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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 11/03/2025
cve: DSCD-15-PL-100
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 100
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª FRANCINA ARMENGOL SOCIAS
Sesión plenaria núm. 96
celebrada el martes,
11 de marzo de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página5)
Modificación del orden del día ... (Página5)
Inclusión en el orden del día:
- Avocación de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de la función pública de la Administración del Estado. (Número de expediente 121/000031) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, para garantizar el retorno social del rescate bancario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 94-1, de 5 de abril de 2024. (Número de expediente 125/000006) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas actividades estén encuadradas en los
sectores recogidos en la presente ley, con cuentas de cotización y trabajadores asignados a dichas empresas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 25 de octubre de 2024. (Número de expediente 122/000134) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito europeo. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 287, de 21 de febrero de 2025. (Número de expediente 162/000434) ... (Página36)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 282, de 14 de
febrero de 2025. (Número de expediente 162/000421) ... (Página45)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), relativa a la posición del Gobierno sobre la retribución del permiso parental de cuidados de 8 semanas. (Número de expediente 173/000081) ... (Página57)
- Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España. (Número de expediente 173/000082) ... (Página66)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página73)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página73)
SUMARIO
Minuto de silencio ... (Página5)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por los dos últimos casos de violencia machista y en recuerdo de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004.
Modificación del orden del día ... (Página5)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que la interpelación presentada
por el Grupo Parlamentario VOX sea debatidas después de la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rego Candamil), lo que se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
La Presidencia somete al Pleno de la Cámara incluir como nuevo punto de la sesión del jueves la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del Proyecto de ley de la función pública de la Administración del
Estado, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Cataluña, para garantizar el retorno social del rescate bancario. ... (Página5)
En turno a favor intervienen el señor Munell i Garcia, del Grupo Parlamentario de Junts; y las señoras Segovia Sánchez, del Grupo Parlamentario Comuns, y Besses Casanovas, del Grupo Parlamentario d'Esquerra Republicana de Catalunya,
representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Matute García de
Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Cruset Domènech, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; las señoras Estrems Fayos, del Grupo Parlamentario Republicano, y Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los
señores Sáez Alonso-Muñumer, del Grupo Parlamentario VOX; Redondo Cárdenas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Serra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas actividades estén encuadradas en los
sectores recogidos en la presente ley, con cuentas de cotización y trabajadores asignados a dichas empresas ... (Página28)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Granollers Cunillera, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Lago Peñas, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Mayoral de Lamo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página36)
Del Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito europeo ...
Defiende la proposición no de ley el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
En defensa de la enmienda presentada la señora Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rego Candamil y la señora Velarde Gómez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Andala Ubbi, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR; y los señores Mariscal Zabala, del Grupo Parlamentario VOX; Rodríguez Gómez de Celis, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cortés Carballo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado ... (Página45)
Defiende la proposición no de ley el señor Tellado Filgueira, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora De Meer Méndez, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Catalán Higueras, Rego Candamil y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cervera Pinart,
del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya; Salvador i
Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; Santiago Romero, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y Zaragoza Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página57)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Belarra Urteaga), relativa a la posición del Gobierno sobre la retribución del permiso parental de cuidados de 8 semanas ... (Página57)
Defiende la moción la señora Santana Perera, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fullaondo la Cruz, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario Republicano; y las señoras Boada Danés, del Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR; Romero Vilches, del Grupo Parlamentario VOX; Mellado Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Herranz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España ... (Página66)
Defiende la moción el señor Chamorro Delmo, del Grupo Parlamentario VOX.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano; y los señores Badia Casas, del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR; Senderos Oraá, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página73)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, para garantizar el retorno social del rescate bancario, se rechaza por 56 votos a favor, 282 en contra y 1 abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página73)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de las
ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas actividades estén encuadradas en los sectores recogidos en la presente ley, con cuentas de cotización y trabajadores asignados a dichas empresas, se aprueba por 169 votos a favor, 44 en contra y 131 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y veintiocho minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres y un minuto de la tarde.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Vamos a empezar el Pleno, pero me permitirán, tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces, que comencemos, desgraciadamente de nuevo, con un minuto de silencio. En este caso, en memoria de Doren, asesinada en Jaén el pasado 4 de
marzo, y de Eva, asesinada en Girona el día 6. Asimismo, como saben ustedes, hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y, en recuerdo de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004, hacemos extensivo este minuto de silencio para
todos ellos y todas ellas. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la siguiente modificación del orden del día: que la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX que figura en el orden del día como punto 28 sea debatida después del punto 26.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- PROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000031).
La señora PRESIDENTA: Por otra parte, se somete al Pleno de la Cámara incluir como nuevo punto de la sesión del jueves, tras el punto 38, la solicitud de avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de la
Función Pública de la Administración del Estado.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Entiendo que sí, por lo que se modifica el orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA GARANTIZAR EL RETORNO SOCIAL DEL RESCATE BANCARIO. (Número de expediente 125/000006).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña. Nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cataluña, a los que doy la bienvenida a esta Cámara
parlamentaria, y para presentar la iniciativa correspondiente dispondrán de quince minutos, que se dividirán entre los tres ponentes.
En primer lugar, empieza don Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Quan vulgui.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Munell i Garcia): Gràcies, presidenta.
Bona tarda. Buenas tardes.
Amb poc temps és la tercera proposició de llei que el Parlament de Catalunya eleva per la seva consideració en aquesta cambra, al Congrés dels Diputats de l'Estat. En aquest cas, és una proposta que neix el 2018 amb una moció al Parlament i
que segueix el 2021 amb una proposició de llei que es tramita en el Parlament de Catalunya i s'acaba aprovant el gener del 24. Un llarg recorregut, set anys. Però això vol dir que el 2018 l'habitatge, l'accés a l'habitatge, ja era un problema, no
només a Catalunya sinó al conjunt de l'Estat, i que al cap de set anys, al 2025, ho continua sent. Per això estem encara aquí amb aquest tema.
Com deia, han passat set anys i arribem amb aquesta proposta al Congrés per a la seva consideració. Pel mig hi ha hagut una llei de vivenda. L'any 2023 hi ha hagut una regulació dels preus dels lloguers, hi ha hagut la determinació de les
zones tensionades d'habitatge, hi ha hagut també la regulació de l'habitatge
turístic i de temporada i altres iniciatives, però no s'ha solventat. Avui dia, diaris d'arreu de l'Estat mostren com el preu del lloguer cada vegada va pujant fins i tot per sobre de la bombolla immobiliària dels anys 2011 i 2012. I
aquest problema no és un problema únic de Catalunya. Aquest és un problema que s'estén en el conjunt de l'Estat. I la Sareb, la societat creada amb els actius del que se'n deia del rescat bancari, al llarg d'aquests 12 anys, des del 2012, no ha
contribuït de forma eficient a mitigar aquesta situació. En aquests moments encara hi ha uns 29 000 milions que es consideren en actius a la Sareb que no estan encara en situació en el mercat. Per tant, han passat 12 anys. Té un termini anunciat
per al 2027 i encara, com deien, té més de la meitat dels actius en valor encara per col·locar.
Com dèiem, el problema no és només de Catalunya. Tot i que la iniciativa surti del Parlament de Catalunya, els convido a que investiguin a la Fundació FOESSA de Càritas comunitat per comunitat. Per exemple, Comunitat de Madrid, també, d'on
surten al voltant d'un milió i mig de persones en habitatges que tenen excessius, que tenen deficiències arquitectòniques, que no compleixen l'habitabilitat o que tenen zones d'insalubritat, o que estan pagant per sobre de la seva capacitat pels
ingressos. Per tant, és un problema estès en el conjunt de l'Estat. Per tant, avui portem aquesta proposta. Una proposta que afecta, com dèiem, a modificar la llei que regula la Sareb.
Però també som conscients que, com deia, en set anys que han passat han passat coses. A l'any 2022 ja es va aprovar una modificació dels estatuts de la Sareb que, de fet, la van convertir amb una participació majoritària de l'Estat en un
ens públic o un ens, per tant, de l'Estat. Però des del 2022 cap aquí, per molt que hagi fet molts convenis amb molts ajuntaments i amb algunes comunitats autònomes, el ritme és insuficient per al creixement que hi ha en moltes comunitats, en
moltes ciutats, amb un creixement vegetatiu, persones que s'emancipen o noves famílies i també el creixement per l'arribada de nova població. I aquest és un problema mentre tenim vivendes sense ocupar, tenim famílies i persones o bé, infra vivenda,
com podríem dir, o que estan demandant vivenda.
La nostra proposta de modificació d'alguns articles, com dèiem, que regula la Sareb amb el Decret 1559/2012, estableixen l'obligació a la Sareb de cedir a les administracions públiques competents en habitatge. Per tant, parlem
d'ajuntaments, parlem de consorcis públics, parlem de consells comarcals, parlem del govern autonòmic, cedir el 80 per cent dels actius que no han col·locat. Com dèiem, han passat dotze anys. La Sareb encara té més de 29 000 milions d'actius que
no s'han col·locat. Segurament són els actius més difícils de vendre perquè necessiten inversió per poder-los fer habitables. Però el que demanem, per tant, és que siguin cedits. En primera instància, ha de resoldre els problemes de la
ciutadania, que són les administracions locals i, en última instància, també els governs autonòmics. Per tant, demanem aquest canvi de la normativa de la Sareb, però també flexibilitzar les regles de la despesa perquè els ajuntaments o els
consorcis públics en els quals hi ha ajuntaments puguin flexibilitzar la regla de despesa i, per tant, amb els romanents fer inversió per posar al dia tot aquest conjunt d'actius.
Com dèiem, és un problema recurrent. No només afecta només a Catalunya, i si mirem l'hemeroteca, des del 2021 fins, pràcticament, aquest mes de febrer s'han succeït les iniciatives demanant això des del Bloc Nacionalista Gallec, des del
Govern d'Aragó, ciutats d'arreu d'Espanya, Sòria, València, Palma fins a, com dèiem, al Senat, el mes de novembre passat o justament aquest mes de febrer passat, també a la Comissió de Vivenda. Per tant, per tot això, els demanem, senyores i
senyors, que donin suport a tramitar aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies.
Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
En poco tiempo es la tercera proposición de ley que el Parlamento de Cataluña eleva a su consideración a esta Cámara, el Congreso de los Diputados. En este caso, la propuesta nace en 2018 con una moción en el Parlament y sigue en 2021 con
una proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Cataluña y se termina aprobando en enero de 2024, un largo recorrido de siete años que significa que en 2018 la vivienda y el acceso a esta ya eran un problema no solo en Cataluña, sino en el
conjunto del Estado y que siete años después, en 2025, sigue siéndolo. Por eso aquí estamos, tratando este tema de nuevo.
Como decía, han pasado siete años y llegamos con esta proposición al Congreso para que la considere. Entre medias, ha habido una ley de vivienda en el año 2023, una regulación de los precios del alquiler, la determinación de las zonas
tensionadas de vivienda y también la regulación de la vivienda turística y de temporada y otras iniciativas, pero no se ha resuelto el problema. Hoy, periódicos de todo el Estado muestran que el precio del alquiler va subiendo, incluso por encima
de los precios de la burbuja inmobiliaria
de los años 2011 y 2012, y este no es un problema único de Cataluña, sino que se hace extensivo al conjunto del Estado. Y la Sareb, la sociedad creada con los activos de lo que se llamó el rescate bancario, a lo largo de los últimos doce
años, desde 2012, no ha contribuido de forma eficiente a la mitigación de esta situación. Ahora mismo sigue habiendo 29 000 millones en activos que están en la Sareb y que no se han puesto en el mercado. Han pasado doce años -había un plazo que se
anunció para 2027- y más de la mitad de sus activos en valor todavía están por colocar.
Como decíamos, el problema no es exclusivo de Cataluña, aunque esta iniciativa emane del Parlamento de Cataluña. Les invito a investigar en la Fundación FOESSA, de Cáritas, comunidad por comunidad. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid
hay más o menos un millón y medio de personas que viven en viviendas con deficiencias arquitectónicas, que no cumplen con criterios de habitabilidad, que tienen zonas de insalubridad o que están pagando por encima de su capacidad teniendo en cuenta
su renta. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que se hace extensivo a todo el Estado. Por eso hoy presentamos esta propuesta, con el objetivo de modificar la ley que regula la Sareb.
Somos conscientes de que han transcurrido siete años y de que han ocurrido cosas. En el año 2022 ya se aprobó una modificación de los estatutos de la Sareb. De hecho, la convirtieron, con una participación mayoritaria del Estado, en un
ente público y, por lo tanto, en un ente del Estado. Pero desde 2022 hasta hoy, por mucho que se hayan firmado convenios con muchos ayuntamientos y comunidades autónomas, el ritmo sigue siendo insuficiente dado el crecimiento en muchas comunidades
y ciudades. Es un crecimiento vegetativo: personas que se emancipan, nuevas familias y la llegada de más población. Y es que mientras tenemos viviendas sin ocupar -ahí está el problema-, tenemos a familias o personas que viven en infraviviendas o
que demandan vivienda.
Nuestra propuesta de modificación de una serie de artículos que regulan la Sareb, Real Decreto 1559/2012, establece la obligación de la Sareb de ceder a las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda -es decir,
ayuntamientos, consorcios públicos, consejos comarcales y el propio Gobierno autonómico- el 80 % de los activos no colocados. Es decir, han transcurrido doce años, la Sareb tiene todavía más de 29 000 millones de activos que no se han colocado y
seguramente son los activos más difíciles de vender, ya que hace falta una cierta inversión para que sean habitables. Así que les pediríamos que se cedan, en primera instancia, a quienes tienen que resolver los problemas de la ciudadanía, que son
las Administraciones locales; y, en última instancia, también a los Gobiernos autonómicos. Pedimos, pues, este cambio de la normativa de la Sareb y también pedimos que se flexibilicen las normas en materia de gasto, porque los ayuntamientos y los
consorcios públicos, de los que forman parte también, deben poder flexibilizar la norma de gasto y con los remanentes poder invertir para poner al día todo este conjunto de activos.
Como decíamos, es un problema recurrente que no afecta únicamente a Cataluña. Si echamos un vistazo a la hemeroteca, desde 2021 hasta prácticamente este mes de febrero se han sucedido las iniciativas en las que se pedía este cambio. Desde
el Bloque Nacionalista Galego, desde el Gobierno de Aragón, desde ciudades de toda España -Soria, Palencia, Palma- y hasta desde el Senado el mes de noviembre pasado o este mes de febrero pasado en la Comisión de Vivienda se ha venido pidiendo este
cambio. Así que, señoras y señores, les pedimos que den apoyo a la tramitación de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor Munell.
Té ara la paraula Susanna Segovia Sánchez del Grup Parlamentari Comuns. Quan vulgui.
Muchas gracias, señor Munell.
Tiene la palabra doña Susana Segovia Sánchez, del Grupo Parlamentario Comuns. Cuando lo desee.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Segovia Sánchez): Bona tarda.
Volia donar-lis les gràcies també per permetre que el Parlament de Catalunya porti avui aquí aquesta iniciativa. No fa gaires mesos que els vam poder portar també la llei per a la imprescriptibilitat dels delictes més greus de pederàstia.
I igual que aquella vegada, els demanem que totes les forces que estiguin a favor pel dret a l'habitatge i el combat contra l'especulació donin suport també a l'admissió a tràmit d'aquesta iniciativa.
Una iniciativa que, com ja s'ha comentat, va tenir un procés llarg al Parlament de Catalunya on ja vam poder escoltar molts compareixents, persones expertes en el dret a l'habitatge Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la
Hipoteca, però també molts representants del món local, regidors i regidores,
alcaldes i alcaldesses que ens explicaven les dificultats enormes que tenien per poder parlar i negociar amb la Sareb per aconseguir la cessió d'habitatges que estaven abandonats, que estaven buits i que estaven en molt mal estat. Unes
dificultats que sobta més sabent que, com saben també vostès, la Sareb és el banc dolent. El banc que és el resultat també del rescat bancari que l'estafa que va començar al 2008, l'estafa de la bombolla immobiliària, va suposar que es destinessin
64 000 milions d'euros al rescat dels bancs. No els rescats a la ciutadania, no: els rescats dels bancs. I això va repercutir en que la Sareb va continuar comprant, especulant i adquirint habitatges amb recursos públics que després no s'han posat
a disposició de la ciutadania. No hi ha hagut aquest retorn social del rescat bancari, i això és el que avui els hi venim a demanar, que prenguin en consideració.
És cert, i diran si shan pogut llegir el text, que hi ha hagut coses que han anat canviant des que es va aprovar aquesta iniciativa legislativa, però aquí el que els demanem és que la prenguin en consideració i que puguin fer també el debat
i la reflexió i, per això, els demanem valentia per votar a favor d'aquesta presa en consideració. El que aquesta llei planteja és una oportunitat petita de rescatar parcialment, de compensar parcialment, aquell rescat bancari i recuperar el parc
públic de l'habitatge de tot l'Estat espanyol, insistim, de tot l'Estat espanyol, bona part dels habitatges i dels solars que encara estan en mans de la Sareb. Amb una cessió, amb un traspàs, no amb compra ni amb negociacions que acaben posant els
recursos públics una altra vegada més als interessos de la Sareb. Una oportunitat per compensar just ara, quan estem en una nova bombolla immobiliària, en una nova gran crisi de l'habitatge, si és que alguna vegada hem deixat d'estar. Tornem a
veure preus de compravenda que tornen a estar als mateixos nivells del 2008. Lloguers que s'han multiplicat per dos, per tres i per quatre quan els salaris no ho feien. Famílies que, segons el mateix Banc Central d'Espanya, destinen 3 de cada 10
famílies destinen més del 40 % dels seus ingressos a l'habitatge i això la situa en una situació de risc de pobresa.
El que els venim a demanar és que posin els interessos d'aquestes famílies per davant i que fem que tots els actius de la Sareb passin a disposició de la ciutadania, passin a formar part de les mesures urgents per fer front a aquesta
emergència habitacional. Hi ha algunes propostes que ha fet el president Sánchez de crear ara una empresa pública. És una proposta que pot ser benvinguda, però que creiem que ha arribat tard i que és insuficient i que, en tot cas, cal fermesa
perquè efectivament, tots els solars i tots els béns que tingui encara la Sareb passin a aquesta empresa pública, i cal que la Sareb formi part d'aquesta voluntat d'ampliar el parc públic i el parc d'habitatge social a l'Estat espanyol, que està
molt i molt lluny de la mitjana europea, tant a Catalunya com a totes les comunitats autònomes. D'això se'n podrà beneficiar tothom.
Però també volem des d'aquí demanar valentia als partits del govern de coalició. Evidentment, els partits de la majoria d'investidura, però especialment al Partit Socialista, perquè siguin valents i donin pas també a les lleis que busquen
posar fi a l'especulació amb el mercat de lloguer. A les seves taules, hi ha una iniciativa per incloure la regulació dels lloguers de temporada i la regulació dels lloguers d'habitacions dintre de la regulació de preus de la Llei pel dret a
l'habitatge. Com saben, Catalunya ha estat pionera aplicant aquest control de preus: ja s'està notant resultats. No fa gaire es va aprovar un règim sancionador que sanciona a qui incompleix la llei, perquè complir la llei no té càstig, però
incomplir-la quan estem parlant del dret a l'habitatge sí que l'ha de tenir, però necessitem que es tanqui ja el forat del frau de llei, que són els lloguers d'habitacions i els lloguers de temporada, amb una iniciativa que ha estat impulsada pel
Sindicat de Llogateres. El 5 d'abril hi ha una gran mobilització convocada a tot l'Estat espanyol per parlar, justament, d'intervenir en el mercat de l'habitatge i posar fre a l'especulació i fer front a l'emergència que viuen milers de famílies.
Senyors i senyores diputats, abans del 5 d'abril, aquesta gent necessita una resposta ferma de que el Congrés està de part seva i està de part de la majoria i no a favor dels pocs que especulen.
Gràcies.
Buenas tardes.
Quería darles las gracias también por permitir que el Parlamento de Cataluña traiga hoy aquí esta iniciativa. No hace muchos meses les pudimos traer también la ley para la imprescriptibilidad de los delitos más graves de pederastia e igual
que esa vez les pedimos que todas las fuerzas que estén a favor del derecho a la vivienda y del combate contra la especulación den apoyo a la admisión a trámite de esta iniciativa.
Es una iniciativa esta que, como ya se ha comentado, viene de un proceso largo en el Parlamento de Cataluña. Allí se pudieron escuchar a muchos comparecientes, personas expertas en materia de vivienda, sindicatos del mundo del alquiler y
muchos representantes del mundo local -concejales, alcaldes,
alcaldesas- que nos contaron las enormes dificultades que tenían para poder hablar y negociar con la Sareb para conseguir la cesión de viviendas que estaban abandonadas, vacías y en muy mal estado. Estas dificultades todavía chocan más
sabiendo, como saben también ustedes, señorías, que la Sareb es el banco malo. Es un banco que es el resultado del rescate bancario, la estafa que tuvo su inicio en 2008, la estafa de la burbuja inmobiliaria, que supuso que se destinaran 64 000
millones de euros al rescate de los bancos -no al rescate de la ciudadanía, sino al rescate de los bancos- y todo ello para que la Sareb siguiera comprando, especulando y adquiriendo vivienda con recursos públicos que luego no se han puesto a
disposición de la ciudadanía. No ha habido el retorno social del rescate bancario -no se ha dado- y eso es lo que les venimos a pedir hoy. Les venimos a pedir que tomen en consideración esta cuestión. Es cierto -si se han leído el texto, me lo
dirán ustedes- que ha habido cosas que han ido cambiando desde la aprobación de esta iniciativa legislativa, pero lo que les pedimos hoy es que la tomen en consideración y que puedan realizar un debate y una reflexión, y para ello les pedimos
valentía para votar a favor de esta toma en consideración. (Aplausos).
Esta ley lo que plantea es una oportunidad pequeña -cierto- de rescatar parcialmente, compensar parcialmente el rescate bancario y recuperar para el parque público de vivienda de todo el Estado español -insistimos, de todo el Estado español-
una buena parte de las viviendas y los solares que siguen en manos de la Sareb a través de una cesión, con un traspaso, no a través de compra ni de negociaciones que terminan poniendo de nuevo los recursos públicos al interés de la Sareb. Es una
oportunidad para compensar, justo ahora que estamos en una nueva gran crisis de la vivienda, una nueva burbuja inmobiliaria, si es que alguna vez se ha dejado atrás este tema. Volvemos a ver precios de compraventa que vuelven a estar a los niveles
de 2008, alquileres que se han multiplicado por dos, por tres y por cuatro cuando los salarios no lo hacían y familias que, según el propio Banco Central de España -tres de cada diez familias-, destinan más del 40 % de sus ingresos a la vivienda, lo
cual las coloca en una situación de riesgo de pobreza.
Pues bien, ante todo esto, les venimos a pedir que pongan por delante los intereses de todas estas familias y que todos los activos de la Sareb pasen a disposición de la ciudadanía (aplausos), que pasen a formar parte de las medidas urgentes
para afrontar esta emergencia en materia de vivienda. Hay propuestas que ha realizado el señor Sánchez, el presidente, como crear ahora una empresa pública. Puede ser una propuesta bienvenida, pero creemos que llega tarde y es insuficiente. En
cualquier caso, hace falta firmeza para que, en efecto, todos los solares y los bienes que estén en manos de la Sareb pasen a esta empresa pública. Además, hace falta que la Sareb forme parte de esta voluntad de ampliar el parque público y social
de vivienda en el Estado español, que está muy lejos de la media europea, tanto en Cataluña como en todas las comunidades autónomas. Esto es algo de lo que todo el mundo podrá beneficiarse.
Pero desde aquí también queremos pedir valentía a los partidos del Gobierno de coalición, evidentemente, a los partidos de la mayoría de la investidura y particularmente al Partido Socialista. Sean valientes y abran también paso a las leyes
que buscan poner fin a la especulación en el mercado del alquiler. Sobre la mesa tienen una iniciativa para incluir la regulación de los alquileres de temporada y la regulación de los alquileres de habitaciones dentro de la regulación de precios de
la Ley por el Derecho a la Vivienda. Como saben, Cataluña ha sido pionera en la aplicación de este control de precios y ya está dando resultados. No hace mucho se aprobó un régimen sancionador que sanciona a quienes incumplan la ley, porque
cumplir la ley no tiene castigo, pero incumplirla en materia de vivienda ha de tener castigo. Hay que cerrar este hueco de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitaciones; es una iniciativa que ha impulsado el sindicato de
inquilinos. El 5 de abril hay una gran movilización, convocada en todo el Estado español, para hablar de la posible intervención en el mercado de la vivienda, poner freno a la especulación y afrontar la situación de emergencia que viven miles de
familias. (Aplausos). Señoras y señores, antes de ese día esta ciudadanía necesita una respuesta clara de que el Congreso está de su parte, de parte de la mayoría, y no de parte de los pocos que especulan.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Segovia. Té ara la paraula la senyora Mar Besses Casanovas, del Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya, quan vulgui.
Muchas gracias, señora Segovia.
Ahora tiene la palabra la señora Mar Besses Casanova, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya.
Tiene la palabra cuando tenga a bien la señoría.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Besses Casanova): Bé, gràcies presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui, com dèiem, som aquí en representació del Parlament de Catalunya, per recordar-los i per a exigir-los el pagament del deute que tenen amb la ciutadania: el retorn social dels centenars d'immobles en mans de la Sareb que va adquirir amb
el rescat bancari.
Diputades i diputats, crec que la situació és prou fàcil d'entendre. Per una banda, la gent necessita un sostre on viure i, per altra banda, l'Estat espanyol, a través de la Sareb, té pisos buits, tancats i que cauen a trossos. El que avui
venim a demanar aquí, no només com els hi deia, és molt fàcil d'entendre, sinó que també és de justícia. Venim a demanar que aquesta anomalia, que aquest despropòsit, que aquesta vergonya que ens hauria de fer, es comenci a revertir. Venim a
demanar, per tant, que es posi una mica de sentit comú i que aquells pisos buits que són propietat de la Sareb, és a dir, de l'Estat espanyol, es transfereixin a les administracions amb competències en matèria d'habitatge com els ajuntaments i la
Generalitat de Catalunya, perquè puguin fer-los servir per garantir el dret a l'habitatge de la ciutadania, que és a qui ens devem com a representants públics. Perquè mentre els ajuntaments catalans i la Generalitat de Catalunya fan mans i mànigues
per poder habilitar habitatge públic, l'Estat espanyol, a través de la Sareb, manté milers d'immobles i centenars de terrenys buits i abandonats als nostres municipis. I no s'entén. No s'entén que davant d'això, l'Estat no actuï per revertir
aquest greuge. Catalunya és el territori de l'Estat on més vivendes té la Sareb en propietat, segons dades de la pròpia Sareb. Estem parlant d'uns 13 000 habitatges, però la realitat és que la gestió és totalment opaca i, per tant, no sabem
exactament què és el que té, a on ho té i en quines condicions.
I, per tant, la realitat d'aquells ajuntaments, molts d'ells ajuntaments petits, que han volgut destinar aquests immobles al parc d'habitatge públic, han hagut de fer front a un veritable periple amb la gestió de la Sareb i, per tant, la
realitat amb la que es troben és amb cessions d'ús per temps limitat i havent d'assumir els costos per rehabilitar i adequar aquests habitatges abandonats. I perquè un cop finalitzi aquesta cessió temporal, aquestes vivendes tornin a la Sareb,
revaloritzat gràcies a les obres assumides pels propis ajuntaments i, per tant, que la Sareb torni a fer negoci amb aquests pisos. Per tant, per revertir aquesta situació de difícil comprensió tant pels ajuntaments com per la pròpia ciutadania que
els té en els seus municipis, al 2021 des d'Esquerra Republicana vam impulsar aquesta proposició de llei, una llei que és necessària, que és pionera i amb un consens molt ampli del Parlament de Catalunya per tal de capgirar els fonaments de la
Sareb. Per tant, el que els hi reclamem amb aquesta proposició de llei és revertir aquest greuge i aquesta perversió del sistema, augmentant fins al 80 % dels immobles que s'han de destinar al parc públic d'habitatge, cedint-los al 100 % la
propietat als ajuntaments, a les administracions públiques de la Generalitat de Catalunya, així com un 50 % del sòl.
Perquè costa d'entendre que l'Estat actués amb tanta diligència i amb tanta rapidesa per rescatar la banca i que, per contra, actuï tard, lent i malament quan es tracta de rescatar a la ciutadania, que és qui va patir les conseqüències de
les decisions preses pels responsables d'aquestes entitats bancàries que ara acumulen beneficis milionaris sense haver assumit cap responsabilitat. És a dir, que amb els nostres diners es van pagar les males decisions que van prendre aquests
responsables, és a dir, aquesta minoria de sempre i, per contra, no s'ha fet res per reparar les conseqüències i els costos que això va tenir per a la ciutadania, és a dir, la gran majoria de la gent.
Aquest és el pas que fem avui. Si obté el suport necessari, és un pas important, però insuficient, perquè no només amb aquesta mesura acabarem amb la crisi de l'habitatge que pateix Catalunya, perquè aquesta és una llei ambiciosa, pionera i
que ens ha de permetre posar més recursos i més drets per fer efectiu el dret d'accés a l'habitatge de la ciutadania al nostre país. Un pas que, juntament amb altres mesures que hem reivindicat des d'Esquerra Republicana com la regulació dels preus
dels lloguers, la regulació dels habitatges turístics i del lloguer de temporada han de contribuir. Ens han de permetre assegurar que emancipar-se a Catalunya no sigui un privilegi en mans d'uns pocs, sinó que sigui un dret per a la majoria.
Perquè per a nosaltres l'habitatge és això, un dret i no un bé de mercat. Un dret que és la garantia, que és la porta d'entrada de molts altres drets. Perquè difícilment, sense que tinguem un sostre, podrem parlar del dret a l'educació, del dret a
la salut o del dret al lleure. I creguin-me que des d'Esquerra Republicana preferiríem no haver de ser aquí i menys per demanar-los una cosa que considerem que és tan bàsica i tan fonamental. Però nosaltres serem arreu, serem on calgui per
defensar
els interessos de Catalunya, per defensar els drets de la seva gent amb la màxima ambició nacional. I avui el que els hi demanem és que estiguin a l'alçada.
I, per tant, en definitiva, com els hi deia un cop més, Catalunya lidera, Catalunya marca el ritme i fixa els passos a seguir en matèria d'habitatge. I ara els toca a vostès moure fitxa per corregir aquesta deficiència i aquesta anomalia.
Si van rescatar la banca, han de ser capaços de rescatar els centenars de famílies i joves del nostre país que no poden emancipar-se o no poden accedir a un habitatge en condicions.
I, per tant, acabo presidenta, com els hi deia, avui vostès tenen l'oportunitat de fer efectiu una mica més el dret d'accés a l'habitatge i els hi toca triar. O pisos buits, tancats i que cauen a trossos en mans de la Sareb, o sostres,
drets i dignitats per la gent. Nosaltres ho tenim clar i ara els toca a vostès.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy, como decíamos, estamos aquí en representación del Parlamento de Cataluña para recordarles y exigirles el pago de la deuda que tienen con la ciudadanía, el retorno social de los centenares de inmuebles que
están en manos de la Sareb y que los adquirió con el rescate bancario.
Diputadas y diputados, me parece que la situación es fácil de entender. Por un lado, la gente necesita un techo donde vivir y, por otro lado, el Estado español, a través de la Sareb, tiene pisos vacíos, cerrados y que se están cayendo a
pedazos. Lo que hoy venimos a pedir aquí no solo es fácil de entender, como les decía, sino que además es de justicia. Venimos a pedir que esta anomalía, este despropósito, esta vergüenza que tendríamos que sentir se empiece a revertir. Así,
venimos a pedir que se ponga sentido común y que los pisos vacíos propiedad de la Sareb, es decir, propiedad del Estado español, se transfieran a las Administraciones con competencias en materia de vivienda, como, por ejemplo, los ayuntamientos y la
Generalidad de Cataluña, para que estos puedan utilizarlos para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía, que es a quienes nos debemos como representantes públicos, porque mientras los ayuntamientos catalanes y la Generalitat de
Catalunya hacen todo lo que está en sus manos para poder habilitar vivienda pública, el Estado español, a través de la Sareb, mantiene miles de inmuebles y centenares de terrenos vacíos y abandonados en nuestros municipios. Y no se entiende, no se
entiende que ante ello el Estado no actúe para revertir este agravio. Cataluña es el Estado donde más viviendas tiene la Sareb en propiedad, según fuentes de la propia Sareb. Estamos hablando de unos 13 000 inmuebles, pero en realidad la gestión
es totalmente opaca y no sabemos exactamente qué tiene, dónde lo tiene y en qué condiciones.
Por lo tanto, la realidad de muchos ayuntamientos pequeños que han querido destinar esos inmuebles al parque de vivienda pública es que han tenido que hacer frente a un auténtico periplo con la gestión de la Sareb. En realidad, se
encuentran con cesiones de uso para un tiempo limitado, teniendo que asumir, por lo tanto, los costes para rehabilitar y adecuar esas viviendas abandonadas y, una vez termine esa cesión temporal, esas viviendas van a volver a la Sareb revalorizadas
gracias a las obras que han asumido los propios ayuntamientos y, por lo tanto, la Sareb volverá a hacer negocio con esos pisos. Así que, para revertir esta situación de difícil comprensión tanto para los ayuntamientos como para la propia
ciudadanía, en 2021 Esquerra Republicana impulsamos esta proposición de ley, una ley necesaria, pionera, y se hizo con un consenso muy amplio del Parlamento de Cataluña para dar la vuelta a estos fundamentos de la Sareb. Lo que reclamamos con esta
proposición de ley es revertir este agravio y esta perversión del sistema, aumentando hasta un 80 % los inmuebles que tienen que destinarse al parque público de vivienda, cediendo la propiedad al cien por cien a los ayuntamientos y las
Administraciones públicas de la Generalitat de Catalunya, así como un 50 % del suelo.
Cuesta entender que el Estado actuara con tanta diligencia y con tanta rapidez para rescatar a la banca y, por el contrario, actúe tarde, despacio y mal cuando se trata de rescatar a la ciudadanía, que es quien sufrió las consecuencias de
las decisiones tomadas por los responsables de dichas entidades bancarias, que ahora amasan beneficios millonarios sin haber asumido responsabilidad alguna. Así que con nuestro dinero se pagaron las malas decisiones que tomaron estos responsables,
es decir, esta minoría de siempre; y, por el contrario, no se ha hecho nada para reparar las consecuencias y los costes que de ello se dedujeron para la ciudadanía, es decir, la gran mayoría de la gente.
Hoy, si esta iniciativa tiene el apoyo necesario, daremos un paso importante, pero insuficiente, porque con esta medida no terminaremos con la crisis de la vivienda que sufre Cataluña. Esta es una ley ambiciosa y pionera, que nos tiene que
permitir poner más recursos para hacer efectivo el derecho al acceso a la vivienda de la ciudadanía en nuestro país. Este paso, junto con otras medidas que hemos reivindicado
desde Esquerra Republicana, como la regulación del precio del alquiler y la regulación de los alquileres de temporada y de la vivienda turística, tiene que permitirnos asegurarnos de que emanciparse en Cataluña no sea un privilegio en manos
de unos pocos, sino que sea un derecho para la mayoría. Para nosotros la vivienda es esto, un derecho y no un bien de mercado; un derecho, que es la garantía y la puerta de entrada a muchos otros derechos, porque difícilmente sin un techo se puede
hablar de derecho a la educación, de derecho a la salud o de derecho al ocio. Créanme, en Esquerra Republicana preferiríamos no tener que estar aquí, y menos para pedirles algo que nos parece tan fundamental y tan básico, pero nosotros estaremos
ahí donde haga falta para defender los intereses de Cataluña y para defender los derechos de su gente con la máxima ambición nacional. Y hoy lo que les pedimos es que estén ustedes a la altura.
En definitiva, como les decía, de nuevo Cataluña lidera; Cataluña marca el ritmo y fija los pasos a seguir en materia de vivienda. Y ahora les toca a ustedes mover ficha para corregir esta deficiencia y esta anomalía. Si rescataron a la
banca, tienen que ser capaces de rescatar a los centenares de familias y jóvenes de nuestro país que no se pueden emancipar o no pueden acceder a una vivienda en condiciones.
Voy terminando, presidenta. Como les decía, ustedes tienen hoy la oportunidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda. Tienen que elegir: o pisos vacíos, cerrados y que se caen a trozos en manos de la Sareb o techos, derechos
y dignidad para la gente. Nosotros lo tenemos claro. Ahora les toca a ustedes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Besses.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil por un tiempo de tres minutos y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado señora presidenta, un saúdo á representación do Parlamento de Cataluña.
É evidente que a lóxica do capitalismo é peculiar. É o mercado, amigos, excepto claro cando hai dificultades porque entón recórrese ao Estado para que asegure o negocio. E faino si, mais faino con diñeiro de todos e de todas. Esa lóxica
peculiar e perversa de que quen menos ten, os traballadores e traballadoras, teñan que regalar diñeiro aos banqueiros, privatizar os lucros máis socializar as perdas. Fíxoo, evidentemente o goberno do Partido Popular de que o delincuente autor da
frase facía parte. Delincuente, si, porque sexa dito de paso, este señor acabou no cárcere., porque cando o mercado que se realizaba mesmo coa axuda do Estado non chegou para satisfacer a súa voracidade e aspiracións persoais pasou directamente á
rapina e ao saqueo. Fálase de 65 000 millóns de euros. A verdade, iso foi só en capitalización bancaria, o conxunto do chamado rescate bancario foi ben maior e o mesmo Estado que acudiu veloz a axudar aos banqueiros non fixo ningún esforzo, nin co
Partido Popular nin co Partido Socialista para recuperar o diñeiro teoricamente emprestado, realmente agasallado, porque de facto só foi devolta unha ínfima parte. Esta é, por tanto, a crónica dun roubo descarado ás clases populares, xa sen
disimulo nin a aparencia de legalidade con que no capitalismo se procede a desposuír a clase traballadora, chámese plusvalía ou fiscalidade inxusta. Por iso, calquera iniciativa que poña en evidencia esta inxustiza, estableza mecanismos para no
mínimo paliala, impulsando o retorno social do rescate bancario, nos vai parecer ben, con independencia de que entendamos que hai cuestións que poden ser modificadas e melloradas e, sobre todo, de que continuemos a defender que debe ser devolto até
o último céntimo do diñeiro entregado no seu día á banca.
O BNG leva anos reclamando a cesión dos activos da Sareb para o desenvolvemento de políticas públicas de vivenda e de vivenda pública. Hoxe a Sareb é unha sociedade controlada pola administración estatal. Carece pois de sentido que, a
pesar de todos os anuncios propagandísticos realizados polo presidente do Goberno en materia de vivenda, a Sareb continúe retendo inmobles e tentando facer negocio con eles en vez de contribuír para resolver un problema social hoxe de grande
magnitude. No caso da Galiza, a Sareb posúe por volta de 3000 inmobles dos que, segundo os seus propios datos, arredor de 1200 se acharían en condicións de seren habitado de forma inmediata. A que espera, pois para colocar eses inmobles ao dispor
da administración competente das persoas necesitadas de vivenda? É absolutamente inxustificábel que o propio goberno fale tanto de vivenda e continúe bloqueando unha medida que, por pequena que sexa, pode dar solución habitacional a moitas familias
que están a reclamar e a necesitar unha vivenda digna. E a que espera tamén un Partido Popular que no Goberno da Galiza ten un balance de vivenda pública que tende a cero para reclamar no mínimo esa cesión e para activar
políticas propias que acheguen solución á demanda e a insoportábel carestía da vivenda no noso país? Imaxino que como o seu ex ministro, o señor Rato seguirán instalados na máxima: é o mercado amigo! e a lóxica, ou mellor dito, o lóxico,
tendo en conta que defenden a quen defenden e non precisamente ás clases populares, votaremos a favor da toma en consideración da iniciativa.
Moito obrigado.
Gracias, presidenta.
Un saludo a la representación de Cataluña.
Es evidente que la lógica del capitalismo es peculiar. Es el mercado, amigo, excepto, claro, cuando hay dificultades, porque entonces se recurre al Estado para que asegure el negocio. Y lo hace, sí, pero lo hace con dinero de todos y de
todas, con esa lógica peculiar y perversa de que quienes menos tienen, los trabajadores y trabajadoras, tengan que regalar dinero a los banqueros, privatizar los lucros, pero socializar las pérdidas. Lo hizo, evidentemente, el Gobierno del Partido
Popular, que participaba con el delincuente autor de la frase. Delincuente, sí, porque, sea dicho de paso, este señor acabó en la cárcel, porque cuando el mercado que sacralizaba, incluso con la ayuda del Gobierno, no alcanzaba para satisfacer su
voracidad y aspiraciones personales, pasó directamente a la rapiña y al saqueo. Se habla de 65 000 millones de euros. Lo cierto es que eso solo fue la capitalización bancaria. El conjunto del rescate bancario fue mucho mayor. Y el mismo Estado
que acudió veloz a ayudar a los banqueros no hizo ningún esfuerzo, ni con el PP ni con el PSOE, para recuperar el dinero teóricamente prestado, pero realmente regalado. De hecho, solo se devolvió una pequeña parte. Esta es, por tanto, la crónica
de un robo descarado a las clases populares, ya sin disimulo de la apariencia de legalidad con que en el capitalismo se puede desposeer a la clase trabajadora, se llame plusvalía o fiscalidad injusta. Por eso cualquier iniciativa que ponga en
evidencia esta injusticia y establezca un mecanismo para por lo menos paliarla, impulsando el retorno social del rescate bancario, nos va a parecer bien, independientemente de que entendemos que hay cuestiones que se pueden modificar y mejorar. Y,
sobre todo, tenemos que seguir defendiendo que debe devolverse hasta el último céntimo del dinero entregado en su día a la banca.
El BNG lleva años reclamando la cesión de los activos de la Sareb para el desarrollo de políticas públicas de vivienda y más vivienda pública. Hoy, la Sareb es una sociedad controlada por la Administración pública estatal. Carece, pues, de
sentido que, a pesar de todos los anuncios propagandísticos realizados por el presidente del Gobierno en materia de vivienda, la Sareb siga reteniendo inmuebles e intentando hacer negocio con ellos en vez de contribuir a resolver un problema social
que hoy es de gran magnitud. En el caso de Galicia, la Sareb tiene tres mil inmuebles, de los que, según sus propios datos, alrededor de 1200 están en condiciones de ser habitados de forma inmediata. ¿A qué estamos esperando entonces para ponerlos
a disposición de la Administración competente y de las personas que necesitan viviendas? Es injustificable que el propio Gobierno hable tanto de vivienda y continúe bloqueando una medida que, por pequeña que sea, puede dar solución habitacional a
muchas familias que la están reclamando y necesitan una vivienda digna. ¿Y a qué espera también un Partido Popular, que en el Gobierno de Galicia tiene un balance de vivienda pública que llega a cero, a la hora de reclamar por lo menos esta cesión
y activar políticas propias que acerquen la solución y que den una respuesta a esta carestía de la vivienda en nuestro país? Imagino que, como su exministro Rato, seguirán instalados en la máxima 'es el mercado, amigo'. ¡Qué vergüenza! Votaremos a
favor de la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez, también por un tiempo de tres minutos y medio.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Bienvenidos y bienvenidas, señores representantes del Parlament catalán.
Señorías, lo primero que quiero hacer es recordar a las víctimas del atentado del 11 de marzo y enviarles todo mi cariño y solidaridad a las familias. Recordemos que la guerra que provocan los poderosos, que provocan los señores de la
guerra y sus mentiras la sufren siempre los pueblos.
Esta ley que llega del Parlament de Catalunya pone de relieve que aún sigue vigente el inmenso daño de la crisis financiera que empezó en 2008 y que se agudizó en 2012, y que golpeó, por supuesto, de forma asimétrica a nuestra sociedad, pues
es un hecho que se eximió a los responsables de la crisis y se condenó al pueblo a pagarla. Los responsables fueron los de arriba, y quiénes pagamos los platos rotos fuimos los de abajo, atravesando una crisis sin precedentes que tuvo un impacto
social devastador, con
un millón de desahucios, con familias arruinadas, sin casa, sin trabajo y con unas políticas salvajes del Partido Popular -también de CiU en su momento- y de Junts per Catalunya, con su propuesta de agilizar los desahucios de ahora. Estos
recortes hicieron perder a todo el país más de una década en igualdad y en justicia social. Sin embargo, ha quedado demostrado que hay otra forma de afrontar y gestionar las crisis: no con las recetas de austeridad del Partido Popular, sino como
se gestionó, por ejemplo, la pandemia y la pospandemia cuando estaba Podemos en el Gobierno y trabajamos para rescatar a la mayoría social y a las clases populares y no a los bancos, como hizo el partidismo junto con la derecha independentista.
El rescate bancario fue el rescate de los ricos mediante una transferencia desde la clase trabajadora. Fue una estafa y una ocasión perdida de poner en marcha políticas públicas de vivienda en consonancia con los países de nuestro entorno.
Pero es que no aprendemos; ahora mismo en Sevilla se ha sacado una convocatoria para 92 viviendas de protección oficial con precios de hasta 350 000 euros, que además se podrán vender en el mercado libre en siete años. ¿En qué país vivimos si en
Andalucía una vivienda de protección oficial -a la que se supone que tiene que acceder la gente con menos recursos o jóvenes- está a 350 000 euros? Esas siguen siendo las políticas de los dirigentes del Partido Popular, que siguen haciendo vivienda
pública para ricos y con la que se pueda especular en pocos años.
Vamos a apoyar la tramitación de esta iniciativa legislativa, que se aprobó ya en la Cámara autonómica, pero queremos decir que la situación actual del parque de viviendas de la Sareb no es la de hace diez años ni tampoco, como han dicho los
representantes del Parlament, la de cuando se empezó a tramitar esta ley. En aquel momento es verdad que pudo ser un instrumento esencial para solucionar un problema enorme de acceso a la vivienda, pero es evidente que hoy es bastante más limitado,
como también las medidas que aparecen sobre la gestión financiera de los ayuntamientos y de las entidades locales, que son medidas útiles pero lamentablemente poco determinantes sin un apoyo económico.
Y termino. En diez años la situación se ha agravado mucho y no basta lo ordinario, necesitamos políticas extraordinarias. Por eso, necesitamos medidas aprobadas desde aquí, desde el Congreso, como la bajada por ley de los precios de
alquiler, la prohibición de la venta de vivienda para fines especulativos, la creación de un parque de vivienda en alquiler a través de la intervención del mercado y limitar los precios del alquiler turístico, el temporal y ver el parque de
viviendas vacías. Todo eso necesitamos, que además son medidas que cuentan con un apoyo social enorme. Desde Podemos vamos a defender en esta Cámara esas medidas, medidas que están bloqueadas y son hostigadas por la gran coalición rentista. Vamos
a facilitar medidas como estas, las familias están muy hartas de medidas cosméticas que se quedan cortas, la frustración que generan estas medidas insuficientes serán el abono -lo hemos dicho muchas veces- y la alfombra roja para la ultraderecha en
Europa, en España y también en Cataluña. La gente necesita más políticas públicas y menos publicidad. Cumplan la ley, garanticen en Cataluña y en el resto del Estado el derecho a una vivienda digna.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea por un tiempo de siete minutos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Esta es una proposición de ley que pretende garantizar el retorno social para la ciudadanía del rescate bancario que el Estado hizo en 2012 y para ello pone a disposición de la Administración un porcentaje de los activos de la Sareb y
flexibiliza la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para facilitar a las Administraciones con competencias en materia de vivienda que ejerzan los derechos de tanteo y retracto sobre viviendas provenientes de
procesos de ejecución hipotecaria también. En definitiva, es una proposición de ley para intentar dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda que tiene la ciudadanía.
No hay fórmulas mágicas para resolver el problema de la vivienda, pero nos parece positivo poner a disposición de las autoridades competentes y de aquellas que así lo estimen los suelos, los solares o las viviendas de la Sareb o de cualquier
otra, como lo hacía aquel decreto ómnibus que decayó con respecto a inmuebles de otras entidades, aunque también hemos de reconocer que la cartera de viviendas y suelos residenciales de la Sareb son muchos menos de los que se creen y en muchos casos
están en lugares donde la gente no quiere ir a vivir. Además, el momento crítico que la problemática de la vivienda está viviendo en nuestra sociedad hace muy difícil que alguien se pueda oponer a esta iniciativa, más aún
teniendo en cuenta que nos encontramos ante una admisión a trámite y, por tanto, ante un texto susceptible de ser modificado y mejorado en su tramitación.
Dicho esto, tengo que decir que es una proposición de ley sobre la que también nos surgen algunas dudas. El propósito es claro pero también nos sorprende un poco porque entendemos que lo que solicita choca frontalmente con la política
pública de vivienda que quiere llevar el Gobierno o el Ministerio de Vivienda, que pretende que las viviendas y los suelos de la Sareb se transfieran al Sepes como empresa pública de gestión de la vivienda. Si esto es así, no sé qué recorrido puede
tener esta iniciativa.
Pretenden que se cedan de forma gratuita y obligatoria las viviendas, suelos urbanizados y suelos aptos para urbanizar residenciales a las Administraciones competentes en vivienda -las comunidades autónomas-, algo que hasta ahora también se
puede hacer previo convenio y pago a la Sareb. Si ahora lo que se pretende es que sea de forma gratuita, nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa entonces con las comunidades autónomas que han adquirido inmuebles o suelos a la Sareb a cambio de un
precio? Euskadi lo ha hecho y entiendo que también otras comunidades autónomas, por lo que habrá unas comunidades autónomas más beneficiadas que otras y, por otro lado, no se aborda la parte de deuda que corresponde a estos inmuebles. Por lo
tanto, ¿pagamos la deuda del rescate a escote pero unos se llevan los inmuebles residenciales gratis mientras que otros han pagado estos inmuebles? Creo que esto habría que abordarlo también.
Por último, pretenden modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto. Mi grupo siempre ha defendido que los ajustes fiscales debían ser flexibles atendiendo a la situación de partida de cada
Administración. En este sentido, compartimos que se amplíe el catálogo de las inversiones financieramente sostenibles para incluir la vivienda y que además se amplíe la relación de grupos de programas de inversiones sostenibles sin necesidad de
autorización. De todas formas, hay que advertir que esta aplicación de las inversiones hoy está suspendida y, por lo tanto, habría que prorrogarlas porque de lo contrario esta modificación de poco vale. Compartimos también la no aplicación de la
regla de gasto si se dan determinados requisitos, pues esta regla -como hemos visto- ha hecho que muchos ayuntamientos se encuentren con importantes superávits que no podían gastar y eso desde luego no tiene ningún sentido para una Administración
como son las entidades locales, las más cercanas a la ciudadanía y que necesitan disponer de sus fondos precisamente para atender competencias propias. Por tanto, se amplía el margen de actuación de las corporaciones locales desde la
flexibilización del corsé determinado por la regla de gasto y las medidas correctoras en lo que implica una cierta recuperación de la autonomía local tan erosionada por las reglas fiscales.
Ez dugu lege proposamen honen aurka egingo. Bere helburua herritarren etxebizitza premia larriari entzutea delako, Sareb enpresak dituen etxebizitzak autonomia erkidegoei eta udalei lagatzea ahalbidetzen duelako eta helburu hauek lortzeko
aurrekontu egonkortasunaren legea eta gastu araua malgutzen dituelako.
Eskerrik asko.
No vamos a votar en contra de esta proposición de ley porque se trata de dar una respuesta a la necesidad residencial, además permite hacer uso de esas viviendas a las competencias y a las instituciones locales y también flexibiliza la regla
de gasto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Presidente andrea, diputatuok, arratsalde on.
Bona tarda, benvinguts.
En primer lugar, quiero señalar que nuestro grupo, Euskal Herria Bildu, va a apoyar la iniciativa que hoy se plantea porque más allá de los contenidos concretos, con los que estamos de acuerdo pero que incluso creemos que se puede ir mucho
más allá, lo que para nosotros tiene especial importancia y relevancia es que volvamos aquí a poner encima de la mesa de debate la necesaria garantía de retorno social del rescate bancario, de eso que se ha llamado por parte de los proponentes
estafa -y que compartimos- y que en todo caso tiene que ver con algo que pasó en este país o en este Estado y con lo que parece que a veces hay quien quiere que se corra un tupido velo para que se olvide o, por lo menos, no se recuerde en su
dramatismo y en su intensidad, la de las decenas de miles de desahucios y la de las decenas de miles de millones de euros que tuvo que poner la ciudadanía para rescatar a un sector bancario que en muchos casos
-probablemente no en todos, pero sí en muchos casos- fue a la quiebra por su avaricia y por su voluntad de seguir amasando dinero a costa de la dignidad en las vidas de las personas.
Como decía, vamos a apoyar esta iniciativa y creemos que es importante hacer memoria también en este punto. Probablemente ya todo el mundo sepa que la Sareb se creó en 2012, que la creó el entonces ministro Luis de Guindos para absorber los
activos llamados entonces tóxicos que tenían todas esas entidades bancarias, en su mayoría cajas de ahorros pero también algún banco. Por eso, se le llamó banco malo. También es cierto que en 2022 se dio un nuevo paso y se decidió que esta
realidad, la Sareb, fuera absorbida por el Estado asumiendo el Estado la deuda. Y el Estado se hizo con el 50,14 % de esa entidad, lo que hizo que pasara a ser pública. Pues si estamos hablando de una entidad pública, la Sareb, lo razonable es que
esta se pliegue a lo que dice el artículo 47 de la Constitución Española: que hay que garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Si es una empresa pública, si estamos en
emergencia habitacional en el tema de la vivienda, si hay activos que, ahora sí, dependen del poder público lo que no se puede hacer es volver a alimentar la burbuja inmobiliaria y la especulación de unos pocos. Quizás así empiece a retornar todo
el dinero que costó ese rescate bancario, quizás esos 64 000 millones de euros que se citaban en la proposición de ley o incluso cifras más elevadas que se han señalado pueden empezar a retornar, porque ya le gustaría a cualquier ciudadano o
ciudadana contraer un préstamo hipotecario con unas condiciones tan ventajosas para él frente a la banca. Teniendo en cuenta que el impuesto a la banca recauda, el año que más, el año 2024, 1500 millones de euros, fíjense si hacen falta años -se
cuentan por décadas- para que la banca pague todo lo que los ciudadanos y ciudadanas pusieron de su bolsillo para salvar el modelo y el sector bancario.
En cualquier caso, creemos también que es importante que exista transparencia y que se ponga fin a las puertas giratorias. Decimos que es importante que exista transparencia porque hay entidades sin ánimo de lucro, como por ejemplo Civio,
que lo que vienen reclamando es información y lo que vienen encontrando son dificultades por parte de Sareb -y ahora sí hablo de la actual Sareb- para dar sus cuentas. Pese a todo, alguna han conseguido y creo que es bueno que la pongamos aquí y la
socialicemos o compartamos. A la Sareb, desde su fundación en 2012 hasta el año 2022, que es donde la Sareb le pone el límite a Civio a la hora de aportarle los datos, se han realizado 107 079 compras; es decir, se han realizado 107 079 compras
hacia la Sareb por parte de compradores privados. De ellas, 44 000 fueron viviendas libres y 12 349 viviendas protegidas. Esas 107 079 compras se han realizado por en torno a 5600 empresas. Esto parecería que es una realidad muy participada, muy
distribuida de la compra, pero si analizamos cuáles son las filiales y subfiliales nos encontramos con que son 41 megatenedores los que se han hecho con gran parte de los activos que entonces tenía la Sareb. Entre esos megatenedores nos encontramos
a Blackstone o a CaixaBank. Creo que es necesario que aquí se señale. Por eso creemos que hace falta más transparencia, para saber todo lo que se ha hecho mal en la Sareb desde 2012 y todo lo que no hay que hacer o no hay que seguir permitiendo
que se haga ahora que, ya sí, hay una determinación para que exista una empresa pública de vivienda, ahora que, ya sí, sabemos que la Sareb es una empresa pública y, por tanto, tiene que obedecer al sentido de las Administraciones públicas.
Hablaba antes de las puertas giratorias, y quiero volver a hacer memoria. No les voy a hacer perder mucho tiempo ni lo voy a derrochar yo citando a todas las personas con responsabilidades en la Sareb que han pasado luego a empresas del
sector inmobiliario, fundamentalmente fondos de inversión o, si me lo permiten, fondos buitre, como Blackstone u otros. Solo voy a dar dos nombres a modo de ejemplo. Uno se llama Álvaro Areal, que fue durante nueve años el director adjunto de la
Sareb. Él fue uno de los principales muñidores o responsables de la operación SMO -simplificación del modelo operativo- o Esparta II. Eso fue la detracción de viviendas para dárselas a un fondo buitre, concretamente a Blackstone. Pues esta
persona que de 2012 a 2021 fue director adjunto de la Sareb pasó de manera directa -y eso es una puerta giratoria- a ser directivo de Aliseda, que es una filial de Blackstone. Eso es lo que no se puede permitir. Y ahora les voy a dar el último
ejemplo, ya que he dicho que no perdería mucho tiempo. Este es probable que no tenga que presentarlo tanto, porque seguramente su nombre y sus apellidos nos van a sonar a todos. Esta es la persona que al cargo de un fondo buitre también, Cerberus,
se hizo cargo de todo el patrimonio inmobiliario de Bankia en 2022 y se hizo cargo en 2023 del 40 % del patrimonio inmobiliario de la Sareb. Esa persona que estaba al frente de Cerberus -o uno de los responsables- se llamaba, y se llama, supongo,
José María Aznar Botella.
Pero ya que aterrizamos en lo local, quiero volver a referir dos realidades que tienen mucho que ver con lo que esta proposición de ley plantea, y es que los poderes locales puedan hacer más y se les deje
hacer más. Quiero volver a poner encima de la mesa la realidad de Lekunberri, un pueblo de Navarra que desde 2014 viene peleando para que 36 viviendas de la Sareb pasen a disposición del Ayuntamiento para que este pueda dotarlas de un rango
de protección que permita que sean viviendas de protección social. No encuentran más que trabas. Pese a todo, el Ayuntamiento de Lekunberri ha dado el permiso para que se hagan las reformas que había que hacer para ponerlas, digamos, operativas al
cien por cien. Se están haciendo las reformas y hay inmobiliarias que están interesadas en hacerse con ellas para hacer negocio, y el Ayuntamiento vuelve a tender la mano al Gobierno para que firmen el convenio que haga que esas viviendas sean de
protección social. Lo mismo podría decirse de Gasteiz, que tiene 63 pisos tutelados en Arcaute que siguen esperando que puedan ser transferidos, pisos que según un informe del Gobierno vasco están bien en general y son comprables. Por tanto, son
una posibilidad habitacional digna.
Termino con una cuestión. Es verdad que tenemos que buscar una fórmula de equilibrio, y es verdad que hay comunidades, como la Comunidad Autónoma vasca, que ha comprado a la Sareb pisos y le está pagando una cantidad de dinero, mensual en
este caso. Pero yo creo que para que todo el mundo entienda las dimensiones y la magnitud de todo, sin quitar razón a aquello que dice que hay que buscar el equilibrio, digamos que son 9 viviendas -porque es verdad que el peso de la Sareb en
Euskadi era muy pequeño- en Barakaldo, en Donostia y en algunas otras localidades y que se están pagando 150 euros al mes por cada vivienda. Esa es la cuestión. Pero termino, como digo, con una realidad. Se trata de aumentar el poder de actuación
pública, la capacidad pública. Es verdad -y lo vuelvo a decir- que la Comunidad Autónoma vasca probablemente lleve cuerpos de ventaja en lo que tiene que ver con políticas públicas, pero aun con todo, para ser justo y para no desviarse lo más
mínimo de la realidad, hay que decir que la media de la Unión Europea -no la más alta, sino la media la Unión Europea- establece que el poder público oferte 4 de 100 cien viviendas en alquiler, y la Comunidad Autónoma vasca -que es, como digo, punta
de lanza- oferta 0,5 viviendas por cada 100. Luego, nos queda muchísimo trabajo por hacer a todos; a quien menos hace, mucho más. En cualquier caso, ya es tiempo de que seamos capaces de ir haciendo bastante más.
Eskerrik anitz. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruset Domènech, per un temps de set minuts.
El señor CRUSET DOMÈNECH: Bé, moltes gràcies presidenta.
Moltes gràcies diputats del Parlament per ser avui aquí portant la veu del nostre país i en aquest cas fent-ho a través del seu parlament.
Aquesta no és una Proposició de llei més i prou. No ho és. Aquesta proposició, malgrat arrancar en base al rescat bancari, es fonamenta en la situació extrema en què es troba l'habitatge i el fet que aquesta és una de les grans
preocupacions dels nostres ciutadans. Una situació extrema que ho és, no pas perquè ho pensem uns quants i prou, sinó que ho és perquè ho pensen la gran majoria dels ciutadans. Fa 10 anys, només un 5,2 % dels ciutadans consideraven l'habitatge com
el seu principal problema. Actualment, aquesta xifra s'ha multiplicat per set i ha pujat en el darrer barem fins el 34,1 %. Però a més a més, un anàlisi acurat de la situació actual de l'habitatge acredita que estem davant d'un problema de
dimensions enormes, fruit de la desídia i l'abandonament durant dècades dels diferents governs de l'Estat.
Mirem dades. Els governs de l'Estat no han invertit prou en habitatge públic. En 10 anys, Alemanya ha invertit 204 euros per habitant; Irlanda, 249 euros; Països Baixos, 155 euros; Anglaterra, 439 euros; Espanya, 35 euros per habitant.
En conseqüència, després d'anys de polítiques errònies i governs de tots els colors, Espanya té un percentatge ridícul d'habitatge públic. La mitjana de la Unió Europea, un 8 %; Països Baixos, 29 %; Dinamarca 20 %; França, 17 %. Espanya, 3,3 %.
A més a més, aquest problema s'ha agreujat en els darrers anys, ja que creix molt més ràpidament el nombre d'habitatges que es necessiten per incorporació de noves famílies, que no pas el nombre d'habitatges que es construeixen. Fins ara, cada any
s'han necessitat 272 000 nous habitatges. Segons el Banc d'Espanya, l'any vinent en faran falta al voltant de 600 000. Només se'n construeixen una sisena part: 90 000 a l'any.
Per altra banda, la sobreregulació del mercat de lloguer i la manca de garanties per als propietaris per poder cobrar en cas d'impagaments, ha fet també disminuir el nombre de contractes de lloguer. Per tant, per la suma de tot plegat,
existeix un problema gravíssim d'oferta davant la demanda actual d'habitatge. Un problema de conseqüències dramàtiques perquè, com en tot problema d'oferta i demanda, quan la demanda és molt més gran que l'oferta, això implica un augment important
de preus i una major dificultat
d'accés al producte. Per exemple, el preu de venda d'habitatges creix constantment: el març del 2017, 1515 euros per metre quadrat era el que es pagava de mitja a Espanya per l'adquisició d'un nou habitatge; el desembre del 2024 pel
mateix concepte, 2271 euros per metre quadrat, un increment del 50 % només en vuit anys; un 12,3 % més en el darrer. Als anys 80, per adquirir un habitatge, s'hi havia de dedicar l'equivalent a tres anys de sou. Actualment necessites el sou brut
de vuit anys. Per tant, tot això també afecta la qualitat de l'habitatge. Els municipis de determinades províncies, com ara Barcelona, Madrid, Balears, Màlaga o Las Palmas, tot i dedicar-hi un 40 % del sou. Amb aquests diners, una família només
pot trobar habitatges d'entre 30 i 50 metres quadrats. I tot això, evidentment, també impacta directament en els joves. Fa quinze anys la taxa d'emancipació juvenil a Espanya era del 26 %. Avui són menys del 15 %. Els joves menors de 34 anys que
viuen fora de la seva llar familiar, la pitjor dada de tota la sèrie històrica des de que es pren nota d'aquest registre. Algú podria dir que això deu passar en tots els països. Doncs mirem-ho. A quina edat deixen els joves el domicili familiar
d'altres països? Doncs a Finlàndia amb 21 anys; a Dinamarca amb 22; a França amb 24; a Alemanya amb 24; a Espanya amb 30 anys.
En alguns casos, una dècada després d'alguns dels països de la Unió Europea. I en tot aquest context, què ha fet la Sareb com a instrument de l'Estat que té sòl i habitatge en propietat? Doncs ha fracassat estrepitosament per construir els
Habitatges de Protecció Oficial en el sòl de la seva propietat. I per a mostra un botó. Agafem el recent projecte Viena, que havia de construir 3770 habitatges de lloguer. Resultat d'aquest projecte: ningú es va presentar a la licitació. Ningú.
Cap oferta i, en conseqüència, zero habitatges. Per tant, és evident que la Sareb ha estat un instrument incapaç de mobilitzar els seus actius finançats amb recursos públics per transformar-los en Habitatges de Protecció Oficial i, per tant,
d'alleugerir la pressió existent en el sector. Per això també us he de dir que no ens sorprèn gens ni mica. La Sareb és un instrument fet a imatge i semblança del govern de l'Estat i, per tant, un instrument lent, farragós administrativament i
sovint opac en les seves decisions i amb el que és molt difícil posar-s'hi en contacte per part d'altres administracions. Per tot això, la importància d'aquesta Proposició de llei. Per això cal treure de les mans de la Sareb els actius que es
puguin transformar en habitatge públic i per això cal que la Sareb retorni als ciutadans l'esforç que aquests van fer, destinant més de 64 000 milions d'euros de diners públics al rescat del sistema bancari. I per això ara, quan els bancs declaren
quantitats enormes de beneficis, és el moment perquè la Sareb posi els seus immobles i solars a disposició de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments per tal que aquests puguin fer habitatge assequible. L'Estat espanyol ha estat incapaç fins
ara de resoldre el problema d'habitatge. Deixem, doncs, que puguin actuar les administracions més properes als ciutadans. De fet, no serà gaire difícil que ho facin millor del que ha fet l'Estat.
Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, diputados del Parlamento de Cataluña, por estar hoy aquí trayendo la voz de nuestro país, en este caso a través de su Parlamento.
Esta no es una proposición de ley más, cualquiera. No, esta proposición se refiere o se fundamenta en la situación límite en que se encuentra la vivienda. Es decir, esta es una de las grandes preocupaciones de nuestros ciudadanos. Una
situación límite no lo es solo porque unos cuantos lo pensemos sin más, sino que lo es porque lo piensa la gran mayoría de los ciudadanos. Hace diez años, solo un 5,2 % de los ciudadanos consideraban la vivienda como uno de sus principales
problemas, actualmente esta cifra se ha multiplicado por siete y ha subido en el último baremo hasta alcanzar el 34,1 %. Pero, además, un análisis detallado de la situación actual de la vivienda acredita que estamos ante un problema de dimensiones
ingentes, fruto de la desidia y del abandono durante décadas de los diferentes Gobiernos del Estado.
Miremos datos. Los Gobiernos del Estado no han invertido suficientemente en vivienda pública. En diez años, Alemania ha invertido 204 euros por habitante; Irlanda, 249; Países Bajos, 155; Inglaterra, 439, España, 35 euros por habitante.
En consecuencia, después de años de políticas equivocadas de vivienda y Gobiernos de todos los colores, España tiene un porcentaje ridículo de vivienda pública. La media de la Unión Europea es un 8 %; Países Bajos, 29 %; Dinamarca, 20 %;
Francia, 17 %, y España, 3,3 %. Además, este problema se ha agravado en los últimos años ya que crece mucho más rápidamente el número de viviendas que se necesitan por incorporación de nuevas familias que el número de viviendas que se construyen.
Cada año se necesitan 232 000 nuevas viviendas; según el Banco de España, el año que viene se necesitarán cerca de 600 000 y solo se construye una tercera parte de ellas, 90 000 al año.
Por otro lado, la excesiva reglamentación del mercado de alquiler y la falta de garantías para los propietarios por cobrar en caso de impago ha hecho disminuir el número de contratos de alquiler. Por
consiguiente, por la suma de todo lo expuesto existe un problema gravísimo de oferta ante la demanda actual de vivienda. Un problema de consecuencias dramáticas porque, como en todo problema de oferta y demanda, cuando la demanda es mucho
mayor que la oferta esto conlleva un aumento importante de precios y una mayor dificultad de acceso al producto. Por ejemplo, el precio de venta de viviendas crece constantemente. En marzo de 2017, hacen falta 1515 euros por metro cuadrado de
media en España para adquirir una nueva vivienda. En diciembre de 2024, para lo mismo, 2871 euros por metro cuadrado, un incremento del 50 % solo en ocho años, un 12,3 % en el último año. En los años ochenta, para comprar una vivienda, uno tenía
que dedicar el equivalente a tres años de su sueldo; actualmente se necesita el sueldo bruto de hasta ocho años. Y esto también afecta a la calidad de la vivienda. En algunos municipios de provincias como Barcelona, Madrid, Baleares, Málaga o Las
Palmas, a pesar de que se dedica un 40 % del sueldo, con este dinero una familia solo puede encontrar una vivienda de entre 30 y 50 metros cuadrados. Esto tiene un impacto directo sobre los jóvenes; hace quince años, la tasa de emancipación
juvenil en España era del 26 %, hoy son menos del 15 % los jóvenes menores de 34 años que viven fuera de su hogar familiar, el peor dato de toda la serie histórica desde que se documenta este registro. Alguien podría decir que esto pasa en todos
los países. Veámoslo. ¿A qué edad dejan los jóvenes su domicilio familiar en otros países? Finlandia, 21 años; Dinamarca, 22; Francia, 24; Alemania, 24; España, 30 años; en algunos casos, una década después que en algunos de los países de la
Unión Europea.
Y en todo este contexto, ¿qué ha hecho la Sareb como instrumento del Estado que tiene suelo y viviendas en propiedad? Ha fracasado estrepitosamente a la hora de construir las viviendas de protección oficial en el suelo de su propiedad, y
para muestra un botón: veamos el subproyecto Viena, que tenía que construir 3770 viviendas de alquiler. Resultado de este proyecto: nadie se presentó a esta licitación, nadie, ninguna oferta, cero. Por tanto, es verdad que la Sareb ha sido un
instrumento incapaz de movilizar sus activos, financiados con recursos públicos, para transformarlos en viviendas y aligerar la presión existente en el sector. Pero eso no nos sorprende nada, la Sareb es un instrumento que está hecho a imagen y
semejanza del Gobierno del Estado: un instrumento lento, farragoso administrativamente, a menudo muy opaco en sus decisiones y con el cual resulta muy difícil ponerse en contacto por parte de otras Administraciones. De ahí viene la importancia de
esta propuesta de ley: hay que quitar de las manos de la Sareb aquellos activos que se puedan transformar en vivienda pública; es necesario que la Sareb devuelva a los ciudadanos el esfuerzo que estos hacen destinando más de 64 000 millones de
euros de dinero público al rescate del sistema bancario; por eso ahora, cuando los bancos declaran enormes beneficios, ha llegado el momento de que la Sareb ponga sus inmuebles y solares a disposición de la Generalitat de Catalunya y de los
ayuntamientos, para que estos puedan construir o tener viviendas asequibles. El Estado español ha sido incapaz hasta ahora de resolver el problema de la vivienda, dejemos, pues, que actúen las Administraciones más cercanas a los ciudadanos, no será
muy difícil que lo hagan mejor que lo ha hecho el Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Cruset.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Strems Fayos per un temps de set minuts.
La señora ESTREMS FAYOS: Gràcies, presidenta.
La proposició de llei que ens porten avui des del Parlament de Catalunya no és una iniciativa legislativa més. És una esmena a la totalitat al model econòmic que ha prioritzat el rescat dels bancs per sobre del benestar de la gent. La
proposta s'articula en dos grans blocs: la capacitat fiscal dels ajuntaments i la posada a disposició de la ciutadania d'un patrimoni immobiliari que ja han pagat amb més de 70 000 milions d'euros dels seus impostos. Pisos, cases i solars que
l'Estat reté.
En primer lloc, aquesta llei respon a una de les demandes històriques d'Esquerra Republicana: dotar els ajuntaments de les eines necessàries per fer inversions imprescindibles, necessàries en habitatge, sí, però també en altres àmbits
fonamentals per al benestar de la ciutadania. Ara mateix, el Govern centrifuga la seva responsabilitat fiscal cap a les comunitats autònomes i els ajuntaments, aplicant una disciplina fiscal mal entesa que els impedeix utilitzar els romanents de
tresoreria per fer inversions urgents. Aquesta proposta modifica dues lleis clau a les hisendes locals per canviar això i permetre que aquests diners es destinin a l'habitatge. Aquest és un canvi de mínims, sí, però és un canvi molt necessari i
esperem que tots els grups que han defensat més inversió en habitatge públic hi donin suport. En especial el Partit Socialista. Si de veritat volen fer política útil, aquest és el moment de demostrar-ho i de deixar de posar-se de perfil.
Catalunya
ha estat pionera en la lluita pel dret a l'habitatge. Hem impulsat lleis valentes per a evitar desnonaments, limitar l'especulació i regular els preus dels lloguers. Però ens trobem amb un problema estructural. Hi ha manca d'habitatge
d'un parc públic que asseguri una oferta suficient i assequible per a tothom. Per això, la proposta també fa una clara aposta perquè tots els pisos i immobles que estan en mans de la Sareb retornin als seus legítims propietaris, la ciutadania, que
els ha pagat amb escreix. I és ben fàcil: han d'aturar la venda especulativa dels habitatges de la Sareb, posar-los a disposició de la ciutadania i deixar que siguin gestionats per les administracions autonòmiques i locals. Han de traspassar
aquest parc amb el seu finançament corresponent, i ho han de fer ja perquè és una qüestió de justícia social. Amb aquesta llei, el Partit Socialista té l'oportunitat de demostrar que la seva política d'habitatge va més enllà dels discursos buits i
els titulars de premsa, i que vol fer front de veritat a l'emergència social, que és probablement la més important dels nostres temps, com és l'habitatge. Siguin valents i valentes i passin a l'acció. El president Sánchez ha promès diverses
vegades més habitatge, més inversions, pluja de pisos. Comencem pel principi, doncs, i posin a disposició el patrimoni de la Sareb, a disposició de la gent.
Fins avui, sempre que hem parlat d'això, vostès han fet la política del 'sí, sí, ho farem', però després no, no, no ho fan. Avui tenen l'oportunitat de demostrar que estan disposats a actuar i un cop fet això, encara ens quedarà molt camí.
És cert, i se'ns acudeixen diverses coses que podrien fer: restringir la compra d'habitatges per part de no residents, tant extracomunitaris com comunitaris, per evitar que llocs com Barcelona, Mallorca o les zones turístiques es converteixin en
parcs temàtics d'inversors estrangers que expulsen els veïns i veïnes de la seva pròpia casa; ampliar el parc d'habitatge públic adquirint habitatges existents i protegint els que estan en procés de privatització; mobilitzar els habitatges buits
turístics de temporada i els que es lloguen per habitacions per recuperar-los com a habitatge habitual; regular els lloguers i garantir contractes estables per evitar l'augment descontrolat dels preus.
I no vull acabar les meves reflexions sense parlar del que per nosaltres és també un segrest. Un altre segrest. El segrest de les competències. L'Estat espanyol no té les competències en matèria d'habitatge. La competència plena és de
les comunitats, però tot i així imposa limitacions, bloqueja iniciatives catalanes i recorre les lleis que impulsem els tribunals i la situació ja és insostenible. El que els hi reclamem és ben senzill: deixin d'interferir en una qüestió tan
delicada, amb tripijocs entre el progressisme i el Tribunal Constitucional. Deixin d'interferir per evitar l'avanç d'aquells que volen avançar. No és una qüestió jurídica, és una qüestió purament política. I tot i això, la gent d'Esquerra
Republicana de Catalunya no som dels que ens rendim i no començarem avui perquè la realitat social i la gent ens imposa que siguem útils i que lluitem perquè l'habitatge és un dret fonamental i perquè tenim la responsabilitat de garantir-lo i
lluitarem fins que ho aconseguim.
Moltes gràcies.
Gracias, presidenta.
La proposición de ley que nos traen hoy desde el Parlamento de Cataluña no es una iniciativa legislativa más, es una enmienda a la totalidad del modelo económico que ha priorizado el rescate de los bancos por encima del bienestar de las
personas. Esta propuesta se articula en dos grandes bloques: la capacidad fiscal de los ayuntamientos y la puesta a disposición de los ciudadanos de un patrimonio inmobiliario que ya han pagado con más de 70 000 millones de euros de sus impuestos,
pisos, casas y solares que el Estado retiene.
En primer lugar, esta ley responde a una de las demandas históricas de Esquerra Republicana: dotar a los ayuntamientos de las herramientas necesarias para hacer inversiones que son imprescindibles, necesarias en cuanto a la vivienda pero
también en otros ámbitos fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. Ahora mismo, el Gobierno centrifuga su responsabilidad fiscal hacia las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicando una disciplina fiscal mal entendida que les impide
utilizar los remanentes de tesorería para hacer inversiones que son urgentes. Esta propuesta modifica dos leyes clave en las haciendas locales para cambiarlo y permitir que este dinero se destine a la vivienda. Es un cambio de mínimos, pero muy
necesario, y esperamos que todos los grupos que han defendido más inversión en vivienda pública lo apoyen, en especial el Partido Socialista: si de verdad quieren hacer política útil, este es el momento de demostrarlo dejando de ponerse de perfil.
Cataluña ha sido pionera en la lucha por el derecho a la vivienda, impulsando leyes valientes para impedir desahucios, limitando la especulación y limitando los precios del alquiler. Pero hay un problema estructural: falta vivienda de parque
público que asegure una vivienda suficiente y asequible para todos. Por eso la propuesta apuesta también porque todos los pisos e inmuebles que están en manos de la Sareb vuelvan a sus legítimos propietarios, la ciudadanía, que lo ha pagado de
sobra. Es muy fácil: hay que detener la venta especulativa de las viviendas de la Sareb dejando que sean gestionadas por las Administraciones locales, y hay que
traspasar este parque de viviendas ya, porque es una cuestión de justicia social. Con esta ley, el Partido Socialista tiene la oportunidad de demostrar que su política de vivienda va más allá de los discursos vacíos y titulares de prensa y
que de verdad quiere hacer frente a la emergencia social más importante de nuestros tiempos, la de la vivienda. Hay que ser valientes y pasar a la acción. El presidente Sánchez ha prometido varias veces más viviendas, más inversión, una lluvia de
pisos; pues empiecen por el principio: pongan el patrimonio de la Sareb a disposición de los ciudadanos.
Hasta hoy, siempre que hemos hablado de esto se nos ha dicho: sí, sí, lo vamos a hacer. Pero luego no se hace. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que están dispuestos a actuar. Una vez hecho esto, nos quedará todavía mucho camino por
recorrer. Cierto. Se nos ocurren varias cosas que podríamos hacer: restringir la compra de viviendas por parte de no residentes, tanto extracomunitarios como comunitarios, para evitar que lugares como Mallorca, Barcelona u otras zonas turísticas
se conviertan en parques temáticos de inversores extranjeros que expulsan a los vecinos de su propia casa; ampliar el parque de vivienda pública adquiriendo viviendas existentes, protegiendo las que están en proceso de privatización y movilizar las
viviendas que se alquilan por habitaciones o las turísticas para recuperarlas como vivienda habitual, y regular los alquileres y aportar más estabilidad para evitar el descontrol de los precios.
Y no quisiera terminar mi intervención sin hablar de otro secuestro, el secuestro de las competencias. El Estado español no tiene las competencias en materia de vivienda, la competencia plena es de las comunidades autónomas y, aun así, se
imponen limitaciones, se bloquean iniciativas catalanas y se recurren las leyes que impulsamos en los tribunales. La situación es ya insostenible y lo que reclamamos es muy simple: dejen de interferir en una cuestión tan delicada con jueguecillos
entre Tribunal Constitucional y demás, dejen de interferir en aquellos que quieren avanzar. No es una cuestión jurídica, es una cuestión solamente política, y los de Esquerra Republicana de Cataluña no somos de aquellos que se rinden y no vamos a
empezar hoy, porque la realidad social y la gente nos impone que seamos útiles y luchemos, y la vivienda, que es un derecho fundamental y tenemos la responsabilidad de garantizarlo, va a hacer que sigamos luchando hasta que lo consigamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Strems.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Vidal Sáez, también por un tiempo de siete minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Hoy, 11 de marzo debemos empezar, sin duda, recordando a las víctimas mortales y a los heridos de los cuatro atentados simultáneos que perpetró Al Qaeda en la estación de Atocha de Madrid. Es un día que nos marcó a
todos y a todas, y estoy convencida, además, de que todos los que estamos en este hemiciclo recordamos exactamente el lugar donde nos encontrábamos. Por lo tanto, es un día para recordar que la memoria, la justicia y la verdad, y la verdad,
señorías, deben ser la base de cualquier sociedad democrática. El 11M o, por supuesto, en relación con la gestión de la dana. Hoy es un buen día para recordarlo. (Aplausos).
Però avui volem donar la benvinguda al Congrés dels Diputats a les diputades del Parlament de Catalunya que avui venen a defensar aquesta Proposició de llei. La seva presència avui és una mostra del compromís pel dret a l'habitatge i de la
necessitat d'actuar amb la valentia davant de l'emergència habitacional que pateix Catalunya i la resta de l'Estat.
El que discutim avui no és un debat tècnic ni tampoc una qüestió legislativa més. És l'angoixa de milers i milers de ciutadans i ciutadanes que no poden pagar el lloguer, dels joves, que són incapaços, que no poden sortir de casa seva amb
unes taxes d'emancipació absolutament vergonyants, d'aquelles famílies que a dia d'avui no troben una casa on poder viure perquè no se la poden pagar. De tantíssimes i tantíssimes, i tantíssimes, i tantíssimes persones en les que el dret a
l'habitatge s'ha convertit en un autèntic malson. En els últims 10 anys els lloguers han pujat fins a un 76 %. És escandalós. Mentrestant, els salaris, per descomptat, ho feien a un ritme molt inferior. Només el 15 % dels joves es poden
independitzar a dia d'avui i cada any s'executen, en aquest cas, milers de desnonaments, fins i tot aquells que tenen menors a càrrec. Mentrestant, Espanya segueix sense un parc públic d'habitatge suficient, amb tot just un 3 % d'habitatge social
front el 29 % que tenen, per exemple, els Països Baixos o el 20 % que tenen a Dinamarca. Com hem arribat fins aquí? Doncs perquè s'ha permès, entre altres coses, que l'habitatge no fos tractat ni tant sols protegit com un dret, sinó evidentment,
com un negoci. Perquè se li ha permès, entre altres coses, que el
mercat superés sense cap tipus de control, facilitant que els fons voltors acumulessin desenes i desenes de pisos, a més a més, permetent en aquest cas que es disparessin els preus.
I el cas de la Sareb és probablement un dels millors exemples d'aquest model absolutament fallit. Creada amb diners públics per gestionar actius immobiliaris de la banca rescatada, insisteixo, amb diners públics, ha servit més per
l'especulació que per garantir l'habitatge social. Un banc dolent que l'anomenaven, que ha estat una màquina de beneficis privats a costa dels diners de tots i de totes. Això no és un accident, és el resultat de polítiques que han posat els
beneficis d'uns pocs per sobre dels drets de la majoria. I per canviar-ho no serveixen ni titulars, i, evidentment, tampoc ha d'acabar demanant, si us plau, com ho feia alguna ministra a la patronal immobiliària, perquè es comportés. Fan falta
mesures i mesures contundents, ho reclamaven les diputades del Parlament de Catalunya. Perquè si cal triar entre protegir les famílies o garantir la rendibilitat dels grans tenedors, evidentment, aquí no van amb tebieses. Aquí, aquest congrés ha
d'estar al costat de la majoria, al costat de les famílies i dels més vulnerables.
Hoy queremos dar la bienvenida al Congreso de los Diputados a las diputadas del Parlamento de Cataluña que vienen hoy a defender esta proposición de ley. Su presencia hoy es una muestra del compromiso por defender el derecho a la vivienda y
de la determinación de actuar para poner fin a la emergencia que viven Cataluña y el resto del Estado en materia de vivienda.
Hoy no es un debate técnico el que tenemos ante nosotros ni una cuestión más, es la angustia de miles y millones de ciudadanos que no pueden pagar el alquiler, los jóvenes que no pueden salir de su casa por las tasas de emancipación
vergonzantes, por las familias que a día de hoy no encuentran una vivienda en la que vivir porque no se la pueden pagar, de tantísimas y tantísimas y tantísimas personas para las que el derecho a la vivienda se ha convertido en una auténtica
pesadilla. En los últimos diez años, los alquileres han subido hasta un 76 %, es escandaloso. Mientras tanto, los salarios, por supuesto, lo hacían a un ritmo muy inferior. Únicamente el 15 % de los jóvenes se pueden independizar a día de hoy. Y
todos los años se ejecutan miles de desahucios, incluso en casos en los que hay menores a cargo. Mientras tanto, España sigue sin un parque público de viviendas suficiente, con apenas un 3 % de vivienda social, frente al 29 % que tienen Países
Bajos, por ejemplo, o el 20 % de Dinamarca. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Pues porque se ha permitido, entre otras cosas, que la vivienda no se tratara, ni siquiera se protegiera como un derecho, sino, evidentemente, como un negocio.
Porque se ha permitido, entre otras cosas, que el mercado operara sin ningún tipo de control, facilitando que los fondos buitre acumularan decenas y decenas de pisos y, además, permitiendo que se dispararan los precios.
El caso de la Sareb quizás es uno de los mejores ejemplos de este modelo totalmente fallido. Creada con dinero público para gestionar activos inmobiliarios de la banca rescatada, insisto, con dinero público, ha servido más para la
especulación que para garantizar la vivienda social. El banco malo que lo llamaban, que ha sido una máquina de generar beneficios privados a costa del dinero de todos y todas. Esto no es un accidente, es el resultado de políticas que han puesto
los beneficios de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría. Y para cambiarlo no sirven los titulares ni tampoco, evidentemente, el que se pida por favor, como hacía alguna ministra, a la patronal inmobiliaria que se comportara. Hacen
falta medidas y medidas contundentes, lo reclamaban las diputadas del Parlamento de Cataluña, porque si hace falta elegir entre proteger a las familias o garantizar la rentabilidad de los grandes tenedores, aquí no valen las ambigüedades, este
Congreso tiene que estar del lado de la mayoría, al lado de las familias y de los más vulnerables. (Aplausos).
Y el PSOE no puede seguir jugando a dos bandos, señorías. En cada mitin repiten ustedes que la vivienda no puede seguir siendo una mercancía, pues bien, hoy van a tener otra oportunidad. Hoy es muy buen día, sin duda, para dar un paso
importante votando a favor de la tramitación de esta iniciativa del Parlament de Cataluña.
Avui la Mesa del Congrés ha tancat el termini per a les esmenes a la totalitat de la proposta de llei del sindicat d'Inquilins. Un pas més, sens dubte, per la regulació dels lloguers de temporada i habitacions, però lent. I ho hem de
reconèixer així. Per això avui seria un dia molt oportú, i bastant rodó, perquè totes les forces del Congrés acceptessin debatre sobre què ha de ser i com ha de funcionar la Sareb aquest país, i en concret el mercat de l'habitatge, requereix
prohibir l'especulació i sancionar, sens dubte, i posar mesures efectives sobre aquells qui a dia d'avui estan infringint la regulació. Hem de tenir un control real dels preus del lloguer, més garanties pels inquilins i les inquilines, com seria,
per exemple, els contractes indefinits i la mobilització immediata de l'habitatge públic o de l'ampliació del parc públic. Sabem que hi ha
grups que miren de forma interessada cap a un altre costat o que generen falses realitats per ocultar el drama de l'habitatge. El mercat no s'autoregularà. Ho sabem perfectament.
Hoy, la Mesa del Congreso ha cerrado el plazo para las enmiendas a la totalidad de la propuesta de ley del sindicato de inquilinas; un paso más, sin lugar a dudas, para la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, pero
lento, y hay que reconocerlo como tal. Por eso, hoy sería un día muy oportuno y bastante redondo para que todas las fuerzas de este Congreso aceptaran debatir sobre qué tiene que ser y cómo debe funcionar la Sareb. Este país, y en concreto el
mercado de la vivienda, requieren prohibir la especulación y sancionar, sin lugar a dudas, imponiendo medidas efectivas a quienes a día de hoy infringen la reglamentación. Necesitamos un control real, sí (aplausos), de los precios del alquiler, más
garantías para los inquilinos e inquilinas, como, por ejemplo, los contratos indefinidos, y la movilización inmediata de la vivienda pública o la ampliación del parque público. Sabemos que hay grupos que de forma interesada miran para otro lado o
que generan realidades falsas para ocultar el drama de la vivienda. El mercado no se autorregulará, lo sabemos perfectamente.
Hace falta orden, señorías, ese orden que reclaman ustedes, pero que a la hora de legislar se olvidan tan rapidito.
Fa falta coordinació i legislació. Estem fartes de buits legals i de lletres petites que deixen marge perquè res canviï i perquè ells mateixos segueixin fent negoci amb les nostres vides. No és viable permetre que el mercat immobiliari
funcioni encara a dia d'avui sense cap mena de control, no és viable. Aquesta tasca requereix de la implicació de totes les administracions. Per això, des dels Comuns hem negociat al parlament per a l'aprovació d'un règim sancionador, perquè la
Llei d'habitatge no quedi en una lletra morta. Inflar el preu il·legalment o encobrir contractes fraudulents avui pot costar fins a 900 000 euros a una multa a Catalunya. S'ha acabat, per tant, amb la impunitat per a aquells especuladors que de
forma reiterada insisteixen en fer negoci amb les nostres vides. Això és legislar a favor de la vida i utilitzar la política d'una forma útil i conscient de les necessitats, de les problemàtiques que hi ha a casa nostra i al nostre país.
Hem duplicat la taxa turística i assegurat que part de la recaptació es destinarà efectivament a l'habitatge. Ciutats com Barcelona, per exemple, incrementaran un 25 % la recaptació dedicada a l'habitatge assequible. Al turisme, sí,
senyories, ha de contribuir, sens dubte, a arreglar una part del problema que ha ajudat a generar. I sobretot, hem començat a ampliar el parc públic dhabitatge. Ja hem posat a disposició la marxa en construcció, en aquest cas de més de 1200
habitatges protegits a tota Catalunya. Aquests habitatges estem parlant, al cap i a la fi, que seran públics per sempre. I a més a més, és el primer pas cap als 50 000 habitatges amb què ens hem compromès de cara en aquest cas a la investidura del
president Illa.
Aquest no és un camí nou. És un camí que ja vam començar a demostrar, sens dubte, des de la ciutat de Barcelona i des d'altres municipis, amb mesures tan pioneres i que no permetrem, escoltin bé companys i companyes del Partit Socialista,
que deixin d'existir com la reserva del 30 % de noves promocions per l'habitatge assequible, com la compra de pisos per evitar la compravenda a fons voltors i la sanció a grans tenidors, en aquest cas d'habitatges buits. Portem anys empenyent anys,
negociant i anys exigint que l'habitatge deixi de ser un privilegi i que es garanteixi, per tant, com un dret. Mentrestant, cal dir-ho, altres forces polítiques han anat frenant avenços o han caminat amb el fre de mà posat i, sens dubte, senyories
del Partit Socialista, això és inacceptable avui, demà i sempre. Avui tenen vostès una gran oportunitat per fer justícia i per començar a avançar, en aquest cas en la reformulació de la Sareb, que és fonamental per tal de poder seguir avançant.
Mirin que la proposta és molt clara: assegurar que tots els països i sòls de la Sareb passin a formar part del patrimoni públic d'habitatge, ampliant així el parc de lloguer social i assequible.
Hace falta coordinación y legislación. Estamos hartas de vacíos legales y de letras pequeñas que dejan margen para que nada cambie y que los mismos sigan haciendo negocio con nuestras vidas. No es viable permitir que el mercado
inmobiliario funcione todavía a día de hoy sin ningún tipo de control, no es viable. Esta tarea requiere la implicación de todas las Administraciones. Por ello, en los Comunes hemos negociado en el Parlament para la aprobación de un régimen
sancionador para que la ley de la vivienda no quede en papel mojado, en letra muerta. Es decir, encubrir contratos fraudulentos o inflar los contratos puede costar hasta 900 euros de multa en Cataluña. Por lo tanto, se ha terminado con la
impunidad de los
especuladores que, de forma reiterada, han hecho negocio con nuestras vidas. Esto es legislar en favor de la vida y utilizar la política de una forma útil y consciente de las necesidades y de las problemáticas que existen en nuestro país y
en nuestra casa.
Hemos duplicado la tasa turística y nos hemos asegurado de que una parte de la recaudación se vaya a destinar de forma efectiva a la vivienda. Ciudades como Barcelona, por ejemplo, van a incrementar en un 25 % la recaudación dedicada a la
vivienda asequible. El turismo, sí, señorías, tiene que contribuir, sin lugar a dudas, a arreglar una parte del problema que indudablemente ha contribuido a generar. Y, sobre todo, hemos empezado a ampliar el parque público de vivienda. Ya hemos
puesto a disposición y en construcción, en este caso, miles de viviendas protegidas en toda Cataluña. Estamos hablando de viviendas públicas para siempre y, además, este es el primer paso hacia las 50 000 viviendas que nos hemos comprometido a
construir en la investidura del presidente Illa.
Este no es un camino nuevo, es un camino que ya empezamos a demostrar en la ciudad de Barcelona y en otros municipios con medidas tan pioneras, que no permitiremos, escuchen, compañeros y compañeras del Grupo Socialista, que dejen de
existir, como la reserva el 30 % de nuevas promociones para la vivienda asequible, como la compra de pisos para evitar la compraventa de fondos buitre y la sanción a los grandes tenedores, en este caso, con viviendas vacías. Llevamos años
empujando, años negociando y años insistiendo en que la vivienda deje de ser un privilegio y se garantice como derecho. Mientras tanto, hay que decir que otras fuerzas políticas han frenado los progresos o han andado con el freno de mano puesto, y,
señorías del Grupo Socialista, sin lugar a dudas, esto es inaceptable hoy, mañana y siempre. Hoy tienen ustedes una gran oportunidad para hacer justicia y empezar a avanzar en la reformulación de la Sareb. Es fundamental para poder seguir
avanzando.
La propuesta es muy clara: asegurarnos de que todos los pisos y suelos de la Sareb pasan a formar parte del patrimonio público de vivienda, ampliando, de este modo, el parque de alquiler social y asequible.
No empiecen, por favor, otra carrera que ya conocemos. No empiecen otra vez con esa carrera de la construcción que empezó con una pesadilla para este país. Eso sería otra vez iniciar una burbuja que no nos podemos permitir en este país.
Piénsense bien lo que van a hacer en esta votación, señorías del Grupo Socialista.
Aquest és el camí: ni resignar-nos ni claudicar. Escoltar experts, com reclamaven, per exemple des del Parlament de Catalunya. Escoltar i no obviar les xifres que tenim i que fa dècades, dècades que tenim al nostre al nostre davant, i
ampliar, evidentment, amb mesures valentes i efectives que protegeixin la gent, tal i com demanava, per exemple, la diputada del Parlament de Catalunya, Susanna Segovia.
Acabo. Per tot això, evidentment, el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR votarem a favor de la tramitació, en aquest cas d'aquesta llei que ens porta el Parlament de Catalunya, i com acabaven les diputades, el dia 5 d'abril, totes al
carrer.
Moltes gràcies.
Este es el camino: ni resignarnos ni claudicar, escuchar a los expertos, como reclamaban desde el Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Escuchar y no obviar las cifras que tenemos y que hace décadas que se registran. Y ampliar,
evidentemente, con medidas valientes y efectivas la protección a las personas, como pedía hace un momento la diputada del Parlamento de Cataluña, Susanna Segovia.
Termino. Por todo ello, evidentemente, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR votará a favor de la tramitación de esta ley que nos trae el Parlamento de Cataluña. Y, como reclamaban las diputadas del Parlamento de Cataluña, lo
recordaban: el día 5 de abril, todas a la calle. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, algunos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Vidal.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer también por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera. (Aplausos).
El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en mi intervención voy a dar respuesta a una serie de preguntas.
Primera, ¿quién pide la toma en consideración de esta proposición de ley? Lo pide el Parlamento de Cataluña, donde fue aprobada con los votos de Esquerra, Junts, la CUP y En Comú Podem. O sea, votaron a favor -como les recordó mi compañera
María García- quienes llevan casi veinte años en las instituciones de la Generalidad de Cataluña sin aportar una sola política efectiva para mejorar el acceso a
la vivienda de los catalanes (aplausos); votaron a favor quienes son los máximos exponentes de la corrupción institucional, de las subvenciones a dedo, de los incentivos irregulares, de las adjudicaciones sin licitar y de los altos cargos
afines que se enriquecen con dinero público.
Segunda, ¿qué pide esta proposición de ley? Lo que pide, en resumen, es poner más recursos en manos de los políticos locales y autonómicos de forma gratuita, y para ello propone modificar el objeto social de la Sareb, incluyendo el concepto
de cesión de dominio, una cesión de dominio que, a nadie le cabe duda, será de forma gratuita, y lo será porque la enajenación ya se encuentra permitida en el objeto social de la Sareb.
Tercera, ¿cómo argumentan su propuesta? Mencionan en la exposición de motivos el rescate a la banca cuando en realidad fue, en su gran mayoría, un rescate a las cajas de ahorro, es decir, un rescate a las fuentes de financiación de los
distintos Gobiernos autonómicos (aplausos), un rescate de quienes llevaron a cabo proyectos sin criterio alguno y con el objetivo de perpetuarse en el poder. Se menciona también que se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis, y
es cierto; responsabilidades que se deberían exigir a los 6065 consejeros que tenían las cajas de ahorros en España en el año 2009, de los que 2087 -2087- eran políticos, un 34 % del total. (Aplausos).
Cuarta, ¿cuál será el impacto en la deuda del Estado? Esta proposición de ley supone renunciar a cancelar gran parte de la deuda de la Sareb, una deuda que se encuentra avalada por el Estado, una deuda que seguiremos pagando todos los
españoles. A propósito, es una sociedad cuyo objeto es generar los máximos ingresos con la venta de sus activos para cancelar el mayor importe posible de deuda, o sea, para aminorar el coste del rescate de las cajas a los españoles. En este punto,
es bueno recordar que en el año 2012 Luis de Guindos, ministro de Economía del Partido Popular, dijo que la Sareb no solo no les costaría dinero a los contribuyentes españoles, sino que a lo largo de su vida ofrecería una rentabilidad del 15 %, un
verdadero oráculo.
Quinta, ¿cómo quieren llevarlo a cabo? Modificando el Real Decreto 1559/2012 para que la Sareb tenga la obligación de ceder el dominio de los activos a las Administraciones públicas competentes, cesión de dominio de un mínimo del 80 % de
los activos que pueden destinarse a vivienda y del 50 % de los terrenos urbanizables, porcentajes que se aplicarán también en años sucesivos. Unas Administraciones públicas que no se han distinguido en las últimas décadas por una gestión eficiente
de los recursos ni por tener un especial interés en aumentar el parque de vivienda social.
Sexta, ¿cuál será el efecto sobre las cuentas públicas? Esta proposición supone invalidar la ley de estabilidad presupuestaria al eximir de aplicar medidas correctoras a las entidades locales si el gasto se dedica a partidas relacionadas
con la vivienda pública, y supone dar la espalda a una gestión responsable de las cuentas públicas. Y es que llevar a cabo una gestión responsable de las cuentas públicas supone que cualquier aumento de gasto en partidas como la vivienda debería ir
acompañado de una reducción, al menos de igual cuantía, de gasto político superfluo e ideológico. (Aplausos). Esto supondría que los entes locales no registrarían déficits y, por tanto, no se incrementaría la deuda.
Séptima, ¿qué consecuencias tendrá esta propuesta? A la ya comentada renuncia a reducir la deuda pública podemos añadir: uno, seguir vaciando al Estado de recursos, transfiriendo los mismos a autonomías y ayuntamientos; dos, terminar con
cualquier atisbo de llevar a cabo una política de vivienda de carácter nacional; tres, aumentar la inseguridad jurídica en España al descapitalizar una empresa sin contar con los accionistas, que tienen un 49,9 % de la sociedad; cuatro, dinamitar
la imprescindible colaboración público-privada en el sector de la vivienda, con el consiguiente perjuicio para todos los españoles; perjuicio para todos los españoles.
En VOX tenemos unas propuestas muy claras: primera, fomentar la colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial; segunda, movilizar el suelo público
para la promoción de viviendas en alquiler social; tercera, mantener en la Sareb la titularidad de los activos y facilitar que los ayuntamientos soliciten la cesión temporal de los activos y el suelo urbanizable para alquiler social.
Termino recordando a sus señorías que el objetivo de esta proposición de ley es poner mayores recursos en manos de unos políticos causantes de que la vivienda sea el principal problema para los españoles. (Aplausos). Los causantes de un
problema no pueden liderar su solución, y la única solución para garantizar el acceso a una vivienda asequible es que ustedes se vayan.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sáez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Redondo Cárdenas. Cuando quiera.
El señor REDONDO CÁRDENAS: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes del Parlamento de Cataluña y agradecerles que nos hayan traído esta proposición la tarde de hoy a las Cortes Generales.
En el Grupo Parlamentario Socialista compartimos la preocupación de la ciudadanía en materia de vivienda, nos gusta la música de esta proposición, pero creemos que la letra ha quedado algo desactualizada. ¿Por qué les decimos esto? Porque
buena parte de esta iniciativa ya se ha llevado a cabo mediante las medidas y modificaciones legislativas puestas en marcha por el Gobierno de España en los últimos años, como la creación de la empresa estatal de vivienda y la incorporación de las
30 000 viviendas de la Sareb, poniendo el patrimonio del Estado al servicio de la ciudadanía. La principal propuesta de esta iniciativa de que la Sareb destine parte de sus viviendas al alquiler asequible ha quedado desfasada, y no solo por el
próximo pase de las viviendas de la Sareb a la empresa estatal de vivienda, sino porque esto es posible desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2022, por el cual la Sareb puede llegar a acuerdos con otras Administraciones públicas para
ceder viviendas.
La segunda propuesta de esta proposición nos habla de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para posibilitar a los ayuntamientos destinar parte de su superávit a inversión en vivienda. Esta propuesta puede contravenir el marco
normativo europeo en materia de estabilidad presupuestaria en lo que se refiere la regla de gasto, además de que podría propiciar el incumplimiento del objetivo de déficit a nivel nacional. Señorías, nosotros somos unos convencidos municipalistas
-este que les habla lleva años trabajando en el ámbito municipal- y defendemos que los ayuntamientos tengan autonomía a la hora de decidir sus inversiones. Por eso nos preocupa que en esta proposición haya elementos por los cuales se pretende
atribuir a los ayuntamientos la responsabilidad de resolver el problema de la vivienda en este país, traspasando de manera encubierta las competencias que queman en manos de algunas comunidades autónomas; eso sí, sin presupuestos. Bastantes
competencias impropias tienen ya los ayuntamientos, con una financiación insuficiente. (Aplausos).
Por otro lado, señorías, debemos recordar que la Sareb fue creada en 2012. Es el legado que nos dejó el Partido Popular, las cicatrices de una herida mal curada, cicatrices en forma de deuda que este Gobierno está intentando transformar en
política pública de vivienda y de suelo. Y es que, señorías, no es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne el Partido Socialista. (Rumores). No es lo mismo que gobiernen unos a que gobiernen otros, porque no es lo mismo cómo se afrontan
las crisis ni a quién se persigue proteger. Solo hay que comparar la salida de la crisis financiera del 2012 y sus consecuencias, de las que hemos tardado en recuperarnos más de una década (rumores) con cómo hemos conseguido salir de la crisis
económica producida por la pandemia. Solo hay que comparar ambos elementos.
Ustedes, señorías de la derecha y de la ultraderecha, decían que no se podía generar riqueza y empleo si subíamos salarios y pensiones, y les hemos demostrado que es posible. Ustedes, señorías de la derecha, nos decían que no se podía
crecer si reducíamos las emisiones, y les hemos demostrado que es posible. Nos decían que era imposible reducir déficit y deuda si mejorábamos los servicios públicos, y también les hemos demostrado que es posible. (Rumores). Al igual que ahora
nos dicen que es imposible garantizar la seguridad y mantener el estado del bienestar. Señorías, ¡también les demostraremos que es posible mantener la seguridad y mantener el estado del bienestar en este país! Este Gobierno ha puesto en marcha un
modelo opuesto al de la anterior crisis; un modelo opuesto al que ustedes, señorías de la derecha, pusieron en marcha; un modelo sin burbujas, sin pelotazos, sin recortes en sanidad, educación o dependencia. Y, claro, los resultados son
radicalmente opuestos.
Como les decía, la vivienda es uno de los grandes problemas con los que cuenta este país. Su solución requiere de políticas que van mucho más allá de las que incorpora esta propuesta. En el Gobierno se están llevando a cabo medidas en tres
grandes ejes: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas para garantizar el acceso a la vivienda. Señorías, se han movilizado más de 20 000 millones de euros, ocho veces más que con el presupuesto que tenía el Partido Popular en materia de
vivienda. Hoy, son más de 66 000 los jóvenes que ya se benefician de las ayudas al alquiler. Hoy, hay 162 000 viviendas protegidas más que las que había hace cinco años, incrementándose el porcentaje del 2,5 al 3,4 %. Por supuesto que es un
porcentaje pequeño y que todavía hay mucho trabajo por hacer.
El parque público de vivienda se podría ampliar y consolidar más rápido si ustedes, señorías del Grupo Popular, no hubieran votado en contra del Real Decreto Ley 9/2024, el cual agilizaba la asignación
de los inmuebles patrimonio del Estado a la empresa estatal de vivienda. Un parque de vivienda que se podría ampliar y consolidar más rápido si ustedes, señorías del Grupo Popular, no hubieran votado en contra de la modificación de la Ley
de Contratos del Sector Público. Un parque de viviendas que se podría ampliar y consolidar más rápido si ustedes, señorías del Grupo Popular, no hubieran votado por dos veces en contra de la ley del suelo (aplausos); o si ustedes, señorías del
Grupo Popular, no hubieran votado en contra de la senda del gasto, del objetivo del déficit y de las entregas a cuenta, con las que las comunidades autónomas podrían tener más de 10 000 millones de euros para aplicar políticas públicas; y, sí,
también a la vivienda, señorías del Grupo Popular.
Tenemos por delante un reto mayúsculo, que requiere de una política valiente y que necesita que nadie se ponga de perfil. La política de vivienda la tenemos que resolver con la colaboración e implicación de todas las Administraciones
públicas en este país, ya que es un problema de Estado. Señorías, necesitamos una política que apueste por la intervención del Estado, como se está haciendo con la ley de vivienda; que apueste por la colaboración público-privada y por una
regulación justa que ponga límites a los pisos turísticos y a los abusos de los fondos. Señorías, este Gobierno se ha propuesto dar un giro radical a la política de vivienda en este país y para ello va a llevar a cabo todas las medidas que sean
necesarias para posibilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles. En definitiva, planteamos una política que no repita los errores del pasado, una política que no vuelva a dejar el mercado en manos de los especuladores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Redondo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez Serra por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor RODRÍGUEZ SERRA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Bona tarda, diputats del Parlament de Catalunya.
La proposición de ley del Parlament que debatimos hoy persigue sintéticamente dos objetivos, que se han reiterado: que la Sareb ceda el dominio del 80 % de sus inmuebles a las comunidades y relajar la aplicación de la regla de gasto a los
ayuntamientos para que puedan invertir en vivienda. La propuesta, bien intencionada, pretende abordar el principal problema de los catalanes, y hoy también del conjunto de los españoles, que es la falta de vivienda asequible. Ya les adelanto que
no hablaré -no lo haré- de la promesa de Pedro Sánchez de las 184 000 viviendas, que ni están ni se las espera, pero lo recordamos.
En este punto, hemos de reconocer que el Parlament de Catalunya, primero con Gobiernos de Junts, después con Gobiernos de Esquerra Republicana, y también juntos Junts y Esquerra Republicana, y el mismo Ayuntamiento de Barcelona con los
Comuns de Colau, como nos ha recordado la portavoz de SUMAR, han sido pioneros en la adopción de medidas para abordar el problema de la falta de vivienda. Y también el Congreso los Diputados, pues se aprobó la ley de la vivienda hace un par de
años. ¿Han analizado cómo ha evolucionado el mercado de la vivienda? ¿No creen que la situación ha empeorado? ¿No será que el diagnóstico que hicieron y las medidas adoptadas, siempre intervencionistas, más que resolver el problema lo han
agravado? ¿De verdad no se han planteado nunca que igual están haciendo algo mal cuando llevamos siete años consecutivos tomando medidas y sigue aumentando el precio de la vivienda y reduciéndose la oferta de vivienda de alquiler? ¿De verdad no se
han planteado nunca que puedan estar haciendo algo mal? Pues nosotros creemos que sí, y los problemas son dos: la oferta escasa y la seguridad jurídica ausente. Cuantas más limitaciones se impongan, menos oferta de vivienda y mayor tensión de los
precios. Cuantas más obligaciones descabelladas se impongan, menos construcción de vivienda y los precios al alza. Se citaba Barcelona. Efectivamente, con la exigencia a los promotores de que un 30 % de la vivienda que se construye en Barcelona
tiene que ser social, se ha pasado de construir 1100 viviendas al año a construirse 60 en los últimos seis años: 60 en seis años, frente a las 1100 viviendas que se construían cada año. Esto es obra de los Comuns -incluso SUMAR lo defiende hoy
aquí-, y el Partido Socialista, que gobierna en la ciudad de Barcelona, es incapaz de corregirlo. (Aplausos). Cuanto más tolerantes con las ocupaciones ilegales, menos oferta de vivienda. Cuanta más tolerancia con las inquiokupaciones, menos
oferta de vivienda. Cuanta menor seguridad jurídica, menos oferta de vivienda.
Ante esta situación, en el Partido Popular ofrecemos alternativas a la sociedad: implicar a las Administraciones en la resolución del problema en vez de trasladarlo a los inquilinos, propietarios, compradores o promotores; colaboración
público-privada, pero de verdad, para hacer vivienda social; incrementar la oferta de vivienda agilizando la construcción, simplificando trámites administrativos y
movilizando suelo disponible; prestar una atención especial a medidas que faciliten a los jóvenes el acceso a la vivienda, como, por ejemplo, rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4 % a los jóvenes que compren una vivienda
-no como quiere hacer el Govern de la Generalitat, del Partido Socialista, con los Comuns, otra vez, subiendo el impuesto de transmisiones patrimoniales al 20 % a determinados propietarios-; ofrecer seguridad jurídica defendiendo la propiedad
privada, ya que el 90 % de las viviendas de alquiler son de pequeños propietarios; modificar la Ley del Suelo; establecer una ley contra la okupación -como la aprobada a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que está en el
congelador de la presidenta del Congreso (aplausos)-, y no favorecer la inquiokupación. No tengan ninguna duda de que en cuanto lleguemos al Gobierno, que será más pronto que tarde, esta será nuestra prioridad, porque es el principal problema de
las personas.
Hoy nos plantean una nueva medida estrella: que la Sareb ceda el dominio, la propiedad, a las comunidades -no a los ayuntamientos, sino a las comunidades, que son la Administración competente- y, si eso, que los ayuntamientos compren lo que
puedan, aunque las competencias sean de la comunidad. Nos parece poco solidario con los ayuntamientos, pero no es solo esta cuestión la que no nos convence. Por cierto, la reestructuración bancaria no fue un invento del Partido Popular; se inició
en el año 2009, precisamente cuando gobernaba el Partido Socialista. (Aplausos). La creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tuvo lugar en el año 2009, de la mano de un gobierno socialista. (Continúan los aplausos).
Como decía, tampoco nos convence la propuesta porque la función de la Sareb es gestionar y liquidar activos procedentes de esta reestructuración bancaria. En su día se invirtieron 50 000 millones en activos inmobiliarios con el aval del
Estado; al cierre de 2023, la deuda pendiente ascendía a 29 000 millones, que hoy computan como deuda del Estado, que tiene su contrapartida precisamente en los activos. Por lo tanto, desprenderse de ellos, lejos de suponer un retorno social,
implica incrementar el coste de la reestructuración bancaria. El retorno social consiste precisamente en que todos esos activos sean gestionados y puestos en el mercado a precios asequibles, evitando incrementar la deuda de la reestructuración
bancaria, y en eso vamos a estar. Es absolutamente cierto que la gestión de la Sareb es mejorable.
Para terminar, quiero decir que se ha usado otra vez la reiterada expresión 'rescate a la banca' en contraposición de 'rescate a las personas'. Hace unas semanas, yo les hubiera explicado aquello tan aburrido de que con la reestructuración
bancaria se salvaban los ahorros y los depósitos que millones de ciudadanos tenían el riesgo de perder, pero reconozco que eso es muy aburrido y que, de verdad, estas últimas semanas ya no puedo decir eso porque he de reconocer la sensibilidad que
tienen el Gobierno del Partido Socialista y sus socios con el rescate a las personas. Han sido capaces de poner 83 000 millones de euros para rescatar a una persona: 'el 1', Pedro Sánchez. (Aplausos).
Termino, presidenta, con otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con el rescate a las personas. Hoy mismo la Mesa del Congreso de los Diputados, siguiendo instrucciones del Gobierno, ha vetado una iniciativa del Grupo Popular para
dotar 25 millones de euros para la construcción de 250 viviendas prefabricadas para los afectados por la dana de Valencia. (Rumores). Esa no es la sensibilidad que va a tener el Partido Popular con la vivienda y con las personas.
Gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Una vegada finalitzat aquest debat, acomiadem les delegacions del Parlament de Catalunya, i els agraïm la seva presència i el seu compromís, i també saludem les delegacions de veïns que ens acompanyen.
Terminado este debate, despedimos a los representantes del Parlamento de Cataluña, agradeciendo su presencia y su compromiso, y también saludamos a las delegaciones de vecinos que nos acompañan.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS EMPRESARIOS DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN ENCUADRADAS EN LOS
SECTORES RECOGIDOS EN LA PRESENTE LEY, CON CUENTAS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES ASIGNADOS A DICHAS EMPRESAS. (Número de expediente 122/000134).
La señora PRESIDENTA: Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la
Seguridad Social para los empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla cuyas actividades estén encuadradas en los sectores recogidos en la presente ley, con cuentas de cotización y trabajadores asignados a dichas empresas.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bravo Baena por un tiempo de doce minutos.
Cuando quiera.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidenta.
Subo a esta tribuna para defender esta iniciativa y pedirles a todas sus señorías el voto favorable para la toma en consideración de la proposición de ley que, como bien ha dicho la presidenta, pretende reponer la bonificación del 50 % en
las cotizaciones sociales en Melilla y en Ceuta.
Si me lo permiten, haremos una pequeña introducción. Ceuta y Melilla, Melilla y Ceuta son dos ciudades españolas en el norte de África. Son las únicas dos ciudades europeas que están en otro continente y tienen dificultades que creo que
todos ustedes conocen. Tienen una presión migratoria por encima de la que pueda tener cualquier otra ciudad española, salvo las islas Canarias. Tienen frontera; es la frontera que a veces se dice que es la frontera de Melilla y de Ceuta, pero que
ni siquiera es frontera de España, es la frontera de Europa en otro continente. Son extrapeninsulares, tienen dificultades de conectividad y, aunque es verdad que no son regiones ultraperiféricas, sí que tienen enormes retos por delante. Además,
son un ejemplo de convivencia. Si cualquiera de ustedes va a Ceuta o a Melilla, podrá ver cómo se puede convivir; en ellas conviven musulmanes, hindúes, hebreos, cristianos y cada vez mayor población de China, siendo un ejemplo de cómo podemos
construir una sociedad entre todos. Y un detalle más, son ciudades españolas: Melilla lo es desde el año 1497, y Ceuta, desde el año 1580.
Aprovechando que tengo la oportunidad de estar aquí arriba, me gustaría también hacer referencia a los dos presidentes autonómicos decanos en este país: Juan José Imbroda y Juan Vivas, que llevan más de dos décadas gobernando, con cuatro
presidentes nacionales diferentes, cuatro presidentes de Gobiernos de España diferentes, y construyendo e instrumentando futuro para esas dos ciudades que son Ceuta y Melilla. (Aplausos).
También quiero hacer un breve análisis económico. ¿Dónde estaba Ceuta en el siglo XX? Igual que Melilla, vivía de un sistema denominado puerto franco, que permitía que muchos de sus padres o incluso de sus abuelos fuesen a esas ciudades a
comprar lo que en ese momento no se podría comprar en la Península. Posteriormente, se tuvo que reinventar y se reinventó hacia lo que se llamaba el comercio transfronterizo, y desde Melilla y desde Ceuta se comerciaban con Marruecos casi 3000
millones de euros en mercancía, para que se hagan una idea. Luego se tuvo que reinventar porque Marruecos decidió que ese comercio ya no quería que funcionase, y se han reconvertido ambas ciudades al ámbito tecnológico, al ámbito online, al ámbito
del juego online, con lo cual creo que merecen un enorme respeto de todos nosotros porque han hecho un gran esfuerzo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Si analizamos los últimos quince o veinte años y si ustedes se acercan a Melilla o a Ceuta encontrarán que tienen un régimen fiscal especial en el IRPF, el IVA y el IPSI, el impuesto sobre sociedades, las bonificaciones al transporte, las
cotizaciones a la Seguridad Social o el régimen aduanero. Aquí, todo el mundo ha contribuido a que estas ciudades sigan estando donde están y con las condiciones que tienen. Me gustaría destacar también a Red Eléctrica Española y a su presidenta,
Beatriz Corredor, con esa inversión de más de 200 millones para conectar la Península con Ceuta, en este caso, y las mejoras que hizo el ministro Montoro para darle una oportunidad, con todo el tema tecnológico y el tema del juego online, y también
las que ha hecho este Gobierno en materia de coordinación del IVA y el IPSI para que estos sectores pudiesen seguir desarrollándose.
Yo creo que la geopolítica nos lleva a que tengamos que hacer un enorme esfuerzo y trabajo en estas dos ciudades. Es verdad que también tenemos un reto. Aquí hay dos planes integrales, el de Ceuta y el de Melilla. (Muestra unos
documentos). Como ven, son muy extensos, aproximadamente 140 folios, pero, además de escribirlos, tenemos que ser también capaces de desarrollarlos y de ejecutarlos, porque eso es lo que realmente llevaría a una mejora en estas ciudades.
¿En qué posición nos encontramos? ¿Por qué traemos esta proposición de ley? En el año 2004 se acordó, y además fue un acuerdo entre patronal y sindicatos, que las cotizaciones a la Seguridad Social en Ceuta y en Melilla tuviesen una
bonificación del 50 % para facilitar oportunidades ante estas dificultades.
Además, se acordó que una parte de esa bonificación iba a ir en incremento retributivo a los trabajadores, es decir, acuerdo patronal y sindicatos y, además, beneficiando a los trabajadores. ¿Y tenía ámbito temporal? Sí. El ámbito
temporal era hasta que se consiguiesen reducir las diferencias en materia de desempleo de Ceuta y Melilla con la Península. Esto, por desgracia, todavía está muy lejos. Hoy, ambas ciudades tienen un desempleo del 21 y del 25 %, con lo cual tienen
enormes retos por delante. En un momento dado, a través del Real Decreto Ley 1/2023 -y aquí empiezan los errores-, ustedes decidieron cambiar esto; decidieron cambiar esta bonificación del 50 % por una cuantía fija de 262 euros, generando
inseguridad jurídica, perjuicios y enormes dificultades a estas ciudades. Es verdad que intentaron modificarlo en el año 2024, pero se quedaron cortos. Establecieron, para algunas circunstancias, la elevación hasta el 50 %.
Desde las ciudades de Ceuta y Melilla, todos los sectores, incluso muchos de sus representantes políticos, de los que representan al Partido Socialista, han pedido esta modificación. El sistema actual, ¿por qué es lesivo para trabajadores y
para empresarios? Carga más la cotización sobre los empresarios, con lo cual les obliga a hacer adelantos de importes muy importantes para ellos, que puede generar dificultades de tesorería; genera trabas administrativas y burocráticas, porque
ahora la diferencia de los 262 euros hasta el 50 % tiene que ser una subvención que hay que solicitar y que depende de que haya disponibilidad presupuestaria. Es decir, todo lo contrario de lo que predicamos: más trabas y más burocracia cuando
necesitamos menos trabas y menos burocracia. Han dejado fuera determinados contratos. Se provoca que haya personas que, haciendo el mismo trabajo, no cobren el mismo sueldo. Está supeditado temporalmente hasta la finalización de estos programas,
hasta el año 2026, con la dificultad y la enorme inseguridad que eso provoca.
Ninguna autoridad independiente, ni la propia AIReF ni ninguna supranacional, ha discutido que ese beneficio del 50 % fuera adecuado, que diese efectos positivos y que hubiera que mantenerlo, ninguna autoridad; no entendemos por qué
decidieron cambiarlo. Las empresas de Ceuta y Melilla no son simples actores económicos, son pilares básicos del ámbito social, porque la generación de empleo es la mejor política social, sin lugar a dudas. Este plan integral, tanto de Ceuta como
de Melilla, que les he enseñado y que aprobó el Gobierno de España, recoge esto, en el caso de Ceuta, en las páginas 11, 43, 78 y 142, y en el caso de Melilla, en las páginas 11, 39, 71 y 137; lo recoge. Es el compromiso que adquirieron ustedes y
que creo que todos tenemos obligación de cumplir.
¿Y cuáles son los objetivos de esto que traemos hoy aquí? En primer lugar, compensar las dificultades derivadas de la propia naturaleza de Ceuta y de Melilla. En segundo lugar, hacer competitiva su actividad económica. En tercer lugar,
impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en estas dos ciudades españolas que están en otro continente. Y en último lugar, no es solo un incentivo, sinceramente, es una inversión. ¿Cuál es la propuesta que les traemos aquí, entonces? La
propuesta es una proposición de ley que no pretende en ningún caso ser un instrumento de confrontación, sino un instrumento de avance, de avance para Ceuta y de avance para Melilla. Pretende volver a ese sistema que ha sido pacífico durante
muchísimos años y con diferentes presidentes de Gobiernos, que arrastró desde el año 2004 y que llegó hasta el año 2023. El objetivo es el de restablecer las bonificaciones del 50 % de las cotizaciones de la Seguridad Social. No son un privilegio,
son una necesidad para mantener esta situación. Es un reconocimiento a las dos ciudades, Melilla y Ceuta, y a sus ciudadanos, que enfrentan desafíos únicos derivados de su ubicación geográfica; es garantizar que puedan competir, que puedan tener
un futuro.
Yo no me voy a extender mucho más, no voy a agotar los doce minutos. Es una cuestión muy concreta, es volver a reponer la situación de la bonificación al 50 % y olvidarnos de lo que se hizo en 2023 y 2024, porque no es adecuado, no es
correcto y, además, no está trayendo buenos efectos. Eso es lo que les pedimos, el voto favorable para permitir la tramitación, solo para permitir la tramitación. Yo creo que los melillenses y los ceutíes se lo merecen y estoy seguro de que lo van
a agradecer si lo hacemos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Popular nos trae una proposición de ley para la recuperación de la bonificación para las cuotas patronales a la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla y volver al régimen
anterior del 2004; una iniciativa, por cierto, idéntica a la que ya registraron hace tiempo en el Senado y que fue aprobada.
Las bonificaciones de las cuotas patronales es un tema que creo que también hay que poner en contexto, porque en el año 2023 se procedió a una modificación de los incentivos en la contratación no solo porque era un compromiso con Europa, con
los fondos Next Generation, sino también porque, como bien apuntaba la AIReF cuando realizó la valoración acerca de la eficacia del sistema de incentivos a la contratación y el emprendimiento del 2012 a 2018, dicho periodo estuvo caracterizado por
una gran dispersión normativa y una generalización de los incentivos en toda la población. Evidentemente, si la contratación laboral fue modificada por la reforma laboral para dotar de mayor estabilidad a las personas trabajadoras y reducir la
temporalidad, era lógico abordar una reforma completa del sistema de bonificaciones y reducciones existentes, precisamente para adaptarlo a la nueva realidad contractual del mercado de trabajo. Fue una reforma que, además, se realizó en el marco de
las políticas activas de empleo para mejorar la calidad del empleo y la formación profesional de las personas ocupadas, para fomentar la creación de empleo y para promocionar la contratación de personas desempleadas, especialmente las más
vulnerables. Por eso, estos incentivos a la contratación se focalizaban precisamente en contratos indefinidos que se celebraban con personas de atención prioritaria -parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes, mujeres-, así como en la
transformación de determinados contratos temporales en indefinidos.
En definitiva, hoy tenemos una serie de incentivos a la contratación financiados con reducciones o bonificaciones en las cotizaciones sociales para eludir precisamente aquella fragmentación, poniendo, como he dicho, el foco en los colectivos
que mayores dificultades tienen para acceder a un puesto de trabajo, y es que no hay que olvidar que en muchos casos las bonificaciones sí han sido la puerta de acceso al mercado de trabajo, pero no han sido la puerta para la permanencia en este
mercado de trabajo. Política pública, sí, pero más para afianzar básicamente el empleo estable.
Es cierto que en numerosas ocasiones y en distintos ámbitos se ha procedido a regular determinadas especificidades para las islas y también para las ciudades de Ceuta y Melilla, y nosotros no nos vamos a oponer a que se abra este debate,
porque entendemos que lo que pretenden es proveer empleo estable y de calidad en estas ciudades. Su proposición de ley, sin embargo, no debe olvidar que el objetivo de las bonificaciones o reducciones ha de servir no solo para crear puestos de
trabajo, sino también para mantenerlos. No hay que olvidar tampoco que la estabilidad y la calidad del empleo solo se aseguran a través de la formación, a través de la capacitación y de acuerdo también con las exigencias del mercado.
Esta es una proposición de ley que debiera tener en cuenta también que la regulación del nuevo sistema de incentivos establece su revisión para que las bonificaciones y reducciones puedan ser evaluadas de forma que se puedan ir adaptando y
modificando según lo que se establezca. No olviden tampoco que los empresarios de Ceuta y Melilla disponen de bonificaciones de las cuotas patronales, aunque son distintas.
Como he dicho, no nos vamos a oponer, pero tampoco creo que la solución sea volver a los incentivos de 2004, como ustedes dicen en su proposición de ley, puesto que el mercado actual nada tiene que ver con el del año 2004, y porque los
incentivos a la contratación, como he dicho, tienen que servir no solo para crear empleo, sino para afianzar ese empleo estable y no pueden ni deben sustituir, desde luego, las reformas para combatir el desempleo y mucho menos para promover la
competitividad de las empresas. La competitividad de las empresas no se puede basar solamente en los costes laborales y en reducciones de bonificaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Granollers Cunillera.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Gràcies, president.
Bona tarda diputats i diputades.
Avui el PP ens porta un projecte de llei per bonificar quotes a la Seguretat Social a Ceuta i Melilla. I per nosaltres aquest és un tema que no podem deixar de parlar-ne perquè no podem caure en la frivolitat d'equiparar una quota de la
Seguretat Social amb un impost. No, les quotes a la Seguretat Social no són impostos, sinó que formen part de la nòmina dels treballadors. La diferència principal és que les quotes de la Seguretat Social són aportacions econòmiques que han de
pagar tant els treballadors com les empreses i serveixen per finançar el sistema de protecció social. No són impostos, sinó que són contribucions
finalistes, ja que el seu objectiu específic és garantir prestacions socials com ara pensions, atur, incapacitat temporal i permanent, maternitat, paternitat i moltes altres cobertures. En canvi, els impostos són pagaments obligatoris que
van a les arques de l'Estat i es poden destinar a qualsevol despesa pública que es consideri necessària, com educació, infraestructures, defensa o tot allò que vostès creguin que s'ha de finançar amb aquests impostos. Per tant, les quotes a la
Seguretat Social no són un impost com ens volen fer veure, que sinó que són una part del salari del treballador. Gràcies a aquestes aportacions, cada persona treballadora té garantit l'accés a prestacions que li permetran viure amb dignitat en
moments de vulnerabilitat com la jubilació, la malaltia o l'atur. Sense aquest sistema estem abocats a una situació d'absoluta desprotecció social i de desigualtats encara més profundes.
Per això, quan escoltem discursos que pretenen rebaixar les cotitzacions socials en nom de la competitivitat empresarial, hem de ser clars: no podem permetre una desprotecció de la classe treballadora. El que realment no ha estat
sostenible és el que han fet vostès, PP i PSOE, saquejant 140 000 milions d'euros de la bossa de les pensions per destinar-lo a altres despeses que no s'haurien d'haver pagat mai amb aquests diners. Uns recursos que havien de garantir el futur dels
jubilats i jubilades del nostre país, no podem permetre que es repeteixi aquesta gestió nefasta ni que s'utilitzin per afeblir la Seguretat Social en benefici dels de sempre. En comptes de retallar drets, el que cal és reforçar la Seguretat Social
amb mesures que ampliïn la protecció social, especialment per als autònoms i les petites empreses, garantint que ningú es quedi enrere. I sí, cal ajudar a la reindustrialització. Però cal fer-ho de moltes altres maneres: potser facilitant sòl
industrial. Potser estaria bé que a més d'especular amb el sòl industrial, el poguéssim cedir a les empreses donant més ajudes pel treball de qualitat i no potser donant ajudes a aquell que explota els seus treballadors. Estan al costat de les
empreses que es vulguin instal·lar a un territori? Això són ajudes efectives.
Per tant, senyories, tant del PP com del PSOE, deixin de jugar amb les quotes de la Seguretat Social, perquè defensar el pagament de les quotes a la Seguretat Social és defensar un model de societat on ningú queda desprotegit davant la
malaltia, l'atur o la vellesa. És una aposta de justícia social, per la dignitat i per un futur en què la protecció col·lectiva no estigui en mans de la caritat o del mercat, sinó garantida per un sistema públic fort i ben finançat.
Per tots aquests motius, votarem que no a aquest projecte de llei.
Gràcies.
Gracias presidente.
Buenas tardes, diputados y diputadas.
Hoy el PP nos trae un proyecto de ley para bonificar cuotas a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla. Para nosotros ese es un tema que no podemos dejar de lado. No podemos caer en la frivolidad de equiparar una cuota de la Seguridad Social
con un impuesto, no. Las cuotas a la Seguridad Social no son impuestos, sino que forman parte de la nómina de los trabajadores. La diferencia principal es que las cuotas de la Seguridad Social son aportaciones económicas que tienen que pagar tanto
los trabajadores como las empresas y sirven para financiar el sistema de protección social. No son impuestos, no, sino que son contribuciones finalistas, ya que su objetivo específico es garantizar prestaciones sociales, como pensiones, paro,
incapacidad temporal o permanente, maternidad, paternidad y muchas otras coberturas. En cambio, los impuestos son pagos obligatorios que van a las arcas del Estado y que se pueden destinar después a cualquier gasto público que se considere
necesario, como educación, infraestructuras, defensa o todo aquello que se piense que debe financiarse con esos impuestos. Por consiguiente, las cuotas a la Seguridad Social no son un impuesto, como nos quieren hacer creer, sino que son una parte
del sueldo del trabajador, y gracias a estas aportaciones cada persona trabajadora tiene garantizado el acceso a prestaciones que le van a permitir vivir con dignidad en momentos de vulnerabilidad, como jubilación, enfermedad o paro. Sin este
sistema estamos abocados a una total desprotección social y a desigualdades profundas.
Por eso, cuando escuchamos discursos que pretenden rebajar las cotizaciones sociales en nombre de la competitividad empresarial debemos ser muy claros: no vamos a permitir una desprotección de la clase trabajadora. Lo que realmente no ha
sido sostenible es lo que han hecho ustedes, PP y PSOE, saqueando 140 000 millones de euros de la bolsa de las pensiones para destinarlos a otros gastos que no tendrían que haberse pagado nunca con estos dineros; unos recursos que estaban pensados
para garantizar el futuro de nuestros jubilados. No podemos permitir que se repita esta gestión nefasta ni que se utilicen para debilitar a la Seguridad Social en beneficio de los de siempre. En lugar de recortar derechos, hay que reforzar la
Seguridad Social con medidas que amplíen la protección social, sobre todo
para los autónomos y las pequeñas empresas, garantizando que nadie se quede atrás. Y, sí, hay que ayudar a la reindustrialización, pero hay que hacerlo de otras maneras, facilitando, quizá, suelo industrial. Estaría bien que, en lugar de
especularse con el suelo industrial, se pudiera ceder a las empresas dando más ayudas para el trabajo de calidad y no ayudas a los que explotan a sus trabajadores. Estar del lado de las empresas que se quieran instalar en un territorio sería muy
útil.
Por lo tanto, señorías del PP y del PSOE, dejen de jugar con las cuotas a la Seguridad Social, porque defender esas cuotas es defender un modelo de sociedad donde nadie quede desprotegido ante la enfermedad, el paro o la vejez. Es una
muestra de justicia social por la dignidad y para un futuro en el que la protección colectiva no esté en manos de la caridad ni del mercado, sino garantizada por un sistema público fuerte y bien financiado.
Por todos estos motivos, vamos a votar no a esta proposición de ley. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Lago Peñas.
El señor LAGO PEÑAS: Presidente, buenas tardes.
Señor Bravo, cuando vi que era usted el que subía a la tribuna pensé que era para retirar esta proposición de ley. No lo ha hecho y no lo entiendo, porque mantener viva esta proposición de ley es una falta de respeto a esta Cámara, a su
grupo parlamentario y, lo que es más grave todavía, a las ciudades de Ceuta y de Melilla, a sus Gobiernos, a su ciudadanía. (Aplausos).
La iniciativa que formalmente presenta el Grupo Popular tiene como objetivo la recuperación de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social de Ceuta y Melilla. Estamos de acuerdo. SUMAR está de acuerdo. El problema, señor
Bravo, es que esta medida ya está en vigor desde hace cuatro meses. Para que se entienda bien, el Grupo Popular nos propone aprobar hoy una medida que ya está beneficiando a las empresas de Ceuta y de Melilla desde el día 1 de noviembre del año
2024. (Aplausos). El Grupo Parlamento Popular registró, el pasado 18 de octubre, esta proposición de ley ignorando que cinco meses antes, el 21 de mayo, el Gobierno de coalición de SUMAR y del Partido Socialista recuperó la bonificación al 50 % de
las cotizaciones a la Seguridad Social, que hoy propone el Grupo Popular. Una diputada me decía que no. La disposición final 6.2 del Real Decreto Ley 2/2024 establece que a partir del 1 de noviembre de 2024 se restablece la bonificación del 50 %
en la cotización a la Seguridad Social. Al acabar les daré una copia del real decreto. Señorías del Partido Popular, nos están proponiendo que votemos hoy una medida que está publicada en el BOE desde hace diez meses, que está en vigor desde el 1
de noviembre del año pasado y de la que ya se están beneficiando las trabajadoras, los trabajadores y las empresas de Ceuta y Melilla. Su falta de rigor parlamentario es inaudita, es incomprensible.
Hagamos un poco de historia. Los Gobiernos de Ceuta y Melilla y sus organizaciones empresariales y sindicales se dirigieron al Gobierno central proponiendo la vuelta al modelo anterior del Real Decreto 1/2023, que usted citó, en el que
básicamente se propone la bonificación al 50 % de las cotizaciones a la Seguridad Social. El Gobierno escuchó lo que demandaban de forma mayoritaria las ciudades de Ceuta y de Melilla, y actuamos en consecuencia, modificamos la norma. Les voy a
leer algunos titulares de periódico de esos días. El Periódico de Ceuta, 22 de mayo de 2024, titula: Comisiones Obreras elogia la recuperación de la bonificación del 50 % a la Seguridad Social. El Faro de Melilla: El Gobierno devuelve a Melilla
el 50 % de la bonificación a la Seguridad Social. La radiotelevisión de Ceuta, el 22 de mayo de 2024, titulaba: Los empresarios satisfechos por la vuelta al 50 % en las bonificaciones a la Seguridad Social. Señor Bravo, he dejado para el final el
titular y, sobre todo, el subtítulo de la noticia que me parece más revelador. El Faro de Ceuta, el 21 de mayo de 2024, titulaba: El Gobierno de Ceuta satisfecho con la recuperación del sistema anterior de bonificaciones. La noticia contaba con
un subtitular que le voy a leer de forma literal, señor Bravo: El Partido Popular celebra una medida crucial para fortalecer la economía y proteger el empleo local. Por si no lo han oído bien, señorías del Grupo Popular, el Partido Popular de
Ceuta celebraba el 22 de mayo (aplausos) la recuperación que hizo el Gobierno de las bonificaciones al 50 %. Son declaraciones hechas en mayo de 2024, hace casi un año, por los Gobiernos, los sindicatos, los empresarios y hasta por el Partido
Popular. Por eso le digo que mantener esta proposición de ley y llevarnos a votar esta proposición de ley hoy en esta Cámara es una falta de respeto a Ceuta y a Melilla. Porque el Gobierno no solo recuperó la bonificación del 50 % -Real Decreto
2/2024-, sino que aprovechó la corrección para mejorar de forma significativa su aplicación: en primer lugar, ampliando los sectores de actividad de las empresas; en segundo lugar, claro que sí, vinculándolo a la contratación indefinida, que
es como hay que contratar a los trabajadores, y en tercer lugar, vinculando su duración a los planes integrales de desarrollo socioeconómico de las ciudades de Ceuta y Melilla que usted trajo aquí.
Voy a terminar. Llevo varios días, desde que mi grupo me encargó analizar este asunto, intentando entender esta incongruencia parlamentaria y, después de verlo a usted además hoy aquí defenderla, no soy capaz de entenderlo. El Grupo
Parlamentario Popular es el más numeroso de esta Cámara y, por lo tanto, es el que tiene más financiación del Congreso de los Diputados y el que tiene más recursos técnicos y humanos a su disposición. Para que cometan esta incongruencia
parlamentaria solo se me ocurre que hay dos razones: la primera es que el PP está tan instalado en el no que es incapaz de realizar propuestas en positivo; y la segunda es peor, la segunda es que parece que destinan parte de su personal a tareas
diferentes al asesoramiento parlamentario. Lo hemos descubierto hace unas semanas con el abogado contratado por el Grupo Parlamentario del PP en el Senado, cuando hemos descubierto que este señor, con un salario pagado con dinero público, en
realidad trabaja para organizaciones ultraderechistas ¡que tienen las manos sucias! (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, algunos puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, señor Bravo, la insólita línea temporal de la proposición de ley no tiene ningún sentido. Hasta el 31 de agosto de 2023 la disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
contemplaba, en su apartado 2, una bonificación del 50 % de las cuotas patronales de la Seguridad Social para las empresas con trabajadores de Ceuta y Melilla que prestasen su actividad en las referidas ciudades. El 1 de septiembre de 2023 entra en
vigor la disposición derogatoria única, letra i), del Real Decreto Ley 1/2023, de 10 de enero, el cual derogada dicha disposición. En su lugar, el artículo 31.2 del Real Decreto Ley 1/2023 establece una bonificación fija máxima de 262 euros al mes
en las cuotas patronales de la Seguridad Social de las empresas con trabajadores indefinidos en las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, dos son las modificaciones principales en este punto: se introduce la bonificación fija de 262 euros al mes
en las cuotas patronales, suprimiendo la anterior que alcanzaba el 50 % de esas cuotas, y se especifica que la bonificación solo alcanzará a aquellos trabajadores con contratos indefinidos; antes, al no especificarse el tipo de contratación, se
aplicaba a todos los contratos. Esto es lo que hace siempre la izquierda: igualar por abajo.
Pero ante el agravio que supuso para las empresas el cambio de bonificación, el Gobierno trató de subsanar la situación, complicándola más, con la aprobación del Real Decreto 660/2023, de 18 de julio, donde se prevé la concesión de
subvenciones por la diferencia entre la bonificación fija de 262 euros al mes en las cuotas patronales y el importe equivalente al 50 % de las cuotas patronales de las empresas con trabajadores en Ceuta y Melilla. Si bien parece que en este punto
el Gobierno intenta solucionar el agravio anterior, la situación sigue siendo peor que la que disfrutaban las empresas. La situación sigue siendo peor porque el sistema de subvenciones está sujeto a la capacidad presupuestaria del Estado y porque
en la propia figura de las subvenciones las cantidades deben ser adelantadas por las empresas para, posteriormente, recibir los importes correspondientes.
A todo esto, el Grupo Popular en el Senado presentó en noviembre de 2023 una proposición de ley para la recuperación de la bonificación del 50 % de las cuotas patronales de la Seguridad Social en dichos territorios. La iniciativa se tomó en
consideración el 6 de marzo de 2024, con el voto favorable de VOX. Actualmente, esta iniciativa ya se encuentra en el periodo de enmiendas en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que esta proposición de ley del
Grupo Popular utiliza una técnica legislativa errónea -con todo respeto-, ya que modifica la cláusula derogatoria que dejó sin efecto la disposición adicional vigésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, pero sin volver a poner esta
última en vigor. Recordemos algo que todos ustedes conocen, la espina dorsal de nuestra legislación: el Código Civil. Artículo 2 del Código Civil: 'Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiere derogado'. Bien,
pues en un nuevo intento de solventar el asunto, el Gobierno aprueba el Real Decreto Ley 2/2024, de 21 de mayo, que contiene, en su disposición final sexta, una modificación del artículo 31, devolviendo la bonificación del 50 % de las cuotas
patronales pero solo para los contratos indefinidos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta el 19 de octubre de 2024, ante la Mesa del Congreso, una proposición de ley idéntica a la expuesta en el punto anterior. Esta iniciativa se somete a
su toma en consideración en esta sesión plenaria. El objeto es devolver la vigencia al contenido de la disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en los términos en los que estaba
redactada antes del Real Decreto 1/2023, aunque con la misma técnica legislativa errónea de no volver a dar vigencia a la normativa derogada en dicho decreto ley. Increíblemente, esta proposición de ley no hace ninguna referencia al cambio del
Decreto Ley 2/2024 y supone que, si se tomase en consideración, en la Comisión de Trabajo entraría una iniciativa igual y una ya en tramitación, la citada en el Senado de 2023; y aún es más, obviando términos básicos -insistimos- del artículo 2 del
Código Civil, que señala que por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que estas hubieren derogado.
En definitiva, el Partido Popular pretende que se haga algo que ya hizo el Gobierno mediante el Real Decreto 2/2024, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, con la única excepción de que solo se refiere a contratos indefinidos, pero
con una técnica legislativa deficiente e inaudita. Una sistemática legislativa tremenda, el pan nuestro de esta legislatura de diestra y siniestra. Con un tono almibarado insoportable, en muchas ocasiones, de forma habitual oímos a comentaristas,
tertulianos, algunas de vuestras señorías hablar de los partidos de Estado, en una competición cursi sobre el dios consenso y su inutilidad ante normas fallidas. (Aplausos). En fin, parece ser que estos autoproclamados partidos de Estado son
especialistas en conseguir un problema a cada solución. Nosotros queremos que la situación se revierta a como estaba: bonificación a todos los contratos. Esa es la solución; no le pongan ustedes, partidos de Estado, más problemas al asunto. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia). Y, además, relacionado con ciudades como Ceuta y Melilla, que requieren un trato especial, donde tenemos que apuntalar proyectos sólidos y defenderlas de todo aquello que intente o intenta atacar la
soberanía española.
Hoy es 11 de marzo. Este 11 de marzo tiene un contenido especial: la defensa de estas dos ciudades; aniversario que tiene el mismo sonido que el 11 de septiembre en Estados Unidos y el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, el sonido de un
rezo incompatible con nuestra civilización. Dejen de jugar ambos partidos de Estado con lo más sencillo, que suele ser lo más sublime.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral de Lamo.
El señor MAYORAL DE LAMO: Buenas tardes.
Señor Bravo, esta proposición de ley -cuando la leía y cuando le escuchaba- no deja de sorprenderme porque tiene mucho de intentar exculpar los pecados que el Partido Popular ha cometido con Ceuta y con Melilla. Claro, a uno le sorprende,
si analiza la política del Partido Popular con Ceuta y con Melilla, esta proposición de ley.
Hablemos de hechos, porque la memoria es frágil, y muchas veces hay que recordarlos. ¿Qué hizo el Partido Popular en el año 2012, cuando gobernaba? Aquella reforma laboral supuso para Ceuta y Melilla que la precariedad en las zonas más
desfavorecidas se cebara especialmente en ambas ciudades autónomas. Pero ¿qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hicieron sus señorías cuando gobernaban en el año 2013? Eliminar las bonificaciones del 50 % para nuevos autónomos y pymes. Me sorprende
esta propuesta de ley. Pero sigo: ¿qué hicieron sus señorías de la derecha en el año 2018, alegando necesidades presupuestarias? Recortaron bonificaciones en sectores estratégicos, ambos de Ceuta y de Melilla. Y ahora vienen preocupadísimos, no
solamente aquí, sino en el Senado, cuando este Gobierno está trabajando.
Pero hablemos de Ceuta y Melilla, porque para el desarrollo económico de ambas ciudades hay que hablar de inversión, de política, de lo que le afecta el día a día a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla. ¿Saben lo que ustedes hicieron,
hablando de inversión, de desarrollo económico? Reducirlo en un 40 %. Eso hicieron sus señorías del Partido Popular (el señor Marí Bosó: La del 2010), eso hizo su Gobierno. Y frente a recortes, eliminación de bonificaciones y reformas laborales
que a lo único que llevaban era a la precariedad, llegó un Gobierno del Partido Socialista, llegó un Gobierno de progreso y ya no hay recortes, no hay recortes en Ceuta y Melilla. Además, ¿saben que más hay? La mayor inversión de la historia en
ambas ciudades autónomas. (Aplausos.-El señor Marí Bosó: ¡Por eso gobierna el Partido Popular!). Además, se ríen, pero esto va de datos. Apunten. Hasta el año 2026, 711 millones de euros van destinados al desarrollo económico de ambas ciudades
autónomas. ¿Saben cuánto se ha reducido la
temporalidad? ¿Saben cuánto? Del 8 al 40 %, gracias a una reforma laboral que aprobamos nosotros y su diputado Casero. (Aplausos).
Si quieren que hablemos de bonificaciones, vamos a ser serios. Vamos a hablar de bonificaciones. Hasta el 50 % de las cuotas en la Seguridad Social, con este Gobierno se mantienen, por mucho que ustedes digan. Hemos creado un nuevo
sistema complementario de incentivos que mejora las bonificaciones anteriores. Hemos simplificado la contratación para las empresas. Pero no solamente va de bonificaciones cuando hablamos de desarrollo empresarial, hablamos de lo que en el día a
día desarrolla una ciudad. Le quiero recordar lo que supone un Gobierno de progreso en Ceuta y Melilla: supone 120 millones de euros para un nuevo hospital universitario en Melilla; supone 80 millones de euros para el mayor centro de formación
profesional, que significa futuro para los jóvenes de Ceuta (aplausos); se llama 52 millones de euros en puertos y aeropuertos; se llama un 75 % de bonificación a la movilidad en el transporte para ambas ciudades. Eso es el día a día de la
ciudadanía, eso es invertir realmente en desarrollo. (Aplausos).
Parece que ustedes nunca han gobernado, parece que ustedes no tienen responsabilidad. Miren, desgraciadamente, hemos vivido una pandemia y ¿saben a lo que ustedes se dedicaron? A poner palos en las ruedas a una solución a la crisis que
mantuvo con los ERTE a más de 1500 trabajadores en ambas ciudades. Se invirtieron más de 30 millones de euros en el mantenimiento de empresas y 95 millones en créditos ICO. Eso es bonificar, eso es apostar, desde un Gobierno de progreso, por Ceuta
y por Melilla (aplausos), eso es trasladar a la ciudadanía de ambas ciudades que realmente están preocupados. Además, escucharlos es digno de estudio. Ustedes recortan, ustedes eliminan y reducen en un 40 %, y vienen a decirnos a nosotros,
señorías del Partido Popular, que hemos aumentado la inversión, que hemos apostado por los contratos indefinidos frente a su modelo de 2004 de temporalidad y precariedad... No solo lo creemos, sino que los datos lo dicen. (Aplausos). Les recuerdo
a sus señorías que lo dicen con mucha vehemencia. Se lo voy a resumir en dos líneas: cuando el Partido Popular está en el Gobierno, no hay inversión y hay recortes, y cuando está el Partido Socialista, cuando hay un Gobierno de progreso, la
realidad de los datos dice que hay inversión y hay soluciones para Ceuta y para Melilla. (Aplausos).
Dejen de hacer oposición con titulares vacíos, porque, además, no beneficia en nada a la ciudadanía de Ceuta y de Melilla. Subir aquí y hacer un discurso sobre soluciones que ya están planteadas, después de que ustedes las recortaron, lo
único que lleva realmente es a que la ciudadanía, tanto de Ceuta como de Melilla, no los entiendan. No entiendan cómo son capaces de subir aquí, a la tribuna, y hablar de Red Eléctrica y no decir que este Gobierno ha facilitado esos 300 millones de
euros de inversión para que hagan que la luz sea más barata en Ceuta. Eso sí que es bonificar y ayudar a las empresas, eso sí que es preocuparse del día a día.
Ceuta y Melilla necesitan compromiso real, inversión, necesitan debates serios y, sobre todo, una cuestión que en un debate sobre las dos ciudades autónomas es necesario: no hacer política con esas ciudades, sino hacer política para esas
ciudades.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO, SOBRE EL MARCO REGULATORIO CONTRA LA OPACIDAD ALGORÍTMICA Y EL ESTUDIO PARA LA POSIBLE CREACIÓN DE UNA RED SOCIAL DE INTERÉS Y DE INICIATIVA PÚBLICA DE ÁMBITO EUROPEO. (Número de expediente
162/000434).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la que presenta el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para
la posible creación de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito europeo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rufián Romero por un tiempo de siete minutos.
El señor RUFIÁN ROMERO: Les reconozco que estaba teniendo dificultades para preparar esto de hoy. Estaba en mi despacho y no sabía muy bien cómo plantearlo; entonces, he escuchado a un señor de VOX hace un rato -que ha salido aquí con una
banderita de España, evidentemente, con una pulserita de España, evidentemente- decir aquí, en la tribuna, abiertamente algo así como que eso del rescate
bancario es de comunistas y es la anti-España, porque al final las cajas y no sé qué, y que eso de regalar a la gente los pisos del Estado, de la Sareb, también es de antiespañoles. Y yo pensaba: joder -perdón-, ¿cómo te plantas aquí con
una bandera de España, con una pulserita de España -cuando la gente no tiene pisos y les quieres dar pisos, cuando la gente lo pasó tan mal durante el rescate bancario miserable y lo que conviene es devolverle el dinero a los hospitales y a los
servicios públicos-, cómo te plantas aquí siendo tan español a decir que eso es antiespañol? Y he pensado: porque les sale gratis, les sale gratis. ¿Por qué creen ustedes hoy en día que hacer un saludo nazi mola? ¿Por qué creen ustedes hoy en
día que hay tanta gente que cree que la okupación afecta al 51 % de la gente, cuando en realidad afecta al 0,064 %? ¿Por qué creen ustedes que hoy hay tanta gente que cree que la delincuencia en el sector migrante es del 60 % cuando no llega al 10
%? ¿Por qué creen ustedes hoy que hay gente -y son palabras literales- que cree que los musulmanes nos están comiendo, cuando apenas son un 5 %? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente hoy que cree que ya no se puede decir nada, cuando
realmente los únicos que acaban frente a un juez para dar explicaciones son humoristas de izquierdas? ¿Por qué creen ustedes que hoy hay tanta gente que con un 3 % de crecimiento y con cotas de empleo inéditas creen que este país está peor que
nunca? ¿Por qué creen hoy ustedes que hay tanta gente que vota a partidos que se financian irregularmente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les ha pasado que la clase trabajadora, siendo de partidos que defienden a la clase trabajadora, les insultan? A mí
me pasa. Hay un chaval, que descarga camiones a las siete de la mañana en la Puerta del Sol, que cada vez que salgo del hotel me insulta. Seguramente vota a esta gente y seguramente me odie a mí. Seguramente cobra un salario miserable y curra un
montón de horas. ¿Es culpa nuestra? Quizá en parte, pero, sobre todo, porque aquí hay partidos que votan cada semana en contra de sus intereses. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué?
Siguiente pregunta. ¿Cuál es hoy el poder más poderoso? ¿Quién es más poderoso hoy en el mundo? ¿Qué poder es más poderoso? ¿El Poder Judicial? Es poderoso. ¿El Poder Legislativo? Es poderoso. ¿El Poder Ejecutivo? Es poderoso. ¿El
poder mediático? Es muy poderoso. Pero ya no son los poderes más poderosos. De hecho, se dice de Trump que es un señor de negocios. Trump es un señor de redes sociales. Hoy, el poder más poderoso está aquí (muestra un móvil), es el poder
digital, y tumba Gobiernos; y aquí, estos señores y señoras son los reyes; aquí (muestra un móvil de nuevo), 4000 millonarios han convencido a millones de precarios de que la culpa de su situación son otros precarios aún más precarios que ellos.
Ese es el mundo que tenemos hoy en día. Nosotros les proponemos ante esto competir, responder, no abandonar este poder (muestra un móvil de nuevo), por muy difícil y por muy chungo que sea. Yo hace poco dije que estaba de moda ser facha; me
equivoqué o no fui exacto. No está de moda el fascismo, está de moda el malismo, ser malo, ser un chungo, defender aquí que el débil es el culpable, que el débil es el responsable de la situación, de la precariedad: el negro, el migrante, la
mujer. Eso está de moda, y si no está de moda hacer eso, está de moda callar frente a eso, y tenemos ejemplos en todos sitios. Por tanto, les proponemos crear al menos el debate, en el seno de la Unión Europea, sobre la creación de una red social
digital alternativa a la tiranía de esos 4000 millonarios que hackean las mentes de tanta gente; una red social -y ya me sé las réplicas que vendrán después de mí- que no sea de izquierdas -ojalá-, que respete los derechos humanos; una red social
en la que la mezcla de tragaperras, dopamina, algoritmos no sea quien impere, sino el respeto al otro, que respete los derechos humanos.
Señorías, los tolerantes, las tolerantes, tenemos que ser intolerantes frente a la intolerancia, los tolerantes tenemos que ser intolerantes frente a la intolerancia. No vale eso de: no, no, no, claro... No, porque si no, la intolerancia
directamente se cargará a los tolerantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rufián.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez por un tiempo de cinco minutos.
La señora CALVO GÓMEZ: Bé, cada cop que intentem posar fre als efectes nocius que el món digital té sobre els nostres nens, nenes i adolescents, i sobre la societat en general, un recorda aquella frase que ens trasllada a l'escenari de
l'impossible: posar portes al camp. O aquella altra expressió que és imatge de l'inútil: fer un brindis al sol. Així que el primer que hem de fer és reconèixer que cap proposta, cap ni una, serà capaç de garantir el control efectiu i eficient de
les grans plataformes tecnològiques, dels senyors tecnofeudals, ara que, com indica la iniciativa, parlar de tecnofeudalisme és trending topic. Si ni tan sols som capaços de controlar les petites plataformes quan aquestes operen fora de l'Estat
espanyol o fora de la Unió Europea. Malgrat tot, toca reaccionar. I ho hem de dir: és inadmissible l'endarreriment que porta
l'Estat espanyol en el control de l'aplicació d'un reglament que s'ha incorporat automàticament des de fa més d'un any. L'Estat espanyol ha rebut dues cartes de la Comissió Europea advertint d'un possible procediment d'infracció perquè
encara no ha determinat qui serà el coordinador dels serveis digitals.
Des de Junts defensem el desplegament immediat de la DSA i, també, de la Llei Digital de Mitjans Audiovisuals, però sense deixar de costat les comunitats autònomes, ans al contrari, delegant competències i funcions als organismes que tenen
la capacitat de fer aquesta gestió com, per exemple, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Si ho fa a Bèlgica, atorgant competències en el seguiment i control dels mitjans audiovisuals a la zona flamenca o a la zona valona, per què no ho pot
fer l'Estat espanyol? El que passa a Catalunya ho volem controlar a Catalunya. Ja ho portàvem com a esmena en la tramitació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual a la legislatura anterior, quan teníem la mateixa empenta, però ens
faltava aritmètica. Aquesta legislatura, com tothom sap, volem destinar la força que tenim a guanyar en autogovern i en recursos per al nostre país, que és Catalunya. Per això els hem presentat una esmena en aquest sentit.
I la segona proposta de modificació de la iniciativa que presentem, té a veure amb labsència de control del si a les xarxes socials, de les grans plataformes digitals i els mecanismes de denúncia dels continguts inapropiats per als nostres
nens i joves. Per fer possible aquest control, de nou necessitem de manera urgent desenvolupar el Reglament de Serveis Digitals. Del contrari, totes les propostes que fem, no deixaran de ser, com deia abans, un brindis al sol.
Per últim, voldríem incidir en que no es pot impulsar una xarxa social dins de la Unió Europea i, potser, finançada per la Unió Europea, sense treballar colze a colze en col·laboració amb el sector privat. És necessari implicar-lo a la
solució i deixar de veure al sector digital privat més aviat com el problema. I tant de bo un dia, quan parlem d'aquesta inabastable situació que vivim, d'aquest món inabastable d'internet i dels efectes negatius que té aquest món i les xarxes
socials en els nens i les nenes i els adolescents, tant de bo un dia puguem citar Nelson Mandela, que deia: 'Sempre sembla impossible fins que està fet'.
Cada vez que intentamos poner freno a los efectos nocivos del mundo digital sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, y en la sociedad en general, uno se acuerda de esa frase que nos traslada al escenario de lo imposible: poner puertas al
campo, o esa otra expresión que es imagen de lo inútil: un brindis al sol. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ninguna propuesta, ninguna, podrá garantizar el control efectivo y eficiente de las grandes plataformas
tecnológicas de los señores tecnofeudales, ahora que, como indica la iniciativa, hablar de feudalismo es trending topic, si ni siquiera somos capaces de controlar las pequeñas plataformas cuando estas operan fuera del Estado español o de la Unión
Europea. A pesar de todo, es el momento de reaccionar, y tenemos que decirlo, es inadmisible el atraso que lleva el Estado español en el control de la aplicación de un reglamento que se ha incorporado automáticamente desde hace más de un año. El
Estado español ha recibido dos cartas de la Comisión Europea advirtiéndole de un posible procedimiento de infracción porque todavía no ha determinado quién va a ser el coordinador de los servicios digitales.
Desde Junts defendemos el despliegue inmediato de la DSA y de la ley digital de medios audiovisuales, pero sin dejar de lado las comunidades autónomas. Todo lo contrario, delegando competencias y funciones a los organismos que tienen la
capacidad de realizar esta gestión, como, por ejemplo, el Consejo del Audiovisual de Cataluña. Si lo hace Bélgica otorgando competencias para el seguimiento y el control de medios audiovisuales a la zona flamenca o a la zona valona, ¿por qué no lo
puede hacer el Estado español? Lo que pasa en Cataluña lo queremos controlar en Cataluña. Y ya lo traíamos como enmienda en la tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en la legislatura anterior cuando teníamos el mismo
impulso, pero nos faltaba aritmética. Hoy, en esta legislatura, como saben, queremos destinar la fuerza que tenemos a ganar en autogobierno y en recursos para nuestro país, que es Cataluña. Por ello les he presentado una enmienda en este sentido.
Y la segunda propuesta de modificación de la iniciativa que presentamos tiene que ver con la ausencia de control de si en las redes sociales de las grandes plataformas digitales existen los mecanismos de denuncia de los contenidos
inapropiados para nuestros niños y jóvenes. Para que este control sea posible de nuevo necesitamos de forma urgente desarrollar el reglamento de servicios digitales. De lo contrario, cualquier propuesta que hagamos, que hagan, no dejará de ser un
brindis al sol, como decía hace un momento.
Por último, quisiéramos incidir en que no se puede impulsar una red social dentro de la Unión Europea, y quizás financiada por la propia Unión Europea, sin trabajar codo con codo en colaboración con el sector
privado. Es necesario implicarlo en la solución y dejar de ver el sector digital privado más bien como el problema, y ojalá, un día, cuando hablemos de esta situación, de este mundo inabarcable de Internet y de sus efectos negativos junto
con las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes, ojalá podamos citar a Nelson Mandela que decía: Siempre parece imposible hasta que está hecho.
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señora Calvo.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rego Candamil, por un tiempo de dos minutos y medio.
El señor REGO CANDAMIL: Moi boa tarde. Obrigado señora presidenta.
Partillamos a preocupación crecente que reflicte esta iniciativa de Esquerra mais que se está a xeneralizar polo menos nos sectores máis conscientes da sociedade polo feito de que na actual era dixital, sexan grandes plataformas tecnolóxicas
dende unha posición de absoluto dominio as que controlen boa parte dos fluxos de información, especialmente nas redes sociais, e o uso perverso que diso realizan.
Podemos asegurar que hoxe son oligarcas norteamericanos, algúns deles incrustados directamente no goberno de Trump, os que dominan o comercio perverso de datos persoais a través de grandes plataformas como Meta, Alphabet e X, a publicidade
orientada e hiperdirixida en función deses datos e, sobre todo, a capacidade de manipulación informativa. Hoxe xa é indiscutíbel o papel destas plataformas nas estratexias da extrema dereita para a difusión de discursos de odio, a propagación de
bulos e fake news ou a manipulación emocional para buscar tirar réditos políticos para posicións extremistas, racistas, xenófobas ou machistas.
Ten razón Esquerra Republicana de Cataluña cando afirma que a situación se viu agravada pola falta de control público sobre estas plataformas que actúan como actores políticos de facto, sen estaren sometidos a mecanismos de rendición de
contas democráticos. Mais isto tamén é posíbel pola pasividade permisiva das autoridades públicas, moi evidente no Estado español. Como exemplo, na última comparecencia neste congreso da presidenta da Comisión Nacional de Mercados e da
Competencia, en setembro do pasado ano, expuxo como un grande logro unha iniciativa de control de Tiktok. Nin unha soa en relación con Facebook, Instagram, Whatsapp, do xigante Meta con Google ou Youtube e nin sequera con X que se está a
singularizar pola utilización política obscena ao servizo da ultradereita e dos intereses oligárquicos norteamericanos. E por que? Ningunha explicación. Imaxinamos que porque unha é chinesa e as outras pertencen ao amigo americano, ao que non
convén molestar excesivamente.
Por iso nos parece ben o debate que abre esta iniciativa e mesmo a procura de alternativas, mesmo que o BNG non estea moi confiante no hipotético control democrático e parlamentar que poida ser exercido sobre unha plataforma de iniciativa
pública europea, mesmo que non se apoiase na participación público privada. E non o estamos porque unha e outra vez constatamos a falta de preocupación polo respecto ao procedemento democrático das institucións e estados europeos. Chegue, e con
isto finalizo, con citar só o silencio cómplice en relación ao xenocidio en Gaza ou a decisión de escalar a dinámica bélica cun fondo para armamento e guerra de 800 000 millóns de euros, sen pasar polo control parlamentar en ningún estado. A este
congreso non veu nin temos noticia de que vaia vir a votación. En fin, democracia si, ma non troppo.
Moito obrigado.
Muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Compartimos la preocupación creciente que refleja esta iniciativa de Esquerra, la cual se está generalizando, al menos en los sectores más conscientes de la sociedad, por el hecho de que en la actual era digital son grandes plataformas
tecnológicas desde una posición de absoluto dominio las que controlan buena parte de los flujos de información, especialmente en las redes sociales y del uso perverso que de ello hacen.
Podemos asegurar que hoy son oligarcas norteamericanos, algunos de ellos incrustados directamente en el Gobierno de Trump, los que dominan el comercio perverso de datos personales a través de grandes plataformas, como Meta, Alphabet, X, la
publicidad orientada e hiperdirigida en función de esos datos y, sobre todo, la capacidad de manipulación informativa. Hoy es indiscutible el papel de las plataformas en las estrategias de la extrema derecha para la difusión de discursos de odio,
la propagación de bulos y fake news o la manipulación emocional para tratar de obtener rendimientos políticos de posiciones extremistas, racistas, xenófobas o machistas.
Tiene razón Esquerra Republicana de Cataluña cuando afirma que la situación se ha visto agravada por la falta de control público sobre estas plataformas, que actúan como actores políticos, de hecho, sin estar sometidos a mecanismos de
rendimientos de cuentas democráticas. Pero esto también es posible por la pasividad permisiva de las autoridades públicas, evidente en el Estado español. Por ejemplo, en la última comparecencia en este Congreso, la presidenta de la CNMC expuso en
septiembre del año pasado como un gran logro la iniciativa de control a TikTok. Ni una sola en relación con Facebook, Instagram, WhatsApp, el gigante Meta, Google o YouTube, y ni siquiera con X, que está destacando por la utilización política
obscena al servicio de la ultraderecha y de los intereses oligárquicos norteamericanos. ¿Por qué? Ninguna explicación. Imaginamos que porque una es china y las otras pertenecen al amigo americano al que no conviene molestar excesivamente.
Por eso nos parece bien el debate que abre esta iniciativa e incluso la búsqueda de alternativas, aunque el BNG no está muy confiado en el hipotético control parlamentario que se puede ejercer sobre una plataforma de iniciativa pública
europea, aunque no se apoyase en la participación público-privada. Y no lo estamos porque una vez constatamos la falta de preocupación y el respeto a los procedimientos democráticos de los Estados europeos. Baste -y con esto finalizo- el silencio
cómplice contra el genocidio en Gaza o la escalada bélica con un fondo para armamento y guerra de 800 000 millones de euros sin pasar por el control parlamentario en ningún Estado. A este Congreso no ha venido ni tenemos noticias de que vaya a
venir. En fin, democracia sí, ma non troppo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego.
Tiene la palabra la señora Velarde Gómez, por un tiempo de dos minutos y medio.
La señora VELARDE GÓMEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, es evidente que el control de las principales redes sociales por parte de un número muy muy reducido de personas, que, además en este momento están claramente posicionadas al lado de Trump y de la internacional reaccionaria,
representa un problema de dimensiones planetarias para la supervivencia democrática.
Y hace un tiempo el discurso de hoy de su señoría, el señor Rufián, podía parecer una exageración, una exageración discursiva. Pero hoy es algo que todo el mundo y todas las fuerzas políticas con una tradición democrática y con valores
democráticos asume y, además, está analizando día a día. El caso de Elon Musk y de la red social X es un ejemplo muy muy evidente. Una red social que es un arma de propaganda, el nuevo nodo en escala mundial, con una capacidad muy muy
significativa de contaminar los debates políticos públicos, en cualquier país, y con una agresividad muy significativa en el caso de las campañas electorales de los países europeos.
Es evidente que la Unión Europea tiene un problema en este aspecto y que debería asumir esa necesidad de limitar la acción de las redes sociales existentes, potenciando las sanciones y afinando el control. Por otro lado, nos parece muy bien
que se ponga en marcha una red social de carácter público, de ámbito comunitario, que pueda competir y que pueda ganar terreno frente a los grandes colosos tecnológicos privados. Hay que tener en cuenta que estas plataformas, y en particular para
las nuevas generaciones, son hoy casi la única fuente de acceso a la información para millones de personas. Así como en los medios de comunicación, como puedan ser la televisión o la radio, hay una coexistencia entre empresas públicas y empresas
privadas, no se entiende que esto no sea posible también en este ámbito.
Además, la tenencia pública cambia radicalmente los objetivos y las finalidades de la red, pues no existiría esa tendencia a buscar beneficios exclusivamente y ponerlos por encima de la calidad de la información. Y la crisis de
globalización neoliberal en la que estamos inmersas nos obliga a una reflexión profunda sobre el campo de acción de lo público y la necesidad de un control democrático de múltiples aspectos de la vida económica, política y social. Porque lo que
valía hace una década ya hoy no vale, y las nuevas tecnologías nos obligan a una reflexión profunda sobre esta tarea.
En este contexto, Europa tiene que decidir qué quiere ser de mayor, y en este ámbito solo una gran inversión por parte de los poderes públicos y comunitarios puede permitir competir con unos gigantes tecnológicos que controlan y condicionan
la vida y la información de millones de personas. Por tanto, apoyaremos esta propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Velarde.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Hablamos de una proposición no de ley que, en definitiva, lo que solicita es que el Gobierno apueste y trabaje para la creación de una plataforma digital pública europea con criterios democráticos básicamente por la posición de dominio que
ejercen las grandes plataformas tecnológicas sobre el espacio público online, grandes plataformas que imponen sus reglas sobre el debate público y que, además, gestionan la información que se consume diariamente. Hablamos, como dice bien la moción,
del término tecnofeudalismo, un término acuñado ya por Varoufakis, que indica que las big tech operan prácticamente como el sistema feudal de la Edad Media, que básicamente consiste en ceder los datos personales a cambio de tener un acceso a la nube
y a las plataformas digitales de las grandes compañías, compañías que lo que pretenden conseguir es poder y dinero a través del control de los datos personales de los usuarios y del control de los algoritmos, pues son ellas quienes deciden qué es lo
que tenemos que ver.
Hemos pasado de esos señores feudales a los señores digitales, empresas con una posición dominante en términos económicos y con el control sobre la información y la tecnología, lo que les permite -creemos- ostentar una capacidad sin
precedentes para influir en la sociedad y en la función pública, para moldear la realidad a través de la tecnología, algo que además puede tener implicaciones desde luego para la democracia.
En definitiva, hoy estamos viendo que el debate público está controlado por estas big tech con ánimo de lucro, cuyos ingresos, aparte de la publicidad y los datos de los usuarios, son los algoritmos y estos premian aquellas entradas
precisamente que generan polémica, ya que incentivan que haya más interacciones. Estas plataformas son empresas de tecnología muy poderosas que nos benefician porque nos facilitan la vida, nos conectan con otras personas, nos informan, pero también
tienen muchas amenazas porque tienen poder e influencia, tampoco pagan los mismos impuestos, usan nuestros datos personales para su beneficio y no están sujetas a las mismas normas que otros sectores.
Con esta iniciativa, entendemos que no se trata de frenar el progreso y la innovación, sino de evitar que seamos víctimas de esas plataformas, precisamente en nombre de ese progreso y de la innovación y, por tanto, creemos que es necesario
impulsar un entorno digital equilibrado y sostenible, una regulación justa y proporcional en base al interés general de la ciudadanía, promulgando políticas de software libre en el ámbito europeo y en las administraciones públicas para evitar la
dependencia tecnológica de proveedores externos.
Es cierto que ya contamos con una regulación europea, la ley de servicios digitales, que desarrolla reglas para limpiar Internet de contenidos que puedan ser dañinos, como la desinformación, el discurso de odio, la propaganda terrorista o la
publicidad dirigida a niñas y niños, y así exigir a las plataformas la eliminación de publicaciones específicas o modificaciones incluso de los algoritmos. Y también tenemos una ley de mercados digitales, que lo que busca es frenar el excesivo
poder de estas big tech. Pero, además, hay que decir que en el Estado es necesario trasponer esa directiva europea sobre servicios digitales y también para designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, como organismo
regulador y de vigilancia de las redes sociales y sus políticas de moderación de comentarios; una modificación legal, por cierto, que se recogía en aquel decreto ómnibus de diciembre que fue derogado y que no fue incluido en el decreto que
sustituyó al derogado. Pero, a pesar de estas regulaciones, entendemos que esto no excluye la necesidad de reformas mayores para intentar garantizar una mayor cobertura a los derechos fundamentales en los espacios digitales. Por ello, mi grupo
votará a favor de esta iniciativa a impulsar en Europa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
El Grupo Republicano trae hoy a debate una iniciativa que no es nueva, no es novedosa, pero es muy interesante para debatir en un momento crítico en el que se habla mucho de soberanía, de soberanía nacional, y trae al debate público la
soberanía digital como un componente clave dentro de la soberanía nacional y la protección de la democracia.
Esta iniciativa no legislativa propone la creación de una red social pública, una red social pública que España tiene la capacidad de crear dentro del marco europeo, pero también que supone muchísimos retos. Y en España tenemos un ejemplo
donde se ha democratizado la información, donde se ha invertido desde el ámbito público, como es, por ejemplo, Radiotelevisión Española, un canal público que sería bastante similar a esta propuesta del Grupo Republicano. Pero para eso se necesita
una línea de financiación estable de la Unión Europea y también una verificación independiente frente a los 'tecnocuñados' que tenemos en las redes sociales, verificando por Elon Musk. También necesitaría una supervisión por parte de la agencia que
ya existe también en España, la agencia de supervisión de algoritmos, una financiación más estable para la SETT, la agencia española de tecnología, que también se ha creado ya, y una vigilancia constante por parte de la CNMC, como ya ha comentado mi
compañera Idoia antes. Pero a mí me gustaría hoy traer una segunda derivada a este debate, una segunda derivada que tenemos mucho en mente la ciudadanía, pero, sobre todo también, tenemos en mente desde la parte de la ingeniería de software.
Me gustaría traer a colación, no sé si os acordáis de las jóvenes de Almendralejo, jóvenes que el año pasado fueron desnudadas con inteligencia artificial por parte de sus compañeros. A mí me gustaría preguntaros qué pensarían las madres de
estas jóvenes cuando vieron los vídeos generados con inteligencia artificial este fin de semana por parte del Partido Popular, pero, sobre todo, qué pensaron ellas cuando sus representantes públicos son los primeros que generan imágenes de políticas
y políticos desnudos. Porque, claro, a la inteligencia artificial le puedes pedir cualquier cosa, pero al Partido Popular se le ocurrió pedirle que la presidenta del Congreso saliera en bikini, atacar a políticas y políticos de la izquierda el 8M,
especialmente a políticas; no se les ocurrió cualquier otro día, se les ocurrió el 8M. Aquí nos acompañan un montón de jóvenes. ¿Qué confianza tienen los jóvenes y la ciudadanía en nosotros para gestionar una red social pública? (Aplausos). De
hecho, en el Partido Popular no solamente generaron imágenes con inteligencia artificial sin mencionar que son imágenes generadas con inteligencia artificial, como recoge el reglamento europeo, nos han creado un conflicto diplomático con la
República Dominicana y nos han creado una crisis de confianza de la ciudadanía hacia nosotros y nosotras.
Imaginaros por un momento que la red social que propone el Grupo Republicano la gestionara el Partido Popular. Yo os puedo asegurar que acabaríamos todas y todos en OnlyFans, en pelotas, todas las mujeres de esta Cámara; tengo cero dudas.
(Rumores). De hecho, me imagino al que les estaría recomendando el dominio. Sí, sí, ¿cómo lo llamaríais vosotros? ¿genovasesentaynueve.com? ¿onlypp.com? ¿peperoshot.com? Es lo que han hecho este fin de semana. (Continúan los rumores).
Entonces, la duda es, primero, construyamos confianza en la ciudadanía en que lo digital debe ser un bien público y en que somos capaces de gestionarlo. Para mí y para nuestro grupo ese es el mayor reto, la tecnología como un bien público,
como un bien común, a través de una financiación estable. ¿Es posible? Claro que es posible. Por eso votaremos a favor, señorías del Grupo Republicano.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Andala.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mariscal Zabala por un tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
El señor MARISCAL ZABALA: Gracias, presidenta.
Hoy Esquerra Republicana nos trae una iniciativa que señala las redes sociales como un lugar oscuro, donde únicamente se difunde desinformación y discursos de odio, y para combatirlas pretende crear una red social pública, es decir, una red
social controlada por el poder político. Esta iniciativa la presenta ERC, pero sabemos que el resto de los partidos que están en esta Cámara, salvo VOX, también están a favor de perseguir las redes sociales y la libertad de expresión, algo que
demuestra dos cosas: en primer lugar, la manía que tienen ustedes de querer controlarlo todo, hasta el debate público; y, en segundo lugar, el pánico que les da que los ciudadanos tengan espacios de libertad. (Aplausos).
En VOX lo tenemos claro, las redes sociales se han convertido en un lugar donde los ciudadanos pueden ejercer su libertad de expresión para opinar y para defenderse de los abusos del poder político. Las redes sociales son una herramienta
que poseen los ciudadanos para defender el sentido común y la verdad, ese sentido común que no se ve en las leyes de los partidos que nos gobiernan ni esa verdad que los medios de comunicación subvencionados ocultan. En definitiva, gracias a las
redes sociales, los ciudadanos están logrando que el sentido común viva en el debate público, que la verdad sobreviva frente a la mentira política y que los votantes conozcan realmente lo que están haciendo ustedes aquí. (Aplausos).
Gracias a las redes sociales, los ciudadanos saben que ustedes están trayendo la peor inmigración a nuestro país, aquella que ataca a nuestra economía, a nuestra seguridad y a nuestra identidad. Gracias a las redes sociales, los ciudadanos
saben que ustedes están trayendo a España al peor islam, al más radical y al más incompatible con nuestra cultura. Gracias a las redes sociales, los ciudadanos ya saben que en España hay hombres -que han traído ustedes- que están diciendo a mujeres
españolas en institutos y en parques públicos de algunas zonas de España que tienen que taparse con el velo y que no pueden comer jamón delante de ellos. (Aplausos). Gracias a las redes sociales, los ciudadanos saben que ustedes están arruinando a
nuestros agricultores, trayendo productos de Marruecos.
Ustedes están destrozando nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra educación, nuestra identidad y quieren acabar con las redes sociales libres, porque saben que es la herramienta que utilizan los ciudadanos para conocer y denunciar el
daño que están haciendo ustedes a nuestro país y para decir basta. Ahora bien, cuando surgieron las redes sociales, a ustedes les pareció una buena noticia. Dijeron que iban a ser útiles para democratizar la información y para conocer mejor las
necesidades del pueblo. Lo que ocurrió es que rápidamente se dieron cuenta de que el sentido común del pueblo era contrario a sus intereses y a sus agendas ideológicas, y empezaron a perseguir el sentido común del pueblo, con el sambenito de que
todo lo que decían eran discursos de odio, y empezaron a poner límites ideológicos a la libertad de expresión. Ya lo han reconocido todos. Hasta Zuckerberg ha reconocido que en la última década los ciudadanos no hemos tenido la libertad para
expresar nuestras opiniones de manera libre en las redes sociales (aplausos), porque, si el mensaje contradecía a lo políticamente aceptado y correcto, era retirado por unas verificadoras que no eran ni neutrales ni independientes. ¿Qué está
ocurriendo ahora? Los dueños de Meta y X han anunciado que devolverán la libertad de expresión a sus plataformas, algo que está provocando que los Gobiernos progresistas que aún están en el poder, como ocurre en el caso de España, quieran de nuevo
perseguir la libertad de expresión en las redes sociales.
Pedro Sánchez ha anunciado que perseguirá a las personas que difundan desinformación en las redes sociales, ¿pero qué es la desinformación para este Gobierno? ¿Y qué son los discursos de odio para el Partido Socialista, para ERC, para
Podemos o incluso para el Partido Popular? Hace unos años, decir que los jóvenes iban a vivir peor que sus padres era populismo y era desinformación; hoy, desgraciadamente, ya es una realidad. Hace unos años, hablar de sustitución demográfica era
hablar de una conspiración de la extrema derecha; hoy, desgraciadamente, ya es una realidad. Hace unos años, hablar de que en España íbamos a ver a mujeres con burka en el transporte público era islamofobia y desinformación; hoy,
desgraciadamente, ya es una realidad. Las agresiones sexuales y violaciones provocadas por extranjeros se han multiplicado en España, y alertar de esto hace unos años implicaba que te llamasen racista y que dijeran que estabas difundiendo
desinformación; hoy, desgraciadamente, esto ya es una realidad en España. (Aplausos). En VOX nunca nos cansaremos de decir la verdad.
Afortunadamente, hoy vemos cómo la verdad se abre camino en todo el mundo. Por eso ustedes cada vez se ponen más nerviosos y quieren acabar con la libertad de expresión en las redes sociales. Prueba de ello es esta iniciativa, a la que
votaremos que no. Cuanto más poder tiene el pueblo, menos poderes tienen ustedes y por eso están tan nerviosos. Vienen tiempos de libertad para los ciudadanos, VOX está con ellos y ustedes no podrán evitarlo. (Aplausos de las señoras y los
señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mariscal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Gómez de Celis por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera.
El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ DE CELIS: Muchas gracias, presidenta.
Jiménez Losantos hace unos días dijo que le daba asco haber votado a VOX. Asco. También se preguntó si podían ustedes, señores de la ultraderecha, caer más bajo. Efectivamente, yo creo que sí, que pueden caer más bajo. Lo hacen cada día,
como hemos visto aquí en estos momentos, envenenando con sus mentiras y con sus bulos sobre la inmigración, sobre la emergencia climática o sobre la violencia de género, en ese negacionismo neandertal que expanden sin pudor aquí y en las redes
sociales. Además, a todo esto, ahora le suman su traición a España -ustedes traicionando a España-, traicionando a nuestros agricultores, porque defienden los aranceles al campo español (la señora Romero Vilches hace gestos negativos), traicionan a
Ucrania, traicionan a Europa y se arrodillan sumisos genuflexos ante Trump. (Aplausos).
Ustedes tienen de su lado -eso es verdad- a la poderosa tecnocasta, los que deciden con sus opacos algoritmos, infectados por el sesgo negativo, cómo alcanzar el mayor número de usuarios en estas grandes plataformas. El odio y la
polarización están en aumento y en estos algoritmos consiguen que nuestra indignación crezca de manera exponencial, y cuando la indignación se vuelve hábito, el odio se normaliza. Sus algoritmos no solo captan nuestra atención, sino que lo moldean,
crean perfiles psicológicos detallados para persuadirnos y radicalizarnos, y una estrategia que ya sabemos que utilizó Donald Trump -el amigo de ustedes, de VOX-, a través de la empresa Cambridge Analytica, con consecuencias terribles para la
democracia en Estados Unidos.
Si hay votantes de VOX a los que les da asco haberles votado, estoy seguro de que también hay votantes del Partido Popular a los que les repugnan sus prácticas. Ustedes, señores del Partido Popular, no quieren ser menos que sus socios de
extrema derecha en esa constante competición para ver quién es más ultra de los dos. La semana pasada nos llevaron a un conflicto diplomático con un país amigo de España, como es la República Dominicana. Es a lo que ustedes se dedican en las redes
sociales, a propagar bulos, como siempre han hecho -hoy, 11M, lo debemos recordar, pues el mayor bulo de la historia de nuestro país en democracia es el que ustedes construyeron con el atentado del 11M-, siendo además ustedes portavoces de
delincuentes, y con un uso esperpéntico y machista de la inteligencia artificial, lo que denota que entre sus filas hay poca inteligencia y mucho de artificial. (Rumores.-Aplausos).
Hoy debatimos una proposición no de ley que abre esta discusión fundamental: la regulación de las grandes plataformas, en cuanto a la moderación de sus contenidos, los algoritmos opacos y la desinformación. Sí, nosotros estamos de acuerdo.
Es necesaria una mayor regulación y una aplicación más severa de la que ya existe a nivel europeo, y en ello trabaja el Gobierno de España, promoviendo activamente la transparencia algorítmica, con la creación, por ejemplo, de ALIA, la primera
inteligencia artificial pública europea de modelos de lenguaje abiertos. Hoy mismo, hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Por todo ello podemos decir que
nuestro país es uno de los principales impulsores del escudo de la defensa de la democracia europea, un escudo ante el libertinaje. Sí, señorías del Partido Popular y de VOX, ante la libertad mal entendida, porque, señores del PP y de VOX, ustedes
dicen defender la libertad, pero en realidad lo que defienden es que cada uno haga lo que le dé la gana, la ley del más fuerte. Nosotros, los socialistas, defendemos las libertades, en plural, que no es lo mismo; defendemos aquello que Roosevelt
expuso en su famoso discurso: la libertad de expresión -que no el bulo-, la libertad de creencias, la libertad de desear una vida mejor y la libertad también de vivir sin miedo. Estas cuatro libertades son las que nos protegen a todos nosotros de
ustedes. (Aplausos).
Señorías, para finalizar, quiero hacer un llamamiento a los distintos grupos políticos del hemiciclo para que el veneno de las fake news, la cultura del odio, los pseudoperiodistas y los pseudomedios no permanezcan en esta Cámara.
(Rumores). Deben y pueden ponerse de acuerdo para modificar el Reglamento del Congreso de los Diputados. Aborden con valentía y con urgencia este cambio tan necesario. Señorías, en sus manos está.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cortés Carballo por un tiempo de cinco minutos.
El señor CORTÉS CARBALLO: Gracias, presidenta.
Señor Gómez de Celis, la República Dominicana no se ofendió por el tuit, se ofendió porque la vincularan a la corrupción socialista. Por eso se ofendió. (Aplausos). Y para incendiario en redes, tienen a su compañero Óscar López, que sí
que creó un conflicto diplomático con Argentina, que también se ha olvidado de destacarlo.
Hoy, en esta iniciativa, vemos que a Esquerra Republicana ahora le preocupan la desinformación y el control de las plataformas tecnológicas, la misma Esquerra que usa a TV3 y a Catalunya Radio para el adoctrinamiento independentista y que
utiliza subvenciones y sanciones para silenciar a los medios críticos, algo que, por cierto, con Illa no ha cambiado. Y la misma Esquerra que manipuló a los catalanes a través de las redes sociales con información falsa, y con ayuda del Gobierno
ruso, en la consulta ilegal del 1 de octubre. Que se le olvida, señor Rufián. Ese es el modelo que quieren imponernos aquí en esta iniciativa.
Esto no es nuevo. A lo largo de la historia hemos visto cómo los regímenes autoritarios han utilizado el control de los medios para silenciar críticas e imponer su relato. Hoy en día se impone la censura digital:
China bloquea plataformas internacionales y vigila cada interacción en redes sociales bajo el pretexto de garantizar la armonía social; Rusia utiliza leyes contra las fake news para prohibir redes sociales extranjeras y perseguir a
periodistas; en Cuba se coarta el acceso a Internet, se bloquean redes sociales y sitios web y se vigila a los usuarios; y en Venezuela -supongo que de ahí habrán sacado la inspiración para esta iniciativa- crearon hace unos años la Red Patria, un
mecanismo de control y vigilancia masiva con opción de reportar actividades consideradas desestabilizadoras para el régimen de Nicolás Maduro. Como ven, fracasó, y creo que deberían tomar nota de ello. (Aplausos).
En todos estos casos, la excusa siempre fue la misma: proteger a la sociedad de injerencias extranjeras y combatir la información falsa. Las medidas que está impulsando el Gobierno socialista, de la mano de sus socios comunistas y
nacionalistas, recuerdan mucho a lo que les acabo de contar. Son medidas que representan claros retrocesos democráticos bajo la excusa de combatir la desinformación, pero que no buscan otra cosa que silenciar los graves casos de corrupción del
Gobierno de Pedro Sánchez. Televisión Española, a la que han puesto ustedes de ejemplo, ya ha perdido su imparcialidad para convertirse en un palmero del Gobierno. Para eso se repartieron ustedes los consejeros el mismo día de la dana de Valencia,
acto miserable que les acompañará siempre. (Aplausos). Buscan influir en las líneas editoriales de los medios de comunicación mediante ayudas económicas condicionadas, como el plan de digitalización, dotado con 124 millones; politizan los
organismos reguladores para intervenir el contenido de las redes sociales; desarrollan una inteligencia artificial gubernamental, el proyecto ALIA, con sesgos ideológicos y clara falta de transparencia -ahí sí que hay falta de transparencia-;
compran el control de empresas tecnológicas con 2500 millones de euros de dinero público para colocar a amiguetes que controlen Movistar; y crean la ley de transparencia en medios, que no es más que un mecanismo político para decidir qué es
desinformación y qué son los considerados pseudomedios. Y como última ocurrencia, hoy nos traen la propuesta de una red social pública, otro paso hacia un control total del ecosistema informativo, al más puro estilo soviético. ¿Quién decidirá qué
contenido es aceptable? ¿Qué garantías habrá para evitar que la plataforma no se convierta en un instrumento de censura? ¿Quién se atreverá a hacer críticas en una red social controlada por el Gobierno? La historia y la experiencia recientes nos
han enseñado que estas iniciativas siempre derivan en censura, abuso y falta de libertades. Es cierto que la desinformación es un gran problema, pero la solución está en capacitar a los ciudadanos mediante educación mediática y digital, en dotarlos
de herramientas de verificación y en exigir a las plataformas digitales responsabilidad y transparencia en su algoritmo. Finlandia nos ofrece un ejemplo exitoso: programas educativos desde edades tempranas han reducido significativamente el
impacto de la noticia falsa sin recurrir al control estatal y a la censura. Pero, claro, señores socialistas, un ciudadano informado, formado y con criterio es difícil de manipular, ¿verdad? Es mejor optar por la censura y el control del relato.
España no necesita su verdad oficial ni redes sociales controladas por partidos políticos. Defendemos una España de ciudadanos libres, con pensamiento crítico y con acceso a una información plural sin tutelas de ningún Gobierno. Una
democracia sólida no se construye ni sobre la censura ni sobre el control de ningún Gobierno, sino sobre la confianza en sus ciudadanos y el respeto a sus libertades. Por eso, frente a su censura, más libertad; frente a su control, más democracia,
y frente a su manipulación, más verdad.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cortés.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO EJERZA DE MANERA EFECTIVA Y UNIFORME SUS COMPETENCIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN EN TODO EL ESTADO. (Número de expediente 162/000421).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, para que el Gobierno ejerza de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Tellado Filgueira por un tiempo de siete minutos. Cuando quiera.
El señor TELLADO FILGUEIRA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes a todos.
En un momento en el que la Unión Europea está señalando como su principal prioridad reforzar las políticas de seguridad y de defensa de sus fronteras, el Gobierno de España está caminando en la dirección contraria. El Gobierno de España
está caminando en la dirección de debilitar la frontera sur de la Unión Europea. En Canarias, renunciando al control de los flujos migratorios; en Ceuta y Melilla, con Marruecos dictando cómo y cuándo abren las aduanas, y ahora cediendo las
fronteras de Cataluña a los Mossos y retirando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que algunos puedan usarlas para sus ensoñaciones separatistas. (Aplausos). Europa necesita unas fronteras fuertes y Europa necesita unas fronteras
seguras para luchar contra el terrorismo internacional, contra la delincuencia global y contra las amenazas híbridas. En eso debería estar centrada una política migratoria seria de un Estado miembro de la Unión Europea y no en discutir sobre cuál
va a ser el nivel de catalán necesario para obtener la residencia.
El Gobierno de Sánchez lleva años renunciando a tener una política migratoria firme en España porque le parece xenófobo querer defender nuestras fronteras. Sin embargo, ahora está dispuesto a cederle la política migratoria a Cataluña a los
que ven como un problema a los catalanes que han nacido en Granada o en Segovia. Ese es el Partido Socialista. No quiere el pacto de Estado que le ofreció el Partido Popular para frenar el descontrol migratorio reforzando las fronteras españolas,
pero sí quiere un pacto de Estado catalán para levantar nuevas fronteras dentro de España, todo al servicio del delirio separatista, no de los españoles, y mucho menos de los catalanes. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la
Presidencia). Los catalanes verán cómo se retiran mossos de las calles de la comunidad para dedicarlos a sustituir en las fronteras a policías nacionales y a guardias civiles que les van a restar al conjunto de Cataluña. Menudo mal negocio para la
comunidad con los mayores índices de criminalidad de todo nuestro país. Los catalanes desprotegidos para impulsar el sueño independentista otra vez, pero ahora con la colaboración del Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos).
Señorías, que tengamos que traer esta iniciativa al Pleno es la mejor prueba de que vivimos en una anomalía democrática desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno de España. No es normal que tengamos que pedir que se cumpla
con la Constitución y no es normal que tengamos que pedir que se cumpla con la legislación vigente. No es normal que tengamos que pedir que se respeten las competencias exclusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es normal que
tengamos que exigir que el Gobierno ejerza en todo el territorio del Estado sus funciones de control y ordenación de los flujos migratorios. No es normal que tengamos que pedir que se garantice la seguridad de las infraestructuras críticas del
Estado: puertos y aeropuertos. Y no es normal que tengamos que pedir al Gobierno que mantenga su competencia exclusiva e indelegable sobre el control de fronteras o las concesiones de asilos o de permisos de trabajo y residencia. Pero estos son
precisamente los puntos de nuestra iniciativa que hoy sometemos a votación aquí.
Pedimos que España sea un Estado europeo normal. Aunque no tenga un Gobierno normal, pedimos que España sea un Estado europeo normal, que defienda sus fronteras y que participe en la defensa de Europa. Pedimos que España sea un Estado que
defienda a sus fuerzas y cuerpos de seguridad y que no los abandone, como ayer mismo denunciaron los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, que se reunieron con el presidente de nuestro partido. Pedimos que tengamos una
política migratoria seria y exigente, como defienden el resto de Gobiernos europeos y como acaba de pactar, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata alemán. Aprendan ustedes de su partido hermano en ese país. (Aplausos). Y pedimos que las
fronteras sean un instrumento para fortalecer a nuestro Estado y no un mecanismo en manos de quienes quieren debilitarlo.
Con el registro de la proposición de ley que el Grupo Socialista firmaba junto a Junts, y a través de su exposición de motivos, el PSOE ha admitido lo evidente -lo evidente para todo el mundo menos para el Partido Socialista-: que reforzar
el control de fronteras es fundamental para tener una sociedad segura y un Estado firme. Ahora la cuestión es si quieren que ese Estado firme sea España o sea la república catalana, como reivindican algunos de sus socios. No se equivoquen, señores
del Partido Socialista, les está utilizando para eso. Primero, les hicieron derogar el delito de sedición; después, les obligaron a darles la llave de la caja con el cupo para controlar la Hacienda catalana y desvincularla de la Hacienda del resto
de España; hace nada les han exigido la quita de la deuda para poder financiarse fuera y al margen del Tesoro Público; y ahora les piden que la Policía Nacional y la Guardia Civil se retiren de las fronteras de Cataluña. Son socialistas, pero
creo que no les tengo que hacer un mapa para que entiendan qué es lo que están persiguiendo. Se lo han dicho ellos, se lo han dicho sus socios, los independentistas: lo volveremos a hacer. Ustedes fingen no escucharlos, pero lo han dicho: lo
volveremos a hacer. Y cuando lo vuelvan a hacer -cuando lo vuelvan a hacer-, el Partido Socialista será cómplice de esa acción
inconstitucional. (Aplausos). Pero lo peor, señores del Partido Socialista, es que ¿a cambio de qué? ¿Qué consigue el Partido Socialista a cambio de todas estas cesiones? Han desarmado al Estado español y ni siquiera han conseguido
aprobar unos míseros presupuestos. Debería darles vergüenza, señores del Partido Socialista. (Aplausos).
Acabo ya. Señores del Partido Socialista, recapaciten. Recapaciten y vuelvan a las posiciones originales de su partido antes de la llegada de Pedro Sánchez a la secretaría general del Partido Socialista. Recapaciten y apoyen nuestra
iniciativa para que España vuelva a la senda de la cordura.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Tellado, feliz Ramadán. Ramadán Mubarak, al más puro estilo Vivas o Imbroda.
Fuera de bromas, su bipolaridad política daría risa si no fuera porque es gravísima. No solo que ustedes jueguen con los españoles, sino que los estafen y engañen con políticas muy serias, con políticas que están cambiando el rostro de
Europa, que están acabando con vidas de españoles y con vidas de europeos, que están haciendo a nuestros barrios inhabitables y convirtiéndolos en auténticos estercoleros multiculturales en los que ustedes tienen mucho que ver. (Aplausos).
Voy a permitirme, si es que me da tiempo, porque me ha resultado interminable esta intervención, hacer una breve retrospectiva de cuál ha sido la política migratoria del Partido Popular en los últimos años. Vamos a empezar por Aznar. Aznar
fue el gran abridor de las fronteras de España (aplausos), tiene el copyright de las regularizaciones masivas. El señor Aznar con su partido, el Partido Popular, regularizó a más de medio millón de inmigrantes ilegales en nuestro país. Además, los
regularizó administrativamente de una manera sencillísima; a algunos incluso con facturas de comida o con fotos de periódico. Los trámites administrativos eran totalmente irrisorios. Crearon figuras como la regularización por arraigo. Ustedes
también tienen el copyright de la regularización por arraigo de cientos de miles de personas, a los que no les preguntaron ni quiénes eran ni a qué venían y ni si tenían o no antecedentes penales. No obstante, sus políticas empezaron a verse en
España en El Ejido, en el año 2000, y los españoles se revolvieron ante esas políticas migratorias que estaban transformando sus barrios y acabando con las vidas de algunos vecinos. Pero lo más grave de todo fue lo que vino detrás de El Ejido y es
que después de El Ejido lo que hicieron ustedes, señor Tellado -no sé si lo sabe-, fue pactar con el Partido Socialista y enmudecer en los medios de comunicación cuando los delincuentes eran extranjeros. (Aplausos). Esto lo reconoce la propia
Radiotelevisión Española, que confirma que ustedes pactaron en el año 2003 ocultar la nacionalidad de los delincuentes en los medios de comunicación. Ustedes pactaron con el PSOE la censura sobre esas políticas que estaban imponiendo a los
españoles y a los europeos. Y no sé si también les suena esa ocultación para no crear alarma social de los miles de niñas violadas sistemáticamente en Reino Unido durante años, años y años por las bandas pakistaníes. Suena bastante parecido a lo
que hicieron ustedes.
Vamos a seguir con Rajoy, ese registrador de la Propiedad que no estaba a favor de las fronteras. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Con el señor Rajoy se firmó la Agenda 2030, esa que consagra también las fronteras abiertas. Las
regularizaciones masivas continuaron, claro que sí, y las nacionalizaciones también. Señor Tellado, una mayoría absoluta que no sirvió para nada; o sí, para subir los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida en este Congreso. (Aplausos).
El señor Casado parecía que iba a romper la dinámica de sus antecesores, pero fue un espejismo absoluto que fuimos viendo a lo largo de todos los barones del Partido Popular. La señora Ayuso, diciendo que esas bandas de juveniles que
atentaban en los barrios y que hacían carnicerías de machetazos los fines de semana eran tan españoles como Abascal. El señor Imbroda, diciendo que tenemos la obligación de empadronar a los menores extranjeros y a quienes pidan asilo. Ustedes en
sus actos, silenciando al canciller de Austria cuando decía que España tenía un problema de acogida de inmigrantes. El señor Almeida, presumiendo de haber creado más plazas para refugiados en siete meses que la señora Carmena en siete años. O
Murcia, la Murcia del PP, dedicando 2,5 millones del presupuesto de los murcianos para atender a exmenas cuando tenía colegios sin pagar la calefacción. El señor Feijóo se estrenó muy bien en el año 2021,
en mayo de 2021, con la infame invasión en Ceuta, en relación con la cual dijo que había la obligación legal y moral de acoger a todos los menores y los repartió por sus comunidades autónomas, menores secuestrados y engañados en sus colegios
y en sus pueblos, y ustedes continuaron con ese secuestro en sus comunidades autónomas. (Aplausos). También el señor Juanma Moreno, destinando 47 millones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, debe finalizar, por favor.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señor presidente.
... a las políticas de fronteras abiertas. O todo lo que ustedes votan en contra, como prohibir las regularizaciones masivas, que lo trajo VOX a este Congreso y votaron en contra. Y sobre cerrar las mezquitas fundamentalistas, ¿qué votan
ustedes? En contra. Incluso sabotearon ustedes una condena en el Parlamento Europeo al atentado de Algeciras del yihadista que acabó con la vida de Diego Valencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha finalizado, por favor.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Ya termino, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Sí, termine, por favor.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Votaron en contra de retirar la nacionalidad a los inmigrantes que delinquen. Y también votaron en contra, señorías del Grupo Popular, en la última Comisión de Igualdad...
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
La señora DE MEER MÉNDEZ: ... a una iniciativa de VOX para proteger a las españolas de la mutilación genital femenina o de los matrimonios forzosos. Hoy vuelven a demostrar ustedes que son como sus análogos de Alemania, que tardarán quince
minutos en traicionar a sus votantes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenas tardes.
El control de las fronteras y de los flujos de inmigración irregular es competencia exclusiva del Gobierno central y, por lo tanto, no es susceptible de ser transferido ni delegado. Esto lo decía el ministro Marlaska, hoy, por cierto,
sumiso y obediente a lo que le dicta su señor. Atribuir a la Generalitat la política de migración es inconstitucional porque vulnera el artículo 149 de la Constitución, que inequívocamente confiere al Estado la competencia en exclusiva. Esto lo
dictaba también el Tribunal Constitucional en una sentencia del 28 de junio del año 2010.
Por otro lado, es evidente, señorías, que se ha venido reclamando una política migratoria común para toda Europa; sin embargo, aquí se trocea para comprar votos para mantenerse en el poder. Se está renunciando a principios en un mercadeo
vergonzoso. La parte secesionista del acuerdo ha manifestado que esta es una competencia que normalmente ejercen los Estados y que va a permitir a Cataluña estar mucho más fuerte a la hora de abarcar su futuro como nación. Y a esa estrategia está
contribuyendo el Estado, está contribuyendo el Gobierno. Señorías, el propio presidente y secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha ha manifestado que este es un acuerdo racista. Posturas extremas que el Gobierno está
adoptando como propias. A partir de ahora, antes de acusar a los demás de racismo deberán mirarse al espejo. Señorías, si esta es la política de progreso de izquierdas, de un Gobierno que se dice progresista, se asemeja demasiado a la de los
partidos más xenófobos de España y de Europa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
El señor REGO CANDAMIL: Grazas señor presidente.
O BNG como forza soberanista quere -queremos- que a Galiza como nación teña todas as competencias, todas, comezando por aquelas que lle nega o Partido Popular, mesmo sendo constitucionais,
como hai apenas uns días votando en contra da transferencia de tráfico ao noso país e do despregamento da Policía Galega, que está creada por Lei desde o ano 2007, mais non sorprende que o Partido Popular se opoña á cesión de competencias á
nación porque está no seu ADN centralista e españolizador. Máis sorprendente é que o faga tamén unha certa esquerda española e que pretendan amparar o que no fondo é unha pulsión centralista nunha aparente loita contra a xenofobia. Mais a
realidade é que en Cataluña goberna o mesmo partido que no Estado. Por que ha de ser xenófobo que as competencias se as exerce Cataluña sexan así e cando as exerce o Estado non? Mais tendo en conta o historial de violacións de dereitos humanos das
persoas migrantes, tanto por parte do goberno do PP como do PSOE. E non alcanzamos a entender, como non sexa por racismo lingüístico, por supremacismo lingüístico, por que pode ser xenófobo que as persoas inmigrantes aprendan catalán en Cataluña ou
galego na Galiza, por caso, e non o é cando se lles obriga a aprender español? Poden alegar que en Cataluña hai forzas políticas que teñen posicións indefendíbeis sobre a inmigración e que poden chegar a gobernar. Mais no Estado español non
existen forzas con posicións claramente racistas, supremacistas e xenófobas, que tamén poden chegar a gobernar? En fin, acabo, o centralismo españolista non deixa de selo por moito que se disfrace de defensor de causas xustas, polo menos o PP, non
hai disfraces, xa todos sabemos que o dereito das persoas migrantes os preocupan pouco ou nada. A verdadeira preocupación é, como eles din, na Sagrada Unidade da Patria.
Moito obrigado.
Gracias, señor presidente.
El BNG, como fuerza soberanista, quiere -queremos- que Galicia, como nación, tenga todas las competencias, todas, empezando por aquellas que le niega el Partido Popular, incluso siendo constitucionales, como hace apenas unos días al votar en
contra de la transferencia de tráfico en nuestro país y del despliegue de la policía gallega, que está creada por ley desde el año 2007, pero no nos sorprende que el Partido Popular se oponga a la cesión de competencias a naciones porque está en su
ADN centralista y españolizador. No es sorprendente que lo haga cierta izquierda española y que pretendan amparar lo que en el fondo es una pulsión centralista en una aparente lucha contra la xenofobia, pero la realidad es que en Cataluña gobierna
el mismo partido que en el Estado. ¿Por qué ha de ser xenófobo que las competencias, si las ejerce Cataluña, sean así y cuando las ejerce el Estado no?, teniendo en cuenta el historial de violación de los derechos humanos de las personas migrantes
por parte de Gobiernos tanto del PP como del PSOE. No comprendemos, como no sea por racismo lingüístico, supremacismo lingüístico, por qué ha de ser xenófobo que las personas inmigrantes aprendan catalán en Cataluña o gallego en Galicia, por poner
un ejemplo, y no cuando se les obliga a aprender español. Pueden alegar que en Cataluña hay fuerzas políticas que tienen posiciones indefendibles y que pueden llegar a gobernar, pero ¿en el Estado español no existen fuerzas con posiciones
claramente racistas, supremacistas y xenófobas que también pueden llegar a gobernar?
En fin, acabo. El centralismo españolista no deja de serlo por mucho que se disfrace de defensor de causas justas. Al menos el PP no lleva disfraces. Ya sabemos que los derechos de las personas migrantes preocupan poco o nada. La
verdadera preocupación es la sagrada unidad de la patria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Un momento, por favor. Disculpen, pero hay un problema técnico con la pantalla. (Pausa).
Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
El Grupo Popular nos presenta esta tarde una PNL para blindar, uniformizar, centralizar las competencias de inmigración del Estado. Es la respuesta del Partido Popular al acuerdo PSOE-Junts que conocimos la semana pasada y que planteaba la
delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, a nuestro juicio no estamos tanto ante un debate de competencias, sino que bajo esta aparente pugna entre el bipartidismo en el fondo nos encontramos el mismo
racismo institucional, que trata el fenómeno migratorio como una amenaza existencial de nuestra sociedad y lo hace además desde una lógica policial. El Partido Popular puede venir hoy aquí a arremeter contra la proposición de ley racista que
firmaron PSOE y Junts, está muy bien, nosotros también lo hacemos, pero no se nos olvida que ustedes son el partido de Albiol, que vincula inmigración y delincuencia como un fascista más; no se nos olvida que ustedes callan ante el genocidio de
Gaza y que dicen que acoger
ucranianos muy bien pero que acoger africanos muy mal. Ustedes, como la señora Miriam Nogueras de Junts, no quieren tener las competencias de inmigración para establecer vías seguras a las migraciones ni quieren tener esas competencias para
cerrar esas cárceles inhumanas que son los CIE o para acabar con las devoluciones en caliente, sino que ustedes quieren esas competencias para seguir apretando la soga al cuello de las personas migrantes y mantenerlas en una situación de
clandestinidad y persecución. En una legislatura en la que tendríamos que haber regularizado ya a medio millón de personas migrantes, que son nuestros vecinos, que trabajan con nosotros, que pagan sus impuestos aquí, es lamentable que estemos ante
una carrera para ver quién es más racista y es aún más triste que a esa carrera se haya sumado el Partido Socialista. Por eso, y aunque tengo muy poquito tiempo, en Podemos se lo queremos dejar muy claro: no queremos ni descentralizar el racismo,
como proponen Junts y Partido Socialista, ni centralizarlo como propone el Partido Popular. Por ello, vamos a votar en contra de esta PNL del Grupo Popular y les aseguro que también vamos a votar en contra de la proposición de ley del PSOE y Junts.
Muchas gracias. (El señor Tellado Filgueira: Vais a votar que sí.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Vaquero Montero.
La señora VAQUERO MONTERO: Arratsalde on, jaun-andreok.
No voy a entrar hoy en el debate al que nos quiere llevar el Grupo Popular sobre si hay un límite sobre la materia a transferir o delegar a una comunidad autónoma. Y aunque para nosotros supone una mayor garantía la introducción de la
transferencia en el estatuto de autonomía, el proceso constituyente dejó la puerta abierta a un esquema de distribución competencial abierto y, por lo tanto, es legítimo que se aproveche esta vía para la asunción de un mayor autogobierno. Fue el
Partido Nacionalista Vasco, su diputado Xabier Arzalluz Antia, quien presentó y defendió la enmienda que posibilitó este artículo, así como la adicional primera, aquella que nos recuerda que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos
de los territorios forales. Junto a la disposición primera, la adicional única del Estatuto de Gernika dispone que la aceptación del régimen de autonomía no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido
corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Dicho esto, comprenderán nuestra posición contraria a su propuesta, porque se anticipa a un debate sobre una proposición
de ley que todavía no ha llegado a la Cámara y que ya tachan de ilegal e inconstitucional. Ustedes, como siempre, calentando motores y alarmando a la ciudadanía.
Y qué decir -sin calificativos- sobre lo que ha comentado aquí la portavoz del Grupo VOX; la verdad, nos deja a todos sin palabras. Lo único que demuestran es que no son un partido democrático.
Nuestra postura política es clara y nuestra decisión política es hacer el debate de este tema cuando corresponda y no cuando a ustedes, señores y señoras del Partido Popular, les interese. La proposición de ley que han acordado Junts y el
Partido Socialista ya ha pasado por la Mesa y se debatirá en este Pleno cuando se incorpore en el orden del día y en ese momento nuestro grupo intervendrá posicionándose sobre el mismo, argumentando nuestra posición, como hacemos siempre. Aunque ya
adelanto, para que no les quede ninguna duda, que nosotros no limitaremos ni cercenaremos ninguna transferencia pactada si no va en contra de Euskadi, de sus instituciones y de su autogobierno. No podría ser de otra forma, ya que fuimos nosotros en
1978 los que hicimos posible la existencia del artículo 150.2, artículo que hoy se pone en cuestión y del que algunos piden su derogación ya que consideran que el constituyente fue demasiado lejos abriendo puertas a los partidos nacionalistas. Pero
estos nacionalistas que ya existían en 1978 siguen estando aquí, en esta Cámara, en 2025, le pese a quien le pese. Como ven, el tiempo pasa, pero el modelo territorial y el debate del reconocimiento nacional sigue pendiente y desde nuestro grupo
seguiremos insistiendo en la necesidad de pactar una nueva fase de desarrollo y ampliación del autogobierno vasco basado en las potencialidades de la disposición adicional primera de la Constitución Española y de la disposición adicional del
Estatuto de Gernika, tal y como acordamos con el Partido Socialista en el acuerdo de investidura del presidente Sánchez, que tiene como punto de partida el reconocimiento nacional de Euskadi y que a su vez deberá responder a las demandas
mayoritarias del Parlamento vasco, que representa legítimamente al pueblo vasco.
Amaitzen dut, presidente jauna.
Alderdi Popularrak legez besteko proposamen honekin bazterrak nahastu eta alarma piztu nahi ditu. Espainia hausten da, diote. Hori da gaur zabaldu nahi duten mezua, nahiz eta gaur nahiko lasai, beste
batzuetan baino lasaiago, egin duen. Eta hau da horrela beraien iritziko Alderdi Sozialistak Espainia saltzen duelako, nazionalisten eskutan uzten duelako. 1978. urtean, ganbara honetan Euskadi ordezkatzen ziren diputatu jeltzaleek
zailtasun guztiekin beraien lana ezin hobeto bete zuten, Euskadi eta bere autogobernua defendatuz. Gaur hemen gauden bostak egiten dugun eta etorkizunean ere egingo dugun bezala, hitzarekin soilik hitza eta elkarrizketarekin. Horrela eraikitzen
delako egunero herria.
Mila esker.
Concluyo, señor presidente. El PP con esta proposición no de ley quiere sembrar la alarma y crear polémica. España se rompe, dicen, y ese es el mensaje que quieren trasladar, aunque hoy parece que lo están haciendo de manera más serena que
otras veces. Y esto es así porque, según ellos, el Partido Socialista está vendiendo a España porque la está dejando en manos de los nacionalistas. En 1978, en esta misma Cámara, los diputados nacionalistas que representaban a Euskadi cumplieron a
la perfección su papel a favor de Euskadi defendiendo a Euskadi y su autogobierno, del mismo modo que hacemos las cinco personas que estamos hoy aquí representando al PNV e igual que lo vamos a hacer, solo con la palabra, con el debate, porque así
construimos día a día nuestro pueblo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinart.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president. Bona tarda, senyories.
El grup popular avui ens porta a debat una proposició no de lle instant al Gobierno a exercir de manera efectiva i uniforme les seves competències en matèria d'immigració a tot l'Estat. Certament, senyor Tellado, tot el contrari del que
pretenem des de Junts per Catalunya, amb la proposició de llei registrada conjuntament amb el Grup Socialista, conseqüència de l'acord signat el gener del 2024 en la negociació dels Reals decrets 6 i 8/ 2023. Però mirin amb perspectiva històrica, a
nosaltres ens costa d'entendre la seva actitud i l'exagerada gesticulació del grup popular. I també ens sorprèn escoltar els apocalíptics auguris del president Aznar, aquell que al segle passat, en la intimitat, parlava català i amb aquell ridícul
accent texà a l'altre costat de l'Atlàntic, el 2003. I és que mirin: un dels arguments que vostès fan servir per apel·lar a l'exercici efectiu i uniforme de les competències d'immigració per part de l'Estat és la Llei Orgànica 2/1986 de Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat. Ens recorden a la part expositiva que el seu article 12 estableix quines són les funcions de la Policia Nacional i ens diuen que entre aquestes hi ha el control d'entrada i sortida del territori nacional d'espanyols
i estrangers, així com les previstes en la legislació sobre estrangeria, refugi i asil, o l'extradició o l'expulsió i la immigració. Però saben que diu el mateix article 12 quan estableix les funcions exercides per la Guàrdia Civil? Doncs diu que
una d'aquestes funcions és la vigilància del trànsit. Saben qui fa aquesta funció a Catalunya? Els Mossos d'Esquadra. Saben per què? Doncs perquè la tardor de 1997, un govern popular, encapçalat pel president Aznar i amb la M. 'punto' Rajoy de
ministre, van transferir a la Generalitat la competència sobre trànsit. Una competència atribuïda a l'Estat per l'article 149.1. Sí, l'article 149.1, com les d'immigració. I saben com es va fer? Amb l'article 150.2 de la mateixa Constitució. El
mateix que proposem utilitzar ara amb la immigració, el 150.2 que habilita l'Estat per transferir o delegar a les comunitats autònomes facultats corresponents a matèries de titularitat estatal, mitjançant una llei orgànica.
Senyor Tellado, no és normal la seva incoherència perquè avui, amb la immigració, el PSOE amb nosaltres, amb Junts, fa el que va fer el PP amb el grup parlamentari català el 1997. Vostès van marcar el camí. Nosaltres el seguim i
l'aprofitem i l'eixamplem perquè Catalunya ja ha demostrat la capacitat per gestionar millor àmbits on les competències eren de l'Estat. Ho estem fent amb el trànsit gràcies a vostès, i ho volem fer amb la immigració. Vostès, amb aquesta PNL, com
amb tantes coses, es tornen a fer una esmena a la totalitat a les seves polítiques.
Mirin: Junts per Catalunya negocia amb mentalitat d'estat, amb vocació de govern i amb els interessos del país per davant dels partidismes. Per això treballem per facilitar la nostra nació, les eines necessàries per fer les millors
polítiques per a la Catalunya d'avui, però sobretot, per a la de demà. Una Catalunya que sí, senyor Català Higueras, volem lliure i independent. I és en aquesta manera de fer i de ser en la que s'emmarca la nostra voluntat de gestionar el fet
migratori amb polítiques potents i amb els recursos necessaris per respondre al repte demogràfic per respondre en clau de país, en clau catalana i no espanyola.
I acabo: senyories, s'equivoquen i es fan un mal favor tots els que des de la difamació i el populisme fan un discurs simplista etiquetant a Junts des de la demagògia. Demagògia, senyors i senyores de
Podemos, que amb la banalització que vostès fan del racisme, retroalimenten perillosament el trumpisme. Un trumpisme a l'alçada del seu populisme, amb el que vostès, quan es tracta de Catalunya, sempre coincideixen.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Hoy el Grupo Popular nos trae a debate una proposición no de ley instando al Gobierno a ejercer de manera efectiva y uniforme sus competencias en materia de inmigración en todo el Estado. Ciertamente, señor Tellado, todo lo contrario de lo
que pretendemos desde Junts per Catalunya con la propuesta de ley registrada conjuntamente con el Grupo Socialista, consecuencia del acuerdo firmado en enero de 2024 en la negociación de los reales decretos 6/2023 y 8/2023. Mire usted, con
perspectiva histórica a nosotros nos cuesta entender su actitud y la exagerada gesticulación del Grupo Popular, como también nos sorprende escuchar los augurios apocalípticos del presidente Aznar, aquel que en el siglo pasado en la intimidad hablaba
catalán y que tenía aquel ridículo acento tejano al otro lado del Atlántico en 2003. Y es que uno de sus argumentos para parar el ejercicio o para avalar el ejercicio efectivo y uniforme de las competencias de inmigración del Estado es la Ley
Orgánica 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos recuerdan en su exposición que su artículo 12 establece cuáles son las funciones de la Policía Nacional. Nos dicen que, entre estas funciones, está el control de entrada y salida
del territorio nacional español de españoles y extranjeros, así como las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio, asilo, extradición, etcétera. Pero ¿saben qué dice ese mismo artículo 12 cuando establece las funciones ejercidas por
la Guardia Civil? Pues que una de estas funciones es la vigilancia del tráfico. ¿Sabe quién ejerce esta función en Cataluña? Los mossos d'esquadra. ¿Y saben por qué? Porque en otoño de 1997 un Gobierno popular, dirigido por el presidente Aznar
y con el M. Rajoy de ministro, transfirió a la Generalitat la competencia sobre tráfico. Una competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1. Sí, el artículo 149.1, como las competencias de inmigración. ¿Y saben cómo se hizo? Con el
artículo 150.2 de la misma Constitución. El mismo que nosotros proponemos utilizar ahora, este 150.2 que habilita al Estado para delegar a las comunidades autónomas facultades que hasta ahora eran de titularidad estatal mediante una ley orgánica.
Señor Tellado, su incoherencia no es normal, porque hoy, con la inmigración, el PSOE con nosotros, con Junts, hace lo mismo que hizo el PP con el Grupo Parlamentario Catalán en 1997. Ustedes abrieron camino; nosotros seguimos ese camino y
lo ampliamos, porque Cataluña ya ha demostrado su capacidad para gestionar mejor algunos ámbitos que antes eran competencia del Estado. Lo estamos haciendo con el tráfico gracias a ustedes y queremos hacer lo mismo con la inmigración. Ustedes, con
esta PNL, como con tantas otras cosas, se hacen una autoenmienda a la totalidad a sus propias políticas.
Miren, Junts per Catalunya está negociando con mentalidad de Estado, con vocación de gobierno y con los intereses del país por delante de los partidismos. Por eso, trabajamos para facilitar a nuestra nación las herramientas necesarias para
llevar a cabo las mejores políticas para la Cataluña de hoy, pero, sobre todo, para la de mañana, una Cataluña que, sí, señor Catalán Higueras, queremos que sea libre e independiente, y es así, con esta manera de hacer y de ser, como se enmarca
nuestra voluntad de gestionar los flujos migratorios: con políticas potentes y los recursos necesarios para responder al reto demográfico, para responder en clave de país, en clave catalana y no española.
Acabo. Señorías, se equivocan ustedes y hacen un flaco favor todos aquellos que con la difamación y el populismo hacen un discurso simplista etiquetando a Junts desde la demagogia. Demagogia, señor y señoras de Podemos, que con la
banalización que ustedes hacen del racismo retroalimenta peligrosamente el trumpismo, un trumpismo a la altura de su populismo, con el que ustedes, cuando se trata de Cataluña, siempre coinciden.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda, gràcies, president.
Senyor Tellado, avui el Partit Popular ens porta a una PNL que, a primer cop d'ull, sembla parlar d'immigració. Però no ens enganyem, això no va d'immigració. Això va una vegada més de Catalunya. Quan es tracta de Catalunya, el PP no
debat, sentencia. No proposa, imposa; no governa, reprimeix. El seu dogma, sempre el mateix: recentralitzar, uniformitzar i una grande y libre. Per això no hi pot haver una
gran coalició a Alemanya, perquè, a diferència de la dreta espanyola amb la dreta alemanya, és que la dreta espanyola es va desclassificar. La dreta espanyola encara té dintre del seu ADN el franquisme. Per això no hi pot haver una gran
coalició.
Vostès no han vingut aquí a parlar de polítiques migratòries. A banda que menteixen. Primera mentida la senyor Tellado: Catalunya no té competències d'immigració. Ara li diré unes quantes coses que potser li sorprendran. Catalunya ja
gestiona permisos de treball. Modificacions d'autoritzacions i processos d'arrelament. Això és un fet, no és una opinió, però vostès menteixen com si el BOE no existís, com si repetint una mentida mil vegades es convertís en veritat. Segona
mentida: només Catalunya reclama aquestes competències. El País Basc té competències similars. Madrid i Andalusia gestionen polítiques d'integració i acollida, però quan Catalunya ho fa de sobte és un desafiament a la unitat d'Espanya. Tercera
mentida: això és una qüestió de seguretat. No, això és una qüestió de criminalització. Parlen de seguretat, però el que volen dir és una altra cosa. Volen dir, por; volen dir bocs expiatoris; volen dir el de sempre, dividir la societat perquè
els més febles es barallin entre ells mentre els forts continuen manant. Quarta mentida: fals. Compleix la seva Constitució. L'Estatut de Catalunya ja preveu competències en immigració i acollida. La legislació espanyola permet aquest traspàs.
No hi ha cap debat jurídic, només hi ha el seu problema polític i democràtic amb Catalunya, la seva catalanofòbia que porta fins al moll de l'òs. Cinquena mentida: el traspàs posarà en risc el control de les fronteres. Fals. El control de les
fronteres i la política d'asil continuen sent competències exclusives de l'Estat. No hi ha cap traspàs en aquest àmbit, però el PP sap que si diu fronteres immigració en la mateixa frase pot alimentar la por i el discurs de la ultradreta amb qui
competeixen. Això no va de control, va de manipular l'opinió pública per a fins electoralistes. Sisena Mentida: aquest acord és una concessió il·legal als independentistes. El primer de tot, els independentistes som un partit polític tan
democràtic com vostè, tan democràtic com vostè. O no? No és una concessió, és una qüestió de gestió i eficiència. Qui més ha bloquejat permisos de residència són els governs de l'Estat. Qui ha col·lapsat la burocràcia migratòria és el govern de
l'Estat; qui ha creat un sistema on la gent ha d'esperar anys per regularitzar-se, són els governs de lEstat. La realitat és aquesta. Aquestes competències faran que ladministració en temes de migració siguin molt més eficaços que els que tenen
vostès o els qui han construït vostès.
Senyors del Partit Popular, això no va d'immigració, va com sempre, de catalanofòbia que els dona vots, els dona vots fora d'Espanya. Quan venen a Catalunya, la senyora Cayetana, com se diu aquesta senyora, no me'n recordo massa. La
marquesa, aquesta em sembla que va treure un sol escó. A vegades ens trobem a faltar el poder. A vegades només perquè la gent pateix, però els trobem a faltar perquè quan vostès governen, l'independentisme puja. El Partit Popular té un llarg
historial de guerra contra Catalunya, va recórrer l'Estatut i va dinamitar un pacte polític votat pel poble. Avui encara el poble de Catalunya no ha votat l'Estatut retallat. Han bloquejat lleis socials per pura venjança política. Han recorregut
a la immersió lingüística als tribunals. Perquè per a vostès la llengua catalana és un problema. Van llançar el 'a por ellos' com a única resposta a un fet polític i democràtic històric. I ara tornen amb la mateixa cançó rància de sempre, la
mateixa cantarella franquista de la uniformitat de la recentralització i de la repressió.
Si els donem la raó en una cosa: probablement la seva política migratòria, tret de la llengua catalana, seria exactament igual que la de qualsevol altre partit de dretes d'aquest hemicicle i d'altres països, o fins i tot competeix amb
l'extrema dreta. I el que lamento, senyor de Podem, és que també en aquest cas, lamento que la seva política centralitzadora i uniformitzadora sigui la mateixa. I això em dol. Em dol moltíssim. Perquè qui es creurà el discurs de la
plurinacionalitat quan a la primera de canvi, quan hi ha cessió de competències, ens hi oposem? Les competències són una cosa i com s'usen és una altra cosa. Les mateixes competències que té l'Estat espanyol en mans de Vox, no crec que siguin les
mateixes que en mans de Podem. Les mateixes competències en mans de Junts o d'Aliança Catalana, no són les mateixes que tindrà Esquerra Republicana. I això vostès no ho tenen clar i em dol, em dol. Però en fi, és el que tenim i és el que
combatrem. Per nosaltres el tema de la resposta a la immigració és un tema de justícia social, de drets humans i per això sempre hem estat a favor de la ILP de regularització, etcètera, etcètera, etcètera. Però, evidentment, no podem votar a favor
d'aquesta llei, que simplement és una mostra més de la seva catalanofòbia.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señor Tellado, hoy el Grupo Popular nos trae una PNL que a primera vista parece que hable de inmigración, pero no nos engañemos, esto no va de inmigración, va una vez más de Cataluña. Cuando se
trata de Cataluña, el PP no debate, sentencia; no propone, impone; no gobierna, reprime. Sus dogmas siempre son los mismos: recentralizar, uniformizar; una grande y libre. Por esto, no vota una gran coalición como en Alemania. La
diferencia entre la derecha española y la alemana es que la derecha española todavía tiene dentro de su ADN el franquismo. Por eso, no se puede hacer una gran coalición.
Ustedes no han venido aquí a hablar de políticas migratorias. Señor Tellado, primera mentira: Cataluña no tiene competencias de inmigración. Pues ahora voy a decir algunas cosas que le sorprenderán: ya gestiona políticas de trabajo y
procesos de reglamento. Esto es un hecho, no es una opinión. Ustedes mienten como si no existiera el BOE, como si repitiendo una mentira mil veces se convirtiera en verdad. Segunda mentira: solo Cataluña va a tener esas competencias. El País
Vasco ya tiene competencias similares; Madrid también gestiona políticas de inmigración y acogida, pero, cuando lo hace Cataluña, es una afrenta a la unidad de España. Tercera mentira: es cuestión de seguridad. Pues no, esto es una cuestión de
criminalización. Hablan de seguridad, pero lo que quieren decir es otra cosa: miedo, chivos expiatorios y dividir a la sociedad, como siempre, para que los más débiles se peleen entre ellos mientras siguen mandando los fuertes. Cuarta mentira:
incumple su Constitución. Falso. El Estatuto de Cataluña ya prevé competencias en inmigración y acogida. La legislación española permite este traspaso, no hay ningún debate jurídico, solo su problema político y democrático con Cataluña, su
catalanofobia, la llevan en el tuétano del hueso. Quinta mentira: el traspaso va a poner en riesgo el control de las fronteras. Falso. El control de las fronteras y la política de asilo siguen siendo competencias exclusivas del Estado, no hay
ningún traspaso en este ámbito, pero el PP sabe que, si se habla de fronteras e inmigración en la misma frase, puede alimentar el miedo y el discurso de la ultraderecha con quien compite. Esto no va de control, va de manipular a la opinión pública
con fines electoralistas. Sexta mentira: este acuerdo es una concesión ilegal a los independentistas. Ante todo, los independentistas son un partido político tan democrático como el suyo. ¿O acaso no? (El señor Tellado Filgueira hace gestos
negativos). No es una concesión, es una cuestión de gestión y de eficiencia. Quien más ha bloqueado permisos de residencia son los Gobiernos del Estado, quien ha colapsado la burocracia migratoria es el Gobierno del Estado, quien ha creado un
sistema que hace que se tengan que esperar años para regularizarse son los Gobiernos del Estado. Esa es la realidad. Esas competencias harán que la Administración en temas de migración sea mucho más eficaz que la que ustedes han construido.
Señores del Grupo Popular, esto no va de inmigración, va, como siempre, de catalanofobia. Cuando viene a Catalunya la señora Cayetana... esta señora cuyo nombre no recuerdo, la marquesa esta, creo que sacó un solo escaño. A veces se echa
de menos el BOE, porque cuando ustedes gobiernan el independentismo sube. El Partido Popular tiene un largo historial de guerra contra Cataluña. El pueblo de Cataluña no ha podido votar todavía el estatuto, han ejercido ustedes la venganza
política, han recurrido la inmersión lingüística en los tribunales porque para ustedes el catalán es un problema. Responden a un hecho político y democrático histórico, y ahora vuelven con la misma cantinela de siempre, la cantinela de la
uniformidad, la recentralización y la represión. Cantinela franquista.
Sí que tienen razón en una cosa. Probablemente su política migratoria en relación con la lengua catalana sería la misma que la de cualquier otro país de derechas, incluso compite con la extrema derecha. Pero lo que yo lamento, señor de
Podemos, es que, en este caso, su política centralizadora y uniformizadora sea la misma. Eso sí que me duele. Me duele en el alma, porque ¿quién se va a creer el discurso de la plurinacionalidad cuando a las primeras de cambio, cuando hay cesión
de competencias, se oponen? Las competencias son una cosa y cómo se hace uso de ellas es otra. Las mismas competencias que tiene el Estado español en manos de VOX no creo que sean las mismas que en manos de Podemos, y las mismas competencias en
manos de Junts o de Aliança Catalana no serán las mismas que en manos de Esquerra Republicana. Y esto sí que me duele, me duele en el alma. Pero es lo que hay y vamos a combatir. Para nosotros, aquí se trata de justicia social, de derechos
humanos, y por eso siempre hemos estado a favor de algunas ILP, pero no podemos votar a favor de esta ley, que, una vez más, es una muestra de su catalanofobia.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago Romero.
El señor SANTIAGO ROMERO: Señor presidente, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para delegar competencias estatales en materia migratoria de Cataluña es la nueva excusa del Partido Popular para patalear por la normalización en
Cataluña. Gobernando ustedes, señores del Grupo Popular,
acordaron delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas cuando consideraron, porque el artículo 150 de la Constitución lo autoriza. Durante su primera legislatura, Aznar se apoyaba en Convergència i Unió para gobernar y
transfirieron -que es más que delegar- competencias exclusivas del Estado sobre tráfico a Cataluña. Durante otros gobiernos del Partido Popular, el Congreso admitió proposiciones de ley de transferencia de competencias para convocar referéndums
sobre los servicios meteorológicos o sobre aeropuertos y tráfico aéreo; todo, competencias exclusivas del Estado. Prácticamente la totalidad de comunidades autónomas tienen normativa propia en materia de acogida o integración de personas
extranjeras.
Hoy existen innumerables problemas de gestión para la expedición y renovación de los permisos de residencia a extranjeros. Las delegaciones del Gobierno están saturadas para estos trámites o para dar citas de solicitudes de protección
internacional. Delegar a las comunidades autónomas mientras que se gestione aplicando leyes estatales no es ningún problema en un Estado descentralizado. (Aplausos). El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts puede contribuir a agilizar
tramitaciones y, por tanto, a dar mayor seguridad jurídica y un trato más humano a las personas extranjeras en nuestro país, y también puede ser mejorado impidiendo demagogias, porque no pueden difundirse ni legitimarse discursos racistas y
xenófobos construidos con los argumentos discriminatorios y falsarios que utilizan las derechas racistas; los difundidos de forma ofensiva por VOX, pero también por el Partido Popular, señora De Meer, que en su cuenta de X publicó respecto a la
dana que si pides las ayudas en árabe -literal- estas llegan antes, habitual argumento de la extrema derecha; o las declaraciones xenófobas de la señora Ayuso atribuyendo a extranjeros procedentes de Canarias reyertas y agresiones sexuales que
nunca habían ocurrido. En aquella ocasión le tocó el papelón de justificar esos despreciables comentarios al señor Sémper. El Partido Popular no debería rebajarse, entrando en competencia con VOX, atacando a personas honradas y trabajadoras que
vienen a nuestro país para contribuir a su desarrollo, para hacer trabajos que nadie quiere hacer por su dureza o sus malas condiciones laborales, o como los de cuidados a nuestros familiares, incluyendo las familias de quienes votan a VOX.
Apoyaremos la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en nuestro país, definiendo bien el alcance y la validez
de los permisos de residencia expedidos por una comunidad autónoma, incorporando procedimientos de homologación para su utilización en otros territorios del Estado y evitando la multiplicación de burocracia. Y respecto a la aplicación del régimen
sancionador en materia de extranjería, velando por que siempre se aplique la misma normativa en cuanto a sanciones y garantías en cualquier lugar del Estado.
Las leyes de delegación deben estar exentas de racismo o xenofobia, sin relatos que asocien a delincuencia la realidad necesaria y enriquecedora que son las migraciones, porque no vamos a aceptar las mentiras de la extrema derecha. Tenemos
pendiente un gran acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas sobre el traslado de menores sin acompañamiento familiar desde Canarias o Ceuta a otras comunidades autónomas, donde puedan ser atendidos de forma digna, como nos gustaría que
atendieran a nuestros hijos si estuvieran en desamparo (aplausos); o sobre la mejora del proceso de presentación de solicitudes de asilo en territorio nacional o en frontera, que sigue bajo competencia estatal y va a seguir, o en embajadas, sin
demoras, injustificables en cualquier caso; o la revisión del modelo de los centros de internamiento, que no pueden ser centros de detención porque en ellos hay personas que no han cometido ningún delito. (Aplausos). También, aprobar la
iniciativa legislativa popular sobre regulación de personas extranjeras, esto es una obligación democrática para atender el esfuerzo de cientos de miles de personas que se han organizado para defender los derechos humanos y que no pueden ver
defraudado su derecho de participación política. España es, ha sido y va a seguir siendo un país de acogida, porque nuestros compatriotas también han emigrado o emigran para mejorar sus condiciones de vida. Y no olviden nunca que todos y todas
también tenemos una inmensa patria, que es la humanidad.
Votaremos en contra. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Es curioso ver a la portavoz del Grupo VOX, que viene aquí con el cubo de basura de su casa, nos saca su basura racista, e inmediatamente que nos ha dejado el cubo de basura racista abierto va y se va, y no se
queda al debate. (Aplausos). La verdad es que son actitudes que demuestran lo que es ese partido. Con estos son con los que ustedes pactan y pactan y vuelven a pactar, como los peces en el río.
Señorías del Partido Popular, un plato es un plato, un yate es un yate y un narco es un narco y el PP es el PP. En julio votaron con Puigdemont en contra de obligar a las comunidades autónomas la acogida de menores migrantes, hace una
semana votaron con VOX que la Región de Murcia pudiera expulsar a menores no acompañados, y hace solo quince días estaban a favor de que los Mossos compartieran con la Guardia Civil y la Policía Nacional el control de puertos y aeropuertos. Y hoy
nos vienen a decir que todo esto que ustedes ya han apoyado, si lo hace el PSOE, rompe España. ¡Vaya cuajo tienen! Eso sí que es dos más dos, veintidós, señor Feijóo. (Aplausos). Piden responsabilidad sin saber lo que es. En su proposición no de
ley escriben que Pedro Sánchez ha negociado un acuerdo para ceder competencias. O no saben leer, o no se han enterado, o vuelven a mentir, como siempre. Todos los capítulos del acuerdo comienzan con la palabra 'delegar'; no hay ninguna cesión, no
es un traspaso, se llama colaborar. Como ya ocurre en Cataluña o también en el 112, donde ya trabajan coordinados Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, competencias de la Generalitat, de la catalana y de la valenciana, como bien sabe Mazón, que
tenía 15 000 llamadas por la dana que ignoró y ocultó al Gobierno de España, 15 000 llamadas de los valencianos pidiendo auxilio mientras seguía de comida en El Ventorro (aplausos), miles de llamadas ignoradas y ocultadas, porque Mazón llegó 224
muertos tarde al CECOPI. Y todavía Feijóo dice que le mantuvo informado en tiempo real. O es un mentiroso o admite que es su cómplice, porque no hubo ni una sola llamada por teléfono.
Por informarse, ustedes no leen ni La Razón de hace un mes. (Muestra una hoja con el titular de una noticia y una fotografía). Textual: 'El PP defiende que Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil 'compartan' la seguridad en puertos y
aeropuertos'. Palabras de un diputado del PP, y, como todo el mundo sabe, un profesional de romper España. El diputado que discrepa ya hasta de Aznar, al que le ha dicho que no compare una delegación de competencias con el 1 de octubre, que eso es
pasarse.
Hace bien el diputado del PP, porque Aznar tendría que hacer memoria antes de hablar. En nuestro acuerdo, señorías del PP, no se delegan las competencias de tráfico, eso ya lo hizo Aznar. Pacto del Majestic, la primera gran delegación de
Estado a Cataluña. En nuestro acuerdo no se delega el despliegue de los Mossos d'Esquadra, ¡eso ya lo hizo Aznar! En nuestro acuerdo no se delega el control de los puertos, ¡eso ya lo hizo Aznar! En nuestro acuerdo no se le delega el 30 % del IRPF,
¡eso ya lo hizo Aznar! Ni el impuesto sobre el patrimonio o sucesiones, ¡eso también lo hizo Aznar!, y lo hizo para conseguir los votos para su investidura.
También -se lo recuerdo-, ahora con Pedro Sánchez, en Cataluña hay más policías nacionales y guardias civiles que cuando gobernaba M. Rajoy, ese que solo conoce Fernández Díaz. Téngalo en cuenta, porque sería más sencillo para ustedes si no
tuvieran que dedicar tanto tiempo a corregirse a sí mismos. Aunque he de confesar que no me extraña, debe ser complicadísimo tener un jefe como Feijóo, con un Feijóo de mañana y un Feijoo de tarde. El Feijóo de mañana critica un acuerdo de
financiación con Cataluña, el Feijóo de tarde ve posible un concierto económico. El Feijóo de mañana vota en contra de subir las pensiones (el señor Tellado Filgueira: Mentira. Eso es mentira.-La señora Montesinos de Miguel señala al frente,
hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), ¡el Feijóo de tarde se da cuenta del desastre y vota a favor! El Feijóo de mañana dice que VOX no es un buen socio, el Feijóo de tarde le abre las puertas de cinco comunidades y cientos de
ayuntamientos. (Rumores). El Feijóo de mañana llama golpista a Puigdemont; el Feijóo de tarde, su palmero, y vota con Junts en este Congreso. Y eso es porque a las señorías del PP les molesta la colaboración, porque son más de confrontación y no
entienden que solo desde la colaboración, de trabajar juntos, avanza unido el país. Lo que rompe España es el odio y el insulto, lo que la une es la esperanza y el diálogo, por eso pierden. Van de la mano del odio y practican el insulto. Las
leyes y normas sobre migración siguen siendo las mismas que se aprobaron en esta Cámara. Ahora avanzamos en su aplicación.
Al final, al señor Feijóo le pasará como a Romanones, que se presentó a un cargo para el que no le votaron ni los suyos (el señor Tellado Filgueira: Que ganamos las elecciones), y exclamó: 'Jo, qué tropa'. Pues eso, jo, qué tropa, señores
del PP. (Aplausos.-El señor Tellado Filgueira: Que ganamos las elecciones, hombre).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias.
Señor Tellado, ¿acepta su grupo la enmienda presentada? (Denegación). De acuerdo.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BELARRA URTEAGA), RELATIVA A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL PERMISO PARENTAL DE CUIDADOS DE 8 SEMANAS. (Número de expediente 173/000081).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Belarra Urteaga, relativa a la posición del Gobierno sobre la
retribución del permiso parental de cuidados de ocho semanas.
Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Santana Perera.
La señora SANTANA PERERA: Buenas tardes.
Gracias, señor presidente.
Hoy traemos aquí esta moción consecuencia de interpelación que versa sobre un tema clave para nuestra sociedad: los derechos de las familias; en particular, queremos hablar de aquellas que enfrentan una realidad, que pese a que cada vez
son más crecientes en número, siguen siendo totalmente invisibilizadas, hablamos de las familias monomarentales.
El permiso parental de cuidado de ocho semanas es una medida fundamental para poder garantizar que padres y madres puedan cuidar de sus hijas, hijos e 'hijes' menores de 8 años; un derecho que debe ser respetado y, además, garantizado. Sin
embargo, la situación actual es absolutamente alarmante. Este permiso que teóricamente ya debiera estar disponible, en la actualidad no está remunerado, lo que genera una barrera económica insalvable para muchas familias, especialmente para las
familias vulnerables. En la práctica, entonces, las familias que más lo necesitan son precisamente las familias que no pueden hacer uso de él por esta falta de compensación económica. Este problema, además, se acentúa, como les decía,
especialmente en el caso de las familias monoparentales y monomarentales. Ya sabemos que son especialmente las mujeres las que por razones históricas, pero también estructurales, son las principales encargadas del cuidado y de la crianza de las
chinijas y de los chinijos. Sin embargo, en el caso de las familias monomarentales, esa carga es aún mayor, porque todo el peso del cuidado recae en una sola persona, sin el apoyo de una segunda figura parental. Esto supone una sobrecarga física,
emocional y también económica.
En Podemos, como partido, siempre hemos luchado por una verdadera conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Sabemos que no es suficiente con esos permisos. Lo que debemos hacer es que esos permisos sean remunerados y no solo de
forma parcial, deben ser permisos remunerados en su totalidad. La Directiva europea 1158 del año 2019 lo establece claramente, ya se lo dije a la ministra en el Pleno anterior. Esa necesidad de que los Estados miembros garanticen la remuneración
de los permisos es la que ha llevado a la propia Unión Europea a sancionar a nuestro país. Qué bien hubieran venido esos millones de euros que España ha tenido que pagar por la sanción del incumplimiento a la remuneración de los permisos para que
esas familias ya pudieran estar gozando de su derecho retribuido. Y esa inacción por parte del Gobierno no es solo una falla en la gestión pública, sino que además esto va en detrimento de todas las familias de nuestro país en su diversidad.
Nosotras lo que proponemos son medidas urgentes que debieran tomarse a partir de mañana, si cabe. En primer lugar, que se apruebe la remuneración de ese permiso parental por ocho semanas, para que nos ayude a tener una sociedad más
igualitaria, más equitativa, y que esa remuneración económica no haga distinciones según el nivel social que tenga una familia u otra. Y, en segundo lugar, para esa construcción de una sociedad más justa y equitativa, creemos que los permisos se
deberían duplicar en el caso de las familias monomarentales, para igualar simplemente en derechos a las familias en las que sí se pueden hacer cargo ambos progenitores de los niños y niñas. Creemos que es de justicia por la sobrecarga de trabajos y
cuidados, pero también por la situación de vulnerabilidad económica y social de estas familias. Es importante recordar que este tipo de derechos de cuidados a nuestros niños y niñas no es un lujo, sino una necesidad que tiene nuestra sociedad. Por
lo tanto, debemos dar cumplimiento a lo que entre todos y todas hemos decidido. Por ello, como les digo, las políticas públicas deben estar a la altura de las necesidades que tiene nuestra sociedad. No podemos seguir mirando a otro lado mientras
hay familias diversas, entre otras, las monomarentales, que se ven obligadas a elegir entre su desarrollo profesional o el bienestar de sus hijos e hijas.
Por ello, una vez más, les recuerdo que instamos a que este permiso de ocho semanas sea remunerado tal cual marca la directiva europea, que estos permisos sean equitativos para todas las familias y, por ende, se duplique el permiso para las
familias monomarentales. Señores diputados y diputadas, creemos que es una cuestión de justicia y de igualdad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Como ya ha dicho la señora Santana Perera, la Directiva de conciliación 2019/1158, en su artículo 8.3 establece una obligación para que los Estados miembros establezcan un permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores de 8 años
y que sea retribuido. Lo cierto, señorías de Podemos, es que fueron ustedes cuando estuvieron en el Gobierno quienes en junio de 2023, a través de un decreto, incluyeron este permiso parental -quizá de forma un tanto precipitada, ya que primaba el
marketing porque estábamos ante unas elecciones-, y aunque cuando se reconoció ese derecho todavía quedaba un año para su entrada en vigor, quizá si lo hubieran regulado de forma correcta, regulando su retribución, no estaríamos en esta tesitura.
Aunque también tengo que reconocer que el Gobierno actual, desde luego, no ha hecho absolutamente nada hasta ahora, todo han sido buenas palabras, pero nada más.
Hoy seguimos teniendo un permiso parental que no contempla su remuneración. Hoy en día es un permiso no retribuido y que, por tanto, no cumple con la citada directiva; un permiso aprobado que, desde luego, poco tiene de progresista, porque
son las personas trabajadoras solicitantes, y yo diría que mayormente las mujeres, quienes soportan su coste, porque durante el permiso ni perciben salario ni devengan la parte proporcional de vacaciones ni tampoco la parte proporcional de pagas
extras. Un permiso, desde luego, nada progresista, porque lejos de facilitar la vida de las familias, supone una traba a la conciliación laboral y familiar, porque al no ser retribuido precisamente son muy pocas familias las que se lo pueden
permitir. Es un permiso, vuelvo a decir, nada progresista que evidencia, señorías del Gobierno, que ustedes prefieren pagar una multa que cumplir con la directiva y retribuir el permiso parental; multa que además han intentado evitar con el
argumento de que este permiso parental estaba incluido en la ampliación del permiso por nacimiento. Un permiso nada progresista cuando se ha llevado a los tribunales y estos, como no puede ser de otra manera porque deriva de una directiva de
obligado cumplimiento, lo están reconociendo. Y, claro, ¿quién lo paga? En este caso, la empresa o la Administración competente. Es decir, han regulado un derecho en el que el Gobierno invita, pero luego, si se solicita en los tribunales, lo paga
otro. Y es un permiso muy progresista respecto del que el Gobierno -permítame decirlo- hace oídos sordos a preguntas tanto escritas como orales del Grupo Vasco en este Congreso, así como también en el Senado, o a la interpelación que fue presentada
la semana pasada por Podemos, donde hubo buenas palabras, pero nada más porque echan balones fuera. A mí esto me recuerda un poco al juego de la patata caliente: de ministerio a ministerio y tiro porque me toca. Y, mientras, ¿quiénes son los
perjudicados? Las familias.
Señorías de los grupos que sustentan el Gobierno, no vale reconocer derechos que luego no se pueden ejercer, como dijo mi compañera Nerea Ahedo en el Senado; esto no es progresista. ¿Hoy que van a votar en esta moción? ¿Qué sí? ¿Y cuándo
se va a hacer efectivo? Porque, les repito: no vale reconocer derechos que luego la gente no puede ejercer. Hoy es el permiso parental, pero ayer era el reglamento del fondo del amianto, ayudas que están todas encerradas en un cajón. Hoy, por
ejemplo, en Euskadi se amplía una ayuda de 200 euros por hijo hasta los 4 años. Esto quizá para algunos no sea progresista, pero es reconocer un derecho y un derecho que se puede ejercer. Esto al final es la realidad y son hechos comprobables.
Les agradezco, señorías de Podemos, que hayan traído esta moción, que vamos a apoyar, fíjense, independientemente de si aceptan nuestra enmienda, que lo único que pretende es que aquellas personas que hayan solicitado este permiso tras la
entrada en vigor de la directiva puedan ver restituidos sus derechos. Es decir, que cuando este permiso sea retribuido tenga efectos retroactivos para quienes lo solicitaron una vez que entró en vigor esta directiva, y que sea sufragado, además,
por la Seguridad Social, que es quien al parecer tiene la competencia para ello.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Fullaondo la Cruz.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Eskerrik asko mahaiburu jauna. Arratsalde on, jaun andreok.
Lehenik eta behin, esan gaur Podemosek aurkezten duen mozio hau babestu egingo dugula. Zortzi urte bete arte ardurapeko seme edo alaba bakoitzeko zortzi asteko guraso zaintzarako baimen osoa ordainduta izatea aspalditik datorren
aldarrikapena da. Guraso bakarreko familientzat, baimen hori hamasei astekoa izango dela bermatzeko beharra bezalaxe. Familia horiek kaltetuta atera ez daitezen. Izan ere, Euskal Herria Bildutik denbora daramagu lanean guraso bakarreko familien
eskubideak eta bere osotasunean ordaindutako baimenak onar eta ezar daitezen, Europan aitortzen diren moduan. Bai Familien Legearen tramitazioan aurkeztutako emendakinen bidez, bai gobernuaren kontrol saioetan, kasu honetan Senatutik.
Eta lehen esan dudan moduan, mozio hau babestuko dugu bi arrazoi nagusirengatik: Gizarte Eskubideen ministroak berak 2024ko Ekainaren 4ko kontrol saioan gure kide Josu Estarrona senatariak egin zizkion galderari erantzuteko erabili zituen
berberak, hain zuzen, ehuneko ehunean partekatzen baititugu bi arrazoiak. Lehenengo arrazoia urgentziari lotzen zaio. Izan ere, zentzuzko beharra eta agindua da familien babes ekonomiko eta soziala indartzea. Kontziliazio eta erantzukidetasun
baldintzak bermatzea eta denbora demokratizatzea. Gizarte baliabide urria baita denbora. Bigarren arrazoia betebehar batekin dago lotua. Europako erakundeekin hartutako konpromisoa.
Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras y señores.
En primer lugar, queremos decirles que hoy apoyaremos esta moción que presenta Podemos.
La retribución de la totalidad del permiso de ocho semanas por el cuidado de hijos e hijas a cargo, de cada hijo o hija hasta que cumpla los 8 años, es una reivindicación que viene de tiempo atrás, al igual que la necesidad de garantizar que
para las familias monoparentales este permiso sea de dieciséis semanas, para evitar que estas familias salgan perjudicadas. Y es que, de hecho, en Euskal Herria Bildu llevamos tiempo trabajando para que se aprueben y se establezcan los derechos de
las familias monoparentales y sus permisos retribuidos en su totalidad, tal y como se reconocen en Europa. Y lo hemos hecho tanto a través de las enmiendas presentadas en la tramitación de la ley de familias como en las sesiones de control del
Gobierno, en este caso, en el Senado. Y, como he dicho antes, vamos a apoyar esta moción por dos razones principales, las mismas que utilizó el propio ministro de Derechos Sociales para responder a la pregunta que le formuló en la sesión de control
del 4 de junio de 2024 nuestro compañero el senador Josu Estarrona, ya que son dos razones que compartimos al cien por cien. La primera razón está relacionada con la urgencia, porque de hecho es una necesidad razonable y un mandato importante
reforzar la protección económica y social de las familias, garantizar las condiciones de conciliación y la corresponsabilidad, y democratizar el tiempo, que es un recurso escaso.
La segunda razón está relacionada con una obligación: el compromiso con las instituciones europeas.
Como decía, vamos a apoyar esta moción por las mismas razones que esgrimió el propio ministro Bustinduy en el Senado en respuesta a la pregunta que le dirigió nuestro compañero Josu Estarrona sobre si la retribución de la totalidad del
permiso parental que nos ocupa sería a partir del 2 de agosto de 2024, fecha límite para su trasposición. La respuesta del señor ministro fue que, si dependiera de su voluntad, la retribución sería un hecho ya en junio del año pasado, pero que
confiaba en que sucediera dentro del plazo y de manera inminente por dos razones principales: por un lado, la urgencia de reforzar la protección económica y social de las familias y garantizar la conciliación y la corresponsabilidad; y, por otro,
la obligación, el compromiso adquirido con las instituciones europeas. A lo que añadió que, en definitiva, su posición era que debía retribuirse cuanto antes, y si el resto de actores políticos implicados tuvieran esa voluntad y así lo
suscribieran, se conseguiría su remuneración de forma inminente. Esto fue lo que dijo el señor Bustinduy el 4 de junio de 2024. Hoy, nueve meses después, seguimos en el mismo punto. El caso es que si hace nueve meses ya era urgente la
remuneración de la totalidad de los permisos parentales por cuidados y que en el caso de las familias monoparentales ese permiso se extienda a dieciséis semanas, hoy lo sigue siendo aún más si cabe. Y la verdad es que no dudamos de que la voluntad
del señor Bustinduy fuera en aquel momento la que expresó en su respuesta, y más teniendo en cuenta que la remuneración de este permiso forma parte del acuerdo de gobierno entre SUMAR y el PSOE. Igual que tampoco creemos que durante los dos años
que la señora Belarra, promotora de esta moción, ocupó ese
mismo cargo y no consiguió llevar a término lo que hoy solicita que se haga en un mes fuera por falta de voluntad, pero los hechos, o más bien la falta de hechos y del apoyo político necesario, nos han traído a la situación actual.
Esperamos que hoy la moción presentada reciba los apoyos suficientes para salir adelante, porque el 2 de agosto de 2024, fecha límite de la trasposición, pasó hace ya siete meses largos, siete meses en los que los derechos de muchas familias
están siendo vulnerados. Nos encontramos en un momento crucial para toda la ciudadanía en el que el Gobierno debe marcar las prioridades de su acción política e institucional. Realmente, pensamos que urge poner a las personas en el centro y los
intereses de las personas por encima de los intereses del mercado y del capital. Por eso, abogamos por poner en práctica políticas que garanticen ya mejoras sociales como las que hoy debatimos para garantizar todos los derechos de todas las
personas.
Besterik ez. Eskerrik asko.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda.
Presidenta, diputats, diputades.
Votarem a favor d'aquesta moció de Podemos que té l'objectiu de fer el permís parental de vuit setmanes, una realitat. Aquest permís és creat a partir d'una modificació de l'Estatut dels Treballadors, a un Real decret llei del 2023. Fins
ara no ha servit per a res, la veritat, sense ser retribuït, només és una despesa de paper. Quin era el seu propòsit? Quedar bé amb la Unió Europea? Complir, però, no gaire la Directiva 2019/11/58? Però la veritat és quantes famílies es poden
permetre el luxe de deixar de cobrar durant vuit setmanes? La pregunta és per a qui fem política? Per què fem política si no és per canviar i millorar la qualitat de vida de les persones? De vegades penso que estem aquí la tarda i si la gent
veiés el que estem fent de veritat, si la gent veiés el que fem de veritat... Bé, prefereixo no dir-ho.
El permís parental de vuit setmanes sense retribuir és un luxe, una política de cara a la galeria per quedar bé, però sense impacte la majoria de persones d'aquest estat. Un dret que no pot exercir-se per raons econòmiques, no és un dret,
és una il·lusió, una divisió de la societat entre els que més tenen i els que no tenen. L'Estat tenia fins l'agost de l'any passat per retribuir aquest permís. Per què no ho ha fet? Prefereix pagar una possible multa de la Unió Europea que donar
més drets a la classe treballadora? A vegades hi ha coses que costen d'entendre.
Per Esquerra aquesta lluita no és nova. Fa molt de temps que defensem que els permisos han de ser remunerats. Cal tenir en compte totes les realitats i que no siguin perjudicials per a qui els demana. I avui ho tornem a dir: el permís
parental de vuit setmanes ha de ser real, efectiu i universal. I per sorpresa de ningú, la justícia d'aquest país ha reconegut que aquest permís parental ha de ser remunerat, concretament una jutgessa del Tribunal de Barcelona. I si avui som aquí
és perquè el Gobierno va tard. I quan es tracta de drets socials, anar tard significa fallar a la nostra gent. Diputats i diputades del PSOE i de SUMAR, facin el que toca. Garanteixin aquest permís de vuit setmanes per a tothom que es pugui fer
realitat i que no sigui un luxe. I no demà, sinó ara, cada setmana que passa sense que cap permís retribuït entri en vigor, és una setmana que milers de famílies han de triar entre la família i els seus fills, i això no és normal. No pot ser
normal un país que es preocupa pels seus infants, per les seves famílies i per la igualtat d'oportunitats, no pot permetre aquesta situació ni un dia més.
El grup republicà, com deia, votarà a favor perquè la conciliació no ha de ser un privilegi, perquè els drets s'han de garantir, no només anunciar. Perquè la dignitat de les famílies ha d'estar al centre. Ara toca que el Gobierno
compleixi. Prou excuses. És hora de passar de les paraules als fets.
Moltes gràcies.
Buenas tardes, presidenta, diputados y diputadas.
Vamos a votar a favor de esta moción de Podemos, que tiene el objetivo de que el permiso parental de ocho semanas sea una realidad, un permiso creado a partir de una modificación del Estatuto de los Trabajadores, con un real decreto ley de
2023 que hasta ahora no ha servido para nada, la verdad. Sin ser retribuido no es más que un gasto de papel. ¿Cuál era el propósito, quedar bien con la Unión Europea?, ¿cumplir, pero no mucho, la directiva de 2019? Pero la realidad es: ¿cuántas
familias se pueden permitir
el lujo de dejar de cobrar durante ocho semanas? La pregunta es: ¿para quién hacemos política y para qué lo hacemos si no es para cambiar y mejorar la calidad de vida de las personas? A veces cuando estamos aquí por la tarde pienso si la
gente viera lo que estamos haciendo en realidad... En fin, prefiero no decir lo que pasaría.
El permiso parental de ocho semanas sin retribución es un lujo o una política de cara a la galería para quedar bien, pero sin impacto en la mayoría de personas de este Estado. Un derecho que no se puede ejercer por razones económicas no es
un derecho, es una ilusión, una división de la sociedad entre los que más tienen y los que no tienen. Hasta agosto del año pasado, tuvo tiempo el Estado para retribuir este permiso, ¿por qué no lo ha hecho?, ¿prefiere acaso pagar una posible multa
de la Unión Europea que dar más derechos a la clase trabajadora? A veces hay cosas que cuesta entender.
Esta no es una lucha nueva para la izquierda y para Esquerra. Nosotros hace mucho tiempo que defendemos que los permisos tienen que ser remunerados, que tienen que tener en cuenta todas las realidades y que no sean perjudiciales para
quienes lo solicitan, y hoy lo volvemos a decir: el permiso parental de ocho semanas tiene que ser real, efectivo y universal. Y para sorpresa de nadie la justicia de este país ha reconocido que este permiso parental tiene que estar remunerado,
por una jueza de un tribunal de Barcelona en concreto. Si hoy estamos aquí es porque el Gobierno no ha cumplido, porque en derechos sociales ir tarde significa fallar a los nuestros. Señorías del PSOE y de SUMAR, hagan lo que toca y garanticen
este permiso de ocho semanas para todo el mundo, para que pueda ser una realidad y no un lujo, y no mañana, sino hoy. Cada semana que pasa sin que este permiso retribuido entre en vigor es una semana en que miles de familias tienen que elegir entre
la familia y sus hijos, y esto no es normal. No puede ser normal. Un país que se preocupa por sus familias, por sus niños y por la igualdad de oportunidades no puede permitir esta situación ni un día más.
Como decía, el Grupo Republicano va a votar a favor, porque la conciliación no debe ser un privilegio, porque los derechos hay que garantizarlos y no solo anunciarlos, y porque la dignidad de las familias tiene que estar en el centro. Ahora
es momento de que el Gobierno cumpla. Basta de excusas, ahora hay que pasar de las palabras a los hechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada Danés.
La señora BOADA DANÉS: Gràcies, president.
El dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar és un element fonamental de l'estat del benestar. Proveir de mesures i recursos a la cura de les persones dependents i, especialment dels fills i les filles, és essencial per
aconseguir aquest dret a la conciliació. A les últimes dècades, aquest país ha avançat substancialment en la creació de prestacions i permisos per a la cura dels nens i nenes. Des de la creació del permís de paternitat per la Llei Orgànica 3/2007
per a la igualtat efectiva de dones i homes, fins a l'ampliació i equiparació dels permisos introduïda pel Real decret llei 6/2019, de mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, han estat múltiples els
canvis normatius que han ampliat drets de conciliació i de cura en aquest país.
Malgrat aquests avanços notables, els permisos destinats a la maternitat, paternitat, a les cures són encara insuficients. La durada dels permisos o la falta de remuneració d'alguns d'aquests, suposen grans esforços per a les famílies i
esdevenen clars condicionants materials per a moltes persones que desitgen tenir criatures, especialment en el cas de les famílies monomarentals. L'absència d'un sistema integral de permisos i prestacions, adequats i suficients, genera enormes
desequilibris de gènere, situant sobre les dones un major pes en la cura, llastrant així el seu desenvolupament personal i professional. Les dones dediquen el doble de temps de cura dels fills i filles que els homes. Mentre les dones dediquen
gairebé 7 hores diàries de mitjana al dia, els homes en dediquen 3 i mitja. Aquesta bretxa també es percep en el mercat laboral, on les dones tenen més taxes de parcialitat i temporalitat que els homes i també demanant més excedències i permisos
per a la cura per als homes.
Precisament, acabar amb aquesta bretxa és l'objectiu de la Directiva 2019/11/58, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, que ha donat un impuls a la regulació dels permisos per a
la cura al nostre país. La directiva reconeix que el marc jurídic vigent de la unió proporciona pocs incentius als homes perquè assumeixin la mateixa quantitat de responsabilitats en la cura de familiars. El desequilibri en el disseny de les
polítiques sobre conciliació de la vida familiar i la vida professional entre homes i dones incrementa els estereotips i les diferències de gènere en matèria
laboral i familiar. Així mateix, ha quedat demostrat que les fòrmules per conciliar la vida familiar i la vida professional, com els permisos o les fórmules de treball flexible, tenen un impacte positiu en la reducció de la càrrega relativa
del treball familiar no remunerat que recau sobre les dones, i deixa les dones més temps per l'ocupació remunerada. La transposició d'aquesta directiva ha estat impulsada pel govern de coalició mitjançant el Reial Decret llei 5/2023, creant un nou
permís parental per a que les persones treballadores tenen dret a gaudir de vuit setmanes fins al moment que els nens i nenes fan 8 anys. També ha modificat, això ho hem fet, s'ha fet des del Govern, també aquest govern de coalició ha modificat les
condicions del permís de lactància introduïda a través del Real Decret llei 2/2024, que elimina la condicionalitat en l'exercici del dret d'absentar-se a les previsions de la negociació col·lectiva o a l'acord al qual arriba l'empresa i garanteix
totes les possibilitats de gaudi, inclosa l'acumulació de les hores retribuïdes d'absència com a dret inalienable de totes les persones treballadores.
Per tant, aquest govern progressista de coalició avança en eixamplar drets per a les famílies treballadores, perquè gaudeixin de les seves filles i dels seus fills. Perquè la conciliació no sigui una odissea i una carrera d'obstacles, sinó
un dret per a tenir una vida plena. Una vida que també sigui més fàcil per a les famílies monomarentals i monoparentals. I així ens ho recorda la sentència 140/2024 del Tribunal Constitucional sobre l'equiparació dels permisos per naixement i cura
de menor a les famílies monoparentals. Sentència que avala el dret d'aquestes famílies a gaudir de permisos per naixement o adopció de fins a 26 setmanes, i el legislador ens insta a dur a terme les modificacions pertinents per a reparar el tracte
discriminatori que la regulació actual infringeix cap a nenes, nens i adolescents que pertanyen a una família monomarental. El tribunal és clar, però és que es tracta duna mesura justa i necessària que hem dimpulsar urgentment.
Gracias, presidente.
El derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar es un elemento fundamental del estado del bienestar. Proveer de medidas y de recursos para el cuidado de las personas dependientes y, en particular, de los hijos es
esencial para conseguir este derecho a la conciliación. En las últimas décadas, este país ha avanzado sustancialmente en la creación de prestaciones y permisos para el cuidado de los niños y niñas, desde la creación del permiso de paternidad por la
Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de los Hombres y las Mujeres, hasta la ampliación y equiparación de los permisos introducidos por el Real Decreto 6/2019, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades
entre hombres y mujeres. Pues bien, desde entonces han sido múltiples los cambios normativos que han ampliado derechos de conciliación y de cuidados en este país.
A pesar de estos avances notables, los permisos destinados a la maternidad, paternidad y a los cuidados todavía son insuficientes. La duración de los permisos y la falta de remuneración de algunos suponen grandes esfuerzos para las familias
y se convierten en claros condicionantes materiales para muchas personas que desean tener hijos, especialmente en el caso de las familias monomarentales. La ausencia de un sistema integral de permisos y prestaciones adecuados y suficientes genera
grandes desequilibrios de género y sitúa sobre las mujeres un mayor peso en los cuidados, y esto lastra su desarrollo personal y profesional. Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos e hijas que los hombres: mientras que las
mujeres dedican casi siete horas de media al día, los hombres dedican tres horas y media. Esta brecha también es perceptible en el mercado laboral, donde las mujeres tienen una tasa de parcialidad y temporalidad mayor que los hombres, y, además,
piden más excedencias y permisos para el cuidado que los hombres.
Precisamente, la Directiva 2019/1158 quiere terminar con esta brecha. Es una directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, y con ella se da un impulso de regulación de los permisos
para los cuidados en nuestro país. La directiva reconoce que el marco jurídico vigente de la Unión proporciona pocos incentivos a los hombres para que asuman la misma cantidad de responsabilidades en los cuidados familiares. El desequilibrio en el
diseño de las políticas sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional entre hombres y mujeres incrementa los estereotipos y las diferencias de género en materia laboral y familiar. Asimismo, ha quedado demostrado que las fórmulas
para conciliar la vida familiar y la profesional, como los permisos o las fórmulas de trabajo flexible, tienen un impacto positivo en la reducción de la carga relativa del trabajo familiar no remunerado, que recae sobre las mujeres, y deja a las
mujeres más tiempo para el trabajo remunerado. La trasposición de esta directiva la ha impulsado el Gobierno de coalición mediante el Real Decreto Ley 5/2023, creando un nuevo permiso parental por el que las personas trabajadoras tienen derecho a
ocho semanas hasta el
momento en que los niños y niñas cumplen 8 años. (Aplausos). Este Gobierno también ha hecho una modificación de las condiciones del permiso de lactancia, introducida a través del Real Decreto 2/2024, que elimina la condicionalidad en el
ejercicio del derecho a ausentarse en función de las previsiones de la negociación colectiva o del acuerdo de la empresa, y garantiza todas las posibilidades de disfrute, también las horas retribuidas de ausencia, como un derecho inalienable de
todas las personas trabajadoras.
Por lo tanto, este Gobierno progresista de coalición avanza a la hora de ampliar derechos para las familias trabajadoras, para que puedan disfrutar de sus hijas e hijos, y para que la conciliación no sea una odisea y una carrera de
obstáculos, sino un derecho para tener una vida plena, que además sea más fácil para las familias monomarentales y monoparentales. Así lo recuerda la sentencia 140/2024 del Tribunal Constitucional, sobre la equiparación de los permisos por
nacimiento y cuidado del menor en las familias monoparentales. Una sentencia que avala el derecho de dichas familias a disfrutar de permisos por nacimiento o adopción de hasta veintiséis semanas. Y además insta al legislador -nos insta- a
desarrollar las modificaciones pertinentes para reparar el trato discriminatorio que la reglamentación actual inflige a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a una familia monomarental. El tribunal es claro, pero es que además se trata de una
medida justa y necesaria que tenemos que impulsar de forma urgente.
La prestación universal por crianza, extender los permisos por nacimiento y cuidado de niñas y niños hasta las veinte semanas para ambos progenitores, la remuneración del permiso parental de ocho semanas -que podemos empezar por remunerar
cuatro semanas- y modificar la normativa correspondiente para equiparar los permisos por nacimiento y cuidado para las familias monoparentales son medidas todas ellas que nos permiten avanzar en nuevos derechos sociales para un mayor bienestar de
las familias. Esta es la hoja de ruta para el Ministerio de Derechos Sociales y para el Ministerio de Trabajo, y debe ser la hoja de ruta de este Gobierno de coalición, que gobierna precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas
trabajadoras, para que vivamos vidas dignas que nos permitan conciliar y cuidar, sin renunciar a la plenitud personal y laboral, para avanzar en la igualdad y para la justicia social. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros, los de VOX, nos tomamos muy en serio los derechos de los trabajadores, y especialmente los que permiten la conciliación laboral y familiar, esa de la que están tan necesitados los españoles. En este sentido, la Directiva
2019/1158 del Parlamento Europeo obliga a un permiso remunerado de ocho semanas del que pueden gozar los progenitores hasta que los menores tengan 8 años, y quiero aclarar que este permiso no tiene nada que ver con el que ya disfrutan los padres por
nacimiento. Las señorías de Podemos nos traen aquí esta iniciativa, pero no nos dicen quiénes correrán con los gastos, si se los endosarán a los pequeños y medianos empresarios o a quiénes se los van a endosar. (Rumores). Desde luego, no
esperamos menos de la demagogia de la extrema izquierda, siempre dispuesta a conceder prestaciones con el dinero de los demás, pero sin entrar en el fondo de la cuestión y sin proponer medidas reales que puedan ayudar a nuestros jóvenes a crear
familias que puedan crecer dignamente. (Aplausos).
En todo caso, debe quedar claro que ha sido la incompetencia de este Gobierno de España en aplicar esta directiva la que ha provocado las sanciones que ahora tendremos que soportar y pagar todos los españoles de nuevo: nada más y nada menos
que 10 000 euros diarios son los que tenemos que pagar. Quiero recordarles a las señorías de Podemos que en 2019 formaban parte del Gobierno de España y que esto es lo que ocurre por no estar atentos a los problemas reales y por dedicarse
exclusivamente a su demagogia y a sus delirios ideológicos.
Señorías, en España tenemos un problema muy muy grave, y es el invierno demográfico. Tanto la bancada de la derecha como la bancada de la izquierda o de la extrema izquierda no han hecho nada por mejorar esta situación, porque tanto unos
como otros lo único que han hecho ha sido machacar a la familia. La inversión de la pirámide poblacional que padecemos en España desde hace muchos años es cada día más grave, y eso es mucho más grave que el cambio climático, la brecha de género o
el techo de cristal, esas preocupaciones que parece que tienen sus señorías. Si no nacen niños, no es solo que vayamos a tener que cerrar colegios y más adelante institutos y universidades, sino que, además, el
estado de bienestar puede llegar a quebrar por resultar insostenible. Según el Instituto Nacional de Estadística, las cifras de nuestra demografía empeoran año tras año. A día de hoy, la natalidad es un 24 % menor que en 2013, por lo que
la media por mujer española está en torno a 1,16 hijos por mujer, una de las tasas más bajas del mundo. De seguir esta trayectoria, pronto no van a quedar familias. Luego vienen ustedes aquí, se suben a esta tribuna y nos hablan de la soledad no
deseada. Pues miren, señorías, dejen de hacer demagogia y trabajen de una vez, como hacemos en VOX, proponiendo medidas fiscales y laborales para promover la verdadera conciliación de la vida personal, laboral y familiar. (Rumores.-Aplausos).
Ustedes son incapaces de darse cuenta de que lo que interesa al bien común es que nazcan niños, a ser posible con las figuras de papá y mamá unidas (la señora Santana Perera, levantando los brazos: ¡Hombreee!), pero ya sabemos que estas
consideraciones tan evidentes no entran en sus duras molleras.
El segundo punto de su moción es especialmente rechazable por dos razones, una de fondo y otra de forma. Por supuesto, la de fondo es mucho más grave, porque se trata de una medida discriminatoria que, una vez más, pretende privilegiar a
las mujeres frente a los varones. Porque, sí, señorías, hay familias monoparentales en las que el titular es un varón -son menos frecuentes, pero existen-, pero eso no les da derecho a ustedes a discriminarlos, por muy feministas que se sientan o
por mucho odio que tengan a eso que ustedes llaman el patriarcado. Así que traen un texto que va en contra de la igualdad que se consagra en el artículo 14 de la Constitución y nos proponen que, si es una mujer la que está al frente de una familia
monoparental, disfrute el doble de tiempo de baja retribuida que si es un hombre el que está al frente.
En cuanto a la forma, dejen ustedes de dar patadas a la lengua española inventándose esas palabrejas tan absurdas que no existen en el diccionario. En este caso, señorías de Podemos -ya se lo he dicho en otras ocasiones en las comisiones-,
lo que traen aquí es un disparate etimológico, y me refiero a eso que llaman ustedes familias monomarentales, que es una palabra que se han sacado ustedes de la manga. A lo mejor se creen que alude a la madre porque les suena al catalán 'mare' o a
esa expresión tan andaluza de 'la mare que te parió', pero créanme que no tiene nada que ver. (Risas y aplausos). Monoparental viene del latín parens, qué significa 'progenitor', padre o madre. Aquí les he traído un diccionario de latín de la
marca VOX (mostrando un diccionario de latín-español) para que, si quieren, luego se acerquen a mi escaño; muy gustosa se lo dejaré para que vean que lo que hacen es un total disparate. (Aplausos). Así que dejen de hacer el ridículo manipulando
la lengua española, porque lo menos que se debe pedir a una iniciativa que llegue hasta el Congreso de los Diputados es que cumpla mínimamente con las normas de la Real Academia Española.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mellado Sierra, por un tiempo de cinco minutos.
La señora MELLADO SIERRA: Gracias, presidenta.
Señora Santana, como la mayoría de las madres, he tenido que hacer ingeniería de la conciliación y he resuelto, año tras año, las vacaciones escolares abusando del tiempo de las abuelas y abuelos de mis hijos, así que entiendo perfectamente
la iniciativa que nos trae esta tarde aquí. Pero, mire, usted sabe igual que yo que la introducción de cualquier medida que tenga un impacto en los presupuestos generales del Estado y en las relaciones laborales de los padres y de las madres
necesita consenso, diálogo y cierta gradualidad para poder analizar cuáles son sus efectos en la vida laboral, especialmente en la de las mujeres.
En este país, nadie puede dudar de la valentía del Grupo Socialista y de los Gobiernos progresistas para impulsar nuevos derechos. (Aplausos). Todos los grandes avances de la democracia en derechos sociales llevan el sello del Partido
Socialista -todos-, especialmente los que tienen que ver con el apoyo a las familias y promueven sobre todo la conciliación y, muy importante, la corresponsabilidad. Con Gobiernos progresistas hemos conseguido situar a España en una posición
referente en Europa y en el mundo; lo hemos hecho con el permiso de dieciséis semanas intransferibles para cada progenitor por el nacimiento de cada hijo o hija y también con los cambios en el permiso por lactancia, que da la posibilidad de
disfrutar de cuatro semanas más también a los dos progenitores. Por cierto, señorías de Podemos, les recuerdo que es una medida que ustedes tumbaron; votaron en contra junto a PP y VOX. Aun así, estoy
segura de que compartimos una concepción de familia diversa que nada tiene que ver con el modelo patriarcal de la ultraderecha.
Como saben, hoy en día tenemos que combatir movimientos reaccionarios, con VOX a la cabeza, que quieren meternos a las mujeres otra vez en casa, que seamos nosotras, en exclusiva, las que nos encarguemos de la crianza. Señora Santana,
frente a ellos, claro que tenemos que seguir avanzando. Por eso, es importante que entre las fuerzas progresistas trabajemos desde el consenso, no desde el chantaje; con responsabilidad, para no dar alas a la ola reaccionaria que recorre el mundo
entero y que nos tiene a las mujeres y a nuestras libertades como las primeras víctimas. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
Señorías de Podemos, ustedes se refieren a la Directiva Europea 2019/1158 para exigir un nuevo permiso retribuido, poniendo como motivo que España se encuentra por detrás de otros países en esta materia, la del cuidado de menores.
Cualquiera que lea esta directiva verá que nuestro país ha ido más allá, apostando por la corresponsabilidad en los cuidados. Aquí, un padre y una madre tienen las mismas semanas de permiso, veinte retribuidas y otras ocho sin retribución. Es un
logro si miramos nuestro entorno, y, aun así, queremos ir más allá y seguir trabajando para aumentar progresivamente ese número de semanas retribuidas. Solo tienen que ver nuestra enmienda al proyecto de ley de Función pública, donde ya lo
proponemos. Miren, a los socialistas y a las socialistas nos encontrarán siempre dispuestas a trabajar en medidas que hagan la vida más fácil a las personas que deciden tener hijos y que la crianza no siga siendo una etapa de renuncia para las
mujeres.
Señorías, compartimos el fondo, pero, por favor, sean responsables con la forma. Están proponiendo que en un mes el Estado ponga en marcha un permiso que costará más de 1800 millones de euros a las arcas públicas. No tiene sentido o es
pura propaganda que los grupos que apoyaron la investidura exijan al Gobierno medidas que tienen un coste económico y, en paralelo, den alas a la ultraderecha poniendo problemas día sí y día también para la aprobación de un nuevo presupuesto.
(Aplausos). Si, como usted dice, señora Santana, y lo comparto, a la derecha se la vence con derechos, los derechos se ganan con la aprobación de unos nuevos presupuestos progresistas. (Aplausos). Así que, por favor, señorías de Podemos y de
todas las fuerzas progresistas de este hemiciclo, sean coherentes, dejen los ultimátums, siéntense a negociar unos nuevos presupuestos que permitan ampliar derechos a la mayoría social de este país y desarmar de una vez por todas a la ultraderecha.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mellado.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Fernández Herranz, por un tiempo de cinco minutos.
Cuando quiera.
La señora FERNÁNDEZ HERRANZ: Llama la atención cuando menos que Podemos pida a través de esta moción lo que fue incapaz de hacer cuando estaba en el Gobierno, y es que la propia señora Belarra, siendo ministra de Derechos Sociales, cuando
tuvo la oportunidad y aprobó el Real Decreto Ley 5/2023, dejó sin retribución este mismo permiso. Ustedes mismos han reconocido que se quedaron a medio camino, no sabemos si por incompetencia o si es que lo fiaron a futuro o es que su socio de
Gobierno, el Partido Socialista, no les dejó, porque la realidad es que este Gobierno ha sido incapaz de trasponer en tiempo y forma esta directiva europea, que entró en vigor en julio de 2019 y aun con dos plazos de transposición distintos ha
llegado a incumplir ambos, lo que ha provocado, entre otras cuestiones, que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero lejos de poner remedio a esta situación, hoy siguen persistiendo en el error, y
continúa pendiente la retribución del permiso parental de cuidados de ocho semanas por hijo a cargo hasta los 8 años, pesando por ello una sanción a nuestro país.
Pero lo peor de todo es que, en un ejercicio de auténtico trilerismo político, el Partido Socialista intenta hacernos creer que sí están cumpliendo con esta retribución del permiso asimilándolo a otros que nada tienen que ver. Digna mención
merece la intervención de la ministra en su interpelación, que sacaba pecho mientras mezclaba todos los permisos existentes -maternidad, paternidad, lactancia, reducciones de jornada, prestación por enfermedad- para intentar, una vez más, engañarnos
a todos. Hizo hasta referencia a la subida del salario mínimo, que no a su tributación, por supuesto, y es que con el Partido Socialista la banca siempre gana. (Aplausos). Este no iba a ser un caso diferente, pero por mucho que intenten enredar y
mentir la realidad es una, y hasta el propio Consejo de Estado, en el dictamen al
anteproyecto de ley de familias, dejó claro que la suma de los permisos existentes no es suficiente para cumplir con la directiva europea, como ustedes pretenden hacernos creer.
Por ello, el Partido Popular quiso dar respuesta a esta situación a través de una ley de conciliación y corresponsabilidad familiar que sí reconocía este permiso parental de dieciséis semanas intransferibles, con ocho retribuidas, para el
cuidado de hijos hasta los 8 años, porque nosotros sí defendemos que el derecho a conciliar no puede ser una opción, sino que debe ser una realidad que hay que abordar. Por ello, presentamos en su momento esta proposición de ley, que contempla,
entre otras muchas cuestiones, la ampliación de los permisos parentales, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las necesidades específicas de todas las familias, incluidas también las de las familias monoparentales, reconociéndoles un título
específico, y la equiparación y, por tanto, ampliación de los permisos por nacimiento que ustedes obvian; una normativa que, en definitiva, aborda todos estos retos de forma integral y con ambición de futuro. Sin embargo, el Gobierno ha vetado su
debate, ha vetado dar respuesta a uno de los principales problemas de las familias españolas, en especial de las mujeres, sobre las que recaen aún mayoritariamente las labores de cuidado. Lo ha hecho bajo la excusa de que no hay dinero, porque,
claro, para el Partido Socialista solo hay dinero cuando le interesa. Sí hay dinero para pagar a sus socios independentistas, sí hay dinero para intentar controlar empresas, parece que también habrá dinero para controlar las redes sociales, hay
dinero para obras de arte y para viajes, pero no hay dinero para la investigación del cáncer, no hay dinero para la dependencia o para la ley ELA y mucho menos hay dinero para la conciliación y la igualdad. (Aplausos). Ustedes son feministas de
pancarta y de titular.
Decía la señora Sáez en su interpelación: La ciudadanía conoce nuestra valentía, nuestra coherencia y nuestro compromiso con la igualdad. ¿De verdad? ¿De verdad se lo creen? Lo que la ciudadanía tiene claro a día de hoy es la cobardía y
la incoherencia de los partidos de izquierdas, cuando decían en público eso de 'hermana, yo sí te creo', pero tapaban episodios de acoso sexual, en privado (aplausos); cuando votaban en el Congreso abolir la prostitución, mientras algunos de su
bancada recurrían a ella con dinero público, o cuando desprotegían a las mujeres aprobando leyes como la del 'solo sí es sí'. Su sectarismo y su hipocresía son enemigos de la igualdad, de la conciliación y de la corresponsabilidad. Ustedes, que
pretenden hacernos creer que los hombres son nuestros enemigos, son los que han quedado retratados. Ahora entendemos el porqué de su discurso contra ellos: tenían a los de la peor calaña dentro. Y yo les puedo decir una cosa, y es que me siento
orgullosa de pertenecer a un partido en el que la igualdad la construimos entre todos (aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!); un partido de hombres y mujeres, hombres que nos respetan y nos apoyan igual que nosotras a ellos.
Para finalizar, como dijo nuestro presidente Feijóo, lo que necesitamos es un Gobierno que dé menos lecciones y más ejemplo y que cambie las proclamas y pancartas por políticas útiles para todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DE ESPAÑA. (Número de expediente 173/000082).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la última moción que veremos en el Pleno de hoy; la última la dejamos para mañana.
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Chamorro Delmo. (Aplausos).
El señor CHAMORRO DELMO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.
La soberanía energética es un pilar fundamental para la estabilidad económica, la competitividad industrial y el bienestar de cualquier nación. Lo hemos repetido desde este grupo parlamentario en innumerables ocasiones. La situación
crítica que vive Europa, en la que incluso se plantea su rearme y el impulso de su industria militar, hace inviable la vigencia de todas las normativas europeas que han
impulsado socialistas y populares desde hace décadas, que han debilitado nuestra autonomía europea, nuestra soberanía nacional, nuestra industria, nuestra competitividad y nuestra seguridad.
La Europa occidental, y España en lo que nos afecta a nosotros, no podrá mantener un modelo social insostenible si no es con un aumento espectacular de nuestra productividad, lo cual es imposible con las políticas fanáticas que hemos sufrido
y que han destruido nuestro sistema productivo. Esta ha sido una petición constante del Grupo Parlamentario VOX: la derogación de toda esa normativa ecofanática. Todos los políticos que han impulsado el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pacto
Verde han facilitado las cosas a los enemigos de Occidente, que no han parado de fortalecerse y crecer gracias a nuestro debilitamiento y a nuestra dependencia.
Ustedes, los políticos que han implantado todas estas políticas, son los mayores traidores a Europa; una clase política que ha hecho el juego a China, a Rusia y a los países emergentes del norte de África, como Marruecos (aplausos), en
detrimento de la industria europea, del sistema productivo y de la seguridad de nuestro bloque occidental, a cambio incluso de dinero corrupto o prebendas de esos países terceros, como hemos visto en esos escándalos que han ocurrido en Bruselas.
Somos gobernados por personajes como Pedro Sánchez, que hace pocos años decía que sobraba el Ministerio de Defensa y que había que recortar en defensa para dar más presupuesto contra la pobreza y la violencia de género; o por González Pons, del
Partido Popular, que firmó un memorándum con el Partido Comunista Chino, en representación del Partido Popular, y colocó a su hijo en la gasística rusa Gazprom. (Aplausos). Por cierto, el prototipo de socialista europeo alemán, el señor Schröder,
sucesor de Billy Brandt, que tanto ayudó al Partido Socialista Obrero Español cuando Suresnes y toda su historia, fue nominado para entrar en el consejo de administración de la gasística rusa Gazprom y era presidente de la petrolera rusa Rosneft.
Ustedes, políticos del Partido Popular y el Partido Socialista, dan verdadera vergüenza; la misma vergüenza que dan los medios de comunicación que atacan a VOX a derecha e izquierda y olvidan quiénes son los verdaderos traidores a Occidente, al
pueblo español y al pueblo europeo. (Aplausos).
Las políticas energéticas implementadas en los últimos años han comprometido la capacidad de España para garantizar un suministro seguro, asequible y estable de energía. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición
Energética, impulsada por el actual Gobierno y a la que solo votó en contra el Grupo Parlamentario de VOX, ha prohibido la exploración e investigación de los recursos naturales y yacimientos minerales, incrementando nuestra dependencia del exterior.
Las estrategias derivadas también de este Pacto Verde, que viene del Acuerdo de París, han generado una dependencia creciente de fuentes intermitentes, encareciendo los costes energéticos y debilitando también la industria nacional y europea.
Mientras Europa refuerza su apuesta por la energía nuclear, resulta que España sigue una estrategia de desmantelamiento que pone en riesgo su estabilidad energética y su capacidad productiva. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima establece el cierre de los siete reactores nucleares existentes en España antes de 2035. Esta política del Gobierno de Pedro Sánchez y de todos sus socios contra la energía nuclear es un auténtico suicidio energético, que contradice incluso
las premisas de la propia Unión Europea, que ya considera la energía nuclear como elemento indispensable para su transición energética e incluso como una energía verde porque no emite CO2.
El informe Draghi, del que hemos hablado en varias ocasiones, parte de la premisa de que los elevados costes energéticos de la Unión Europea son un lastre para nuestra competitividad general. Para ello, defiende un enfoque que incluye todas
las tecnologías disponibles: las renovables, la nuclear, el hidrógeno... Es verdad que, desde nuestro grupo parlamentario y desde nuestro eurogrupo no compartimos muchas de estas recetas de Draghi, porque mantiene un discurso ecofanático que viene
de ese Acuerdo de París que nosotros criticamos, pero lo que tenemos claro es que es absolutamente inviable prescindir de la energía nuclear, como quieren hacer este Gobierno y sus socios.
Consideramos, a través de esta moción consecuencia de interpelación, que es necesario revertir las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, priorizando un marco normativo que favorezca la competitividad y la seguridad energética de la
nación. (Aplausos). Hay que elaborar un plan nacional de soberanía energética que garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos nacionales, reduciendo la dependencia del exterior al máximo; hay que reconocer la energía nuclear
-reconocer la energía nuclear- como una fuente esencial en el mix energético y promover la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes; hay que lanzar un plan de reserva de emplazamientos nucleares para la construcción de nuevas
centrales y fomentar la rehabilitación de las actuales mediante estudios de viabilidad técnica y económica; hay que eliminar la fiscalidad discriminatoria sobre la energía nuclear, a través de la reducción de la tasa Enresa y la supresión del
impuesto sobre la producción de combustible
nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de la energía nucleoeléctrica. Asimismo, hay que promover la supresión de la fiscalidad especial impuesta por las administraciones territoriales sobre la producción de esta
energía nuclear; hay que elaborar un plan nacional de agua que contemple la interconexión de las cuencas y la construcción de nuevos embalses para garantizar el suministro de agua en el consumo humano, agrícola y energético, utilizando también los
saltos de agua; hay que fomentar el almacenamiento hidráulico por bombeo, aprovechando las instalaciones hidroeléctricas existentes, y hay que proteger el terreno agrícola frente a la especulación derivada de la instalación de macroplantas de
energías renovables.
En general, defender nuestra soberanía energética es defender el sentido común en contra de esta locura que nos traen ustedes, populares y socialistas, a Bruselas desde hace décadas. Esperemos que, por fin, haya un cambio y que el sentido
común vuelva a Europa y a España.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Chamorro.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Jordà i Roura, por un tiempo de cinco minutos.
La señora JORDÀ I ROURA: Moltes gràcies, presidenta.
Avui els diputats de VOX ens presenten una moció per garantir la sobirania energètica al Reino de España. Jo, de fet, confesso que el sentir parlar de sobiranies dels d'Abascal m'ha provocat un cert morbo parlamentari, per dir-ho d'alguna
manera. Però després de llegir atentament el text, conseqüència de la interpel·lació feta a la vicepresidenta tercera del Govern, doncs evidentment tot s'ha acabat desplomant.
Senyores i senyors diputats, torna a aterrar una vegada més en aquest hemicicle. Un nou i repetitiu capítol de negacionisme i populisme, tan o més barroer que els que l'han precedit. Un matxembrat, jo diria de categoria. Un steak tartar
infumable i digne de les pitjors polítiques del segle passat. Permeti'm alguna consideració al respecte que considero vital. La primera: l'emergència climàtica no és una predicció llunyana. L'emergència climàtica és una realitat tangible. Una
realitat no només tangible, sinó una realitat que el que fa és amenaçar la vida, l'equitat i les oportunitats de les generacions presents i de les generacions futures. Segona consideració: l'any passat es va superar per primer cop l'augment d'un
grau i mig la temperatura, un objectiu marcat per l'Acord de París. I val a dir, ni Espanya ni la Unió Europea estan complint amb els objectius marcats per reduir les emissions. Aquest és el panorama. Aquesta és la situació. Aquesta és la
realitat. I davant d'això, la dreta reaccionària torna a desplegar el seu ventall de farses, el seu ventall cansino de mentides. I ho fa dia rere dia, com si una mentida repetida mil vegades al final s'hagués de convertir en una veritat. Jo no hi
entraré més. No hi entraré més, perquè el cert és que una s'acaba sentint una mica estúpida, repetint constantment que avui és dimarts i que estem a l'any 2025, i 33 diputats no es cansen de dir que avui és diumenge i que estem al 1925. Aleshores
jo ja no ho repetiré més. El que si faré és senyalar, perquè crec que toca, el Gobierno de España en aquest cas. I ho faré perquè davant d'aquesta situació, que és una situació d'emergència, no s'entén que no es facin passos més valents i passos
més ferms per girar una tendència que sí és una tendència francament perillosa. De fet, passos aquí i també passos a Brussel·les, on cal vetllar pel compliment de l'agenda verda.
Des del grup republicà ho tenim clar. La resposta passa sí, per la sobirania energètica i per a la transició verda. Una transició que ha de ser justa, que ha de ser democràtica i que, evidentment, ha de ser republicana. No podem ni volem
continuar sotmesos als interessos dels oligopolis energètics que durant dècades, reiteradament, han monopolitzat els recursos i han convertit un dret essencial, com el dret a l'energia, en un negoci extremadament especulatiu. Volem trencar aquest
model caduc i volem també construir un sistema energètic de país i pel país. Un sistema al servei de les persones, al servei del territori i, evidentment, també al servei d'aquest planeta. Cal, doncs, plantar cara a l'oligarquia de les elèctriques
i cal recuperar el control sobre els nostres recursos. Cal legislar i, sobretot, cal actualitzar la norma. Cal posar al dia les normes a favor de l'autoconsum, de l'autoconsum individual, de l'autoconsum compartit, de l'autoconsum industrial. Cal
treballar amb i per a les comunitats energètiques; són vitals. Són extremadament importants i necessàries. De fet, nosaltres el que pretenem i el que volem és dignificar. Dignificar el medi rural, apostant per una cosa que ja es feia abans, que
és l'economia circular. Volem treballar per protegir la biodiversitat i que el sector energètic sigui un motor, però un motor de prosperitat, una prosperitat que entenem òbviament compartida i arrelada al territori.
I sí, acabo presidenta, avui i gràcies a la feinada també encetada pel govern republicà, Catalunya ja camina cap a la neutralitat climàtica. Ho fa amb la prospectiva energètica de Catalunya, que és un full de ruta amb un horitzó marcat al
2050. Ho fa apostant per incorporar la reducció del consum global, la promoció de les comunitats energètiques locals, com deia, ho fa també impulsant l'autoconsum i, òbviament, la mobilitat sostenible davant un món que cada dia s'electrifica més.
I ho fa creant l'Energètica Pública de Catalunya, que té com a objectiu avançar cap a la sobirania energètica del país, vetllant per l'equilibri territorial i, òbviament, contribuint a la justícia social i a la justícia energètica.
En definitiva, sabem d'on venim, sabem on som avui i sabem quins són els objectius a complir, és a dir, sabem on volem arribar. Ara només falta, senyories, que els qui tenen responsabilitats, les exerceixin i facin els deures perquè
sàpiguen que només així, fent els deures, podrem enterrar definitivament tanta aberració populista i avançar cap a un món descarbonitzat. Fem tard perquè això és així. Avui ja som a l'any 2025.
Moltes gràcies, president.
Muchas gracias, presidenta.
Hoy, los diputados de VOX nos presentan una moción para garantizar la soberanía energética en el Reino de España. Confieso que escuchar hablar de soberanía a los de Abascal me provoca un cierto morbo parlamentario, por llamarlo de alguna
forma. Pero, después de leer el texto, consecuencia de la interpelación que se ha hecho a la vicepresidenta tercera del Gobierno, evidentemente todo se desmorona por sí mismo.
Señoras y señores diputados, vuelve a aterrizar en este hemiciclo, una vez más un nuevo capítulo repetitivo de negacionismo y populismo tanto o más barriobajero que los que lo precedieron; un machihembrado, diría yo, de categoría; una
especie de steak tartar infumable, digno de las peores políticas del siglo pasado. Permítanme alguna consideración al respecto que considero vital. La primera, la emergencia climática no es una predicción lejana o remota sino que es una realidad
tangible; una realidad no solo tangible sino que además amenaza la vida, la igualdad y las oportunidades de las generaciones presentes y futuras. Segunda consideración, el año pasado se superó por primera vez el aumento de 1,5 grados de la
temperatura, objetivo marcado por el Acuerdo de París. Y hay que decir que ni España ni la Unión Europea están cumpliendo con los objetivos marcados para reducir las emisiones. Este es el panorama, esta es la situación, esta es la realidad y ante
ello la derecha reaccionaria vuelve a desplegar su abanico de farsas, su abanico cansino de mentiras un día tras otro, como si una mentira repetida muchas veces se fuera a convertir en verdad. No voy a entrar más en ello porque al hacerlo una se
siente estúpida repitiendo constantemente que hoy es martes y que estamos en el año 2025, y treinta y tres diputados siguen diciendo que hoy es domingo, por ejemplo, y que estamos en otro año. Yo no voy a repetirlo ya más; lo que sí voy a hacer es
señalar al Gobierno de España, porque no se entiende que ante esta situación, que es de emergencia, no se den pasos más valientes para girar, para dar la vuelta a una tendencia que, es cierto, es bastante peligrosa. Hay que dar pasos aquí y hay que
dar pasos en Bruselas, donde hay que velar por el cumplimiento de la agenda verde o del Pacto Verde.
En nuestro partido lo tenemos claro: la respuesta pasa por la soberanía energética y la transición verde; una transición que debe ser justa, democrática y, evidentemente, republicana. No podemos ni queremos seguir sometidos a los
intereses de los oligopolios energéticos que durante decenios, de manera reiterada, han monopolizado los recursos y han convertido un derecho esencial como el de la energía en un negocio especulativo. Queremos romper ese modelo caduco y reconstruir
un sistema energético de país para el país, un sistema al servicio de las personas, del territorio y también al servicio de este planeta. Hay que hacer frente a la oligarquía de las eléctricas y hay que recuperar el control sobre nuestros recursos.
Es necesario legislar y, sobre todo, es necesario actualizar la normativa, las normas a favor del autoconsumo individual y compartido, del autoconsumo industrial. Hay que trabajar con y para las comunidades energéticas, que son vitales, cruciales,
importantísimas, necesarias; de hecho, lo que nosotros queremos y pretendemos es dignificar el medio rural, apostar por algo que ya se hacía antes, que es la economía circular. Queremos trabajar para proteger la biodiversidad y que el sector
energético sea un motor de prosperidad compartida y arraigada en el territorio.
Concluyo. Gracias al Gobierno republicano, Cataluña ya camina hacia la neutralidad climática con una hoja de ruta con el horizonte 2050, apostando por incorporar la reducción del consumo global y crear comunidades energéticas locales,
impulsando el autoconsumo y también la movilidad sostenible ante un mundo que cada día se electrifica más. Y esto lo hace creando una energética pública en Cataluña, cuyo
objetivo es avanzar hacia la soberanía energética del país, velando por el equilibrio territorial y contribuyendo también, evidentemente, a la justicia social y a la justicia energética.
Resumiendo, sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos hoy y sabemos cuáles son los objetivos que queremos lograr. Ahora, lo único que falta, señorías, es que quienes tienen responsabilidades las ejerzan y hagan los deberes, porque
deben saber que solo así, haciendo los deberes, podremos enterrar definitivamente tanta aberración populista, avanzando hacia un mundo descarbonizado. Y llegamos tarde porque esto es así, ya hoy estamos en el año 2025.
Gracias, presidente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Badia Casas.
El señor BADIA CASAS: Presidenta, yo quería agradecer a las señorías de VOX que de nuevo nos traigan el debate energético, porque realmente este es un debate importante y voy a intentar abordarlo con todo el respeto.
Ustedes nos han venido a justificar -escuchando la interpelación y la intervención de hoy- el no cierre de las centrales con dos argumentos: la soberanía energética y la garantía de suministro. Pues bien, vamos a ello. (Rumores). El
primero es la soberanía energética. Sigo sin entender cómo consiguen justificar que nos va a dar soberanía energética el uranio cuando en España no hay yacimientos, no hay refinerías de uranio enriquecido; es que no disponemos de ese recurso.
Pero es cierto que han avanzado: la semana pasada repitieron, creo que hasta treinta veces, no depender de Rusia y hoy han entendido que si alguna energía controla Rusia es la energía nuclear, ya que el 40 % del uranio depende de Rusia. Así que,
como este argumento no tiene ni pies ni cabeza, prefiero dedicar el tiempo a su segundo argumento: la garantía de suministro. (Rumores). Aquí dibujan un sistema que está al borde del abismo y de la fallida. Entonces, yo he ido a mirar los
números y he dicho: Ostras, esto es que ha subido mucho el consumo de energía y algo está pasando. Pues bien, resultó que el pico de la demanda del Estado español se sitúa en 2008 con 281 000 gigavatios hora; hoy consumimos un 13 % menos de
energía eléctrica. Entonces, he pensado que esto es que nos hemos puesto a desmantelar infraestructura eléctrica, a producir menos. Y resulta que en 2008 teníamos una capacidad instalada de 94 000 megavatios y hoy tenemos un 36 % más. Entonces he
pesado: ¡Tate!, esto es que todo lo hizo el Partido Popular, y el Gobierno de coalición progresista no ha hecho nada. Pero es que el PP instaló 1200 megavatios y el Gobierno de PSOE y SUMAR ha instalado 23 600; es decir, un 2000 % más. Así que,
claro, cuando consumimos un 13 % menos de energía que hace diecisiete años y tenemos un 36 % más de potencia instalada, yo diría que mal no vamos. Si ustedes hubiesen criticado las políticas energéticas del Partido Popular o lo que ha hecho Junts
per Catalunya en Cataluña, creo que ahí sinceramente hubieran sido más convincentes. (Rumores).
Y entonces, ya solo queda un argumento: las puntas de suministro; eso que nos pasa cuando tenemos mucha demanda y generamos poca energía por situaciones climáticas, eso que recogen que son cuatro días al año. Pues bien... (Rumores).
Señorías, por favor...
La señora PRESIDENTA: Un poco de silencio, por favor.
El señor BADIA CASAS: Gracias, presidenta.
Pues bien, vamos a ver cómo damos respuesta a esos cuatro días al año. Hay dos caminos. El primero reduciendo la demanda, consumiendo menos. Déjenme anotar que España, en 2025, cuenta con 1150 megavatios de respuesta activa a la demanda,
es decir, instalaciones que, en caso necesario, rebajarían su consumo, un 130 % más que en 2022.
Y la otra solución es aumentar la generación. ¿Y ahí qué nos interesa? Sistemas flexibles, máxima disponibilidad horaria y que podamos encender y apagar esos sistemas sin que supongan grandes sobrecostes. Y eso es energía hidráulica,
entender los embalses como grandes baterías eléctricas o usar los ciclos combinados. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, señorías de VOX: imagínense que necesitan calentar una habitación de su casa solo cuatro veces al año, ¿comprarían un
radiador eléctrico económico para encenderlo solo cuatro días o un reactor nuclear mucho más caro y que tendrían que encenderlo todo el año para calentar una habitación solo cuatro días? (Aplausos). Creo que la respuesta es muy obvia. Ustedes no
serían tan tontos de no comprar el radiador eléctrico económico, pues no se piensen que nosotros somos tan tontos de querer comprar el reactor nuclear. En definitiva, para cubrir las puntas de demanda la energía nuclear tampoco nos sirve. Y claro,
llegados aquí y viendo que no había
ningún argumento en su moción, he pensado que a ver si las empresas que gestionaban las plantas nucleares nos podrían aportar luz. Y resulta que en la visión estratégica de Endesa 2025-2027 la energía nuclear no se cita, no aparece. Pero
es que en la visión estratégica de Iberdrola 2024-2026 se cita una vez, y leo textualmente: acelerar el crecimiento en renovables por sustitución de fósiles y nuclear. Ni tan siquiera el sector económico está acompañando vuestras propuestas.
Pero hay algo que sí que es cierto. En la moción aciertan porque a las nucleares no les salen los números, pero no es porque tengan que asumir unos impuestos o unas tasas impropias, puesto que son finalistas, sino porque no pueden asumir
sus costes de gestión y sus costes ambientales; no pueden competir con los precios de la energía que nos brindan las renovables. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de esta moción? La respuesta es muy clara: desviar dinero público para salvar
negocios privados. Quieren reducir impuestos y tasas a las nucleares trasladando esos costes a la ciudadanía, a través de los presupuestos generales o con las subidas de la factura de la luz.
En definitiva, nos están pidiendo un rescate para las nucleares, un rescate innecesario que no solo contribuiría a engrosar sus ya enormes beneficios a costa del bolsillo del ciudadano. Mientras ustedes protegen privilegios de las
eléctricas, nosotros defendemos la soberanía energética; mientras ustedes frenan la transición energética, nosotros la estamos impulsando; mientras ustedes rescatan lo viejo y costoso, nosotros apostamos por lo nuevo y asequible.
Nos dicen -y termino- que sin las nucleares no hay futuro, pero la realidad es que el futuro ya se está construyendo sin ellas y sin los que las defienden.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Badia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Senderos Oraá, también por un tiempo de cinco minutos.
El señor SENDEROS ORAÁ: Gracias, presidenta.
Señorías, hoy debatimos una moción consecuencia de interpelación, que presenta el Grupo VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para defender la soberanía energética. Señorías de VOX, ustedes siguen con el mantra de que la
energía nuclear va a salvar al mundo, y la energía nuclear no va a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque no es limpia ni segura ni barata. (Aplausos).
Señorías, estamos ante un reto para el presente y el futuro de nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista apuesta por seguir acelerando la transición energética, alejándonos de la dependencia de los combustibles fósiles y terceros
países como Rusia. Por cierto, señorías de VOX, tengo una mala noticia para ustedes: el 40 % del uranio que usan las centrales nucleares de nuestro país se importa de Rusia. Ahí lo dejo.
Señorías, la lucha contra el cambio climático y la transición energética es una oportunidad para aumentar nuestra suficiencia energética, reducir los precios de la energía y ganar competitividad industrial. Además, debemos hacer un esfuerzo
para acelerar la transición desde lo micro, aumentando el despliegue del autoconsumo y del fomento de las comunidades energéticas por nuestros pueblos y ciudades, democratizando así el acceso a la energía. (Aplausos). Si somos audaces, la
transición energética supone un país con una industria más competitiva e innovadora, mejores empleos y nuevas oportunidades y fortaleza de país. Si VOX está dispuesto a renunciar a esto, nosotros no.
Señorías, tenemos la planificación, la legislación y los recursos necesarios, que son: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, la Estrategia de Transición Justa, para que nadie se quede atrás, y una apuesta clara y decidida por el hidrógeno verde. Medidas, todas ellas, que
nos encaminan hacia la suficiencia energética y que si por VOX fuese, las eliminaría todas, y digo todas. Medidas que han hecho posible que tengamos una de las electricidades más baratas de Europa, además de reducir la dependencia energética y
ahorrarnos 3000 millones. (Aplausos).
Señorías de VOX, ustedes no creen en la soberanía energética, ustedes creen en la autarquía energética, que no es lo mismo. Parece ser que no se enteran o no quieren entender lo que significa la transición energética para nuestro país.
Esto no va de explorar y explotar a cualquier precio, tampoco va de prolongar la vida de las centrales nucleares como si no tuviesen fin y no generasen residuos, como es su apuesta y la del Partido Popular; una apuesta que parece más de los siglos
XIX y XX que del propio siglo XXI. (Aplausos). Señorías, nosotros creemos en el 'green, baby, green' y no en el perforar y
perforar de Trump y sus títeres de VOX. (Aplausos). Estas medidas ponen en riesgo el futuro de nuestras generaciones venideras y el de nuestro patrimonio natural y agricultura, tal y como pretende su moción, y esto no lo vamos a permitir.
No lo vamos a permitir. Señorías del Partido Popular, me gustaría hacerles una pregunta muy sencilla: ¿dónde estamos y dónde podríamos estar de no ser por su política antirrenovable y su hachazo a las renovables en este país?
Señorías de VOX, este país no necesita una surrealista Agenda España; este país necesita medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y seguir avanzando en la transición energética justa, tal y como hace este
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senderos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Requena Ruiz, también por un tiempo de cinco minutos.
El señor REQUENA RUIZ: Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de la interpelación urgente con la que, en el Pleno pasado del 26 de febrero, tuvimos ocasión de comprobar que el cambio en el ministerio no solamente no arregla, sino
que profundiza los problemas en materia energética ocasionados en los últimos siete largos años con Teresa Ribera y con Sara Aagesen, ambas al frente del ministerio.
Señor Chamorro, usted hoy viene muy alterado, pero el señor Flores, su compañero de VOX, en el Pleno pasado, durante su intervención, le concedió un cierto beneficio a la experiencia de la vicepresidenta tercera en materia energética. Yo,
señorías de VOX, no le voy a dar esa cesión, no voy a ser tan benevolente con el Gobierno como ustedes, y menos en un asunto tan importante. La actual vicepresidenta lleva desde junio de 2018 al lado de Teresa Ribera, y podemos decir que ambas son
corresponsables de que la bombona de butano valga un 13 % más; el diésel, un 22 % más; la gasolina, un 21 % más; la luz, un 52 % más que cuando llegaron al Gobierno; de que la pobreza energética esté disparada en todos los indicadores que había
cuando llegaron al Gobierno -quizá sea por eso por lo que no publican los informes-, o de que el déficit acumulado de productos energéticos, en su año de Gobierno, sea de casi 200 000 millones de euros. Jamás en la historia de nuestro país se gastó
tanto en energía como con los Gobiernos de Pedro Sánchez. (Aplausos). Energía que es, eso que tanto le gusta a VOX, principalmente petróleo, y que tanto le gusta al PSOE. Es decir, señorías de VOX, si la presumible experiencia que ustedes le
concedieron a la vicepresidenta es la de la perfección técnica para arruinarnos, esa sí la tiene. Ustedes dénsela, mi grupo no se la concede.
¿Y qué solución nos trae hoy VOX? Una moción ómnibus, al estilo del Gobierno -hasta en eso se parece-, que tiene un punto que puede ser votable, pero el resto son rechazables; en el Pleno del Senado hace un par de semanas trajeron una
propuesta y hoy traen otra. VOX, además, pretende que España denuncie e incumpla los tratados internacionales y los compromisos adquiridos en los últimos treinta años en materia de lucha contra el cambio climático, de la que el Partido Popular se
siente profundamente orgulloso. No sé si lo hace adrede o por desconocimiento -creo que conscientemente-, pero confunde y señala la lucha contra el cambio climático como el problema, cuando el verdadero responsable es la nefasta política energética
del Gobierno que no aprovecha todos los recursos energéticos y que, solo por ideología, nos lleva a una transición energética intransigente, cara y contraria a los intereses de nuestro país en lugar de a una transición energética que aproveche las
oportunidades de reindustrialización que España necesita y que nunca antes tuvo, y que en manos del Gobierno son desaprovechadas; como con el timo ibérico, que disparó el consumo y la compra de gas cuando más caro estaba (aplausos), asestando un
golpe económico a las familias y empresas -aquí, señorías del PSOE, hubo más gas que grill-; o con las subidas de los impuestos a las facturas eléctricas; o queriendo subir 11 céntimos el combustible del medio rural, el diésel; o como retirar la
ley de comercio de derechos de emisión, porque el Gobierno no es capaz de aceptar que el Partido Popular tiene mayoría en esta Cámara y tiene la posibilidad de bajar los impuestos a las familias y a las empresas, como la supresión del 7 %, o puede
favorecer a la industria de la cogeneración, que es la industria que sirve al sector agroalimentario, al textil, a la química, a la cerámica, es decir, a la industria que crea y genera riqueza y empleo en nuestro país, y que el Gobierno ha
sentenciado. Y ya no sabemos si esto lo hace por sectarismo o por incompetencia, o por ambas a partes iguales, y todo lo camufla con un relato lleno de falsedades. Ya lo vimos, por ejemplo, con el timo ibérico o con la retirada de la ley de
derechos de emisión o con la energía nuclear.
Se preguntaba la semana pasada la vicepresidenta: ¿quién va a pagar la gestión de los residuos nucleares? ¡Pues quién la va a pagar! Las empresas a través de la tasa Enresa. Pero lo que no dijo es que, gracias a su Gobierno, la tasa
Enresa se ha encarecido un 54 %. Aseguró la vicepresidenta que España no tiene uranio enriquecido, pero se le olvidó decir que su Gobierno prohibió la minería de uranio. Y se le olvidó también decir: uno, que España vende combustible nuclear
enriquecido a Francia, Bélgica, Suecia, Finlandia y Suiza; dos, que el Gobierno ha solicitado a este Congreso autorización para vender uranio enriquecido a Armenia, Bulgaria, Eslovaquia y la República Checa, entre otras, y tres, que desde que Pedro
Sánchez está en el Gobierno se ha vendido casi el doble de uranio enriquecido al extranjero del que se ha vendido en España. ¡Qué hipocresía, señorías! ¡Que hipocresía! (Aplausos).
Dijo también la ministra algo que nos alegra profundamente, y es que la industria española fabrica el 90 % de los bienes de equipo de la industria eólica y el 60 % de la fotovoltaica. Bien, pero se le olvidó decir que la industria española
fabrica el 90 % de los bienes de equipo nucleares y el 100 % de los hidráulicos, los que quieren prohibir y los que no desarrollan con los bombeos reversibles.
Hoy hemos tenido conocimiento de la última fechoría que ha hecho el Gobierno: han propuesto como consejera del Consejo de Seguridad Nuclear a Silvia Calzón, cuyo único mérito conocido es ser una comisaria política al servicio de Sánchez
(aplausos), era secretaria de Estado con Salvador Illa. La pauta del Gobierno más corrupto de la democracia es premiar a todos los que les rodea la sombra de la corrupción por las mascarillas. Ese es su mérito.
Y finalizo, señorías. Frente a los extremismos, la transición energética que necesita España es una transición como la que el Partido Popular lleva tiempo defendiendo: pragmática, realista, europea, compatible con el territorio, generadora
de empleo, que nos dé precios de energía bajos, que reindustrialice el país, que nos garantice el suministro eléctrico y energético, que reduzca las emisiones, y eso no es lo que está haciendo el Gobierno y no es lo que ofrece VOX con esta
proposición. Son dos formas igual de erróneas de hacer una transición energética: unos, por lo que hacen; otros, por lo que proponen; unos, negacionistas del cambio climático; otros, negacionistas de la ciencia y de la tecnología.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Requena.
Votamos en un minuto. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA GARANTIZAR EL RETORNO SOCIAL DEL RESCATE BANCARIO. (Número de expediente 125/000006).
La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar con la votación de la toma en consideración de las diferentes proposiciones de ley. Votamos la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parlamento de Cataluña para garantizar el retorno
social del rescate bancario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 56; en contra, 282; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BONIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PATRONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS EMPRESARIOS DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN ENCUADRADAS EN LOS
SECTORES RECOGIDOS EN LA PRESENTE LEY, CON CUENTAS DE COTIZACIÓN Y TRABAJADORES ASIGNADOS A DICHAS EMPRESAS. (Número de expediente 122/000134).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para la recuperación de la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los
empresarios de las ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas actividades estén encuadradas en los sectores recogidos en la presente ley, con cuentas de cotización y trabajadores asignados a dichas empresas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 344; a favor, 169; en contra, 44; abstenciones, 131.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Y no habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión.
Eran las ocho y veintiocho minutos de la noche.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.