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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 134, de 09/09/2025
cve: DSCD-15-PL-134
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 134
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 129
celebrada el martes,
9 de septiembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página5)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 222-1, de 23 de mayo de 2025. (Número de
expediente 122/000189) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 257-1, de 29 de
agosto de 2025. (Número de expediente 122/000215) ... (Página21)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes:
- Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. (BOE núm. 182, de 30 de julio de 2025). (Número de expediente 130/000023) ... (Página93)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 384, de 29 de agosto de 2025.
(Número de expediente 162/000566) ... (Página54)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la Agenda 2030. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 379, de 24 de julio de 2025. (Número de expediente 162/000556) ... (Página64)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno desde su ministerio para combatir la corrupción. (Número de expediente 173/000113) ... (Página77)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las múltiples tramas corruptas que actuaban en el Gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Hacienda. (Número de expediente 173/000114) ... (Página84)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página92)
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página93)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
Minuto de silencio ... (Página5)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en condena de tres asesinatos por violencia de género.
Asimismo, la Cámara guarda el minuto de silencio por el fallecimiento de Antonio Trevís, exdiputado de las Cortes y expresidente del Principado de Asturias, que falleció el pasado 23 de julio, y al expresidente de Aragón, Javier Lambán,
senador de las Cortes Generales, que falleció el 15 de agosto.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)
El señor don Pablo Antuñano Colina, la señora doña María Elvira Rodríguez Herrer y la señora doña Irene Jódar Pérez adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica) ... (Página6)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Fullando la Cruz, del Grupo Parlamentario
Euskal Herria Bildu; el señor Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; la señora Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; los señores Cofiño Fernández, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Ramírez del Río,
del Grupo Parlamentario VOX; y la señora García López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas ... (Página21)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sáez Cruz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Renteria Lasanta, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario
Junts per Catalunya, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Tomás Olivares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes ... (Página33)
Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo ... (Página33)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, el señor Rego Candamil y la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Aizpurua Arzallus, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; los señores Cervera Pinart, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Boada Danés, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR; Ruiz Solás, del Grupo Parlamentario VOX; Garrido Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fúnez de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página54)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026 ... (Página54)
Defiende la proposición no de ley el señor Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Robles López, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Fullando la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria
Bildu, y Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano; el señor Valero Morales, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la Agenda 2030 ... (Página64)
Defiende la proposición no de ley el señor Alfonso Cendón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Hierro, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto, y Renteria Lasanta, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; las
señoras Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página77)
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno desde su ministerio para combatir la corrupción ... (Página77)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor González-Robatto Perote, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vidal Matas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora Trenzano Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista, y Parra
Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las múltiples tramas corruptas que actuaban en el Gobierno y, especialmente, en el Ministerio de Hacienda ... (Página84)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Muñoz Abrines, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Micó Micó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Álvaro Vidal, del Grupo Parlamentario Republicano; la señora
Andala Ubbi, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y el señor Rey de las Heras, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página92)
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica), se rechaza por 170 votos a favor y 177 en contra.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, se aprueba por 313 votos a
favor y 33 en contra.
Convalidación o derogación de reales decretos leyes. (Votación) ... (Página93)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y
la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo. (B.O.E. núm. 182, de 30 de julio de 2025), se aprueba por 313 votos a favor y 33 abstenciones.
Sometida a votación su convalidación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 347 votos a favor.
Se suspende la sesión a las diez y once minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres y dos minutos de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas.
Si sus señorías ocupan los escaños empezaremos la sesión de Pleno. Espero que hayan tenido unos buenos días de verano.
Les ruego que, antes de empezar a tratar los puntos del orden del día, nos pongamos en pie de nuevo para, desgraciadamente, condenar los asesinatos machistas de tres mujeres en Granada, Sevilla y Barcelona. Guardamos silencio por Rosalía,
Mercedes y Leonor, y recordaremos también a Antonio Trevín, exdiputado de las Cortes y expresidente del Principado de Asturias, que falleció el pasado 23 de julio, y al expresidente de Aragón, Javier Lambán, senador de las Cortes Generales, que
falleció el 15 de agosto. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Aplausos).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. Ruego a los miembros de la Mesa que se pongan en
pie.
En sustitución de don Pedro Casares Hontañón, pregunto a don Pablo Antuñano Colina si jura o promete acatar la Constitución.
El señor ANTUÑANO COLINA: Sí, prometo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Noelia Núñez González, pregunto a doña María Elvira Rodríguez Herrer si jura o promete acatar la Constitución.
La señora RODRÍGUEZ HERRER: Sí, juro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Francisco Lucas Ayala, pregunto a doña Irene Jódar Pérez si jura o promete acatar la Constitución.
La señora JÓDAR PÉREZ: Prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Pablo Antuñano Colina, doña María Elvira Rodríguez Herrer y doña Irene Jódar Pérez han adquirido la condición plena de diputado y diputadas. Enhorabuena y bienvenidos a esta Cámara. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000189).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos, ahora sí, con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moneo Díez. (Rumores).
Silencio, por favor.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición de ley para la defensa y garantía de aquellos principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho que han de imperar en el sistema educativo. Lo hacemos pensando siempre en
la protección del más débil, de quien más lo necesita, de quien no debe verse discriminado ni limitado por fundamentalismos ideológicos conducentes al recorte de sus libertades y, por tanto, de sus potenciales capacidades. Por eso, en primer lugar
defendemos la libertad; defendemos la libertad de todas las familias, que tienen el derecho constitucional a elegir la educación, el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, sea en un centro público, un centro concertado, un centro
privado, un centro ordinario o un centro de educación especial. También, defendemos a las familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, especialmente a estas familias. Entre ayer y hoy algo más de ocho millones de alumnos han comenzado sus
clases; de todos ellos, cerca de 290 000 alumnos presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave. Es una cifra importante, señorías; aproximadamente el 15 % cursa educación especial específica, el resto
está escolarizado en centros ordinarios. A la inmensa mayoría de las familias que ayer y hoy han acompañado a sus hijos al colegio les preocupa lo mismo: que su hijo reciba la mejor educación, que se encuentre bien, que tenga un entorno amigable;
les preocupa haber acertado en la elección del centro si es la primera vez que acuden a él. Son los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, quienes sufren los desvelos ante las lógicas dudas de haber hecho la mejor
elección. Si a esto se suma la existencia de algún tipo de discapacidad en el alumno, la inquietud se multiplica hasta el infinito, se lo puedo asegurar. Por eso, es deber de los poderes públicos facilitar el acierto en esta elección no mediante
la imposición, sino asegurando la construcción de una oferta plural, diversa, al alcance de todas
las familias, que se ajuste a lo que esperan todas y cada una de ellas de la educación de sus hijos. Por eso, señorías, no dejan de sorprendernos determinadas cuestiones presentes todavía en el ámbito legislativo. Señorías, ¿cómo es
posible tolerar una ley que solo tiene en cuenta la opinión de las familias siempre que esta se ajuste a lo que dice la Administración? Te escucho, solamente si eliges el modelo educativo que yo te impongo; si no, te ignoro. Eso es lo que dice la
ley. (Aplausos). ¿Cómo es posible, señorías, que una de las decisiones que más influirá en el presente y en el futuro de nuestros hijos la tenga que tomar el Estado y no la tomemos nosotros, los padres? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se
estén usurpando nuestros derechos constitucionales, señorías?
La imposición de un modelo monolítico, sin alternativas, no solo atenta contra la libertad, señorías, atenta contra la igualdad de oportunidades que los alumnos con discapacidad, como ciudadanos de pleno derecho, han de tener; atenta contra
su desarrollo personal e intelectual; atenta contra su presente, pero, sobre todo, atenta contra su futuro. (Aplausos). La defensa de la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con independencia de dónde vivan, del colegio al que acudan y
de los intereses y las aptitudes que tengan no es algo baladí, es un principio fundamental. Los alumnos con algún tipo de necesidad educativa especial, que ayer iniciaron sus clases, son únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Somos
diferentes, nuestras capacidades son diferentes; también las suyas, señorías. Nuestras fortalezas son diferentes y también lo son nuestras debilidades, ¿por qué se empeñan en no reconocer esa diversidad? ¿Por qué imponer la uniformidad? O, peor,
¿por qué discriminar a quien la defiende, a quien se niega a plegarse a lo que es políticamente correcto? Señorías, un sistema educativo que pretende hacer de la equidad una de sus fortalezas no puede imponer a cada alumno lo mismo; un sistema
educativo de la máxima calidad debe ofrecer a cada alumno lo que necesite para desarrollar sus máximas capacidades, su indiscutible potencial, y eso vale para todos los alumnos, tengan o no tengan discapacidad. Porque tampoco existe uniformidad
entre los alumnos con necesidades educativas especiales. Las necesidades de un alumno con TEA, con trastorno del espectro autista, no son las mismas que las de un alumno con una discapacidad física o sensorial. Los apoyos y el sistema de
aprendizaje que precisa un alumno con síndrome de Down no son los mismos que los de aquel alumno que tiene una necesidad derivada de su tipo de actitud o de su comportamiento. No precisan las mismas actuaciones alumnos que son grandes dependientes
que aquellos que tienen amplia autonomía personal, aun teniendo algún tipo de discapacidad. La simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a centros ordinarios no puede considerarse inclusión, lo ha dicho el
propio Tribunal Constitucional.
Pero hablemos también de la convención. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008 y a la que algunas de sus señorías aluden constantemente, señala en su artículo 24:
'Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación'. En esto creo que podemos estar todos totalmente de acuerdo; lo reconoce nuestra Constitución. 'Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y
sobre la base de la igualdad de oportunidades -ninguna objeción, señorías-, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida...' Sistema inclusivo y enseñanza a lo largo
de toda la vida. ¿Qué es un sistema inclusivo, señorías? Un sistema inclusivo es aquel que no permite que ningún alumno con discapacidad quede atrás; un sistema inclusivo es aquel que hace de la atención personalizada a cada alumno el eje
vertebrador de la acción educativa; un sistema inclusivo es aquel que reconoce las particularidades físicas e intelectuales de aquel que presenta una necesidad educativa especial y que, junto a la acción formativa, añade todos los elementos
necesarios para asegurar la autonomía personal del alumno, su capacidad de comunicarse, de relacionarse, de integrarse en el día a día de la sociedad; de disfrutar, señorías, sí, de disfrutar de su entorno, de sus amigos, sin que nadie lo señale o,
peor, sin ser el instrumento para lavar la conciencia de aquellos que entienden la inclusión únicamente sentando a nuestros hijos en un aula ordinaria. (Aplausos).
Señorías, nadie está haciendo más por la verdadera inclusión, por la verdadera integración de las personas con discapacidad que aquellos centros con experiencia, aquellos que comenzaron el trabajo hace décadas, cuando en nuestro país ni
siquiera se planteaba la integración ordinaria de las personas con discapacidad. Y ahí estaban esos centros de educación especial; esos centros y esos profesionales especializados, algunos imparten las clases en estos centros de educación
especial; otros, en aulas de educación especial o especializada en centros ordinarios; otros están sirviendo de apoyo en esos centros ordinarios. Quiero, desde aquí, trasladar el más profundo agradecimiento de este grupo, del Grupo Parlamentario
Popular, a su impagable labor. (Aplausos). Curiosamente, señorías, es precisamente a estos centros a los que esta ley persigue, los centros a los que la disposición adicional cuarta, todavía hoy
vigente, ha puesto fecha de caducidad. Porque por mucho que llamen a la tranquilidad, la hemeroteca no miente, señorías. Quizá sería bueno recordar las palabras de la autora de la ley, la entonces ministra Celaá: El objetivo del Gobierno
es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesaria para que el alumnado que actualmente está escolarizado
en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios. Creo, señorías, que no hay duda alguna sobre la claridad de sus palabras.
Señorías, la tramitación, en su día, de los preceptos que esta proposición de ley pretende modificar no fue especialmente pacífica, ustedes lo saben. No lo es hoy día, a pesar de los enormes esfuerzos de la actual ministra por dejar
adormecido cualquier tipo de debate que destape la incapacidad de este Gobierno para abordar esta cuestión; no lo fueron tampoco las deliberaciones del Tribunal Constitucional: cuatro votos particulares -cuatro, señorías- y dos ponencias
diferentes. El Tribunal Constitucional en su sentencia fue claro: La inclusión requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será
positiva y contribuirá a la integración de aquellos en la sociedad en la medida de lo posible. Fundamento jurídico 4. Voto particular a la sentencia: Atender la escolarización de estos alumnos no puede reducirse, como prevé el artículo 74.4,
párrafo segundo, de la LOMLOE, a la posibilidad de reducir la relación numérica entre profesorado y alumnos, sino que implica una serie de medidas de todo tipo que pueden representar un alto coste económico. ¿Estamos dispuestos? ¿Está el Gobierno
dispuesto a asumir esa realidad?
Señorías, esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara no pretende juzgar ni pretende imponer qué modelo deben elegir aquellas familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, lo que sí pretende
es que seamos capaces de garantizar los mismos derechos y las mismas oportunidades a esos alumnos desde las edades más tempranas, que no sea el Gobierno quien impulse un modelo en detrimento de otro o, peor, que no sea el Gobierno quien discrimine a
algunos alumnos por el simple hecho de elegir el modelo de educación especial frente al ordinario. Y esa discriminación existe, señorías. Hablaba el artículo 24 de la convención de la formación de estos alumnos a lo largo de toda la vida.
Difícilmente se podrá dar esa formación si limitamos su permanencia en los centros de educación especial hasta los 21 años. Algunas administraciones educativas lo han entendido y ya han optado por ampliar esa permanencia: Madrid, Galicia, Castilla
y León, Valencia, Canarias... ¿Por qué no trasladar al proyecto de ley lo que ya es una realidad? ¿Por qué esos alumnos con necesidades educativas especiales que optan por la educación ordinaria, con todos los ajustes curriculares, pueden optar a
la obtención del título de ESO y los alumnos que optan por la educación especial no pueden hacerlo, señorías? ¿No están siendo discriminados? ¿Por qué en muchos casos no pueden pasar de un certificado que acredita su escolaridad? ¿Por qué, por
cierto, impedir que ese alumno, con una mayor flexibilidad, pueda alcanzar no solo competencias profesionales para el acceso al mercado laboral, sino también titular? ¿Saben por qué, señorías? Porque ustedes, señorías del grupo que sostiene al
Gobierno, siguen teniendo un concepto asistencial de la educación especial, se niegan a reconocer su carácter educativo con todo lo que ello implica.
Finalizo, señora presidenta. Señorías, la España de la igualdad de oportunidades que consagró la Constitución del 78 no puede permanecer ajena ni a la vulneración de sus derechos ni a la discriminación de cualquiera de sus ciudadanos. No
basta con modificar el artículo 49, señorías, hay que ir mucho más allá. Aun por encima de proteger, nuestro deber es construir. De hecho, es construir un sistema justo, un sistema ambicioso, un sistema especial que dé oportunidades a todas las
personas para hacerlas más libres y autónomas. Esa es nuestra responsabilidad y en eso seguiremos trabajando desde el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes.
Para Unión del Pueblo Navarro la educación está basada en tres principios esenciales: libertad, calidad y equidad, fundamentos que, al menos desde nuestro punto de vista, la LOMLOE no respeta. La realidad de la ley Celaá es que nació
muerta, que tiene fecha de caducidad; nació sin acuerdo, sin consensos, ni siquiera de la propia comunidad educativa, y, por lo tanto, cuando acabe este Gobierno
-que más pronto que tarde lo hará- se derogará la ley y entraremos en esa espiral disparatada de que cada Gobierno quiere implantar su propia ley educativa. No se busca en ningún caso el acuerdo y el entendimiento, y mucho menos el consenso
en un pacto de Estado respecto al tema de la educación, algo que sería esencial para no cambiar de legislación educativa en función del Gobierno de turno. Por otro lado, es evidente, señorías, que la tramitación de la ley Celaá fue un auténtico
bochorno, y de manera especial en el Senado, donde se presentaron más de mil enmiendas, señorías, más de mil enmiendas que prácticamente fueron despreciadas por el Gobierno. Y así nos ha ido.
Señorías, para Unión del Pueblo Navarro hablar de libertad conlleva reconocer y amparar el derecho constitucional que tienen las familias a la hora de elegir el centro educativo, a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos,
también, por supuesto que sí, en los centros de educación especial, y siempre, evidentemente, priorizando el interés del menor. La atención a la diversidad es algo esencial, fundamental en el sistema educativo, y en algunos casos concretos, algunas
comunidades autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, en su día, dimos ejemplo de esta atención a la diversidad. Las referencias que se hacen a la educación especial en la LOMLOE, y de manera particular en su disposición adicional, fueron
totalmente inoportunas. No se quiso reconocer la realidad de los centros de educación especial ni tampoco el criterio de las familias, del profesorado, de la comunidad educativa, ni siquiera de los expertos.
Señorías, a la hora de planificar el sistema educativo y a la hora de garantizar la escolarización de los alumnos las Administraciones públicas deben tener muy presentes las necesidades de cada uno de ellos. La disposición legal fue
totalmente improvisada y por motivos ajenos a la que era y es la realidad de los centros educativos de educación especial y la realidad de las demandas que se plantean por parte de las familias y de los profesionales. Inclusión sí, pero de la
manera más adecuada y, sobre todo, no despreciando a aquellos centros de educación especial que siguen realizando una brillante, una magnífica labor, y no solamente ellos, sino también sus profesionales.
Señorías, en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE se hacía una planificación y también se recogían unas necesidades presupuestarias, pero se daba un plazo de diez años para su implantación. Han transcurrido cinco y ¿qué se ha hecho?
Poco o nada por parte del Gobierno de España, del ministerio, y de muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, una vez más, hoy debemos reconocer, y desde Unión del Pueblo Navarro lo hacemos, la brillante labor que representan y realizan en la
educación, sobre todo en los más vulnerables, los centros y los profesionales de la educación especial de nuestro país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalán.
Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Serna. Cuando quiera.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Señorías, comenzamos un nuevo curso político y el Partido Popular desempolva los viejos bulos sobre la ley de educación, a la espera -suponemos- de ideas mejores.
En esta ocasión, el Grupo Popular vuelve a la carga con el mantra de que la LOMLOE supone el desmantelamiento y el cierre de los centros de educación especial, una mentira que ya propagaron hace cinco años, cuando aprobamos esta ley, y que,
como toda mentira, ni se ha cumplido ni se va a cumplir. Y no se va a cumplir, señora Moneo, porque la ley de educación vigente no dice lo que ustedes dicen que dice, por mucho que retuerzan el artículo 74 o su disposición adicional cuarta. Lo que
dice la LOMLOE es, sencillamente, que las autoridades deben velar por que se escolarice el alumnado en la modalidad más adecuada a sus necesidades, sea ordinaria o especial, y que para ello hay que destinar los recursos públicos suficientes.
En este esquema no desaparecen los centros de educación especial, sino que la disposición adicional cuarta dice que los centros especiales seguirán atendiendo a aquellos alumnos que sí lo necesiten y que además serán centros de apoyo de la
educación ordinaria. ¿Y por qué dice esto la ley de educación? Porque nuestro sistema educativo, como señalan todos los informes técnicos, tiene un grave problema de segregación; segregación de clases sociales por el peso de la educación
concertada, pero también segregación hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. Y si uno ve la serie histórica, esa segregación, también de la educación especial, solamente ha aumentado. Por eso, en 2018, Naciones Unidas emitió un
comunicado muy duro contra España cuando gobernaban ustedes por el envío sistemático de alumnos a los centros de educación especial. Estamos hablando de alumnos que podrían estar perfectamente escolarizados en un centro ordinario si se invirtiera
en educación pública lo que la educación pública necesita. (Aplausos).
El Partido Popular siempre se escuda en la libertad de elección de las familias, pero la realidad es que hay muchas familias que no tienen reconocido su derecho a enviar a un hijo o a una hija con discapacidad leve o moderada a un centro
público, y no lo pueden hacer sencillamente porque no se está invirtiendo y no se están preparando para ello. Ustedes tienen que hacer muchos aspavientos con la libertad de elección de las familias y repetir las mentiras de que se van a cerrar los
centros de educación especial para disimular lo que es evidente: que no están dispuestos a invertir más dinero público en la educación pública para hacerla realmente inclusiva.
Pero miren, señorías, esta proposición del Grupo Popular al final es una anécdota que no va a salir. Lo que a Podemos nos parece realmente preocupante es que, cinco años después de la aprobación de la LOMLOE, los de la escolarización de
alumnos en centros especiales no solo no han disminuido, sino que están aumentando. Y ya se lo hemos dicho muchas veces a este Gobierno: la LOMLOE no se está cumpliendo. No la cumplen, por supuesto, las comunidades del Partido Popular, pero
tampoco se hacen las inversiones que propugna esta ley, por ejemplo, para adaptar los centros ordinarios y hacerlos realmente inclusivos. Y esto también es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Educación.
Por último, quiero terminar esta intervención manifestando todo nuestro apoyo a los profesores y las profesoras que ahora mismo están encerrados en el Círculo de Bellas Artes y que exigen a este Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y
comerciales con el Estado terrorista de Israel. (Aplausos). Sabemos que la sociedad civil siempre va por delante y estamos seguros de que no van a aflojar hasta que el Gobierno haga lo que no ha querido hacer en estos dos años de exterminio del
pueblo palestino.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti. Cuando quiera.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Arratsalde on guztioi.
La proposición de ley que nos trae el Grupo Popular no es nueva; fue debatida, contestada, argumentada y rechazada cuando se tramitó la LOMLOE, pero el Grupo Popular vuelve a traerla para su debate.
Es evidente que el mundo educativo es cambiante tanto en lo didáctico como en lo metodológico y en lo organizativo, pero sobre todo es o ha de ser evolutivo. En cambio, esta proposición de ley es, para nuestro grupo, involutiva, ya que nos
remonta a tiempos pasados, concretamente a finales del siglo XX. La realidad social, la educativa y la legal han cambiado, por lo que procede actualizar la normativa que regula la respuesta a la diversidad de todo el alumnado. Conceptos como
integración y compensación de desigualdades han sido superados por los de inclusión y equidad. Asimismo, la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales o, en sentido más amplio, al que tiene necesidades específicas de apoyo
educativo también ha quedado superada por un concepto de carácter universal de respuesta a la diversidad, entendido como el derecho del alumno a recibir medidas y apoyos personalizados que faciliten su desarrollo integral y su aprendizaje.
Como vasco, me siento orgulloso del sistema educativo que hemos construido en Euskadi, un sistema en compromiso permanente con la diversidad, haciendo hincapié en la población escolar más vulnerable, por lo que lo que propone el Partido
Popular en Euskadi lo tenemos superado hace mucho tiempo.
Eskola inklusiboak aniztasuna hartzen du bere jardueraren oinarri gisa, eta haur eta gazte guztiek kalitatezko hezkuntza izateko aukera berdinak eta bidezkoak izatea bermatzen du. Eskola inklusiboaren helburua ikasle guztien
eskola-arrakasta da. Izan ere, benetako bikaintasuna ikasle guztiek bere gaitasun pertsonalak ahalik eta gehien garatzen dituztenean lortzen baita. Argi dago, beraz, eskola inklusiboak paradigma aldaketa dakarrela berekin. Azken urteotako
hezkuntza ereduak gainditu nahi duena eta aldaketa batzuekin bada ere, oraindik ere, barneratuta dagoen hezkuntza premia berezien paradigma hori. Gainera, eskola inklusibo bat garatzeko aldi berean, trantsizio prozesuak eta hausnarketa partekatua
behar dira, hartutako neurriek ez dezaten behartu ikasle guztien ikaskuntza edo parte hartze optimoa aukeratzera. Horrek esan nahi du praktikan, hezkuntza-praktika guztietan ahalik eta inklusio handiena ziurtatzen saiatu behar dela.
La escuela inclusiva se basa en la diversidad para su actividad y esto hace que haya igualdad de oportunidades y oportunidades justas. El objetivo de la escuela inclusiva es que todo el alumnado tenga el éxito académico y escolar. La
excelencia consiste, precisamente, en que todo el alumnado pueda
desarrollar la totalidad de todas sus capacidades. Es evidente que esta escuela inclusiva supone todo un cambio de paradigma, y estos últimos años tenemos que tratar de superar los modelos antiguos de las escuelas, ya que tenemos ese
antiguo paradigma de las necesidades especiales. Además, para desarrollar la escuela inclusiva, al mismo tiempo necesitamos procesos de transición y reflexiones compartidas para que las medidas adoptadas no obliguen a que el proceso de aprendizaje
de todo el alumnado no obtenga los mejores resultados, y esto supone que en todas las prácticas de la escolarización tenemos que hacer que haya la máxima inclusión posible en todo momento y en todas las fases del proceso.
En el ámbito internacional, las políticas educativas y sociales defienden el principio de la inclusión como el medio más adecuado para favorecer el desarrollo educativo y para posibilitar la cohesión social. En este sentido, el artículo 24
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se traslada a nuestro derecho interno mediante la Ley de adaptación 26/2011, que reconoce que para hacer efectivo su derecho a la educación, sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para ello, se facilitarán medidas de apoyo
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
El Marco de Acción Educación 2030, de la UNESCO, refuerza la visión de la educación como medio para transformar las vidas, reconociendo el papel que desempeña como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En concreto, uno de los objetivos propuestos es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. No es necesario remontarnos muy lejos en el tiempo. Basta con
que recordemos el gran impacto que tuvo el conocido como informe Warnock, publicado a finales de la década de los setenta. Por primera vez, en ese informe se afirmaba la necesidad de no categorizar al alumnado y separar la necesaria asignación de
recursos de categorías absolutas no vinculadas a las situaciones reales del alumnado.
Los conceptos evolucionan, pero no es el tiempo la única variable que explica esa evolución. Así ha ocurrido con el significado de las necesidades educativas especiales, las llamadas NEE.
XX. mendearen amaieran, hezkuntza premia bereziei buruz ez ezik, ikasteko eta parte hartzeko oztopoei buruz hitz egiten hasi zen, eta eskola testuinguruan kokatu zen, eta ez baldintza pertsonaletan. Aldatu behar zena da nola eta zein
baldintzatan irakasten den ikasle guztiek beren gaitasun pertsonalen garapen handiagoa lor zezaten. Baina inklusioarena ez dela kontzeptu uniboko bat, aitzitik, ñabardurak onartzen ditu, baita hezkuntzan egin beharreko aldaketak, sistema osoari
orokorrean eragiteko aukerarekin lotutakoak ere bai.
Al final del siglo XX se hablaba de las necesidades educativas especiales y también acerca de los obstáculos para aprender. Se empezó a hablar de todo eso y todo esto se centró en el contexto escolar y no tanto en las circunstancias
personales, y lo que había que cambiar era precisamente en qué condiciones y cómo se enseña para que todo el alumnado pueda desarrollar en una mayor medida sus capacidades. Pero el concepto de la inclusión admite ciertos matices, también ajustes
para la educación, que están muy relacionados con la posibilidad de incidir en el sistema educativo.
Esta realidad permite considerar la inclusión como un camino que tiene como destino final el aprendizaje, la participación y el logro académico de todo el alumnado, pero en el que puedan existir etapas intermedias en las que se ofrezcan
diferentes respuestas a los dilemas derivados del desarrollo práctico.
Ikasturte hasiera zela eta, atzo bertan, Pradales lehendakariak izan zituen hitzak ekarri nahi ditut gogora: 'Pertsonak hezi behar ditugu bere osotasunean, pertsona erdigunean jarriko duen gizartea izateko. Gure ikasgelak errealitate eta
gizarte horren isla dira, eta aldaketak ez dira geldiaraziko. Aldiz, areagotu egingo dira, herri aurreratu guztietan gertatzen ari den bezala.'
En el inicio del curso, ayer, el lehendakari Pradales dijo unas palabras que yo quiero recordar. Hablaba de que tenemos que educar a personas en su conjunto, teniendo siempre la sociedad a la persona en el centro, para que en nuestras aulas
se pueda reflejar realmente esta sociedad. Y el cambio de esta manera no se va a paralizar, se va a aumentar, tal y como estamos viendo ya en todos los pueblos y municipios de la sociedad de Euskadi.
Termino recogiendo las palabras que pronunció ayer el lehendakari Pradales con motivo del inicio del curso escolar en Euskadi. Decía el lehendakari que tenemos que ir mucho más allá y garantizar el acceso a una educación de calidad a todas
las personas, realizando las transformaciones que sean necesarias con tres principios irrenunciables: equidad, inclusividad y eficacia. Una escuela que, en la diversidad, en vez de separar, la integre como una riqueza y una oportunidad para
aprender a convivir.
Por todo ello, y en consecuencia con lo argumentado, votaremos en contra de esta proposición de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aguirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea.
Arratsalde on, jaun-andreok.
La proposición de ley que hoy ha presentado el Grupo Popular, al fin y a la postre, propone que se pueda dar continuidad a la segregación del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizándolo en centros de educación especial en
lugar de en centros ordinarios e inclusivos, aduciendo, además, que así velan por el interés superior del menor. Si de verdad lo que se quisiera proteger fuera el interés superior del menor, optarían por la educación inclusiva, que solo se puede
dar en centros ordinarios para todo el alumnado. ¿Por qué? Pues porque la educación inclusiva es la que garantiza el derecho a la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, independientemente de sus características. Porque
inclusión significa entender la diversidad del alumnado como sinónimo de enriquecimiento mutuo en el aula; enriquece a todo el alumnado, tenga necesidades educativas especiales o no; se valora igualmente a todo el alumnado; y se promueven valores
como la igualdad, la participación, el respeto a la diversidad, el respeto mutuo o los derechos y el cuidado de los más vulnerables, entre otros. Porque, como señalan diferentes expertos e investigadoras en el tema, la educación inclusiva no es
simplemente un principio inspirador o un asunto pedagógico, sino una cuestión de derechos humanos que garantiza, como establece la ONU, el derecho de cualquier alumno o alumna al desarrollo pleno de todo su potencial humano, a desarrollar al máximo
su personalidad y talentos y a hacer posible que participen de modo efectivo y libre en la sociedad. Y como hablamos de derechos humanos, recordemos que estos deben respetarse y hacerse efectivos como obligaciones jurídicas. En el caso de la
educación, es responsabilidad de los sistemas educativos garantizarlos para todo el alumnado, sin discriminación de ningún tipo, y esto solo se garantiza mediante la educación inclusiva, que, efectivamente, solo se puede realizar en centros
ordinarios.
Por lo tanto, no creemos que impulsar la segregación en lugar de la inclusión, como hace la propuesta del Partido Popular, sea proteger el interés superior del menor, sino quizá otros intereses. Porque quizá, en lugar del interés superior
del o de la menor, para el Partido Popular es más importante, como dicen en la exposición de motivos, que el hecho de que se dé preferencia a que el alumnado con necesidades especiales se escolarice en centros ordinarios pudiera conllevar el cierre
de algún centro de educación especial, centros que, pese a lo que están ustedes diciendo, efectivamente, han realizado, realizan y seguirán realizando una gran labor educativa.
Sin embargo, estamos completamente de acuerdo con una afirmación que se hace en la exposición de motivos, que dice, literalmente, que la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades especiales en los centros educativos
ordinarios no puede considerarse inclusión. Efectivamente, creemos que eso es cierto, tan cierto como que, aunque esa incorporación per se no signifique automáticamente inclusión, es un paso imprescindible para que esta se dé.
Eta hori da gure ustez, saihestu behar dena. Eta ados gaude baita ere, esaten duzuenean inklusioaz eskolan beharrezko doikuntzak egitea eskatzen duela. Bai, noski. Izan ere, uste dugu horrek kezkatu behar gaituela inklusioa errealitate
izan dadin. Izan ere, inklusioa ulertzeko modu jakin bat da, hezkuntza sistema bateko elementu guztiak konprometitzen dituena. Eskola aniztasunera egokitzea dakar, eta ez alderantziz, eta eskola kulturaren aldaketatik hasi behar du. Ikastetxe
baten kultura inklusiboak berarekin dakar hezkuntza komunitateak hezkuntza balio eta printzipio inklusibo berberak izatea. Inklusiboak ikastetxeko irakasle guztien lankidetza behar du, baita hezkuntza komunitate osoarena ere. Inklusiboak berarekin
dakar ikasle guztien arteko pertsonen arteko harremanak praktikan jartzen dituzten hezkuntza inguruneak sortzea, haurrak gizartean arrakastaz molda daitezen. Inklusioa gauza dadin, irakasle guztiek prestakuntza jaso behar dute aniztasunari eta
hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen ezaugarriei erantzuteko eta ikasle gelan sartzeko modurik onenak ezagutzeko. Inklusiboak. Egonkortasuna behar du irakasleengan. Ratioak jeitsi behar dira, baliabide materialak behar dira eta, batez ere,
pertsonalak, ikasle bakoitzaren egoeretara egokituko direnak, aukera berdintasunean ikasteko ingurunea ahalbidetzeko.
Y también es cierto que la incorporación de estos alumnos a los centros de educación especial, si no es estrictamente necesario, conlleva una segregación, y eso es lo que consideramos que hay que evitar. Asimismo, estamos de acuerdo cuando
dicen que la inclusión exige hacer ajustes en el centro educativo. Así es. Y creemos que esto es lo que nos debe preocupar para que la inclusión sea real. Y es que la inclusión es una manera de entender la educación que necesita, compromete todos
los elementos de un sistema educativo. Supone adaptar la escuela a la diversidad y no al revés. Debe empezar por el cambio de la cultura escolar. La cultura inclusiva de un centro escolar implica que la comunidad educativa tenga los mismos
valores y principios educativos inclusivos. La inclusión requiere de la colaboración de todo el profesorado del centro y también de toda la comunidad educativa. La inclusión implica crear entornos de aprendizaje que pongan en práctica las
relaciones interpersonales entre todo el alumnado para que los niños y niñas puedan desenvolverse con éxito en la sociedad. Para que la inclusión sea real, el profesorado debe formarse para responder a la diversidad y a las características del
alumnado con necesidades educativas especiales, para que conozcan las mejores maneras de acceder al aula. La inclusión necesita de estabilidad en el profesorado, hay que disminuir las ratios. Se requieren recursos materiales y, sobre todo,
personales que se adapten a las situaciones de cada alumno y alumna para posibilitar un entorno de aprendizaje en igualdad de oportunidades.
La inclusión necesita de todo eso y de mucho más, pero para que esto pueda darse, los Gobiernos, los poderes públicos y las Administraciones educativas deben asumir y llevar a cabo las tareas y responsabilidades que les corresponden; y esto
es lo que a Euskal Herria Bildu le preocupa, esto es lo que se debe garantizar mediante medidas concretas por las Administraciones educativas competentes. Pero, por supuesto, esto no es lo que a ustedes les preocupa. Su propuesta no va por ahí, su
propuesta va de segregar, no de incluir. Por lo tanto, votaremos en contra de la proposición de ley.
Besterik ez. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fullaondo.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart. Quan vulgui.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Bona tarda, senyories.
Ens trobem davant d'una nova proposició de llei del Grup Parlamentari Popular, que planteja modificar l'article 74 de la LOE en la redacció de la LOMLOE i derogar la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 3/2020, amb un seguit
d'objectius que Junts per Catalunya no entrarem ni a valorar perquè l'entenem com una nova ingerència en les competències educatives de Catalunya i una amenaça al model inclusiu del nostre país.
Des de Junts, defensem el model inclusiu català establert pel Decret 150/2017, d'escola inclusiva, que vetlla per garantir una atenció de qualitat a tots els infants a partir de la inclusió real a les aules ordinàries, amb suports
personalitzats, amb respecte a la diversitat i fomentant la cohesió social, amb adaptació per a cada alumne, amb serveis d'orientació i recursos específics i amb compromís institucional com a part del Servei d'Educació de Catalunya. Un model que no
ha estat mai prou ben dotat econòmicament, malgrat el que avui ens diuen la consellera Niubó i el president Illa. I és en aquest aspecte on cal posar el focus i no com fa el grup popular, amb una proposta que s'allunya de la inclusió i s'acosta a
la segregació. Una proposició que, un cop més, representa una centralització encoberta amb la que el grup popular pretén uniformitzar models des de Madrid, ignorant la realitat i les peculiaritats catalanes a l'empara de la LOMLOE, com passa amb
els temes curriculars i amb tants altres, i obviant el veritable problema que, com dèiem, és un cop més la manca de recursos.
El problema no és el model. El problema és el finançament insuficient, un finançament insuficient que fa que la dotació econòmica no permeti desplegar completament el Decret 150/2017, un finançament insuficient que comporta la falta de
personal especialitzat, un finançament insuficient que impossible la formació..., que impossibilita la formació específica del professorat i un finançament insuficient que comporta una carència de recursos tècnics i de materials adaptats.
Per tant, senyories, tornem a ser a cap de carrer i, un cop més, si volem anar a l'arrel del problema, el que cal és revertir el dèficit fiscal estructural que pateix Catalunya, un dèficit que supera els 20 000 milions d'euros i que s'acosta
al 10 % del nostre PIB. Aquest espoli és el que impedeix revertir i invertir adequadament en educació inclusiva. Aquest espoli és el que fa impossible l'assoliment de l'objectiu del 6 % del producte interior brut en educació que fixa la LEC a la
seva disposició final segona per poder-nos
referenciar a Europa. A Catalunya no necessitem més lleis imposades des de Madrid. Tenim un model educatiu inclusiu que cal reforçar amb recursos i compromís polític, no pas desmuntar amb imposicions i ingerències externes. Junts per
Catalunya continuarem defensant un model educatiu propi, inclusiu i de qualitat, amb diàleg constant amb les famílies i el sector, on tots els infants hi tinguin cabuda i gaudeixin de les oportunitats que mereixen. Perquè a Junts sabem que cada nen
és un món únic de talents diversos i amb l'educació inclusiva uns aprenem dels altres, construïm ponts d'humanitat, d'empatia i de tolerància col·lectiva. I per tot això, insistim que la solució passa, com en tants altres àmbits, de disposar dels
recursos adequats, uns recursos que Catalunya genera sobradament.
O sigui, senyories del PP, resumint, la solució, al nostre entendre, passa per menys ingerències externes, a l'educació i també a la caixa.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Nos encontramos ante una nueva proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, que plantea modificar el artículo 74 de la LOE en la redacción de la LOMLOE y derogar la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, con una serie
de objetivos que desde Junts per Catalunya no entraremos ni a valorar, porque es una nueva injerencia en las competencias educativas de Cataluña y una amenaza al modelo inclusivo de nuestro país.
Desde Junts defendemos el modelo inclusivo catalán establecido por el Decreto 150/2017, de escuela inclusiva, que vela por garantizar una atención de calidad a todos los niños y niñas a partir de la inclusión real en las aulas ordinarias con
apoyos personalizados, con respeto a la diversidad y fomentando la cohesión social; con adaptación para cada alumno, con servicios de orientación y recursos específicos y con compromiso institucional como parte del servicio de educación de
Cataluña. Un modelo que no ha sido nunca suficientemente bien dotado, pese a lo que hoy nos dicen la consejera Niubó y el presidente Illa. Y es en este aspecto donde hay que poner el foco, y no como hace el Partido Popular, con una propuesta que
se aleja de la inclusión y se acerca a la segregación. Una proposición que una vez más representa una recentralización encubierta, con la que el Grupo Popular pretende uniformizar modelos desde Madrid, ignorando la realidad y las peculiaridades
catalanas al amparo de la LOMLOE, como ocurre con temas curriculares y con tantos otros, y obviando el verdadero problema, que, como decíamos, es una vez más la carencia de recursos.
El problema no es el modelo; el problema es la financiación, que es insuficiente. Una financiación insuficiente que hace que la dotación económica no permita desplegar completamente el Decreto 150/2017; una financiación insuficiente que
comporta la falta de personal especializado; una financiación insuficiente que imposibilita la formación específica para el profesorado; y una financiación insuficiente que comporta una carencia de recursos técnicos y de materiales adaptados.
Por ello, sí, señorías, volvemos a estar aquí, y hoy de nuevo, si queremos ir a la raíz del problema, lo que tenemos que hacer es revertir el déficit fiscal estructural que sufre Cataluña, un déficit que supera los 20 000 millones de euros y
que se acerca al 10 % de nuestro PIB. Este expolio es el que nos impide invertir adecuadamente en educación inclusiva; este expolio es el que hace imposible la consecución del objetivo del 6 % del PIB en educación que fija la LEC en su disposición
final segunda para podernos referenciar con Europa. En Cataluña no necesitamos más leyes impuestas desde Madrid. Tenemos un modelo educativo inclusivo que es necesario reforzar con recursos y con compromiso político, y no desmontar con
imposiciones e injerencias externas. Junts per Catalunya seguirá defendiendo un modelo educativo propio, inclusivo y de calidad, con un diálogo constante con las familias y con el sector, donde todos los niños y niñas tengan cabida y disfruten de
las oportunidades que merecen. Porque en Junts sabemos que cada niño es un mundo único de talentos diversos y con la educación inclusiva unos aprendemos de otros; construimos puentes de humanidad, de empatía y de tolerancia colectiva. Y por todo
ello insistimos en que la solución pasa, como en tantos otros ámbitos, por disponer de los recursos adecuados, unos recursos que Cataluña genera sobradamente.
O sea, señorías del PP, resumiendo, la solución, a nuestro parecer, pasa por menos injerencias externas en la educación, pero también en la caja.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Estrems Fayos. Quan vulgui.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, bona tarda a totes i a tots.
En primer lloc, i donat que aquesta és la primera setmana de curs escolar, el que voldria és desitjar molt bon curs 2025-2026 a tots els alumnes i personal docent que han començat les classes ahir mateix.
Dit això, parlem avui d'inclusió en l'educació. Amb aquesta proposició de llei del Partit Popular, nosaltres creiem que no avancem en res, sinó que el que fem és retrocedir, com a mínim en el model català. La inclusió educativa no és una
opció, és un dret fonamental. Però per fer-la real no n'hi ha prou amb lleis, cal dotar-la de recursos i de més suports. I això saben què vol dir? Vol dir més pressupost. Mirin, Catalunya pateix un infrafinançament crònic en general. Paguem
infinitament més del que rebem. I això té conseqüències també en l'educació i especialment en l'educació inclusiva. I què passa quan falten recursos? Doncs que els més castigats són els centres públics en entorns més vulnerables, els mateixos
justament que haurien de tenir més recursos i no menys. Una escola veritablement inclusiva necessita equips multidisciplinars, mestres d'educació especial, psicopedagogs, logopedes, terapeutes ocupacionals i especialment tècnics, tècniques
d'integració social i educadores socials. Sense aquests professionals no hi ha atenció personalitzada ni prevenció de l'exclusió. Això és segregació encoberta.
Parlant d'això, per cert, han seguit el que ha fet el govern del Partit Socialista a Catalunya aquest curs? I això va per vostès, senyories del PSC i del PSOE d'aquesta cambra. El president Illa ha retallat fins a 400 places de tècniques
d'integració social i educadores socials a tot el país, 400. Saben què representa per instituts i escoles com els de Salt o els de Figueres? Saben què vol dir deixar aquest centre sense aquestes figures? Potser no, no ho saben, perquè si ho
sabessin, si ho visquessin cada dia, no permetrien que ningú ho fes, i encara molt menys que ho fes algú dels seus. Aquestes retallades afecten directament a centres d'alta complexitat, com deia, com són, per exemple els de Salt, que s'han quedat
tots sense educadora social. Per revertir aquesta involució cal un canvi estructural i no una redistribució segregadora dels alumnes. Cal un increment urgent i estable dels recursos educatius situant-nos, almenys, a la mitjana europea de despesa.
Cal reforç dels equips professionals amb més TIS, més educadores socials, més mestres d'educació especial i altres perfils als centres educatius, plans a llarg termini que assegurin estabilitat i evitin retallades arbitràries que acaben aprofundint
en la desigualtat, com denuncia la Fundació Bofill. Cal equitat territorial de recursos, de manera que la inclusió no depengui de si un alumne és de Salt, de Figueres, de Madrid o de Sevilla.
Senyories del Partit Popular, garantir l'educació als alumnes amb discapacitat o necessitats educatives especials no és garantir que surtin de l'escola ordinària i vagin a unes aules específiques per amagar-los sota la catifa i que no
molestin. En els darrers anys, cada vegada hi ha més alumnat amb discapacitats en centres ordinaris, és cert, i això suposa un repte important i planteja més exigència als centres i als professionals. La llei espanyola estableix el dret a la plena
inclusió de tot l'alumnat, però no va acompanyada d'una memòria econòmica que permeti garantir els recursos necessaris per fer-ho possible, especialment amb les necessitats de l'alumnat amb discapacitat i trastorns, condicions o malalties greus.
Per això, garantir la inclusió és garantir recursos, pressupost i professionals a les escoles ordinàries com mestres d'educació especial, d'audició i llenguatge, professionals d'assistència terapèutica infantil, tècnics d'integració social, entre
d'altres, i, per tant, garantir recursos a les comunitats que són qui gestiona aquest tema. Més pressupost per impulsar estratègies i programes que garanteixin la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives especials i menys lleis
recentralitzadores d'aquestes que vostès tant els agraden.
I senyories del Partit Socialista, especialment els catalans i catalanes, reduir les TIS i les educadores socials no és una estratègia de contenció en un context de baixada demogràfica. És una decisió que trenca el model d'escola inclusiva
i que estan carregant..., i que s'estan carregant des d'un govern suposadament progressista. Una escola sense aquests suports es converteix no en un espai d'oportunitats, sinó en un lloc d'injustícia. El compromís d'Esquerra Republicana és clar:
sí a la formació i a l'acompanyament necessaris per provocar un canvi de mirada als centres ordinaris, sí el treball corresponsable dels serveis de salut i serveis socials dins i fora de l'escola, sí a l'orientació familiar i acadèmica, sí als
suports educatius dins i fora de l'escola, sí a una educació inclusiva, amb recursos necessaris, reals, efectius arreu.
Moltes gràcies.
Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, y dado que esta es la primera semana del curso, lo que quisiera es desear un buen curso 2025-2026 a todo el alumnado y personal docente que ha empezado las clases, que empezaron ayer mismo.
Habiendo dicho esto, hoy hablamos de inclusión en la educación. Con esta proposición de ley del Partido Popular, nosotros pensamos que no avanzamos en nada, sino que damos pasos atrás, por lo menos en el modelo catalán. La inclusión
educativa no es una opción, es un derecho fundamental, pero para hacerla real no es suficiente tener leyes; necesitamos dotarla de recursos y de presupuesto. ¿Y saben qué quiere decir eso? Quiere decir más presupuesto. Cataluña sufre una
infrafinanciación crónica en general. Pagamos infinitamente más de lo que recibimos y eso tiene consecuencias, también en la educación, y especialmente en la educación inclusiva. ¿Y qué ocurre cuando faltan recursos? Pues que los más castigados
son los centros públicos en entornos más vulnerables, los mismos justamente que tendrían que tener más recursos y no menos. Una escuela realmente inclusiva necesita equipos multidisciplinares: maestros de escuela, terapeutas ocupacionales y
especialmente técnicos y técnicas de integración social y educadores sociales. Sin estos profesionales no hay atención personalizada ni prevención de la exclusión. Esto es segregación encubierta.
Hablando de ello, por ende, ¿han seguido lo que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista en Cataluña este curso? Y esto va para ustedes, señorías del PSC y del PSOE en esta Cámara. El presidente Illa ha recortado hasta cuatrocientas
plazas de técnicos y técnicas de educación social y educadoras sociales en todo el país. Cuatrocientas. ¿Saben qué implica para institutos y escuelas como los de Salt o Figueras? ¿Saben qué implica dejar estos centros sin estas figuras? Quizá
no, quizá no lo saben, porque si lo supieran, si lo vivieran cada día, no permitirían que nadie lo hiciera, y mucho menos que lo hiciera alguien de los suyos. Estos recortes afectan directamente a centros de alta complejidad -como decía-, como son,
por ejemplo, los de Salt, que se han quedado todos sin educadoras sociales. Para revertir esta involución necesitamos un cambio estructural y no una redistribución segregadora de los alumnos. Necesitamos un incremento urgente y estable de los
recursos educativos, situándonos al menos en la media europea de gasto. Necesitamos reforzar los equipos profesionales con más educadores sociales, más maestros de educación especial y otros perfiles en los centros educativos. Planes a largo plazo
que aseguren estabilidad y que eviten recortes arbitrarios que acaban profundizando en la desigualdad, como denuncia la Fundación Bofill. Necesitamos dar recursos a nivel territorial para que no dependa de que un alumno sea de Figueras, de Madrid o
de Sevilla.
Señorías del Partido Popular, garantizar la educación a los alumnos con discapacidad o necesidades especiales no es garantizar que salgan de la escuela ordinaria y vayan a unas aulas específicas para esconderlos debajo de la alfombra y que
no molesten. Durante los últimos años, y cada vez más, vemos más alumnos con discapacidades en los centros ordinarios. Eso es cierto, y esto supone un reto importante y plantea también más exigencia a los centros y a los profesionales. La ley
española establece el derecho a la plena inclusión de todo el alumnado, pero no va acompañada de una memoria económica que permita garantizar los recursos necesarios para que esto sea posible, especialmente con las necesidades del alumnado con
discapacidad y trastornos, condiciones o enfermedades graves. Por ello, garantizar esta inclusión es garantizar recursos, presupuesto y profesionales en las escuelas ordinarias, como maestros de educación especial, de audición y lenguaje, de
asistencia terapéutica infantil, técnicos y técnicas de integración social, entre otros. Y, por ello, garantizar recursos en las comunidades, que son quienes gestionan este tema. Más presupuesto para impulsar estrategias y programas que garanticen
la inclusión del alumnado con necesidades especiales y menos leyes recentralizadoras de estas que a ustedes tanto les gustan.
Y, señorías del Partido Socialista, especialmente los catalanes y catalanas, reducir las TIS y las educadoras sociales no es una estrategia de contención en un contexto de bajada demográfica. Es una decisión que rompe el modelo de escuela
inclusiva y que se están cargando desde un Gobierno supuestamente progresista. Una escuela sin este apoyo se convierte no en un espacio de oportunidad, sino en un espacio de injusticia. El compromiso de Esquerra Republicana está claro: sí a la
formación y al acompañamiento necesarios para generar un cambio de mirada en los centros ordinarios. Sí al trabajo corresponsable de los servicios de salud y servicios sociales dentro y fuera de la escuela. Sí a la orientación familiar y
académica. Sí al apoyo educativo dentro y fuera de la escuela. Sí a una educación inclusiva con recursos necesarios, reales, efectivos, en todas partes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Cofiño Fernández.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señora presidenta.
Debatimos esta tarde una iniciativa relacionada con la infancia y no me gustaría dejar de recordar a los 18 432 niños y niñas que, con datos de este pasado viernes, han sido asesinados en Palestina por el Estado genocida de Israel.
Mencionaba Borges en un relato, aunque años más tarde lo olvidara, que 'lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres'. Y apunta: 'Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres'. Si esto es así, si pensamos que esto es
así, cualquier niño es todos los niños y esos 18 432 críos son nuestros hijos. (Aplausos). La historia, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a juzgar por todo esto y nos preguntarán dónde estábamos y qué estábamos haciendo mientras Netanyahu
en Israel, Trump en Estados Unidos y Europa, la mayoría de Europa poniéndose de perfil, cometían un genocidio.
Llegamos tarde -lo hemos dicho muchas veces para otras cosas-, y posiblemente siempre vamos a llegar tarde; de hecho, parece que se tiene razón cuando se dice que tener razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocados. Llegamos
tarde. Recogemos de forma positiva las medidas que se pusieron en marcha ayer, pero hay más que hacer. España tiene que movilizar a Europa; no son posibles más medidas si no se logra movilizar a Europa. Es necesario un acuerdo para el bloqueo
comercial total a Israel y es necesario capturar, juzgar y encarcelar al genocida Herodes y a sus cómplices. (Aplausos).
Permítanme comenzar, en relación con la iniciativa, señalando que hay algo esencial, que son los sistemas públicos y universales. Los sistemas públicos y universales son la base de la democracia y del bienestar de nuestros pueblos. De
forma específica, hay tres pilares claves que son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Allí donde se debilitan crece la desigualdad y allí donde se fortalecen aumenta la cohesión, y no solamente porque eduquen, protejan la salud u
oferten prestaciones sociales, sino porque sirven para la cohesión social, para sentar a gente diferente al lado de la otra y para que aprendamos que, aunque todos seamos diferentes, todos somos iguales. Hablamos de derechos que garantizan que
cualquier persona, con independencia de su origen o de su código postal -código postal no solamente en sentido geográfico, sino código postal en sentido de clase social, nivel económico o nivel educativo-, pueda desarrollar una vida en las mejores
condiciones posibles.
En el ámbito de la educación, la LOMLOE señala el concepto de inclusión educativa, el cual no debe ser un término vacío. Incluir significa que cada niño y cada niña, con independencia de sus capacidades, pueda aprender en igualdad de
condiciones. Incluir significa que la diferencia no se convierta en un motivo de segregación, sino en una oportunidad para que toda una comunidad educativa crezca en valores, en empatía y en convivencia democrática. Pero, lógicamente, y se ha
señalado en algunas intervenciones, la inclusión supone ajustes reales y supone un tema que no ha sido señalado en la presentación de la proposición de ley. Supone más apoyos en el aula, más recursos materiales, metodologías flexibles, formación
específica del profesorado y espacios accesibles. No basta con sentar a un niño con necesidades educativas en un aula, sino que hay que dar condiciones y medios reales. Esto suponen las tres pes del modelo de Muntaner de inclusión, que son
presencia, participación y progreso.
Una escuela inclusiva no solo atiende a quien más apoyo necesita; una escuela inclusiva apoya a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad en general. Y no podemos ignorar la realidad en una competencia como la educativa, que está
transferida a las comunidades autónomas. Existen graves carencias de recursos para atender adecuadamente a niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo y hace falta mucho: profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y
lenguaje, orientadoras, psicólogas y auxiliares técnicas educativas. En muchas comunidades autónomas las familias deben esperar meses, o incluso un curso entero, para que sus hijos reciban la atención que necesitan. Existen docentes especializados
que cubren la atención en diferentes centros, sin capacidad real para atender a todo el alumnado, y hay aulas donde un solo orientador atiende a centenares de estudiantes. Esta es la situación fundamental y conviene no desviar el foco de aquello en
lo que queremos trabajar. Hay carencia estructural de recursos humanos y materiales en una competencia, la educativa, que -insisto- tiene transferencia autonómica.
Ante esta realidad, pensamos que la proposición de ley que presenta el Grupo Popular no aborda el problema en su raíz. Rasca y no rasca muy bien, y además rasca donde no pica. No plantea cómo garantizar más profesionales, más formación ni
más recursos. Lo que se propone en realidad es fragmentar la atención educativa, volver atrás en el camino de la inclusión y legitimar una dualidad de circuitos que debilita el sistema público común.
Nos gustaría recordar que ya hay propuestas para mejorar en este sentido. Nuestro grupo parlamentario, en la Comisión de Educación, ha presentado una iniciativa legislativa que apunta una hoja de ruta: impulsar
un plan estatal de inclusión educativa con financiación finalista a las comunidades autónomas para reforzar la equidad en todo el territorio; incrementar las plantillas con los profesionales especializados antes mencionados; reforzar la
formación inicial y continua del profesorado en inclusión y diversidad para que cada docente tenga herramientas reales en el aula; dotar de más recursos materiales y tecnológicos; garantizar la accesibilidad universal en los centros educativos y
apoyar a las familias con orientación y acompañamiento, porque ellas son parte y soporte del proceso educativo. La otra gran propuesta ya está realizada también por nuestro Ministerio de Derechos Sociales, que es una reforma integral del sistema de
discapacidad y dependencia con tres principios básicos de participación, derechos y autonomía. Pensamos que este es el camino, señorías; no se trata de retroceder al pasado, a un modelo fragmentado, sino de fortalecer la escuela pública con
recursos, con personal y con medios suficientes para que la inclusión sea efectiva y no meramente declarativa. Esto exige más recursos y, como también hemos dicho muchas veces en esta tribuna, exige más compromiso fiscal y una mejor contribución
fiscal, y que los que más tienen, más paguen. Es posible tener más y mejores impuestos para que con ellos las élites económicas de este país y las grandes industrias y las grandes empresas financien mejor nuestro sistema público, educativo y
social. (Aplausos).
Pensamos que la proposición que hoy presenta el Grupo Popular mira al pasado y pretende mantener un sistema dual que en la práctica consagra desigualdades. La alternativa no puede ser segregar, desplazar o fragmentar; la alternativa es una
educación pública robusta, inclusiva y equitativa, capaz de dar a cada niño y a cada niña, a cada uno de esos 300 000 niños y niñas, lo que necesita para crecer y para aprender.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. (Aplausos).
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
En el conjunto de leyes sectarias, mal diseñadas y peor ejecutadas de la pasada legislatura, la LOMLOE, la denominada ley Celaá, tiene un lugar especial. Un lugar especial porque era el enésimo atentado contra la educación de los españoles,
cuya calidad se lleva hundiendo ley tras ley socialista desde hace muchísimos años, y porque España, aunque dedica una cantidad de medios razonable -en línea con los países de nuestro entorno-, en las evaluaciones tiene unos resultados realmente
espantosos, unos resultados que se llevan hundiendo desde hace muchísimos años y siguen hundiéndose a ojos vistas.
La LOMLOE fue tramitada sin atender las reivindicaciones de las familias. De hecho, ni siquiera fueron recibidas en este Congreso. No se recibió a los representantes de la escuela concertada, no se recibió a los representantes de las
escuelas de educación especial y no se recibió prácticamente más que a los representantes de los sindicatos verticales, a Comisiones Obreras y UGT, en una demostración de prepotencia repugnante que condenaba a esta ley, antes incluso de entrar en
vigor, a la inestabilidad más absoluta. Se lo acaba de decir el representante de Unión del Pueblo Navarro, esta ley durará lo que dure este Gobierno.
Uno de los aspectos más negativos de esta ley fue precisamente el trato dado a las escuelas de educación especial en la disposición cuarta, cuya derogación y sustitución propone ahora el Grupo Popular con la reforma del artículo 74, en un
sentido parecido a la postura que defendió ya en su día el Grupo VOX y que mantuvimos durante la tramitación de la LOMLOE y a lo largo de la pasada legislatura entera, aunque también presentamos este mismo verano otra propuesta en este mismo
sentido.
La norma impulsada por el PSOE planteaba que, en un plazo de diez años, los colegios de educación especial quedaran para casos muy extremos y como centros de referencia para otros centros educativos. Obviamente, esto suponía abocarlos al
cierre en su mayor parte y quitar a los padres de los alumnos con necesidades especiales la libertad de decidir la educación que más conviene a sus hijos. Cuando nos referimos a la libertad para elegir no estamos refiriéndonos a una preferencia o
un deseo, sino a la decisión consciente de las personas que mejor conocen a un niño, que mejor conocen a ese alumno, que han cuidado de él toda la vida y que le han proporcionado los mejores cuidados que han sido capaces. Por esa razón, cualquier
persona con un mínimo de respeto por los padres debería sostener esa capacidad para decidir la educación de sus hijos. (Aplausos). Entiendo que pedirles a ustedes que respeten la libertad de los padres para elegir, que respeten su derecho
constitucional o que respeten la Constitución,
es como pedir a Hannibal Lecter que se dedique a una dieta vegana (risas.-Aplausos), porque es más o menos parecido a que ustedes respeten unos derechos constitucionales de los padres. Nuestra obligación aquí es defender el derecho de las
familias, que saben mucho mejor que ustedes lo que conviene a sus hijos. Esas familias tienen derecho a elegir y ustedes se lo están quitando.
Hay un consenso amplio en que el alumnado con necesidades especiales, si puede permanecer en un centro de educación convencional y recibir ayuda allí, puede conseguir una integración mejor. Eso es algo que todos los padres intentan. Por
esa razón, privar a las familias de la posibilidad de recurrir a los centros de educación especial, que es a lo que conduce la disposición cuarta de la LOMLOE, es falta de humanidad. El PSOE lleva muchos años planteando la educación de personas con
capacidades muy diferentes en las mismas aulas. De hecho, ya en la LOGSE ustedes promovieron un modelo en el que personas con diferentes capacidades estaban integradas en las mismas aulas. También prometieron los recursos necesarios, incluso meter
en la misma aula a diferentes profesores para poder hacer frente a esa diferencia de capacidad de los alumnos. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y esa es una de las razones por las que el hundimiento de los resultados de las evaluaciones
escolares ha sido tan acusado en el sistema educativo español. Esta obsesión por igualar a todos por abajo es prácticamente marca PSOE en educación.
Señores del Grupo Popular, ustedes han presentado una propuesta muy similar a la que nosotros presentamos en el Congreso el junio pasado. También esa postura es la misma que ustedes defendieron durante la tramitación de la LOMLOE. Por una
vez, y sin que sirva de precedente, no han adoptado la postura del PSOE unos meses después, cosa que, de verdad, les agradezco, es un precedente que deberían imitar más a menudo. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa
la Presidencia). Sin embargo, en estos momentos su partido tiene la competencia de educación en la mayor parte de España. En mi tierra, en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, la realidad de la educación especial es la de un fracaso por
tres razones. En primer lugar, un déficit estructural que viene ya de la época socialista, que se resume en la falta de profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje; de orientadores y de PTIS. Todas esas carencias han sido ya
muchas veces denunciadas por las familias. En segundo lugar, hay una mala planificación. El número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no ha parado de crecer, pero las ratios siguen disparadas y las aulas sobrecargadas. Es
algo en lo que han insistido prácticamente todos los que han intervenido hasta la fecha. En tercer lugar, el incumplimiento de sus propias promesas. Pese a los anuncios del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y el aumento del presupuesto que
se ha dado, las carencias de la educación especial siguen siendo exactamente las mismas que en la época socialista. Han rechazado ustedes de manera sistemática todas las propuestas de VOX en Andalucía para garantizar recursos humanos y materiales
para los alumnos con necesidades especiales. Esas propuestas buscaban mejorar la situación actual.
A todo esto se suma el escándalo de los llamados maestros sombra. La Junta ha fomentado un modelo que, en la práctica, traslada a las familias la carga económica de contratar a esos profesionales, imprescindibles para que los niños con
autismo puedan seguir en las mismas aulas. Padres que ya hacen un esfuerzo brutal para poder atender a sus hijos, se ven obligados a costear de su bolsillo una atención que debería garantizar la Administración. Por eso, la propia federación de
autismo rompió los convenios con la Junta y exigió lo obvio, que sea la Administración quien asuma y gestione la atención de los alumnos con autismo y no los padres. Esto es totalmente inaceptable, señores. (Aplausos).
Por esa razón, vamos a apoyar la toma en consideración de su propuesta, pero tenemos que reiterarles que pueden ustedes hacer mucho más por la escuela de educación especial y por los alumnos con necesidades especiales en las comunidades en
las que gobiernan. Y les rogaría que lo hicieran porque no hay nada más amargo que ver cómo fallamos como sociedad a los españoles más débiles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García López.
La señora GARCÍA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señorías, comenzar el curso político hablando de educación es muy adecuado. Y ya que lo hacemos, quizás sea un buen momento para reflexionar sobre la imagen que estamos dando en las Cortes Generales. Las instituciones también educan,
señorías, fundamentalmente en valores democráticos. Aquí debería
imperar el respeto, la tolerancia, la buena educación y la oratoria razonada. Sin embargo, la ultraderecha de VOX, con la ayuda inestimable del Partido Popular, está convirtiendo el Congreso y el Senado en un vertedero tóxico lleno de
insultos, de descalificaciones, de odio y de rencor. (Aplausos). Y, con ello, aunque así lo crean, no desestabilizan al Partido Socialista. Ustedes, a lo que están desestabilizando es a la propia democracia española. Desde 2019 llevan inoculando
la polarización entre la población española en el mayor ejercicio de desamor a España que hemos visto en las últimas décadas. Es patético traer una proposición de ley para modificar el artículo 74 de la LOMLOE, sobre la escolarización del alumnado
con necesidades educativas especiales, cuando integrantes del Partido Popular no respetan los derechos humanos, cuando el Partido Popular deshumaniza al contrario, cuando dirigentes del Partido Popular desean cavar fosas como en el año 1936.
(Aplausos).
En mi ciudad, en Badajoz, se produjo hace noventa años una matanza en la que asesinaron, en dos días, a más de 4000 personas por el mero hecho de defender la libertad y la democracia. A estas personas las metieron en fosas comunes, como
animales, repartidas por el cementerio. Noventa años después, muchas familias siguen sin saber en qué fosa están sus seres queridos. Nunca he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular condenar aquella masacre. Nunca he visto a ningún
dirigente del Partido Popular acercarse el 15 de agosto al cementerio, como hacemos centenares de pacenses, para honrar a las víctimas. Hay que ser un canalla para afirmar que van a meter al Gobierno de España en una fosa, como ha hecho el señor
Tellado. (Aplausos). Hay que ser un canalla para hablar de fosas, cuando hay miles de fosas en España con miles de personas asesinadas por defender la libertad. Tenía que haber dimitido ya. Señorías, en España el PP ha dejado de ser un partido
serio y se ha convertido en una marioneta en manos de la ultraderecha. Cuando el Partido Popular aplaude lo que dijo el señor Tellado, no es que inciten al odio, es que ustedes generan odio, buscan la violencia y la crispación y, por tanto, quedan
invalidados para gobernar este país.
Señorías, la propuesta de hoy del Grupo Popular es un bulo que ustedes comenzaron a difundir allá por 2019, cuando la LOMLOE aún era un anteproyecto de ley. Siguieron con la matraca durante todo el proceso legislativo, en contra de la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incumpliendo el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en contra del CERMI y de todos los colectivos de discapacidad. Y lo que es peor, jugando
con los sentimientos de un colectivo tan sumamente vulnerable, pero en eso son especialistas. Como la ley fue aprobada por mayoría absoluta, decidieron presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Y eso hicieron, primero, sus socios hermanos
de la ultraderecha y luego ustedes. Ambos han recibido la misma contestación negativa, sendas sentencias del Tribunal Constitucional, la número 34 y la 49 de 2023; pero siguen erre que erre, como un niño malcriado que no respeta las normas.
Pues bien, vamos a contraponer modelos. Primera premisa, ustedes quieren segregar al alumnado con discapacidad, de tal manera que su educación la reciban en entornos separados, apartándolos del resto y, en su propuesta, eliminan toda
referencia a la inclusión. Señora Moneo, veo que ha olvidado que el año pasado aprobamos la modificación del artículo 49 de la Constitución española, que indica que garantizar la inclusión es un mandato constitucional. (Aplausos). El Tribunal
Constitucional les recuerda que la LOMLOE estableció la educación inclusiva como un principio que sustenta el marco normativo europeo y nacional, dando respuesta educativa a todo el alumnado sin excepción, entendiendo que se garantiza el desarrollo
pleno de todas las personas, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social, cosa que ustedes ya vemos que no practican.
Segunda premisa, ustedes dicen que los padres no tienen libertad para decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos y el Tribunal Constitucional les contesta todo lo contrario: La LOMLOE garantiza que el procedimiento de escolarización de
este tipo de alumnado tenga en cuenta, además del interés superior del menor, la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. Y añade: La norma no excluye del procedimiento la audiencia de las familias que
muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras.
Tercera premisa, ustedes afirman que la norma margina los centros de educación especial y los condena a su cierre efectivo. La ley indica que las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de
educación especial, como así ha sido desde su aprobación. Y dice textualmente en su sentencia: En cuanto a la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, basta una interpretación sistemática para concluir su constitucionalidad, ya que
la Administración, a la hora de valorar qué alumnos o alumnas necesitan una escolarización muy especializada, debe atender a
los criterios contenidos en ella, es decir, si es la opción de la familia, si lo aconseja el interés superior del menor y si está justificado excepcionalmente en función de las circunstancias concurrentes.
En definitiva, señorías, la presentación de esta proposición de ley es impropia y a estas alturas queda claro cuáles son sus maneras de hacer oposición: asumir todos los principios de la ultraderecha que nunca abandonaron, sembrar mentiras
y odio, incitar a la violencia y, lo más grave, cero propuestas de Gobierno para este país.
¿Qué será lo próximo que escucharemos? Pues la verdad es que ni lo sabemos ni nos importa. El Partido Socialista va a seguir trabajando cada día para ejercer la política con dignidad, coraje y valentía. Vamos a seguir legislando para
ganar derechos y libertades. Vamos a seguir aquí, frente a esta ultraderecha reaccionaria, con aires cada vez más autoritarios. Y no vamos a retroceder ni un solo paso, que les quede claro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL IMPULSO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA CUOTA DE RESERVA DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS. (Número de expediente 122/000215).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la inclusión laboral de las
personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Sáez Cruz.
El señor SÁEZ CRUZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.
Cuando acabe esta legislatura -que espero que sea tarde, y lo será- y hagamos balance de lo que aquí hemos debatido y hemos aprobado, habrá miles de folios que recojan las intervenciones de todas y de todos. Muchas de ellas serán
importantes para su grupo, pero quizá poco relevantes para la ciudadanía. Otras, por el contrario, serán muy bien recibidas y necesarias para la población española, como puede ser la modificación del artículo 49 de la Constitución española que
pudimos aprobar por amplio consenso de esta Cámara.
Hoy venimos a hablar de inclusión, de inclusión educativa y de inclusión laboral. Permítanme que me sonroje y lo haga público, porque no salgo de mi asombro, y sé de lo que hablo. Yo no soy, señorías, ni más listo ni más inteligente que
ninguno o ninguna de los presentes. No lo soy, pero menos tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque, quizá, ustedes cuando estudiaban la EGB -porque la gran mayoría de ustedes estudiaron EGB- lo hicieron en el colegio más cercano a su casa. ¿Ustedes
ven normal hoy, en el siglo XXI, que una persona como yo, que solo cojeo, estudiase la EGB en un centro de educación especial? Pues así fue. Estudié la EGB en un centro de educación especial con muchas personas con solo discapacidad física. Claro
que hemos avanzado muchísimo, tanto como que la LOGSE nos incluyó en la educación ordinaria, y a partir de ahí el resto de legislación y decretos y normativas que han hecho posible que muchas personas con discapacidad hoy estén integradas en el
sistema educativo nacional. (Aplausos).
Permítanme que les hable ahora de inclusión laboral. Señorías, 4,4 millones de personas en nuestro país tienen discapacidad: en torno al 10 % de la población. ¿Dónde está escrito que por cada puesto de trabajo al que accede a una persona
con discapacidad previamente lo hayan hecho 37 personas sin discapacidad? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que la tasa de empleo de las personas sin discapacidad en nuestro país esté en el 64 % y, sin embargo, la tasa de empleo de las
personas con discapacidad tan solo sea del 26 %? ¿Dónde está escrito? Como no está escrito en ningún sitio, el Grupo Parlamentario Socialista hoy trae a este Pleno una proposición de ley para escribir que es necesario trabajar y potenciar la
inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. (Aplausos). Estamos convencidos de la necesidad de apoyar esa inclusión laboral. Las personas con discapacidad son un activo real y valioso. Las personas con discapacidad,
cuando acceden al mercado de trabajo -que para ellos ha sido 37 veces más difícil acceder a ese empleo-, se aferran a él con uñas y dientes y lo
mantienen y se esfuerzan para que ese empleo sea digno y duradero. Además, las personas con discapacidad aportan talento, aportan compromiso e, incluso, mejoran la cohesión laboral en las empresas.
En nuestro país tenemos más de 150 leyes y reales decretos en favor de las personas con discapacidad. Son muchos. Uno de ellos lo que viene a decir es que en la corresponsabilidad del acceso al empleo las empresas que tienen más de
cincuenta trabajadores en su plantilla tienen que reservar un 2 % para personas con discapacidad; es decir, cada cincuenta personas debe haber una que tenga discapacidad. Pues bien, eso solo ocurre en las empresas de más de cincuenta trabajadores,
que, por desgracia, en nuestro país son minoritarias. Las pymes son las que en mayor medida contratan a las personas en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de que solo afecta al 1 % de las empresas, y afectando solo al 1 % todavía no se
cumple esta normativa. Creemos que, para hacer cohesionar tanto el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la modificación del artículo 49 de la Constitución española, es necesario que
trabajemos en un nuevo sistema general que permita una mayor incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad.
Se ha presentado a la Cámara el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la ley general de atención a las personas con discapacidad. Pronto debatiremos sobre esto, pero hasta que llegue ese momento vamos a trabajar en esta
proposición de ley que modifica tan solo una medida para que la convención y la Constitución lleven a efecto esa obligación, y para ello queremos pasar de una sanción grave, como está tipificada en estos momentos, a sanción muy grave para que, al
menos en este sentido, se fuerce a esa obligación de contratación. Hasta que llegue esa situación, es necesario que trabajemos en ello porque creo que cuando como empresa tienes acceso a contratación pública o a ayudas públicas, si no cumples lo
que la normativa nacional te pide, lo lógico es que no tengas acceso a esas ayudas. Por tanto, creemos que es necesario trabajar en esta línea.
Somos conscientes de que solo con endurecer las sanciones no es suficiente. Hay que fomentar entornos inclusivos, hay que fomentar la cultura empresarial inclusiva, hay que fomentar la responsabilidad social corporativa. Para ello el libro
blanco que surgió en este país es un estudio científico que marca la brújula a seguir. El libro blanco recoge que hay que visibilizar a las personas con discapacidad desde un prisma de validez y que hay que cambiar el modelo del marco regulador y
adaptarlo a un marco regulador del siglo XXI. Yo creo que es de justicia reconocer que la Inspección de Trabajo hace un buen trabajo en la inspección, pero es necesario incentivar en mayor grado esa inspección para el cumplimiento de la norma.
Creemos que se debe incidir en el plan estratégico 2025-2027 que tiene preparado el ministerio en esa exclusión de esas ayudas a las empresas que no cumplen con la norma.
Hemos avanzado mucho en los últimos años, está claro. La propia reforma laboral ha hecho que el porcentaje de crecimiento de la contratación de personas con discapacidad sea del 6,2 %. Hemos avanzado con programas como el Programa de
Ayudas Reina Letizia para la Inclusión con hasta los 5,5 millones de euros. El informe ODISMET de estadística de Fundación ONCE nos dice que en los últimos años el empleo de las personas con discapacidad ha experimentado una mejora de casi 6
puntos, llegando a incorporarse aproximadamente 550 000 personas al mercado de trabajo. La tasa de desempleo se ha reducido en 13 puntos, lo que supone un descenso del 40 % en apenas una década; el número de contratos para este colectivo se ha
incrementado en un 58 %; el empleo ha subido especialmente para las personas con discapacidad entre 25 y 44 años, y la tasa de personas con discapacidad en paro de larga duración se ha reducido en 2,5 puntos desde el año 2013.
Por tanto, es cierto que estamos tocando datos importantes, pero el déficit, el desfase proporcional entre personas con discapacidad y sin discapacidad es tan alto que nos obliga a hacer mayores esfuerzos. Estos datos son, como digo,
alentadores y necesarios para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Finalizo como empecé, hablándoles de inclusión. Lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo las beneficia a ellas: cuando una empresa es capaz de configurar una plantilla cuya composición es un reflejo de la
sociedad en la que se desenvuelve, esa empresa se humaniza y se engrandece. Me dirijo al mundo empresarial para animarlos a enriquecerse con todo lo que estas personas pueden aportar. Solo avanzando en inclusión lograremos garantizar los derechos
de las personas con discapacidad y mejorar nuestro tejido empresarial; en definitiva, lograremos una sociedad más justa, algo a lo que todo ser humano debería aspirar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Renteria Lasanta.
La señora RENTERIA LASANTA: Muchas gracias, presidente.
Arratsalde on, señorías. Buenas tardes.
Hoy abordamos la toma en consideración de una proposición de ley que, más allá de la técnica legislativa, toca un asunto que debería interpelarnos en lo más profundo, la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, porque detrás de
cada artículo, de cada letra añadida a una ley, hay vidas reales, hay personas que, a pesar de su preparación, su talento y su motivación, se encuentran cada día con barreras que les impiden acceder al mercado laboral, y esas barreras no son fruto
de la discapacidad, sino de una sociedad que todavía no ha sabido ser plenamente inclusiva.
Señorías, la proposición de ley socialista introduce algunos cambios importantes: el incumplimiento de la cuota pasa de grave a muy grave; las empresas sancionadas en firme no pueden recibir subvenciones públicas; se prevén campañas de
sensibilización, y se refuerza el papel de la inspección. La iniciativa que nos presentan está bien, pero echamos de menos una mayor ambición, teniendo en cuenta que una iniciativa similar, pero mucho más ambiciosa, ya fue presentada por el Grupo
Socialista en 2017.
En el Grupo Vasco compartimos la finalidad. La solidaridad no puede quedarse en discursos, tiene que traducirse en oportunidades reales, y el empleo es una de las llaves principales de la inclusión. A la vista de la constatación de que la
escasa cuantía de las sanciones por incumplimiento de las reservas de cuota favorece que se pueda optar por el incumplimiento y pago de la sanción como algo más liviano que el cumplimiento de la norma, parece razonable endurecer las consecuencias de
dicho incumplimiento, tanto la sanción como la prohibición de recibir subvenciones públicas. Ahora bien, también queremos lanzar un mensaje claro: las sanciones por sí solas no bastan. Las sanciones pueden castigar al incumplidor, sí, pero no
crean empleo por sí mismas, lo que crea empleo es la suma de exigencia y de apoyo, y de sanción y de acompañamiento. La solidaridad con las personas con discapacidad exige que la ley no se quede en multar, sino que abra caminos, incentivos para que
las empresas cumplan y apuesten por la inclusión, por la formación adaptada para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de calidad, por la accesibilidad universal para que los entornos laborales no sean barreras y por un
acompañamiento real en el tránsito hacia el empleo ordinario.
Señorías, cuando hablamos de inclusión laboral hablamos de justicia, pero también hablamos de esperanza: hablamos de una joven con discapacidad intelectual que termina un ciclo de formación profesional y quiere demostrar que puede trabajar
como cualquier otra persona; hablamos de un hombre que tras un accidente de tráfico pierde la movilidad y necesita una segunda oportunidad laboral para rehacer su vida, y hablamos de mujeres con discapacidad, que, además, sufren una doble
discriminación en el acceso al empleo. Para todas esas personas un contrato no es solo un contrato, es autoestima, es independencia económica y es reconocimiento social. Por eso, como sociedad, no podemos permitirnos dejar atrás a nadie.
En Euskadi hemos querido que nuestro autogobierno sirva también para avanzar en esta materia. A través de Lanbide desarrollamos políticas activas de empleo adaptadas, porque sabemos que cada persona es única y cada empresa también;
apostamos por itinerarios personalizados; impulsamos formación profesional adaptada en sectores donde realmente hay salida laboral; apoyamos a centros especiales de empleo, pero también favorecemos el tránsito al empleo ordinario; y trabajamos en
estrecha colaboración con asociaciones y familias, que son quienes mejor conocen las necesidades reales. Esto lo podemos hacer porque tenemos competencias, porque tenemos capacidad, y por eso insistimos en que cualquier reforma estatal en esta
materia debe respetar escrupulosamente las competencias autonómicas. La inclusión se construye desde la cercanía, desde el conocimiento del territorio y no desde decretos uniformes impuestos.
Nuestro grupo parlamentario apoya el espíritu de esta ley, pero creemos que debe mejorarse. Por eso creemos en que la reserva de cuotas realmente contribuye a la inclusión y en que las medidas alternativas no sean un mero trámite
administrativo. Creemos en la adaptación de puestos de trabajo y en la accesibilidad en las empresas en el empleo ordinario, no solo en el empleo protegido. Creemos en la proporcionalidad de las sanciones: no es lo mismo una gran empresa que una
pyme con dificultades reales. Creemos en el refuerzo de incentivos positivos, bonificaciones, apoyos técnicos, reconocimiento
público a quienes cumplen; en respetar y potenciar el autogobierno, porque nuestras políticas ya son un ejemplo de compromiso.
Señorías, esta proposición de ley es una oportunidad para dar un paso más en la construcción de una sociedad que no excluye, que no discrimina, que no deja a nadie al margen. Pero no olvidemos que la verdadera inclusión no se mide por el
número de sanciones impuestas, sino por el número de personas con discapacidad que logran un empleo digno.
En el Grupo Vasco decimos sí al objetivo de esta reforma: sí a la solidaridad, sí a la exigencia y sí a un modelo inclusivo que combine firmeza con apoyo, sanción con incentivo y ley con humanidad. Al final, lo importante es que cada vez
escuchemos más voces de personas con discapacidad diciendo: Trabajo como el resto de mis compañeros; tengo independencia, tengo futuro; soy parte de esta sociedad en igualdad de condiciones. Ese es el horizonte que nos debe guiar y en este
horizonte, señorías, no hay margen para la indiferencia ni para la exclusión, solo hay espacio para la dignidad, la igualdad y la solidaridad real.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi.
Todos vamos a votar hoy a favor de proposición de ley. De la misma forma que señalamos la concordancia fundamental con la que se plantea esta proposición de ley, señalamos nuestro propósito de mejorarla de manera sustancial. Creemos que
hay muchos elementos que tienen que ser objeto de mejora y creemos, además, que hay que dar una perspectiva más global, porque intentar resolver, solo con lo que viene aquí, todas las dificultades en el mundo de la discapacidad para afrontar un
empleo óptimo y de calidad es tanto como pensar que se van a solucionar todos sus problemas de la noche a la mañana, y eso no es ni mucho menos cierto. En cualquier caso, lo haremos también con una exigencia clara para que se respete el
autogobierno que ya tenemos y desde la voluntad y el propósito de ampliarlo todavía más hasta alcanzar un escenario de soberanía nacional plena.
Como decía, nuestro voto afirmativo va a ir acompañado de una voluntad de mejora del texto, y lo adecuado sería señalar en qué elementos planteamos la mejora. Nosotros creemos que se tiene que valorar seguir manteniendo en el 2025 el
porcentaje del 2 % para empresas de cincuenta o más trabajadores o si, por el contrario, podemos plantearnos aumentar ese porcentaje o incluso tener en cuenta a empresas con menos de cincuenta trabajadores. Porque la realidad del tejido industrial
en Euskal Herria -creo que no es muy diferente a la del Estado español y a la del sur de Europa- es la pérdida de peso de las grandes empresas y, por el contrario, el surgimiento de cada vez más empresas de tamaño mediano o de treinta, treinta y
cinco, cuarenta trabajadores. Por tanto, creemos que hay posibilidades de hacer una lectura más ajustada a la realidad actual.
Creemos también que es necesario mejorar aquello que tiene que ver con las dos posibilidades de exclusión de aplicación de este porcentaje de reserva, que en la actualidad tienen que ver con los convenios, ya sean de carácter estatal o de
carácter inferior -autonómico o provincial-, o con la voluntad del empresario, previo acuerdo con la institución, para buscar algún tipo de fórmula alternativa. Creemos que esa posibilidad de exclusión, que deja en manos del empresario la
posibilidad de buscar junto con la entidad pública una alternativa, no está dando resultados, y mantenerla como un factor de exclusión puede ser una puerta abierta para que se siga manteniendo este ritmo tan lento en la incorporación de las personas
con discapacidad al mundo del trabajo en condiciones de igualdad con todos y todas.
Decíamos también que se pueden mejorar más cosas. Estamos de acuerdo con que las infracciones graves pasen a ser muy graves. Es verdad que no todo se arregla con más punitivismo. Es cierto que a veces podemos pecar de una voluntad
punitivista para solucionar todos los problemas. Pero decir esto sin decir que estamos viviendo una realidad asimétrica o desigual no es contar toda la foto: vemos que quienes tienen más recursos son capaces de burlar la ley con más facilidad que
quienes tienen menos; vemos que quienes acumulan deudas con la Hacienda pública son capaces de saltarlas porque tienen recursos para poder mantener litigios, a veces eternos, que hacen que no paguen nada, cuando un simple ciudadano tiene que pagar
hasta la última peseta o el último céntimo de euro de lo que tiene. Es una visión parcial y, por tanto, ahí sí que creemos que cabe que las infracciones graves pasen a ser muy graves.
Nos parece bien que no se otorguen subvenciones a aquellas empresas que no mantienen la cuota de reserva para personas con discapacidad. Nos parece correcto hablar de las campañas de sensibilización,
otra cosa muy diferente es el grado de eficacia que estas puedan tener, pero no por eso habrá que dejar de hacerlas. Y nos parece también bien que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tengan una función importante y especial en lo
que tiene que ver con velar por que se cumplan esos porcentajes de reserva.
Pero creemos -también lo decíamos- que habría que darle un sentido más global a esta iniciativa, porque se han dado algunos datos que son ciertos y que yo no voy a rebatir, pero se pueden complementar desde la realidad. Se puede hablar de
que la brecha salarial entre las personas con discapacidad es un 18,7 % mayor que entre las personas sin ningún tipo de discapacidad. Se puede hablar de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión lleva sin bajar desde hace ya muchos años y se
mantiene en porcentajes que están entre el 29 % y el 33 %, por ejemplo, en comunidades con los porcentajes más bajos de tasas de pobreza o riesgo de exclusión, como son la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Pero, aún ahí,
tenemos dificultades para avanzar. Y, por tanto, es ahí donde hay que plantearse más iniciativas.
Estas iniciativas tienen que ver, por ejemplo, también con cómo abordamos los centros especiales de empleo. Está muy bien hablar de la función que pueden realizar los centros especiales de empleo o la que debieran cumplir y para la que
fueron formados, pero no está tan bien ocultar que no se está consiguiendo que estos centros especiales de empleo, que no eran un fin en sí mismo, sean una pasarela para que se incorporen al mercado laboral en condiciones de igualdad, como dice el
convenio internacional que ha sido citado suscrito en Nueva York. Los centros especiales de empleo se están convirtiendo en un fin en sí mismos. A los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan su función en los centros especiales de empleo no
se les paga ni siquiera el equivalente al salario mínimo interprofesional, y solo lo consiguen a través de complementos, que nuevamente tienen que salir, en muchas ocasiones, si no en todas, de las arcas públicas.
También hay que hablar de la discapacidad sobrevenida, y se da cuando ya no puedes desempeñar un puesto de trabajo por algún suceso que ha podido acontecer u ocurrir en tu vida. Hay quienes tienen la tentación -muchas veces son empresarios-
de prescindir de ellos. Quizás habría que ver cómo podemos blindar también esa posibilidad para evitar despidos.
Finalizo con una cuestión. Hablaba del aspecto competencial, de la necesidad de blindar el autogobierno. La Comunidad Autónoma Vasca es la que más dinero destina a dependencia. La Comunidad Foral de Navarra destina algo menos, pero está
también muy por encima de la media de lo que se destina en el Estado español. Sin embargo, todavía no hemos sido capaces de poder hablar de esta cuestión en términos diferentes a como se ha hablado aquí, porque seguimos teniendo pobreza entre las
personas con discapacidad, porque seguimos teniendo desigualdad entre las personas con discapacidad y porque, en definitiva -termino ya-, lo que dice el artículo 27 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que se ha
mencionado antes y que está fechado en diciembre del 2006, es que las personas con discapacidad tienen el derecho de trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 27. En igualdad de condiciones significa también que tengan el mismo
salario, la misma dignidad y el mismo reconocimiento. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bona tarda de nou, senyories.
Ens trobem davant una proposició de llei que, presentant-la el PSOE, doncs bé podria haver estat un projecte de llei, però en fi, vostès sabran. En tot cas, a diferència del que passava a l'interior, com que aquesta ens interessa, obviarem
la forma i anirem al fons, que és el de reforçar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, dotant a la norma de mesures efectives per garantir la quota de reserva d'ocupació del 2 % en el mercat de treball ordinari, concretament en les
empreses amb 50 treballadors o més. Això es pretén fer bàsicament a partir de 3 mecanismes: tipificant com a molt greu el no-compliment, tallant les subvencions i contractes i impulsant la inspecció.
La proposta, com a punt de partida, és prou bona, però al nostre entendre insuficient si volem garantir que la inclusió no només sigui col·locació, sinó ocupació veritable amb ajustos i accessibilitat. En altres paraules, com diuen els meus
companys de la nostra sectorial de Drets per a les persones amb discapacitat, la façana ha d'estar bé, però els fonaments de l'edifici també. I és per aquest motiu que des de Junts per Catalunya creiem que és important anar més enllà de la
penalització; una penalització que evidentment hi
ha de ser perquè complir no és opcional. Qui incompleix, paga i no rep subvencions ni contractes, però, com els deia, ha d'anar més enllà i qui vol complir ha de tenir suports. Per això, tant important com penalitzar és acompanyar no només
a les persones demandants d'ocupació, sinó també a les empreses, oferint ajuda i formació, centrant part dels esforços legislatius en assegurar que hi ha eines per a les empreses per materialitzar tots aquells components que són essencials per
afavorir una millora en els resultats de la inclusió laboral. Cal que l'Administració es proposi contribuir a educar i a capacitar la societat en general i a les empreses en particular. I, per això, ha de començar donant exemple, perquè sovint ens
trobem amb una administració que exigeix més a les empreses que a ella mateixa.
Així, cal prioritzar plantejaments de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, per exemple, atenent una reivindicació històrica del col·lectiu de persones amb discapacitat, que és que les dades que
generi el sector públic distreguin per tipus de capacitat i que aquestes es creuin amb dades de gènere i altres variables de context. Perquè poder identificar adequadament els factors que condueixen a una major discriminació és fonamental. És
fonamental recollir dades i generar informes estadístics perquè ens permetin conèixer bé el problema, perquè si no el coneixem bé, mai hi podrem posar remei. I tot això s'ha de fer sense cap invasió competencial, col·laborant amb la inspecció i el
RELIC i articulant mecanismes adients per resoldre l'infrafinançament crònic que a Catalunya també pateix en matèria de treball i abordatge de la discapacitat. I un cop més, el nostre país, generant més que recursos suficients, es troba que no
disposa, que no rep dels necessaris per cobrir les necessitats existents.
Acabo, doncs, anunciant que és en aquest sentit, en el sentit de tot el que ara li he exposat, que en cas de prosperar aquesta presa en consideració, presentarem una bateria llarga d'esmenes. I ho farem convençuts que les persones amb
discapacitat tenen moltes valuoses habilitats, tenen moltes i valuoses habilitats per no quedar excloses del mercat laboral, com passa sovint.
Junts per Catalunya sabem que, en contractar-les, s'accedeix a un grup de talent, moltes vegades infravalorat, que enriqueix els equips humans i les organitzacions.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Buenas tardes nuevamente, señorías.
Nos encontramos ante una proposición de ley que, presentándola el Grupo Socialista, bien podría haber sido un proyecto de ley. Pero, en fin, ustedes sabrán. En todo caso, a diferencia de lo que pasaba antes, como esta nos interesa, vamos a
ir al fondo y vamos a obviar la forma. Aquí el objetivo es reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, dotando a la norma de medidas efectivas para garantizar la cuota de reserva de ocupación del 2 % en el mercado laboral
ordinario, concretamente en las empresas con cincuenta o más trabajadores. Y esto se pretende hacer, básicamente, a partir de tres mecanismos: tipificando como muy grave el no cumplimiento, cortando las subvenciones y contratos e impulsando la
inspección.
La propuesta, como punto de partida, es bastante buena. Nosotros consideramos que es insuficiente si queremos garantizar que la inclusión no solo sea colocación, sino ocupación verdadera, con ajustes y accesibilidad. Dicho de otra forma,
como dicen mis compañeros de nuestra sectorial para los derechos de las personas con discapacidad, la fachada tiene que estar bien, pero los fundamentos del edificio también. Y, por este motivo, en Junts per Catalunya creemos que es importante ir
más allá de la penalización. Esta penalización evidentemente tiene que estar, porque cumplir no es opcional: quien incumple paga, y no recibe subvenciones ni contratos. Pero, como les decía, tiene que ir más allá. Quien quiera cumplir debe tener
apoyos. Por eso, tan importante como penalizar es acompañar, y no solo a las personas demandantes de ocupación, sino también a las empresas, ofreciendo ayuda y formación, centrando parte del esfuerzo legislativo en asegurar que haya herramientas
para las empresas para materializar todos aquellos componentes esenciales para favorecer una mejora en los resultados de la inclusión laboral. Es necesario que la Administración se proponga contribuir a educar y a capacitar a la sociedad en general
y a las empresas en particular. Y, por eso, tiene que empezar dando ejemplo, porque a menudo nos encontramos con una Administración que exige más a las empresas de lo que se exige a sí misma.
Por lo tanto, hay que priorizar los planteamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como, por ejemplo, atendiendo a una reivindicación histórica del colectivo de personas con
discapacidad, que es que los datos que genere el sector público se desagreguen por tipo de discapacidad y que se crucen con los datos de género y otras variables de contexto. Porque
poder identificar adecuadamente los factores que conducen a una mayor discriminación es fundamental. Es fundamental recoger datos y generar informes estadísticos que nos permitan conocer bien el problema, porque, si no lo conocemos bien,
nunca vamos a poder ponerle remedio. Y todo eso hay que hacerlo sin ningún tipo de invasión competencial, colaborando con la inspección y el RELIC y articulando los mecanismos adecuados para resolver la infrafinanciación crónica que Cataluña sufre
también en materia de ocupación y abordaje de la discapacidad. Una vez más, nuestro país, generando recursos más que suficientes, se encuentra con que no dispone y no recibe los recursos necesarios para cubrir las necesidades existentes.
Termino anunciando que, en el sentido de todo lo que he expuesto, en caso de que prospere esta toma en consideración, vamos a presentar una batería larga de enmiendas, y lo vamos a hacer convencidos de que las personas con una discapacidad
tienen muchas habilidades muy valiosas que les permiten no quedar excluidas del mercado laboral, como pasa a menudo.
En Junts per Catalunya sabemos que a la hora de contratarlas se accede a un grupo de talento muchas veces infravalorado que enriquece a los equipos humanos y a las organizaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, president.
Bona tarda a tothom.
Avui parlarem d'una qüestió que ens interpel*la com a societat, el dret al treball digne de les persones amb discapacitat. És just reconèixer que la proposició de llei...
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos.
Hoy hablamos de una cuestión que nos interpela como sociedad: el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad. Es justo reconocer que la proposición de ley -proposición de ley, sí...
... Emilio, proposición de ley, ¡ostras!, podríamos haber hecho algo más rápido y más urgente, ¿eh?, que llevan el 60 % de la democracia mandando; pero, bueno, seguimos, no está mal, mejor tarde que nunca-...
... és un pas endavant. És un pas endavant i ho celebrem. A l'Estat espanyol, des de fa 40 anys, des de fa 40 anys, les empreses de 50 o més treballadors tenen l'obligació de reservar almenys un 2 % de llocs de treball per a persones amb
discapacitat. És una mesura correcta de discriminació positiva que reconeix la igualtat real que només s'assoleix amb bones... no només s'assoleix amb bones paraules, sinó que s'ha de fer amb accions i obligacions concretes. Però quin ha estat el
resultat? I aquí és per això que crec que, com sempre, pequen vostès del govern de poca ambició. El resultat és que, i això ho he viscut en la meva... quan estava de responsable sindical, més del 80 % de les empreses incompleixen aquesta quota.
Més del 80 % de les empreses incompleix aquesta quota i la conseqüència és dramàtica: desenes de milers de persones amb discapacitat han estat excloses d'una feina que els corresponia legalment.
I la pregunta és: Com hem arribat fins aquí? La resposta és doble, per què? Només el 80 %..., 80 % no compleixen aquesta llei. La resposta, com deia, és doble. Primer, perquè les sancions fins ara eren ridícules, ridícules, 750 i 7500
euros. Per a una gran empresa, això és el que gasten amb la màquina de cafè. És que ja ho tenen comptabilitzat. És que ja està comptabilitzat aquest tipus de multes ?que no només passa amb això, passa en altres coses. I segon, perquè moltes
empreses han preferit pagar mesures alternatives o fer donacions simbòliques en comptes de contractar directament, que seria el que toca. La quota ha estat massa sovint paper mullat. Per això valorem positivament ?ho repeteixo- valorem
positivament que la nova proposició de llei ?preferiria que hagués sigut un reial decret llei o hagués sigut un projecte de llei- però bé, que endureixi les sancions i que l'incompliment passi a ser una infracció greu... passi de ser una infracció
greu a una infracció molt greu, perquè realment és una infracció molt greu.
Però, com deia abans, peca de poca ambició i nosaltres voldrem anar una mica més enllà en la seva tramitació en forma de llei. Pensem que no n'hi ha prou, que cal revisar a l'alça el percentatge del 2 %. Ja avui en dia en alguns països
europeus ja és del 6 %. Limitar de veritat l'abús de mesures alternatives. Obrir la porta a les pimes. Les empreses de 30, 40 i 45 treballadors també poden i han de contractar, amb mecanismes que calgui, persones amb discapacitat, i no per bona
voluntat, sinó perquè els toca. Garantir
que no es compleixi la quota amb feines precàries, sinó amb feina digna, estable i adaptada. Crear un registre públic d'empreses que compleixin i també un registre públic de les empreses que no compleixin amb aquesta norma. La gent ha de
saber quin tipus d'empreses són les que van a comprar i si una empresa és solidària, doncs, ha de tenir el benefici del consumidor. Perquè quan parlem d'inclusió no parlem només de percentatges, parlem de persones, parlem de dignitat. I és
important això que diré ara: Cada persona, quan una empresa incompleix... Cada persona, quan l'empresa incompleix, és una persona que es queda sense anar a treballar, que es queda sense feina, que no pot viure dignament, simplement perquè no s'ha
complert la llei. Darrere d'aquests nombres, hi ha persones, hi ha històries de vida. I el que avui volem fer amb aquesta proposició de llei és que això no passi.
Per això, des d'Esquerra Republicana donem suport a aquest pas endavant, però també diem i reiterem que seguim exigint més, perquè no volem una quota que sigui sostre, volem que sigui el sòl. No volem empreses que puguin no incloure, volem
empreses que tinguin les portes obertes i no per bona voluntat, sinó perquè els toca, perquè ho han de fer. Com deia una companya meva, el treball digne és la millor eina d'inclusió social. Per això no ens conformarem amb quedar-nos a mig camí.
Farem el que calgui perquè aquest 2 % es converteixi en una inclusió i que s'obrin les portes de bat a bat. El treball digne és la millor eina d'inclusió, com deia abans. Però si volem que la inclusió sigui real i no només formal, no podem
quedar-nos aquí, no podem transcórrer 40 anys més perquè aquesta llei es compleixi i el 80 % de les empreses la incompleixin. Així que donem un pas endavant i esperem que tot l'hemicicle, ja de manera unànime, doni suport a aquesta mesura i
tramitem el més ràpidament possible, perquè cada minut que perdem és una persona que no treballa i que hauria de treballar.
Moltes gràcies.
... es un paso hacia adelante y lo celebramos. En el Estado español, desde hace cuarenta años -cuarenta años-, las empresas de cincuenta o más trabajadores tienen la obligación de reservar como mínimo un 2 % del trabajo para personas con
discapacidad. Es una medida correcta de discriminación positiva que reconoce la igualdad real, que solo se puede conseguir o no solo se consigue con buenas palabras, sino que tiene que hacerse con acciones y obligaciones concretas. Pero ¿cuál ha
sido el resultado? Y por eso creo que, como siempre, pecan ustedes en el Gobierno de poca ambición. El resultado -eso lo he vivido cuando yo era responsable sindical- es que más del 80 % de las empresas incumplen esta cuota -más del 80 % de las
empresas incumplen esta cuota-. Y la consecuencia es dramática: decenas de miles de personas con discapacidad han sido excluidas de un trabajo que les correspondía legalmente.
Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta es doble. ¿Por qué solo el 80 % no cumple con esta ley? La respuesta, como decía, es doble. Primero, porque las sanciones hasta ahora eran ridículas -ridículas-: 750 y 7500
euros. Para una gran empresa, esto es lo que gasta en la máquina del café. Es que ya lo tienen contabilizado, es que ya está contabilizado este tipo de multa. Y no solo pasa con eso, también con otras cosas. Y segundo, porque muchas empresas han
preferido pagar medidas alternativas o hacer donaciones simbólicas en lugar de contratar directamente, que es lo que tocaría. La cuota a menudo ha sido papel mojado, y por eso valoramos positivamente -y repito, valoramos positivamente- que la nueva
proposición de ley -mejor que hubiera sido un real decreto ley o un proyecto de ley, pero bueno- endurezca esas sanciones y que el incumplimiento pase a ser una infracción grave; que, de ser una infracción grave, pase a ser a una infracción muy
grave, porque es una infracción muy grave.
Y, como decía antes, peca de poca ambición. Y nosotros quisiéramos ir un poco más allá en esta ley, pensando que no es suficiente, que hay que revisar al alza ese 2 %. En algunos países europeos están ya en el 6 %. Limitar de verdad el
abuso de medidas alternativas. Abrir la puerta a las pymes, a las empresas de treinta, cuarenta o cuarenta y cinco trabajadores, que también pueden y tienen que contratar a personas con discapacidad; y no por buena voluntad, sino porque les toca.
Garantizar que no se cumpla esa cuota con trabajos precarios, sino que sea un trabajo digno, estable y adaptado. Crear un registro público de empresas que cumplen, y también un registro público de las empresas que no cumplen con esa norma. La
gente tiene que saber qué tipo de empresas son en las que compran. Y si una empresa es solidaria, pues debe tener el beneficio del consumidor. Porque cuando hablamos de inclusión, no hablamos solo de porcentajes; hablamos de personas, de
dignidad. Y es importante lo que voy a decir. Cada persona, cuando una empresa incumple, cada persona, cuando una empresa incumple, es una persona que se queda sin ir a trabajar, que se queda sin trabajo, que no puede vivir dignamente, simplemente
porque no
se ha cumplido con la ley. Detrás de esas cifras hay personas, historias de vida. Y lo que queremos hacer hoy con esta proposición no de ley es que esto no ocurra.
Por eso, desde Esquerra Republicana damos apoyo a este paso hacia adelante, pero también decimos y reiteramos que seguimos exigiendo más. Porque no queremos una cuota que sea el límite; queremos que sea la base. No queremos empresas que
puedan no incluir; queremos empresas con las puertas abiertas. Y no por buena voluntad; porque les toca, porque tienen que hacerlo. Y, como decía una compañera mía, el trabajo digno es la mejor herramienta de inclusión social. Por eso, no nos
vamos a conformar con quedarnos a medio camino; vamos a hacer lo que haga falta para que ese 2 % se convierta en una inclusión y que se abran las puertas bien abiertas. El trabajo digno es la mejor herramienta de inclusión, pero si queremos que la
inclusión sea real y no solo formal no podemos quedarnos aquí, no pueden pasar cuarenta años más para que esta ley se cumpla y que el 80 % la incumpla.
Por lo tanto, demos un paso hacia delante. Esperamos que todo el hemiciclo, de forma unánime, apoye esta medida y que se aplique lo más rápidamente posible, porque con cada minuto que perdemos hay una persona que no trabaja y que debería
estar trabajando.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes, señorías.
Todas las personas necesitamos apoyo y ayuda de forma estructural o de forma puntual; todas. En una sociedad democrática e inclusiva no se deja a nadie en los márgenes ni tampoco nadie llega solo a ningún lado. Nadie crece, estudia,
trabaja, cuida, aprende o envejece sin redes y, por lo tanto, sin lo colectivo. Cuando hablamos de redes, pensamos habitualmente en amigos, en familia, en el barrio o hasta en el trabajo -hay quien piensa en herencias, por supuesto-, pero solemos
olvidar a las Administraciones y a lo público: la escuela, sin ir más lejos, el urbanismo, los ayuntamientos o, por supuesto, el Estado. Nosotras defendemos que el Estado debe ser protector, con objetivos claros, a favor de la igualdad y de la
erradicación de las discriminaciones y, por supuesto, de la desigualdad.
Los principios de inclusión y de garantía de derechos que emanan de esta proposición de ley sin duda van en la línea de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que fue un antes y un después. La inclusión ya no es una opinión
política, ni siquiera una opción, sino que es una obligación jurídica, y eso es un cambio muy importante, y lo es en todos los campos, evidentemente también en el del trabajo, que es uno de los más importantes. Sin trabajo no hay autonomía ni
participación plena ni acceso a no pocos derechos, señorías. La inclusión laboral es un derecho y, por lo tanto, las políticas públicas deben garantizarlo.
Esta propuesta de ley reafirma lo que ya está en nuestro ordenamiento: la cuota del 2 % en empresas de cincuenta trabajadores o más. Lo hace endureciendo sanciones por incumplimiento de la cuota y cerrando puertas traseras, lo cual es
positivo. El cómputo debe ser real, en eso estamos completamente de acuerdo, y nos propone, por lo tanto, más herramientas para garantizar su cumplimiento. Las compartimos y además creemos -eso sí- que deben situarse en un enfoque amplio e
integral, como lo hace la reforma de discapacidad y dependencia que aprobamos el 15 de julio en Consejo de Ministros. La inclusión no la vamos a garantizar -creo que esto lo sabemos todos y todas- solo con la sanción, sino que debemos generar las
condiciones efectivas para que la inserción, la inclusión y también la igualdad sean una realidad; claridad en el régimen sancionador, severidad frente al abuso, seguridad jurídica y, además, transformación fundamental del modelo. El
incumplimiento debe dejar de ser -además, creo que esto es fundamental porque nos hemos acostumbrado a ello- noticia, señorías; por ello, este Gobierno, y en concreto el Ministerio de Derechos Sociales, está impulsando una reforma legislativa
integral en materia de discapacidad y de dependencia orientada a transformar el sistema actual, quizás más pensado en términos asistencialistas, para avanzar hacia un modelo centrado más bien en la persona, en sus derechos y en la autonomía, que es
un concepto que vamos a escuchar mucho en los tiempos venideros.
En lo laboral, esta reforma también introduce medidas estructurales importantes, como, por ejemplo, en primer lugar, la compatibilidad legal entre el empleo y las prestaciones para que trabajar no implique, al fin y al cabo, que pierdan una
prestación o una ayuda que les corresponde.
En segundo lugar, introduce el reconocimiento de las cuidadoras no profesionales como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo, con acceso, por lo tanto, a formación y a protección social.
Es fundamental esta medida, especialmente para las mujeres y muy concretamente para las mujeres migrantes, que son quienes mayoritariamente ocupan estos empleos.
En tercer lugar, trata de garantizar la calidad del empleo vinculado a los cuidados. Saben ustedes que no es precisamente la decencia y los mejores salarios los que ahora mismo priman en este sector. Además, introduce un programa, en este
caso estatal, de promoción a la accesibilidad dirigido a sufragar las intervenciones en los entornos y servicios públicos, que aseguren la inclusión y el ejercicio de derechos y libertades de las personas con discapacidad. Es decir -para que lo
entienda todo el mundo-, un fondo estatal de accesibilidad para adaptar los entornos tanto laborales como educativos y, por supuesto, en el ámbito del transporte.
Fíjense que en su disposición quinta, ya se prevé una reforma en el sentido de esta proposición de ley que hoy nos traen, por lo que damos por hecho que vamos a poder trabajarlas de forma conjunta en la ponencia que corresponde. Asimismo,
contamos con agentes importantes, como el CERMI, y, por supuesto, con la ayuda de todos los grupos parlamentarios, pues, por lo que hemos podido escuchar, hay muchas enmiendas, con mucho sentido común además, que ya se han expresado o desbrozado un
poco en esta tribuna.
Dicho esto, la inclusión no es una cifra -creo que lo saben ustedes-, ni tampoco es una fotografía inmutable, es un objetivo contrastable y además medible donde las barreras que se pueden observar e identificar deben ser derribadas con
accesibilidad -es fundamental-, organización del tiempo, formación y, por supuesto, recursos. El desarrollo de esta norma debe combinar garantías con apoyo, documentar al fin y al cabo las adaptaciones cuando proceda y verificarlas de forma rápida
-insisto, rápida-. Claro que estamos a favor de la burocracia en términos de garantía, pero esta no puede ser un impedimento, debe ser rápida y entender a qué se juega aquí; al fin y al cabo, es la diferencia entre anunciar o cumplir -esto también
es fundamental-.
En resumen, esta propuesta va en la dirección correcta, pero debe articularse dentro de una transformación profunda del sistema, que respete, por supuesto, las diferentes competencias autonómicas. El nuevo modelo de inclusión debe basarse
en derechos, en estructuras que garanticen su ejercicio efectivo -y no nos vamos a cansar de repetir esto: ejercicio efectivo- y en la autonomía personal. En democracia no podemos dejar de hablar de igualdad, pues una cosa va ligada con la otra,
por lo tanto, el trabajo no puede ser la excepción que existe especialmente para las personas con discapacidad.
El mercado no se va a autorregular solo, señorías -es el 'capitalismo amiguis'-, por lo tanto, debe ser lo público, el Estado y las diferentes Administraciones los que organicen y establezcan las obligaciones para nivelar la situación actual
y, al fin y al cabo, el terreno de juego.
Lo que se persigue aquí es la igualdad -insisto- de todos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, esto va en la dirección correcta y va a contar con nuestro apoyo.
Nada más. Muchas gracias. Vamos hacia el camino de la inclusión real. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley del Grupo Socialista -sabrán ustedes por qué no es un proyecto de ley- trata de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y hay que decirlo sin rodeos: no estamos ante una cuestión retórica, sino ante una
necesidad social. Esta norma se presenta con apariencia de bondad, pero en realidad es un ejemplo de lo que tantas veces ocurre, especialmente con la izquierda: bajo el pretexto de hacer el bien, se promueven medidas que generan el efecto
contrario.
En primer lugar, no basta con sancionar, y mucho menos con sancionar más. La propuesta del Grupo Socialista refuerza la vía de las sanciones, endurece el papel de la Inspección de Trabajo y convierte a las empresas en sospechosas por
defecto. Pero la realidad es muy distinta: según datos oficiales, de cada cien inspecciones, solo seis terminan en sanciones. La inmensa mayoría de las empresas cumplen. El problema no es la falta de sanciones, sino la falta de estímulos y
apoyos reales. (Aplausos). Pensemos, por ejemplo, en la llamada brecha maternal. Todos sabemos que muchas mujeres embarazadas ocultan su estado en una entrevista de trabajo por miedo a no ser contratadas. ¿Eso se arregla con sanciones? No. Se
arregla facilitando que la sustitución sea sencilla y asumible, que la madre tenga asegurado su regreso, y que contratarla sea una decisión natural, un incentivo, no un riesgo. Con la discapacidad ocurre lo mismo: castigar más no integra más; lo
que integra es incentivar a la empresa y acompañar al trabajador de modo que esa contratación sea viable, sea estable y sea digna. (Aplausos).
En segundo lugar, la integración debe ser real, no un porcentaje vacío, en este caso, el 2 % de reserva. (Aplausos). ¿Por qué no el 3, el 4, el 5 o el 1? ¿Por qué? Lo que reclaman las asociaciones, empresas y lo que exige el sentido
común es que el sistema no pueda reducirse, sin más, a cumplir un número en la plantilla, porque eso, en demasiadas ocasiones, se convierte en un juego perverso. Contratar a una persona con discapacidad que apenas encaja en el puesto, mantenerla
solo para cumplir el expediente -en muchos casos queda relegada a un papel meramente decorativo- o incluso sustituirla en cuanto surgen dificultades no integra, solo genera frustración y desconfianza. (Aplausos). La verdadera inclusión exige otras
cosas, como un diagnóstico adecuado del puesto de trabajo, una evaluación de capacidades, un plan de acompañamiento y formación y un seguimiento real. Son muchas las empresas que trabajan con personas con discapacidad y que triunfan con ese
trabajo. El objetivo no puede ser un porcentaje mecánico o a ciegas, sino la transición al empleo ordinario -se ha dicho-; que deje de ser algo excepcional y se convierta en algo normalizado -también se ha dicho-; y que la persona con
discapacidad no sea vista como una cuota que cumplir, como una carga, sino como un trabajador integrado en igualdad de condiciones. (Aplausos). Y para eso hacen falta incentivos: formación, apoyos adaptados a cada empresa y proporcionalidad, pues
no se puede exigir lo mismo a una pyme de cincuenta empleados que a una multinacional con miles de recursos.
En tercer lugar, está el uso irresponsable de los recursos públicos. El Gobierno dice que faltan medios. No es cierto. Con este Gobierno hemos visto el récord de recaudación de la historia. El problema no es la falta de recursos, sino el
despilfarro sistemático. El dinero de todos los españoles, incluidos los fondos europeos, se desvía a propaganda, a duplicidades administrativas, a chiringuitos ideológicos y, sobre todo, al mantenimiento de la inmigración ilegal. Mientras tanto,
lo que sí cambia vidas, lo que interesa a los españoles -por ejemplo, apoyar la verdadera integración laboral de las personas con discapacidad- queda en segundo plano. Esa es la verdadera inmoralidad del sistema.
La misión de las empresas es generar riqueza, no convertirse en una ONG. Pero cuando se las obliga a cumplir con una función social, el Estado tiene el deber de facilitar esa tarea, de acompañar y no perseguir. (Aplausos). Nuestra
propuesta es clara: pasar del castigo al estímulo; sustituir la amenaza por el acompañamiento; que la Inspección de Trabajo no sea solo una máquina de sancionar, sino también, y, sobre todo, de orientar; que se premie al que cumple, no se
machaque al que falla; y, especialmente, centrar los recursos en lo que funciona: diagnóstico de puestos y ajustes de capacidades, seguimiento laboral y tutorización, proporcionalidad en las exigencias según el tamaño de la empresa, facilitar la
transición del empleo protegido al empleo ordinario. Ese es el camino que da resultados, lo demás es propaganda bajo el disfraz del bien común, imponen sanciones, controles y burocracia. Aparentan sensibilidad, pero imponen castigo; hablan de
inclusión, pero promueven persecución. Es la receta de siempre: leyes aparentemente buenas y bonitas, sin gestión eficaz.
No hablamos de cifras sin alma, también se ha dicho; hablamos de compatriotas, de vecinos, de familias. Son personas con discapacidades muy distintas: unas más visibles, otras menos; unas que requieren mayor adaptación, otras que solo
necesitan acompañamiento discreto; pero todas igualmente dignas. Se trata de personas con otras capacidades que, en muchos casos, son más valiosas que las del común. El objetivo no puede ser tratarlas en masa y como tal, sino reconocerlas
personalmente en aquello que las hace distintas e irrepetibles. La iniciativa del Grupo Socialista se queda en una mera reforma sancionadora. No fomenta ni apoya la verdadera incorporación de trabajadores con discapacidad en nuestras empresas. En
definitiva, el Grupo Socialista vuelve a abrazar aquel espíritu galdosiano, aquel despotismo ilustrado que es el peor de los despotismos, porque pretende imponerse con la máscara del bien. El despotismo burocrático que viste de bondad lo que en
realidad es imposición ya no engaña a nadie. Todos los grupos han dicho lo mismo, todos, pero son comparsas del déspota sin más. Los españoles están cansados de esta farsa y lo saben, lo saben todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Tomás Olivares.
La señora TOMÁS OLIVARES: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida a los representantes del CERMI y, sobre todo, las gracias por la gran labor que realizan para mejorar la vida de los más de 4 millones de personas con discapacidad y de sus
familias.
Hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, que pretende reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero solo endureciendo las sanciones a las empresas incumplidoras, sin crear
nuevos programas de inclusión laboral ni incentivar la formación ni reforzar el empleo con apoyo; tampoco contempla mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto sobre la calidad del empleo. En resumen, esta proposición de ley apuesta
únicamente por reforzar el castigo al incumplimiento de las empresas, sin abordar las barreras estructurales que impiden a muchas personas con discapacidad acceder y mantenerse en un empleo digno.
En el Grupo Popular creemos firmemente que la inclusión laboral no es una opción política, sino un mandato constitucional y un derecho humano recogido en el artículo 49 de nuestra Constitución, reformado el pasado año con el apoyo de mi
partido. Además, permítanme recordarles que fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que las empresas de más de cincuenta trabajadores están obligadas a que el 2 % de sus
empleados sean personas con discapacidad. (Aplausos). Me enorgullece mucho que fuera mi partido el que aprobara esta medida, que ha posibilitado que muchas personas con discapacidad hayan tenido la oportunidad de demostrar su valía, participar en
la sociedad, ser independientes y contribuir al bien común. Sin empleo no hay ciudadanía plena, sin empleo no pueden llegar a incluirse en la sociedad, y negar este derecho es condenar a miles de personas a la dependencia y a la invisibilidad.
Ahora bien, señorías, a nuestro modo de ver, endurecer sanciones no es la solución al problema de la baja empleabilidad. De hecho, si nos limitamos a subir las multas, corremos el riesgo de crear una cultura del miedo en las empresas, en
lugar de incentivar la contratación, que es lo que entendemos que se pretende. El cumplimiento de la cuota del 2 % debe ser el suelo, nunca el techo. Necesitamos incentivos con medidas positivas que hagan ver a las empresas que la inclusión no es
una carga, sino una oportunidad. Porque el 99 % de nuestras empresas son pequeñas y medianas, y a muchas de ellas, aunque no tienen la obligación de contratar personas con discapacidad porque no llegan a los cincuenta trabajadores, sí les gustaría
poder sumarse a esta opción, pero carecen de medios para adaptar puestos o contratar perfiles específicos. Si la ley solo aprieta con sanciones, se convertirá en un muro para muchas empresas. Por eso, en el Grupo Popular consideramos que es
fundamental llevar a cabo programas de apoyo técnico y financiero, asesoramiento para adaptar puestos y más ayudas directas. La inclusión no puede ser patrimonio de las grandes multinacionales, debe llegar también a la panadería del barrio, a la
pyme tecnológica o a la empresa familiar.
Otro riesgo de esta proposición de ley es confundir cuota con inclusión. No basta con alcanzar el 2 % en una hoja de Excel, necesitamos empleos estables, con derechos, adaptados al perfil de cada persona con discapacidad y con posibilidades
de promoción profesional. Si no lo hacemos así, veremos rotaciones forzadas, contratos precarios o figuras simbólicas que solo sirven para cumplir el cupo. Señorías, lo que pedimos no es cumplir cuotas de papel, sino garantizar empleos dignos y de
calidad para personas que les aseguro que son muy valiosas. (Aplausos).
La proposición menciona campañas de inspección de trabajo, pero se queda corta. La ciudadanía y este Parlamento tienen derecho a saber si una ley funciona o no funciona, por eso consideramos fundamental que cada año el Gobierno presente al
Congreso de los Diputados un informe público con el grado de cumplimiento, con los sectores que más incumplen, con los resultados de las campañas inspectoras, para corregir lo que no está dando frutos, porque una política sin evaluación es una
política inútil. Además, señorías, la inclusión no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, con la experiencia y labor de quienes llevan décadas trabajando en ello, como el CERMI y las entidades que lo forman, que son un modelo en la
integración de las personas con discapacidad. La Administración debe contar con ellas, institucionalizar su participación en campañas de sensibilización, en la formación, en la supervisión de la norma, porque nadie mejor que las propias personas
con discapacidad saben cuáles son las barreras y cómo destruirlas. Y la formación es fundamental, porque sin formación la inclusión es una quimera. No podemos exigir a las empresas que contraten si no preparamos a las personas para los empleos del
presente, pero también para los del futuro. Por ello, necesitamos un plan nacional de formación y reciclaje específico para personas con discapacidad en sectores estratégicos, como la digitalización, la transición energética o los cuidados.
Invertir en la capacitación de este colectivo es invertir en el futuro del país y es la manera más eficaz de que la cuota del 2 % se cumpla, no por obligación, sino porque hay talento disponible y formado. Las personas con discapacidad tienen una
discapacidad y muchas capacidades, y ahí es donde tenemos que poner el foco.
Señorías, la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es solo justicia social, que lo es, es también modernización y competitividad. Numerosos estudios muestran que las empresas que cuentan con trabajadores con discapacidad son
más productivas, más innovadoras y más resilientes. Incluir a personas con discapacidad no solo las beneficia a ellas, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, a la economía y a nuestro país.
Termino, señor presidente. No se trata de favorecer a un colectivo vulnerable, se trata de no dejar que el talento se desperdicie, se trata de cumplir con nuestra Constitución y de construir un mercado laboral abierto, inclusivo y justo.
Creemos que es necesario mejorar el texto de esta proposición de ley, porque no podemos quedarnos solo en el castigo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora TOMÁS OLIVARES: Termino, presidente.
Todos sabemos que el castigo por sí solo no funciona, solo funciona cuando va acompañado de estrategias que promuevan el cambio y refuercen otro tipo de conductas alternativas. De lo que debemos hablar hoy y siempre no es solo de sanciones
o de cuotas, sino de personas, de vidas, de dignidad y de derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 9/2025, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERMISO DE NACIMIENTO Y CUIDADO, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE
23 DE OCTUBRE, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, PARA COMPLETAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA PROFESIONAL DE LOS
PROGENITORES Y LOS CUIDADORES, Y POR LA QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO. (Número de expediente 130/000023).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la trasposición de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE, del Consejo.
Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Señorías, buenas tardes.
Comparezco hoy ante este Congreso para instar la convalidación del Real Decreto Ley 9/2025, que aprobamos el pasado 29 de julio en el Consejo de Ministros, y para completar la trasposición de la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y las cuidadoras, como conocen ustedes.
Permítanme que les diga que hoy es un día muy importante para nuestro país. La política que la gente necesita es la que hoy vamos a discutir. En definitiva, lo que espera la ciudadanía es un Congreso que
debata para ampliar derechos y que le hable a las familias de nuestro país; unos parlamentarios y parlamentarias que tengan la vida de la gente en el centro de sus prioridades.
Quiero señalar que durante demasiado tiempo trabajar suponía renunciar a tener una familia o condenar a las trabajadoras -y hablo de las mujeres- a jornadas extenuantes, inagotables o incluso a dejar fuera de juego a quienes decidían tener
hijos e hijas en solitario. En definitiva, se trataba de tener que elegir entre trabajar o cuidar. Era la triste dicotomía de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y hoy lo sigue siendo.
Señorías, no voy a negar que en esta materia nuestro país llega demasiado tarde. Es cierto que nuestra democracia ha llegado tarde a muchos derechos pendientes del trabajo en nuestro país, especialmente a los de las trabajadoras.
Permítanme que les recuerde lo que nos pasó con las trabajadoras del hogar y con la ratificación del Convenio 189 de la OIT, con aquellas mujeres que eran invisibles y cuya ciudadanía por fin reconocieron el Gobierno de España y esta Cámara.
(Aplausos). Nos pasó con el salario mínimo interprofesional, que hoy hace que tengamos un país muchísimo mejor. Nos pasó también con los trabajadores que se denominan riders, los más vulnerables, las gentes que van en bicicleta con una app símbolo
de la modernidad, pero privados de derechos laborales. Y nos ha pasado -nos acompaña el ministro de Cultura- con la gente de la creación en España, con la gente que hace cultura en nuestro país. Permítanme que les diga que ahora damos un paso más.
Ahora avanzamos en el derecho a la conciliación, que espero una vez más que cuente con el respaldo de esta Cámara, como ha hecho con el Gobierno de España.
Esta es una cuestión que trasciende la polémica partidista, señorías, es una cuestión de Estado. Tenemos que decidir en esta Cámara, en este país, qué hacemos con los cuidados y la gente de las familias en nuestro país. Fíjense, cuando
hablamos de permisos no hablamos solo de semanas y no hablamos -a las que nos apasiona el derecho laboral- de artículos y preceptos legales; hablamos de la vida real de la gente. Son las conversaciones que me consta que tienen muchos y muchas de
ustedes. Son los días que un padre o una madre puede tener para poder disfrutar junto a su bebé, que esté, por ejemplo, en una incubadora, sin miedo a perder derechos o a perder su salario. (Aplausos). Son, por ejemplo, las semanas que decidimos
coger para disfrutar de nuestros hijos e hijas, porque tenemos derecho a vivir bien y a cuidar con calidad de nuestros hijos e hijas. Lo digo hoy, que muchos hijos e hijas -y ayer y mañana- empiezan el curso escolar. Son las horas que permiten,
por ejemplo, que un recién nacido con dificultades no esté sin la presencia de sus progenitores en la sala de un hospital. En definitiva, significa ampliar derechos. Esta es la maravilla que tiene este Congreso. Esto es lo que la política debe
hacer: mejorar la vida cotidiana de las personas.
Señorías, por hacer memoria, desde el año 1989 no hay una modificación semejante en nuestro país. En esta sala hay sindicalistas, lo saben ustedes bien; desde el año 1989. Fíjense, en el año 2007 ?recuérdenlo muchos y muchas de ustedes-,
los padres solo disfrutaban de quince días de permisos; quince días; año 2007. Hoy, España se sitúa entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo. Y me van a permitir que les diga que esta evolución nos coloca a la
vanguardia de Europa. Este avance beneficiará este año a casi un millón de personas, que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas.
Representa además, si me permiten decirlo, un cambio cultural. Hace apenas una década cuidar a los hijos era exclusivamente una tarea de las mujeres. Muchos de los aquí presentes han sido conscientes de este cambio en sus propias familias
o en la de sus hijos e hijas. Fíjense, en el año 2014, tan solo el 23 % de los padres en España disfrutaba del permiso por nacimiento. Hoy, gracias a que en el año 2019 establecimos la igualdad y la naturaleza no transferible de los permisos,
nuestro país se ha convertido en el país europeo con mayor participación de los hombres en los permisos de nacimiento. Además, los permisos suponen una gran palanca para reducir la brecha de género, ya que permite hacer algo que las mujeres
defendemos, que es trabajar y conciliar también, disfrutar de nuestros hijos y avanzar en una carrera profesional. Es verdad que todas las políticas públicas que vamos aprobando mejoran esta circunstancia. Fíjense, hace diez años la brecha
retributiva de género en España era del 23,8 % y hoy, gracias a las políticas públicas, a pesar de la pandemia y de todas las catástrofes que hemos vivido, la hemos reducido al 16,3 %.
Señorías, seguramente, más allá de los matices que tengamos, estaremos de acuerdo en que en nuestro país la política de cuidados ha sido la gran ausente durante demasiado tiempo. La brecha del gasto en protección social en España respecto a
la media europea, como saben ustedes, es de 1,85 puntos porcentuales. Como saben también, hemos sufrido históricamente una crisis de los cuidados en la
que cuidar siempre era un asunto privado, invisible y al alcance tan solo de quien se lo pudiera permitir; un trabajo silencioso, asumido mayoritariamente por mujeres, que soportan -soportamos- dobles y triples jornadas laborales. Mientras
tanto, es verdad que mirábamos para otro lado, como si esta tarea fuera a seguir solo sobre los hombros de las mujeres. Permítanme decir que hoy damos un paso adelante.
Este Gobierno quiere hacer de los cuidados uno de los pilares del Estado del bienestar. Por eso la norma que discutimos hoy es tan importante, porque pone el cuidado en el centro de las políticas públicas, porque hace avanzar al país y,
sobre todo, porque da nuevos derechos y da esperanza a la gente trabajadora, porque reconoce que cuidar es un derecho humano, es una necesidad básica y es universal, que el Estado tiene la obligación de garantizarlo y que, además, es económicamente
positivo. Fíjense, según la OCDE, remunerar los permisos arroja beneficios adicionales mejorando la igualdad de género en el empleo -dice la OCDE-, mejorando el crecimiento económico, mejorando el desarrollo cognitivo y la salud de los menores y
mejorando también la satisfacción laboral de los progenitores. Un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos ha determinado que por cada 1000 dólares invertidos en permisos de cuidados se genera un retorno
económico y social de entre 7000 y 29 000 dólares, además ?señala este informe- de la creación de empleo de calidad, como saben ustedes, vinculado con la conciliación.
Sé que más allá de elementos de detalle, ningún diputado o diputada de esta Cámara podrá poner en duda que España necesita con carácter urgente garantizar estos nuevos derechos. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de
configurar el cuidado como un verdadero derecho humano. La decisión de este sistema significa fundamentalmente el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, que tiene, si me permiten, una triple dimensión ?el derecho a
cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado- y que constituye, en definitiva, una necesidad básica, ineludible y universal de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el propio funcionamiento de la vida en
sociedad.
El real decreto que ustedes tienen la ocasión de discutir hoy camina en esta dirección que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos y supone uno de los avances más significativos en materia de conciliación de todos los que se han
producido en este país. A él hemos llegado tras un largo recorrido que, con toda modestia, también hemos protagonizado en el Gobierno. Les recuerdo que el primer hito tuvo lugar con la aprobación del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, que
reformó el Estatuto de los Trabajadores y que, entre otros avances, amplió la protección contra la discriminación por ejercer derechos de conciliación, reforzando además el derecho a adaptar la jornada laboral, introduciendo un permiso de cuatro
días por fuerza mayor familiar y creando un permiso parental específico para el cuidado de hijos e hijas hasta los 8 años con carácter intransferible, como se ha señalado, y con posibilidad de un disfrute flexible.
El segundo hito fue el Real Decreto Ley 2/2024, de 21 de mayo, que modificó la regulación del permiso de lactancia. Hasta entonces, lo conocen ustedes bien, acumular las horas retribuidas dependía exclusivamente de la capacidad de la
negociación colectiva autónoma o bien de la suscripción de un acuerdo individual. Desde esta reforma se garantiza la posibilidad de acumulación como un derecho pleno, reforzando la libertad de las familias. Saben ustedes que este permiso de
lactancia alcanza hasta tres semanas.
Hoy damos un paso más con el tercer hito normativo y completamos el proceso de trasposición de la Directiva 2019/1158, sobre conciliación de la vida familiar y profesional. Me van a permitir que les diga que no solo cumplimos con esta
directiva, sino que vamos más allá. España se coloca entre los países de la Unión Europea que más y mejor protegen en este ámbito, avanzando en la igualdad y en la corresponsabilidad. Voy a trasladar de forma pormenorizada la formulación de los
derechos que explicitamos en esta norma.
Como saben, el mandato normativo más importante de este real decreto ley es la ampliación de tres semanas por cada progenitor de los permisos de nacimiento y cuidado, que pasan de esta manera de dieciséis a diecinueve semanas. Me permito
destacar que señalamos y, por fin, aprobamos las treinta y dos semanas en caso de familias monoparentales. (Aplausos). Es la primera vez que lo vamos a tener en nuestro país. Dos de estas semanas -cuatro en el caso de las familias monoparentales-
se pueden disfrutar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años de edad. Además, dan acogida a los nacimientos producidos desde el 2 de agosto de 2024, fecha en la que, como ustedes conocen, España tenía la obligación de incorporar a nuestro
ordenamiento jurídico totalmente las disposiciones de la directiva de la que estamos hablando. Por recordarlo, es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico no es habitual que
dispongamos de aplicaciones con carácter retroactivo de la norma, pero aquí teníamos la obligación de hacerlo en cuanto que la directiva nos obligaba desde la fecha que les he señalado.
Este real decreto ley amplía los permisos parentales a través del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el permiso por nacimiento y cuidado, que, como se sabe, da lugar en este caso -y nos acompaña la ministra de
Inclusión- a una prestación de Seguridad Social perfectamente engrasada y ensayada en el sistema de la Seguridad Social. Señorías, podíamos haber elegido otra formulación, como hemos elegido en otros permisos, y podíamos haberlo hecho a cargo de
las empresas, pero hemos decidido que aquí el paso se diera adelante con la formulación de una prestación de la Seguridad Social, como quería la ciudadanía, y, además, sin recargar a las empresas de nuestro país. Es verdad que hemos tenido un
debate sobre esta cuestión y lo hemos hecho -creo- en sentido positivo para nuestro país, sobre todo, para resolver cuestiones complejas y también para garantizar la efectividad del derecho a cuidar a los niños y niñas menores de 8 años en nuestro
país.
Como saben, en primer término, regulamos la suspensión del contrato de trabajo prevista en el apartado cuarto del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, que, como he señalado, reconoce una prestación pública de Seguridad Social que da
cobertura completa a los ingresos, a las rentas salariales del trabajador y la trabajadora, insisto, eximiendo a la parte empresarial de sufragar ninguno de estos costes. Señorías, se trata también de algo importante. Conocen ustedes la directiva,
y les voy a hablar de bases reguladoras. La directiva hablaba de un cumplimiento con un señalamiento en la base reguladora del 60 %. Pues bien, el Gobierno de España ha decidido que sea el 100 % de la base reguladora la que dé cobertura a esta
prestación. Por tanto, hoy los trabajadores y las trabajadoras españolas que disfruten los permisos de nacimiento y cuidado van a ver garantizados todos y cada uno de sus derechos. (Aplausos). Esto es bien importante, porque tuvimos que hacer una
elección. Si me permiten, lo que estamos haciendo es una aplicación del principio de solidaridad que refuerza el mandato constitucional en su artículo 1.1, cuando señala que España es un Estado social y de Derecho. Pero hoy, con esta materia,
avanzamos en el Estado social en nuestro país y, sobre todo, garantizamos, insisto, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta dimensión supone una considerable inversión de recursos públicos. Su despliegue, tan solo este año,
asciende a 1500 millones de euros, y, como saben, a lo largo de los años posteriores serán un mínimo de 1000 millones, a diferencia de lo que hubiera ocurrido si hubiéramos recurrido a otras materias por no repercutir las políticas públicas en las
empresas en nuestro país.
En segundo lugar, al articular la trasposición a partir del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, podemos reconocer de manera absolutamente inmediata la prestación asociada a la suspensión del contrato de trabajo sin necesidad de
costosas adaptaciones, que son informáticas y que a veces generan incertidumbres. De hecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya ha divulgado los enlaces y las solicitudes disponibles para el conjunto de las personas trabajadoras.
En tercer lugar y por primera vez, el permiso de nacimiento y cuidado rebasa la frontera de los doce meses de edad del menor, alcanzando a los niños y las niñas de hasta 8 años de edad, que es el límite máximo previsto por la Directiva
2019/1158 que he definido anteriormente.
Finalmente, y me gustaría destacarlo especialmente, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado que lleva a cabo este real decreto ley se plantea desde la nueva formulación que debe acompañar las políticas públicas, que es desde
una vocación de universalidad subjetiva en nuestro país, para que desde ahí también garanticemos la igualdad en los derechos de las familias españolas.
Permítanme que les diga que esa ampliación no solamente beneficia a los trabajadores y a las trabajadoras asalariadas, que ya son muchos en nuestro país, sino que este derecho va a ser disfrutado también por todos los empleados y las
empleadas públicas y por todas las personas autónomas en nuestro país. (Aplausos). Por tanto, es la primera vez que estos permisos acompañan a toda la gente trabajadora, y creo que se avanza en una nueva concepción de ellos en nuestro país. Como
son conscientes ustedes, en el debate que hemos tenido, muchas veces me decían: Van a tocar ustedes el 48 bis. Pues, bueno, como hemos optado por el artículo 48, van a ver que el 48 bis queda intacto. Por tanto, en relación con esas
preocupaciones que muchas de sus señorías nos hacían llegar en privado, les transmito que ha quedado tal y como estaba. Permítanme que les diga que se podrían haber remunerado las dos nuevas semanas flexibles del artículo 48 con cargo al 48 bis,
que era la pregunta que muchas veces ustedes nos hacían, pero hemos decidido expresamente no hacerlo para ampliar al máximo posible los derechos de las personas trabajadoras en España, de manera que a las tres semanas nuevas retribuidas que se
incorporan novedosamente al real decreto ley se les van a sumar las ocho semanas no retribuidas del 48
bis de la legislación vigente en nuestro país. Creo que esta solución satisface con creces los mínimos de la directiva, pero permítanme también decirles que el panorama que queda en la actualidad es el siguiente.
Tras la aprobación de este real decreto ley, disponemos de diecinueve semanas con carácter retribuido por permiso de nacimiento y cuidados, esto son cinco semanas por encima de lo que señala la directiva en el caso de las madres, y
diecisiete, en el caso de los padres. Se trata de una mejora importante de los derechos de la conciliación de la vida familiar y laboral que mejora con creces los diseños de la propia directiva. La hacemos por elección del Gobierno, sin ninguna
merma de derechos laborales, sin merma en las cotizaciones, sin merma en las retribuciones y, además, con carácter igualitario entre ambos progenitores, duplicándose, como ya he señalado, en el caso de las familias monoparentales, de forma que sí,
por fin cumplimos con ellas.
Por lo demás, para el diseño final del modelo que tenemos, permítanme que les diga que, con esas diecinueve semanas, junto con las tres semanas que tenemos de permiso de lactancia, nuestro país cuenta hoy con veintidós semanas de permisos
retribuidos, lo que creo que mejora singularmente ?lo vuelvo a decir- no solo lo que teníamos ideado en un origen, sino la posición en el conjunto de la Unión Europea.
Permítanme también que les diga que hoy, con esta ratificación, extendemos este nuevo modelo al empleo público y, para ello, modificamos el artículo 49 del conocido EBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, que, como saben, también
estaba integrado en el artículo 5 de la Directiva 2019/1158. Por fin, también damos cumplimiento a esto, de tal manera que reconocemos un permiso retribuido de diecinueve semanas y un permiso parental no retribuido de ocho semanas, tal y como
decíamos en el 48 bis, de modo que el nuevo régimen estatutario satisface también de manera completa y coherente el propio diseño de la directiva europea.
En definitiva, con este conjunto de medidas alcanzamos el cumplimiento de la directiva, pero vamos mucho más allá. El nuevo modelo de permisos por nacimiento y cuidados mejora las recomendaciones internacionales. Permítanme recordar que
nos alineamos con la recomendación número 191 de la OIT, que, si hacemos memoria, aconseja un mínimo de dieciocho semanas en el caso del permiso de maternidad. Ahora mismo, como digo, el total de los permisos asciende a veintidós.
Por otro lado, me van a permitir que justifique el mecanismo empleado y dé cumplimiento al artículo 86.3 del mandato constitucional y que justifique también la urgencia en dos causas fundamentales: la primera, el avanzado estado de
tramitación en el que se encontraba el procedimiento de infracción contra el Reino de España por la falta de trasposición de la directiva ?por eso se ha acudido a esta formulación-; la segunda, el propio reconocimiento que el Tribunal
Constitucional ha hecho en el caso de la ampliación del permiso de nacimiento en las familias monoparentales. En definitiva, por razones de seguridad jurídica, procede que dicho cambio tenga un reflejo normativo inmediato y simultáneo a la
trasposición, pues de lo contrario no podría garantizarse la coherencia en la nueva configuración de los permisos con el acervo existente en el ordenamiento nacional dando lugar a eventuales situaciones discriminatorias que atentarían contra el
mismo objeto de la norma. Tanto en el caso de la trasposición del permiso parental retribuido como en el caso de la duración ampliada del permiso de nacimiento en las unidades monoparentales resulta evidente que se producirían notables perjuicios,
en términos económicos y de seguridad jurídica, si lo contenido en el presente real decreto ley se desarrollara por medio de la técnica legislativa ordinaria. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino, señorías, dando las gracias a todas las formaciones políticas de esta Cámara. Me consta que se han implicado en esta norma y también que llevan mucho tiempo interesados por la trasposición de la directiva. Me dirijo a todas sus
señorías pidiendo el voto favorable a esta ratificación del real decreto ley, que, efectivamente, cumple con la fuente de derecho europeo, pero, lo más importante, cumple con las familias trabajadoras y cumple con los derechos de igualdad en nuestro
país; las mujeres trabajadoras también tienen que avanzar en los derechos. Les insto, si pudiera ser, a que en este caso votemos y tengamos un debate pensando en nuestro país. Me parece que esto no va de partidos, esto es una propuesta de país.
Me parece que va de esto. En definitiva, creo que es la mejor fotografía que quiere hoy el conjunto de los españoles y las españolas, porque por mucha pasión que tengamos por el mundo del derecho laboral -miro para el ministro Bustinduy y para la
ministra de Inclusión y muchos de ustedes; hemos discutido mucho y con gran apasionamiento jurídico cómo hacer las formulaciones-, lo importante de verdad es que hoy demos respuesta a la gente de nuestro país que nos está esperando. Detrás de esta
votación hay madres y padres, hay abuelos y abuelas, hay niños y niñas que reclaman atención, cuidados y cariños, y me parece que en esto esta Cámara debería dar un paso adelante. Creo, además, que, si este
debate se da de manera sólida y, si me permiten, amable y pensando en nuestro país, vamos por un camino que es ya irreversible: el de un país que es moderno, que avanza, como señalé antes, en los derechos de corresponsabilidad, que avanza
en corresponsabilidad social, que avanza en igualdad y que avanza en derechos.
Permítame que les diga que yo creo que para eso estamos en el Gobierno de España y para eso ustedes, señorías, están hoy aquí. Es verdad que está en sus manos; en las manos del Ejecutivo ya ha estado y ya se ha aprobado. Hemos hecho lo
que teníamos que hacer, y yo, sinceramente, les digo que, más allá de las diferencias políticas, hoy las madres y los padres españoles, voten a quien voten, quieren que demos sentido y aprobemos esta norma. Así que quedo a resultas del debate y
espero que contemos con el voto favorable a la misma.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de los miembros del Gobierno presentes, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Parir no és ni pot ser sinònim de carregar amb tota la vida familiar. I ho hem de dir ben clar: els permisos no són un dret dels progenitors, sinó que han de ser i són un dret per a les criatures. I això també inclou la paternitat, perquè
no hi ha igualtat sense compartir cures, perquè el permís de paternitat és reconèixer que la criança compartida és un pas cap a una societat més justa i igualitària.
Este reial decret llei que avui aprovem és el dret a créixer en igualtat, en afecte i en acompanyament. Hem de deixar d'entendre que és una qüestió només laboral, perquè és també d'infància, de benestar i de justícia social. I quan parlem
de conciliació, no parlem de comoditat adulta. Parlem d'un dret fonamental per a les criatures, com molt bé ha dit la vicepresidenta. I s'ha de garantir sense dependre ni de la productivitat ni del salari dels pares i de les mares. No ha de ser
negociable que un xiquet o una xiqueta puga passar els primers mesos de la seua vida amb els seus cuidadors, amb els seus progenitors. No podem tolerar que les famílies es vegin obligades a triar entre cuidar del seu fill o filla o arribar a final
de mes.
Per això, aquest dret no pot anar sol, ha d'anar acompanyat amb serveis públics que donin un suport real a este real decret llei, com han de ser més escoles i escoletes públiques i gratuïtes, una xarxa de cures i una mirada inclusiva també
per a la realitat rural. Mesures que han de reconèixer la diversitat de les famílies, com també les monomarentals, que freqüentment queden al marge, també les famílies reconstituïdes, les migrants que han de tindre permisos adaptats a la seua
realitat perquè la criança no és de talla única.
Senyories, parlem d'infància, de drets i de dignitat, no de beneficis empresarials. Per això, hui donarem suport a este Reial decret llei perquè és un pas endavant.
Enhorabona, vicepresidenta, per la seua feina i pel seu esforç.
Gracias, presidenta.
Parir no es ni puede ser sinónimo de cargar con toda la vida familiar. Lo tenemos que decir bien claro: los permisos no son un derecho de los progenitores, sino que tienen que ser un derecho para las criaturas. Esto también incluye la
paternidad, porque no hay igualdad sin compartir cuidados, porque el permiso de paternidad es reconocer que la crianza compartida es un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Este real decreto ley que hoy aprobamos es el derecho a crecer en igualdad, afecto y acompañamiento. Tenemos que dejar de entender que es una cuestión solo laboral, porque también incluye la infancia, el bienestar y la justicia social. Y
cuando hablamos de conciliación, no hablamos de comodidad adulta, hablamos de un derecho fundamental para las criaturas, como bien ha dicho la vicepresidenta, y se debe garantizar sin depender ni de la productividad ni del sueldo de los padres y de
las madres. No tiene que ser negociable que un niño o una niña pueda pasar los primeros meses de su vida con sus cuidadores, con sus progenitores. No podemos tolerar que las familias se vean obligadas a elegir entre cuidar de su hijo o su hija o
llegar a final de mes. Por ello, este derecho no puede ir solo, tiene que ir acompañado con servicios públicos que dan un apoyo real a este real decreto ley, como tienen que ser más escuelas y guarderías gratuitas, una red de cuidados y una mirada
inclusiva también para la realidad rural; medidas que tienen que reconocer la diversidad de las familias, también de las monomarentales, que frecuentemente
quedan al margen, y también de las familias reconstituidas y de las migrantes, que tienen que tener permisos adaptados a su realidad, porque la crianza no es de talla única.
Señorías, hablamos de infancia, de derechos y de dignidades, no de beneficios empresariales. Por ello, hoy apoyaremos este real decreto ley, porque es un paso hacia adelante.
Enhorabuena, vicepresidenta, por su trabajo y su esfuerzo.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señora presidenta.
Se me permiten unha cuestión previa, hoxe a solidariedade galega con Palestina conseguiu parar a volta 8 quilómetros antes da meta. Síntome profundamente orgulloso dun pobo galego, dun nacionalismo galego profundamente internacionalistas,
que dan todo para conseguir parar o xenocidio, pero hai que continuar porque non é só deporte, é un verdadeiro xenocidio. Israel Premier Team non é só un equipo, fai parte da hasbará, da propaganda sionista. Hai que expulsar todos os equipos de
Israel das competicións deportivas. Hai que romper relacións con Israel. Hai que parar o xenocidio. Hai que defender sempre a paz e a liberdade para Palestina, porque é defender a dignidade e a humanidade fronte á barbarie sionista.
Señora vicepresidenta, infelizmente este goberno vai sempre arrastrando os pés, actuando só cando non lle queda máis remedio, cando a presión social e política o obriga, mais aínda así, case sempre de forma parcial e incompleta. Vostede
sabe que forzas políticas como o BNG levamos moito tempo reclamando a ampliación dos permisos para familias monoparentais ou monomarentais, ou dobre, porque do que se trata é de atender os dereitos das crianzas, igual se teñen dous proxenitores que
si teñen un proxenitor, unha persoa proxenitora ou adoptante. Dicían que non era posíbel agora por fortuna éo. Alegrámonos de que por fin as familias teñan 32 semanas de permisos. É de xustiza. Con todo, seguirán sendo menos que se houbese dúas
persoas proxenitoras e tamén non se prevén posibles ampliacións á familias numerosas. No entanto, a cuestión é que a ampliación xeral é moi limitada e non cumpre nin sequera con aquilo que este goberno se comprometeu. O BNG conseguiu no acordo de
investidura a ampliación dos permisos nesta lexislatura de forma inmediata a 20 semanas. E non é isto o que hoxe nos traen aquí. Pasan a unha ampliación de 7 semanas, mesmo sumando as 2 semanas de atención até os 8 anos. Non chega a aquilo que
este goberno se tiña comprometido. Por tanto, nós reclamamos que cumpran, porque os acordos, vostede sábeo señora Díaz, están para seren cumpridos. Evidentemente apoiaremos o Real Decreto Lei, mais esiximos que sexa tramitado como proxecto de lei
para poder modificalo e melloralo na liña de que realmente se avance na conciliación e no benestar.
Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Si me permiten una cuestión previa, hoy la solidaridad gallega con Palestina ha conseguido parar la vuelta 8 kilómetros antes de la meta. Me siento profundamente orgulloso de un pueblo gallego, de un nacionalismo gallego profundamente
internacionalista, que da todo para conseguir parar el genocidio. Pero hay que seguir, porque no es solo deporte, es un verdadero genocidio. Esto no es solo un equipo, forma parte de la propaganda sionista. Hay que expulsar a todos los equipos de
Israel de las competiciones deportivas, hay que romper relaciones con Israel, hay que parar el genocidio, hay que defender siempre la paz y la libertad para Palestina porque implica defender la dignidad y la humanidad frente a la barbarie sionista.
Señora vicepresidenta, por desgracia, este Gobierno siempre va arrastrando los pies, actuando solo cuando no le queda más remedio, cuando la presión social y política lo obliga, pero, incluso así, siempre de forma parcial e incompleta.
Usted sabe que fuerzas políticas como el BNG llevamos mucho tiempo reclamando la ampliación de los permisos para familias monoparentales o monomaternas al doble, porque de lo que se trata es de atender los derechos de los niños, tengan dos
progenitores, uno, una persona progenitora o adoptante. Decían que no era posible, y ahora, por suerte, lo es. Nos alegramos de que, por fin, estas familias tengan treinta y dos semanas de permisos. Es justo. Sin embargo, seguirán siendo menos
de las que habría si hubiera dos personas progenitoras, y tampoco se prevén posibles ampliaciones por familia numerosa. Sin embargo, la cuestión es que la ampliación general es muy limitada y ni siquiera cumple con aquello a lo que este Gobierno se
había comprometido.
El BNG defiende la ampliación de los permisos en esta legislatura de forma inmediata a veinte semanas, y no es esto lo que nos traen hoy aquí. Pasan a una ampliación de diecisiete semanas aun
sumando las dos semanas de atención hasta los 8 años, y, aun sumando esto, no llega a lo que este Gobierno se había comprometido. Por lo tanto, reclamamos que cumplan, porque los acuerdos -usted lo sabe, señora Díaz- están para cumplirse.
Evidentemente, apoyaremos el real decreto ley, pero exigimos que se tramite como proyecto de ley para poder modificarlo y mejorarlo de forma que realmente se avance en la conciliación y en el bienestar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotras hoy vamos a denunciar una nueva impostura en materia de conciliación. Es así porque nos prometieron ocho semanas remuneradas y, al final, tenemos tres y si aceptamos pulpo como animal de compañía. Yo creo que la directiva europea
no se está cumpliendo. De hecho, lo que va a pasar probablemente, señora ministra, y tristemente, es que nuestro país va a volver a ser sancionado por el incumplimiento de la directiva. (Aplausos). Además, este real decreto es completamente
injusto, y le digo por qué: tan solo va a beneficiar a unas pocas familias, aquellas que tengan chinijos o chinijas que hayan nacido a partir de agosto del año 2024; por lo tanto, son muchas las familias que tienen menores de ocho años y que
quedan fuera de tener este derecho. A nosotras nos parece que el Gobierno ha utilizado una estrategia trilera, manipulando datos, utilizando la acumulación por lactancia, para hacer ver que este real decreto suponía un avance, pero la realidad les
lleva la contraria, la vida les lleva la contraria.
Usted estaba hablando del derecho de las familias a conciliar ahora que empieza el colegio. Yo le voy a contar la realidad: en el día de ayer, y en el día de hoy, hay muchos padres y madres que se han tenido que pedir vacaciones para poder
hacer la adaptación al cole de sus niños y sus niñas, porque no tienen cubierto ese derecho, por mucho que usted diga. Este derecho hoy no existe, es inexistente. (Aplausos). Y lo peor de todo es que ustedes no han tenido ambición de hacer más
allá de lo que han hecho en este real decreto, porque hay una mayoría parlamentaria suficiente -que ya se visibilizó con la presentación de la moción de Podemos consecuencia de la interpelación que le hicimos a usted- para aprobar ocho semanas de
permisos retribuidos al cien por cien. Por lo tanto, señora ministra, no es falta de apoyo político, sino falta de voluntad del Gobierno.
Y a usted, que está diciendo que las familias están tan contentas con esta medida, le voy a leer tan solo algunos de los cientos de comentarios que están en la plataforma 'Yo No renuncio', del Club de Malasmadres: no hay nada que celebrar;
es hasta ofensiva la discriminación a los niños entre uno y ocho años; España será igualmente multada, ¿no? Espero que sí, porque no cumplen con lo que tienen que hacer. Otro comentario: no se pueden celebrar estas migajas. Los que tenemos
niños y niñas nacidos antes de agosto del 24, ¿qué? Nos quedamos igual, incluso peor, porque estamos siendo discriminados.
Señora ministra, usted podría haber ido más allá. Existía, ya le digo, una voluntad de este arco parlamentario de que salieran adelante las ocho semanas retribuidas. Lamentablemente, ha perdido su oportunidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Santana.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. Cuando quiera.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos una norma que tiene luces y sombras. Y esto no es baladí, como ha dicho la vicepresidenta, porque estamos hablando de derechos reales para las familias.
Voy a empezar por lo positivo. Introduce avances en conciliación y corresponsabilidad, y sobre el papel parece que se ajusta a los principios que marca la Unión Europea en materia de conciliación. Amplía el permiso por nacimiento y cuidado
para cada progenitor. Reconoce la situación de las familias monoparentales ampliando su permiso para cumplir con lo dictado por el Tribunal Constitucional, corrigiendo así una vulnerabilidad evidente de estos hogares que soportan tasas de pobreza
mucho más altas que el resto, y asegura que esas semanas adicionales sean retribuidas al cien por cien por la Seguridad Social sin exigir periodos previos de cotización. Que los permisos sean retribuidos e intransferibles son clave para evitar que
los cuidados recaigan siempre en quien menos gana, las mujeres, porque los permisos no retribuidos siguen siendo ejercidos mayoritariamente por ellas, son nueve de cada
diez. En este escenario, entendemos que la igualdad y la intransferibilidad del permiso fomentan la participación masculina en los cuidados. Reconoce por primera vez que la diversidad familiar requiere derechos adaptados y no homogéneos,
sitúa a España en un nivel superior a la recomendación de la OIT en permisos por nacimiento y, aunque tarde, responde a un vacío legal que estaba generando incluso resoluciones judiciales contradictorias en distintas comunidades autónomas. No cabe
duda, hay avances. El texto tiene aciertos y sería injusto no reconocerlos.
Pero las sombras también son graves. Primero, el procedimiento. Este decreto ha sido aprobado sin diálogo político ni social. Y si hablamos de derechos laborales y familiares, lo mínimo exigible hubiera sido un cierto consenso.
Segundo, el diseño del permiso parental de menores de 8 años. El Gobierno lo ha anunciado como un gran derecho, pero en la práctica es un derecho limitado y distorsionado. Se ha optado por añadir dos semanas remuneradas por cuidado a un
permiso diferente ya existente, el de nacimiento. El permiso parental del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores no ha sido modificado -lo ha dicho la vicepresidenta-, pero sigue sin aclararse si es retribuido o no. En el empleo público
sí lo han hecho, en el privado no, y por eso se está aplicando como no retribuido. Resultado: inseguridad jurídica, y, lo que es peor, solo lo van a solicitar aquellas familias con mayores rentas que se pueden permitir el lujo de perder salario y
días de vacaciones. Solo se aplica a niños nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, excluyendo -creemos injustamente- a miles de familias con hijos menores de 8 años nacidos antes de esa fecha. Es una decisión que no se entiende y que genera
desigualdad, ya que el hecho causante de la directiva es la edad del niño. La directiva no establece limitaciones por fecha de nacimiento, precisamente porque su objetivo es facilitar la conciliación a todas las familias con hijos pequeños.
Tercera sombra, los plazos. Aunque se reconoce la retroactividad desde agosto de 2024, las familias no podrán solicitar las nuevas semanas hasta enero de 2026. ¿De qué sirve un derecho que se retrasa casi un año y medio en su aplicación
real? Es un reconocimiento vacío para las familias que necesitan medidas hoy, a las que se deja sin cobertura. Ayer comenzó el curso escolar y las familias siguen con un concilia como puedas, tirando de abuelos, de permisos sin sueldo y con un
permiso parental aún sin retribuir.
Y, cuarto, el incumplimiento parlamentario. Lo prometido por el ministro Bustinduy en repetidas intervenciones parlamentarias de retribuir al menos cuatro semanas se ha quedado en una promesa incumplida. Han creado falsas expectativas.
Estamos en un periodo, además, en el que parece que da igual lo que aquí se pacte o se dicte, porque nadie da explicaciones cuando se hace justo lo contrario, y en política eso genera frustración y solo alienta a los populismos de sentido contrario.
El Gobierno de coalición, ustedes -permítanmelo-, ha buscado una fórmula creativa y, desde luego, de ingeniería legal: avanzar en derechos sociales para, en un ejercicio de marketing, comunicarlos como logros y, al mismo tiempo, paralizar
la multa de la Unión Europea. Mezclan y suman permisos existentes para frenar la multa diaria. Marketing político. En apariencia avanza, pero en realidad recorta. En esta ecuación ha pesado más la necesidad de no disparar el gasto social, a
pesar de que estamos ante un Gobierno comprometido a no hacerlo.
Concluyo. Este decreto merece reconocimiento por los avances que incorpora: ampliación de permisos -como he dicho anteriormente-, reconocimiento a familias monoparentales, cobertura de Seguridad Social y un paso hacia la
corresponsabilidad. Pero, al mismo tiempo, denunciamos con firmeza que este Gobierno no ha cumplido con las familias en cuanto al permiso parental de menores de 8 años. Ha excluido a miles de ellas, ha retrasado la aplicación real de los derechos
y ha incumplido promesas que hemos escuchado aquí, en el Congreso, y también con una moción aprobada en este Parlamento.
Luces y sombras. No será mi grupo quien ponga trabas a su convalidación, pero exigimos que esta norma se tramite como proyecto de ley para que pueda ser rectificada a través de enmiendas y el Gobierno cumpla lo que prometió: un permiso
parental sin exclusiones arbitrarias por fecha de nacimiento, más semanas de cuidado parental retribuido, flexibilidad real con aplicación inmediata y no diferida a 2026, y claridad jurídica, que se aclare de una vez el estatus del permiso parental
en el sector privado.
Los derechos sociales no son gestos para esquivar sanciones ni maniobras contables. Los derechos sociales son compromisos efectivos y tangibles con la ciudadanía, y si se prometen o se reconocen son para que se puedan ejercer.
Esan bezala, dekretu honek aurrerapenak dakar baimena zabaltzen da, hots, guraso bakarreko familiak onartzen ditu, Gizarte Segurantzaren estaldura osoa ematen du eta erantzukidetasunerantz aurrerapauso bat ematen du eta, horregatik, gure
babesa jasoko du. Baina, era berean, irmo salatzen
dugu gobernu honek ez duela familia guztiekin betetzen. Milaka baztertzen ditu. Eskubide hauen benetako aplikazioa atzeratu du eta, hemen, Kongresuan egindako promesak bete barik utzi ditu. Itzalak argiak bezain garrantzitsuak dira
dekretu honetan. Horregatik, dekretu hau lege proiektu modura jarrai dezan eskatzen dugu, zuzenketak egin ahal izateko eta Europak dioenarekin benetan betetzeko. Ordaindutako zaintzarako guraso-baimena, jaiotza dataren arabera ez mugatzeko, aste
gehiagotan luzatzeko eta aplikazioa 2026ra arte ez atzeratzeko.
Eskerrik asko.
Como decíamos, este decreto avanza en la ampliación de los permisos, en el reconocimiento de las familias monoparentales, en la cobertura integral de la Seguridad Social, y supone un paso más hacia la corresponsabilidad. Por eso recibirá
nuestro apoyo. Pero también denunciamos firmemente que este Gobierno no cumple con las familias, no con todas, y que excluye a miles de ellas, ya que ha retrasado la aplicación real de estos derechos, y, además, en el Congreso las promesas hechas
aún no se han cumplido. Las sombras son tan relevantes como las luces en este decreto, y por eso pedimos que este decreto prosiga como proyecto de ley, para que se pueda enmendar y para que se cumpla realmente con lo que nos dice Europa, para que
el permiso parental por cuidado no se limite en función de la fecha de nacimiento, para que haya más semanas de permiso parental retribuido y para que la aplicación no se retrase hasta 2026.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.
La señora AIZPURUA ARZALLUS: Arratsalde on.
Gaur, guk balioztatuko dugu gobernuak gaur dakarren Errege Lege Dekretu hau, jaiotzagatik eta seme alabak zaintzeagatik baimenak zabaltzeari argi berdea ematen baitio. Eskubideak zabaltzeari, hain zuzen ere.
Errege Lege Dekretu horrek hainbat lege aldatzen ditu, eskubide berri horiek azkartzeko aukera ematen du. Baina hau guztiaren gainetik, bazela garaia esan beharra dago. Berandu dator, eskas dator ere, aurrean esan dudan bezala, baina era
berean, bazen garaia, zeren gobernuak prozedura azkar hau in extremis aukeratu du. Europak ezarritako zuzentarau bat bete gabe zeukalako, eta arrazoi honengatik, Bruselak ezarri dion isunari behingoz iskin egiteko. Hori izan da arrazoia.
Behartuta hartutako erabakiaren arrazoia. Eta tamalgarria da behartuta hartu behar izatea Gobernu honek hainbat neurri. Esango nuke beste gai batzuetan ere ikusten dugun joera dela, eta lastima da, zeren gauzak justuak direnean, konbentzimendu
osoz babestu behar dira, ez behartuta. Beraz, horregatik egin dezakegun lehen kritika atzerapenarena da, dakarren atzerapenarena eta atzerapenak eskubideei eragiten dietenean, askoz ere larriagoak dira. Nolanahi ere, gure balorazioa baikorra da,
positiboa da, hainbeste egiteke dagoenean aurrerapausoak ontzat eman behar direlako. Baina oraingoan eransten den zaintzarentzat, bi astez ordaindutako baimena ez dela nahikoa ere esan beharra dago. Gutxi dela eta oraindik urratsak eman behar
direla gai honetan. Benetan hemen esan den bezala, tribuna honetatik, ministroak esan duen bezala, Europako beste herrialdeetan dagoenarekin parekatu nahi badugu behintzat.
Muy buenas tardes.
Hoy, nosotras, nuestro grupo va a validar este real decreto ley presentado por el Gobierno, dado que da luz verde a la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas y, por tanto, a la ampliación de derechos.
Este real decreto modifica una serie de leyes y permite acelerar estos nuevos derechos, pero, por encima de todo esto, cabe decir que ya era hora. Esto llega tarde y es, además, insuficiente, como ya detallaré más adelante, pero, al mismo
tiempo, ya era hora. Y es que el Gobierno ha optado in extremis por este procedimiento rápido, ya que no cumplía con una directiva europea y, por ese motivo, quería quitarse de encima de una vez por todas o sacudirse esa multa impuesta por Bruselas
por el motivo indicado. Esa ha sido la razón para adoptar esta decisión. Ha sido una decisión que se ha tomado por obligación, y es una lástima que este Gobierno tenga que adoptar medidas por obligación. Diría, además, que esta es una tendencia
que observamos también en otras materias, y es una pena, una lástima, porque, cuando se trata de algo justo, hay que defenderlo con convencimiento y no porque estemos obligados. Por ello, lo primero que podemos criticar es que llega tarde y ese
retraso, si afecta a los
derechos de las personas, es aún más grave. En todo caso, nuestra valoración es optimista, es una valoración positiva. Cuando hay tanto por hacer, hay que dar por válido cualquier paso que permita avanzar.
Sin embargo, cabe mencionar que la ampliación del permiso retribuido en dos semanas que hoy se presenta aquí se queda corto. Es insuficiente, hay que dar más pasos adelante en este ámbito, al menos si queremos equipararnos a otros países
europeos, que es lo que nos acaba de indicar la señora ministra.
La Directiva Europea 2019/1158, esta que acumulaba el retraso en su aplicación, a la que me acabo de referir en euskera, establece la obligación de que haya ocho semanas de permiso remunerado para cada madre, padre o persona cuidadora,
aplicables hasta que la niña o el niño tenga 8 años. Debía haberse aplicado desde agosto de 2024, pero vamos a decir que por fin ve la luz y, además, aplaudimos que el texto aprobado posibilite que puedan beneficiarse del permiso parental todas las
niñas y niños independientemente de que sus madres o padres sean trabajadores públicos, autónomos o asalariados. Es uno de los puntos positivos del texto legal, porque esto garantiza una cobertura más amplia, garantiza también más equidad y
refuerza el derecho al cuidado en la primera infancia. Sin embargo, la nueva normativa únicamente reconoce dos semanas retribuidas -dos-, mientras que las otras seis siguen sin estar remuneradas. Esto es lo que debe cambiar, y debe hacerlo cuanto
antes.
Otra cuestión que tampoco nos parece que es menor es que el permiso solo se va a aplicar a niñas y niños nacidos a partir del 2 de agosto de 2024, que es la fecha límite en la que debería haber entrado en vigor la directiva europea. Esto
deja fuera a muchos niños y niñas que hoy tienen menos de 8 años. Se puede decir que es injusto, porque lo que la directiva pretende es precisamente proteger a ese tramo de la infancia y hay muchos niños y niñas que quedarán fuera de esta medida de
protección.
Ciertamente, valoramos positivamente también otras medidas que contiene el real decreto, que suponen avances, avances reales -claro que sí-, pero la cuestión es que se puede hacer más y que se debe hacer más.
Creo que hay que recordar que la ley de familias en la que se trabajó tanto durante la pasada legislatura ya abordaba las cuestiones pendientes de forma más positiva y avanzada de lo que hace esta nueva normativa, iba más allá de lo que se
llega ahora. ¿Por qué, si en la anterior legislatura el Gobierno estaba de acuerdo en avanzar como se debe hacer en este terreno, ahora se retrocede respecto a los postulados que se defendían en la anterior legislatura? Es una pregunta que no
podemos dejar de hacernos, y sí sé que, muchas veces, es cuestión de cómo se cuentan las cosas para que la balanza se decante hacia un lado o hacia el otro, pero lo cierto es que, se cuente como se cuente, la novedad más trascendental de este real
decreto ley son las dos semanas retribuidas de permiso por cuidado. Dos, no las ocho que se plantean desde una perspectiva de defensa y protección de la infancia.
La directiva europea obligaba a asegurar al menos -y recalco lo de al menos- veintidós semanas de permiso retribuido, entre permisos por nacimiento y permisos por cuidados. O sea que en el Estado español faltaban tres semanas retribuidas
para cumplir con lo que dicta Europa. Con este cambio, según nuestra forma de contar, que creemos que es exacta, se alcanzan las diecinueve entre nacimiento y cuidados, además de tres semanas acumuladas por el permiso de lactancia, que siguen en
vigor para ambos progenitores, pero ese cómputo no es totalmente retribuido.
Hay otras cuestiones que han quedado en el tintero, como la lactancia para trabajadoras autónomas y otras medidas de conciliación u otros aspectos importantes como el permiso puerperal, que sí hay en otros países europeos. Por citar un
ejemplo, en Portugal ya se ha puesto en marcha. Es algo que el movimiento feminista maternalista viene reclamando desde hace mucho tiempo.
En fin, por resumir, bienvenidas sean las medidas que se implementan en este real decreto ley. Esperemos que las necesarias y aún pendientes decisiones no se hagan esperar mucho más, porque las mejoras en este campo son el principal
incentivo demandado especialmente por las mujeres para que la conciliación sea una posibilidad más real y realista de lo que hoy es.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aizpurua.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou, presidenta.
Bona tarda, vicepresidenta segona. Bona tarda, ministres.
Debatem en aquest punt el Reial decret llei aprovat pel Govern el passat 28 de juliol de 2025 per reformar els permisos parentals amb l'objectiu d'equiparar-nos a Europa. No repetiré, perquè la vicepresidenta ha detallat sobradament quines
són les millores que això comporta.
Per nosaltres, és evident que aquesta reforma té unes implicacions positives per a les persones treballadores, que veuen millorats els seus drets. Es veu també fomentada la corresponsabilitat i augmentada la seguretat jurídica de la
família, perquè es minimitza l'impacte en els seus ingressos i es garanteixen les cotitzacions per no perjudicar una futura o la futura pensió.
Queda clar que la finalitat, a través d'aquest seguit de mesures, és augmentar la seguretat i la qualitat de vida i alhora estrènyer el vincle familiar. I això que, des de Junts per Catalunya, estem convençuts que s'ha de garantir quan es
necessita, també pensem que s'ha de combatre quan hi ha persones que n'abusen o en fan un mal ús, obviant-ne la finalitat i trencant el principi d'equiparació de gènere, com és evident que passa sovint, d'un temps cap aquí, en el sector
agroalimentari.
I és en aquest sentit que el nostre grup té registrada una proposició no de llei per combatre el que considerem un frau amb algunes pràctiques de determinats col·lectius vinculades als permisos de paternitat i a la prestació que se'n deriva.
Perquè avançar en progrés social ampliant drets és el que tots volem; sí, tots, nosaltres també, malgrat el que ens diuen i el que ens diran. Però nosaltres, Junts per Catalunya, no ho volem fer només per l'obligació de transposar directives
europees, ni que sigui a deshora i sota amenaça, com és el cas. No ho volem fer sense diàleg social i sense consens polítics. Volem fer-ho també abordant els dèficits i les mancances de fons que arrossega el nostre mercat de treball, dèficits i
mancances que cada dia s'agreugen.
En aquest sentit, la nova mesura és més que evident, com dèiem, que té molts beneficis, des d'afavorir la conciliació a eliminar estereotips i pràctiques discriminatòries en la contractació, entre d'altres. Però no ho és menys que hi ha
mancances; li han fet saber fa un moment, segurament per culpa seva, per quedar curt respecte a les expectatives que vostès havien generat. I malgrat vostè ho ha recalcat, aquests drets no tindran un cost directe per a les empreses. Sí que, al
nostre entendre, tindrà altres conseqüències en l'àmbit laboral, en el temps de treball efectiu disponible ?que es veurà reduït-, en l'augment de costos laborals originats per la substitució i en una menor disponibilitat de persones per cobrir les
necessitats productives. Per tant, i al nostre entendre, ens trobem davant un equilibri delicat, que probablement caldrà gestionar introduint mesures que ajudin a mitigar els seus efectes, sobretot a la petita i mitjana empresa, on la substitució
interna és més limitada i la manca temporal d'un treballador pot tenir un impacte proporcional molt més gran.
En definitiva, els nous permisos parentals que avui s'han de validar, sens cap mena de dubte, representen una ampliació de drets socials molt rellevants. Una ampliació que des de Junts podem avalar. Però si volem consolidar-los per al
futur, hem de ser capaços de gestionar i corregir, primer, l'abús puntual d'aquests drets. Permisos, vicepresidenta segona, per una paternitat llunyana que, d'existir, no acaba exercint-se mai. I segon, i sobretot, els problemes estructurals que
arrossega el nostre mercat de treball, com el creixent absentisme, com la baixa productivitat, com la manca de flexibilitat o les dificultats per cobrir segons quines vacants, malgrat l'atur. Això per citar-ne alguns.
Per això mateix, des de Junts, a més de defensar drets, treballem perquè aquests es puguin garantir en el temps. I ho fem amb una agenda laboral integral per a Catalunya. Una agenda integral que vagi a l'arrel dels problemes i no s'empari
amb proclames i solucions populistes de fàcil comprar per la gent, malgrat més a la curta que a la llarga la puguin acabar perjudicant.
Moltes gràcies.
Gracias nuevamente, señora presidenta.
Buenas tardes, vicepresidenta segunda; buenas tardes, ministros.
Debatimos en este punto el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de julio de 2025, para reformar los permisos parentales, con el objetivo de equipararlos a Europa. No voy a repetirlo porque la vicepresidenta ha detallado
sobradamente cuáles son las mejoras que eso conlleva.
Para nosotros, es evidente que esta reforma tiene unas implicaciones positivas para las personas trabajadoras, que ven mejorados sus derechos. También se ve fomentada la corresponsabilidad y aumentada la seguridad jurídica de la familia,
porque se minimiza el impacto en sus ingresos y se garantizan las cotizaciones para no perjudicar la futura pensión.
Queda claro que la finalidad, a través de estas medidas, es aumentar la seguridad y la calidad de vida y, a la vez, estrechar el vínculo familiar. Y eso que, desde Junts per Catalunya, estamos convencidos de
que se tiene que garantizar cuando se necesita, también pensamos que se tiene que combatir cuando hay personas que abusan de ello o hacen un mal uso, obviando la finalidad que tiene y rompiendo con el principio de equiparación de género,
como es evidente que pasa demasiado a menudo desde hace un tiempo en el sector agroalimentario.
En este sentido, nuestro grupo ha registrado una proposición no de ley para combatir lo que consideramos un fraude con algunas prácticas de determinados colectivos vinculadas a los permisos de paternidad y a la prestación que se deriva de
ello. Porque avanzar en progreso social ampliando derechos es lo que todos queremos. Sí, todos. Nosotros también, a pesar de lo que nos dicen y de lo que nos dirán. Pero nosotros, Junts per Catalunya, no queremos hacerlo solo por la obligación
de trasponer directivas europeas ni que sea a deshora y bajo amenaza, como es el caso; no, no queremos hacerlo sin diálogo social y sin consenso político, sino que queremos hacerlo abordando los déficits y las carencias de fondo que arrastran
nuestro mercado de trabajo, déficits y carencias que cada día son más graves.
En este sentido, la nueva medida es más que evidente que tiene muchos beneficios, como decíamos, desde favorecer la conciliación a eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias en la contratación, entre otros. Pero no lo es menos que
hay carencias, y hace un momento ya se ha dicho, seguramente por su culpa y también las expectativas que ustedes habían generado. Y, a pesar de que usted lo ha recalcado, estos derechos no tendrán un coste directo para las empresas. Sí -creemos
nosotros- que van a tener otras consecuencias en el ámbito laboral, en el tiempo de trabajo efectivo disponible, que se verá reducido, en el aumento de los costes laborales originados por la sustitución, y en una menor disponibilidad de personas
para cubrir las necesidades productivas. Por lo tanto, y según lo entendemos, nos encontramos ante un equilibrio delicado que probablemente habrá que gestionar introduciendo medidas que ayuden a mitigar sus efectos, sobre todo en las pequeñas y
medianas empresas, donde la sustitución interna es más limitada y la falta temporal de un trabajador puede tener un impacto proporcionalmente mucho más grande.
En definitiva, los nuevos permisos parentales que hoy hay que validar, sin ninguna duda, representan una ampliación de derechos sociales muy relevante; una ampliación que desde Junts podemos avalar. Pero si queremos consolidarlos de cara
al futuro, tenemos que ser capaces de gestionar y corregir. Primero, el abuso puntual de estos derechos; permisos, vicepresidenta segunda, para una paternidad lejana que, de existir, no se acaba ejerciendo nunca. Y, segundo, y sobre todo, los
problemas estructurales que arrastra nuestro mercado de trabajo, como el creciente ausentismo, la baja productividad, la falta de flexibilidad o las dificultades para cubrir según qué vacantes a pesar del paro. Eso para citar solo algunos.
Por este motivo, desde Junts, además de defender los derechos, trabajamos para que estos se puedan garantizar en el tiempo. Y lo hacemos con una agenda laboral integral para Cataluña, una agenda integral que ataque la raíz de los problemas
y no se oculte en proclamas y soluciones populistas de fácil comprar para la gente, a pesar de que a corto plazo seguramente puedan acabarles perjudicando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cervera.
Pel Grup Parlamentari Republicà té la paraula el senyor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, presidenta.
Bona tarda, vicepresidenta Díaz.
Des d'Esquerra Republicana fem una defensa crítica i constructiva d'aquest reial decret llei. Primer de tot, agraïm que s'hagi fet per reial decret llei i els hi dic als senyors de la dreta que els drets humans, els drets dels menors no cal
diàleg social, s'han de complir i punt. No hi ha més, amb diàleg o sense.
Abastament, abastament, la ministra ha explicat com s'aplicarà aquesta directiva europea. S'ha explicat les avantatges. Crec que també els meus companys i companyes ho han fet abans i llavors no m'entretindré això pels set minuts que tinc.
Es manté el bloc de sis setmanes obligatòries al principi. Les deu setmanes pagades passen a ser 11, una setmana més en el cas de les famílies monoparentals. La llei reconeix que es poden acumular totes les setmanes en el bloc, fins als vuit anys
hi haurà dues setmanes pagades i sis sense sou. En resum, es guanya una setmana pagada durant el primer any i dues setmanes pagades fins als vuit anys. I diem que això està bé. Ara bé, aquí ve la part que penso que estaran d'acord amb mi, no?
Queden, crec, tres permisos imprescindibles. I dic tres permisos imprescindibles perquè vull recordar que al maig, al maig del 2023, aquests tres permisos que ara citaré van ser aprovats aquí, en aquesta cambra, amb els vots del Partit Socialista i
els vots d'Unidas Podemos i fins i tot amb els vots del Partit Popular, la qual cosa vol dir que eren 3 permisos importants que ara no estaran. I ara diré quins són
aquests 3 permisos, que van ser votats, i pensem nosaltres que el govern els hauria d'haver incorporat per acabar de fer una llei molt més rodona i encara molt més plausible.
Primer, el dol perinatal abans dels 6 mesos. Dol perinatal abans dels 6 mesos. Això vol dir que quan una dona pateix un avortament espontani abans dels 180 dies de gestació, avui la llei no li reconeix cap permís. L'endemà ha de tornar a
treballar. A Espanya, això li passa a 45 000 dones cada any. I pregunto: Quina societat es pot dir sensible? Quina societat es pot dir ser sensible si obliga a una mare reincorporar-se a la feina l'endemà d'haver perdut un embaràs? Nosaltres
proposem almenys, almenys, deu dies de permís retribuït, perquè el dol perinatal és un dol real i el silenci que l'envolta és, creiem, una injustícia.
Segon, segon, el permís per acompanyar els fills al metge. Creiem que com a mínim a aquest permís ?aquí s'ha dit a l'escola, podríem discutir-ho- però pensem que el d'anar al metge és molt important. El permís per acompanyar els fills al
metge. Tots els pares i mares ho saben: portar el fill al pediatra a una prova mèdica no és cap caprici, és una necessitat. Avui això significa gastar-se vacances, demanar favors o fins i tot perdre sou. I aquí acaba, i aquí acaba. I això, com
dèiem abans, també és un greuge, sobretot per les mares, que són les que acostumen a fer aquesta feina de manera injusta, perquè hauria de ser corresponsabilitat. Nosaltres proposem que aquest temps estigui cobert sense pèrdua de salari, perquè cap
progenitor hauria de triar entre la feina i la salut del seu fill.
Tercer, el tercer, per mi, és que creiem que fa falta i que intentarem combatre a les esmenes per intentar convèncer, com ja ho vam fer el 30 de maig del 23, perquè això així sigui. Tercer, el permís per mort d'un fill, el permís per mort
d'un fill. Avui la llei només concedeix dos dies, dos dies. I jo pregunto qui és capaç de tornar a treballar 48 hores després d'haver perdut un fill? Penso que ningú, i això creiem, creiem que és cruel i és inhumà. Nosaltres proposem almenys deu
dies de permís, perquè una tragèdia d'aquesta magnitud requereix temps per al dol, per als tràmits i, sobretot, per acompanyar la família.
I, com deia abans, aquestes tres mesures no són extravagants i penso que es poden discutir i debatre. No són radicals i, com deia abans, van ser van ser votades per una àmplia majoria en aquesta cambra. Aquí també s'ha dit creiem que el
tema de l'entrada en vigència el 31 de juliol, però hem d'anar fins al 2 d'agost del 2024 i es poden demanar fins l'1 de gener del 2026. Això pot ser una mica caòtic, no? Pensem que aquí el que cal són els permisos pels pares, però sobretot perquè
els fills, els fills i filles, siguin els qui es beneficien d'això. Llavors, si tenim permisos fins els 8 anys, pensem que la llei hauria de cobrir les necessitats de tots els nens, de tots els nens fins els 8 anys. Creiem que també això té
sentit. Nosaltres creiem que l'horitzó segueix sent... Creiem que hem fet un pas endavant i per això votarem a favor d'aquesta convalidació. Segueix sent el nostre el nostre horitzó, 24 més 8, 24 setmanes retribuïdes per 8 setmanes flexibles fins
als 16 anys. I per què fins als 16 anys? Perquè la conciliació no acaba als 8 anys. Hi ha adolescència, hi ha malalties, hi ha moments crítics... I això ens posaria a l'alçada del que diu l'Organització Mundial de la Salut, per sobre de la
mitjana de l'OCDE i ajudaria realment a protegir les trajectòries laborals de les dones.
Bé, resumint, avui votarem a favor d'aquesta convalidació, però exigim que aquest decret es tramiti en forma de projecte de llei i incorporem aquestes esmenes necessàries per acabar de fer una llei encara una mica més bona. Aquest congrés
té l'oportunitat d'humanitzar les lleis i de posar-se al costat de les famílies. I aquest és el nostre compromís i la nostra raó de ser. Per això lluitarem en el període d'esmenes per intentar convèncer-los d'aquests permisos que falten.
Moltíssimes gràcies.
Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, vicepresidenta Díaz.
Desde Esquerra Republicana defendemos de forma crítica y constructiva este real decreto ley. En primer lugar, agradecemos que se haya hecho por real decreto ley. Y se lo digo a los señores de la derecha: con los derechos humanos de los
menores no hace falta diálogo social; hay que cumplirlos y punto, no hay más, con diálogo y sin. (Aplausos).
La ministra ha explicado ampliamente cómo se ha aplicado esta directiva europea, ha explicado sus ventajas. Creo que mis compañeros y compañeras ya lo han hecho también antes y, bueno, no lo voy a mencionar. Se mantiene el bloque de seis
semanas al principio; las diez semanas pasan a ser once, una semana más en el caso de las familias monoparentales; la ley reconoce que se pueden acumular todas las semanas en un bloque hasta los 8 años; habrá dos semanas pagadas y seis sin
salario; se gana una semana pagada el primer año y dos más hasta los 8 años. Y bueno, creemos que eso está bien, pero -y ahí viene la parte en que creo que estarán de acuerdo conmigo- quedan -creo- tres permisos imprescindibles. Y digo tres
permisos imprescindibles porque quiero recordar que, en mayo, en mayo
de 2023, estos tres permisos que ahora voy a citar fueron aprobados aquí, en esta Cámara, con los votos del Partido Socialista, de Unidas Podemos e incluso del Partido Popular, lo que significa que eran tres permisos importantes que ahora no
estarán. Y ahora voy a explicar cuáles eran esos permisos que se votaron y que creemos que el Gobierno debería haberlos incorporado para acabar de hacer una ley mucho más redonda y mucho más plausible.
Primero, el duelo perinatal antes de los seis meses; el duelo perinatal antes de los seis meses. Es decir, cuando una mujer sufre un aborto espontáneo antes de los 180 días de gestación, hoy la ley no le reconoce ningún permiso; al día
siguiente tiene que ir a trabajar. Eso les pasa a 45 000 mujeres cada año en España. Y pregunto: ¿qué sociedad puede llamarse sensible si obliga a una madre a reincorporarse al trabajo al día siguiente de haber perdido un embarazo? Nosotros
proponemos como mínimo al menos diez días de permiso retribuido, porque el duelo perinatal es real y el silencio que lo rodea es una injusticia.
Segundo, el permiso para acompañar a los hijos al médico. Creemos que, como mínimo, este permiso... Y aquí podríamos discutir el de la escuela, pero ir al médico es muy importante, acompañar a los hijos al médico, todos los padres y madres
lo saben, llevar al hijo al pediatra a una prueba médica no es un capricho, es una necesidad. Hoy eso significa gastar vacaciones, pedir favores o incluso perder el sueldo. Y aquí acaba. Y, como decíamos antes, eso es sobre todo perjudicial para
las mujeres, que son las que suelen hacer ese trabajo, porque debería haber corresponsabilidad. Primero, nosotros proponemos que este tiempo quede cubierto sin pérdida de salario, porque ningún progenitor tendría que escoger entre el trabajo y la
salud de su hijo.
Tercero; tercer permiso que creemos que falta y que vamos a tratar de combatir en las enmiendas para intentar convencer, como ya lo hicimos el 30 de mayo de 2023. Tercero, el permiso por muerte de un hijo, por muerte de un hijo. Hoy la
ley solo concede dos días. Y yo pregunto: ¿quién es capaz de volver a trabajar cuarenta y ocho horas después de haber perdido a un hijo? Yo creo que nadie. Y creemos que es cruel e inhumano. Nosotros proponemos como mínimo diez días de permiso,
porque una tragedia de esta magnitud requiere tiempo para el duelo, para los trámites y, sobre todo, para acompañar a la familia.
Y, como decía antes, estas tres medidas no son extravagantes y creo que se podrían debatir y discutir. No son radicales y, como dije, ya fueron votadas por una amplia mayoría en esta Cámara. También se ha hablado aquí del tema de la
entrada en vigor del 31 de julio hasta el 2 de agosto del 2024 y que se pueden pedir hasta el 1 de enero de 2026. Esto puede ser un poco caótico, ¿no? Creemos que aquí lo que necesitamos son permisos para los padres, pero, sobre todo, para que los
hijos e hijas sean los que se beneficien de eso. Y si tenemos permisos hasta los 8 años, creemos que la ley debería cubrir las necesidades de todos los niños y las niñas hasta los 8 años. Creemos que también eso tiene sentido. Y creemos que el
horizonte... Bueno, creemos que hemos dado un paso hacia delante y votaremos a favor de esa convalidación. Sigue siendo nuestro veinticuatro más ocho, veinticuatro semanas retribuidas por progenitor, ocho semanas flexibles hasta los 16 años. ¿Y
por qué hasta los 16? Porque la conciliación no acaba a los 8. Están la adolescencia, enfermedades, momentos críticos, y eso nos pondría a la altura de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por encima de la media de la OCDE, y ayudaría
a proteger las trayectorias laborales de las mujeres.
Resumiendo, hoy votaremos a favor de esta convalidación, pero exigimos que se tramite en forma de proyecto de ley incorporando estas enmiendas, necesarias para acabar de hacer una ley aún un poco más madura. Este Congreso tiene la
oportunidad de humanizar las leyes, de ponerse al lado de las familias, y este es nuestro compromiso y nuestra razón de ser, por eso vamos a luchar a través de las enmiendas e intentar convencerles de esos permisos que faltan.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada Danés.
La señora BOADA DANÉS: Gracias, presidenta.
Hace un tiempo que este país es referente en Europa en muchos aspectos: por haber construido un mercado laboral robusto y tener una inflación controlada, lo que define a España como un motor económico en Europa; por una subida del 2,8 %
del PIB en el segundo trimestre respecto al año anterior, a pesar del contexto internacional desfavorable; por la aprobación hoy mismo de una batería de medidas que aumenta la presión al Gobierno de extrema derecha de Netanyahu para frenar el
genocidio en Gaza y ser así la voz más clara y digna en una Europa paralizada y cada día más alejada de sus principios fundacionales. (Aplausos).
Ante un contexto geopolítico incierto y complejo, este Gobierno muestra su solidez avanzando y construyendo un país que no solo crece económicamente y mejora en todos los datos laborales, sino que también avanza en la conquista de más
derechos sociales. Hoy -lo ha explicado perfectamente la vicepresidenta-, confirmamos uno de estos derechos que nos sitúa como uno de los mejores países de la Unión Europea para tener hijos, para gozar de un tiempo vital para cuidar de nuestras
hijas e hijos en su nacimiento y, sobre todo, hacerlo de manera corresponsable; un derecho intransferible para cada progenitor que también convierte al Estado español en referente en Europa, pues somos el país con mayor participación de los padres
en los permisos por nacimiento: del total de personas que ejercen este derecho cada año en España el 42 % son hombres, mientras que en los países de nuestro entorno estos datos caen hasta el 11 % en Francia o el 4 % en Italia.
Trasponemos la directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores íntegramente, e incluso vamos más allá de lo exigido por la Unión Europea, en la línea de los Estados europeos con permisos
más largos y flexibles. Pero, además, la ampliación de los permisos supera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y refuerza la posición de España como país referente en conciliación y corresponsabilidad parental. Hoy es
más fácil formar una familia en este país que hace siete años, cuando gobernaba el Partido Popular. (Aplausos). Hoy todos los progenitores, que forman familias diversas, gozan de más horas para cuidar de sus criaturas. Hoy las familias
monomarentales -sí, monomarentales, porque el 80 % de los hogares monoparentales son sustentados por mujeres- podrán disfrutar de 32 semanas de permiso por nacimiento, cuatro de ellas hasta que el menor cumpla 8 años. Las madres ganan derechos y
sus hijas ganan en cuidados y en una infancia igualitaria porque todas las niñas y niños tienen derecho al mismo tiempo de cuidados, con independencia de cuál sea su realidad familiar. Hoy convertimos en norma una reivindicación histórica que
beneficiará a casi dos millones de hogares monomarentales que han luchado para acabar con esta anomalía que significaba tener la mitad de las semanas, la mitad de los derechos. Hoy ponemos fin a una discriminación injusta y avanzamos hacia una
sociedad más justa, más igualitaria y que reconoce la diversidad de las realidades familiares, porque la norma también habla de esta diversidad de las familias: monomarentales, adoptivas, con múltiples hijos... Sean como sean, ningún menor queda
desprotegido, adaptando los permisos a las necesidades reales de cada familia.
Reforzar el tejido social y garantizar la equidad con permisos universales y remunerados para todas las familias es la receta para incentivar que las personas jóvenes tengan hijos si así lo desean y, sobre todo, para las mujeres que así lo
deseen. Porque sí, los permisos por nacimiento y de cuidados, los que convalidamos en este real decreto liderado por los ministros de Trabajo y de Derechos Sociales, reducen la brecha de género, como ha expuesto la vicepresidenta; reducen la
brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres. La remuneración universal e intransferible del permiso facilita la participación masculina en los cuidados y permite a madres y padres compartir responsabilidades desde el nacimiento y, por lo
tanto, construir sociedades más justas, más igualitarias, más feministas, con más bienestar. (Aplausos). De hecho, mi padre tuvo cuatro días de permiso cuando yo nací, mientras que mi pareja va a tener hasta diecinueve semanas dentro de poco. En
menos de dos décadas, España ha pasado de conceder apenas cuatro días a los padres a situarse entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo. Esta evolución, como ha dicho la vicepresidenta, no solo nos coloca en la
vanguardia europea, sino en la vanguardia de un escudo social que permite a las familias vivir mejor y gozar de una vida más digna.
Frente a este avance social indiscutible, ¿qué va a votar la derecha de este país? ¿Qué excusas va a poner para no dar apoyo claro a una medida que permite a madres y padres proveer de cuidados, de amor, de tiempo a sus hijos e hijas? ¿Qué
motivos hay para no apoyar una ampliación de derechos que evita penalizar la carrera profesional de las mujeres, que son las que tradicionalmente asumen los permisos no retribuidos? ¿Cuáles son las razones para evitar que la decisión de cuidar
afecte a la economía familiar y los cuidados sean una responsabilidad compartida entre progenitores?
A la extrema derecha mejor no la interpelo, porque nos saldrá con el invierno demográfico, pero ¿qué mejor manera de paliarlo que ampliando permisos para ambos progenitores? (Aplausos).
Señorías, hoy tiene que ser un buen día para millones de familias trabajadoras, que verán cómo sus derechos se expanden y consolidan al reforzar un sistema universal y garantizado, un sistema que supera las barreras culturales, un sistema
que fomenta políticas empresariales que normalizan la conciliación familiar. Esta es la dirección y el reto es seguir ampliando la cobertura.
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y nuestras ministras y ministros hemos venido a hacer esta política, esta buena política: ganar, ampliar y blindar nuevos derechos. Hoy damos un paso más reforzando el escudo social, pero nos
queda mucho por hacer, porque ser uno de los países mejores para tener hijos al tener más derechos para cuidarlos no es suficiente para que la gente joven decida emprender esta aventura. Debemos reducir la jornada laboral, acabar con la pobreza
infantil, bajar los alquileres, proteger a los inquilinos frente a los fondos buitre. Empezamos un nuevo curso político con esta vocación, con un horizonte muy claro: construir un futuro más deseable para todo el mundo y, sobre todo, mejorar la
vida de la gente trabajadora. (Aplausos de las señores y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y de la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Boada.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás. (Aplausos).
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Quiero recordarle a la señora Díaz que hoy nos traen ustedes este real decreto por imperativo europeo, acorralados por la sanción que nos han impuesto, no por voluntad propia. Ustedes se echan muchas flores con esta iniciativa, pero si les
importaran tanto como dicen las mujeres y sus hijos e hijas lo hubieran hecho bastante antes y no hubieran perdido el tiempo en leyes tan nefastas y dañinas para las mujeres y para sus hijos e hijas como la que ha puesto a cientos de violadores en
las calles. (Aplausos).
Les decía que hoy nos traen un real decreto por imperativo europeo y que, como todo lo europeo últimamente, es pura ideología y no tiene en cuenta nuestras necesidades como sociedad ni nuestras características como país, ni la lamentable
situación económica de nuestras pymes y de nuestra Seguridad Social. Se trata, resumiendo mucho, de una ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas en el caso de las familias biparentales, y de 16 a 32 semanas
en el caso de las monoparentales. Sin embargo, y aunque es bueno, esto no es suficiente y no va a solucionar el problema de conciliación de nuestras familias ni tampoco va a fomentar la natalidad, que sería lo deseable en un contexto de suicidio
demográfico como el que estamos padeciendo. (Aplausos). Así que, de nuevo, estamos ante una oportunidad perdida; una oportunidad perdida para ayudar a las mujeres y sus familias en el camino hacia la conciliación de la maternidad con la vida
laboral, una oportunidad perdida para ayudar a las empresas a soportar la carga de los permisos de paternidad, una oportunidad perdida para fomentar la natalidad y, desde luego, una oportunidad perdida para demostrar que a este Gobierno le preocupan
las mujeres para algo más que para utilizarlas políticamente.
¿Y saben por qué sucede todo esto? Porque ustedes no gobiernan para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, ustedes gobiernan para imponer su ideología. Sucede porque ustedes no están pensando en lo que las mujeres quieren o
necesitan, en lo que las familias quieren o necesitan, en lo que las empresas quieren o necesitan, ustedes solo están pensando en anteponer su ideología al sentido común y, lo que es peor, a la libertad individual, sin tener en cuenta las
consecuencias. (Aplausos). Por eso son incapaces de dar soluciones acertadas; por eso son incapaces de solucionar el problema que tienen las mujeres que quieren tener hijos y cuidarlos tanto como necesiten, pero que no quieren que su vida laboral
se acabe por el hecho de ser madres o que la situación económica de ellas mismas y de sus familias se vea perjudicada por el hecho de ser madres. Señorías, lo que ustedes llaman corresponsabilidad de género, impuesta por decreto, no soluciona el
verdadero problema de las mujeres que quieren ser madres y desarrollar una carrera profesional. Su verdadero problema, que es la brecha maternal, no se soluciona con la obligatoriedad de una baja compartida con el padre, sin tener en cuenta las
prioridades de cada familia ni su derecho a organizarse y a repartirse las responsabilidades como consideren oportuno (aplausos), ni tampoco se soluciona con más semanas de baja de las que ni siquiera se puede disponer libremente. El problema de la
brecha maternal -que VOX siempre ha denunciado y que hay que corregir si de verdad queremos avanzar- se soluciona resolviendo los problemas reales que sufren las mujeres por el hecho de ser madres, como son tener que abandonar temporalmente su
carrera o retrasar su desarrollo profesional; tener que enfrentarse al dilema de si reducir o no su jornada laboral para cuidar de sus familias, obteniendo por ello menos ingresos y pensiones más bajas, por tanto, o que por el hecho de estar en
edad fértil sean menos atractivas para los empresarios, que han sido condenados por el Estado a tener que asumir todas las cargas de las bajas por maternidad ellos solos. Pero como este neofeminismo suyo subestima a las mujeres de forma tan
insultante, como no cree en las mujeres ni respeta nuestras decisiones u opiniones si no están alineadas con las suyas, en lugar de preguntarnos, de escucharnos, de
respetar nuestras preferencias, prefieren decidir por nosotras, y lo que han decidido es que lo que importa no es la igualdad bien entendida, la de la dignidad y los derechos compartidos, sino la igualdad que anula y pervierte, que es la
igualdad de género, esa que convierte a hombres y mujeres en seres intercambiables, despojados de su identidad masculina y femenina para poder utilizarlos a su antojo según convenga. Pero si se hubieran molestado en preguntarnos a las madres, a las
mujeres, sabrían que no necesitamos que los padres nos sustituyan en nuestra tarea de ser madres, sabrían que lo que las mujeres necesitamos es que nos ayuden a ser madres -si es eso lo que deseamos- sin tener que renunciar a una vida profesional ni
a los beneficios económicos que merecemos. Lo que necesitamos es que nuestra dedicación voluntaria al cuidado de nuestros hijos y de nuestras familias no sea penalizada sino premiada, sea con medidas fiscales de gran calado, con apoyo para la
vuelta al trabajo o con las medidas que sean necesarias, y, por supuesto, lo que necesitamos es que se apoye a las empresas que nos contratan, que es justo lo contrario de lo que hacen ustedes con este real decreto, porque para ayudar a las mujeres
y a las familias no se puede lastrar de semejante forma a las empresas, especialmente a las pymes, que representan más del 99 % de las empresas españolas y que son las que generan empleo en este país. Porque ustedes insisten en lastrar a las
empresas, cuando lo que deberían hacer es premiarlas por fomentar la natalidad. Ya eliminaron la bonificación del cien por cien de la cuota empresarial para la contratación de un interino que sustituyera al trabajador de baja por nacimiento
generando un grave perjuicio a empresarios y autónomos -muchos de los cuales, por cierto, son mujeres-, y ahora pretenden imponer nuevos costes sin planificación ni compensación empeorando aún más la situación y sin tener en cuenta que para una pyme
con pocos trabajadores perder a uno de ellos por una baja de paternidad durante varios meses puede ser una catástrofe absolutamente inasumible, por no hablar de que financiar con cargo a una Seguridad Social con un déficit estructural crónico y
prácticamente en quiebra técnica esta ampliación de permisos, que, según datos del Gobierno, puede suponer un sobrecoste de 1500 millones de euros anuales, es un auténtico despropósito.
Señorías, con sus nefastas políticas ya han logrado que muchas mujeres renuncien a ser madres, muy a su pesar. Es evidente que ustedes no quieren fomentar la natalidad y que prefieren que los hijos los tengan otros. Pero nosotros sí
queremos revertir esta situación y creemos que los hombres deben seguir siendo hombres, y por tanto padres, y que las mujeres deben seguir siendo mujeres, y por tanto madres. Por eso, en lugar de los permisos obligatorios e intransferibles para los
padres, que no alivian en nada a las madres, queremos un permiso de maternidad lo más largo posible, de seis meses ininterrumpidos como mínimo, y de un año en el caso de hijos con discapacidad. Por eso queremos deducciones fiscales importantes para
las familias con hijos, por eso queremos que los permisos por maternidad no perjudiquen a las empresas y que el coste de la maternidad no recaiga sobre ellas, para que no se desincentive la contratación de mujeres en edad fértil.
Señorías, las mujeres españolas que deseen trabajar deben tener la seguridad de que podrán hacerlo sin tener que renunciar a su maternidad, de la misma forma que también debemos reconocer el trabajo libremente elegido de atención exclusiva
al cuidado de los hijos, premiándolo debidamente. Porque no se puede legislar contra la libertad individual ni se puede legislar anteponiendo la ideología a la verdad, a nuestra realidad y a nuestras verdaderas necesidades y anhelos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Garrido Jiménez.
La señora GARRIDO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy las familias españolas nos miran, miran a este hemiciclo. Yo estoy segura de que la mayoría de ustedes, al igual que me ha ocurrido a mí, durante este último mes han recibido múltiples preguntas. Cualquiera que tenga cerca a una mujer
embarazada, a una familia que acaba de tener un niño pequeño, a alguien que está al cuidado de un menor por un proceso de adopción sabe que se nos ha consultado de una manera insistente sobre este nuevo permiso, sobre esta extensión de los permisos
de maternidad y paternidad que yo espero que hoy podamos aprobar. ¿Y por qué todos hemos tenido esas preguntas? Porque esta es la política que de verdad importa a la gente, esta es la política que importa a nuestros conciudadanos. Por encima del
ruido, por encima de los insultos, por encima de la bronca, la gente nos mira y mira al Parlamento cuando aprobamos medidas que impactan de una manera concreta, exacta, en su día a día, en su vida cotidiana, y esta es una de esas medidas.
(Aplausos).
Creo, señorías, que ya se ha explicado de una manera profusa -la señora vicepresidenta lo ha hecho de forma absolutamente impecable- lo que vamos a votar. Vamos a votar a ampliar en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidados, de tal
manera que vamos a pasar de las 16 a las 19 semanas, además, dos de ellas con flexibilidad. Y algo que también es absolutamente de justicia para las familias monoparentales y monomarentales, que es la ampliación a 32 semanas, cuatro de ellas
flexibles, para estas familias. Es una buena noticia, sin duda alguna, que los ciudadanos están esperando escuchar. Y como casi siempre cuando se aprueba una normativa, todo es mejorable, por supuesto que sí. Pero cuando quieres subir a la cima
del Everest no puedes llegar arriba de un brinco, tienes que ir subiendo la montaña. Estoy de acuerdo con lo que han dicho varios grupos en estas intervenciones de que podemos mejorar, por supuesto que sí, pero eso no nos puede impedir hacer esta
mejora hoy, dar ese paso más, subir la montaña para que las familias españolas tengan mejores condiciones para cuidar a sus hijos y sus hijas. (Aplausos). Lo que hacemos hoy es, desde luego, trasponer una directiva europea, pero no trasponerla sin
más ni a rastras, como he oído por ahí a algunos grupos, sino que vamos más allá. Esta directiva nos pide que retribuyamos un 65 % del salario. España retribuye el cien por cien, ¡el cien por cien! Ese tipo de medidas son las que demuestran,
cuando hablamos con los datos sobre la mesa, qué es lo que anima a los hombres a tomar estos permisos, de tal manera que España, gracias a las medidas que llevamos ya años aplicando, es uno de los países en los que hay una mayor permeabilidad en los
permisos parentales entre los hombres. Cada vez más hombres españoles asumen las tareas de cuidados, porque sí, el patriarcado nos oprime a las mujeres, pero también a los hombres, que durante siglos no han podido disfrutar del cuidado de sus
propios hijos, no han podido atenderlos, no han podido disfrutar de lo que eso significa para crear vínculos familiares. (Aplausos). También superamos las recomendaciones de la OIT y ponemos en el centro la corresponsabilidad, porque no se trata
de que las mujeres podamos cuidar más -desde luego, no está de más-, sino de que también los hombres lo puedan hacer y que el cuidado no recaiga única y exclusivamente sobre nosotras. Y, de nuevo, este tipo de medidas, que en España llevamos tiempo
aplicando, ha permitido que las mujeres españolas madres tengan una mayor tasa de empleo que en otros muchos países que no tienen este tipo de medidas. Y eso son datos, no las cosas que nos cuentan los de VOX con su idea de país de hace doscientos
años. Esa es la realidad. La realidad dice eso.
Así que yo creo que es el momento de que todos y cada uno de los grupos votemos a favor, porque esta norma debería salir aprobada por unanimidad. No hay excusa para no mejorar la vida de la gente; no hay una sola excusa. Hoy vivimos el
momento de la antipolítica; VOX ahora nos hablaba de las mujeres, pero ¿qué quiere VOX para las mujeres? Hace casi cien años, en este mismo estrado se defendía el derecho a voto de las mujeres. Hoy en día, los grupos ideológicos que sostienen a
partidos como VOX están poniendo en cuestión que podamos votar las mujeres. ¡Y hablan de nuestro derecho y de nuestra libertad! Pero ¿qué libertad es esa? La de no votar. ¡La de no votar! Esos son ustedes. Esos son ustedes. (Aplausos). Pero
ahora mismo, en el momento de la antipolítica, en el momento en que algunos grupos promueven el odio, el insulto, el exabrupto, en el momento en que hay un portavoz que habla de una manera deliberada de cavar fosas para que reposen los restos de un
Gobierno, retrotrayéndonos a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, eso no es lo que quiere la gente. Señores del Grupo Popular, se lo digo a ustedes. ¿De verdad creen que los ciudadanos que nos miran están pendientes de sus
insultos? ¿Ustedes no creen que la gente va a dejar de votarles por esa forma de hacer política? Lo que quieren los que nos miran hoy es que aprueben este real decreto, que lo convaliden, tener más jornadas para poder disfrutar del cuidado de sus
hijos, que los niños y las niñas españolas tengan mayor protección. Eso es lo que quieren contra el odio y la violencia.
Y es muy significativo recordar que sí, claro, estas medidas tienen un cariz ideológico, por supuesto. La ideología de esta medida está en el hecho de que sean los presupuestos del Ministerio de la Seguridad Social los que asuman el cien
por cien del coste de estas medidas. (Aplausos). Eso es ideología, que los impuestos que todos pagamos -los trabajadores, las empresas, los inmigrantes ilegales que compran en nuestras tiendas, que también pagan impuestos- sumen a la Seguridad
Social y con ellos podamos ampliar derechos y que no le cueste un duro a nuestras empresas. Eso es ideología. Esa es la ideología que defiende el Partido Socialista, que lleva décadas, siglos concretamente, defendiéndola. El Partido Popular
siempre llega tarde a este tipo de medidas. ¿Saben ustedes cuánto amplió los permisos Aznar? Venga, ¿alguien se lo sabe? Cero días. Dos Gobiernos de Aznar, cero días de ampliación del permiso paternal. Rajoy, a las madres cero días y, sí, a los
padres un par de semanas. Pero a las madres cero días. Hoy estaría bien que no llegaran tarde, como tantas otras veces, a la mejora de la vida de los ciudadanos españoles.
Y termino, presidenta, señorías, recogiendo el guante de las cuestiones que aquí se han planteado. Por supuesto, esta medida es mejorable. Toda buena noticia siempre puede ser mejorada. El propio real decreto ya recoge el compromiso del
Gobierno de ampliar esto a veinte semanas; en el propio texto del real decreto así viene recogido. Y, por supuesto, en breve tendremos la oportunidad de poder negociar y aprobar unos presupuestos generales del Estado que recojan la ampliación de
derechos, la ampliación de permisos y la remuneración de estos.
El señor Salvador ha puesto sobre la mesa cuestiones relevantes que tienen que ver, sobre todo, con la salud mental, con las que yo no puedo estar más de acuerdo, aunque lamento realmente decir que el duelo no es un cómputo. No hay un día,
ni diez días, ni probablemente diez años que te curen de la pérdida de un hijo o de una hija, pero sí creo, desde luego, que igual ya va siendo hora de que le demos una vuelta al tratamiento del duelo en el derecho laboral de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fúnez de Gregorio.
La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Gracias, presidenta.
Subo esta tarde a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición en relación con el real decreto que hoy ha traído aquí el Gobierno de España. La posición del Partido Popular en materia de conciliación y
corresponsabilidad, por encima de los permisos laborales, queda perfectamente fijada en la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar que registramos en esta Cámara en el año 2024 (aplausos) y que, por cierto, se aprobó en el
Senado, sigue paralizada en la Mesa y, además, fue vetada, y ya la hemos vuelto a registrar. Desde el PP decimos claramente un sí rotundo a la conciliación, un sí rotundo a la corresponsabilidad, un sí rotundo a las ayudas a las familias para
mejorar sus vidas y un sí rotundo a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sin perder competitividad ni productividad, pero también tenemos muy claro que no compartimos las políticas de conciliación y corresponsabilidad que nacen de
la imposición y no del diálogo y como consecuencia de una sanción y no por convicción. (Aplausos).
Señorías, se ha repetido por parte de algunos de los portavoces a lo largo de la tarde que cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad estamos hablando de cuidados, de organización del trabajo, de los horarios laborales, de
sostenibilidad del Estado del bienestar y de igualdad, de igualdad real. Pues, desde luego, si hay un país en Europa que necesita políticas de igualdad y conciliación está claro que es España. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de
paro femenino. Las mujeres en España todavía dedicamos 2,4 horas más a los cuidados que los hombres y el pasado año el 83 % de las excedencias para cuidados fueron solicitadas por mujeres. Estas cifras, más que estadísticas, son espejos de la
España real, de esa España real que a veces se empeñan en no ver y, lo que es peor, a veces se empeñan en no mirar.
Señora ministra, ¿era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación y corresponsabilidad? No era necesario vivir este
bochorno. (Aplausos).
Si este Gobierno hubiera tenido un compromiso real con la igualdad, la trasposición se hubiese hecho de manera inmediata. A veces creo que olvidan que llevan siete años en el Gobierno. Por lo tanto, la mala gestión no es de otros Gobiernos
ni es de los Gobiernos autonómicos ni de los ayuntamientos, es suya. (Aplausos). Lo que hay detrás de este incumplimiento y de este retraso es que a ustedes les ha importado más el permiso de sus socios de investidura para permitir que Sánchez
llegue a la Moncloa y siga en la Moncloa que los permisos por cuidados y nacimiento. Eso es lo que les ha preocupado. (Aplausos).
Señora vicepresidenta, este real decreto incumple el espíritu de la directiva. Lo han dicho algunos de los portavoces anteriores. Están hablando de corresponsabilidad hasta que se cumple un año y la directiva de lo que está hablando es de
corresponsabilidad hasta que se cumplen ocho años, y ustedes eso no lo han tenido en cuenta. Y tampoco es una directiva que haya nacido del diálogo social. Nosotros somos unos convencidos del diálogo social. Todas las medidas que se han acordado
en la Mesa del Diálogo Social han mejorado considerablemente la vida de los trabajadores y de las empresas españolas, pero ustedes en esta ocasión han optado por la imposición y no por el diálogo.
Señora vicepresidenta, usted lo sabe, como lo saben todos los miembros de esta Cámara: España es un país de pymes y de autónomos. El 99 % de nuestro tejido empresarial son pymes y autónomos. Y si lo sabe, porque conozco que es así, ponga
los pies en la tierra. Váyase a una cafetería, váyase a una
peluquería, váyase a cualquier pequeño negocio y va a encontrar autónomos con trabajadores a su cargo, a pequeños empresarios que hacen todo lo posible por mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Pero también es importante
que eso no signifique ni arruinar ni cerrar esas pymes y esos negocios de los autónomos. (Aplausos).
Se ha hablado a lo largo de la tarde del coste económico de estas medidas. Yo le voy a hablar de otro coste, del organizativo. Hemos de tener en cuenta que estas medidas se van a aplicar por igual a las empresas del IBEX que a un pequeño
autónomo que tenga cuatro trabajadores a su cargo o que tenga siete o diez. Señora vicepresidenta, se tenían que haber sentado con ellos, tendrían que estar con ellos para escuchar la dificultad que tienen en su día a día para implementar este tipo
de políticas y no traer aquí un parche que supone este real decreto, sino una política de conciliación y corresponsabilidad integral que también dé respuesta a esas necesidades. (Aplausos).
Este real decreto posiblemente evite la sanción, pero lo que no va a hacer es transformar ni mejorar la capacidad de conciliación y corresponsabilidad a partir del primer año de vida de ese menor con estas medidas. Porque aquí ustedes lo
que han hecho ha sido un ejercicio de trilerismo parlamentario. Han mezclado todos los supuestos permisos, las semanas, los meses, cuando no tenían nada que ver. Incumplen el permiso parental retribuido de ocho semanas porque hay dos de ellas que
las incorporan en el permiso por nacimiento. ¿Y en familias monoparentales qué han hecho? Nada que no haya sido ya reconocido por los tribunales. Y, por supuesto, ni una palabra en este real decreto sobre aumentar las ayudas a las familias
españolas, que son a las que menos ayudas dedica este Gobierno, con un 0,6 % del PIB, cuando la media de la Unión Europea es del 2,5 %.
Señorías, en el Partido Popular lo tenemos absolutamente claro. El futuro de España en gran medida depende de las políticas de conciliación y de corresponsabilidad, porque estamos hablando de la vida de los hombres y mujeres y estamos
hablando de la sostenibilidad del estado del bienestar, esa red que siempre nos protege, sea cual sea la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Alberto Núñez Feijóo se ha propuesto devolver a las familias españolas su esfuerzo,
poniendo el estado del bienestar a su servicio. (Rumores). Sí, señorías poniendo el estado del bienestar a su servicio y no a su cargo, como están haciendo ustedes. (Aplausos). Por eso vamos a seguir defendiendo, porque lo vamos a hacer, la
proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar. No es un parche, es una política integral que busca una revolución en materia de conciliación y no cumplir porque nos sancionan lo que nos está diciendo la Unión Europea. Señoras
diputadas y señores diputados, conciliar no es una cesión ni tampoco una concesión, es una necesidad de la sociedad española y un derecho de hombres y mujeres; además, es una decisión valiente hacia un modelo más inteligente, más humano y más
alineado con la vida de los españoles. España, como les decía, necesita una revolución en conciliación y no un parche porque nos sancionen.
Señorías, hablábamos de qué están diciendo los españoles esta tarde. Lo que nos están pidiendo no son milagros, sino que hablemos y trabajemos de su situación laboral, de su situación familiar, de su familia y también de que no se les
machaque a impuestos y de no tener un Gobierno que les robe. Y es que su Gobierno, señora vicepresidenta, exprime más a los ciudadanos que lo que les cuida: les cobra mucho y les devuelve poco. Es normal, por tanto, que en la sociedad española
haya una sensación extraña, que les repugne que el esfuerzo de sus impuestos, en lugar de destinarlo a políticas de familia y a políticas sociales, se haya destinado a pagar a mujeres prostituidas, la peor corrupción posible (aplausos) que usted,
por cierto, sigue tapando.
Y a la portavoz del PSOE...
La señora PRESIDENTA: Señora Fúnez...
La señora FÚNEZ DE GREGORIO: Ya termino, presidenta.
Los españoles lo que no quieren es un Gobierno que gaste sus impuestos en mujeres prostituidas, y eso es lo que han hecho miembros de su Gobierno, al que usted defiende y apoya. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fúnez.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES PARA AFRONTAR EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2025/2026. (Número de expediente 162/000566).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a garantizar la igualdad de los españoles para
afrontar el inicio del curso escolar 2025/2026.
Para presentar la iniciativa, tiene la palabra el señor Clavell López.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero iniciar mi intervención mandando un caluroso saludo a todos los niños y jóvenes que empiezan durante estos días sus clases; a los profesores, pilar fundamental del sistema educativo, mucho ánimo en su dura pero gratificante tarea; y
a los padres, ese alivio que suele llegar siempre a principios de septiembre.
Dicho esto, quiero dedicarme a hablar sobre esta iniciativa y no perder más de la mitad de mi tiempo, como ha hecho la diputada socialista en la proposición de ley que mi grupo ha presentado sobre las necesidades educativas especiales, que
ha hablado de todo menos de la cuestión. Visto lo visto, es preferible que no lo hagan si lo tienen que hacer en los términos del portavoz socialista, Patxi López, refiriéndose a los centros de educación especial como guetos escolares. Qué manera
más burda de insultar (aplausos) a los magníficos profesionales que se sacrifican cada día, a las familias que eligen libremente matricular allí a sus hijos y a los niños, a los alumnos que gracias a estos centros salen adelante a pesar de las
dificultades. Señores socialistas, vergüenza les debería dar. (Rumores.-Aplausos).
Dicho esto, precisamente hoy no es un buen día para la educación española, no solamente porque es el inicio del curso escolar más caro de la historia, sino también porque la OCDE ha hecho público en su informe Panorama de la Educación que se
duplica la baja formación de la población y que España encabeza el número de ninis en la Unión Europea. Y, desgraciadamente, la cosa tampoco mejorará este curso, porque cuando el Gobierno está centrado en ocultar sus casos de corrupción, pasa lo
que pasa; cuando la principal preocupación del Gobierno es hacer desaparecer los bochornosos casos de prostitución, pasa lo que pasa; cuando tenemos a una ministra de Educación desaparecida, con dejadez de funciones y que únicamente ejerce como
portavoz de ese mismo Gobierno corrupto y consumidor de prostitución, pasa lo que pasa. Y mientras todo esto ocurre, los problemas de los ciudadanos quedan desatendidos e incluso se les crean otros nuevos allí donde no existían. Parece ser que los
españoles no han sufrido lo suficiente con un aumento de la inflación de un 23 % en el último lustro, con los cambios en la nueva tributación del IVA, con el precio disparado de la vivienda o con las consecuencias del apagón de abril, que ahora
tienen que hacer frente a la vuelta al cole más cara de la historia. Si calculamos una media de 500 euros por niño, supone la tercera parte de una nómina de 1500 euros. Pero si el número de hijos aumenta, ese crecimiento sigue la misma tendencia
frente a la misma nómina. Para que luego nos digan que están tomando medidas ante la caída de la natalidad.
Hecha la fotografía de la cruda y dura realidad, qué hace el Gobierno al respecto, nos podemos preguntar. Ausencia de presupuestos generales del Estado durante varios años, en los que podrían incluirse medidas que proponemos en esta
iniciativa. No aumentan los recursos educativos a las familias con mayor vulnerabilidad. Casi tres millones de niños, oiga, casi tres millones de niños y adolescentes, un 35 % del alumnado, viven en riesgo de pobreza o exclusión. Incluso Educo
exige al Ministerio de Educación un programa de cooperación territorial, como también nosotros se lo pedimos. Podrían financiar adecuadamente las escuelas con mayores necesidades. El Gobierno debería comprometerse a mejorar la financiación de
nuestro sistema educativo y no empeorarlo con sus respectivas leyes. Y la única ocurrencia que ha tenido durante estos días ha sido, dentro de este sainete que es la quita autonómica, impedir que ese dinero vaya a gasto social y, por tanto, a la
educación. Otra de las tantas mentiras -bueno, cambios de opinión- de Pedro Sánchez, que tardó cuarenta y ocho horas en desdecirse, todo para ocultar que esa quita es un chantaje independentista para que Sánchez siga durmiendo en la Moncloa.
(Aplausos).
Como decía, tenemos a una ministra centrada en defender lo indefendible de este Gobierno y en sus ratos libres, que son muchos, en hacer política autonómica en Aragón, mientras que huye de las conferencias sectoriales, que las hace vía
correo electrónico, y, por tanto, huye de los consejeros y de las
comunidades autónomas, es decir, de los ciudadanos españoles. Ministra que ha sido durante más de cuatro años incapaz de elaborar un estatuto docente que dignifique la profesión, solamente aquel folleto propagandístico de las veinticuatro
propuestas. Los principales sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, CSIF y ANPE- amenazan con ir a la huelga. El descontento del profesorado es generalizado y consideran la LOMLOE ineficaz y obsoleta. La panacea de la digitalización está siendo
criticada duramente por pediatras, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, mientras congela el programa de libros y material escolar. Sigue sin garantizar la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. ¿Dónde quedaron aquellos
175 millones de euros prometidos por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes? No asume el cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas. Y no atiende al sobrecoste que supone escolarizar a los alumnos
inmigrantes. Somos una pésima referencia para los estudios internacionales y somos el segundo peor país de la Unión Europea en cuanto al abandono educativo.
En este mismo instante, quiero recordarles que en diciembre la Comisión de Educación de esta Cámara aprobó una iniciativa -eso sí, sin los votos de Partido Socialista y de Compromís- en la que se solicitaba un plan de contingencia para
situaciones de emergencia y financiación de las actuaciones necesarias para los centros educativos afectados por la dana. ¿Saben en qué ha quedado todo eso? En nada. Hoy, de los 115 centros educativos afectados por la dana, solamente ocho están
dando sus clases en instalaciones provisionales. Por eso, ya que no está presente, señora Alegría, la fiel escudera de un Gobierno acorralado por casos de corrupción, la que sigue dando la cara y es voz visible de este Gobierno exhausto, puede
usted continuar con su agenda electoral y utilizar el escaparate del ministerio para su campaña aragonesa, al igual que hacen otros tantos compañeros suyos de Gobierno. Eso sí, le pido, señora Alegría, allí donde esté, que deje de manosear la
educación de nuestros niños y jóvenes. Deje de jugar con las nuevas generaciones, que todos tengan las mismas oportunidades y no impida que se labren el mejor futuro.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Clavell.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Robles López. (Aplausos).
El señor ROBLES LÓPEZ: Señora presidente, señorías, señor Clavell, nos parecen bien algunos de los puntos del petitum, pero se ha olvidado usted de mencionar uno, el número 8, que en esta estrategia del PP parece que nos lo han copiado
entero, pero usted no ha dicho nada. Hablan ustedes en el punto 8 de garantizar la igualdad de todos los españoles mediante el establecimiento de currículos comunes en todas las regiones que refuerce la unidad de España. Le aplaudo la iniciativa,
se la aplaudo (aplausos), pero le recuerdo que ustedes gobiernan en Aragón, en Baleares, en Extremadura, en Andalucía, etcétera, y deciden sobre el 50 % del currículum en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales y sobre el 40 % en
aquellas que no lo tienen, y ustedes no tienen ni un currículum igual en ninguna de sus regiones en las que gobiernan. Ni uno, ni en Madrid ni en Galicia... (Aplausos). Y a lo mejor se refuerza mucho esa unidad nacional obligando al 50 % de las
clases en gallego en Galicia, o a lo mejor se refuerza esa unidad nacional, como hicieron ustedes en su momento, en Baleares o en Valencia. De manera que estamos de acuerdo, pero creo que están ustedes llevando demasiado lejos eso de copiarnos las
iniciativas a VOX, demasiado lejos. (Aplausos).
Otro punto que mencionan, con el que estamos razonablemente de acuerdo, es la financiación de los libros de texto, pero aquí hay que hacer una matización. Lo que no tiene ningún sentido es que todos los años las editoriales obliguen a
cambiar los libros de texto a las familias. Cambian cuatro fotografías y cuatro textos y las familias a gastarse un dineral en unos libros carísimos que no hacen falta; de hecho, ni siquiera son obligatorios. (Aplausos). Aquí da la impresión de
que ustedes no velan por las familias, sino por los intereses editoriales. Por otro lado, libros de texto en algunos de los cuales se dice que VOX es un partido malvado, nazi, y que los podemitas son maravillosos. En Cataluña, por ejemplo, a las
editoriales se les prohíbe que hablen de los reyes católicos porque por lo visto también eran fascistas, señor Clavell. (Aplausos).
Es increíble la transformación que ha sufrido el PP ahora que se barruntan tiempos de elecciones, y tampoco lo disimulan muy bien con el punto 5, del que usted -por algo será- tampoco ha dicho ni una palabra. Lo que piden no es que los
menas se vayan con sus padres, como se tienen que ir, no; lo que ustedes piden es mayor financiación a las comunidades autónomas para escolarizar a estos menores no
acompañados que han entrado de modo ilegal. Con quienes tienen que estar es con sus padres. Y si están escolarizados, porque lo tienen que estar en algunos casos, porque están de modo regular en España, ¿por qué suponen un sobrecoste?
¿Acaso porque hay que financiar esas asignaturas de cultura marroquí o de educación islámica que ustedes han retirado en Murcia por la presión de VOX? (Aplausos). ¿Es por eso por lo que hay un sobrecoste? Porque usted no ha dicho nada de esto. Y
esta es la cuestión fundamental: que ustedes no son creíbles. No son creíbles, porque tuvieron dos mayorías absolutas, la de Aznar y la de Rajoy, y no cambiaron la deriva ideológica de la educación en España. No cambiaron nada. Con la ley Wert,
la LOMCE, pusieron ustedes unas reválidas que estaban muy bien pensadas y en cuanto los sindicatos empezaron a protestar, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? Lo sabe usted perfectamente: retirarlas. Ustedes, ya sabe, se pliegan siempre a las
necesidades de la progresía española. No hicieron nada, ¿y ahora usted viene aquí a decirnos que quieren garantizar -ustedes- la igualdad de todos los españoles cuando están promocionando la política de hablar con la Administración únicamente en
gallego o en valenciano o en la lengua balear, cuando ustedes, con dos mayorías absolutas, asumieron toda la ideología progre del Partido Socialista? (Aplausos). ¿Ahora? ¿Ahora van a hacerlo, por fin, copiando propuestas a las que
sistemáticamente han votado en contra? Porque ustedes votaron en contra cuando nosotros propusimos que el 90 % del currículum fuese igual en todas las comunidades autónomas, votaron en contra en la tramitación de la LOMLOE. ¿Y ahora nos vienen
todo esto, copiándonos a nosotros? Si es que no hay quien les crea, señor Clavell, no hay quien les crea. Esto es una chapuza. Ustedes hacen buena aquella frase de El Gatopardo -fue lo que hizo el señor Wert y también lo que se hizo en tiempos de
Aznar-, aquello de cambiar algo para que todo siga igual. Para que cambie todo radicalmente, solo queda VOX para cambiar la educación en España, con una educación orientada al conocimiento, con una enseñanza con reválidas -que nosotros sí las
pondremos-, con una enseñanza igual para todos los españoles, donde el 90 % de los contenidos se decida desde el Gobierno central para que haya igualdad real y efectiva y no este café para todos que ustedes nos traen aquí y que no se cree nadie.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Àgueda Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Senyor Clavell, senyories del PP, s'omplen la boca ací al Congrés parlant de reforçar l'educació pública, però al País Valencià ?al seu i al meu- han retallat 1135 docents en un sol curs, un 67 % menys de reforç als instituts i un 18 %
menys a les escoles. Eixa és la seua coherència? Prediquen ací en Madrid mentre que retallen al País Valencià. I sí, senyories del Partit Popular, 1135 persones menys a les aules. I això no són sols números, són... Sí, senyories del Partit
Popular, 1135 persones menys a les aules. I això no són sols números. Són classes massificades. Són alumnes que no reben l'atenció, que necessiten i són mestres i professors carregats amb més feina i amb menys suport. I eixa és la seua política
educativa: més tisores i menys recursos. I encara tenen la barra de dir que vostés defensen l'educació pública. Senyories, defensar l'educació pública no és posar-la als cartells, és invertir en els pressupostos per a què eixa educació siga
factible. Perquè, a més a més, i parlem d'un professorat, el valencià, que és el pitjor pagat de tot l'Estat, un professorat que vostés menyspreen, que vostés insulten i que vostés volen convertir en culpable del desastre que vostés mateixos han
provocat.
El conseller Rovira ha eliminat un 67 % dels reforços als instituts i un 18 % a les escoles. I després el conseller té la cara forrada de vaqueta de dir que és que el professorat valencià no treballa. Això ho diu el conseller i el
professorat es dixa la pell cada dia, se la va dixar i va estar al costat de l'alumnat quan estàvem en pandèmia, va estar traient la fang de les escoles quan estàvem en la dana i ara estan fent classes, molts d'ells en condicions impossibles, per
culpa del conseller Rovira i del govern del PP. I la seua negligència també arriba a l'educació, perquè van abandonar els equips directius i docents en la seua sort enmig de l'emergència de la dana. Van permetre que entraren treballadors a les
escoles quan hi havia perill d'enderrocament. I quin va ser el resultat? El resultat és que hi ha un treballador que va perdre la vida en una escola de Massanassa.
Senyories, la incompetència del Partit Popular no és teòrica, té conseqüències reals, té noms i cognoms. I ahir mateix, senyor Clavell, 3000 estudiants valencians van començar el curs en barracons i 600 xiquets i xiquetes afectats per la
dana encara no saben quan van a començar el curs ¿i vosté té el
morro de dir-nos a nosaltres, que si fem immersió, si no fem, quan vostés tenen la Generalitat Valenciana, tenen la competència d'educació i no tenen preparat el curs escolar, l'inici de curs escolar? N'hi han 600 xiquets i xiquetes que no
poden anar a classe per culpa de vostès. Han fracassat en la gestió bàsica, en garantir un inici de curs digne per a ells i per a elles. Però clar, per al que sí que hi ha diners és per a les mariscades que fa el conseller Rovira. Per això sí que
tenen diners. Barracons per a l'alumnat, però mariscades per al conseller. Eixa és la foto real del Partit Popular: institucions al servei del luxe propi i precarietat per a la gent normal. I després tenen la barra d'anunciar, com si fora la
cosa més extraordinària del món, un suposat pla de xoc per a l'inici de curs. Quin pla de xoc? Si l'únic que fan vostès és xocar l'educació pública per a que no tinga recursos, el que volen és rebentar-la i el que vostés fan és intentar fer
inviable una escola pública. Volen arraconar-la, perquè el que volen és obrir les portes de bat a bat als interessos privats dels seus amiguets.
Senyories del Partit Popular, vostés no tenen, no poden, no tenen legitimitat per a parlar de l'educació pública, perquè vostès són el principal enemic de l'educació pública. Cada xiquet i xiqueta valenciana que enguany ha començat el curs
en un barracó, que no tenen infraestructures, que no tenen recursos i que no tenen materials, són un recordatori viu de la seua incompetència i del seu menyspreu cap a l'educació pública de qualitat i en valencià.
I el seu model, és clar: tisores per a l'escola pública i catifes roges per als seus amiguets. Eixe és el Partit Popular que estem patint i per això els diem ben clar que són un perill per a l'educació pública i per al futur del nostre
país.
Gracias, presidenta.
Señor Clavell, señorías del PP, se llenan la boca aquí en el Congreso hablando de reforzar la educación pública, pero en el país valenciano, en el suyo y en el mío, han recortado 1135 docentes en un solo curso, un 67 % menos de refuerzo en
los institutos y un 18 % menos en las escuelas. ¿Esa es su coherencia? Predican así aquí en Madrid mientras recortan en el país valenciano. Sí, señorías del Partido Popular, 1135 personas menos en las clases, y esto no son solo cifras, son clases
masificadas, son alumnos que no reciben la atención que necesitan y son maestros y profesores cargados con más trabajo y con menos apoyo. Esa es su política educativa: más tijeras y menos recursos. ¡Y aún tienen el morro de decir que ustedes
defienden la educación pública! Señorías, defender la educación pública no es ponerla en los carteles, es invertir en los presupuestos para que esa educación siga siendo factible. Porque, además, hablamos aquí de un profesorado, el valenciano, que
es el peor pagado de todo el Estado; un profesorado que ustedes menosprecian, que ustedes insultan y a los que ustedes quieren convertir en culpables del desastre que ustedes mismos han provocado.
El consejero Rovira ha eliminado un 67 % de refuerzos en los institutos y un 18 % en las escuelas y después el consejero tiene la cara de decir que el profesorado valenciano no trabaja. Eso dice el consejero y el profesorado se deja la
piel. Cada día se la dejó. Estuvo al lado del alumnado cuando estábamos en pandemia; estuvieron limpiando las escuelas en medio de la dana; y ahora están ayudando y trabajando en condiciones imposibles por culpa del consejero Rovira y de su
Gobierno. Y también su negligencia llega a la educación, porque abandonaron los recursos directivos en medio de la emergencia de la dana. Permitieron que entraran trabajadores en las escuelas cuando había peligro de que se derrumbara. ¿Y cuál es
el resultado? Que hay un trabajador que perdió la vida en una escuela de Massanassa.
Señorías, la incompetencia del Partido Popular no es teórica, tiene consecuencias reales, tiene nombres y apellidos. Ayer mismo, señor Clavell, tres mil estudiantes valencianos empezaron el curso en barracones y hay muchos alumnos afectados
por la dana que aún no saben cuándo lo empezarán. ¿Y usted tiene el morro de decirnos a nosotros que si hacemos inversiones o no las hacemos cuando usted en la Comunidad Valenciana tiene la competencia de educación y no tienen preparado el inicio
del curso escolar? Hay seiscientos niños y niñas que no pueden ir a clase por culpa de ustedes. Han fracasado en la gestión básica, en garantizar un inicio del curso digno para ellos y para ellas, pero, claro, para lo que sí hay dinero es para las
mariscadoras que se hace el consejero Rovira. Para eso sí que hay dinero. Barracones para el alumnado, pero mariscadoras para el consejero. Eso es el Partido Popular: lujo para ustedes y precariedad para la gente normal. Y luego tienen el morro
de anunciar, como si fuera la cosa más extraordinaria del mundo, un supuesto plan de choque para el inicio de curso. ¿Qué plan de choque, si lo único que hacen ustedes es chocar la educación pública para que no tenga recursos? Lo que quieren es
reventarla y lo que ustedes hacen es intentar hacer inviable una escuela pública. Quieren arrinconarla porque lo que quieren es abrir las puertas a los intereses privados de sus amigos.
Señorías del Partido Popular, ustedes no tienen -y no pueden tenerla- legitimidad para hablar de educación pública porque ustedes son el principal enemigo de la educación pública. Cada niña y cada niño valenciano que hoy ha empezado el
curso en un barracón, que no tiene infraestructura, que no tiene recursos y que no tiene material es un recordatorio vivo de su incompetencia y de su menosprecio hacia la educación pública de calidad y en valenciano. Y su modelo es claro: tijeras
para la escuela pública y ayudas para sus amigos.
Por eso se lo decimos bien claro: son un peligro para la educación pública y para el futuro de nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Micó.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Arratsalde on berriro ere.
Seré breve. Será casualidad que el Partido Popular presente dos iniciativas de carácter educativo en la tarde de hoy, en el primer Pleno de la presente edición de la legislatura. Don de la oportunidad, casualidad o inicio del curso, con lo
que eso supone de momento sensible para muchas familias. Quizá ellos también han pillado esa sensibilidad o esa situación que tienen algunas familias.
Voy a ir directo al grano. El PP plantea una serie de medidas al Gobierno que podrían estar bien si fueran competencia del Gobierno, porque ustedes -ya se lo han recordado- también han estado en el Gobierno y cuando han estado en el
Gobierno también han dicho que esto es competencia de las comunidades autónomas. Y yo entiendo y creo que es competencia de las comunidades autónomas, pero ¿cómo entendemos las competencias en materia educativa? Nosotros lo entendemos como una
materia con total responsabilidad, tanto en lo económico como en los contenidos, en lo programático. Nosotros decidimos; nosotros decidimos qué financiamos y nosotros decidimos cómo financiamos, de la misma manera que nosotros decidimos qué modelo
educativo proponemos y establecemos para nuestra sociedad. Eso entendemos por autonomía educativa, eso entendemos por autonomía política, cuando nos va bien y cuando no nos va bien, cuando en lo económico pintan bastos o pintan oros, no depende de
la situación. Las prioridades son un elemento programático y en Euskadi así lo hemos llevado, por lo menos el Partido Nacionalista Vasco. Eso sí, que nadie se meta en nuestro sistema educativo. Por eso apelamos a la responsabilidad de las
comunidades autónomas para que sean competentes y ejercientes de sus competencias -si es que verdaderamente creen en ello- y que administren, prioricen y planteen políticas propias.
En Euskadi, en el marco del ejercicio de las competencias en educación, se cuenta con una política de becas y ayudas al estudio y a los servicios complementarios, como transporte y comedor, que garantizan la equidad de todo el alumnado en el
sistema educativo vasco, desde etapas tempranas hasta universitarias. Hay una máxima que es sagrada para nosotros: que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Para que este principio se pueda cumplir, el gobierno vasco, por ejemplo,
este verano ha puesto a trabajar su maquinaria para que Euskadi pueda seguir teniendo uno de los índices de equidad educativa más altos de todo el Estado para el curso que viene. Y para ello ha aprobado la concesión de 72 millones de euros a becas
para estudiantes en la etapa no universitaria, con el objetivo de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, 195 000 ayudas a 120 000 estudiantes. Son datos, hechos. Si fuera necesario, el presupuesto se
ampliaría para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Entre las novedades de este año, se ha añadido la deducción por familia monoparental y se ha incluido un régimen de becas para las mujeres víctimas de violencia de género y de
violencia sexual. Este marco engloba la política de becas no universitarias y servicios complementarios de comedor y transporte -lo que ustedes piden- como herramientas y elementos equilibradores del alumnado. Por otro lado, la gratuidad del
acceso a las haurreskolak -las guarderías-, como medida para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, supondrá una financiación global de 79,6 millones de euros. 5 millones de euros para la adquisición de libros de texto para el
curso escolar. Lo que ustedes piden en Euskadi ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en Euskadi porque priorizamos la educación, no porque nadie nos regale nada ni nos den pagas extra desde el Gobierno, sino porque no queremos ni debemos cargar más
sobre las espaldas de los ciudadanos y las ciudadanas vascas el esfuerzo que supone atender a las necesidades escolares y extraescolares, que todos sabemos cuáles son.
Defendemos nuestra autonomía educativa cuando le viene bien al PSOE, en este caso, y cuando no le viene bien también. No se trata, pues, de entrar en esa batalla entre unos y otros. Nosotros, a lo nuestro; ustedes, planteen las guerras
que quieran.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aguirretxea.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo La Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on, guztioi!
Ni ere motz-motzean arituko naiz. Gaur, talde popularrak hezkuntza eskumenak eta, ondorioz, beren finantzaketa erkidego autonomoen esku daudela ahaztuta edo legez besteko proposamen bat aurkeztu digu. Talka plan bat, euren hitzetan. Legez
besteko proposamenaren zioen azalpenean. Hezkuntzan omen dauden hainbat gabezia edo erronka zerrendatzen dira, besteak beste, ikasturtearen hasierari aurre egiteko desberdintasunak erkidegoen arabera, eskolatze-uzte goiztiarra, errendimendu handiko
eta txikiko ikasleen tasak edo Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasleen irakurmen ulermen maila baxuak. Eta arazo horiek, eta gehiago, azken bi urteetako Estatuko aurrekontu orokorren faltari edo arloko ministroaren agendari egotzi zaizkio.
Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Seré breve. Hoy, el Grupo Popular, olvidando que las competencias de educación y, por tanto, su financiación, corresponden a las comunidades autónomas, nos presenta una proposición no de ley, un plan de choque, según sus propias palabras.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley se enumeran una serie de carencias o desafíos que, según ellos, existen en la educación, entre los que se encuentran las diferencias entre comunidades autónomas para afrontar el inicio del
curso escolar, el abandono escolar prematuro, las tasas de alumnado de alto y bajo rendimiento o el bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos y alumnas de cuarto de primaria. Y esos problemas, y muchos más, se atribuyen a la falta de
presupuestos generales del Estado de los dos últimos años o a la agencia de la ministra del ramo.
Y una vez expuestos los motivos y los presuntos culpables nos proponen un plan de choque para afrontar el inicio del nuevo curso escolar garantizando la igualdad. Un plan que probablemente a ustedes, señorías del Grupo Popular, les parezca
un plan sin fisuras, pero que, en nuestra opinión, además de no proponer ni una sola medida para afrontar los retos educativos que he mencionado en euskera y que aparecen en su exposición de motivos, lo que propone es una serie de peticiones que no
son más que otra muestra de su incapacidad de gestión, incapacidad total y absoluta de gestionar sus competencias autonómicas, en esta ocasión las educativas.
Ante el nuevo curso, hablan ustedes de garantizar la igualdad entre ciudadanos y comunidades, pero la realidad es que esas diferencias las han creado ustedes con su gestión. Han bajado impuestos -sobre todo a quienes más tienen- a costa de
recortar en políticas públicas y sociales, es decir, a costa de lo que garantiza la igualdad de la ciudadanía. Y ahora, como las cuentas no les salen, ¿qué hacen? Pedir más financiación al Estado y cooperación territorial, como si estuvieran
planteando algún tipo de solución maravillosa para todas y todos. La mayoría de las medidas que ustedes han propuesto en su PNL se llevan trabajando muchos años en diferentes comunidades -al menos en la que yo conozco, en Euskal Herria- con
financiación propia y dándoles cauce mediante nuestros presupuestos. Es nuestra competencia y, por tanto, nuestra responsabilidad. Desde luego, no estamos en las cifras que Euskal Herria Bildu desearía, pero sí infinitamente mejor que en la
mayoría de las comunidades que ustedes gobiernan.
Señorías del Grupo Popular, es su responsabilidad gestionar la educación en las comunidades en las que gobiernan, asignándole en sus presupuestos la financiación necesaria. Háganlo y dejen de intentar que los y las demás corramos con los
gastos de su incompetencia.
Beraz, baloiak kanpora botatzeari utzi eta bakoitzak bere erantzukizunak eta bere ardurak har ditzala eta bere betebeharrak bete. Esan gabe doa, noski, ezetz esango diogula legez besteko proposamenari.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Por tanto, dejen de echar balones fuera, que cada cual asuma sus responsabilidades y obligaciones y cumpla con ellas. Y ni qué decir tiene que diremos que no a esta proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fullaondo.
Por el Grupo Parlamentario Republicà, té la paraula la senyora Estrems Fayos.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, he de confessar que quan vaig llegir el títol d'aquesta PNL em vaig fer il·lusions perquè em pensava que vostès volien tornar a parlar de llengua i de la imposició del castellà i del que pateix, i sincerament,
estic una mica decebuda amb la proposició no de llei que presenten vostès, senyories del Partit Popular.
Vostès presenten una PNL per dir que el Govern no té pressupost i que hauria d'invertir més en educació. Un cop més, vostès utilitzant l'educació com a arma política, en una cosa o en un altre. Però el més sorprenent és que tenen vostès la
barra de venir aquí avui a dir que les famílies estan mal finançades amb l'educació i que estudiar és molt car.
Jo vull fer un exercici de memòria. Se'n recorden vostès d'aquell 2012 on el Partit Popular tenia majoria absoluta en aquesta cambra i un president que es deia M. Rajoy? Se'n recorden? Se'n recorden que en aquell moment aquell govern va
retallar més d'un 21 % de pressupost en educació? Se'n recorden quan van retallar al mateix moment tres milions d'euros, 3000 milions d'euros en educació i 7000 milions d'euros en sanitat? Se'n recorden? Això, senyories del Partit Popular, va
suposar un augment del 20 % de les ràtios d'alumnes per classe i un augment d'entre el 15 i el 25 % de les taxes universitàries en la matrícula del primer curs, la supressió de programes educatius en escoles bressol, per exemple ?un tema que
precisament ara reivindiquen que s'ha de finançar en aquesta PNL. Amb les seves retallades es van perdre 14 000 llocs de treball de professorat al 2012. Del 2010 al 2012, els pressupostos educatius es van reduir en més de 6300 milions d'euros. Es
van retallar nombrosos programes de suport, com els plans de reforç PROA, de lluita contra l'abandonament, beques d'idiomes, Erasmus, llibres de text... Aquesta caiguda va representar el 37 % menys en els fons del Ministeri d'Educació.
Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, que diríem, i revertir una mica aquestes retallades. I escolti'm, bé, s'han retallat... s'han revertit en gran part per l'esforç que han fet les comunitats. En el nostre cas, al nostre país,
Catalunya, hem treballat incansablement per revertir les seves retallades i les del president Mas ?per cert, de l'antiga Convergència. Amb moltíssim esforç perquè, mirin, el dèficit fiscal a Catalunya el 2020 i el 2021 és el resultat d'haver
aportat el 19,3 % i el 19,2 % dels ingressos de l'Estat i, en canvi, haver rebut només el 13,7 i el 13,6, del total de la despesa de l'Estat. L'última dada que tenim del 2022 parla de 22 000 milions d'euros de dèficit fiscal a Catalunya. Saben què
és això? És l'equivalent al 9,6 % del producte interior brut del nostre país, 3000 euros de pèrdua per a cada català i catalana cada any. I per fer-ho més gràfic, ja que vostès parlen aquí d'educació, els recursos equiparables al pressupost sencer
anual dels departaments de Salut, Educació i Drets Socials junts.
I vostès volen donar-nos engrunes amb les propostes d'aquesta PNL? Una PNL que, per altra banda, tampoc respecta les competències de la Generalitat de Catalunya, com comentaven els companys bascos. Però això és el que fa sempre el Partit
Popular: centralitzar, homogeneïtzar i anar fent amb qualsevol política que treballen.
Esquerra Republicana hem defensat sempre i sempre defensarem el model republicà d'educació, l'educació pública, gratuïta i de qualitat. Des de Catalunya i per Catalunya, l'escola catalana és una eina de cohesió i d'igualtat. El sistema
educatiu el que necessita és un bon finançament estable que s'adapti a les realitats socials de cada territori. I saben com es fa això? Amb un finançament just i equitatiu, amb un retorn dels impostos que paguen els catalans i les catalanes a
Catalunya, per finançar llibres, l'educació 0-3 ?per cert, un programa que va engegar el govern republicà de Pere Aragonès i que ara vostès venen aquí, que no sé si es pensen que han inventat la sopa d'all- finançar programes de pràctiques... Bé,
el que calgui, però que decidim, com deia des de Catalunya. Un finançament singular i just, que per cert, senyories del Partit Socialista, això té un primer pas. Saben quin és el primer pas? Que Catalunya pugui recaptar els seus impostos propis,
començant per l'IRPF, i ho tenen fàcil perquè ja els hem presentat nosaltres la proposició de llei. No la bloquegin i facin que tiri endavant.
Com deia, fàcil, una educació més assequible passa per una educació més ben finançada, dins i fora de les aules. I això vol dir, com dèiem a la primera PL, recursos gestionats des de la proximitat i no lleis recentralitzadores espanyoles.
Moltes gràcies.
Tengo que confesar que cuando leí el título de esta PNL me hice ilusiones porque pensaba que ustedes querían volver a hablar de lengua y de la imposición del castellano, de todo lo que llega a sufrir, pero, sinceramente, estoy un poco
decepcionada con la proposición no de ley que proponen ustedes, señorías del Partido Popular.
Ustedes presentan una PNL para decir que el Gobierno no tiene presupuesto y que tendría que invertir más en educación. Una vez más, ustedes utilizando la educación como arma política, en una cosa o en otra. Pero lo más sorprendente es que
ustedes tienen la cara de venir aquí hoy a decir que las familias están mal financiadas en la educación y que estudiar es muy caro.
Yo quiero hacer un ejercicio de memoria. ¿Se acuerdan ustedes de ese 2012 cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara y un presidente que se llamaba M. Rajoy? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de que en ese momento ese
gobierno recortó más de un 21 % del presupuesto en educación? ¿Se acuerdan cuando recortaron a su vez 3000 millones de euros en educación y 7000 millones de euros en sanidad? ¿Se acuerdan? Eso, señorías del Partido Popular, supuso un aumento del
21 % de las ratios de alumnos por clase y un aumento de entre el 15 y el 21 % de las tasas universitarias en el primer curso, la superación de programas educativos en las escuelas infantiles, etc. Allí se perdieron 14 000 plazas de trabajo en 2012.
Del 2010 al 2012, los presupuestos educativos se redujeron en más de 3600 millones de euros, se recortaron diferentes programas de apoyo, como el Plan PROA, de lucha contra el abandono, becas de idiomas, Erasmus, libros de texto, etcétera. Esa
caída supuso un 37 % menos en los fondos del Ministerio de Educación.
Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí y revertir un poco estos recortes. Escuchen bien: se han revertido, en gran parte, por el esfuerzo que han hecho las comunidades. En nuestro caso, en Cataluña, hemos trabajado incansablemente
para poder revertir sus recortes y los del presidente Mas -por cierto, de la antigua Convèrgencia-, con mucho esfuerzo, porque el déficit fiscal en Cataluña en 2020 y 2021 fue el resultado de haber aportado el 19,3 y el 19,2 % de los ingresos del
Estado y, en cambio, haber recibido solo el 13,7 y el 13,6 % del total del gasto del Estado. El último dato que tenemos de 2022 habla de 22 000 millones de déficit. Eso es una alta cifra del PIB, 3000 euros de pérdida por cada catalán o catalana.
Y, para hacerlo más gráfico, ya que ustedes hablan aquí de educación, son los recursos equiparables al presupuesto entero anual de los departamentos de Salud, Educación y Derechos Sociales juntos.
¿Y ustedes quieren ahora darnos estas propuestas de PNL? Una PNL que tampoco respeta las competencias de la Generalitat de Catalunya, como comentaban los compañeros vascos. Pero eso es lo que hace siempre el Partido Popular: centralizar,
homogeneizar e ir tirando con cualquier política que trabaje.
Esquerra Republicana siempre ha defendido y siempre defenderá el modelo republicano de educación: una educación pública, gratuita y de calidad, desde Cataluña y para Cataluña. La escuela catalana es una herramienta de cohesión y de
igualdad. El sistema educativo lo que necesita es una buena financiación estable, que se adapte a la realidad social de cada territorio. ¿Y saben cómo se hace esto? Con una financiación justa y educativa, con un retorno de los impuestos que pagan
los catalanes y las catalanas a Cataluña, para poder financiar libros, educación de 0 a 3 -por cierto, un programa que empezó el Gobierno de Pere Aragonès y que ahora ustedes no sé si se creen que aquí han reinventado la rueda-, financiar programas
de prácticas, etcétera, pero decidiendo, como decía, desde Cataluña. Una financiación singular y justa. Por cierto, señorías del Partido Socialista, esto tiene un primer paso. ¿Saben cuál es? Que Cataluña pueda recaudar sus impuestos propios,
empezando por el IRPF. Y lo tienen fácil, porque ya les hemos presentado nosotros la proposición de ley. No la bloqueen y hagan que siga adelante. Como decía, es fácil.
Una educación más asequible pasa por una educación mejor financiada, dentro y fuera de las aulas. Y esto implica, como decía en la primera PL, recursos gestionados desde la cercanía y no leyes recentralizadoras españolas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Estrems.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Valero Morales.
El señor VALERO MORALES: Buenas tardes, señorías.
Hoy asistimos a lo que yo llamaría la estrategia Ayuso. El Partido Popular gobierna en once comunidades autónomas. Pues bien, para el Partido Popular, estas comunidades autónomas, su gente, sus servicios públicos no son más que peones en
su batalla contra el Gobierno de coalición. Para los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular mejorar la vida de la gente no es la prioridad; la prioridad es seguir los pasos de Génova en su asalto a Moncloa. (Aplausos).
Hoy, ese Partido Popular viene aquí a solicitar más recursos para educación; el mismo Partido Popular que allí donde gobierna recorta la educación pública y engorda la educación privada; el mismo Partido Popular que se niega a aceptar una
quita de deuda de 80 000 millones de euros que permitiría financiar más educación y más sanidad. (Aplausos). Y yo me pregunto: ¿Cómo pueden ustedes mirar a la cara a una persona que lleva meses en una lista de la desesperación para que le atienda
un especialista o a un padre o una madre que tienen un niño en un colegio y necesita una atención individualizada y decirles que renuncian a la quita de la deuda? ¿Para qué vienen aquí a pedir más dinero? ¿Para seguir dando privilegios fiscales a
las grandes fortunas? (Aplausos). Realmente, ¿no se les cae la cara de vergüenza?
Hablan ustedes de las dificultades de las familias trabajadoras, del agobio económico en el inicio de curso, pero resulta que son ustedes quienes se oponen a toda medida social, resulta que es el Partido Popular quien vota en contra de la
subida del salario mínimo interprofesional y quien está en contra de regular el precio del alquiler. Sinceramente, a mí me da la sensación de que a ustedes les importan un rábano los agobios de la clase trabajadora de este país en el inicio de
curso. (Aplausos).
Su plan es simple y lo aplican sin piedad: recortar escuela pública, engordar la privada y segregar. Su plan se lleva al alumnado diverso a la escuela pública, pero lleva los recursos a la escuela privada concertada. Con su plan, el 75 %
del alumnado diverso está en la escuela pública y el 25 % en la privada o concertada. Esto se llama segregación, no es libertad de elección. (Aplausos). Con su plan, están llevando al rincón de pensar, al rincón de la clase, al alumnado más
vulnerable, al que se lo ponen más difícil. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues, primero, cerrando aulas públicas. Solo en Andalucía, desde que gobierna Moreno Bonilla, han cerrado 3000 aulas públicas; 3000 aulas públicas cerradas y cero aulas
privadas o concertadas que se hayan cerrado. Y aquí mismo, en Madrid, la señora Ayuso ya destina más fondos públicos a la educación infantil y primaria en la concertada o privada que a la red pública de educación infantil y primaria. En segundo
lugar, han convertido la Formación Profesional en un nicho de negocio de los fondos de inversión, entre otros del KKR, fondo de inversión israelí que opera en los territorios palestinos ocupados. (Aplausos). Y, en tercer lugar, lo están haciendo
ahogando económicamente a las universidades públicas y, a la vez, están abriendo universidades privadas y chiringuitos sin homologación que, eso sí, les sirven para engordar los currículums a los dirigentes del Partido Popular.
Todo eso está haciendo que las cifras adviertan de una clara tendencia. Y es que, en nuestro país, hay una tendencia a la privatización de la universidad. Los datos de la OCDE son claros: mientras que en la media de la OCDE el 84,9 % del
alumnado está en la red pública, en nuestro país es apenas el 68,1 %. Y los datos también son claros: los países con mejores resultados educativos son aquellos que dan más protagonismo a la escuela pública. (Aplausos).
Frente a lo que dicen ustedes en su PNL, lo cierto y verdad es que el Gobierno de coalición ha hecho transferencias históricas a las comunidades autónomas en materia educativa; transferencias directas a las comunidades autónomas en
educación no universitaria que, desde 2018 a 2023, han aumentado en más de un 1000 %. Las becas han aumentado en más de 1000 millones de euros desde que ustedes dejaron de gobernar este país. Sin embargo, esto no quiere decir que el Ministerio de
Educación no tenga que hacer su trabajo, tiene que garantizar que haya una educación pública, inclusiva y de calidad en el conjunto del territorio y que este país tiene que alcanzar el 7 % del PIB en inversión educativa. Pero es indudable que,
estando el 95 % de la inversión educativa en manos de las comunidades autónomas, estos esfuerzos del Gobierno de coalición no tienen el impacto necesario cuando llegan a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con sus recortes y sus
privatizaciones. (Aplausos).
Por tanto, lo que hay que hacer es lo que el Partido Popular ni quiere ni pide en su proposición no de ley: debemos blindar la escuela pública, ni un cierre de un aula pública allá donde se mantengan e incrementen las aulas privadas o
concertadas; hay que incrementar la oferta pública de la Educación Infantil de 0 a 3 años y de Formación Profesional, eso con lo que ustedes pretenden hacer negocio hablando de falsa gratuidad. También debemos bajar la ratio; si bajamos la ratio,
mejora la atención educativa, se reduce el abandono escolar y mejoran las condiciones de los docentes; unas mejoras de las condiciones de los docentes que se tienen que hacer aumentando las plantillas y bajando las horas lectivas.
Señorías, mientras el Grupo Popular viene aquí a utilizar la educación para confrontar y hacer negocio, nosotros y nosotras vamos a defender una educación pública, inclusiva y de calidad, al servicio de la clase trabajadora de este país.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Valero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Buenas tardes, señorías.
Bueno, señor Clavell, ¡vaya popurrí! Usted ha venido a hablar de educación y ha hablado de todo menos de educación. Eso sí, ha insultado, faltado al respeto y, como siempre, utilizando un tono absolutamente catastrofista para hablar de
educación que nada tiene que ver con la realidad. Yo le voy a recordar que la gestión de la educación la hacen las comunidades autónomas. Usted no está insultando a este Gobierno; lo que está haciendo es criticar precisamente a los gestores de
sus comunidades autónomas que, en estos momentos, desgraciadamente para la educación española, son gobernadas mayoritariamente por el PP. (Aplausos).
Pero vamos a hablar del tema. Como ya es habitual, nos traen una iniciativa de inicio de curso a la que han llamado de esta manera tan original: relativa a garantizar la igualdad de los españoles para afrontar el inicio del curso. ¡Casi
nada! Porque vamos, que el Partido Popular se atreva a hablar de igualdad en materia educativa es algo absolutamente incompatible y, además, está cargado de total hipocresía. ¿De qué igualdad hablan, señorías? ¿De la igualdad de todos los
españoles a la hora de pagar impuestos para pagar los recursos públicos y poderlos destinar a la educación, como es el caso? No, claro que no, en el Partido Popular de eso no entienden, porque ustedes lo único que entienden por igualdad es pedir
recursos a papá Estado, pero eso sí, no para redistribuirlos de una manera equitativa entre aquellos alumnos que verdaderamente lo necesitan. Así que menos hipocresía cuando hablan de igualdad.
Les voy a hablar de competencias, porque -ya se lo han comentado anteriormente- está iniciativa únicamente habla de competencias autonómicas. Y parece que lo que nos quieren trasladar es su absoluta incapacidad de gestionar en las
comunidades autónomas, y verdaderamente lo que parece que reclaman en esta PNL es una devolución de las competencias autonómicas en materia educativa al Estado, al más puro estilo de VOX. Si es que ya se lo ha dicho el señor Robles, que hasta les
copian las iniciativas; pero bueno, allá ustedes.
Señorías, ¿para qué gobiernan las comunidades autónomas si no son capaces de asumir ni una sola de sus responsabilidades? Nos están haciendo un relato muy parcial, como siempre, de la educación española, en esa línea de VOX de la que cada
vez es más difícil distinguirlos. Mezclan todo, absolutamente todo. Han hecho un popurrí en esta iniciativa... Hablan, por un lado, del gasto de las familias, de la tasa de abandono, del informe PISA, de la tasa de escolarización de 0 a 3
años..., pero luego poco tiene que ver con los puntos que reclaman en esta iniciativa. Y encima exigen presupuestos al Estado. ¡Hay que tener cara! Porque de las once comunidades autónomas que gobiernan le voy a recordar dónde no se han aprobado
presupuestos, por lo que nada para la educación. Se lo recuerdo: Extremadura, Castilla y León, Región de Murcia y Aragón. Y donde los han aprobado, ha sido subyugados a VOX. Así que pocas lecciones. (Aplausos).
Y, por si fuera poco, hay que recordarles que todos los incrementos significativos que se han producido en materia educativa en esos presupuestos, en los pocos que han aprobado, vienen de recursos del Estado. Le voy a recordar unos datos,
porque creo que no los tiene actualizados: 845 millones para fomentar la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil hasta el año 2028; más de 780 millones para la lucha contra el abandono escolar temprano mediante el programa PROA+;
más de 200 millones para atención específica al alumnado y a NEAE; 500 millones de refuerzo para la comprensión lectora y matemática. Y si tantas necesidades de inversión tienen sus comunidades autónomas, ¿por qué no aplican la fiscalidad justa?
Pero eso no, claro; lo que ustedes hacen es bajar los impuestos a los que más tienen y, eso sí, luego piden al Estado que pague y nos responsabilicemos entre todos. Eso es lo que yo llamo hipocresía y mucha cara. (Aplausos).
Y entro ya en su petitum. Ayudas para comprar libros. Yo creo que se tienen que enmendar, porque le recuerdo lo que hizo el señor Feijóo cuando llegó al Gobierno de Galicia. Lo primero que hizo fue eliminar los programas de gratuidad de
los libros de texto, y ahora vienen aquí a reclamar al Estado 100 millones cuando está poniendo 50 millones anuales. Lo que a mí me ha dejado totalmente sorprendida ha sido que vengan pidiendo más ayudas para comedores y transporte escolar, que
posiblemente sea el programa más social y de más conciliación que pueda haber en las comunidades autónomas en cuanto al sistema educativo. Pero usted sabe perfectamente que eso es competencia suya, es absolutamente competencia suya, y una
obligación total en las zonas rurales. Pero no, una vez más, a pedir. Es decir, incompetencia
de gestión. Ahora, nada dicen de la calidad de los menús ni de los precios asequibles.., de eso nos olvidamos. Es decir, calidad educativa, para otros.
Y que tengan la cara de intentar imponer el modelo de privatización en Educación Infantil al resto de España..., eso ya, de verdad, es para hacérselo mirar. Pues mire, no; este es un Gobierno progresista que ha hecho una inversión muy
importante para garantizar plazas públicas y que nadie se quede atrás. Desde luego, ningún niño sin el derecho a estar escolarizado, pero no el dinero de todos para favorecer a unos pocos. Así que, señorías, no pretendan engañar con esta PNL
apelando a la igualdad de oportunidades entre españoles, cuando lo que se está dejando claro es que con esta iniciativa lo único que se hace es agravar mucho más la desigualdad existente en el sistema educativo.
De las cuotas de la FP..., en fin, en fin. Es decir, el Gobierno está poniendo un 95 % para las cotizaciones a la Seguridad Social y ustedes, en sus propias comunidades autónomas, vienen a reclamar el 5 % restante. Pero bueno, ¿para qué
quieren las competencias?
Y el broche de oro a su PNL es, nada más y nada menos, su radicalización ideológica en materia de inmigración. No podían dejarlo pasar. En un reiterado ejercicio de dejación de funciones vienen a reclamar ahora más recursos, cuando ustedes
saben que es una obligación de las autonomías apoyar educativamente a los menores migrantes. Bueno, yo creo que ya han demostrado claramente...
La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: ... su deshumanización total con el trato a los menores no acompañados, y ahora ya, lamentablemente, lo quieren también trasladar al ámbito educativo.
Ustedes sigan por ese camino, que ya vemos cómo quieren contribuir a la mejora de la educación en España: con más segregación, no asumiendo ningún tipo de responsabilidad, intentando crear una imagen que debe estar exclusivamente en su
cabeza de lo que es un buen sistema educativo que funciona para todos y para todas. (Rumores). Así que, como comprenderán, no van a contar con ningún apoyo para ningún punto de esta PNL.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPULSO DE LA AGENDA 2030. (Número de expediente 162/000556).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la Agenda 2030.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
La Agenda 2030 es un compromiso de país; es una hoja de ruta que nos une con el resto del mundo; un faro para un futuro más justo, equitativo y sostenible. Es un acuerdo de la ONU que, con sus diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible, fue firmado por 193 países. El 99,5 % de la población mundial se puso de acuerdo; todos los continentes, todas las ideologías, todas las culturas; todos, excepto aquellos que desde el negacionismo atacan lo que hoy el mundo entero
acordó. Por eso estamos hoy aquí, para defenderlo.
La Agenda 2030 no es una ideología, es un plan de acción global, es un faro de la Ilustración que propone utilizar la razón y la ciencia para resolver los grandes retos de la humanidad. Su objetivo es claro: acabar con la pobreza, proteger
el planeta, luchar contra las desigualdades y garantizar la prosperidad de todos y de todas. Es un camino que -insisto- iniciamos y trazamos juntos y que hoy algunos se dedican a ridiculizar, convirtiéndolo en el blanco de los ataques más absurdos
y mezquinos. ¿Qué les molesta, señorías, de la Agenda 2030? ¿La sanidad pública, el fin de la pobreza infantil, el acceso a la educación, el fin de la violencia de género, el fin de las guerras, la protección de nuestros ecosistemas y ciudades...?
Digan qué es lo que les molesta tanto. Yo creo que la respuesta es simple: les molesta la verdad. Les molesta que la Agenda 2030 sea el espejo de una sociedad que avanza, que es diversa y que es plural. Y esa sociedad, señorías, es la que
ustedes no quieren. (Aplausos).
Permítanme que aquí me dirija directamente a ustedes, señorías de VOX, y también al Partido Popular, que cada vez se acerca más al negacionismo y al retroceso. A ustedes, que han encontrado en
la Agenda 2030 el chivo expiatorio para todos los males del mundo: que hay un incendio, la culpa es de la Agenda 2030; que hay una dana, la culpa es de la Agenda 2030; que hay sequía, la culpa es de la Agenda 2030; que sube la luz, la
culpa también es de la Agenda 2030. Esa es una retórica tan simple como peligrosa. Su modelo, el de Trump, el de Milei -ahora ya en horas más bajas-, o el de Le Pen, el del sálvese quien pueda, el de la motosierra y el del fanatismo negacionista
que ataca a la ciencia, a la cultura y a la diversidad, el modelo de los que siembran dudas para cosechar miedos. Es un modelo que hemos visto fracasar una y otra vez, y que aquí, en esta Cámara, en este país, no vamos a permitir que se imponga.
Ustedes representan la regresión, el retroceso y el miedo, y, frente a eso, nosotros defenderemos siempre el progreso, la razón y la esperanza. (Aplausos).
Señorías, la tragedia que hemos vivido este verano con los incendios tiene mucho que ver con esto. Permítanme ser claro. Lo ocurrido no es casualidad, es fruto y consecuencia directa del cambio climático y de decisiones políticas
negligentes. Es el resultado del negacionismo ideológico que ha costado y sigue costando vidas. Este verano ha sido el peor de nuestra historia. Han ardido más de 330 000 hectáreas en nuestro país, más de 100 000 en mi tierra, León. Ha sido una
auténtica catástrofe, porque detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada cifra hay hombres y mujeres que han perdido sus casas, que han perdido sus medios de vida y que han perdido incluso a seres queridos. Es una tragedia. Pueblos enteros
han sido arrasados, así como espacios naturales de incalculable valor: el Parque Natural Lago de Sanabria, la Montaña Palentina, varias reservas de la biosfera, Las Médulas en mi tierra, Patrimonio de la Humanidad, o los Picos de Europa, entre
otros tantos. Permítanme aquí también rendir homenaje a todos aquellos que han estado en primera línea: agentes medioambientales, brigadistas, bomberos, la Unidad Militar de Emergencia, ejército, sanitarios, vecinos y vecinas voluntarios, que han
dado una lección de valor y de compromiso. (Aplausos).
Este compromiso contrasta dolorosamente con la actitud del Partido Popular: el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, y su consejero, el señor Suárez Quiñones, afirmaron en numerosas ocasiones que mantener los
operativos antiincendios era un absurdo y un despilfarro, justo el argumento de quienes niegan el cambio climático, provocando así, durante años, un déficit estructural que ha tenido consecuencias letales. Desde el año 2015, Castilla y León ha
acaparado un cuarto de la ayuda estatal contra los incendios, más que Andalucía, más que Extremadura y más que Castilla-La Mancha juntas, incluso este año ha tenido que recibir la mitad de la ayuda estatal. Eso sí, hemos tenido que aguantar que el
señor Mañueco dijera que el operativo era suficiente. El Partido Popular, en aquel momento, lejos de asumir responsabilidades, optó por el espectáculo: llegó el señor Feijóo y apareció en escena. Llegó a León, a Palacios del Sil, montó un
escenario improvisado con un centro de mando e incluso se atrevieron a trasladar maquinaria de un incendio para hacerse una foto, para propaganda y propaganda, pero, en definitiva, nada para invertir en lo que tenían que haber hecho. (Aplausos).
En lugar de arrimar el hombro, se dedicó a culpar al Gobierno, al presidente y a la Agenda 2030. Ese es su concepto de patriotismo: aprovechar las desgracias para hacer oposición. Por si fuera poco, dio instrucciones a los presidentes de las
comunidades autónomas del Partido Popular para que hicieran una petición de medios sin precedentes: Castilla y León, Extremadura y Galicia propusieron movilizar más medios que todos los disponibles en la Unión Europea. No buscaban apagar los
incendios, lo que buscaban era un titular contra el Gobierno. Y lo hicieron, además, mientras tenían recursos propios y del Gobierno parados durante esta tragedia. Lejos de facilitar la coordinación institucional, prefirió montar el espectáculo
propagandístico en plena tragedia.
Si vemos la deriva del Partido Popular en los últimos meses, en las últimas semanas y en los últimos días, cabe preguntarles, señorías del PP, qué pretenden con todo esto. ¿Quieren convertirse en el partido más ultra de toda Europa?
Porque, de verdad, no lo puedo entender. ¿Qué piensan de lo que dicen sus compañeros de que no hay genocidio en Gaza? ¿De verdad creen lo que dice la señora Ayuso o el señor Almeida? ¿De verdad van a mantener al señor Tellado sentado en ese
escaño -hoy no ha aparecido-, un señor que ha dicho que hay que abrir fosas para enterrar a este Gobierno? (Aplausos). Creo que son declaraciones muy desafortunadas que deberían, de alguna forma, obligar a rectificar, porque lo que ocurrió en este
país fue que los fascistas, los asesinos, dieron un golpe de Estado en 1936 contra un Gobierno legítimo de la Segunda República, y creo que un buen demócrata no debería utilizar esa terminología. ¿A dónde van a llegar? ¿Y qué me dicen de su líder,
del señor Feijóo, que se dedica incluso a insultar en las redes sociales al presidente del Gobierno y que ha hecho algo inédito también en democracia, que es revelar conversaciones privadas con el jefe del Estado? ¿A qué deriva van a llegar? ¿El
Partido Popular, que ha sido un partido de Gobierno en nuestro país, va a enmendarse, va a volver a la senda del acuerdo, va a volver a la normalidad política?
Termino. Señorías, tienen una oportunidad muy importante hoy, la de apoyar esta proposición no de ley, pero también la de apoyar ese pacto de Estado que tiene que involucrar a todos los grupos parlamentarios para que logremos poner medidas
frente a la emergencia climática, un acuerdo de país que nos una en la defensa de nuestro planeta y de nuestra gente. El cambio climático no admite excusas, exige altura de miras y auténticas políticas de Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alfonso.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los diferentes grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Martínez Hierro.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Buenas tardes, señorías.
Bueno, ya nos ha introducido el tema. Hoy hablamos de la Agenda 2030, la hoja de ruta que nos recuerda que todos los retos que enfrentamos -la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la violencia contra los derechos humanos y su
vulneración- son globales, y, por tanto, solo pueden tener una respuesta colectiva, solidaria y multilateral.
La Agenda 2030 ha sido convertida en diana por la derecha y la ultraderecha, pero conviene decir claramente que no la atacan por su nombre, la atacan por lo que representa, porque detrás de esta agenda están las políticas que les incomodan a
ustedes y a sus amigos los ultrarricos y los autoritarios: subir el salario mínimo, reducir la pobreza, garantizar derechos laborales, avanzar en igualdad de género o apostar por energías limpias y proteger el planeta. Lo que la derecha combate no
es su nombre, la derecha combate la justicia social. Lo que les molesta no son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son las familias que hoy tienen un salario más digno, son los jóvenes que ven un futuro en las renovables, son las mujeres que ya
no aceptan trabajos precarios ni violencia en sus vidas y son los pueblos que quieren vivir con dignidad en lo rural y en lo urbano. Y atacan la Agenda 2030 porque no soportan que avancemos en derechos. Y conviene decirlo claro. Los enemigos de
esta agenda son los de siempre: los ultrarricos, que contaminan sin límites mientras esconden sus fortunas en paraísos fiscales; los autoritarios, que desprecian la democracia porque les estorba; y sus aliados políticos, que en este hemiciclo
tienen muy claro que también les estorba la democracia, que ponen en duda el cambio climático, que llaman chiringuito a cualquier derecho social y que prefieren obedecer a Trump o a Putin antes que comprometerse con las Naciones Unidas y con el
multilateralismo.
Por eso, la enmienda que el Grupo Plurinacional SUMAR ha presentado quiere situar a la Agenda 2030 en el lugar que le corresponde, como marco internacional de cooperación y multilateralismo, que conecta, además, con otros compromisos
esenciales, como pueden ser los Acuerdos de París o la Nueva Agenda de Paz de Naciones Unidas. Porque en un mundo donde líderes como Trump, Putin o Netanyahu socavan el derecho internacional y promueven las agendas autoritarias, España debe estar
del lado de quienes defienden el multilateralismo, la democracia, el derecho internacional y herramientas como la Agenda 2030, que son fundamentales.
Señorías, también la Agenda 2030 es plenamente española. Desde 2015 -se lo recuerdo, señorías del PP-, también con Rajoy -lo digo porque alguna cosa que han puesto en su enmienda es un poquito contradictoria con esto-, el Estado ha
desarrollado planes que se traducen en hechos: la reducción de la pobreza, el refuerzo de nuestro estado del bienestar, la apuesta por las energías renovables, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión entre territorios. España se ha
situado a la vanguardia de los derechos sociales, no con discursos vacíos, sino con políticas concretas que han transformado la vida de millones de personas, y entre ellas está la subida del salario mínimo. Señorías, no se trata de defender un
logo, se trata de defender la vida de la gente, de seguir subiendo salarios y reduciendo desigualdades, de hacer frente al cambio climático con energías limpias y empleo digno, de construir instituciones fuertes que protejan a quienes más lo
necesitan. Esa es la esencia de la Agenda 2030, aunque la derecha lo quiera disfrazar de conspiración.
Permítame añadir también algo fundamental hoy. No podemos hablar de justicia global sin hablar de Palestina. Hoy el pueblo palestino sufre vulneraciones insoportables de derechos, un genocidio en directo. Ayer el Gobierno de España lanzó
nueve propuestas que marcan una agenda clara: impulsar la solución definitiva de los dos Estados, exigir el fin de la ocupación y del régimen de apartheid y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional. Porque
defender el derecho internacional no es una opción, es una obligación moral y democrática.
Señorías, la enmienda que presentamos es una apuesta política clara. De un lado, quienes creemos en la justicia social, en la igualdad, en el derecho internacional y en la democracia; del otro, quienes representan los intereses de los
ultrarricos, de los autoritarios y de quienes pretenden que los derechos de la mayoría sean papel mojado. Nuestra obligación es elegir de qué lado estamos, y en SUMAR lo decimos con claridad: estamos del lado de la gente común, de los derechos
humanos, de la democracia y de un futuro más justo y sostenible, que es el verdadero sentido de esta Agenda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidenta.
Señor Cendón, ¿por qué están ustedes tan inseguros? ¿Por qué están tan nerviosos? Tal es el nivel de debilidad, dependencia e inseguridad con respecto a sus socios parlamentarios que nos traen aquí una iniciativa que ya se votó el 9 de
abril del 2024. O no pueden arriesgarse a perder más votaciones, que seguro, o no quieren incomodar a sus socios, que también. Nadie -escuche bien-, nadie en nuestro grupo está en contra de objetivos que contribuyen a mejorar el bienestar y la
prosperidad de los ciudadanos españoles, pero nuestra obligación es que esos objetivos se trasladen a políticas públicas concretas, porque, si no, nos manejamos en el plano declarativo, que es lo que ocurre en esta ocasión, y, por tanto, ante mera
propaganda disfrazada de otra cosa. Y si ya nos ponemos a leer la iniciativa, con palabros como neoliberalismo en oposición a buenos propósitos, cualquiera sin ser muy agudo sabe bien cuál es la verdadera intención de esta iniciativa, señor Cendón.
(Aplausos).
En vez de traer iniciativas ya votadas, en esta Cámara deberíamos estar centrados en los agricultores, en los vecinos afectados por los incendios, en los perjudicados por el gran apagón, en la vivienda o en los retrasos infinitos de los
trenes, todos ellos claros incumplimientos de la agenda de la que estaban ustedes hablando hace un momento. ¿Se dan cuenta que su política suicida nos lleva a tener que lamentar periódicamente los estragos de su gestión irresponsable? Esta
irresponsabilidad se hizo patente en el gran apagón y mostró su peor cara en los incendios, con una terrible falta de previsión, medios y sensibilidad. En esencia, es una irresponsabilidad que también vemos en el abandono constante del campo y de
quienes allí habitan.
Señorías, ¿es un objetivo de desarrollo el acceso al suministro eléctrico, que se pueda encender la luz? Lo es, ¿no? Pues no parece que sea así para este Gobierno, que no contento con las penurias a las que nos llevó con el gran apagón,
ahondan en ellas con el cierre nuclear, que supondrá un incremento de emisiones, un incremento de precio y una mayor dependencia exterior. Han convertido un sistema eléctrico que era robusto en el más frágil de toda Europa. (Aplausos). ¿Y el caos
ferroviario? Lo ocurrido este verano, y sabiendo por boca del ministro que todo irá a peor los próximos tres años -un pedazo de gestor-, puede provocar que los usuarios descarten el uso del tren, que es un medio sostenible y menos contaminante.
Menuda agenda.
Han sido -escuche bien- 336 345 hectáreas calcinadas. Abandono de tierras de cultivo, deforestación... ¿Qué hace el Gobierno ante esta catástrofe? Señalar como culpable al cambio climático. Nosotros denunciamos que ustedes hayan
convertido la lucha contra el cambio climático en una herramienta para eludir responsabilidades y en un arma ideológica para atacar a la oposición. (Aplausos). La respuesta de un Gobierno responsable -responsable- sería favorecer la adaptación a
la lucha contra el cambio climático y ofrecer viabilidad económica al entorno rural, no prohibir cualquier tipo de actividad, como llevan haciendo siete años. Porque sin acción humana -escuchen bien- en esos lugares no hay quien luche contra el
fuego, ni antes ni durante ni después de que aparezca. Los bosques no votan, ¿verdad?, no votan, pero sí se queman cuando se abandona a quienes lo cuidan. La prosperidad económica y la viabilidad del medio rural son, de hecho, los factores más
efectivos para lograr la preservación medioambiental y el bienestar social. Solo las naciones con mayor libertad económica disponen de los recursos, la tecnología y los incentivos para invertir en soluciones ambientales sostenibles. Ustedes, en
cambio, prefieren el decrecimiento, la pobreza planificada, el control, la ingeniería social, y así vemos que los mismos que nos llevaron al gran apagón nos han llevado también a una tasa de riesgo de pobreza -escuche bien- del 25,8 %. ¡Una cuarta
parte de todos los españoles en riesgo de pobreza! Pues ya le anuncio que este grupo parlamentario combatirá la pobreza creando riqueza, que es la vía más fácil para conseguirlo.
Miren, un Gobierno no debe buscar excusas, sino ofrecer soluciones. Decía alguien que la responsabilidad es la otra cara de la libertad, y ese es el problema: como ustedes no creen en la libertad, tampoco asumen ninguna responsabilidad.
Exigimos responsabilidad, exigimos que dejen de escudarse en discursos vacuos y exigimos que reconozcan que la política que han impulsado ha puesto en riesgo vida, propiedades y la estabilidad de nuestro país. Atiendan las cincuenta propuestas que
hemos presentado desde el Partido Popular, porque España merece futuro, merece seguridad y merece prosperidad, y, a estas alturas, con ustedes en el Gobierno -a nadie se le escapa, es un secreto a voces- España no funciona.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mariscal.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, presidenta.
Pónganse sus gorritos de papel de plata porque hoy toca hablar de la Agenda 2030. Sí, ese plan secreto de las élites multinacionales que nos quieren implantar chips, que quieren acabar con los agricultores o que nos quieren dejar sin poder
comer carne, porque esto es lo que me dice mi cuñado cuando me escribe en wasap, bueno, mi cuñado no, porque afortunadamente mis cuñados no son de VOX, pero cualquier otro cuñado de VOX diría esto mismo.
Però en realitat, què és? Què és l'Agenda 2030? És un full de ruta compartit per la justícia social, la sostenibilitat i la igualtat. No és un document qualsevol. És un compromís global que el que busca és que ningú es quedi enrere, que
la nostra societat avanci d'una forma equilibrada i que el planeta pugui continuar sent sostenible i habitable per als nostres fills i filles. Però és veritat que les paraules no servixen de res si al mateix temps es manté, per exemple, l'ampliació
del port de València. I això, senyories del Partit Socialista, és pura incoherència. No podem parlar de l'Agenda 2030 amb una mà i amb l'altra, autoritzar l'ampliació del port de València, que és una agressió ambiental, social i econòmica per al
nostre país. No és sostenible prometre objectius verds de les Nacions Unides i, al mateix temps, destruir hàbitats naturals i comprometre la salut de les nostres aigües, hipotecar l'Albufera, que és un ecosistema únic, posant en risc la nostra
pesca artesanal o els llocs de treball locals en nom de les grans multinacionals.
És només retòrica si l'Agenda 2030 no va acompanyada de fets que la suporten, de pressupostos i de polítiques valentes que, en realitat, transformen els compromisos en accions concretes. I això vol dir invertir més en energies renovables,
però no a qualsevol preu. També implica tindre més mobilitat sostenible i protegir el nostre territori i al País Valencià acabem de viure una catàstrofe sense precedents i és fruit de l'emergència climàtica. I les conseqüències no són fruit només
de l'emergència climàtica, sinó que són fruit de les retallades que el Partit Popular ha fet de les emergències i dels serveis públics. Per tant, no és només qüestió de meteorologia, és també qüestió de governança. Perquè quan falten recursos
humans i materials per a fer front a una dana, la devastació es multiplica i el negacionisme impera.
I el mateix ha passat amb els incendis que este estiu hem trobat en moltes parts del territori de l'Estat. Quan falten recursos humans i materials, la devastació es multiplica i el negacionisme impera. I això és un problema per a tots i
per a totes. I mentre això passa, i ací estem parlant de sostenibilitat i d'igualtat, al País Valencià, el govern de Mazón retalla en polítiques per a mitigar el canvi climàtic i abandona totalment les polítiques a favor de la transició ecològica.
Ara sí, diners per a bous no en falten mai. D'eixos que tenen sempre.
N'hi ha una qüestió molt bàsica. I és que VOX són negacionistes del canvi climàtic en paraules, però és que el Partido Popular són negacionistes del canvi climàtic amb fets. I això també és molt perillós per a tots i per a totes. Impulsar
l'Agenda 2030 és plantar cara al negacionisme i a les polítiques que destruixen drets, que empobreixen el territori i que posen en risc la vida de la ciutadania. Perquè just d'això tracta l'Agenda 2030. I no, no tracta l'Agenda 2030 que no puguem
utilitzar aire condicionat o que no ens puguem comprar roba. No va d'això. Va de lluitar contra el canvi climàtic que mata el nostre camp, ofega de calor als nostres majors i anega les nostres ciutats. Va de prioritzar la vida per damunt dels
beneficis immediats de les grans empreses.
En realidad, ¿qué es la Agenda 2030? Es una hoja de ruta compartida para la justicia social y la sostenibilidad. No es un documento cualquiera, es un compromiso global, que lo que busca es que nadie se quede atrás, que nuestra sociedad
avance de una forma equilibrada y que el planeta pueda seguir
siendo sostenible y habitable para nuestros hijos y nuestras hijas. Pero es cierto que las palabras no sirven de nada si al mismo tiempo se mantiene, por ejemplo, la ampliación del puerto de Valencia. Señorías del Partido Socialista, eso
es pura incoherencia. No podemos hablar de la Agenda 2030 por un lado y, por otro lado, autorizar la ampliación del puerto de Valencia, que es una agresión medioambiental, social y económica para nuestro país. No es sostenible prometer objetivos
verdes de las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, destruir hábitats naturales y comprometer la salud de nuestras aguas, hipotecar la Albufera, que es un ecosistema único, poniendo en riesgo nuestra pesca artesanal o los puestos de trabajo locales en
nombre de las grandes multinacionales.
Es solo retórica si la Agenda 2030 no viene acompañada de hechos que la apoyen, de presupuestos y de políticas valientes que en realidad transforman los compromisos en acciones concretas. Y eso significa invertir más en energías renovables,
pero no a cualquier precio. También implica tener más movilidad sostenible y proteger nuestro territorio. En el país valenciano acabamos de vivir una catástrofe sin precedentes, y es fruto de la emergencia climática, y las consecuencias no son
fruto solo de la emergencia climática, sino que son fruto de los recortes que el Partido Popular ha hecho de las emergencias y de los servicios públicos. Por lo tanto, no es solo una cuestión de meteorología, también es cuestión de gobernanza,
porque cuando faltan recursos humanos y materiales para hacer frente a una dana, la devastación se multiplica y el negacionismo impera.
Y lo mismo ha ocurrido con los incendios que hemos visto este verano en muchas partes del territorio del Estado. Cuando faltan recursos humanos y materiales la devastación se multiplica y el negacionismo impera, impera, y ese es un problema
para todos y todas. Y mientras que esto ocurre, y aquí estamos hablando de sostenibilidad y de igualdad, en el país valenciano el Gobierno de Mazón recorta en políticas para mitigar el cambio climático y abandona totalmente las políticas a favor de
la transición ecológica. Eso sí, dinero para los toros no falta, ¿no? De eso siempre tienen.
Hay una cuestión muy básica, y es que en VOX son negacionistas del cambio climático en palabras, pero es que en el Partido Popular son negacionistas del cambio climático en hechos, y eso también es muy peligroso para todos y todas. Impulsar
la Agenda 2030 es plantarle cara al negacionismo y a las políticas que destruyen derechos, que empobrecen el territorio y que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Porque justo de eso trata la Agenda 2030. Y no, no trata esta agenda de que no
podamos utilizar el aire acondicionado o de que no podamos comprarnos ropa. No va de eso, va de luchar contra el cambio climático, que mata nuestros campos, que nos ahoga, ahoga de calor a la gente mayor, e inunda nuestras ciudades. Hay que
priorizar la vida por encima de los beneficios inmediatos de las grandes empresas.
Así que, bueno, si alguien prefiere protegerse de todo esto con un gorrito de plata y otras conspiraciones, pues allá ellos, pero nosotras tenemos que escuchar a los científicos y a las científicas, a los agricultores y a las agricultoras y
a los docentes para no sufrir más danas com la que hem patit a València...
... como la que hemos sufrido en Valencia...
... o por lo menos estar preparadas cuando suenen las alarmas, porque se empieza negando el cambio climático, se sigue recortando en emergencias y se acaba enviando tarde una alerta que hubiera podido salvar 229 vidas.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Micó.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Renteria Lasanta.
La señora RENTERIA LASANTA: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista la presentación de esta proposición no de ley. Coincidimos en que la Agenda 2030 es una hoja de ruta fundamental para reducir
desigualdades, garantizar un desarrollo sostenible y promover la prosperidad desde el respeto a los derechos humanos.
La proposición que hoy debatimos plantea tres compromisos. Primero, seguir impulsando la Agenda 2030 como herramienta para reducir desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. Segundo, desarrollar campañas de concienciación y
formación sobre la importancia de esta agenda. Y tercero, trabajar juntamente con comunidades autónomas y ayuntamientos para favorecer su implantación. Sobre el papel, nada que objetar, pero conviene ser honestos. Los compromisos no se demuestran
con declaraciones solemnes, sino con hechos, y aquí los hechos son preocupantes. La Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no se ha reunido desde el año pasado. ¿De verdad podemos hablar de impulso cuando el órgano parlamentario encargado de hacer seguimiento está prácticamente paralizado?
Recordemos, además, que España aprobó la Agenda 2030 en 2015, junto a 193 países, en la ONU. Han pasado casi diez años y solo quedan cinco para llegar a 2030. Resulta absurdo que con tan poco tiempo por delante sigamos acumulando planes y
declaraciones sin mecanismos reales de coordinación y seguimiento ni voluntad política de aplicarlos. Pero, además de la iniciativa del Gobierno, hay otro problema serio en este Congreso: el negacionismo. Hay grupos que insisten en caricaturizar
la Agenda 2030, en presentarla como una conspiración o como una amenaza. Conviene decirlo con claridad: negar la Agenda 2030 es negar la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático y contra la desigualdad, y eso, señorías, no es valentía,
es irresponsabilidad.
Señorías, se han presentado enmiendas por SUMAR y por el Grupo Popular. Como siempre, valoraremos positivamente cualquier aportación que refuerce la implantación de la Agenda 2030, porque lo importante no es quién firme la propuesta, sino
que avancemos de verdad. La enmienda de SUMAR plantea reforzar el compromiso de España con el multilateralismo, con la ONU, con la Unión Europea y con los derechos humanos, y valoramos muy positivamente esta ambición internacional, pero siempre que
se asegure la coherencia institucional. La del Grupo Popular propone reorientar completamente la estrategia española, presentar una nueva en seis meses y poner el acento en un enfoque pragmático y no ideológico. Coincidimos en la necesidad de
mejorar la gobernanza y la coordinación, pero -¡cuidado!- lo pragmático no puede ser la excusa para vaciar de ambición social y climática la Agenda 2030. España ya aprobó esta Agenda en 2015. No toca redescribirla, sino cumplirla. En el Grupo
Vasco estudiaremos estas enmiendas, pero no queremos que se utilice la Agenda 2030 como arma arrojadiza entre bloques ideológicos.
En conclusión, señorías, la Agenda 2030 es demasiado importante como para convertirla en propaganda o en objeto de burla. Quedan solo cinco años y el reloj corre. Lo absurdo sería seguir perdiendo el tiempo en debates estériles cuando el
reloj hacia 2030 sigue corriendo. El Grupo Vasco exige hechos, respeto competencial, recursos suficientes y mecanismos de rendición de cuentas reales, porque la Agenda 2030 no es ideología ni propaganda, es justicia social, derechos humanos y
sostenibilidad, y 2030 está a la vuelta de la esquina.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Renteria.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu andrea! Arratsalde on, guztioi!
Garai nahasietan bizi gara eta gizateria mailako erronkak ditugu. Beraz, nazioarteko ekintza kontzertatua behar da erronka hauei aurre egiteko. Honetaz kontziente, bere garaian objektibo zen milenio direlakoak ezarri ziren Nazio Batuen
baitan, eta 2015ean, berriz, 2030 Agendak erreleboa hartzen du. Hamazazpi helburu, bi ardatz nagusiren baitan, planetaren osasun ekologikoa eta injustizia edo desparekotasun soziala pobrezian arreta berezia ipiniz. Helburu laudagarriak,
zalantzarik gabe. Baina betetze mailari begiratzen baldin badiogu, ez dut uste optimismo gehiegi izan dezakegunik.
Ardatz ekologikoari begira diezaiogun, 2015. urtean, hiru muga planetario zeuden gaindituak, hain zuzen ere. Biodibertsitatea, klima aldaketa eta nitrogenoaren zikloa. Orduz geroztik, 2023an egindako berrikuspenean beste hiru gainditu
dira kutsatzaile berriak, lur erabilpenaren aldaketa eta ur gezaren erabilpena.
Eta uda honetan, ia oharkabean pasa baldin bada ere, komunitate zientifikoak esan digu zazpigarren muga planetario bat ere gainditu dela, hain zuzen ere, ozeanoen azidifikazioa. Uste dut, zintzoak izan nahi baldin badugu, onartu behar
dugula, bai objetivos del milenio haiek, bai 2030 Agenda honek arazo bat izan dutela errotik. Helburu desiragarriak ongi identifikatzen dira, baina gure sistemaren oinarriak auzitan jarri gabe. Eta noski, kapitalak berdintasunarekin eta
bizitzarekin duen errotiko gatazka kontutan hartzen badugu, zailki lortuko da, kapitalaren oinarrizko funtzionamendua ukitu gabe, 2030 Agendaren helburua betetzea. Are zailagoa mundu mailan dagoen iparreko arrakalari Ipar globaletik eutsi nahi
baldin badiogu eta ezinezkoa, nazioarteko arkitektura juridiko politikoa ukitu gabe.
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos y a todas.
Vivimos en tiempos convulsos y tenemos retos como humanidad, por lo tanto, es necesaria una acción internacional concertada para hacer frente a estos retos. Así, en su día se establecieron los objetivos del
milenio en el seno de las Naciones Unidas y más tarde, en 2015, la Agenda 2030 le tomó el relevo, con diecisiete objetivos enmarcados en dos ejes principales: la salud ecológica del planeta y la injusticia o desigualdad social, con especial
atención a la pobreza. Objetivos loables, sin duda, pero si miramos el grado de cumplimiento, no creo que podamos ser excesivamente optimistas.
Fijémonos en el eje ecológico. Cuando en 2015 se aprobó la Agenda 2030, había tres límites planetarios superados, concretamente biodiversidad, cambio climático y ciclo de nitrógeno. Desde entonces, se han superado otros tres según la
revisión realizada en 2023: nuevos contaminantes, cambio del uso del suelo y uso del agua dulce. Y aunque este verano ha pasado casi desapercibido, la comunidad científica nos dice que también se ha superado una séptima frontera planetaria: la
acidificación de los océanos.
Creo que si queremos ser honestos, debemos reconocer que tanto aquellos objetivos del milenio como esta Agenda 2030 han tenido un problema de raíz: se identifican bien los objetivos deseables, pero sin cuestionar los fundamentos de nuestro
sistema. Claro, si tenemos en cuenta el conflicto radical del capital con la igualdad y la vida, difícilmente se lograrán cumplir los objetivos de la Agenda 2030 sin tocar el funcionamiento básico del capital. Y, más aún, si queremos mantener la
brecha norte-sur a nivel mundial desde el norte global, será imposible sin tocar la arquitectura jurídico-política internacional.
Insisto, sin cambiar el andamiaje jurídico-político internacional habrá pocas posibilidades de éxito de la Agenda 2030. Un andamiaje que es completamente asimétrico entre las reglas de mercado y comercio y las agendas de derechos humanos,
como la Agenda 2030. Lo explico: un mercado internacional tutelado por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversión, cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, es decir, seguridad jurídica o
derecho duro, donde si alguien incumple se le hace pagar vía sanciones, vía tribunales de arbitraje, como bien lo sabe este Estado con las reclamaciones de las reducciones de las primas a las renovables y los laudos emitidos en su contra. Los
últimos meses están siendo especialmente prolíficos en este sentido.
Leo algunos titulares de este verano: España paga 32 millones de euros, por un laudo arbitral, a las renovables por el recorte de primas; hay otros 26 laudos internacionales pendientes de pago. La justicia de Estados Unidos tumba otros
dos intentos de España para evitar el pago de 200 millones por laudos de las renovables. El Banco Mundial tumba el intento de España de anular la condena de 106 millones por el laudo de renovables. La justicia australiana exige a España que
ejecute los laudos renovables y ordena el pago de 469 millones. Y una noticia de hoy: Estados Unidos emite otra sentencia contra España por el laudo del caso Infrared y obliga a abonar al fondo HSBC 35 millones de euros. Es decir, la lex
mercatoria no para. Mientras el mercado y los derechos de las inversiones internacionales van imponiendo su ley de hierro, los contenidos y los preceptos de la Agenda 2030, igual que la Declaración de los Derechos Humanos, el Acuerdo climático de
París o la responsabilidad social corporativa de las empresas internacionalizadas tienen carácter voluntario, unilateralidad y sin apenas exigibilidad jurídica. Es decir, derecho blando, inseguridad jurídica y falta de garantías.
Existe, lamentablemente, un ejemplo de libro en curso: Israel puede cometer y televisar un genocidio, es decir, la vulneración suprema de derechos humanos, con muy escaso reproche de la comunidad internacional y, por supuesto, sin
sanciones. Recordemos los primeros tres preceptos de la Agenda 2030: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. La ONU acaba de declarar la hambruna en Gaza. ¿Qué le va a pasar a Israel por este incumplimiento criminal? Sin embargo, si
en lugar de un genocidio estuviera incumpliendo las normas de comercio e inversiones, Israel estaría ahora mismo ahogada en sanciones. Pero como lo que se incumplen son derechos humanos, no se le para.
Por lo tanto, mientras esta arquitectura jurídica no cambie, una arquitectura jurídica diseñada a favor del capital y no de los derechos humanos, el cumplimiento de la Agenda 2030 ?lo siento- será un sueño. Dicho de otro modo, existe, por
supuesto, posibilidad coercitiva y ejecutiva en el orden internacional, pero hay un interés manifiesto en utilizarlo selectivamente, y la Agenda 2030 no es precisamente el lugar en el que se está poniendo este interés, y así volveremos a fallar en
su cumplimiento.
Fallar no es baladí, porque la internacional reaccionaria se alimenta, y mucho, del incumplimiento de los avances en la agenda de derechos humanos, del incumplimiento y de la frustración consecuente en amplias capas populares, por eso tienen
en el punto de mira la Agenda 2030. Cuanto peor le vaya a la Agenda 2030, mejor les irá a ellos. Precisamente por eso creemos que hoy importa que la proposición que se debate salga adelante en la medida en que constituye un suelo común, y porque
defender el sentido común básico se ha vuelto ya imprescindible. También nos parece importante que quede claro que esta agenda, para no generar frustración que alimente la rebelión reaccionaria, necesita ir mucho más allá de
lo declarativo y convertirse en una agenda imperativa y ejecutiva. Así como es importante subrayar ?para terminar- que ya desde una perspectiva europea no podemos aplaudir con una mano la Agenda 2030 y con la otra aumentar el gasto
militar, plegarnos a los dictados de Trump y su internacional reaccionaria, como ha hecho Von der Leyen este verano, o no ser contundentes frente a un genocidio.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otero.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, te la paraula la senyora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Bé, gràcies, presidenta.
Bé, senyories. Els socialistes ens diuen avui que hem de seguir avançant ?seguir avançant- en el desplegament de l'Agenda 2030. Seguir avançant és un eufemisme que no s'ajusta a la realitat. I els posaré un exemple: les polítiques del
Govern espanyol per revertir els escandalosos nivells de pobresa de la seva ciutadania no és que necessitin avançar, és que estan perillosament encastades des de fa ja molts anys en els rànquings més negatius de la Unió Europea.
Aquesta iniciativa és una resposta a la desesperada que ignora i tergiversa la realitat de les xifres del darrer informe de la Xarxa Europea contra la Pobresa. Saben què hi diu a aquest informe? Que Espanya segueix al capdavant de la Unió
Europea amb pobresa infantil. Gairebé 3 milions de nens i adolescents viuen en pobresa. És un 30 %, un rati gairebé 10 punts per damunt de la mitjana comunitària. Si analitzem les dades de pobresa o exclusió social de la població en general,
Espanya és a la quarta posició amb un de cada quatre ciutadans. Només, només estan pitjor que l'Estat espanyol ?atenció!- Grècia, Bulgària i Romania i un de cada cinc ciutadans pateix el que es coneix com a pobresa monetària. És a dir, que els
treballadors tenen feina però no arriben a final de mes per la seva precarietat laboral. Espanya és, a més, el cinquè estat en desigualtat entre rics i pobres i el setè en bretxa social per la seva incapacitat de redistribuir els recursos. Això és
el que diu l'informe.
I això no es resol amb iniciatives no vinculants com la d'avui, sinó amb polítiques efectives. Prou de dir que treballaran més i treballin més i amb eficàcia, per exemple, aprovant ja una modificació que permeti que el bo social elèctric
s'automatitzi per evitar ?i aquesta també és una dada rellevant- que a l'Estat espanyol, aquest bo social elèctric, no arribi al 80 % dels consumidors que reuneixen els requisits per rebre'l. El 80 % no rep un bo social elèctric que els correspon.
I no ho diem nosaltres, sinó l'estudi que va impulsar Oxfam i ESADE. Davant de la seva ineficàcia i donat que el més important és que les ajudes arribin a les llars, acceptin un autodeclaració responsable per agilitzar el tràmit del bo social
elèctric i després, i no abans, revisin si es compleixen les condicions necessàries.
La seva burocràcia ofega, per no parlar de l'IVA. Famílies que no arriben ni als bàsics de llum, aigua i gas, que han de viure sense calefacció o sense aigua calenta i sense climatització, han de fer front a un IVA absolutament abusiu. Els
subministraments també, també, són un bé essencial, un bé de primera necessitat. Per tant, fixin de manera estructural un IVA reduït, com el del pa o d'altres productes bàsics d'alimentació. Calen mesures urgents, que vostès no posen en marxa
?atenció!- perquè estan renovant la seva estratègia contra la pobresa energètica. Quina bona estratègia, eh?, anar fent que les mesures vagin passant el temps i les mesures no arriben. De qui ha estat idea? Perquè la pobresa està clar que no ho
espera. Mentre la Unió Europea intenta posar fre el llast de la burocràcia, vostès segueixen convertint-la en una forma de maltractament a la ciutadania. Ho saben molt bé no només els consumidors vulnerables, ho saben també els pagesos o els
ramaders o els empresaris en general. Estan farts de com apliquen vostès la famosa discrecionalitat administrativa, perquè els marges de decisió de l'administració sempre acaben perjudicant el ciutadà. Ens intenten despistar mentre fan estratègies
nyacionals ?amb enya- superplans, pactes d'estat, subcomissions, iniciatives que no serveixen per a res, convertint la política en una inadmissible pèrdua de temps. Un detall: No he posat a la llista els seus plans de xoc, perquè en vull fer una
menció especial.
Un comentari a banda, la gent que pateix ELA i les seves famílies tenen més risc de patir pobresa perquè l'ELA els arruïna. L'ELA arruïna famílies senceres, especialment quan calen cuidadors les 24 hores, pel risc que hi ha de mort
evitable. O quan han de fer, per exemple, adaptacions de la llar o s'han de comprar un altre vehicle per poder-se desplaçar. Per això, Junts segueix reclamant que el govern espanyol compleixi aportant els recursos necessaris per a aquesta atenció
especialitzada que necessiten. Al febrer, el Ministeri de Sanitat va proposar a l'associació Con ELA fer una subvenció directa de deu
milions en lloc de canalitzar les ajudes via comunitats autònomes, com determina la llei. I ho van fer així, d'aquesta manera ?van dir- per raons d'urgència. Set mesos després, el pla de xoc no ha tingut cap impacte, cap. El Govern
espanyol no ha aportat ni un sol euro a les famílies que tenen persones malaltes d'ELA. És absolutament vergonyant. Per tant, facin el favor de fer la feina i deixin de perdre el temps i, sobretot, de posar en risc a la ciutadania.
Gràcies.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, los socialistas nos dicen hoy que tienen que seguir avanzando en el despliegue de la Agenda 2030. Seguir avanzando es un eufemismo que no se ajusta a la realidad. Les voy a poner un ejemplo: las políticas del Gobierno español
para revertir los escandalosos niveles de pobreza de su ciudadanía no es que necesiten avanzar, es que están peligrosamente estancados desde hace ya muchos años en los rankings más negativos de la Unión Europea.
Esta iniciativa es una respuesta a la desesperada, que ignora y tergiversa la realidad de las cifras del último informe de la red europea contra la pobreza. ¿Saben qué dice este informe? Que España sigue en primera posición en la Unión
Europea en cuanto a pobreza infantil. Casi 3 millones de niños y adolescentes viven en pobreza, es un 30 %, un rating casi 10 puntos por encima del promedio comunitario. Si analizamos las cifras de pobreza o exclusión social de la población en
general, España está en cuarta posición, con uno de cada cuatro ciudadanos. Solo están peor que los españoles -atención- Grecia, Bulgaria y Rumanía. Y uno de cada cinco ciudadanos sufre lo que se conoce como pobreza monetaria, es decir, que los
trabajadores tienen trabajo, pero no llegan a final de mes por su precariedad laboral. España es, además, el quinto Estado en desigualdad entre ricos y pobres y el séptimo en brecha social por su incapacidad de redistribuir los recursos. Eso es lo
que dice el informe.
Y eso no se resuelve con iniciativas no vinculantes como la de hoy, sino con políticas efectivas. Ya basta decir que van a trabajar más. Trabajen más y con eficacia, por ejemplo, aprobando ya una modificación que permita que el bono social
eléctrico se automatice para evitar -es también un dato relevante- que en el Estado español ese bono social eléctrico no llegue al 80 % de los consumidores que reúnen los requisitos para recibirlo; el 80 % no recibe un bono social eléctrico que les
corresponde. No lo decimos nosotros, sino el estudio que impulsó Oxfam y Esade. Ante su ineficacia, y dado que lo más importante es que las ayudas lleguen a los hogares, acepten una autodeclaración responsable para agilizar el trámite del bono
social eléctrico y después, y no antes, revisen si se cumplen las condiciones necesarias.
Su burocracia ahoga, por no hablar del IVA. Familias que no llegan ni a los básicos de agua, luz y electricidad, que tienen que vivir sin calefacción o sin agua caliente y sin climatización, tienen que hacer frente a un IVA absolutamente
abusivo. Los suministros también son un bien esencial, un bien de primera necesidad. Por lo tanto, fijen de forma estructural un IVA reducido, como el del pan u otros productos básicos de alimentación. Hacen falta medidas urgentes que ustedes no
ponen en marcha -atención- porque están renovando su estrategia contra la pobreza energética. ¡Qué buena estrategia!, ¿eh? Hacer que vaya pasando el tiempo y las medidas no lleguen. ¿De quién ha sido la idea? Porque la pobreza está claro que no
espera. Mientras que la Unión Europea intenta poner freno a la burocracia, ustedes siguen convirtiéndola en una forma de maltrato a la ciudadanía. Y lo saben muy bien no solo los consumidores vulnerables, lo saben también los ganaderos, los
agricultores, los empresarios en general. Están hartos de cómo aplican ustedes la famosa discrecionalidad administrativa, porque los márgenes de decisión de la Administración siempre acaban perjudicando a los ciudadanos. Intentan despistarles
mientras hacen estrategias, superplanes, pactos de Estado, subcomisiones, iniciativas que no sirven de nada, convirtiendo la política en una inadmisible pérdida de tiempo. Un detalle: no he puesto en la lista sus planes de choque, porque quiero
mencionarlos de forma especial.
Un comentario aparte. La gente que sufre ELA y sus familias tienen más riesgo de sufrir la pobreza, porque la ELA les arruina. La ELA arruina a familias enteras, especialmente cuando hacen falta cuidadores las 24 horas por el riesgo de
muerte evitable o cuando, por ejemplo, tienen que hacer adaptaciones del hogar o tienen que comprar otro vehículo para poderse desplazar. Por eso, Junts sigue reclamando que el Gobierno español cumpla, aportando los recursos necesarios para esa
atención especializada que necesitan. En febrero, el Ministerio de Sanidad propuso a la asociación una subvención directa de 10 millones, en lugar de canalizar las ayudas a través de las comunidades autónomas, como determina la ley. Y lo hicieron
así, dijeron, por motivos de urgencia. Siete meses después, el plan de choque no ha tenido
ningún impacto, ninguno. El Gobierno español no ha aportado ni un solo euro a las familias que tienen personas enfermas de ELA. Es absolutamente vergonzoso. Por lo tanto, hagan el favor de hacer el trabajo y dejen de perder el tiempo y,
sobre todo, de poner en riesgo a la ciudadanía.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Calvo.
Pel Grup Parlamentari Republicà, te la paroula la senyora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Bé, bon vespre a totes i a tots.
Gràcies, presidenta.
El que avui ens porta aquí el Partit Socialista és senzillament un exercici d'autocomplaença: infinitat de paraules, molts compromisos indefinits i molt poca concreció. Senyories, i justament aquest és l'escull. Justament aquest és el
problema. No n'hi ha prou en lluir el pin dels ODS. El que calen són polítiques valentes que ens acostin a aquests objectius. Mirin, fa poc més d'un any ?això no ho oblidaré mai- una persona coneguda em va preguntar si aquell pin de colors que
llueixen tants polítics, també el president Sánchez, eren els formatgets del Trivial. En el primer moment vaig riure, però després em vaig espantar, perquè tenia tota la raó. Si els ODS només serveixen per decorar la solapa, són exactament això,
un simple joc de taula. El repte no és col·leccionar medalles de cartró, sinó fer polítiques que realment redueixin la pobresa, fer polítiques que realment garanteixin un habitatge digne o que facin viable i possible la transició ecològica.
Esquerra Republicana ha defensat sempre l'Agenda 2030 i també els seus objectius: reduir desigualtats, combatre la pobresa, afrontar el canvi climàtic i reforçar la cohesió social. Però la realitat és tossuda i avui a Catalunya, el meu
país, un 24 % de la població viu en risc d'exclusió social. La pobresa infantil encara és més alta. L'habitatge públic només representa un 2 % del parc, mentre la mitjana europea supera el 15 i cada any, cada any, patim un dèficit fiscal ?ja
crònic- d'entre 16 i 22 mil milions d'euros. La pregunta és clara: Com coi volen desplegar l'Agenda 2030 amb aquestes xifres? Com ho volen fer davant d'aquesta realitat? Doncs, els hi diré jo: No ho podem fer. Així no ho poden fer. No poden,
perquè les seves polítiques són tímides i perquè l'Estat continua erre que erre retenint recursos i competències que haurien de ser, sens dubte, dels territoris. L'Agenda 2030 no és creïble mentre el Govern espanyol bloquegi competències, bloquegi
traspassos, no inverteixi en infraestructures com rodalies o mantingui un sistema fiscal que asfixia la capacitat de Catalunya d'invertir en polítiques socials. És inviable.
Els parlaré de dos o tres àmbits. En pobresa i desigualtat, per exemple. Aquesta proposició no de llei sembla descobrir el que fa cent anys que ja sabem: que les polítiques públiques, senyores i senyors diputats, redueixin la desigualtat.
Olé tu! Això ho diu textualment aquesta proposició de llei. Però en comptes de dir generalitats, demano jo el que cal potser és millorar el funcionament del sistema redistributiu. Pregunto: L'impacte redistributiu de les prestacions de l'estat
del benestar és baix, és baixíssim. Les llars del quintil amb més ingressos reben 1,6 cops més prestacions que la del quintil més pobre. l'Estat espanyol té una recaptació fiscal per sota de la mitjana europea, de fet, tres punts menys que la
mitjana, cinc menys que Itàlia i nou menys que l'Estat veí, que a França. La resistència a fer canvis estructurals i la manca de valentia del Partit Socialista es fa veure amb l'impost, per exemple, de les energètiques. En podríem posar molts,
d'exemples. El que cal és més fiscalitat verda. El que cal, senyories, és gravar els capitals com pertoca i el que toca és rebaixar la pressió sobre les rendes baixes, com hem fet, com hem intentat a Catalunya.
En temes de canvi climàtic, la situació és igual de greu, no s'entreguen els plans nacionals a temps, no s'assoleixen els nivells d'inversió compromesos. El 2023, per exemple, la inversió climàtica es va quedar en el 40 % del necessari.
Per exemple, vostès no introdueixen clàusules ambientals estrictes en els tractats comercials, com per exemple ara amb el tractat de Mercosur, per posar alguns exemples.
En igualtat de gènere, que no se n'ha parlat, també important. No han aprovat cap de les lleis promeses ?ni una!- com la de tracta o l'explotació sexual, ni han desplegat ?que encara és pitjor- polítiques reals. La ministra Redondo té
una activitat tan escassa com la del senyor Abascal. I encara més greu, el Partit Socialista va permetre amb el seu vot que el Congrés acollís una jornada negacionista de VOX ?ho vau permetre- on es va posar en dubte la violència masclista i on es
va burlar el col·lectiu trans amb comentaris humiliants. I a això s'hi afegeix, evidentment, l'eliminació, per exemple, de la Q+ de les sigles oficials, invisibilitzant la identitat queer, no binàries, transsexuals i asexuals. No és un detall
semàntic, senyores i senyors diputats, és un pas enrere històric que envia un missatge ?si m'ho permeten- devastador: que hi ha ciutadans de primera i que hi ha ciutadans de segona, que les nostres vides, sí, són
negociables i que els drets es poden retallar per càlcul polític. No és prudència ni és estratègia, és traïció, és covardia i és autèntica complicitat amb l'extrema dreta.
I acabo. No ho oblidem, senyores i senyors diputats, senyories del Partit Socialista, que l'Agenda 2030 va ser un gran exemple de política multilateral. Avui també s'ha dit. Va ser una agenda pactada per més de 193 estats a l'Assemblea
General de Nacions Unides, amb objectius tant urgents com erradicar, com hem dit, la pobresa o revertir el canvi climàtic. Però si volem ser efectius ?i acabo presidenta- davant les campanyes de l'extrema dreta internacional que nega la igualtat
de gènere, que nega la preservació del medi ambient o els drets o el dret a feines dignes, senyories, l'Agenda 2030 només es pot defensar amb fets. No som aquí per fer de comparsa ni per avalar proclames cosmètiques.
Diem sí als Objectius de Desenvolupament Sostenible i a l'Agenda 2030, però sobretot diem sí a la coherència, diem sí a les polítiques valentes, diem sí a l'exercici de sobirania necessari per fer-ho tot plegat realitat. Res més.
Moltes gràcies.
Buenas tardes a todos.
Gracias, presidenta.
Lo que nos trae aquí hoy el Partido Socialista es un ejercicio de autocomplacencia. Infinidad de palabras, muchos compromisos indefinidos y muy poca concreción. Señorías, precisamente este es el escollo, este es el problema. No basta con
lucir el pin de los ODS, lo que hace falta son políticas valientes que nos acerquen a esos objetivos. Hace poco más de un año, y nunca lo voy a olvidar, una persona conocida me preguntó si ese pin de colores que lucen tantos políticos, también el
presidente Sánchez, eran los quesitos del Trivial. Yo, al principio, me reí, pero luego me asusté, porque tenía toda la razón. Si los ODS solo sirven para decorar la solapa, son exactamente eso: un simple juego de mesa. El reto no es coleccionar
medallas de cartón, sino hacer políticas que realmente reduzcan la pobreza, hacer políticas que realmente garanticen una vivienda digna o que hagan viable y posible la transición ecológica.
Esquerra Republicana siempre ha defendido la Agenda 2030 y también sus objetivos: reducir desigualdades, combatir la pobreza, afrontar el cambio climático, reforzar la cohesión social. Pero la realidad es tozuda, y hoy, en Cataluña, mi
país, un 24 % de la población vive en riesgo de exclusión social y la pobreza infantil aún es más elevada. La vivienda pública solo representa un 2 % del parque, mientras que la media europea supera el 15 %, y cada año sufrimos un déficit fiscal,
ya crónico, de entre 16 000 y 22 000 millones de euros. La pregunta es clara: ¿Cómo caray quieren desplegar la Agenda 2030 con estas cifras? ¿Cómo quieren hacerlo ante esta realidad? Pues yo se lo diré: no lo pueden hacer. Así no lo pueden
hacer. No pueden, porque sus políticas son tímidas y porque el Estado sigue erre que erre reteniendo recursos y competencias que deberían ser, sin duda, de los territorios. La Agenda 2030 no es creíble, mientras el Gobierno español bloquee
competencias, traspasos, no invierta en infraestructuras como cercanías o mantenga un sistema fiscal que fija la capacidad de Cataluña para invertir en políticas sociales, es inviable.
Y les voy a hablar de dos o tres ámbitos. En pobreza y desigualdad, por ejemplo, esta proposición no de ley parece descubrir lo que hace cien años que ya sabemos, que las políticas públicas, señoras y señores diputados, reducen la
desigualdad, ¡olé tú! Eso lo dice textualmente esta proposición. Pero, en lugar de decir generalidades, yo pregunto si quizá lo que haría falta es mejorar el funcionamiento del sistema redistributivo. El impacto redistributivo de las prestaciones
del Estado del bienestar es bajo, es bajísimo y los hogares del quintil con más ingresos reciben 1,6 veces más prestaciones que las del quintil más pobre. El Estado español tiene una recaudación fiscal por debajo del promedio europeo, de hecho, 3
puntos menos que la media, 5 menos que Italia y 9 menos que el Estado vecino, Francia. La resistencia a hacer cambios estructurales y la falta de valentía del Partido Socialista se hacen ver, por ejemplo, con el impuesto de las energéticas. Y
podríamos poner muchos ejemplos. Señorías, hace falta más fiscalidad verde y gravar los capitales como toca. Y lo que toca es rebajar la presión sobre las rentas más bajas, como hemos hecho o hemos intentado en Cataluña.
En temas de cambio climático, la situación es igual de grave. No se entregan los planes nacionales a tiempo, no se asumen los objetivos. En 2023, por ejemplo, la inversión climática se quedó en un 40 % de lo necesario. Por ejemplo,
ustedes no introducen cláusulas ambientales estrictas en los tratados comerciales, como ahora con el Tratado de Mercosur.
Por poner algunos ejemplos en igualdad de género ?no se ha hablado de eso, también importante-, no han aprobado ninguna de las leyes prometidas, ni una, como la de trata o de explotación sexual, y han
desplegado, lo que es peor, políticas reales, o no las han desplegado. La ministra Redondo tiene una actividad tan escasa como la del señor Abascal. Y aún más grave, el Partido Socialista permitió con su voto que el Congreso acogiera una
jornada negacionista de VOX, lo permitisteis, donde se cuestionó la violencia machista y donde se burló al colectivo trans con comentarios humillantes. Y a eso se añade, claro, la eliminación, por ejemplo, de la Q+, de las siglas oficiales,
invisibilizando a los no binarios, etcétera. No es un detalle semántico, señoras y señores diputados, es un paso histórico hacia atrás que manda un mensaje devastador: que hay ciudadanos de primera y que hay ciudadanos de segunda, que nuestras
vidas sí son negociables y que los derechos se pueden recortar. No es prudencia ni es estrategia, es traición, es cobardía y es auténtica complicidad con la extrema derecha.
Y termino. No olvidemos, señoras y señores diputados, señorías del Partido Socialista, que la Agenda 2030 fue un gran ejemplo de política multilateral, hoy también se ha dicho, fue una agenda pactada por más de 193 Estados en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con objetivos tan urgentes como erradicar la pobreza o revertir el cambio climático. Pero, si queremos ser efectivos ante las campañas de la extrema derecha internacional ?y, acabo, señorías-, que niega la igualdad
de género, que niega la preservación del medio ambiente o el derecho a un trabajo digno, la Agenda 2030 solo se puede defender con hechos. No estamos aquí para hacer de comparsas o para avalar proclamas cosméticas.
Decimos que sí a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030, pero, sobre todo, decimos que sí a la coherencia, sí a las políticas valientes, sí al ejercicio de soberanía necesario para que todo esto sea realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Jordá.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
El señor CHAMORRO DELMO: Señorías, señor presidente, hoy debatimos esta proposición no de ley del partido ultracorrupto, del Partido Socialista, el único partido ultra que hay aquí, que pretende convertir la Agenda 2030 en un dogma
incuestionable. Y, además, les agradezco que hayan hablado de los incendios porque, más allá de las excusas climáticas, nuestro partido ha presentado una querella contra el Partido Popular y contra el Partido Socialista, tanto en el Gobierno como
en las comunidades autónomas, por homicidio imprudente ante la gestión desastrosa que han hecho con respeto a los incendios que han golpeado a todos los españoles. (Aplausos).
VOX viene a denunciar lo que millones de españoles ya saben: que la Agenda 2030 no es un plan de prosperidad, sino un proyecto ideológico internacional para someter a Occidente, arruinarlo y destruirlo. Es, en la práctica, un plan de
despidos masivos -como hemos dicho innumerables veces- y de demolición de nuestra economía. Es la misma agenda internacional que ya representó el comunismo en el siglo XX, pero disfrazada con nuevos símbolos y difundida en foros como el foro de
Davos, donde se alía el capitalismo financiero más deshumanizado y antinacional con las viejas teorías colectivistas, globalistas e internacionalistas. El resultado siempre es el mismo: concentración de poder en las élites o en los miembros del
partido único en aquellos países donde rigen esas autarquías o el comunismo, destrucción de los Estados nacionales y empobrecimiento de las clases medias. (Aplausos).
No olvidemos tampoco lo esencial de la Agenda 2030 en relación con España, porque quien impulsó la Agenda 2030, quien firmó la Agenda 2030 fue el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2015. No nos extraña, por lo tanto, que ustedes no puedan
estar en contra de ello. De hecho, incluso fueron los que gestaron todos los principios de desarrollo sostenible desde la Cumbre de Río, a la que fue también Mariano Rajoy. Además, son ustedes los protagonistas de esta Agenda 2030 que luego ha
impulsado el Partido Socialista de Pedro Sánchez y toda esa internacional socialista que, por cierto, representa el señor Pedro Sánchez. El bipartidismo, por lo tanto, es cómplice directo de esta estrategia, esta entrega de soberanía y de este
modelo ruinoso para España, para Europa y, por lo tanto, para Occidente. (Aplausos). Desde su aprobación, Occidente ha abrazado el decrecimiento, destruyendo su tejido productivo, mientras países no democráticos -como es el caso de la China
comunista o, por ejemplo, Marruecos, que es una autarquía- han aprovechado esta dinámica para crecer a costa de los países occidentales. Por cierto, China sí se adhiere a la Agenda 2030, pero son los que más CO2 emiten del planeta y su industria va
subiendo, y Marruecos exactamente igual cuando es una autarquía. No sé de qué derechos humanos hablan ustedes con respecto a la Agenda 2030.
Los datos son incontestables: China pasó de un PIB de 11,2 billones de dólares en 2015 a casi 19,2 billones en 2025, los años en los que nos hemos adherido a la Agenda 2030. Un crecimiento de un 74 % en una década. Mientras tanto, Europa
sufre un estancamiento industrial, con caídas del menos 6,6 % en 2020 y retrocesos del menos 1 % al menos 2 % anual desde 2023. Además, tenemos un ejemplo claro en Alemania, donde solo entre 2019 y 2025 se han perdido 250 000 empleos
manufactureros. Conclusión: Occidente decrece y se desindustrializa, mientras China se fortalece como potencia manufacturera mundial. Pero lo mismo ocurre con respecto a Marruecos, que ha mantenido un crecimiento medio del 4 % anual, con un 8 %
en 2021, pasando de 110 000 millones de dólares en 2015 a unos 165 000 millones en 2025. En cambio, España sufrió un desplome del menos 10,8 % en 2020 y hoy apenas crece por encima del 2 % anual, con un paro juvenil, además, elevadísimo; es líder
en Europa con un 25 % de paro juvenil. Por lo tanto, conclusión: Marruecos avanza con estabilidad, mientras España retrocede atrapada en el dogma de la Agenda 2030.
Esto, señorías, es lo que ha traído la Agenda 2030: destrucción de la industria, debilitamiento de España, inmigración ilegal masiva y enriquecimiento de potencias extranjeras que no comparten ni nuestra democracia ni tampoco los valores
occidentales. Y a esta gran traición a los pueblos occidentales ustedes la llaman progreso, sostenibilidad, justicia social. En realidad, defienden más deudas, más impuestos, más burocracia y más control ideológico. Persiguen a agricultores,
ganaderos, industriales, autónomos, mientras financian clarísimamente el suicidio de Occidente. Por eso, señorías, también consideramos que el bipartidismo es responsable y, además, está inhabilitado, por lo tanto, ...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
El señor CHAMORRO DELMO: Sí, termino, señor presidente.
Está inhabilitado para cualquier tipo de alternativa, tanto en España como en Occidente, porque son los culpables de esta situación.
Por eso, VOX rechaza esta PNL y lo hace en defensa de la soberanía nacional, de las clases medias y trabajadoras y de un futuro en el que España no se tenga que arrodillar ni ante Davos ni ante los burócratas de Bruselas ni ante la China
comunista...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, termine, por favor.
El señor CHAMORRO DELMO: ... ni ante Marruecos y recupere su destino y su soberanía.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO DESDE SU MINISTERIO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 173/000113).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno desde el Ministerio de Hacienda
para combatir la corrupción.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor González-Robatto Perote. (Aplausos).
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Señorías, la moción que traemos hoy es para relatarles la historia de una infamia, una mentira y una traición. La infamia empezó cuando un tipo sin moral ni ética que se llamaba Pedro Sánchez llegó al
poder con un pucherazo en su partido. Se presentó como regenerador, pero lo único que regeneraba era su mentira. El día uno ya tenía a la banda del Peugeot trincando, y él lo sabía. Sus socios de gobierno se hacen ahora los despistados,
cómplices, pensando que él no lo sabía. Pero todos sabemos que para que una mentira funcione hacen falta dos: uno que la cuente y otro que se la crea u otro que se la quiera creer. De los cuatro del coche, solo queda él y se supone que no lo
sabía; pero sabía perfectamente lo que pasaba. Cuando paraban en un puticlub, Sánchez no se quedaba vigilando el coche, sino que sabía todo lo que estaba pasando.
Prometió no pactar con Podemos ni con Bildu ni con los separatistas. Mintió. Pactó con todos ellos, pero él ya lo sabía. Eso, señorías, es corrupción. Prometió que no habría indultos ni habría amnistía. Mintió otra vez. Indultó a los
golpistas y hoy prepara un referéndum para quienes atacaron la unidad de España en 2017. Y también lo sabía. Eso también es corrupción. Así empezó este Gobierno, con la mentira como método y la traición como estrategia. Prometieron prosperidad y
solo trajeron eso a su círculo más cercano. De panadero a directivo del IBEX 35 con la ministra de Vivienda; ministra que, por cierto, prometió 184 000 viviendas y no construyeron ni una. La única que han dado ha sido el palacete a los buitres
del PNV. (Aplausos). Y esto con el PP, por cierto, cediendo a este chantaje.
Prometieron no subir impuestos y hoy la clase media paga más que nunca. Los han subido hasta noventa veces. Eso, señorías, también es corrupción. El SMI tributa por primera vez en el IRPF. Las familias están ahogadas y mientras, el
Estado se endeuda sin freno. Récord de recaudación, récord de deuda. Eso también es corrupción.
Durante la pandemia su gestión fue desastrosa: celebraron el 8M, extendiendo el virus sabiendo lo que había, encerraron ilegalmente a la población, censuraron cualquier crítica, mintieron con el IVA de las mascarillas, enriqueciéndose a
costa de la muerte de los españoles, malversaron los contratos de COVID, impusieron el pasaporte COVID y obstaculizaron la investigación judicial de su gestión. Eso, señorías, también es corrupción. Rescataron Plus Ultra sin justificación;
repartieron contratos como botín de guerra mientras la gente moría; convirtieron los fondos europeos en una red clientelar. Mientras tanto, los españoles en La Palma siguen en contenedores, los afectados por la dana continúan sin ayudas. Eso,
señorías, también es corrupción. (Aplausos). Y los inmigrantes ilegales que acaban de llegar, en hoteles de lujo. Este es el socialismo real: la ruina de los españoles y el premio a los ilegales.
Pero lo más grave no es solo lo que roban, sino todo lo que destruyen. Han colonizado las instituciones para blindarse. Un fiscal general puesto a dedo por Sánchez hoy está sentado en el banquillo de los acusados por primera vez en la
historia y los socios creen que solamente es que ese dedo de Sánchez es gafe. No lo es, es corrupción, pero ustedes intentan mirar para otro lado. Un Tribunal Constitucional convertido en una sucursal del PSOE, corrigiendo al Supremo, borrando
sentencias de corrupción y bendiciendo la amnistía. Todo esto también, por desgracia, con la complicidad del Partido Popular, que avaló esos nombramientos. Intentaron que la instrucción judicial pasara a la Fiscalía; colocaron fieles en el Banco
de España, en Televisión Española, en Renfe, en Correos, en Paradores y en decenas de empresas públicas; usan el BOE para tapar sus fechorías, y eso también es corrupción. Como también lo son los 700 millones de los ERE, el mayor escándalo de
corrupción en Europa; el caso del Tito Berni, drogas, prostitución, comisiones en pandemia; el caso PSOE, que es un poquito más de lo mismo; las maletas de Delcy en Barajas, con órdenes de Sánchez -ahora no nos digan que no lo sabían-; el caso
Hidrocarburos, con medio PSOE investigado; el caso Mediador; el propio Santos Cerdán, puesto a dedo por este señor de aquí, en prisión por corrupción: una red mafiosa, una trama organizada, un caso PSOE. (Aplausos). Y al frente tenemos a
Sánchez, enriqueciendo a su entorno: su mujer, imputada; su hermano, imputado y comprándose un billete para irse a Japón. Mientras tanto, tolerando la okupación y permitiendo la inmigración ilegal invasiva, importan delincuencia y abandonan la
seguridad de los barrios de las familias españolas, y eso es corrupción.
Señorías, además, este es el Gobierno más caro de la historia, el Gobierno que impidió investigar los abusos a menores tuteladas, el Gobierno que aforó a sus dirigentes a toda prisa para intentar protegerlos. Eso, señorías, eso es
corrupción. El Gobierno cuyo entorno presiona a la UCO para frenar las investigaciones; el Gobierno con un modelo energético ruinoso que dispara la luz, la gasolina y la cesta de la compra; el Gobierno que ha permitido que desde la aprobación de
la ley de la ELA más de 600 enfermos hayan muerto sin recibir un solo euro. Eso no solo es corrupción económica, es también corrupción moral, que es peor aún. (Aplausos). Y Sánchez no está solo en esta historia, lo sostienen sus socios, lo
sostienen los golpistas, los separatismos locales y los enemigos de la nación: Podemos, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, PNV y SUMAR. Menudo equipo, todos cómplices, todos callan y todos trincan.
¿De verdad ahora alguien cree que el señor Sánchez, que vivía de los prostíbulos, era el que iba a acabar con la prostitución? Llevan tres diputados que han estado en esta Cámara, socialistas, que sepamos, que se iban de putas, y no han
hecho absolutamente nada, y siguen creyéndole sus socios. ¿De verdad? Y esto también lo blanquea el Partido Popular, que en Bruselas pacta el 90 % con ellos. Señorías, ¿tienen ustedes un 90 % de cosas en común con el señor Sánchez? El PSOE roba
y el Partido Popular tapa, y los españoles, por desgracia, pagan. Y solo hay una alternativa: este Gobierno no puede seguir ni un minuto más. No es una cuestión de estrategia, es una cuestión de decencia, de dignidad y de justicia.
Nosotros, VOX, no solo denunciamos; proponemos medidas, y proponemos medidas para paliar todas estas sandeces que hacen ustedes: un IRPF más justo, bajar el IVA a como estaba antes, un IVA del 0 % para la alimentación esencial, mantener la
estimación objetiva de los autónomos con límites razonables e igualar plazos, esto es, que si Hacienda tarda seis meses en devolver, el contribuyente tendrá...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Termino ya.
... seis meses para pagar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe concluir, señoría.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Revisar los 180 000 millones en gasto político e ineficacias para devolverlos a las familias, además del respeto a todos los servidores públicos, en especial a la Guardia Civil, que a pesar de las presiones
y el señalamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor. Muchas gracias.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: ... sigue defendiendo la legalidad frente a este Gobierno corrupto.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal Matas.
El señor VIDAL MATAS: Gràcies, president.
Després de la intervenció del diputat de VOX, no tinc temps per contestar tanta demagògia concentrada en tan poc temps. Des de Més i des del grup Plurinacional de SUMAR tenim tolerància zero amb la corrupció, i això ho van deixar clar als
companys del Partit Socialista: el temps està corrent, el rellotge està en marxa, els acords s'han de complir. Hem de començar a posar en marxa les mesures d'acords anticorrupció. Han de posar en marxa l'agenda democratitzadora. No els hi vàrem
donar un xec en blanc,
Però què ens proposa VOX per lluitar contra la corrupció? Demagògia, demagògia i demagògia i l'única mesura que li coneixem ha estat suprimir l'Oficina Anticorrupció a les Illes Balears. Per tant, res, VOX no proposa res en contra de la
corrupció. I la seva moció, lluny de fer mesures concretes, ens ve a fer un atac directe a la democràcia, posant en dubte el vot per correu a lo Trump, dient que aquest Govern ha estat el pitjor de la història, incloent per tant de tota la
història, totes les dictadures que ha patit l'Estat espanyol. I apel·len sobretot a treure el Govern, a 'deshacerse de ellos', com si el Govern fos una víctima de la màfia, que tal vegada pot ser que aquest Govern sigui una víctima de la màfia,
d'aquelles pel·lícules dolentes on els mafiosos volen que acabin a les cunetes, morts. Per tant, actuem. Però si la moció apel·la a l'ètica, que demana ètica i demana cessar a la ministra Montoro... Montero ?perdó- per ètica, què està pensant
VOX? Què està esperant per cessar el president del Parlament de les Illes Balears, el senyor Le Senne, imputat per delictes d'odi? Cessin-lo ja! Però lluny de cessar-lo, els senyors de VOX, lluny de cessar un imputat, el que fan és fer-lo el màxim
responsable de VOX a les Illes Balears. Així és com vostès premien els corruptes, els delinqüents, els condemnats, segurament.
Xerren també de corrupció política. Qui ha fet una demagògia de corrupció política? Corrupció política és faltar a la veritat i faltar a la història. Suprimir la llei de memòria històrica pactada entre tots amb la col·laboració, sí, de
vostès, els senyors del Partit Popular i fent víctimes de primera i de segona a l'Estat espanyol. Perquè el més trist de tot d'aquesta derogació és que el senyor Le Senne encara se'n podrà beneficiar, inclús. Això sí que és de verdaderament
corrupció política. I el que és cert i lamentam aquests dies és que el Partit Popular, en el seu llenguatge, xerrant de fosses i dient amb qui podia parlar aquest diputat i amb qui no podia parlar aquest diputat, empleant un llenguatge més propi
dels set ministres franquistes que varen crear el Partit Popular que un Partit Popular modern, de centredreta, que enyoram molt de nosaltres.
Però tornant a la moció, el partit de VOX ens proposa mesures fiscals. Com sempre en fan tot un llistat, però els hi poden dir els que patim els governs de Vox i Partit Popular que el que fan en realitat quan
governen és abaixar els impostos als rics. I els hi posaré l'exemple que ha passat a les Illes Balears. S'han perdut... S'han recaptat 400 milions d'euros manco per les rebaixes a l'impost de l'herència. Tres persones s'han estalviat
cada una d'elles 50 milions, per la rebaixa fiscal que han fet PP i VOX per als megarrics. Això és el que pensen i no els ciutadans. Amb aquests doblers, el tren de Llevant ja podria ser una realitat o ja podria arribar el tren a Alcúdia.
Nosaltres, a la ministra Montero, li demanam feina. Li demanam que presenti uns pressupostos generals justos per a les Illes Balears i per a tots els territoris, que millori el règim especial de les Illes Balears, que derogui el que queda
de la llei Montoro i que ajudi els ajuntaments en el seu finançament. I per què no? Que s'atreveixi una vegada a plantejar obertament un nou model de finançament just i que entengui les singularitats com la de les Illes Balears, el fet insular.
VOX, en canvi, demana ?senyories, que els quedi clar- una retallada als pressupostos generals de l'Estat de 240 000 milions, quasi quasi la meitat. Quasi quasi demana que apaguem els llums del Congrés i posem una dictadura a funcionar. Quasi
quasi demana que suprimim totes les pensions. No saben vostès ni que posen en les xifres que posen en aquestes proposicions de llei. Vergonya li hauria de fer.
I per anar acabant, demanen respecte pels servidors públics i amb això estaré d'acord. Vostès demanen respecte pels servidors públics. El personal que està fent feina atenent els menors no acompanyats als centres on vostès es manifesten,
on vostès envien els ultres a protestar, on vostès els amenacen, també són servidors públics. I també tenen drets i els han de respectar.
Vostès, senyories de VOX, han estat sempre els negacionistes de la violència de gènere. Ho varen haver de patir aquí el dijous passat, a les infames jornades que varen donar. Sabíem que eren negacionistes del canvi climàtic. Avui poden
dir que són negacionistes de la sacrosanta Constitució a temps parcial i el que és pitjor, cada dia, vostès són negacionistes de la democràcia.
Gracias, presidente.
Después de la intervención del diputado de VOX, no tengo tiempo para contestar tanta demagogia concentrada en tan poco tiempo. Desde el grupo nacional SUMAR y desde Més tenemos tolerancia cero ante la corrupción, y ya lo dejaron claro los
compañeros del Partido Socialista: el tiempo corre, el reloj está en marcha, los acuerdos se tienen que cumplir. Tenemos que empezar a poner en marcha las medidas de acuerdos anticorrupción, tenemos que poner en marcha la agenda democratizadora.
No les dimos un cheque en blanco.
Pero ¿qué nos propone VOX para luchar contra la corrupción? Demagogia, demagogia y demagogia. Y la única medida que conocemos ha sido suprimida: la oficina anticorrupción de las Islas Baleares. Por ello, nada; VOX no propone nada en
contra de la corrupción. Y la moción, lejos de hacer medidas concretas, viene a ser un ataque directo a la democracia, poniendo en duda el voto por correo a lo Trump, diciendo que este Gobierno ha sido el peor de la historia y, entonces, ignorando
todas las dictaduras del Estado español y, sobre todo, apelando a deshacerse de ellos, como si el Gobierno fuera una víctima de la mafia, y quizá ese Gobierno pueda ser una víctima de la mafia, una de esas películas malas donde los mafiosos quieren
que acaben muertos por ello. Pero si la emoción apela a la ética, pide ética y pide cesar a la ministra Montero por ética, ¿qué está pensando VOX?, ¿a qué está esperando para cesar al presidente del Parlamento de las Islas Baleares, al señor Le
Senne, imputado por delitos de odio? Césenlo ya. (Aplausos). Pero lejos de cesarlo, lejos de cesar a un imputado, le hacen el máximo responsable de VOX en las Islas Baleares. Así es como ustedes premian a los corruptos, a los delincuentes, a los
condenados.
Hablan también de corrupción política. Aquí ha hecho demagogia de corrupción política. Corrupción política es faltar a la verdad, faltar a la historia, suprimir la ley de memoria histórica pactada entre todos, con la colaboración de
ustedes, de los señores del Partido Popular, y haciendo víctimas de primera y de segunda en el Estado español. Porque lo más triste de todo, de esta evaluación, es que el señor Le Senne aún se podrá beneficiar. Esto sí que es realmente corrupción
política. Y lo que es cierto y lamentamos estos días es que el Partido Popular, en su lenguaje, hablando de con quién podría hablar este diputado y con quién no, utiliza un lenguaje franquista de los que quedaron en el Partido Popular, un Partido
Popular moderno y de centroderecha que echamos de menos muchos de nosotros.
Ante esta moción, el partido de VOX nos propone medidas fiscales, como siempre, haciendo un listado, pero les podemos decir los que sufrimos los partidos de VOX y del Partido Popular que cuando bajan los impuestos a los ricos pasa esto. Les
voy a dar un ejemplo de lo que ha ocurrido en las Islas Baleares: se han perdido 4 millones de euros por las rebajas en la herencia. Hay tres personas que se han ahorrado 50 millones por la rebaja fiscal de PP y de VOX a los megarricos. Con
ellos es con quienes piensan y no con los ciudadanos. Con ello, el tren de Levante ya podría ser una realidad o podría llegar el tren a Alcúdia.
A la ministra Montero le pedimos trabajo, le pedimos que presente un presupuesto que sea justo con las Islas Baleares y con todos los territorios, que mejore el régimen de las Islas Baleares, que derogue lo que queda de la ley Montoro y que
ayude a los ayuntamientos con su financiación y, por qué no, que se atreva también a plantear abiertamente un nuevo modelo de financiación justo y que entienda las singularidades de las Islas Baleares, el hecho insular. VOX, sin embargo, pide,
señorías, que les quede claro, los presupuestos del Estado de 240 millones. Casi la mitad. Casi pide que apaguemos las luces del Congreso y pongamos una dictadura a funcionar, casi pide que eliminemos las pensiones. No saben ustedes ni qué ponen,
ni las cifras que están poniendo en estas proposiciones de ley. Vergüenza les tendría que dar.
Y para ir terminando, piden respeto a los servidores públicos. Con esto voy a estar de acuerdo. Ustedes piden respeto para los servidores públicos. El personal que está trabajando con los menas en los centros donde ustedes se manifiestan,
donde ustedes les amenazan, también son trabajadores públicos y también tienen derechos y los tenemos que respetar.
Ustedes, señorías de VOX, han sido siempre negacionistas de la violencia de género, ya lo vimos aquí el jueves pasado en las infames jornadas que hicimos. Sabíamos que eran negacionistas del cambio climático; hoy podemos decir que son
negacionistas de la santa Constitución a tiempo parcial, y, lo que es peor, cada día ustedes son negacionistas de la democracia. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidente.
Quiero contestar al señor Robatto, porque ha dicho cosas bastante graves. No íbamos a intervenir, pero nos parece importante, básicamente porque nos ha acusado prácticamente a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara -ya entiendo que
es tarde y que la gente pasa, sí, pasa de usted- de robar. De hecho, literalmente ha dicho que aquí todos trincamos. No sé si se refiere a los salarios que cobramos. Entiendo que ustedes cobran en sacos de arroz y el resto cobramos dinero, porque
no quiero creer que usted aquí nos ha acusado de robar por la cara, pero algunas cosas que ha dicho son gravísimas, aparte de esta.
Aparte de llamar infames a grupos parlamentarios, buitres a otros grupos parlamentarios, repito, por la cara, ha dicho que pactar con Bildu, con Esquerra Republicana, con el BNG es corrupción. ¿Por qué? Pero ¿por qué pactar con el
diferente es corrupción? ¡Ah!, ¡claro!, porque ustedes no se diferencian en nada del Partido Popular, ¿no? Entonces, cuando pactan con el Partido Popular no pasa nada, no es corrupción. Y si algún día pactan con otra gente, qué Dios no lo quiera,
¿será corrupción? O sea, ¿qué anormalidad ha dicho usted aquí?
Luego dice que el presidente del Gobierno tiene preparado un referéndum en Cataluña. ¡Hombre! Para nosotros es una buena noticia. (Risas). No lo sabíamos, pero es una buena noticia. ¿Es corrupción también? O sea, una idea que representa
a miles de personas en Cataluña, que no le gusta nada, ¿también sería corrupción? A mí, las suyas me gustan muy poco, pero no son corrupción.
Por cierto, usted ha vuelto aquí con un remember bastante chungo que ya nadie dice, pero que usted ha repetido: que la pandemia fue culpa de las manifestaciones feministas del 8M del año 2020. ¡Hombre! Hacía muchísimo tiempo que esto no se
decía. Claro, hay que tener jeta, ¿eh? Hay que tener jeta, porque ustedes aquel día de aquel año, cuando ya se sabía que venía algo muy duro, juntaron a 10 000 personas en Vistalegre (aplausos), en una manifestación en contra precisamente de las
manifestaciones feministas. ¿Y sabe qué? Que al día siguiente se supo, en la Junta de Portavoces en la que yo estaba, que un tal Ortega Smith era positivo en COVID. ¿Y sabe qué pasó? Que los suyos se fueron corriendo de aquí. (Risas). Con
miedo, lógicamente. Lo entendimos todos y todas.
Pero le voy a decir algo, y no lo digo yo. Ha habido una persona que los conoce muy bien, que ha dicho literalmente que VOX apesta a corrupción. Se llama Macarena Olona. Ahora ya, por lo que sea, no lo dice tanto, por lo que sea, pero lo
dijo cuando salió muy rebotada de su partido, como prácticamente todo el mundo que sale de su partido, cosa que tampoco se publica mucho, por lo que sea. Pero ella hablaba de donaciones, concretamente de 7 millones de euros que habían ido a parar a
una fundación que preside -¡oh, casualidad!- un tal Santiago Abascal, que lleva toda la vida presidiendo chiringuitos.
Entonces, ¿usted qué viene aquí a decirnos, que porque el PSOE pacta con diferentes es corrupción? No podemos dejarlo pasar, por mucho que sean casi las nueve de la noche o más allá de las nueve de la noche, porque es una
'desvergonzonería', no puede ser, y porque mucha gente que escucha a esta gente dice: ¡Ah!, si nadie dice nada, será verdad, ¿no? Pues no es verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Trenzano Rubio.
La señora TRENZANO RUBIO: Señor presidente, señorías.
En esta Cámara, sede de nuestra democracia, nos reunimos no solo para debatir leyes, sino para defender los pilares de nuestra convivencia: la justicia social, la solidaridad y el respeto al adversario político.
Hoy, VOX nos presenta una moción que, bajo el pretexto de combatir la corrupción, no supone más que un nuevo capítulo de su estrategia de demolición sistemática de todo lo que representa el progreso en España. La toxicidad del discurso que
la envuelve es más que evidente. La ultraderecha, representada por VOX y sus aliados del Partido Popular, ha elevado el odio a categoría pública. Recordemos las palabras del señor Tellado, quien la semana pasada proclamó que su partido empezará a
cavar la fosa donde reposarán los restos de este Gobierno. Esta metáfora no es inocente. Además de un insulto lacerante a las víctimas del franquismo, es también una apelación velada a la violencia (el señor Tellado Filgueira pronuncia palabras
que no se perciben), un cuestionamiento directo a la legitimidad democrática de un Gobierno elegido por el pueblo soberano y sus representantes.
No contentos con ello, el señor Abascal ha exigido recientemente confiscar y hundir el barco Open Arms, calificado por él mismo como un barco de negreros, en referencia a una ONG que salva vidas -repito-, que salva vidas en el Mediterráneo.
(Aplausos). Y, por si no fuera suficiente, ha reiterado que meter a Pedro Sánchez en la cárcel es lo único más urgente que hundir los barcos de la invasión islamista.
Detrás de estas bravatas se ocultan los deseos políticos reales de la ultraderecha: un proyecto totalitario que anhela revertir los avances democráticos hacia un modelo autoritario inspirado en el franquismo. Su discurso no busca debatir,
sino imponer una hegemonía de control absoluto donde las instituciones se dobleguen a su voluntad, el pluralismo sea suprimido y las libertades individuales se subordinen a una visión excluyente del pasado. Su lenguaje no solo hiere sensibilidades,
erosiona los cimientos de nuestra democracia, fomentando el divisionismo y el odio que tanto daño han causado en nuestra historia reciente.
Esta es la estrategia del populismo autoritario, teorizada por autores como Mudde o Müller, que busca deslegitimar las instituciones para imponer una agenda regresiva. No es casualidad que VOX, en su moción, mezcle acusaciones infundadas
con propuestas económicas que disfrazan un asalto al estado del bienestar. Examinemos brevemente sus demandas fiscales, muchas de las cuales -ironías del destino- ya están parcialmente en vigor o son redundantes con medidas existentes. Por
ejemplo, proponen un tipo impositivo del 0 % permanente para los productos básicos de alimentación, pero olvidan que en 2025 el IVA superreducido al 4 % ya se aplica a muchos de estos bienes esenciales y que hemos mantenido reducciones temporales al
0 % en contextos de crisis, como durante la pandemia o la inflación posguerra de Ucrania.
Pero vayamos al corazón de su propuesta: una revisión del gasto público que suma 240 000 millones de euros en recortes directos, 240 000 millones de euros evaporados. Para contextualizar esta barbarie, recordemos los presupuestos generales
del Estado para 2025, ajustados con un gasto consolidado aproximado de 600 000 millones de euros. Estos recortes representarían por tanto cerca del 40 % del presupuesto total. ¿Qué significaría esto para el sostenimiento de las pensiones y de
nuestro estado del bienestar? Un cálculo conservador, basado en datos del AIReF, revela el desastre que ello supondría, puesto que el gasto en pensiones para 2025 ascenderá a unos 216 000 millones de euros, cubriendo a más de 10 millones de
pensionistas. Los recortes propuestos por VOX podrían eliminar de cuajo este pilar de nuestro estado del bienestar. (Aplausos). ¿Es esto anticorrupción? No; esto es un asalto neoliberal que beneficiaría a los de toda la vida, a los mismos de
siempre, mientras condenaría a la precariedad a trabajadores, pensionistas y cientos de miles de familias.
La pregunta que subyace ante este panorama es la siguiente: ustedes, señores de las derechas, ¿para qué sirven? ¿Ustedes de qué les sirven a los españoles? Ustedes no quieren que cobren mejores
pensiones, no quieren que les suban los salarios, no quieren ampliar sus permisos de paternidad y maternidad, no quieren que trabajen menos horas, destruyen los servicios públicos que les asisten para privatizarlos y sacar tajada de ello y,
ante las emergencias que amenazan sus vidas, desaparecen y no toman las riendas del asunto. (Aplausos).
Somos muy conscientes de que, a pesar de todo ello, nosotros lo tenemos más difícil, porque siempre es más complejo construir que destruir. Nosotros hemos de convencer a la ciudadanía con argumentos y con hechos; a ustedes les basta con
alterar su estado de ánimo y azuzar el miedo. Pero nosotros vamos a seguir con paso firme, vamos a seguir trabajando para derribar los muros de la infamia y construir los puentes de la democracia, de la igualdad, de la justicia social y de la
convivencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Parra Gallego.
El señor PARRA GALLEGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya buenas noches.
Hoy debatimos una moción que, aunque parte de una denuncia legítima, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de estética parlamentaria más que en una herramienta de cambio real, y eso, señorías, es algo que en el Partido Popular no
podemos permitirnos.
Empecemos por lo esencial. El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de la señora Montero, está salpicado por una serie de escándalos que no podemos permitir que sean ignorados. La dimisión del número tres de su ministerio, tras
numerosas sospechas de corrupción, no es un hecho aislado. También recordarán ustedes a su famoso jefe de gabinete, que dice que no cogió dinero, pero que recomendó a muchas empresas. Añadimos también a esto la falta, una vez más por su ausencia,
de presupuestos. Todos ellos son síntomas de una enfermedad institucional que se extiende por todo el Gobierno de Sánchez. El caso Koldo, las adjudicaciones opacas, los contratos a dedo, los silencios cómplices, todo apunta a una estructura de
poder que ha convertido la Administración pública en un instrumento al servicio del Partido Socialista. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces, lo dicen los medios, lo dice la Guardia Civil y lo dice la realidad. (Aplausos).
El Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser un partido de gobierno y se ha convertido en una máquina de supervivencia. Coloniza instituciones, desprecia la transparencia y utiliza el Boletín Oficial del Estado como herramienta de
propaganda. Y, mientras tanto, los españoles pagamos más impuestos ?más de noventa y siete-, recibimos menos servicios, sufrimos un apagón y ahora escuchamos que nos quedan dos años todavía de padecer un caos ferroviario. ¡Qué manera de ver cómo
se degrada la calidad democrática de este país, señorías!
Debemos ser rigurosos con lo que aquí se propone. La moción presentada denuncia, sí, pero no construye; señala, pero no soluciona. Es una moción que busca un impacto mediático, no un cambio legislativo que necesitamos. Y eso, en un
momento tan delicado como el que vivimos, es insuficiente claramente. Señorías, en el Grupo Popular creemos que la regeneración democrática no se logra con gestos; se logra con reformas. No basta con pedir ceses; hay que proponer mecanismos de
control, auditorías independientes y una revisión profunda de todos los órganos administrativos. Hay que devolver a las instituciones su dignidad, y eso nos exige a todos más que titulares.
Esta moción puede acabar reforzando a Sánchez en su papel de víctima. Ya lo hemos visto antes: cada ataque sin propuesta le sirve para agitar el miedo y consolidar aún más el bloque de investidura. No vamos a regalarle ese argumento. Por
eso, señorías, desde el Grupo Popular exigimos algo más que dimisiones; exigimos responsabilidad política, exigimos reformas estructurales y exigimos que se convoquen elecciones para que los españoles puedan decidir si quieren seguir bajo un
Gobierno que ha normalizado la corrupción. (Aplausos).
Señora Montero, usted no puede seguir al frente de Hacienda, y no por lo que ha hecho, sino por lo que ha permitido. La permanencia es insostenible, y si el presidente Sánchez no actúa, será cómplice por omisión.
Señorías, no se trata de ideología, se trata de decencia, y en eso el Partido Popular no va a ceder ni un solo milímetro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MÚLTIPLES TRAMAS CORRUPTAS QUE ACTUABAN EN EL GOBIERNO Y, ESPECIALMENTE, EN EL MINISTERIO DE HACIENDA. (Número de expediente 173/000114).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las múltiples tramas corruptas que actuaban en el Gobierno y,
especialmente, en el Ministerio de Hacienda.
Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Muñoz Abrines.
El señor MUÑOZ ABRINES: Gracias, señor presidente.
Señorías, mañana se va a producir un hecho inédito en nuestra democracia: el presidente del Gobierno y su esposa se van a someter de manera simultánea a un doble control institucional. El presidente del Gobierno tendrá que someterse al
control de esta Cámara y responder por su gestión y por sus casos de corrupción, y Begoña Gómez se va a someter al control judicial para responder sobre los cinco delitos que se le imputan. Y mañana también, señorías, seremos testigos,
probablemente, de una estrecha comunión marital en ideas y en principios: Sánchez, probablemente, una vez más, no contestará al Parlamento, y Begoña Gómez, también probablemente, guardará silencio ante las preguntas del juez. En todo caso, de lo
que estoy seguro es de que veremos los insultos del Gobierno y del PSOE al juez instructor.
Señorías, hace un par de meses alguien se preguntaba: ¿Debe dimitir el presidente Sánchez? Respuesta: Sin ambages, sí; carece de legitimidad para gobernar un presidente cuyos dos colaboradores más estrechos durante una década están
siendo investigados por integrar una organización criminal, sin olvidar también que investigan otros delitos a su mujer, su hermano y el fiscal general del Estado. Pues bien, esta reflexión, señorías, no es mía, ni siquiera es de alguien del
Partido Popular, aunque lógicamente la compartimos en su totalidad; esto lo dijo alguien que hasta ayer por lo menos era un referente intelectual para la izquierda y para los socialistas. Esta llamada a la dimisión de Pedro Sánchez por su
corrupción es de Javier Cercas, publicada en el diario El País el pasado 1 de julio. Y, fíjense, no se llamen a engaño en el Gobierno, en el Grupo Socialista o alguno de sus socios creyendo que la opinión del señor Cercas es simplemente algo
anecdótico o algo individual, porque esta es la opinión, señorías, de la inmensa mayoría de los españoles, incluyendo también a los votantes socialistas, y no se olviden tampoco de que dos de cada tres españoles piensan que debería haber ya
elecciones. Pero ¿saben, señorías, qué es lo que se pregunta la inmensa mayoría de la gente? Pues cuándo va a dimitir, por ejemplo, un ministro como Óscar Puente, alguien a quien nombraron no para arreglar la red ferroviaria, sino para tapar la
red de corrupción del Ministerio de Transportes (aplausos); un ministro que no fue nombrado, como hemos podido escuchar en los audios de Koldo, para arreglar nada, simplemente 'porque Cerdán tiene mano para colocar un par de personas y Óscar sí que
le escucha y le hace caso'. Hoy los españoles se preguntan cuándo va a dimitir, por ejemplo, el señor Marlaska, un ministro no solo reprobado en varias ocasiones por su nefasta gestión en Interior, sino también por haber comprado las mascarillas
que le pidió Koldo; hoy, señorías, los españoles también se preguntan cuánto tardarán en asumir sus responsabilidades la señora Armengol y el señor Torres por usar el mismo modus operandi como puerta de entrada de la trama corrupta de Ábalos, Koldo
y Aldama en Baleares y en Canarias, y hoy los ciudadanos se preguntan mucho más cuándo va a dimitir un fiscal general del Estado procesado y bajo fianza. Miren, la indignidad del señor García Ortiz supone un inadmisible desprestigio para la
institución que representa. Sin embargo, el Gobierno dice que no tiene que dimitir porque hay que respetar su inocencia. Pues bien, señorías, ¿y qué pasa con el resto de los 2683 fiscales que, si estuviesen en su misma situación, sí serían
suspendidos de empleo y sueldo? (Aplausos). ¿Es esa la solidaridad y la ejemplaridad de un fiscal general con sus subordinados? Desde luego, señorías, ¡qué vergüenza!
Hoy los ciudadanos, especialmente los andaluces, se preguntan qué tiene que pasar para que la señora Montero deje de ser ya vicepresidenta y ministra de Hacienda. Porque hay que recordar que la señora Montero ha batido todos los récords
para ser considerada un paradigma de la corrupción en el sentido socrático del término. Fíjese, era miembro del Gobierno de Andalucía cuando se perpetró el robo de los ERE. La señora Montero puso la mano en el fuego por su jefe de gabinete, y no
solo se quemó, sino que además hemos sabido que el señor Ábalos fue quien la llamó directamente para tratar sobre las deudas tributarias de Víctor de Aldama. La ministra de Hacienda volvió a quemarse con su número tres. La vicepresidenta también
es responsable de la SEPI y, por lo tanto, de que se hayan usado empresas
como TRAGSATEC, ENUSA, EMFESA y LogiRAIL para contratar de manera irregular a determinadas amigas de determinados ministros.
Y, señorías, algo nuevo: ¿qué hay detrás de que, al parecer, el señor Zarrías haya hecho labores de mediación en la compra de acciones de INDRA para asegurar el control socialista de la sociedad? ¿Tiene algo que ver, tal vez, con el hecho
de que el anterior líder socialista, condenado, por cierto, por los ERE, sea el maestro de la señora Montero? (Aplausos).
Por otro lado, ¿era consciente la señora Montero de que un par de empresas de la SEPI también contrataron a Leire Díez? ¿Era esa la forma de compensar sus labores dentro de las cloacas del Partido Socialista? ¿O por eso defendieron hasta
el último momento a Santos Cerdán a pesar de todos los indicios y noticias que se habían publicado?
Pues bien, a pesar de todo, el Gobierno dice que se trata de un caso aislado y que han actuado con rapidez y contundencia. Claro, un caso aislado, señorías, debe ser que haya más de treinta imputados o procesados, incluyendo la mujer del
presidente, su hermano, sus dos, Koldo, el fiscal general del Estado y otros diecisiete cargos públicos. Claro, actuar con rapidez y contundencia debe ser convivir durante diez años con las presuntas trapacerías de Cerdán y Koldo. Actuar con
rapidez y contundencia, señorías, debe ser para los socialistas que, tras el aviso de la mujer de Ábalos sobre su ritmo de vida y su uso de prostitutas, Pedro Sánchez tardara nueve meses en cesarle como ministro. Claro, contundencia para los
socialistas debe ser que Pedro Sánchez, unos meses después, le dijera que le echaba mucho de menos. Y contundencia contra la corrupción moral y económica de Ábalos debe ser volver a ponerle en las listas electorales o que Santos Cerdán le ofreciese
pagar el abogado. (Aplausos).
Pero, bien, señorías, toda esta condescendencia con el señor Ábalos solamente se puede entender porque tenía mucho que callar, por ejemplo, con todo lo que pasó con la visita de Delcy Rodríguez. O tal vez tenga que ver, señorías, con la
peculiar relación del presidente Sánchez con la prostitución: su suegro, propietario de prostíbulos; Koldo, su militante ejemplar, portero de un puticlub; y su número dos, usuario habitual de servicios sexuales. Desde luego, señorías, hay algo
en lo que sí reconozco que fueron ustedes muy rápidos y contundentes, en activar el 'comando Leire' para intentar tapar sus escándalos de corrupción.
Termino, señorías. Por eso, todos lo tenemos muy claro: dejen que los españoles hablen; asuman sus responsabilidades; y hagan caso a Javier Cercas, es decir, dimitan y convoquen elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, millones de españoles estamos hartos de Sánchez, de un político sin escrúpulos dispuesto a cualquier cosa con tal de conservar el poder; hartos de la corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez;
hartos del acoso a las instituciones y de la degradación institucional auspiciada por Sánchez, a veces con la colaboración inestimable del Partido Popular, como, por ejemplo, con ocasión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Constitucional pactada por el PP con Sánchez, presidencia de Conde Pumpido incluida. Y, desde luego, los españoles estamos hartos del triunfalismo insultante del discurso oficial, que no se compadece para nada con la dura realidad
cotidiana que viven millones de compatriotas y especialmente las clases medias y las clases trabajadoras: inseguridad en los barrios a causa de la presencia de la inmigración ilegal, precios caros, sueldos bajos, empleo en precario, carencia y
carestía de vivienda, servicios públicos cada vez peores y, desde luego, una terrible falta de horizonte para nuestros jóvenes.
Naturalmente, todos esos millones de españoles estamos hartos también de la desvergüenza que Sánchez ha introducido como factor permanente en la política española. Porque es inaceptable que el fiscal general del Estado, al que hoy se le ha
abierto juicio oral por parte del Tribunal Supremo, permanezca en su cargo. Y es inaceptable que Televisión Española se haya convertido en un instrumento sectario al servicio fanático de los intereses de Sánchez. Millones de españoles, pues, están
hartos de las mentiras, de la prepotencia, de la estafa y de la traición que el sanchismo representa.
España necesita un Gobierno nuevo y decente que garantice la unidad nacional, el principio de igualdad, la separación de poderes, la convivencia, el Estado de derecho, la seguridad en las calles y la libertad (aplausos); y, desde luego, que
devuelva a España a un lugar respetado en el mundo, ese que hoy ha perdido por culpa de Sánchez convertido en vocero de Hamás, en caballo de Troya de los intereses
de China en Europa y en valedor de todas las criminales narcodictaduras bolivarianas. (Aplausos). España necesita un Gobierno firme que no se arrodille permanentemente al chantaje de un prófugo de la justicia, el tal Puigdemont, ni a las
imposiciones del nacionalismo carca y de los herederos políticos de ETA. España necesita un Gobierno en el que la extrema izquierda comunista no esté sentada en el Consejo de Ministros. Y España necesita, en definitiva, un Gobierno nuevo, leal al
interés general de la nación. Y eso vamos a tenerlo los españoles muy pronto, encabezado por VOX.
Mientras tanto, hoy, a través de esta enmienda, le exigimos a Sánchez que cese en su acoso a la justicia y que colabore con ella en la investigación de los delitos que le afectan; que respete a los servidores públicos y en especial a los
guardias civiles que investigan esos delitos; que dote a la justicia de medios humanos y materiales para convertirla en un instrumento ágil y eficaz al servicio de los españoles; que ponga fin a tanta degradación institucional; y, desde luego,
que cese a la vicepresidenta primera del Gobierno por las graves responsabilidades políticas derivadas de las sospechas de corrupción que afectan a su ministerio, al ministro del Interior, y a la directora general de la Guardia Civil por su dejación
de funciones en defensa de la UCO frente a las maniobras urdidas por una militante socialista.
Este es un Gobierno acabado, y por eso España necesita cuanto antes liberarse del secuestro que Sánchez representa. Eso lo vamos a conseguir sin lugar a duda esos millones de españoles que exigen hoy elecciones para liberarse de una vez por
todas del sanchismo, abrir un futuro mejor y recuperar la fortaleza de la democracia, la unidad y la dignidad nacional. Vamos a conseguirlo, señorías, seguro, VOX y millones de españoles juntos muy pronto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó Micó.
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.
Quan el Partit Popular diu que estava preocupat per la corrupció, la broma es fa a soles. És com si un piròman vingués ací a donar-nos classe de prevenció d'incendis, perquè el PP parla de corrupció com si ells i elles no tingueren res a
veure amb la corrupció. I, per exemple, al País Valencià vivim en estos moments la gran batalla entre Francisco Camps ?eixe símbol de una època gloriosa i daurada de la corrupció del Partit Popular que encara estem pagant les valencianes i
valencians- i Carlos Mazón, deixeble d'un altre gran de la corrupció en l'Estat, Eduardo Zaplana. La batalla interna entre estes dos persones no té absolutament res a veure amb quin model volen per a les valencianes i valencians del futur. Al
contrari, el que volen és triar qui tindrà el control del vell negoci de sempre, el que saben fer molt bé les senyories del Partit Popular, que és furtar. I no sabem si seran los amiguitos del alma d'uns o d'altres, o siga, els campsistes o
zaplanistes els que tindran la possibilitat d'omplir-se les butxaques en la caixa de tots i totes.
El Partit Popular no li calen comissions d'investigació sobre corrupció. El que els fa falta és una gran enciclopèdia per a recollir totes les seues trames. I vaig a fer un poc de memòria. Amb el cas Gürtel, el Partit Popular va crear una
xarxa corrupta, on empreses vinculades a vostès aconseguien contractes públics a canvi de comissions i regals. Amb el cas Brugal, el PP utilitzava la gestió dels residus d'Alacant amb adjudicacions milionàries per a repartir-se suborns. Amb el cas
Taula, el Partit Popular blanquejava diners que després feien que els regidors ingressaren com a donació per a què després ho reberen els sobres amb diners negres. Amb el cas Emarsa, van saquejar la depuradora de Pinedo inflant factures i desviant
més de mil... 20 000 milions d'euros a butxaques de particulars. Amb el cas Nóos, el PP va fer que la Generalitat pagara milions a l'institut d'Urdangarin i a empreses afins per a uns esdeveniments esportius que no van servir per a res. I amb la
Fórmula 1 i la visita del Papa, es van malgastar centenars de milions públics en contractes opacs, en sobrecostos i en adjudicacions a dit.
És clar, ara és quan vostès, senyories del Partit Popular, em diuen que esto es historia y que todo esto forma parte de otra época del Partido Popular. Bé, doncs mirin, quina casualitat, perquè tant Camps com Zaplana, ara reencarnat en
Mazón, són les mateixes dos persones que volen liderar el Partit Popular valencià en l'any 2025.
Però no és l'única casualitat que n'hi ha en estos moments. Saben quines empreses s'han emportat els diners de la reconstrucció de les zones afectades per la dana? Espòiler: Les mateixes
que en el seu moment van ser les que es van emportar tots els diners quan governaven Camps i Zaplana. Eixe és el Partit Popular.
Gracias, presidente.
Cuando el Partido Popular dice que está preocupado por la corrupción, la broma viene sola. Es como si un pirómano nos diera clases de prevención de incendios, porque el PP habla de corrupción como si ellos no tuvieran nada que ver con la
corrupción. Y, por ejemplo, en el País Valenciano vivimos en estos momentos la gran batalla entre Francisco Camps, ese símbolo de una época gloriosa y dorada de la corrupción del Partido Popular que aún estamos pagando las valencianas y
valencianos, y Carlos Mazón, discípulo de otro grande de la corrupción del Estado, Eduardo Zaplana. La batalla interna entre estas dos personas no tiene nada que ver con qué modelo quieren para las valencianas y valencianos en el futuro. Al
contrario, lo que quieren es escoger quién va a tener el control del antiguo negocio de siempre, el que saben hacer muy bien sus señorías del Partido Popular, que es robar. Y no sabemos si serán los amiguitos del alma de unos o de otros, es decir,
los zaplanistas o los campistas, los que van a tener la posibilidad de llenarse los bolsillos de la caja de todos y todas.
Al Partido Popular no le hacen falta comisiones de investigación sobre corrupción. Lo que les hace falta es una gran enciclopedia para recoger todas sus tramas. Y voy a hacer un poco de memoria. Con el caso Gürtel, el Partido Popular creó
una red corrupta donde empresas vinculadas con ustedes conseguían contratos públicos a cambio de comisiones y regalos. Con el caso Brugal, el PP utilizaba la gestión de residuos de Alicante con adjudicaciones millonarias para repartirse sobornos.
Con el caso Taula, el Partido Popular blanqueaba dinero que luego hacía que los regidores ingresaran como donación para que luego lo recibieran de nuevo en sobres de dinero negro. Con el caso Emarsa, saquearon la depuradora de Pinedo, inflando
facturas y desviando más de 20 000 millones de euros a bolsillos particulares. Con el caso Nóos, el PP hizo que la Generalitat pagara millones al instituto de Urdangarin y a empresas afines para unos eventos deportivos que no sirvieron para nada.
Y con la Fórmula 1 y la visita del Papa, se malgastaron centenares de millones públicos en contratos opacos y sobrecostes a adjudicaciones a dedo. Claro, ahora es cuando ustedes, señorías del Partido Popular, dicen que esto es historia y que todo
esto forma parte de otra época del Partido Popular. Bueno, pues vaya casualidad, porque tanto Camps como Zaplana -ahora reencarnado en Mazón- son las mismas dos personas que quieren liderar el Partido Popular valenciano en el año 2025.
Pero no es la única casualidad en estos momentos. ¿Saben qué empresas se han llevado el dinero de la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana? Spoiler: los mismos que en su día fueron los que se llevaron todo el dinero cuando
gobernaban Camps y Zaplana. Ese es el Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech.
El señor CRUSET DOMÉNECH: Diu el saber popular que no pot arreglar un problema qui és part d'aquest problema. I precisament aquesta moció d'avui i tot el que passa en la seva política espanyola des de fa molt de temps recull perfectament
aquesta realitat. Vostès no poden arreglar el greu problema de la corrupció espanyola, perquè uns i altres formen part d'aquests problemes, uns i altres. I, de fet, aquesta moció d'avui n'és una prova. Només cal que agafin el text literal
d'aquesta moció i al mateix lloc on hi diu Montero hi posin Montoro o hi posin Fernàndez Díaz o Rato o Zaplana o Rajoy. I veuran com el text que els hi queda i el que s'hi diu encaixa perfectament perquè vostès, uns i altres, parasiten les
institucions públiques pel sol fet d'ocupar poder i, com es demostra sovint, per tal de lucrar-se de manera il·lícita. Especialment paradigmàtic és el cas del ministre Montoro, amb una estructura dissenyada fins i tot abans de prendre possessió com
a ministre i que va operar des del ministeri que sagna econòmicament fins a l'extrem els ciutadans.
I també podríem parlar de la corrupció que practiquen Marchena i Llarena, gastant fons públics en perseguir persones i els seus béns només pel fet de no pensar igual que vostès. O la corrupció del sistema que representa no aplicar les lleis
que aprova aquesta cambra. No lleis que es van aprovar fa dècades i que, per tant, el sistema judicial, de manera legítima, pretén interpretar a veure quina era la voluntat del legislador d'aquell moment. No, no. Lleis aprovades de fa pocs mesos
que no es volen aplicar només pel fet que no agraden a alguns dels jutges que les han d'aplicar. En definitiva, una o altra, corrupció made in Spain.
I mentrestant, vostès, uns i altres, alimenten una espiral creixent de degradació de la política, acusant l'adversari de ser més corrupte que vostès mateixos, llençant-se per sobre els continuats casos de
corrupció, com si l'important fos que la llista de corruptes de l'altre grup tingui una línia més que la llista de corruptes de vostès. I mentrestant, i mentre s'empastifen uns amb els altres entre tota aquesta porqueria, la gent va patint.
Els preus dels productes cada vegada són més cars. El salari dels treballadors no serveixen per fer front a l'augment del cost de la vida. L'accés a l'habitatge s'ha tornat impossible. La sanitat, l'educació, el transport públic cada vegada són
més precaris i de pitjor qualitat. La multirreincidència i la inseguretat cada vegada s'escampen més pels carrers dels pobles i ciutats. Les pensions cada vegada estan menys garantides i, això sí, mentre passa tot això, cada vegada hem de pagar
més impostos.
Doncs, mirin, prou! Les coses pel seu nom. Uns i altres són el mateix problema. Uns i altres actuen de la mateixa manera. Uns i altres arrosseguen el país cap al mateix forat. Uns i altres són culpables d'anar empenyent la gent cap a
l'abisme. De veritat que se senten mínimament satisfets amb l'espectacle diari que donen cada dia en aquesta cambra? De veritat que es creuen que la seva política millora alguna cosa la vida dels ciutadans? De veritat que no se n'adonen que cada
vegada estan més lluny de la gent? Vagin fent. Vostès, uns i altres, vagin fent, vagin mentint a la gent, vagin actuant només pensant en els seus seguidors més fanàtics, vagin fent política només de cara a l'aparador. Vostès vagin degradant cada
vegada més a Espanya. Ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran. Nosaltres, mentrestant, anem fent camí per escapar-nos d'aquesta Espanya corrupta que vostès s'han entestat en espènyer cada dia més cap al més negre dels futurs.
Moltíssimes gràcies.
Dice el saber popular que no puede arreglar un problema quien forma parte de este problema, y precisamente esta moción de hoy, todo lo que ocurre en su política española desde hace mucho tiempo, recoge perfectamente esta realidad. Ustedes
no pueden arreglar el grave problema de la corrupción española, porque unos y otros forman parte de estos problemas. Unos y otros. Y, de hecho, esta moción de hoy es una prueba de ello. Solo hace falta coger el texto literal de esta moción y en
el mismo sitio donde pone Montero, le colocan Montoro o le colocan Fernández Díaz, o Rato, o Zaplana, Rajoy, y verán cómo el texto que les queda y lo que se dice en él encajan perfectamente. Porque ustedes, unos y otros, lo que hacen es parasitar
las instituciones públicas ocupando el poder y, como se demuestra a menudo, para lucrarse de forma ilícita. Especialmente paradigmático es el caso del ministro Montoro, con una estructura diseñada incluso antes de tomar posesión como ministro y que
operó desde el ministerio que sangra económicamente hasta el extremo a los ciudadanos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Y también podríamos hablar de la corrupción que practican Marchena y Llarena, gastando fondos públicos para perseguir a personas y a sus bienes solo por el hecho de no pensar igual que ustedes. O bien, la corrupción del sistema que
representa no aplicar las leyes que aprueba esta Cámara, no leyes que se aprobaron hace décadas y que, por lo tanto, el sistema judicial de manera legítima pretende interpretar para ver cuál era la voluntad del legislador en aquel momento, no, leyes
aprobadas hace pocos meses que no se quieren aplicar solo por el hecho de que no gustan a algunos de los jueces que tienen que aplicarlas. En definitiva, una u otra corrupción made in Spain.
Y mientras tanto, ustedes, unos y otros, alimentan una espiral creciente de degradación de la política, acusando al adversario de ser más corrupto que ustedes mismos, lanzándose y tirándose por encima esos continuos casos de corrupción, como
si lo importante fuera que la lista de corruptos del otro grupo tenga una línea más que la lista de corruptos de ustedes. Y mientras tanto, y mientras se van ensuciando unos y otros con toda esa porquería, la gente va sufriendo, los precios de los
productos cada vez son más caros, los salarios de los trabajadores no sirven para hacer frente al aumento del coste de la vida, el acceso a la vivienda se ha convertido en imposible, la sanidad, la educación, el transporte público cada vez son más
precarios y de peor calidad, la multirreincidencia y la inseguridad cada vez se encuentran más en las calles de pueblos y ciudades, las pensiones cada vez están menos garantizadas. Eso sí, mientras pasa todo eso, cada vez tenemos que pagar más
impuestos.
Basta. Las cosas por su nombre: unos y otros son el mismo problema, unos y otros actúan de la misma forma, unos y otros arrastran al país hacia el mismo agujero, unos y otros son culpables de ir empujando a la gente hacia el abismo. ¿De
verdad que se sienten mínimamente satisfechos con el espectáculo diario que dan cada día en esta Cámara? ¿De verdad que se creen que su política mejora en alguna cosa la vida de los ciudadanos? ¿De verdad que no se dan cuenta de que cada vez están
más lejos de la gente? Vayan tirando. Ustedes, unos y otros, vayan tirando, vayan mintiendo a la gente, vayan actuando solo pensando en sus seguidores más fanáticos y vayan haciendo política solo de cara a la galería, ustedes vayan degradando cada
vez más a España. Ya se lo encontrarán, ya lo verán. Nosotros,
mientras tanto, también vamos haciendo nuestro camino para huir de esta España corrupta que ustedes han insistido en llevar al más negro de sus futuros.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Cruset.
Pel Grup Republicà té la paraula el senyor Álvaro Vidal.
El señor ÁLVARO VIDAL: Presidenta. Senyories.
En català diem: És tard i vol ploure. Vull dir que tots vostès tenen ganes d'anar a sopar, però els que venim d'un silenci hem tingut pares i avis que han treballat sabent que aquesta feina és una de les millors feines que es poden fer
comparades amb d'altres. I avui, senyories ?també, les que no m'escolten- assistim a una cosa ben curiosa. Assistim a la subhasta de la corrupció. Hem vist com el grup de VOX ha fet una moció sobre corrupció i tot seguit el Partit Popular també
ha hagut de parlar en la seva moció de corrupció. I aquesta subhasta, senyories del PP, ja els dic ara que la tenen perduda de bell antuvi. Sempre perdran davant de la ultradreta. Això és molt antic, és molt vell. Suposo que últimament,
senyories del PP, estan nerviosos. Per exemple, el diari El Mundo, que no és precisament un diari contrari a vostès, està qüestionant l'actuació del senyor Feijóo, perquè, per exemple, el senyor Feijóo va tenir tan poc sentit institucional que va
mancar a la inauguració de l'any judicial. Fixin-se, senyories del PP, que la seva estratègia no acaba d'arrelar en el seu públic. I aleshores, en paral·lel, vostès han de competir amb la ultradreta a veure qui parla més de corrupció. Jo els diré
una cosa, que és molt òbvia: Cada vegada que el Partit Popular fa servir la corrupció alimenta els vots per al senyor Abascal. Això és així i ho diuen les enquestes. Vostès faran, vostès sabran. Jo no soc aquí cap consultor polític per dir el
que han de fer vostès. En tot cas, en aquest camí ens trobem un espectacle ben trist que podríem anomenar la roda del hàmster. Vostès no van acceptar, senyories del PP, que no van tenir musculatura parlamentària per construir un govern i han
quedat empotrats en aquesta obsessió i ara utilitzen cada dia casos reals o suposats de corrupció per intentar créixer. Però com ja he dit aquí algun il·lustre diputat que m'ha precedit, vostès parlant de corrupció fan una mica de riure. Vostès
han estat qualificats com el partit més corrupte d'Espanya. Jo era jove i me'n recordo que hi havia un senyor que es deia Naseiro, que era del seu partit. Podríem dir de Naseiro fins l'actualitat ha plogut, ha plogut bastant. No poden donar
lliçons, efectivament.
I és veritat que el Partit Socialista ha de fer autocrítica i el Partit Socialista té els seus problemes i Esquerra Republicana és un partit que sempre ha dit que caigui el pes de la llei contra els corruptes, siguin del color que siguin.
Però vostès aquí, senyories del PP, el que estan fent ?els ho dic amb carinyo- és un autogol com una casa de pagès. I m'agradarà que això quedi en el Diari de sessions, perquè quan veiem que malauradament la ultradreta creixerà a costa de vostès,
veuran el negoci que han fet tan dolent. Mirin, l'acudit ja me l'ha tret el portaveu que m'ha precedit de Junts, però era fàcil l'acudit. Vostès parlen de la senyora Montero, però han de parlar del senyor Montoro. És que, clar, no parlar de
Montoro és gairebé ridícul i tot és Hisenda, tot és Hisenda.
El que em fascina des d'un punt de vista intel·lectual és com vostès, senyories del PP, tenen la barra d'impartir lliçons sobre corrupció venint d'on venen. Però a més a més, no només de la corrupció coneguda com a tal ?el mal ús dels fons
públics, el robatori des de les institucions- sinó una corrupció que vostès, senyories, en són experts, que és la corrupció de la incompetència. La primera corrupció en un sistema democràtic és posar incompetents a governar. Carlos Mazón, un
polític cremat, un polític que ara dona lliçons fins i tot sobre les llengües. Carlos Mazón, un escàndol públic, pràcticament un senyor que en una democràcia normal hauria fet mutis pel fòrum. No parlem dels seus barons autonòmics, que van ser
tant incompetents en la lluita contra els incendis d'aquest estiu. Sí, començant pel senyor Mañueco. El senyor Mañueco, president de Castella i Lleó, que és un senyor que un dia diu: 'Está todo controlado'. I l'endemà, quan apareix fent-se la
foto amb el senyor Feijóo, diu: 'Necesitamos todo, no nos llega nada'. Per favor! Quina comèdia és aquesta?
És ben cert que l'espectacle és trist. Venim de l'estiu. Jo em pensava que hauríem superat la dinàmica, però soc una mica ingenu. Tornem a la roda del hàmster. Senyor Feijóo... El senyor Feijóono no guanyarà en aquesta línia. Guanyarà
el senyor Abascal. Els felicito perquè estan treballant per ells. La història em donarà la raó i no tinc il·lusió perquè me la doni. És així. Això ha passat a molts llocs i ho veurem. Recordin, senyories del PP, el que dic els dic sempre a
vostès: Pensin en la senyora Merkel i no pensin tant en Santiago Abascal.
Gràcies.
Presidenta, señorías.
En catalán decimos 'es tarde y tiene que llover', es decir, todos tienen ganas de irse ya a cenar, pero los que venimos de un silencio hemos tenido padres y abuelos que han trabajado sabiendo que este trabajo es uno de los mejores trabajos
que se pueden hacer comparados con otros. Y hoy, señorías -también las que no me escuchan-, asistimos a algo muy curioso. Asistimos a la subasta de la corrupción. Hemos visto cómo el Grupo VOX ha hecho una moción sobre corrupción y, a
continuación, el Partido Popular también ha tenido que intervenir en su moción de corrupción. Y esta subasta, señorías del PP, ya les digo ahora que la tienen perdida de entrada. Siempre van a perder ante la ultraderecha. Eso es muy antiguo, es
muy viejo. Supongo que últimamente, señorías del PP, están nerviosos. Por ejemplo, el diario El Mundo, que no es precisamente un periódico contrario a ustedes, está cuestionando la actuación del señor Feijóo, porque, por ejemplo, el señor Feijóo
tuvo tan poco sentido institucional que faltó en la inauguración del año judicial. Y fíjense, señorías del PP, que su estrategia no acaba de arraigar entre su público. Entonces, en paralelo, ustedes tienen que competir con la ultraderecha para ver
quién habla más de corrupción. Yo les voy a decir algo, que es obvio: cada vez que el Partido Popular utiliza la corrupción, alimenta los votos para el señor Abascal. Eso es así y lo dicen las encuestas. Ustedes ya sabrán. Yo no estoy aquí...
No soy un consultor político para decirles lo que tienen ustedes que hacer, pero, en todo caso, en este camino nos encontramos con un espectáculo bien triste, que podríamos llamar la rueda del hámster. Ustedes no aceptaron, señorías del PP, no
tuvieron musculatura parlamentaria para construir un Gobierno y han quedado empotrados en esta obsesión. Ahora utilizan cada día casos reales o supuestos de corrupción para intentar crecer, pero, como ya ha dicho aquí algún ilustre diputado que me
ha precedido en la palabra, ustedes, hablando de corrupción, dan un poco de risa. Ustedes han sido calificados como el partido más corrupto de España. Yo era joven y recuerdo que había un señor que se llamaba Naseiro, que era de su partido. De
Naseiro hasta la actualidad, podríamos decir que ha llovido, ha llovido bastante. No pueden dar lecciones, efectivamente.
Es cierto que el Partido Socialista tiene que hacer autocrítica y el Partido Socialista tiene sus problemas. Esquerra Republicana es un partido que siempre ha dicho que caiga el peso de la ley contra los corruptos, sean del color que sean.
Pero ustedes aquí, señorías del PP, lo que están haciendo, y se lo digo con cariño, es un autogol como una casa. Me gustaría que eso conste en el Diario de Sesiones, porque cuando veamos que, desgraciadamente, la ultraderecha crece a costa de
ustedes, verán el negocio tan malo que han hecho. Y vean, el chiste ya me lo ha quitado el portavoz de Junts que me ha precedido, pero era fácil la broma. Ustedes hablan de la señora Montero, pero tienen que hablar del señor Montoro. Claro, es
que no hablar de Montoro es casi ridículo. Y todo es Hacienda, todo es Hacienda.
Lo que me fascina desde un punto de vista intelectual es cómo ustedes, señorías del PP, tienen la barra de impartir lecciones sobre corrupción viniendo de donde vienen. Pero, además, no solo la corrupción conocida como tal, el mal uso de
fondos públicos, el rotatorio de las instituciones, sino una corrupción en la que ustedes, señorías, son expertos en ella. Es la corrupción de la incompetencia. La primera corrupción en un sistema democrático es poner a incompetentes a gobernar.
Carlos Mazón, un político quemado, un político que ahora da lecciones, incluso sobre las lenguas. Carlos Mazón, un escándalo público, prácticamente un señor que en una democracia normal hubiera hecho mutis por el foro. Y no hablemos ya de los
varones autonómicos, tan incompetentes en la lucha contra los incendios este verano. Sí, empezando por el señor Mañueco. El señor Mañueco, presidente de Castilla y León, es un señor que un día dice que está todo controlado y al día siguiente,
cuando aparece haciéndose la foto con el señor Feijóo, dice: necesitamos todo, no nos llega nada. Por favor, ¿qué comedia es esa?
Es cierto que el espectáculo es triste. Venimos del verano y creía que habíamos superado la dinámica, pero soy un poco ingenuo. Volvemos a la rueda del hámster. El señor Feijóo no va a ganar en esa línea. Lo hará el señor Abascal y le
felicito, porque están trabajando para ellos. La historia me va a dar la razón y no me hace ilusión que me la dé. Es así. Eso ha ocurrido en muchos sitios y lo veremos. Y recuerden, señorías del PP, lo que les digo siempre: piensen en la señora
Merkel y no piensen tanto en Santiago Abascal.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Álvaro.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Buenas noches, señorías.
Esta moción tiene dos expresiones que a mí me han llamado bastante la atención. Habla de la corrupción del actual Gobierno como de algo sin precedentes y de corrupción sistémica. No voy a reiterar la ristra de casos que ya ha mencionado mi
compañera Águeda Micó, pero esta moción se fijó el pasado 19 de junio y el 17 de julio saltó en los medios de comunicación el caso Montoro. Me gustaría preguntarle al Partido Popular si se acuerdan del exministro de Hacienda, si se acuerdan del
señor Montoro, de la gravedad del entramado que fabricó a través del ministerio, a través de un entramado de leyes que facilitaba la operatividad y, sobre todo, rebajas fiscales de hasta el 85 % a múltiples empresas a través de su bufete. ¿De eso
se acuerdan? ¿O esta moción simplemente ha venido para recordar algo y les ha salido mal la jugada al día siguiente?
En esta moción también hablan de corrupción sistémica y muchas no la hemos vivido, pero en el pasillo hacia la sala de ruedas de prensa hay una foto de M. Rajoy haciendo así. (Levanta la mano derecha). En esa imagen al expresidente del
Gobierno, precisamente de ese Gobierno del Partido Popular, se le echa por una razón, y es la corrupción. Por eso, ninguna lección de moral del Partido Popular sobre corrupción, porque han creado un sistema y, además, una caja B que ha financiado
la sede actual en la que ustedes siguen. (Aplausos).
Miren, señorías del Partido Popular, no hace falta recordar la Gürtel y no hace falta recordar los papeles de Bárcenas. Tampoco vamos a ser nosotras -como nos llamaba antes el señor de VOX, los comunistas de izquierdas que intentan avanzar
en derechos- las que justifiquemos ni una sola corruptela de ningún partido en esta Cámara, y mucho menos del Partido Socialista. Las corrupciones que tenemos ahora mismo son heredadas del bipartidismo. Son un modus operandi tanto vuestro como de
sus Gobiernos. Pero, sobre todo, es mucho más grave todo lo que ha operado, en vuestro caso, con el caso Montoro.
Nosotras queremos poner en el centro a las empresas corruptoras. No nos vamos a cansar de decirlo. Son el mínimo común denominador. Llevan operando desde que muchas somos muy pequeñas. Son Acciona, son empresas que llevan operando a
través de ETT, son grandes multinacionales que encuentran, gracias a los políticos, poder operar y poder tener, sobre todo, leyes acordes y ajustadas a ellos. Por eso, señorías del Partido Popular, cuando se hagan una autocrítica, cuando presenten
una medida anticorrupción -que han tenido tiempo-, aquí estaremos para votar a favor de esa moción. La próxima semana presentaremos una ley sobre una agencia de anticorrupción, pero también hemos puesto el acento para poner medidas cautelares a
esas empresas que siguen operando una y otra vez, tanto en su partido como en el Partido Socialista.
También es corrupción desguazar los servicios públicos. También es corrupción tener incompetentes como Mazón gobernando en Valencia. También es corrupción desguazar la educación pública. También es corrupción votar mañana en contra de la
reducción de la jornada laboral, cuando ustedes en su programa prometían cuatro días. También es corrupción votar en contra de los permisos y de ampliar esos permisos y esos derechos. Por eso, vamos a seguir en el Gobierno de España avanzando,
pero sobre todo poniendo frente a sus corruptelas.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rey de las Heras.
El señor REY DE LAS HERAS: Señora presidenta, señorías, me toca intervenir en la última moción del día, una moción que, sinceramente, no va a pasar a los anales de la literatura parlamentaria por su originalidad ni por su calidad. Pero sí
voy a hacer un apunte sobre las intervenciones que han tenido los grupos de VOX y del Partido Popular en esta sesión y en esta moción. La intervención de VOX me ha impresionado por su carácter prebélico, casi prefranquista, que recuerda algunos de
los discursos que aquí se hacían en el año 1936. Y la del Partido Popular me ha recordado por sus mentiras y por sus acusaciones falsas el nivel de indecencia al que estamos llevando este Parlamento y, sinceramente, me da vergüenza. (Aplausos).
Me voy a detener un momento con el firmante de la moción, con el señor Tellado, aunque no voy a tener la suerte de que se incorpore en este momento al Pleno. Pero quiero decirle que basta ya, que basta ya de sus bromas sin gracia, que
ofenden a los más de 100 000 desaparecidos de la Guerra Civil Española y a los 18 000 exhumados de la Guerra Civil Española también en estos años. (Aplausos). Todos ellos, señor Tellado -si estuviera-, enterrados en fosas comunes o individuales.
A sus familiares y a la inmensa mayoría de españoles y españolas, sus bromas no nos hacen gracia, solo generan crispación y ello
conlleva violencia y odio, y legitima, entre otros, a quienes han vandalizado 180 sedes de mi partido. Háganle un favor a España, señorías del PP, y vuelvan a la senda del respeto y la educación que este país necesita para mejorar.
(Aplausos).
Ahora volvamos a su moción. Se me ocurren miles de razones para votar no, pero solo les voy a dar dos. La primera, ustedes, señorías del Partido Popular, y nosotros no somos iguales. A nosotros nos duele que pase esto, que a un compañero
se le investigue por corrupción o digan cosas que ofenden nuestra dignidad. A ustedes, de verdad, lo único que les duele es que les pillen. Nosotros, señorías del PP, asumimos responsabilidades, expulsamos a los investigados, les pedimos su acta
de cargo público, pedimos perdón, tomamos medidas dentro del partido y desde el Gobierno para combatir la corrupción. Ustedes, señorías del PP, solo toman medidas cuando no les queda más remedio. Nosotros garantizamos la transparencia, ponemos a
disposición de la justicia lo necesario para las investigaciones, incluidos los ordenadores, señorías del PP, sin romper los discos duros, y rendimos cuentas públicamente ante la sociedad y en el Parlamento. El presidente y la vicepresidenta han
comparecido en esta Cámara en interpelaciones, comparecencias y preguntas a su ritmo infernal para que no se hablara de economía, de pensiones o de trabajo. Ustedes, señorías del PP, como manda su tradición, se esconden y esconden a su gente hasta
que escampa. Así que lecciones de los de la Gürtel, la Púnica, de los que utilizaron presuntamente a la Policía para perseguir partidos políticos o utilizaron esta Cámara presuntamente para hacer leyes en beneficio de intereses privados, lecciones,
ninguna. (Aplausos). Por cierto -ha venido el señor Tellado; luego se lo contarán-, dirigen su partido desde una sede pagada con dinero negro. No sé si en Génova 13 o en el 13, Rue del Percebe si no vuelven a lo que se espera de un partido de
Estado que algún día fueron.
La segunda razón. No hay motivo para cargarse a un Gobierno que gobierna y a una vicepresidenta que ha implantado un modelo fiscal progresivo que cobra más a los que más tienen, a las grandes corporaciones, a los grandes patrimonios, y que
ayuda a los más débiles en las crisis, que ha puesto a España a la cabeza del crecimiento económico de Europa, que ha batido récords históricos de cotizantes a la Seguridad Social, que ha batido récords históricos para igualar las posibilidades
educativas de nuestros jóvenes mediante las becas, que ha batido récords históricos en la pensión media para dignificar las pensiones de nuestros mayores, que ha traído la mayor inyección de fondos económicos de Europa a través de los fondos Next,
que ha batido récords históricos en la disminución del desempleo, que ha disminuido el empleo precario o que ha creado un ingreso mínimo para combatir la pobreza. Díganme la verdad, señorías del PP, ¿a que ustedes no echarían al CEO de su empresa
si mejorara los resultados de esta todos los años?
Voy acabando. ¿Ustedes de verdad creen que gobernarían mejor las crisis de este país los del 11M, el Yak-42 o el Prestige?, ¿creen que gobernarían mejor España con las recetas de Rato o de Montoro? ¿De verdad se lo creen? Si algún día
sucede y ustedes, señorías del PP, gobiernan con VOX -espero que más tarde de lo que desean-, podrían poner de animador del Consejo de Ministros al exmagistrado que da charlas en el Congreso, de VOX, experto en chistes sobre identidad de sexo, y de
ministro de Justicia al señor Mañueco, de Castilla y León, mi paisano, que ya fue cuatro años consejero de Justicia sin competencias en Castilla y León, y que es el gran valedor de ese famoso consejero que dijo que mantener el operativo de incendios
todo el año es absurdo y un despilfarro. ¡Qué mala es la hemeroteca cuando los incendios arrasan tu tierra! (Rumores).
Acabo. Abandonen la crispación y voten no a su propia moción porque no conduce a nada. Nada más y muchas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rey.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000189).
La señora PRESIDENTA: Empezamos las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 170; en contra, 177.
La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EL IMPULSO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA CUOTA DE RESERVA DE EMPLEO EN LAS EMPRESAS. (Número de expediente 122/000215).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de
empleo en las empresas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 313; en contra, 33.
La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO LEY 9/2025, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERMISO DE NACIMIENTO Y CUIDADO, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE
23 DE OCTUBRE, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, Y EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, PARA COMPLETAR LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1158 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 20 DE JUNIO DE 2019, RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LA VIDA PROFESIONAL DE LOS
PROGENITORES Y LOS CUIDADORES, Y POR LA QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO. (BOE NÚM. 182, DE 30 DE JULIO DE 2025). (Número de expediente 130/000023).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 313; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto ley. (Aplausos).
Votamos ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del real decreto ley que acabamos de convalidar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a favor, 347.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, el real decreto ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Muchas gracias.
Eran las diez y once minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.