso del Gobierno para hacer frente al ataque legal. Son once los cambios que competencialmente proponemos desde nuestro grupo y puedo afirmar que
casi en su totalidad tenemos el compromiso del Gobierno para adaptar el texto. Con esa confianza y creyendo que todavía está abierta la vía para debatir, vamos a retirar nuestra enmienda a la totalidad y a iniciar el camino de las enmiendas
parciales, con el deseo de que este proyecto de ley, además de respetar las competencias, introduzca mejoras.
Retiramos nuestra enmienda a la totalidad al proyecto de ley que hoy debatimos tras acordar con el Gobierno diferentes aspectos que eran y son claramente invasivos con las competencias de las comunidades autónomas. Han sido once los
aspectos más lesivos que hemos detectado en la norma y que incorporaremos mediante enmiendas tras el acuerdo logrado con el Gobierno. Queda aún algún fleco por abordar, pero damos pie a la tramitación con el objetivo de que desde el respeto
competencial podamos incorporar las mejoras necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y para mejorar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de
dependencia. Creemos que en la parte del proyecto relativo a la dependencia hay margen para mejorar en su encaje constitucional, ya que se apropia de competencias exclusivas autonómicas, pero sobre todo en el de la financiación. Algunos de los
artículos -como el artículo 32 bis, el 33, el 34, el 35 y el 35 bis- exceden de las condiciones básicas tan alegadas en los proyectos de ley que nos presenta el Gobierno en la medida que imponen reglas uniformizadoras sobre la composición de las
comisiones evaluadoras, los elementos definitorios de las tasas administrativas y la acreditación, evaluación y calidad de las prestaciones. Insistiremos, bajo el paraguas del acuerdo logrado, en que estos aspectos sean subsanados en este proyecto
de ley. De ello dependerá, señor ministro, nuestro voto al final de la tramitación, porque, a pesar de que el portavoz de SUMAR, el señor Martínez, hoy haya afirmado que el texto propuesto respeta el ámbito competencial, esto no es así.
Finalizo con uno de los elementos clave en todo lo que esta ley pretende, que es el de la financiación. La ley de dependencia establece una cartera de prestaciones que esta reforma amplía y, además, establece medidas que suponen estándares
más exigentes que van a suponer un sobrecoste presupuestario, eso todos lo sabemos. No se puede subestimar el gasto que van a comportar estos cambios, ni los presupuestarios ni el de mejora de las condiciones de empleo, y no hay ninguna estimación
sobre el compromiso estatal de incrementar su participación en la financiación del nivel convenido, que, recordemos, según el artículo 32 de la ley de dependencia, es del 50 %, que ni de lejos se cumple. Su compromiso, ministro, no se traduce en
hechos, es papel mojado.
En Euskadi, la aportación estatal en 2023 fue del 16,1 %, muy lejos de ese 50 % que debería haber aportado el Gobierno del Estado, y, sin embargo, porque las instituciones vascas así lo han decidido y así lo hemos decidido, se cumple con el
cien por cien de la cartera de servicios establecidos por la ley. Esta ha sido una opción de país, la de dar el mejor servicio a las personas dependientes, a las más vulnerables, y queremos que siga siendo así. Por ello, es importante para el
Partido Nacionalista Vasco que se respeten nuestras competencias, porque -a los hechos y datos, a la realidad me remito- suponen un mejor modelo de cuidados para vascos y para vascas.
Mila esker.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Eguerdi on guztioi. Un saludo a todas las entidades presentes aquí.
Debatimos hoy la enmienda a la totalidad que podría poner fin al recorrido del proyecto de ley que modifica las leyes vigentes hasta ahora en relación con la discapacidad y la dependencia. Eran dos las enmiendas a la totalidad presentadas
-ahora solo una-, por las derechas vasca y catalana.
Dakizuenez, eskumen gaia oso garrantzitsua da gure alderdiarentzat. Hemen aurkeztutako legeak onartu ala ez erabakitzerakoan. Horregatik, beti lege proiektuak bakoitzean zuzenketak aurkezteak eta negoziatuz izan ditzakeen edozein urraketa
aritzen ditugu. Eta, hain zuzen ere, gobernu honek aurkeztutako lege gehienek badituzte. Hori da beti gure ikuspegia, gure eskumen edozein urraketa potentziala kentzea eta gure eskumenak errespetatzea zuzenketa prozesuaren bidez. Hori da,
halaber, lege proiektu honekin hartuko dugun ikuspegia.
Como saben, el tema de las competencias es muy importante para nuestro partido a la hora de decidir si se aprueban o no las leyes aquí presentadas. Por eso siempre, en cada proyecto de ley, presentando y negociando enmiendas atenuamos
cualquier vulneración en que puedan incurrir, porque precisamente la mayoría de las leyes presentadas por este Gobierno lo hacen. Ese es siempre nuestro enfoque: eliminar cualquier potencial vulneración de nuestras competencias y hacer que se
respeten a través del proceso de enmienda. Esta es también la perspectiva que adoptaremos con este proyecto de ley.
Otras formaciones, en cambio, tienen tendencia a recurrir al tema competencial como excusa para frenar avances sociales, que obviamente no son de su gusto, intentando maquillar su posición de derechas con el avance en derechos en la cuestión
competencial. Lo hemos visto tantas veces que ya no resulta creíble.
Centrándonos en la cuestión, este mismo martes la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales y hoy mismo el ministro en su comparecencia aludían al grado de consenso logrado en la aprobación del real decreto ley que llevaba a implementar la
ley -aprobada también por unanimidad hace algo más de un año- para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades irreversibles de alta complejidad. Recordemos que las dos formaciones que presentaban
inicialmente las enmiendas a la totalidad hoy, también votaron a favor del decreto que conllevaba cambios en las leyes que ahora se plantean modificar. Aprobamos crear un grado III plus en el baremo de dependencia para garantizar la financiación y
un sistema de atención más ágil y específico. Es decir, han votado a favor de una norma que, de facto, genera la reforma que ahora se plantea. ¿Dónde está la coherencia? Nosotras consideramos que el proyecto de ley supone una oportunidad para
avanzar en derechos fundamentales, mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y discapacidad y reforzar el sistema público de atención. La propuesta de reforma establece tiempos máximos de valoración de discapacidad y
dependencia; incorpora medidas -como se ha comentado- orientadas a reducir la burocracia, ampliar la cobertura y garantizar una atención más personalizada; protege y apoya a las personas cuidadoras y da pasos significativos en la dignificación de
los trabajos de cuidados, que, como sabemos, están totalmente feminizados; plantea la compatibilidad de prestaciones, y también tiene en cuenta medidas tendentes a la excepción completa del copago, entre otras.
Hauek guztiak herritarren eta gizarte erakundeen eskaera historikoei erantzuten dieten neurriak dira. Hala ere, proiektua hobetu daitekeela uste dugu. Nola ez. Beraz, lege proiektuan hobekuntzak txertatzeko konpromisoa ere helarazten dugu
aldaketa prozesuaren bidez, non finantzaketaren bermeak horietako batzuen norabidea zehaztuko duen.
Todas ellas son medidas que responden a las demandas históricas de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. No obstante, consideramos que el proyecto es mejorable -cómo no-, por lo que también manifestamos nuestro compromiso de
introducir mejoras en el proyecto de ley a través del proceso de enmienda, en el que la garantía de la financiación marcará el rumbo de algunas de ellas.
Las reformas de las leyes no pueden llevarse a cabo sin abordar la falta de dotación económica, que impide la igualdad y el cumplimiento de la norma. Sin incremento de financiación, los nuevos derechos que esta reforma propone y reconoce
quedan en papel mojado y solo servirían para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares. Esperemos, señor ministro, que este compromiso que nos ha trasladado hoy esta vez sí se cumpla; esta vez sí.
Dicho esto, les pedimos, señorías del Gobierno, que respeten las competencias que nos corresponden a los territorios
históricos y que las plasmen inicialmente en las iniciativas legislativas que presenten. Esto posibilitaría que los grupos soberanistas centremos nuestro trabajo en mejorar la ley en sus contenidos y no perdamos tiempo y energía en realizar
un escaneado inicial a todas las leyes que presentan. Es un trabajo que tomamos pero que ustedes deberían realizar previamente desde el respeto que deben a nuestras competencias y a nuestras capacidades.
Esperamos que hoy este proyecto pueda seguir su tramitación para mejorarlo en el proceso de enmienda y que modifiquemos lo necesario para que las personas en situación de dependencia y discapacidad puedan ver mejorada su dignidad y su
calidad de vida.
Mila esker. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, presidenta.
Senyores i senyors diputats.
Avui permetrem la tramitació de la reforma de la Llei de Dependència. Així ens ho han demanat tota la comunitat a l'entorn del mon de la dependència, que si us plau, tramitem això, millorem el que calgui i tirem endavant malgrat les pegues
que tenim i que ara explicaré. Ho fem per no perdre més el temps. No es pot perdre el temps quan hi ha una cosa tan important en el qual creiem que ja s'ha perdut massa temps. I ho fem perquè hem escoltat a la ciutadania, perquè entenem que vint
anys després de la llei del marc normatiu de 2006, doncs hi han coses que han de canviar. Evidentment que han de canviar i és urgent i, com deia abans, no podem esperar. Però que ningú s'equivoqui, senyor ministre. El nostre vot favorable a la
tramitació no és un xec en blanc en aquests moments. Aquesta llei, tal com està la redacció, es pot millorar, si no canvia radicalment en alguns temes. Si no canvia això, tindrà un no rotund, però la tramitació la farem. Creiem que la tramitació
sempre és una oportunitat que per sistema intentem nosaltres respectar, perquè així, de vegades, hi ha compareixences i així es poden fer bé les coses. Però no ens agrada per dues raons que aquí ja s'han dit en algun moment.
Envaeix competències, sí, envaeix competències, però es pot solucionar, però envaeix competències. No li faré el llistat enorme aquí ara, però envaeix competències i creiem que es pot solucionar simplement respectant les competències que ja
estan i el marc normatiu que tenia el 2006 evidentment pot millorar. Hi ha invasió competencial. La Generalitat de Catalunya, sap vostè que té competències exclusives en serveis socials. Així ho diu l'Estatut, però aquesta reforma de les trepitja
i uniformitza algunes i esperem que això es pugui en la tramitació solucionar. La diversitat social i territorial exigeix proximitat, respecte i no acceptarem que se'ns tracti com a simples delegacions. Això ja ho sap vostè, però ho repeteixo, es
pot esmenar.
Segon. I el segon sí que és important perquè l'hem patit molt greu, no? Ens han dit que sí, que hi haurà finançament i sense finançament aquesta llei ja sabem que és paper mullat i fa mal. Fa mal perquè crees unes expectatives, com les
van crear amb la llei del 2006, que estava molt bé, però després no es van complir. La llei fa grans promeses, hi ha grans millores, però sense pressupost Catalunya, a més, ha estat una de les comunitats més maltractades pel sistema de dependència.
En alguns anys, l'Estat només ha contribuït amb el 13 % del cost real del servei i la Generalitat ha assumit el 75 %. És a dir, mentre l'Estat es penjava la medalla, nosaltres pagàvem la factura i escoltàvem tota la gent amb aquestes necessitats
queixar-se a les nostres administracions.
I aquí permeteu-me que no es torni a repetir una metàfora que crec que és molt clara i que passa amb aquesta llei, no? Se'ns convida d'un bon sopar. El menú és bo. Fa molt bona pinta, però al final ens demanen que paguem nosaltres.
Espero que això no passi. Per això calen pressupostos i per això estem a favor de que hi hagi tramitació pressupostària i que ens la juguem portant en els pressupostos i que la gent digui perquè clar, aquí tothom vol solucionar coses, però després
ningú vol que això vagi acompanyat d'uns diners. I que quedi retratat tothom en aquells pressupostos, qui és el que dona suport i qui és el que no dona suport. I aquí sí que hauria d'estar aquesta partida pressupostària, perquè aquesta llei pugui
complir-se i no es quedi en paper mullat, no? És a dir, bon sopar, però esperem que el paguin vostès, perquè sinó malament.
La realitat és dura, és veritat. I per això, raó de més de la pressa i no tornar sempre que sí al Senat, que hi ha coses que la gent no les entén. A Catalunya hi ha 70 000 persones esperant una prestació de dependència en aquests moments.
Hi ha 70 000 persones que tenen pressa per millorar i que això es
pugui solucionar de cop i volta. Moltes persones han mort sense haver rebut cap suport i cap ajut i això és bastant lleig. De fet, hi ha un a cada 55 minuts, segons em diuen les estadístiques.
I què ens proposen? Més drets. Doncs molt bé, acceptem aquests drets. Donem una oportunitat al Govern i als partits que li donen suport a que aquesta llei pugui ser millorada, aquesta llei pugui realment satisfer totes les necessitats i
que aquest sigui un bon menú. I el nostre vot avui serà no a impedir la tramitació. Però ja els diem que si no hi ha canvis substancials no li donarem suport a la tramitació. Temps tindrem de parlar punt per punt i esperem que es pugui tramitar
perquè així ens ho han demanat tota la gent que necessita -com aigua de maig, que diuen vostès- aquesta llei.
Moltes gràcies.
Buenas tardes, presidenta, señoras y señores diputados.
Hoy tramitamos la reforma de la ley de dependencia. Nos lo ha pedido toda la comunidad del mundo de la dependencia: que, por favor, la tramitemos, que mejoremos lo que haga falta y que la impulsemos a pesar de las trabas que tenemos, que
ahora explicaré. Lo hacemos para no perder más tiempo -no se puede perder más tiempo cuando hay una cosa tan importante en la que creemos y ya se ha perdido demasiado tiempo- y lo hacemos porque hemos oído a la ciudadanía. Entendemos que veinte
años después del marco normativo de 2006, hay cosas que hay que cambiar. Evidentemente, hay que cambiarlas y es urgente que lo hagamos. No podemos esperar. Pero que nadie se equivoque, señor ministro. Nuestro voto favorable a la tramitación no
es un cheque en blanco en estos momentos. Esta ley, tal y como está ahora la redacción, se puede mejorar. Si no cambian radicalmente algunos temas, si no cambia esto, tendrán un no rotundo, pero la tramitación la haremos. Creo que la
pretramitación siempre es una oportunidad que tenemos que autorrespetar, porque a veces con las comparecencias se pueden hacer bien las cosas. Pero no nos gusta por dos razones que ya se han oído hoy aquí en algún momento.
Invade competencias. Sí, invade competencias, pero se puede solucionar. No le voy a hacer toda la lista enorme que hay. Invade competencias, se puede solucionar simplemente respetando las competencias que ya están en el marco normativo
que tenemos de 2006, evidentemente, y puede mejorar. Invasión competencial. La Generalitat de Cataluña sabe usted que tiene competencias exclusivas en servicios sociales, lo dice el estatuto, pero esta reforma las pisotea y esperemos que eso de
alguna manera se pueda solucionar en la tramitación. La diversidad social y territorial exige proximidad, respeto y no que nos traten como simples delegaciones. Eso ya lo sabe usted, pero -repito- se puede mejorar.
Segundo. Lo segundo sí que es importante porque lo hemos sufrido mucho. Nos han dicho que sí habrá financiación. Sin financiación esta ley ya sabemos que quedará en papel mojado y hará daño porque creará unas expectativas, como se hizo
con la ley de 2006, que estaba muy bien, pero luego no se cumplieron. La ley hace grandes promesas de grandes mejoras, pero sin presupuesto. Además, Cataluña ha sido una de las comunidades más maltratadas por el sistema de dependencia. En unos
años solo ha contribuido con el 13 % al servicio. La Generalitat ha asumido el 75 %. Es decir, mientras el Estado se cuelga las medallas, nosotros pagábamos la factura y escuchábamos a todas las personas con esas necesidades quejarse de nuestra
Administración.
Aquí, permítanme que no se vuelva a repetir una metáfora que creo que es muy clara y que pasa en esta ley. Se nos invita a una buena cena, el menú es rico, tiene buena pinta, pero al final nos piden que paguemos nosotros. Esperemos que no
pase. Para eso hacen falta presupuestos, por eso queremos que haya tramitación presupuestaria y nos la jugamos con los presupuestos. Aquí todo el mundo dice que quiere solucionar cosas, pero todo eso tiene que ir acompañado de dinero. Tiene que
quedar claro con los presupuestos quién da apoyo y quién no da apoyo. Aquí sí que tendría que estar esta partida presupuestaria para que se pueda cumplir esta ley y no quede en agua de borrajas. Es decir, una buena cena, pero esperemos que paguen
ustedes la factura, porque, si no, vamos mal.
La realidad es dura, es cierto. Por eso no podemos ir con la prisa y al final decir cosas que la gente no entiende. En Cataluña hay 70 000 personas esperando una prestación de dependencia a día de hoy. Son 70 000 personas que tienen prisa
para mejorar y que esto se pueda solucionar de una vez por todas. Muchas personas han fallecido sin haber recibido ningún apoyo ni ninguna ayuda -eso es bastante feo-, de hecho, una cada 55 minutos, según dicen las estadísticas.
¿Y qué nos proponen? Más derechos. Centremos esos derechos, demos una oportunidad al Gobierno y a los partidos que le apoyan para que esta ley pueda ser mejorada, para que esta ley pueda realmente satisfacer todas las necesidades y que
esto sea un buen menú. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Nuestro voto hoy va a ser no a que se impida la tramitación, pero ya les decimos que si no hay cambios sustanciales no le vamos a dar apoyo a la tramitación. Ya tendremos tiempo de hablar punto por punto, y esperemos que se pueda tramitar,
porque así nos lo han pedido todas las personas que necesitan como agua de mayo, como dicen ustedes, esta ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Venimos hoy a debatir, porque Junts no quiere que el Estado español le regule la dependencia en Cataluña. Entonces, presentan una enmienda a la totalidad que, la verdad, tiene frases que no tienen precio. El proyecto de ley tiene 'una
visión centralista que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera sus competencias exclusivas reconocidas en el Estatuto'. La ley de dependencia vulnera las competencias catalanas, interfiere en los servicios sociales del Gobierno catalán.
Esto no les importó con la ley ELA. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que el Estado se comprometía a esos 500 millones de transferencias financieras. Luego dicen que rechazan que se 'fije la manera de definir el grado de dependencia de cada
persona, al margen de las competencias de la Generalitat' porque es un 'absoluto menosprecio del autogobierno de Catalunya'. ¿Y qué más? Que esta reforma, este proyecto de ley 'se propone profundizar en la herida y el desprecio competencial'. En
fin, lo de siempre, que ustedes no quieren que el Estado español les diga cómo definir los grados, pero sí quieren el dinero del Estado español. Lo de siempre. (Aplausos). No les gustan las injerencias legales del Estado español, pero sí las
injerencias en las cuentas bancarias de la Generalitat. ¿Los 467 millones de la Administración General del Estado del año pasado eran una injerencia o cómo era eso?, ¿a eso cómo lo llamamos? La pela es la pela, lo de siempre.
Además, el principal germen del separatismo se ve muy claramente en esta enmienda a la totalidad. Ustedes son abanderados del egoísmo, son rupturistas de la comunidad, ustedes son carroñeros de los impuestos de los españoles y son ladrones
de la identidad colectiva. Traidores del patrimonio de todos (aplausos), que, además, no les pertenece a ustedes. Hoy, señorías, hoy no deberíamos estar debatiendo esta enmienda, porque ustedes hoy no deberían estar aquí. Aunque esta reforma de
dependencia no es la reforma que España necesita, ustedes no deberían tener legitimidad para hurtar este debate a todos los españoles, señorías, mucho menos porque lo consideren un menosprecio al autogobierno de Cataluña. Los españoles merecen una
gran reforma de dependencia que aborde sus problemas principales y reales y ustedes no deberían poder vetarla, señorías de Junts.
Este es un asunto muy serio. España, insisto, se merece una gran reforma de dependencia que no es esta, señor ministro. En los diez primeros meses del año, de este año 2025, ¿saben cuántas personas murieron en una lista de espera sin
recibir las prestaciones? Son 27 217 personas las que murieron en una lista de espera, señorías. Son 82 personas al día, una persona cada 18 minutos. Es algo serio, es algo grave como para frivolizar y como para venir con debates egoístas. Esto
es un fracaso. De esas 27 217 personas, ¿saben ustedes, son conscientes de cuántas murieron en Cataluña en una lista de espera sin recibir una prestación? Sí lo saben, ¿verdad? Son 7580. Casi un tercio de todas esas que murieron en el Estado
español las aportan ustedes. No deberían estar tan orgullosos porque sus políticas de autogobierno no son como para lanzar cohetes. El sistema de dependencia es una asignatura pendiente, pero -spoiler- va a seguir estando pendiente después de este
proyecto de ley, señorías.
La reforma de dependencia que España necesita pasa necesariamente por desmantelar los egoísmos autonómicos para poder enfocarse en la unidad, en la eficiencia y en la igualdad de las prestaciones por dependencia. (Aplausos). Miren, España
es un país de una riqueza y de una diversidad impresionantes, y, además, hay que entender España así, con todas sus maravillosas diferencias en lo provincial, en lo regional y en lo diverso. Que una persona con discapacidad o dependencia reciba
distinto tratamiento o distinta prestación en función de en qué comunidad autónoma le haya tocado vivir, eso no es riqueza ni es diversidad ni es nada, eso es injusticia y eso es discriminación. (Aplausos).
La reforma que España necesita pasa por que una persona con dependencia en Gavá, en Colmenar Viejo o en Talavera de la Reina tenga, por lo menos, las mismas oportunidades y prestaciones. España se enfrenta, además, a un escenario de
envejecimiento poblacional sin precedentes, y esto no es una frase sin más. Podemos ver realmente con los datos en la mano, con las estadísticas en la mano hacia qué escenario y a qué necesidades en el sistema sociosanitario vamos. Es urgente
abordar que debemos tener un sistema sociosanitario fuerte.
Señorías del Gobierno y señorías de SUMAR, que han ejercido el turno en contra, la reforma del artículo 49 no ha salvado la vida de nadie. No hagan demagogia. Vienen ustedes aquí a hablar, con un politiqués y con un lenguaje que no
entiende absolutamente nadie, sobre un artículo que venía a cambiar una palabra y que ha acabado pisoteando el artículo 14 de la Constitución española. Así que no, el artículo 49 no es precedente de nada y no ha venido a salvar la vida de nadie.
No engañen a la gente, señorías del Gobierno. (Aplausos).
Las personas con discapacidad y con dependencia quieren ayudas reales, quieren tranquilidad y quieren salir de la precariedad. A las familias que tienen un miembro con dependencia o con discapacidad les suceden, al menos, dos cosas,
señorías. La primera de ellas, la renuncia a un trabajo remunerado por parte de una de las personas que ejerce el cuidado dentro de ese núcleo familiar. Y, por otro lado, un acceso a terapias, las que están fuera del Sistema Nacional de Salud, que
es prohibitivo y que no se aborda con las ayudas a la dependencia existentes ahora mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Por ejemplo, ustedes con este texto reconocen los derechos de las cuidadoras no profesionales, pero ¿el derecho a qué? No se les brinda ninguna ayuda real, nada que alivie sus baches, sus miedos del día a día y
ninguna medida que les haga dormir más tranquilas. Quienes cuidan van a seguir igual de abandonados, quienes sufren van a seguir sin alivio y, además, seguirán siendo desiguales quienes más nos necesitan en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine. Gracias.
La señora de MEER MÉNDEZ: Aderezado con palabras bonitas, ¡cómo no! Pero eso se llama estafa. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Cruz.
El señor SÁEZ CRUZ: Gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras son de salutación y de agradecimiento a todas las personas que, en representación de los casi cinco millones de personas que hay con discapacidad en nuestro país y de las más de 1,6 millones que reciben, de una u otra
manera, asistencia por la dependencia, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su casa (dirigiéndose a la tribuna de invitados). En nombre del Grupo Socialista, gracias por todo el esfuerzo y por la implicación que han tenido en este proyecto de ley.
(Aplausos).
Señor ministro, señorías, coincidirán conmigo en que esta va a ser una legislatura eminentemente social. Ya de por sí, por haber sido capaces de modificar la Constitución en un aspecto tan fundamental como los derechos sociales, sería
suficiente. Pero, además, este Gobierno ha sido capaz de poner en marcha, junto con el acuerdo parlamentario, leyes muy importantes, como pueda ser la ley ELA, como pueda ser lo vinculado a la incapacidad laboral sobrevenida, la ley de economía
social, que se debatirá en el Senado, e incluso también este propio proyecto de ley de atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia.
La Constitución y la Convención de Naciones Unidas nos marcan la hoja de ruta y nos dicen por dónde tenemos que ir. Pero, sobre todo, tenemos que hacerlo con cordura, poniendo el consenso por encima de los intereses partidistas y siendo
capaces de repetir el acuerdo que tuvimos con el cambio constitucional. Enriquezcamos este proyecto de ley con las enmiendas que se presentarán. Este, como digo, es un proyecto de ley que viene consensuado y, por tanto, señor Cruset, también
consensuado en Cataluña. Esta ley nos compete a todos. Pasemos de los derechos a los hechos. Claro que hacen falta recursos, está claro que hacen falta recursos. Probablemente ahora el portavoz del Grupo Popular vendrá a decirnos que existe
infrafinanciación en las comunidades autónomas, pero quiero recordarle que los Gobiernos del presidente Sánchez han derivado más de 300 000 millones de euros a las comunidades autónomas en los últimos años, de los cuales podían haber dedicado más
dinero a la discapacidad y a la dependencia en sus comunidades autónomas. (Aplausos).
Este es un proyecto de ley que viene a reducir la burocracia que en estos momentos existe en las comunidades autónomas a la hora de acceder a un grado de certificado de discapacidad o grado de dependencia. Va a reducir significativamente
esas listas de espera, porque la equiparación de los grados de dependencia a los grados de discapacidad hará posible que estas se reduzcan significativamente. Este
proyecto crea ese fondo estatal de accesibilidad universal, que estoy seguro de que va a resolver muchos de los problemas estructurales que tiene nuestro país. Por cierto, señorías, con la venia del presidente y de la Mesa, tenemos una
asignatura pendiente en este hemiciclo: que también sea un espacio accesible para las personas con discapacidad. (Aplausos).
Esta es una ley que también interfiere en la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de que cien mil personas en nuestro país dejen de estar recluidas en sus cárceles personales, que son sus propias viviendas. Es un proyecto de ley que
pone a la persona en el centro y que da un enfoque de proximidad a toda la estrategia. Compatibiliza aspectos tan importantes como es el empleo y las pensiones, para que las personas que están en situación de pensión también puedan -¿por qué no?-
disfrutar y ofrecer sus capacidades productivas en un trabajo. Reconoce la asistencia personal como un servicio, en su caso, para mejorar todo lo que tiene que ver con las necesidades y por qué no hacerlas en su propia casa.
Quiero decir a sus señorías de VOX, que tanto hablan de inmigración y de menas, que hablen más de inclusión social, de personas con discapacidad y de dependencia. Tienen una oportunidad de votar a favor de este proyecto de ley. No lo
hicieron en el cambio constitucional, pero al menos nos gustaría que se sumaran a esta propuesta.
Señorías de Junts, señor Cruset, estos cambios no se hacen con una visión centralista y, por supuesto, no ignoran la realidad social de Cataluña, ni tampoco vulneran competencias en Cataluña. No estará de acuerdo con esta manifestación mía,
pero así es. No interfiere en la red pública de centros de asistencia en Cataluña y el modelo catalán nos consta que ya está adaptado a los principios de vida independiente, al apoyo personalizado y a la inclusión comunitaria. Por eso, esta ley
persigue afianzar derechos. Estas demandas han sido asumidas por el sector de la discapacidad y, como digo, de la dependencia en Cataluña.
Señorías de Junts, estarán de acuerdo conmigo en que la protección legal sea reforzada para todas y para todos los catalanes, en que haya una mayor autonomía personal para toda la ciudadanía en Cataluña, en que haya una mayor inclusión en la
comunidad en toda la ciudadanía catalana y en que existan entornos universalmente accesibles para la ciudadanía de Cataluña. Estarán de acuerdo conmigo en esta manifestación. Por tanto, si es así, no entendemos por qué han presentado esta enmienda
a la totalidad, ya que lo que ofrece este proyecto de ley es mayor bienestar para todas y para todos los catalanes y, por ende, para todas y todos los españoles.
Señorías, las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia, nos están esperando. Estemos a la altura.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Belda Pérez-Pedrero.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Señor presidente, señorías, buenas tardes.
Nos vamos a poner de acuerdo en algunas cosas, al menos al principio, porque, como solo tengo siete minutos y el señor ministro no tenía límite de tiempo, ha podido darles la bienvenida a todas las personas del tercer sector,
fundamentalmente de organizaciones representativas de las personas con discapacidad que nos acompañan aquí esta tarde y que también están en la sala Argüelles. Un cariñoso saludo para todos y para todas. (Aplausos).
Voy a comenzar con una cosa muy básica: el compromiso del Partido Popular y del presidente Feijóo en trasladar en su acción de gobierno aquello a lo que el Reino de España se ha comprometido desde la implementación en España de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de diciembre de 2006, que comenzamos a implementar en nuestro Gobierno y de la que les trasladamos aquí, en sede parlamentaria, el firme compromiso de seguir cumpliendo.
No es solo un compromiso del Partido Popular, habría de ser un compromiso de toda la sociedad española, porque la convención tiene esa fuerza de complemento de la Constitución.
No le voy a entretener mucho en cosas que ya se han dicho y voy a intentar ser muy directo también con sus señorías para que no perdamos mucho tiempo en decir cosas nuevas. Estamos de acuerdo en algunas cosas. La enmienda a la totalidad en
lo que se refiere a la crítica, al componente económico, está en lo cierto. Las apreciaciones del señor ministro respecto a la necesidad de algunos avances en el ámbito de la discapacidad también lo están. Voy a intentar ir a otras precisiones que
nos hagan adelantar. Nuestra perspectiva es bien distinta. El artículo 49 ya se cambió y ahora toca el desarrollo legislativo, fundamentalmente discapacidad y dependencia de manera secundaria. La Constitución ya está cambiada
en un artículo que es principio de política social y económica y ahora lo que toca es implementarlo con derechos concretos. Para el que no lo sepa, los derechos concretos son acciones que tenemos frente al Estado para que nos dé algo, y eso
cuesta dinero. Cuando hablamos de un derecho concreto estamos hablando de una consignación presupuestaria. No sé si saben lo que es eso de los presupuestos. Está en la Constitución. Es una cosa que hay que traer aquí todos los años para cumplir.
(Risas.-Aplausos).
Como ya se ha dicho desde partidos de la extrema izquierda y de la derecha más conservadora, sin dinero no hay desarrollo de los derechos, solo hay buenas palabras e intervenciones de cara a la galería. El dinero es fundamental no para
condicionar los derechos, sino para implementarlos. Entonces, sin presupuesto no podemos seguir avanzando en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad. El argumento de que se está poniendo dinero en las últimas décadas es
un argumento también torcido. Si lo comparamos con lo que se ponía en época de Cánovas del Castillo o de Don Favila, claro, se han generado nuevos derechos y ahora estamos implementando una serie de cantidades a lo largo de estos años. Es que se
dan unas cifras a veces aleatorias; unas veces se dicen 500 millones, otras otra cantidad, pero ¿por qué eso y no el 10 % menos o el 10 % más? ¿Dónde están las consignaciones económicas? ¿Dónde está la voluntad de hacer, señor ministro, una
planificación adecuada de lo que va a costar? Es que esto no es de recibo.
No ha ayudado tampoco poner en riesgo todo lo que estábamos trabajando y las ilusiones del sector. Llegó un buen día, el 26 de noviembre, en el que nos dijeron: no, enmienda a la totalidad. No habían acabado de comparecer las personas
representativas del tercer sector hablando de discapacidad, muy poco de dependencia, y no nos han dado tiempo, nos han cortado y han puesto en peligro -ustedes saben hasta qué punto-, en grave riesgo, la continuidad de esta norma simplemente por
cerrar. Claro, tienen prisa por sacar algún producto legislativo (aplausos), pero cuando quieren llevar a la gente a Jerusalén, tienen que ir dirección a Jerusalén. Si ustedes hacen una norma técnicamente deficitaria, mezclando además discapacidad
y dependencia, se están haciendo trampas en el solitario ustedes mismos, y están haciendo que el sector tenga una serie de motivaciones que en realidad luego no se plasman si no hay un presupuesto general del Estado.
Pero, miren, han hecho una cosa muy buena al explotar la conexión de la discapacidad con la dependencia, que existe, que es real y que tiene base filosófica, y es que han puesto de manifiesto en la sociedad española que esta norma ya no es
una norma solo del tercer sector, que afecta plenamente al tercer sector, que es una norma de todos porque, con las cifras que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, España es un país donde todos somos dependientes o potencialmente dependientes.
Esto requiere de una política de Estado. Esto requiere planificar desde ámbitos económicos, asistenciales, sanitarios y de inmigración. Necesitamos inmigración legal, ordenada, pero necesitamos inmigración. Requiere un gran pacto de Estado, pero
en una legislatura moribunda quizás serían los ciudadanos y las ciudadanas en unas elecciones generales los que tendrían que evaluar qué programa de país tienen estos señores. Aquí se sustituye la iniciativa de nuestras organizaciones del sector,
de las que estamos plenamente orgullosos, con lo que necesita toda la sociedad española, que es tener esa visión a largo plazo -a diez, a quince años- de cómo se va a sostener ese sistema. Ese sistema es el de la inclusión, el de hacer una sociedad
muy pujante, que tenga capacidad económica para pagar todo este coste de los derechos, que no se condicionen los derechos porque la economía marche bien y que se piense en una inclusión total. Esto es lo que tiene que decidir la sociedad española,
y no lo puede hacer en una legislatura moribunda, lo tiene que hacer a través de unas urnas y a través de unos presupuestos generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Finalice.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Termino, señor presidente.
Si nos han dicho algo los representantes de la discapacidad es que necesitan una continuidad en las acciones y en la financiación, de tal manera que, aunque ustedes fueran capaces de justificarnos aquí y ahora que va a haber una cantidad
cierta de dinero, sin unos presupuestos generales del Estado y unos compromisos plurianuales se nos cae todo el edificio de los derechos que ustedes están articulando. Y les hacemos una advertencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Sí. Iba a decir, señor presidente, que necesitamos que la tramitación, como han dicho todas las fuerzas políticas y ustedes se han comprometido aquí, se relaje, porque tenemos que cambiar muchas y buenas
cosas. Si no se han presentado enmiendas a la totalidad, al menos por mi grupo, es porque esperamos de ustedes la comprensión en los plazos para poder arreglar esta ley en tiempo y forma.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LAS Y LOS SAHARAUIS NACIDOS BAJO LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000072).
- PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LAS CLÁUSULAS REDITO AD LIBITUM EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS. (Número de expediente 122/000124).
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y CONTRATACIÓN DE LOS PISOS TURÍSTICOS. (Número de expediente 122/000214).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con los puntos del orden del día relativos a las propuestas de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de las siguientes proposiciones de ley.
Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la Administración española. Proposición de ley relativa a la regulación de la cláusula redito ad libitum en la contratación de préstamos y créditos
hipotecarios. Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos.
Estos asuntos se someten a votación sin debate previo, y se realizará, como saben ustedes, al final de la sesión.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2026-2028 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2026. (Número de expediente 430/000008).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el siguiente punto del orden del día relativo al acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
las Administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2026-2028, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.
Para presentar el acuerdo tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, comparezco ante ustedes por segunda vez para defender los objetivos de estabilidad presupuestaria 2026-2028, también de deuda pública, así como el límite de gasto no financiero de los presupuestos generales del
Estado para 2026. Y, repito, de los presupuestos generales del Estado para 2026, porque cada vez que alguien sube a la tribuna habla de que los presupuestos no están; pero, como ustedes bien conocen, el Gobierno está trabajando la aprobación del
techo de gasto para presentar, a la mayor brevedad posible, este proyecto de presupuestos para nuestro país.
Esta senda de déficit, señorías, si esta vez cuenta con el apoyo mayoritario de esta Cámara va a representar un importantísimo respaldo financiero para las comunidades autónomas, las entidades locales y, en definitiva, para los servicios
públicos garantes del estado del bienestar de los que disfrutan los ciudadanos. También saben ustedes que, aunque en esta Cámara se informa del límite de gasto no
financiero, no lo sometemos a votación. Por tanto, es un hito previo a esos presupuestos generales, que representan -como ustedes entenderán- mayores ventajas para el conjunto de la ciudadanía en forma de salarios dignos, de movilidad
social ascendente y de un futuro común.
Ya tuvimos tiempo suficiente en la anterior ocasión para conocer los elementos nucleares de la senda de estabilidad que les propongo en nombre del Gobierno, pero permítanme que haga un breve repaso de los elementos centrales del techo de
gasto y de la senda de estabilidad que hoy sometemos, por segunda y última vez, a su consideración. De hecho, para 2026 se fija un techo de gasto de 212 026 millones de euros. Esto supone un incremento del 8,5 % respecto a 2025; es decir, un
incremento de 16 674 millones de euros adicionales. Este avance, señorías, no responde a ningún tipo de impulso improvisado, sino a la necesidad de consolidar unas cuentas públicas que protejan los servicios esenciales, que protejan por supuesto a
las familias, al tiempo que mantengan una disciplina fiscal que ha caracterizado el devenir del Gobierno en los últimos años. Si incorporamos a este techo de gasto los fondos europeos, el límite total del gasto no financiero ascenderá a 216 177
millones de euros, un 8,5 % más que en el año anterior.
Y, señorías, permítanme que subraye un elemento que creo de interés. El año 2026 va a ser el último año en el que España va a recibir recursos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, del PRTR. Hasta la fecha, nuestro país ha
recibido 55 000 millones de euros en transferencias. Esto representa aproximadamente un 70 % del total previsto y, por tanto, nos sitúa como el Estado de la Unión Europea que ha recibido más fondos no reembolsables.
Siempre me gusta subrayar que el impulso de los fondos europeos ha sido determinante para modernizar la economía, para reforzar los sectores estratégicos y para sostener el crecimiento, incluso en un contexto internacional convulso, como
ustedes bien conocen. Junto a ello, el techo de gasto incorpora otra transferencia que nos parece importante subrayar: 22 881 millones de euros que se destinan a la Seguridad Social, una cifra que ha ido incrementándose desde el año 2021, desde
que este Congreso de los Diputados establece, en la Comisión del Pacto de Toledo, la necesidad de que el Gobierno a través de la AGE actualice aquellos que se llamaron gastos impropios de la Seguridad Social y, por tanto, dando cumplimiento a las
recomendaciones del Pacto de Toledo y a la garantía de nuestras pensiones actuales y futuras.
En suma, creo que nos encontramos ante un marco prudente, realista, capaz de sostener el crecimiento económico, también el empleo, demostrando que esa responsabilidad fiscal de la que hablamos es perfectamente compatible con políticas
progresistas que amplían derechos y corrigen desigualdades. (Aplausos). Era el círculo ¿verdad? Este Gobierno ha demostrado, ante las teorías de la derecha de que solo era posible salir de las crisis recortando derechos, algo tan importante como
que no solo es importante no recortar los derechos, sino también hacer partícipe al conjunto de la sociedad de la redistribución de la riqueza, para que la salida de la crisis se produzca en menor tiempo y de una forma más acusada.
Señorías, la senda que estamos hoy sometiendo a votación refleja un dato incontestable. La gestión que ha hecho el Gobierno de las cuentas públicas en los últimos años ha sido extraordinariamente rigurosa. Recuerden de dónde venimos: en
2020, con la pandemia golpeando de lleno en nuestro país, el déficit se situó en el 9,9 % del PIB. Hoy, en 2024, lo hemos reducido al 2,8 %, sin aplicar -como decía- ninguna medida de recorte y poniendo en marcha medidas adicionales,
fundamentalmente con las situaciones imprevistas que hemos vivido, como el volcán de La Palma o recientemente todos los programas de reconstrucción de la dana. Esto significa, señorías, que hemos reducido el déficit un 70 % en apenas tres años, sin
recortar el estado del bienestar. Hoy tenemos en nuestro país un déficit inferior al de Francia o al de Italia. Y, según la Comisión Europea, este año 2025 España va a registrar un déficit inferior al de Alemania, algo que no ocurría desde hace
aproximadamente dos décadas.
Los objetivos de déficit -para que consten en acta- son, como saben los siguientes: en 2026, objetivo de menos 2,1 %; en 2027, objetivo del menos 1,8 %; en 2028, objetivo del menos 1,6 %. Esto significa, por tanto, una reducción de 4
décimas sobre el objetivo y respecto a la previsión para 2025.
En cuanto a la distribución por subsectores: en 2026, el objetivo de déficit, asumiendo la Administración General del Estado la mayor parte de la caída del conjunto de la senda, será de menos 1,8, 4 décimas menos que en 2025; en 2027,
menos 1,5; y, en 2028, la reducción acumulada será de 8 décimas menos. Y para quienes sostienen que es el Estado el que se reserva para sí la mayor parte del margen, voy a darles un dato -lo di también en mi anterior comparecencia sobre esta
materia- que creo que no admite discusión, del 1,8 % asignado aparentemente a la Administración central para 2026, 1,4 puntos son directamente transferencias a la Seguridad Social. Por tanto, señorías, esto significa que la Administración General
del Estado dispone de 0,4 puntos de déficit -no como se aparenta dentro de la senda del 1,8-
por esta transferencia que estamos haciendo desde el año 2021 para el Pacto de Toledo y que alcanza su máxima expresión en las cuentas de 2026.
Por su parte, las comunidades autónomas contarán con un objetivo de déficit idéntico durante todo el periodo: 0,1 en 2026, 0,1 en 2027, y 0,1 en 2028. Lo que significa este número es que el Gobierno de España no le exige ningún esfuerzo a
las comunidades autónomas en relación con el objetivo de déficit que tienen que alcanzar para 2028. O, dicho de otra manera, prácticamente todo el peso de la reducción tiene que recaer en el esfuerzo de la Administración General. Por tanto,
respecto a lo que ocurriría si no se aprueba esta senda, las comunidades autónomas podrían contar con 1420 millones el año que viene, una cantidad que creo que es significativa para poder seguir reforzando los servicios públicos, e incluso,
señorías, 5485 millones -es decir, 5500 millones prácticamente- para el periodo 2026-2028. Lo que votamos en realidad hoy es si queremos o no que las comunidades autónomas cuenten para los próximos tres años con 5500 millones de euros más para
proveer esos servicios públicos. Lo expliqué entonces y lo vuelvo a repetir ahora, me resulta muy difícil comprender por qué el Partido Popular votó en contra de esta senda de estabilidad cuando gobierna en la mayor parte de los territorios y son
los que van a disponer de un mayor volumen de recursos para prestar esos servicios públicos. (Rumores).
Entidades locales, el acuerdo adoptado fija un objetivo de equilibrio presupuestario durante todo el periodo, igual que el que tienen en la actualidad. En 2026 recibirán conjuntamente entregas a cuenta con liquidación de 30 216 millones, lo
que equivale a un 4,6 % más de ingresos de los que disponen en la actualidad. Es la mayor dotación de la historia en relación con nuestros ayuntamientos.
Y en cuanto a la Seguridad Social -el último subsector-, el objetivo será del 0,2 en 2026, 0,2 en 2027 y 0,1 en 2028; es decir, una reducción de una décima en todo el periodo. Por tanto, ¿cómo se reparte el esfuerzo de reducción del
déficit que exige Europa? Una décima en Seguridad Social y cuatro décimas en la Administración General del Estado en el primer año y así hasta ocho décimas a lo largo de este periodo.
Por tanto, señorías, creo que es importante que tengamos en cuenta esta cuestión porque, como suelo decir en este debate, a quien realmente perjudica si sus señorías no aprueban la senda de estabilidad es a las propias comunidades autónomas.
Y creo, señorías, que en paralelo a la mejora del modelo de financiación y a que se produzca la condonación de la deuda, también ha habido de forma reiterada una exigencia de las comunidades autónomas de contar con un mayor margen. No se puede
explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos vayan a votar en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no; que les dé igual qué se aborde porque lo importante
es tumbar las votaciones sin tener en cuenta el perjuicio que puedan ocasionar al conjunto de la ciudadanía. Solo quiero recordarles que el próximo año las comunidades autónomas van a recibir 157 731 millones que, si tenemos en cuenta la
liquidación, se van a elevar hasta 170 000. Esto significa un 7,7 % más de ingresos, de recursos, sin contar los que ellos puedan obtener por sus propias competencias en relación con el año 2025. (Aplausos).
Ahora pasemos al apartado de la deuda. Tras una pandemia, tras la guerra a las puertas de Europa, la crisis energética y el alza de los precios, la deuda pública se está reduciendo desde 2021 gracias al crecimiento económico, a la gestión
prudente y responsable de este Gobierno y que se expresa en una prima de riesgo que está por debajo de los 50 puntos básicos. ¿Recuerdan ustedes la prima de riesgo, que en otras crisis financieras fue un dolor de cabeza para este país? En este
momento está por debajo de 50 puntos básicos, en niveles no vistos desde antes de la crisis financiera. Y el coste medio de la deuda sigue siendo bajo y así lo expresan las agencias de calificación de rating, que son las que evalúan la salud de
nuestras finanzas públicas. En todos los casos, las tres agencias más importantes han mejorado la calificación de nuestro país. Y estos son hechos incontestables. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2011 la deuda era un 70 % del PIB.
Cuando se fue el Partido Popular del Gobierno esta cifra había ascendido hasta el 100 % del PIB, casi la duplicaron. Por tanto, del Partido Popular no podemos aprovechar ninguna lección que nos quiera dar sobre las cuentas públicas. (Aplausos).
Señorías, el techo que presentamos tiene como consistencia que el PIB nominal sube más de un 4 % para 2026 y los ingresos tributarios se proyectan en una subida de más de un 7 %. ¿Y por qué estamos previendo este volumen de ingresos?
Primero, porque España está creciendo por encima de la media europea, todas las agencias internacionales y los organismos de evaluación económica están elevando las previsiones de crecimiento para este año, que es una buena base, y para el año
próximo. Segundo, porque tenemos récord de cotizantes a la Seguridad Social porque se ha generado empleo y además empleo estable y de calidad, es decir, un empleo que también tiene repercusión en salarios más altos
porque están vinculados a la innovación, a la tecnología, a áreas de la actividad que tienen unos mayores salarios. Tercero, porque se han revalorizado las pensiones con el IPC. Y, cuarto, porque se siguen absorbiendo fondos europeos que
exigen la correspondiente cofinanciación nacional. Por eso, cuando escucho en esta tribuna y en el anterior debate a algunos representantes de grupos decir que el gasto sube sin explicación es falso. Sube el gasto porque suben las pensiones, sube
el gasto porque suben los salarios públicos, sube el gasto porque sube la inversión en ciencia, sube el gasto porque tenemos un pacto verde que ha de tener también una mayor apuesta, porque sube la inversión en vivienda pública, porque se recupera
la inversión en infraestructuras que los Gobiernos del Partido Popular dejaron caer a niveles mínimos. Sube el gasto porque sube el bienestar del conjunto de la ciudadanía de nuestro país. (Aplausos). Lo importante, siempre que sube una dimensión
económica, es ver si es sostenible en el tiempo y si, por supuesto, las variables que lo soportan son sólidas, robustas y por tanto son cumplibles en el periodo de tiempo en el que se van a proyectar.
Y sí, señorías, este Gobierno va a seguir aprobando medidas para incrementar el sueldo de los empleados públicos. Creo que el reciente acuerdo que ha firmado el Gobierno de una subida de más del 11 % entre 2025 y 2028, y el pago de una paga
única para -con efectos de enero de 2025- poder recuperar el poder adquisitivo que hubo durante este año al 2,5, habla por sí solo de las prioridades que tiene el Gobierno. Subir el salario de empleados públicos, sin duda, es reforzar el estado del
bienestar, y queremos reforzar también la sanidad, la educación y la dependencia. (Aplausos).
Si comparamos las magnitudes con otras homólogas que hayan podido protagonizar los Gobiernos del Partido Popular, fíjense que la subida salarial de los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy fue del 3,7 %. La subida salarial, desde que el
presidente Sánchez está en la Moncloa, ha sido del 17 %; el 3 % frente al 17 %. (Aplausos).
Y vamos a seguir incorporando nuevas medidas. También, se discute en el día de hoy el decreto ley respecto a inversiones financieramente sostenibles, por el que las entidades locales podrán utilizar los remanentes del año 2024. Por tanto,
señorías, vamos a seguir -lo digo por el que se escandaliza con este tipo de afirmaciones- apostando por la mejora de la calidad de vida y, sobre todo, apostando por que el crecimiento económico llegue al conjunto de las familias. Si no se traduce
ese crecimiento económico en mejora salarial, difícilmente las familias van a poder apreciar en su piel -en primera persona- que, con el esfuerzo de todos y de todas, nuestro país tiene la capacidad para ir superando las diferentes convulsiones
internacionales.
Señorías, voy a intentar responder muy brevemente a algunos de los argumentos o de los motivos de la réplica que el Grupo Popular dio en el primer debate de senda de déficit. Como siempre repiten el mismo guion como un mantra, sin aportar
ningún tipo de explicación que nos permita entender la posición política. Ocurre en este debate y ocurre en muchos otros, pero creo que podemos trasladarles los argumentos que desde el Gobierno manejamos. Porque el Partido Popular no se cansa de
decir que este Gobierno es inestable, pero la verdad, señorías, es que este Gobierno -con las dificultades propias de ser un Gobierno en minoría parlamentaria- ha sacado adelante desde 2018 más de 250 leyes. Se dice pronto: 250 leyes. (Aplausos).
Todas ellas han mejorado la calidad de vida, han atendido situaciones de crisis o han garantizado la estabilidad económica de España. El dato que mejor lo expresa es que hemos crecido por encima de la media europea durante cinco años, y llevamos
dos años consecutivos siendo la economía avanzada del mundo que más crece.
Estos datos, como ustedes entenderán, no caen del cielo, sino que son fruto del trabajo compartido de muchos departamentos del Gobierno y también, cómo no-lo tengo que decir siempre-, del diálogo social, que ha estado permanentemente
apoyando al Gobierno para que pudiéramos impulsar medidas de recuperación o medidas de crecimiento para la redistribución de la riqueza. Por tanto, señorías, creo que no hay mayor prueba de estabilidad que crecer más que en Europa y tener el récord
histórico de personas trabajando en este país -fundamentalmente mujeres- y mantener una inflación baja, reduciendo a la vez el déficit y la deuda. No hay mayor prueba de estabilidad que la reducción de la prima de riesgo y el aumento de los
inversores internacionales. Por tanto, señorías, el conjunto del mundo, evidentemente, aprecia el esfuerzo que está realizando nuestro país y piensa que España es un país adecuado para invertir.
Lo que pasa es que al Partido Popular lo que de verdad le molesta no es la estabilidad, le molesta que España funciona y progresa sin el Partido Popular. Yo diría que esto es gracias a que no está el Partido Popular. (Aplausos). Eso,
después de intentos cada día y a todas horas de bloquearlo todo y de discursos catastrofistas. Nos hacemos cargo de lo difícil que tiene que ser para la derecha de este país que, a pesar
de esa ofensiva permanente en materia de estabilidad o de su intento de ruido -como siempre-, el país continúa su senda, continúa avanzando y continúa progresando. Por eso, los portavoces de la derecha nuevamente se subirán a esta tribuna
intentando vender el caos económico o que la crisis está a la vuelta de la esquina. Queda para la hemeroteca aquella frase agorera del señor Feijóo en la que decía poco menos que a la vuelta de la esquina íbamos a sufrir la mayor recesión que había
tenido nuestro país. Mientras, el PIB creciendo de forma imparable.
España hoy es una economía sólida, resistente, estable y atractiva para los inversores. Hoy, se crean empleos de mayor valor añadido y estables gracias a la reforma laboral. Hoy, los precios de la electricidad son competitivos para los
hogares y para la industria por la apuesta de las energías renovables. Y, hoy, la derecha sigue atrapada -como desde el primer día que el presidente Sánchez llegó a la Moncloa- en un bucle en el que todos los días dicen que España está peor, salvo
en los días que los datos y los hechos demuestran lo contrario, en los que no hay ningún pudor de no atender a esas cantidades objetivas.
En el anterior debate, el portavoz del Grupo Popular habló de descontrol, despilfarro y gasto estructural. Eso lo dicen siempre cuando gobierna la izquierda; nada nuevo en el horizonte. Qué casualidad, señoría, que, cuando gobernaba la
derecha, se duplicó la deuda pública, provocaron el mayor recorte social de la democracia y, además, dejaron atrás un país con 6 millones de parados y con unos incrementos de la desigualdad que hicieron que se empobreciera una clase media que pasó a
tener verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. A eso, el Partido Popular lo llamaba austeridad responsable. Y ahora viene el Partido Popular a intentar dar lecciones, cuando este Gobierno ha conseguido reducir la deuda y el déficit sin
recortar; todo lo contrario, ha reforzado el estado del bienestar. (Aplausos.-Rumores). Señorías, no tienen que increpar desde sus asientos, ya tendrán tiempo cuando salga su portavoz de refutar, si tienen datos -datos, no bulos ni otras
cuestiones-, los argumentos que estamos poniendo encima de la mesa.
Todo esto, señorías, también se ha hecho transfiriendo a las Administraciones territoriales las mayores partidas de recursos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. En el anterior debate, se hablaba del comportamiento de
comunidades autónomas y ayuntamientos. Señorías, siempre me escucharán trasladar que las sendas de consolidación fiscal son responsabilidad de todos. Por tanto, también de ayuntamientos y entidades locales, que hacen un esfuerzo ímprobo por
cumplir con sus parámetros fiscales. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría, que estoy seguro de que los portavoces tendrán dificultades para escuchar.
Cuando quiera, señoría. (Rumores). Silencio, por favor, para que sus portavoces puedan escuchar a la interviniente. (El señor Bendodo Benasayag: ¡Menos mal que estás tú ahí!). Silencio.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, presidente.
Decía que, por supuesto, cualquier senda de consolidación fiscal, cualquier esfuerzo fiscal que tengamos que poner en valor hay que compartirlo con el conjunto de las Administraciones locales, de las entidades locales y de las
Administraciones autonómicas, porque, como digo, el Reino de España es un conjunto de subsectores -también el de Seguridad Social- que deben tener rigor en el manejo de las cuentas públicas. Por tanto, señorías, escucharán poco que desde esta
tribuna critique la gestión del déficit o la gestión de la deuda que se esté llevando a cabo por parte de otras entidades territoriales.
Es cierto que el volumen de recursos con los que han contado esas Administraciones territoriales las ayuda a poder hacer un saneamiento de esas cuentas públicas, algo que no ocurrió en la anterior crisis financiera, la que gestionó el
Partido Popular. En ella, además de que se les exigía un esfuerzo en la reducción del déficit, se proporcionaba cada año menos recursos para consolidar el estado del bienestar, con lo cual había doble recorte. (Aplausos). Lo importante es que
esos recursos se utilicen para los servicios públicos: sanidad pública, educación pública, dependencia y políticas públicas. Es decir, todo aquello que permite atacar la desigualdad y dar igualdad de oportunidades al conjunto de los ciudadanos.
No se trata de tener más recursos por tenerlos, se trata de garantizar, sobre todo, la sanidad pública. Y esto hay que hacerlo con una apuesta decidida en cada uno de los presupuestos por esta parte del Estado del bienestar.
La segunda cuestión que se planteaba tiene que ver con los impuestos. Cada vez que hablamos de la parte económica que tiene que ver con los presupuestos -este es un paso previo- lo hacemos también sobre fiscalidad, y saben ustedes, porque
los he desenmascarado en muchas ocasiones, que, interesadamente, aquí algunos quieren confundir incremento de la recaudación con incremento de los
impuestos. Bueno, se le ha olvidado la teoría al Partido Popular, porque, como ustedes bien conocen, el PP siempre piensa que bajando impuestos se aumenta la recaudación. Debe ser que se lo aplican ellos cuando gobiernan, pero no cuando se
está produciendo un incremento de la recaudación tan clara como la que está ocurriendo en nuestro país.
Señorías, cualquier subida de impuestos tiene que pasar por esta Cámara. Todo lo que digan que no hayan votado sus señorías es falso. (Aplausos). No se pueden aprobar impuestos fuera de esta Cámara, ni por real decreto ni por resolución.
Otra cosa es que haya más personas cotizando, -insisto, cotizando, cotizaciones sociales-. Evidentemente, otra cosa es que, cuantas más empresas haya y más beneficios tengan, más capacidad tenemos de recaudación del impuesto sobre sociedades. Y
otra cosa es que, por supuesto, la subida del salario mínimo interprofesional, con más de un 61 % durante todo este periodo de Gobierno, ha tirado al alza del salario medio, y, por tanto, cuanto más salario medio se tiene, también más IRPF se
recauda. En definitiva, señorías, no se dejen confundir con los elementos que se plantean siempre en relación con esta figura fiscal.
Con relación al otro gran impuesto, el IVA, han sido testigos, y ustedes lo han votado, de cómo en este país se ha bajado durante este periodo el IVA de la electricidad y el IVA de los alimentos, es decir, de aquellos productos básicos que
consumían las familias cuando la crisis energética y también debido a la propia guerra de Ucrania. Además, justamente fue el Partido Popular el que subió el tipo del IVA al 21 % nada más llegar al Gobierno, cuando cogió las riendas Mariano Rajoy.
Ahí están, señorías, todos esos datos, que me parece importante que tengan ustedes en cuenta.
Igualmente, tengo que afear al partido de la ultraderecha, a VOX, y al señor Figaredo, en particular, porque creo que fue el portavoz de su grupo en ese caso, el uso de una frase poco respetuosa -tengo que decirlo, porque espero que quien
suba a la tribuna se pueda desdecir de esa frase-; dijo, literalmente: 'Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas'. Eso dijo el portavoz de la ultraderecha. Pero, más allá de lo que a cada uno nos pueda
representar la utilización de expresiones soeces como la que acabo de comentar, quizás la pregunta sería: ¿En qué cree el partido de la ultraderecha que se tiene que gastar el dinero? Lo vemos en los casos de gestión que ustedes ya están
protagonizando, en los casos reales de chiringuitos que crea VOX, y también con la ayuda inestimable del Partido Popular. Veamos, en Baleares PP y VOX han creado una oficina de libertad lingüística dotada con 750 000 euros y una oficina antiokupa
con un millón de euros, es decir, 1,75 millones que no van a la sanidad, que no van a la vivienda, que no van a la dependencia, que van a esa cuestión. En Sevilla el pacto PP-VOX ha financiado una oficina antiaborto con 165 000 euros al año, y 50
000 euros de sueldo para una dirigente de VOX, y al lado otra oficina antiokupa municipal hecha a medida. En Alicante 400 000 euros para otra oficina antiokupa, que atiende, créanme, solo a una persona al mes: esta es la estadística de esa
oficina. Y así en Huelva, en Valencia, en Castilla y León: siempre menos servicios públicos y más oficinas ideológicas. (Aplausos).
Por eso, mientras que la mayoría de la gente pide vivienda pública y alquiler asequible, ustedes, señorías de VOX, montan chiringuitos antiokupa, impiden a las mujeres el desarrollo de sus derechos en libertad, montan chiringuitos
antiaborto, y, en definitiva, sufragan esa guerra cultural en la que se ha instalado la ultraderecha, con el apoyo inestimable, como digo, del Partido Popular, aunque ustedes saben que esas guerras culturales, afortunadamente, no sirven
prácticamente para nada, si bien las financian y también las aceptan.
Por tanto, señorías, estamos ante una senda de estabilidad que cumple con las reglas fiscales -primera obligación- y que reparte el esfuerzo de manera equitativa, concentrando la reducción del déficit en este periodo en la Administración
central, y, por tanto, dando en este momento la palabra para que haya más recursos, 5500 millones, para las comunidades autónomas; objetivos que garantizan crecimiento y justicia territorial, que permiten seguir avanzando sin poner en riesgo los
servicios públicos y que han demostrado que realmente responden al rigor fiscal, al impulso económico y a la protección social.
Esto es lo que debatimos por segunda vez. A pesar de lo que escuchen en la tribuna, lo que se vota luego es justamente esto. Y es lo que hoy, señorías, deberíamos aprobar para asegurar que el país progresa y no deja a nadie atrás. Estará
en la conciencia de cada uno, en la memoria de los españoles lo que se vote hoy. Pero, si no vuelven a votar bloqueo, si superan los sectarismos con que se expresaron en esta tribuna, creo que podremos dar una oportunidad al sentido común. Y el
sentido común dice que, si las Administraciones territoriales piden tener mayor margen de déficit y este Gobierno está dispuesto a dar esa décima mayor, invariable, durante todo el periodo para que las comunidades autónomas no hagan ningún esfuerzo
en materia de déficit; si la Administración General, que es la que aprueba ese margen de
déficit en pos de las comunidades autónomas, lo estima oportuno, ¿qué sentido tiene que esta Cámara lo rechace? Por tanto, les invito a que voten a favor.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene el señor Bravo Baena.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, ha venido usted hoy a hablar del Partido Popular. ¡Lógico! No puede hablar de su trabajo, porque usted es incapaz de aprobar presupuestos (aplausos) y porque todas las personas que usted nombra de su confianza hoy están
investigadas o imputadas por la corrupción que les rodea. Sí, es así. (Aplausos).
Señora Montero, el conferenciante Emilio Duró tiene una metáfora muy visual para explicar que, si usted siempre hace lo mismo, tendrá siempre los mismos resultados. Usted vino aquí hace dos semanas a plantear unos objetivos de estabilidad y
este Congreso se los rechazó. Y hoy viene presentando los mismos objetivos de estabilidad. ¿Qué es lo que pretende? Opción A: Si lo que pretende es aprobarlos, parece que no ha cogido el mejor camino, porque empieza saltándose el artículo 15 de
la ley de estabilidad, que dice que hay que presentar un nuevo acuerdo -este no es un nuevo acuerdo, es el mismo- y, además, respetando el mismo procedimiento. Usted no ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera: se salta el
procedimiento. Es un fraude traer lo mismo. (Aplausos).
Es verdad que sería grave esto si no estuviéramos acostumbrados ya a este despropósito institucional. Usted es la consejera que en el año 2018 hizo los presupuestos de Andalucía: los únicos de toda España, los únicos que incumplieron todas
las reglas fiscales. Usted es la ministra que en más de siete años solo ha sido capaz de hacer tres presupuestos; ha hecho más prórrogas que presupuestos. Y usted es la que nos hace pasar vergüenza en Bruselas, porque España es el único país que
en 2025 no presentó el plan presupuestario y tampoco lo hará en 2026. Esa es usted. (Aplausos).
Y segunda opción: Usted no ha venido a aprobar los objetivos de estabilidad; lo que ha venido a decir es que la culpa es de todos. No, la culpa de no tener objetivos es de su Gobierno, del señor Sánchez. De no tener presupuestos, la
culpa es de usted. (Aplausos).
Tenga clara una cosa: nosotros no somos sus socios, nosotros no compartimos su política. Ustedes decidieron sus socios. Ustedes presumían de una mayoría parlamentaria que no existe. Nosotros estamos aquí no para salvarles a ustedes, sino
para salvar a los españoles de ustedes. Para eso hemos venido aquí. (Aplausos).
En cuanto a las comunidades autónomas, deje de engañar, señora Montero. Lo que usted ofrece a las comunidades autónomas es que se endeuden más: usted no ofrece más recursos. O que incumplan la regla de gasto. ¡Fíjense!, la ministra de
Hacienda diciéndolas 'endéudate más' o 'no cumplas las reglas fiscales'. ¿Dónde se ha visto esto, señora Montero?, ¿Dónde se ha visto?
¿Sabe lo que sí puede hacer para dotar de más recursos? Reformar el sistema de financiación. Nosotros ya le aportamos nuestra propuesta del sistema de financiación. Claro, a usted le da igual todo, ya lo sé. Así le va: cero
presupuestos. (Aplausos). Nosotros la propusimos. Mire, ese sistema de financiación lo que permitiría sería que las comunidades autónomas tuviésemos más recursos. ¿Para qué? Para sanidad, para educación y para políticas sociales en dependencia.
Ustedes llevan siete años siendo un Gobierno de gestos; no un Gobierno de gestión, que es lo que quiere la gente. Usted se comprometió a reformar el sistema de financiación. ¿Se acuerda? En octubre de 2018. Y dijo: 'Lo haré a la mayor brevedad
posible'. Siete años y medio, y nada.
Ahora bien, ¿qué es lo único que usted sí ha modificado o pretende modificar del sistema de financiación? A ver si le suena: ¿cupo independentista, condonación, fragmentación de la Agencia Tributaria? Le hago un análisis. Cojan ustedes
el programa electoral del Partido Socialista (lo muestra) Digan: ¿Qué encuentran? ¿Cupo independentista, fragmentación de la Agencia Tributaria, condonación? Es su programa electoral: no existe. (Aplausos). Para que los territorios tengan más
recursos para sanidad, educación y dependencia, usted no ha encontrado tiempo en más de siete años. Ahora bien, para pagar investiduras, le ha sobrado con dos meses; con eso ha sido suficiente. Cuando ustedes no consigan hoy el apoyo, ya irán a
los medios a explicar por qué están en esa circunstancia.
Usted dice que ha aprobado muchas leyes. Pues, respecto a las únicas que usted tiene que aprobar, que son las leyes de presupuestos, no ha aprobado ninguna. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!). ¿Cuál es el apoyo? (Rumores). No, en
esta legislatura ninguna.
Pero vayamos a las preguntas nucleares. Si usted dice que el crecimiento de la economía es del 2,2, y el deflactor es el 2,1, es decir, el 4,3, y su techo de gasto lleva un 8,5 de incremento, ¿de dónde sacamos el 4,2? Solamente hay una
respuesta: con más impuestos y más deuda. Esa es su política: más impuestos y más deuda. (Aplausos).
Segunda pregunta. Si el techo de gasto lleva un incremento del 8,5 y un 63 % con relación a 2018, lo que usted está haciendo es consolidar un gasto estructural que difícilmente se podrá pagar en este país. Eso significará más impuestos y
más deuda. Y no hay gasto coyuntural: ya no está Ucrania, ya no está el COVID. ¿En qué está usted gastando el dinero? Opción A: Quiere hacer a más gente dependiente del Gobierno de Sánchez. Opción B: Quiere regar de dinero a ciertos
colectivos. Opción C: Ambas.
¿Y esto tiene algo que ver con los procesos electorales que vienen a continuación? Pues hablemos de procesos electorales, y usted va a Andalucía. Mire, cuando vayamos a Andalucía, le propongo que usted puede contar a los andaluces y al
conjunto de españoles que fue la consejera que recortó 1600 millones del presupuesto sanitario, quebrando la sanidad andaluza. (Aplausos). Usted despidió a 7700 profesionales sanitarios. Usted cerró hospitales en Andalucía, como el Hospital
Militar. Usted escondió en los cajones 500 000 pacientes de las listas de espera. Usted les podrá contar que estuvo en el Gobierno de los ERE, en el Gobierno de Sánchez y Ábalos, en el PSOE de Cerdán y Salazar. Usted está rodeada de la
corrupción. Y, para finalizar, y más reciente, les podrá contar que, ante denuncias por acoso de mujeres, usted se fue a hablar con las víctimas, sí, para callarlas y para proteger al supuesto agresor. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!). Esta es su hoja de servicios, señora Montero. Esta es su hoja de servicios para la próxima campaña.
Estos objetivos de estabilidad que usted pretende demuestran que son un Gobierno de gestos, y no de gestión. Esto ya se ha acabado. Todos saben que esto ya se ha acabado; posiblemente usted no, el resto sabe que esto ya se ha acabado.
Hay que pasar página. Hay que dar paso a una nueva etapa, a una etapa de reconciliación, en la que no haya muros. Hay que poner fin al infierno fiscal, a las 97 subidas de impuestos. Hay que trabajar con los autónomos; no reírse de los que
madrugan, señora Montero. Hay que tener presupuestos todos los años, no aprobar la prórroga de la prórroga de la prórroga. Una etapa en la que hablemos de subir el salario medio de las familias, y no solo del salario mínimo; una etapa en la que
hablemos de que no pierdan poder adquisitivo, sino de que la gente mejora; una etapa de una España que trabaja, de una España en la que merezca la pena trabajar, y no de una España dependiente y subsidiaria de ustedes. Hay que dejar atrás un
Gobierno de gestos, para tener un Gobierno de gestión.
Y, si me permite el presidente, siendo hoy el último Pleno de este periodo de sesiones, aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad y que puedan disfrutar de sus familias en el entorno del nacimiento del Niño Jesús.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáenz Alonso-Muñumer. (Rumores).
Señorías, ruego silencio para que pueda comenzar el interviniente, por favor. Cuando quiera.
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta primera del Gobierno, señorías, nos plantea el Gobierno una reducción porcentual del déficit y la deuda y también un aumento del límite de gasto no financiero para el año 2026 del 8,5 %. Nos anticipa, por tanto, el
Gobierno su intención de llevar a cabo un importante aumento de la presión fiscal. Nada nuevo, viniendo de un Gobierno socialcomunista que legisla con un claro afán recaudatorio. Nada nuevo, viniendo de un Gobierno que ha llevado a cabo el mayor
incremento de la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea entre los años 2019 y 2024; un Gobierno cuyas políticas empobrecen a los españoles. Y esto no es una opinión, es una realidad.
Veamos algunos datos. Uno, según la OCDE, los salarios reales están prácticamente estancados con respecto a los de 1994, ampliándose la brecha en referencia a los países europeos. Dos, los altos niveles de inflación han supuesto una
importante pérdida de poder de compra, especialmente entre las rentas más bajas. Tres, se ha acentuado la pérdida de poder adquisitivo de los españoles al no haber ajustado las tarifas de los impuestos al aumento de la inflación. Cuatro, España
está 8 puntos por debajo en paridad
de poder adquisitivo con respecto a la media de los países europeos. Cinco, la tasa de pobreza en España es la más elevada de la eurozona, el 25,8 %, lo que representa 12,5 millones de personas. Seis, la tasa de paro duplica la de la OCDE
y es la mayor de la Unión Europea, sin que la brecha disminuya. Siete, tenemos una tasa de paro juvenil del 23,1 %, el segundo nivel más elevado de la Unión Europea. Ocho, cientos de miles de personas tienen que mantener más de un trabajo para
poder llegar a fin de mes. Nueve, la deuda de cada español se ha incrementado, gracias al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en más de 8800 euros.
En definitiva, hablamos de un Gobierno que nos empobrece y que lleva a cabo una gestión irresponsable de las cuentas públicas (aplausos), un Gobierno irresponsable que no ha aprovechado los incrementos en la recaudación tributaria de los
últimos años para equilibrar o alcanzar un superávit en las cuentas públicas. Pensemos que desde el año 2017 hasta el año 2024 la recaudación tributaria ha aumentado un 51,7 %, mientras que el déficit de las cuentas públicas a finales del 2024 fue
superior al existente al cierre de 2017. Este aumento de la recaudación tributaria del 51,7 % -68 % en caso del IRPF desde el año 2017-, ha sido muy superior al aumento del PIB real y del empleo, lo que es indicador de la pérdida de poder
adquisitivo de los españoles. Un Gobierno socialista irresponsable, que ha elevado la deuda pública en más de 525 000 millones de euros, hasta situarla actualmente en 1,7 billones de euros. Un Gobierno socialista irresponsable, que ha logrado que
España pague en intereses 38 986 millones de euros en 2024; 215 589 billones de euros -se dice pronto- desde el año 2018. Unos Gobiernos que ignoran que una creciente deuda pública hace más vulnerable al sector público y al conjunto de la
economía, socava el crecimiento general de la productividad y el crecimiento económico y supone una pérdida de soberanía.
Lo increíble es que este Gobierno considere un éxito de gestión que España se encuentre entre los cinco países de la Unión Europea con una deuda por encima de su PIB. Y no solo eso, además plantea que seguiremos teniendo una deuda por
encima del PIB -de acuerdo con los objetivos que hoy nos presenta- hasta el año 2028. Lo increíble es que estimen que seguiremos teniendo déficit en las cuentas públicas en los próximos tres años. Lo increíble es que alcanzar un déficit del 2,1 %
de las cuentas públicas en 2026 sea un logro para el Gobierno. O sea, seguir registrando pérdidas en las cuentas públicas es un logro. ¡Impresionante! (Aplausos).
Pues no, señorías, el objetivo en épocas de crecimiento debe ser conseguir un superávit de las cuentas públicas que permita disminuir el monto total de la deuda pública. Mencioné al principio de mi intervención que lo que hoy votaremos
supondrá un aumento de la presión fiscal, y supondrá un aumento de la presión fiscal que confirma los datos del Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2025, elaborado por la AIReF, un informe que, frente a una
tasa de referencia del 3,2 % en la regla de gasto nacional, prevé que la Administración Central alcance un crecimiento del gasto computable del 6,5 %. La AIReF no la cree, señora ministra, señora vicepresidenta.
Vicepresidenta, espero que nos aclare de dónde van a sacar esa diferencia y también que nos aclare si en el año 2026 van a mantener los 42 000 millones de euros de subvenciones. Y algo más: que nos explique a quién beneficia el Gobierno
con ese elevado nivel de subvenciones. Y ya, tomando su argumento, que nos explique qué importe de ese nivel de subvenciones va a educación, a sanidad o a dependencia. Esperamos su respuesta. (Aplausos).
Señorías, porque creemos que se puede alcanzar una verdadera estabilidad presupuestaria, votaremos en contra; porque creemos que se tiene que reducir la presión fiscal a los españoles, votaremos en contra; porque creemos que para
equilibrar las cuentas públicas es necesario llevar a cabo un ambicioso plan para reducir el gasto político y eliminar duplicidades, votaremos en contra; porque creemos que un Gobierno amante del despilfarro y permisivo con la corrupción y la
malversación está deslegitimado para proponer cualquier plan, votaremos en contra; porque sabemos que el único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa, votaremos en contra; porque la condición indispensable para asegurar
la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín Urriza.
El señor MARTÍN URRIZA: Señorías de la derecha, llevamos más de un siglo desaprovechando oportunidades, y en gran medida son ustedes los responsables. Desaprovechamos nuestra neutralidad
en la Primera Guerra Mundial por la incompetencia de nuestras élites, las mismas élites que años más tarde asesinaron un incipiente progreso en el país con un cruel golpe de Estado. Luego quedamos al margen del plan Marshall, para caer en
la miseria de una autarquía corrupta. Solo empezamos a integrarnos en la modernidad a costa del sufrimiento de los emigrantes y de tener un papel subsidiario en la economía europea con sol y mano de obra barata. Nuestro papel secundario no se
superó ni cuando éramos la reina de la fiesta en 1992 ni cuando a comienzos de ciclo el BCE inundó nuestro país de dinero barato para ayudar a las maltrechas economías alemana y francesa. Conocemos bien todos nosotros y nosotras las graves
consecuencias de todo aquello. Nunca supimos aprovechar las oportunidades para superar las dependencias y las tutelas exteriores. Cada crisis -la de los 80, la de los 90, la crisis financiera- nos devolvía al mismo lugar. El espejismo de la falsa
prosperidad nos devolvía a la imposición de los ajustes y la austeridad, austeridad que solo castiga a las personas trabajadoras, a las pymes y a los autónomos, mientras que las grandes familias de siempre, aliadas ahora del capital financiero
internacional, siguen enriqueciéndose, sea cual sea la época.
Sin embargo, señorías del PP, hoy tenemos una nueva oportunidad. Disfrutamos de un crecimiento robusto, estamos en el mejor momento del empleo de nuestra historia, la ocupación cualificada crece más que los empleos de sol y playa y las
empresas mejoran sobre bases financieras sanas y sostenibles, y no sobre la precariedad laboral. Gracias a las políticas del Ministerio de Trabajo, el empleo hoy es estable y el salario mínimo tiene una mínima dignidad, al tiempo que tenemos una
mejor distribución de la renta. (Aplausos). Hoy el tren del progreso vuelve a pasar por delante de nuestro país, y no podemos volver a quedarnos otra vez en la estación mirando cómo pasa. Tomar este tren significa saber bien lo que nuestro país y
Europa necesitan en estos momentos. Estamos a punto de terminar el periodo que siguió a la pandemia, y el alivio del corsé fiscal ha revelado una economía que, a poco que se riega, florece con fuerza. Por eso es tan importante aprovechar, hasta el
último euro, los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, créditos incluidos, como lo es apostar por una mayor integración europea, resolviendo las debilidades del euro, una moneda que no tiene detrás un Estado y las dependencias y
amenazas de Estados Unidos, que ya, sin ningún tapujo, señorías de la derecha, abogan por destruir nuestra Unión Europea, apoyándose en Putin y en la quinta columna de la extrema derecha de nuestro país.
Nos enfrentamos también a otros desafíos internos, como el recrudecimiento del problema secular de la vivienda, con el enriquecimiento inmoral de los menos y el empobrecimiento de los más. El avance de los salarios desaparece con las
subidas de los alquileres, los alimentos y los consumos básicos, mientras los márgenes empresariales continúan creciendo y los empresarios obstaculizan un pacto de rentas que haga el reparto más justo. Seguimos empantanados en un sistema de
financiación autonómico que solo funciona a base de dar más y más fondos de la Administración central sin arreglar la discriminación que sufren algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, ni tampoco solucionan el espejismo de otras
comunidades autónomas que no aportan lo suficiente al sostenimiento de lo común o que hacen dumping fiscal aprovechando las rentas de situación de la capitalidad, como hace la Comunidad de Madrid.
Necesitamos tener unos presupuestos porque esto permitiría dar respuesta a gran parte de estos problemas. Unos presupuestos que permitan trasladar la mejora de los ingresos al gasto y aumentar la inversión pública para acompañar a los
fondos europeos y sustituirlos cuando ya no estén. Necesitamos unos presupuestos generales del Estado que garanticen el acceso a la vivienda, financiando adecuadamente el plan de estabilidad de vivienda, congelando los alquileres y prorrogando los
contratos de arrendamiento. (Aplausos). Unos presupuestos que desarrollen una verdadera política de I+D+i no basada en los salarios de miseria de las personas investigadoras, sino en proyectos a largo plazo bien financiados. Unos presupuestos que
acaben con la lacra de la pobreza infantil, simplemente poniendo en práctica una prestación por crianza; que intervengan para acabar con la extracción de rentas de las corporaciones eléctricas, de las empresas de alimentación, de los rentistas en
la vivienda (aplausos); unos presupuestos que, al fin y al cabo, mejoren su capacidad redistributiva de los impuestos y las prestaciones, cerrando los agujeros que permiten a empresas y grandes fortunas eludir su responsabilidad.
Hoy, señorías, hay dos formas de afrontar el futuro. La de siempre, acomodarnos y dejar todo en manos de lo poco que nos venga de Europa, de las absurdas obligaciones de gasto militar que nos quieren imponer y de las decisiones particulares
de los grandes poderes económicos, o aprovechar la oportunidad que nos brinda el buen momento económico, nuestra electricidad cada vez más limpia y barata, los fondos europeos que nos faltan por recibir y poner en práctica soluciones a los problemas
que
son bien conocidas, pero que no terminan de ponerse en marcha. Esta es la decisión que enfrentamos: o seguir siendo periferia o avanzar hacia el centro, o ser soberanos o seguir intervenidos, o que se pudran los problemas o encararlos, o
quedar en manos de nuestras élites, que no tardarán en recetarnos austeridad y dolor, o aprender de aquellos que en las últimas décadas han progresado con una fórmula infalible: gasto e inversión pública bien empleados.
Señorías, votar a favor supone avanzar en la tramitación de unos presupuestos necesarios para impulsar el progreso. Votar en contra nos aboca al pasado, a la ruina que ya conocemos. Sabemos que algunos romantizan la pobreza del pasado,
pero, seamos sinceros, ni ellos mismos quieren volver a ese pasado. Necesitamos salir del atolladero en el que sin duda nos encontraremos cuando se acaben los fondos europeos y las irracionales exigencias militaristas nos sorprendan sin
presupuestos y sin capacidad para hacer política de verdad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice.
El señor MARTÍN URRIZA: ... no esos jueguecitos de los miércoles o los zascas de TikTok.
Felices fiestas, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, president.
Bona tarda, vicepresidenta.
Avui, una vegada més, la segona, en dues setmanes tornem a debatre sobre la distribució dels objectius de dèficit i el sostre de despesa de l'Estat i avui també, en aquest cas, per enèsima vegada, des d'Esquerra Republicana tornem a
reivindicar, des d'Esquerra Republicana tornem a exigir que Catalunya ha de disposar de les màximes eines i dels màxims recursos per poder garantir, doncs vaja, el que toca! Una vida digna a la gent i una prosperitat econòmica que nosaltres entenem
compartida. I és justament per tot això que, a banda d'exigir unes regles fiscals justes, el que cal i el que és imprescindible -deixin-m'ho dir així- és que vostès, d'una punyetera vegada, reformin el model d'ingressos dels ajuntaments i de la
Generalitat, bàsicament en dos conceptes en el concepte de recursos i en el concepte de flexibilitat, un canvi de model i unes normes diferents. Recursos i flexibilitat que permetin poder-ne fer ús. Poder-ne fer ús a favor de la,ciutadania a favor
de la gent que, vicepresidenta, entre vostè i jo, això és el més important, no? Perquè d'això va la bona política, no? Al final de ser útils, d'estar al servei de la gent.
M'explico. En el cas del món municipal, per nosaltres és imprescindible reforçar la suficiència financera dels ajuntaments i els recursos propis de què disposen, bàsicament per reduir la dependència de l'Estat. Jo vull recordar que els
ajuntaments de Catalunya i també del País Valencià són els més mal finançats de l'Estat. Un exemple, l'any passat van rebre al voltant de 500 euros per habitant i, si corregim en aquest cas el cost de la vida, resulta que els ajuntaments catalans
es trobaven un 40 % per sota del finançament que va rebre, per exemple, els municipis d'Aragó. És només una dada, una dada crec que important i que cal reflexionar-hi.
Avui, senyora Montero, em ve molt de gust també recordar-li que aquest grup parlamentari vam defensar al Senat una proposició de llei per derogar LRSAL i per reformar la Llei d'estabilitat pressupostària. Dos textos que junts expliquen a la
perfecció l'ofec que pateixen els ajuntaments del meu país. En definitiva, també tots els ajuntaments de l'Estat, però jo li parlo de Catalunya. Crec que avui, vicepresidenta, que n'ha de prendre nota perquè hi ha feina, perquè cal, sens dubte,
flexibilitzar urgentment la regla de despesa, perquè cal permetre als ajuntaments utilitzar els seus superàvits de manera lliure, perquè cal excloure la inversió en habitatge dels límits de despesa, perquè cal també transposar un nou marc fiscal
europeu per donar major flexibilitat a la despesa i fixar objectius a mitjà termini, perquè cal repartir els objectius de dèficit i de deute de manera justa...
Gracias, presidente.
Buenas tardes, vicepresidenta.
Hoy, una vez más, la segunda en dos semanas, volvemos a debatir sobre la distribución de los objetivos de déficit y el techo de gasto del Estado. En este caso, por enésima vez Esquerra Republicana volvemos a reivindicar y a exigir que
Cataluña tiene que disponer de las máximas herramientas y recursos para poder garantizar lo que toca, una vida digna a las personas y una prosperidad económica que nosotros entendemos es compartida. Justamente por todo eso, además de exigir unas
reglas fiscales que
sean justas, lo que hay que hacer y lo que es imprescindible -permítanme decirlo así- es que ustedes de una puñetera vez reformen el modelo de ingresos de los ayuntamientos y de la Generalitat, básicamente en dos conceptos, en el de recursos
y en el de flexibilidad. Un cambio de modelo y unas normas diferentes. Recursos y flexibilidad que permitan poder hacer uso a favor de la ciudadanía, a favor de la gente, que -vicepresidenta, entre usted y yo- eso es lo más importante, ¿no?,
porque de eso va la buena política al final, de ser útiles, de estar al servicio de la gente. (Rumores).
Me explico, en el caso del mundo municipal, para nosotros es imprescindible que se refuerce la suficiencia financiera de los ayuntamientos y de los recursos de que disponen para reducir la dependencia del Estado básicamente. Quiero recordar
que los ayuntamientos de Cataluña y también del país valenciano son los peor financiados del Estado. Un ejemplo, el año pasado recibieron 500 euros por habitante aproximadamente y, si corregimos el coste de la vida, resulta que los ayuntamientos
catalanes se encontraban un 40 % por debajo de la financiación que recibieron, por ejemplo, los municipios de Aragón. Es un dato que creo que es importante y sobre el que hay que reflexionar. (Rumores).
Hoy, señora Montero, me apetece mucho recordarle que este grupo parlamentario fue un grupo que defendió en el Senado una proposición de ley para derogar la LRSAL y reformar la ley de estabilidad presupuestaria, dos textos que explican juntos
a la perfección el ahogo que sufren los ayuntamientos de mi país y, en definitiva, todos los ayuntamientos del Estado, pero yo le hablo de Cataluña. Creo que hoy, vicepresidenta, tiene que tomar nota porque hay trabajo. Sin duda, hay que
flexibilizar la regla del gasto porque hay que permitir a los ayuntamientos que utilicen su superávit de forma libre, porque hay que excluir la inversión en vivienda de los límites del gasto, porque también hay que trasponer un nuevo marco fiscal
europeo para poder dotar de mayor flexibilidad al gasto y fijar los objetivos a medio plazo, porque hay que repartir los objetivos de déficit y de deuda de forma justa... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, perdone. Un segundo, por favor.
Silencio.
La señora JORDÀ I ROURA: Miri que crido, eh, vicepresident?
Mire que grito, ¡eh!
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Cuando quiera.
La señora JORDÀ I ROURA: Sí. Deia que calia repartir els objectius de dèficit i de deute de manera justa entre l'Estat, les comunitats autònomes i, evidentment, els ajuntaments. És més, tant ajuntaments com comunitats autònomes han de
tenir veu i vot a l'hora de decidir els seus objectius de dèficit. Perquè avui, senyora Montero, això és cert que passa, però passa perquè els forcem. Pensem, doncs, que el que cal també és introduir-ho a la llei. I jo no sé ja si catalogar-ho de
trist o de patètic, però la realitat és que tant el seu partit, el Partit Socialista, com el Partit Popular, van bloquejar aquest debat al Senat. Esperem, esperem que se sàpiguen explicar vostès amb els seus alcaldes i alcaldesses. Però sobretot
el que esperem des del grup republicà és que, quan debatem aquesta proposició de llei aquí al Congrés, canviïn la seva posició.
Per cert, també senyora ministra, aprofito aquest punt per reivindicar que el Reial decret llei que han pactat PP i PSOE sobre les inversions dels ajuntaments no és en cap cas la solució que el món local necessita, ni tampoc la que mereix.
I no ho és perquè és un pedaç temporal. Es manté el marc restrictiu del Partit Popular i impedeix planificar inversions als ajuntaments amb seguretat jurídica. En definitiva, i lligant-ho amb el debat d'avui, cal acabar amb el fet que el sostre de
despesa augmenti en un 8,5 %, la recaptació del 2025 en un 12 %, però la regla de despesa, vicepresidenta, només augmenti un 3,5. Això és una bestiesa. Ho és perquè d'això en depenen els recursos dels ajuntaments, perquè d'això en depenen els
recursos dels diferents territoris de l'Estat. Això vol dir que d'aquesta animalada en depenen els serveis públics. Els objectius de dèficit proposats per l'Estat són claus en aquest sentit. L'administració central es reserva el 95 %, el 95 % de
la capacitat de fer dèficit. Però atenció! N'executa menys del 60 de la despesa pública i molt menys del 60 % de la despesa social o en els àmbits de salut, els d'educació i els serveis socials es concentra en les comunitats autònomes. Un
repartiment just dels objectius de dèficit, vicepresidenta, equivaldria a un 1,1 % per a l'administració central, un 0,5 per a les comunitats autònomes i un 0,3 per als ajuntaments. Això seria el més just.
En definitiva, i acabo. L'Estat, vostès, es queden al marge. L'Estat, vostès, ens imposen les regles, els recursos i les normes i a sobre ens retreuen que no som capaços d'arribar. És el mateix esquema de
sempre, vicepresidenta. Vostès decideixen i nosaltres paguem, això sí, i Catalunya aguanta. I sap què passa, vicepresidenta? Que hi ha un detall que crec -sospito- que vostès encara no poden controlar, que és també la nostra determinació,
perquè si tinguéssim els recursos que generem no estaríem avui aquí discutint de dèficit. Estaríem construint el país que mereixen els nostres conciutadans. I potser és exactament això el que els fa por a l'hora de no modificar el que fa tant
temps haurien de modificar. Doncs miri, tinguin-ho clar: o ens deixin gestionar el que es nostre o sens dubte seguirem avançant igualment perquè aquest país, el meu, no ha vingut, vicepresidenta, a demanar permís.
Moltes gràcies.
Decía que hay que repartir los objetivos de déficit y de deuda de manera justa entre las autonomías del Estado y los municipios. Tienen que tener voz y voto también a la hora de decidir sus objetivos de déficit las autonomías y los
ayuntamientos. Señora Montero, sé que eso pasa hoy, pero pasa porque les forzamos a ello. Por lo tanto, creemos que también es preciso que se introduzca en la ley. Y ya no sé si catalogarlo de triste o de patético, pero la realidad es que tanto
su partido, el Partido Socialista, como el Partido Popular bloquearon ese debate en el Senado. Esperamos que puedan explicarse con sus alcaldes y alcaldesas, pero, sobre todo, lo que esperamos en el Grupo Republicano es que, cuando debatamos esta
proposición de ley aquí en el Congreso, cambien su posición.
Por cierto, también, señora ministra, aprovecho este punto para indicar que el real decreto ley que han pactado el PSOE y el PP sobre las cesiones a los ayuntamientos no es en ningún caso la solución que el mundo local necesita, ni tampoco
la que merece. No lo es porque es una cosa temporal, se mantiene el marco restrictivo del Partido Popular e impide que se planifiquen inversiones en los ayuntamientos con seguridad jurídica. En definitiva, y ligándolo al debate de hoy, es preciso
que acabemos con el hecho de que el techo de gasto aumente en un 8,5 % y la recaudación del 2025 en un 12 %, pero que la regla de gasto, vicepresidenta, solo aumente un 3,5 %. Eso es una bestialidad, porque de eso dependen los recursos de los
ayuntamientos y de los diferentes territorios del Estado, y eso quiere decir que de esta animalada dependen los servicios públicos. Estos objetivos de déficit que propone el Estado son claves en este sentido. La Administración central se reserva
el 95 % de la capacidad de hacer déficit, pero, atención, ejecuta menos del 60 % de gasto público y mucho menos del 60 % del gasto social, donde los ámbitos de la salud, de la educación y de los servicios sociales se concentran en las comunidades
autónomas. Un reparto justo de los objetivos de déficit, vicepresidenta, equivaldría a un 1,1 % para la Administración central, un 0,5 % para las comunidades autónomas y un 0,3 % para los ayuntamientos. Eso sería lo más justo.
En definitiva -y acabo-, el Estado, ustedes, se quedan al margen y el Estado, ustedes, nos imponen las reglas, los recursos y las normas y, encima, nos reprochan que no somos capaces de llegar. Es el mismo estilo de siempre, vicepresidenta,
ustedes deciden y nosotros pagamos, eso sí. Y Cataluña aguanta. ¿Sabe qué pasa, vicepresidenta? Que hay un detalle que sospecho que ustedes todavía no pueden controlar, que es nuestra determinación, porque si tuviéramos los recursos que
generamos, no estaríamos hoy aquí debatiendo de déficits, sino que estaríamos construyendo el país que merecen nuestros conciudadanos. Quizás es exactamente eso lo que les da miedo a la hora de no modificar lo que hace tanto tiempo tendrían que
haber modificado. Pues, ténganlo claro, o nos dejan gestionar lo que es nuestro o, sin duda, seguiremos avanzando igualmente, porque este país, el mío, no ha venido, vicepresidenta, a pedir permiso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Moltes gràcies, president.
Senyora vicepresidenta, set minuts en sobraran molts. Bàsicament perquè ni entrarem en les mentides, les mitges veritats i el 'trilerisme' numèric que vostè habitualment recolza les seves intervencions. Però sí que entrarem en el que vostè
parlava del no pel no i parlarem de nos, perquè la seva proposta d'avui, és diferent de la que va portar a darrera votació i va perdre? No. Ha incorporat a aquesta proposta a allò que va aprovar el Parlament de Catalunya amb els vots del Partit
dels Socialistes? No. Ha incorporat alguna de les demandes que vam fer des de Junts per Catalunya en defensa de Catalunya? No. Hi ha més recursos econòmics en aquesta proposta per als catalans que els que hi havia en la darrera? No. Es podrà,
per tant, millorar rodalies? No. Es podrà fer més habitatge públic? No. Es podrà reduir la pressió
fiscal als ciutadans? No. Els seus socis han deixat de donar-li els vots a canvi de res? No. S'hi presenta el mateix que ja va fracassar la setmana passada, obtindrà una votació diferent? No. Per tant, podrà aprovar els objectius avui?
No. Podrà aprovar uns nous pressupostos? No. Ho entenen? No. Perquè si no els ho torno a dir, senyora vicepresidenta, incomplir amb Catalunya té conseqüències. Incomplir els acords té conseqüències. I avui ho tornaran a notar: ni objectius
ni pressupostos demà.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, siete minutos; me van a sobrar muchos, básicamente, porque no vamos a entrar en las mentiras, en las medias verdades y en el trilerismo habitual con el que usted apoya sus intervenciones. Pero sí vamos a entrar en
aquello que mencionaba usted del no por el no. Hablemos de noes, porque ¿su propuesta de hoy es diferente de la que trajo en la última votación que perdió? No. ¿Ha incorporado a esta propuesta lo que aprobó el Parlament de Catalunya con los votos
del Partido Socialista? No. ¿Ha incorporado alguna de las peticiones que hizo Junts per Catalunya en defensa de Cataluña? No. ¿Hay más recursos económicos en esta propuesta para los catalanes de los que había en la última propuesta? No. ¿Se
podrá, por lo tanto, mejorar rodalies, cercanías? No. ¿Se podrá hacer más vivienda pública? No. ¿Se podrá reducir la presión fiscal a los ciudadanos? No. ¿Sus socios han dejado de darle los votos a cambio de nada? No. Si presentan lo mismo
que ya fracasó la semana pasada, ¿obtendrá una votación diferente? No. Por lo tanto, ¿podrá aprobar hoy los objetivos? No. ¿Podrá aprobar unos nuevos presupuestos? No. ¿Lo entienden? No. Porque, si no, se lo vuelvo a decir, señora
vicepresidenta: incumplir con Cataluña tiene consecuencias e incumplir los acuerdos tiene consecuencias. Y hoy lo van a volver a notar. Ni objetivos hoy ni presupuestos mañana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Silencio, por favor.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente.
Señorías, señora vicepresidenta, yo creo que a estas alturas del partido ya podemos decir que no va a haber sorpresa en Las Gaunas y que el resultado va a ser exactamente el mismo que se produjo hace dos semanas. Hemos asistido a una
escenificación de lo que significa la pérdida de tiempo en términos parlamentarios. Probablemente tenga algún sentido -no lo oculto, no soy tan ingenuo- para aquellos que se enfrentan en una contienda electoral la próxima semana, pero, más allá de
eso, no sé para qué puede servir que emplee los seis minutos y treinta y seis segundos que me quedan si es para repetir los mismos argumentos.
Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que trae el Gobierno, siendo conscientes de las carencias que tiene -que ya las hemos señalado-, marcadas por el sometimiento a las reglas fiscales que devienen de la Unión Europea y de los
compromisos adquiridos con esta, que generalmente vienen acompañados de recortes o, por lo menos, de limitaciones sobre lo que podríamos hacer en pura libertad. Creemos que avalar esta iniciativa supone tener, al menos, la posibilidad -ojalá la
materialización- de avanzar en la consolidación de derechos y en la necesidad de empujar cambios necesarios y transformaciones urgentes y precisas para mejorar las condiciones de vida de los y las trabajadoras vascas y, por extensión, del conjunto
de la clase de trabajadora del Estado español. Como digo, sería fácil hacer una intervención quince días después si lo que voy a decir es prácticamente lo mismo.
Nosotros sí creemos que hay que elevar los impuestos para los más ricos. No es ninguna mentira que cada vez hay más mil millonarios y que la brecha entre los más ricos de la sociedad y una sociedad cada vez más pobre es cada vez mayor. Por
tanto, la redistribución de la riqueza, que debiera ser el objetivo fundamental de cualquier buena acción de Gobierno, no se cumple o, al menos, no se cumple como nos gustaría. Creemos que tiene que haber más impuestos, porque queremos que haya
universidades públicas y no chiringuitos privados con título de universidad privada. Queremos que haya más impuestos para que haya una sanidad pública al alcance de todos y de todas y no para que sigan haciendo negocio cuatro con la salud de todos
y de todas. Queremos que haya más impuestos para que, en definitiva, todos y todas tengan la atención que necesitan y precisan para tener y desarrollar vidas dignas. De eso y de la posibilidad que tenemos, entre todos y todas, de alcanzar
escenarios de mayor certeza, dignidad y certidumbre en la
vida de la gente tratan estos debates sobre números y no tanto de cálculos y de cábalas electorales, que sirven para poco o nada a quienes ya tienen dificultades reales para llegar a fin de mes.
Por eso, como decía, terminamos ya la intervención señalando la misma intención de voto, pero sabiendo y siendo conscientes de que vamos a enfrentarnos al mismo resultado. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Pues nada, repetiremos un poco lo de la semana pasada y, como ya se ha dicho aquí, el resultado parece ser que va a ser el mismo. Nosotros vamos a apoyar la senda, porque creemos, como ya dije la semana pasada, que es el primer paso
imprescindible para elaborar unos presupuestos del Estado para 2026 que respondan a la realidad económica y a las necesidades de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Quiero subrayar algo que ya expuse, tanto en el debate anterior como
en el de hoy del decreto 15, y es que de poco sirve ampliar margen de déficit o tener superávit o remanente si seguimos sujetos a la regla de gasto que limita el crecimiento y que limita que las Administraciones puedan destinar esos recursos a
inversión si implica superar ese umbral. El problema, además, no es solo cuánto déficit se autoriza, el problema es también cómo se permiten usar estos recursos existentes.
A esta limitación, además, hay que sumarle, como ya dije, la incoherencia normativa que hay, porque tenemos dos marcos contradictorios, el marco de estabilidad 2024 europeo, que es plurianual, flexible y orientado a una senda fiscal
responsable, pero, además, compatible con el mantenimiento de la inversión, y, por otro, la ley de estabilidad anual, rígida y basada en indicadores que ya Europa no usa, como el déficit estructural o una regla de gasto nominal, que impide, como
dicho, crecer por encima de un umbral aunque exista capacidad financiera para hacerlo. Dos marcos contradictorios, lo que es igual a confusión y bloqueo en la acción fiscal de las Administraciones.
Por eso defendimos y seguimos defendiendo que, mientras no se resuelva esta incompatibilidad mediante la reforma profunda de la ley de estabilidad y de la regla de gasto, es imprescindible habilitar el uso de los remanentes y superávits para
inversiones financieras sostenibles, para que las Administraciones puedan invertir más allá de ese límite y atender a las necesidades reales de la ciudadanía: vivienda, transportes, carreteras, sanidad y educación. En este sentido, tenemos que
valorar positivamente que el decreto ley que hoy hemos debatido -y que esperemos se apruebe- habilite el uso del superávit de 2024, como también lo solicité la semana pasada. Pero creemos también, ministra, que debería habilitarse el uso del
superávit de 2025, porque la ley de estabilidad continúa vigente sin reformarse y, por tanto, en tanto no la tengamos reformada, las restricciones van a ser las mismas. (Rumores).
Por eso, en el medio plazo es necesaria la modificación de la ley de estabilidad y la modificación también de la LRSAL, que no su derogación, como también lo propuso la semana pasada en el Senado el Grupo Izquierdas por la Independencia, y
que olvidó la protección de la foralidad. Lo decimos así porque una derogación de la ley de estabilidad o de la LRSAL no devuelve derechos anteriores y generaría un vacío normativo serio, ya que quedarían derogadas, en nuestro caso, todas las
modificaciones introducidas en dicha ley a la Ley de Haciendas Forales y a la Ley de Bases de Régimen Local, que en la actualidad garantizan precisamente esa reserva foral y la flexibilidad financiera de esas Administraciones locales gracias al
Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Una flexibilidad que hoy, además, permite un uso más flexible de los remanentes e incluso un uso más flexible de las inversiones financieras sostenibles. (Rumores).
En este sentido, también me gustaría añadir -creo que también lo ha dicho la ministra- que una flexibilidad no implica despilfarros, porque, fíjense, durante la suspensión de las reglas fiscales en la pandemia los ayuntamientos gestionaron
con responsabilidad, sin improvisación y destinando sus recursos a inversiones útiles y protección social. Además, también queremos reivindicar la necesidad de habilitar objetivos -como ya hemos dicho- diferenciados, en lugar de uniformes, porque
no todas las Administraciones parten de la misma situación fiscal ni afrontan las mismas necesidades estructurales. Tratar a todas por igual genera desigualdad y, en muchos casos, obliga a recortar servicios básicos. Hay una enorme heterogeneidad
y aplicar una regla uniforme solo penaliza a quienes ya están en una situación mucho más difícil. (Rumores).
Por último, como ya dije, sorprende y preocupa que algunos reclamen hoy la necesidad de un presupuesto general del Estado para 2026 -más gasto, más inversión, más políticas públicas-, pero al
mismo tiempo vayan a votar en contra de una senda que permite avanzar en esa dirección. Esa incoherencia de algunos no solo perjudica al Gobierno... (rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señorías, silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Esa incoherencia de algunos, digo, no crean que solo perjudica al Gobierno, sino también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y, en definitiva, ¿saben a quién más? A toda la
ciudadanía, que espera soluciones y ayudas.
Y quiero decir algo más, porque es importante decirlo con claridad. La no aprobación de la senda no implica que se paralice la tramitación de los presupuestos, pero hacerlo implica elaborarlos con una senda antigua, la que se le envió a
Bruselas, mucho más restrictiva y perjudicial, como he dicho, para las Administraciones. Además, no afecta ni al techo de gasto ni a la meta global de déficit, pero sí al reparto, obligando a las Administraciones a cerrar en equilibrio, perdiendo,
como ya ha dicho también la vicepresidenta, más de 5000 millones de margen. Así que quienes hoy voten en contra estarán eligiendo un escenario mucho peor para quienes prestan servicios esenciales cercanos a la ciudadanía y para millones de personas
que dependen de ellos.
El Grupo Parlamentario Vasco votará a favor porque esta senda, como he dicho, es el primer paso para garantizar los presupuestos de 2026; porque permite invertir en el futuro sin dejar atrás las políticas sociales esenciales; porque se han
habilitado ya, y esperemos que hoy se aprueben, las inversiones financieras sostenibles para 2024 -y urjo a hacerlo también para 2025-; porque urge también en el medio plazo reformar la regla de gasto y adaptar la ley de estabilidad al marco
europeo, y porque a día de hoy, mientras el Gobierno cumpla con los compromisos pactados con nuestro grupo, nosotros garantizaremos los nuestros, también en materia presupuestaria.
Nada más y muchas gracias. Bueno, como hoy es el último día de Pleno quiero felicitar a todos ustedes las fiestas y pedir un deseo para el año que viene: que tengamos un Parlamento con menos conflicto, menos bronca, más solución y más
acuerdos.
Eguberri on danori. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidente.
Señorías, vicepresidenta, han cogido ustedes una costumbre preocupante, la costumbre de venir a este Congreso a perder. Esta es la misma senda de déficit y los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria que ustedes trajeron hace dos
semanas y que perdieron. Más que un Gobierno que gobierna, un Gobierno que dialoga con los grupos, un Gobierno que cierra acuerdos, ustedes parecen el equipo de campaña de Pedro Sánchez. Y eso, señorías, no puede ser. Nosotras, en Podemos,
pensamos lo mismo que hace dos semanas y es que de qué sirve tener un techo de gasto altísimo si después nos gastamos todo el dinero de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas en el mayor rearme de la historia de este país y de Europa.
En los últimos cuatro Consejos de Ministros, vicepresidenta, ustedes se han gastado en armas 18 000 millones de euros, mientras destinan apenas 100 a la vivienda. En dos años, vicepresidenta, han recortado 3500 millones de euros en ciencia,
en educación y en transición ecológica por su estrategia favorita, señora Montero: la inejecución del gasto. En abril, un día cualquiera, un día tonto que tenían ustedes, encontraron en un cajón 10 500 millones de euros para hacer el mayor aumento
del gasto militar de la historia de España. ¿Sabe, vicepresidenta, todo lo que podríamos hacer en este país con 10 500 millones de euros? Se lo voy a decir yo: recuperar parte de la gratuidad del transporte público, 400 millones de euros;
aumentar un 50 % la partida en dependencia, 1700 millones de euros; dedicar al parque público de vivienda, mediante el tanteo y retracto, 5200 millones de euros; remunerar de una vez por todas los permisos de ocho semanas para los cuidados, 2600
millones de euros, y todavía nos sobrarían 500 millones de euros para política social.
Vicepresidenta, si su plan es continuar con el mayor rearme de la historia de este país, digo yo que su plan para sacar los presupuestos generales del Estado será seguir profundizando en esa alianza reaccionaria que han construido ustedes
con el Partido Popular, con VOX y con Junts per Catalunya, con los que han aprobado la ley más importante de las aprobadas en estos últimos seis meses: la ley de multirreincidencia. Eso sí que es una pinza, señora Montero, y lo demás tonterías.
Aunque la verdad, para
multirreincidentes los suyos, que después de elegir a Ábalos eligieron a Santos Cerdán y después de Santos Cerdán decidieron elegir a Paco Salazar. Para reincidentes los del Partido Popular, que después de elegir al criminal de guerra Aznar
eligieron al ladrón de Rajoy y al ladrón de Montoro, y después a su jefa, la señora Ayuso, que vive en un piso pagado con dinero negro. (Protestas). Para reincidentes los del clan Pujol, de los señores de Junts, o para esos de la corrupción legal
de las puertas giratorias del Partido Nacionalista Vasco, que primero fue Josu Jon Imaz y ahora es también el señor Ortuzar. O para reincidentes sus señorías de VOX, que ahora tienen a los cachorritos de Revuelta metidos en verdaderos problemas.
Ojalá algún día, señorías, vengan a este Congreso a meter en la cárcel a sus multirreincidentes y no a la gente más pobre de este país, que es víctima de su falta de política social.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Este debate xa o tivemos hai quince días, por tanto, eu non vou repetir os argumentos do BNG. Se fose un debate realmente sobre os criterios de estabilidade, de déficit, pois con certeza que nós votaríamos en contra porque non concordamos
con eses criterios, mais o que está en xogo é, evidentemente, outra cousa. Non, aquí estamos falando de da posibilidade ou non, de que haxa orzamentos ou das estratexias partidistas, todas lexítimas, de como conseguir negociar ou como conseguir
tombar o goberno.
Eu teño que dicilo claramente, nós queremos que continúe a lexislatura e que haxa orzamentos. Por que? Porque hai compromisos que este goberno adquiriu con Galicia a través do acordo de investidura co BNG, xa que son importantes para
mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas e que nós queremos que se cumpran. E son compromisos que implican necesariamente investimentos.
Miren, o pasado día 30 de novembro houbo unha manifestación multitudinaria en Ferrol para reclamar sacar esa cidade e a comarca da incomunicación ferroviaria en que se encontra neste momento, iso implica a modernización e a duplicación e
electrificación da liña ferroviaria entre a Coruña e Ferrol ata a liña do norte de FEVE entre Ferrol e Ribadeo e bypass de Betanzos, igual na liña A Coruña-Lugo ou a saída sur de Vigo até a fronteira portuguesa. Todo iso necesita de investimentos.
Estamos a falar de que hai un compromiso de implantar a cercanía ferroviaria e un tren de proximidade en Galicia que non ten aínda a estas alturas. Hai un estudo que está finalizando e, por tanto, esperamos que o ano que vén sexa o momento en que
se empecen a poñer a andar ese tren de proximidade e iso precisa investimentos. Poñer en marcha as actuacións necesarias para a rexeneración e o saneamento das rías galegas para mellorar a súa calidade ambiental e a súa capacidade produtiva
necesita investimentos ou mellorar a atención á dependencia, cumprindo o compromiso de que o Estado achegue o 50 % dos recursos para as actuacións que dependen desa lei de dependencia. Tamén se necesitan para iso orzamentos e por tanto, con ese
criterio.
Gracias, señor presidente.
Este debate ya lo tuvimos hace quince días. Por lo tanto, no voy a repetir los argumentos del BNG. Si fuese un debate realmente sobre los criterios de estabilidad y de déficit, pues seguro que lo votaríamos en contra porque no concordamos
con esos criterios. Pero claramente esto es otra cosa. Estamos hablando de la posibilidad o no de que haya presupuestos o de las estrategias partidistas, todas legítimas, de cómo conseguir negociar o cómo conseguir tumbar al Gobierno. Y yo tengo
que decirlo claramente, nosotros queremos que continúe la legislatura y que haya presupuestos. ¿Por qué? Porque hay compromisos que este Gobierno adquirió con Galicia, a través del acuerdo de investidura con el BNG, que son importantes para
mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los gallegos y gallegas y que nosotros queremos que se cumplan. Y son presupuestos que implican necesariamente inversiones.
Miren, el pasado día 30 de noviembre hubo una manifestación multitudinaria en Ferrol para reclamar sacar esa ciudad, esa comarca, de la incomunicación ferroviaria en la que se encuentra en este momento. Eso implica la modernización, la
electrificación y la duplicación de la línea ferroviaria entre A Coruña y Ferrol, la de la línea norte de FEVE hacia Ribadeo, el baipás de Betanzos, una línea A Coruña-Lugo o la salida sur de Vigo hacia la frontera portuguesa. Todo eso necesita
inversiones. Estamos hablando de que hay un compromiso de implantar las cercanías ferroviarias, un tren de cercanías en Galicia, que todavía no lo tiene a estas alturas. En este momento, hay un estudio que se está finalizando y esperamos, por lo
tanto, que el año que viene sea el momento en que eche a andar, en que se ponga en funcionamiento ese
tren de cercanías, y eso necesita inversiones. Poner en marcha las actuaciones necesarias para la regeneración y el saneamiento de las rías gallegas, para mejorar su calidad ambiental y su capacidad productiva, necesita inversiones. O
mejorar la atención a la dependencia, cumpliendo con el compromiso de que el Estado contribuya al 50 % de los recursos para las actuaciones que dependen de esa ley de dependencia. Para eso también se necesitan presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor REGO CANDAMIL: Nós hoxe imos votar a favor e imos traballar para que se verifique.
Moito obrigado.
Por lo tanto, señores y señoras, nosotros hoy vamos a votar a favor y vamos a trabajar para que esto se cumpla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.
Vicepresidenta, ministra.
Jo ja vaig explicar el posicionament polític de Compromís l'altra vegada. Ja sap que, per a nosaltres, és molt important dos qüestions bàsiques. Primera, respectar que formem part d'un estat que és un estat plurinacional. I després que
per a nosaltres la garantia de l'estat de benestar, la garantia dels drets de la ciutadania, dels serveis públics és bàsica com a projecte polític que som d'esquerres. Compromís hem posat damunt la taula ja, des de fa temps, una proposta
d'objectius de dèficit asimètrica que tingui en contra l'infrafinançament dels diferents territoris.
Vostè sap, com tot el món, que el País Valencià és el territori més infrafinançat amb diferència. Vostè sap que la posició política de Compromís sempre ha sigut molt respectuosa amb els acords que hem tingut amb este Govern i amb l'acord
d'investidura que vam tindre amb vostès, però a canvi no hem rebut el que nosaltres sempre hem demanat, que és un tracte just per a les valencianes i valencians. No ho veiem hui en estos objectius de dèficit que ens presenta, però tampoc en la
proposta que fan de condonació del deute, tampoc. I ja hem vist que aquesta setmana l'han aprovada com a projecte de llei en el Consell de Ministres. No tenen el nostre suport en eixe projecte de llei.
S'ha d'equilibrar el sistema de finançament per a què eixa garantia i per a què eixa equitat sigui una realitat. I això tampoc està passant, senyora ministra, senyora vicepresidenta. Per a nosaltres és fonamental que es tingui en compte
esta qüestió, perquè, a més, els ajuntaments i els territoris, les institucions autonòmiques, no som menors d'edat que tinguem d'estar tutelats en un estat plurinacional com el que estem. En un estat compost, on hi ha competències compartides i
dividides, nosaltres no volem lentejas. Nosaltres no volem ser una sucursal del govern central. El que volem és tindre la capacitat com a institucions autonòmiques i també locals per a poder exercir eixos drets i eixos serveis. Mentre això no
passi i no es negociï, no, vostès ja saben que no van a tindre el suport de Compromís.
Gràcies.
Gracias, presidente.
Vicepresidenta, ministra, yo ya conté el posicionamiento político de Compromís la última vez. Ya sabe que para nosotros hay dos cuestiones muy importantes. Primera, respetar que formamos parte de un Estado plurinacional. Y, por otro lado,
que la garantía del estado de bienestar, de los derechos de la ciudadanía y los servicios públicos es algo básico como proyecto político que somos, proyecto de izquierdas. Compromís ya hace tiempo que ha puesto encima de la mesa una propuesta de
objetivos de déficit asimétrica que tenga en cuenta la infrafinanciación de los distintos territorios.
Usted sabe, como todo el mundo, que el país valenciano es el territorio más infrafinanciado con diferencia. Usted sabe que la posición política de Compromís siempre ha sido muy respetuosa con los acuerdos que hemos firmado con este Gobierno
y con el acuerdo de investidura que firmamos con ustedes, pero a cambio no hemos recibido lo que nosotros siempre hemos pedido: un trato justo para los valencianos y valencianas. No lo vemos hoy en estos objetivos de déficit que nos presenta, pero
tampoco en la propuesta que hacen de la deuda, y hemos visto que esta semana la han aprobado como proyecto de ley en el Consejo de Ministros. No tienen nuestro apoyo en ese proyecto de ley.
Hay que equilibrar el sistema de financiación para que esa garantía y esa equidad sean una realidad. Y esto tampoco está pasando, señora ministra, señora vicepresidenta. Para nosotros es fundamental que se tenga en cuenta esta cuestión
porque, además, los ayuntamientos y los territorios, las instituciones autonómicas, no somos menores de edad que tengamos que estar tutelados en un Estado plurinacional como es este, un Estado compuesto en el que hay competencias compartidas y
divididas. Nosotros no queremos lentejas, nosotros no queremos ser una sucursal del Gobierno central. Lo que queremos es tener la capacidad, como instituciones autonómicas y también locales, para poder ejercer esos derechos y prestar esos
servicios. Mientras esto no ocurra y no se negocie, ustedes ya saben que no tendrán el apoyo de Compromís.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. (Rumores). Silencio, por favor, señorías.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor Bravo, ¿qué miedo tiene? No es su estilo. Hoy hemos visto su cara más oscura. ¿No tiene argumentos suficientes para justificar su voto en contra y lo único que hace es hacer descalificaciones personales a la que será
nuestra presidenta de la Junta de Andalucía? (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista.-Risas y aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Es más,
tengo muy claro que a la vicepresidenta se la va a recordar por promover el mayor escudo social, un escudo social sin precedentes en los momentos más difíciles de nuestro país. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señoría.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Sin embargo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento. (Continúan los rumores.-Varias señoras y señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Señorías, por favor. Creo que se ha mantenido un tono respetuoso cada vez
que ha hablado cualquier interviniente. (Rumores). Ruego que respeten también a la que ahora mismo lo hace.
Por favor, continúe, señoría. (Continúan los rumores).
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.
¿No se dan cuenta de que su falta de respeto les desacredita? ¿No se dan cuenta? (Aplausos.-Rumores).
Como decía, desde luego, a los socialistas se nos recordará porque siempre estamos al lado de la gente en los momentos más difíciles. (Rumores). Desde luego, al Partido Popular y a usted se le recordará por muchas otras cosas: por los
recortes especialmente, pero también por los sobresueldos. ¿O acaso puede decirme que usted no cobró sobresueldos en la Junta de Andalucía? (Aplausos.-Protestas). Así que lecciones del Partido Popular, lecciones de ustedes, ninguna, señorías. Es
más, también se le recordará por cambiar el control previo de la intervención en los contratos cuando usted era consejero, que ahora creo que también lo está analizando la justicia. Así que, como decía, lecciones, ninguna.
Pero déjenme que entre en la cuestión, que me parece lo suficientemente importante, porque yo sí que tengo argumentos para defender lo que hoy vamos a votar. (Rumores). La senda de estabilidad que hoy votamos no es un cheque en blanco para
gastar más. Es un camino ordenado para seguir reduciendo déficit y deuda sin desmontar el estado del bienestar ni asfixiar a las comunidades autónomas y coherente con una política económica responsable y eficaz. Menos deuda (muestra un gráfico) y
menos déficit (muestra otro gráfico). Por tanto, no engañen a la gente.
Y mientras algunos grupos, como el Grupo Popular, están instalados en la política inútil, oponiéndose a todo con el único propósito de hacer caer al Ejecutivo, el Gobierno está cumpliendo. Cumple con estos objetivos y, además, avanza.
Cumple con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, aunque ustedes digan que no. Cumple con todas las Administraciones, porque fija un marco fiscal claro para que todas puedan elaborar sus presupuestos con certidumbre. Y, además, avanza,
dando el paso previo necesario para presentar los presupuestos generales del Estado.
Quienes hoy votarán en contra pensando que así impedirán que haya presupuestos se equivocan. Porque, señorías, rechazar la senda no impide que el Gobierno presente nuevos presupuestos después
de intentarlo, pero sí obligará a las comunidades autónomas a presentar los suyos con un marco mucho más restrictivo. Lo ha explicado perfectamente la vicepresidenta. Por tanto, quien dice no a esta senda no está castigando al Gobierno;
está recortando de facto el espacio presupuestario de sus propios territorios: 1000 millones de euros menos para Cataluña (aplausos); 700 millones menos de euros para Andalucía; o 500 millones de euros menos para la Comunidad Valenciana.
Así pues, insisto, señorías, el Gobierno cumple con el plan fiscal presentado, pero en una democracia madura no basta con un Gobierno que cumpla; tan importante es la responsabilidad de gobernar como la de quien aspira a gobernar. La
oposición se opone por definición, pero muchos de los que son oposición aquí son Gobierno en otros territorios y necesitan que una senda se apruebe, aunque les guste más o menos. Bloquearla con la intención de desestabilizar al país, como si a
ellos no les afectara, es injustificable y, además, despreciable. Y nuestro país no lo merece. No merece tener una derecha española que, si no gobierna, bloquea; que, si no controla el Gobierno, lo desprestigia; y, si no tiene la mayoría
suficiente, cuestiona la legitimidad de las propias instituciones. (Aplausos). Y ejemplos hay un montón, no tengo tiempo para decirlos. Pero es que a mí lo que más me inquieta es que en la negativa a la senda vemos tres cosas muy preocupantes.
Primero, se prioriza ir contra el Gobierno, aunque con ello se perjudique a todos los españoles y españolas. Segundo, se es incapaz de promover una alternativa seria que combine estabilidad fiscal y justicia social. Y tercero, en los discursos se
repiten siempre las mismas consignas, cayendo en contradicciones y falsedades que le descalifican como alternativa de Gobierno. No son alternativa de Gobierno.
Primera contradicción: critican que no haya presupuestos y hacen todo lo posible por impedir unos nuevos. Y hoy vuelven a decirlo, repiten a diario que España no tiene presupuestos. Falso. España tiene presupuestos, aunque sean
prorrogados, pero tener tener, los tiene. (Risas). Los tenemos. ¿Cómo creen que continúan funcionando los servicios públicos si no tuviéramos presupuestos? (Aplausos). ¿Queremos unos nuevos? Estamos de acuerdo. Todos queremos unos
presupuestos nuevos. Muy bien, demuéstrenlo, voten a favor o por lo menos no impidan que salga esta senda, que es el paso previo para presentar unos presupuestos que además estén en un marco que está pactado con Europa.
Segunda contradicción: piden más recursos, pero a la vez cierran todas las vías para obtenerlos. La derecha donde gobierna reclama constantemente más dinero para sus comunidades, pero a renglón seguido impiden obtenerlo, como alguno que
hoy también votará en contra. De hecho, ahora rechazarán un margen adicional de recursos. Y ya en esta Cámara votaron también en contra de todas las posibilidades de obtener más ingresos para las comunidades, para los ayuntamientos. Siempre votan
en contra. Entonces, señorías, ¿de dónde creen que sale el dinero para pagar la sanidad, la educación o las prestaciones públicas? Porque quien demoniza los impuestos, reniega de la deuda y duda del crecimiento económico, en realidad por lo que
está apostando es por los recortes en servicios públicos. Y quienes hoy votan en contra de esta senda lo saben perfectamente. Y por eso ellos apuestan por los recortes, como lo hicieron en su día y como lo hacen allá donde gobiernan, porque allá
donde gobiernan lo vemos. ¿Se acuerdan del copago farmacéutico o de la negación de medicamentos de la hepatitis C en la Comunidad Valenciana? (Rumores). ¿O ahora el escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid, que no es un error, es un modelo?
Se llama modelo Alzira (aplausos), que en la Comunidad Valenciana lo sufrimos bien. ¡Ese modelo sí que es un infierno! ¡Ese modelo sí que es un infierno!
Y tercera contradicción: predican los problemas de la gente y no hacen nada para solucionarlos, porque cuando vienen aquí medidas, votan en contra. Y allá donde tienen competencias, no hacen nada, como, por ejemplo, con el tema la
vivienda. Por tanto, eso no es sensibilidad social. Y si vuelven a votar en contra de esta senda, demostrarán una vez más que, lejos de ser parte de la solución, son parte del problema. Por tanto, señorías, termino apelando a su responsabilidad,
al espíritu navideño, y les pido que voten a favor para dar a la ciudadanía la certidumbre y las respuestas que se merecen.
Muchísimas gracias y felices fiestas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-La señora Montesinos de Miguel pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Montesinos ¿por qué pide la palabra?
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, presidenta.
De acuerdo con el artículo 72.1 y el 103.1 del Reglamento, solicito que se apliquen los artículos 104.3 y 103.1. Ante las ofensas que ha vertido la portavoz del Grupo de Podemos en relación con dos
expresidentes del Gobierno, que además son de nuestro partido, del Partido Popular, acusándoles de dos delitos, pido que se aplique el artículo al que he hecho mención. (Protestas). Tranquilidad, tranquilidad, que no va con ustedes.
Tranquilidad, tranquilidad. (Rumores). Pido que se retiren del Diario de Sesiones, porque además es una infamia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montesinos.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA, DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA
CITADA COMISIÓN, HASTA EL FINAL DEL SIGUIENTE PERIODO DE SESIONES (FEBRERO A JUNIO 2026). (Número de expediente 154/000008).
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA CITADA COMISIÓN. (Número de
expediente 154/000006).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a los puntos del orden del día relativos a la solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un pacto de
Estado para la erradicación de la pobreza infantil, constituida en el seno de la citada comisión, hasta el final del siguiente periodo de sesiones, febrero a junio de 2026. Y la solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del
plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio, constituida en el seno de la citada comisión. Estas solicitudes se someterán a votación electrónica junto con el resto de los asuntos a
continuación.
Votaremos en tres minutos. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ANAFILAXIA. (Número de expediente 140/000011).
La señora PRESIDENTA: Mientras esperamos los minutos para la votación, el secretario primero va a dar lectura de la declaración institucional que nos han hecho llegar a la Mesa.
El señor SECRETARIO (Pisarello Prados): Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia.
Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, este Parlamento expresa su compromiso con la concienciación, la prevención y la protección de la vida frente a una reacción alérgica grave que se manifiesta de forma súbita y que es potencialmente
mortal. La anafilaxia requiere una actuación inmediata. Por ello, este Parlamento insta a los poderes públicos a reforzar las políticas de información, formación y respuesta ante emergencias alérgicas, especialmente en el ámbito educativo, con
especial atención a los colectivos más vulnerables y, en particular, a los menores de edad. Este Parlamento subraya la importancia de garantizar entornos seguros y preparados en los centros escolares, donde niños y niñas desarrollan gran parte de
su actividad diaria. En este día, el Parlamento reconoce la labor de las asociaciones de pacientes, familias y profesionales sanitarios y reafirma su compromiso de avanzar hacia una sociedad más consciente, segura, formada y solidaria frente a la
anafilaxia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
Vamos a pasar a las votaciones.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS ANTE LA ESCALADA DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS. (Número de expediente 162/000647).
La señora PRESIDENTA: Empezamos votando las proposiciones no de ley.
En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para ayudar a las familias ante la escalada del precio de los alimentos básicos. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 178; en contra, 159; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. (Número de expediente 162/000539).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante la inteligencia artificial.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 172; en contra, 32; abstenciones, 144.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO DESPUÉS DE CONOCER LA CONDENA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000142).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del fiscal general del Estado. Se vota en sus
términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES RINDA CUENTAS DEL DETERIORO SIN PRECEDENTES AL QUE ESTE GOBIERNO HA SOMETIDO A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, EN
PARTICULAR, TRAS LA SENTENCIA CONDENATORIA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000143).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, también sobre la cuestión del fiscal general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 169; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR REGO CANDAMIL), RELATIVA A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN EN GALICIA. (Número de expediente 173/000144).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la financiación en Galicia. Votamos separadamente por puntos.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 49; en contra, 32; abstenciones, 267.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 20; en contra, 289; abstenciones, 38.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 171; en contra, 32; abstenciones, 145.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 188; abstenciones, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 172; en contra, 169; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO LEY 13/2025, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS URGENTES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ISLA DE LA PALMA TRAS LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS. (Número de
expediente 130/000027).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora la convalidación o derogación de los reales decretos leyes.
Empezamos con el Real Decreto Ley 13/2025, de 25 de noviembre, por el que se adoptan medidas complementarias urgentes para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras los daños ocasionados por las erupciones volcánicas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 309; abstenciones, 39.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 348.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO LEY 14/2025, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 130/000028).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 309; en contra, 32; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO LEY 15/2025, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD INVERSORA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1007/2023, DE 5 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN ADOPTAR LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS O ELECTRÓNICOS QUE SOPORTEN LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES, Y LA ESTANDARIZACIÓN DE
FORMATOS DE LOS REGISTROS DE FACTURACIÓN. (Número de expediente 130/000029).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 15/2025, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas y por el
que se modifica el Real Decreto 1007/2023.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 179; en contra, 168; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE (ANTES DENOMINADO PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA). (Número de expediente 121/000012).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora las enmiendas del Senado al Proyecto de ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente. Votamos separadamente las enmiendas.
Enmiendas al apartado II, párrafos primero, tercero y cuarto, y al apartado III, párrafo decimoquinto del Preámbulo; al artículo 21.6 (nuevo); y a la disposición final novena.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 138; en contra, 178; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas al apartado III, párrafo quinto del Preámbulo; al nuevo párrafo del artículo 3.2; y al artículo 10.3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 169; en contra, 173; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas al artículo 3.8 y al artículo 7.4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 170; en contra, 173; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas al artículo 3, apartados 15 y 16 (nuevos); al artículo 7.2; al artículo 12.3; al artículo 13.6; y al artículo 17.2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 138; en contra, 210.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda al primer párrafo del artículo 9.1, por la que se sustituye 'adoptar' por 'adaptar'.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 323; en contra, 20; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la enmienda al artículo 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 145; en contra, 171; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda a la disposición final cuarta.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 177; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos la enmienda al apartado 4 de la disposición transitoria única.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 290; en contra, 26; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Las enmiendas del Senado que han sido aprobadas serán incorporadas al texto inicial aprobado por el Congreso de los Diputados.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, Y LA LEY 39/2006, DE
14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA EXTENSIÓN Y REFUERZO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA INCLUSIÓN, LA AUTONOMÍA Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
CONFORME AL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000064).
La señora PRESIDENTA: Votamos la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 7; en contra, 171; abstenciones, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LAS Y LOS SAHARAUIS NACIDOS BAJO LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000072).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la Administración española,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.
La señora PRESIDENTA: Queda avocada a Pleno la proposición de ley.
- PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LAS CLÁUSULAS REDITO AD LIBITUM EN LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS. (Número de expediente 122/000124).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito ad Libitum en la contratación de préstamos
y créditos hipotecarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 337; en contra, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda avocada a Pleno la proposición de ley.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y CONTRATACIÓN DE LOS PISOS TURÍSTICOS. (Número de expediente 122/000214).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 336; en contra, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda avocada a Pleno la proposición de ley.
DEBATE RELATIVO AL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERIODO 2026-2028 Y EL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL AÑO 2026. (Número de expediente 430/000008).
La señora PRESIDENTA: Votamos el Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo
2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2026.
Se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 166; en contra, 177; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. (Aplausos).
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA, DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA
CITADA COMISIÓN, HASTA EL FINAL DEL SIGUIENTE PERIODO DE SESIONES (FEBRERO A JUNIO 2026). (Número de expediente 154/000008).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de la Comisión de Juventud e Infancia, de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 316; en contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la prórroga del plazo.
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE PRÓRROGA DE SEIS MESES DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA CITADA COMISIÓN. (Número de
expediente 154/000006).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de la Comisión de Igualdad, de prórroga de seis meses del plazo para la conclusión de los trabajos de la Subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 348; a favor, 309; en contra, 32; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la prórroga del plazo.
Muchísimas gracias.
Les deseo felices fiestas y que 2026 empiece lo mejor posible de forma personal y colectiva para todos. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR y de los miembros del
Gobierno presentes, puestos en pie).
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y treinta y siete minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.