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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 13/03/2025
cve: DSCD-15-PL-102
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 102
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 98
celebrada el jueves,
13 de marzo de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 36-1, de 18 de octubre de 2024. (Número de expediente 121/000036) ... (Página5)
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 40-1, de 29 de noviembre de 2024.
(Número de expediente 121/000040) ... (Página22)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 41-1, de 29 de noviembre de 2024. (Número de expediente 121/000041) ... (Página22)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo internacional entre el Reino de España y la República de Gambia en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Banjul el 28 de agosto de 2024. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 110, de 22 de enero de 2025. (Número de expediente 110/000041) ... (Página39)
- Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, hecha en Nueva York el 7 de diciembre de 2022. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 111, de 22 de enero de 2025. (Número de
expediente 110/000042) ... (Página39)
- Canje de Notas por el que se enmienda el Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Madrid el 25 de junio y 21 de octubre de 2024. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 112, de 22 de enero de 2025. (Número de expediente 110/000043) ... (Página39)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación:
- Solicitud de los grupos parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicano y Junts per Catalunya, de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024,
así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro. (Número de expediente 156/000006) ... (Página39)
Avocación de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 31-1, de 26 de julio de 2024. (Número de expediente 121/000031) ... (Página54)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página57)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página58)
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cuatro minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página5)
Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social ... (Página5)
La señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social (Díaz Pérez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Hernández Quero, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Martínez Barbero, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; Garrido Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Teniente Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad ... (Página22)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad ... (Página22)
El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Bolaños García) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución intervienen el señor Ortega Smith-Molina, del Grupo Parlamentario VOX, y la señora Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Valido García y Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pagès i Massó, del Grupo Parlamentario Junts per
Catalunya; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano, y González López, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y la señora Almodóvar Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página39)
Acuerdo internacional entre el Reino de España y la República de Gambia en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Banjul el 28 de agosto de 2024 ...
Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, hecha en Nueva York el 7 de diciembre de 2022 ... (Página39)
Canje de Notas por el que se enmienda el Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Madrid el 25 de junio y 21 de octubre de 2024 ...
Ningún grupo parlamentario solicita intervenir en los puntos de referencia.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página39)
Solicitud de los grupos parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicano y Junts per Catalunya, de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así
como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro ... (Página39)
En turno a favor de la solicitud intervienen las señoras Micó Micó, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores
Gavin i Valls, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Otero Gabirondo, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX; y las señoras Trenzano Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación de iniciativas legislativas ... (Página54)
Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado ... (Página54)
La Presidencia informa de que este punto del orden del día se someterá directamente a votación.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito
europeo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, se aprueba por 175 votos a favor y 167 en contra.
Sometida a votación por puntos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado, son rechazados
todos.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), relativa a la posición del Gobierno sobre la retribución del permiso parental de cuidados de 8 semanas, con la incorporación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 186 votos a favor, 153 en contra y 7 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España, se rechaza por 33 votos a favor y 313 en contra.
Sometida a votación separada por puntos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles, se aprueban los puntos 1 a 4 y se rechaza el 5.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 33 votos a favor, 175 en contra y 137 abstenciones.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentadas
por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechazan por 170 votos a favor y 176 en contra.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, complementaria de la
Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentadas por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechazan por
170 votos a favor y 175 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página57)
Sometido a votación el Acuerdo internacional entre el Reino de España y la República de Gambia en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Banjul el 28 de agosto de 2024,
se aprueba por 299 votos a favor y 45 abstenciones.
Sometidos a votación conjunta la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, hecha en Nueva York el 7 de diciembre de 2022, y el Canje de Notas por el que se enmienda el Acuerdo
entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Madrid el 25 de junio y 21 de octubre de 2024, se aprueban por 292 votos a favor y 52 abstenciones.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación la solicitud de los grupos parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicano y Junts per Catalunya, de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29
de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro, se aprueba por 176 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención.
Avocación de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, se aprueba por 326 votos a favor, 1 en contra y 16
abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y veintitrés minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cuatro minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY INTEGRAL DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente 121/000036).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de totalidad del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Cuando quiera.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Buenos días, señorías.
En primer lugar, quería saludar a las representantes de la economía social de nuestro país, de CEPES, que se encuentran en tribuna. Quiero dar las gracias al sector cooperativista por todo lo que lleva trabajando y por el modelo de economía
social que lleva despejando durante la democracia española en nuestro país. Por tanto, muchas gracias. (Aplausos).
Hoy, señorías, tomo la palabra para, sí, defender el proyecto de ley, pero, sobre todo, para dar respuesta a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX, que, como saben, insta a la devolución del Proyecto de Ley
Integral de Impulso de la Economía Social.
Me van a permitir que les diga, señorías, que este proyecto de ley es mucho más que una mera reforma, es un paso más en el camino que este Gobierno inició hace cinco años, cuando rompimos con los márgenes a los que se había relegado
históricamente la economía social y la situamos en el corazón de nuestra acción de Gobierno. Por primera vez, tenemos una Vicepresidencia de Economía Social, pero, por primera vez también, la economía social española, hoy, sí está avanzando en el
conjunto del mundo.
El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social -como saben- moderniza tres normas: la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007, para la regulación... (rumores.-Pausa) ... del régimen de las empresas de inserción, y la Ley
5/2011, de Economía Social, y hace justamente lo que reclamaba el sector, que es la actualización de su arquitectura jurídica. Además, la adaptamos a la realidad española y a la diversidad de nuestra economía social y también abordamos los desafíos
de nuestro tiempo, como la crisis climatológica, la transición verde y los retos que tenemos en materia digital.
Como van a ver, el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social actualiza y optimiza la legislación cooperativa estatal al introducir cambios que mejoran la eficacia del funcionamiento interno de las cooperativas, especialmente
en lo relativo a la participación de sus miembros, y el ejercicio de derechos digitales, telemáticos o en remoto. Asimismo, se refuerza el principio cooperativo de igualdad, promoviendo avances hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres e
incorporando medidas que previenen la creación de falsas cooperativas.
En segundo lugar, este proyecto de ley moderniza el régimen jurídico de las empresas de inserción con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y mejorar la competitividad. Estas entidades desempeñan un papel esencial en las
políticas públicas de integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Para ello, la norma refuerza y actualiza los mecanismos de promoción de estas empresas, garantizando su eficacia tanto en el ámbito social como
en el ámbito económico.
En tercer y último lugar, la reforma de la Ley de Economía Social responde a la necesidad de definir un marco regulador más preciso que permita identificar con claridad las entidades que operan en este sector. Con ello, se incorporan nuevas
fórmulas empresariales reconocidas ya a nivel europeo, facilitando su integración en el ecosistema de la economía social... (rumores.-Pausa) ... y asegurando su alineación con estándares internacionales.
Frente a esto, uno de los aspectos más llamativos de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario VOX es la ausencia de una argumentación sólida jurídica, económica y social que precise la solicitud que ustedes formulan de devolución de
este texto legal. El texto presentado no incluye una sola propuesta alternativa que posibilite un debate legislativo sustantivo por parte del Grupo Parlamentario VOX, que es lo que deberíamos hacer hoy en esta Cámara. No contiene un análisis
técnico sobre el impacto de esta reforma en las entidades de la economía social, un modelo que -conviene recordar- abarca todos los ámbitos de la actividad productiva en nuestro país. Tampoco plantea una evaluación de la viabilidad jurídica de la
ley ni de su adecuación a los marcos normativos español y europeo. Se trata, en definitiva, de una oposición carente de una justificación técnica que permita una discusión legislativa rigurosa.
Señorías de VOX, por mucho que se empeñen en decir lo contrario, este proyecto de ley cumple, despliega y desarrolla el mandato constitucional en su artículo 129.2. Es la voluntad del constituyente español lo que estamos desarrollando hoy,
y este mandato nos señala a los poderes públicos y nos obliga a promover y facilitar el desarrollo de las cooperativas y otras entidades de economía social en nuestro país. Es más, con esta actuación se refuerza dicho precepto promoviendo la
modernización del cooperativismo y garantizando su adaptación a las necesidades del sector. Además, señorías, esta norma se inscribe en un marco normativo internacional ampliamente respaldado. Está alineada con la
recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre economía social aprobada justamente durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Se alinea también con la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre la economía social y solidaria, que ha defendido el Gobierno de España en nombre del Ministerio de Trabajo, y también con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre empresas de inserción y trabajo decente. Señorías,
los que parece que están desubicados del marco normativo estatal europeo e internacional son justamente ustedes. Este no es un proyecto improvisado, sino que es el resultado de un proceso legislativo trabajado y consensuado con las entidades que
componen hoy la economía social española.
Señorías de VOX, me van a permitir que les diga que ustedes no buscan un debate jurídico ni un modelo de país sobre esta iniciativa, no quieren discutir sobre el fondo. No me voy a detener literalmente sobre su enmienda -alguna cosa diré-,
pero es que tengo la percepción de que da igual el proyecto de ley que se presente a esta Cámara que sus oposiciones siempre son las mismas. Me voy a referir a dos, y estas sí las voy a citar literalmente. Da igual la materia de la que hablemos,
ustedes -cito literalmente- consideran que legislar es una intromisión del Gobierno para vehicular su agenda ideológica. Señorías, el Gobierno de España, igual que esta Cámara, tiene una misión, que es mejorar la vida de la gente -y
democráticamente se hace- a través de los anteproyectos de ley, como estamos haciendo hoy (aplausos); no es ninguna intromisión ideológica, es un proyecto de país, igual que hacen sus señorías desde el ámbito del Congreso de los Diputados.
En segundo lugar, señorías, insisto, da igual de qué hablemos, que ustedes dicen que son novedades inspiradas en la ideología de género y de un feminismo sectario y extremista. Señorías, da igual que hablemos de agricultura, de ciencia, de
educación, de trabajo, de empleo; da igual, para ustedes siempre estamos imponiendo una legislación feminista, sectaria y radical por parte del Gobierno de España. Señorías de VOX, los que están fuera del mandato constitucional, de la igualdad que
proclama el artículo 14 del texto constitucional son exactamente ustedes. (Aplausos que continúan mientras la oradora está en el uso de la palabra). Podríamos cambiar el texto normativo, que ustedes presentarían exactamente las mismas
observaciones en nuestro país.
En realidad, señorías de VOX, lo que les incomoda realmente no es el contenido del proyecto, sino que es justamente el propósito del proyecto; lo que les incomoda a ustedes es que los recursos públicos, que son de los españoles y las
españolas, se destinen a fortalecer un elemento de centralidad de la economía española, que es justamente la economía social y garantizar el trabajo decente; les molesta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la Agenda 2030 en nuestro país y en
el mundo. En definitiva, lo que quieren ustedes es seguir con una concepción caduca y una España que mira más el siglo XX, a principios del XX, que al futuro de nuestro país. Y es verdad, señorías, no me sorprende que buena parte de su enmienda
reproduzca el argumentario de la extrema derecha global, esa agenda compartida que ustedes tienen con Milei, con Meloni, con Orbán (aplausos) y con toda la extrema derecha en el mundo. Insisto, da igual de lo que hablemos. Pero ya sabíamos que
eran ustedes negacionistas de la violencia machista. Tienen ustedes tres características: son negacionistas climáticos -para ustedes la dana no ha existido o que haga calor en Galicia en este momento no existe, no es real-; son negacionistas de
la igualdad, no soportan la igualdad entre hombres y mujeres y entre las personas LGTBI en el mundo; y son también negacionistas democráticos, porque ustedes realmente se sienten identificados en esa imagen que es el asalto al Capitolio.
(Aplausos). Pero, señorías de VOX, esta norma es de verdad y sirve para mejorar la vida de la gente.
Señorías de VOX, los representantes de CEPES que están hoy aquí, que llevan trabajando muchos años en nuestro país, durante toda la democracia y antes de la democracia, representan lo mejor de nuestro país. Les voy a dar algunos datos: la
economía social en España supone el 10 % de nuestro PIB; son más de 42 000 empresas en el conjunto de España; engloban a más de 2,5 millones de personas trabajadoras; es una economía fundamentalmente resiliente; es una economía anclada a los
territorios, que genera riquezas locales y comarcales y vertebra y cohesiona a modo de red a toda España, señorías de VOX. Por eso creo que, ya que presentan una enmienda de estas características, ustedes por lo menos deberían hablar del sector al
que nos estamos refiriendo. En definitiva, lo que ustedes hacen con esta enmienda es cuestionar los principios fundamentales de las democracias liberales en el mundo, y esto también tiene que ser atendido de manera profunda; de manera profunda.
Se colocan ustedes en el iliberalismo, sin lugar a duda, con todos los riesgos que ello entraña en nuestro país.
Voy a citar algunas de sus referencias. Ustedes consideran que el Gobierno de España impone de manera totalitaria... Es que es muy grave lo que escriben, porque a veces los escuchamos y..., vale; pero
que ustedes lo escriban es muy grave. Vivimos en una democracia, no vivimos en un régimen totalitario, señorías de VOX, no es verdad, por mucho que ustedes lo digan. Por tanto, ustedes dicen en su texto que lo que hacemos hoy es un
planteamiento totalitario en entidades privadas, como si no existiese -dicen ustedes- la ideología oficial. Señorías, esta norma está consensuada con el sector y claro que el sector quiere más, mucho más, pero era el camino que ustedes tenían para
poder haber mejorado esta norma y no hablar de razones que se colocan fuera de nuestro país. (Aplausos). Pero es que, además -fíjense en la gravedad-, son tan negacionistas democráticos que lo que les molesta de esta norma -y, sí, voy a citarlo
literalmente- son los colectivos (entrecomilla con los dedos) considerados vulnerables, que según nos dicen ustedes también parece que nosotros ampliamos de manera desproporcionada, y cito literalmente.
Nosotros ya sabemos que a ustedes, efectivamente, les molesta la igualdad. Pero lo importante de esta norma actúa justamente ahí, y es que las empresas de inserción, señorías de VOX, hacen un trabajo fundamental en nuestro país y avanzan
justamente en la reducción de la desigualdad en España. Ya sabemos que a ustedes no les gusta que hagamos esto, pero es muy grave que pongan estas afirmaciones en una enmienda de devolución. Fíjense en la paradoja: son ustedes quienes acusan
-como he dicho- de que el proyecto es agresivamente ideológico y, sin embargo, cuestionan la inclusión de minorías étnicas víctimas de violencia machista -esto lo ponen negro sobre blanco en su enmienda devolución- y además las denominan categorías
ambiguas. ¿Qué hay de ambiguo en la violencia machista, señorías de VOX? Me parece que ustedes plantean una enmienda de devolución y les da igual la norma que presentemos, porque su tenor literal será prácticamente idéntico.
Finalmente, concluyen que esta norma supone lo de siempre: un ataque a la libertad de las empresas en nuestro país. Los representantes de CEPES no son empresas; no sé qué son, según ustedes. No voy a señalar que este argumento sea
fácilmente desmontable, aunque lo es y lo vamos a hablar a lo largo de la intervención. Pero, señorías, como digo, este proyecto de ley es el resultado de cinco años de un importante trabajo en nuestro país. Fíjense, es una economía especialmente
feminista: el 60 % son mujeres. No lo digo yo, lo dice la OCDE, que según ustedes también es un organismo peligrosísimo, sesgado ideológicamente y de régimen totalitario. Insisto, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Y, efectivamente, es
especialmente resiliente, sobre todo en momentos de crisis.
Si me lo permiten, les diré que estamos haciendo un gran esfuerzo en nuestro país en la materia de economía social. Señorías, somos el único país de la Unión Europea que tiene un plan estratégico sobre la economía social residenciado en los
cuidados, con un importe presupuestario de más de 2500 millones de euros que engloba a diez ministerios. Y les quiero dar una buena noticia: este PERTE tiene ya una ejecución superior al 92 % en nuestro país. Señorías de esta Cámara, queda la
ejecución a su disposición.
El sector, por tanto, está aprovechando los recursos públicos europeos para poder modernizar una parte de la economía clave en nuestro país. Pero no solamente estamos haciendo esto, señorías, pues estamos desarrollando la Estrategia
Española de la Economía Social, y me van a permitir que les diga que somos hoy un referente a nivel global. Y lo estamos haciendo también con el lanzamiento del HUB de Vanguardia de la economía social. En este caso, le quiero dar las gracias al
País Vasco por el acuerdo de colaboración que hemos llevado a cabo, pues este HUB de Vanguardia va a convertir, sin lugar a dudas, a nuestro país en una referencia absoluta en la investigación y en la práctica de políticas públicas modernas a nivel
económico y social en los ámbitos europeo e internacional. Y también con el modelo de capitalidades españolas de Economía Social que hemos vertebrado, donde varias capitales ya han sido sede de estas materias. Como ustedes saben, este modelo tuvo
un gran éxito en Teruel, en Toledo, en Santiago de Compostela, en Donostia y en Valencia, y ahora lo estamos celebrando justamente en Murcia, señorías de VOX. Lo que hacemos con estas capitalidades es reflejar mejor que nunca la riqueza, la
pluralidad y la diversidad económica, social y cultural de nuestro país.
Pero, sobre todo, señorías, este proyecto de ley es el fruto de un diálogo intenso y sostenido con los agentes económicos y sociales, pues ha sido construido con consenso y cooperación con las entidades representativas de la economía social.
En general, quiero dar también las gracias a todas las formaciones políticas de esta Cámara, prácticamente a todas, que han trabajado y contribuido a mejorar esta norma, porque además responde a una demanda histórica. Como digo, también han formado
parte de ella. Creo que han sido meses de conversaciones productivas, pero no nos vamos a quedar aquí. Les anuncio que, por fin, vamos a llevar el proyecto de ley al Consejo para el Fomento de la Economía Social, que como saben es un órgano
consultivo que rescatamos del olvido tras demasiados años de inactividad en nuestro país.
Señorías de VOX, el diálogo es una marca de este ministerio y con este proyecto lo volvemos a demostrar. Que digan que esta ley solamente puede ser vista como una reforma cosmética y drásticamente limitada, que se queda en medidas
superficiales y que no responde a las necesidades reales de las cooperativas y empresas de inserción, como ustedes insisten, además de ser falso creo que supone un menosprecio al papel fundamental que la economía social desempeña en su propia
construcción e implementación. Como señalan, es cierto que las cooperativas han solicitado una actualización normativa, y es precisamente esta y no otra la actualización que han demandado. Así lo han manifestado de manera reiterada las propias
entidades de la economía social que respaldan el contenido de esta ley, que, como saben, se estructura en cinco grandes ejes: su modernización, la promoción de la economía social, la igualdad -señorías de VOX, la reclama el sector-, la protección y
la seguridad jurídica.
Es verdad, esta ley moderniza el cooperativismo en nuestro país, impulsa su digitalización y refuerza sus estructuras de gobernanza, dotándole de mejores herramientas para afrontar los retos del presente y, sobre todo, del futuro. Porque no
nos conformamos con consolidar lo que ya existe, pues queremos que el cooperativismo crezca, que sea mayor y se expanda, que gane visibilidad y que se convierta en una opción real para cada vez más personas y sectores. No queremos el viejo modelo
del siglo XX, en el que se acudía al cooperativismo, por ejemplo, cuando había crisis sectoriales o fracasaban algunos modelos empresariales. No, al revés, queremos un cooperativismo a la ofensiva, en positivo; un cooperativismo -insisto- que hace
de la solidaridad y de la democracia una manera de gestión radicalmente diferente. Porque esta ley no solo protege lo construido, sino que, como digo, también apuesta decididamente por su promoción, otorgándole el reconocimiento y la proyección que
creo que merece en nuestro país; y, además, no compite con la economía convencional, sino al revés, pues la complementa y hace que España sea mejor.
Mientras tanto, creo que su alegato contra la igualdad -ya les he dicho lo que dicen- forma parte de prácticamente el tenor literal de su enmienda de devolución. Están obsesionados con la igualdad y les molesta que seamos iguales. Tienen
ustedes realmente un problema y es una muestra evidente de que su oposición no es a los contenidos de esta norma, sino al avance de una sociedad basada en la justicia social, con derechos, y de una sociedad, por mucho que les moleste a ustedes,
señorías de VOX, que en nuestro país y en el mundo es feminista y reclama la igualdad. (Aplausos).
Durante la tramitación del anteproyecto, en la consulta pública previa, el propio sector fue el que hizo aportaciones clave para añadir medidas en favor de la igualdad. No ha sido el Gobierno de España, señorías. (Rumores.-Pausa).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señores diputados.
Señora vicepresidenta, tiene la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA SEGUNDA Y MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL (Díaz Pérez): Entre ellas, el sector ha reclamado: uno, garantizar una composición equilibrada de género en los órganos sociales; dos, regular los planes de igualdad
cooperativos; y, tres, crear un órgano específico encargado de elaborar estos planes y velar por las políticas de igualdad dentro de las cooperativas. Señorías, fueron aportaciones del sector, que sí cumple con el mandato constitucional y que sí
sabe que nuestra sociedad reclama más que nunca igualdad. Ese órgano es la Comisión de Igualdad, a la que ustedes denostan (sic), al igual que, por cierto, denostan (sic) también los planes de igualdad cooperativos, que -dicen ustedes- desvirtúan
el propósito cooperativo. Insisto y puedo reiterarlo más veces, son aportaciones del sector.
En esta ley decimos, sin ambigüedades, que no queremos un modelo económico donde las mujeres sigan relegadas a la segunda fila, cobrando menos, asumiendo mayor precariedad o viendo bloqueado su acceso a los puestos de responsabilidad.
Supongo que esto también es lo que a ustedes les molesta. Queremos, sí, más mujeres en los órganos de gobierno de las cooperativas, porque garantizar su representación equitativa es garantizar una gestión más democrática. Queremos, sí, planes de
igualdad para cerrar las brechas de género, impulsar la corresponsabilidad y erradicar la discriminación estructural en el ámbito laboral. Y queremos que todas las entidades tengan la posibilidad de constituir comisiones de igualdad para que estos
avances no sean solo declaraciones de intenciones, sino también cambios reales y efectivos en cada empresa.
Tampoco me sorprende su posición. Su rechazo a esta ley no es más que otro episodio de la misma estrategia, como dije ya, negar la desigualdad, bloquear cualquier avance en derechos y deslegitimar las políticas de igualdad.
Señorías de VOX, a ustedes, que combatamos el fraude, también les molesta mucho. A ustedes les gusta sumergirse y navegar en las irregularidades. Ustedes -y cito literalmente- se preocupan -literal- por un supuesto procedimiento para el
levantamiento del velo, cuando nosotras hablamos de defender la economía social, lo que significa también proteger su esencia y evitar que se pervierta su propósito. Por ello, señorías, introducimos medidas, la descalificación de las sociedades
cooperativas, para frenar las falsas cooperativas y garantizar que los trabajadores y las trabajadoras no sean utilizadas como mera cobertura para prácticas fraudulentas de precarización laboral. Esto lo reclama el sector, señorías de VOX. No es
una sospecha infundada, sino, señorías de esta Cámara, es una realidad que ya ha sido reconocida por los tribunales españoles. Les cito literalmente la sentencia del Tribunal Supremo 1154/2024, que dejó claro que no se puede utilizar la figura
cooperativa para eludir derechos laborales ni para desvirtuar la relación del trabajo. No es el Gobierno de España, señorías; es que son los propios tribunales españoles los que están recomendando que legislemos en esta dirección. Es verdad que
esta ley refuerza esa protección y cierra la puerta a quienes intentan disfrazar la explotación con la apariencia de autogestión. En definitiva, fortalecer el cooperativismo no es llenarlo de obstáculos, sino blindarlo frente a quienes lo
desnaturalizan para vulnerar derechos directamente, porque las cooperativas existen para crear trabajo decente y democrático, no para burlar el Estatuto de los Trabajadores.
Señorías de VOX, hacen referencia a la regulación del régimen jurídico de las empresas de inserción y critican la ampliación de su ámbito subjetivo. Lo que en realidad hace esta reforma es responder a una profunda reflexión sobre los
factores socioeconómicos que generan vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Las empresas de inserción no son un fin en sí mismas, sino un mecanismo esencial de apoyo y acompañamiento para la inclusión laboral de quienes más lo necesitan en
nuestro país. Por eso, justamente, este proyecto de ley introduce el contrato para la transición al empleo ordinario -que esta es la clave de lo que estamos abordando hoy-, sustituyendo el anterior contrato temporal del fomento del empleo. Su
objetivo es reforzar el carácter transicional de esas relaciones contractuales, asegurando que no puedan utilizarse como una vía de contratación precaria a costa de la calidad en el empleo de los colectivos más vulnerables. Para garantizarlo, esta
norma establece unos límites claros: por una parte, se restringe la concatenación de estos contratos por un plazo superior a tres años consecutivos, al tiempo que se salvaguarda la flexibilidad necesaria para garantizar el éxito del proceso de
inserción.
Ustedes hacen también referencia a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, tratando de sembrar la idea de que su exclusión de la definición de la economía social supone su expulsión del mercado o un perjuicio para la
empleabilidad de las personas con discapacidad, y, señorías, no hay nada más lejos de la realidad. Este proyecto de ley refuerza la distinción entre los centros de iniciativa social y los de iniciativa empresarial, precisamente para reconocer y
fortalecer el papel sociolaboral de los primeros en plena coherencia con los valores y principios que rigen la economía social. Por tanto, no se trata de excluir, sino de garantizar que el ecosistema de la economía social siga respondiendo a su
propósito, que es la primacía de las personas y del valor social sobre el lucro. Además, esta modificación no implica, en ningún caso, una prohibición ni impide automáticamente a estos centros formar parte de la economía social. La propia norma,
en cumplimiento de sus principios rectores, no establece ningún veto para que sigan siendo reconocidos dentro de este ámbito. Lo que hace es evitar confusiones y reafirmar que la economía social no puede ser una etiqueta vacía ni un espacio donde
se desdibujen sus objetivos fundamentales. Se protege de este modo su misión transformadora, asegurando que siga siendo un instrumento de inclusión y de justicia social y no un simple paraguas bajo el que cualquiera pueda cobijarse, sin asumir los
principios rectores de la economía social.
Para terminar, y a modo de conclusión, apelo al sentido común de esta Cámara para que decididamente apueste por una economía que es más justa, más democrática, más verde y más feminista. Porque lo que hoy decidimos aquí es más que un texto
legislativo; lo he dicho, es un modelo de país, del país que queremos. Y quiero dejarlo claro: mientras estemos en el Gobierno, la economía social, señorías de VOX, seguirá siendo una política de Estado, que es lo que es hoy y es la que hoy se
reconoce en todo el mundo. Tampoco vamos a dar ni un paso atrás en la defensa del trabajo decente como mandato de la OIT, de la justicia social y de la democracia económica. La democracia también tiene que llegar a la economía, señorías de VOX.
En definitiva, señorías de VOX, el futuro y el presente no se construyen con discursos de odio y de confrontación; se construyen con los principios fundadores de Rochdale, los mismos que, hace casi dos siglos, sentaron las bases del cooperativismo
moderno, que eran -hace dos siglos, señorías-: la gestión democrática -esto que les molesta tanto-, la participación de los y las trabajadoras -esto que les molesta tanto-, la autonomía en la gestión, una
gobernanza propia, la cooperación -esto también les parece mal, porque cooperar entre distintas entidades, según ustedes, es malo- y -lo más importante- el compromiso con la comunidad. Estos principios son de hace dos siglos, no son de
ahora, son de hace dos siglos. Son principios que observamos que ustedes desprecian porque, efectivamente, representan todo lo que su modelo rechaza, la democracia económica, la redistribución de la riqueza y también del poder para quienes
trabajan. Se construye, en definitiva, con los miles de personas que cada día impulsan en nuestro país el modelo de la economía social y el cooperativismo, demostrando que hay alternativas viables y sostenibles al modelo extractivista y especulador
que ustedes sí defienden. Porque, en definitiva, sí, estamos hablando de una utopía que aquí sí es real; un modelo que no se limita a soñar con un mundo mejor, sino que lo construye, paso a paso, en el aquí y en el ahora. Todas estas
asociaciones, señorías, lo demuestran todos los días, un horizonte posible que se plasma en cooperativas, en mutualidades, en cofradías de pescadores, en empresas de inserción, en redes de solidaridad, que ya existen, que ya funcionan y que están
cambiando la vida en nuestro país. Frente a quienes nos dicen que no hay alternativa, la economía social responde con hechos, sí la hay; frente al fatalismo neoliberal, frente a la resignación, frente a la doctrina del no se puede, aquí está la
prueba de que es posible, están ahí.
Señorías, desde esta tribuna les tiendo la mano, una vez más, para que este proyecto pueda ver la luz; creo que es muy importante para nuestro país. Y a la mayoría de esta Cámara le agradezco, sin lugar a dudas, el respaldo a la
tramitación de este proyecto de ley, porque me parece que la economía social es el mejor ejemplo de un proyecto que une, que trasciende diferencias, que son necesarias y, por supuesto, legítimas y, además, que merece el apoyo transversal de este
hemiciclo. Por eso, estoy convencida de que esta ley saldrá adelante, porque es justa, porque es necesaria, porque, frente a quienes siguen anclados en un pasado que no existe, esta ley no solamente responde a los desafíos del presente, sino que
construye el futuro de nuestro país.
Señorías, muchas gracias por la atención. Y, señorías de VOX, da la sensación de que da igual los proyectos que presentemos, que la enmienda de devolución que ustedes siempre van a presentar será la misma.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda.
A este proyecto de ley, como se sabe, se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hernández Quero, por un tiempo de doce
minutos. (Aplausos).
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ha recitado usted de maravilla los principios fundacionales que rigen las cooperativas, pero se ha olvidado de uno: autonomía e independencia, asociarse sin hacerse dependiente y sin responder a intereses externos; se ha
olvidado decir ese, la verdad. (Aplausos). Confunde también que el hecho de que el 60 % del sector sean mujeres no lo convierte en un sector feminista, sino en un sector femenino. Hay que tener cuidado con las palabras, porque cuando uno no tiene
cuidado con ellas comete errores como el que usted ha cometido, que ha dicho que 'ustedes denostan'. No; se dice: 'ustedes denuestan'. La superioridad moral que ha tenido usted se la aplica. (Aplausos).
Ya comenzamos. (Risas). Debatimos hoy la enmienda a la totalidad que mi Grupo Parlamentario presenta, y que también ha glosado la señora ministra, a este Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, un proyecto que incluye
algunas cuestiones positivas de eficacia práctica que, sin embargo, quedan ensombrecidas por otras de mayor magnitud, que solamente nos despiertan sospecha y rechazo. Sospecha por el nulo interés del Ejecutivo por abordar los retos reales que
afrontan hoy las cooperativas en España, amenazas que se ciernen sobre el sector que, sin embargo, ninguna de ellas es anunciada y ni siquiera parece querer ser conjurada en este proyecto de ley, que es mucho más una adaptación cosmética -sí, la
palabra que da el buen Estado- del cooperativismo al lenguaje del clan posmoderno que una respuesta a sus desventuras, y es que estamos -sí, una vez más- ante un caso más, el enésimo, en que el Ejecutivo parece más interesado en el marketing que en
la política, en la comunicación que en las soluciones, en el envoltorio que en la sustancia. Pero también rechazo, rechazo porque lo que hace esta reforma es una injerencia -también le ha molestado esta palabra, señora ministra- en un sector, el de
la economía social, que por su propia naturaleza es autónomo y ajeno a presiones y cantinelas ideológicas. Señorías, el atractivo de las cooperativas reside en su independencia,
en su horizontalidad, en su carácter popular, pequeño, local, familiar, orgánico, incluso podríamos decir prepolitico. Su nacimiento libre, autogestionado y desde abajo es lo opuesto a cualquier lógica de instrumentalización, control y
supervisión por parte del Estado, y su desarrollo al servicio exclusivo de los intereses, las necesidades y las preocupaciones de sus socios es un recordatorio de humanismo, decencia y solidaridad en estos tiempos marcados por neurosis ideológicas y
en los que la burocracia parece extenderse e invadirlo todo.
Hablamos de cooperativas, señora ministra, de cooperativas, no de sucursales de Ferraz ni de delegaciones de Moncloa, de cooperativas. (Aplausos). Aunque lo pretendan, el amo de un cooperativista no será nunca un político ni un ministro,
el amo de un cooperativista es la comunidad natural a la que sirve y nada más. Un cooperativista no hinca la rodilla, no dobla la cerviz, no agacha la cabeza, no pide permiso ni replica consignas ni eslóganes vacíos. Su causa no es la de las
pancartas, ni la de las elucubraciones teóricas, ni la de las etiquetas. Su causa es muy diferente. Al cooperativista le resbalan las polémicas de tres al cuarto de las llamadas élites culturales, le importan un pimiento sus dogmas, sus
frivolidades y sus obsesiones sobre cómo tiene que vivir o dejar de vivir la gente; la causa del cooperativista -es bien sabido por todo el mundo- es la de lo próximo, lo real, lo concreto, lo espontáneo y lo común: el futuro de una comarca, el
acceso al crédito de jóvenes, la prosperidad de ganaderos y agricultores, el consumo de cercanía que fija población y que garantiza empleo, la promoción de vivienda asequible, el relevo generacional en la pesca... Esos son objetivos de un
cooperativista, y el que participa en una cooperativa, que sabe todo esto, lo hace en su condición de vecino, de parroquiano, de usuario, de consumidor, de productor, de compañero de faena... Lo hace en esas condiciones, lo hace por lo que es, no
por lo que vota, por lo que es, por lo que le une a otros, no por lo que le divide. Señorías, el cooperativista se mueve por amor, por obligaciones recíprocas, por vínculos naturales, por ayuda mutua y por compromiso; no por ideología, no por
amasar grandes sumas de dinero. Esto, claro, los convierte en sujetos contraculturales y tremendamente peligrosos para el poder, porque ustedes -que desde luego no se chupan el dedo y que les gusta tener todo bajo control- detectan que ahí, en esa
independencia de criterio, en esa transversalidad, en esa preocupación genuina por la polis y por sus semejantes, en esa negativa a someterse a otros, hay un riesgo, sí, claro que lo hay, el riesgo de la libertad, y por eso quieren domesticar a las
cooperativas, por eso quieren colonizarlas (aplausos), por eso quieren marcarlas con su impronta ideológica y por eso quieren convertirlas en un apéndice más del Estado, de un Estado que, lo siento, señora ministra, es desde hace tiempo una
prolongación, no de SUMAR, sino una prolongación del Partido Socialista Obrero Español.
Como es sabido, la filosofía que impregna el modelo cooperativo es muy grata, muy próxima a la tradición conservadora, aunque usted se haya empeñado en hacer ver que nos preocupa que la gente coopere. No, no, el cooperativismo es muy grato,
muy próximo y muy caro a la tradición conservadora, siempre muy preocupada por las economías de escala humana y por garantizar el pleno desenvolvimiento de las personas en sus unidades naturales de convivencia: la familia, el vecindario, la
parroquia, la comunidad, el trabajo, el territorio... De hecho, es tan próxima que resulta imposible rastrear las raíces de la economía social y no toparse de bruces con los nombres, por ejemplo, de Chesterton, de Belloc y de la teoría
distributista; es imposible seguir estudiando las raíces de la economía social y no toparse con la doctrina social de la Iglesia, con el principio de subsidiariedad, con la encíclica Rerum Novarum, con Quadragesimo Anno, con Emmanuel Mounier, con
los personalistas comunitarios, con los orígenes de la democracia cristiana, con los no conformistas franceses, con los inicios de las primeras cajas rurales, con el sindicalismo agrario... Es absolutamente imposible y a nadie ha de extrañar este
parentesco, porque el cooperativismo, señora ministra, constituía sobre todo una tercera vía y una esperanza; una tercera vía entre la concentración de poder en el capital y la concentración de poder en el Estado; una alternativa humana que
ambicionaba familias fuertes y comunidades fraternas; una alternativa que ante el avance del individualismo más ramplón y egoísta y del colectivismo más gris, lo que quería era justamente más sociedad, más protagonismo para la gente común y más
protagonismo para las personas. (Aplausos).
En consecuencia, comprenderán ustedes -a pesar del mitin al que hemos tenido que asistir sin tener carné de SUMAR- que el modelo cooperativo cuente con toda nuestra simpatía y con todo nuestro afecto, porque es un modelo estupendo para
aquellos que creemos que los cuerpos intermedios son valiosos y para quienes no rendimos culto ni al ciudadano escuálido y atomizado del 'yo me lo guiso yo me lo como' ni a la humanidad abstracta, homogénea e incorpórea que algunos entusiasman. Si
ayer tenía razón de ser el modelo cooperativo, hoy lo tiene más que nunca, porque las personas se ven cada vez más pequeñas ante grandes corporaciones que se desentienden de su fortuna y ante enormes
maquinarias burocráticas que no respetan ni su libertad ni su naturaleza. Así que sí, hoy es más necesario que nunca. Sin embargo, señorías, no corren buenos tiempos para ser cooperativista en España, porque, ¿qué le preocupa a un
cooperativista de nuestro país? Si es agricultor, seguramente la competencia desleal de los productos extranjeros que pone en jaque y acaba con su medio de vida; la subida de impuestos, como por ejemplo al diésel, que necesita para poder trabajar;
o los ataques continuos a sus costumbres. Si es ganadero, ¿qué le puede preocupar? Echar más horas en un despacho que en la dehesa, más tiempo haciendo cola ante una ventanilla de la Administración que en el veterinario, no poder defender a su
ganado de los ataques del lobo o tener que producir a pérdidas. Seguramente eso le preocupe. Si es pescador, ¿qué cree usted que le preocupa? ¿Las comisiones y los planes de los que usted hablaba o las restricciones arbitrarias, por ejemplo, que
vienen de Bruselas y que amenazan su futuro laboral? ¿Qué cree usted que le preocupa más? Si su cooperativa, pongamos, estuviese dedicada al suministro de aceite, ¿qué le preocupará? Seguramente las talas masivas de olivos y las expropiaciones
forzosas de campos enteros para regalárselos a los caciques de las renovables. Seguramente sea eso lo que le preocupe y no lo que usted ha estado contando aquí. (Aplausos). A cualquier cooperativista, a cualquiera, lo que le preocupa es este
modelo fiscal y regulatorio cada vez más asfixiante que lleva a su trabajo a la extinción, y este modelo económico cada vez más global y competitivo que lleva a sus comunidades a la desintegración. Pero, bueno, ustedes vienen aquí a decirnos que
están muy a favor de las cooperativas, y yo pregunto: ¿Están a favor de las cooperativas los que se cargaron las cajas de ahorros? ¿Están a favor de las cooperativas los de la concentración bancaria? ¿Están a favor de las cooperativas los
heraldos de una globalización que destruye la pequeña explotación, la pequeña industria y el pequeño comercio en favor de la multinacional y la franquicia? ¿Están a favor del consumo de cercanía los que deslocalizan la producción de aquí y se la
llevan a miles de kilómetros? ¿Están a favor de una cooperativa agrícola los del Pacto Verde y los de la Ley de Restauración de la Naturaleza? ¿Están a favor, de verdad, los que exigen a nuestros productores que satisfagan requisitos que no piden
a los de fuera? ¿Están a favor de las cooperativas agrícolas los que firman acuerdos comerciales que suponen la invasión en nuestros mercados de fruta y verdura de mala calidad, producida a miles de kilómetros de distancia? (Aplausos). ¿Los que
se jactan de estar defendiendo Mercosur están a favor de las cooperativas? ¿De verdad? ¿Los que prohíben explorar y explotar nuestros recursos están a favor de las cooperativas? Y, por supuesto, lo último, los de la izquierda, los del caso PSV,
el mayor escándalo de una cooperativa de vivienda social, que estafaron a más de veinte mil cooperativistas obreros, ¿están ustedes a favor, de verdad, de las cooperativas? (Aplausos).
Ustedes lo que quieren es un individuo aislado, sin dimensión comunitaria, sin familia, sin anclajes, sin ámbitos de relación naturales y, por eso, les molestan tanto las cooperativas y quieren atentar contra su independencia, que es -ya se
lo he dicho antes-, según sus propios principios fundacionales -que usted ha olvidado, no le pasaron eso en el esquema-, su razón de ser. Ustedes quieren todo bajo su bota, desde el Tribunal Constitucional hasta el aula de un colegio; desde el
Consejo General del Poder Judicial hasta las redes sociales; desde Televisión Española hasta las cooperativas, todo; y, siendo esto grave, lo más grave es que, en un contexto de precariedad rampante, ustedes hacen oídos sordos a las necesidades
del sector.
El futuro de la economía social a ustedes les preocupa bien poco; solo están interesados en que las cooperativas estén alineadas con sus monsergas y con sus sermones; y si Manolo, Rocío, Inés y Pedro se quedan sin trabajo, a ustedes les
parece bien; y si los hijos de Linares, de Béjar o de Tomelloso tienen que emigrar, a ustedes les parece bien; y si la burocracia asfixia a una modesta cooperativa de vivienda, a ustedes les parece bien; y si se hunde una cooperativa, en
definitiva, a ustedes les parece bien, porque, para ustedes, lo único importante en las cooperativas es que sean inclusivas, que tengan sus cuotas, que tengan sus comisiones, sus planes de igualdad, sus puntos violeta y todo aquello que se les vaya
ocurriendo por el camino. Y el problema, señorías, es que el camino se recorre andando, y ustedes han caminado muy poco, han caminado muy poco. Porque resulta que exigen a la cooperativa de estuquistas de Villabajo lo que no exigen a la cúpula del
Partido Socialista, a la cúpula de SUMAR o a la cúpula de Podemos; lo que no exigen a las redacciones de sus medios de cabecera. Exigen a estas cooperativas que tengan unos planes, unas comisiones, unas fórmulas y unos protocolos para detectar el
acoso o para detectar las agresiones que ustedes no tenían en sus partidos, y si los tenían qué mal funcionaban. (Aplausos). No pueden acabar con el machismo en el PSOE, no pueden acabar con el machismo en SUMAR, no pueden acabar con el machismo
en Podemos; en ninguno de sus periódicos de la ciénaga mediática que les rodea pueden acabar, porque cada semana son nuevos casos de periodistas, y, sin
embargo, le piden a Perico y a Maite, que se dejan la piel en algo que redunda en beneficio de sus vecinos, que ellos sí, ellos tienen que tener un plan, una comisión y no sé qué otros disparates más. Ellos sí; ustedes no, pero los demás
sí; siempre es así.
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero mucho de lo que se tramita en esta Cámara son modificaciones legales propias de una nación rica, de una sociedad sin problemas. Está tan bien el edificio -parece que piensan- que vamos a pintar las
paredes de colorines para que sea más bonito. Y no, es que el edificio no solamente no está bien, es que lleva tiempo tambaleándose su estructura; es que está en un riesgo tan evidente de colapso que no sé cómo ustedes pueden seguir enfrascados en
sus chorradas y sus futilidades. Sean conscientes, de verdad, hay una España real que acampa fuera de la ideología de género, que acampa fuera de la SER, que acampa fuera de los debates autorreferenciales de la izquierda progre, que acampa fuera de
Lavapiés y de Gracia, fuera de sus repúblicas de bajas emisiones, que es una España laboriosa, solidaria y enraizada, a la que sus obsesiones ideológicas le importan un bledo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Buenos días.
Según la Comisión Europea, la economía social está formada por una variedad de empresas, organizaciones y entidades jurídicas que comparten el objetivo de priorizar a las personas, producir un impacto positivo en las comunidades locales y
perseguir una causa social por encima del lucro. En octubre de 2023, el Consejo de la Unión aprobó un acuerdo político en relación con la recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social, que lo que persigue es
fomentar el acceso al mercado laboral y la inclusión social, orientando precisamente a los Estados miembros sobre cómo promover los marcos políticos y reglamentarios facilitadores de la economía social y las medidas que faciliten su desarrollo.
Esto es lo que hace este proyecto de ley, actualizar la estrategia de la economía social, actualizando el marco normativo del sector, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales, facilitando la labor de las entidades
del sector y reduciendo la incertidumbre jurídica que pudiera existir, clarificando, además, el ámbito de aplicación objetivo de las entidades que integran el ecosistema de la economía social y respondiendo así a las necesidades de las personas más
vulnerables. En Euskadi, las empresas de economía social, y en particular las cooperativas, son un pilar fundamental en el desarrollo económico y social. La Euskadi actual no se podría entender sin la aportación que ha realizado el modelo
cooperativista; un movimiento, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, a impulsar y a desarrollar, si cabe, aún más, y, por eso, mi grupo valora positivamente este Proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, porque conlleva una
reforma necesaria, como he dicho, para la economía social, para el movimiento cooperativista y para las empresas de inserción.
Dicho esto, es evidente que vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por VOX, porque realmente, de verdad, es que no hay ni por dónde agarrarla. Alegan que es una reforma cosmética y drásticamente limitada que no
responde a las necesidades del sector, sino que prioriza y responde a una agenda ideológica y política. Y esto lo dicen a pesar de que conocen que el texto ha sido negociado precisamente con la mayoría de las entidades del sector, y no creo que
estas opinen lo mismo que ustedes, más bien al contrario. Pero lo que más me ha sorprendido es que alegan que esta reforma, abro comillas, 'impone cargas burocráticas y conceptos ajenos a la naturaleza del cooperativismo, que alejan al sector de
sus principios tradicionales de solidaridad, democracia y autonomía', cierro comillas. Que lo digan ustedes, de verdad, tiene sorna, cuando un día sí y otro también, en esta tribuna precisamente lo que demuestran es que no comulgan para nada con
los valores del cooperativismo; revísenlos. Entre sus motivos para presentar esta enmienda, nos hablan también de que tienen un propósito totalitario, que hay un establecimiento de criterios de presencia equilibrada de mujeres y hombres,
intervención arbitraria para decretar falsas cooperativas, planes de igualdad como instrumento discriminatorio de intromisión en las empresas privadas, imposición de cargas ideológicas y administrativas, dependencia del sector de las ayudas públicas
que puede llevar a la utilización política del mismo... Es que, de verdad, lo cierto es que me cuesta ver que el proyecto contenga algo de lo que ustedes argumentan. A lo mejor es que yo, mi
grupo o el resto de los grupos de esta Cámara que lo hemos leído, tenemos un proyecto distinto o es un proyecto de ley diferente. Es que lo digo con ironía.
En definitiva, justificaciones, las de VOX, para presentar una enmienda a la totalidad sin rigor jurídico ni técnico, basada en perjuicios, en principios y en valores que no compartimos y que el Proyecto de Ley de Reforma Integral de la
Economía Social, muy a su pesar, no recoge. Es una enmienda que ni tan siquiera contiene propuesta alguna. Fíjense, ustedes achacan al Gobierno traer una ley basada en que responde a una agenda ideológica, y resulta que ustedes hacen lo mismo que
lo que achacan: Proponen una enmienda basada también en su ideología; una ideología retrógrada, rancia, no democrática, totalitaria, antifeminista y negacionista climática, y no sigo. (Aplausos). Votaremos en contra de esta enmienda porque, para
mi grupo, la tramitación de esta ley, desde luego, es un paso significativo para el apoyo a un sector que ha demostrado, como también ha dicho la vicepresidenta, ser vital para la cohesión social y un desarrollo económico mucho más inclusivo y
sostenible, y porque las cooperativas y las empresas de inserción han sido y son fundamentales también para la lucha contra el desempleo, ofreciendo oportunidades laborales a aquellos colectivos más vulnerables. Es necesario, pues, ahondar y
avanzar en este modelo de economía, en el que Euskadi, además, es pionero, y votaremos a favor para que este proyecto siga adelante y podamos mejorarlo, quizá, en su fase de enmiendas o en su fase de tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch, por un tiempo de siete minutos. Quan vulgui.
El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies, presidenta.
Benvinguda, ministra.
Avui VOX ens porta una esmena de devolució contra aquesta llei. Són bastant dropos perquè no han portat ni un text alternatiu seriós ni res. Treballar poc. I per què? Per què ens porten aquesta esmena de devolució? Perquè aquesta llei
no parla d'especulació ni de beneficis multimilionaris per a uns pocs ni d'explotació. Aquesta llei parla de posar les persones per damunt del capital i això per a les dretes és intolerable.
Nosaltres votem. Votarem en contra d'aquesta esmena de devolució perquè sabem que defensem i sabem que volen imposar els bàrbars. L'economia social què és i per què es molesta tant? L'economia social és tot el que les dretes rebutgen: és
cooperació, és solidaritat, és democràcia econòmica i no és enriquir quatre grans empreses, sinó crear riquesa col·lectiva, retorn social i dignitat laboral. Aquesta llei no elimina res. Aquesta llei no elimina res, no prohibeix res, no va contra
ningú. Dóna eines a qui treballa, a qui en pren sense especular, a qui crea ocupació estable. Però, és clar, la dreta no vol opcions, per això no fa text alternatiu. Vol imposar el seu model únic, el de l'abús empresarial, la precarietat i la
submissió al poder econòmic. I aquí és on cal recordar una cosa fonamental: el cooperativisme forma part essencial de l'economia social i ha estat clau en molts països, també al meu, a Catalunya, i arreu. Un model amb una tradició històrica
fortíssima al meu país i a la meva classe, que ha garantit drets i feina estable i un teixit econòmic arrelat al territori. I aquest projecte de llei també és un pas per enfortir-lo. Haguéssim pogut fer esmenes, però no, vostès no van d'això.
L'economia social és un model que funciona i això els incomoda. Ho diré clar: això no és un experiment ni una utopia, és una realitat. Ja està creant ocupació estable, reduint desigualtats i millorant el teixit productiu local.
Aquesta llei modernitza i enforteix aquest sector i ho fa amb sentit comú davant de la precarietat, estabilitat; davant l'especulació, redistribució; davant del 'sálvese quién pueda', solidaritat.
L'economia social crea feina digna i estable. I aquí ve la gran diferència. I per això els molesta. És una alternativa a l'explotació laboral i contractes escombraries i sous de misèria que defensen aquesta gent. L'economia social, en
canvi, genera ocupació de qualitat, incorpora persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, joves sense oportunitats. Dóna seguretat i estabilitat. I compte amb aquest detall, les diferències salarials en l'economia social són molt menors.
Els sous dels directius no es disparen de manera obscena. Les dretes no diuen res quan el salari que cobra un treballador i el seu executiu pot ser a vegades de 20, 30 i 40 o 50 vegades més; callen. El cooperativisme a les dretes els molesta
perquè volen un model on uns cobren 100 vegades més que els altres.
L'economia social fomenta la igualtat de gènere i a Vox també els horroritza la igualtat de gènere. Els horroritza. Dades. Dades: les dones cobren un 24 %més a l'economia social que en l'economia mercantil. Hi ha més conciliació, més
dones en càrrecs de responsabilitat, menys discriminació i VOX
que fa? Res. Res. O pitjor, neguen la bretxa salarial, existeix; neguen la desigualtat, existeix i ataquen qualsevol política que ajudi a les dones a tenir els mateixos drets i oportunitats. És com una obsessió malaltissa.
L'economia social protegeix el territori, però VOX protegeix els oligopolis. Aquí no fan mai res d'esmenes de devolució contra els oligopolis. Són el seu model. Quan sentiu VOX parlar de despoblació o despoblament rural, feu una cosa:
mireu el que voten. Mireu sempre el que voten i no el que diuen. Aquí tenim un model que ajuda a les zones rurals com cap altra, que genera oportunitats, que diversifica l'economia i, que fan ells? Intenten carregar-se'l. Enmienda de devolución,
sense text alternatiu perquè són uns dropos. L'economia social protegeix sectors claus com l'agroalimentari, els serveis de cures, l'artesania... És una eina per a evitar l'abandonament del territori, però que VOX fa? Protegir els petits no els
hi és rendible. Prefereix donar-lo als grans oligopolis deixant morir el teixit productiu social.
Només treballem i treballarem per millorar la llei. Es pot millorar i això crec que hauria de ser un deure de tots, perquè és un text bàsic interessant. Ells només volen destruir-la. Aquesta llei no és perfecta, evidentment, cap llei ho
és, però avui el que es vota aquí no és com millorar-la, sinó si la tirem per terra o la deixem avançar i nosaltres ho tenim molt clar: la tirarem endavant. Farem esmenes per reforçar-la, per corregir-ne mancances, per ampliar l'abast. Debatrem,
discutirem perquè aquest model mereix ser protegit. Però VOX no vol millorar-la, vol eliminar la perquè no suporten que existeixin alternatives al seu capitalisme salvatge. No suporten cap alternativa al capitalisme salvatge. Aquesta és la
realitat. I aquí hi ha dues opcions. Només hi ha dues opcions: o apostem per un model que crea ocupació estable, protegeix drets i fomenta la igualtat, o tornem a donar tot el poder a les grans corporacions perquè segueixin explotant la gent i
acumulant beneficis indecents i obscens. Nosaltres ho tenim molt clar. Votarem en contra de l'esmena de devolució perquè aquest projecte de llei representa un pas endavant cap a una economia més justa, més democràtica i més sostenible. I perquè
no permetrem que VOX i l'extrema dreta continuï protegint als poderosos mentre les classes treballadores en paga les conseqüències.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Bienvenida, ministra.
Hoy VOX trae una enmienda de devolución contra esta ley. Trabajan muy poco -¡menuda pereza!-, porque no han entregado ningún texto con sentido. Este texto no habla de especulación ni de beneficios multimillonarios para unos pocos ni de
explotación; esta ley habla de poner a las personas por encima del capital, y esto para las derechas es intolerable. (Aplausos).
Nosotros votaremos en contra de esta enmienda de devolución porque sabemos qué es lo que quieren imponer los bárbaros y sabemos qué es lo que nosotros defendemos. ¡¿Por qué les molesta tanto la economía social? La economía social es todo
lo que rechazan las derechas: es cooperación, es solidaridad, es democracia económica, y no es enriquecer a unas cuantas empresas, sino crear dignidad laboral, retorno social y economía social. Esta ley no elimina nada, no prohíbe nada, no va
contra nadie; da herramientas a quienes trabajan, a quienes emprenden sin especular, a quienes crean ocupación estable. Pero, claro, la derecha no quiere opciones, y por eso no proponen un texto alternativo, sino que quieren imponer la precariedad
y la sumisión al poder económico. Y aquí cabe recordar algo fundamental, y es que el cooperativismo forma parte esencial de la economía social y ha sido clave en muchos países, también en el mío, Cataluña, y ha supuesto un modelo para mi país y mi
clase que garantiza derechos y un tejido económico arraigado en el territorio. Este proyecto de ley es un paso para fortalecer esto. Se podían haber hecho enmiendas, pero no parece que sea lo suyo: la economía social les incomoda. Lo diré
claramente: No es un experimento ni una utopía, es una realidad, ya está creando una economía estable, está mejorando el tejido económico local y está generando oportunidades. Esta ley moderniza y fortalece este sector con sentido común.
Ante la precariedad, estabilidad; ante la especulación, redistribución; ante el sálvese quien pueda, solidaridad.
La economía social crea trabajo digno y estable, y aquí está la gran diferencia. Por eso les molesta: es una alternativa a la explotación laboral y a los contratos basura y los sueldos miseria que defiende esta gente. La economía social
genera ocupación de calidad, incorpora a personas con discapacidad, gente en el paro de larga duración, jóvenes sin oportunidades, da seguridad y estabilidad. Y cuidado con este detalle: las diferencias salariales en la economía social son mucho
menores. Los sueldos de los directores no se aumentan de manera obscena, cuando a veces hoy la diferencia entre el salario que cobra un
trabajador y su ejecutivo en algunas empresas puede llegar a ser del 20 o 30 %, y ahí callan. El cooperativismo molesta a las derechas, porque buscan un modelo en el que algunos cobren cien veces más que otros.
Y la economía social fomenta la igualdad de género, y a VOX también le horroriza la igualdad de género. Datos: las mujeres cobran un 24 % más en la economía social que en la mercantil, hay más conciliación, más mujeres en cargos de
responsabilidad, menos discriminación. ¿Y VOX qué hace? Nada, o, aún peor, niegan la brecha salarial que existe, niegan la desigualdad que existe y atacan cualquier política que ayude a las mujeres a tener los mismos derechos y oportunidades; es
su obsesión enfermiza.
La economía social protege el territorio, pero VOX protege los oligopolios. Y, en este sentido, nunca presentan ninguna enmienda contra los oligopolios, porque es su modelo; cuando VOX habla de la despoblación rural, fíjense en lo que
votan, no en lo que dicen. Y aquí tenemos un modelo que ayuda a las personas rurales como ningún otro porque diversifica la economía. ¿Y qué hacen ellos? Intentan cargárselo con una enmienda de devolución, sin texto alternativo, porque son unos
vagos. La economía social protege al sector agroalimentario, al servicio de las curas, la artesanía, es una herramienta para evitar el abandono del territorio. Pero ¿qué hace VOX? Proteger a los pequeños no es rentable, prefieren dárselo todo a
los oligopolios y dejar morir al tejido social.
Solo trabajaremos para mejorar la ley; nosotros trabajaremos para ello, para mejorar la ley, porque se puede mejorar y ese debería ser un deber compartido, porque es algo interesante, pero ellos buscan destruirla. Esta ley no es perfecta,
ninguna lo es, pero hoy lo que votamos aquí no es cómo mejorarla, sino si la tiramos por los suelos o la dejamos avanzar, y nosotros lo tenemos clarísimo, queremos que siga adelante. Haremos enmiendas para reforzarla, para corregir las brechas;
debatiremos, discutiremos, porque este modelo hay que protegerlo.
Pero VOX no quiere mejorarla, quiere eliminarla, porque no soportan que existan alternativas a su capitalismo salvaje, esa es la realidad, y ahí tenemos dos opciones, y solo hay dos opciones: o apostamos por un modelo que crea ocupación
estable y fomenta la igualdad o volvemos a dar todo el poder a las grandes corporaciones para que sigan explotando a la gente y acumulando beneficios indecentes. Nosotros lo tenemos muy claro: votaremos en contra de la enmienda de devolución
porque este proyecto de ley representa un paso hacia adelante para una economía más democrática, más sostenible y más justa, y no permitiremos que VOX y la extrema derecha sigan protegiendo a los poderosos mientras las clases trabajadoras pagan las
consecuencias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez Barbero también por un tiempo de siete minutos.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías de VOX, esta enmienda a la totalidad no solo carece completamente de fundamento, sino que es el mejor ejemplo de su absoluta falta de coherencia. Esta enmienda -ya lo ha dicho la vicepresidenta segunda- habla mucho más de ustedes y
sus obsesiones que de la ley de economía social. El señor Hernández no ha dedicado -y creo que soy generosa- ni dos minutos de doce a hablar de contenido alguno de la ley porque no la conoce, es evidente.
Después de atacar el feminismo, el antirracismo, a las personas LGTBIQA+ y cualquier política que promueva la igualdad, ahora resulta que en su diana está la economía social. Lo cierto es que su estrategia es clara, y además es muy
previsible: oponerse sistemáticamente a cualquier medida que favorezca la inclusión, la justicia social y el bienestar colectivo. Claro, el problema es que hoy, en su cruzada contra la supuesta agenda woke, se han situado en un nivel de
incongruencia tal que raya lo ridículo, porque, en su afán por destruir todo lo que suene a progreso, terminan atacando modelos tradicionales y arraigados de nuestra economía, como son las cooperativas, que además resultan esenciales para la
agricultura y la vida en el mundo rural. Es curioso, fíjense, cuando creen que pueden arrancar unos votos, se ponen un Barbour, unas botas, un gorro y se suben a un tractor, pero qué rápido vuelven a sus hábitos de señoritos para presentar una
enmienda a la totalidad a una ley que beneficia especialmente a agricultores, a trabajadores y trabajadoras del campo; sí, su hipocresía es absoluta. (Aplausos).
Señor Hernández, si saliese un poco de su burbuja, entendería lo importantes que son las cooperativas para la agricultura y que su enmienda lo único que hace es atacarlas. Han sido y son calve las cooperativas en el campo precisamente para
la organización del trabajo, la comercialización de productos y la resistencia
de los pequeños productores frente a las grandes empresas; y no solo eso: sin cooperativas no habría supermercados en los pueblos. ¿Quién se habría ocupado de garantizar que los alimentos y demás productos llegasen a Zestoa, en Euskadi, o
a Yátova, en el país valencià? Desde luego, no las grandes multinacionales, a las que ustedes defienden continuamente. VOX, los autoproclamados defensores del campo, traicionan a los agricultores con cada decisión que adoptan en este hemiciclo.
(Aplausos). Y eso no solo es incongruente; es algo más -que a ustedes les duele particularmente-, es muy antiespañol, igual de antiespañol que volverse loco por salir en una foto con Trump, que pretende debilitar económicamente a España y a Europa
ahogando a nuestros agricultores y a toda la ciudadanía en aranceles.
Por otro lado, tachan ustedes esta norma de agenda ideológica del Gobierno. Si ustedes conocieran mínimamente el ámbito cooperativo, si supieran de lo que hablan con tanta teoría, entenderían que es un modelo basado en dos principios
fundamentales, en la gestión democrática y, ¡oh!, el principio de igualdad. Es el propio sector el que afirma que uno de sus grandes valores es que contribuyen a alcanzar objetivos comunes, que no son solo económicos, sino también de carácter
colectivo e interés social. Es la economía social, son las cooperativas las que colocan a las personas en el centro, porque sus socias y socios son la parte nuclear de su funcionamiento. Ustedes llaman ideología a lo que no es más que el
cumplimiento del mandato constitucional, porque los poderes públicos deben velar -es una obligación- por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, conforme al artículo 9.2 de la Constitución. Se lo he dicho ocho veces desde esta tribuna:
¡Léanse la Constitución! ¡Léansela! (Aplausos). Solo leerla; solo, no les pido que la entiendan.
A ustedes les soliviantan especialmente los planes de igualdad en las cooperativas, pero es el sector el que desde hace años nos está pidiendo que regulemos los planes de igualdad cooperativos. Y, ¡oh!, les voy a dar otro disgusto hoy: es
que ya existen los planes de igualdad en las cooperativas. El problema es que se han generado a partir de normas que no se adaptan a la estructura democrática y participativa de las cooperativas, y por eso quieren que los regulemos. Bajen de su
atalaya, bajen, dejen de tocar de oído, escuchen al sector y a las personas y organizaciones a las que beneficia esta norma. En una sociedad democrática avanzada, en cualquier actividad laboral, societaria o profesional sería impensable que se
mantuviesen situaciones de desventaja o de discriminación con el pretexto de la libertad de empresa. Hasta los ideólogos decimonónicos del mercado libre, poco sospechosos de defender políticas woke, temblarían por no establecer unas mínimas normas
de justicia y transparencia. Pero, claro, es que esos ideólogos de hace dos siglos son pensadores audaces, al lado de su admirado Javier Milei, que ha convertido Argentina en un experimento de austeridad extrema, con recortes salvajes,
privatizaciones sin control y un desprecio absoluto por los sectores más vulnerables. Su seguidismo a Milei es tal que confunden la existencia de instrumentos que aseguren una justa y transparente competencia en el mercado con intervencionismo, y,
para dejar clara su confusión, en esta enmienda ustedes defienden a las falsas cooperativas. ¡Defienden en esta enmienda el fraude! ¡Vaya que sí! Lean lo que escriben. Miren, las falsas cooperativas aniquilan los derechos de trabajadores y
trabajadoras: se presentan como cooperativas, pero, en realidad, son empresas que imponen condiciones abusivas y los fuerzan a hacerse falsos autónomos para esquivar sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. (Aplausos). Para quienes
trabajan en esas falsas cooperativas no existe el derecho a vacaciones, la indemnización por despido ni las bajas por enfermedad o una cotización justa por jubilación. De verdad, yo los animo a que se paseen en Pontevedra por Porriño, por la calle
Gómez Franqueira, para que les cuenten cómo es soportar jornadas de catorce, quince y dieciséis horas despiezando carne en condiciones nada dignas y del siglo XIX. Este es su modelo, es el modelo de Elon Musk, el modelo de la explotación, el de los
despidos masivos sin miramientos, el del desmantelamiento de la negociación colectiva, el de la desregulación total para que solo los poderosos salgan ganando. Este es el futuro que defiende VOX, y lo hace por escrito en cada enmienda a la
totalidad.
En relación con sus afirmaciones sobre la Ley 44/2007 y las empresas de inserción, sus carencias conceptuales ya se multiplican exponencialmente. Las empresas de inserción son un claro ejemplo de cómo la solidaridad y la justicia social
pueden ser herramientas reales para combatir la exclusión. Por eso no les gustan, porque, mientras que VOX pretende enfrentar al pobre con el pobre, las empresas de inserción demuestran que la solución no está en la competición entre los
desfavorecidos, sino, al contrario, en crear oportunidades para todas.
Por último, es necesario subrayar, como ya se ha hecho, que este proyecto de ley es consecuencia de un largo y productivo diálogo con el sector. Por eso incorpora sus expectativas y demandas, moderniza y
agiliza su funcionamiento, al tiempo que asegura tres principios -tres, igual si se leen el proyecto se dan cuenta-: la seguridad jurídica, la transparencia y el cumplimiento efectivo del objeto de las entidades de economía social.
Señoría, señor Hernández, esta enmienda es una declaración de intenciones. Defender los intereses de Musk, Milei y Trump no es patriotismo, es servilismo. Señorías de VOX, ustedes se envuelven en la bandera rojigualda más grande que
encuentran, pero luego atacan lo que ha hecho verdaderamente fuerte a España: la igualdad, el avance en derechos y la dignidad de todos, todas y todes. Ustedes no son patriotas, no defienden la libertad ni defienden los derechos ni el bienestar de
la gente. Ustedes, señorías de VOX, no son más que el miedo al cambio disfrazado de discurso.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Garrido Jiménez por un tiempo de siete minutos también.
La señora GARRIDO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
¡Vaya tela!, señor Hernández, de verdad. Creo que tanto la enmienda a la totalidad de VOX como su intervención desde este estrado son una auténtica falta de respeto a las empresas de la economía social española, a unas empresas que
representan el 10 % del producto interior bruto, a más de 50 000 empresas que generan más de 2,3 millones de trabajadores en empleos directos e indirectos. Y es una falta de respeto absoluta porque lo que usted ha hecho aquí ha sido una elegía
vacía, una intervención plañidera, nos ha dado un sermón dominical con el que solo ha expresado palabras vacías, vacuidad absoluta y unas frases que lo mismo le valdrían para hablar de la economía social que del tráfico internacional. (Aplausos).
Pero, con un poco más de respeto que les tengo yo a ustedes que el que ustedes han mostrado por la economía social, vamos a ver exactamente en qué se sustancia su enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad de tres páginas para un
texto legal de cuarenta y cuatro, lo que deja ya bastante claro la falta de trabajo que hay detrás de esta enmienda, plagada de palabras grandilocuentes, como agenda ideológica, escrutinio injustificado, politizado, injerencia, agenda ideológica,
sectarismo, feminismo extremo, totalitarismo, imposición artificial, despotismo, paroxismo. (El señor Hernández Quero pronuncia palabras que no se perciben). ¿Ustedes no hacen política? ¿Qué hacen ustedes? Esto es un Parlamento, aquí estamos
políticos que hacemos política y las leyes son políticas; pero lo nuestro y lo suyo, lo suyo también. Lo que pasa es que la suya es la política contra la gente, contra el cooperativismo, contra la economía social. (Aplausos).
Yo creo que si alguien se para a leer esa enmienda lo que va a ver es que básicamente VOX lo que quiere es oponerse a todo, a lo que sea, y busca cualquier excusa. Pleno tras Pleno, sus portavoces nos hablan de la falta de técnica
legislativa con palabras grandilocuentes del siglo XIX, pero yo le voy a decir cuál es la técnica legislativa de VOX en este caso concreto: Ustedes cogen el proyecto de ley, van al buscador y escriben, por ejemplo, la palabra igualdad: diez
resultados, ¡alegría, ya tenemos la enmienda hecha! Eso es lo único que se han puesto a mirar ustedes en la ley de economía social, única y exclusivamente. (Aplausos). De verdad, a mí me daría vergüenza, señor Hernández, presentar esta enmienda,
registrarla en el Congreso.
Por otra parte, señorías -ustedes, que hacen manifestaciones tan constitucionales-, ¿qué dice el artículo 35 de la Constitución? El artículo que regula el derecho y la obligación de los trabajadores al trabajo dice que este tiene que ser
sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Lo dice nuestra Constitución. La igualdad está impregnada en la Constitución. Pero a ustedes, que dicen que son constitucionalistas, es lo que más les molesta. Entonces, ¿qué son ustedes?
¿Constitucionalistas o totalitaristas? Yo creo que lo suyo es más el totalitarismo.
Pero es que, respecto a cuando se ponen a hablar de ese paroxismo, como ustedes dicen, sobre las comisiones de igualdad -básicamente, la enmienda de totalidad de VOX, que entiendo que no hayan leído, normal, se basa sobre todo en esta
herramienta, en la existencia de una comisión de igualdad-, vamos a ver cuáles son los objetivos de esas comisiones en el proyecto de ley: impulsar la participación y la incorporación plena de las personas socias en todos los órganos sociales,
promover y propiciar la corresponsabilidad y la conciliación en la vida laboral, prevenir y erradicar todas las formas de violencia y acoso en el trabajo y promover un ambiente y condiciones de trabajo basados en valores como el respeto
mutuo, la igualdad y la valoración de la diversidad: el paroxismo, según VOX. Pues bien, señoría, ¿qué tiene usted en contra de la participación?, ¿qué tiene usted en contra de la corresponsabilidad?, ¿qué tienen ustedes en contra de la
conciliación de la vida familiar y laboral? Luego vienen aquí y nos dicen que ustedes defienden la familia. Pero, ¡oh!, es horroroso que haya un órgano con el que se pretenda buscar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito de la
economía social. ¿Qué tienen ustedes en contra de prevenir y erradicar todas las formas de violencia y acoso en el trabajo? ¿No tienen nada? Pues léanse su enmienda a la totalidad, porque parece que para ustedes eso es el mal. (Aplausos). ¿Y
qué tienen ustedes en contra de promover condiciones laborales basadas en el respeto? ¿Qué tiene VOX en contra del respeto? Díganmelo ustedes, porque, si eso es suficiente para devolver un proyecto de ley demandado, pactado y coordinado con las
empresas de la economía social, algo tendrán ustedes en contra, ¿no?
Sinceramente, creo que esta Cámara debe tener un mayor respeto por el sector, que debemos ser capaces de hacer debates de mayor calado, sobre todo, técnico, que no se puede venir aquí a hacer un discurso de quince minutos que parece un
sermón, en el que no hace más que concatenar conceptos vacuos, que no hablan realmente del proyecto de ley y, como ya han dicho otros portavoces antes de mí, que lo que a VOX le preocupa e incomoda es la esencia misma de la economía social, que sean
empresas en las que hay una gobernanza democrática, que haya participación, que los beneficios se reviertan en interés de sus socios o del ecosistema social en el que están insertados; eso es lo que le molesta a VOX. Y vienen aquí y nos dicen que
ustedes defienden el campo, que ustedes defienden la ganadería, que ustedes defienden la agricultura. ¿Sí? ¿Y Trump, qué hace respecto a la ganadería y la agricultura española?, ¿la defiende o la ataca? Nos dice que ahora están preocupados
nuestros agricultores. Le voy a decir yo de qué están preocupados en mi tierra, La Rioja, donde hay muchas cooperativas agrarias, sobre todo vitivinícolas. ¿Sabe lo que les preocupa? Les preocupan las políticas de sus socios internacionales, que
quieren atacar el campo español, que quieren ponernos aranceles, que quieren atacar nuestra capacidad exportadora (aplausos), al segundo país que más exportación tiene, eso les preocupa ahora mismo. Hablen ustedes con los agricultores, con los
productores de aceituna, con los productores de aceite de oliva. Les preocupa si van a poder seguir exportando y si su producto va a ser competitivo en Estados Unidos. Esa es la preocupación. ¿Y qué hacen ustedes con eso? Aplauden con las
orejas. Van a mendigar fotografías, como si fueran fans de tercera fila intentando sacarse una foto con su ídolo; eso es lo que hacen ustedes. (Aplausos).
Como les he dicho, creo que esta ley merece mucho mayor respeto, que el sector de la economía social merece mucho mayor respeto que el que ustedes han mostrado con esta enmienda a la totalidad, el mismo respeto que entiendo que van a mostrar
la mayoría de los grupos parlamentarios votando en contra de su enmienda a la totalidad y trabajando conjuntamente para mejorar el texto normativo y poder dar respuesta a las demandas del sector.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Teniente Sánchez también por un tiempo de siete minutos.
La señora TENIENTE SÁNCHEZ: Buenos días, señorías.
Damos la bienvenida a los representantes de la economía social que nos acompañan en esta mañana desde la tribuna.
Señorías, señora ministra, la importancia de la economía social en España nos obliga a todos a hacer un debate con rigor, serenidad, responsabilidad y profunda sensibilidad, porque es un debate de enorme trascendencia y sensibilidad hacia
las personas, sobre todo, receptoras del contenido de este proyecto de ley. No es un debate para dogmas y discursos vacíos, señora ministra, y quiero comenzar recordando que el Partido Popular no tiene que demostrar nada en cuanto a la voluntad de
consenso porque es un firme defensor de la economía social; lo ha sido siempre, históricamente, desde la Ley de Cooperativas, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, al consenso respecto a las otras dos leyes que son objeto de esta reforma,
pasando por nuestro protagonismo en las grandes reformas que se han producido en la economía social; en la más importante, la de 20115, o en la Estrategia Española de Economía Social. Y en esa rotunda, firme y contundente defensa de la economía
social, compartimos la necesidad de un nuevo marco normativo, ajustado a los retos y a las transformaciones en lo económico y en lo social. Son nuevos tiempos y se tiene que reforzar el modelo cooperativo y se debe aportar más seguridad jurídica a
los
sectores afectados, claro que sí, cómo no vamos a compartirlo, pero, precisamente por eso, porque somos firmes defensores de la economía social, tenemos que decirles a ustedes, señora ministra, que discrepamos de aspectos sustanciales de
esta reforma. ¿Sabe por qué? Porque viene a generar nuevos problemas, graves problemas a los sectores afectados, a las empresas y, lo más importante, a los colectivos más sensibles, como es el de la discapacidad. Vean los datos, escuchen, lean
los informes con lectura comprensiva porque dicen y advierten de esto. No hemos formulado una enmienda de totalidad porque nuestro compromiso con la economía social nos aconsejaba no hacerlo, en atención y en la búsqueda de los consensos que
siempre hemos pretendido en esta materia y también en atención a las reivindicaciones de los diferentes actores de la economía social, como CERMI, ONCE o Cáritas, entidades con las que mantenemos un diálogo fructífero, constructivo y útil, y esta va
a ser la postura del Grupo Popular a lo largo de esta tramitación, buscar el consenso para mejorar los defectos graves de esta ley. (Aplausos).
VOX ha formulado una enmienda de totalidad sobre la base de argumentos que son los de siempre. Obviamente, no parece que hayan analizado el texto en su profundidad e inciden en aspectos menos relevantes, y, desde luego, no en los aspectos
críticos de esta reforma. El Grupo Parlamentario Popular, con sus ponentes, sí lo ha trabajado. Hemos mantenido reuniones con todos los sectores afectados, y son ellos los que nos han trasladado sus preocupaciones. Pero hay que escuchar a todos,
señora ministra, especialmente a aquellos a los que la reforma afecta negativamente. Es lo que hemos hecho, y es lo que no han hecho ni el Gobierno ni ustedes. No lo han hecho, porque, si no, habría cosas que no estarían en la reforma, porque
además son muy lesivas y deben ser reconsideradas en la tramitación. Escuche, si no, lo que le dice el Consejo Económico y Social, que considera necesario un debate más pausado respecto a las entidades que deben estar o no en la economía social.
Dice usted que no, que no excluyen a nadie. ¡Si les está diciendo el Consejo Económico Social que los están excluyendo! (Aplausos). ¿Cómo que no excluyen a nadie? Al no incluir a unos, los están excluyendo. Y les dice que sea un debate que
analice el objeto del servicio público y los efectos -entienda, los efectos- que se van a producir sobre las personas afectadas. Pero esto es lo que ustedes olvidan; ustedes deciden quiénes deben estar o no en la economía social. Y eso es un
cambio de modelo; es un cambio de modelo excluyente, no inclusivo; es un cambio de modelo lesivo hacia los sectores, empresas y personas afectadas. (Aplausos). La propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo resume todo en una frase
clave, que también me gustaría que la ministra recordara: Los objetivos sociales deben ser obtenidos a través del fomento de la competencia efectiva, y no a costa de ella. Estamos totalmente de acuerdo con esta afirmación. Nosotros ponemos en el
centro del debate a todos, a todos los sectores, a las personas implicadas, y más si estamos hablando de personas con discapacidad. Ahí está nuestra preocupación. Aquí debe estar el centro del debate. (Aplausos). Entiendan, señora ministra, las
recomendaciones de estos organismos. Los objetivos sociales deben ser promovidos favoreciendo la competencia, no a costa de ella. Con la nueva configuración jurídica de las empresas sociales y la exclusión de los centros de empleo empresariales
transforman el modelo social, convirtiéndolo en un territorio exclusivo y excluyente del tercer sector y esto, sin duda, limitará las capacidades y el impacto en la economía social en nuestro país. Crean un oligopolio y esto no solo tiene una clara
afectación a la competencia, sino que saca del paraguas jurídico actual a la mitad del empleo protegido. (Aplausos). Por favor, reflexionen sobre esta cuestión. Y debe ser un debate pausado, como reclama el Consejo Económico y Social, centrado en
el servicio público, en la atención de las personas, que no se ha realizado ni con el sector en su totalidad ni con los grupos parlamentarios. Este proyecto de ley viene de la anterior legislatura y ha tenido siete ampliaciones de plazo, ¿y no han
tenido tiempo para hacer un debate pausado? No lo han hecho, porque ustedes no negocian con los grupos. Ustedes mercadean los apoyos y después los sectores, las empresas y las personas pagan las consecuencias. (Aplausos). Y no hay diálogo
social, es un monólogo continuo.
Este grupo les dice muy claro que el impulso a la economía social no se logra restringiendo el ámbito subjetivo de actuación. Es un gravísimo error, un error mayúsculo, porque el 68,5 % de los centros especiales de empleo en España son
empresariales y ustedes, señora ministra -atienda-, los deja fuera. Señora Díaz, ¿son conscientes de que dejan fuera del paraguas jurídico de la economía social a un total de 1694 centros especiales de empleo? ¿Esto es no generar problemas? ¿Son
conscientes de que estos centros emplean a sesenta mil trabajadores con discapacidad? ¿Esto es mejorar la vida de la gente, señora ministra? (Aplausos). ¿Saben que esto pondrá en riesgo a la mitad del actual empleo protegido? ¿Es esto proteger
el trabajo decente, señora ministra? ¿Saben que esto afecta al futuro de miles de pymes ante la imposibilidad de competir? ¿Es esto defender el trabajo? Esto
está provocando el peor de los costes, que es el coste del desempleo que se va a generar en las personas con discapacidad.
Y luego dicen que tienen que controlar el fraude. Lo que tienen que hacer es reforzar la Inspección, que la tienen tiritando. Eso es lo que tienen que hacer, reforzar la Inspección. Y entiendan -y ya termino- que, además, esta reforma va
en contra de lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno, con otro modelo que no es este, que no es un modelo excluyente, que es un modelo que da protección y que es menos proteccionista, un modelo donde caben empresas impulsadas por
entidades sociales, pero también emprendedores independientes e innovadores que cumplen con los requisitos y exigencias de la economía social.
Por lo tanto, les apelamos, por favor, ofreciendo todo el diálogo, a que aborden este debate con rigor, con sensibilidad y con responsabilidad ante la amenaza de expulsar del mercado laboral a miles de personas con discapacidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Teniente.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD. (Número de expediente 121/000040).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL, PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD. (Número de expediente 121/000041).
La señora PRESIDENTA: Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, procedemos ahora a sustanciar conjuntamente los puntos del orden del día relativos a los debates de totalidad del Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, y del Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
complementaria de la ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad.
Para la presentación de los citados proyectos de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Cuando quiera, señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES (Bolaños García): Buenos días, señorías.
Subo a esta tribuna para defender la posición del Gobierno en el debate de totalidad de dos proyectos de ley, uno orgánico y otro ordinario, en relación con el procedimiento de determinación de la edad de menores. Estos dos proyectos de
ley, que con todo el sentido del mundo se tramitan conjuntamente, tienen una finalidad única: intentar garantizar el procedimiento para determinar la edad de los menores en nuestro país. Por tanto, en primer lugar, tienen una finalidad claramente
garantista de los derechos del menor y, en segundo lugar, estamos dando -y creo que esto es importante, sus señorías así lo sabrán apreciar- cumplimiento a compromisos y recomendaciones de organismos internacionales, en especial a lo establecido en
la Carta de los Derechos del Niño y a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que apuestan decididamente por la naturaleza judicial en la determinación de la edad como garantía de los derechos de los menores, que muchas veces están sin
sus progenitores.
Para dar cumplimiento a esta modificación del procedimiento para determinar la edad de los menores, en los dos proyectos de ley que hoy estamos debatiendo se llevan a cabo dos reformas fundamentales. La primera es la modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil para constituir un nuevo procedimiento judicial de determinación de edad cuando esta no se conozca o se tengan dudas sobre ella. Es un procedimiento que, evidentemente, dadas las circunstancias de estos hechos, es ágil,
rápido y garantista. Por tanto, pasamos de un procedimiento administrativo a otro judicial, centrado en los derechos del menor y abandonando -y esto también es importante- métodos de prueba intrusivos o de dudosa fiabilidad científica. Las normas
que incluimos también en la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre pretenden la
protección del interés superior del menor. Por eso se reconoce la presunción de la minoría de edad; se reconoce el derecho del menor a tomar parte en el procedimiento y a ser escuchado; se garantizan su dignidad y su intimidad, de tal
manera que se prohíben pruebas invasivas o desnudos integrales; y, por último, se le garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento y la asistencia de un intérprete si es necesario para el menor. La primera reforma,
pues, es la de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La segunda reforma que abordan estas dos leyes es la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores para atribuir las competencias de la determinación de la edad a los órganos judiciales penales cuando
se produzca en relación con un menor detenido por su presunta participación en una infracción penal y existan dudas sobre la edad que tiene ese menor. Es decir, cuando está en juego la mayor responsabilidad que puede haber, que es la
responsabilidad penal, el proceso se realiza en el órgano judicial que ofrece las mayores garantías, que es el juzgado que lleva ese procedimiento penal. En definitiva, estamos ante una mejora evidente en la regulación de los procesos de
determinación de edad, en defensa y garantía de los intereses y de los derechos de los menores.
El Gobierno es plenamente consciente de que esta nueva regulación, garantista para los derechos de los menores, puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y de que podría temerse una mayor demora en los
tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas; sin embargo, nosotros nos comprometemos a unos procedimientos judiciales que sean ágiles gracias a la ley de eficiencia y a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se
lleva a cabo. Y quiero decir públicamente que nos comprometemos también a tener en cuenta todas las reivindicaciones y todas las cuestiones que planteen territorios con especial presión migratoria. Me refiero a Canarias, a Ceuta, a Melilla, a
territorios que tienen esa especial presión migratoria. Quiero trasladarles la voluntad del Gobierno de dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia, en línea con lo que ha supuesto ya -lo que está suponiendo ya- la ley de
eficiencia del Servicio Público de la Justicia, para que no existan demoras injustificadas y, en este caso de determinación de la edad menores, totalmente injustificables. Por eso queremos acompasar la tramitación de esta normativa a la aplicación
de las medidas en las que ya estamos trabajando para aliviar la situación de esos territorios con mayor presión migratoria.
No querría que este debate se quedase exclusivamente circunscrito a un debate meramente técnico o meramente jurídico. El debate de fondo que nos trae este procedimiento, la tramitación de este debate de totalidad, es el núcleo fundamental
de la democracia, es decir, si el núcleo de nuestra democracia son los derechos o, por el contrario, es la exclusión, el intento de exclusión e incluso la crueldad con precisamente los más desprotegidos, que son los menores. No estamos solo ante
una ley que se vaya a aplicar exclusivamente a los menores de origen migrante, pero es evidente que tiene un impacto en esas personas. Estamos hablando, señorías -no lo olviden-, normalmente de adolescentes que tienen 14, 15 o 16 años y que
abandonan su hogar muchas veces forzados por la necesidad, por el hambre o por la guerra y que tantas veces llegan a nuestro país solos, sin sus padres, tras un viaje traumático y difícil. Por eso querría preguntarme qué preocupa a los grupos
parlamentarios que han presentado una enmienda a la totalidad a estas dos normas. A ninguno de los grupos parlamentarios aquí representados puede preocuparles que un juez, con las debidas garantías, determine quiénes son menores y, por tanto,
quiénes pueden ser acogidos en el sistema precisamente pensado para los menores no acompañados. Por tanto, a mí no me preocuparía un cambio de un procedimiento administrativo a uno judicial, sino que me preocuparía no acertar con un procedimiento
científico y garantista precisamente para nuestros menores, porque no solo afectaríamos a los derechos de adolescentes muy vulnerables, sino que estaríamos también dando imagen de lo que queremos ser como sociedad.
En términos más bien democráticos, me parece difícil entender por qué se han presentado dos enmiendas a la totalidad a estos textos. Una de ellas -es cierto- proviene de un grupo político que es conocido por sus discursos de odio y, por
tanto, no esperamos mucho de ese grupo político, pero al menos podemos aprovechar este debate para mostrar la verdadera cara de todos los grupos políticos que nos sentamos en este Congreso. A mí me parece que ser crueles con los niños no
acompañados y, sin embargo, reír las gracias a las personas que pretenden discriminarles, que pretenden excluirles, no es precisamente el mejor ejemplo para nuestra democracia. Y también me preocupa la otra enmienda a la totalidad, presentada en
este caso por el Grupo Popular, que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido, había apostado por una política garantista de la inmigración en referencia a los menores. Espero que la presentación de esta enmienda a la totalidad no sea un
cambio de rumbo para hacer seguidismo a otros grupos políticos que tienen por bandera la xenofobia, la exclusión, la crueldad y el odio. Espero
simple y llanamente que hoy decaiga y que a partir de ahí empecemos a trabajar en enmiendas para poder mejorar este texto.
Insisto, proteger a los menores que llegan a nuestro país es una cuestión de justicia, es una cuestión de humanidad. Cumplir con los convenios internacionales y con las recomendaciones de organismos internacionales, como la Carta de los
Derechos del Niño o el Comité de los Derechos del Niño, es una obligación para nuestro país, para nuestra democracia, y, desde luego, tener un modelo garantista desde el punto de vista judicial creo que es una obligación de una democracia de un
Estado de derecho. Por tanto, espero que ambas enmiendas a la totalidad decaigan y que a partir de ahí empecemos a trabajar los grupos parlamentarios de la mano para tener una democracia mejor, porque acoge mejor a los menores más vulnerables, los
que vienen no acompañados por sus padres.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A cada uno de los proyectos de ley se han presentado sendas enmiendas a la totalidad de devolución.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina por un tiempo de doce minutos. Cuando quiera. (Aplausos).
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una previa. Aunque usted es un ministro que procura siempre tener unas formas aparentemente amables y educadas, una vez más ha quedado en evidencia el sectarismo con el que usted actúa desde su ministerio, su triministerio.
Cuando le denominamos el sepulturero de Montesquieu, no hace falta que le explique por qué. Pero, detrás de esa sonrisa, lo que ha hecho usted ahora, esta mañana, es inaceptable, porque se sube usted a la tribuna legítimamente a defender dos
proyectos de ley del Gobierno, pero cuando llega el momento parlamentario de referirse también al legítimo derecho que tenemos los grupos parlamentarios de presentar cuantas enmiendas creamos convenientes y en la forma y en el fondo que creamos
conveniente, usted se dirige a nuestro grupo -y no sé sobre la base de qué legitimidad- para tachar nuestra enmienda de odio, crueldad, exclusión y antidemocracia. Pero ¿quién le da a usted la legitimidad de otorgar los carnés al resto de los
parlamentarios y los grupos parlamentarios? (Aplausos).
Lo diré de la manera más suave posible: ser ministro del Gobierno de Sánchez y pertenecer al Partido Socialista serían motivos suficientes para subir a esta tribuna, cuando menos, con un poquito de humildad, cuando menos, cuando no con una
cierta vergüenza de pertenecer a un partido que a lo largo de la historia de España ha sido el partido que ha dado más golpes de Estado (aplausos) y ha estado asumiendo políticas criminales. Y si no le gustan estas palabras, coja la historia de
España y lea lo que hizo el Partido Socialista; por ejemplo, Indalecio Prieto y su motorizada, asesinando al líder de la oposición, Calvo Sotelo. Debería tener usted un poquito más de respeto hacia el resto de los grupos que no arrastramos esa
historia criminal del Partido Socialista y la miseria que supone formar parte del Gobierno de Sánchez. (Aplausos).
Dicho lo cual, me voy a centrar -ahora sí- en su proyecto de ley. Este proyecto de ley que nos trae el Gobierno pretende la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores para
regular un nuevo procedimiento de determinación de la edad a través de un procedimiento judicial. Actualmente, tenemos dos procedimientos reglados, en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y en el propio Reglamento
de Extranjería, dos procedimientos administrativos que, si bien necesitan de más recursos porque, lógicamente, están muy saturados, están demostrando cierta eficacia, dirigidos, por cierto, por el Ministerio Fiscal, ese al que, por otro lado, el
mismo ministro quiere darle todas las competencias en la instrucción de los procedimientos penales, pero aquí directamente le quita la competencia, esa competencia realmente de dirección y de impulso de estos procedimientos administrativos que
buscan, a través de una exploración médica objetiva, averiguar dónde hay fraude. Primera cuestión que planteo ante la Cámara: ¿dónde hay fraude en la supuesta edad de los supuestos menores?
Esto no es otra cosa que una reforma trampa bajo esos eslóganes permanentes de la progresía: garantizar los derechos de los menores, proteger a la infancia. Entiéndalo bien, señor ministro, porque ni a nosotros ni creo que a millones de
españoles se nos escapa, y además lo ha reconocido en su intervención. No solo nos preocupa, sino que nos parece un evidente fraude, que tiene como objetivo claro retrasar la resolución precisamente de los mecanismos de determinación de la edad, y
esto significa, que tampoco se nos escapa, retrasar los expedientes de repatriación o devolución a su país de origen de los
menas. (Aplausos). En definitiva, un mecanismo más para que usted y los que le apoyan blanqueen la inmigración ilegal. Usted dirá: Esto se lo ha inventado VOX, que son los del delirio, el odio, la exclusión y la crueldad. Pero, señor
ministro -y esto tal vez es lo más importante de todo lo que le voy a decir esta mañana-, resulta que la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 -de ese fiscal general que está bajo presunta culpabilidad de delincuencia- nos dio dos datos
fundamentales: que de 2022 a 2023 habían aumentado prácticamente los procedimientos administrativos de determinación de la edad en un 65 % -un 65 %- en un año y que los procedimientos -aquí viene el dato verdaderamente importante; escúchelo bien,
señor ministro, porque es actual, sin la reforma que ustedes proponen- han supuesto -lo dice la Fiscalía General del Estado- un resultado de un 75 % de falsedad en la minoría de edad. Tres de cada cuatro expedientes llegaron a la conclusión de que
no eran menores. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Tres de cada cuatro. (Aplausos). Y con su pretendida reforma esto será, si no del 100 %, prácticamente, porque esta judicialización otorga competencias a
los juzgados de Primera Instancia, en cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a los juzgados de Menores, en cuanto a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cuando haya presunción de comisión de un ilícito en esos supuestos
en los que se desconoce la edad por -atención- falta de documentación acreditativa fehaciente, que luego le contaré lo que significa no tener documentación acreditativa fehaciente y lo que va a suponer si salen adelante sus reformas. Esto ya ha
sido puesto en evidencia, pero ustedes no escuchan a nadie. Por eso esta es una excepción, porque lo traen como proyecto de ley del Gobierno, cuando la inmensa mayoría son proposiciones de ley del Grupo Socialista o de alguno de sus socios, para
saltarse los informes. Porque, señor ministro, los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial ya le han alertado de que estos proyectos de ley que estamos viendo de manera acumulada generarán colapso y mayor litigiosidad e
ineficacia operativa. O séase, lo que le hemos dicho al inicio de esta intervención.
Los efectos perniciosos de sus proyectos de ley son los que nos llevan precisamente a tener que votar en contra y los que nos han llevado -le insisto en esto- a presentar legítima, democrática y parlamentariamente la enmienda a la totalidad
con devolución al Gobierno, pero para que no le quede ninguna duda a usted, y además se lo pueda contar por teléfono, como está haciendo ahora, al señor Sánchez (risas), le voy a relatar cuáles son precisamente los efectos perniciosos de esa ley.
Primero, dígale a Sánchez que esta ley va a generar mayor colapso en los juzgados, que ya tienen una importantísima falta de medios humanos y materiales, y, por tanto, va a generar mayor retraso en los asuntos judiciales. ¿De quién? De los
españoles. ¿Quiénes van a pagar ese mayor retraso judicial y ese mayor colapso en los juzgados? Lo van a pagar los españoles. Además, va a generar más coste económico, claro que sí. ¿Quién va a pagar a todos esos jueces, fiscales, abogados,
turno de oficio e intérpretes que van a ser necesarios para llevar a cabo este procedimiento que ustedes proponen? Pues ese dinero lo vamos a pagar también todos los españoles, claro que sí. No lo va a pagar Marruecos, que es el que manda a la
mayoría de los menores; no lo va a pagar Argelia ni Mauritania, lo vamos a pagar los españoles. Y ese mayor retraso en resolver los expedientes de determinación de la edad, porque va a haber que hacer vistas, practicar pruebas y gestionar
recursos, también lo vamos a pagar los españoles. Esa presunción de minoría de edad es la que va a poner en la calle a todos los presuntamente menores, como ya hemos visto: 1,90 metros, 2x2, edad militar... Pero hay que creerse que es menor. ¿Y
sabe por qué es menor? Porque ese falso menor no tiene documentación y entonces hay que iniciar todo el procedimiento judicial. Y mientras tanto, ¿dónde está ese falso menor? O en la calle o en un centro de acogida, que también pagan los
españoles.
Luego está, por supuesto -y esto les molesta muchísimo-, la relación que hay entre esta inmigración ilegal masiva y desordenada y la delincuencia, y ahí nos encontramos con que, evidentemente, esa situación de inseguridad jurídica y de
indeterminación de la edad también va a generar -si no, bájese a Ceuta, a Melilla, a El Ejido y a tantos sitios de España donde tienen este problema- mayor delincuencia e inseguridad. ¿Y quiénes lo pagan? Los españoles. Además, va a generar una
cosa que también les molesta mucho que les recordemos: va a incrementar el efecto llamada, porque con sus proyectos casualmente se van a perder todavía más documentos. El que traía algún tipo de documentación donde se acreditara su edad, como un
pasaporte, un DNI o cualquier otro documento, va a hacerlo desaparecer; lo va a tirar en la primera papelera que vea o en el mar o en el aeropuerto y ya no lo va a tener, y va a decir que es menor de edad. Y ante la petición de la ONG de turno
para que se lleve a cabo el procedimiento judicial, ese falso menor tiene garantizados muchos meses, cuando no un año a lo mejor, hasta que se resuelva el mismo. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en la letra y otra es la realidad de los
tribunales y lo que se necesita luego, con recursos, contrarrecursos y no sé qué más. (Aplausos). Por tanto, el sexto efecto pernicioso es que va a generar un fraude todavía mayor en la actual situación, pues se va a multiplicar, como le
he dicho que ya nos avanzó el fiscal general del Estado. Y eso lo van a pagar también los españoles.
Por cierto, aquí quiero hacer una mención al Grupo Popular, porque me ha llamado la atención que en su enmienda se haya caído del guindo. Por fin el Grupo Popular dice, y leo literalmente -esto si lo hubiera leído y no les digo que lo ha
dicho VOX, dirían ustedes que es de VOX-: '... y de la situación actual de colapso de los tribunales con exigencia de transformación por la Ley 1/2025, puede provocar una vía perversa de estancia en España, sin posibilidad de expediente de
devolución.
'Además, aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de su expediente de devolución...'.
Llevamos años diciendo esto (aplausos) y nos han llamado de todo -de todo- los del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, vaya finalizando, por favor.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Voy terminando, señor presidente.
Termino diciéndole que, además de todo lo que le he relatado, habrá un incremento, como siempre, del negocio de las mafias de tráfico de personas, de las subvenciones y de las falsas ONG, que caerá todavía más el control de la inmigración
ilegal y que se terminarán los procedimientos de devolución, que serán cada vez menos. En definitiva, señor ministro -termino, presidente-, ustedes solo favorecen la inseguridad jurídica y económica en nuestras calles y en nuestras fronteras, y
siempre, siempre, siempre lo pagan los españoles, nunca ustedes ni los Gobiernos a los que tanto admiran del norte de África.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Acedo Reyes.
La señora ACEDO REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Señor ministro, como ha dicho, estos dos proyectos de ley, presentados por el Gobierno y que vamos a sustanciar en un solo debate, proponen la modificación, por un lado, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por otro, de la Ley Orgánica
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta modificación que se plantea supone un cambio sustancial en cuanto al procedimiento de determinación de la edad de los menores, trasladando al ámbito judicial lo que hasta ahora venía
siendo una resolución administrativa a través de un decreto del ministerio fiscal. El objeto de esta, a priori, es diseñar un proceso de determinación de la edad más garantista que el actual, que asegure la protección y el interés superior del
menor, a la vez que sea un proceso riguroso y ágil, sin dilaciones. Sin embargo, tal y como viene redactada, señor ministro, requeriría de importantes modificaciones para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. Por ello, como estamos
interpelados por nuestros compromisos internacionales, mandatados por nuestra propia legislación, la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Supremo, debemos abordar esta reforma desde el compromiso firme de garantizar un sistema que, a la vez que
proteja la vulnerabilidad de los menores, nos permita contar, y con vocación de permanencia en el tiempo, con un sistema ágil, respetuoso con el principio de seguridad jurídica, que evite el colapso del sistema judicial y, con ello, dilaciones
indebidas que afecten a la tutela judicial efectiva y, al fin y a la postre, no produzca efectos indeseados o consecuencias difícilmente reversibles.
Pongámonos en contexto, señorías. España, actualmente, es el país de la Unión Europea donde más se ha incrementado la llegada de inmigración irregular: más de 56 000 personas, en el año 2023; más de 64 000 personas, en el año 2024, de los
que más de 15 000 son menores extranjeros no acompañados. Han entrado, señorías, por vías no habilitadas a tal efecto, fundamentalmente, a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. ¿Y saben qué está pasando, señor ministro? Está pasando que muchos de
ellos se declaran menores de edad a su entrada. Como no hay medios ni profesionales para llevar a cabo el procedimiento de determinación de la edad en la frontera sur, porque su Gobierno no los pone, acaban siendo trasladados por ustedes como
mayores de edad a la Península -a Andalucía,
Madrid, Valencia, Galicia- para, a continuación, autodeclararse menores de edad y pasar a los servicios de protección autonómicos.
Así, señor ministro, desde el año 2015 hasta nuestros días, se han incrementado en más de un 200 % los menores extranjeros no acompañados en España, atendidos por los servicios de protección de las comunidades y ciudades autónomas, y se han
multiplicado por tres -señor ministro, por tres- los expedientes incoados por determinación de la edad; procedimientos, señorías, que se circunscriben fundamentalmente a los menores extranjeros no acompañados. Y, si no pueden ustedes garantizarlo
de manera rápida, ágil y con profesionales, ahora, con este procedimiento, ¿por qué vamos a creernos que, a través de este nuevo procedimiento, sí lo van a hacer, señor ministro? Es fácil pensar que no, y más aún viniendo de ustedes y en este
momento.
Observando la evolución de las llegadas, así como la incapacidad del Gobierno socialista para poner freno a las vías regulares de entrada y su ausencia de compromiso, señor ministro, para dotar en este momento de profesionales suficientes
para sustanciar el procedimiento actual, es fácil presagiar que el nuevo procedimiento que pretenden esté abocado al fracaso por su nefasta gestión. (Aplausos).
Señor ministro, un procedimiento de determinación de la edad sin plazos ciertos y reales, sin delimitación de las actuaciones, sin financiación para sustanciarlo, no garantizará ni los derechos ni la protección de los menores. Además, hay
que reconocerles, señorías socialistas, señor ministro, que han conseguido poner de acuerdo a toda la Judicatura en contra de su ley estrella de eficiencia del servicio de justicia, que ha acabado poniendo patas arriba la organización de esta. En
este momento, aún no saben cómo se van a organizar los servicios y ustedes pretenden seguir incorporando competencias, como en este caso, a los juzgados de familia, sin acompañarlas de los recursos necesarios. ¿Qué le hace pensar que vaya a ser más
rápido, ágil y garantista? Porque todo apunta a lo contrario.
Señorías socialistas, aunque el papel lo sostiene todo, la realidad es que, si no legislamos con rigurosidad los temas serios que afectan a derechos y a personas vulnerables, las buenas intenciones acabarán estrellándose, como las leyes del
señor Bolaños, y provocando efectos perversos y consecuencias indebidas y, en muchos casos, irreversibles. Es por ello fundamentalmente por lo que mi grupo presenta esta enmienda a la totalidad, por una cuestión de oportunidad; la presentamos por
responsabilidad y por la necesidad de abordar una reforma de tal calado que sea garantista, que tenga las garantías que ustedes no incorporan en la propuesta.
Y permítanme destacar algunas cuestiones. España vive en este momento una emergencia migratoria nacional -la vive, señor ministro-; esa emergencia migratoria que ustedes declaran para contratar los recursos del Estado, pero se la niegan a
las comunidades autónomas, esa emergencia, exactamente esa. (Aplausos). Donde cada año se incrementan las llegadas irregulares a nuestro país; cada vez hay más menores extranjeros no acompañados y tenemos un verdadero problema, un problema de
primer nivel, por el que usted ha pasado de puntillas, señor ministro, en los territorios frontera y en los territorios de primera llegada. ¿Y saben por qué lo tenemos? Porque el Gobierno no está destinando profesionales, no está destinando
recursos económicos para la determinación de la edad de esos menores; por eso tenemos un problema en los territorios frontera. (Aplausos). Lo que en este momento tendría que tardar días, meses, está tardando mucho más, y más va a tardar si
tenemos que esperar una sentencia judicial de los juzgados de familia, que ya van limitados en recursos para sus trabajos ordinarios.
En segundo lugar, señor ministro, la propuesta que plantea el Gobierno carece de las garantías adecuadas que aseguren, por un lado, la protección y el interés superior del menor en la determinación de la edad, pero, por otro, que vaya a ser
un proceso ágil y desprovisto de burocracia. Señor ministro, habría que ser más riguroso en el diseño de este procedimiento, todo lo riguroso que el Gobierno no ha sido con estos dos proyectos de ley.
Y, por último, pero muy importante, es que esta reforma va a tener una incidencia directa en la gestión y en la atención a los menores inmigrantes, es decir, en la política migratoria en términos generales. Son las comunidades y las
ciudades autónomas las que tienen la competencia de tutela, atención y protección de menores, ya sean nacionales o extranjeros, y esta modificación va a suponer una sobrecarga sin precedentes, señor ministro, en los sistemas de protección
autonómica, porque, hasta en tanto se determine la edad por sentencia judicial, ¿quién se va a hacer cargo de la protección de estos menores? ¿Quién se va a hacer cargo, señor ministro? Ustedes ya han dicho que no. ¿A través de qué recursos
intermedios se van a atender y con qué financiación? ¿Se ha parado el Gobierno a analizar el efecto que una modificación de estas características, sin un procedimiento ágil y con los recursos suficientes para la determinación de la edad para que
esta demanda se atienda en tiempo y forma, puede provocar en los
sistemas de protección autonómicos? ¿Se ha parado a pensar esto el Gobierno de España? ¿Se ha contado con la participación de las entidades de protección en las comunidades y las ciudades autónomas? ¿Saben el perverso efecto que puede
producir en los territorios fronterizos y de primera llegada, lo sabe el Gobierno? Sí, sí lo saben, señorías, pero les da igual. En la actualidad, se están padeciendo importantes retrasos en la determinación de la edad por varias razones, señor
ministro, se lo digo yo que soy de un territorio frontera, de Melilla. Uno, por el volumen cada vez mayor de llegadas irregulares y de declaraciones de minoría de edad. Y dos, y el más importante, ¿por qué se produce el retraso? Por la evidente
falta de profesionales que intervienen en este procedimiento de acuerdo con ese volumen existente. Es decir, el problema real está en su Gobierno, en la falta de compromiso de su Gobierno (aplausos que continúan mientras la oradora está en el uso
de la palabra), en la falta de responsabilidad de su Gobierno y en no poner los recursos suficientes de su Gobierno para que este procedimiento se haga en tiempo y forma; ahí es donde está el gran problema, señor ministro.
La dilación en los procedimientos de determinación de la edad traerá consigo mayor desprotección de los menores en sus derechos, también de los menores indubitados. Asimismo, esta dilación en los procedimientos traerá consigo un posible uso
torticero de esta, como subterfugio para evitar la devolución, el retorno del inmigrante e, incluso, la prescripción, en caso de delito, señor ministro. Esto, en los territorios frontera, lo vivimos diariamente.
Señorías de VOX, bienvenidos a la vida real, bienvenidos a la gestión, esa de la que, en cuanto se pone complicada la cosa, ustedes salen corriendo. Bienvenidas, señorías de VOX. (Aplausos).
Señor ministro, el actual volumen que existe en los juzgados de familia requiere ya de una mayor dotación de medios, y más con la incorporación de esta nueva competencia. Porque, si no, en su defecto provocaría una saturación, no solo en
este asunto, sino en el resto de los asuntos que se sustancian. Y el tensionamiento de los recursos de protección de menores no se puede obviar. La presunción de minoría y el retraso en la determinación de la edad va a recaer en una mayor presión,
y por más tiempo, sobre los recursos autonómicos de primera llegada, sin contar con un incremento de la financiación y sin contar con los medios por parte del Estado, que es el competente en el control y en la gestión de los flujos migratorios. Por
tanto, otra carga más encubierta por parte del Estado a las comunidades y ciudades autónomas, vulnerando de nuevo, y como acostumbra este Gobierno, el principio de lealtad institucional. Todo ello para acabar provocando un efecto incentivador para
que el inmigrante se declare menor de edad y así evitar, hasta tanto se determina esta, su devolución o retorno. Esto ya pasa en los territorios frontera, señor ministro.
Señorías, esta modificación no es baladí y va a tener un gran impacto en los sistemas de protección de menores y en la política migratoria general. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no podemos apoyar estos dos proyectos de ley tal y
como los ha presentado el Gobierno, en absoluto. Tienen grandes deficiencias, carencias y, además, nos encontramos en un momento de crisis migratoria, como ya le he dicho, que no podemos obviar.
Además, atendiendo a los últimos acontecimientos, tenemos verdaderas dudas de cuál es el objetivo real del Gobierno con estos dos proyectos de ley, porque se han presentado tarde, muy tarde, y mal. Es normal que nos lo preguntemos, porque
el Gobierno presenta ahora esta modificación y no lo hizo cumpliendo los plazos que el mismo Gobierno se dio a sí mismo en la disposición final vigesimocuarta de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a
la Violencia, que ordenaba desarrollar este procedimiento en un plazo de doce meses. ¿No era importante y prioritario en ese momento proteger a los menores y ahora sí? ¿Qué ha cambiado, después de cinco años, para el Gobierno? Señorías, ha
cambiado que la presión migratoria cada vez va a más, que los llegados son más jóvenes y que el Gobierno es incapaz de frenarlo, de controlarlo y de gestionarlo. Incapaz, incapaz, señor ministro.
Los menores extranjeros no acompañados se han convertido en el fenómeno migratorio que el Gobierno utiliza como arma arrojadiza contra el Partido Popular, ya sea para levantar a VOX, su gran aliado en las comunidades y ciudades autónomas, o
para hacer un reparto a la carta de los separatistas. Ahí es donde está su solidaridad, señor ministro: en el reparto a la carta de los separatistas. Los menores extranjeros no acompañados son la nueva moneda de cambio del Gobierno de Sánchez
para seguir un ratito más en la Moncloa. (Aplausos). Solidaridad selectiva la del Gobierno. El Gobierno selecciona las comunidades del PP que tienen que proteger a estos menores -porque ellos no se hacen cargo de nada-, sin una financiación real
ni cierta, a la vez que eximen a Cataluña y País Vasco de la acogida, porque de ellos depende que estos señores sigan gobernando Esa es la realidad de todo esto.
En definitiva, en nuestro grupo abogamos por una reforma que agilice la determinación de la edad con garantías y plazos reales, sin que se pueda producir un colapso del sistema judicial y de los sistemas de protección autonómicos, y que no
genere mayor inseguridad jurídica o incentive la inmigración irregular. Además, se hace prácticamente imposible confiar en ustedes: atacan permanentemente al Estado, manosean las instituciones al antojo del Partido Socialista y han abandonado sus
principios, hasta los más esenciales, como el valor de la palabra, señor ministro, y todo a cambio de poder. Han perdido ustedes hasta la dignidad. Definitivamente, no es que sea imposible, es que lo contrario sería una temeridad por nuestra
parte.
Acabo, señor presidente. Señor ministro, hay que tomarse en serio esto de legislar y gobernar y, si no pueden, convoquen elecciones; convoquen elecciones y de paso aprovechen para preparar su defensa en los juzgados de todas las tramas
corruptas multimillonarias...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Debe finalizar, señoría. Su tiempo ha terminado.
La señora ACEDO REYES: ... que tienen asolado al Partido Socialista y a todo el Gobierno. Entre ellas, la de malversar dinero público para pagar los servicios de mujeres prostituidas elegidas por catálogo. Es una vergüenza. (Aplausos.-Un
señor diputado: ¡Bravo!).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, señorías.
Señor Bolaños, quiero empezar agradeciendo su compromiso y repitiéndolo para que quede todavía más comprometido. Esta ley no va a salir sin las condiciones, sin las excepciones que Canarias necesita, que las poblaciones fronterizas
necesitan para que no haya más retraso del que tenemos hoy. Esta ley no va a salir sin garantías de que la tramitación no genere más retrasos de los que vivimos ya hoy. Con ese compromiso, Coalición Canaria ve en este trámite una oportunidad para
hincarle el diente a un asunto que hace tiempo que venimos pidiendo que se atienda, porque hoy ya hay grandes problemas. Lo que nos preocupa, lo que nos genera la inquietud que yo le he trasladado personalmente, es que esta reforma vaya a llevarnos
a mayores demoras. Necesitamos la garantía -y por eso insisto en que ese compromiso habrá de cumplirse- de que se tenga en cuenta la excepcionalidad de los territorios fronterizos y su situación, la saturación de los centros; que cada mes que
tardamos en determinar la edad tenemos adultos conviviendo con menores, y no solo estamos generando problemas de tensión y de convivencia, sino que no estamos respetando sus derechos y la protección que deben tener. Además, la comunidad autónoma
está financiando durante meses la acogida a señores que luego se confirman como adultos.
Son tantos los problemas que esto genera que para nosotros es importante que pongamos sobre la mesa la necesidad de modificar la ley, porque no podemos quejarnos de que las cosas están muy mal pero no proponer nada y negarnos a trabajar en
ellas. No podemos quejarnos de que no hay políticas de inmigración y levantarnos de las mesas. No podemos hablar de lo mal que están los centros y negarnos a debatir enmiendas para mejorar el texto. Por eso, nosotros vamos a apostar hoy por el
trabajo en este texto, el trabajo en esta modificación que garantice las medidas y los recursos que los territorios fronterizos necesitan -caso de Canarias- para reducir al máximo posible la determinación de la edad y que en los centros de menores
no haya un solo adulto. Eso es una urgencia y por eso nosotros, con el compromiso que usted ha expresado, vamos a votar no a esta enmienda a la totalidad.
Señorías, las cosas nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero estamos aquí para tramitar leyes, y tramitar leyes es presentar enmiendas y trabajarlas para que salgan como queremos. Si ni siquiera las discutimos, no tiene ningún
sentido nuestra presencia en estos escaños.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Velarde Gómez.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Señorías, creo que hoy deberíamos partir de que este debate no se estaría dando, o no existiría debate alguno, si se tratase de niñas y niños blancos, porque en ese caso la prioridad sería: primero, localizar a su familia extensa; después,
proceder a la reagrupación familiar y, una vez estén con la familia
y formalmente localizados y localizadas, se podría llevar a cabo esa prueba de determinación de la edad con mucha más garantía. Este procedimiento es el que estaríamos viendo ahora mismo en otro contexto, si no existiese un claro racismo
institucional.
El objeto de esta ley tiene que ser proteger menores de edad, cumplir con la ley de protección de la infancia y también con las obligaciones internacionales que tiene nuestro país. Un niño, una niña o un adolescente migrante no acompañado
es, ante todo, un niño o una niña expuesto a un peligro potencial que requiere de protección. La protección de esos niños y de esas niñas, y no las políticas de migración, debe ser el principio rector de cualquier regulación que les afecte,
respetándose ante todo el interés superior del menor.
En segundo lugar, esta norma viene a cumplir con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. En su disposición final vigesimocuarta establece que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la
aprobación de esta ley, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia
(rumores)...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Un momento, señora Velarde. Un segundo.
Cuando quiera.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidente.
Repito, lo importante es que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia del interés superior del menor, de su derecho y de su dignidad. Lo que no tiene sentido ahora mismo
es que el Grupo Popular, que votó a favor de la ley para proteger a la infancia, presente esta enmienda cuando esta es una ley que viene justamente a cumplir con la ley de la infancia. Por eso, evidentemente, vamos a votar en contra de la enmienda
a la totalidad del Grupo Popular.
Sobre VOX prefiero mejor ni pronunciarme para no amplificar su mensaje. Solamente puedo decir que ¡vivan las luchas antirracistas de cada rincón del Estado español! Y quiero decir desde esta tribuna que no estáis solos y que no estáis
solas. (Aplausos).
El debate de esta ley no es otra cosa que hablar, con el debido respeto, de los derechos humanos, pero también de la solidaridad con las comunidades autónomas y, por supuesto, de la protección de la infancia. Oponerse a todo este conjunto
de medidas de protección de los derechos humanos es también oponerse a la Constitución y a los tratados internacionales que están suscritos por España. Y aunque es muy importante que se desarrolle esta ley, también tengo que decir que es muy muy
mejorable, porque algunos aspectos no mejoran la situación actual, sino que, en ocasiones, la empeoran y podría ir en contra tanto del pronunciamiento del Tribunal Supremo como de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso, avanzamos que
presentaremos enmiendas para que sea un texto que garantice la tutela judicial efectiva de los menores, pero también para que se adecue a la situación de territorios como Canarias y para reforzar el plan de respuesta para la infancia y la
adolescencia ante crisis migratorias.
Termino. Entendemos que en los territorios donde existe ya una sobreocupación del sistema de protección pueden derivarse dificultades prácticas de la aplicación de esta norma. Pero eso no puede significar que tenga que rechazarse en bloque
toda la ley, que viene a garantizar derechos fundamentales, sobre todo cuando sabemos que tenemos que adaptarnos a las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, finalice, por favor.
La señora VELARDE GÓMEZ: Tenemos que encontrar una fórmula para conciliar todos los derechos y garantías siempre en el interés superior del menor. Por eso, Podemos trabajará para que así sea en la tramitación de esta ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Arratsalde on, jaunandreok. Buenos días, señorías.
Presentan el Grupo Parlamentario Popular y VOX enmiendas de totalidad frente a un proyecto de ley de judicialización del procedimiento para determinar la edad, configurándolo como un procedimiento judicial declarativo especial del libro IV
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando existan dudas razonables sobre la mayoría o minoría de edad de una persona, siempre que se hubieran agotado previamente todos los cauces no jurisdiccionales existentes que permitan conocer con seguridad la
fecha de nacimiento.
Señorías, esta judicialización de naturaleza civil, ya se ha dicho, supone una modificación del régimen hasta ahora vigente, que se articula a través de un procedimiento administrativo, cuya piedra angular es la Fiscalía, y que se soporta en
un protocolo de 2014 con apoyo en la ley orgánica de extranjería y en el artículo 190 de su reglamento, hoy vigente. Asimismo, señorías, por los mismos grupos parlamentarios se presentan enmiendas de totalidad frente a la reforma de la Ley Orgánica
5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, que es complementaria de la anterior, y que atribuye el procedimiento para la determinación de la edad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil a los jueces de menores, en vez de a
la jurisdicción civil, siempre que la persona se encuentre detenida. Y, con estos proyectos, se da curso a una cuestión que no es indiferente ni para el ordenamiento jurídico ni para las personas, como lo es la determinación de la edad, todo ello
en línea -ya se ha dicho- con acuerdos internacionales sobre el niño, firmados y ratificados por España, y con las consideraciones de organismos internacionales, a los que han de sumarse los informes del Defensor del Pueblo y las memorias de la
Fiscalía General; tomando consistencia todos estos antecedentes, en la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y, en concreto, en sus disposiciones finales octava y vigesimocuarta. Todos
estos antecedentes darían justificación bastante, inicialmente, a los proyectos de ley debatidos, a fin de superar el procedimiento administrativo hasta ahora vigente en el protocolo marco de 2014, y encaminar el procedimiento hacia un procedimiento
judicial de naturaleza civil más acorde, inicialmente, con la naturaleza de las cosas que se tratan.
En este contexto, señorías, no compartimos las críticas de VOX referidas a que los proyectos estimulan la inmigración irregular y las mafias que trafican con ella, pues el procedimiento proyectado para la determinación de la edad, aunque
vaya a ser más lento que el vigente, no afectará, a nuestro juicio, a las consecuencias que hoy ya se extraen para con los inmigrantes irregulares menores de edad indocumentados cuando finalmente se les declara mayores o menores, bien sea por el
procedimiento vigente o por el futuro judicial civil o penal.
Por su parte, las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario Popular se centran principalmente no en cuestionar la reforma del sistema administrativo vigente, sino en un criterio de oportunidad, ya que, a su juicio, no es el momento para
llevar a cabo el cambio proyectado, pues señalan que al recaer ex novo en la Administración de Justicia una nueva carga de trabajo sobre la ya notable que soporta, ello repercutirá en unos tiempos de pendencia aún mayores que los que ya se sufren,
trasladándose ello a mayores estancias en los servicios de protección de menores autonómicos hasta que se produzca la determinación judicial de la edad, en virtud de la aplicación del principio de presunción de minoría y por la gran afluencia de
migrantes irregulares con mayoría de edad dubitada.
Tenemos que señalar -ya se ha indicado también- que esta circunstancia se produce de una manera singular hoy en día en Canarias y también en ciudades autónomas, donde ya se sufre esta crítica situación, a la que por el momento, también hemos
de señalar, nos alivia o a través de la derivación de la sobrepoblación de menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas menos saturadas, o con una financiación adecuada para atender mientras tanto a esa sobrepoblación. Señorías,
consideramos que, mientras a esto no se le encuentre solución, sería una irresponsabilidad, para esas comunidades y para otras análogas o las ciudades citadas, poner en marcha un nuevo procedimiento de determinación de la edad, que sobrecargaría de
manera mucho más intensa unos servicios de protección de menores ya de por sí sobrecargados.
En cualquier caso, también consideramos, ministro, que un cambio de modelo, como el que se propone, debiera tener unos más que prudentes periodos de carencia y una previsión de puesta en práctica de manera gradual, iniciándose en aquellos
territorios que menos sufran la sobrepoblación de menores extranjeros no acompañados.
Concluyo, presidente. Señorías, no apoyaremos las enmiendas de totalidad presentadas, pero nuestra posición última sobre los proyectos debatidos quedará condicionada a que las circunstancias colaterales señaladas alcancen el tratamiento
adecuado durante la tramitación parlamentaria de los proyectos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Pagès i Massó.
El señor PAGÈS I MASSÓ: Senyor president, senyories, senyor ministre, de la doble proposta legislativa i de les esmenes a la totalitat presentades, voldria comentar algunes coses. La primera és que per nosaltres l'esmena a la totalitat de
VOX pot anar directament a les escombraries. El tema que ens ocupa aquí és molt clar: són els drets dels menors. Aquesta és la qüestió que es tracta. La protecció dels nens i les nenes, els adolescents menors que es vertebra al voltant del
principi de l'interès superior del menor.
L'esmena a la totalitat de VOX l'únic que fa és vincular immigració il·legal i criminalitat. No és només que sigui impermeable a la situació dels nens i nenes en desemparament, sinó que la utilitza com a excusa per fer un discurs pura i
simplement racista. Per tant, l'esmena a la totalitat a la totalitat de VOX a les escombraries. Em sap greu per tots aquells que els últims dies, per interessos estrictament electorals, s'han rebaixat en la catalanofòbia, en el mateix odi i els
mateixos prejudicis que VOX. Però nosaltres, des de Junts per Catalunya, diem el feixisme i el racisme a les escombraries.
Insisteixo, avui no estem parlant d'immigració ni molt menys de criminalitat. Estem parlant dels drets dels nens i nenes en situació de desemparament. Concretament, les dues lleis objecte de l'esmena a la totalitat materialitzen el mandat
de la Llei orgànica 8/2021 de Protecció Integral de la Infància. El mandat d'adaptar la legislació espanyola a les obligacions internacionals ja contretes per l'Estat. El que es fa en aquestes normes és reconduir la legislació en matèria de
menors; els principis bàsics de la Convenció dels Drets del Nen de 1989, que és el referent primordial en matèria de menors migrants i, també, es recondueix la legislació espanyola, els dictàmens i resolucions del Comitè dels Drets dels Nens i
també els principis i mandats acollits per les institucions europees en la mateixa línia. I que diu el dret internacional assumit per l'Estat en aquesta matèria? Doncs diu que el principi de primacia de l'interès del menor, la seva dignitat i els
seus drets, i no la seva condició nacional, ha de ser el que ha de prevaldre i, per tant, és una obligació dels estats proveir als menors d'una protecció integral i salvaguardar de forma completa i efectiva els seus drets. Però no només això,
l'edat no és només un criteri d'estructuració de la regulació en matèria de menors, sinó que el mateix Tribunal Constitucional, en base a l'article 10 de la Constitució, que fixa la dignitat de la persona i els drets que li són inherents com a
fonament de l'ordre social, ha declarat que l'edat és una circumstància que integra el nucli essencial de la identitat de la persona i del seu estat civil, recollint la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans, segons la qual l'edat d'una
persona és un mitjà d'identificació i el procediment per determinar-la, incloses les seves garanties processals, insisteixo, incloses les seves garanties processals, és el que garanteix els drets derivats de la seva condició de menor. Per tant, des
de Junts per Catalunya compartim totalment que s'estableixi un procediment de determinació de l'edat del menor per via judicial. És la via per incloure les garanties processals a les que es refereix el Tribunal Europeu de Drets Humans, és la via
que permet preservar l'interès superior del menor i és allà on ens porta la jurisprudència internacional i la constitucional i, en definitiva, és de tota lògica, atenent a que del que es tracta és de l'estat civil de les persones, en aquest cas de
l'estat civil, de les persones menors, evidentment.
Considerem, per tant, adequat tant l'enfocament general de les dues lleis, el pas d'un procediment administratiu amb preeminència del fiscal en la instrucció i resolució de la determinació de l'edat, i també considerem adequat establir un
regim garantista que parteixi de l'interès superior del menor. Per aquestes raons, també hi votarem en contra de l'esmena a la totalitat del Partit Popular.
Però sí que és cert que voldria aturar-me en la qüestió de fons que planteja l'esmena a la totalitat, i em refereixo més a l'escrit que no la intervenció de la seva portaveu, que ens ha ofert una parafernàlia que no tenia molt a veure tampoc
amb el que es tracta aquí. Sense negar res del que hem dit, el nou règim de determinació de l'edat, que pivota sobre la presumpció de la minoria i sobre les garanties processals de la via judicial, malgrat que formalment està previst que sigui un
procediment preferent i urgent, previsiblement de forma gairebé segura, comportarà que el període per a la seva resolució s'allargui uns mesos, probablement anys. I això a la vegada impactarà en els serveis d'acollida. Això derivarà en una
saturació encara més gran dels serveis de protecció dels menors, que ara mateix estan sobrepassats. Uns serveis que, com és sabut, no proveeix l'Estat, sinó que proveeixen les administracions autonòmiques mitjançant els seus centres d'acollida. El
col·lapse del sistema dacollida a les Illes Canàries, a Catalunya i a pràcticament els territoris darreu de lEstat és, de fet, un risc directe per a lobjectiu prioritari de la mateixa reforma legal, que és la protecció dels infants i els
adolescents.
Compartim amb la diputada Valido i també amb el diputat Legarda, que una llei necessària des del punt de vista humanitari no pot acabar tenint un efecte contrari al que es pretén assolir. No pot tenir un efecte pràctic que desprotegeix les
persones menors. La llei s'acompanya d'una memòria econòmica que diu que es podran atendre les necessitats generals generades per la llei sense increment econòmic. Això senzillament és fals. Substituir un procediment de determinació de l'edat
àgil per un altre de més garantista, però també més carregós, que es pot allargar, com dèiem, fins i tot anys, comportarà una sobrecàrrega de tot el sistema, ocasionant un greu perjudici, com dèiem, a persones concretes, a infants menors amb noms i
cognoms concrets. Si el canvi de procediment de determinació de l'edat no s'acompanya dels recursos econòmics suficients per finançar els recursos humans i tècnics necessaris, els efectes de la llei seran contraris a l'objectiu de protegir els
menors, i això des de Junts per Catalunya no ho podem acceptar. La Generalitat de Catalunya és responsable de la protecció, assistència i tutela dels menors. Per això, des de Junts avancem que si no es proveeixen els recursos econòmics necessaris
i no es permet programar l'aplicació de la llei de forma que els serveis es puguin adaptar, si no es compleixen els compromisos que avui ens ha anunciat el senyor Bolaños, aquesta llei no tirarà endavant.
Moltes gràcies.
Señor presidente, señorías, señor ministro, de la doble propuesta legislativa y las enmiendas a la totalidad presentadas, quisiera comentar varias cosas. La primera es que, para nosotros, la enmienda a la totalidad de VOX puede ir
directamente a la basura. El tema que nos ocupa aquí es muy claro: los derechos de los menores. Esta es la cuestión que tratamos. La protección de los niños, las niñas y los adolescentes menores, que se vertebra en torno al principio del interés
superior del menor.
La enmienda a la totalidad de VOX no hace más que vincular la inmigración ilegal y la criminalidad. No es solo que sea impermeable a la situación de los niños y niñas en desamparo, sino que además la utiliza como excusa para propagar un
discurso pura y simplemente racista. Por lo tanto, la enmienda a la totalidad de VOX, a la basura. Me sabe mal por todos los que en los últimos días, por intereses estrictamente electorales, se han cebado en la catalanofobia, en el mismo odio y
los mismos prejuicios que VOX, pero nosotros, Junts per Catalunya, decimos: el fascismo y el racismo, a la basura.
Insisto, hoy no estamos hablando de inmigración ni mucho menos de delincuencia, estamos hablando de los derechos de los niños y las niñas en situación de desamparo. En concreto, las dos leyes objeto de enmienda a la totalidad materializan
el mandato de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia, es decir, el mandato de adaptar la legislación española a las obligaciones internacionales que ya ha contraído el Estado. Lo que se hace en estas normas es reconducir la
legislación en materia de menores a los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es el referente primordial en materia de menores migrantes, y también se reconduce la legislación española a los dictámenes y las
resoluciones del Comité de Derechos del Niño, así como a los principios y mandatos acogidos por las instituciones europeas en la misma línea. ¿Y qué dice el derecho internacional que ha asumido el Estado en esta materia? Que el principio de
primacía del interés del menor, su dignidad y sus derechos, y no su condición nacional, es lo que debe prevalecer. Por lo tanto, es obligación de los Estados proporcionar a los menores una protección integral y salvaguardar de forma completa y
efectiva sus derechos. Pero no solo eso, la edad no es solo un criterio que estructura la reglamentación en materia de menores. El propio Tribunal Constitucional, sobre la base del artículo 10 de la Constitución, que fija la dignidad de la persona
y los derechos inherentes a la misma como fundamento del orden social, ha declarado que la edad es una circunstancia que integra el núcleo esencial de la identidad de la persona y su estado civil, recogiendo así la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, según la cual la edad de una persona es un medio de identificación y el procedimiento para determinarla, incluidas sus garantías procesales -repito, incluidas sus garantías procesales-, es lo que viene a garantizar los derechos
derivados de su condición de menor. Por lo tanto, Junts per Catalunya comparte plenamente que se establezca un procedimiento de determinación de la edad del menor por vía judicial, que es la vía para incluir las garantías procesales a las que se
refiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la vía que permite preservar el interés superior del menor y es ahí donde nos lleva la jurisprudencia internacional y la constitucional. En definitiva, es de pura lógica atendiendo al hecho de
que al final estamos hablado del estado civil de las personas menores.
Consideramos, por lo tanto, que es adecuado el enfoque general de las dos leyes, un procedimiento administrativo con presencia del fiscal, que instruye y dictamina, y también consideramos adecuado que
el régimen sea garantista, que parta del interés superior del menor. Por lo tanto, por estos motivos votaremos también en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular.
Quería ahora detenerme en la cuestión de fondo que plantea la enmienda a la totalidad. Me refiero más a lo escrito que a la intervención de su portavoz, que nos ha ofrecido una parafernalia que tampoco tenía mucho que ver con lo que nos
ocupa hoy. Sin negar lo que hemos dicho, el nuevo régimen de determinación de la edad, que pivota sobre la presunción de la minoría y sobre las garantías procesales de la vía judicial, a pesar de que formalmente esté previsto que sea un
procedimiento preferente y urgente, es previsible, es prácticamente seguro que vaya a comportar que un periodo para su resolución se alargue meses, quizás llegue a durar años. Esto, a la vez, impactará en los servicios de acogida, derivando en una
saturación todavía mayor de los servicios de protección de los menores, que ahora mismo están abrumados, unos servicios que, como se sabe, no proporciona el Estado, sino que prestan las Administraciones autonómicas a través de los centros de
acogida. El colapso del sistema de acogida en las islas Canarias, en Cataluña y en prácticamente todos los territorios del Estado es, de hecho, un riesgo directo para el objetivo prioritario de la propia reforma legal, es decir, la protección de
los niños y adolescentes.
Compartimos con la diputada Valido y también con el diputado Legarda que una ley necesaria desde el punto de vista humanitario no puede terminar teniendo un efecto contrario al que se pretende conseguir. No puede tener, por lo tanto, un
efecto práctico de desprotección de los menores. La ley se acompaña de una memoria económica que afirma que se podrán atender las necesidades generadas por esta ley sin ningún incremento económico. Esto sencillamente es falso. Sustituir un
procedimiento de determinación de la edad ágil por otro más garantista, pero al mismo tiempo más farragoso, que se puede prolongar incluso durante años, va a conllevar una sobrecarga del sistema ocasionando un grave perjuicio, como decíamos, a
personas concretas, a menores con nombres y apellidos. Si el cambio de procedimiento de determinación de la edad no se acompaña de los recursos económicos suficientes para financiar los recursos humanos y técnicos necesarios, los efectos de esta
ley serán contrarios al objetivo de proteger a los menores, y esto Junts per Catalunya no lo puede aceptar. La Generalitat de Catalunya es responsable de la protección, la asistencia y la tutela de los menores. Por eso, Junts les adelanta que si
no se proporcionan los recursos económicos necesarios y no se permite programar la aplicación de la ley de forma que los servicios se puedan adaptar, si no se cumplen los compromisos que hoy nos han anunciado, señor Bolaños, esta ley no saldrá
adelante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia. Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats, aquesta llei no ens agrada. Té mancances greus, no protegeix com hauria de fer-ho i deixa massa portes obertes a la desconfiança sistemàtica cap als infants migrants. Però ja la discutirem, ja la combatrem en
el tràmit parlamentari. Però el que es vota aquí no és si ens agrada o no ens agrada aquesta llei. És una esmena de devolució sense text alternatiu per part de VOX i Partit Popular. I aquí haig de dir que són una colla de dropos, de vagos perquè
tenint un munt de diputats com tenen, són incapaços de fer una proposta de llei amb dret a un text alternatiu. Devolució amb la justificació que fa pena, la veritat. I anem a desmuntar-la.
Aquí el que es vota avui és si permetrem que VOX i el PP i partits d'extrema dreta, i de dreta extrema, portin la bandera que portin i facin servir aquests debats per continuar criminalitzant la infància, propagant i amagant la seva falta
absoluta d'humanitat. És això el que combatem avui aquí i no els hi donarem ni un vot, ni un vot, ni cap excusa, ni aquí, ni al Parlament de Catalunya, ni a Europa. Aquesta llei no és una llei d'immigració, és una llei de protecció de la infància
i de la protecció infantil. Llavors la pregunta és que els molesta realment que siguin menors? Que siguin menors negres? Que siguin pobres? Que els molesta? Que aquests menors arribin sense documentació, amb documents falsos? Pura manipulació.
Des de les dades que donen, ens han dit, per exemple, dades de '3 de cada 4 migrantes menores vienen aquí y son adultos'. D'on treuen aquestes dades? Per què no diuen la font? Són una colla de manipuladors i gent amb una maldat extrema que
s'acarnissa, com sempre, amb els més febles, que són els nens i nenes pobres. Manipulació pura i dura. El seu mateix Tribunal Suprem, que no és sant de la nostra devoció, ha establert que la documentació d'origen ha de ser prioritària, llevat que
hi hagi proves de falsedat. Això ho diu el seu Tribunal Suprem. Per què sempre es qüestionen
els passaports dels infants africans i no dels europeus? Per què hi ha països on la paraula d'un en blanc val més que el passaport d'un nen negre? El seu criteri és la procedència del menor? Perquè això no és justícia, digui-li un altre
nom, però justícia no és.
PP i VOX diuen que aquesta llei col·lapsarà la justícia i retardarà els processos. L'actual sistema ja està col·lapsat perquè és arbitrari i ineficient. I no acabem de descobrir-ho ara. De cop els i preocupa el col·lapse i la justícia?
És que no recorden, per exemple, quan el Partit Popular l'any 2012 va fer va fer la llei de taxes judicials impulsada pel govern del Partit Popular, que feia que la justícia es pagués? Que es pagués per accedir a la justícia. No els importa la
justícia. És que no els importa. També algun partit progressista no va recuperar els salaris de tramitació en els temes de jutjats socials i laborals. Però seria un altre tema. Si els importés la justícia, estaríem parlant d'aquestes coses.
PP i VOX diuen que aquesta llei crearà l'efecte crida. L'efecte crida. Fals i inhumà i repugnant. Que es parli d'efecte crida. Cap nen o cap nena es juga la vida en una pastera per una llei espanyola. Cap nen i cap nena es posa a sota
d'un camió per una llei espanyola. Fugen de la fam, en alguns casos de la guerra, en altres de la desesperació o d'una cosa que sempre fa qualsevol ésser humà, que és buscar una vida millor, buscar oportunitats. Això és el que vostès condemnen. I
el problema que una persona marxi per buscar oportunitats està en causes molt més profundes geopolítiques, d'explotació de països que hem empobrit, etcètera, etcètera. I aquí estan les veritables causes que hem de combatre, però no els importa.
Ningú creua un desert o un mar o un oceà per una llei. No són turistes són infants que fugen de la misèria. Qui parla d'efecte crida, només vol tapar la seva falta d'humanitat. Vergonyant.
Aquesta llei no ens agrada, ja ho dèiem, és insuficient i manté mecanismes de desconfiança cap als menors migrants. Preferim una guerra més garantista. Preferim equivocar-nos, potser abans de fer un acte de maldat. Prefereixo que estiguin
sempre de bonisme, que no de malícia tota la vida. Doncs sí, són bonistes, que vols que et digui. Que, com deia, no ens agrada, però no la tombarem utilitzant els arguments de l'extrema dreta. No ens enganyaran. El seu problema no és la
saturació dels serveis públics, ni el col·lapse judicial, ni l'efecte crida. El seu problema és que no volen acceptar que aquests infants tenen drets i nosaltres sí que ho acceptem.
Moltes gràcies.
Gracias, señor presidente. Buenos días.
Señoras y señores diputados, esta ley no nos gusta, tiene carencias graves, no protege como debería y deja demasiadas puertas abiertas a la desconfianza sistemática hacia niños y niñas, pero ya lo hablaremos, ya lo debatiremos en el trámite
parlamentario, lo que votamos aquí ahora no es si nos gusta o no nos gusta esta ley, sino una enmienda de devolución sin texto alternativo por parte de VOX y del Partido Popular. Debo decirles de nuevo que son ustedes unos vagos, porque, teniendo
tantos diputados como tienen, son incapaces de presentar una proposición de ley con un texto alternativo. Proponen la devolución con una justificación que da pena, la verdad, y vamos a desmantelarla.
Lo que votamos hoy es si permitiremos que VOX, PP y la extrema derecha, independientemente de la bandera que tengan, utilicen estos debates para seguir criminalizando a la infancia escondiendo su total carencia de humanidad. Esto es lo que
estamos votando hoy, pero no vamos a darles ningún voto ni ninguna excusa, ni aquí, ni en el Parlament de Catalunya, ni en Europa. Esta ley no es una ley de migración, es una ley de protección de la infancia, de la protección infantil. Entonces,
la pregunta es qué les molesta realmente. ¿Que sean menores?, ¿que sean menores negros?, ¿que sean pobres?, ¿qué les molesta?, ¿que estos menores lleguen sin documentación o con documentos falsos? Es pura manipulación. Con los datos que dan
ya lo vemos: tres de cada cuatro jóvenes menores vienen aquí, pero en realidad no son menores. ¿De dónde han sacado esos datos?, ¿por qué no citan la fuente? Son unos manipuladores con una maldad extrema que se ceba con los más débiles, que son
los niños y las niñas pobres. Es una manipulación pura y dura. El Tribunal Supremo, que no es santo de nuestra devoción, ha establecido que la documentación debe ser prioritaria, excepto si hay pruebas de falsedad. Eso es lo que dice el Tribunal
Supremo. ¿Por qué siempre cuestionan los pasaportes de los niños y niñas africanos y no los de los niños europeos? ¿Por qué hay países en los que la palabra de un niño blanco vale más que el pasaporte de una niña o niño negro? ¿Su criterio es la
procedencia de un menor? Porque eso no es justicia, tiene otro nombre, pero no es justicia.
El PP y VOX dicen que esta ley colapsará la justicia y dilatará los procesos. El sistema actual ya está colapsado porque es arbitrario e ineficiente. Y no es algo nuevo. ¿De pronto sí les preocupan el colapso y la justicia? ¿No
recuerdan, por ejemplo, cuando en 2012 el PP, con la ley de tasas judiciales, impulsada,
como digo, por el Partido Popular, hizo que se tuviera que pagar para acceder a la justicia? No les importa la justicia. También, algún partido progresista no recuperó los salarios de tramitación en los juzgados sociales y laborales, pero
ese es otro tema. Si les importara la justicia, no estaríamos hablando de esto.
El PP y VOX dicen que esta ley va a provocar el efecto llamada. Falso, inhumano y repugnante que se hable del efecto llamada, porque ningún niño o niña se juega la vida en una patera por una vida en España. Ningún niño o niña se pone
debajo de un camión porque una ley española lo facilite. Lo hacen por desesperación, buscando una vida mejor, como lo haría cualquier ser humano. Eso es lo que ustedes condenan y el problema de que una persona se vaya de su país buscando
oportunidades radica en cuestiones geopolíticas de explotación de países que hemos empobrecido mucho más profundas. Esas son las principales causas que debemos combatir, pero no les importan. Nadie cruza un desierto, un mar o un océano por una
ley; no son turistas, son niños y niñas que huyen de la miseria. Quien habla del efecto llamada solo quiere tapar su falta de humanidad vergonzante.
Esta ley no nos gusta, ya lo hemos dicho. Es insuficiente y mantiene mecanismos de desconfianza hacia los menores migrantes. Preferimos equivocarnos antes que tener maldad. Queremos que nos acusen de buenismo y no de maldad. Pues sí, es
lo que somos. No nos gusta esta ley, pero no la tumbaremos con los argumentos de la extrema derecha. No nos engañarán. Su problema no es la saturación de los servicios públicos, el colapso judicial y el efecto llamada. Su problema es que no
quieren aceptar que estos niños y niñas tienen derechos, y nosotros sí lo aceptamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra el señor González López.
El señor ?GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias.
Presidente, señorías, hoy hablamos del proyecto de ley para regular el procedimiento de determinación de la edad, una medida que busca garantizar los derechos de los niños y las niñas. Para nosotros es alentador que comencemos a regular el
proceso para determinar la edad, especialmente porque esto incluirá protecciones para los menores. En este contexto, es favorable que se establezca como un procedimiento judicial y que los recién llegados reciban asistencia legal gratuita durante
un proceso que no debería poner en riesgo a los jóvenes. Actualmente esto no ocurre, ya que los menores no pueden impugnar las decisiones de la fiscalía. También es un avance que se reconozca la presunción de minoría de edad para quienes se
someten a este procedimiento. No debería permitirse desestimar la validez de los documentos auténticos que provienen de los países de origen. Esto garantizará el derecho a la educación y que los menores no queden desamparados. Por lo tanto, es
una medida que viene del Gobierno para cumplir con tratados internacionales y también con las leyes de nuestro Estado, que tanto ha costado conseguir, para proteger a la infancia, y que van en consonancia con lo establecido en la Convención sobre
los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 y ratificada por España. Ahí la posición es clara: todo menor, sin distinción de raza, religión o nacionalidad tiene derecho a la protección, a la educación y a la dignidad. Su artículo 2 prohíbe
la discriminación; su artículo 22 exige asistencia humanitaria a los niños y las niñas refugiadas. En nuestro país, la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, refuerza este compromiso y en
su artículo 2 establece el interés superior del menor como principal rector. Además. su artículo 11 reconoce el derecho de todos los niños a la no discriminación, incluyendo a los niños migrantes. Sin embargo, según el informe de Unicef de 2023,
más de 36 millones de niños y niñas estaban desplazados globalmente por conflictos y violencia, muchos enfrentando el rechazo en el lugar de acogida. Hasta la ONU nos advierte: el racismo agrava su vulnerabilidad robándoles la infancia que estas
leyes prometen proteger. No obstante, y a pesar de eso, el Partido Popular y VOX vienen hoy a impregnar este proyecto de ley de odio y de mentiras. Sus enmiendas a la totalidad van en contra de los derechos fundamentales de miles de niños y
jóvenes migrantes. Mientras hablamos, enfrentan un doble desafío: el desarraigo de abandonar sus hogares y el racismo con el que se encuentran muchas veces al llegar. No podemos ignorar esta realidad. No podemos permitir que el color de piel,
los acentos o el color de sus ojos determinen si un joven, un niño o una niña tiene derecho a soñar. (Aplausos).
Miren, señorías, hace unas semanas visité Canarias junto a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, invitados por el Gobierno canario, para observar la situación de la llegada de jóvenes migrantes. Allí no aprendimos del
odio, como algunos proclaman aquí, y no vimos violencia ni peligrosidad. Vimos, por un lado, una saturación de los recursos. Aquí se vota constantemente en
contra de estos y de una distribución solidaria en todos los territorios, como cuando ustedes bloquearon el artículo 35 de la ley de extranjería. Vimos unos centros que necesitan de esa distribución, pero, por otro lado, también nos
encontramos allí a lo mejor de nuestra sociedad. Nos encontramos al pueblo canario solidario con sus entidades sociales, dándolo todo en El Hierro y en Tenerife para que ningún niño o niña quede desamparado. (Aplausos). Vimos a los menores
integrarse en la vida social y cultural de los pueblos y barrios canarios, en sus fiestas patronales, en su vida social, en sus deportes, en sus aficiones, sin ningún problema salvo en la cabeza de las señorías del PP y de VOX. Porque fuera de su
relato, de su odio en las redes, la realidad es otra. La realidad es que cada niño o niña que llega a nuestro país en busca de un futuro no es un problema para nadie, salvo para ustedes. Porque -no se engañen- pueden mentir, pueden lanzar bulos,
pueden manipular cifras, pero lo que no esconden es algo muy, muy simple: ustedes son una panda de racistas sin ningún miramiento por los derechos de la infancia. (Aplausos).
Pongo dos ejemplos. El de Ibrahim Sow, que nació en 1998 en una aldea rural de Senegal. La sequía y la falta de recursos le obligaron a migrar a Europa en 2018. Tras un peligroso viaje, en 2019 cruzó el Mediterráneo en patera y fue
rescatado por una ONG, una de esas que ustedes criminalizan. Trabajó como temporero en Huelva, enfrentando condiciones precarias, hasta que logró regularizar su situación en 2025. Su historia es una entre miles, invisibles para muchos pero
esenciales para el campo que alimenta a Europa. También les podría hablar de otro joven que emigró al Estado español desde Guinea Bissau cuando tenía seis años. Su padre, Bori, trabajó en condiciones precarias hasta que recibió apoyo en un pueblo
solidario, como es Marinaleda, un pueblo sevillano conocido por su solidaridad. (Aplausos). El ayuntamiento ofertó y su padre, Bori, consiguió un lugar donde vivir y un trabajo como conductor en un camión de basura para poder traer al resto de su
familia desde Guinea Bissau. Desde pequeño, este joven mostró un talento excepcional para el fútbol y, tras un duro camino, llegó al Fútbol Club Barcelona. A los 16 años debutó con el primer equipo, batiendo múltiples récords. Su nombre es Ansu
Fati y estoy seguro de que hasta ustedes alguna vez le han aplaudido. (Aplausos). Y, señorías, no son casos aislados, son ejemplos entre miles que nos demuestran que el origen no importa si damos oportunidades y no odio. Y oportunidades también a
los profesionales de los centros de acogida, a los educadores y trabajadores sociales, a todo el personal de cada centro público, que se dejan la piel para integrar y dar una vida digna a cada menor, un colectivo que el Ministerio de Infancia
trabaja para dignificar y al que desde esta Cámara tenemos que mandar un mensaje de apoyo y de unidad. Porque los espacios de inserción se deben desinstitucionalizar, como propone la directora general de Infancia, ese es el camino que apoyamos en
nuestro grupo parlamentario, no el de la criminalización. Porque el racismo no solo viola el derecho de los menores, sino que nos roba a todos, nos priva de su talento, nos ciega ante su humanidad, por eso trabajamos para fortalecer una integración
que garantice la educación de los menores, para sancionar con firmeza la discriminación y para financiar programas que empoderen a cada joven y que no se queden tirados al cumplir dieciocho años, como piden entidades como FEPA o Raíces.
Señorías, el futuro no se construye con muros contra los más débiles, sino cumpliendo nuestras obligaciones. Toda la juventud nos ha mostrado su grandeza. Hagamos que este Parlamento esté a la altura, protegiendo a cada menor migrante como
una promesa, porque cuando combatimos el racismo no solo defendemos sus derechos, sino que salvamos nuestra propia humanidad. Y se lo digo, y voy acabando ya, con orgullo desde un grupo parlamentario en el que, al igual que yo, tenemos abuelos y
abuelas, padres y madres que han tenido que emigrar para buscar un lugar donde vivir, en el que sentimos cada uno de los diputados y diputadas de nuestro grupo parlamentario la fuerza de que los orígenes diferentes no nos hacen débiles, sino todo lo
contrario, nos hacen mirar el futuro con dignidad y esperanza. Porque el derecho a soñar de una niña o de un niño no puede depender ni va a depender de su color de piel, de su acento o de su origen. No dejemos su futuro en manos de una panda de
racistas a los que les dan igual los derechos de la infancia. Estemos a la altura; protejamos a cada menor migrante como una promesa. Combatamos el racismo. Porque cuando lo combatimos no solo defendemos sus derechos, salvamos nuestra propia
humanidad.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Almodóvar Sánchez.
La señora ALMODÓVAR SÁNCHEZ: Gracias, presidente.
No puedo dejar pasar la oportunidad. Respecto a las palabras del señor Smith, quiero decirle que no ofende quien quiere, sino quien puede, y que no se olvide nunca de que estamos orgullosos de ser socialistas. (Aplausos).
Regular el procedimiento de determinación de la edad en nuestro ordenamiento jurídico no es una opción, es una necesidad y una prioridad. Se trata de un procedimiento esencial para proteger a nuestros menores en situación de desamparo, con
independencia de su nacionalidad, pues hablamos de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad que quieren y requieren una asistencia inmediata y medidas de protección para garantizar su dignidad y su integridad. Señorías,
modificar este procedimiento es para las entidades sociales, para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Socialista una prioridad, pues el actual genera problemas jurídicos con impacto negativo sobre los niños y las niñas que llegan a España
solos. Por este motivo, es urgente continuar con la tramitación del procedimiento y no se entienden las enmiendas a la totalidad presentada por ambos grupos. Así, las organizaciones de protección a la infancia insisten en la importancia de
realizar un procedimiento que cuente con todas las garantías, porque los niños que ustedes no ven existen, están y estarán y deberemos garantizar su protección. (Aplausos).
En el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por una regulación que salvaguarde los derechos de los menores en desamparo mediante la creación de un procedimiento judicial que incorpore garantías esenciales. Este proyecto de ley aborda y
regula diversas cuestiones que hasta ahora no estaban resueltas y se orienta principalmente a establecer un procedimiento más garantista para la persona cuya edad se pretende determinar. Como ha dicho el ministro anteriormente, el Gobierno es
plenamente consciente de que garantizar los derechos de los menores podría generar alguna incertidumbre en territorios con especial presión migratoria, pero quiero transmitir que impulsamos esta ley para resolver problemas con agilidad y seguridad
jurídica, porque sabemos -nosotros somos conscientes- que la relación entre menor no acompañado y vulnerabilidad es incuestionable. Le diré que las personas no acompañadas que necesitan de este procedimiento jurídico son menores que generan dudas
razonables sobre su mayoría o su minoría de edad, lo que suele suceder en el tramo de los 15 a los 17 años. Se trata de edades cruciales que son el punto de partida para desarrollar un proyecto de vida hacia una edad adulta. En el caso de no
disponer de un documento civil en esta etapa, se condena a la persona a una situación de limbo jurídico que le perjudicará el resto de su vida y truncará su futuro. En cambio, si tuvieran en ese momento determinada la edad podrían iniciar los
trámites para obtener un permiso de residencia, de trabajo, podrían trabajar, estudiar y formarse durante la estancia en el sistema de protección y podrían construir la vida que ellos quieren elegir.
Les contaré el caso de Abaubacar, expediente número 62 de un estudio de la Fundación Raíces, uno de otros tantos. Abaubacar se encontraba indocumentado y fue tratado como mayor a la entrada de España. Sin embargo, tras ser trasladado a
Madrid, le fueron realizadas unas primeras pruebas de determinación de la edad que concluyeron que era menor de diecisiete años. Posteriormente a la realización de estas pruebas, cuando el menor consigue su pasaporte y lo aporta a la Comunidad de
Madrid, a instancias de la propia comunidad, se realizan unas segundas pruebas de determinación de la edad y en virtud de estas se concluye que es mayor de edad. La consecuencia es que el menor fue expulsado del sistema de protección y denunciado
por falsedad documental. Posteriormente, se fallaría a su favor en vía judicial, pero estas actuaciones -que no son las únicas; hay muchas- son las que están produciendo el colapso y el retraso a los que se refieren los compañeros del Grupo
Popular. Por lo tanto, la determinación de la edad impacta -sí impacta- en el futuro tratamiento jurídico de las personas y en la protección por parte de las Administraciones públicas.
Este Gobierno plantea con el proyecto de ley las siguientes mejoras: la garantía de asistencia jurídica gratuita, prohíbe la práctica de medidas invasivas, los desnudos integrales, deja la puerta abierta para los informes periciales
multidisciplinares y protege el derecho de la persona a ser escuchada y a que se le proporcione una información y un intérprete cuando sea necesario. El objetivo real es proteger y garantizar los derechos de los menores en los procesos de
determinación de la edad, cumpliendo así con las recomendaciones de los organismos internacionales en esta materia suscritos por España y, particularmente, con las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño.
Señorías del Grupo Popular, este Gobierno trabaja desde 2022, cuando fue aprobado este proyecto por el Consejo de Ministros. Déjense de excusas, señorías del Grupo Popular. Si tuvieran ganas de trabajar, de construir y de solucionar los
problemas de los menores deberían haber trabajado un texto
alternativo, y no un simple texto en el cual solamente nos presentan la retirada de un proyecto. (Aplausos). Su misión es bloquear, bloquear y bloquear. Su aportación única es pedir dinero para sus comunidades autónomas. Lo que están
haciendo en mercadear con los derechos de los menores; mercadear con los derechos de los menores. Abandonen esa actitud, señorías del Grupo Popular. (Aplausos).
Antes de terminar, sí me gustaría agradecer el trabajo que han realizado las distintas organizaciones de protección a la infancia, algunas de las cuales nos acompañan hoy aquí, en este hemiciclo, y que se han dirigido a este grupo
parlamentario aportando conocimiento de la realidad de primera mano. Señorías, de esta reforma depende que los derechos de miles de menores no acompañados estén protegidos ante las vulnerabilidades. Solo quiero pedirles que imaginen por un minuto
que mañana pueden ser sus hijos o sus nietos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- ACUERDO INTERNACIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GAMBIA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO AD REFERENDUM EN BANJUL EL 28 DE AGOSTO DE 2024. (Número de expediente
110/000041).
- CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS EFECTOS INTERNACIONALES DE LAS VENTAS JUDICIALES DE BUQUES, HECHA EN NUEVA YORK EL 7 DE DICIEMBRE DE 2022. (Número de expediente 110/000042).
- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA RELATIVO AL PROGRAMA DE VACACIONES Y ACTIVIDADES LABORALES ESPORÁDICAS, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO Y 21 DE OCTUBRE DE 2024. (Número de
expediente 110/000043).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Pasamos a examinar los puntos del orden del día relativos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000041 a
110/000043.
¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURINACIONAL SUMAR, MIXTO, REPUBLICANO Y JUNTS PER CATALUNYA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS DERIVADA DE LA DANA QUE TUVO LUGAR EL 29 DE OCTUBRE DE 2024,
ASÍ COMO PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS DE ESTOS FENÓMENOS ADVERSOS EN EL FUTURO. (Número de expediente 156/000006).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Continuamos con el punto relativo a la solicitud formulada por los grupos parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicanos y Junts per Catalunya, de creación de una comisión de
investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuestas de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.
Para la defensa de la solicitud formulada por su grupo interviene, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Micó Micó. (Aplausos).
La señora MICÓ MICÓ: Gràcies, president.
Confesse que si em feren triar entre ràbia o vergonya no sabria quin sentiment escollir quan pense en el govern valencià. El poble valencià és molt més que esta banda de negligents i corruptes que estem patint. El que estem vivint des del
29 d'octubre no té nom. Negligència, desgovern, clientelisme i criminalitat. No vaig a ocultar la ràbia que sent cada dia des del 29 d'octubre, sabent que el govern valencià va deixar
a la seua sort a milers de persones. Tampoc la vergonya de cada declaració pública que fa Mazón i de tots els peperos que li fan de salvavides com Vicent Mompó, María José Catalá o els seus amiguets de VOX de València. Tots estos són els
primers que el deixaran caure. Temps al temps.
I quan em trobe amb les víctimes, quan em trobe amb les persones que han patit les conseqüències d'esta dana, el que sempre em demanen és que no queden impunes, que paguen pel que van fer. Per això és tan important aquesta comissió
d'investigació que hui aprovem i volem que servisca per a depurar responsabilitats polítiques, per a donar veu a les persones afectades i a les víctimes, per assumir les conseqüències dels fets ocorreguts i per a evitar que tot açò no torne a
passar.
El desastre material no era evitable, però les morts sí que eren evitables. Jo ho he dit recurrentment en esta tribuna i allà on he tingut veu. Però açò ara és una conclusió de la jutgessa que porta la instrucció des del jutjat de
Catarroja:
Gracias, presidente.
Confieso que si me hicieran elegir entre rabia y vergüenza, no sabría qué sentimiento elegir al pensar en el Gobierno valenciano. El pueblo valenciano es mucho más que esta banda de negligentes y corruptos que estamos sufriendo. Lo que
estamos viviendo desde el 29 de octubre no tiene nombre. Negligencia, desgobierno, clientelismo y criminalidad. No voy a ocultar la rabia que siento todos los días desde el 29 de octubre al saber que el Gobierno valenciano abandonó a su suerte a
miles de personas. Tampoco la vergüenza de cada declaración pública que realiza Mazón y de todos los peperos que le hacen de salvavidas, como el señor Mompó, María José Catalá o los de VOX de Valencia. Son los primeros que le dejarán caer. Tiempo
al tiempo.
Cuando me encuentro a las víctimas, a quienes han sufrido las consecuencias de esta dana, lo que siempre me piden es que no queden impunes, que paguen por lo que hicieron. Por ello es tan importante esta comisión de investigación que hoy
aprobamos. Queremos que sirva para depurar responsabilidades políticas, para dar voz a los afectados y a las víctimas, para asumir las consecuencias de los hechos ocurridos y para evitar que todo ello vuelva a ocurrir.
El desastre material no era evitable, pero las muertes sí, y lo he dicho recurrentemente en esta tribuna y allí donde he tenido voz. Pero esto es una conclusión de la jueza que lleva la instrucción en el Juzgado de Catarroja:
La convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con gran demora, a lo que hay que sumar que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor.
I açò ho diu la jutgessa. El president de les valencianes i dels valencians, que va preferir continuar de festa antes de salvar a 228 persones, ara diu que tots els seus esforços estan centrats en la reconstrucció.
Senyories del Partit Popular, no es pot reconstruir un país damunt dels cadàvers de tanta gent. Senyories del Partit Popular, senyor Feijóo, per culpa de Mazón no es van enviar els avisos a temps. La gent no va, no va poder prendre
decisions per a protegir-se i per a salvar la vida. I l'emergència és competència del Consell de la Generalitat Valenciana. Les conclusions de la jutgessa són claríssimes. No em cansaré de dir-ho, ni al senyor Feijóo ni a totes les senyories del
Partit Popular: Mazón carrega amb 228 morts a l'esquena. Però vostès són els còmplices màxims d'eixes morts perquè són facilitadors de que un president criminal continue al capdavant del meu país.
I si estan buscant raons per a destituir a Mazón, jo li les done: el govern del Partit Popular no va enviar l'alerta a temps. El govern del Partit Popular no va mobilitzar tots els recursos. El govern del Partit Popular va denegar fins a
26 ajudes que oferiren altres territoris. El govern del Partit Popular va mentir de forma compulsiva. El govern del Partit Popular va menysprear decisions responsables, com sí que van fer, per exemple, la Universitat de València. El govern del
Partit Popular no va declarar el màxim nivell d'emergència. El govern del Partit Popular va ser monejar als familiars de les víctimes que l'únic que volien era acomiadar-se de les seues persones mortes. El govern del Partit Popular ha repartit
diners entre les empreses, amiguetes per la corrupció, i el govern del Partit Popular no ha tingut humanitat perquè encara estan les víctimes esperant les disculpes per part del president Mazón.
I senyor Feijóo, senyories del Partit Popular, o Ana Rosa Quintana és la nova portaveu de Compromís o el ABC és el nostre nou diari de referència, o Jiménez Losantos, el nostre influencer de capçalera, o vostès són els únics que no s'han
enterat que el responsable polític del que va passar el 29 d'octubre a les comarques valencianes és Carlos Mazón i el govern valencià.
Senyories del Partit Socialista. No entenc la seua nova estratègia. Per què no volen donar suport a una moció de censura que ens permet posar contra les cordes al Partit Popular i ser la veu de la dignitat quan tanta gent com tants
valencians i valencianes ens ho demanen? Una moció de censura que a més a més, la podríem utilitzar per apretar a la derechita cobarde de VOX, que continuen amagant-se com a rates darrere del Partit Popular i podríem obligar-los a donar suport a
eixa moció de censura per a donar la veu a la gent del poble, per a donar la veu al poble valencià i per a convocar eleccions. Però vostés rebutgen la moció de censura de Compromís i ens proposen a canvi, una estratègia infal·lible que és amb el
lema de 'Volem votar', que Carlos Mazón convoque eleccions en contra d'ell mateix. Jo m'imagine ahir a l'executiva del Partit Socialista del País Valencià, col·locats en rogle, agarrats de les mans amb els ulls tancats i pensant molt fort, 'volem
que Mazón convoque eleccions'. Jo és que, sincerament, no sóc del pensament màgic, però li demanaré a ma mare que encenga un ciriet, perquè vull també col·laborar en demanar la convocatòria electoral per part de Carlos Mazón. Per mi no quedarà, si
aquesta és l'estratègia del Partit Socialista. Però és que a més a més, la senyora Morant ahir va dir i va traure pit que hui anàvem a aprovar aquesta comissió d'investigació i que era un espai per a poder reconstruir, per a poder reparar la
voluntat de les persones afectades per la DANA. I jo els recorde que esta comissió d'investigació que hem fet Compromís i que els vam convidar a signar a vostès, es van negar a signar la comissió d'investigació amb nosaltres. Si no fora per la
resta de partits que sí que van donar suport, hui no estaríem ací debatent esta comissió d'investigació. Una comissió d'investigació que després el Partit Socialista va anunciar que en faria una altra, i que tampoc va registrar. Una comissió
d'investigació que des de la Mesa, el Partit Socialista ha retardat al·legant defectes de forma. Una comissió d'investigació que hui aprovarem gràcies al treball de molts partits, no del Partit Socialista.
I acabe. Gràcies a totes les víctimes per la seua resistència. Gràcies als periodistes que han desmentit els bulos que tant mal han fet. Gràcies a totes les persones que s'han manifestat pels carrers de València.
Y esto lo dice la jueza. El presidente de las valencianas y los valencianos, que prefirió seguir de fiesta antes que salvar a 228 personas, ahora dice que todos sus esfuerzos se centran en la reconstrucción. Señorías del Partido Popular,
no se puede reconstruir un país encima de los cadáveres de tantas personas. (Aplausos).
Señorías del Partido Popular, señor Feijóo, por culpa de Mazón no se mandaron los avisos a tiempo, la gente no pudo tomar decisiones para protegerse y para salvar la vida. La emergencia es competencia del Consell de la Generalitat
Valenciana. Las conclusiones de la jueza son clarísimas. No me voy a cansar de decírselo ni al señor Feijóo ni y a todas las señorías del Partido Popular: Mazón carga con 228 muertes sobre su espalda, pero ustedes son los cómplices máximos de
esas muertes, porque son facilitadores de que un presidente criminal siga al frente de mi país.
Y, si ustedes están buscando razones para destituir a Mazón, yo se las voy a dar: el Gobierno del Partido Popular no mandó la alerta a tiempo; el Gobierno del Partido Popular no movilizó todos los recursos; el Gobierno del Partido Popular
retiró hasta veintiséis ayudas que ofrecieron otros territorios; el Gobierno del Partido Popular mintió de forma compulsiva; el Gobierno del Partido Popular menospreció decisiones responsables, lo que no hicieron en la Universidad de Valencia,
donde sí se atendieron esas decisiones; el Gobierno del Partido Popular no declaró el máximo nivel de emergencia; el Gobierno del Partido Popular sermoneó a los familiares de las víctimas, que lo único que querían era decir adiós a sus muertos;
el Gobierno del Partido Popular repartió dinero entre las empresas de amiguetes por la corrupción, y el Gobierno del Partido Popular no ha tenido humanidad, porque las víctimas todavía están esperando las disculpas del presidente Mazón.
Señor Feijóo, señorías del Partido Popular, o Ana Rosa Quintana es la nueva portavoz de Compromís (muestra un ejemplar del periódico ABC en cuya portada se ve una foto del señor presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón Guixot, y el
siguiente titular: 'Mazón debe irse ya'), o el ABC es nuestro nuevo periódico de referencia, o Jiménez Losantos es nuestro influencer de cabecera, o bien ustedes son los únicos que no se han enterado de que el responsable político de lo ocurrido el
29 de octubre en las comarcas valencianas es Carlos Mazón y el Gobierno valenciano.
Señorías del Partido Socialista, no entiendo su nueva estrategia. ¿Por qué no quieren dar apoyo a una moción de censura que nos permite poner contra las cuerdas al Partido Popular y ser la voz de la dignidad, cuando tanta gente, tantos
valencianos y valencianas nos lo piden? Una moción de censura que, además, podríamos utilizar para apretar a la derechita cobarde de VOX, que sigue escondiéndose como ratas detrás del Partido Popular. Podríamos obligarles a dar apoyo a esa moción
de censura para dar voz a la
gente, al pueblo, al pueblo valenciano y para convocar unas elecciones. Pero ustedes rechazan la moción de censura de Compromis y, a cambio, nos proponen una estrategia infalible con el lema ¡Queremos votar!: que Carlos Mazón convoque
elecciones en contra de sí mismo. Yo me imagino a la ejecutiva del Partido Socialista del país valenciano ayer, colocados, dándose las manos en redonda y pensando muy fuerte: ¡Queremos que Mazón convoque elecciones! No soy partidaria del
pensamiento mágico, pero, en fin, le pediré a mi madre que ponga una velita, porque yo también querría que Carlos Mazón pidiera la convocatoria electoral. Que por mí no quede si esta es la estrategia del Partido Socialista. Pero es que, además, la
señora Morant, ayer, sacó pecho y dijo que hoy íbamos a aprobar esta comisión de investigación y que era un espacio en el que se podría reconstruir, se podría reparar la voluntad de los afectados por la dana. Yo le recordaría que les invitamos a
firmar esta comisión de investigación que hemos puesto en marcha en Compromís y que cuando lo hicimos se negaron a firmar la comisión de investigación con nosotros. Si no fuera por los demás partidos, que sí dieron su apoyo, hoy no estaríamos aquí
debatiendo esta comisión de investigación. Después, el Partido Socialista anunció que iba a constituir otra comisión de investigación y tampoco la registró; una comisión de investigación que el Partido Socialista ha retrasado en la Mesa alegando
defectos de forma; una comisión de investigación que hoy aprobaremos gracias al trabajo de muchos partidos, pero no al del Partido Socialista.
Termino. Gracias a todas las víctimas por su resistencia, gracias a los periodistas que han desmentido los bulos que tanto daño han hecho, gracias a todas las personas que se han manifestado por las calles de Valencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora MICÓ MICÓ: Acabe de seguida.
Gràcies als voluntaris i voluntàries que des de fa quatre mesos representen la dignitat del poble valencià i gràcies a totes les persones que de tots els racons de l'Estat van ajudar als valencians i les valencianes quan més ho necessitaven.
Gràcies a tots i a totes vosaltres. Hui ací aprovarem una comissió d'investigació que busca la veritat i que no està segrestada pel Partit Popular.
Gràcies.
Termino enseguida.
Gracias a los voluntarios y voluntarias que desde hace cuatro meses representan la dignidad del pueblo valenciano, y gracias a todas las personas que desde todos los rincones del Estado ayudaron a los valencianos y las valencianas cuando más
lo necesitaban. Gracias a todas y a todos vosotros hoy, aquí, aprobaremos una comisión de investigación que busca la verdad y que no está secuestrada por el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gràcies, president.
Diputades, diputats, quatre mesos després d'aquell fatídic 29 d'octubre al País Valencià, avui el grup republicà ens sumem de manera ferma, de manera decidida a la sol·licitud de crear aquesta comissió dinvestigació. Abans de res,
evidentment, un record sentit i profund per totes les víctimes d'aquest desastre natural i, sobretot, de la nefasta, pèssima i negligent gestió del mateix.
Diputades i diputats, Esquerra Republicana defensem sempre els interessos dels Països Catalans. El País Valencià és també casa nostra. Les valencianes i els valencians són també la nostra gent. I en aquesta defensa assenyalem dues coses
per nosaltres fonamentals: la democràcia i la justícia. Per això volem exigir la rendició de comptes a tothom que hagi incorregut en una negligència. Volem fer-ho en el si d'aquesta comissió, volem fer-ho per tenir un debat serè, un debat seriós,
un debat el més allunyat possible dels interessos partidistes i amb els i les responsables directes. Defensem aquesta comissió d'investigació per poder aclarir els fets i també per depurar responsabilitats. Ho exigim per respecte a les víctimes i
per respecte al poble valencià en el seu conjunt. I, sobretot, perquè les conseqüències d'altres episodis meteorològics extrems que vindran siguin infinitament menys desastrosos.
Ho deia al començament: han passat més de 130 dies d'aquells d'aquelles infernals hores i avui la justícia ho constata. La majoria de víctimes de la DANA al País Valencià van morir abans que s'enviés
l'alerta als mòbils. Aquesta és una de les grans conclusions del sumari del cas. Gairebé un miler de pàgines on la jutgessa de Catarroja recull desenes de testimonis, sobretot de familiars, i on es confirma que el consell de Carlos Mazón
va fer tard. Va fer tard avisant els ciutadans afectats per la riuada. L'alerta es va enviar quan passaven dotze minuts de les vuit del vespre, però llavors, en alguns casos, ja feia una hora que malauradament alguns valencians tenien ja l'aigua
al coll. La jutgessa apunta directament la Generalitat Valenciana i assenyala la seva responsabilitat i veu una actuació negligent, i veu homicidis comesos per imprudència greu. És un sumari demolidor, amb desenes de denúncies, informes i escrits
judicials que relaten una a una les històries dels 224 morts i tres desapareguts aquell dia. Hi ha testimonis, veïns, amics que assenyalen que van perdre el contacte força minuts abans que la Generalitat enviés l'alerta, tocada ja en aquells
moments les vuit del vespre. És a dir, que quan l'avís arribava als mòbils ja hi havia molts valencians malauradament ofegats.
Volem esclarir cada una d'aquestes històries, d'aquestes morts, que sí, unes morts que s'haurien pogut evitar. Volem parlar del que va passar i també del que encara passa a les zones afectades. Volem, senyories, parlar de la Ribera. Volem
parlar de l'Horta Sud, de la Foia de Bunyol, del Camp del Túria i de la Plana d'Utiel-Requena. I també volem parlar del futur. Volem parlar de futur, de polítiques serioses, de polítiques valentes. Volem parlar d'adaptació, volem parlar de
resiliència davant els futurs desastres.
Diputades i diputats, la DAN A no és sinó un altre símptoma d'un clima cada vegada més extrem. I el que ens revela aquesta gota freda és que les respostes legals han d'anar més enllà de la immediatesa, molt més enllà, que sí o sí s'ha
d'apostar per solucions anticipades i estructurals que enforteixin la resiliència davant els futurs desastres. Perquè cap dels aquí presents, cap, de fet, ningú, tampoc de fora podrà evitar que les temperatures més càlides de l'aigua i els canvis
en els corrents atmosfèrics ens portin més DANAs. I si d'això també en volem parlar, igual que volem parlar de la manca d'inversions en infraestructures, perquè aquesta justament ha estat una de les causes principals de l'impacte devastador de la
Dana. Aquesta és la raó de fons. Un país espoliat com el País Valencià, malgrat no ser una comunitat rica, a vegades paga com si ho fos.
Més coses. Volem parlar també dels informes previs que assenyalen al País Valencià com un dels territoris d'alt risc d'inundació de l'Estat. Volem parlar també de la modernització de les xarxes de drenatge i la creació de noves
infraestructures per prevenir els efectes de les pluges intenses, que s'han demostrat evidentment insuficients. Val a dir que Esquerra Republicana porta dècades denunciant aquesta manca d'inversions i reivindicant-les sempre en cada negociació dels
Pressupostos Generals de l'Estat. També volem parlar de les retallades impulsades pel Consell Valencià. Unes retallades que, segons els experts, han limitat la capacitat operativa dels cossos de bombers i de protecció civil. Retallades que s'han
traduït en menys personal disponible, menys recursos materials en una reducció general de l'efectivitat dels equips de rescat. Mentrestant, al País Valencià s'esmercen diners, per exemple, en corrides de bous. Aquesta és també la realitat,
senyories del PP i de Vox. I molts més exemples que també volem, doncs, que hi entri llum. Volem que s'hi faci claror.
En definitiva, senyores i senyors del Partit Popular, senyores i senyors, també del Partit Socialista: el que volem és deixar palès que al País Valencià, els seus ciutadans són uns ciutadans que tenen drets, que tenen els mateixos drets que
totes i tots vostès. Uns drets, val a dir, també contemplats en aquesta Constitució que sempre tant defensen com el dret a la vida, el dret a l'habitatge, el dret a la seguretat. Aquests són els drets que tenen els ciutadans i ciutadanes del País
Valencià. Drets que en el cas que ens ocupa han estat absolutament vulnerats. I això és així i és així, senyories del Partit Popular, encara que tot el seu partit, que tot Gènova segueixi donant suport al Partit Popular del País Valencià.
Acabo president. Nosaltres treballarem perquè aquesta comissió sigui útil. Treballarem perquè es faci justícia. Treballarem perquè davant de tant horror i de tanta foscor, veiem una mica de llum i veiem una mica de claror. I perquè, com
deia Estellés, no t'han parit per a dormir, et pariren per vetllar. Et pariren per vetllar en la llarga nit del teu poble.
Res més. Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Diputadas y diputados, cuatro meses después del fatídico 29 de octubre en el país valenciano, hoy el Grupo Republicano se suma de forma firme y decidida a la solicitud de creación de la comisión de investigación. Antes de nada,
evidentemente, un recuerdo sentido y profundo para todas las víctimas de esta catástrofe natural y, sobre todo, de la nefasta, la pésima y negligente gestión de la misma.
Diputadas y diputados, Izquierda Republicana defiende siempre los intereses de los países catalanes, y el país valenciano también es nuestra casa; las valencianas y los valencianos son también nuestra gente. Y en esta defensa señalamos dos
cosas que para nosotros son fundamentales: la democracia y la justicia. Por ello queremos exigir que todo el mundo que haya incurrido en una negligencia rinda cuentas, y lo queremos hacer en el seno de esta comisión, lo queremos hacer para
sostener un debate serio, sereno, que esté lo más alejado posible de los intereses partidistas y de los responsables directos. Defendemos esta comisión de investigación para poder esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, y lo exigimos por
respeto a las víctimas y por respeto al pueblo valenciano en su conjunto y, sobre todo, para que las consecuencias de otros episodios meteorológicos extremos, que vendrán, sean infinitamente menos desastrosas.
Lo decía al principio: han pasado más de 130 días de esas horas infernales y hoy la justicia lo constata: la mayoría de las víctimas de la dana en el país valenciano murieron antes de que se mandara la alerta a los móviles. Esta es una de
las grandes conclusiones del sumario del caso, casi mil páginas en las que la jueza de Catarroja recoge decenas de testimonios, sobre todo de familiares, y donde se confirma que el Consell de Carlos Mazón llegó tarde en el aviso a los ciudadanos
afectados por la riada. La alerta se mandó cuando pasaban doce minutos de las ocho de la tarde. Para aquel momento ya hacía una hora que algunos valencianos, desgraciadamente, tenían el agua al cuello. La jueza apunta directamente a la
Generalitat Valenciana y señala su responsabilidad; ve una actuación negligente, homicidios cometidos por imprudencia grave. Es un sumario demoledor, con decenas de denuncias, informes y escritos judiciales que vienen a relatar una tras una las
historias de los 224 muertos y 3 desaparecidos de ese día. Hay testimonios de vecinos y amigos que señalan que bastantes minutos antes del envío de la alerta por la Generalitat ya perdieron el contacto. Pasaban las ocho de la tarde; es decir,
cuando el aviso llegaba a los móviles ya había muchos valencianos que desgraciadamente estaban ahogados.
Queremos esclarecer todas y cada una de estas historias, de estas muertes, que, sí, son muertes que se podrían haber evitado. Queremos hablar de lo que ocurrió y de lo que sigue ocurriendo en las zonas afectadas. Queremos hablar, señorías,
de la Ribera, de l'Horta Sud, de la Hoya de Buñol, del Campo del Turia y de la Plana de Utiel-Requena. Queremos hablar también de futuro, de políticas serias, de políticas valientes. Queremos hablar de adaptación y queremos hablar de resiliencia
ante futuros desastres.
Diputadas y diputados, la dana no es más que otro síntoma de un clima cada vez más extremo, y lo que nos revela esta gota fría es que las respuestas legales tienen que ir más allá de la inmediatez, mucho más allá, que sí o sí hay que apostar
por soluciones anticipadas y estructurales que vengan a fortalecer la resiliencia ante los futuros desastres, porque ninguno de los aquí presentes -de hecho, nadie de fuera tampoco- podrá evitar que las temperaturas más cálidas del agua y los
cambios en las corrientes atmosféricas nos traigan más danas. Y, sí, de eso también queremos hablar, igual que queremos hablar de la falta de inversiones en infraestructuras, porque esta ha sido precisamente una de las principales causas del
impacto devastador de la dana; esta es la razón de fondo por la que un país expoliado como el país valenciano, a pesar de no ser una comunidad rica, a veces paga como si lo fuera.
Más cosas. También queremos hablar de los informes previos que señalan al país valenciano como uno de los territorios con más riesgo de inundación del Estado. También queremos hablar de la modernización de las redes de drenaje y la
creación de nuevas infraestructuras para prevenir los efectos de las lluvias intensas, que se han demostrado evidentemente insuficientes. Hay que decir, sin embargo, que Esquerra Republicana hace décadas que denuncia esta falta de inversiones y que
las reivindica siempre en todas las negociaciones de los presupuestos generales del Estado. También queremos hablar de los recortes impulsados por el Consell valenciano, uno recortes que, según los expertos, limitaron la capacidad operativa de los
cuerpos de Bomberos y de Protección Civil; recortes que se han traducido en menos personal disponible, menos recursos materiales, en una reducción general de la efectividad de los equipos de rescate. Mientras tanto, en el país valenciano se dedica
mucho dinero a corridas de toros. Esta también es la realidad, señorías del PP y de VOX, y hay muchos más ejemplos. Queremos que se arroje luz también sobre todo ello.
En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular y señoras y señores del Grupo Socialista, lo que queremos es dejar bien claro, hacer patente que la ciudadanía del país valenciano tiene derechos, los mismos derechos que todas y todos
ustedes; unos derechos -cabe decir- que también se contemplan en esta Constitución que tanto defienden ustedes siempre: el derecho a la vida, el derecho a la vivienda y el derecho a la seguridad. Estos son los derechos de los que son titulares
los ciudadanos y ciudadanas del país valenciano, que, en el caso que nos ocupa, además han sido absolutamente vulnerados. Es así,
señorías del Grupo Popular, aunque todo su partido, aunque todo Génova siga dando apoyo al Partido Popular del país valenciano.
Termino, presidente. Nosotros trabajaremos para que esta comisión sea útil, trabajaremos para que se haga justicia, trabajaremos para que ante tanto horror y tanta oscuridad podamos ver algo de luz y algo de claridad. Y, como decía
Estellés: No te han parido para dormir; te parieron para velar en la larga noche de tu pueblo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Gavin i Valls.
El señor GAVIN I VALLS: Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.
Hi ha hagut una gran catàstrofe ambiental al País Valencià, també altres territoris, però molt especialment al País Valencià. I hi ha unanimitat, excepte en el govern de PP i VOX de la Generalitat Valenciana, que hi va haver manca de
previsió en l'actuació, que hi va haver una actuació tardana i ineficient. Que hi va haver, i hi ha encara ara, manca de transparència i d'informació. I pel que sembla, no s'assumeixen tampoc responsabilitats polítiques. Hi ha hagut conseqüències
gravíssimes i, de fet, ja hi ha, a través de la investigació judicial, un alt càrrec del Govern que està imputat per aquests fets. La diputada Àgueda Micó, que ha explicat la iniciativa, ho ha explicat molt millor que jo. I això, doncs, a part de
la imputació d'aquest alt càrrec, també la informació que anem rebent i que va arribant consolida la idea de que hi va haver informacions contradictòries, algunes falses, algunes inexactes del que va passar i del que no va passar, del propi rol del
president de la Generalitat, que, efectivament, senyora Micó, era el principal responsable de l'actuació i la resposta. Anem tenint informació, per exemple, que a les 13 hores d'aquell dia, moltes hores abans de l'avís, ja hi havia 85 trucades de
gent, doncs, per motius de rescat o d'incomunicació i 33 carreteres afectades o tallades per les inundacions.
Per tots aquests motius i molts altres, no entraré en tots els detalls perquè aquí no hem de fer la comissió d'investigació, nosaltres votarem a favor d'aquesta petició. Naturalment que sí, perquè hi va haver moltes víctimes i per tant per
elles, per elles i per les seves famílies, perquè es mereixen saber la veritat, perquè es mereixen sentir-se acompanyats i per aprendre perquè aquestes coses no tornin a passar, perquè tornarà a haver inundacions. És clar que sí. Perquè també hi
va haver moltes pèrdues i molts danys i, per tant, moltes afectacions econòmiques i de tota mena, a la pagesia, la indústria, les activitats econòmiques.
Junts també votarem aquesta iniciativa, aquesta comissió, perquè el que passa al País Valencià, a Junts per Catalunya ens interpel·la i ens interpel·la d'una forma especial, pels infinits vincles que ens uneixen. I una prova d'això és
l'allau de solidaritat de la ciutadania de Catalunya, dels veïns i veïnes de Catalunya, d'entitats, d'associacions, d'organitzacions públiques i privades, d'empreses que va haver aquells dies de Catalunya per saber de prop el què passava i per
acudir a ajudar i a atendre a tantes necessitats que hi havia en aquell moment. I vull aprofitar aquest moment per agrair a tothom, evidentment a tothom, a tots els funcionaris i treballadors públics i a tota la gent que hi va col·laborar,
especialment l'allau de col·laboració i de solidaritat que va haver de Catalunya per acudir, com dic moltes vegades, físicament a atendre i ajudar a aquell drama humà tan terrible.
També votarem a favor per clarificar les responsabilitats polítiques de qui les tingui. La investigació judicial aclarirà les responsabilitats penals, però hi ha responsabilitats polítiques i aquestes s'han d'esclarir. I com he dit abans,
perquè hi ha responsabilitat en qui va actuar tard i malament i no va assumir ni en aquell moment ni ara aquesta responsabilitat.
Hi ha una terminologia en la política anglosaxona que és molt utilitzada i que és sagrada en el seu món, que és accountability. Ell dóna comptes, assumeix la responsabilitat i dóna comptes del que es fa quan s'assumeixin responsabilitats
públiques.
També votarem a favor perquè va ser una catàstrofe d'unes dimensions impressionants i que també va afectar Catalunya. Va afectar Catalunya també a altres territoris, a Múrcia, Andalusia i perquè interpel·la a moltes altres administracions
i, per tant, val la pena, doncs, que es posi tota aquesta informació al damunt de la taula, com he dit abans, també per transparència.
A Espanya, en general, els governs espanyols també en general, els hi agraden molt poc les comissions d'investigació. A nosaltres ens agrada la democràcia, ens agraden les urnes i ens agraden les comissions d'investigació. Precisament per
això, per la transparència, per retre comptes, per poder donar la cara als ciutadans, perquè s'explique el que ha passat i el que no, amb voluntat de millorar.
També ho dic perquè el 17 d'agost de l'any 2017 va haver un atemptat a Barcelona i a Cambrils, amb 17 víctimes mortals i més de 300 ferits que cap de les majories parlamentàries d'aquesta cambra fins ara que Junts per Catalunya ha tingut uns
vots decisius, cap majoria d'aquesta cambra, va creure convenient crear una comissió d'investigació. Que curiós. Que curiós. Amb tantes víctimes amb un fet tan greu que no hi hagués una comissió d'investigació. Nosaltres la vam demanar abans,
durant i després, i ara que hem tingut els vots decisius, s'han pogut constituir aquestes comissions d'investigació i, per tant, tenim motius més que sobrats per donar per votar a favor d'aquesta iniciativa i desitjosos de què aquesta comissió
comenci a treballar.
Moltes gràcies.
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ha habido una gran catástrofe medioambiental en el país valenciano, también en otros territorios, pero muy especialmente en el país valenciano. Y hay unanimidad, excepto en el Gobierno del PP y VOX de la
Generalitat Valenciana, con respecto a que hubo falta de previsión en la actuación, que hubo una actuación tardía e ineficiente, que se dio y sigue habiendo una falta de transparencia y de información y, según parece, no se asumen responsabilidades
políticas. Se han derivado consecuencias gravísimas. De hecho, a través de la investigación judicial ya hay un alto cargo del Gobierno que está imputado por los hechos. La diputada Águeda Micó ha contado la iniciativa y lo ha explicado mucho
mejor que yo. Pues bien, aparte de la imputación de este alto cargo, la información que vamos recibiendo y que nos va llegando consolida la idea de que existieron informaciones contradictorias, algunas falsas, algunas inexactas, sobre lo que
ocurrió y lo que no, sobre el propio papel del presidente de la Generalitat, que, señora Micó, efectivamente, es y era el principal responsable de la actuación y de la respuesta. Y nos va llegando información, por ejemplo, de que a las 13:00 horas
de ese día, muchas horas antes del aviso, ya había ochenta y cinco llamadas de gente por motivos de rescate o de incomunicación y treinta y tres carreteras afectadas o cortadas por las inundaciones.
Por todos estos motivos y muchos otros -no entraré en todos los detalles, porque aquí no tenemos que empezar la comisión de investigación-, nosotros evidentemente votaremos a favor de la constitución de esta comisión, porque hubo muchas
víctimas; por ellas y por sus familias, porque se merecen saber la verdad y merecen sentirse acompañados. Y para aprender y que no nos vuelvan a ocurrir estas cosas, porque claro que sí volverá a haber inundaciones. Y porque, además, hubo muchas
pérdidas y muchos daños y, por lo tanto, muchas afectaciones económicas y de todo tipo, al campesinado, a la industria y a las actividades económicas.
En Junts también votaremos a favor de la iniciativa de esta comisión, porque lo que ocurre en el país valenciano nos interpela a Junts per Catalunya, y nos interpela de una forma especial por los infinitos vínculos que nos unen. Una prueba
de ello fue el alud de solidaridad de la ciudadanía de Cataluña, de los vecinos y vecinas de Cataluña, de entidades, de asociaciones, de organizaciones públicas y privadas y de empresas que hubo en esos días en Cataluña para saber de cerca qué
ocurría y para acudir a ayudar y a atender tantas necesidades que existían en ese momento. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias a todo el mundo. Evidentemente, a todo el mundo, a todos los funcionarios y trabajadores públicos y a
todos los que colaboraron, pero muy especialmente al alud de colaboración y de apoyos y solidaridad que hubo desde Cataluña para acudir, muchas veces físicamente, a atender y a ayudar ante ese drama humano tan terrible.
También vamos a votar a favor para esclarecer las responsabilidades políticas de quien las tenga. La investigación judicial va a aclarar las responsabilidades penales, pero existen responsabilidades políticas y hay que esclarecerlas. Y,
como decía antes, porque hay responsabilidad en quien actuó tarde y mal y no asumió ni en ese momento ni ahora estas responsabilidades políticas.
En la política anglosajona hay una terminología muy utilizada y sagrada dentro de ese mundo: la accountability, es decir, rendir cuentas, asumir responsabilidades y dar cuenta de lo que se hace cuando se asumen responsabilidades públicas.
Además, vamos a votar a favor porque fue una catástrofe de unas dimensiones impresionantes que también afectó a Cataluña y a otros territorios, como Murcia y Andalucía, y porque interpela a muchas otras Administraciones. Por lo tanto,
merece la pena que esta información se ponga encima de la mesa.
Y, como decía antes, también por transparencia. A los Gobiernos españoles, en general, les gustan muy poco las comisiones de investigación. A nosotros nos gustan las urnas, la democracia y las comisiones
de investigación, precisamente por ello, por la transparencia, por rendir cuentas, por poder dar la cara a los ciudadanos, que se explique lo que ha pasado y lo que no, con la voluntad de mejorar.
También lo digo porque el 17 de agosto del año 2017 se produjo un atentado en Barcelona y en Cambrils, con 17 víctimas mortales y más de 300 heridos, y hasta que Junts per Catalunya no ha tenido los votos decisivos ninguna mayoría de esta
Cámara creyó conveniente crear una comisión de investigación. ¡Qué curioso, qué curioso que con tantas víctimas y con un hecho tan grave no se constituyera una comisión de investigación! Nosotros la pedimos antes, durante y después, y ahora que
hemos tenido los votos decisivos se han podido constituir estas comisiones de investigación. Por lo tanto, tenemos motivos más que sobrados para votar a favor de esta iniciativa y estamos deseosos de que esta comisión empiece a trabajar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
Señorías, el 29 de octubre de 2024 el país valencià sufrió una dana que provocó 224 fallecidos, evacuaciones de emergencia y una destrucción sin precedentes en el territorio. Las casas podrán ser reconstruidas y con las ayudas de las
Administraciones se podrán pagar nuevos coches, pero las vidas humanas no van a recuperarse. Nadie va a devolver a esas personas a sus seres queridos, ni al padre que vio cómo el agua le arrancaba a sus hijos de los brazos, ni a la hija que
esperaba a que su padre volviera, como siempre, del trabajo, ni a los nietos que horas antes se habían despedido de sus abuelos sin saber que su hogar, en una planta baja, se convertiría en una trampa sin escapatoria con la llegada del agua. Miles
de personas quedaron atrapadas en sus hogares y en sus vehículos en Valencia y en las comarcas afectadas. Hubo gente que vio cómo sus viviendas se inundaban o cómo sus coches eran arrastrados en cuestión de minutos, mientras intentaban evacuar la
zona. Y lo peor es que esas personas se podrían haber salvado, señorías. Si estas personas murieron es porque no recibieron la alerta de los servicios de emergencia hasta que ya era demasiado tarde para salir de forma segura; es decir, estas
personas fueron indirectamente asesinadas. Hay que decirlo así y se va a decir con todas las letras: asesinadas por una gestión negligente y por unos gestores negligentes, antes, durante y después de la tragedia. Asesinadas por los recortes en
servicios de emergencias que impulsó una coalición de Gobierno del Partido Popular y de VOX, por la falta de inversiones en las infraestructuras de drenajes y, sobre todo, por la gestión negligente del principal responsable político, del president
Carlos Mazón, y de todo su Gobierno.
La gestión criminal del Gobierno del Partido Popular durante la dana ya está siendo investigada en sede judicial. La jueza Tobarra está apuntando algo fundamental: que la Generalitat era responsable de avisar a toda la población valenciana
en riesgo en aquella jornada y, sencillamente, no lo hizo. De hecho, la jueza señala en un auto demoledor que hubo -cito- una palmaria ausencia de avisos, pero también dice que los avisos que se enviaron tarde eran errados de contenido, pues pedían
a la gente que permanecieran donde estaban, cuando era claro que se tenían que situar en un lugar elevado y seguro. Por este motivo, anteayer conocíamos la imputación de la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y de su director general, Emilio
Argüeso. Pero no es suficiente, porque al frente de todos ellos estaba el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o debería estarlo aquella tarde, pero no lo estuvo. En la hora más crítica de la historia reciente del país valencià,
su president estaba desaparecido. Puede que estuviera de comida y sobremesa en El Ventorro, una larguísima sobremesa, hasta que llegó a las 20:28 horas al CECOPI. O también puede que no llegara a esa hora al CECOPI, porque hoy el diario El Salto
revela una información exclusiva y dice que la foto en la que Mazón está entrando al CECOPI está manipulada digitalmente. Podemos, como acusación popular, también pedirá a la jueza que incorpore al auto estas imágenes manipuladas.
Por eso estamos aquí con otros grupos, para solicitar esta comisión de investigación, y lo hacemos aquí, en el Congreso de los Diputados, porque es la única institución que nos va a permitir llamar a Mazón y a sus consejeros y hacerles las
preguntas que esquivan todo el rato. Y decimos que el lugar es aquí, en el Congreso de los Diputados, porque el Partido Popular y VOX ya han dejado claro, tanto en les Corts Valencianes como en el Senado, que solo quieren taparlo todo y salvar al
soldado Mazón. Igual que ha sido VOX el que ha salvado a Mazón de una moción de censura. Es lo que tienen las operaciones de marketing electoral, que tienen las patas muy cortas. VOX rompió los Gobiernos autonómicos con el
Partido Popular para presentarse como una alternativa y rascar algún voto a la derecha del Partido Popular, pero cuando llega la hora de la verdad ustedes demuestran lo que son de verdad, lo que siempre han sido, la muleta verde del PP,
incluso del peor PP, del PP negligente, mentiroso y homicida de Carlos Mazón. Porque nadie debe confundirse: Mazón es el responsable último de una gestión negligente que llevó a la muerte a 224 personas, 224 personas que no iban a morir igual, y
el apoyo cerrado que hoy exhiben Partido Popular y VOX para salvar a Mazón pronto se les va a volver en contra.
Quiero destacar algo importante: aquí Mazón no podrá mentir impunemente. Según el artículo 502.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal -cito-: 'El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación
faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses'.
Hay 5,5 millones de valencianos y valencianas que quieren saber dónde estaba su presidente la tarde del 29 de octubre, mientras su pueblo se ahogaba. También quieren saber qué decisiones tomó, si decidió retrasar las alarmas o,
sencillamente, por qué ustedes mandan a la jueza imágenes que están manipuladas de la llegada de Mazón al CECOPI, como hoy también nos advierte el periódico El Salto. Aprueben esta comisión, traigan a Mazón aquí, déjennos preguntar y lo sabremos.
Aquí, al señor Mazón no le van a poder proteger su guardia pretoriana del Partido Popular desde Génova ni sus amigos de VOX. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. La diferencia, en este caso, radica en que las instituciones hagan su trabajo o
no lo hagan. En todo caso, yo creo que tenemos un deber político, un deber moral con la sociedad civil, con las víctimas, y que no tenga que ser la sociedad civil organizada, de nuevo, la que pida esas investigaciones, como ya pasó con el caso
Yakolev o con el accidente del metro de Valencia. Esta comisión de investigación, como digo, es una exigencia democrática y ética que tenemos con las víctimas, con las familias y con los miles de personas que lo perdieron todo en la tarde del 29 de
octubre, porque no va a haber reconstrucción posible en el país valencià si no va acompañada de la verdad, de la justicia y de la reparación para todas las víctimas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Otero Gabirondo.
El señor OTERO GABIRONDO: Eskerrik asko, mahaiburu jauna.
Nire lehenengo hitzartzea atril honetan. Gure helburu politikoa Euskal Herri osoan euskaraz bizitzeko eskubidea bermatua izatea bada ere, eskertzekoa da estreinu hau euskaraz egiteko aukera izatea. Beraz, eskerrak hau ahalbidetu duten
guztiei.
Valentziako dana suntsigarriaz ari gara berriro. Eta ezer baino lehen, gertakari latz honetan bizitza galdu zutenen gertuko guztiei berriro helarazi nahi diet Euskal Herria Bilduren partez gure elkartasun eta xamurtasun guztia, baita
kaltetuta jarraitzen duten guztiei ere. Gure gaitasun guztia erabiliko dugu berreraikitze lanak azkar eta ongi joan daitezen. Gaur ikerketa batzordea eratzeko proposamena heltzen da. Babestuko dugu. Eratzen bada, Batzordeak gertatutakoa argitu
eta hobekuntza proposamenak mahai gaineratu beharko lituzke. Gu behintzat horretara joango gara. Hori bai, hemen lokatzetan gozatzeko dagoen gaitasunarekin. Batzorde hori erraz bihurtu daiteke hemen dagoen gaitzespen txapelketaren azken
kapitulua.
Es mi primera intervención aquí, en esta tribuna, y nuestro compromiso es que se garantice el uso del euskera aquí y quiero dar las gracias también a todas las personas que han hecho posible que yo intervenga hoy en euskera.
Hablamos de la dana y, antes que nada, me gustaría tener un recuerdo para las personas que se han visto afectadas por esta catástrofe. Queremos enviarles nuestra solidaridad a todas esas víctimas y también a las personas que siguen estando
perjudicadas. Vamos a hacer lo posible para que los trabajos de reconstrucción vayan con la celeridad necesaria. Tenemos esta propuesta, que vamos a apoyar, de la creación de la comisión. Esperemos que esa comisión pueda aclarar lo sucedido y
pueda poner sobre la mesa propuestas de mejora. Esa va a ser nuestra intención. Claro, con esta capacidad de gozar del lodo que hemos visto aquí con estos reproches...
Algunos al menos intentaremos que la comisión de investigación, si se crea, sea productiva; estudiaremos en detalle el antes, el durante y el después de la dana. Aunque, hoy en día, la verdad, algunas cosas ya están claras. Cosas básicas,
como las recogidas en el auto que ya se ha referido: se
supo con tiempo que venía un evento extraordinario. La Generalitat fue avisada en tiempo real, pero ni el Centro de Coordinación Operativa Integrado se reunió a tiempo, ni se tomaron medidas preventivas a tiempo, ni se lanzaron las alarmas
a la población, hasta que fue tarde, y cada detalle que aflora deja al Gobierno de la Generalitat en peor situación. Y aquí solo hay dos opciones, o no entendieron la seriedad de la situación, lo que les convertiría en inútiles, o la entendieron y
priorizaron otras cosas, lo que les convertiría en criminales; con un president que aún no ha aclarado dónde se escondía, mientras más de 15 000 llamadas angustiadas saturaban el 112, que cambia versiones según le llega el agua al cuello,
evidenciando día a día no ser digno representante de nadie. Pero esto va más allá del president, afecta a la Generalitat en su conjunto, porque puede pasar que un president esté ausente por razones justificadas, enfermedad, viaje u otras cosas, que
no era el caso, pero, si lo fuera, un Gobierno solvente podría y debía haberlo compensado y no fue el caso. Y también es evidente a estas alturas que no es buen negocio para la ciudadanía tener Gobiernos que ni se preocupan de mantener un sistema
de atención de emergencias fuerte, ni se toman en serio ni utilizan a tiempo los sistemas de alarma, ni mandan parar actividades preventivamente, ni se toman en serio la emergencia climática, o gobiernan directamente apoyados en negacionistas. Las
danas han existido siempre, me dirán, y es cierto, pero también es cierto que ya en 2023 los científicos que informan del estado del clima advirtieron de que estaban asustados por la multiplicación y virulencia de los fenómenos meteorológicos
extremos. También es cierto que 2024 ha sido el primer año en que se han superado los 1,5 grados que los Acuerdos de París definieron como umbral de seguridad, y también es cierto que el Mediterráneo ha estado este año hasta 5 grados por encima de
su temperatura media, y 5 grados es un montón de energía acumulada y esa energía acumulada es capacidad de devastación que, en este caso, se ha cebado, lamentablemente, en Valencia y alrededores. Es decir, se sabe lo que puede pasar y no tomárselo
en serio es una decisión política de consecuencias devastadoras. Ustedes -les recuerdo- viven en un país especialmente vulnerable al cambio climático y un día serán sequías, al otro serán incendios de sexta generación, al otro serán eventos de
calor extremo o, como en este caso, episodios de lluvias torrenciales. Las consecuencias del cambio climático ya están aquí y significan precisamente esto, una multiplicación de eventos extremos, y no entender que esto es una prioridad absoluta,
sencillamente multiplicará las consecuencias. No podemos prever ni qué, ni cómo, ni cuándo, pero sabemos que sucederá y también sabemos que, en lo que respecta a salvar vidas, hay tres recetas infalibles: prevención, prevención y prevención. Y
prevención es, desde un urbanismo no descontrolado, hasta mandar a tiempo las alertas, pasando por reforzar el sistema de emergencias o por impedir que la gente se vea obligada a desplazarse en situación de peligro. Pero si hablamos de salvar
vidas, prevención es sobre todo y ante todo tener una población bien informada y formada en materia de protección civil. ¿Qué pasa -me pregunto- cuándo un huracán pasa por varios países? El mismo huracán, allí donde hay prevención y una estructura
fuerte de protección civil, deja daños materiales, sí, pero pocas pérdidas humanas; donde no, la devastación se multiplica, es tan sencillo como eso. La ineptitud y la falta de preparación en emergencias y protección civil se paga en vidas, porque
no hay sistema de atención de emergencias ni Unidad Militar de Emergencias, ni declaración de emergencia nacional, ni nada que permita parar el primer golpe de un fenómeno extremo, si no se toman las decisiones a tiempo y desde la cercanía, y si no
hay una población alertada y preparada. Otra cosa es la efectividad de los servicios de rescate durante la emergencia que, cuanto mejor dotados y coordinados, mejor; otra cosa es la capacidad de restauración o la celeridad en restablecer los
servicios y las infraestructuras, algo a analizar y ver cómo se puede mejorar, pero ese primer golpe -y se lo digo con quince años como profesional de emergencias a mis espaldas- solo lo amortigua la prevención. Así que, mucho ojo, tanto a
izquierda como a derecha, con esa tentación tan recurrente de querer resolverlo todo centralizando decisiones, recursos y competencias, nada más lejos de la solución efectiva. Y, por cierto, ahora que se habla mucho de invertir en seguridad, aquí
tienen una buena veta en la que cavar, seguridad es mitigación y adaptación a la crisis ecológica; seguridad es más protección civil y menos militar; o, como dirían los antiguos, si vis pacem, para pacem.
Así que, para terminar, señorías del Grupo Popular, ustedes tratarán -como hasta ahora- de echar tinta de chipirón sobre lo sucedido para dar la sensación de que todo está mal, pero mejor harían empezando por reconocer lo mucho que ustedes
han hecho mal aquí y, a partir de aquí, a ver si aportan algo de una buena vez.
Amaitzera noa. Valentziarrak behar beste laguntza izan dezaten lan egingo dugu. Elkartasun internazionalista da Euskal Herria Bilduren ezaugarrietako bat. Valentziako herritarren eta eragileen
mesedetan lan egiten jarraituko dugu. Egia zor diegu. Eta gaurkoan ikerketa batzordeari argi berdea emango diogu, nola ez.
Eskerrik asko, besterik ez.
Y voy a concluir. Vamos a trabajar para que los y las valencianas tengan toda la ayuda necesaria, porque esa solidaridad internacionalista es un rasgo de EH Bildu. Vamos a seguir trabajando a favor de los perjudicados por la dana, porque
les debemos la verdad y vamos a dar luz verde, pues, a esta comisión de investigación, como no puede ser de otra manera.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Aplausos).
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señor presidente.
Con carácter previo a los proponentes de esta iniciativa, los separatistas de Junts y Esquerra, Compromís, el caballo de Troya del separatismo catalanista en Valencia, y los comunistas de Podemos: por mucho que ustedes se empeñen, no existe
el país valencià, ni los valencianos seremos nunca parte dels països catalans. (Aplausos).
Y ahora vamos a lo que vamos. VOX va a votar en contra de esta iniciativa, lo vamos a hacer porque ya existe una comisión de investigación propuesta por nuestro grupo en las Cortes Valencianas y otra en el ámbito de estas Cortes Generales,
es decir, en el Senado. Mi grupo ha sido especialmente claro desde el principio en la valoración de lo sucedido. Hemos dicho que la reacción de la Administración autonómica fue tardía, errónea, ineficaz e insuficiente, pero hemos dicho también que
la actuación de Sánchez fue producto de una inacción criminal premeditada por un mero cálculo político y, por tanto, hemos ejercido acciones criminales contra Sánchez y sus ministros para que tengan que responder ante los tribunales. (Aplausos).
Ahora serán los tribunales los que determinen las responsabilidades penales, que es lo que corresponde. Pero miren ustedes, para determinar las responsabilidades políticas no hace falta esperar a lo que diga o deje de decir una comisión de
investigación. Esas responsabilidades políticas nacen de la evidencia trágica de los hechos: 225 muertos, 3 desaparecidos, miles de familias que lo han perdido todo y una devastación brutal de infraestructuras y del tejido económico valenciano.
Santiago Abascal ha sido claro, como siempre. Mazón tiene que irse, tiene que irse inmediatamente, pero tiene que hacerlo al día siguiente de que se vaya Sánchez, al día siguiente de que se vaya Sánchez (aplausos), porque Sánchez no decretó
la emergencia nacional. Esta no era una opción discrecional ni estaba a expensas de que se lo pidiera o no la Administración autonómica, este era un imperativo legal expreso recogido en nuestro ordenamiento jurídico vigente en función de las
características de la catástrofe y la afección de esa catástrofe sobre tres comunidades autónomas. Y no solamente no lo hizo, sino que rechazó la ayuda extranjera, no movilizó al conjunto de las Fuerzas Armadas, entorpeció el trabajo de los
voluntarios, trató de hacer uso en su beneficio de la tragedia diciendo que para que los valencianos recibieran las ayudas esta Cámara le tenía que aprobar los presupuestos generales correspondientes a este año, y aún hoy sigue regateando las ayudas
y entorpeciendo su llegada.
Frente a esto, el Grupo Parlamentario VOX, desde esta misma tribuna y a través de quien les habla, apenas unos días después de la catástrofe -no había transcurrido ni un mes-, planteamos un conjunto de medidas de ayuda directa y eficaces que
esta Cámara rechazó; ayudas vertebradas en torno a tres ejes fundamentales. Primero, pago directo a las familias de las víctimas de daños causados con ocasión precisamente de la pérdida de esas vidas humanas. Segundo, cancelación de todos
aquellos créditos contraídos antes del 29 de octubre para la adquisición de vehículos, viviendas y equipamientos cuando el resultado de las correspondientes peritaciones acreditara que esos bienes estaban sometidos a siniestro total. Tercero, un
plan de IVA cero y de exención absoluta de impuestos de carácter local, autonómico y estatal a todos los afectados hasta final de 2025. Por eso, porque fuimos claros en nuestras valoraciones y ágiles en nuestra oferta de propuestas de ayudas, hoy
decimos no a esta comisión de investigación que no va a aportar nada nuevo a las ya constituidas, salvo servirse como contrafuero desde aquí por parte de la izquierda para escribir el relato que a Sánchez y a la izquierda les interesa. (Aplausos).
Por cierto, señorías, una iniciativa que está llena de hipocresía, de ignorancia o de ambas cosas a la vez, porque su principal proponente es el Grupo Parlamentario SUMAR, que forma parte del Gobierno, de modo y manera que los ministros del Gobierno
adscritos a esa formación política son corresponsables de todo lo que Sánchez hizo y no hizo en perjuicio de las víctimas, porque nuestra Constitución establece la responsabilidad
solidaria de todos los miembros del Gobierno. Hipocresía y cinismo el de la izquierda para construir una miserable batalla política en torno a los muertos de Valencia mientras no les hemos oído decir ni pío en torno a los muertos de
Castilla-La Mancha; probablemente porque allí gobierna uno de los suyos, el señor García-Page, que habla mucho para intentar aparentar que no es uno de los suyos, pero que al final nunca hace nada para acabar de verdad con los desmanes de Sánchez y
sus secuaces. (Aplausos).
Concluyo. Lo ha dicho Juan Roig, con el derecho que le asiste como ciudadano y con la autoridad moral que le da haber entregado parte de su patrimonio, algunos millones de su patrimonio, en auxilio de las víctimas de manera voluntaria, ese
mismo Juan Roig al que suelen habitualmente insultar muchos de los proponentes de esta iniciativa cuando suben a esta tribuna -es inapelable su síntesis y coincide con lo que VOX ha venido diciendo-: abandono absoluto y fracaso de todas las
Administraciones, que dejaron abandonados a miles de afectados. Hay un riesgo manifiesto de que esto vuelva a suceder en virtud precisamente de las características de lo no hecho, de lo no hecho por el Gobierno autonómico de la izquierda durante
las dos últimas legislaturas que impidió, por su fanatismo ecológico, la realización de las obras de encauzamiento del barranco del Poyo mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar prohibía la limpieza de barrancos y cauces.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar.
El señor GIL LÁZARO: Termino, señor presidente.
Claro que volverá a suceder, porque esa es la realidad y son culpables ustedes. Por eso, y termino señor presidente, pronto, muy pronto, cuando VOX gobierne, repararemos todo el daño que ha causado este Gobierno miserable. No tengan la
menor duda. Volveremos a poner de nuevo en pie a Valencia y a España.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Trenzano Rubio.
La señora TRENZANO RUBIO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, 15:13 de la tarde, madre llamante con hija discapacitada dentro de la vivienda, Utiel. 16:11, mujer y varón mayores a los que les llega el agua a la cabeza, Utiel. 17:58, mujer de 66 y niña de 3 en la vivienda, sube el agua,
Torrent. 18:08, dos mujeres con dos bebés en situación crítica, Cheste. 19:42, embarazada en el techo del coche, Ribarroja del Turia. 19:48, casa inundada con niños pequeños, Algemesí. Así hasta 19 821 llamadas al 112 el 29 de octubre. La
primera de ellas fue a las cinco de la madrugada desde Cofrentes. Llamadas de pánico y angustia, llamadas que fueron atendidas por los profesionales, pero ignoradas por los responsables políticos del Partido Popular, porque cuando se convocó el
CECOPI a las cinco de la tarde ya se habían producido 3864 llamadas de socorro. El resultado final es por todos conocido: 225 víctimas mortales y 3 personas desaparecidas. Carlos Mazón dijo días después: 'Se hizo lo mejor que se pudo en la
situación en que se estaba, con la información de que se disponía y con los recursos con los que se contaba'. Y Feijóo, ya en Valencia, afirmó: 'Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe, y las informaciones que se
reciben son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central'. Pues bien, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología era rojo a las 7:36 de la mañana. Rojo significa, según recoge el Plan Meteoalerta,
riesgo extremo por fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional, con un nivel de riesgo alto para la población. Ester Muñoz, diputada del Grupo Popular, 20 de noviembre, sesión parlamentaria, le contestó a la entonces ministra
Teresa Ribera: '¡Cuánta soberbia, señora ministra! Usted ha dicho que el sistema no falló, cuando fue precisamente lo que falló. No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los
ayuntamientos. Cuando dejó de haber información, en esas dos horas en las que la confederación no avisaba, no se tomaron decisiones, señora ministra'. Pues ni una cosa es cierta ni la otra tampoco. El ayuntamiento de mi ciudad, la madrugada del
30 de octubre, publicó en redes sociales: El Ayuntamiento de Algemesí en ningún momento ha recibido información, actualización ni seguimiento del caudal del río Magro. Y, además, la jueza de Instrucción, en su auto, también le replica: Los
anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente: AEMET, a través de los oportunos avisos en los días previos y el mismo día 29; las llamadas del 112 hasta un total de 19 821; los
medios de comunicación, quienes fueron informando de manera clarísima sobre la evolución de la dana, y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAIH, así como a
través de los correos electrónicos. Y como colofón, las declaraciones del señor Tellado el pasado 27 de febrero: 'Si alguien está haciendo algo por las víctimas de la dana es la Generalitat y no el Gobierno'. ¿No les da ni un poquito de
vergüenza? También alimentaron dudas entre la ciudadanía con la posibilidad de que el Gobierno de España fuera tan responsable de la emergencia como el Gobierno de Mazón. La jueza les vuelve a poner frente al espejo, y leo textualmente de su auto:
El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias. Y han sido capaces también de manipular los audios del presidente de la Confederación Hidrográfica y de
una meteoróloga de AEMET, con los que intentaron alimentar el bulo de un supuesto apagón informativo que, obviamente, no se produjo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Todas estas declaraciones, toda esta hilera de bulos, todo este relato manufacturado en los despachos de Génova, en los que vilmente se utiliza a las víctimas de cualquier catástrofe, incluso del terrorismo, como escudo tras el que esconder
su miseria política (aplausos.-Rumores), todas estas barbaridades arrojan una verdad irrefutable: no es solo Mazón, es el PP entero. (Aplausos). El PP entero se ha volcado en un relato falso, manipulado e ignominioso con el único objetivo de
blindar sus aspiraciones electorales. (Rumores). No existe semántica suficiente para describir tanta aberración. Y por si no fuese suficiente con todo eso, para que no se sientan solos en su cruzada, siempre hay alguien que les echa un cable, eso
sí, en nombre de Dios. (Rumores). HazteOír, una asociación ultracatólica, extremista y de ultraderecha, que, sobre la base de su fe, debería estar del lado de las víctimas y de la verdad, se querelló casualmente contra la delegada del Gobierno
Pilar Bernabé (aplausos) y contra el presidente de la Confederación Miguel Polo, casualmente contra dos responsables que sí hicieron su trabajo y que sí estuvieron a la altura. ¡Así de difícil nos lo ponen, señorías!
Desgraciadamente, la ciudadanía valenciana ya ha pasado por esto anteriormente. El president Ximo Puig tuvo que levantar la hipoteca reputacional de la corrupción del PP (protestas) y Diana Morant levantará la hipoteca reputacional de El
Ventorro. Los valencianos y las valencianas, ante todo lo acontecido, no necesitamos más debates estériles en les Corts Valencianes. Lo que necesitamos es elegir quién queremos que lidere la reconstrucción. Por eso, queremos urnas y no relatos.
La justicia resolverá si hubo o no responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas, ante la ausencia de liderazgo en el PP de Feijóo y su complicidad mostrada con Mazón, deben dirimirse en las urnas. Muestren un poco de dignidad.
Convoquen elecciones. Dedíquense a reconstruir su partido y nosotros nos encargaremos de recuperar a la Comunidad Valenciana. (Rumores.-Aplausos). Es obvio que Mazón ha dado tantas versiones de dónde estuvo aquella tarde como veces le han
preguntado. Es obvio que el pueblo valenciano ya ha expresado su sentir en las calles. Ahora debe expresar su deseo con su voto. Pero me temo que Mazón aguantará para asegurarse dos años de sueldo, a razón de 75 000 euros anuales si llega hasta
julio, y quince años de sueldo en el caso de que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre: Carlos Mazón. (Aplausos.-Rumores).
Acabo con la mejor cita de todas -por favor, háganse cargo de la ironía-, una cita pronunciada por el propio Mazón, que resume con aguda precisión a lo que se han dedicado ustedes: 'Una mentira, por muy bien contada que esté, y yo sé de
eso, solo acaba siendo una mentira antes o después'. (Protestas.-Aplausos). ¡Qué traicionero es el subconsciente de los ineptos y qué atrevida la lengua de los charlatanes!
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialistas, puestos en pie.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Trenzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestro recuerdo a las víctimas y a sus familiares (aplausos.-El señor De Olano Vela: ¡Muy bien, muy bien!), a quienes perdieron su vida o resultaron heridos, y a
quienes han sufrido las dramáticas y dolorosas consecuencias de la tragedia del pasado 29 de octubre.
Señorías, bienvenidos al Estado de derecho, al respeto a la justicia. Hoy parece que no han insultado a una jueza llamándola facha con toga. Los que hablan de otros jueces llamándoles prevaricadores, diciendo que hacen investigaciones
prospectivas, que retuercen la ley o que hacen persecuciones crueles, milagrosamente han cambiado su guion. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Nosotros,
a diferencia de ustedes, siempre siempre respetamos las decisiones judiciales. Por cierto, señores de Compromís, de Podemos y socialistas, ustedes que acaban de decir una sarta de barbaridades y de falacias, les recuerdo que fueron quienes
aprobaron la Ley criminal de la Huerta, la que llenó de basura el barranco del Poyo (aplausos), ocasionó la riada y tantas pérdidas humanas.
Señorías, voy a retratar al sanchismo durante y después de la catástrofe. 'Este es nuestro momento', ministra de Igualdad. Mientras Marlaska retrasaba el envío de guardias civiles y policías, 'los diputados no estamos para achicar agua',
la entonces portavoz de SUMAR. Durante el Pleno del asalto a Radiotelevisión Española decía el diputado Sarrià: 'Debo lamentar que la derecha aproveche hasta la más mínima desgracia para desviar la cuestión' -claro, la cuestión era el asalto a
Radiotelevisión Española y, para eso, no quisieron suspender el Pleno (aplausos)-, aplaudido, en su momento, por la exalcaldesa de Quart de Poblet y la exalcaldesa de Algemesí, que acaba de intervenir, hoy diputadas, cuando sus vecinos ya habían
sido arrasados por el agua. (Rumores.-Aplausos). Y, mientras tanto, presumían haber votado el asalto a Radiotelevisión Española. (Aplausos.-El señor De Olano Vela: ¡Bien, bien!-Rumores). 'No podemos pretender que el Ejército lo haga todo';
ministra de Defensa. 'Si necesitan más recursos, que los pidan'; Pedro Sánchez. (Aplausos). 'Yo estoy bien'; Pedro Sánchez tras darse a la fuga, señorías. Son declaraciones de quienes tenían la obligación y el deber de poner toda la
Administración General del Estado al servicio de los valencianos. (Rumores).
Señorías, si quieren hablar sobre la gestión de la Generalitat, por supuesto que sí, pero deben hacerlo donde corresponde, en la comisión de investigación que ya está creada en las Cortes Valencianas. (Rumores.-Aplausos). En las Cortes
Generales procede controlar al Gobierno de España, y ya lo estamos haciendo en la comisión creada en el Senado. Ahí es donde podremos hablar de quién es el responsable de la limpieza de los barrancos, de los ríos, de las presas, del dominio público
hidráulico o del despliegue de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad o de las ayudas del Gobierno de Sánchez, que no han llegado todavía. Para eso se crea una comisión en las Cortes Generales, para investigar la gestión del Gobierno de España.
Se lo han advertido los letrados hasta en dos ocasiones, obligándolos a reformular su solicitud. Las comisiones de investigación en las Cortes Generales no pueden invadir el régimen de competencias que corresponde a las comunidades autónomas. Y
deberían recordarlo, porque en la legislatura pasada fueron precisamente ustedes quienes tumbaron comisiones sobre el abuso sexual a menores en la Comunidad Valenciana y en Baleares, siendo Armengol su presidenta. (Aplausos). ¿Y por qué? Porque,
según ustedes, no procedía. Un ejemplo más del doble rasero de la izquierda de este país. (Aplausos).
Después de escucharlos, queda acreditado que van a utilizar esta tragedia para sacar rédito político y que los firmantes de esta comisión están en tapar las responsabilidades de Sánchez en esta tragedia. ¡Qué vergüenza! Y todo a pesar de
que, primero, ha quedado probado que las obras del barranco del Poyo que su Gobierno no hizo hubieran salvado vidas; ha quedado probado que la ley criminal de la huerta del PSOE, Compromís y Podemos impidió obras que hubiesen salvado vidas, como,
textualmente, dijo -escuchen bien- el alcalde socialista de Aldaia: 'Priorizaron lechugas antes que personas'. (Aplausos). Ha quedado probado que no había un sistema de alerta temprana, como sí tiene el Ebro. Ha quedado probado que el Gobierno
no avisó a nadie de la evolución del barranco del Poyo durante las dos horas y media más críticas del 29 de octubre, como así ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la jueza. Ha quedado probado que la AEMET falló en su
previsión. En definitiva, señorías, ha quedado probado que el Gobierno de Sánchez no estuvo a la altura cuando más lo necesitaban los valencianos; porque en Valencia no falló el Estado, falló Sánchez. (Aplausos).
Y ya que les gusta tanto geolocalizar a los dirigentes, ¿dónde estaban los suyos? Se lo voy a explicar: Teresa Ribera, en París, haciendo pasillos para un puesto en la Comisión Europea; el presidente de la confederación hidrográfica, que
debía controlar e informar sobre el barranco del Poyo, esa misma tarde en un congreso en la Universidad Politécnica de Valencia, que se mantuvo abierta; el secretario de Estado, Hugo Morán, en Colombia; la directora general de Protección Civil se
fue a Brasil. Y ahora hablemos de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de Sánchez y codirectora del Cecopi; por cierto, recientemente ascendida por Sánchez en su ejecutiva, obviamente por los servicios prestados durante la tragedia -insisto,
codirectora del Cecopi-. A las nueve y media convocó una reunión de emergencia, sin invitar a la Generalitat Valenciana; eso sí, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la confederación, a AEMET, a todo el mundo, menos a la Generalitat
Valenciana. A media mañana dijo: La previsión de alerta roja es, en principio, hasta las seis de la tarde; no parece que vaya a llover como hasta ahora. A las 14:30 llamó a la tranquilidad a la ciudadanía, asegurando
que todos los efectivos estaban preparados, en alerta y trabajando de forma coordinada. Luego se conectó online, pero no se personó en el Cecopi hasta el día siguiente. (Aplausos). Pedro Sánchez, en la India, de cena con su mujer, la
imputada. Y ustedes, todos ustedes, ¿dónde? Aquí, aquí, perpetrando el asalto a Radiotelevisión Española. (Aplausos). Se opusieron a suspender el Pleno, como pedimos, mientras toda España estaba horrorizada y volcada en ayudar a los afectados
por la riada. Mientras, el Gobierno de Sánchez estaba calculando el rédito político que sacar de la tragedia, repartiéndose Radiotelevisión Española, procurándose puestos millonarios en Europa, comprando publicidad en redes sociales para atacar al
Partido Popular, aprovechando la ocasión para tapar la insoportable corrupción de Sánchez.
Nada nuevo, señorías, este es el patrón moral de la izquierda que, desgraciadamente, nos gobierna. Ya lo vimos en pandemia: se dedicaron a forrarse con la compra de mascarillas y a pactar fallidas mociones. (Aplausos.-Rumores). Y en
plena tragedia, las infames mociones de censura de Chiva y Requena. (Varias señoras y señores diputados: ¡Mazón, dimisión! ¡Mazón, dimisión!). Así se escribe la historia de la izquierda, sacando rédito de las desgracias y politizando el dolor.
Escuchen, sean demócratas. Prueba de ello es esta comisión, creada como regalo a Sánchez de sus socios para que pueda distraer la atención sobre la corrupción que azota a su Gobierno y a su familia. Ustedes no buscan la verdad, están en el rédito
político. Pero España es mucho más que ustedes y mucho más que Pedro Sánchez, y, tras esta etapa sanchista del poder al precio que sea, saldremos adelante y tengan por seguro que los españoles examinarán sus promesas incumplidas y su inmoralidad.
Pueden mentir, retorcer la verdad, pero la imagen de un presidente cobarde huyendo del pueblo, que lo ha perdido todo (aplausos.-Protestas), permanecerá siempre como el retrato de un Gobierno irresponsable.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.-Varias señoras y señores diputados golpean rítmicamente sobre sus escaños mientras dicen: ¡Mazón,
dimisión!).
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000031).
La señora PRESIDENTA: Ruego silencio, por favor.
Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la propuesta de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de la función pública de la Administración del Estado.
Esta propuesta, como saben, se somete a votación electrónica, junto con el resto de los asuntos, a continuación.
Votamos en un minuto. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE EL MARCO REGULATORIO CONTRA LA OPACIDAD ALGORÍTMICA Y EL ESTUDIO PARA LA POSIBLE CREACIÓN DE UNA RED SOCIAL DE INTERÉS Y DE INICIATIVA PÚBLICA DE ÁMBITO EUROPEO. (Número de expediente
162/000434).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos las votaciones con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social
de interés y de iniciativa pública de ámbito europeo.
Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Se inicia la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 342; a favor, 175; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EJERZA DE MANERA EFECTIVA Y UNIFORME SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN EN TODO EL ESTADO. (Número de expediente 162/000421).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado.
Votamos separadamente por puntos.
Empezamos con el punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 172; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 171; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 171; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA URTEAGA), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL PERMISO PARENTAL DE CUIDADOS DE 8 SEMANAS. (Número de expediente 173/000081).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la posición del Gobierno sobre la retribución del permiso parental de cuidados de ocho semanas.
Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 186; en contra, 153; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE ESPAÑA. (Número de expediente 173/000082).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 33; en contra, 313.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL INFIERNO FISCAL AL QUE ESTE GOBIERNO ESTÁ SOMETIENDO A LOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000083).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el infierno fiscal al que este Gobierno está sometiendo a los españoles.
Votamos separadamente por puntos.
Empezamos con el punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 170; en contra, 168; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 171; en contra, 167; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Votamos el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 175; en contra, 163; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Votamos el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 211; en contra, 121; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
Votamos el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 146; en contra, 151; abstenciones, 49.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado. (Rumores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY INTEGRAL DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. (Número de expediente 121/000036).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley integral de impulso de la economía social, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 33; en contra, 175; abstenciones, 137.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD. (Número de expediente 121/000040).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad,
presentadas por los Grupos Parlamentarios VOX y Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 170; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las dos enmiendas.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL, PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD. (Número de expediente 121/000041).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores,
complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad, presentadas por el Grupo Parlamentario VOX y Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a favor, 170; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las dos enmiendas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO INTERNACIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GAMBIA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO AD REFERENDUM EN BANJUL EL 28 DE AGOSTO DE 2024. (Número de expediente
110/000041).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el Acuerdo internacional entre el Reino de España y la República de Gambia en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, hecho ad referendum en Banjul el 28 de
agosto de 2024.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 299; abstenciones, 45.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS EFECTOS INTERNACIONALES DE LAS VENTAS JUDICIALES DE BUQUES, HECHA EN NUEVA YORK EL 7 DE DICIEMBRE DE 2022. (Número de expediente 110/000042).
- CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE ENMIENDA EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA RELATIVO AL PROGRAMA DE VACACIONES Y ACTIVIDADES LABORALES ESPORÁDICAS, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO Y 21 DE OCTUBRE DE 2024. (Número de
expediente 110/000043).
La señora PRESIDENTA: Votamos conjuntamente los dos siguientes asuntos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, hecha en Nueva York el 7 de diciembre de 2022, y el canje de
notas por el que se enmienda el Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Madrid el 25 de junio y 21 de octubre de 2024.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 292; abstenciones, 52.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PLURINACIONAL SUMAR, MIXTO, REPUBLICANO Y JUNTS PER CATALUNYA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS DERIVADA DE LA DANA QUE TUVO LUGAR EL 29 DE OCTUBRE DE 2024,
ASÍ COMO PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE MEJORA DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS DE ESTOS FENÓMENOS ADVERSOS EN EL FUTURO. (Número de expediente 156/000006).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la solicitud de los grupos parlamentarios Plurinacional SUMAR, Mixto, Republicano y Junts per Catalunya de creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana que
tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a favor, 176; en contra, 169; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.-Varios señores y señoras diputados: ¡Mazón, dimisión!-Rumores.-El señor De Olano Vela: ¡Presidenta, pida silencio!).
Silencio, por favor.
AVOCACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000031).
La señora PRESIDENTA: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del proyecto de ley de la Función pública de la Administración del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a favor, 326; en contra, 1; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda avocado a Pleno el proyecto de ley.
No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Era la una y veintitrés minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
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