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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 138, de 23/09/2025
cve: DSCD-15-PL-138
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 138
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 133
celebrada el martes,
23 de septiembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página4)
Inclusión en el orden del día:
- Avocación de iniciativas legislativas:
- Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus
disposiciones adicionales 18.ª y 19.ª 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 162-1, de 29 de noviembre de 2024. (Número de expediente 122/000143) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- De los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 195-1, de
14 de marzo de 2025. (Número de expediente 122/000172) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 220-1, de 23 de mayo de 2025. (Número de expediente
122/000187) ... (Página26)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la modificación del artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009 referente a la solicitud de la prestación económica por paternidad y resolución de la misma. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 384, de 29 de agosto de 2025. (Número de expediente 162/000563) ... (Página40)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la Sareb a Galicia para su gestión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 97, de 1 de marzo de 2024. (Número de
expediente 162/000145) ... (Página53)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre los controles que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos canarios en materia de inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras.
(Número de expediente 173/000119) ... (Página64)
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la estrategia que va a adoptar el Gobierno para posibilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles. (Número de expediente 173/000120) ... (Página72)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página79)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página4)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por una nueva víctima de violencia machista, así como en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara a la inclusión, como último punto de la sesión del miércoles, la solicitud de
avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación
con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18.ª y 19.ª
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
De los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración ... (Página5)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley el señor Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En turno en contra interviene el señor Martín Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Zaragoza Alonso y duplica el señor Martín Blanco.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó y los señores Catalán Higueras, Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Iñarritu
García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario VOX.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ... (Página26)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya;
la señora Vallugera Balañà, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Martínez Hierro, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Romero Pozo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página40)
Del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, sobre la modificación del artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009 referente a la solicitud de la prestación económica por paternidad y resolución de la misma ...
Defiende la proposición no de ley el señor Gavin i Valls, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu; el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Boada Danés, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX; la señora Castilla Álvarez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Parra Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la Sareb a Galicia para su gestión ... (Página53)
Defiende la proposición no de ley el señor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la autoenmienda presentada.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Lago Peñas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Gómez Piña, del Grupo Parlamentario Socialista, y Puy Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; la señora Madrenas i Mir, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y el señor Hoces Íñiguez, del Grupo
Parlamentario VOX.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página64)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Valido García), sobre los controles que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos canarios en materia de inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras ...
(Página64)
Defiende la moción la señora Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX; y la señora Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, y el señor Rojas Manrique, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la estrategia que va a adoptar el Gobierno para posibilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles ... (Página72)
Defiende la moción el señor Hernández Quero, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Pueyo Sanz, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y las señoras Pérez Ortiz, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Álvarez Fanjul, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página79)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de
inmigración, se rechaza por 173 votos a favor y 177 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se aprueba por 179 votos a favor y
170 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cuatro minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Antes de empezar el Pleno quiero pedirles de nuevo, desgraciadamente, que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo de Ginesa, la mujer 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en la provincia de
Murcia. (La señora Muñoz de la Iglesia pide la palabra). Y lo haremos también en memoria de las víctimas del genocidio que sufre el pueblo de Palestina.
Por respeto a las víctimas, vamos a levantarnos. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.-Aplausos).
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RELACIÓN CON LAS MUTUALIDADES ALTERNATIVAS REGULADAS EN SUS
DISPOSICIONES ADICIONALES 18.ª Y 19.ª (Número de expediente 122/000143).
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara a la modificación del orden del día en el sentido de
incluir como último punto de la sesión del miércoles la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18.ª y 19..ª
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y JUNTS PER CATALUNYA, ORGÁNICA DE DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DE COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 122/000172).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de
competencias estatales en materia de inmigración.
Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Cuando quiera.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Señorías, hay unos mínimos democráticos que creo que la mayoría tenemos claros. Yo no quiero que en mi país se le llame hijo de puta al presidente del Gobierno. (Aplausos). Yo no quiero que en mi país se compare
el asesinato de miles de personas con el corte de una vuelta ciclista. Yo no quiero que en mi país se desee que un partido político termine en una fosa. Yo no quiero que en mi país haya líderes que no tengan claro que lo que está ocurriendo en
Gaza es un genocidio. (Aplausos). Por eso estoy orgulloso de mi país, porque la mayoría lo tenemos claro. Por eso, señorías del Grupo Popular, ustedes no representan a este país. (Aplausos.-Protestas). Su gran problema es que han perdido los
valores de lo que significa ser un partido de Estado, y hay cuestiones que son básicas. Antes de mentir, recuerden; antes de insultar, piensen; antes de criticar, esperen, y antes de bloquear, pacten. Pero se dedican a pedir responsabilidad sin
saber lo que es, ni tienen la intención de conocerla.
Estamos debatiendo sobre una delegación de competencias. No estamos acordando ningún tipo de traspaso. O no se enteran o mienten. Y demuestran en lo que se han convertido: han pasado de ser un partido de Estado a una mentira. Lo que
votamos hoy es una medida constitucional. Cuarenta y siete años después, nuestra Constitución sigue dando sus frutos y continúa siendo nuestro paraguas democrático. Porque, en su único objetivo de manipular, saben -o deberían saberlo- que delegar
competencias no es lo mismo que transferirlas. Delegar significa que no se cede la titularidad, y así lo permite el artículo 150 de la Constitución. Y, por si alguien no lo sabe, Cataluña ya tiene competencias en materia migratoria, por ejemplo,
en las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena o cuenta propia, u otras claves, como las vinculadas con educación, sanidad, vivienda, servicios sociales. Delegar funciones, como convertirse en ventanilla única, lo que permite es ser
más eficientes. Se trata de mejorar la integración y reducir las duplicidades. Cada comunidad autónoma tiene sus características demográficas, sociales o económicas. Delegar permite adaptar al territorio, señorías. No se confundan ni manipulen:
siempre se trabajará conforme a la ley estatal. Señorías, ¡que este acuerdo no permite a la Generalitat decidir sobre los flujos migratorios! La normativa migratoria es española y europea. No se trata de quitar competencias a nadie. Se llama
colaborar, con la ley y la Constitución. Porque si hubieran dedicado un mínimo a pensar, esperar y pactar, habrían visto que los Mossos d'Esquadra siempre van a actuar en colaboración con la Policía
Nacional y la Guardia Civil, que es lo que ya ocurre en Cataluña; que no son conscientes ni de lo que ya sucede en nuestro Estado autonómico, señorías del Grupo Popular.
Pero, como decía, prefieren mentir a recordar. El Partido Popular, el pionero en el traspaso de competencias. ¡Que el Pacto del Majestic lo firmaron ustedes, uno de sus jefes! (Aplausos). De hecho, nos ayudarían si aclarasen quién manda
ahora en el PP, porque ya sabemos quién no manda, y si estuviese le diría: ¿Verdad, señor Feijóo?. Manda Aznar, con su 'quién puede hacer que haga'; manda Ayuso y su falta de humanidad al no llamarlo por su nombre, genocidio; manda Mazón, que un
año después y con 228 muertos sigue negando la dana (el señor Hispán Iglesias de Ussel: ¡Y a ti te manda Ábalos!); manda Tellado, que ha puesto a Ester Muñoz para que parezca que él es mejor (rumores); manda Bonilla, agazapado en San Telmo, y
manda Miguel Ángel Rodríguez, criticando a los jueces que no tienen una hija concejal del PP. (Aplausos). Y así va el PP, desdibujado, porque sus auténticos líderes solo tienen un objetivo, convertirse en una extensión de VOX de color azul. Pero
les recuerdo, señorías del Grupo Popular, que en nuestro acuerdo no se delega el despliegue de los Mossos d'Esquadra, eso ya lo hizo el PP; tampoco se delegan las competencias de Tráfico, eso ya lo hizo el PP; ni se delega el 30 % del impuesto
sobre la renta, eso ya lo hizo el PP. Porque si alguien delegó competencias a Cataluña fue Aznar, y fue para conseguir los votos de Pujol para su investidura.
Así se esconden, en un discurso puramente destructivo, porque la realidad es que su hipocresía no tiene límites. Todo depende del Feijóo que te encuentres, el Feijóo que usa las autonomías o el Feijóo que se suma a la ultraderecha y
prefiere cargárselas. Porque el Feijóo que usa las autonomías vota en contra del reparto de los menores migrantes no acompañados, es más, para él tendría que ser que cada comunidad autónoma decidiera; y, sin embargo, el Feijóo que quiere cargarse
las autonomías se opone, como hoy, a que las competencias de inmigración se deleguen. Y hay más ejemplos, el Feijóo que usa las autonomías delegaría competencias, y lo haría, como ha demostrado con su voto, para promover junto a VOX la expulsión de
menores no acompañados de la Región de Murcia. El Feijóo que usa las autonomías delegaría competencias, y lo haría, como ha demostrado con su voto, para expropiar los cuatro aeropuertos de las islas Baleares, fragmentar AENA e independizarlos del
resto de España. Igual que Feijóo usa las autonomías cuando critica un acuerdo de financiación y después ve posible un concierto económico para Cataluña o cuando critica la iniciativa de este Gobierno y se acaba beneficiando de la quita de la deuda
o cuando vota con Junts en contra de las pensiones y, tras el desastre, acaba votando a favor. La única explicación es que a ustedes, señorías del Grupo Popular, les molesta la colaboración porque son más de confrontación. (La señora Muñoz de la
Iglesia: No como tú).
Dejemos clara una cuestión: solo se aseguran las políticas públicas aumentando los recursos. La seguridad de los españoles no se garantiza reduciendo la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil en 11 000 efectivos, como hizo el
gobierno de Mariano Rajoy; se garantiza aumentándola en 11 000 efectivos, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). Esa es la política de seguridad, aumentar y no disminuir. Pero si el Grupo Popular vota hoy en contra de esta
delegación no es porque no estén de acuerdo, si ya lo han demostrado; el resumen es muy simple: si no estuvieran en los escaños de la oposición, votarían a favor. Esa es la diferencia, el color del escaño es lo que determina su voto; si fuera
azul en vez de rojo votarían a favor. Si hoy su voto es en contra es por su socio, el que los amenaza con el sorpaso, no quieren incomodar a VOX. Así que no mientan y se excusen en Junts, ustedes ya les están poniendo la alfombra roja, porque con
ellos pactan sin ningún problema. Si lo confesó quien manda en el PP de Cataluña, García Albiol, que dijo hace unos meses que habdó con Puigdemont de manera muy correcta, defendió incluso pactar con él. Por cierto, señores del PP de Génova, el
señor Alejandro Fernández critica el pacto por la lengua en Cataluña, pero después, el señor García Albiol aprueba una moción en su ayuntamiento apoyándolo. ¿Están preparando el terreno para poder pactar con Puigdemont cuando vuelva? Al final
echarán al señor Fernández, como a Vidal-Quadras, para firmar un nuevo Pacto del Majestic. (Aplausos).
El problema del debate es que su odio les ciega, o peor, su odio les impulsa a la manipulación, porque para ustedes, señorías de la derecha y de la ultraderecha, este debate solo existe si pueden relacionar la migración con la delincuencia,
señalar al migrante. En su competición siempre ganan los más extremistas. Primero salió el señor Feijóo a decir que había que enviar a la Armada para bloquear la llegada de inmigrantes y después salió Abascal y le superó diciendo que había que
hundir los cayucos. Tuvo que salir del jefe del Estado Mayor de la Armada a recordarles que el Ejército de España cumple la ley, y la ley lo que dice es que si hay un migrante en peligro en el mar se le salva, que la Armada no está para combatir
los cayucos, sino para ayudar a los inmigrantes en peligro.
Su complejo ahora mismo es la extrema derecha, pero se equivocan en su postura, porque el sorpaso se producirá si siguen por el camino de olvidar la compasión, la que tiene la ONU -pero que para la señora Muñoz no son nadie- o la que tuvo
González Pons para calificar de genocidio lo que ocurre en Ucrania o Aznar en Kosovo, toda la que le falta a Ayuso para no llamar genocidio a lo que ocurre en Gaza. (Aplausos).
Señorías del Grupo Popular, a mí no me gusta que quieran enterrarnos en fosas, a mí no me gusta que digan que Madrid es Sarajevo, a mí no me gusta que criminalicen a los migrantes, a mí no me gusta que abandonen a nuestros ancianos en
residencias, a mí no me gusta que olviden a los bomberos forestales, a mí no me gusta que digan que la causa del problema de los jóvenes para acceder a una vivienda es la subida de las pensiones de sus abuelos, a mí no me gusta que crean que tener
compasión es ser débil, a mí no me gusta que el odio gane al respeto, y a ustedes señores del PP espero que tampoco. Esto no va de sentir vergüenza ajena, déjenselo a VOX y pongan kilómetros de distancia; no alimenten más el odio, la insensatez y
la mentira, no caigan en sus trampas, no abonen el campo de la extrema derecha, porque las frutas de esos campos las recogerá Abascal. (Aplausos). Dejen de repartir junto a la extrema derecha odio contra musulmanes, latinos, catalanes, vascos,
homosexuales, feministas, trans, ateos, ecologistas, rojos, actores o humoristas solo por existir. Siéntanse orgullosos de su país, de las diferencias y de la capacidad de trabajar colaborando, delegando, pero siempre a favor de la mayoría de este
país. Desde hace tiempo su estrategia política no es a favor de España, es llegar al poder. Pero se equivocan porque la política no es imponer, es llegar a acuerdos; es trabajar por la convivencia, que significa reconocer y garantizar que somos
plurales; es trabajar dentro del marco legal, convivencia, respeto y solidaridad. Abandonen su extremismo y su deseo por la extrema derecha.
Por cierto, quiero hacer una última reflexión sobre lo que demuestran hoy también los cuatro diputados de Podemos, que defienden mucho la España plural, pero hoy van a votar en contra de una delegación y una colaboración entre una autonomía
y el Estado. Si trabajamos todos, como hacen este Gobierno y muchos grupos parlamentarios, todavía estamos a tiempo entre todos de que este siglo sea un espacio de dignidad y esperanza, y no de destrucción y resignación. Como dijo Salvador Illa,
un país sin alma es un país sin futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zaragoza.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.
Catalunya ha estat, és i serà país d'immigració. Les onades migratòries formen part de la història de Catalunya des dels seus orígens. Qui negui aquesta realitat no té ni idea del que és Catalunya. Qui negui aquesta realitat nega també
Catalunya. Són molts els fills d'aquest fenomen migratori, però avui el país pateix les conseqüències d'una mala gestió per part dels que han tingut i tenen avui les competències, els diferents governs espanyols i una mala gestió i la negació del
problema han portat al col·lapse.
I aquesta llei que avui es vota ens permetria a Catalunya augmentar el nostre autogovern i poder fer una gestió eficient i de proximitat, i també controlar l'actual desbordament, perquè les dades són molt clares. Els darrers quinze anys, un
de cada quatre immigrants arribats a Espanya s'ha instal·lat a Catalunya. Hem passat de la Catalunya dels sis milions a la Catalunya dels vuit milions. En les darreres dècades hem assumit més de dos milions de persones i el país i els serveis han
quedat saturats. A principis dels anys noranta la població estrangera representava el 2 %. Avui representa gairebé el 19 %, molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que és del 9,6, i cinc punts per sobre de la mitjana espanyola, que és del
14 %.
L'any passat, la regularització més àmplia de la població estrangera que va fer el Govern espanyol la van fer a Catalunya. Segons les dades que vostès publiquen, el Govern espanyol, més del 40 % dels immigrants a Catalunya no treballen i
molts d'ells han de rebre ajudes socials per poder viure. Hi ha escoles on l'alumnat nouvingut o de pares immigrants representa gairebé la meitat dels alumnes. Per exemple, en els últims anys i cada any a Vic s'incorporen entre 200 i 300 nous
alumnes migrats un cop el curs ja està iniciat. No hi ha sistema educatiu que pugui digerir aquestes xifres, i menys si no hi ha els recursos per fer-ho. No hi ha aules d'acollida que permetin l'anivellament dels alumnes i el coneixement suficient
de la llengua catalana i el conjunt del sistema educatiu se n'està ressentint. A la comarca del Vallès Occidental, una de les més poblades de Catalunya, el 50 % dels beneficiaris d'ajuts de menjador són nouvinguts. A ciutats com Rubí, Sabadell,
Terrassa o Badia va entre el 55 i el 70 %. A la ciutat de Barcelona, entre el 45 i el 60. Però les classes populars i mitjanes que han tancat tota la vida, que han
pagat impostos tota la vida, avui no reben els serveis públics que necessiten. El sistema ha gripat i és evident que cal també un model econòmic que reverteixi l'actual economia dels sous barats de la mà d'obra poc qualificada i que aturi
l'empobriment en el que s'està expandint.
I el problema, com han volgut fer creure alguns, no és que un nouvingut de famílies sense recursos rebi ajudes. Les ha rebut sempre i les rep. El problema és que molta població de classe mitjana i treballadora de Catalunya, si ho
necessita, avui en queda exclòs i encara hi ha alguns insensats irresponsables que estan parlant de la Catalunya dels deu milions. Són els mateixos que callen quan a Madrid es paga el doble del que els toca i a Catalunya no ens arriba ni la meitat.
Han de ser conscients tots vostès que el sentiment de greuge existeix i creix, i que la sensació que l'esforç del treball i dels impostos no es transforma amb millors serveis també existeix i també creix. Tenim uns trens gestionats pel Govern
espanyol que no funcionen. Una política d'habitatge de l'Estat espanyol que no funciona, unes llistes d'espera en sanitat i dependència que són inassumibles i, a més, un creixement de la pressió fiscal que assumeix un treballador o un autònom, un
petit empresari que no és proporcional als serveis que rep. I, si a més a més, hi sumem el dèficit fiscal de més de 20 000 milions d'euros que cada any paguen els ciutadans de Catalunya, que són fruit de l'esforç dels nostres treballadors i
empresaris, que marxen a Madrid i que no tornen, com comprendran, de tot això, els ciutadans de Catalunya n'estan tips.
La supervivència de la nostra identitat no està garantida, sobretot per l'enorme impacte que aquest fenomen té en la llengua catalana, que, com tots vostès saben, és un factor de cohesió i d'integració social absolutament extraordinari. Fa
vint anys, el 46 % dels ciutadans de Catalunya tenien la llengua catalana com a llengua habitual. Avui només un 32,6 %. A Barcelona ciutat hi ha districtes en què en els darrers anys l'ús del català ha caigut per sota del 20 % de la població. Hi
ha molta demagògia, molt soroll, moltes mentides, molts interessos electorals, però no hi ha ni una sola proposta sobre la taula. L'única, aquesta llei que es vota avui. Així que, si els importa una mica Catalunya, si els importa una mica la gent
i si els importa una mica el benestar dels ciutadans, no la malbaratin.
La llei que avui es debat és clara i ho torno a explicar perquè sembla que per a alguns no queda prou clar quin és el debat avui. Aquest no és un debat sobre les polítiques concretes que s'han d'aplicar en matèria d'immigració. Si els CIEs
es tanquen o no, si les polítiques són més o menys dures, això ho decidiran els catalans. Ni vostès, ni avui ni aquí. El debat avui, senyors del PP, senyors de VOX i senyors de Podem, és si Catalunya ha de disposar o no de les competències en
matèria d'immigració. Sí, el que estem proposant és més autogovern, més poder polític per a Catalunya, que és exactament el que preveu l'article 150.2 de la seva Constitució: la possibilitat de delegar competències. Parlem que Catalunya tingui
competències per gestionar tots els permisos de residència i de treball, estades acadèmiques, residència temporal i de llarga durada, renovacions i extincions; atorgar residència temporal si es compleixen els requisits, iniciar i finalitzar
procediments d'expulsió, gestionar permisos de treball, contractar en origen, tenir control des de l'arribada fins a la inserció al treball. En matèria de seguretat, la Generalitat assumirà competències en règim sancionador i expulsions. La
Generalitat resoldrà casos ordinaris. La Junta de Seguretat de Catalunya, els casos de delictes greus. Parlem també d'un augment de 1800 efectius dels Mossos d'Esquadra per assumir funcions que ara fan la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia
Civil: control de fronteres, immigració i tràfic de persones i competències en els CIEs, entrega de documents NIEs i TIEs. S'inclou un traspàs de serveis, funcionaris i recursos i la possibilitat que els ajuntaments tinguin un paper clau en el
procés d'acollida i d'integració. És a dir, les competències que ara té Espanya, que les passi a tenir Catalunya. Els deures i els valors seran els catalans i l'Estatut i el català com a referència. I m'agradaria preguntar-li al senyor Iglesias
si creu que la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya és racista per voler que Catalunya tingui les competències, si ho és la gent del PNB, si ho és la gent de SUMAR, que hi votarà a favor, o si ho és el Partit Socialista per haver negociat,
tancat i registrat i defensat avui aquesta delegació de competències.
I vaig acabant. Això que han fet alguns fins ara, el no intervenir o el donar l'esquena al problema o dir racistes a Junts per presentar una llei per la delegació de competències, això és deixar la porta oberta al col·lapse, els populismes
extrems. És radicalitzar la societat i és destruir l'estat del benestar de Catalunya que tant ha costat construir als nostres avis i als nostres pares. És, i en som conscients, un debat complex i és molt més còmode tirar eslògans electorals i
desqualificar que no pas fer propostes realistes i arriscades que, per explicar-les, fa falta una mica més que una pancarta o un vídeo de Tik Tok. El que pot passar avui és que el populisme dels dos extrems coincideixin en un punt: negar que
Catalunya tingui les competències per fer allò que no ha sabut o no ha volgut fer el Govern espanyol, que és solucionar problemes. I aleshores quedaria clar que cap dels populistes extrems vol que exercim les competències, perquè exercir
competències vol dir solucionar els problemes. Si no hi ha problemes, no tenen relat i, si no hi ha relat, no tenen vots. Vull pensar, però, que Podemos no preferirà que les competències en immigració puguin quedar en mans de VOX i no en
mans dels catalans. El veritable progrés és donar a Catalunya les eines per gestionar la immigració i assegurar-ne la integració. Aquesta és la manera de frenar els extrems. El veritable conservadorisme és negar-li aquestes eines a Catalunya.
I acabo. El país, Catalunya, no necessita més soroll, necessita solucions i necessita capacitat de gestió. L'Estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden
traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova del cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra. Sempre escullen l'extrema
Espanya. Hi ha motius de sobres perquè aquesta llei tiri endavant. Però és possible que la llei no sigui el problema i el problema real és que qui demana i qui està demanant aquesta llei és Catalunya.
Moltíssimes gràcies i visca Catalunya lliure!
Gracias, presidenta.
Cataluña ha sido, es y será un país de inmigración. Las olas migratorias forman parte de la historia de Cataluña desde sus orígenes, y quien niegue esa realidad no tiene ni idea de lo que es Cataluña. Quien niegue esa realidad también está
negando a Cataluña. Y somos muchos los hijos de este fenómeno migratorio. Pero hoy el país sufre las consecuencias de una mala gestión por parte de los que han tenido y tienen hoy las competencias, los diferentes gobiernos españoles, y una mala
gestión y la negación del problema han llevado al colapso.
Esta ley que hoy se vota nos permitiría en Cataluña aumentar nuestro autogobierno y poder hacer una gestión eficiente y de proximidad y también controlar el actual desbordamiento porque los datos son muy claros: en los últimos quince años,
uno de cada cuatro inmigrantes llegados a España se ha instalado en Cataluña. Hemos pasado de la Cataluña de los seis millones a la de los ocho millones. En las últimas décadas hemos asumido más de dos millones de personas, y el país y los
servicios han quedado saturados. A principios de los años noventa, la población extranjera representaba el 2 %; hoy representa casi el 19 %, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es del 9,6 %, y cinco puntos por encima de la media
española, que es del 14 %.
El año pasado la regularización más amplia de la población extranjera que hizo el Gobierno español se hizo en Cataluña. Según los datos que ustedes publican, el Gobierno español, más del 40 % de los inmigrantes en Cataluña no trabajan y
muchos de ellos tienen que recibir ayudas sociales para poder vivir. Hay escuelas en las que el alumnado llegado de nuevo de padres inmigrantes representa casi la mitad de los alumnos. Por ejemplo, en los últimos años y cada año en Vic se
incorporan entre doscientos y trescientos nuevos alumnos migrados una vez iniciado ya el curso. No hay sistema educativo que pueda digerir estas cifras si no existen los recursos para hacerlo. No hay aulas de acogida que permitan nivelar los
conocimientos de los alumnos, también en conocimientos lingüísticos, y el conjunto del sistema educativo se resiente de ello. En la comarca del Vallès Occidental, una de las más pobladas de Cataluña, el 50 % de los beneficiarios de ayudas de
comedor son llegados de nuevo, y en Rubí, Sabadell, Terrassa o Badia del Vallès están entre el 55 y el 70 %; en la ciudad de Barcelona entre el 45 y el 60 %. Las clases populares y medianas, que han trabajado toda su vida, que han pagado impuestos
toda su vida, hoy no reciben los servicios públicos que necesitan. El sistema se ha gripado, y está claro que necesitamos un modelo económico que revierta la economía actual de los sueldos baratos de la mano de obra poco cualificada y que pare el
empobrecimiento en el que se está expandiendo.
El problema, como han querido hacer creer algunos, no es que los que acaban de llegar de una familia sin recursos reciban ayudas, las han recibido siempre y las reciben. El problema es que una gran parte de la población de la clase media y
trabajadora de Cataluña, si lo necesita, hoy queda excluida de esas ayudas, y aún hay algunos insensatos e irresponsables que hablan de la Cataluña de los diez millones, y son los mismos que callan cuando en Madrid se paga el doble de lo que toca y
en Cataluña no nos llega ni la mitad. Tienen que ser conscientes todos ustedes de que el sentimiento de agravio existe y sigue creciendo, de que la sensación de que el trabajo y los impuestos no se transforman en mejores servicios. Ese sentimiento
también existe y crece. Tenemos unos trenes gestionados por el Gobierno español que no funcionan, con una política de vivienda del Gobierno que no funciona, unas listas de espera en dependencia y en sanidad que son inasumibles, y además un
crecimiento de la presión fiscal que asumen los pequeños empresarios, los autónomos y los trabajadores que no es proporcional a los servicios que
reciben. Si además le sumamos el déficit fiscal de más de 20 000 millones de euros que cada año pagan los ciudadanos de Cataluña, que son fruto del esfuerzo de nuestros trabajadores y empresarios, que se van a Madrid y que no vuelven, como
comprenderán, de todo esto los ciudadanos de Cataluña están hartos.
La supervivencia de nuestra identidad no se garantiza, sobre todo por el enorme impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana que, como todos ustedes saben, es un factor de cohesión y de integración social absolutamente
extraordinario. Hace veinte años, el 46 % de los ciudadanos de Cataluña tenía la lengua catalana como lengua habitual; hoy solo un 32,6 % la tiene. En Barcelona ciudad tenemos distritos en los que en los últimos años el uso del catalán ha caído
por debajo del 20 % de la población. Hay mucha demagogia, mucho ruido, muchas mentiras, muchos intereses electorales, pero no hay ni una sola propuesta encima de la mesa. La única, esta ley que se vota hoy. Así que, si les importa un poquito
Cataluña, si les importa un poco la gente y se les importa un poco el bienestar de los ciudadanos, no la malgasten.
La ley que se debate hoy es clara, y lo explico de nuevo porque parece que para algunos no ha quedado suficientemente claro cuál es el debate de hoy. Este no es un debate sobre las políticas concretas que hay que aplicar en materia de
inmigración: si los CIE se cierran o no, si las políticas son más o menos duras... Todo eso lo van a decidir los catalanes, ni ustedes ni hoy ni aquí. El debate de hoy, estimadas señorías de VOX, de Podemos y del Grupo Popular, es si Cataluña
debe disponer de las competencias en materia de inmigración. Sí. Lo que estamos proponiendo es más autogobierno, más poder político para Cataluña, que es exactamente lo que prevé el artículo 150.2 de su Constitución, la posibilidad de delegar
competencias. Hablamos de que Cataluña tenga competencias para gestionar todos los permisos de residencia y de trabajo, estancias académicas, residencia temporal y de larga duración, renovaciones y extinciones, otorgar residencia temporal si se
cumplen los requisitos, iniciar y finalizar procedimientos de expulsión, gestionar permisos de trabajo, contratar en origen, tener el control desde la llegada hasta la inserción en el trabajo. En materia de seguridad, la Generalitat va a asumir
competencias en régimen sancionador y de expulsiones, y la Generalitat resolverá casos ordinarios y la Junta de Seguridad de Cataluña los casos de delitos graves. Hablamos también de un aumento de 1800 efectivos de los Mossos d'Esquadra para asumir
funciones que hoy realizan la Policía Nacional española y la Guardia Civil. También control de fronteras en inmigración, tráfico de personas, competencias en los CIE, entrega de documentos NIE y TIE. Se incluye un traspaso de servicios,
funcionarios y recursos y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan un papel clave en el proceso de acogida y de integración. Es decir, que las competencias que ahora tiene España las pase a tener a Cataluña. Los deberes y los valores serán
los catalanes, y el estatut y el catalán como referencia. Me gustaría preguntar al señor Iglesias si cree que la gente de Esquerra Republicana de Catalunya es racista por querer que Cataluña tenga las competencias, si lo es también la gente del
PNV, si lo es la gente de SUMAR que va a votar a favor o si lo es el Partido Socialista por haber negociado, cerrado, registrado y defendido hoy esta delegación de competencias.
Voy terminando. Lo que han hecho algunos hasta ahora, el no intervenir o dar la espalda al problema o llamar racistas a Junts por presentar una ley para la delegación de competencias, eso es dejar la puerta abierta al colapso, a los
populismos extremos, es radicalizar a la sociedad y es destruir el Estado del bienestar de Cataluña que tanto costó construir a nuestros abuelos y a nuestros padres. Si somos conscientes de ello, es un debate complejo, y es mucho más cómodo lanzar
eslóganes electorales y descalificar que hacer propuestas realistas y arriesgadas, que para explicarlas hace falta un poco más que una pancarta o un vídeo de Tik Tok. Lo que puede pasar hoy es que el populismo de los dos extremos coincida en un
punto: negar que Cataluña tenga las competencias para hacer lo que no ha sabido o no ha querido hacer el Gobierno español, que es solucionar problemas, y entonces quedaría claro que ninguno de los populistas extremos quiere que ejerzamos las
competencias, porque ejercer competencias significa solucionar los problemas. Si no hay problemas, no tienen relato y, si no hay relato, no tienen votos. Quiero pensar, sin embargo, que Podemos no va a preferir que las competencias en inmigración
puedan quedar en manos de VOX y no en manos de los catalanes. El verdadero progreso es dar a Cataluña las herramientas para gestionar la inmigración y asegurar la integración. Esta es la forma de frenar los extremos. El verdadero conservadurismo
es negarle estas herramientas a Cataluña.
Termino. El país, Cataluña, no necesita más ruido, necesita soluciones y necesita capacidad de gestión. El Estado español no ha querido o no ha podido controlar este fenómeno, y lo queremos hacer nosotros. Si el argumento es que no pueden
traspasar las competencias porque los catalanes somos unos delincuentes o unos racistas, esa será la prueba del algodón de que es tan anticatalana y centralista la
extrema derecha como lo es la extrema izquierda; siempre escogen a la extrema en España. Hay motivos de sobra para que esta ley siga adelante, pero es posible que la ley no sea el problema. El problema real es que quien está pidiendo esta
ley es Cataluña.
Muchísimas gracias ¡Visca Catalunya lliure!
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Nogueras.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, en representación de dicho grupo, el señor Martín Blanco. Cuando quiera.
El señor MARTÍN BLANCO: Gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero empezar, en representación del Grupo Parlamentario Popular, con una cuestión previa.
Al iniciar esta sesión, hemos llevado a cabo un minuto de silencio por la última víctima de violencia machista en nuestro país y también por las víctimas de la masacre en Gaza. El término, evidentemente, no era ese. El término ha sido el
que han querido imponer la mayoría de izquierdas en esta Cámara y sus socios parlamentarios, porque lo que pretenden, en realidad, es dividir a la sociedad española entre buenos y malos, como han hecho siempre. Nosotros nos sumamos a las
condolencias, nos sumamos a la solidaridad con las víctimas de todo signo, de todo conflicto, y, por supuesto, nos solidarizamos con las muertes que se están produciendo en Gaza, pero también con las muertes que se produjeron el 7 de octubre en
Israel, nos solidarizamos también con los rehenes que todavía permanecen en manos de Hamás, con la población gazatí, que está subyugada por una banda terrorista como Hamás, y, por tanto, nos solidarizamos con el conjunto de las víctimas y con el
dolor humano allá donde sea. (Prolongados aplausos).
Llama poderosamente la atención que para la defensa de una proposición de ley con la que el Partido Socialista parece que viene a dar lecciones de razonabilidad, moderación y decoro aparezca el señor Zaragoza. Oiga, yo no tengo nada en
contra de usted, nada, señor Zaragoza, pero que venga usted a dar lecciones de moderación, razonabilidad y respeto al adversario político resulta ridículo. (Aplausos). La verdad es que no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza ante
semejante elección. Es usted una gran elección para otro tipo de contiendas, contiendas mucho más farragosas, mucho más duras y, desde el punto de vista moral, mucho menos plausibles. De hecho, recuerdo todavía cuando hizo usted una comparación
entre cómo repatriaba el Partido Socialista a nuestras tropas desde Afganistán y pretendió decir que el PP las repatriaba de otra forma, poniendo un vídeo del Yak-42 humeante todavía. Es una inmoralidad, señor Zaragoza. (Aplausos). Decía usted
aquel día en su tuit -que le debió parecer graciosísimo-, desde su tranquilidad, desde su ociosidad galopante, que el PP repatriaba a militares como se hizo con los sesenta y dos muertos del Yak-42. ¡Vomitivo, señor Zaragoza! ¡Ni más ni menos que
vomitivo! ¡Repugnante!
Y usted viene aquí a darnos lecciones de moderación y de razonabilidad. Usted llamó no hace tanto al partido VOX cáncer social, ¡pero usted da lecciones de razonabilidad y de moderación! Oiga, es una tomadura de pelo, la verdad. Otros sí
podemos decir que, por nuestra trayectoria política, como no hemos hecho del insulto nuestro leitmotiv, podemos salir tranquilamente y decir que no venimos aquí a insultar. (La señora Mínguez García: ¿Qué no?). No, señora Mínguez, jamás, a mí no
me habrá oído insultar a nadie nunca, porque tengo la voluntad de que mi país permanezca unido. (Aplausos).
Es ciertamente una contradicción absoluta, pero, yendo a la cuestión que nos trae hoy aquí... (Rumores.-Un señor diputado: ¿Y lo de que 'me gusta la fruta'?). ¡Y siguen con la fruta! De verdad, esto me parece ridículo. El otro día se
hablaba en Televisión Española de la escalada de violencia verbal del Partido Popular porque habla de la fruta. Oigan, ¡si ustedes todo el día están hablando de Franco y llamando fascistas a todo el que no piensa como ustedes, llamando
ultraderechista a todo el que no dice lo que ustedes dicen, y resulta que lo preocupante es decir que me gusta la fruta! (Aplausos). En fin, ciertamente, es lamentable. La verdad es que el nivel del debate que ustedes imponen cuando menos es
pueril.
Pero, dicho esto, vamos a la cuestión que nos atañe. Con esta proposición de ley que firman ustedes, conjuntamente con Junts per Catalunya, adoptando absolutamente la retórica, la lógica perversa de los partidos nacionalistas, presentando
la realidad de Cataluña como una realidad radicalmente diferente a la de España, casi como dos realidades enfrentadas entre sí, porque ustedes, con tal de seguir gobernando, hacen lo que sea, absolutamente lo que sea; en su proposición de ley, lo
que hacen, en definitiva, es atacar directamente a uno de los elementos principales de la soberanía de un Estado. Los Estados se
caracterizan básicamente por la población, el territorio, el Gobierno y ese concepto tan importante en la definición de una comunidad política, de un proyecto sugestivo de vida en común como es España, que es la soberanía. Y, cuando ustedes
hacen eso que dice usted que no es un traspaso, sino una simple delegación, saben positivamente que lo que están haciendo es un traspaso. ¿Por qué, si no, lo hacen a través de una proposición de ley y no de un proyecto de ley? ¿Por qué no se
atreven a traer esta propuesta suya para que el señor Sánchez siga enrocado en la Moncloa? ¿Por qué no lo traen como un proyecto de ley? No, lo traen como una proposición de ley porque lo que quieren -y el conjunto de la ciudadanía española debe
saber esto- es hurtar que las instituciones de Gobierno del conjunto de España se pronuncien sobre este proyecto en informes, en dictámenes como el del Consejo de Estado o el del Consejo General del Poder Judicial. A ustedes las instituciones les
importan una higa, les dan exactamente igual.
Y por eso me parece cuando menos curioso que, encima, pretendan decirnos lo que es esto. Esto es un traspaso, en toda regla. Tenemos la suerte de que en este caso la aritmética parlamentaria, porque se resquebraja su propio Gobierno,
parece que va a sonreír al conjunto del pueblo español; y, sí, digo al conjunto del pueblo español por una sencilla razón, porque, como diputado de Cataluña, como diputado por Barcelona, vengo aquí a defender los intereses de mi tierra, sí, pero
vengo aquí a defender por encima de todo los intereses de la nación. Sé que esto les puede parecer revolucionario. Recuerdo un día que mi compañero Sergio Sayas subió a esta tribuna a hablar de una propuesta que no afectaba directamente a Navarra,
o solo de refilón, y que me impresionó cuando los diputados socialistas se llevaban las manos a la cabeza y decían que cómo un diputado navarro podía defender una proposición que provenía de Castilla y León. Oigan, claro que sí, es que el señor
Sayas es diputado de la nación española. Por supuesto que puede defenderla, claro que sí. (Aplausos).
Y les digo una cosa: No se crean, señores socialistas, que han asumido por completo la lógica perversa del nacionalismo, no se crean que en Cataluña esto gusta; al contrario, somos muchos los catalanes que estamos hartos de que se nos diga
que hay que elegir y hay que priorizar antes ser catalán que ser español. Oiga, estoy muy orgulloso de ser catalán, pero les reconozco que, por supuesto, como ciudadano, por encima de todo soy español y vengo aquí a defender los intereses del
conjunto de España. Y es evidente que esta proposición es perjudicial para el conjunto de los españoles.
Pero les digo más: Sobre todo, es perjudicial, concretamente, para los catalanes. A los catalanes el nacionalismo nos encierra en nosotros mismos. A los catalanes el nacionalismo nos impide tener una vocación universal, nos impide tener
una vocación de liderazgo en el conjunto de España. Y a ustedes, señores socialistas, como lo único que les importa es su proyecto de vuelo gallinaceo, cortoplacista, para que el señor Sánchez permanezca en la Moncloa, les parece estupendo que los
nacionalistas sigan asumiendo todas las metas volantes que han ido asumiendo con ustedes: amnistía, indultos, la rebaja de la prevaricación, la eliminación de la sedición... ¡Que pidan por esa boquita, que el señor Sánchez concederá! Así es como
funciona el Partido Socialista.
Y les voy a decir una cosa interesante. El señor Zaragoza compara lo que está haciendo el señor Sánchez con lo que han hecho antecesores suyos en la Presidencia del Gobierno. Incluyo socialistas y populares; hablo, por ejemplo, del señor
Aznar. Mire, señor Zaragoza, después del golpe de Estado de 2017 nada de lo que sea pactar con los nacionalistas es igual a lo que fue anteriormente; nada, absolutamente nada. (Aplausos). El señor Felipe González, por supuesto el añorado Adolfo
Suárez, el señor José María Aznar e incluso alguien por el que no siento ninguna predilección política, como se pueden imaginar, como es el señor Zapatero, pudieron cometer errores, pero pactar, empeñarse en pactar la gobernabilidad de España con
aquellos que han demostrado abiertamente ser enemigos de la unidad de España y de la solidaridad entre españoles es una ignominia, es una verdadera inmoralidad. (Aplausos). Y eso es lo que están haciendo ustedes, sencillamente. Por eso, seamos
razonables, pongamos las cosas en sus justos términos y seamos conscientes de lo que significa pactar hoy con los partidos separatistas.
En este sentido, hay una cuestión que me parece especialmente importante. Dicen ustedes que el artículo 150.2 de la Constitución permite esta delegación. Oiga, el artículo 150.2 de la Constitución dice literalmente que 'el Estado podrá
transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza -fíjese, señor Zaragoza, por su propia naturaleza- sean susceptibles de
transferencia o delegación'. Yo creo que es evidente que la determinación de quién es ciudadano español, la determinación de cómo son o cuáles deben ser las fronteras de España, la determinación de quién puede venir a trabajar a nuestro país, que
va a afectar al conjunto de los diputados de esta Cámara, sean o no catalanes, no puede ser susceptible de
delegación. Y le digo más: El Tribunal Constitucional tiene consolidada jurisprudencia a ese respecto, y es evidente que ustedes sabían tan bien como el Grupo Popular que esta proposición de ley no pasaría nunca el cedazo, no pasaría nunca
el tamiz del Tribunal Constitucional. Ustedes lo saben perfectamente, pero se han erigido en un auténtico partido, en un auténtico Gobierno que practica el trilerismo político. (Aplausos).
Ese es el marco conceptual general, y luego hay una cosa evidente: ustedes lo que quieren es sacar España de Cataluña. Como los nacionalistas no consiguieron sacar Cataluña de España, ustedes han decidido hacerles el trabajo; quid pro
quo, ustedes me mantienen el Gobierno, aunque sea no dejando piedra sobre piedra en la arquitectura institucional de España, desguazando España. Estoy convencido de que cuando el PP llegue al Gobierno lo arreglaremos, estoy convencido, pero tengo
muy claro que lo que ustedes han hecho supone un daño irreparable a la democracia española. (Rumores). Y les digo una cosa: Sus cortinas de humo, su pretensión de que todo gire en torno a cuestiones que no son de política nacional, su ignominiosa
utilización de las víctimas en Gaza, les aseguro que esto tendrá un coste electoral, porque, entre otras cosas, creo que la gente ya entiende que lo que ustedes hacen es lanzar cortinas de humo.
Hoy hemos conocido que el hermano del presidente del Gobierno de España se va a sentar en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. Oigan, ¿no les parece una verdadera vergüenza? Yo al señor Sánchez no le
tengo delante hoy, pero ¿al señor Sánchez no le avergüenza la situación en la que ha dejado España, con su mujer en el banquillo de los acusados, su hermano en el banquillo de los acusados, el fiscal general del Estado en el banquillo de los
acusados? ¿No se da cuenta de la degradación institucional a la que está sometiendo nuestro país? (Aplausos).
Yo quisiera acabar con una idea. Ustedes apelan mucho a la catalanidad; no tanto en la proposición de ley, pero sí en el documento que firmaron con Junts per Catalunya para lanzar esta infame proposición de ley. Pues bien, déjenme que les
diga que la catalanidad es algo mucho más inclusivo que lo que pretenden los nacionalistas. Y ustedes, señores socialistas, deberían saberlo, porque muchos de sus votantes sienten la catalanidad de la misma manera que la sentimos muchos votantes
del Partido Popular. Muchos votantes constitucionalistas lamentamos que el Partido Socialista venda su impresión sobre lo que es Cataluña a lo que exigen e imponen los nacionalistas. Cataluña es algo mucho más amplio. La catalanidad es Josep Pla,
es Agustí Calvet, es J. V. Foix, es Carles Riba, es Salvador Espriu. Por supuesto, son todos ellos, pero también es Eduardo Mendoza, también es Juan Marsé, también es Javier Cercas, también es Juan Boscán, en el siglo XVI. La catalanidad es mucho
más amplia de lo que dicen los nacionalistas. Y, en este sentido, quiero acabar -presidenta, discúlpeme, le pido un poco de lenidad, y sé que con usted la tengo, debo admitirlo- con una frase de un diputado catalán a Cortes al que los nacionalistas
han sometido a un absoluto olvido, pero uno de los diputados más importantes de la historia de Cataluña, el señor Antonio de Capmany, quien en las Cortes de Cádiz de 1812 decía: 'A donde quiera que os lleve la fortuna llevaréis la patria con
vosotros. Cuando perecierais, todos iremos, los viejos, los niños y las mujeres a enterrarnos con vosotros, y las naciones que trasladen a esta desolada región sus hogares y sus servidumbres leerán atónitas: Aquí yace España libre.' Pues bien,
nosotros vamos a seguir defendiendo la España libre de aquellos que pretenden subyugarla, vamos a seguir defendiendo la España libre, unida e igual para todos los ciudadanos de aquellos que pretenden eliminarla, y vamos a seguir defendiendo España
de un Gobierno muy lesivo y contraproducente para los intereses nacionales, así que, ténganlo por seguro.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Zaragoza. Cuando quiera.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Ayer en el Parlamento gallego la mayoría absoluta del PP prohibió hacer un minuto de silencio por el genocidio en Gaza. Hoy se ha evitado que esa mayoría absoluta que se aplicó en el Parlamento gallego se aplique
a los ciudadanos de toda España y vean que nosotros estamos en contra del genocidio. (Aplausos). Se ha dejado usted esa parte por explicar, señor Nacho Martín Blanco, que con sus votos y su mayoría absoluta bloquearon un minuto de silencio en el
Parlamento gallego. (Rumores).
Es verdad que yo tengo una trayectoria; usted tiene muchas trayectorias. Fíjese, cuando le escuchaba defender a VOX, ¿qué me ha venido a la memoria? He recordado cuando un dirigente de su antiguo partido, el señor Girauta, en aquellas
elecciones andaluzas que Moreno Bonilla perdió y llegó a la
Presidencia gracias a los votos de VOX, dijo: Nosotros no nos sentaremos a negociar con VOX, no es un partido con el que nosotros nos sentaremos. ¡Fíjese cómo van las trayectorias, que usted, que estaba en ese partido, acaba defendiendo a
VOX, y el señor Girauta no solamente se sienta con VOX, sino que cobra con VOX! (Aplausos). Estas son las trayectorias que nosotros nos encontramos. (Rumores). Yo tengo una, que la podrán ustedes criticar, pero algunos tienen demasiadas
trayectorias.
Por cierto, no sé si se acuerda de que usted es legislador, que el Congreso de los Diputados legisla. (Rumores). Es curioso que venga aquí usted a criticar que legislemos, cuando se han llenado la boca criticando que el Gobierno no hace
más que enviarles reales decretos leyes. Hoy nos critican porque presentamos una ley los grupos parlamentarios. ¡Aclárense! O legislamos o no legislamos.
Además, usted es legislador, no es juez. Usted no determina qué es lo que entra o no en la Constitución; lo determina quien tiene las competencias, que para eso hay separación de poderes. Y aquí lo que estamos discutiendo es una ley, no
las interpretaciones que cada uno pueda dar a esa ley. Y ese es el problema, que aquí de la ley se habla bien poco; se habla de las impresiones, y, fíjese, eso produce votaciones como las que vamos a ver. Con sus argumentos y los argumentos de
Podemos y VOX, se van a juntar y van a votar lo mismo: que no a esta ley, con argumentos absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque no son los argumentos, es la posición política en el combate político que se está produciendo.
Por cierto, ignominia es cómo se trajo a los soldados españoles del Yak-42 y cómo se trató a sus víctimas. ¡Eso sí que es ignominia! (Aplausos). ¡Eso es ignominia! Y eso está en la memoria. Por eso le decía: Recuerden, no olvidamos lo
que pasó y cómo se trató a nuestras Fuerzas Armadas cuando se las repatriaba; cómo se trató a sus familiares, dándoles cuerpos que no eran los suyos.
Curiosamente, me ha llamado la atención que en su intervención no haya hablado de Junts. Guante de seda con Junts, ¡Qué curioso! (Rumores). No ha hablado para nada de Junts. No ha contestado sobre nada de lo que le hemos dicho. Quizá
porque usted olvida. Dice que desde 2017 con Junts no se puede pactar nada. Pues, mire, han votado contra la subida de las pensiones, contra las ayudas al transporte público, contra la reducción de la jornada laboral, contra el impuesto a los
beneficios de las grandes energéticas, contra el decreto antiapagón, contra la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, y siempre que pueden lo hacen. Vamos a ver, ¿para qué sirve el argumento? ¿Solamente para aquello que a ustedes no les
gusta? Mire, tendrían que estarnos agradecidos; con la normalidad política que se está consiguiendo en Cataluña, al final ustedes van a poder pactar con Junts sin tener que esconderse. Lo está diciendo el señor Albiol; y veo que no responde a lo
que él dijo. Albiol dice que se puede pactar con Junts, otros dirigentes dicen que son partidos normales, y usted sube a la tribuna, con su multitrayectoria, a decir que no se puede pactar nada con Junts. Aclárense, porque sus palabras no se
sustentan con sus hechos, como siempre pasa con el Partido Popular. (Rumores). Dice que antes hubo Gobiernos que pactaron. Es que ustedes pactaron hasta suprimir los Gobiernos civiles, lo pactaron todo con Pujol. Esa es la trayectoria política
en la que están ustedes, una trayectoria política en la que no hacen lo que desearían, sino que intentan disimular lo que querrían hacer. (Rumores). Ese es su problema.
Por cierto, mal tiempo para hablar de jueces. Hoy tenemos al jefe de gabinete de la señora Ayuso criticando a un juez. Mire qué rápidamente quedan en evidencia las mentiras del PP. Cuando no les gusta lo que hacen los jueces, bien que los
critican. Así es la política del Partido Popular siempre: decir una cosa y hacer la contraria. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zaragoza.
¿Nadie más usa el turno de réplica? (La señora Nogueras i Camero hace gestos negativos).
La señora Nogueras renuncia al turno.
Tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN BLANCO: ¡Ay, señor Zaragoza, con las trayectorias! Déjeme que le diga una cosa, y quiero que quede sentada desde el primer momento -hablo en nombre de todo mi grupo, pero también en clave personal, como hice exactamente
igual en el Parlamento de Cataluña a lo largo de mi trayectoria política, sí, en la que he pasado por dos partidos, en un ejercicio de coherencia personal absoluto, a mi juicio, aunque usted dirá lo que le parezca oportuno-: entre pactar con VOX,
el partido de Ortega Lara, y pactar con Bildu, el partido de Otegi, lo tengo clarísimo. ¡Clarísimo! (Aplausos).
Señor Zaragoza, voy a decirle algo que ya dije en su día a su compañero, otro hombre de carácter atrabiliario, por decirlo de forma suave, como el señor Puente; un hombre como usted, de trato afable en privado, pero hirsuto y profundamente
beligerante -levantisco, diría yo- cuando se expresa públicamente: El PSC tiene mucho que callar, el PSC es corresponsable de la deriva nacionalista que gobierna Cataluña,
el PSC es corresponsable de la expulsión del español de la vida pública, el PSC es corresponsable de una visión de Cataluña profundamente sectaria, es corresponsable de haber asumido por completo los dogmas del nacionalismo catalán.
(Rumores.-Aplausos).
Ustedes tenían la oportunidad de haber hecho una Cataluña cívica. Se aprovecharon, por cierto, del voto de catalanes bienpensantes, que creyeron que el PSC podría haber hecho otra cosa. Y les digo una cosa, señores diputados del PSC, pero
sobre todo señores diputados socialistas de otras partes de España: ¿No se dan cuenta de hasta qué punto perjudica la estrategia del PSC, que ha contaminado de forma definitiva la estrategia del PSOE, con Sánchez a la cabeza? ¿No se dan cuenta de
hasta qué punto desprestigia y puede perjudicar a su proyecto nacional? ¿No se dan cuenta de que el resto de los españoles no entienden esta manera de hacer política, que es cortoplacista, que lo único en lo que piensa es en mantener el poder del
líder, en ese aplauso de corte casi soviético que exige el señor Sánchez de forma constante? Pues bien, les va a pasar factura, porque hay una parte importante de los españoles que están hartos de tanto cinismo.
Es el colmo del cinismo que ustedes hablen de coherencia, señor Zaragoza. Sinceramente, les digo que el daño que su política ha hecho en Cataluña es inmenso. Han engañado ustedes a la ciudadanía de Cataluña y han hecho todo lo contrario de
lo que debería haber hecho un partido de Estado. Usted hablaba antes del Partido Socialista como un partido de Estado. El Partido Socialista se ha comportado como un partido que pretende desguazar el Estado y sus instituciones en Cataluña, y,
lógicamente, seremos nosotros quienes tengamos que reparar eso, porque es evidente la manera en que usted se dirige a los policías nacionales y la Guardia Civil tratando de defenderles. Todavía recuerdo cuando el señor Sánchez desde esta tribuna
habló de los policías nacionales que actuaron el 1 de octubre como los piolines, con el mismo desprecio que los nacionalistas. No hay ni un solo mantra, ni un solo dogma del nacionalismo que el PSOE no haya comprado para mantener a Sánchez en la
Moncloa, ni uno solo. (Aplausos). Absolutamente todo lo que dice el nacionalismo lo compra el PSC y lo asume. Y el PSC sigue instalado en esta deriva.
Sinceramente, el otro día me decían unos amigos, no necesariamente relacionados con la política, que no daban crédito a noticias que estaban viendo en estos días, como la no desmentida por su partido -parece, incluso se ha insinuado que
efectivamente es así- acerca de que el hermano del presidente del Gobierno vivía en la Moncloa. Oigan, la ciudadanía española se siente ofendida ante tanta infamia, se siente ofendida ante tanta desvergüenza, se siente ofendida ante un presidente
del Gobierno que está rayando unas cotas de inmoralidad nunca vistas en la historia política española. (Rumores). Y ustedes siguen aquí riéndose, como la orquesta del Titanic, que seguía tocando, como si no pasara absolutamente nada, hasta que
finalmente las elecciones les pongan en su sitio. Está claro que las elecciones a ustedes les dan pavor, no quieren ni oír hablar de unas elecciones en el conjunto de España porque saben positivamente que la ciudadanía española les pasará factura.
(Rumores).
Sinceramente, señor Zaragoza, creo que el Partido Socialista de Cataluña a lo largo de su historia ha hecho un enorme daño a la convivencia en España y un enorme daño a la convivencia en Cataluña. Ustedes pudieron representar una Cataluña
cívica, una Cataluña respetuosa con su propia pluralidad, una Cataluña que no renunciase a una parte fundamental de su ser, de su esencia, como es la lengua española. Los catalanes tenemos dos lenguas, el español y el catalán; es verdad que la
mayoritaria es el español y es verdad que la lengua catalana es una parte de nuestro acervo colectivo, de nuestro acervo sentimental y de nuestro acervo cultural, pero ustedes han decidido hacer seguidismo de las políticas nacionalistas. Esa es su
decisión, y, en todo caso, pueden seguir ustedes con esta dinámica. No les va a ir bien, pero, sobre todo, señor Zaragoza, no dé usted lecciones de civismo, porque no está para eso; se lo aseguro, señor Zaragoza. (Aplausos.-Varios señores
diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto té la paraula la senyora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta. President.
Bé, aquesta proposició de llei que avui ens porta el Partit Socialista i Junts per fer una delegació de competències en matèria d'immigració té molt a veure amb l'aposta per un model d'estat plurinacional. Parlar d'autogovern, parlar de
descentralització de competències no és una teoria, forma part d'una democràcia real, com hauria de ser la nostra. Un estat central que concentra quasi tot en una realitat tan diversa i plural com la nostra és com un edifici en runes que el que
vols és pintar la façana sense tindre
en compte que el que has de fer és començar pels fonaments per a que funcioni de veritat. Perquè cal més autogovern, perquè més autogovern vol dir més eficàcia, vol dir més proximitat i també més justícia i la descentralització en un estat
plurinacional com el nostre és fonamental, perquè cal que la sanitat funcioni, cal que l'educació arribi a tot el món i perquè emergències com la que hem patit en el País Valencià, com la dana de València, necessiten respostes ràpides i efectives.
I el que ha fallat al País Valencià és el Govern negligent de Mazón.
No ha fallat tindre la competència d'emergències per part de la Generalitat Valenciana, però tampoc hi ha autogovern real sense un finançament just per a tots i totes. I senyories del Partit Socialista, vostès governen des de l'any 2018 i
la reforma del sistema de finançament ni està ni se l'espera.
Nosaltres votarem a favor de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei, perquè creguem en l'autogovern. Ara bé, senyories del Partit Socialista, les polítiques migratòries que fan vostès des del Ministeri d'Interior deixen molt
que desitjar. Volem canvis reals com els tancaments dels CIEs. Compromís portem treballant per a tancar el CIE de Zapadores des de fa molt de temps i no pararem fins a aconseguir-ho.
Gràcies.
Gracias, presidenta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Esta proposición de ley que nos traen hoy el Grupo Socialista y Junts para hacer una delegación de competencias en materia de inmigración tiene mucho que ver con la apuesta por un modelo de Estado plurinacional. Hablar de autogobierno y de
descentralización de competencias no es una teoría, forma parte de una democracia real como debería ser la nuestra. Un Estado central que concentra casi todo en una realidad tan diversa y plural como la nuestra es como un edificio en ruinas al que
se quiere pintar la fachada, sin tener en cuenta que lo que hay que hacer es cambiar los cimientos para que funcione, porque nos hace falta más autogobierno, y más autogobierno significa más eficacia, más proximidad y también más justicia. Y la
descentralización en un Estado plurinacional como el nuestro es fundamental, porque la sanidad debe funcionar, la educación debe llegar a todo el mundo y emergencias como la que hemos sufrido en el país valenciano, como la dana de Valencia,
requieren de respuestas rápidas y efectivas. Lo que ha fallado en el país valenciano ha sido el Gobierno negligente de Mazón; no ha fallado tener la competencia de emergencias por parte de la Generalitat Valenciana.
Pero tampoco hay un autogobierno real sin una financiación justa para todos y todas. Señorías del Grupo Socialista, ustedes gobiernan desde 2018 y la reforma del sistema de financiación ni está ni se la espera.
Nosotros votaremos a favor de que se tome en cuenta esta proposición de ley porque creemos en el autogobierno. No obstante, señorías del Grupo Socialista, las políticas migratorias que hacen ustedes desde el Ministerio de Interior dejan
mucho que desear. Queremos cambios reales, como que se cierren los CIE. Compromís lleva trabajando para cerrar el CIE de Zapadores desde hace mucho tiempo y no pararemos hasta lograrlo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.
Miren, atribuir a la Generalitat competencias en materia de inmigración es inconstitucional porque vulnera el artículo 149 de la Constitución, que confiere al Estado las competencias en exclusiva. No es que lo diga Unión de Pueblo Navarro,
lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia de 28 de junio del año 2010. El control de fronteras y de los flujos migratorios irregulares es competencia exclusiva del Gobierno central y, por lo tanto, no es susceptible ni de ser transferido
ni de ser delegado. Esto tampoco lo dice Unión de Pueblo Navarro, lo decía antes de firmar este acuerdo el propio ministro del Interior, el señor Marlaska.
Señores del Grupo Socialista, ¡qué papelón tienen! Hoy, cuando emitan su voto, evidenciarán que están defendiendo la postura más secesionista, más xenófoba y más racista que han tenido hasta ahora, porque, además, están firmando y apoyando
una propuesta que evidencia su mezquindad y también su indecencia. Señorías, además es muy grave que, con una perspectiva progresista y de izquierdas, se defiendan estas propuestas. Esto tampoco lo dice Unión de Pueblo Navarro, sino que lo dice el
secretario
general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y si lo dice él, ¿qué vamos a hacer los demás? Pues darle la razón, evidentemente.
Por lo tanto, señorías, hoy se va a evidenciar este apoyo a la hora de conseguir unos meses más en el Gobierno por el señor Zapatero y, sobre todo, se va a evidenciar que, una vez más, el Partido Socialista renuncia vergonzosamente a sus
principios ante cualquier propuesta que le permita, como digo, aguantar unos meses más en el Gobierno.
Si esta es una propuesta de un Gobierno que se dice de izquierdas y progresista, señorías, se parece demasiado a los partidos más xenófobos y racistas de Europa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.
Felizmente este debate, tal e como algunhas forzas o formulan, non ten tanto a ver con dereitos humanos como con exercicio de soberanía.
Escoitamos nestes días afirmacións sorprendentes, como que é racista que a política de inmigración e xestión de Cataluña, mais non debe selo se a xestión de Madrid porque, claro, esta é a orde natural das cousas. O que non sorprende é a
incapacidade da esquerda española á hora de asumir que neste Estado existen nacións como Cataluña ou como a Galiza que aspiran a ter todas as competencias, que aspiran de feito a se tornaren estados soberanos para poderen decidir libremente sobre as
súas vidas. O peor é tentar ocultar a pulsión centralista españolizadora con retórica progre porque, imos ver se me aclaro, é racista que xestione a inmigración en Cataluña, exactamente por que? Porque Junts ten posicións xenófobas.
Non vou entrar nese debate, se callar esquecen que en Cataluña non goberna senón o mesmo partido que está no goberno do Estado, o Partido Socialista. Porque Junts pode chegar a gobernar en Cataluña? Sinceramente, a teor de todos os últimos
inquéritos é ben máis probábel que gobernen antes o PP e Vox en Madrid que Junts en Cataluña. Alén diso, non confían vostede na capacidade democrática de enfrontar o racismo e a xenofobia que ten o pobo de Cataluña? Eu que son galego, si confío.
O racismo institucional é estrutural neste Estado e hai que combatelo con decisión en toda a parte como fai o BNG na Galiza, aínda este domingo saíndo á rúa para denunciar as políticas xenófobas que están detrás do incendio do centro de acollida de
menores migrantes en Monforte.
Mais parece evidente, finalizo, que o risco principal para os dereitos humanos está en que quen gobernou a inmigración desde o Goberno do Estado e quen pode gobernala no futuro, as dereitas cada vez máis ultras, é ese o verdadeiro problema,
se non o ven e que non queren velo ou que se deixan cegar por España.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
Felizmente, este debate, tal y como algunas fuerzas así lo han formulado, no tiene tanto que ver con los derechos humanos, sino con ejercicios de soberanía.
Estos días escuchamos afirmaciones sorprendentes, como que es racista que la política de inmigración la gestione Cataluña. Pero no lo es si la gestiona Madrid, ¿no? Porque, claro, ese es el orden natural de las cosas. Lo que nos sorprende
es la incapacidad de la izquierda española a la hora de asumir que en este Estado existen naciones, como Cataluña o como Galicia, que aspiran a tener todas las competencias. De hecho, aspiran a convertirse en Estados soberanos para poder decidir
libremente sobre sus propias vidas. Lo peor es intentar ocultar la pulsión centralista y españolizadora con retórica progre. Porque, vamos a ver si me aclaro, ¿es racista que gestione Cataluña la inmigración? Pero ¿por qué? ¿Porque Junts tiene
posiciones xenófobas? No voy a entrar en ese debate.
Se olvidan de que en Cataluña no gobierna Junts, sino el mismo partido que está en el Gobierno del Estado, el Partido Socialista. ¿Junts puede llegar a gobernar en Cataluña? Sinceramente, teniendo en cuenta todos últimos acontecimientos,
es bastante más probable que gobiernen antes PP y VOX en Madrid que Junts en Cataluña. Pero bueno, ¿ustedes no confían en la capacidad democrática del pueblo de Cataluña para enfrentarse al racismo y a la xenofobia? Yo, que soy gallego, sí confío.
El racismo institucional es estructural en este Estado y hay que combatirlo con decisión, como hace el BNG en Galicia. Este domingo nos movilizamos para denunciar las políticas xenófobas que están detrás del incendio de un centro de acogida de
menores migrantes en Monforte.
Finalizo. Parece evidente que el riesgo principal para los derechos humanos está en quién gobernó la inmigración desde el Gobierno del Estado y quién puede gobernarla en el futuro. Las derechas cada vez más ultras. Ese es el verdadero
problema. Si no lo ven es que no lo quieren ver y se dejan cegar por España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
En lo que va de legislatura, esta Cámara ha debatido en más de treinta ocasiones sobre la inmigración y lo ha hecho siempre con un enfoque securitario, es decir, considerando la inmigración como un peligro social que hay que contener. En
comparación con este tema, las iniciativas sobre educación, sanidad o pensiones representan casi la mitad. Y esto, en cierto sentido, se entiende políticamente. Las extremas derechas se abren paso en España y en Cataluña y nos imponen su agenda.
Lo hacen, además, con un discurso muy sencillo que está llegando a mucha gente: todos los problemas de nuestra época, desde la desigualdad de clases hasta la crisis climática, pasando por la vuelta de la guerra, tienen su origen en la inmigración;
el inmigrante es culpable. La inmigración se convierte así en el nuevo chivo expiatorio para un capitalismo neoliberal en crisis.
Desde esta perspectiva hay que entender esta proposición de Junts, porque hoy no debatimos sobre el modelo de Estado o de competencias, hoy nos posicionamos frente a una nueva iniciativa que trata la inmigración como un peligro social. En
Podemos no nos inventamos nada, los dirigentes de Junts ya lo han dicho todo: la portavoz Miriam Nogueras ha hablado de descontrol migratorio; Jordi Turull ha justificado esta medida diciendo, literalmente, que aquí no cabemos todos, y Carles
Puigdemont, el presidente de Junts, ha llegado a afirmar que si no hay restricciones sobre la inmigración no se puede asegurar la identidad de Cataluña. ¿De verdad alguien piensa que todo esto va de competencias?
Aquí lo que han pactado Partido Socialista y Junts es una ley para decidir qué Administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante. (Aplausos). Por eso, esta proposición no solamente habla de competencias, sino que
plantea cosas como que la Generalitat determine los perfiles de trabajadores extranjeros a contratar, la gestión de los CIE o que la plantilla de los Mossos aumente en un 45 % de aquí a 2032, vinculando, de nuevo, inmigración y delincuencia.
Podemos, sencillamente, no puede estar ahí. Podemos reclama cambios legales para garantizar los derechos humanos de todos y todas, aprobar ya la regularización extraordinaria, cerrar los CIE y acabar con las devoluciones en caliente. Podemos
siempre ha defendido y siempre va a defender -lo he hecho yo en la Región de Murcia y, por tanto, sé de lo que hablo- el autogobierno de Cataluña en todos los rincones del Estado (aplausos) -mientras, otros estaban aplicando el 155-, pero lo que no
va a permitir es que sean las personas racializadas las que paguen las consecuencias de una competición electoral entre Junts y un partido abiertamente de extrema derecha como es Alianza Catalana.
Hay quien acusa Podemos de estar en el no a todo, pero Podemos está donde tiene que estar: en el antifascismo y en el antirracismo. Por eso, le vamos a proponer esta tarde una cosa, señorías de Junts: retiren para su votación esta
proposición y pongan sus votos para aprobar la ILP por la regularización de las personas extranjeras. Entonces, nosotros nos sentaremos a hablar. (Aplausos).
Ni ustedes ni nadie van a poder parar a la extrema derecha asumiendo marcos de carácter eminentemente racistas. La extrema derecha, como tantas veces hemos dicho, solo se para en España -y también en Cataluña- con regularización y con más
derechos. Nada más. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi.
Buenas tardes, señorías.
Debatimos el acuerdo recogido en una proposición de ley orgánica presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts, para delegar en la Generalitat facultades del Estado en materia de inmigración a través del artículo 150.2 de la
Constitución. Ya desde este primer momento manifestamos que votaremos a favor de su toma en consideración, señorías, porque consideramos que la iniciativa, de
manera muy esquemática, se encuentra dentro del marco constitucional de atribución de competencias a las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña, al margen de su estatuto de autonomía. El uso del artículo 150 de la Constitución tiene
notables precedentes en el Estado y la delegación se alinea con la vocación histórica constante de autogobierno de Cataluña como expresión de la voluntad de su ciudadanía de definirse como nación. También apoyaremos la iniciativa porque articula
más correctamente el principio de subsidiariedad en la tierra de acogida que siempre ha sido Cataluña.
Señorías, la atribución de facultades del Estado a las comunidades autónomas, incluida, entre otras, la potestad legislativa, al margen de sus estatutos y al amparo del artículo 150 de la Constitución, no ha sido infrecuente, bien en
atención a la reordenación del mapa competencial, bien en atención al mismo principio de subsidiariedad, bien como consecuencia de acuerdos políticos, incluidas las investiduras. Recordemos, así, las leyes orgánicas 11 y 12 de 1982, de
transferencias a Valencia y Canarias, conocidas como la LOTRAVA y la LOTRACA; la Ley Orgánica 5/1987, de delegación de facultades del Estado a todas las comunidades autónomas en materia de transportes por carretera y cable, excepto al País Vasco y
Navarra, por su régimen foral; las leyes orgánicas 16/1995 y 16/1999, de delegación de facultades a Galicia; la Ley Orgánica 2/1996, a Baleares, en materia de comercio interior, o la Ley Orgánica 6/1997, a Cataluña, de facultades del Estado en
materia de tráfico, como consecuencia del pacto de investidura a favor del señor Aznar entre el Partido Popular y Convergència i Unió.
Por su parte, señorías, la iniciativa hoy debatida, como señalaba esquemáticamente al principio de mi intervención, también se encuentra dentro del marco constitucional del artículo 150.2. Hemos oído en esta Cámara, de manera, a nuestro
juicio, incorrecta, que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la indisponibilidad de la materia de inmigración a favor de las comunidades autónomas, cuando, ciertamente, lo único que ha dicho de manera expresa y extensa en la
sentencia del Estatut de Catalunya y en su fundamento jurídico 83 es que a través del estatut no puede incidirse en la competencia del Estado en materia de inmigración, artículo 149.1.2.ª, pero que tampoco este título del Estado es un título
horizontal de alcance ilimitado que enerve los títulos competenciales de las comunidades autónomas de carácter sectorial, singularmente los referidos a políticas públicas identificadas con el estado de bienestar o el fomento de la integración de los
inmigrantes, incluidos los informes de arraigo o las contrataciones.
Señorías, el TC por el momento solo se ha referido a dónde no pueden llegar los estatutos de autonomía, no hasta dónde pueden llegar las Cortes Generales en uso del artículo 150.2 de la Constitución en materia de inmigración, porque, a pesar
también de lo que se ha oído en esta Cámara, ni la materia de inmigración ni ninguna otra en sí misma considerada es un límite en el artículo 150.2, porque este artículo no habla de materia, sino de transferencias -en plural- correspondientes a
materia de titularidad estatal -en singular- que por su naturaleza sean -plural- susceptibles de transferencia o delegación. Porque, señorías, incluso, por poner un ejemplo, en materia de Fuerzas Armadas, ¿creen que habría impedimento
constitucional a que se delegue en las comunidades autónomas, por ejemplo, una función ínfima, como el tallaje de los aspirantes a ingresar en las escalas de tropa y marinería? No, evidentemente, no.
Señorías, lo relevante no es la materia, lo relevante en el artículo 150.2 es el grado de poder que se traslada atendiendo, como señala el artículo 150, a una confluencia de factores, la materia, las facultades delegadas o transferidas, los
mecanismos dispuestos para articular la colaboración, la cooperación y la coordinación y las formas de control que se reserva en cada ley orgánica de delegación. En el caso que nos ocupa, además de delegarse el nivel menos intenso de la actividad
pública, como es la actividad ejecutiva y la autoorganizativa, se articulan técnicas suficientes para reconducir a la unidad la descentralización de la gestión de la normativa estatal en materia de migración, no afectando, por tanto, al modelo de
Estado positivizado y propiciando un modelo de ventanilla única o Administración única, que, por cierto, reclamaba el fundador del Partido Popular mientras era presidente de la Xunta de Galicia en un libro blanco en los años noventa, donde señalaba
-el libro se titulaba La Administración única- que la Administración del Estado debía ejercer sus competencias ejecutivas utilizando siempre los órganos e instituciones de las Administraciones territoriales de las comunidades autónomas, haciendo así
efectivo de este modo el principio de subsidiariedad, acercando el ejercicio de las competencias a la ciudadanía en la mayor medida posible con arreglo al principio de proximidad y siendo de esta forma más eficazmente alcanzables los objetivos de
una política pública, de una acción pública, subyaciendo la idea de que quien mejor conoce el sector y también las necesidades del territorio mejor gestiona.
A esto debemos añadir -y voy finalizando, presidente- que esta iniciativa no solo habrá de suponer la promoción de la participación ciudadana involucrando a la comunidad en la toma de decisiones, sino también la vocación histórica constante
de autogobierno de Cataluña como expresión mayoritaria de su
ciudadanía de definirse como nación, tal y como declara el preámbulo del estatut, y sin tampoco desconocer que Cataluña, como tierra de acogida, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo con aportaciones de energías de muchas
generaciones, de muchas tradiciones y culturas, como nos recuerda también el preámbulo del estatut, donde además se proclama la dignidad de todas las personas, su tradición humanista, su compromiso con todos los pueblos...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe finalizar.
El señor LEGARDA URIARTE: Acabo, presidente.
... y la promoción de la erradicación del racismo y la xenofobia.
Señorías, por lo expuesto y por el principio de confianza que nos inspiran las instituciones catalanas, votaremos a favor de la proposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Mahaiburu jauna, jaun-andreok, arratsalde on. Buenas tardes.
Este debate, como suele ocurrir en tantas ocasiones, ha venido precedido de un debate mediático y político en el que se han mezclado varios asuntos, muchos de ellos más imprecisos, y donde ha habido acusaciones de todo tipo. Lo hemos visto
hoy en el debate. Más allá de centrarnos en la cuestión, hemos hablado de cosas que no tenían nada que ver con ella.
En primer lugar, en Euskal Herria Bildu creemos que la cesión de competencias a un territorio que así lo reclama mayoritariamente es algo de sentido común y algo positivo. Hablamos de un Estado descentralizado, algunos dicen que el más
descentralizado de la Unión Europea, el más descentralizado del mundo. Que se den debates de esta naturaleza en esta Cámara es lógico y normal, y si además vienen con el apoyo mayoritario de los partidos que representan a la sociedad catalana, de
derechas y de izquierdas, a soberanistas y no soberanistas, ¿qué problema hay? Creemos que es algo positivo debatir un tema como el de las migraciones, con sus limitaciones, sus complejidades, incluso con la gestión de una ley que a algunos nos
gusta poco o nada pero que, como ya digo, tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana, mayores de edad todos ellos. Se ha hablado también de que en un Estado de las autonomías el principio de subsidiariedad debe primar. Aquella
institución más cercana al ciudadano o la ciudadana gestionará de manera más eficiente, más próxima, mejor. Por ello, no entendemos las oposiciones de entrada de partidos que no tendrían por qué oponerse a algo que es de sentido común en un Estado
descentralizado.
En segundo lugar, lo que se recoge en la exposición de motivos a nosotros no nos gusta, como tampoco nos gusta la manera de gestionar las migraciones del Partido Socialista ni nos ha gustado tampoco lo dicho en el discurso por los compañeros
y las compañeras de Junts o del Partido Socialista. Es cierto que en ocasiones se hace una aproximación demasiado securitaria a un asunto poliédrico como el que son las migraciones, donde creemos que debe primar siempre una visión humanitaria,
poniendo la dignidad de las personas por delante. No nos gusta tampoco cuando se habla de ayudas de los servicios públicos -ya está claro que ese es el discurso que fomenta la extrema derecha política y mediática-, cuando sabemos ya, con datos
reales, que las personas migrantes aportan mucho más de lo que reciben de las instituciones. Pero una cosa es debatir sobre qué visión se tiene de las migraciones y otra muy diferente aprobar una norma o la toma en consideración de una ley que,
objetivamente y siendo rigurosos, en sus trece artículos no tiene ninguna -ninguna- afirmación de tipo racista o xenófobo. Es más, si así fuera, seguro que VOX, UPN y el Partido Popular la apoyarían, y no la van a apoyar.
En tercer lugar, creemos -lo decía con anterioridad- que aquellos partidos de izquierda que apoyan la plurinacionalidad -así lo han hecho en el pasado- deberían reflexionar sobre su voto. Yo he escuchado con atención al señor Sánchez y
comparto la lectura que ha hecho de las migraciones, pero, si le soy sincero, no entiendo la segunda parte. Comparto el análisis, pero ¿qué tendrá que ver con una norma que no tiene en ninguno de sus trece artículos ninguna afirmación racista? Es
más, como ya se ha señalado también, en este momento quien gestiona la Generalitat de Catalunya es el PSC. ¿Ustedes tienen algún miedo de que vaya a ser Junts quien la vaya a utilizar? En este momento la utiliza el PSC. Es que acusar de posible
racismo a esta norma significa que podríamos pensar que ningún catalán ni ninguna catalana puede gestionar bien esas competencias, que no se les debe ceder esas competencias porque van a ser
incapaces de hacerlo. Ahí podría haber un prejuicio, podría haber una discriminación. Ya sé que ustedes no van por esa línea, pero nos lleva a eso esa reflexión.
Por lo cual, yo les pido que reflexionen, porque es obvio que ninguno de esos trece artículos tiene ningún componente racista. En segundo lugar, creo que es erróneo vincular la aprobación de esta norma a la ILP. Yo creo que los compañeros
y compañeras de Junts se equivocan no apoyando en este momento la ILP, pero un error no se repara con otro error. ¿Con quiénes van a votar hoy? Con la derecha más extrema y más centralista. Yo creo que esa foto no ayuda.
Acabo haciendo una reflexión tanto a Junts como también a los compañeros y las compañeras de Unidas Podemos. Todos aquellos partidos que apoyamos la investidura, nos sintamos o no nos sintamos parte de esa mayoría, da igual como nos
llamemos, o somos todos y todas corresponsables en cada norma o aquí no se aprueba nada; o somos corresponsables y sensatos o aquí no se puede aprobar nada. Si estamos jugando a eso, aquí solo ganan estos señores (señala los escaños de los grupos
parlamentarios Popular en el Congreso y VOX). Están deseando que se bloquee todo, en eso está su juego.
Yo creo que debemos ser serios y responsables. Como decía, más allá de ese ruido, de esas acusaciones que se han realizado por unos y por otros, lo que propone la norma que se debate hoy aquí, la toma en consideración, es algo positivo, es
algo de sentido común, es algo progresista, apoya la descentralización del Estado. Nosotros, por ello, votaremos favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias.
Señorías de Podemos, empiezo por ustedes, por la parte más difícil para mí. Yo les respeto enormemente, mucho. Su gente es mi gente. Yo siempre me acordaré de aquel teatro de Madrid -hace ya un año y pico- al que tuve la suerte de ser
invitado y donde fui aplaudido por su gente en un momento muy difícil para mí. Su gente es mi gente. Creo que sus líderes son de lo mejor, si no los mejores, de nuestra generación. Yo siempre les entiendo, pero hoy no les entiendo -luego hablaré
de sus señorías de Junts-.
No les entiendo. Nosotros hoy no estamos defendiendo una ley o unas competencias de Junts. Hoy aquí estamos defendiendo algunos de nosotros y nosotras, gustándonos muy poco la deriva que está teniendo y está cogiendo esta gente, unas
competencias, unas leyes para Cataluña, y es bastante kafkiano decir que no valen porque las presentan ellos y ellas -por cierto, también están firmadas por el PSOE, y entiendo que no están llamando racista al PSOE, ¿no?-. No llegamos a entender
muy bien -bueno, sí lo entendemos- por qué no valen, cuando todo el mundo sabe que van a ser gestionadas por un tal Illa, al que no creo que también estén llamando racista. A nadie se le escapa por qué la derecha catalana está pidiendo hoy esto,
pero es que -repito- que no son unas competencias para la derecha catalana, por suerte, son unas competencias para una nación, para Cataluña. Y el camino que emprenden hoy es terriblemente peligroso y preocupante. Votemos solamente aquí las
competencias para las comunidades autónomas gobernadas por quien nos guste. Pero, claro, nos gusta muy poca gente. Por tanto, que se queden en Madrid. ¡Ay, no!, que gobierna Ayuso. Pues nada, para Europa. ¡Ay, no!, Von der Leyen no nos gusta.
Pues nada. Es bastante absurdo.
Sin ninguna esperanza, yo les pido que se lo repiensen y que den lugar a que esto avance. Yo les pido que juntos y juntas ganemos a esta gente en el periodo de enmiendas y que mejoremos esta ley. Porque a Junts no se le frena aquí frenando
competencias para Cataluña. Van a salir llorando por todos sus medios de comunicación llamándoles españolistas, que no están haciendo antirracismo, que están haciendo españolismo. Se lo ponen a huevo. No lo hagan. Permitamos que esto avance y
mejorémoslo en enmiendas. Nos van a tener al lado. De verdad, se lo pido. Ayúdennos. Porque, ¡hombre!, es que no cuela. El señor Otegi, que yo creo que es poco sospechoso de un montón de cosas que llaman a Junts, que yo comparto, dos días
después de que Junts pidiera estas competencias, dijo: Yo también. Y ustedes callaron. Por lo tanto, repito, ¿qué pasa, que solamente vamos a votar aquellas competencias para las comunidades autónomas gobernadas por quien nos gusta? Creo que es
terriblemente jacobino; no digo que lo sean, ¿eh?, pero a veces sí.
Señorías de Junts, de zero a deu, quanta por tenen a Aliança Catalana? Deu, quinze, vint, vint-i-cinc? Jo? Miri, nosaltres l'esquerra independentista catalana, durant un temps vam aconseguir obligar al seu
espai a adoptar posicionaments decents, a que oblidessin el que eren. Vostès estan tornant al redil. Però ni tan sols això, perquè la pregunta és: Què són, el millor del pujolisme -allò de: català és qui viu i treballa a Catalunya- o
Orriols? Què volen ser? I ja em sé la resposta. La resposta és: Tot. No. No ho poden ser tot. Vostès, igual que el Partido Popular, estan fomentant un monstre que els menjarà. De fet, ho saben perfectament.
Jo els demano, els demano que tornin a la senda del patriotisme, una frase que segurament els sonarà: Que deixin de fer mal a Catalunya. Els ho demano, perquè votar amb PP i amb VOX sí, sí, és fer mal a Catalunya, perquè coincideixen
ideològicament i més és miserable -després de machacar-nos a nosaltres durant sis anys per millorar l'agenda social d'aquest país amb el PSOE- és miserable que vostès ara votin amb el PP i amb VOX i copiïn a Sílvia Orriols. Senyora Nogueras, el seu
discurs, la primera part és lamentable i sí, és racista. La primera part del seu discurs és racista. Sí, ho és. Vostè ha parlat de col·lapse, vostè ha parlat de saturació. Sap quina és la millor manera de que el nostre país pugui integrar
tothom, pugui rebre tothom? No perpetuar el model econòmic que vostès defensen dia sí i dia també amb la dreta espanyola, un model econòmic depredador que el que fa és crear guetos.
Acabo amb una... Jo crec que les esquerres no parlen de migració perquè...
...de cero a diez, ¿cuánto miedo le tienen a Alianza Catalana? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Veinticinco? Miren, nosotros la izquierda independentista catalana, durante un tiempo conseguimos obligar a su espacio a adoptar posicionamientos
decentes, a que se olvidaran de lo que eran. Ustedes están volviendo al redil. Pero no es ni tan solo eso, porque la pregunta es: ¿qué son, lo mejor del pujolismo, los de: catalán es quien vive y trabaja en Cataluña, u Orriols? ¿Qué quieren
ser? Y la respuesta me la sé: la respuesta es todo. No; no pueden serlo todo. Ustedes, igual que el Partido Popular, están fomentando un monstruo que se los va a comer. De hecho, lo saben a la perfección.
Yo les pido -les pido- que vuelvan a la senda del patriotismo; una frase que seguro les suena: que dejen de hacer daño a Cataluña. ¡Se lo pido! Porque votar con PP y VOX sí, sí es hacer daño a Cataluña. Porque coinciden ideológicamente,
y además es miserable -después de machacarnos a nosotros durante seis años para mejorar la agenda social de este país con el PSOE- que ustedes ahora voten con PP y VOX y que copien a Silvia Orriols. Señora Nogueras, su discurso, la primera parte,
es lamentable y, sí, es racista. La primera parte de su discurso es racista. Sí, lo es. Usted ha hablado de colapso, usted ha hablado de saturación. ¿Sabe cuál es la mejor manera de que nuestro país pueda integrar a todo el mundo, pueda recibir
a todo el mundo? No perpetuar el modelo económico que ustedes defienden, día sí y día también, con la derecha española; un modelo económico depredador que lo que hace es crear guetos.
Termino. Yo creo que las izquierdas no hablamos de migración...
...porque nos incomoda, cosa que puedo llegar a entender. Yo soy hijo y nieto de andaluces, a mis abuelos, a mis abuelas les pidieron adaptarse al país al que llegaron, sí. Y eso no es ser racista; eso es entender que hay unos valores a
compartir, que hay un entorno que respetar, que hay una integración maravillosa que yo creo que hay que fomentar, una convivencia real. Pero, repito, eso no puede ser perpetuando un modelo económico depredador. Yo le pido...
Li demano al catalanisme decent i humanista que freni, que freni la deriva de la dreta catalana independentista, que deixi d'estar en braços de l'extrema dreta espanyola i de l'extrema dreta catalana independentista i que torni a la senda de
l'humanisme i del catalanisme, on tothom tenia un lloc a Catalunya. Sí, respectat, però també integrat.
Moltes gràcies.
...le pido al catalanismo decente y humanista que frene; que frene la deriva de la derecha catalana independentista, que deje de estar en manos de la extrema derecha española y de la extrema derecha catalana independentista y que vuelva a
la senda del humanismo y del catalanismo, donde todo el mundo tenía un lugar en Cataluña, sí, respetado, pero también integrado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Yo quiero empezar celebrando que hoy España ha aprobado el decreto de embargo de armas a Israel. (Aplausos). Nunca será suficiente hasta que pare el genocidio, pero este paso era importante y lo quería celebrar.
Mirin, l'autogovern de Catalunya és una conquesta col·lectiva, política i social. Una conquesta que no s'ha imposat des de dalt, sinó que ha estat el resultat de la suma de la mobilització ciutadana, l'acord polític i el consens social.
Donarem suport a millorar i a fer més gran l'autogovern, sempre, perquè el motor de la demanda d'autogovern i qui es garanteix la continuïtat és la societat catalana, no Junts. Les competències no són de cap partit ni per cap partit, són per un
país.
Miren, el autogobierno de Cataluña es una conquista colectiva, política y social. Una conquista que no se ha impuesto desde arriba, sino que ha sido el resultado de la suma de la movilización ciudadana, el acuerdo político y el consenso
social. Daremos nuestro apoyo a mejorar y agrandar el autogobierno siempre, porque el motor del autogobierno, cuando se garantiza la continuidad, es la sociedad catalana, no Junts. Las competencias no son de ningún partido, ni para ningún partido,
son para un país.
Para quienes cuando hablamos en catalán, euskera o gallego se toman sus cinco minutitos de vacaciones porque no les da la gana ponerse el auricular, les traduzco: las competencias no son de un partido, son de la ciudadanía. No se delega en
Junts, se delega en la Generalitat de Catalunya, una institución democrática que nos representa a todas.
Per això votarem a favor que es tramiti perquè estem a favor de la descentralització, de l'autogovern i del desplegament de l'Estatut de Catalunya. I clar que farem esmenes al preàmbul i a l'articulat. És la nostra feina.
Por eso votaremos a favor de esta proposición, porque estamos a favor de la descentralización del autogobierno y del despliegue del Estatuto de Cataluña. Y claro que presentaremos enmiendas al preámbulo y al articulado, es nuestro trabajo.
Fuera puede que no, pero aquí todas sus señorías saben perfectamente que votar aceptación a trámite de cualquier proposición de ley implica que los grupos proponentes pierden el poder. La propuesta pasa a ser del Congreso, donde de forma
abierta y transparente, señorías, transparente, todas podremos hacer las propuestas de cambio que estimemos oportunas. A no pocos diputados y diputadas de esta Cámara les diría que no busquen excusas para justificar su centralismo o su estrategia
del no a todo para tumbar a este Gobierno.
Por cierto, hay mucha gente de izquierdas, y eso es una realidad, que está enfadada con el papel que Junts está teniendo en esta legislatura, y no les faltan motivos. También hay gente incómoda con esta propuesta porque se está confundiendo
el qué con el quién. Yo no he venido a hacer populismo, así que veamos qué cambia la ley, que es lo que hoy votamos, no las intenciones de terceros. Esta ley abre una oportunidad para acercar y simplificar gestiones. La Generalitat podrá tramitar
y resolver directamente los expedientes de extranjería, creando una ventanilla única que permitirá menos colas, menos papeleo y más rapidez. Más proximidad significa más coordinación con ayuntamientos, servicios sociales y entidades del territorio.
Habrá más colaboración de los Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos, y más capacidad para la planificación laboral en origen. La Generalitat asumirá la gestión del CIE de Barcelona. Les explico -lo saben todos-: nosotros estamos
absolutamente a favor del cierre de todos los CIE -no solo del de Barcelona- y nuestro objetivo es ese: cerrarlos, pero, mientras tanto, garanticemos al menos una gestión más transparente y bajo un mayor control democrático.
No hay ningún cheque en blanco. Hay responsabilidad compartida. No es lo que votamos lo que incomoda a los no centralistas, por decirlo así. Incomoda el motivo por el que Junts ha escogido precisamente estas competencias. ¿De verdad hay
quien nos quiere hacer creer que hoy han descubierto quién es Junts per Catalunya? ¿De verdad? ¿Cuando justo estamos discutiendo de competencias? ¿De verdad nos quieren hacer creer eso, señorías? Todas sabemos que Junts no trabaja para facilitar
la vida de las personas migradas, tampoco para muchas de las que hemos nacido con siete apellidos catalanes, ni tampoco para reconocer su dignidad como seres humanos. Eso lo sabemos. Fíjense, de hecho, que a Junts no les preocupa en exceso que
caiga esta norma. No les preocupa en exceso porque ni siquiera está en el Govern de la Generalitat. A Junts le preocupan las encuestas. Y no son los únicos que, por estrategia partidista, están trabajando para que caiga este Gobierno sin pensar
en la ciudadanía. Junts, Podemos y el Partido Popular, juntos, por la estrategia del tremendismo, el bloqueo y de fomentar el tedio hacia la política. A Junts le preocupa la competencia con la Aliança per Catalunya, al PP le preocupa la
competencia con VOX, y en Podemos creen que con un Gobierno de derechas les iría mejor. Sic.
El motiu que està portant a Junts o el Partit Popular a posicions extremes, senyories, és una enorme mostra de debilitat de les dretes tradicionals front l'extrema dreta. És falta de consistència democràtica. És falta de consistència en la
defensa dels drets humans i és un atac de pànic provocat pels resultats que profetitzen les enquestes i la olor putrefacta que ve de Ripoll; més aviat d'Aliança per Catalunya, perquè a Ripoll també hi viu molt bona gent. Cauen els dos, tan Junts
com el Partit Popular, en un gran error que és imitar l'original. I aquest joc no acaba bé. No acaba bé, senyories, per a vostès tampoc i per vostès, sens dubte, menys encara. Entre la còpia i l'original votaran l'original, senyories. Us esteu
equivocant, Junts i el Partit Popular, us esteu equivocant, aquells que dieu que teniu matriu democràtica us esteu equivocant. Més, us diria, a Junts per Catalunya molt específicament, no podeu parlar de Catalunya, un sol poble del PSUC, de Josep
Benet o de Paco Candel. No podeu, entre altres coses perquè quan es va teixir aquesta aliança era una alternativa a la vostra Catalunya. Jo crec que això és important que ho recordem. Si utilitzeu els cossos de les persones migrades com si fossin
un tallafoc per impedir que l'extrema dreta us arrasi, us avisem: Fracassareu, fracassareu.
Mireu, Catalunya ha d'assolir noves competències en migracions, en rodalies o en finançament. Totes juntes per assolir-les, tota l'esquerra -i espero que també la dreta catalana- defensant les competències de Catalunya. Faltaria més! Però,
senyora Nogueras, ha de dir la veritat. No serà de la mà d'aquest Partit Popular. No serà així. Ja sabem que us agradaria tornar als temps del peix al cove de Pujol, però ni Aznar ni el Partit Popular són els mateixos que fa 30 anys. De fet,
vostès tampoc es reconeixen ni tan sols com a Convergència.
Junts, ens agradi o no, té un paper clau en aquest hemicicle. Teniu la força que jo desitjaria que mai haguéssiu tingut, però així ho va voler la ciutadania de Catalunya, i això s'ha de respectar. Clar que sí. Amb aquests bous llaurem.
Si volem més competències -totes nosaltres, també l'esquerra d'aquest Parlament- un finançament just o seguir lluitant perquè el català a Europa sigui una realitat de la mà del Govern d'Espanya, que no és menor, heu de dir la veritat, i és important
que ho feu i que reconegueu. Això només pot passar amb aquest Govern d'esquerres. Només amb nosaltres. Això no passarà mai del Partit Popular amb VOX, mai. I aquest és el problema i la pedra a la sabata que té Junts per Catalunya. Us esteu
equivocant. Heu de deixar de ser la rèmora per a la classe treballadora i els avenços socials d'aquest país. Heu de deixar d'abonar les tesis de l'extrema dreta. Ens estem jugant el món civilitzat.
Mirin, avui votarem l'autogovern -i amb això acabo- i demà, tal com hem parlat amb el seu secretari general, en Jordi Turull, seurem per parlar de l'aprovació de la ILP de regularització de migrants. Aquest és el camí. El camí era i
seguirà sent el punt de trobada entre Benet i Candel, la Catalunya d'un sol poble, la que vostès no han representat mai.
Gràcies.
El motivo que está llevando a Junts o al Partido Popular a posiciones extremas, señorías, es una enorme muestra de debilidad de las derechas tradicionales ante la extrema derecha. Es falta de consistencia democrática. Es falta de
consistencia en la defensa de los derechos humanos y es un ataque de pánico provocado por los resultados que profetizan las encuestas y el olor putrefacto que viene de Ripoll, más bien de Alianza Catalana -porque en Ripoll también vive gente muy
buena-. Ambos, tanto Junts como el Partido Popular, caen en un craso error, que es imitar el original. Y este juego no termina bien. No termina bien, señorías. Para ustedes tampoco (señalando hacia los escaños del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso). Y para ustedes, sin duda, menos todavía (señalando hacia los escaños de Junts per Catalunya). Entre la copia y el original, votarán el original, señorías. Se están equivocando, Junts y el Partido Popular: se están equivocando. Los
que dicen que tienen matriz democrática, se están equivocando. Y le diría más a Junts per Catalunya específicamente: no pueden hablar de la Cataluña de un solo pueblo del PSUC de Josep Benet o Paco Candel. No pueden porque, entre otras cosas,
cuando se tejió esta alianza, era una alternativa a su Cataluña, y me parece importante recordarlo aquí. Si utilizan los cuerpos de las personas migradas como si fueran un cortafuegos para impedir que la extrema derecha arrase con ustedes, les
avisamos: van a fracasar; van a fracasar.
Cataluña debe asumir nuevas competencias en migraciones, cercanías, financiación. Todas juntas para alcanzarlas. Toda la izquierda, y espero que también la derecha catalana, en defensa de las competencias de Cataluña, faltaría más. Pero,
señora Nogueras, diga la verdad. No será de la mano de este Partido Popular, no va a ser así. Ya sabemos que querrían volver a los tiempos de Pujol, pero ni Aznar ni el Partido Popular son los mismos que hace treinta años. De hecho, ustedes
tampoco se reconocen como Convergencia.
Junts, nos guste o no, tiene un papel clave en este hemiciclo. Tienen la fuerza que yo desearía que jamás hubieran tenido, pero así lo quiso la ciudadanía catalana y hay que respetarlo, claro que sí. Pues, con lo que tenemos, hacemos. Si
queremos las competencias, todas nosotras, también la izquierda de este Parlamento, una financiación justa o seguir luchando para que el catalán en Europa sea una realidad de la mano del Gobierno de España, que no es menor, deben decir la verdad.
Es importante que lo hagan y que lo reconozcan. Esto solo puede pasar con este Gobierno de izquierda, solo con nosotros. No pasará jamás con el Partido Popular y VOX. Jamás. Y este es el problema y la china en el zapato que tiene Junts per
Catalunya. Se están equivocando. Dejen de ser la rémora para la clase trabajadora y los avances sociales de este país, dejen de abonar las tesis de la extrema derecha. Nos estamos jugando el mundo civilizado.
Hoy votaremos el autogobierno -y con esto termino- y mañana, tal como hemos hablado con su secretario general, Jordi Turull, nos sentaremos para hablar de la aprobación de la ILP de regularización de inmigrantes. Este es el camino. El
camino era y seguirá siendo el punto de encuentro entre Benet y Candel, la Cataluña de un solo pueblo, la que ustedes no han representado nunca.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Rodríguez de Millán Parro. (Aplausos).
La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Muchas gracias.
Hoy debatimos básicamente el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Junts, mientras hacen piruetas dialécticas para defender como normalidad en Cataluña el desguace del Estado, el plan de desmantelamiento nacional asumido como
propio por el Partido Socialista. Lo único que subyace a esta iniciativa es la necesidad de mantenerse en el poder, la necedad como brújula de la acción de Gobierno. La cantidad de eufemismos con los que tratan de justificar el desmembramiento de
la nación por la vía de los hechos evidencia que esto no corresponde a ninguna realidad social, sino más bien a la gran mentira que es el Gobierno de España. (Aplausos). Un Gobierno que no tiene el respaldo de la mayoría social y que se debe a los
golpistas, a los que tiene que pagar el alquiler semanal de la Moncloa, siendo los españoles la moneda de cambio para ello. Y como todo en este Gobierno es una mentira, esta proposición de ley y los argumentos que utilizan para defenderla son
también una mentira, en la forma y en el fondo.
En la forma, porque es mentira que las competencias en materia de extranjería sean delegables. No hay diecisiete fronteras, hay una sola frontera. (Aplausos). Estamos hablando de elementos constitutivos de un Estado que en ningún caso
pueden ser de interés particular de ninguna región. Así que no, ni Cataluña ni ninguna región pueden tener competencias en inmigración. Estamos hablando de elementos ligados a la soberanía nacional y ello evidencia la realidad de esta iniciativa:
el reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña. Pero es que, además, esto es una proposición de ley, y lo digo -y hago este inciso- porque el portavoz del Grupo Socialista que ha salido aquí se refugiaba en el artículo 150 de la
Constitución para defender esta ley. Se ve que usted se cansó de leer y no continuó hasta el artículo 151.2, apartado 5, donde se establece una reserva -también contemplada en la Ley del Consejo de Estado- expresa y concreta en favor del proyecto
de ley. Eso ya hubiera bastado de entrada para que esta Cámara hubiera inadmitido el trámite de esta iniciativa (aplausos), pero se lo han saltado deliberadamente porque utilizan esta Cámara, pagada con el dinero de todos los españoles, para seguir
con sus tropelías.
Y es una mentira en el fondo, porque el proyecto de los grupos proponentes de esta iniciativa para España es precisamente su desintegración por medio de eso que llaman la revisión del modelo territorial y que hoy ejecutan de facto. El
Partido Socialista comenzó por el reconocimiento de un conflicto político en Cataluña, equiparando a los golpistas y a las víctimas. Siguieron por indultar a los líderes del golpe después de que Sánchez prometiera traer a Puigdemont ante la
justicia. Desde luego que lo trajo, pero para dar un mitin y facilitar su huida al extranjero, donde van arrastrados cada dos por tres a suplicar su apoyo. La última vez fue Zapatero porque, casualmente, el que se encargaba de esto hasta ahora
está en la cárcel -desde luego que entre delincuentes ustedes se entienden bastante bien-. (Aplausos). Después suprimieron el delito de sedición, rebajaron la malversación, han quitado la deuda del separatismo para hacérsela pagar a todos los
españoles y han aprobado en última instancia la legalización del golpe, porque todo ha sido avalado por una amnistía que era inconstitucional antes de necesitar siete votos y perfectamente encajable después de necesitarla en nuestro ordenamiento.
Pero esto que hoy traen aquí es la consecuencia lógica de una sucesión de hechos que no empezaron ni ayer ni antes de ayer, y esto es un hecho. El Partido Popular empezó en el año 1996 pactando con Jordi Pujol la cesión de las competencias
en educación, y de aquellos polvos, estos lodos. (Aplausos). El
Partido Socialista, en el año 2006, reconoció la bilateralidad en el Estatuto de Cataluña. Por cierto, el Partido Popular contribuyó también sibilinamente a los nacionalismos con la famosa cláusula Camps, introduciendo en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana una disposición adicional, que sigue vigente, en virtud de la cual se podrían arrogar las mismas cesiones que otra región consiguiera para sí, aunque esto se hiciera a costa de las regiones más empobrecidas.
Esto es colaborar con el separatismo en el 'sálvese quien pueda', en la insolidaridad y en la desigualdad. (Aplausos). Esta feroz insolidaridad del Estado de las Autonomías ha sido el caldo de cultivo alimentado por unos y otros para instaurar la
ley de la selva en España.
Y ahora, en el año 2025, nos encontramos con la cesión de las competencias en extranjería, instrumentalizando el gravísimo problema de la inmigración, que no le importa a ninguno de los dos proponentes de esta iniciativa, porque a Junts lo
único que le importa es que sus votos se están yendo a otras formaciones en Cataluña precisamente por apoyar la inmigración ilegal con su apoyo al Gobierno de España, al que, a su vez, únicamente le importa mantenerse en el poder. Y en medio están
los catalanes, que han visto el incremento de la inseguridad, la creación de sociedades paralelas, el colapso de los servicios públicos y una progresiva islamización incompatible con el verdadero progreso. Nada de esto es por el beneficio de los
catalanes, sino para el negocio separatista, porque eso es el separatismo: un instrumento de determinadas élites y todos los que quieren proteger sus privilegios y negocios sin solidaridad con el resto de los españoles que pagan sus caprichos y al
que se suma el Partido Socialista, que ni es obrero ni es español. (Aplausos). Esta delegación de competencias es una reforma constitucional encubierta para avanzar hacia el Estado federal, sustituyendo la soberanía nacional por las imposiciones
del separatismo. Y por eso nuestro rechazo a esta ley no radica únicamente en el hecho de que sea inconstitucional, porque nosotros no encomendamos la defensa de la unidad nacional ni a procedimientos ni a artículos ni a tecnicismos, sino a la
justicia, a la comunidad y al bien común; y esta es otra injusticia más. ¿Acaso no hay problemas de inmigración en Andalucía o en Extremadura?
España no es una estructura administrativa ni es un contrato sujeto a ninguna voluntad, mucho menos a aquella que la quiere ver destruida en mil pedazos. España es una realidad muy anterior a todos nosotros, que la recibimos para legarla en
mejores condiciones. Y esto no es más que su desguace en vivo y en directo por el interés de un Gobierno que está técnicamente muerto. (Aplausos). Las regiones no pueden ser en ningún caso la base de ninguna soberanía independiente, sino que
todas ellas deben cooperar solidariamente al servicio de la unidad nacional y por el bien de todos los españoles. España necesita un Estado fuerte con una sola soberanía y una única ley, no un Estado mendigo que se arrastra ante los separatismos.
Nosotros queremos a Cataluña porque es España, igual que lo es el País Vasco o igual que lo es Galicia, por eso no vamos a contribuir nunca a dinamitar su presencia de ninguna forma en estas regiones ni tampoco a ensanchar la insolidaridad
del nefasto Estado de las autonomías. Dicen que esta votación no va a salir adelante porque los que le quitaban el sueño a Sánchez probablemente lo tumben. Sus motivos son bien diferentes a los nuestros, ya que, aunque finjan pelearse, en la
complicidad de todos ustedes lamentablemente hemos hallado los españoles la degradación más absoluta. Cataluña es España y España no se vota. Y nosotros más pronto que tarde recuperaremos para los españoles el futuro próspero y en común que todos
de un modo u otro, de ayer hasta hoy, pero unidos, nos han arrebatado.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000187).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Eskerrik asko, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Presentamos esta iniciativa para que el axioma legal que establece que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución sea efectivo en plenitud, porque, señorías, cuando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo
proclama en su artículo 1 está estableciendo en el ordenamiento jurídico del Estado un sistema de justicia constitucional concentrado, y ello implica que el TC sea el competente último para realizar la función unificadora en la interpretación y
aplicación de la Constitución respecto a todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial. Unidad interpretativa de la Constitución encomendada al Tribunal Constitucional que la misma Ley Orgánica del Poder Judicial confirma cuando ordena a
jueces y tribunales de la justicia ordinaria interpretar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en
todo tipo de procesos.
Sin embargo, junto al Tribunal Constitucional, la jurisdicción ordinaria, que culmina en el Supremo, también cumple una función cualificada en la interpretación de la Constitución, tanto en lo relativo a los derechos y libertades públicas
como cuando aplica de forma directa las disposiciones constitucionales a las relaciones entre sujetos o cuando interpreta la ley en un caso concreto. En estos casos, señorías, como es sabido, el ordenamiento dispone de mecanismos diversos para
hacer efectiva, para asegurar la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional respecto de la jurisdicción ordinaria. Así, en el caso de los derechos y libertades públicas reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución, la
articulación entre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria se realiza a través del recurso de amparo, que tiene efecto revisor con carácter subsidiario respecto a la actuación previa de los jueces y tribunales ordinarios; y en el
caso de la aplicación directa de una ley por la jurisdicción ordinaria de la que penda la resolución de un caso concreto y respecto de la que el juzgador dude o considere su inconstitucionalidad, el ordenamiento jurídico le provee cauce de
participación y de colaboración en el juicio de constitucionalidad sobre la ley que lleve a cabo el Tribunal Constitucional a través de la llamada cuestión de constitucionalidad, que atribuye al juez ordinario la capacidad de realizar un juicio
previo sobre la ley, abriendo en el TC el llamado juicio de constitucionalidad. Como se ha señalado por la doctrina, tanto el recurso de amparo como la cuestión, en vez de una estanqueidad entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional a la
hora de interpretar la Constitución, propician una ósmosis entre ambas jurisdicciones, que de manera subsidiaria permite hacer efectivo el brocardo que insacula al Tribunal Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución.
Pero, señorías, los tribunales ordinarios también pueden ejercer un juicio de constitucionalidad en relación con la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o las de estas entre sí, pues, aunque el artículo
161 de la Constitución atribuye estas funciones al Tribunal Constitucional, no lo hace de manera exclusiva, y así, cuando la controversia no se suscita directamente con ocasión de una ley, disposición o acto con fuerza de ley, el artículo 153 de la
Constitución y la misma Ley Orgánica del Poder Judicial posibilitan que la jurisdicción ordinaria, normalmente la contencioso-administrativa, resuelva controversias sobre el orden constitucional de distribución de competencias, lo que además permite
razonablemente que en ocasiones su planteamiento pueda ser iniciado por particulares, personas físicas o jurídicas, cosa no factible ante el Tribunal Constitucional por falta de legitimación, salvo en los conflictos negativos de competencias.
Sin embargo, señorías, en estos casos en que la jurisdicción ordinaria ejerce un juicio de constitucionalidad en relación con la delimitación de competencias, la convivencia entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, a diferencia
de lo que comentaba referido a derechos fundamentales y libertades públicas con el recurso de amparo o a las cuestiones de constitucionalidad, esa convivencia entre los dos órdenes jurisdiccionales no se encuentra bien resuelta, pues no se halla en
el ordenamiento un procedimiento para que el Alto Tribunal pueda ejercer, rogadamente y con carácter subsidiario, una función unificadora del sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas cuando
las partes consideren que la justicia ordinaria no se ha atenido a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el Alto Tribunal.
En definitiva, señorías, como se viene señalando por la doctrina y ya desde los años noventa, en lo que hace a la interpretación de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o a las de estas entre sí, no
existe una ósmosis entre la jurisdicción ordinaria, singularmente la contenciosa, y el Tribunal Constitucional, ya que nada impide que los tribunales ordinarios interpreten el bloque de constitucionalidad de modo distinto a como lo haya hecho el
Tribunal Constitucional, salvo si sobre una norma, sobre una misma cuestión contenciosa existiera al mismo tiempo y por el mismo motivo un conflicto simultáneamente en el Tribunal Constitucional y en la justicia ordinaria. En ese caso, la justicia
ordinaria debe parar la tramitación del proceso hasta que resuelva el Tribunal Constitucional; pero esa
unidad de criterio en manos del Tribunal Constitucional no se garantiza cuando los asuntos versan sobre casos distintos, no pudiendo en estos casos garantizarse plenamente ni la unidad interpretativa de la Constitución ni, por tanto, la
posición del Alto Tribunal como intérprete supremo de aquella.
Señorías, no consideren que estamos planteando una cuestión exclusivamente doctrinal, pues no son pocas las decisiones de la jurisdicción ordinaria en las que se solventan cuestiones relativas a la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas a la luz del bloque de constitucionalidad, en las que las partes no son siempre, como pudiera pensarse inicialmente, el Estado y una comunidad autónoma, sino que en ocasiones un particular, persona física o
jurídica es el que muestra su disconformidad con la interpretación del bloque de constitucionalidad realizado por el Estado y una comunidad autónoma a través de un acuerdo de transferencia de funciones y servicios. Como conocen sus señorías, las
comunidades autónomas no pueden iniciar el ejercicio de sus competencias estatutarias si esas funciones las venía prestando previamente el Estado hasta que se produzca un acuerdo entre ambas partes, y esto es así porque la jurisprudencia del Alto
Tribunal lo ha establecido para evitar duplicidades en el actuar de la Administración del Estado y el de la correspondiente comunidad autónoma y también para dar publicidad a la ciudadanía sobre quién es la Administración actuante a partir de ese
momento y en cada caso y actividad. En definitiva, los acuerdos de transferencias determinan, a la luz del bloque de constitucionalidad, qué funciones y servicios se traspasan a la comunidad autónoma en virtud de su estatuto y cuáles en su caso
sigue reservándose el Estado en un ámbito material de la actividad pública.
La práctica de estos procesos de transferencia nos pone de manifiesto, como conocen, su complejidad, pues la misma interpretación del bloque de constitucionalidad lo es, y en muchos casos no solo por el grado de abstracción en que está
formulado, sino también porque en muchos ámbitos de la actuación pública se encuentran entrecruzados títulos competenciales concurrentes y porque no siempre la interpretación de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional son indubitados para
las partes, bien por haberse intercalado el pronunciamiento obiter dicta, bien por referirse exclusivamente a cuestiones muy concretas de una materia, o bien por lo contrario, por planteamientos muy generales susceptibles de interpretaciones no
homogéneas.
Es por ello, señorías, que los acuerdos de transferencia, que son acuerdos complejos, están preordenados a completar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, y por ello son un instrumento capital de este, tienen carácter
consensual, pactado, y ejecutan el estatuto de autonomía correspondiente, pero que, por esa misma complejidad interpretativa, pueden dar lugar -y dan lugar- a recursos ante la jurisdicción ordinaria por particulares, al considerarse afectados
negativamente por la interpretación consensuada entre el Gobierno central y la correspondiente comunidad autónoma y sin que, ante esta resolución judicial que finalmente recaiga en el proceso, pueda reaccionarse ni por el Estado ni por la
correspondiente comunidad autónoma, cuando se declare la nulidad total o parcial del acuerdo de transferencia reflejado en el decreto del Estado o de la comunidad autónoma, ni tampoco por el particular recurrente, si se desestimara su demanda.
En definitiva, señorías, lo que venimos a proponer con esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es el establecimiento de una relación de complementariedad, de subsidiariedad, entre la jurisdicción ordinaria y
la constitucional cuando estén sub iudice en la ordinaria acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de otros órganos con finalidad equivalente, para determinar el alcance de las competencias autonómicas a la luz, exclusivamente, no por
otras cuestiones de legalidad, del bloque de constitucionalidad, evitando la actual situación de compartimentos estancos entre ambas jurisdicciones y propiciando un modelo relacional, al modo del que hoy en día se encuentra articulado con los
derechos y libertades públicas a través de los amparos o con la cuestión de inconstitucionalidad respecto a leyes o disposiciones o actos con fuerza de ley, removiéndose de esta manera los obstáculos hoy existentes para hacer efectivo, como señalaba
al principio de mi intervención, un sistema, el sistema de justicia constitucional, concentrado, que pivota en torno al Tribunal Constitucional, a fin de garantizar más plenamente la unidad interpretativa de la Constitución y de su bloque y la
posición del alto tribunal como intérprete supremo de la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señorías, esta es una proposición de ley orgánica que conlleva la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mediante una disposición adicional, para que se blinde, a través del Tribunal Constitucional, la distribución
competencial en los acuerdos tanto de la Comisión Mixta de Transferencias o de la Junta de Seguridad, prevista en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como las dispuestas en los
correspondientes estatutos de autonomía. Esta ley viene a decir que el Tribunal Constitucional entraría a dirimir, vía recurso o también como cuestión prejudicial, si es conforme o no el reparto competencial establecido en la Constitución, los
estatutos y también en las leyes que delimitan las competencias y a acordar, en su caso, la anulación de la resolución judicial que se hubiese podido acordar.
Es cierto que ahora mismo no está garantizado que la última instancia jurisdiccional sobre los conflictos de competencia sea el Tribunal Constitucional. Y esto supone que a los tribunales ordinarios y, en última instancia, al Tribunal
Supremo se les está otorgando una jurisdicción que excede, efectivamente, de sus funciones y que, además, podría vulnerar la tutela judicial efectiva y, por ende, también contribuir a la indefensión de las Administraciones públicas autonómicas.
Para entendernos, lo que propone esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco es que el Tribunal Constitucional sea la instancia definitiva en la resolución de los conflictos sobre competencias, evitando además las demoras en las resoluciones.
Desde Podemos vamos a apoyar esta admisión a trámite porque entendemos que los acuerdos tomados en las comisiones bilaterales entre el Gobierno y los Gobiernos autonómicos deberían ser tramitados por el Tribunal Constitucional en una
instancia procesal específica que permita al Tribunal Constitucional revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas, como ya establece el artículo 123.1 de la Constitución. Recordemos también que el artículo 161.1.c) de la
Constitución otorga al Tribunal Constitucional la capacidad de resolver disputas de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de las comunidades autónomas entre sí. Por eso, vamos a apoyar que se habilite un proceso legal que
permita al Tribunal Constitucional, como máximo garante, revisar y evaluar la interpretación de las competencias, ya sean estatales o autonómicas.
Aquí se dirimen mecanismos para interpretar justamente las competencias y Podemos va a apoyarlo, por lo que hay relatos que no se sostienen. Justamente, hablábamos antes de las competencias, y no será Podemos sospechoso de no haber
defendido siempre la soberanía de los territorios, de las comunidades autónomas y el autogobierno de cada uno de los sitios, y lo digo por mí misma en Andalucía y por lo que ahora mismo también estamos haciendo aquí, para que no se demore y no se
dejen de cumplir esos acuerdos bilaterales con los propios territorios. Pero es verdad que, en el punto en el que nos encontrábamos antes, no estábamos debatiendo justamente de las competencias.
En más de una ocasión hemos visto cómo se han estado bloqueando acuerdos políticos sobre traspasos de competencias y cómo se ha impedido también su cumplimiento, como estaba diciendo. Por eso entendemos que se trata de una cuestión de
seguridad jurídica y por eso votaremos a favor de su admisión para que se pueda tramitar esta ley en el Congreso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu García.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Maiburu jauna, jaun-andreok, arratsalde on.
Señorías, seré claro. Este debate no es un debate cómodo para nosotros. Como partido independentista, soberanista, de entrada, no compartimos que el Tribunal Constitucional deba ser el árbitro idóneo, neutral, para resolver los conflictos
de competencias. La experiencia de las últimas décadas nos ha mostrado que este tribunal siempre ha sido un tribunal de parte, un árbitro comprado. ¿Que es el intérprete máximo de la Constitución, del bloque de constitucionalidad? Sí, pero
siempre que ha habido debates o, mejor dicho, la mayor parte de las ocasiones en las que ha habido debates, siempre ha barrido para el Estado centralista y el Gobierno central. Esto ha supuesto que, a día de hoy, cuarenta y seis años después de la
aprobación del Estatuto de Gernika, cuarenta y cuatro años después de que se votara la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, estos estatutos estén incompletos. Si a eso le sumamos esa tendencia recentralizadora que ha habido por parte de las
Administraciones y también de magistrados que se sentían de la pata del Cid Campeador o don Pelayo, esto nos ha llevado a la situación de que el estatuto o los estatutos que tenemos hoy en día no son los previstos, más allá de los cambios
institucionales de la Unión Europea, no han llegado a lo que estaba previsto por el incumplimiento, pero también han sido recortados por sentencias.
Lo decía bien el señor Legarda, el traspaso de competencias no es simple, siempre hay debates, y hay también altos funcionarios que no lo ponen fácil. Además, cuando se llega a un acuerdo, nos podemos encontrar con esos magistrados que
obstaculizan e interpretan. Se propone hoy, desde nuestro punto de vista -y siendo respetuoso-, un parche, un parche para tener más seguridad jurídica e intentar evitar esas interpretaciones diferentes. ¿Lo conseguirá esta vía? Pues no lo
sabemos, tenemos nuestras dudas. Ya decía que en Euskal Herria Bildu no creemos que, a día de hoy, el Tribunal Constitucional sea ese órgano neutral. Ahora bien, mejor de lo que tenemos ahora, pudiera ser y, sobre la base de esa apreciación,
votaremos favorablemente su toma en consideración.
Nosotros y nosotras en este momento creemos que hay que dar un paso más, un paso más allá, y que en lo relativo a la Comunidad Autónoma vasca nos dotemos de un nuevo estatus y que a partir de ese estatus haya un blindaje de aquellas materias
de las que la mayoría de la sociedad vasca haya decidido dotarse y que posteriormente exista un blindaje de la bilateralidad con el Estado central y que se busque un mecanismo para que no haya interpretaciones diferenciadas y, como decía antes, un
recorte continuo de las competencias previstas. Pero, mientras eso llega, mientras debatimos esa situación, creemos que este parche puede ser una vía eficaz. El tiempo nos lo dirá.
Jaun andreok, esaten nuen bezala, gure ustez, Auzitegi Konstituzionala ez da arbitro onena, ez da neutrala izan orain arte, eta hamarkada hauetan ezagutu ditugun aurrekariak ez dira onak izan gure interesetarako. Hori bai, uste dugu tresna
bat sortu daitekeela ekiditeko orain arte egondako talkak eta interpretazio ezberdinak. Planteatzen den formulari buruz, ulertzen dugu errekurtso subsidiarioen logika. Dena den, uste dugu koherenteagoa litzateke 2010eko 5. xedapen gehigarrian
aplikatutako teknika honetara ekartzea. Hauxe da, jurisdikzio arrunta baztertu eta Auzitegi Konstituzionalari zuzenean esleitu zitzaion foru arau fiskalen kontrola, era berean, kasu honetan egitea. Eta hau kontraesana izan gabe, eta errepikatuz,
gure ustez Auzitegi Konstituzionala ez dela arbitro onena gaur egun konpontzeko dauden talkak. Esan bezala, argiena eta koherenteena litzateke gatazka horiek zuzenean konstituzionalera eramatea eta jurisdikzio kontentzioso-administratibotik pasatu
gabe, hortik ateratzea. Eta lehen esan bezala, alde bozkatuko dugu. Hori bai, iragarri nahi dut proposamen honek aurrera egingo balu, emendakinak aurkeztuko genituzkeela hobetzeko edo saiatzeko, beste bide bat aurkitzeko, talka horiek ekiditeko.
Besterik gabe, eskerrik asko,
Señorías, tal y como decía, consideramos que el Tribunal Constitucional no es el mejor árbitro. No ha sido neutral hasta ahora y los precedentes de las últimas décadas no han sido buenos o positivos para nuestros intereses. Eso sí, creemos
que se podría crear una herramienta para evitar esos conflictos y diferentes interpretaciones que se han dado hasta ahora.
Sobre la fórmula que se plantea, entendemos la lógica del recurso subsidiario, pero consideramos que sería más coherente aplicar la técnica de la disposición adicional quinta de 2010. Se prescindió de la jurisdicción ordinaria y se atribuyó
directamente al Tribunal Constitucional el control de las normas fiscales forales. Pues habría que aplicar lo mismo a estos decretos de transferencia; si bien, como mencionaba, el Tribunal Constitucional no es el mejor árbitro desde nuestro punto
de vista, lo más claro y coherente sería dejar estos conflictos directamente en manos del Tribunal Constitucional sin pasar por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por tanto, votaremos a favor, pero sí decir que, en caso de que esta proposición salga adelante, presentaremos enmiendas para buscar vías más efectivas para evitar esos conflictos y diferencias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: President, senyories, bona tarda.
El Partit Nacionalista Basc presenta una iniciativa de reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que evidentment no hauria de ser necessària, però segurament ho és. És necessària i oportuna per resoldre, almenys en el
mentrestant -com deia el diputat Jon Iñarritu- els problemes en la resolució de qüestions competencials que impedeixen l'activitat normal de l'administració autonòmica. Una proposta aparentment tècnica, però que en realitat delata les mancances
democràtiques del poder judicial espanyol, que fa com si l'Estat continués sent l'estat centralitzat del règim franquista i no un Estat plurinacional i descentralitzat, i que interfereix sistemàticament en les competències i l'autogovern de les
nacions històriques com la catalana o la basca.
La proposta es concreta, com explicava el diputat que l'ha defensat, el senyor Mikel Legarda, en afegir una instància constitucional per la via d'un recurs subsidiari de delimitació competencial davant les resolucions judicials que s'han
dictat en recursos contra els acords de les comissions mixtes de transferències i de les juntes de seguretat. L'objectiu és ben simple, és lògic i racional: És garantir que en aquests casos, en aquests supòsits, la darrera decisió no l'adopti un
tribunal ordinari, sinó que l'òrgan competent en matèria de distribució competencial, que és el Tribunal Constitucional, sigui l'encarregat d'adoptar aquesta darrera decisió.
Compartim, evidentment, les prevencions -que expressava ara mateix el diputat Jon Iñarritu- al respecte dels precedents del Tribunal Constitucional, de l'experiència que tenim del Tribunal Constitucional en els últims quaranta anys. Des de
la seva creació, el Tribunal Constitucional no ha estat un òrgan neutral, no ha estat un òrgan que respongui a l'objectiu pel qual va ser configurat a la Constitució espanyola, sinó que en la major part del seu temps ha estat un òrgan clarament
polititzat. Tot i això, tot i això, estem d'acord amb la proposta presentada, perquè els tribunals ordinaris, per molt suprems que siguin, no poden ser els que decideixin la distribució competencial. Per això, hi votarem a favor.
Per cert, amb relació a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, també és necessari revertir les reformes del Partit Popular del 2015, unes reformes que, per combatre l'independentisme, van desnaturalitzar el Tribunal Constitucional.
Em refereixo al recurs previ d'inconstitucionalitat per als estatuts d'autonomia i, sobretot, a l'atorgament al Tribunal Constitucional de capacitat coercitiva per executar les seves pròpies sentències. Un Tribunal Constitucional posant multes és
una aberració conceptual que fa remoure a Kelsen en la seva tomba, una aberració que atempta contra la divisió de poders i la inviolabilitat del Parlament, i que despulla els parlamentaris i en especial els membres de les meses -com va experimentar
en la seva pròpia pell la presidenta Carme Forcadell- els despulla, deia, els parlamentaris i els membres de les meses de la representació de la sobirania popular que ostenten.
Cal reconèixer els oficis del diputat Legarda, doncs ja van ser útils per posar aquesta qüestió sobre la taula en la legislatura passada. I què va fer el Govern més progressista de la història? Ho va ignorar, ho va ignorar exactament, com
han fet el PSOE i les esquerres espanyoles des del 2018, amb totes les reformes democràtiques. És per això que segueixen vius la llei mordassa o els delictes contra la llibertat d'expressió, l'enaltiment del terrorisme o les injúries a la Corona.
L'única reforma democràtica que s'ha aprovat en aquests anys ha estat la llei d'amnistia i només perquè els vàrem obligar. Per cert, dissabte passat va ser el Dia Internacional de la Llibertat d'Expressió i Pablo Hasél continua a la presó. Val la
pena recordar-ho.
Tornant a la proposta del PNB, votarem a favor de la seva presa en consideració, perquè, com dèiem, és una mesura molt específica, gens doctrinal, com advertia el diputat Legarda, però útil, útil per fer front, almenys en els propers temps
immediats en els temps immediats, per fer front a la interferència del poder judicial en l'autogovern. Una interferència de la judicatura que, val a dir, ha estat sempre emparada i coordinada amb altres estructures d'estat -concretament amb
l'Advocacia de l'Estat, com s'ha fet referència- i sempre amb l'anuència, l'impuls en realitat, de tots i cadascun dels governs espanyols, els d'Aznar i Rajoy i els de González, Zapatero i Sánchez. Perquè tots els governs, tots, s'hagin omplert més
la boca amb la bandera espanyola o menys, saben que les veritables estructures d'estat, la judicatura, l'advocacia de l'Estat, els alts cossos funcionarials, l'exèrcit, la corona -curiosament, tots els que es van posar molt nerviosos amb l'aprovació
de l'amnistia- tenen sempre l'última paraula i la tenen perquè tenen una missió superior, que és vetllar per la continuïtat de la Constitució material d'Espanya, la Constitució essencial, aquella que pivota sobre la indissoluble unitat de la nació
espanyola.
Ja ho va dir el senyor Lesmes l'any 2017: 'La indisoluble unidad de la nación española del artículo 2 de la Constitución es el mandato jurídico directo que corresponde a garantizar al poder judicial junto al resto de los poderes del Estado,
un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento'. Queda clar, no? El mandato jurídico directo no és la dignitat de la persona, article 10. No són els drets fonamentals de la secció primera del capítol segon del títol primer, articles 15
a 29. No és, evidentment, tampoc la segona part de l'article 2 de la Constitució, que reconeix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions, sinó el mandat 'de inexcusable cumplimiento' és només la indissoluble unitat de la nació espanyola,
un encàrrec que dona impunitat total per impedir qualsevol avenç democràtic, fins i tot com estem veient ara mateix, quan es tracta d'una norma amb rang de llei com és la llei d'Amnistia. I aquest encàrrec superior també té una traducció més menuda
i és la que precisament aquesta proposta de reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional que estem tractant ara, doncs, pretén fer front: un abús rutinari de poder i de dret contra les competències autonòmiques.
Esperem que aquesta humil reforma en defensa de l'autogovern que ara debatem no sigui supremacista o directament racista, pel fet de proporcionar una eina als governs autonòmics en benefici de les seves competències i del seu autogovern, i
que superi aquest tràmit de presa en consideració i que s'acabi aprovant.
Moltes gràcies.
Presidente, señorías, buenas tardes.
El Partido Nacionalista Vasco presenta una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que evidentemente no debería ser necesaria, pero seguramente lo es; es necesaria y oportuna para resolver como mínimo, mientras
tanto -como decía Jon Iñarritu- los problemas en la resolución de cuestiones competenciales que impiden la actividad normal de la Administración autonómica. Una propuesta aparentemente técnica, pero que en realidad delata los déficits democráticos
del Poder Judicial español y que hace como si el Estado siguiera siendo el Estado centralizado del régimen franquista y no un Estado plurinacional y descentralizado, y que interfiere sistemáticamente en las competencias y el autogobierno de las
naciones históricas, como la catalana o la vasca.
La propuesta es concreta, como explicaba el diputado que la ha defendido, el señor Mikel Legarda, porque añade una instancia constitucional por la vía de un recurso subsidiario de delimitación competencial ante las resoluciones judiciales
que se han dictado en recursos contra acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad. El objetivo es muy simple, es lógico, es racional, es garantizar que en estos casos, en estos supuestos, la última decisión no
la adopte un tribunal ordinario, sino que el órgano competente en materia de distribución competencial, que es el Tribunal Constitucional, sea el encargado de adoptar esta última decisión.
Compartimos, evidentemente, las prevenciones que expresaba ahora mismo el diputado Jon Iñarritu al respecto de los precedentes del Tribunal Constitucional, de la experiencia que tenemos del Tribunal Constitucional en los últimos cuarenta
años. Desde su creación, el Tribunal Constitucional no ha sido un órgano neutral, no ha sido un órgano que responda al objetivo para el que fue configurada la Constitución española, sino que en la mayor parte de su tiempo ha sido un órgano
claramente politizado. Aun así, estamos de acuerdo con la propuesta presentada, porque los tribunales ordinarios, por más supremos que sean, no pueden ser los que decidan la distribución competencial. Por eso vamos a votar a favor.
Por cierto, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, también es necesario revertir las reformas del Partido Popular de 2015, unas reformas que, para combatir el independentismo, desnaturalizaron el Tribunal
Constitucional. Me refiero al recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y, sobre todo, al otorgamiento al Tribunal Constitucional de capacidad coercitiva para ejecutar sus propias sentencias. Un Tribunal Constitucional
poniendo multas es una aberración conceptual que hace remover a Kelsen en su tumba, que atenta contra la división de poderes y la inviolabilidad del Parlamento, y que desnuda a los parlamentarios y, sobre todo, a los miembros de las mesas, como ya
experimentó en su propia piel la presidenta Carme Forcadell. Como he dicho, despoja a esos miembros de la representación de la soberanía popular que ostentan.
Hay que reconocer los oficios del diputado Legarda, que ya fueron útiles para poner esta cuestión sobre la mesa en la legislatura pasada. ¿Y qué hizo el Gobierno más progresista de la historia? Lo ignoró; lo ignoró exactamente como han
hecho el PSOE y las izquierdas españolas desde 2018 con todas las reformas democráticas. Por eso siguen vivas la ley mordaza o los delitos contra la libertad de expresión, el terrorismo y las injurias a la Corona. La única reforma democrática que
se ha aprobado estos años ha sido la ley de amnistía, y únicamente porque les obligamos a ello. Y, por cierto, el sábado pasado fue el Día Internacional de la Libertad de Expresión y Pablo Hasél sigue en la cárcel. Vale la pena recordarlo.
Volviendo a la propuesta del PNV, vamos a votar a favor de la toma en consideración, porque es una propuesta específica, nada doctrinal, como advertía el diputado Legarda, pero útil para hacer frente, como mínimo en los próximos tiempos
inmediatos, a la interferencia del Poder Judicial en el autogobierno. Una interferencia de la judicatura que iba a decir que siempre ha estado amparada por otras estructuras de Estado -la Abogacía del Estado, por ejemplo-, y siempre con el impulso
de todos los Gobiernos españoles, los de Aznar y Rajoy, y los de González, Zapatero y Sánchez, porque, aunque todos los Gobiernos -todos- se hayan llenado más o menos la boca con la bandera española, saben que las verdaderas estructuras de Estado,
la Abogacía del Estado, los altos cuerpos funcionariales y, curiosamente, todos los que se pusieron muy nerviosos con la aprobación de la amnistía, siempre tienen la última palabra. Y la tienen porque tienen una misión superior, que es velar por la
continuidad de la Constitución
material de España, la Constitución esencial, la que pivota sobre la indisoluble unidad de la nación española.
Ya lo dijo el señor Lesmes en el año 2017: La indisoluble unidad de la nación española del artículo 2 de la Constitución es el mandato jurídico directo que corresponde garantizar al Poder Judicial junto con el resto de los poderes del
Estado, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento. Queda claro, ¿no? El mandato jurídico directo no es la dignidad de la persona, artículo 10; no son los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo del título
primero, artículos 15 a 29; y no es evidentemente tampoco la segunda parte del artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones; sino que el mandato de inexcusable cumplimiento es solo la
indisoluble unidad de la nación española, un encargo que da impunidad total para impedir cualquier avance democrático, incluso como hemos visto ahora, cuando se trata de una norma con rango de ley, como es la ley de amnistía. Y este encargo
superior también tiene una traducción más pequeña, y es la que precisamente en esta propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que estamos tratando ahora pretende hacer frente, un abuso rutinario de poder y de derecho contra
las competencias autonómicas.
Esperamos que esta humilde reforma en defensa del autogobierno que ahora debatimos no sea supremacista, o directamente racista, por el hecho de proporcionar una herramienta a los Gobiernos autonómicos en beneficio de sus competencias y de su
autogobierno, y que supere este trámite de toma en consideración y se acabe aprobando.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera Balañà.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, gràcies, president.
Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades.
És interessant fer aquesta discussió just després d'haver debatut una possible o eventual trasllat o traspàs de competències des del Govern central a una comunitat autònoma, que previsiblement serà rebutjada, fins i tot tenint en compte que
va a parar al moll de l'os de la nostra societat actual, que és la immigració i lamentablement sembla ser que no tirarà endavant.
Llavors avui el PNB, el Partit Nacionalista Basc, en català també, ens porta a debat una proposta legislativa per articular una nova via processal per accedir al Tribunal Constitucional amb l'objectiu de fer complir els acords de les
comissions mixtes de transferències o de les juntes de seguretat. Ja ho hem dit, sembla una qüestió tècnica, una qüestió processal. Està sent un debat una mica farragós, però il·lustra, il·lustra bastant bé l'essència mateixa de l'Estat.
L'arquitectura constitucional de l'Estat té unes vies de negociació i transferències competencials, comissions mixtes de transferències. Allà, teòricament s'ha de negociar allò que ja s'ha traspassat i pactar matèria per matèria i pactar
tècnicament com es fan aquests traspassos. Però hi ha una cosa que, deixant de banda que es furta bastant a l'espai públic la discussió, no com aquí que són negociacions, són debats, són explicacions que es fan amb llum i taquígrafs, sinó que
pensin que d'alguna manera és una mica humiliant, perquè acabes pactant un traspàs de competències. Després s'ha de fer efectiu. No te'n surts. El Govern no compleix, no traspassa. L'Estat imposa una determinada política social o d'habitatge que
contravé allò que has pactat, que has pactat amb el Govern o amb la majoria i aquí no passa res. No hi ha el finançament que cal i aquí no passa res. Els pactes es van continuament no complint i aquí no passa res. I, per tant, s'articula una via,
aquest recurs subsidiari, que serà útil i que serà útil i que quan passem a negociació i quan passem a ponències -si és que avui l'aprovem- podrem discutir perquè jo crec que està bastant incardinat dintre del procediment constitucional i, per tant,
és bo. I per una altra banda, sostreu l'última paraula la jurisdicció ordinària que, en aquest cas, també creiem que és bo. I, per tant, deixi'l fer el posicionament, votarem favorablement a aquesta proposta.
Però és clar, aquí el que passa és que acabem trobant-nos amb el paroxisme de la poca raó, diríem. Jo els ho diré ben clar: aquesta Constitució no és la meva i no és la meva no perquè el meu avi hi votés en contra o els meus pares hi
votessin en contra. Jo, Cati, per imperatiu legal, perquè no tinc altre remei, sinó per asseure'm en un escó. No és la meva perquè és una Constitució que no reconeix el dret d'autodeterminació dels pobles i les nacions que la conformen. És una
Constitució que articula una monarquia sobre la qual l'Estat, els seus ciutadans, no han votat. És una Constitució que al seu article 8 posa l'exèrcit com a garant de la indisoluble unidad de la pàtria espanyola.
I jo aquí no he vingut en cap cas a millorar el procediment constitucional, a dotar el Tribunal Constitucional de legitimitat i a acceptar que aquest hagi de ser l'estat de coses per sempre més o per a un futur. L'objectiu polític del meu
partit és la consecució d'un Estat propi per a Catalunya i en el marc d'aquesta Constitució no serà mai possible. Però quin és, en el fons, també el problema que té aquest estat? El problema que té aquest estat és que és incapaç d'un instrument
constitucional que podria estar obert a modificacions i a noves votacions per part dels seus ciutadans per incloure-hi, per exemple, el referèndum d'autodeterminació és completament impossible amb les majories -que almenys es tronxen, les coses com
siguin, almenys els alegrem la tarda- deia: És completament impossible amb aquestes majories socials que hi ha, per tant, fan de la sortida l'única opció per a la pervivència del meu poble.
Deia: No són capaços més que modificar-la per imperatiu i enmig d'agost d'una normativa europea, una normativa europea, per cert, al servei d'aquell equilibri financer o sostenibilitat que l'únic que va fer va ser una política austericida
que es va carregar tota la qualitat de vida o tota la situació de vida de la ciutadania. Per això sí que van anar ràpid i a l'agost i després han modificat el que té a veure amb les discapacitats per unanimitat de tot el ple. Però si jo els hi
plantejo aquí que la legitimitat democràtica de cadascuna de les nacions que ara estem sotmeses a aquest Estat tingui veu i sigui capaç de fer-se sentir, vostès em respondran tots amb un no. Per tant, la Constitució parteix de la seva base de
ciutadans de primera i de ciutadans de segona. I els catalans, per als que m'han votat, parlo, ja n'estem tips i tipes de ser ciutadans de segona.
Per tant, votarem a favor. Modificarem la llei del Tribunal Constitucional, però que ningú es porti a engany i pensi que acceptem aquest estat de coses, perquè no ho fem. No tenim altre remei. Però no pararem mai fins a canviar aquesta
realitat, perquè és injusta, perquè és il·legítima, perquè és antidemocràtica i perquè ja n'hi ha prou.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, diputadas.
Es interesante hacer esta discusión justo después de haber debatido un posible traslado o traspaso de competencias desde el Gobierno central a una comunidad autónoma, que previsiblemente será rechazado, incluso teniendo en cuenta que va a
parar al núcleo de nuestra sociedad actual, que es la inmigración. Lamentablemente, parece ser que no va a sacarse adelante.
Hoy el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, nos trae una propuesta legislativa para articular una nueva vía procesal para acceder al Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer cumplir los acuerdos de las comisiones mixtas de
transferencias o de las juntas de seguridad. Ya lo han dicho, parece una cuestión técnica procesal y es un debate un poco farragoso, pero ilustra bastante bien la esencia misma del Estado.
La arquitectura constitucional del Estado crea unas vías de negociación de transferencias competenciales, las comisiones mixtas de transferencias. Ahí, teóricamente, hay que negociar lo que ya se ha traspasado y pactar materia por materia,
técnicamente, cómo se hacen esos traspasos. Pero hay algo más. Dejando de lado que eso ocupa bastante el espacio público de discusión -no como aquí, pues aquí son negociaciones, debates y explicaciones que se hacen bajo luz y taquígrafos-, tengan
en cuenta que, de alguna forma, es un poco humillante, porque acabas pactando un traspaso de competencias y, después, hay que hacerlo efectivo, pero no lo consigues, porque el Gobierno no cumple y no traspasa. El Estado impone una determinada
política social o de vivienda que contraviene lo que has pactado con el Gobierno o con la mayoría, y aquí no pasa nada; no hay la financiación que es necesaria, y aquí no pasa nada; y los pactos continuamente no se cumplen, y aquí no pasa nada.
Por tanto, se articula una vía, este recurso subsidiario, que será útil, y cuando pasemos a la negociación y pasemos a ponencia, si es que hoy se aprueba, lo podremos discutir, porque creo que está bastante arraigado en el procedimiento
constitucional y, por lo tanto, es bueno. Pero, por otro lado, sustrae la última palabra a la jurisdicción ordinaria y, en este caso, también creemos que es bueno. Por lo tanto, déjenme decirles que vamos a votar a favor de esta propuesta.
Pero, claro, aquí lo que pasa es que acabamos encontrándonos con el paroxismo de la poca razón. Y lo diré bien claro: esta Constitución no es la mía. No es la mía no porque mi abuelo votara en contra o mis padres votaran en contra y yo la
acate por imperativo legal, porque no tengo otro remedio para sentarme aquí en el Parlamento. No es la mía porque es una Constitución que no reconoce el derecho de la autodeterminación de los países y naciones que la configuran. Es una
constitución que articula una
monarquía sobre la cual el Estado, sus ciudadanos, no han votado. Es una constitución cuyo artículo 8 pone al Ejército como garante de la indisoluble unidad de la patria española.
Y yo, aquí, no he venido en ningún caso a mejorar el procedimiento constitucional, a dotar al Tribunal Constitucional de legitimidad y a aceptar que este deba ser el estado de las cosas para siempre o para un futuro. El objetivo político de
mi partido es la consecución de un Estado propio para Cataluña, y en el marco de esta Constitución nunca va a ser posible. ¿Pero cuál es en el fondo también el problema que tiene este Estado? El problema que tiene este Estado es que es incapaz de
tener un instrumento constitucional que podría estar abierto a modificaciones y a nuevas votaciones por parte de sus ciudadanos para incluir, por ejemplo, el referendo de autodeterminación. Es completamente imposible con las mayorías, ¿no?
(Dirigiéndose a los escaños de su derecha.-Risas). Y ustedes se ríen, sí. Las cosas como son, al menos les alegramos la tarde. Decía que es completamente imposible con estas mayorías sociales que hay ahora. Por lo tanto, la salida es la única
opción para la pervivencia de mi nación.
Decía que solo se puede modificar por imperativo legal y, dentro de una normativa europea; por cierto, dentro de una normativa europea al servicio de ese equilibrio financiero o de sostenibilidad, que lo único que hizo fue una política
austericida que se cargó toda la calidad de vida o toda la situación de vida de la ciudadanía. Para eso sí que fueron rápidos. Y luego hemos modificado lo que tiene que ver con las discapacidades, con unanimidad de todo el Pleno. Pero si yo les
planteo aquí que la legitimidad democrática de cada una de las naciones que ahora estamos sometidas en este Estado tenga voz y sea capaz de hacerse oír, ustedes me van a responder todos con un no. Por lo tanto, la Constitución parte en su base de
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y los catalanes -para los que me han votado, hablo- ya estamos hartos y hartas de ser ciudadanos de segunda. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Modificaremos la ley del Tribunal Constitucional,
pero que nadie se engañe y crea que estamos aceptando este estado de cosas, porque no lo hacemos. No tenemos otro remedio, pero no vamos a parar nunca hasta cambiar esta realidad, porque es injusta, porque es ilegítima, porque es antidemocrática y
porque ya basta.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez Hierro.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Gracias, vicepresidente.
Señorías, ya adelanto que nuestro voto será favorable a la admisión a trámite de esta proposición de ley. Al fin y al cabo, en términos constitucionales, la iniciativa encauza conflictos de delimitación competencial a través del Tribunal
Constitucional por dos vías claras, el recurso subsidiario y la cuestión prejudicial, cuando el sentido del fallo dependa de quién es competente para decidir. Así, la última palabra se fija en su intérprete natural, el Tribunal Constitucional.
Además, se afirma el valor interpretativo de los acuerdos de traspaso para precisar el alcance de las competencias estatutarias. Si ante casos equivalentes surgen soluciones distintas, se resentiría la seguridad jurídica, por lo que la nueva
disposición ordena este terreno, delimita el objeto, acota la legitimación, los efectos y, sobre todo, evita jurisprudencias paralelas que desdibujen compromisos ya pactados.
Como he dicho, nuestro voto será favorable por lo siguiente. Lo primero, porque en SUMAR defendemos un Estado plurinacional y descentralizado, en el que las distintas realidades políticas cuentan; un diseño estable, con ámbitos definidos y
cooperación exigente, que convierte la diversidad y la plurinacionalidad en orientación de Estado. Ese es el terreno donde la política asume responsabilidad y las reglas dan continuidad a los acuerdos. Hoy corresponde una defensa cerrada de este
modelo, porque frente a ese país real, plural y diverso, la derecha y la ultraderecha están sistemáticamente atacando la diversidad y ofreciendo un país plano, con mando único y con la sospecha sistemática sobre lo que no encaja. Y ese libreto no
cabe en la España que existe: plural, compleja, con realidades sociales y nacionales distintas y con necesidades políticas diversas. El proyecto de la derecha solo reduce y empobrece, y el nuestro convierte la diversidad en gobierno democrático.
Nuestro compromiso en este sentido es firme: claridad para decidir y responsabilidad para cumplir. Claridad supone que haya reglas que no cambian cada lunes; responsabilidad es rendir cuentas donde toca y no convertir cada discrepancia
competencial en un serial del que sacar rédito político. Entendemos que esta reforma va de eso, de dar certidumbre, cuando el litigio es estrictamente competencial, para que la palabra dada en los acuerdos no se diluya a golpe de resoluciones
cruzadas.
Nuestro voto será favorable porque en el Grupo Plurinacional SUMAR tenemos un compromiso con hacer democrática la pluralidad del país. El Partido Popular y VOX prometen un centro que dicta un molde único. Eso genera burocracia vertical y,
sobre todo, invisibilización de quienes no caben en su guion. La uniformidad impuesta no soluciona nada, sino que borra diferencias y fabrica agravios de manera permanente. Nuestra respuesta es otra: pluralidad reconocida, reglas claras y
responsabilidad compartida para que la política esté a la altura de lo que es el país y no de lo que algunos quisieran que fuera. Quien hoy teme un giro autoritario tiene muchas razones. El Partido Popular y VOX proponen un país en vertical, con
mando único y, como hemos dicho antes, con la sospecha sistemática hacia todo lo que no cabe en su molde. Y este camino no es neutral: debilita la democracia, porque reduce la representación real; apaga la deliberación pública, y convierte la
discrepancia en deslealtad. La alternativa, la única alternativa es un Estado plurinacional y descentralizado que asume su diversidad como principio democrático. Hay que reconocer lo que somos para que todas las voces cuenten; hay que ordenar con
reglas claras quién decide y con qué límites para que los conflictos no se usen como armas y las soluciones lleguen, y hay que proteger lo acordado frente a la erosión interesada para que la palabra pública valga y la política recupere autoridad.
Hemen, gaur eztabaidatzen duguna Herri-eredua da. Goitik beherako autoritarismo uniformea ala erakunde sendo eta hurbilaz antolatzen den demokrazia. Lehenak, autoritarismoak, kontrola agintzen du eta paralisia, bazterketa, arbitrariotasuna
eta desadostasunaren kriminalizazioa ekartzen du. Bigarrenak, demokraziak, erantzukizuna eskatzen du, bai, baina gobernua, egonkortasuna, aurrerapena eta ongizatea eskaintzen ditu ere.
Porque lo que hoy debatimos aquí es un modelo de Estado, una democracia. El autoritarismo impone el control con arbitrariedad, y lo segundo, sin embargo, la democracia, exige responsabilidad, sí; ofrece Gobierno y ofrece bienestar.
Como decía, la discusión aquí es el modelo de país: autoritarismo que uniforma desde arriba o democracia que se organiza con instituciones fuertes y cercanas. Lo primero, el autoritarismo, promete control y entrega parálisis, exclusión,
arbitrariedad y criminalización del disenso. Lo segundo, la democracia, el proyecto plural y democrático, exige mucha responsabilidad política, pero ofrece gobierno, estabilidad, progreso y bienestar. Reconocer hace gobernable lo diverso; darnos
normas evita choques estériles y acelera las decisiones necesarias; proteger reduce el ruido y sostiene la confianza, y de eso trata este debate: de elegir democracia adulta y consolidada frente a la tentación de un poder que manda más y entiende
mucho menos. Fuera de esta Cámara se nos pide serenidad y, sobre todo, se nos piden certezas, y la certeza es esta: un país diverso y plurinacional, que se gobierna con reglas previsibles y acuerdos verificables. La serenidad también es bajar el
volumen, subir el nivel y exigir a cada Administración su parte. Cuando se decide cerca y se rinden cuentas, la política recupera credibilidad, pero cuando se impone una plantilla desde arriba, fracasa el país y prospera el agravio.
En resumen, este voto afirma una ruta al centralismo reactivo de Partido Popular y de VOX. Decimos que la España real no cabe en un molde único, decimos que hay otra forma de gobernar: reconocer la pluralidad que somos, ordenar el reparto
de funciones con seguridad jurídica y proteger lo acordado para que no se deshaga en contradicciones. No hace falta épica, hace falta método, y el método es una forma de respeto político.
Eskerrik Asko. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario VOX va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley. Vamos a hacerlo por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque la proposición de ley pretende, precisamente, atribuir al
Tribunal Constitucional el conocimiento de aquellos conflictos derivados de los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencia o de las juntas de seguridad en detrimento de la jurisdicción ordinaria, la contencioso-administrativa, que tiene en
este momento atribuido el conocimiento de estas cuestiones. Dada la situación del Tribunal Constitucional en estos momentos, nos parece que existe un mayor margen de seguridad jurídica y de objetividad en la resolución de esos posibles conflictos
atribuidos como hoy a la jurisdicción ordinaria y no a un órgano profundamente politizado. En segundo lugar, porque consideramos que con esta iniciativa se está tratando de reforzar la capacidad de litigiosidad
política de las comunidades autónomas en los ámbitos antes referidos, que sin lugar a duda son singularmente importantes, teniendo en cuenta que la causa común de esa litigiosidad de las comunidades es siempre tratar de mermar al máximo la
presencia del Estado en sus respectivos territorios. En tercer lugar, consideramos que con esta iniciativa lo que se está haciendo es reforzar una deriva del Tribunal Constitucional, una deriva política del Tribunal Constitucional, sometido hoy a
la condición de ser puro avalista de los intereses del sanchismo y de las exigencias que le plantean en momentos muy singulares aquellas fuerzas separatistas que le sostienen. Por tanto, consideramos que esta iniciativa ni sirve al interés general
de la nación ni tampoco perfecciona nuestro ordenamiento jurídico. (Aplausos).
Creemos que, sobre la base de lo que acabamos de decir, conviene hacer una referencia general; una referencia general que empieza por decir que el Tribunal Constitucional no puede autoatribuirse una condición de poder constituyente o de
tercera cámara legislativa porque no es ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, eso es exactamente lo que viene sucediendo desde el año 2023 con este Tribunal Constitucional renovado bajo la presidencia del señor Conde-Pumpido. Basta citar algunos
ejemplos, al menos desde la perspectiva de mi grupo parlamentario: este Tribunal ha declarado la constitucionalidad de la ley de la eutanasia, y no solamente eso, sino que ha proclamado la eutanasia como un derecho fundamental ante sí y por sí,
sencillamente ante sí y por sí (aplausos); ha declarado la constitucionalidad de la ley del aborto del año 2010, tras trece años de espera en el cajón del recurso correspondiente -el cual, por cierto, quien les habla tuvo el honor de firmar.-, y no
solamente ha declarado la constitucionalidad de esa ley, sino que también, nuevamente por sí y ante sí, ha declarado el aborto como un derecho fundamental, despojando así al nasciturus de la protección constitucional que tenía hasta la fecha; ha
declarado constitucional la ley de educación, la llamada ley Celaá, que a juicio de mi grupo constituye un verdadero ataque a la libertad de enseñanza y al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, y, cómo no,
señorías, cómo no, ha declarado constitucional la ley de amnistía. Tampoco le ha temblado el pulso a la hora de anular las condenas judiciales a Magdalena Álvarez, a Chaves y a Griñán por el escándalo monumental y el robo que fueron los ERE de
Andalucía (aplausos), y, por entrar en esa condición servilista de los intereses del sanchismo y de sus socios, este Tribunal Constitucional ha avalado también las maniobras torticeras de la izquierda y de los separatistas en el Parlament de
Cataluña para privar a VOX de un senador que tenía legítimamente ganado en las urnas en representación de esa comunidad autónoma. Por si todo esto fuera poco, ahora parece que la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional pretende urdir una
maniobra para declarar inderogables las leyes de memoria democrática convirtiéndolas en un derecho fundamental. (Aplausos).
Señorías, desde la perspectiva de mi grupo, todas estas fechorías jurídicas del actual Tribunal Constitucional no merecen que se pongan en sus manos nuevos procedimientos, como pretende la iniciativa del Grupo Vasco, para que pueda abundar
en todos estos desafueros. Son fechorías jurídicas de las que, por cierto, tiene una parte de responsabilidad el Grupo Parlamentario Popular, que pactó con Sánchez la renovación del tribunal, incluida la presidencia del señor Conde-Pumpido.
En definitiva, señorías, lo que acreditan todas estas fechorías jurídicas es que una función tan capital como el control de constitucionalidad de las leyes no puede estar en manos de un órgano politizado; un órgano politizado, como lo es
hoy el Tribunal Constitucional, que deriva esencialmente del modelo vigente de composición del mismo, porque ocho de sus doce miembros son nombrados por las cámaras parlamentarias con criterios de reparto partidista, dos más los nombra el Gobierno
directamente con el mismo criterio y los dos restantes los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que previamente ha sido constituido también conforme a ese criterio de reparto partidista. Por eso, señorías, decimos que no creemos en este
modelo de Tribunal Constitucional (aplausos) y que VOX propone una reforma de la Constitución para suprimir el Tribunal Constitucional en sus términos actuales y dar el control de constitucionalidad de las leyes a una sala ad hoc del Tribunal
Supremo, integrada, como todas, por magistrados profesionales, magistrados inamovibles y magistrados sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley y no dependientes de ninguna disciplina partidista. Esto, señorías, lo vamos a lograr muy
pronto en el contexto de lo que denominamos la reconquista de España, que en el ámbito de lo que estamos hablando...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor GIL LÁZARO: Termino, señor presidente.
... significa imperio de la ley, seguridad jurídica, transparencia de las instituciones y separación de poderes. Vamos a lograrlo, señorías, porque esta fuerza es ya una fuerza imparable. Muy pronto lo verán ustedes en las urnas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero Pozo.
La señora ROMERO POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, si me permiten un momento, antes de entrar en el fondo de la cuestión me gustaría decir una cosa. Al final, lo que está verdaderamente claro es que no hay que tener ni currículum ni título para insultar y para llenar absolutamente
de lodo la política de este país.
Dicho lo anterior, lo único que quiero es reconducir este debate -simplemente por la dignidad del país, de las instituciones y de la política que todos desempeñamos aquí- a lo que ha propuesto el Grupo Vasco, porque, además, es lo que el
país se merece: no tanto insulto, menos insulto y un debate, un cuadro y un marco de debate parlamentario más respetuoso y más a la altura del país al que representamos. (Aplausos).
Nosotros, señores del Grupo Vasco, vamos a votar a favor de la proposición, y lo vamos a hacer por una convicción inequívoca: la España plural necesita reforzar los mecanismos que hacen realidad el autogobierno para que estén más
protegidos, porque es la mejor forma de asegurar la arquitectura constitucional sobre la que hemos construido durante casi cincuenta años la convivencia de este país. La Constitución de 1978 se diseñó como un marco abierto, dinámico y capaz de
adaptarse a una España compleja; un marco que no nació para uniformizar, sino para reconocer la pluralidad política, territorial, cultural, lingüística e institucional. En ese sentido, quiero subrayar que negar la constitucionalidad de los
acuerdos sobre traspasos de las comisiones mixtas sería tanto como negar el carácter constituyente del propio proceso autonómico. Aceptarlo, en cambio, nos parece que significa entender la realidad de los diferentes autogobiernos que conforman
nuestro Estado como una auténtica riqueza, que es lo que es, y nunca como una amenaza. Ahí conviene ser claros, y los socialistas sí nos vamos a posicionar; lo hacemos frente a aquellos que utilizan la Constitución, como hemos visto, al contrario
de lo que es, imponiendo un modelo de España única en el que excluir a los que tenemos sentimientos distintos, porque, si algo es evidente, es que nuestra carta magna se edificó sobre el pacto y el acuerdo: pacto entre ciudadanos, pacto entre
territorios, pacto entre generaciones, pacto entre quienes pensamos y sentimos de manera diferente.
En los grupos de justicia y constitucional del Grupo Socialista de las Cortes Generales, Congreso y Senado, hay muy buenos juristas y constitucionalistas, pero es verdad que he tenido la fortuna de haber encontrado, donde he vivido la vida
política, muchos apasionados del derecho y del pacto constitucional. Uno de ellos es el socialista guipuzcoano Julio Astudillo, quien me decía sobre la Constitución y el Estatuto de Gernika: Rafi, tienen cuerpo de ley, pero alma de pacto. Esa es
la auténtica naturaleza política de estas normas, esa es la verdad política que algunos quieren olvidar y que nosotros siempre defenderemos. Por eso rechazamos con contundencia la estrategia de la derecha, siempre instalada en el discurso de la
exclusión, siempre dispuesta a presentar la diversidad como una ruptura. En la España única que defienden, como decía también mi compañero Pedro Zerolo, solo caben ellos y los que piensan como ellos. (Aplausos).
No, señorías, la patria y el amor al país no se miden ni por el tamaño de la bandera ni por la intensidad del rojo y amarillo de la pulsera ni por el volumen del himno, no se miden por eso; la patria se mide con derechos cumplidos,
libertades garantizadas y pueblos respetados, siempre pueblos respetados. (Aplausos). Esa patria social y democrática que nos consagra como un país plural y diverso, esa es la patria constitucional, esa es la que protege el Tribunal Constitucional
cuando actúa como un muro frente a quienes quieren reducir a España un eslogan vacío. Los socialistas vascos sabemos bien lo que significa y hemos demostrado cómo defenderlo. Sabemos que el autogobierno, como nuestros derechos y libertades, no se
regala; se conquista, se construye, se desarrolla, se defiende, pero también se protege, como se está haciendo hoy, con acuerdos, con lealtad institucional y con voluntad política. Así lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo desde
aquí.
Señorías, esta proposición trata sobre los acuerdos alcanzados en las comisiones mixtas de transferencias y en las juntas de seguridad. Lo ha explicado más detalladamente el proponente. No hablamos de actos burocráticos -lo compartimos-,
ni de actos administrativos, sino que son piezas constitucionales que hacen efectivo ese pacto territorial del 78. Además, lo reconoció el propio Tribunal Constitucional cuando avaló las transferencias sanitarias al País Vasco, subrayando que no
crean
competencias nuevas, sino que despliegan las que los estatutos consagran. Para el Grupo Socialista, señorías, por tanto, no hay duda de que es necesario que esos acuerdos tengan la máxima protección jurídica también ante el Tribunal
Constitucional. Eso no es un capricho, eso es evitar que el Estado autonómico y la distribución competencial funcionen sin cuestionamientos permanentes ni conflictos interminables. Los que dicen que es un capricho o que es un privilegio mienten,
porque en realidad lo único que quieren es no eliminar la litigiosidad, aumentar la inseguridad jurídica y su objetivo no es reforzar la convivencia territorial; mienten porque busca enfrentarnos a unos contra los otros y conseguir con ello unos
miserables réditos electorales de confrontación.
Señorías del Partido Popular, yo creo que ustedes conocen que la sociedad está cansada de esos enfrentamientos estériles en función del pueblo al que pertenecemos o el territorio en el que vivimos. Si de verdad les importara seguir
avanzando en la construcción de nuestro país, se sumarían a estos trabajos para blindar el pacto constitucional (aplausos) y serían, como lo fueron en otras ocasiones, compañeros de viaje de quienes queremos reforzar esa lealtad constitucional,
alejando de las instituciones esas ideologías que hemos visto hoy, que convierten todo lo que tocan, absolutamente todo, en odio y confrontación. Desgraciadamente, me duele decir que hace mucho tiempo que se alejaron de ese camino, y ya no les
esperamos. Nosotros seguimos en él, en el respeto al marco constitucional, en la defensa de la diversidad de nuestro país y en el reforzamiento siempre de la convivencia de los distintos, porque esa es, señorías, la mejor garantía de un futuro
compartido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Belda Pérez-Pedrero.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Efectivamente, el debate hasta este momento se había desarrollado en un tono de apreciaciones técnicas después de la intervención del ponente del Partido Nacionalista Vasco; por otro lado, siempre suele ser habitual en él este tono. Los
distintos grupos han marcado posiciones con las reivindicaciones de nacionalismo esperadas, pero al final nos ha sorprendido una intervención, que parecía que iba a ser muy laxa, iba a ser muy sencilla y también de carácter técnico, de la diputada
del PSOE acusando al Partido Popular de no querer una convivencia por el mero hecho de que ella prevea que nosotros vamos a defender un modelo jurídico distinto.
Señorías, aquí quien ha levantado un muro ha sido un arquitecto, que hoy no está, que se llama Pedro Sánchez (aplausos), que en esta tribuna ha hablado de muros entre españoles. Y ustedes, con ese buen tono, han sido los albañiles y, en el
momento que a nosotros nos quieren arrojar a ese otro lado del muro donde algunos nacionalistas se encuentran, no hay manera de ponerse de acuerdo. Nuestro mensaje no es ese, nuestro mensaje es tratar esta cuestión con el tono que tiene que ser, es
decir, con un tono de técnica legislativa constitucional y entrar al fondo del debate.
Para los que no conozcan el proceso de transferencia de competencias a lo largo de las últimas décadas, tenemos que decir que los cuerpos de letrados que actuaban en nombre del Gobierno Vasco durante muchas décadas fueron y son un cuerpo
sustancialmente muy competente y muy capaz. Han hecho una labor extraordinaria, y nosotros, como representantes también del País Vasco, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realizaron durante esas décadas. Pero el Partido Nacionalista Vasco
ahora, aprovechando esa tendencia de ganar terreno al Estado, que también son ellos, ha hecho un salto cualitativo en la interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional y ha utilizado, como también sus señorías, algunos obiter dicta del
Tribunal Constitucional y, sobre todo, el concepto de bloque de constitucionalidad para rebasar por completo el diseño del constituyente de 1978.
El ponente del Grupo Vasco, justo hasta que le quedaban cinco minutos de su intervención, ha hecho una exposición sin mácula en cuanto a la justificación jurídica, pero en el momento en el que ha empezado a hablar de estas materias como
sujetas a las contingencias del bloque de constitucionalidad, evidentemente, ha incurrido en el exceso que ninguno de los letrados que les avalan les han podido advertir. Evidentemente, ustedes tienen que justificar este pacto, escrito o no, con el
Partido Socialista para proceder a estas cesiones, pero la realidad es que esta materia no forma parte de ese bloque y estamos ante un diseño constitucional pensado para que el Poder Judicial responda ante ello.
Fíjese, cuando se establecen los tribunales de garantías constitucionales en nuestros países, se hace en lugares donde se sale de dictaduras, porque hay desconfianza con el Poder Judicial, por cómo vayan
a actuar los jueces y tribunales que están impartiendo justicia y que se han formado durante regímenes autoritarios. ¿Y qué sucede? Que nosotros, después de muchos años, estamos muy orgullosos de los jueces y los tribunales porque, como
dice la ley, son los garantes ordinarios de la Constitución y están protegiendo perfectamente el sistema de competencias, aunque a veces nos gustan sus resoluciones y a veces no nos gustan. Y frente a ello, no tiene sentido que ahora se utilice un
debate de estas características para que sus señorías vayan marcando posiciones y atacar también al Poder Judicial.
Jurídicamente, no se sostienen estos saltos al vacío, y, políticamente, tampoco creo que le convenga a la ciudadanía vasca. ¿Por qué? Porque en el subconsciente de todos ustedes, cuando quieren trasladar esta competencia al Tribunal
Constitucional, lo que subyace es una acusación a mayorías que quizá intentan cambiar ese orden de las decisiones constitucionales y que pasen por encima de la justicia ordinaria. Yo creo que los hombres y las mujeres que se ven inmersos en este
tipo de procedimientos tienen una garantía mucho mayor de permanencia y de neutralidad que la que puede tener en un órgano que no está destinado a este tipo de decisiones. Alguna señoría lo ha dicho, claro, ustedes han visto que esa línea de las
normas fiscales forales que constituye una excepción se podía considerar una regla general para darle una competencia mayor al Tribunal Constitucional. No es el camino seguir atacando ahora a la justicia, ni tampoco restarle camino en algo que está
haciendo bien.
Quería, finalmente, hacer alusión al pleito madre que subyace detrás de toda esta cesión. Y es que, igual que nosotros estamos orgullosos de los cuerpos de letrados que están en nuestro país, en España, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, nos gustaría que ustedes estuvieran orgullosos de aquellos que han promovido este tipo de iniciativas jurídicas para frenar la escalada de apartamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la Comunidad vasca y de otras
comunidades autónomas. (Aplausos). Nosotros creemos que una pieza fundamental en la defensa de los derechos y las libertades de los vascos y las vascas, como dicen ustedes, es la convivencia de los cuerpos autonómicos de seguridad con estos
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y, así, todo, señoría.
Cuando todo este ruido pase y cuando algunos nacionalismos disgregadores y no constructivos vayan a tomar su sitio en la historia, nosotros nos tendríamos que sentar a pensar, racionalmente, en que el diseño de 1978 no está hecho contra
nadie, sino que concita la esperanza en que cada uno cumpliese sus obligaciones. Y, cuando uno tiene más o menos competencias, no lo hace por desconfianza hacia la capacidad de autogobierno de una comunidad autónoma o no lo hace para volver a un
proceso de recentralización. Se ha visto en la gestión de algunas catástrofes, hay materias que, por su propia naturaleza, tienen que ser tratadas desde el punto de vista del Estado y otras desde el de las comunidades autónomas. Ese es el
verdadero acuerdo y esa es la verdadera dignidad que está pidiendo el ciudadano en su trato: no ser la mercancía de intercambio en el ámbito competencial, sino cómo se le atiende en sus servicios. Por eso creo que merece la pena conservar el
régimen del 78, con la evolución favorable, incluido el control de la jurisdicción ordinaria.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30.2 DEL REAL DECRETO 295/2009 REFERENTE A LA SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR PATERNIDAD Y RESOLUCIÓN DE LA MISMA. (Número de expediente 162/000563).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya sobre la modificación del
artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009 referente a la solicitud de la prestación económica por paternidad y resolución de la misma.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Gavin i Valls.
El señor GAVIN I VALLS: Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats. Fa una estona la nostra portaveu ha estat explicant que Catalunya és un país d'immigració, que ha estat i és un país d'immigració i, en el darrer ple, jo feia referència, en nom del meu grup, els interpel·lava a
vostès en el sentit de que si tot aquest fenomen s'està gestionant d'una forma rigorosa, correcta i sobretot justa i equitativa per a tothom i si el sistema públic finalment acaba sent això un sistema equitatiu per a tothom. En la pregunta del
darrer ple vam fer referència al que és un clam
unànime del sector agrari català i que avui portem en forma de proposta per tal de corregir una situació que entenem que no és justa i equitativa. I ho fem en un context -en el ple passat també va sortir aquesta qüestió, lògicament, i avui
jo la utilitzo com un element de context- el context de voler reduir la jornada laboral, la de les 37 hores i mitja, que gaudeixen la majoria de treballadors de l'Estat espanyol i Junts dèiem en aquell moment: Sí, nosaltres també ho volem,
nosaltres també hi estem d'acord. Però dèiem: Però moltes petites empreses -perruqueries, tallers, petits negocis, petits comerços, gestories, autònoms i també petits pagesos i petits ramaders- dèiem, no suportarien el cost d'aquesta mesura.
Molts plegarien i aquesta mesura provocaria atur, més costos laborals i inflació. Molts d'aquests, especialment els petits pagesos i els petits ramaders, farts d'un sistema que sembla que vulgui que pleguin i que només quedin grans empreses,
burocràcia, controls fiscals constants, laborals, exhaustius, costos creixents.
Aquestes empreses i aquests treballadors per a nosaltres representen -ho deia també l'altre dia- la base de la nostra economia, de Catalunya, i representen la cultura de l'emprenedoria, del treball i de l'esforç. Uns valors que creiem que
s'haurien de potenciar i no menystenir i deixar de banda. Bé, si vostè pregunta als petits pagesos i ramaders o als petits empresaris o als professionals, o fins i tot als artistes -per què no?, els que se'n surten, que són la immensa majoria- si
els hi preguntés si pensen en treballar el menys possible cada dia i esforçar-se el menys possible, estic segur que la immensa majoria, òbviament, els hi diria que no. Els petits pagesos i ramaders que a més a més estan plegant, farts de les
dificultats de l'administració i de no guanyar-se la vida, òbviament. I moltes d'aquestes explotacions després queden en mans de grups inversors. En aquest país les petites empreses i les petites explotacions tenen massa difícil treballar i el que
hauria de ser és fàcil treballar. Hauria de ser més fàcil treballar que demanar ajudes. Perquè de les rendes del treball és on surt la riquesa que després es pot redistribuir i finançar l'estat del benestar i finançar les polítiques socials. Això
en un estat que té el doble d'aturats de la mitjana europea i l'atur juvenil més alt d'Europa.
Jo tot sovint penso del Govern que, de tant en tant presenten alguna iniciativa, no se'ls acut al Govern presentar -que, per cert, no hi ha ningú del Govern, ningú- em pregunto: No se'ls acut presentar alguna iniciativa per reduir l'atur,
que és el doble de l'europeu? No se'ls acut alguna iniciativa per reduir l'atur juvenil, que és el més alt d'Europa? Doncs no. Marta, companya, no, no se'ls acut cap mesura en aquest terreny. I jo els hi dic que amb un atur com el que hi ha a
Europa, segurament el sistema productiu podria assumir el cost de les 37 hores i mitja o altres mesures socials. Però li diré més, vostès saben quantes hores fan els pagesos o els ramaders? Algú potser ho sap, però el Govern em sembla que no ho
saben perquè viuen d'esquenes a la realitat. Els pagesos i els ramaders petits i mitjans d'aquest país no fan 37 hores i mitja, ni 40; en fan 50 o 60 o 70. Hi ha molts moments de l'any que treballen set dies a la setmana. No ho deuen saber
vostès, això, oi? I per cert, fan una feina totalment imprescindible per a una societat sana i saludable: produir aliments de proximitat, de qualitat. I passa el mateix amb els autònoms. Sap quantes vacances fan els autònoms? Vostès saben el
que són les vacances dels autònoms? És una setmana, eh? Tots ho hem sentit a dir això. El senyor que ens ve a arreglar un electrodomèstic, ens ve a arreglar la persiana, una setmana. La setmana de l'autònom és la setmana que hi ha al voltant de
la Mare de Déu d'agost, del 15 d'agost. Aquestes son les vacances que fan la majoria dels autònoms i que també fan 55 o 60 o 70 hores. I vostès, en comptes de fer-ho fàcil, només fan que posar normes, controls, inspeccions i fer-ho difícil.
Miri, aquests pagesos petits que els deia i que se'ls troba tant a faltar quan hi ha incendis, per exemple, doncs denuncien això, aquest problema d abusos en els permisos de paternitat i frau en els permisos de paternitat. L'Administració
concedeix aquests permisos amb una sol·licitud feta a mà, de vegades amb lletra il·legible i amb un segell de goma. Vagin vostès a treure's el carnet de conduir o a donar-se d'alta com a autònoms, amb un paper escrit a mà i un segell de goma, a
veure què els hi diuen. Consultades totes les fonts accessibles, al mercat negre, aquest paper val 50 euros. De vegades em demanen un darrere l'altre, és a dir, un treballador temporer es dona d'alta perquè ha acabat el seu permís de paternitat i
al cap de quinze dies em presenta un altre. Lògicament, el pagès diu però: Escolta, però si fa quinze dies ja estava de permís de paternitat. És que tinc quatre dones al meu país. És que tinc cinc dones. És que tinc molts fills. Vostès creuen
que té sentit això? ¿Vostès creuen que té sentit que un treballador pràcticament no treballi durant tot l'any perquè empalma un permís rere l'altre, perquè al seu país ell és polígam i se li dona un permís de paternitat, que no l'exerceix perquè no
va al seu país a ajudar a la mare i al fill? Té sentit això? Totes les organitzacions agràries, totes, ho denuncien sense cap excepció, la patronal i tots els sindicats. I al pagès li costa trobar un treballador de forma sobrevinguda, de vegades
en plena collita, pagar 240 euros al mes i l'Estat paga una prestació per paternitat que aquell treballador, si no va al seu país, no exercirà mai aquesta paternitat. De fet, és impossible que l'exerceixi. No pot ser que
hi hagi diners..., que no hi hagi diners per les ajudes de l'ELA o de la dependència o per places de residències, o per tenir més metges, més infermeres i més ben pagats, i que es donin ajudes que no tenen sentit pel sentit que estan
creades.
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace un rato nuestra portavoz ha explicado que Cataluña es un país de inmigración, que ha sido y es un país de inmigración. En el último pleno yo hice referencia, en nombre de mi grupo, y les interpelaba a
ustedes sobre si todo este fenómeno se está gestionando de forma rigurosa, correcta y, sobre todo, justa y equitativa para todo el mundo, y si el sistema público terminara siendo un sistema equitativo para todo el mundo. Y en la pregunta en el
último Pleno hicimos referencia a algo que siente todo el sector agrícola catalán y que traemos hoy aquí, en forma de propuesta, para corregir una situación que entendemos que no es ni justa ni equitativa. Lo hacemos en un contexto. En el anterior
Pleno también apareció esta cuestión, lógicamente, y hoy la uso como elemento de contexto, el contexto de querer reducir la jornada laboral de treinta y siete horas y media, de la que gozan la mayoría de los trabajadores del Estado español. Junts
dijimos entonces, sí, nosotros también lo queremos; estamos de acuerdo. Pero dijimos también que muchas pequeñas empresas -peluquerías, talleres, pequeños negocios, pequeños comercios, gestorías, autónomos y también pequeños agricultores y
ganaderos- no soportarían el coste de esta medida. Muchos tendrían que cerrar, y esta medida provocaría desempleo, más costes laborales e inflación. Muchos de estos, y sobre todo los pequeños agricultores y ganaderos, hartos de un sistema que
parece que quiera que cierren, y que solo queden grandes empresas, burocracia, controles fiscales y laborales constantes y exhaustivos y costes crecientes.
Estas empresas y trabajadores para nosotros representan -lo dije el otro día- la base de nuestra economía, de Cataluña, y representan la cultura del emprendimiento, del trabajo y el esfuerzo; unos valores que creemos que deberíamos
potenciar y no despreciar y dejarlos de lado. Si usted pregunta a los pequeños agricultores, ganaderos, pequeños empresarios o los profesionales, o incluso a los artistas -¿por qué no?, de los que salen adelante, que son la inmensa mayoría- si
piensan en trabajar lo mínimo posible cada día y en esforzarse lo mínimo cada día, estoy seguro de que la inmensa mayoría, obviamente, les diría que no. Los pequeños ganaderos y agricultores están cerrando, hartos de las dificultades
administrativas y de no ganarse la vida, obviamente, y muchas de estas explotaciones después pasan a manos de grupos inversores. En este país, para las pequeñas empresas y las pequeñas explotaciones es demasiado difícil trabajar, y debería ser
fácil. Debería ser más fácil trabajar que pedir ayudas, porque de las rentas del trabajo es de donde procede la riqueza que luego se puede redistribuir y financia el Estado del bienestar y las políticas sociales. Esto en un Estado que tiene el
doble de desempleados que la media europea y el desempleo juvenil más elevado de Europa.
Yo a menudo pienso, del Gobierno, que de vez en cuando presenta una iniciativa -que por cierto, no hay nadie, nadie del Gobierno-, y me pregunto, ¿no se les ocurre presentar alguna iniciativa para reducir el desempleo, que es el doble que el
europeo? ¿No se les ocurre alguna iniciativa para reducir el desempleo juvenil, que es el más alto de Europa? Pues no. Marta, compañera, no; no se les ocurre ninguna medida a esta gente. Y les digo yo que con un desempleo como el que hay en
Europa, seguramente el sistema productivo podría asumir el coste de las treinta y siete horas y media u otras medidas sociales. Pero, les diré más. ¿Saben ustedes cuántas horas dedican los agricultores o ganaderos? A lo mejor lo sabe alguien.
Pero el Gobierno me parece que no lo sabe, porque viven de espaldas a la realidad. Los agricultores y ganaderos pequeños y medianos de este país no trabajan treinta y siete horas y media, ni cuarenta, sino cincuenta o sesenta o setenta. Y en
muchos momentos del año trabajan siete días a la semana. Seguramente no lo saben, ¿verdad? Por cierto, hacen un trabajo totalmente imprescindible para una sociedad sana y saludable: producir productos, alimento de proximidad y de calidad. Lo
mismo pasa con los autónomos. ¿Saben cuántas vacaciones tienen los autónomos? ¿Saben ustedes lo que son las vacaciones de los autónomos? Una semana. Esto lo hemos oído todos. El señor que viene a arreglarnos el electrodoméstico, la persiana:
una semana, la semana del autónomo. Es la semana, más o menos, del 15 de agosto, la Virgen de agosto. Estas son las vacaciones que hacen la mayoría de los autónomos y que también trabajan cincuenta y cinco, sesenta o setenta horas. Y ustedes, en
vez de facilitar las cosas, imponen normas, controles, inspecciones y complican las cosas.
Miren, estos agricultores pequeños que les decía, a quienes se echa tanto en falta cuando hay incendios, por ejemplo, denuncian esto, este problema de abusos en los permisos de paternidad y fraude en estos mismos permisos. La Administración
concede estos permisos con una solicitud hecha a mano, a
veces con letra ilegible y con un sello de goma. Vayan ustedes a sacarse el carné de conducir o a darse de alta como autónomos con un papel escrito a mano y un sello de goma, a ver qué les dicen. Consultadas todas las fuentes accesibles,
en el mercado negro este papel vale 50 euros. A veces piden uno tras otro: un trabajador temporero se da de alta porque ha terminado su permiso de paternidad y al cabo de quince días presenta otro, y el agricultor le dice: Oiga, pero si hace
quince días estabas de permiso de paternidad. Es que tengo cuatro mujeres en mi país, cinco mujeres, muchos hijos... ¿Ustedes creen que esto tiene sentido? ¿Ustedes creen que tiene sentido que un trabajador prácticamente no trabaje en todo el año
porque empalme permisos porque en su país él es polígamo y le den un permiso de paternidad que no ejerce porque no va a su país a ayudar a la madre y al hijo? ¿Tiene sentido esto? Todas las organizaciones agrarias lo denuncian -todas, sin
excepción-, la patronal y todos los sindicatos. Y al agricultor le cuesta encontrar un trabajador de forma sobrevenida en mitad de la cosecha, pagar 240 euros al mes y el Estado paga una prestación por paternidad que ese trabajador, si no vuelve a
su país, jamás va a ejercer esa paternidad. De hecho, es imposible que la ejerza. No puede ser que no haya dinero para las ayudas para la ELA o para la dependencia o para plazas en residencias o para tener más médicos y más enfermeras y mejor
pagados, y que se concedan ayudas que no tienen sentido por el fin para el que se crearon.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor GAVIN I VALLS: Acabo ara mateix, president. Per això, en aquesta iniciativa nosaltres el que proposem primer que se sigui més estricte en el compliment de la llei, que es compleixi la normativa que avui ja està aprovada per llei,
que es demanin el certificats als consolats i a les ambaixades dels països on han nascut aquests fills. Això ja ho preveu avui la llei i que, a més a més, el treballador que s'acull a la prestació de paternitat vagi a exercir aquesta paternitat,
òbviament.
Termino ahora mismo, presidente. Por eso en esta iniciativa lo que proponemos es, primero, ser más estrictos en el cumplimiento de la ley, que se cumpla la normativa que está ya aprobada por ley, que se pidan los certificados en consulados
y embajadas de los países donde han nacido dichos hijos. Pues esto está previsto por ley a día de hoy. Y que, además, el trabajador que se acoge a la prestación de paternidad vaya a ejercer esa paternidad, obviamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
El señor GAVIN I VALLS: Acabo ja. Miri, el que realment promou el vot de la indignació dels ciutadans és que tinguin la sensació que n'hi ha uns que ho tenen tot molt difícil i que es dediquin a treballar i a pagar impostos i que tinguin
la sensació de que altres ho tinguin tot molt fàcil. Avui tenen l'oportunitat. Tenim l'oportunitat de facilitar als pagesos i ramaders la seva vida i de ser una mica més justos i ser una mica més equitatius amb els fons públics.
Gràcies.
Termino ya. Lo que promueve el voto de la indignación de los ciudadanos realmente es que tengan la sensación de que hay unos que lo tienen todo muy complicado y que se dedican a trabajar y a pagar impuestos y otros lo tienen todo muy fácil.
Hoy tenemos la oportunidad de facilitar a los agricultores y ganaderos sus vidas y ser un poco más justos y un poco más equitativos con los fondos públicos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a abrir un turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy Junts nos trae al Pleno una proposición no de ley para modificar el real decreto que regula las prestaciones económicas por paternidad. En nombre de Podemos queremos empezar recordando que los permisos tanto de paternidad como de
maternidad son una herramienta fundamental para trabajar en aras de la conciliación y la igualdad. Cualquier cambio en su regulación debe tener un objetivo claro que es ampliar derechos, hacerlos más accesibles y garantizar que todos y todas
podamos acceder a ellos en las mismas condiciones. Sin embargo, nosotras tenemos que señalar hoy con firmeza los riesgos que se derivan de las propuestas que ustedes nos traen hoy.
En primer lugar, la llamada flexibilidad en los plazos de solicitud y su resolución puede convertirse en un problema. ¿Y a qué nos referimos? A que, si se abre demasiado la puerta a la flexibilidad, esto puede llevar a una presión por
parte de las empresas para que los padres terminen fraccionando ese permiso de paternidad o incluso retrasándolo. ¿Y esto en qué se traduce? En lo mismo de siempre: que las madres al final terminan ejerciendo la principal carga de cuidados en las
primeras semanas tras el nacimiento.
En segundo lugar, también compartimos con ustedes que hay que simplificar los trámites, pero nosotros creemos que debe hacerse en otra dirección. Nosotras entendemos lo farragosa que es la burocracia, pero creemos que este derecho debería
ser automático y universal. Por lo tanto, que el permiso se reconozca desde el momento en que se produce el nacimiento del niño o la niña, sin tener que ejercer ningún tipo de acción y resolución de papeleos interminables.
Y, en tercer lugar, hay una cosa que nos preocupa de su proposición no de ley, principalmente, y me refiero al aspecto que tratan ustedes al respecto de los trabajadores migrantes. Nosotros creemos que señalar a la población migrante como
un foco de posible fraude y exigirles requisitos documentales mayores que al resto de la ciudadanía, lo único que hace es volver a poner la lupa sobre la población migrante como si fueran sospechosos de ejercer el fraude permanentemente. Nosotras
no podemos estar de acuerdo con estas afirmaciones de la exposición de motivos de la proposición no de ley, porque entendemos que esto es abrirle una vez más las puertas al racismo institucional, y, evidentemente, en Podemos no vamos a estar de
acuerdo con esto. A nosotras, sinceramente, no nos importa dónde haya nacido un niño o una niña, si ha nacido en Cataluña, si ha nacido en Canarias o dónde haya nacido. Y tampoco nos importa el pasaporte que tenga su padre o su madre. Nosotras
entendemos que lo único que nos debe importar es que esos niños y niñas nazcan con los derechos de cuidados y conciliación de sus padres y madres ya adquiridos. Porque eso es lo que verdaderamente va a construir una sociedad en igualdad sin ningún
tipo de distinción.
Por lo tanto, nosotras vamos a seguir apostando por lo mismo que hemos apostado siempre, que es por los permisos universales, intransferibles, que sean pagados y remunerados al 100 %, que sean reconocidos automáticamente, como ya les dije,
para todas y todos los trabajadores, indistintamente de si son nacidos en España o son personas migrantes que han venido a trabajar, a construir país, a buscarse la vida y a ayudarnos a sacar adelante en las mejores condiciones de vida al resto de
la ciudadanía de nuestro país. Lo que ustedes nos proponen nos parece que es poner más trabas y más filtros. Al final, garantizar derechos se pone en cuestión, porque parece que es garantizarlos para una parte de la población, pero para otra parte
no.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El permiso de paternidad es hoy un derecho reconocido universal que garantiza la igualdad, la conciliación y la protección de los hijos e hijas, yo creo que nadie discute esto, pero lo que hoy se nos plantea es quizá llenar de burocracia un
derecho para volverlo impracticable para muchos. Conviene ser claros: un derecho que existe solo en el papel, pero que se puede dificultar en la práctica, creo que deja de ser un derecho real y se puede convertir incluso en un privilegio para
quienes pueden superar determinadas trabas administrativas, mientras que los demás se quedan fuera.
Se justifica esta reforma diciendo que hay fraudes, pero los propios datos oficiales reconocen que los casos son mínimos. Creo que legislar desde la excepción es castigar a la mayoría por la conducta de unos pocos. ¿De verdad vamos a
modificar una ley que protege a miles de familias por unos pocos expedientes aislados? Yo creo que eso es legislar no tanto con rigor, sino igual desde los prejuicios, y yo creo que esto no es proteger el sistema, sino debilitarlo. Exigir
certificados consulares y trámites adicionales creemos que no va a resolver el fraude real en sí, si es que lo hay, y, sin embargo, sí puede imposibilitar el acceso al permiso a quienes tienen menos recursos o viven lejos de un consulado, generando
seguramente una desigualdad real. Además, tampoco podemos ignorar el origen de esta propuesta porque, como también ha indicado la diputada que me ha precedido, se señala a los migrantes como los principales supuestos responsables del fraude para
acabar imponiendo barreras a todos. Se construye un relato de sospecha sobre un colectivo, y creemos que esto es injusto, puede ser incluso desproporcionado y puede generar desconfianza social. Si hay fraudes, que se persigan, evidentemente, pero
sin castigar a la mayoría por
los errores de unos pocos. Ya existen mecanismos de control: la Seguridad Social puede verificar documentos, la Inspección de Trabajo puede sancionar, los tribunales pueden actuar... No necesitamos nuevas trabas, necesitamos aplicar bien
lo que ya está previsto aplicar.
No debemos olvidar, además, que el permiso de paternidad nació para facilitar la vida de las familias. No es un privilegio, es un derecho, un derecho que busca igualdad entre hombres y mujeres, conciliación familiar y, sobre todo,
protección de las y los hijos. Creo que tenemos que defender un permiso de paternidad real, accesible y efectivo para todas las familias y, como hemos dicho antes, no podemos construir o reformar un sistema de protección social a base de sospechas
o casos aislados.
Iruzurrak badaude, jazarri edo esetsi daitezela, baina gehiengoa gutxi batzuen akatsetatik zigortu barik. Ez dugu traba berririk behar, aurreikusita dagoena ondo aplikatzea baizik. Ez dugu ahaztu behar aitatasun baimena familien bizitza
errazteko sortu zela. Ez da pribilegio bat, eskubide bat baizik. Eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, familia kontziliazioa eta, batez ere, seme-alaben babesa bilatzen dituen eskubidea. Gurasotasun baimen erreala, eskuragarria eta
eraginkorra defenda dezagun familia guztientzat. Ezin dugu susmoetan oinarritutako babes sozialeko sistema bat eraiki edo berriztu. Iniziatiba honen kontra bozkatuko dugu.
Eskerrik asko.
Si hay fraudes, habrá que perseguirlos, pero no podemos castigar a todos por los fallos de unos pocos. No necesitamos más trabas, sino aplicar lo que ya existe. No podemos olvidar que este permiso no es un privilegio, sino un derecho para
facilitar la vida, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación familiar y la protección de hijos e hijas. Es un permiso que debe ser efectivo y real. No podemos basarnos en sospechas para crear un sistema social. Votaremos en
contra.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Jaun-andreok, arratsalde on.
Señor Gavin, señorías de Junts, como ustedes mismos indican en la exposición de motivos de su PNL, el permiso de paternidad es un derecho, un derecho -añadimos- igual para todos los trabajadores, sean de donde sean y vengan de donde vengan;
un derecho cuya solicitud, según ustedes, ha generado preocupación por posibles fraudes, pero lo curioso es que esos posibles fraudes casualmente los vinculan principalmente a permisos solicitados por trabajadores migrantes. No han aportado ni un
solo dato ni una sola evidencia de esos posibles fraudes, pero ya de entrada acusan a los trabajadores migrantes de cometerlos. Mediante su proposición no de ley, además, están señalando y estigmatizando precisamente a los sectores del trabajo más
desfavorecidos, aquellos migrantes que trabajan en la agricultura y en la construcción, en los trabajos más duros, en aquellos trabajos que no quieren hacer los locales. A esos trabajadores es a quienes están vinculando con fraude; a esos
trabajadores que ya tienen de por sí sus derechos laborales y sociales bastante mermados quieren restringírselos más aún. Mediante esta PNL quieren restringirles un derecho que, como a cualquier trabajador, les corresponde, y se lo quieren
restringir simplemente por su origen.
Si fuera cierto que por parte de las administraciones se ha detectado algún fraude de cualquier tipo y cometido por cualquier persona, evidentemente, vemos normal -es más, necesario- que se mejoren los sistemas internos para evitarlo y, en
su caso, sancionar esos fraudes por vía reglamentaria, que les recuerdo que ya existe. Lo que no vemos normal es traer al Congreso una proposición no de ley que señala al sector migrante y que pretende poner condiciones adicionales específicas a
una parte de los trabajadores por su origen. Nos parece simplemente una barbaridad, además de muy peligroso, porque dejan caer que el colectivo migrante trae el fraude de serie y que, por lo tanto, se necesitan legislaciones ad hoc para
controlarlo. Todo esto, por supuesto, redunda en el clima, muy preocupante ya, de aumento de la xenofobia y el racismo, ese clima que la derecha extrema y la extrema derecha se ocupan de elevar de temperatura día sí y día también. No compremos sus
marcos, señorías.
Horregatik, Euskal Herria Bilduk legez bestekoaren aurka bozkatuko du, migratzaileen kolektiboa estigmatizatua eta euren eskubideak are gehiago murriztea duelako helburu. Eta kolektibo horren barruan, hain zuzen ere, lan egoera zailena eta
prekarioena pairatzen dutenei, lanik gogorrenak egiten dituztenei. Legediak bereziki babestu beharko lituzkeen horiei. Eta horretarako, gainera, hemen aipatu den moduan, ezinezkoa den ginkana administratibo bat proposatzen da. Iruzurra saihesteko
baino, aitatasun baimenak
eskatzea eragozteko pentsatua dirudiena. Izan ere, bide hori guztia, administrazio kudeaketa hori guztia, ia ezinezkoa da. Are gehiago, administrazioa bere arintasunagatik, gardentasunagatik eta erraztasunagatik nabarmentzen ez den
herrialdeetan. Iruzurraren aurkako prebentzioan prebentzioa handitzea? Noski, bai, ados. Biztanleriaren sektore bat bere jatorriagatik seinalatzea, eta gainera, bere eskubideak egikaritzea eragozteko, mota guztietako traba administratiboak
jartzea? Ez, ezta inolaz ere.
Besterik ez. Milesker.
Por ello, Euskal Herria Bildu votará en contra de esta PNL, cuyo objetivo es estigmatizar al colectivo de personas migrantes y restringir aún más sus derechos, y dentro de este colectivo precisamente a quienes tienen una situación laboral
más difícil y precaria, a quienes realizan los trabajos más duros, a aquellas personas a las que la legislación debería proteger especialmente, y para ello además, como ya mencionábamos, se propone una gincana administrativa imposible, que parece
que está pensada no para evitar el fraude, sino para impedir la petición de permisos de paternidad, y es que toda esa vía, toda esa gestión administrativa es casi imposible, máxime en países donde la Administración no destaca por su agilidad,
transparencia y facilidades.
¿Aumentar la prevención contra el fraude? Claro que sí, estamos de acuerdo. ¿Señalar a un sector de la población por su origen y además ponerle todo tipo de trabas administrativas para impedir el ejercicio de sus derechos? No, de ninguna
manera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, president. Gràcies.
M'adreço avui a aquesta cambra per denunciar una de les iniciatives més xenòfobes i més racistes i més vergonyoses que he sentit en aquest hemicicle i he sentit unes quantes. He sentit unes quantes. La proposició no de llei de Junts sobre
permisos de paternitat és una mentida, des de la primera línia fins a la última. És una manera de criminalitzar els treballadors migrants. Però no només això. És un atac frontal a qualsevol legislació democràtica, als drets humans i a la cohesió
social del nostre país, Catalunya, i de l'Estat espanyol. I avui vinc aquí a desemmascarar-los completament, amb fets, amb dades i amb arguments que la destrueixen punt per punt. I ara ho veuran i ara ho veuran.
La gran mentida de les dades. Comencem pels fets que Junts amaga. Afirmen literalment que hi ha un problema massiu -massiu, repeteixo, massiu- de frau. És fals, és fals, no és massiu i vostès ho saben, però menteixen. Les dades oficials
del Ministeri d'Inclusió són clares. Al 2025, senyor Gavin, només hi ha hagut vint-i-dos casos sancionats a tota Catalunya vint-i-dos casos, vint-i-dos casos. A l'Estat espanyol, 470 000 prestacions tramitades a escala estatal. Sap quant és això?
Això és un 0,000046 % del total. És un problema massiu? És un problema massiu? Per favor. I atenció! I aquí ve l'altra dada dels vint-i-dos casos que hi han, nou són espanyols, nou són espanyols i tretze son estrangers. Per cert, la poligàmia
està prohibida en aquest país i la Seguretat Social no dona a ningú cap permís per poligàmia. Il·lustri's una mica. Il·lustri's una mica i no menteixi.
Seguim. L'objectiu real no és el frau, no és el frau, no és combatre el frau, sinó demanar més inspeccions de treball i més controls. No, no, no, no, no. No és criminalitzar els immigrants. Aquesta PNL no neix d'una anàlisi seriosa de
les dades. Neix de les queixes d'un grup d'empresaris agrícoles de Lleida. És cert, per què només de Lleida? Per què cap altra província? Per què cap altra més comunitat? Curiós, no? I encara hi ha una dada més: A la construcció, a la
construcció el 10,6 % dels treballadors són estrangers. No hi ha cap petició, cap problema que han vist en aquest sector. Curiós, no? Seguim. Seguim. Ni a l'hosteleria, on hi ha el 19,1 %, tampoc hi ha problemes amb la paternitat. Curiós, no?
Curiós, no?, senyor Gavin. Curiós, no? Ni els serveis ni la indústria han posat cap problema. Curiós, no?, senyor Gavin. Curiós, no?, curiós. Però per què ara Junts la porta? Perquè necessita competir amb Aliança Catalana, amb l'extrema
dreta catalana. I això ho saben que és veritat, que tenen por a les estadístiques que els estan passant. Els hi passa el mateix que a aquests, exactament igual i porten els mateixos discurs i avui votaran una vegada més amb PP i amb VOX. I a mi
em cauria la cara de vergonya. Això és un mal per al país des d'aquest punt de vista. Això frena.
Senyores i senyors de Junts, el control ja existeix. El control ja existeix. Quan un fill neix fora de l'Estat, la Seguretat Social, que no acostuma a regalar els calés, ja verifica la documentació, segons si hi ha
conveni bilateral, segons el reglament europeu o amb la legislació consular. I això ho hauria de saber. Tot això ja existeix. La proposta de Junts és innecessària i no només serveix per posar obstacles als estrangers -només als
estrangers, curiosament- encara que hi hagi molta gent que pot fer frau, però ells, els estrangers, encara que compleixi la llei. Jurídicament aquesta proposta és mesquina. La discriminació per nacionalitat sí que és il·legal i profundament
racista; la discriminació per nacionalitat, que és el que vostès busquen.
Un partit mínimament centrat proposaria promoure la igualtat real sempre, sempre, sempre i entre tothom. Això sí que buscaria un partit centrat. El tribunal europeu sentencien. Li diré una frase, a veure si li sona: No hi pot haver una
norma que estableixi diferències de tracte en prestacions socials, com vostès demanen, tribunals europeus. Em cauria la cara de vergonya. Tribunals europeus.
Segueixo. Conveni 111 de l'OIT, tampoc el coneix, aquest? Directiva europea 2011/98. Tampoc la coneix, aquesta? Directiva 224/1499. Tampoc la coneix, aquesta? Tampoc la coneix? La proposta de Junts vulnera tot això i més. És
discriminació pura i dura. I mentrestant, què fan aquests treballadors que Junts vol criminalitzar? Doncs resulta que sense ells no hi hauria campanyes de la fruita, no hi hauria agricultura intensiva i no hi hauria economia rural. I si una
explotació agrària necessita explotar la gent potser que canviï de negoci, perquè en aquest país hi ha drets socials. I en aquest país hi ha permisos de paternitat. No és un país d'aquests que vostès els agradaria que això tornés a ser. No, no ho
és.
Com deia abans, vostès criminalitzen els treballadors. Volen crear un precedent legal de discriminació. I des d'Esquerra Republicana, però també des de qualsevol posició democràtica, la resposta ha de ser clara: No al neoracisme. No
permetrem que es discrimini cap treballador pel seu origen. No acceptarem ciutadans de primera i ciutadans de segona. No tolerarem que la xenofòbia es converteixi en la política per cap nació i menys en la meva. Els drets laborals han de ser
universals. La paternitat és un dret humà fonamental i cap càlcul electoral pot estar per damunt de la dignitat humana. Racisme fora! No passaran!
Gràcies.
Buenas tardes, presidente. Gracias.
Me dirijo hoy a esta Cámara para denunciar una de las iniciativas más xenófobas, más racistas y más vergonzosas que he oído en este hemiciclo, y he oído unas cuantas. La proposición no de ley de Junts sobre permisos de paternidad es una
mentira de la primera a la última línea, es un modo de criminalizar a los trabajadores migrantes, pero no solo eso, es un ataque frontal a cualquier legislación democrática, a los derechos humanos y la cohesión social de nuestro país, Cataluña, y
del Estado español. Hoy vengo aquí a desenmascararles totalmente con hechos, con datos y argumentos que la destruyen punto a punto. Lo van a ver.
La gran mentira de los datos. Empecemos por los hechos que esconde Junts. Afirman literalmente que hay un problema masivo- masivo, repito- de fraude Es falso, falso, no es masivo y lo saben, pero mienten. Los datos oficiales del
Ministerio de Inclusión son claros: en 2025, señor Gavin, solo ha habido veintidós casos sancionados en toda Cataluña, veintidós casos, veintidós casos. En el Estado español, 470 000 prestaciones tramitadas a escala estatal. ¿Saben cuánto es eso?
Un 0,00046 % del total. ¿Es un problema masivo? ¡Por favor! Y atención, y aquí viene el otro dato: de los veintidós casos que hay, nueve son españoles y trece extranjeros. Por cierto, la poligamia está prohibida en este país y la Seguridad
Social no le da a nadie ningún permiso por poligamia. Ilústrese un poco, ilústrese un poco, no mienta. Seguimos.
El objetivo real no es el fraude, no es luchar contra el fraude, si no, pedirían más inspecciones de trabajo y otras cosas; no, quieren criminalizar a los inmigrantes. Esta PNL no nace de un análisis serio de los datos, nace de las quejas
de un grupo de empresarios agrícolas de Lleida. ¿Por qué solo de Lleida? Esto es cierto, pero ¿por qué solo Lleida y no otra provincia u otra comunidad? ¡Qué curioso! Un dato más. En la construcción el 10,6 % de los trabajadores son extranjeros.
No hay ni una petición ni un problema en este sector. ¡Qué curioso! Ni tampoco en la hostelería, donde el 19,1 % son extranjeros, hay ningún problema con la paternidad. ¡Qué curioso, señor Gavin! Ni en los servicios ni en la industria plantean
ningún problema. ¡Qué curioso! Es muy curioso. ¿Y por qué lo trae aquí Junts? Porque necesita competir con Alianza Catalana, con la extrema derecha catalana. Y esto lo saben, es verdad, tienen miedo a las estadísticas. Les está sucediendo; lo
mismo que a estos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), les pasa lo mismo, traen el mismo discurso. Y hoy volverán a votar con PP y VOX. ¡Se me caería la cara de vergüenza! Esto daña al país desde todos los puntos
de vista.
Señoras y señores de Junts, el control ya existe. Cuando un hijo nace fuera del Estado, la Seguridad Social, que por lo general no regala dinero, verifica la documentación, según si hay convenio bilateral, el reglamento europeo o con la
legislación consular. Esto deberían saberlo, todo esto ya existe. La propuesta de Junts es innecesaria. Y no solo sirve para poner trabas a los extranjeros -solo a los extranjeros, qué curioso, aunque haya mucha gente que pueda defraudar, pero
solo a los extranjeros, aunque cumplan con la ley-: jurídicamente, esta propuesta es mezquina. La discriminación por nacionalidad sí es ilegal y profundamente racista; la discriminación por nacionalidad, que es lo que buscan ustedes.
Un partido mínimamente centrado propondría promover la igualdad real siempre, siempre y para todo el mundo. Eso es lo que buscaría un partido centrado. Los tribunales europeos sentencian -le digo una frase, a ver si le suena-: No puede
haber una norma que establezca diferencias de trato en prestaciones sociales, como ustedes piden. ¡Tribunales europeos! ¡Se me caería la cara de vergüenza!
El Convenio 111 de la OIT. ¿No lo conoce tampoco? Directiva europea 2011, párrafo 98, ¿tampoco la conoce? La 224, párrafo 1499, ¿tampoco la conoce? La propuesta de Junts vulnera todo esto y más. Es discriminación pura y dura. Y,
mientras tanto, ¿qué hacen los trabajadores que quiere criminalizar Junts? Trabajan, y sin ellos no habría campañas de la fruta ni agricultura intensiva ni economía rural. Y si alguna explotación agraria necesita explotar a la gente, a lo mejor
debería cambiar de negocio, porque en este país hay derechos sociales y en este país hay permisos de paternidad. No es un país de esos como los que ustedes querrían que volviéramos a ser, no lo es.
Como he dicho antes, ustedes criminalizan a los trabajadores y quieren crear un precedente legal de discriminación, pero desde Esquerra Republicana y desde cualquier postura democrática la respuesta debe ser clara: no al neorracismo. No
permitiremos que se discrimine a ningún trabajador por su origen. No haremos ciudadanos de primera y de segunda. No toleraremos que la xenofobia se convierta en la política en ninguna nación, y menos en la mía. Los derechos laborales deben ser
universales. La paternidad es un derecho humano fundamental y ningún cálculo electoral puede estar por encima de la dignidad humana. ¡El racismo fuera! ¡No pasarán! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada Danés.
La señora BOADA DANÉS: Gràcies, presidenta.
La setmana passada aquesta cambra aprovava per quasi unanimitat, només amb l'abstenció de VOX, ampliar els permisos de naixement i de cures. Suposava situar-nos a l'avantguarda de la Unió Europea -i del món- en concedir uns drets socials i
laborals que ens permeten cuidar més i millor de les nostres criatures, construir una societat més corresponsable i feminista i, en definitiva, augmentar la qualitat de vida de la gent treballadora.
Doncs bé, avui Junts, que ha dedicat un minut i mig a presentar la seva proposició no de llei, fa tot el contrari: Retallar drets als treballadors, això sí, als treballadors migrants. Proposa endurir els requisits per accedir a la
prestació per paternitat, al·legant que en els últims anys s'ha detectat un increment significatiu en les sol·licituds de prestació per paternitat presentades per treballadors migrants, especialment en sectors com l'agricultura i la construcció.
Mencionen possibles fraus, però senyories, cap dada, cap informe, cap prova, només insinuacions i sospites.
La legislació vigent ja és clara. L'article 30.2 del Reial decret 295/2009 recull que, si el fill ha nascut a l'estranger, s'haurà d'aportar el certificat de naixement validat pel consolat corresponent. Endurir les condicions aportant el
certificat d'arribada del país on ha nascut el fill o la filla i aportant també un certificat d'estància suposaria un tracte discriminatori en els supòsits en què el naixement es produís a l'estranger, a l'exigir-se una acreditació addicional en
funció del lloc de naixement del menor. En l'exposició de motius de la PNL, Junts recull que el permís de paternitat és un dret que té com a finalitat facilitar la cura afectiva efectiva dels fills i filles i està vinculat a la corresponsabilitat
familiar i que, per evitar una correcta aplicació d'aquest dret que puguin generar disfuncions productives, és necessari incrementar els controls documentals. Però per als treballadors estrangers, només. Per als treballadors autòctons, què
proposen? Que fitxin, quantes hores són a casa cuidant de manera efectiva dels seus fills i filles? Quantes hores són a casa cuidant de la mare?
La semana pasada esta Cámara aprobaba casi por unanimidad, solo con la abstención de VOX, ampliar los permisos de nacimiento y de cuidados. Suponía situarnos en la vanguardia de la Unión Europea y del mundo al conceder derechos sociales y
laborales que nos permiten cuidar más y mejor de
nuestros hijos, construir una sociedad más corresponsable y feminista y, en definitiva, aumentar la calidad de vida de la gente trabajadora.
Pues bien, hoy Junts, que ha dedicado un minuto y medio a la presentación de su proposición no de ley, hace todo lo contrario, recortar derechos a los trabajadores; eso sí, a los trabajadores migrantes. Propone endurecer los requisitos
para acceder a la prestación por paternidad, alegando que en los últimos años se ha detectado un incremento significativo en las solicitudes de prestación por paternidad presentadas por trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la
agricultura y la construcción. Mencionan posibles fraudes, pero, señorías, ni datos ni informes ni pruebas, solo insinuaciones y sospechas.
La legislación vigente ya es clara. El artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009 recoge que si el hijo ha nacido en el extranjero habrá que aportar el certificado de nacimiento, validado por el consulado correspondiente. Endurecer las
condiciones aportando el certificado de llegada del hijo o de la hija y aportando un certificado de estancia supondría un trato discriminatorio en los supuestos en que el nacimiento tuviera lugar en el extranjero, ya que se exige una acreditación
adicional en función del lugar de nacimiento del menor. En la exposición de motivos de la PNL, Junts recoge que el permiso de paternidad es un derecho que tiene como finalidad facilitar los cuidados eficaces de hijos e hijas y está vinculado a la
corresponsabilidad familiar y, para evitar una incorrecta aplicación de este derecho que pueda generar disfunciones productivas, hace falta incrementar los controles documentales, pero para los trabajadores extranjeros solo. Para los autóctonos,
¿qué proponen? ¿Que fichen cuántas horas están en casa cuidando de forma efectiva de hijos e hijas, cuántas horas pasan en casa cuidando de su madre?
Señorías de Junts, no nos engañen. Esto no va de ejercer derechos con corresponsabilidad y de promover la igualdad efectiva, sino de que los 'paletas', los temporeros migrantes tengan más difícil acceder a unas prestaciones y servicios de
la Seguridad Social, aunque, igual que el resto de los trabajadores de este país, paguen sus impuestos y cotizaciones y cumplan con sus derechos y deberes. (Aplausos).
Con relación al fraude que mencionan, es difícil abordarlo porque no aportan ningún tipo de dato. Sí los aporta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que informa de que en Cataluña se ha sancionado a veintidós personas
por simular una relación laboral para acceder a la prestación por nacimiento o por incrementar las bases de cotización para recibir una prestación superior, casos en los que precisamente tiene que haber una total connivencia por parte de la empresa.
Ante estas situaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hace su trabajo para prevenir y sancionar posibles supuestos de fraude, y seguramente harían muchas más inspecciones si fueran informados de los otros tipos de fraude que
ustedes han insinuado hoy en esta presentación. Combatir el fraude laboral se hace con más inspecciones en un sector altamente precarizado, como son el agrícola y el de la construcción. No hace falta introducir más requisitos, que supondrían un
endurecimiento en el acceso a la prestación del permiso por nacimiento solo para algunos trabajadores, los migrantes.
Vostès, senyories de Junts, no plantegen la transformació de la legislació de què ens hem dotat, la qual en l'actualitat no exigeix acreditar la cura per part del progenitor no gestant del fill o la filla acabada de néixer. Vostès el que
plantegen -diguem-ho clar- és endurir només per a determinats treballadors l'accés a un dret. Vostès no vetllen, com diuen a la PNL, ni per evitar usos fraudulents, ni per promoure la igualtat efectiva ni per a la productivitat. Vostès vetllen per
comprar el discurs de l'extrema dreta catalana, tan racista i xenòfoba com l'espanyola i que tan bé coneixem en aquesta cambra. I des d'aquest grup, des d'aquest grup plurinacional SUMAR els diem ben clar: A l'extrema dreta no se l'imita, se la
combat. Deixin de mirar enquestes, deixin de mirar enquestes i mirin cap a un país, Catalunya, també Espanya, que és rica en diversitat. Avui l'oportunitat del que tenen és no baixar del carro d'aquesta majoria progressista que treballa perquè la
gent visqui millor, enfortint la cohesió social i la igualtat efectiva entre tota la ciutadania. Tornin a la centralitat. I deixin d'imitar les propostes de l'extrema dreta, catalana i espanyola, perquè ens hi juguem moltíssim.
Moltes gràcies.
Ustedes, señorías de Junts, no plantean la transformación de la legislación de la que nos hemos dotado, que en la actualidad no exige acreditar los cuidados por parte del progenitor no gestante del hijo o la hija que acaba de nacer. Lo que
plantean ustedes -digámoslo claro- es endurecer solo para algunos trabajadores el acceso a un derecho. Ustedes no velan, como dicen en la PNL, por evitar usos fraudulentos ni promover la igualdad efectiva ni la productividad; ustedes velan por
comprar el discurso de la extrema derecha catalana, tan racista y xenófoba como la española y que tan bien conocemos en esta
Cámara. (Aplausos). Y desde este grupo, desde este Grupo Plurinacional SUMAR, se lo decimos alto y claro: A la extrema derecha no se la imita, se la combate. (Aplausos). Dejen de mirar las encuestas y miren un país, Cataluña -y también
España-, que es rico en diversidad. Hoy la oportunidad que tienen es la de no bajarse del carro de esta mayoría progresista, que trabaja para que la gente viva mejor, fortaleciendo la cohesión social y la igualdad efectiva entre toda la ciudadanía.
Vuelvan a la centralidad y dejen de imitar las propuestas de la extrema derecha catalana y española, porque hay mucho en juego.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Boada.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidente.
Ante la sangría de apoyos que van perdiendo por la emergencia de VOX y otras fuerzas que denuncian la inmigración incontrolada y la islamización en Cataluña, Junts nos trae hoy un texto para denunciar un fraude en las prestaciones de la
Seguridad Social a través de permisos de paternidad de hijos tenidos fuera de España. El asunto es importante; residual, como ha dicho el señor Salvador, pero importante. Es un síntoma el asunto. No hablamos de un caso aislado, sino de una
muestra de cómo redes han utilizado resquicios legales para engañar al sistema, defraudar a la Seguridad Social y perjudicar a los españoles que sí cumplen.
No discutimos aquí el derecho a la paternidad, sino el fraude al mismo cometido por parte de la inmigración. Por eso es positivo que, aunque tarde, Junts se preocupe ahora de este problema, y, en especial, el señor Gavin, que tan
abandonados tiene a los pequeños empresarios ilerdenses, lleidatans, que le ven como una extensión del Partido Socialista de Cataluña. (Aplausos). Pero conviene recordar de dónde venimos, quienes alimentaron estas vías de fraude. No fueron otros
que los del paraíso convergente del 3 % del señor Pujol, que se sirvieron de tanta buena gente, de gente de buena fe, cuyos herederos, aquí Junts, presentan esta proposición. Durante años abrieron las puertas a una inmigración incontrolada y la
convirtieron en negocio político. La Generalitat convergente abrió una oficina en Casablanca, con Àngel Colom al frente, para reclutar inmigración. Después impulsaron la Fundació Nous Catalans, Fundación Nuevos Catalanes, dedicada a cortejar a
recién llegados con mezquitas y asociaciones musulmanas. ¿Lo recuerdan? Se trataba de moldear a nuevos catalanes para su proyecto nacionalista, despreciando a quienes compartían con nosotros lengua, cultura, religión e historia al otro lado del
Atlántico. Hoy el resultado está a la vista, más del 18 % de la población de Cataluña es extranjera; solo marroquíes, 250 000. Y conviene recordar que en el propio Código Penal marroquí se castiga el proselitismo cristiano cuando intenta -se
dice- socavar la fe de un musulmán; vamos, que se pena a quien pretenda la conversión de un marroquí al cristianismo. (Aplausos). Pero el paraíso convergente prefirió importar mano de obra barata para sostener su modelo político. Cataluña ha
sido un laboratorio de ingeniería demográfica que ha debilitado la cohesión social, y a la vista está.
Y lo más cínico es que, mientras presentan un texto sobre fraude de prestaciones, también han defendido una proposición de ley para reclamar competencias en inmigración; claro, con el Partido Socialista, sus socios, amigos y coautores de
todo lo que está sucediendo en España. Pues, a ver si se aclaran, señores de Junts. ¿Quieren hacer de la Generalitat una oficina de entrada y regularización, como ya hicieron? ¿Abrir, repartir papeles y convertir a esas personas en clientela
electoral y mano de obra barata? Junts pretende ahora vestirse de partido responsable, pero su trayectoria es la de quienes hablan de moral mientras vacían las arcas públicas (aplausos), con la complicidad de un bipartidismo que pactó y calló.
La realidad es que el debate que VOX trajo a esta Cámara a través de Santiago Abascal en 2019 fue sobre una inmigración ya fuera ilegal, irregular, delictiva o fraudulenta, como de la que estamos hablando ahora, y todo ello en el marco de
una inmigración descontrolada, que supone un peligro para nuestra cohesión, nuestra seguridad y nuestra identidad, con una islamización creciente. (Aplausos). A nosotros nos preocupan los españoles, los catalanes que cumplen, los agricultores que
sostienen campañas enteras y ven cómo un fraude puede costarles 7000 euros. Nos preocupan los pequeños empresarios, que no pueden cargar con esa losa.
En un asunto más limitado, como este, no caben medias tintas. Junts trae un texto que, aunque tímido, apunta en la dirección que VOX lleva años señalando. Nos parece bien que todos se acerquen a las posiciones de VOX en un tema capital
como la inmigración, porque esa es la diferencia. Nosotros lo dijimos siempre, y ahora hasta ustedes, señores de Junts, empiezan a reconocer que teníamos razón, aunque la copia llega tarde, y lo saben. (Aplausos). A los de su especie ya los
señaló el diablo Cojuelo
cuando describía al que predica virtud mientras vive de la trampa, o ese gran Quevedo, en La vida del Buscón, cuando don Pablos exclamaba: 'Fui ruin porque me hicieron ruin y tuve escuela de maestros'. Maestros de la trampa hemos tenido en
la política catalana, y es que ustedes, a diferencia de la mayoría de los catalanes, no son de fiar. Son populistas de salón, y los catalanes ya se han cansado de usted, y esto lo van a tener en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Castilla Álvarez.
La señora CASTILLA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Muy buenas tardes, señorías.
Señorías de VOX, repitan conmigo: Señora presidenta. ¡No les va a pasar nada por llamar a la presidenta como es debido! (Aplausos). Uno escucha el discurso de los señores de VOX, y no sorprenden nunca. No duden ustedes de que la historia
los pondrá en su sitio, y les aseguro que ese sitio no será bueno.
De todas formas, señor Gavin, venimos a intervenir hoy para manifestar nuestra posición contraria a la proposición no de ley presentada por su grupo, ya que no compartimos hacer esas distinciones en cuanto al acceso a las prestaciones por
nacimiento y cuidado del menor por el hecho de que el hijo nazca en el extranjero; no compartimos para nada las argumentaciones que usted ha dado desde la tribuna.
Desde este grupo parlamentario queremos empezar subrayando que la prestación por nacimiento y cuidado del menor es un derecho reconocido en la Seguridad Social a todas las personas trabajadoras, independientemente de sus circunstancias.
Además, para mayor abundamiento, en nuestra legislación existen varias normas en las que así se recoge. Por tanto, la modificación que contempla su proposición no de ley implicaría la incorporación de un nuevo requisito, que, como le digo,
conculcaría el principio de igualdad, porque habría diferencia entre los trabajadores cuyos hijos nacen en territorio español y los que nacen en el extranjero.
Entendemos y compartimos la necesidad de garantizar el uso correcto de los recursos públicos, no puede ser de otra manera. La lucha contra el fraude es una obligación de todos, pero esto no puede traducirse en la creación de requisitos
desproporcionados ni en el señalamiento generalizado de un colectivo determinado, como si su origen fuera un indicio de irregularidad. Escuchen esto bien: No hay lugar en un Estado de derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a los
derechos sociales. (Aplausos). Y la normativa actual ya lo recoge en su artículo 30. Además, ¡ojo al dato!, si esta iniciativa prosperara en el marco de ley, se podría producir una colisión y faltaría seguridad jurídica, porque el nuevo artículo
que ustedes proponen colisionaría con otro que ya está en la norma. ¿Les suena el concepto de antinomia jurídica? Pues ese concepto se daría.
Y, como ya dijo la ministra -no voy a dar los datos, porque quienes me han precedido ya los han dado-, no cabe hablar de incumplimiento generalizado de la normativa vigente y pretender cambiar la norma por temas anecdóticos, ya que veintidós
casos, créanme, es un número totalmente anecdótico y mirar a estas personas migrantes que cotizan y que con su trabajo sostienen los servicios públicos me parece que no es lo adecuado, y se lo digo desde un respeto absoluto.
Por otra parte, para verdaderos fraudes, hablemos de los que se están cometiendo es las comunidades gobernadas por el Partido Popular; sí, y el más evidente lo tenemos en mi tierra, Andalucía, con una sanidad destrozada por el Partido
Popular. (Rumores y risas). A mí no me daría risa, la verdad; si yo fuera una de las personas que está esperando una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica, la verdad que no me reiría como ustedes se están riendo.
(Aplausos). La semana pasada desde esta tribuna se vertieron mentiras, con desprecio temerario a la verdad, diciendo que la sanidad estaba peor en la época socialista que ahora con Moreno Bonilla. Parece que ustedes viven una realidad totalmente
paralela.
Y también es una falta de respeto a la ILP impulsada por la Coordinadora Andaluza Mareas Blancas, que se ha validado hoy con la firma de cerca de 58 000 andaluces y andaluzas. (Aplausos). O su idea de que va bien la sanidad a pesar de la
situación de los médicos de urgencias del Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar, donde once de los dieciséis médicos están de baja por jornadas de más de cuarenta y ocho horas. ¡Y la semana pasada hablábamos de salud mental! (Rumores). ¡Menos más
que no los escucho! La verdad es que no me interesa lo que están diciendo.
¿Y qué me dicen del hospital militar de Sevilla, inaugurado dos veces con una UCI cerrada? ¿Y usted nos pregunta qué ha hecho el Gobierno de España en estos siete años? Aprobar normas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de
este país. (Aplausos). ¿Que dónde está el dinero de las comunidades autónomas, y, en concreto, de Andalucía? Se lo digo yo: 54 000 millones de euros más ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez a Moreno Bonilla. ¿Y sabe lo que han hecho ustedes en
mi tierra? Uno de cada cuatro euros lo han gastado en cosas que no son servicios públicos. Eso sí, se han acordado de la sanidad para dar 1500 millones de euros a compañías privadas.
Y lo que no vamos a consentir es que digan que en la época de María Jesús Montero -ya para terminar, señora presidenta- se redujo el número de profesionales. ¿Saben ustedes lo que se produjo entre 2010 y 2014? La tasa de reposición de
Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular (aplausos), por la que se perdieron 27 800 profesionales de la sanidad en toda España.
Dicen que el señor Moreno Bonilla ha aumentado el número de profesionales. No sé si serán virtuales, porque en estos últimos tiempos... (Rumores). Veo que no les gusta escuchar estos datos. Pues han despedido nada más y nada menos que a
18 000 profesionales de la sanidad. Ustedes ostentan el dudoso honor de poner de acuerdo a los sindicatos del sector y la sociedad civil en manifestaciones multitudinarias. Les recomiendo que asuman la quita de la deuda y que la inviertan en
servicios públicos, porque les irá mejor a los ciudadanos de Andalucía, aunque me parece que ustedes no lo van a hacer.
Para terminar, les vamos a decir algo alto y claro: Más pronto que tarde habrá un gobierno socialista en la Junta de Andalucía (aplausos), y esta pesadilla de los años de Gobierno del PP será una anécdota a olvidar para los andaluces y las
andaluzas.
Muchas gracias. Pueden seguir riéndose si quieren. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Parra Gallego.
El señor PARRA GALLEGO: Gracias.
Buenas tardes, señorías.
Intervengo hoy para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la proposición no de ley presentada por Junts per Catalunya, que propone modificar el artículo 30.2 del Real Decreto 295/2009, relativo a la solicitud de la
prestación por paternidad. Desde el Partido Popular compartimos la preocupación por el uso indebido de las prestaciones sociales. Defender la sostenibilidad del sistema, garantizar la legalidad y proteger a quienes ejercen sus derechos con
responsabilidad son principios que también nos definen, y, en este sentido, reconocemos que el fondo de esta iniciativa apunta a una cuestión real que merece la atención de todos nosotros, el fraude, porque, señorías, lo que se expone en la parte
expositiva de esta proposición no de ley es precisamente un fraude, un fraude que existe, que se ha detectado y que requiere una respuesta seria.
No estamos ante una hipótesis ni ante una sospecha infundada, estamos ante una realidad que el propio texto que presentan reconoce, y, como tal, merece ser abordada con rigor, no con estigmas ni soluciones improvisadas. Ahora bien, también
debemos señalar las debilidades de esta propuesta. En la exposición de motivos vinculan el incremento de las solicitudes de prestación por paternidad con trabajadores migrantes en sectores concretos. Señorías, sinceramente, creo que este enfoque
corre el riesgo de estigmatizar a colectivos vulnerables e introducir un sesgo que no podemos respaldar. La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni prejuicios (aplausos), y es nuestra obligación poner las medidas adecuadas para
que no se produzca, sin criminalizar a quien cumple la ley.
Esta iniciativa intenta corregir con sanciones lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido abordar con gestión. La falta de controles internos, la ausencia de coordinación entre Administraciones y la dejadez en la supervisión de las
prestaciones han permitido hasta ahora que se acumulen irregularidades sin respuesta. Y ahora, en lugar de asumir ustedes responsabilidades, pretenden trasladar estas culpas. Y tampoco podemos ignorar la realidad operativa de nuestras embajadas y
consulados. Pretender que actúen como oficinas de verificación documental, con plazos estrictos y funciones que exceden sus competencias, sencillamente es inviable. No hay dotación, no hay personal, no hay presupuesto, no hay garantías que puedan
cumplir con lo que aquí se exige.
Por eso, desde el Grupo Popular instamos al Gobierno a que presente un informe riguroso sobre el fraude en las prestaciones de paternidad, un informe que reconozca lo que esta proposición no de ley ya admite, que hay fraude; que lo
cuantifique, que lo segmente por provincias, que identifique si se origina en
España o fuera de nuestras fronteras, que explique con claridad qué medidas se han tomado para prevenirlo y, sobre todo, cómo lo vamos a evitar en el futuro.
No sabemos si las medidas que ustedes proponen son las más adecuadas o si habrá que implementarlas con otras más eficaces, pero lo que sí sabemos, señorías, es que nuestra actuación como legisladores debe ser rápida, rigurosa y útil. La
lucha contra el fraude exige determinación, y con la situación económica que atraviesa nuestro país no podemos permitirnos ni jugar ni improvisar. Cada euro mal gestionado es un euro que se niega a quien lo necesita de verdad, y no quiero acordarme
aquí de la tan traída ELA. (Aplausos).
Mientras tanto, vemos que el Partido Socialista sigue acumulando episodios preocupantes, y la portavoz socialista nos habla de normas. Señorías, la forma de actuar del Gobierno la vemos con cada escándalo. El último, el de las pulseras
antimaltrato. Ustedes lo sabían. Primero miraron hacia un lado y luego trataron de taparlo, incrementando el peligro que corrían las víctimas. No repitan la historia con estas prestaciones por paternidad. (Aplausos).
Desde el Partido Popular les estamos advirtiendo de lo que va a pasar, quedan avisados. Les ruego que no sigan haciendo el ridículo ni jugando con las personas. Todavía están a tiempo de hacer lo correcto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Parra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR REGO CANDAMIL), RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS DE LA SAREB A GALICIA PARA SU GESTIÓN. (Número de expediente 162/000145).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la Sareb a Galicia para su gestión.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas. Obrigado, señora presidenta.
Moi boa tarde.
A crise da habitación, o problema da vivenda é, sen dúbida, un dos problemas sociais máis graves cos que nos enfrontamos hoxe en día, cos que se enfrontan especialmente sectores sociais con menos ingresos, particularmente a mocidade, que
acha grandes dificultades para iniciar un proxecto de vida independente como consecuencia dunha escalada de prezos que parece imparábel e que non encontra unha resposta adecuada por parte de quen debería tela, que son precisamente as administracións
públicas, a administración do Estado e as administracións que teñen a competencia directa en materia de vivenda, as administracións autonómicas.
Por iso, o BNG trae hoxe aquí unha proposta que pode contribuír. Evidentemente, non vai solucionar todo o problema, pero pode contribuír a solucionalo e evidentemente pode facer que haxa, xa de maneira case inmediata, a alternativa
habitacional para persoas que o precisen sen continuar esperando. E esa proposta ten que ver precisamente con un fondo de vivendas que xa están, podemos dicir, en mans públicas, por medio dun organismo como a Sareb, un organismo que, como sabemos,
foi creado en 2012 para xestionar os activos tóxicos dos bancos. É dicir, non foi creado para facer política de vivenda pública, senón facendo parte desas políticas do Partido Popular de rescate á banca, á que se destinaron simplemente para o
rescate bancario máis de 65 000 millóns de euros mentres aplicaban durísimos recortes sociais para as clases populares e para a clase traballadora.
Ese organismo, en principio, non se concibiu como maioritariamente público, senón cunha maioritaria participación privada, pero é verdade que no ano 2022 aquí veu unha proposta para que o Estado se fixese coa maioría e, por tanto, tamén co
control da Sareb. Eu teño que recoñecer que nós, o BNG, xunto con outras forzas políticas, entendo que con criterios similares, votamos a favor desa proposta porque entendiamos, tiñamos a convicción, de que isto podería contribuír a que o Estado e
a administración do Estado, o goberno, se tivese vontade, podería utilizar este parque de vivendas de inmobles e de solos da Sareb para facer unha política eficaz de vivenda, de vivenda pública. Mais a realidade infelizmente é que non foi así, nin
mesmo após o anuncio estrela de Pedro Sánchez en plena campaña das municipais, lembrarán, de mobilizar as vivendas da Sareb.
O Estado mantén millares de activos inmobiliarios en mans da Sareb, que como dicimos, podería converterse nun valioso instrumento para mellorar a oferta de vivenda pública, a oferta de aluguer social,
precisamente neste contexto de importante encarecemento da vivenda e de escaseza de vivendas de protección pública e de contracción do mercado de aluguer. No BNG estamos convencidos de que só a intervención pública no mercado da vivenda
pode conseguir políticas que faciliten o acceso igualitario á vivenda, que garantan o dereito a unha vivenda digna, especialmente de mozos e mozas, de persoas e de familias con menos recursos.
Como estamos convencidos de que é precisa a intervención pública, cando tivemos oportunidade desenvolvemos esas políticas desde o Goberno galego, en concreto unha, podemos dicir, espectacular política de vivenda pública, porque desde a
Consellería de Vivenda do BNG no goberno bipartito impulsamos en só 4 anos máis de 9000, perdón, en só tres anos, porque non chegaron a ser catro, máis de 9000 vivendas públicas. E hai que dicir que mesmo a inercia das que deixamos programadas se
mantivo durante un tempo, de forma que o goberno do PP, pois, puido inaugurar no ano 2 010 3000 vivendas públicas que programara previamente o BNG. Pero a verdade é que cando esa inercia se disipou, a política de vivenda do PP quedou ao descuberto,
tendendo a 0. En 4 anos foron exactamente 16 vivendas as que construíu o Partido Popular; no ano 2018 a cifra espectacular de 2 vivendas. Claro, coa agudización da crise da habitación, agora o goberno do PP na Galiza fai que fai, cando na
realidade non fai nada ou si, fai en negativo, por exemplo, desestimando a solicitude do goberno municipal do BNG na capital de Galiza, en Santiago de Compostela, de declaración de zona tensionada, porque o único que interesa ao PP é seguir
favorecendo os amigos, seguir favorecendo a especulación inmobiliaria.
Mais é verdade que o goberno do PSOE e de SUMAR, o goberno español do PSOE e de SUMAR, tamén lles custa pasar das declaracións aos feitos e da propaganda á realidade. Pedro Sánchez anunciou, lembremos, a mobilización de 50 000 vivendas da
Sareb e despois anunciou 43 000 vivendas en alugueiro e 20 000 máis en terreos de defensa. Infelizmente todo isto ficou en nada ou case nada fóra do chamado Plan Viena, que é pouco máis que outra fórmula de rendibilidade para investidores. Un plan
pensado para grandes fondos de investimento aos que o Estado cede solos públicos en vez de colocalos a disposición de quen ten a competencia para política de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer. E o certo é que cada vez que aquí se
produce un debate sobre política de vivenda, o goberno republicita os seus plans e alega que leva tempo efectivizalos.
O problema é que as persoas que hoxe están sen lar, sen poder emanciparse, non teñen tempo porque levan demasiado esperando. E a cuestión é que a Sareb posúe un parque de vivendas que en parte pode ser xa utilizado de maneira inmediata.
Porque dos máis de 3000 inmobles que ten na Galiza, máis da metade estarían prontos para seren ocupados ou poderían estalo con pequenos e rápidos arranxos. E non só ao BNG, como estou certo que a totalidade das persoas afectadas por falta de
alternativa habitacional, parécenos indecente, indecente, ter vivenda desocupada cando hai tantas persoas que a necesitan de maneira urxente. Vemos o slogan de 'xente sen casa e casa sen xente' é revelador da realidade brutal da inxustiza do
capitalismo do mercado se se aplica ou se se pode aplicar a unha administración pública, o que revela é o desinterese por intentar resolver o problema.
Por iso, o BNG trae hoxe aquí esta PNL que actualizamos cunha autoemenda, basicamente para alén de reclamar o que xa reclamabamos na inicial que era a transferencia de todas as inmobles da Sareb á administración galega ou ás administracións
autonómicas competentes ou aos concellos que o soliciten, tamén que se informe con total transparencia sobre os activos inmobiliarios que hai en cada comunidade, en cada concello e sobre cales foron transferidos á SEPE, a empresa de Vivenda e tamén
que se estabelezan políticas activas de limitación aos alugueres para impedir que o prezo siga subindo de maneira incontrolada e que se fixen mecanismos de financiamento suficiente ás comunidades autónomas, que son as administracións competentes
para a política de vivenda pública.
Moitísimo obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.
Las crisis como la de la vivienda son uno de los problemas sociales más graves a los que nos enfrentamos hoy en día, especialmente para sectores sociales con menos ingresos, sobre todo los jóvenes, que se enfrentan a muchas dificultades para
poder iniciar un proyecto de vida independiente como consecuencia de una escalada de precios que parece imparable y no acaba de encontrar una respuesta adecuada por parte de quienes tendrían que tenerla, las Administraciones públicas, las
Administraciones del Estado y las Administraciones que tienen la competencia directa en materia de vivienda, las Administraciones autonómicas.
Por eso, el BNG hoy presenta una propuesta que puede contribuir a solucionar el problema- evidentemente no va a solucionarlo- y puede hacer de manera inmediata que ya haya alternativa habitacional para personas que la necesiten, sin tener
que seguir esperando. Dicha propuesta tiene que ver, precisamente, con un fondo de viviendas que ya están en manos públicas, podemos decir, por medio de un organismo que se llama la Sareb. Es un organismo que, como ya sabemos, fue creado en 2012
para gestionar los activos tóxicos de los bancos. Es decir, no se creó para hacer política de vivienda pública, sino que formaba parte de estas políticas del Partido Popular de rescate a la banca, para las que se destinaron más de 65 000 millones
de euros, mientras se aplicaban durísimos recortes sociales para las clases populares y trabajadoras.
Dicho organismo, en principio, no se concibió como mayoritariamente público, sino con una participación principalmente privada. Pero en el año 2022 se estableció una propuesta para que el Estado se hiciese con la mayoría. En este sentido,
yo tengo que reconocer que nosotros, el BNG, junto con otras fuerzas políticas, entiendo que con criterios similares, votó a favor de dicha propuesta, porque tenía la convicción de que esto podía contribuir a que la Administración del Estado, es
decir, el Gobierno, si tuviese la voluntad, utilizase este parque de viviendas, de inmuebles y de suelos de la Sareb para hacer una política eficaz de vivienda pública. Desafortunadamente, la realidad no fue así. Ni siquiera después del anuncio
estrella de Pedro Sánchez en plena campaña de las municipales se acordaron de movilizar las viviendas de la Sareb.
El Estado mantiene muchos activos inmobiliarios de la Sareb que podrían convertirse en un instrumento muy importante para mejorar la vivienda pública de alquiler social, especialmente en este contexto de encarecimiento de la vivienda, de
escasez de vivienda de protección pública y de contracción del mercado del alquiler. En el BNG estamos convencidos de que solamente la intervención pública en el mercado de la vivienda puede conseguir políticas que faciliten el acceso igualitario a
la vivienda, que fomenten el derecho a una vivienda digna para los jóvenes, para los chicos y las chicas, y para las familias con menos recursos.
Como estamos convencidos de que es necesario que haya una intervención pública, cuando tuvimos la oportunidad desarrollamos esas políticas desde el Gobierno gallego más específicamente. Establecimos una política espectacular de vivienda
pública: la Consellería de Vivienda del BNG del Gobierno bipartito en solo tres años -no llegaron a ser cuatro- desarrolló más de nueve mil viviendas públicas. Hay que decir que incluso la inercia de las que dejamos programadas se mantuvo durante
un tiempo. De este modo, el Gobierno del PP pudo inaugurar en el año 2010 tres mil viviendas públicas, que dejó programadas previamente el BNG. Pero, cuando esa inercia se desinfló, la política de vivienda del PP quedó al descubierto, tendiendo a
cero en cuatro años. De hecho, fueron exactamente dieciséis viviendas las que construyó el Partido Popular y, en el año 2018, registró la cifra espectacular de dos viviendas. Con el empeoramiento de la crisis de la vivienda, ahora el Gobierno del
PP no hace nada, hace como que hace, bueno, sí, hace algo en realidad, hace en negativo: desestima, por ejemplo, la solicitud del Gobierno municipal del BNG, en la capital de Galicia, en Santiago de Compostela, de zona tensionada, porque lo que
quiere el PP es seguir favoreciendo a los amigos y seguir favoreciendo la especulación inmobiliaria.
También al Gobierno del PSOE y de SUMAR le gusta pasar de las declaraciones a los hechos y de la propaganda a la realidad. Pedro Sánchez anunció la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb, luego 43 000 en Andeiro, luego en terreno de
Defensa, pero todo esto al final se quedó en nada o en casi nada. Se llamó plan Viena, que al final fue otra forma de rentabilidad para los inversores, pensado para los grandes fondos a los que el Estado cede suelos públicos en lugar de dejarlos a
disposición de quienes tienen la competencia, especialmente en términos de alquileres. En cualquier caso, lo cierto es que cada vez que aquí se lleva a cabo un debate acerca de política de vivienda, el Gobierno vuelve a publicitar sus planes y dice
que lleva tiempo flexibilizarlos.
El problema es que las personas que, hoy en día, no tienen hogar y que no pueden emanciparse ya no tienen tiempo, porque llevan demasiado esperando, y el tema es que la Sareb tiene un parque de viviendas que ya se podrían utilizar de manera
inmediata. De los más de los tres mil inmuebles que hay en Galicia, más de la mitad estarían ya disponibles para poder ocuparse, con modificaciones rápidas. En el BNG consideramos que faltan alternativas, y nos parece indecente, por tanto, contar
con viviendas desocupadas cuando hay personas que las necesitan de manera urgente. Vemos que el eslogan 'Gente sin casa, casa sin gente' es una realidad brutal de la injusticia del mercado de la vivienda. Si se puede aplicar a una Administración
pública, lo que vemos es que hay un desinterés por intentar solucionar el problema.
Por eso, el BNG hoy plantea esta proposición no de ley, que actualizamos con una autoenmienda, para reclamar lo que ya reclamábamos en la inicial, que es la transferencia de todas las viviendas de la Sareb a la Administración gallega o a las
Administraciones autonómicas competentes o a los ayuntamientos que lo soliciten también, para que sean informados con transparencia acerca de todos los inmuebles que hay en cada una de las comunidades y cuáles se transfirieron a las empresas de
vivienda. También que se establezcan políticas activas de delimitación a los alquileres para evitar que los precios sigan subiendo de manera incontrolada, así como mecanismos de financiación suficientes para las comunidades autónomas o para las
Administraciones competentes de política de vivienda pública.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Lago Peñas.
El señor LAGO PEÑAS: Boa tarde.
Esta PNL propón transferir á Xunta de Galicia os activos que a Sareb ten no noso país. Unha proposta similar xa foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia, foi en setembro de 2023, polo que agora debería ter pouca discusión. En
SUMAR estamos de acordo. Temos presentado unha emenda para que a Xunta de Galicia faga partícipe ás corporacións locais na xestión dos activos transferidos.
Falemos da Sareb e da situación da vivenda en Galicia. A Sareb foi unha auténtica estafa, outra máis do goberno de Rajoy, cando se creou en novembro de 2012 o entón ministro de economía, Luís de Guindos, asegurou que non tería ningún custe
público aínda máis no plan de negocio presentado polo FROB se decía que ía ter unha rendibilidade do 15 % sobre os seus recursos propios. Pasaron máis de 14 anos e hoxe sabemos a verdade: a Sareb custou máis de 45 000 millóns de recursos públicos,
a Sareb serviulle á banca para desfacerse dos seus activos inmobiliarios tóxicos. Outra vez beneficios privados pagados con diñeiro público. Foi parte da estafa do rescate da banca. Nos dixeron que recuperariamos todos os cartos do rescate, pero
a realidade é que nos custou máis de 100 000 millóns de euros, aínda máis, se sumamos o custe da Sareb, de 45 000 millóns de euros e o custe do rescate a cidadanía española ten posto 150 000 millóns de euros en sanear a banca española, unha
auténtica estafa.
SUMAR apoia esta transferencia, pero nos facemos, señor Rego, poucas ilusións sobre a que a Xunta de Galicia vai facer con estes activos que vai recibir porque a política de vivenda da Xunta de Galicia é un absoluto fracaso. Saben cantas
vivendas con algún tipo de protección pública se remataron en Galicia no ano 2015? 2. Non é un erro meu nin de quen estea escoitando o pinganillo é un erro da tradución. 2 vivendas no ano 2015. E non foi unha excepción, no ano 2017 se
construíron 12 e no ano 2018 baixaron a 8 e en 2019 se fixeron 4 vivendas. Esta foi a lexislatura, a segunda lexislatura de Feijoo como presidente. É difícil de crer, pero estas son as cifras que figuran nas estatísticas oficiais e co presidente
Rueda á fronte da Xunta o balance sigue sendo igual de desastroso: en 2023 se terminaron 18 vivendas protexidas e en 2024, malia que a vivenda xa é o centro da preocupación da cidadanía galega, se remataron 5 vivendas protexidas, 5 en toda Galicia
en todo un ano.
O balance da política de vivenda do Partido Popular en Galicia é desastroso. Nos últimos 10 anos entre 2015 e 2024 se construíron tan só 760 vivendas con algún tipo de protección pública, nin sequera todas VPO. Pero vou facer unha
comparación á que lle fixo referencia ao señor Rego cando Emilio Pérez Touriño, o socialista Emilio Pérez Touriño foi presidente da Xunta de Galicia e finalizaron 14 000 vivendas de protección pública en 4 anos, en 10 anos do Partido Popular, 760.
Para que non haxa dúbidas de quen ten a responsabilidade en materia de vivenda porque este é o vello truco do Partido Popular, vou ler o artigo 27 do noso Estatuto de Autonomía: 'corresponde á comunidade autónoma galega a competencia exclusiva da
ordenación do territorio, o urbanismo e a vivenda'.
Remato. Espero que aprobemos hoxe este pequeno paso, pero para enfrontar o gravísimo problema social da vivenda hai que ir moito máis alá. Hai que aumentar o parque de vivenda pública. Temos que topar os prezos dos alugueres e temos que
impedir as compras especulativas. As casas son para vivir e non son para especular.
Moitas grazas.
Buenas tardes.
Esta PNL propone transferir a la Xunta de Galicia los activos que tiene la Sareb en nuestro país. Una propuesta similar fue aprobada ya por unanimidad en el Parlamento de Galicia en septiembre de 2023,
por lo que ahora debería tener poca discusión. En SUMAR estamos de acuerdo, pero hemos presentamos una enmienda para que la Xunta de Galicia haga partícipes a las corporaciones locales en la gestión de los activos transferidos.
Hablemos de la Sareb y de la situación de la vivienda en Galicia. La Sareb fue una auténtica estafa, otra más del Gobierno Rajoy. Cuando se creó, en noviembre de 2012, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que no tendría ningún
coste público. Es más, en el plan de negocio del FROB se decía que iba a tener una rentabilidad del 15 % sobre sus recursos propios. Pasaron más de catorce años y hoy sabemos la verdad: la Sareb costó más de 45 000 millones de recursos públicos.
La Sareb ha servido a la banca para deshacerse de sus activos inmobiliarios tóxicos. Otra vez beneficios privados pagados con dinero público. Forma parte de la estafa del rescate de la banca. Nos dijeron que recuperaríamos todos los dineros del
rescate, pero la realidad es que nos costó más de 100 000 millones de euros. Es más, si sumamos el coste de la Sareb, 45 000 millones de euros, y el coste del rescate, la ciudadanía española puso 150 000 millones de euros en sanear la banca
española. Una auténtica estafa. (Aplausos).
SUMAR apoya esta transferencia, pero, señor Rego, nos hacemos pocas ilusiones sobre lo que vaya a hacer la Xunta de Galicia con estos activos que va a recibir, porque la política de vivienda de la Xunta de Galicia es un absoluto fracaso.
¿Saben cuántas viviendas con algún tipo de protección pública se concluyeron en Galicia en el año 2015? Dos. No es un error mío que están escuchando por el pinganillo, no es un error de la traducción, no. Dos viviendas en el año 2015, y no fue
una excepción. En 2017 se construyeron doce. En 2018 bajaron a ocho. En 2019 se hicieron cuatro viviendas. Esa fue la legislatura, la segunda legislatura de Feijóo como presidente. Es difícil de creer, pero estas son las cifras que figuran en
las estadísticas oficiales. Y con el presidente Rueda al frente de la Xunta el balance sigue siendo igual de desastroso. En 2023 se finalizaron dieciocho viviendas protegidas y en 2024, a pesar de que la vivienda ya es el centro de preocupación de
la ciudadanía gallega, se concluyeron cinco viviendas protegidas, cinco en toda Galicia en todo un año.
El balance de la política de vivienda del Partido Popular en Galicia es desastroso. En los últimos diez años, entre 2015 y 2024, se construyeron tan solo 760 viviendas con algún tipo de protección pública, ni siquiera todas VPO. Voy a
hacer una comparación, a la que ha hecho referencia el señor Rego. Cuando el socialista Emilio Pérez Touriño fue presidente de la Xunta de Galicia, se finalizaron 14 000 viviendas de protección pública en cuatro años. (Aplausos). En diez años del
Partido Popular, 760. Para que no haya dudas de quién tiene la responsabilidad en materia de vivienda, porque este es el viejo truco del Partido Popular, voy a leer el artículo 27 de nuestro estatuto de autonomía: Corresponde a la comunidad
autónoma gallega la competencia exclusiva de la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Termino. Espero que aprobemos hoy este pequeño paso. Pero para afrontar el gravísimo problema social de la vivienda hay que ir mucho más allá. Hay que aumentar el parque de vivienda pública, tenemos que topar los precios de los alquileres
e impedir las compras especulativas. Las casas son para vivir, no son para especular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lago.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gómez Piña.
El señor GÓMEZ PIÑA: Presidenta, señorías, hoy debatimos una PNL del BNG que plantea que los activos de la Sareb se transfieran a la Xunta de Galicia. Permítame preguntarle, señor Rego, cómo puede venir hoy aquí a pedir que entreguemos
esos activos a la Xunta cuando el Gobierno del PP en Galicia ha dejado sin ejecutar 375 millones de euros en vivienda. (Aplausos). ¿Cómo puede reclamar más recursos cuando no se utilizan los que ya están disponibles? Explíqueselo a los vecinos de
Vigo, de A Coruña o de Santiago, que buscan un alquiler asequible mientras la Xunta deja perder cientos de millones. No se entiende pedir más cuando se bloquea lo que ya existe.
Señorías, la política de vivienda en España es, en esencia, competencia de las comunidades autónomas, y lo que este país necesita no son cesiones improvisadas, sino que cada comunidad asuma sus responsabilidades con seriedad y compromiso.
Sareb ya no es la sociedad que conocimos en 2012. Desde 2022 se encarga de movilizar hasta 50 000 viviendas para alquiler asequible, un programa de alquiler social con 12 000 inmuebles, un parque de 21 000 viviendas terminadas y el proyecto Viena,
que permitirá levantar hasta 15 000 nuevas viviendas en suelos de la Sareb. Además, tiene convenios de cesión temporal con Administraciones locales: unas 2000 viviendas. En este punto, señor Rego, sí podemos encontrarnos y, por eso, hemos
presentado una enmienda a esta PNL. El Gobierno ha definido
un modelo claro. Los activos de la Sareb se transfieren a SEPES, Empresa Estatal de Vivienda, y con ello se movilizarán más de 55 000 viviendas asequibles que permanecerán en el parque público.
Recordemos de dónde vinimos. Sareb nació en 2012, tras la crisis financiera y el rescate bancario del Partido Popular, un rescate que pagaron los ciudadanos mientras miles de familias eran desahuciadas. (Aplausos). Ese mismo PP fue el que
recortó la vivienda protegida, el que vendió patrimonio público a fondos buitre y el que redujo los contratos de alquiler de cinco a tres años para facilitar la especulación. Esa es la huella del PP en vivienda: rescatar a los bancos y abandonar a
las familias.
Hoy, señorías, el PP no ha cambiado. Donde gobierna, deja sin ejecutar miles de millones, bloquea la ley de vivienda y la recurre en los tribunales. (Aplausos). Al PP nunca le ha importado garantizar este derecho constitucional, solo le
importa desgastar al Gobierno, aunque eso signifique perjudicar a quienes más lo necesitan. Frente a este modelo, el Gobierno de Pedro Sánchez actúa, por ejemplo, con la primera ley de vivienda de la democracia, que regula alquileres abusivos,
protege a los colectivos vulnerables y blinda el parque público con la movilización de Sareb y la reconversión de SEPES, con una inversión multiplicada por ocho respecto a Rajoy: de 450 millones a más de 3500 millones anuales.
Señorías, estamos actuando desde el primer día, pero la vivienda es una competencia fundamental de las comunidades y su ritmo depende en gran medida de ellas. Y seguimos actuando, ahora con el Plan Estatal de Vivienda 26-30, dotado con 7000
millones, que fija como objetivos, entre otros, ampliar el parque público, rehabilitar viviendas y barrios y facilitar la emancipación de nuestros jóvenes. Señorías, ese es el camino, una política integral y un gran acuerdo nacional que convierta
la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar. (Aplausos).
Lo que no es aceptable es lo que se plantea en esta proposición no de ley: trocear Sareb y entregárselo a una comunidad, mientras sus gobernantes renuncian a gestionar lo que ya tienen. La vivienda no es un arma electoral ni un privilegio,
es un derecho constitucional. Le digo con claridad que, cuando una familia espera una vivienda y ve que la Xunta del PP deja sin ejecutar 375 millones, eso no es política, es abandono. (Aplausos). Creemos en una política seria, justa y coherente
que garantice igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. De rescatar a los bancos hemos pasado a rescatar a las familias. Ese es el compromiso de este Gobierno y del Grupo Socialista, hacer de la vivienda un derecho real,
no un privilegio.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Puy Fraga.
El señor PUY FRAGA: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la vivienda es un problema, y se ha acentuado desde que este Gobierno ha llegado al poder. (Aplausos). De 2018 a hoy han subido los alquileres un 35 % y el precio de venta un 37 %, afectando a los jóvenes y a los índices de
pobreza. El Banco de España acaba de hacer un informe y dice que son necesarias 185 000 al año, con lo cual en 2025 el déficit de viviendas es de 600 000. Como todos sabemos, esto tiene muchas causas: la presión demográfica, las nuevas formas de
convivencia, el incremento en los viajes y los desplazamientos. La consecuencia es que la oferta no llega para cubrir la demanda y los precios suben. Por eso, este partido ha presentado propuestas serias que atacan en todos los frentes:
incremento de la oferta pública y privada; más seguridad jurídica para el alquiler frente a la okupación -hay que recordar que el 95 % de los propietarios poseen una o dos viviendas en alquiler-; apoyo al sector con mejor formación y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permiten acelerar los procesos constructivos; oferta pública para ayudar a los que más lo precisan, a los jóvenes - el Consejo de la Juventud acaba de hacer un informe que dice que el 102 % de los
ingresos de un joven son necesarios para adquirir una vivienda-, familias numerosas, monoparentales, personas discapacitadas; y contribuir a luchar contra la despoblación y a favor de la revitalización de los cascos históricos. Como siempre, esto
se resuelve actuando, no prometiendo.
El actual presidente en 2023 prometió 184 000 viviendas, entre estas 50 000 sacadas, por cierto, del cajón de la Sareb, y ciertas fuentes dijeron que 14 000 estaban ya entonces ocupadas irregularmente. Del proyecto Viena se ha hablado aquí
lo suficiente, lo que no dice es que Galicia fue una de las pocas comunidades excluidas de la promoción de vivienda pública y privada a través del proyecto Viena.
Donde tenemos actuaciones es en Galicia. Voy a actualizar un poco los datos. En 2008, con el Gobierno del señor Touriño, del que formaba parte algún ilustre miembro de esta Cámara, había en Galicia 300 000 viviendas vacías, pero como
consecuencia de aquella crisis que no existía quedaron
vacías otras 30 000 viviendas. Esa era la realidad de la vivienda en Galicia cuando gobernaba el socialismo. La Sociedad Pública de Vivienda ya existe, es la medida estrella que ha anunciado el señor Sánchez, y, evidentemente, se ha
priorizado la vivienda. En solo año y medio de legislatura, después de que se prometiera duplicar el parque público de viviendas, ya están en marcha 3000, en obras hay 825 y se han aprobado nueve proyectos de interés autonómico para habilitar la
construcción de 25 000 viviendas más. Ayer mismo, la Xunta anunciaba la ampliación del crédito de la partida por la cual 294 jóvenes de menos de 36 años han comprado su primera vivienda en el rural gallego, en 118 municipios, que se unen a los casi
mil que ya han sido beneficiarios del Bono Emancípate, para el alquiler. Estos son hechos el Gobierno del Partido Popular presidido por Alfonso Rueda en Galicia, no promesas. (Aplausos). Y, por supuesto, se aprovechan los inmuebles de la Sareb.
Ya en 2015, cuando la Sareb no era pública y gobernaba el Partido Popular, se le cedieron gratuitamente cincuenta viviendas en usufructo para alquiler social, que la Xunta recientemente tuvo que comprar en cuanto se hizo pública la totalidad de la
Sareb.
El Parlamento gallego, efectivamente, ha aprobado unánimemente una petición de cesión de inmuebles a la Sareb para resolver los problemas de vivienda en Galicia, y ahora nos trae el Bloque una iniciativa similar, solo que la ha
autoenmendado, entre otras cosas porque no sabemos ni siquiera cuántas viviendas tiene las Sareb en Galicia. En una reunión, a la Xunta se le ofrecieron 42 viviendas, de las cuales 39 carecían de licencia de primera ocupación, y ni siquiera se sabe
cuántas están en comercialización; se dijo que 479, luego que 302, finalmente que 109, muy lejos de las 1750 que le dieron a usted como respuesta a su pregunta escrita.
Nosotros no podemos, evidentemente, votar la autoenmienda. Usted al hacer una autoenmienda impide votar por puntos y, aunque votaríamos algunas de las cuestiones que usted plantea, justo las que coinciden con el acuerdo unánime del
Parlamento de Galicia, usted incluye el control de alquileres, una ley que, por cierto, no trae en sus antecedentes el más inmediato, que es la ley de vivienda de 1946, franquista, de inspiración falangista, que es la que introdujo en España el
control de precios del alquiler. Como usted sabe, hay una anécdota famosa del ministro de Asuntos Exteriores del Viet Cong, de Vietnam, después de la guerra, y excombatiente, Nguyen Co Thach, que dio una rueda de prensa cuando empezaba a alejarse
del bloque soviético y dijo, literalmente, que la concepción romántica del socialismo destruyó la economía de vivienda en la posguerra, y también dijo: Los americanos no pudieron destruir Hanói, pero nosotros la hemos destruido con alquileres muy
bajos (aplausos); nos hemos dado cuenta de que era una estupidez y que debemos cambiar de política. Y es que las buenas intenciones no dan buenas soluciones, hablemos de vivienda, de pulseras o de lo que sea.
Señor Rego, si acepta nuestra enmienda, reiteramos el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, y usted tiene que elegir qué fidelidad mantiene al cien por cien: a los diputados del Parlamento de Galicia, entre los que se incluyen los del
Bloque Nacionalista Galego, o, por el contrario, la fidelidad a una ideología que ya ni siquiera los excombatientes del Viet Cong mantienen como válida.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puy.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal. (Denegación).
Entonces, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidente andrea.
Diputatuak, arratsalde on.
La verdad es que son muchas las semanas, si no meses, diría casi años, que llevamos encadenando la iniciativa que tiene que ver con vivienda, y está bien. Lo que no sé es si la gente percibe que todos estos debates tan intensos que aquí se
están viviendo significan algún cambio sustancial en el timón de las políticas de vivienda que se han venido llevando a cabo. Lo que sí es cierto es que en nada ha cambiado la situación de emergencia habitacional. Sé que hay dificultades en esta
Cámara para que hablemos de emergencia habitacional porque parece un término muy dramático, pero, sin embargo, esa es la realidad para millones de personas que buscan vivienda y que no la encuentran.
Nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa por tres cuestiones, basándonos fundamentalmente en tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con la solidaridad de clase o con la fraternidad entre pueblos. Estábamos de acuerdo con
la proposición inicial y vemos que la enmienda le da un enfoque más general o de mayor aprovechamiento para el conjunto de comunidades autónomas de todo lo que puedan
ser las posibilidades que la Sareb otorgue, pero, como digo, también con la posición inicial estábamos de acuerdo. También estábamos y estamos de acuerdo con la autocorrección que se ha hecho el propio BNG en la línea de trabajo que plantea
para con la Sareb, que es, en definitiva, la de dotar de más recursos propios, en este caso, a la Xunta de Galicia, a las comunidades autónomas, a través de la transferencia de la gestión de estos activos para garantizar una mayor intervención de lo
público en el sector de la vivienda. Estamos de acuerdo con eso, lo que justifica por sí solo nuestro voto a favor.
Agradecemos especialmente que esta iniciativa verse sobre la Sareb, porque tenemos la sensación de que la Sareb ha pasado al baúl de los objetos perdidos o al de los recuerdos olvidadizos. Sin embargo, la Sareb tiene mucho que ver, como ya
se ha dicho, en lo que fue el timo del rescate bancario. Si al rescate bancario de 70 000 millones le sumamos lo que supuso la creación de la Sareb -ya se ha dicho-, 45 000 millones de euros, el agujero fue mucho mayor y nos encontramos con que el
dinero de la Sareb fue un dinero que dio Europa, la Unión Europea para ser más exacto, a través de deuda pública que le obligó a contraer al Estado español. Eso y no otra cosa explica que tuvo que tomar finalmente el control público el propio
Estado ante los desmanes que había hecho la iniciativa privada. Mucha gente habla de lo mal que gestiona lo público, pero parece que se nos olvida señalar que quien ha quebrado la Sareb, quien la ha llevado a la deuda insostenible, ha sido la
iniciativa privada. Creo que es bueno que se señalen a los responsables, porque quienes endeudaron y quebraron a la Sareb tienen nombres y apellidos. Tienen el nombre de la primera presidenta de la Sareb, Belén Romana, o tienen el nombre del
segundo presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, el que fue el último presidente a la sazón de la Sareb. Curioso caso de puertas giratorias, también hay que decirlo, porque después de endeudar más a la Sareb y de que nos costara dinero a todos y a
todas, fue al Banco Santander, que había sido uno de los grandes beneficiarios de las gestiones de transferencia de activos inmobiliarios llamados tóxicos a las sociedades que orbitan en torno al Banco Santander, y el señor Echegoyen hizo lo propio
con Haya Real Estate Cerberus. Y así seguramente todo el mundo lo entiende, porque este es un fondo buitre muy reconocido en el terreno de lo inmobiliario. En definitiva, son quienes generaron un agujero negro para el Estado o un pozo sin fondo
para el Estado, pero un filón o una mina de oro para los grandes fondos de inversión.
Pero la Sareb es solo un grano de la montaña que hay que levantar y está bien. Está bien, porque grano a grano se hace montaña, decían, pero yo creo que es importante también señalar todo lo que hace falta. Y casi igual aquí tendría
sentido una frase que un inefable presidente del Estado español dijo hace bien poco para referirse a otra cuestión, que era eso de 'quien pueda hacer que haga'. Pues sería bueno, en este caso y en sentido positivo -antagónico al que él refirió-,
que el que pueda hacer que haga y que, por ejemplo, se toparan los precios a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos; que se declararan las zonas tensionadas de manera efectiva, rápida y eficaz; que se movilizaran las viviendas vacías -que
recuerdo que hay más de 3,5 millones de viviendas vacías en el Estado-, bien sea captándolas para ponerlas en el mercado a través de la intermediación pública, bien sea expropiando las que sean de bancos y fondos buitres en su uso, para que puedan
ser también destinadas a viviendas sociales de alquiler; también para prohibir la compra de vivienda a grandes tenedores o a fondos de inversión; regular los pisos turísticos, porque recuerdo que hay más de 380 000 pisos turísticos en el Estado
español y no dejan de hacerse hoteles; limitar los alquileres de temporada, que es la nueva vía de escape que han encontrado quienes quieren seguir haciendo del sudor de la frente de la gente su vía de beneficios unipersonal; asimismo, estaría
bien que la colaboración público-privada para construir cooperativas sin ánimo de lucro se extendiera, o que se construyera más vivienda, pero eso sí, sin perder la calificación permanente. Todas estas medidas juntas sí serían eficaces; todo eso
es mucho más eficaz que transferir dinero público mediante bonos de ayuda o cosas por el estilo a rentistas para que pasen del Estado a la mano del comprador, del comprador al rentista, porque al final el único que gana es el rentista. En
definitiva: regular el mercado e intervenir, que es algo que no les sonará a nuevo a sus señorías, porque lo he mencionado en muchas ocasiones.
Y termino ya con un recordatorio: ahora que parece que está en riesgo eso de ser antifascista, ahora que uno de los prebostes del mundo dice que ser antifascista es ser terrorista, yo quiero mandar un saludo a los dos de Zaragoza que han
sido indultados y a los otros cuatro que están pendientes de serlo. (Aplausos). Porque, en definitiva, pocas cosas nos unirán a muchos y a muchas de los que estamos hoy aquí, pero creo que para todo demócrata -y espero que haya muchos en esta
Cámara- ser antifascista no es una opción, es simplemente una obligación. (Rumores).
Besterik ez. Mila esker. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Los fascistas sois vosotros, hombre!-Un señor diputado: ¡Calla!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Señor Flores, por favor, respeto y silencio.
Pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Madrenas i Mir. (Rumores.-El señor Matute García de Jalón: No insulte. ¡Hipócrita!).
Al diputado que acaba de lanzar un insulto le pido que se retrate y le llamo al orden por primera vez. Creo que es el señor Flores, pero desde aquí no le he oído... ¿No? (Una señora diputada: No lo hemos oído.-Continúan los rumores). No
he podido identificar la palabra, pero me parece muy cobarde y muy poco respetuoso con esta Cámara y con los ciudadanos a los que representamos. Por favor, compórtense.
Senyora Madrenas. (El señor Figaredo Álvarez-Sala: ¿Qué insulto ha sido?-La señora Mínguez García: El que insulta siempre.-El señor Figaredo Álvarez-Sala: Pero si no lo ha identificado...).
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, presidenta.
Si li sembla, puc iniciar la meva intervenció...
La señora PRESIDENTA: Quan vulgui.
La señora MADRENAS I MIR: ...perquè si hem d'esperar que VOX deixi d'insultar, en tenim per estona.
Molt bona tarda a tothom. De fet, tornem a parlar d'habitatge. Ho solem fer a cada ple. En aquest cas de la Sareb, senyor Rego, i sap que nosaltres també, de fet, hem presentat diverses iniciatives diverses. De fet, tenim també
presentada una proposició no legislativa per venir aquí a l'hemicicle, també sobre la cessió dels immobles de la Sareb, en aquest cas, doncs, a casa meva, al meu país, a Catalunya, no? De fet, estem parlant a Catalunya de prop de 13 000 habitatges,
en diverses condicions és cert, i uns 3000 solars o sòls dotacionals que podrien suposar molts habitatges més, no?, com exactament vostè també ha recollit el nombre d'habitatges que podrien suposar per a famílies i joves de Galícia també. I, per
tant, òbviament, nosaltres no..., hem d'estar-hi d'acord forçosament perquè estem proposant -de fet, ja fa un any- ara he mirat la data en què vam presentar la proposició. Fa un any que ho vam proposar i a la Comissió d'Habitatge surt sovint. El
que passa és que ja sembla que va tard la cosa, perquè el Govern ha tirat pel tros i ara ja de la Sareb no passarà al seu país ni al meu, sinó que de la Sareb passarà a un intermediari. I nosaltres creiem que no és bo i segurament ja està fet. I
segurament, senyor Rego, ja no ho podrem revertir.
A nosaltres ens agradava molt la seva primera proposta, la de que anés directament a Galícia i a Catalunya i a on hagi d'anar, sense tenir intermediaris entremig. Perquè jo crec que tots som conscients que quant a polítiques d'habitatge es
refereix, no hi ha ningú com el mateix Govern autonòmic o a l'Ajuntament, o en el cas de Catalunya, els consells comarcals per saber exactament, amb les seves oficines d'habitatge local, exactament el que es necessita, si és més per a joves o és més
per gent gran, si han de ser plantes baixes perquè es necessita accessibilitat o no... Es va al detall. Quan estem parlant d'aquestes administracions tan properes es va al detall exactament del que es necessita. I ara, un altre cop ho tornarem a
passar a un ens estatal? Que de detall, res? Que ho veuen tot a l'engròs? Que no faran res quirúrgic? Que ho faran tot a preu fet? Doncs no ens sembla bé i per això a nosaltres ens agradava molt la seva primera inicial, la que deia que es
traspassés directament a la seva comunitat autònoma, no? Perquè en habitatge també és important, com en molts altres temes, la política de quilòmetre zero per tot el que li estava dient. I no té sentit que el que ha d'executar, aquell a qui els
veïns i veïnes li van a picar a la porta explicant les seves dificultats i en concret d'habitatge, aquell que ho haurà de gestionar no té cap sentit que no sigui també el titular d'aquests actius. No el té. I posats a cedir, encara no entenem per
què se pretén fer aquesta derivada cap a aquesta entitat, que serà enorme i, per tant, com aquests bucs terribles de les administracions, que costa molt que puguin moure's i que puguin fer la feina com l'han de fer. Seran farragoses, pesades, amb
problemes de contractació...
Que ja es veu, perquè ara que els de la Comissió d'Habitatge hem tingut l'oportunitat de poder conèixer -bé, ja les coneixíem, però ens les han explicat una mica- dues aplicacions, no? La del Col·legi de Registradors de la Propietat
Immobiliària i la del Col·legi de Notaris, no?, que eren, ostres!, que tots han quedat molt impressionats, no? Molt innovadores, ràpides, amb les dades ja de la setmana passada, molt espectaculars que et permetien fer moltes estadístiques i
conèixer molt. Han visitat la de Sepes? Els recomano que visitin la pàgina que van vendre -ara fa dos mesos per tots els mitjans de comunicacions- la de Sepes, eh? o sigui, és terrible, aquesta pàgina! Només parla de trenta-cinc actuacions, no
diu ni les adreces a algunes; a d'altres diu ni a quina població ni a qui no. A algunes parla de quants habitatges es
faran, a d'altres no. Per cert, com sempre, Catalunya sempre acabem malament. El que està previst, per Sepes ara, de solars que alguns que tot just s'han de fer les modificacions del planejament urbanístic, o sigui que n'hi ha per deu
anys, eh? Doncs a Catalunya d'una, el Trèvol, doncs res, no ens diuen..., s'ha de fer tota la modificació del planejament. D'una altra al carrer del Foc, que no he sabut veure de quin municipi era. I l'altre, de vint habitatges. Vint habitatges
per Catalunya, Sepes és el que de moment té previst. Això sí, té un concurs per fer formació de Microsoft Office als seus treballadors. És l'únic moviment que he vist que ha fet Sepes durant tots aquests mesos. Espero que el Govern s'espavili,
perquè la ciutadania ho necessita.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Si le parece voy a iniciar mi intervención, porque si tenemos que esperar a que VOX deje de insultar, tenemos para rato.
Muy buenas tardes a todos. Volvemos a hablar de la vivienda, acostumbramos a hacerlo en cada Pleno, y, en este caso, de la Sareb, señor Rego. Sabe que nosotros, de hecho, también hemos presentado iniciativas diversas. De hecho, tenemos
presentada una proposición no de ley para traer aquí al hemiciclo, sobre la cesión de los inmuebles de la Sareb, en este caso en mi casa, en mi país, en Catalunya. Estamos hablando en Catalunya de cerca de 13 000 viviendas en diversas condiciones,
en estados diferentes, y unos 3000 solares, suelos dotacionales, que podrían suponer muchas más viviendas, exactamente como usted ha recogido también el número de viviendas que podría suponer esto para las familias y jóvenes de Galicia. Por lo
tanto, obviamente, nosotros tenemos que estar de acuerdo por fuerza, porque estamos proponiendo también. Hace un año, de hecho; he estado mirando la fecha en la que hicimos la propuesta, la hicimos hace un año en la Comisión de Vivienda. A
menudo, lo que pasa es que ya va tarde la cosa, porque el Gobierno ha tirado recto, y de la Sareb no pasará ni a su país ni al mío, sino a un intermediario. Nosotros creemos que no es bueno, y seguramente ya está hecho. Y, seguramente, señor Rego,
ya no lo vamos a poder revertir.
A nosotros nos gustaba mucho su primera propuesta, la de que fuera directamente a Galicia y a Catalunya y a donde tenga que ir, sin tener intermediarios de por medio. Porque yo creo que todos somos conscientes de que en cuanto se refiere a
la política de vivienda, no hay nadie como el propio Gobierno autonómico o el ayuntamiento, o en el caso de Catalunya los consells comarcals, para saber en sus oficinas de vivienda local exactamente lo que se necesita: si es más para jóvenes, más
para mayores, si tienen que ser plantas bajas porque se necesita accesibilidad o no; se va al detalle. Cuando hablamos de estas Administraciones tan cercanas, se va al detalle exactamente de lo que se necesita. ¿Y ahora, otra vez lo vamos a pasar
a un ente estatal que de detalles nada, que lo ven todo al por mayor, que no van a hacer nada quirúrgico, que lo van a hacer todo así de una? Por eso nos gustaba tanto su propuesta inicial, en la que se pedía que se traspasara directamente a su
comunidad autónoma. Porque en vivienda también es importante, como en otros muchos temas, la política del kilómetro cero, por todo lo que se estaba diciendo. No tiene sentido que aquel al que los vecinos y vecinas van a llamar a la puerta
explicando sus dificultades, sobre todo sobre vivienda... el que lo va a tener que gestionar no tiene sentido que no sea también el titular de esos activos. No tiene sentido. Y, puestos a ceder, no entendemos aún por qué se pretende hacer esta
derivada hacia esta entidad, que va a ser enorme y que, por lo tanto, como esos buques terribles de la Administración que cuesta mucho que se puedan mover y que puedan hacer el trabajo como lo tienen que hacer, van a ser pesados... problemas de
contratación... que eso ya se ve.
Porque ahora que los de la Comisión de Vivienda hemos tenido la oportunidad de conocer... bueno, de hecho, ya las conocíamos, pero nos han explicado un poco más dos aplicaciones: la del Colegio de Registradores de la Propiedad Inmobiliaria
y la del Colegio de Notarios, ostras, todos hemos quedado muy impresionados: son muy innovadoras, rápidas, con los datos ya de la semana pasada. Son muy espectaculares, permiten hacer muchas estadísticas y conocerlo bien. ¿Han visitado la de
Sepes? Se lo recomiendo, que visiten la página que vendieron hace dos meses en todos los medios de comunicación, porque es terrible. ¡Es terrible esa página! Solo habla de treinta y cinco actuaciones, ni da las direcciones en algunos casos, en
otros casos no se refiere a la población, en un caso habla de las viviendas que se van a hacer, en otros no. Y, por cierto, como siempre, Cataluña siempre queda mal, siempre quedamos mal. Lo que está previsto por Sepes ahora, de solares, que
algunos empiezan a hacer las justificaciones del proyecto urbanístico, tenemos para diez años, pues en Cataluña, de una, el Trébol, hay que hacer toda la justificación del planteamiento. Luego, el Carrer del Foc, que no he visto ahora de qué
municipio es, y la otra de veinte viviendas. Veinte viviendas para Cataluña, eso es lo que tiene previsto Sepes. Eso sí,
tiene un concurso para hacer formación de Microsoft Office a sus trabajadores. Es el único movimiento que he visto que ha hecho Sepes en todos estos meses. Y espero que el Gobierno espabile, porque la ciudadanía lo necesita.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Madrenas.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hoces Íñiguez.
El señor HOCES ÍÑIGUEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy debatimos sobre la Sareb, esa entidad que tiene forma de sociedad anónima, con capital mixto, que ha pasado a la historia con toda justicia con el nombre de banco malo. Y digo que ha pasado a la historia con justicia con el
nombre de banco malo, porque malo fue su origen, mala es y ha sido su gestión y escandalosamente mala para el pueblo español fue también su creación. (Aplausos). Conviene decirlo con suma claridad: es una de las grandes estafas políticas del
bipartidismo, creada por el Partido Popular, apuntalada por el Partido Socialista, bendecida por Bruselas y, como siempre, pagada por el conjunto del pueblo español. (Aplausos). Es una herencia destructiva del despilfarro, de la gestión nefasta de
los que antepusieron los intereses privados al bien común. Señorías, recordemos las cifras: más de 50 000 millones de euros inyectados en el año 2012. En el año 2021, el Tribunal de Cuentas indica que la inmensa mayoría de ese capital no lo
recuperará el pueblo español. Y en el año 2022, la deuda consolidada por la Sareb se consolidó como deuda nacional. Es decir, más de 35 000 millones a las espaldas de los españoles de la noche a la mañana. Ese es el legado del bipartidismo
(aplausos): rescatar a unos mientras arruinaba a las familias españolas. Es importante repetirlo, porque en esta Cámara muchas de sus señorías quieren que esto no se recuerde o que no se sepa. Esos 50 000 millones de euros se podían haber
destinado a hospitales, a infraestructuras, a escuelas o directamente a las familias españolas, pero no, el bipartidismo decidió que se rescatara a unos en detrimento de todos.
Desde entonces, el Estado es propietario de la inmensa mayoría de ese capital; es decir, que esas casas, esos suelos y esas promociones nos pertenecen a todos, pero eso sí, están gestionadas por burócratas, y el resultado es bochornoso y
escandaloso. (Aplausos). Un patrimonio pagado por todos los españoles que se encuentra vacío y dormido. Y aquí está la paradoja criminal. España está sufriendo la mayor crisis nacional de la vivienda, una crisis nacional de vivienda creada y
originada por ustedes, por el bipartidismo; no está creada por una catástrofe natural ni por unos pirómanos que queman el monte, sino por los pirómanos de la política nacional, es decir, por el bipartidismo. (Aplausos). Los jóvenes no pueden
emanciparse, las familias destinan más del 40 % de su salario al pago del alquiler, el precio de la vivienda se ha incrementado en la última década en más de un 30 % y ustedes tienen viviendas públicas de la Sareb vacías u ocupadas por okupas. Si
ya Jovellanos advirtió que la tierra improductiva era una amenaza para la nación, hoy tenemos casas muertas, viviendas vacías y un patrimonio dormido. Si en el siglo XVIII se luchaba contra el baldío, hoy, en el siglo XXI, luchamos contra el
absurdo, y, señorías, el absurdo son ustedes. (Aplausos). A esto lo llaman política social, igual que llaman política social a entregar miles y miles de metros cuadrados patrimonio de todos los españoles a UGT y a Comisiones Obreras, un patrimonio
de todos los españoles que entregó con sumo gusto el Partido Socialista y que también consolidó el Partido Popular.
Señorías, mientras castigan la propiedad de los españoles con impuestos confiscatorios, con trabas, con cargas y con gravámenes, ustedes no son capaces de poner en uso social las viviendas de la Sareb ni tampoco el suelo que pertenece a
todos los españoles. Por eso VOX habla con suma claridad: ni bipartidismo ni separatismo. Lo que es del pueblo español debe devolverse al pueblo español. (Aplausos). Y por eso lo que queremos es que se traten con máxima transparencia todos los
activos inmobiliarios de la Sareb y también que los españoles puedan acudir a ellos por medio de los diferentes ayuntamientos. Señorías, frente al destrozo de todos ustedes, en VOX levantamos la voz para exigir que la vivienda vuelva a ser un
derecho de todos los españoles; levantamos la voz para decir que lo público no debe estar dormido en manos de burócratas o de los sindicatos, sino vivo por parte de las familias españolas. Defendemos que España vuelva a ser una nación de hogares
vivos y de familias fuertes. Defendemos también que España se construya no haciendo favores a unos pocos, sino con una verdadera justicia social para cada trabajador, para cada madre y también para cada joven español. Nosotros estamos aquí para
defender a los españoles de hoy y también a los del mañana. Y, señor Rego, también para defender
a todos aquellos que entendemos que Galicia no es periferia, sino que es una de las columnas vertebrales de la tradición española.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hoces.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA VALIDO GARCÍA), SOBRE LOS CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS CANARIOS EN MATERIA DE INSPECCIÓN FITOSANITARIA PARA PREVENIR LA ENTRADA DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS.
(Número de expediente 173/000119).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los controles que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos canarios en materia de
inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Valido García. Cuando quiera.
La señora VALIDO GARCÍA: Presidenta, señorías, esta moción no es otra cosa que la consecuente respuesta a la interpelación de la pasada semana al ministro Planas, ministro de Agricultura. Expliqué entonces cómo este verano nos llevamos la
terrible sorpresa en Tenerife de descubrir que había entrado la plaga de la filoxera, una plaga que afecta a nuestra viña -sé que hay territorios en los que se dice vid, pero en Canarias nos gusta decir nuestra viña- y que es muy peligrosa; una
plaga que arrasó los mejores y más importantes viñedos de Europa hace ya casi tres siglos y de la que Canarias presumía de haber quedado a salvo y de contar con cepas genéticamente únicas, cepas que se habían perdido, que ya no existían sino en
Canarias. Por suerte, parece que solo está en las hojas, no está en la raíz, donde es mucho más destructora. El Gobierno canario y el Ministerio de Agricultura se pusieron inmediatamente manos a la obra para trabajar de manera intensa en controlar
y erradicar esta terrible plaga.
Lo que ha ocurrido es grave. Las plagas en Canarias entran por puertos y aeropuertos, no vienen en camiones que trasladan material vegetal o animal desde el resto de Europa o de África, entran por nuestros muelles y por nuestros
aeropuertos. Y esto ha puesto sobre la mesa de nuevo la vieja reivindicación del refuerzo de los puestos de inspección fronteriza, una reivindicación que Canarias hizo hace mucho tiempo y que avalan diversos acuerdos unánimes del Parlamento
canario; y digo unánimes, votados por todos los grupos aquí presentes. Les reconoceré que en los últimos tiempos el ministerio ha hecho un esfuerzo y se han incorporado algunos efectivos, pero están allí de manera temporal y tienen ya fecha de
vuelta. Y, además, efectivos que son veterinarios y no fitosanitarios, por tanto, no tienen capacidad para detectar plagas.
En los últimos veinte años, nos ha afectado la polilla guatemalteca, la cochinilla silvestre, diversos tipos de pulgones, la araña roja -puedo seguir-, etcétera. Nuestro territorio tiene una gran vulnerabilidad ante la entrada de plagas y
de especies invasoras, especies invasoras que están acabando con las flora y fauna autóctonas. Canarias tiene una biodiversidad única que debemos proteger y no podemos permitir que se ponga en riesgo. Nosotros vamos a insistir en lo necesario -por
eso explicaré luego los puntos de esta moción-: reforzar los recursos humanos y materiales de estos puestos de inspección fronteriza, y digo no solo humanos, también materiales e incluso instalaciones, algunas arrendadas y en precario; solo hay
dos escáneres, uno en cada provincia, y una escasez importante de pruebas en laboratorio.
Señorías, no hablamos solo de economía, hablamos de nuestro paisaje, hablamos de nuestra historia, hablamos de nuestra cultura y, como he dicho, hablamos de una biodiversidad única. No me hagan caso a mí si no quieren, porque habrá
intervenciones que dirán que hay personal suficiente; hagan caso al sector importador de plantas, de hortalizas, al sector exportador o al sector de las flores, que es muy importante en Canarias y que tiene enormes problemas. Hagan caso a los
agricultores, a ese sector primario que ve cómo tienen enormes dificultades para sacar su producción mientras que entra producción de todo tipo de todos los sitios que no pasa ni las mismas exigencias ni los mismos controles, que no utilizan los
mismos productos fitosanitarios.
Quiero pedirles que apoyen esta moción que recoge cinco puntos: el refuerzo de los controles, como he dicho, en puertos y aeropuertos; el apoyo económico a las labores de control para erradicar la filoxera que ha entrado; el puesto de
control fitosanitario del aeropuerto de Tenerife Sur; apoyo específico a la permanencia del personal, porque esta es otra, estamos cansados de que nos digan que hay muchísimos efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en los puestos de
inspección fronteriza, cuando son catálogos que la mayoría de las veces no están cubiertos o tienen vacantes por bajas por enfermedad, pero además hay otra, y es que muchos de esos puestos se adjudican a personas que viajan desde la Península y que
a la primera oportunidad se van porque no tienen incentivos y no tienen forma de estar en un lugar en el que un alquiler les cuesta casi su sueldo completo y, por tanto, sobre todo en algunas islas muy turísticas, en cuanto tienen la posibilidad se
van y dejan los puestos vacantes; y para terminar, el quinto y último punto es la sensibilización, la concienciación, hacer campañas intensas para que todos los hombres y mujeres, las personas que viajan, que entran y que salen de nuestros
aeropuertos sepan qué cosas no se pueden llevar en sus maletas, qué cosas no pueden trasladar porque ponen en peligro el producto autóctono, porque traen plagas, porque acaban con especies únicas. Tenemos que educar a la gente para que deje de
hacer esos inventos de traerse una plantita para hacer un injertito para tener una especie distinta en mi huerto o en mi jardín. Eso es muy peligroso.
Termino haciendo referencia a las enmiendas presentadas. VOX ha presentado una enmienda que recoge muchos puntos que tienen el mismo objetivo que la moción que yo presento y que, por tanto, compartimos, pero ha incorporado otros que no son
objeto de este debate ni de esta moción y que no podemos aceptar. En el caso del Grupo Socialista, la suya es una enmienda que reduce la moción a solo dos puntos en los que habla de mantener, de continuar, de seguir... No es lo que persigue esta
moción. Nosotros no estamos pidiendo que se continúe haciendo, estamos pidiendo que se tomen decisiones claras de concienciación, de refuerzo, de medios humanos, de medios materiales, y nos gustaría contar con apoyo. Y si hay algo que se está
haciendo, no veo el problema en apoyarlo. En cualquier caso, ofrezco a ambos grupos una votación por puntos que les permita apoyar los puntos en los que estamos de acuerdo y no apoyar o abstenerse en aquellos que no compartan. Insisto en que sobre
el debate de si hay diez o veinte efectivos, de si hay treinta o cuarenta o el cuádruple de lo que yo digo, hay centenares de importadores y exportadores y empresas que lo viven a diario y saben perfectamente qué personal es el que tenemos en
puertos y aeropuertos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valido.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Senyora presidenta. Senyories, vull començar esta intervenció mostrant, des del nostre grup parlamentari, des del meu partit d'Izquierda Unida, tota la solidaritat amb la preocupació que viuen estos dies els
canaris i canàries amb l'arribada de la fil·loxera. I dic comprensió perquè també al País Valencià sabem molt bé el que significa viure sota l'amenaça constant de plagues que venen de fora i que provoquen problemes en el nostre camp.Nosaltres ho
hem patit en carn pròpia a la citricultura, que fa anys que denunciem també a este hemicicle l'entrada massiva de taronja de Sudàfrica i d'altres països, fruit de tractats internacionals que no han sabut o no han volgut -perquè el Partit Popular i
el Partit Socialista, quan apleguen a Europa, aixina ho voten- protegir els nostres llauradors i llauradores. I ho hem vist: importacions en condicions de competència deslleial, sense els mateixos controls fitosanitaris ni les mateixes exigències
ambientals que a nosaltres. I també hem vist com eixa política comercial signada per Brussel·les posava en risc a un sector estratègic, una economia sencera i fins i tot a un paisatge que forma part de la nostra cultura com a valencians i com a
valencianes. Això m'ho transmeten diàriament els nostres llauradors. M'ho transmeten els nostres alcaldes, els alcaldes d'Esquerra Unida del País Valencià que viuen en zones agrícoles i que pateixen diàriament aquestes problemàtiques. I per això
entenem perfectament la indignació i la demanda que fa hui Coalición Canaria i que també compartim la gent d'Esquerra Unida i de SUMAR de les Illes Canàries.
Perquè quan una plaga travessa la frontera ja no hi ha marxa enrere. El cost econòmic, ecològic, cultural el paga sempre la gent del territori. I, com he dit, en el País Valencià, amb la taronja som experts en esta injustícia. I vull
deixar-ho clar: El que reclama Canàries no és un privilegi, és el sentit comú. Es tracta de reforçar els controls fronterers, d'exigir les mateixes condicions al que entra que al que produïm ací i d'assegurar que Europa no s'oblida dels seus
agricultors. Ací no parlem d'illes separades, parlem
d'una mateixa batalla: la defensa del camp canari i la defensa, en el meu cas, del camp valencià, que no són lluites diferents. Són la mateixa causa per la sobirania alimentària, per la dignitat de qui treballa la terra i la protecció dels
nostres territoris, com recorda sempre el nostre portaveu Toni Valero, a Andalusia.
Mireu, Canàries és un territori especialment sensible i la seua biodiversitat és única. La seua insularitat i la importància de la seua agricultura el fan molt més vulnerable a l'entrada d'espècies invasores, com ha recordat ací Cristina
Valido. Ho hem vist en els últims anys amb el picut roig, la cotxinilla del carmí, les tèrmits de Tenerife o espècies vegetals que desplacen a la flora autòctona. I ara, amb l'amenaça de la fil·loxera, que sabem com pot ser de devastadora. El
problema de fons és el mateix: els controls actuals en ports i aeroports han de ser més ambiciosos. Ha d'haver un augment de personal. Ha d'haver una millor coordinació i una política de prevenció seriosa. Massa vegades es reacciona tard, quan
el mal ja és irreversible.
Señora presidenta, señorías, quiero comenzar esta intervención mostrando desde nuestro grupo parlamentario, desde el partido de Izquierda Unida, toda la solidaridad con la preocupación que viven estos días los canarios y las canarias con la
llegada de la filoxera, y digo comprensión porque también en el país valenciano sabemos muy bien lo que significa vivir bajo la amenaza constante de plagas que vienen de fuera y que provocan problemas en nuestro campo. Nosotros lo hemos sufrido en
carne propia en la citricultura; hace años denunciamos también en este hemiciclo la entrada masiva de naranja de Sudáfrica y de otros países, fruto de tratados internacionales que no han sabido o no han querido -porque el Partido Popular y el
Partido Socialista cuando están en Europa así lo votan- proteger a nuestros campesinos y campesinas, y lo hemos visto: importaciones en condiciones de competencia desleal sin los mismos controles fitosanitarios y sin las mismas exigencias
ambientales que a nosotros. También hemos visto cómo esta política comercial firmada por Bruselas ponía en riesgo a un sector estratégico, una economía entera e incluso un paisaje que forma parte de nuestra cultura como valencianos y valencianas.
Eso me lo transmiten a diario nuestros campesinos, nuestros alcaldes, los alcaldes de Izquierda Unida del país valenciano que viven en zonas agrícolas y que sufren a diario estas problemáticas. Por eso entendemos perfectamente la indignación y la
demanda que formula hoy Coalición Canaria y que también compartimos la gente de Izquierda Unida y de SUMAR de las islas Canarias.
Cuando una plaga atraviesa una frontera ya no hay marcha atrás. El coste económico, ecológico y cultural lo paga siempre la gente del territorio. Como he dicho, en el país valenciano con la naranja somos expertos en esta injusticia. Y
quiero dejarlo claro, lo que reclama Canarias no es un privilegio, es el sentido común; se trata de reforzar los controles fronterizos y exigir las mismas condiciones al que entra que a los que producimos allí y asegurar que Europa no se olvida de
sus agricultores. No hablamos de forma separada; por tanto, es una batalla común la defensa del campo canario, en mi caso el campo valenciano; no son luchas diferentes, son la misma causa para la soberanía alimentaria (aplausos), para la dignidad
de quien trabaja la tierra y la protección de nuestros territorios, como recuerda siempre nuestro portavoz, Toni Valero, en Andalucía.
Canarias es un territorio especialmente sensible y su biodiversidad es única, su insularidad y la importancia de su agricultura la hacen mucho más vulnerable a la entrada de especies invasoras, como lo ha recordado Cristina Valido. Lo hemos
visto en los últimos años con... lo que ha ocurrido en Tenerife con especies vegetales que desplazan a la flora autóctona y ahora con la amenaza de la filoxera, que sabemos cómo puede devastar. El problema de fondo es el mismo: los controles
actuales en los puertos y los aeropuertos tienen que ser más ambiciosos, tiene que haber un aumento del personal, tiene que haber una mejor coordinación y una política de prevención seria. Demasiado a menudo se reacciona tarde, cuando el mal ya es
irreversible.
Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, desde Izquierda Unida, creemos que esto no se resuelve solo con palabras de apoyo del señor ministro, se necesita una estrategia integral. Eso significa reforzar plantillas y medios técnicos
en los servicios de inspección fitosanitaria de puertos y aeropuertos, significa también apostar por la investigación científica, por la detección temprana y por la colaboración, dándole voz también a agricultores, cabildos y comunidades autónomas.
Y significa, sobre todo, entender que no estamos hablando solo de un problema administrativo; hablamos de un modelo de país, de si defendemos a quienes producen aquí con condiciones ambientales y sociedades estrictas o de si seguimos entregando
sectores estratégicos, como es la agricultura, a tratados comerciales que nos dejan indefensos.
Canarias no se puede quedar a la intemperie, igual que no puede quedar a la intemperie el campo valenciano, el murciano, el andaluz o cualquier territorio donde en el campo se juega su supervivencia frente a plagas, al dumping social y a la
desprotección política. Por eso, pedimos y exigimos al Gobierno que actúe con urgencia, pero también con una visión estructural, porque de lo que se trata aquí no es solo de evitar la entrada de plagas; se trata de defender la vida, la cultura y
el futuro que son nuestros campos y nuestros territorios.
Para acabar, lo dije y lo digo siempre que hablo: Siempre que hable en esta tribuna voy a recordar al pueblo palestino. Y hoy acabo diciendo, en relación con toda esta gente que está navegando en una flotilla, que estamos todos dentro de
esa flotilla y que, si les llega a pasar algo, si llega a haber algún accidente con ellos, si llegan a atacar a la flotilla, nos van a atacar a todos y a todas. (Aplausos). Que quede muy claro en este hemiciclo la voz de todos los diputados y
diputadas del Grupo Plurinacional SUMAR.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Señora presidenta, señorías, hoy hablamos de la filoxera en Tenerife, pero sería un error -y nosotros no lo vamos a hacer así- limitar este debate solamente a Canarias, porque la realidad, señorías, es que la
filoxera podría volver a asomar por toda España. Nuestros agricultores vuelven a ver con miedo cómo se detectan estos brotes, cómo se impone la incertidumbre y cómo se pone en riesgo un alimento que es símbolo y orgullo de nuestra patria como es el
vino español. No hay región en nuestra tierra que no haya cultivado la vid y que no haya sufrido la tragedia de la filoxera en el siglo XIX, cuando arrasó millones de hectáreas y obligó a nuestros abuelos a reconstruir desde la nada. Aquella
generación se sacrificó para salvar el viñedo español. ¿Vamos a permitir nosotros que, por negligencia política, se repita esta misma historia? Pero no es solo la filoxera, también tenemos otra serie de plagas que están haciendo polvo la
agricultura. Parte de los viticultores también está sufriendo ahora mismo el mildiu. Y llegan otras plagas, como digo, de fuera, contra el sector agrario, como la viruela ovina, la lengua azul, la fiebre aftosa, el virus rugoso del tomate, la
mancha negra de los cítricos... Es decir, son muchas plagas que están llegando precisamente por la negligencia en el control de nuestras fronteras.
En torno a todo esto, vamos a comentar también una verdad incómoda: el bipartidismo ha sido el mayor enemigo de la agricultura y la ganadería europea, convirtiendo nuestras fronteras en un auténtico coladero, y eso debe quedar
meridianamente claro. (Aplausos). Durante décadas, el Partido Popular y el Partido Socialista han recortado en desarrollo rural; han firmado acuerdos contra el sector agrario, acuerdos de libre comercio descontrolados; han tenido y han tejido
tentáculos clientelares para engañar a nuestros agricultores y ganaderos y, ahora, su Gobierno de coalición en Bruselas plantea un recorte de hasta un 30 % de la política agraria común, lo que exigiría la petición de dimisión automática por parte de
todos nosotros de Von der Leyen, del Partido Popular; de Teresa Ribera, que es la vicepresidenta del Partido Socialista, y del comisario de Agricultura del Partido Popular, Hansen, por su afrenta a la agricultura europea, pero todos ustedes van a
seguir callando. Y tenemos a las eurodiputadas del Partido Popular y del Partido Socialista, a Carmen Crespo y a Cristina Maestre, haciendo un papelón, cuando sus propios partidos son los que plantean ese recorte y cargarse la especificidad también
de la política agraria común.
En Canarias, solo hay cinco inspectores en la frontera donde hacen falta diez, lo han comentado antes los anteriores portavoces. En la península, puertos y aeropuertos permiten la entrada de mercancías sin el debido control, hay escáneres
averiados, instalaciones obsoletas, laboratorios que tardan semanas en analizar una muestra... La incompetencia se está propagando constantemente como un virus y, con ello, el riesgo de que una plaga arruine el sector agrario. (El señor
vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
La filoxera y el resto de las plagas, señorías, no distinguen de regiones, por mucho que ustedes se empeñen en hablar de regionalismos constantemente. VOX lo tiene claro: hay que declarar como asunto urgente de Estado los controles de
entrada y sanitario en todas nuestras fronteras, en las fronteras de todo el territorio nacional español. (Aplausos). Hay que reforzar todos los puestos de inspección fronterizos, desde Algeciras hasta Valencia, desde Vigo hasta Canarias. Hay que
dotar de personal suficiente, con estabilidad e incentivos, y de medidas técnicas modernas a cada puerto y a cada aeropuerto, y hay que acabar con la hipocresía del bipartidismo. O exigimos preferencia comunitaria y reciprocidad en todos los
tratados comerciales y prohibimos la entrada de productos que no cumplan nuestras normas
fitosanitarias y de seguridad o estaremos condenando el campo español a competir en desigualdad y a desaparecer. (Aplausos).
Señorías, la filoxera es una metáfora perfecta de lo que ocurre en nuestro campo: una plaga externa entra y destruye lo nuestro porque el Estado no está defendiendo las fronteras desde hace décadas. Y VOX lo dice alto y claro: sin
soberanía alimentaria no hay nación soberana. Queremos un país que proteja las fronteras, lo decimos constantemente. Queremos un país que respete a quienes lo trabajan. Queremos un país que sepa cuidar de su futuro. Defender al viticultor
español, defender a agricultores y ganaderos es defender a España, lo hemos dicho constantemente. Y VOX, señorías, es el único que estará siempre...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.
El señor CHAMORRO DELMO: ... en esa trinchera.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Corujo Berriel.
La señora CORUJO BERRIEL: Gracias, presidente.
En primer lugar, me gustaría comenzar esta intervención diciendo que el asunto urgente que tiene nuestro país es, desde luego, matar la desinformación y ese dato que acaba de dar VOX como información para nada se corresponde con la realidad
que se está viviendo en Canarias con esta plaga.
Comienzo la intervención diciendo que en las islas Canarias la vid florece sobre tierra volcánica en un paisaje singular y ancestral, precisamente gracias a la ausencia de la plaga, lo que preserva una variedad única de caldos en el mundo y
una viticultura heroica. Un ejemplo claro de esa agricultura heroica es precisamente el paisaje de La Geria en la isla de Lanzarote, de ahí que la filoxera haya activado todas las alertas por parte de las Administraciones públicas, tanto del Estado
como del Gobierno de Canarias, y que haya sido un ejemplo de éxito, de colaboración, de coordinación y de eficacia, tanto en su detección como también en su intervención.
Me gustaría detenerme en los puntos que el Grupo Mixto pone en la moción, para intentar aclarar ciertas informaciones que no se corresponden con la realidad. En primer lugar, ni en Canarias ni en ningún punto del país entra ningún material
sin ningún tipo de control. Señorías, sabemos y somos conscientes todos que en el marco europeo los controles legislativos son los más restrictivos del mundo. Pero, aparte de los controles que tenemos en el marco europeo, Canarias, específicamente
Canarias, tiene además un marco regulador distinto, basado en una orden del 12 de marzo de 1987, que además no restringe, sino que prohíbe la entrada de importación de material de vid de otros países. Tal es así, señorías, que tampoco se permite la
importación de la península y tampoco de Baleares.
Recientemente, el ministro ha emitido una orden ministerial en relación con la plaga de la filoxera, que va a dar un paso más para minimizar el riesgo de este tipo de plaga y prohíbe también la importación de frutos y de semillas procedentes
de países que tengan presencia de la filoxera. Esto no solo afecta a mercancías, señorías, sino también a las importaciones de particulares. Por tanto, se han tomado todas las medidas que estén al alcance por parte del Gobierno de España para
evitar, para minimizar el impacto de cualquier tipo de plaga en el territorio canario. (Aplausos).
Ahora me voy a centrar en una serie de datos que me parecen relevantes. Primero, porque parece que estamos en un campo de entrada libre y que además no se han reforzado los puertos y los puntos de control fronterizos en Canarias o en el
conjunto del país. Me centro en Canarias. En Canarias, con el Gobierno liderado por Mariano Rajoy, teníamos cincuenta y cinco puestos y nueve vacantes. En 2025, hoy puedo informar, señorías, que se han incrementado once puestos más de inspectores
fitosanitarios para las islas Canarias. Y estos inspectores, además, trabajan en un régimen de polivalencia, como bien saben; no es cierto que ningún inspector de las islas capitalinas se tengan que trasladar a las islas no capitalinas. Es más,
los estudios de carga demuestran que están cubiertos todos los recursos y que no hay necesidad ni hay ninguna solicitud de ninguna comisión de servicios que obligue a sacar una oferta de empleo público. Es más, la última oferta de empleo público
para inspectores vinculados a la inspección vegetal es de seis, que están cubiertos en la actualidad.
Quiero decirles también que Tenerife cuenta con tres puntos de inspección fronteriza, es la única isla que así los tiene: en el puerto, en el aeropuerto norte y en el aeropuerto sur. En la isla de Lanzarote hay
también en el puerto y en el aeropuerto; en Fuerteventura, únicamente en el puerto; en La Palma, en puerto y aeropuerto; y también en Gran Canaria en puerto y aeropuerto. Como ven, están cubiertos en todas las islas. Señorías, de los
cincuenta y un puestos para la actividad inspectora, vinculados única y exclusivamente en la inspección, cuarenta y uno están cubiertos por inspectores y diez por apoyo técnico y además administrativo, algo con lo que no cuenta ningún puerto en la
península. Es decir, los cincuenta y un puestos de inspectores, señorías del resto de grupos parlamentarios, están cubiertos al cien por cien.
Por otro lado, cuando se solicita dotación económica...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debería finalizar, por favor.
La señora CORUJO BERRIEL: Un segundo, presidente.
Decía que cuando se solicita dotación económica para paliar este tipo de situaciones, quiero informarles de que Canarias desgraciadamente renunció a los fondos europeos del ejercicio 2026 para la restauración y replantación de la vid cuando
viviéramos situaciones como la que vivimos en la actualidad, con plagas como la filoxera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señoría.
La señora CORUJO BERRIEL: Eso sí, se repartió la última sectorial y Canarias quedó fuera porque no se acogió a esos recursos. El POSEI es una herramienta necesaria para paliar esta situación...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias, señoría.
La señora CORUJO BERRIEL: ... de la que sí tiene Canarias disponibilidad.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, en fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, president.
Bona tarda a totes i a tots. Aquesta moció que avui estem debatent és una moció important. Ho és perquè, entre altres coses, el control fitosanitari arreu, però en el cas que ens ocupa en ports i aeroports, no és en cap cas una qüestió
menor. És una qüestió de seguretat alimentària, és una qüestió de salut pública. És, en definitiva, una qüestió de defensa del nostre sector agroalimentari.
A Catalunya sabem perfectament què significa tenir un sector agroalimentari fort, un sector ramader fort, de fet, un sector agroalimentari de primer nivell. Per posar un exemple, la ramaderia porcina. Avui no parlaré de vi. Si parléssim
de vi podria parlar no només de la fil·loxera, podríem parlar també del míldiu, per exemple, però avui parlarem de ramaderia porcina. Al meu país, aquest sector és un autèntic motor econòmic, sobretot a les comarques de Ponent i també a Osona.
Només cal recordar que Catalunya concentra gairebé un terç de tota l'ocupació que es genera al sector porcí a l'Estat espanyol, que globalment ocupa prop de 30 000 persones. Estem parlant de prop també de 10 000 llocs de treball directes i
indirectes vinculats al porcí a Catalunya, un sector que aporta una part clau a les exportacions, que genera una riquesa en el territori important i que sustenta comarques rurals que, sense aquesta activitat, evidentment tindrien més difícil poder
viure en aquestes comarques.
Per això, i més enllà de la particularitat insular de Canàries, quan parlem de controls fitosanitaris, no parlem només d'una qüestió merament tècnica. Parlem de coses més importants. Parlem, senyories, de protegir la vida d'infinitat de
famílies pageses i ramaderes. Parlem també de blindar un dels sectors més dinàmics de la nostra economia davant de l'amenaça, de les amenaces que avui són amenaces reals i concretes, com per exemple, si parlem del sector porcí, de la pesta porcina
africana, que avui ja ha arribat a diversos països europeus i que podria arrasar el nostre sector si entrés per manca de previsió o bé entrés, senzillament, per una negligència.
Volem ser clars i subratllar l'esperit de la iniciativa de la senyora Valido. L'Estat espanyol -sí, senyories- té un dèficit evident en matèria de control en ports i aeroports. Catalunya, com a gran porta d'entrada de mercaderies a Europa,
viu també amb especial preocupació aquest dèficit existent. Perquè tot això no va només de recursos, que també, sinó tot això va d'una millor coordinació, va de posar fi a la improvisació. Però sobretot va de situar els interessos del sector
primari al centre de les polítiques. El que hi ha en joc en matèria de sanitat animal i vegetal són moltes empreses familiars. Recordem que a
Espanya hi ha més de 780 000 explotacions agràries i que el 87 % són de caràcter familiar. Però també va de tenir la confiança de la ciutadania, que exigeix, òbviament, unes institucions responsables i, sobretot, previsores.
Així doncs, votarem a favor d'aquesta moció i reclamarem més personal i més recursos. Reclamarem més protocols de resposta ràpida davant de qualsevol alerta fitosanitària per evitar que el problema arribi al territori productiu. I
evidentment, reivindicarem més coordinació i més compromís polític, ferm i valent.
I sí, calen més controls fitosanitaris, senyories, per evitar plagues, per evitar malalties. Però també calen polítiques fermes i valentes perquè els productes de tercers països compleixin les mateixes normes que s'exigeixen aquí. Perquè
el sector -i vaig acabant, president- viu una doble traïció: l'obligació de produir amb més requisits i produir més costos, mentre es permet una competència deslleial que encareix els preus i que, evidentment, condemna de retruc la nostra pagesia,
a banda de dinamitar, òbviament, la sobirania alimentària, la sostenibilitat i també el món rural. I ho diem amb dades i amb el suport del sector: UPA, COAG, Unión de Uniones rebutgen l'acord amb Mercosur, per ser un pacte deslleial, un pacte que
posa en risc el camp espanyol. El mateix Govern de Canàries s'ha oposat a l'acord per les repercussions que tindria sobre el sector primari de les regions vulnerables i a tot arreu -i acabo- des d'Andalusia fins a Catalunya, les organitzacions
agràries alerten, alerten que obrir la porta a productes agrícoles i càrnics que no compleixen els nostres estàndards el que suposarà és dinamitar el nostre sector productiu. Per això, nosaltres estem amatents i estem a l'espera i reclamem, una
vegada més, al ministre Planas que vingui aquí en aquest Congrés i ens expliqui per què hem de defensar el que representa aquest acord comercial amb Mercosur. Senzillament volem debatre-ho i volem poder ser també la veu de la nostra pagesia. Res
més.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Esta moción que estamos debatiendo hoy es una moción importante. Lo es, porque, entre otras cosas, el control fitosanitario en todas partes, pero en el caso que nos ocupa, puertos y aeropuertos, no es
en ningún caso una cuestión menor. Es una cuestión de seguridad alimentaria, es una cuestión de salud pública; en definitiva, es una cuestión de defensa de nuestro sector agroalimentario.
En Cataluña sabemos perfectamente lo que significa tener un sector agroalimentario fuerte, un sector ganadero fuerte; de hecho, un sector agroalimentario de primer nivel. Por poner un ejemplo, la ganadería porcina. Hoy no hablaré de vino.
Si habláramos de vino, podría hablar no solo de la filoxera, sino también del mildiu, por ejemplo, pero hoy hablaremos de ganadería porcina. En mi país este sector es un auténtico motor económico, sobre todo en las comarcas de Osona. Solo quiero
recordar que Cataluña concentra casi un tercio de toda la ocupación del sector porcino del Estado español, que globalmente ocupa a casi treinta mil personas, da empleo a casi treinta mil personas, casi diez mil puestos de trabajo directos e
indirectos vinculados al porcino en Cataluña. Un sector que aporta una parte clave a las exportaciones, que genera una riqueza en el territorio importante y que además respalda a comarcas rurales que, sin dicha actividad, obviamente tendrían más
complicado poder vivir en esas comarcas.
Por eso, más allá de la particularidad insular de Canarias, cuando hablamos de controles fitosanitarios, no hablamos solo de una cuestión meramente técnica, hablamos de cosas más importantes. Hablamos, señorías, de proteger la vida de
infinidad de familias agricultoras y ganaderas; hablamos también de blindar uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía ante las amenazas que hoy son amenazas reales y concretas, como, por ejemplo, si hablamos del sector porcino, de la
peste porcina africana, que hoy ya ha llegado a múltiples países europeos y que podría arrasar a nuestro sector si entrara por falta de previsión o entrara simplemente por una negligencia.
Queremos ser claros y recalcar el espíritu de la iniciativa de la señora Valido. El Estado español, sí, señorías, tiene un déficit evidente en lo que es control de cerdos en puertos y aeropuertos. Cataluña, como la gran puerta de entrada
de mercancías en Europa, vive también con especial preocupación este déficit existente, porque todo esto no va solo de recursos, que también, sino que todo esto va de una mejor coordinación, de poner fin a la improvisación y, ante todo, esto va de
situar los intereses del sector primario en el centro de las políticas. Lo que hay en juego en materia de sanidad animal y vegetal son muchas empresas familiares. Recordemos que en España hay más de 780 000 explotaciones agrarias y que el 87 % son
familiares. Pero esto también va de contar con la confianza de la ciudadanía, que exige, obviamente, unas instituciones responsables y, sobre todo, que hagan prevención.
Así que votaremos a favor de esta moción y reclamaremos más personal y más recursos; reclamaremos más protocolos de respuesta rápida ante cualquier alerta fitosanitaria para evitar que el problema llegue al territorio productivo. Y,
obviamente, reivindicaremos más coordinación y más compromiso político firme y valiente.
Y sí, nos hacen falta más controles fitosanitarios, señorías, para evitar plagas, para evitar enfermedades, pero también nos hacen falta políticas firmes y valientes para que los productos de terceros países cumplan las mismas normas que se
exigen aquí. Porque el sector -y voy terminando, presidente- vive una doble traición; la obligación de producir con más requisitos y producir con más costes mientras se permite una competencia desleal que encarece los precios y que, obviamente,
condena, de paso, nuestra agricultura, además de limitar la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y el mundo rural. Y lo decimos con datos y con el apoyo del sector. UPA, COAG, Unión de Uniones rechazan el acuerdo con Mercosur por ser un pacto
desleal, un pacto que pone en riesgo el campo español. El mismo Gobierno de Canarias se ha opuesto al acuerdo por las repercusiones que tendría sobre el sector primario de las regiones vulnerables. Y en todas partes -y termino-, desde Andalucía
hasta Cataluña, las organizaciones agrarias alertan de que abrir la puerta a productos agrícolas y cárnicos que no cumplan con nuestros estándares supondrá dinamitar nuestro sector productivo. Es por ello por lo que nosotros estamos atentos,
esperando, y reclamamos una vez más al ministro Planas que venga aquí, a este Congreso, y nos cuente por qué debemos defender lo que representa este acuerdo comercial con Mercosur. Simplemente, queremos debatir y poder ser también la voz de nuestro
sector agrícola.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Rojas Manrique.
El señor ROJAS MANRIQUE: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías.
Señorías del Grupo Socialista, señora Corujo, veo que se saben los datos y que se sabe la ley. Pues aplíquenla con garantías, que es el deber del Gobierno, puesto que la filoxera ha entrado en Canarias. Señorías, Canarias vuelve a estar en
riesgo por una plaga que jamás debió entrar. Este insecto que arrasó los viñedos de Europa amenaza hoy a nuestro archipiélago y lo hace porque nuestros puertos y aeropuertos carecen aún de los medios necesarios para protegernos.
No hablamos de un problema menor. En Canarias hay 6277 hectáreas de viñedos, más de 319 bodegas, 8000 viticultores y 10 millones de litros de vino al año, con más de 5000 empleos directos. La viña es el tercer cultivo más importante y
Tenerife acumula casi el 50 % de la superficie vitícola del archipiélago, donde hay seis denominaciones de origen. Pero no se trata solo de economía, hablamos también de identidad, de paisaje y de historia. Cada copa de vino canario encierra
siglos de historia. Si no actuamos, detrás vendrán otras plagas y especies invasoras que pueden poner en peligro la agricultura. Con ello perderíamos paisaje, seguridad alimentaria y hasta turismo.
Señorías, me crie y vivo en tierra de vino, entre Taganana y Tacoronte. Sé de primera mano lo que significa para una familia y para un pueblo la viña que se hereda, que se cuida y se transmite generación tras generación. Y no nos
engañemos, esto no es un accidente, porque los puestos de inspección fronterizos en Canarias arrastran carencias persistentes. A pesar del gran trabajo que desarrollan los inspectores y personal especializado, no se cubren todos los puestos
necesarios y las instalaciones son obsoletas. Lo hemos visto durante fines de semana enteros, con mercancías acumuladas esperando al lunes. Mientras tanto, el Gobierno hace promesas y no da ninguna solución.
Señorías, mientras Canarias sufre amenazas reales a su agricultura y a su producción alimentaria, ¿qué hace el Partido Socialista? Dedicar sus esfuerzos a negociar transferencias de competencias con los independentistas y reírse de los
palmeros, que siguen esperando las ayudas del Estado para reconstrucción de fincas afectadas por el volcán. Por cierto, díganles al ministro Torres y a Pedro Sánchez que se den una vuelta por las calles de La Palma para decirles a la cara a los
palmeros afectados por el volcán eso de que están mejor que antes de la erupción. (Aplausos). Les animo a que lo hagan. Es la misma actitud que hemos visto con la deuda acumulada del descuento de residente o con la subida de las tasas de AENA,
que nos castiga a los canarios cada vez que viajamos, en lugar de reforzar nuestra conectividad y competitividad. Por eso, señorías, Canarias no necesita titulares de prensa ni cortinas de humo para tapar su corrupción; necesita un plan urgente
con ayudas y medidas que apoyen las labores de control, inspección y -muy importante- erradicación de la filoxera.
Desde el Partido Popular ya se lo hemos pedido en varias ocasiones, así que pónganse a trabajar, revisen y actualicen los baremos, incentivos y complementos aplicables al personal de los puestos de inspección fronterizos, con el fin de
fomentar su permanencia en las islas.
Estamos de acuerdo con esta moción, pero exigimos medidas inmediatas: refuerzo real de los puestos de inspección fronterizos en Canarias, con más inspectores, mejores instalaciones, tecnología moderna y funcionamiento 24/7; ayudas directas
a los agricultores que pudieran verse afectados; y blindaje de las herramientas europeas, en especial del POSEI, que no puede quedar expuesto a recortes en Bruselas. Aquí necesitamos la unidad de todos, porque sin presupuesto estable ponemos en
riesgo al sector primario en Canarias.
Señorías del Gobierno, Canarias no puede ser una frontera olvidada. Esta plaga nos recuerda que no podemos bajar la guardia. Por eso les digo que cumplan con su deber, refuercen nuestras fronteras y protejan nuestra agricultura. En
definitiva, protejan a Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE CUÁL ES LA ESTRATEGIA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000120).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Gràcies.
Bé, VOX, sota el pretext de donar respostes, el que vol fer amb aquesta moció és posar l'habitatge a disposició de l'especulació i dels grans patrimonis. Quin problema hi ha?
VOX, con el pretexto de dar respuestas, lo que quiere hacer con esta moción es poner la vivienda a disposición de la especulación y de los grandes patrimonios. (Rumores.-Protestas del Grupo Parlamentario VOX).
¿Qué problema hay?
¡Ah, que no has intervenido! (Risas.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Discúlpenme. (Rumores).
Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál es la estrategia que va a adoptar el Gobierno para posibilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Hernández Quero. Le pido disculpas. (Aplausos).
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Gracias, señor presidente.
Agradezco a la señora Estrems su atentísima escucha de un discurso que no había existido. Muchas gracias. (Aplausos).
El bipartidismo lleva años tratando a nuestros jóvenes como si fueran ratones de laboratorio o conejillos de Indias. Aquí se combina con bastante arte y sin contradicción aparente la política de solares vacíos con la de inmigración masiva;
la intervención fallida de los alquileres con el abandono de la vivienda protegida; la retención de suelo por parte de las Administraciones públicas con el amparo explícito de la inquiokupación y los impuestos altos para jóvenes españoles con la
barra libre para fondos y fortunas extranjeras. Lo que hoy tenemos parece el guion de una tira cómica, pero es el triste resultado de décadas rumbo al precipicio sin nadie al volante. Los hijos de quienes un día fueron propietarios ya son
precarios, sin casa y sin esperanza. Nuestros jóvenes, forzados a vivir en una mudanza continua, parecen mochileros en su propia ciudad. Las clases populares disfrutan por fin del sueño de la modernidad, que no era tener trabajo, casa y coche,
sino que al parecer era dejarse medio sueldo en un semisótano interior. Incluso los que tienen sueldos apreciables y nunca han estado desempleados saben que solo podrán pasar por el notario a firmar la compra de su primera vivienda cuando antes
hayan pasado por el tanatorio a despedirse de sus
padres. Es tan ridícula y tan esperpéntica la situación que hace tiempo que en España se producen cada año más okupaciones que viviendas de protección oficial se terminan. (Aplausos).
Cada época tiene sus respuestas a sus crisis; las de la nuestra, desde luego, no pueden ser más elocuentes. Tenemos a quienes se niegan a construir en nombre de un credo decrecentista. Es gente que vive en una burbuja de cristal, ajena a
toda realidad. No les importa que falten cientos de miles de casas -pronto millones- ni que en España se creen al año casi el triple de hogares de los que se producen; aún hay hueco para que los jóvenes se aprieten y se acinen un poco más -parecen
pensar algunos-, aún se puede subarrendar el salón o el garaje, quién sabe. Es alucinante cómo esta cháchara ha calado entre nuestras élites o, mejor pensado, en verdad, no sorprende tanto. Lo alucinante sería que, en lugar de hablarse de
crecimiento en la SER, en la Facultad de Políticas de Somosaguas o en las buhardillas de Malasaña, se hablara en Cornellá o en Moratalaz, pero allí no se escucha ni una palabra de esto, porque los que llegan justitos al día veinte de cada mes no
están ni para ensayos ni para bromitas de mal gusto. (Aplausos).
Tenemos también a los fanáticos del control de alquileres. Da igual que estas medidas hayan fracasado en todo el mundo, que aquí se hayan llevado por delante la mitad de oferta residencial de larga duración en un puñado de años o que hayan
condenado a toda una generación a vivir a salto de mata, en un casting inmobiliario continuo; da igual porque nunca importó que las cosas funcionaran. Importaba que fueran 'chulis', y en eso este Gobierno es cum laude.
Finalmente contamos con un tercer grupo, que son los amantes de la globalización, los que creen que todo ha de ser sometido a una lógica mercantil, que nuestros barrios y nuestra identidad no valen nada por sí mismos, que los españoles somos
un simple decorado en nuestro propio país. Son los heraldos de la colonización de distritos enteros por fortunas extranjeras, los que piensan que meter a millones de personas en un país en el que faltan casas a cascoporro no va a tener ningún
impacto en el acceso a la vivienda. No eran, desde luego, los mejores alumnos en matemáticas, de eso no cabe duda, pero tampoco en bien común y tampoco en patriotismo. (Aplauso).
Frente a tanto disparate, tenemos el deber de esbozar las líneas maestras de una política de vivienda diferente; una política de vivienda basada en el bien común, la justicia y el apoyo a la familia; una política de vivienda conservadora;
una política de vivienda con raíces y con mirada larga; una política que, ante la escasez, no dude de que la solución es construir y permitir construir, porque, si no, la alternativa es hacinamiento, infravivienda y chabolismo; una política que
sea consciente de que las casas hacían falta ayer no, antes de ayer y que, en consecuencia, se lance a acelerar trámites, a acelerar trabas, a acelerar procesos de transformación del suelo, a promocionar la densidad y a inundar España otra vez de
bloques para las familias. Necesitamos una política que sepa que las grúas son solo el medio y no el fin, y que de nada servirá construir si no se hace al servicio de un norte moral, el de conseguir que la propiedad vuelva a estar lo más
distribuida posible, el de facilitar que los chicos de San Blas, de las Delicias o de Huelin puedan ser dueños de su casa y así puedan ser también dueños de su propio destino. (aplausos). Debemos esbozar una política que, ante la devastación del
mercado de alquileres, trate de recomponer las relaciones entre caseros e inquilinos, promocionando aquello que ambos buscan: los primeros, garantía en el cobro y seguridad en la recuperación de la posesión; los segundos, oferta abundante,
asequible y estable. Necesitamos una política que proteja la comunidad y nuestra soberanía inmobiliaria, grabando de forma acusada la compra de vivienda por parte de capital extranjero y utilizando lo recaudado para hacer vivienda protegida y
bonificaciones fiscales para las familias españolas; una política que quite los indecentes impuestos a la compra de primera vivienda o que difiera su pago, si no es posible lo otro, para que estos no se conviertan en un obstáculo imposible de
franquear para jóvenes y clases medias (aplausos); una política que ayude a los españoles con liquidez, pero sin ahorros, a desarrollar su proyecto vital con avales o con créditos blandos que se vayan condonando parcialmente en función del número
de hijos que vayan teniendo las familias, porque es mucho más importante tener hijos que ir pagando un préstamo; una política que diga sin miedo que fronteras seguras son pisos asequibles y que ponga al español primero en la compra, primero en el
alquiler, primero en la vivienda social, primero en la vivienda protegida, primero en las bonificaciones, primero en las ayudas, y segundo, y tercero, y cuarto, y quinto; una política que no se mire el ombligo y que sea consciente de que España no
termina ni en la M30 ni en Gracia y que, en consecuencia, reconozca que no habrá solución posible para el problema de la vivienda en las grandes capitales si no devolvemos industria, servicios e infraestructura a las cabezas de comarca, a las
pequeñas y medianas ciudades. (Aplausos). En definitiva, necesitamos una política de vivienda regida por los más altos ideales, acceso popular y asequible a la propiedad, familias estables, comunidades
fuertes y enraizadas, barrios reconocibles y ciudades habitables en las que merezca la pena vivir. La España feliz de los toldos verdes o la España del experimento bipartidista.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, com que sempre diuen el mateix, em pensava que havien renunciat a la intervenció per anar a sopar més aviat.
En tot cas, VOX, sota el pretext de donar respostes, el que vol fer amb aquesta moció és posar l'habitatge a disposició de l'especulació i dels grans patrimonis. Propostes caducades, que no resoldran segur el drama social més important dels
nostres temps, el de l'accés a l'habitatge. I vull anar punt per punt perquè és important desemmascarar cadascuna de les seves mentides.
VOX diu: El que cal és construir més i desregular, és a dir, liberalitzar. Mentida! Ja vam viure la bombolla immobiliària. Més pisos que mai i en comptes d'abaixar els preus es van disparar. Per què? Perquè el mercat privat només
construeix quan veu negoci, no quan hi ha necessitat social. La solució? Lideratge públic i parc protegit. Construir sí, però també comprar habitatges existents, exercir el dret de tempteig i retracte, posar a disposició social els pisos de la
Sareb, actuar per influir en el preu del mercat.
VOX diu: Deroguem la Llei d'habitatge. Error! Això és desprotegir els joves i les famílies que més ho necessiten. A Catalunya, gràcies a la regulació dels preus del lloguer en zones tensionades, han començat a baixar entre un 3 i un 5 %.
Si traiem aquesta eina, els únics beneficiaris són, com sempre, els especuladors. La solució? Just la contrària: reforçar i ampliar aquesta llei per on s'escapen els pisos, lloguers de temporada i habitacions.
VOX diu: Permetem que l'habitatge protegit passi al mercat privat per poder tenir un pis en propietat. Això, senyories, ja ha passat. En quaranta anys s'han desqualificat 3 000 000 d'habitatges protegits a l'Estat i el resultat és que
tenim poc més d'un 1 % d'habitatge protegit a Catalunya contra un 8 % de mitjana europea. Pisos fets amb fons públics que ja mai més podrà tornar a utilitzar una família que ho necessiti i el més greu, que es podran llogar o vendre a preu d'or. La
solució? Blindar l'habitatge protegit perquè sigui permanent i aconseguir així estabilitzar el mercat i oferir alternatives de lloguer assequible.
VOX diu: Condicionem les ajudes a l'empadronament, a la família o a la nacionalitat. Això és injust i discriminatori, però a més és anticonstitucional, amb el que vostès s'estimen la Constitució! A Catalunya ja utilitzem criteris socials
objectius que valoren necessitats reals. Excloure les persones que treballen i paguen també els seus impostos només perquè no tenen arrels locals és pur racisme. La solució? Criteris que garanteixin l'accés a qui realment ho necessita, sigui quin
sigui el seu passaport o la seva procedència. L'habitatge és un dret universal, no és un privilegi hereditari. I a més, si ho féssim com vostès diuen, també afectaria els espanyols que simplement es volen moure de municipi.
VOX diu: Més deduccions fiscals i eliminar impostos com l'IVA de la compra o l'impost de successions. Això només beneficia als que tenen més. L'IVA de la compra o les reduccions d'herències no són un problema per a les famílies precàries,
que difícilment podran comprar o tenir una herència, a més a més de ser una invasió competencial. El que aconseguirem així és buidar les arques públiques i deixar-les sense recursos, justament per poder invertir en la compra o en la construcció
d'habitatge públic. I tot això mentre segueixen protegint les fortunes. És el vell model tardofranquista: Mínim estat del benestar i màxim privilegi per als poderosos. La solució? Que els qui fan negoci amb els pisos paguin molt. Cosir a
impostos els especuladors. Gravar els lloguers turístics i de temporada que fan fora els veïns i veïnes dels seus barris. I amb aquests recursos, sí, ampliar el parc públic per intervenir al mercat. Això sí que és atacar l'arrel del problema.
Però el modus operandi de VOX en tot aquest -en tot, de fet- sempre és el mateix. Prometen una solució fàcil per fer un vídeo, però en realitat fan propostes que van en contra de la gent treballadora i també dels joves. Construir més sense
regulació? Acaba amb bombolles i preus impagables. Treure la regulació dels lloguers? Guanyen els fons voltors i els grans tenidors. Deixar fugir l'habitatge protegit, el mercat privat? Perden les famílies. Discriminar per nacionalitat o
empadronament? Racisme i xenofòbia. Eliminar impostos? Empobriment de l'Estat i, per tant, de les polítiques públiques. Nosaltres defensem un lideratge públic, un parc social fort, la regulació de preus, impostos alts per a l'acumulació de pisos
i habitatge protegit permanent.
I acabo. L'habitatge no pot ser una mercaderia en mans de l'especulació. És un dret fonamental i és la base per tenir una vida digna a qualsevol família. Si us plau, els que ens esteu escoltant: No us deixeu enganyar per una dreta
populista que en realitat va en contra dels vostres propis interessos.
Moltes gràcies.
Bueno, como siempre dicen lo mismo, pensaba que habían renunciado a la intervención para cenar antes.
En cualquier caso, VOX, con el pretexto de dar respuestas, lo que pretende con esta moción es poner la vivienda a disposición de la especulación y de los grandes patrimonios, propuestas caducas que no resolverán, sin duda, el drama social
más importante de nuestros tiempos, el del acceso a la vivienda. Y quiero ir punto a punto, porque es importante desenmascarar cada una de sus mentiras.
VOX dice: Lo que hace falta es construir más y desregular, es decir, liberalizar. Mentira. Ya vivimos la burbuja inmobiliaria: más pisos que nunca y, en vez de bajar los precios, se dispararon. ¿Por qué? Porque el mercado privado solo
construye cuando ve negocio, no cuando hay una necesidad social. ¿La solución? Liderazgo público y parque protegido. Construir, sí, pero también comprar vivienda existente, ejercer el derecho al tanteo y retracto, poner a disposición social los
pisos de la Sareb y actuar para influir en el precio del mercado.
VOX dice: Deroguemos la ley de vivienda. Error. Esto es desproteger a los jóvenes y a las familias que más lo necesitan. En Cataluña, gracias a la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, han empezado a bajar entre un
3 y un 5 %. Si eliminamos esta herramienta, los únicos beneficiarios son, como siempre, los especuladores. ¿La solución? Justo la contraria, fortalecer y ampliar esta ley por donde se escapan los pisos, alquileres de temporada y habitaciones.
VOX dice: Permitamos que la vivienda protegida pase al mercado privado para poder tener un piso en propiedad. Esto, señorías, ya ha sucedido. En cuarenta años se han descalificado tres millones de viviendas protegidas en el Estado, y el
resultado es que tenemos poco más de un 1 % de vivienda protegida en Cataluña frente a un 8 % de media europea; pisos hechos con fondos públicos que ya nunca más podrá volver a utilizar una familia que lo necesite y, lo más grave, que se puedan
alquilar o vender a precio de oro. ¿Solución? Blindar la vivienda protegida para que sea permanente y conseguir así estabilizar el mercado y ofrecer alternativas de alquiler asequible.
VOX dice: Condicionemos ayudas al empadronamiento, a la familia o a la nacionalidad. Esto es injusto y discriminatorio y, además, es anticonstitucional, con lo que ustedes quieren la Constitución. En Cataluña ya utilizamos criterios
sociales objetivos que valoran necesidades reales. Excluir a las personas que trabajan y pagan también sus impuestos solo porque no tienen raíces locales es puro racismo. ¿Solución? Criterios que garanticen el acceso a quien realmente lo
necesita, independientemente de su pasaporte o su procedencia. La vivienda es un derecho universal, no es un privilegio hereditario y, además, si lo hiciéramos como dicen ustedes, también afectaría a los españoles que simplemente se quieren cambiar
de municipio.
VOX dice: Más deducciones fiscales y eliminar impuestos como el IVA a la compra o el impuesto de sucesiones. Esto solo beneficia a quien más tiene. El IVA de la compra o las reducciones de herencias no son un problema para las familias
precarias que difícilmente podrán comprar o tener una herencia, además de ser una invasión de competencias. Lo que conseguiremos así es vaciar las arcas públicas y dejarlas sin recursos precisamente para poder invertir en la compra o construcción
de vivienda pública. Y todo esto mientras siguen protegiendo a las fortunas. Es el viejo modelo tardofranquista: mínimo estado del bienestar y máximo privilegio para los poderosos. ¿Solución? Que aquellos que hacen negocio con los pisos paguen
mucho, coser a impuestos a los especuladores, gravar los alquileres turísticos y de temporada que expulsan a los vecinos de sus barrios, y con estos recursos, sí, ampliar el parque público para intervenir en el mercado. Eso sí que es atacar la raíz
del problema. Pero el modus operandi de VOX, en todo, de hecho, siempre es el mismo. Prometen una solución fácil para hacer un vídeo, pero en realidad hacen propuestas que van en contra de la gente trabajadora y también de los jóvenes. Construir
más sin regulación termina en burbujas y precios impagables. Eliminar la regulación de los alquileres: ganan los fondos buitre y los grandes tenedores. Dejar huir a la vivienda protegida al mercado: pues pierden las familias. Discriminar por
nacionalidad o empadronamiento: racismo y xenofobia. Eliminar impuestos: empobrecimiento del Estado y, por lo tanto, de las políticas públicas. Nosotros defendemos un liderazgo público, un parque social fuerte, la regulación de precios,
impuestos altos para la acumulación de pisos y vivienda protegida permanente.
Y termino. La vivienda no puede ser una mercancía en manos de la especulación; es un derecho fundamental y es la base para tener una vida digna de cualquier familia. Por favor, aquellos que nos escuchan, no se dejen engañar por una
derecha populista que en realidad va en contra de sus propios intereses.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Pueyo Sanz.
El señor PUEYO SANZ: Buenas tardes, señorías.
La hipocresía de VOX ya es lamentable. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En estos años hemos traído propuestas para mejorar la vida de la gente, para intervenir el mercado de la vivienda, para aportar soluciones a este drama que
vivimos todos los habitantes del Estado español y que sufrimos como el principal drama, y VOX ha votado siempre en contra.
Piden en la moción que se premie a las mujeres españolas que tengan muchos hijos, pero han votado en contra de los permisos o del control horario siempre que han podido. Dicen que la gente no llega a fin de mes, pero están en contra de la
subida del salario mínimo, votan en contra de la reducción de la jornada, de los ERTE o de la revalorización de las pensiones. (Aplausos). Y tienen la cara de decir literalmente en su propuesta: las políticas desarrolladas ahora por el Gobierno
brillan por su ausencia. Pero ustedes, señorías de VOX, ¿se creen que la gente es imbécil? Sinceramente.
Ustedes votaron en contra de regular los alquileres de temporada y han estado votando en contra de todas las medidas sociales que ha propuesto este Gobierno. Ustedes siempre votan en contra, pero nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué votan
siempre en contra? Pues uno se pone a investigar brevemente, vamos a la página web pública y oficial del Congreso y descubrimos varias cosas. Señor Ortega Smith, ¿sabría usted decirme cuántos inmuebles tiene? Dos viviendas entre Madrid y
Asturias, un octavo en Toledo, un 50 % de otra en Soto del Real. Bueno, y en Asturias tiene varias partes de seis solares o un 25 % de un local. Su señoría Asarta, cuatro viviendas, tres de ellas en alquiler en Villarreal y Valencia. José María
Figaredo, seis viviendas, dos de ellas al cien por cien y el resto a partes, ¡ah!, y una nave industrial. Rocío Aguirre tiene dos pisos en Madrid y una parcela en Cádiz, pero, eso sí, es agente de la propiedad inmobiliaria. Saben de lo que hablan,
son especialistas. Pero el premio se lo lleva José María Sánchez García: dos pisos en Madrid al 50 %, un piso en Madrid al cien por cien, un estudio en Madrid al 50 %, dos locales comerciales en Madrid al 50 %, tres plazas de aparcamiento en
Madrid al 50 %, un estudio en Alicante al cien por cien, un piso en A Coruña al 50 %, una casa en A Coruña al cien por cien y una finca rústica en Huelva. (Rumores). Poca, poquita autoridad moral, poquita autoridad moral pueden dar ustedes a los
españoles que están viendo lo lejos que están ustedes de la calle. (Aplausos.-Rumores). Quizá, señoría, usted desde su finca no puede escuchar los problemas de la gente. Quizá ese es el problema. (Rumores). Tranquilos, tranquilos.
Al final da igual cuántas viviendas tengan, de verdad, da igual, lo importante es que ustedes están con la internacional ultraderechista y con los fondos buitre internacionales. Ahí está el verdadero problema, que hoy en día seis de cada
diez viviendas se están comprando a tocateja, sin hipoteca. Señorías, los extranjeros que encarecen los precios y dejan sin vivienda a todos los habitantes del Estado español no vienen del norte de África, vienen del norte de Europa, y ustedes les
abren las puertas con sus políticas. Mientras tanto, según el Consejo de la Juventud de España, estamos en mínimos históricos de emancipación juvenil, con un 15,2 %. El 87 % de la juventud española emancipada sigue compartiendo piso. Un tercio de
los jóvenes necesita ayuda familiar para poder hacer frente al alquiler. El 40 % de los jóvenes dice que no puede ahorrar más de 100 euros al mes. El 30 % está en riesgo de exclusión o de pobreza, y de los trabajadores, uno de cada cinco está en
esa misma situación. El precio medio del alquiler alcanzó este año un máximo histórico de 1080 euros mensuales, lo que obliga a que una persona joven, si quiere vivir sola, esté dedicando el 92,3 % de su salario para el alquiler.
Eso es en cuanto a los jóvenes, señorías, pero el problema es estructural y ustedes no hacen nada para remediarlo, solo proponen medidas cosméticas y sacan a una persona que parece que habla del pueblo y defiende al pueblo mientras su
partido hace todo lo contrario. Yo no dudo de sus intenciones, pero fíjese en su partido. Y, señorías del PSOE, no se les apoya dando ayudas a los rentistas. Señorías del PSOE, viven en una realidad paralela o en una realidad pasada. Su problema
es que creen que desde la Transición ustedes crearon la mentalidad y la concepción del pequeño propietario que podía tener un inmueble o montar una constructora y podía especular, pero esa realidad ya no existe hoy en día. Se lo he descrito, y les
voy a decir algo curioso: no sé, señorías, cuántos de ustedes aquí, cuando compran un
vehículo, cuando compran un coche, piensan que ese vehículo va a valer más en el futuro, pero con las viviendas lo hacen, de forma especulativa.
Por ello, y termino, presidente, hay que intervenir el mercado de la vivienda y crear un parque público de alquiler social permanente destinando un 1 % del PIB; hay que regular los alquileres de temporada para que, independientemente de que
vivas en el Pirineo, en el país valencià o en Mallorca, no te echen de tu pueblo, no te echen de tu ciudad y no te echen de tu casa, y hay que plantear una segunda descentralización del Estado para garantizar el derecho a la vivienda en todos los
lugares del mundo rural, dando ayudas al alquiler, a la compra y, sobre todo, a la rehabilitación.
Señorías, recuperemos la vivienda como un derecho, que es lo que es, frente a la especulación. Frenemos la especulación inmobiliaria que protagonizan sus señorías de VOX. Señorías, si no sabemos regular el mercado de la vivienda, como
joven se lo digo, la legislatura será un fracaso.
Frente a ustedes, señorías de VOX, y frente a sus discursos xenófobos y machistas, nos encontrarán a muchos, como encontraron en su día a los seis de Zaragoza, que en un ejemplo de dignidad se enfrentaron a sus consignas xenófobas y
racistas. Hoy, precisamente hoy, celebramos que dos de ellos, Adrián y Javitxu, están por fin en libertad y han conseguido el indulto. (Aplausos). Seguiremos hasta que salgan todos, porque en Aragón se dice y se dice en todo el Estado: (Termina
su intervención en aragonés.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Ortiz.
Cuando quiera. (Rumores).
Silencio, por favor. (Varias señoras y señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Sánchez García: ¡Trabaja un poco!).
Silencio, por favor, señor Sánchez.
La señora PÉREZ ORTIZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, existe un problema de vivienda, en eso estamos todos de acuerdo, lo que marca la diferencia es cómo resolverlo. A estas alturas del día, creo que todo el mundo tiene claro que las competencias en materia de vivienda las tienen las
comunidades autónomas y, a la vez, los municipios, por la capacidad de decisión sobre su suelo, algo básico en la construcción de viviendas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en desarrollo de la potestad planificadora, está implementando
medidas que sirven de paraguas para el resto de la normativa, además de destinar ocho veces más del presupuesto para viviendas de lo que se destinaba en la época de M. Rajoy del Partido Popular en 2018. (Aplausos). Como resultado, están los datos.
El parque de vivienda pública ha aumentado de 2,5 a 3,4 % con políticas implementadas por este Gobierno. Entre otras muchas medidas, se han destinado más de 800 millones de euros al bono de alquiler joven para facilitar la emancipación de los
jóvenes. También se ha dado un apoyo extraordinario a las entidades locales, y esto ha permitido promover más de 6300 viviendas en grandes ciudades. Se han implementado medidas para la reducción de la tasa de esfuerzo, para que nadie tenga que
pagar más del 30 % en su hipoteca o el alquiler de lo que gana, y, por supuesto, se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia que, entre otros objetivos, pone tope a los alquileres en aquellas zonas declaradas tensionadas.
Pero estas medidas hay que aplicarlas. ¿Y qué hacen las comunidades autónomas? Algunas se toman muy en serio sus competencias e implementan medidas para que todo esto llegue a la gente, pero hay otras comunidades autónomas que lo único que
hacen es trabajar cero por la vivienda pública, especular con los suelos y con la vivienda pública, por ejemplo, allí donde gobierna la derecha. Le pondré solo un par de casos, porque, si no, estaría aquí todo el tiempo. Murcia invirtió solo 4
euros por habitante del plan estatal de acceso a la vivienda frente a los 10 de media de las comunidades autónomas. Andalucía ha dejado de invertir 750 millones de euros de lo presupuestado en cuatro años. (Aplausos). Además, ha tramitado de una
manera nefasta el bono de alquiler joven. Tengo un ejemplo muy claro que explica la especulación de las Administraciones. Marbella es uno de los municipios donde más ha aumentado el precio de la vivienda, donde el esfuerzo teórico para comprar o
alquilar una vivienda llega de media al 76 %, cuando debería estar en el 30 %, con un precio medio por metro cuadrado muy por encima de la media nacional, pero la alcaldesa del Partido Popular dice que no quiere regular la vivienda turística, que no
hay problema. Ahí están los datos. Son 1802 viviendas de uso turístico ilegales detectadas por el Ministerio de Vivienda, el segundo municipio de Andalucía con mayor número de viviendas de uso turístico ilegal. La Junta de Andalucía tiene en
Marbella 235 viviendas que podría poner a disposición para alquiler
para jóvenes, para alquiler para familias, para personas que vienen a trabajar, en la residencia Tiempo Libre, pero eso no le interesa ni a Moreno Bonilla ni a la alcaldesa de Marbella, los dos del Partido Popular. (Aplausos). Lo que han
hecho es juntarse para firmar un convenio, pasar el uso a hotelero, permitir construir el doble y privatizarlo, nada de vivienda pública. Esta es la gestión de vivienda que hace la derecha: especulan con el suelo y con la vivienda pública en un
desprecio total a los problemas de la gente. Basta ya de la cultura del pelotazo. Hay que tener altura de miras, hacer vivienda protegida por parte de los privados está bien, pero no llega a todo el mundo. Son 235 000 euros lo que vale una
vivienda protegida en Marbella. Hay que trabajar otro tipo de opciones, como vivienda pública que no piense en el beneficio económico, sino en el social, porque, seamos realistas, son las administraciones competentes quienes tienen que implicarse.
No se puede venir aquí para pedir suelo para construir viviendas, porque, señorías, eso lo regula el urbanismo en los municipios o la ordenación del territorio en las comunidades autónomas.
Señorías de VOX, está bien aportar, hay que seguir trabajando, pero con rigor y siendo serios, no con este enredo de moción y con el discurso apocalíptico. Si de verdad quieren ser útiles, propongan soluciones realistas, responsables y
coherentes. Si de verdad quieren ayudar a la gente, apoyen las medidas del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.
Cuando quiera.
La señora ÁLVAREZ FANJUL: Los escucho hablar y parece que acaban de llegar ustedes al Gobierno, es un poco curioso. (Aplausos).
Presidenta, señorías, otro día más hablando de vivienda, y todo porque siguen sin tumbar la ley tan chapucera que nos impide a los jóvenes tener un hogar; otro día más en el que el Gobierno omite la responsabilidad y la obligación de
escuchar a esta Cámara. Señorías, recuerdo que el Congreso aprobó, a petición de nuestro grupo parlamentario, derogar esta ley.
Hoy volvemos a hablar de vivienda, pero en realidad hablamos de futuro, de independencia y de libertad. Siete años después de la llegada de su Gobierno, señorías del Partido Socialista, el balance es bastante claro: menos oportunidades,
menos vivienda y menos horizonte para quienes quieren empezar su proyecto de vida. Las políticas socialistas son sinónimo de decadencia. Su ley de vivienda prometía bajar precios y ampliar la oferta, pero ha conseguido todo lo contrario: menos
pisos disponibles, alquileres más caros, inseguridad jurídica y un laberinto de trámites que frena la construcción y espanta la inversión. Esa es vuestra herencia. Y no es un caso aislado, es un modo de gobernar.
El PSOE se ha especializado en la política del eslogan. El Gobierno de la pancarta promete soluciones de manual, pero entrega un manual de chapuzas. Lo vemos con la protección de las mujeres: fallos, retrasos y descoordinación, incluso en
sistemas de control telemático; antes, la ley del solo sí y sí, y ahora, la incapacidad para garantizar seguridad real. (Aplausos). Ustedes han vuelto a poner en peligro a las mujeres; mujeres que ya habían sufrido bastante; mujeres que
confiaron en el sistema y que confiaron en ustedes; mujeres que tuvieron que ver cómo excarcelaban a sus agresores o cómo estos paseaban por las calles a sus anchas; mujeres que han tenido que vivir un auténtico infierno por no saber dónde estaba
su maltratador. Desoyeron las advertencias que les hicieron, ocultaron el problema, miraron para otro lado y, como siempre hacen, siguen mintiendo. Mienten y mienten descaradamente, y lo hacen porque lo único que les importa es su hipoteca en la
Moncloa. Mucha foto y pésima gestión.
Hay quien destina la mayor parte de su sueldo a pagar un alquiler, hay quien retrasa indefinidamente emanciparse o formar un hogar porque la vivienda se ha convertido en un sueño imposible. ¿Y cuál es la respuesta de este Gobierno? Cambiar
el nombre a los problemas y presentarlos como modernidad. Han convertido la precariedad en branding. Si no puedes pagar un piso, te ofrecen el coliving para que el encarecimiento del alquiler parezca vanguardia. Si no puedes tener tu propia
empresa, te venden el coworking para que encadenar precariedad y falta de espacio parezca un ecosistema creativo. Señorías, no es modernidad, es maquillaje para tapar sus fracasos. (Aplausos). No es libertad, es resignación con marketing.
Por eso, frente a la propaganda, gestión y resultados. Por eso proponemos más oferta, suelo planificado con rigor, licencias rápidas y ventanilla única, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, intolerancia cero con la okupación,
impulso fiscal a la primera vivienda y al alquiler, deducciones en el
IRPF, ahorro finalista para la entrada y avales bien diseñados que abran puertas sin disparar precios, rehabilitar, activar viviendas vacías, eficiencia energética y reducción de costes. Y, por supuesto, empleo estable y mejor salario,
porque sin trabajo digno no hay hipoteca ni alquiler que aguante.
Esa es la diferencia entre gestionar y posar. Mientras el PSOE convierte cada problema en un eslogan, el Partido Popular lo convierte en un plan. Donde el Gobierno levanta pancartas, el Partido Popular levantamos oportunidades. Y a
quienes hoy se preguntan si algún día podrán emanciparse, formar un hogar o emprender su vida con autonomía, yo les digo: No aceptéis que la precariedad se venda como modernidad; la libertad no es compartir siempre, la libertad es poder elegir.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Álvarez.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y JUNTS PER CATALUNYA, ORGÁNICA DE DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA DE COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 122/000172).
La señora PRESIDENTA: Empezamos la votación.
En primer lugar, votamos la toma en consideración de la Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya, Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de
inmigración.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 350; a favor, 173; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley orgánica.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000187).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 349; a favor, 179; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley orgánica.
No habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las nueve y cuatro minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.