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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 589, de 16/06/2026
cve: DSCD-15-CO-589 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 589

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA ROS MARTÍNEZ

Sesión núm. 25

celebrada el martes,

16 de junio de 2026



ORDEN DEL DÍA


Modificación del orden del día ... (Página3)


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la creación del cupo laboral trans. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002537) ... (Página3)


- Para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002608) ... (Página8)


- Relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios a realizar una interrupción voluntaria del embarazo, y garantía de los derechos del personal que trabajan en ellos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 161/003137) ... (Página11)


- Relativa a aprobar un protocolo específico frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales dirigidas contra las mujeres trabajadoras en el ámbito penitenciario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/003174) ... (Página15)


- Para reforzar los derechos de las mujeres y garantizar una atención respetuosa y de calidad en el embarazo, parto y posparto. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/003369) ... href='#(Página18)'>(Página18)



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- Para la reducción de la brecha de pobreza de tiempo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003379) ... (Página22)


- Relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003495) ... href='#(Página26)'>(Página26)


- Relativa a la aprobación urgente de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003392) ... href='#(Página30)'>(Página30)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página34)



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SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD


CELEBRADA EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2026


Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos tomando asiento, por favor.


Se abre la sesión.


Buenos días a todas y a todos.


Les comunico que, por petición del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley número 7 se tratará la última, es decir, la número 7 pasa a ser la 8 y la 8 pasa a ser la 7. Es un cambio pequeño.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA CREACIÓN DEL CUPO LABORAL TRANS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002537).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley del orden del día. Les recuerdo que los tiempos de intervención en la tramitación de proposiciones no de ley serán de cinco minutos para la defensa del proponente o de
la proponente de dicha iniciativa, de tres minutos para la defensa de las enmiendas presentadas y también de tres minutos para fijación de posiciones del resto de los grupos parlamentarios.


Empezamos con la primera proposición no de ley, la relativa a la creación del cupo laboral trans. Es del Grupo Parlamentario Mixto. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la presentación de la proposición no de ley, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Belarra.


La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


La ley trans se aprobó hace tres años. Contra la ley trans vimos uno de los mayores despliegues reaccionarios de la derecha y también -hay que decirlo- de algunos sectores del Partido Socialista.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular y de Vox, ¿qué ha pasado con todas esas catástrofes que ustedes anunciaban después de la aprobación de la ley trans? ¿Dónde están las colas masivas en los registros civiles para declararse mujer y
obtener supuestos privilegios?, privilegios que tendrán ustedes que explicar muy bien. De verdad, es que tengo absoluta curiosidad en saberlo. ¿En qué les ha cambiado la vida a ustedes que las personas trans tengan derecho a existir en nuestro
país? Ustedes y los suyos, e insisto, algunos sectores del PSOE, se han esforzado muchísimo en alimentar discursos de sospecha contra las personas trans. Incluso los hay -poquísimos- que se han atrevido a hacer el ridículo diciéndose lo que no son
y haciendo fraude de ley para obtener nada más y nada menos que eso que ustedes llaman las ventajas de ser trans, uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.


¿Cuáles son esas ventajas de las que hablan ustedes? ¿Que te asesinen a plena luz del día en la calle frente a decenas de personas, con total impunidad, como le pasó a Kimberli el mes pasado en Girona, y que después ese malnacido, ese hijo
sano del patriarcado, que era su asesino, se lavara las manos a plena luz del día tranquilamente en una fuente? ¿Estar expuesta al odio, a la violencia en cualquier ámbito de tu vida, en la escuela, yendo al centro de salud y que te llamen por un
nombre que no es el tuyo? ¿Es una ventaja pertenecer a un colectivo que tiene casi un 50 % de desempleo en este país, el 46, 5 % Insisto en este dato porque me parece clave: casi la mitad de las personas



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trans en España no pueden trabajar, y no porque no quieran, sino porque sufren la más cruda discriminación. Aunque quizá esa parte de la ley no les interesara tanto, la ley trans y de derechos LGTBI, que aprobamos en el año 2023, establecía
un mandato claro para las Administraciones públicas. Tenemos la obligación de combatir la desigualdad y, en concreto, de desarrollar estrategias y medidas específicas que favorezcan la inserción y la integración laboral de las personas del
colectivo.


Por eso, lo que proponemos desde Podemos es una medida de acción positiva: garantizar que por lo menos el 1 % de las plazas de empleo público estén reservadas para las personas trans. Y lo hacemos sabiendo que la discriminación no solo
expulsa del mercado laboral, sino que también condiciona la calidad de ese empleo. De hecho, el estudio realizado por el Ministerio de Igualdad en el año 2022 señala que la mayoría de las personas trans tienen una formación y una cualificación
superior al puesto de trabajo que desempeñan y que tan solo el 24 % de las personas trans se han beneficiado de recursos dirigidos a la inserción laboral del colectivo. Y por si acaso hace falta -me imagino que va a hacer falta en esta comisión, a
la luz de las enmiendas y las propuestas que ha traído el Grupo Parlamentario VOX-, quiero señalar que las medidas de acción positiva no son un privilegio. Repito, las medidas de acción positiva no son un privilegio, son una herramienta democrática
para corregir las desigualdades que genera este sistema violento contra las personas trans, que genera desigualdades en el mercado y en el conjunto de la sociedad. Si esto lo entendemos cuando hablamos de paridad -por lo menos la mayoría de las que
estamos aquí-, creo que también tenemos que entenderlo cuando hablamos de las personas trans.


Como dice siempre Mar Cambrollé, la ley trans no existe por el PSOE, sino a pesar del PSOE. Tenemos un problema gravísimo con este Gobierno, que ha metido la lucha feminista y la lucha por los derechos de las personas LGTBI en un cajón y
que vive absolutamente de las rentas de lo que hizo Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. (Rumores). Y eso no puede ser. No puede ser que todo sean medidas de maquillaje y que las medidas de verdad, las que de verdad cambian la vida
de la gente, sean rearme, especulación con la vivienda y ahora, encima, corrupción. Es una vergüenza que haya tenido que ser un juzgado de Madrid quien obligue a registrar con su nombre a una persona trans inmigrante con NIE porque el Ministerio
del Interior se niega reiteradamente a cumplir la ley desde hace más de tres años.


Señorías, ahora que estamos reivindicando y celebrando el mes del orgullo, toca responder a los reaccionarios con el único antídoto que realmente permite hacer frente al odio, que es más derechos para todas, todos y 'todes'.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Belarra.


A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Azorín.


El señor AZORÍN SALAR: Moltes gràcies, presidenta. Muy buenos días.


El Grupo Parlamentario Socialista quiere comenzar manifestando su preocupación por las dificultades que siguen encontrando muchas personas trans en el acceso al empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los datos disponibles
muestran que persisten situaciones de discriminación y de desigualdad de oportunidades que requieren la atención y la actuación de los poderes públicos. Detrás de cada cifra hay trayectorias vitales que, pese a la formación, la capacidad y el
esfuerzo, continúan encontrando barreras que no deberían existir en una sociedad comprometida con la igualdad real.


Asimismo, no podemos ignorar el contexto en el que se produce este debate. Somos conscientes de que los avances en derechos y libertades nunca deben darse por definitivamente consolidados. En los últimos años hemos asistido a discursos que
cuestionan políticas de igualdad y ponen en duda derechos que han supuesto un progreso indiscutible para nuestra democracia. Frente a cualquier intento de retroceso, el Grupo Parlamentario Socialista reafirma su compromiso con la igualdad de trato,
la no discriminación y la defensa de los derechos de las personas LGTBI, porque garantizar los



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derechos de las personas trans no supone conceder privilegios, sino asegurar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones de libertad, de dignidad y de igualdad.


España ha dado pasos muy importantes en materia de derechos LGTBI durante los últimos años, avances que han quedado incorporados en nuestro ordenamiento jurídico y han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado. En este sentido, la
Ley 4/2023 constituye un hito fundamental al establecer un marco robusto de protección de derechos, de protección de la igualdad de trato y del impulso de la inclusión social y laboral de las personas trans. Se trata de una norma que no solo
reconoce derechos, sino que también impone obligaciones concretas a las Administraciones públicas para combatir la discriminación y favorecer la igualdad efectiva.


Por tanto, partimos de una realidad que exige compromiso sostenido y políticas públicas eficaces. El objetivo compartido es claro: mejorar la empleabilidad de las personas trans y garantizar que el acceso al empleo no esté condicionado por
la identidad de género. Ahora bien, cuando abordamos medidas de acción positiva en el ámbito del empleo público, es necesario hacerlo desde un análisis riguroso de su encaje jurídico, de su proporcionalidad y de su capacidad real para reducir las
desigualdades existentes, respetando al mismo tiempo los principios que rigen el acceso al empleo público.


En este sentido, resulta especialmente relevante recordar que ya existe un marco normativo en vigor que orienta la acción de los poderes públicos. La propia ley establece mandatos claros en materia de inserción sociolaboral y las
estrategias estatales recientemente aprobadas desarrollan un conjunto amplio de medidas dirigidas a la mejora de la empleabilidad, la formación, la intermediación laboral, la sensibilización en los entornos de trabajo y la promoción de espacios
laborales seguros e inclusivos. Hablamos de instrumentos que permiten actuar de manera directa sobre las causas de la desigualdad y no solo sobre sus consecuencias. Por ello, el debate debe centrarse en reforzar la implementación efectiva de estas
políticas y asegurar un despliegue en todo el territorio que lleve a su impacto real en la vida de las personas trans.


En esta línea se orienta la propuesta de enmienda de sustitución planteada, que busca precisamente impulsar la aplicación de las medidas ya previstas en la ley y en la Estrategia para la Inclusión Social de las Personas Trans 20252028.
Creemos que avanzar en esa dirección permite seguir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria, sin renunciar a la seguridad jurídica ni a la eficacia de las políticas públicas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azorín.


A continuación, en fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera.


La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidenta. Buenos días.


Voy a empezar con un dato objetivo que explica la situación del colectivo trans en nuestro país. Es del año 2022. Este dato dice que el colectivo trans tiene una tasa de desempleo del 46,5 %, frente al 13 % de la población total. Es una
verdadera barbaridad y plantea un verdadero problema ante el que hay que tomar medidas urgentes para garantizar el acceso al empleo y combatir la discriminación que sufren estas personas en el ámbito laboral.


Vamos a apoyar esta iniciativa, aunque creemos que se queda corta. En este sentido, nosotras somos mucho más ambiciosas, porque el empleo público ya se rige por criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y cualquier persona en
posición de igualdad puede acceder a la función pública. El verdadero agujero negro para el colectivo trans está en las empresas privadas y en el cribado que hay en las entrevistas en el sector privado. Hay que ir mucho más allá y desarrollar la
Ley 4/2023.


Por ello, el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento del artículo 52 de la ley, ya ha aprobado -ya se ha mencionado- la Estrategia para la Inclusión Social de las Personas Trans 2025 a 2028, y en el objetivo que se explicita en esa estrategia
de promocionar la



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inserción laboral se han aprobado hasta dieciocho medidas, incluyendo protocolos en las empresas privadas para favorecer la inclusión laboral de las personas trans.


Creo que este es un tema bastante serio para tomárnoslo con bastante dedicación y continuar desarrollando la ley, reconociendo derechos a esas personas que, al fin y al cabo, son vulnerables.


Muchas gracias. (Aplausos)


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Lo que nos parece es que la señora Belarra está más en campaña por la Comunidad de Madrid que por la defensa de los trans, porque en su exposición a lo único que se ha dedicado es a meterse con todos los grupos parlamentarios más que a
defender a los trans.


En fin, nos traen esta PNL para pedir que al menos -eso dice, al menos- el 1 % de los empleos de la Administración pública se reserven a las personas trans. Desde que se aprobó en 2023 esta infame ley-porque es una ley infame, señora
Belarra, que está destrozando la vida a muchos niños a los que están hormonando y operando sin tener la mayoría de edad; esa es la realidad-, resulta que en España ha habido 5000 personas cada año que han hecho su cambio oficial de sexo en el
Registro Civil. Es decir, en España hay unas 15 000 personas trans.


Ustedes, para justificar esta iniciativa -con unos argumentos bastante pobres que ha dado-, dicen que, según la agencia de derechos humanos de la Unión Europea -realmente, no se llama de derechos humanos, sino de derechos fundamentales, que
no es lo mismo, y además no es una agencia oficial-, el 42 % de las personas ha sufrido discriminación. ¿Y por qué no lo han denunciado? Porque lo pueden denunciar perfectamente. Y también dicen que el 46 % de las personas están desempleadas. En
fin, ustedes lo que están haciendo es justificar unos datos para utilizarlos políticamente y que sus colectivos de cabecera y sus amigos puedan ser funcionarios.


Señorías de Podemos, establecer un cupo específico para personas trans en las oposiciones a la función pública es saltarse a la torera el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley,
independientemente de nuestra raza, religión y, por supuesto, de nuestra orientación sexual. Pero ya sabemos lo que les gusta a ustedes la Constitución. El acceso al empleo público tiene que ser para los mejores, y que entren por su mérito y
capacidad, ya que son los españoles los que les van a pagar. Entonces, lo que no puede ser es que haya diferencias entre españoles. Tanto que habla de la lucha contra la desigualdad y lo que usted hace es crear desigualdades en su propio
beneficio. No puede ser que se beneficie a unas personas por su orientación sexual en detrimento de otras porque es totalmente injusto.


Así que no cuenten con nosotros para esta barbaridad, porque creemos que en España hay otros problemas más importantes. Dedíquese a su campaña publicitaria para presentarse a presidenta de la comunidad y deje de meter en este Congreso leyes
completamente injustas y que son claramente anticonstitucionales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.


La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.


Una vez más Podemos vuelve a traer a esta Cámara una iniciativa que, bajo la apariencia de protección, lo que hace es señalar, etiquetar y colectivizar a las personas. Ahora va de convertir a las personas transexuales en objeto de una cuota
administrativa, hacer que el Estado determine quién accede a un empleo público, en función de la orientación o la identidad sexual de una persona y no de su mérito, capacidad y esfuerzo, es decir, institucionalizar la diferencia como criterio de
acceso al empleo público.



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Señorías, nosotros sí creemos en la igualdad de oportunidades y rechazamos cualquier imposición de cuotas identitarias porque creemos en la dignidad de la persona y en la libertad de cada ciudadano para desarrollar su proyecto vital sin que
el Estado lo encasille, lo etiquete. Lo más paradójico es que ustedes eran los que decían venir a proteger a las personas transexuales, y son quienes más daño les han hecho. Esta propuesta no viene a proteger a las personas transexuales, sino a
distinguirlas del resto, a separarlas. Un nuevo intento derivado de su ideología reaccionaria e intervencionista es establecer categorías de ciudadanos ante el empleo público.


Señorías de Podemos, ustedes tendrían que estar pidiendo perdón, junto con el Partido Socialista, en vez de pedir que se desarrolle el despropósito de su mal llamada ley trans, una norma que, lejos de resolver los problemas reales de las
personas transexuales, ha generado enormes conflictos jurídicos e institucionales y ha promovido el fraude -sí, señora Belarra-, haciendo que los más vulnerables, los que verdaderamente necesitaban el apoyo del Estado no lo tengan. Es una ley
construida sobre postulados ideológicos que han terminado erosionando principios básicos de nuestro ordenamiento y que ha provocado una profunda fractura incluso dentro del propio movimiento feminista. Pero esto no es casual, sus políticas han
contribuido a desdibujar jurídicamente a las mujeres. Han sustituido la realidad por ideología, la protección efectiva por el activismo legislativo, la igualdad ante la ley por un modelo de privilegio, excepciones y categorías identitarias. ¿Quién
es el ideólogo de todo esto? Esto es un absoluto despropósito.


Frente a ello, van a encontrar al Partido Popular defendiendo los derechos de todos con valentía, y no los de unos contra otros, como hacen ustedes. Nos van a encontrar defendiendo la igualdad de todos los españoles ante la ley; por
supuesto, la del colectivo LGTBI, y particularmente la de las personas transexuales, defendiendo el mérito y la capacidad en el acceso al empleo público, la dignidad de las personas al margen de su orientación o identidad sexual o de cualquier otra
condición personal. Y nos van a encontrar defendiendo también a las mujeres frente a quienes han intentado desdibujar la realidad jurídica y política en nombre de una agenda ideológica profundamente reaccionaria. Porque sí, reaccionario es
pretender que el Estado determine quiénes somos, sustituir al individuo por el colectivo, la identidad por encima de la persona. Pero nada de esto es casual; ingenuo sería pensarlo. Ustedes vinieron a reventar las costuras jurídicas del sistema,
todo ello con la connivencia y siempre estrecha colaboración del Partido Socialista, que ha respaldado este proceso de ingeniería social y legislativa que tanto daño ha causado a la convivencia, a la seguridad jurídica y a la credibilidad de los
ciudadanos en nuestras instituciones.


Hay que garantizar los derechos del colectivo LGTBI y de las personas transexuales. Sí, pero desde la libertad y la igualdad, no desde el señalamiento; acompañando, apoyando y generando oportunidades reales sin convertir a nadie en una
categoría administrativa. Y desde el Grupo Popular -no les quepa la menor duda- devolveremos a nuestro ordenamiento jurídico los principios que nunca debieron ponerse en cuestión: la igualdad ante la ley, la libertad individual, la dignidad de la
persona y el mérito y la capacidad como base de acceso al empleo público.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Acedo.


Para cerrar el debate de esta proposición no de ley, le pregunto al grupo proponente si acepta o rechaza la enmienda presentada. (Rumores).


La señora BELARRA URTEAGA: Estamos hablando todavía.


Gracias. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, como es una comisión de proposiciones no de ley y sé que durante su transcurso van a estar ustedes negociando las enmiendas, para no interrumpir al grupo que está interviniendo, por favor, les ruego que
salgan de la sala, porque se oye todo y molestan a la diputada o al diputado que está interviniendo.



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- PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS CONTRA LOS EFECTOS DEL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002608).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la segunda proposición no de ley: Proposición no de ley para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario VOX.


A continuación, para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sanz.


La señora SANZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Hoy debatimos una iniciativa que plantea una cuestión esencial: si estamos dispuestos a reconocer la realidad para poder combatirla. La violencia machista existe; existe porque persisten estructuras de desigualdad que sitúan a las mujeres
en una posición de subordinación; existe porque todavía hay quienes conciben a las mujeres como objeto de control, de posesión o de dominación, y existe porque, cuando ese supuesto dominio se cuestiona, la violencia aparece como mecanismo para
imponerlo. Por eso, no estamos ante una violencia cualquiera. No es un conflicto doméstico ni una disputa privada entre iguales; es una manifestación específica de desigualdad estructural, con causas identificables y con víctimas claramente
definidas.


Los datos no admiten interpretación interesada: miles de mujeres han sido asesinadas; decenas de miles han sufrido agresiones, y centenares de menores han quedado huérfanos. Por ejemplo, en 2025 se registraron 33 373 denuncias en las que
se dictaron medidas cautelares u órdenes de protección; un 3,8 % menos que el año anterior. Pero es que también en 2025 se dictaron 40 929 sentencias firmes con órdenes de protección o medidas cautelares; es decir, casi 41 000 hombres fueron
condenados en 2025 por violencia machista, señorías. Y detrás de cada cifra hay vidas truncadas, familias rotas y en demasiadas ocasiones, por desgracia, instituciones que no llegaron a tiempo.


Señorías, frente a esta realidad, lo verdaderamente preocupante es el avance del negacionismo, porque negar la violencia machista no la elimina, la agrava; minimizarla, diluirla o cuestionar su existencia dificulta la protección de las
víctimas y lanza un mensaje de impunidad a los agresores. Y conviene decirlo con claridad: ese discurso ya no es marginal. Hoy hay fuerzas políticas que lo promueven desde las propias instituciones, que incluso se apartan cuando una institución
dedica un minuto de silencio a una asesinada o que presentan enmiendas descabelladas y esperpénticas, como la que han presentado a esta PNL, en la que incluso proponen suspender el pacto de Estado y suprimir el Ministerio de Igualdad. Pero es que,
además, en el último año estamos viendo de forma especialmente alarmante cómo en los distintos territorios en los que el Partido Popular necesita a la ultraderecha para poder gobernar se están aceptando las exigencias negacionistas de VOX e incluso
alguna presidenta autonómica no ha sentido vergüenza al proclamar que su feminismo es el mismo que el de VOX. Castilla y León es el ejemplo más reciente. La eliminación de la Consejería de Igualdad no es solo una decisión administrativa, es una
declaración política. El problema no es únicamente competencial, es el intento de desdibujar la especificidad de la violencia machista y diluirla en categorías genéricas que impiden abordarla con eficacia, porque, cuando todo se iguala, todo se
invisibiliza; cuando se niega la naturaleza de un problema, se debilitan las herramientas para combatirlo, y cuando se borra la causa, se acaba silenciando a las víctimas.


España ha avanzado de forma significativa en las últimas décadas. Ese progreso ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo: instituciones, movimiento feminista, asociaciones, profesionales de los servicios públicos, fuerzas de
seguridad, judicatura y una ciudadanía comprometida con la igualdad. Ese consenso democrático se materializó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente renovado por esta Cámara; un pacto que no solo reconoce la magnitud del
problema, sino que también



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reafirma la obligación de las instituciones de actuar con determinación frente a quienes pretendan negarlo, un pacto que ahora los negacionistas de VOX piden suspender. Porque las palabras importan, los discursos importan y las
instituciones tienen la responsabilidad de sostener una cultura democrática basada en la verdad, la igualdad y el respeto.


Combatir el negacionismo no es limitar el debate democrático, es defender los hechos frente a la desinformación; es proteger a las víctimas frente a su cuestionamiento; es evitar que los avances logrados durante décadas se erosionen por
discursos que nos quieren hacer retroceder.


Señorías, la violencia machista no desaparecerá por dejar de nombrarla, desaparecerá cuando reforcemos las políticas públicas de prevención, protección y reparación, cuando eduquemos en igualdad, cuando apoyemos sin fisuras a las víctimas y
cuando mantengamos una posición firme frente a cualquier intento de negar esta realidad. Por respeto a las víctimas, por compromiso con la igualdad y por responsabilidad democrática, les pedimos su apoyo a esta iniciativa para combatir el
negacionismo de la violencia de género y la proliferación de los discursos machistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.


Por el Grupo Parlamentario VOX, que ha presentado la enmienda a esta iniciativa, tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías del PSOE, su PNL es verdaderamente una afrenta a la inteligencia y una huida hacia adelante por el flagrante fracaso de sus políticas para proteger a las mujeres. Según ustedes, los responsables de los asesinatos de mujeres y de
todos los datos que usted ha dado somos los que estamos denunciando que su Ley 1/2004 y su pacto de Estado no funcionan. Pero la realidad es que los responsables son ustedes, que llevan ocho años en el Gobierno, y los datos -es decir, la verdad y
la realidad- demuestran que lo que ustedes hacen no sirve para proteger a las mujeres. Y los discursos tampoco sirven, con todos los datos que usted ha dado.


Señorías del PSOE, ¿es negacionista decir que desde que hay datos de estos asesinatos estos no han bajado y las cifras se mantienen prácticamente iguales desde 2004? ¿Es negacionista decir que este año hay casi el doble de asesinatos de
mujeres, veinticuatro frente a los trece que hubo el año pasado en estas mismas fechas? ¿Es negacionista decir que el pacto de Estado de las 460 medidas no está sirviendo para proteger a las mujeres? ¿Es negacionista decir que ustedes han
contratado un sistema de protección con pulseras telemáticas que no funcionan y no protegen a las mujeres? ¿Es negacionista decir que ustedes se han gastado 3000 millones de euros -que se enteren bien los españoles, 3000 millones de euros- en este
pacto de Estado desde 2018, que las muertes no han bajado y las agresiones sexuales se han multiplicado por tres? ¿Es negacionista decir que todo este dinero no llega a las víctimas reales porque se lo gastan en chiringuitos de género, como los
puntos violeta, lo utilizan para regar de dinero a sus afines y no ayudan a las mujeres? ¿Es negacionista decir que hay un solo policía por cada noventa mujeres que han denunciado y no las pueden proteger? ¿Es negacionista decir que este año,
señorías, el 37,5 % de las víctimas había denunciado y el sistema no las ha protegido? Hay muchas mujeres, que han comparecido aquí, que han reconocido que el sistema ha fallado.


Señorías, estos son datos de lo que está sucediendo en España con sus políticas, y ustedes son los responsables. Esta es la realidad: sus políticas para proteger a las mujeres no funcionan, señorías del PSOE. Ustedes son negacionistas de
la realidad y la verdad. Lo que ustedes dicen cuando hablan de los efectos perversos e indeseados del negacionismo es que ustedes y sus políticas, basadas en ideología y no en criterios científicos, en el análisis y estudio de los datos que
tenemos, no están protegiendo a las mujeres. Dejen ya de quitarse de encima toda la responsabilidad que tienen ustedes, porque su negacionismo, señorías del PSOE, mata.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aguirre.


Para fijación de posición en esta proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada.


La señora BOADA DANÉS: Gràcies, presidenta.


La lucha por la igualdad de género es uno de los grandes consensos sociales que las democracias liberales han consolidado en las últimas décadas, pero la irrupción de la extrema derecha ha hecho volar por los aires este consenso que,
precisamente, fortalece a las democracias. También ha puesto en duda la violencia machista y, sobre todo, la necesidad de combatirla desde los poderes públicos. Pero la realidad es clara: un tercio de las mujeres del planeta es víctima de
violencia machista. Aun así, la percepción sobre la violencia machista se está reduciendo, considerándose cada vez más como un concepto ideológico. Esto es debido a un discurso sostenido por las fuerzas políticas reaccionarias -que hoy hemos
escuchado aquí- que no solo tiene repercusión en la percepción de dicha violencia, sino también en las medidas que deben diseñarse para su erradicación.


Es especialmente relevante que este aumento del negacionismo de la violencia suba entre la gente joven. De hecho, según el barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía publicado en 2025, han subido en seis puntos quienes creen que la
violencia machista siempre ha existido y es inevitable, y en dos puntos, del 18 % al 20 %, los que dicen que la violencia machista no existe, que es un invento ideológico. Está claro que la extrema derecha ha conseguido que su odio al feminismo
cale en algunos sectores de la sociedad. También está claro que para las señorías de VOX la mejor manera de abordar un problema público es haciéndolo desaparecer, cargándose el Ministerio de Igualdad, cargándose el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y cargándose los pilares de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Pues bien, frente a sus recetas, frente a quienes niegan la violencia machista, hace falta más prevención, más recursos, más formación
y, sí, menos ideología, ideología reaccionaria y machista. Así que votaremos a favor de esta PNL y esperamos que el Ministerio de Igualdad trabaje de manera transversal con otros ministerios para erradicar esta tendencia.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Boada.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez Fanjul.


La señora ÁLVAREZ FANJUL: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy debatimos una iniciativa sobre negacionismo, y es verdad que negar la violencia que sufren las mujeres es inaceptable, pero existe otra forma de negacionismo de la que aquí casi nunca se habla: el negacionismo de quienes
niegan información; el negacionismo de quienes niegan transparencia; el negacionismo de quienes niegan explicaciones cuando les toca rendir cuentas. Porque mientras ustedes vienen hoy aquí a hablar de discursos, siguen sin explicar qué ocurrió
con los fallos de las pulseras; siguen sin presentar las conclusiones de la auditoría que anunciaron y que nosotras exigimos, y siguen sin aclarar por qué nadie asumió responsabilidades. Eso también es negar a las víctimas algo fundamental: la
verdad y la justicia. Ese es el problema.


Ustedes parecen más incómodos con quien denuncia los fallos que con los propios fallos. Lo vimos cuando se conocieron las incidencias en las pulseras. Hubo víctimas reclamando respuestas, asociaciones exigiendo explicaciones y
profesionales alertando de problemas. Pero en lugar de escuchar, el Gobierno optó por restar importancia a lo ocurrido. Y eso es un error, porque la confianza de las víctimas no se gana desacreditando las críticas; se gana dando explicaciones,
asumiendo responsabilidades y corrigiendo los fallos. No olvidemos que el mayor error legislativo en materia de protección de las mujeres de los últimos años fue una ley impulsada por este Gobierno, que terminó provocando rebajas de condena para
violadores y agresores sexuales. Una ley sobre la que se ignoraron advertencias y después se intentó culpar a otros de las consecuencias. Por eso



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sorprende escuchar tantas lecciones, porque quienes hoy vienen a hablarnos de negacionismo son los mismos que siguen sin ofrecer respuestas sobre sus propios errores. Señorías, si quieren hablar de negacionismo, no nieguen a las víctimas la
verdad ni al Parlamento las explicaciones. Las mujeres no merecen más discursos, merecen respuestas.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fanjul.


Para cerrar el debate de esta proposición no de ley, le pregunto al grupo proponente si acepta o no la enmienda presentada.


La señora SANZ MARTÍNEZ: No la aceptamos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- RELATIVA A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES QUE ACUDEN A CENTROS SANITARIOS A REALIZAR UNA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL QUE TRABAJAN EN ELLOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 161/003137).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la tercera proposición no de ley, relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios a realizar una interrupción voluntaria del
embarazo, y garantía de los derechos del personal que trabaja en ellos.


Esta iniciativa está presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pozueta.


La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Mila esker. Egun on guztioi.


Traemos esta proposición no de ley porque el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no es una opinión ni un debate abstracto; es un derecho sexual y reproductivo reconocido por ley, integrado en el sistema público de salud y
directamente vinculado a derechos fundamentales como la dignidad, la intimidad y la libertad. Sin embargo, señorías, ese derecho sigue viéndose vulnerado cada día. Las mujeres que acuden a un centro sanitario para ejercerlo lo hacen en muchos
casos en situaciones de especial vulnerabilidad emocional, personal o social. Precisamente por eso, los poderes públicos tienen la obligación de garantizar que ese acceso sea libre, seguro, confidencial y digno, sin presiones, sin intimidación y
sin estigmatización.


Pero la realidad es otra. Lo que ocurre en las inmediaciones de determinados centros sanitarios es una vulneración cotidiana y silenciosa. Lo estamos viendo y viviendo en Gasteiz; lo hemos visto también en la clínica situada en Ansoáin,
en Navarra: presencia permanente de grupos organizados, uso de carteles, rezos, simbología explícita, vestimenta identificativa y mensajes que transmiten desaprobación y señalamiento. No son hechos aislados, sino estrategias sostenidas en el
tiempo que generan un efecto intimidatorio y disuasorio. A ello se suma un fenómeno especialmente grave: la adquisición de inmuebles frente a clínicas por parte de organizaciones con amplios recursos económicos desde los que se proyectan imágenes
y mensajes contrarios al derecho al aborto. Esto convierte el acceso a un servicio sanitario legal en un recorrido marcado por la presión emocional y el señalamiento ideológico. Es una ocupación visual permanente, inevitable y no consentida que
vulnera la intimidad y la dignidad de las mujeres y del personal sanitario.


Señorías, aquí no estamos ante un ejercicio legítimo de libertades, sino ante el uso instrumental y acumulativo de derechos como la libertad de expresión o la propiedad para obstaculizar un derecho fundamental. Eso genera una desigualdad
evidente entre organizaciones poderosas y mujeres en un momento especialmente sensible de sus vidas. La vía penal introducida por el artículo 172 quater del Código Penal fue un avance, sí, pero



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insuficiente, como hemos visto. El derecho penal es última ratio, exige altos estándares probatorios y, sobre todo, exige que las mujeres denuncien. Muchas no pueden, no quieren o no se sienten en condiciones, y la práctica judicial
demuestra que la protección real no está llegando.


Por eso, esta PNL plantea algo tan simple como necesario: medidas preventivas, estructurales y no punitivas; perímetros de protección que garanticen el acceso libre y seguro; protocolos homogéneos para evitar presiones y una evaluación
periódica de su eficacia. Señorías, esta PNL no limita derechos; los ordena para que ninguno se imponga sobre otro, y coloca en el centro lo que debe estar en el centro: la dignidad, la libertad y la salud de las mujeres y las condiciones de
trabajo del personal sanitario. Por todo ello, pedimos el apoyo, porque garantizar derechos no es una opción, es una obligación democrática.


Eskerrik asko.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pozueta.


A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por lo tanto, pasamos a la toma de posición.


Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera.


La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidenta.


Nosotras apoyamos totalmente esta proposición. Realmente el Código Penal ha demostrado ser insuficiente para parar ese tipo de conductas que denuncia la proposición, porque es cierto que exige una carga de la prueba y un desgaste emocional
a las mujeres que no deberían sufrir de ninguna manera. (La señora vicepresidenta, Boada Danés, ocupa la Presidencia). Es el Estado quien tiene que garantizar que las personas que acuden a ejercer sus derechos puedan ejercerlos sin acosos ni
coacciones. Consideramos que esos perímetros de seguridad y esos protocolos preventivos no vulneran la libertad de expresión y sí suponen un freno efectivo al hostigamiento organizado, ya sea individual o colectivo, protegiendo la integridad moral
y física tanto de las personas que ejercen su derecho como del personal sanitario que las atiende.


Desde nuestro grupo ya hemos trabajado este asunto desde una perspectiva absolutamente garantista y no punitiva. En febrero de este año registramos una propuesta de modificación del Código Penal en la que, concretamente, proponemos la
ampliación de la protección frente al acoso individual, la definición clara de qué es el hostigamiento, el establecimiento de unos perímetros reales de seguridad y la inclusión del entorno digital para evitar también el ciberacoso tanto a los
profesionales sanitarios como a las personas que acuden a una clínica a ejercer su derecho. Sabemos que la solución real y efectiva sería que la interrupción del embarazo pudiera hacerse en el ámbito público, de manera libre, gratuita, en la
sanidad pública. Esa es una cuestión que depende de las comunidades autónomas, y tendremos que seguir trabajando para que las comunidades autónomas, que tienen las competencias en dicho tema, permitan que las personas puedan ejercer de manera libre
sus derechos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Boada Danés): Gracias, señora Rivera.


Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la verdad es que no nos extraña nada que un grupo como Bildu venga al Parlamento a desarrollar y a profundizar en lo que es su especialidad, la cultura de la muerte, en la que son ustedes unos verdaderos maestros. Para los que
tenemos memoria -no ya histórica, sino memoria personal-, hablar de Bildu y hablar de muerte viene a ser casi lo mismo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por otro lado, la verdad es que, como partido, tienen ustedes una trayectoria muy
adecuada para lo que pretende esta PNL, que es amedrentar y callar a los que no piensan como ustedes por medios no ya penales sino incluso administrativos.



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Hablan constantemente de garantizar derechos para interrumpir el embarazo. La verdad es que lo que se interrumpe y no se puede reanudar son las vidas humanas, pero ustedes son expertos en interrumpir vidas. Todo ello con una PNL ambigua y
confusa que no concreta cuáles son las medidas que piensan tomar contra quienes les desobedezcan, esas personas inocentes que van a rezar a las puertas de los 'abortorios'. ¿Piensan ustedes multarlos, detenerlos, echarlos de su tierra, como llevan
haciendo con sus enemigos políticos desde que existen? En fin, no quiero darles ideas porque ya sabemos cómo se las gastan con sus rivales políticos.


Por otra parte, no tengo más remedio que denunciar el lenguaje hipócrita y buenista que utilizan ustedes para encubrir un proyecto totalitario. A eso es a lo que se dedican últimamente gracias a la ayuda que les da el Gobierno del Partido
Socialista, que está muy interesado en blanquear su pasado y su imagen actual. Produce verdadera repugnancia que ahora se muestren ustedes muy preocupados por denunciar discursos intimidatorios, señalamientos ideológicos, presiones emocionales,
estigmatización pública, cuando llevan ustedes cincuenta años haciendo apología de la violencia de la manera más burda y descarada, con un desprecio total hacia sus semejantes. Ustedes han llegado a justificar la eliminación física del adversario
político y han practicado un acoso social propio de las organizaciones mafiosas y criminales.


Señorías de Bildu, ustedes no están legitimados para hablar de protección de la intimidad y de garantizar los derechos individuales, como si esas cuestiones les preocupasen. Precisamente, que ustedes se pongan ahora la piel de cordero para
garantizar el supuesto derecho al aborto nos ratifica en nuestra convicción de que no existe tal derecho, que el respeto a la vida humana tiene que estar garantizado por la ley desde la concepción hasta la muerte natural. Su santidad el papa León
XIV lo dijo muy clarito en este mismo edificio hace muy poquitos días: que lo que caracteriza a una civilización superior es el respeto a la vida siempre, especialmente cuando es más frágil y vulnerable. ¿Y qué hay más vulnerable que un niño que
todavía no ha nacido? Señorías de Bildu, en este, como en todos los asuntos, nos van a encontrar enfrente.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Santana.


La señora SANTANA AGUILERA: Muchas gracias, presidenta.


Desde luego que el Grupo Parlamentario Socialista está a favor y comparte plenamente el sentido de esta iniciativa que presenta hoy Bildu, pero quiero empezar poniendo en valor la modificación del Código Penal que se llevó a cabo como
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista durante la pasada legislatura para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, porque esas personas inocentes que van a rezar a las
puertas de las clínicas son acosadoras. No son personas que van a hacer ningún tipo de favor ni obra católica o cristiana, son acosadoras y hay que llamarlas por su nombre. Por supuesto que el Código Penal no llega a todo -por ejemplo, no llega a
la compra de inmuebles enfrente de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, a eso no llega al Código Penal, lamentablemente; ojalá-, pero era necesario para empezar a establecer un marco jurídico que amparara que eso no ocurriera o, por lo
menos, empezar a limitarlo. Por tanto, creo que esta iniciativa fue muy necesaria, que hoy en día se aplica, que ha servido para reducir bastante lo que ocurría en estos centros, y así, además, lo ponen en valor las propias profesionales.


¿Qué ocurre ahora mismo? Por supuesto, que aquellos que siguen acosando a las mujeres han buscado otras fórmulas, han seguido estudiando vías para poder seguir haciéndolo, pero, sobre todo -algo muy importante en lo que estoy de acuerdo con
la portavoz de SUMAR, que lo mencionaba ahora-, que sin el apoyo de las comunidades autónomas esto es imposible que lo podamos parar. Por ejemplo, tenemos comunidades autónomas -ya no voy a hablar incluso de la desigualdad por territorio de
interrupciones voluntarias del embarazo que se practican- en las que se obliga a las mujeres a pasar



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por trámites verdaderamente indignos, como la escucha del latido fetal y demás trámites que nos hacen sentir bastante avergonzados.


¿En qué tenemos que seguir caminando? Obviamente, en reforzar esta primera vía que se llevó a cabo en la pasada legislatura. Compartimos en todos los términos las propuestas que hace Bildu a través de esta iniciativa, y, por supuesto, es
necesario no solo seguir insistiendo en más herramientas y en formación, que eso es lógico, sino también en esa propuesta de ver los datos. Nos parece muy interesante que a las mujeres se les pregunte si han sufrido en ese proceso algún tipo de
acoso, que se recoja, y también, por supuesto, al personal sanitario, que no tiene que sufrir acoso en su centro de trabajo. Esto también es importante. Termino mencionando que, si en esta legislatura hablamos de la necesidad de reforzar la
Constitución para incluir este derecho, claramente se debe a estas situaciones en las que todavía tenemos que seguir avanzando.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santana.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Uriarte.


La señora URIARTE BENGOECHEA: Gracias, presidenta.


Señorías, la izquierda -la nacionalista y la nacional- tiene un problema con la libertad. A la libertad de prensa que cuestiona sus posiciones ustedes la llaman fango y desinformación, y a la libertad de expresión y manifestación que
cuestiona sus ideas ustedes la llaman acoso. Esta proposición no de ley de Bildu es un nuevo ejemplo de ataque a la libertad de expresión y de manifestación; en este caso, un ataque a la libertad de expresión y manifestación contra el aborto.


Ustedes, toda la izquierda de este Parlamento, liderados por el Partido Socialista, ya aprobaron en 2022 una escandalosa reforma del Código Penal para restringir la libertad de expresión y manifestación y crearon un tipo penal específico
contra los ciudadanos que protestan contra el aborto. El debate de aquella reforma fue un auténtico delirio antidemocrático, en el que ustedes decidieron que protestar contra el aborto debe ser delito, que quienes cuestionen el aborto deben ir a la
cárcel. Llegaron a decir que rezar delante de una clínica abortista es acoso y es delito. Por cierto, la portavoz del Partido Socialista lo ha vuelto a recordar, por si no quedaba claro. Introdujeron un nuevo delito en el Código Penal, el 172
quater, para perseguir a los ciudadanos que fueran a manifestarse delante de clínicas abortistas.


Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que el sentido común democrático de este país se ha opuesto a su intento autoritario de intentar coartar la libertad y ustedes no están consiguiendo condenas, a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo.
Por eso ustedes ahora, de la mano de Bildu, traen esta proposición no de ley a esta Comisión de Igualdad para intentar encontrar nuevas vías para restringir este derecho. ¿Cómo? Ustedes ahora quieren crear perímetros de exclusión alrededor de las
clínicas abortistas, que es algo así como que a ustedes se les ocurriera enviar a los manifestantes que se manifiestan a unos metros de la puerta del Congreso al parque del Retiro, a más de un kilómetro, bien lejos del Congreso. Lo cierto es que
eso no se les ha ocurrido, al menos hasta ahora, pero sí es la nueva medida para coartar la libertad de expresión y de manifestación. Porque ustedes creen que los manifestantes que van a protestar contra el aborto son votantes de partidos de
derechas, y a ustedes la libertad y los derechos de esos votantes les molestan. Ya lo ha dicho Pablo Iglesias, uno de sus referentes, este fin de semana -cito textualmente-: 'Queremos a la derecha en la cárcel'. Y es que ustedes, la izquierda,
tienen un problema con la libertad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Uriarte.



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- RELATIVA A APROBAR UN PROTOCOLO ESPECÍFICO FRENTE A LAS AGRESIONES, EL ACOSO Y LAS VIOLENCIAS SEXUALES DIRIGIDAS CONTRA LAS MUJERES TRABAJADORAS EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/003174).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la cuarta proposición no de ley, relativa a aprobar un protocolo específico frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales dirigidas contra las mujeres trabajadoras en el ámbito
penitenciario. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario VOX.


A continuación, tiene la palabra la señora Rodríguez Calleja, por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de esta proposición no de ley.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy debatimos una iniciativa que va al corazón mismo de esta comisión, porque cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de protección frente a la violencia sexual, no podemos seleccionar a las
víctimas que merecen nuestra atención y aquellas que no. Además, esta PNL no es una ocurrencia, no nace de los despachos, sino que es fruto de la denuncia de dos mujeres, Cristina y Montserrat, que participaron en una jornada organizada por el
Grupo Parlamentario Popular junto al sindicato Tu Abandono Me Puede Matar.


Traemos esta proposición no de ley porque existe una realidad que durante demasiado tiempo ha permanecido invisible. Una realidad que afecta a cientos de mujeres que trabajan cada día en nuestras instituciones penitenciarias y que por el
mero hecho de desempeñar su labor profesional se enfrentan a situaciones de acoso sexual, exhibicionismo, amenazas, vejaciones y comportamientos que ninguna trabajadora debería soportar en su puesto de trabajo. Quiero decirlo con claridad: esto no
forma parte de su trabajo. No forma parte de su trabajo soportar insinuaciones sexuales constantes. No forma parte de su trabajo acudir cada mañana con miedo a ser humilladas. No forma parte de su trabajo convivir con situaciones que afectan a su
salud mental y a su seguridad y dignidad.


Cuando una mujer es víctima de violencia sexual o de acoso en su entorno laboral, la respuesta de las instituciones debe ser inmediata, y cuando esa mujer trabaja para el propio Estado, la responsabilidad de protección es, sin duda, todavía
mayor. Por eso sorprende que durante años esta realidad haya sido ignorada. Hemos escuchado numerosos discursos sobre tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres; hemos aprobado declaraciones institucionales; hemos impulsado
campañas de sensibilización. Sin embargo, cuando las víctimas son trabajadoras penitenciarias, muchas veces se han encontrado con silencio, con burocracia y con una preocupante falta de mecanismos específicos de protección.


Eso es precisamente lo que esta iniciativa pretende corregir. No estamos hablando de casos aislados ni de situaciones anecdóticas, estamos hablando de un problema que numerosas profesionales llevan años denunciando; mujeres que han
decidido dar un paso al frente para contar lo que ocurre y reclamar algo tan básico como poder trabajar en condiciones de seguridad y de respeto. Por eso proponemos la elaboración de un protocolo específico que permita actuar desde la prevención,
la detección temprana y la intervención inmediata. Queremos que exista una respuesta clara cuando se produzca una agresión o una conducta de carácter sexual; queremos medidas concretas que protejan a las mujeres con inmediatez; queremos que las
víctimas tengan acceso a apoyo psicológico y jurídico desde el primer momento; queremos que existan mecanismos eficaces de coordinación con la autoridad judicial, y queremos que quienes protagonizan estas conductas sepan que tendrán consecuencias,
porque la impunidad nunca puede ser la respuesta.


Señorías, hace apenas unos días esta Cámara reconoció a los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. Fue un avance importante y una reivindicación histórica, pero este reconocimiento debe ir acompañado de medidas concretas
que



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garanticen su protección efectiva. La igualdad no consiste únicamente en aprobar leyes o pronunciar discursos. La igualdad consiste en proteger a las mujeres allí donde se encuentran, también detrás de los muros de una prisión, también
cuando su situación no ocupa titulares ni genera debates en las redes sociales.


Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro a las trabajadoras penitenciarias para decirles que las instituciones están a su lado. Es un mensaje para quienes consideran que estas conductas son inevitables o que forman parte del
trabajo, y decirles que no, que no son tolerables. También es un mensaje a toda la sociedad: la dignidad de las mujeres no termina en la puerta de una prisión.


Por eso pedimos el apoyo a esta iniciativa de todos los grupos parlamentarios, porque estamos hablando de igualdad, porque estamos hablando de seguridad y, sobre todo, porque estamos hablando, una vez más, de la dignidad de todas las
mujeres.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.


A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, consideramos que la iniciativa que plantea en este caso el Grupo Popular es justa y necesaria. Lo que nos parece un sinsentido es que no exista actualmente un protocolo de actuación frente a la exposición que tienen muchas mujeres
al acoso y a la depredación sexual en los ámbitos carcelarios. Durante esta legislatura, he planteado al Gobierno preguntas referidas a casos registrados en las prisiones de Sevilla, casos brutales que salieron en prensa y que causaron bastante
alarma social. En efecto, solo el mero hecho de trabajar en centros penitenciarios conlleva una evidente exposición al riesgo de sufrir agresiones e intimidación para todos los trabajadores, sean funcionarios o no, sean hombres o mujeres. Sería
negar la realidad no darse cuenta de que ser mujer en este ámbito comporta un peligro específico que debería ser objeto de especial atención por parte de los poderes públicos. Una medida que parece elemental -y que debería adoptarse- es evitar en
todo momento que la mujer que trabaja en centros penitenciarios se quede sola ante uno o más internos sin acompañamiento presencial de al menos otro trabajador o sin que el llamado botón del miedo esté conectado de manera eficiente. Lo decimos
porque nos consta que no siempre es así, por lo que, en algunos casos, se obliga a las trabajadoras a tener un comportamiento casi heroico en su quehacer diario. También estamos de acuerdo en que son necesarias medidas disciplinarias y penales
ágiles que sancionen esas conductas antisociales de manera efectiva y con efectos disuasorios; son imprescindibles medidas de atención y reparación a las víctimas, dándoles apoyo psicológico y laboral adecuado.


Reconocer todo esto no supone tener ningún tipo de prejuicio frente a las personas privadas de libertad, sino reconocer solo la realidad: estas personas, que están allí por algo, muchas veces no son capaces de respetar a los demás por
problemas psicológicos, rabia, resentimiento o por lo que sea. La realidad es que tenemos que proteger a los trabajadores de estos centros, en este caso, hablamos especialmente de las mujeres. Con ese mismo realismo se debería reconocer que
nuestras cárceles están tristemente llenas de personas que provienen de países en los que la mujer, especialmente si no profesa determinada religión, es poco más que un juguete sexual. Pero claro, de eso no quieren hablar porque les suena a
racismo. Ya me dirán ustedes qué tiene que ver la raza con lo que estamos hablando. Yo creo que deberíamos hablar más bien de un tema cultural.


Por eso, entre las medidas preventivas más elementales que podemos tomar para evitar estas terribles situaciones está ejercer un verdadero control sobre nuestras fronteras a fin de evitar en lo posible que estos indeseables entren en
territorio nacional y cometan los delitos que les llevan a prisión. Esto es simple sentido común, algo que debería estar siempre por delante de las ideologías y de los prejuicios con los que muchos de ustedes pretenden imponer sus ideas sobre la
sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Para la toma en consideración, tiene la palabra, por el Grupo Plurinacional SUMAR, la señora Rivera.


La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidenta.


Nosotras compartimos el diagnóstico de esta proposición no de ley. Es cierto que las mujeres que trabajan en centros penitenciarios están expuestas a una violencia y a un acoso sexual estructural intolerable. El Estado debe ser garante de
su seguridad laboral y no mirar hacia otro lado. En eso estamos de acuerdo. Pero creo que a este tema el Grupo Popular llega tarde, ya que desde 2024 existe un grupo de trabajo en el que están integrados el Ministerio del Interior y los agentes
sociales para tratar precisamente este problema. Existe ya un borrador en fase de revisión para ese nuevo protocolo específico de actuación frente a la violencia ejercida contra el personal penitenciario que incluye expresamente la violencia sexual
y la perspectiva de género. La solución de este problema se hace en las mesas de negociación con los agentes sociales, no con titulares.


Discrepamos frontalmente con lo que consideramos una deriva punitiva en el punto cuarto de esta proposición no de ley. La propuesta, a nuestro entender, atenta contra la proporcionalidad de las penas y el principio constitucional de
reinserción. Las prisiones ya disponen de un régimen disciplinario para sancionar a las personas reclusas. El populismo punitivo no protege mejor a las trabajadoras; lo que verdaderamente las protege es una dotación suficiente de personal, la
formación continua, una profunda perspectiva de género para las plantillas y, por supuesto, una verdadera y eficaz prevención de riesgos laborales.


En este momento es imprescindible que el Ministerio del Interior y los agentes sociales culminen esa negociación, aprueben de inmediato ese protocolo y lo pongan en marcha. Pero lo que no podemos aceptar es la instrumentalización punitiva
del Código Penal que contiene esta proposición no de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


En primer lugar, quiero manifestar el interés que nos genera esta proposición no de ley, porque creo que trata un tema muy interesante que desde luego tiene mucho que ver con las cuestiones en materia de igualdad de género.


Los centros penitenciarios son lugares donde es muy complejo garantizar derechos, porque esta gestión enfrenta retos propios en un contexto de limitación de la libertad ambulatoria que supone la pena de cárcel. Creo que son contextos
complicados tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los reclusos y reclusas. Sin embargo, quiero poner en valor que en el Pleno de la pasada semana se produjo la reforma del artículo 80 -ya se ha comentado también aquí- de la Ley
General Penitenciaria, donde pasó a considerarse autoridades públicas a los funcionarios de prisiones; además, se hizo por una amplia mayoría, lo cual creo que es muy positivo para enfrentar la gestión de este tipo de cuestiones.


Dentro del contexto de la prevención de riesgos laborales en este ámbito, quiero remarcar aquí también la existencia del protocolo de actuación ante agresiones físicas y verbales, que incluye tanto la asistencia jurídica como psicológica.
En el mismo sentido de lo que se venía comentando -que también ha señalado la portavoz de SUMAR-, quiero señalar que en la reunión celebrada el 10 de enero de 2024 en el seno de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias se acordó la
constitución de un grupo de trabajo para la actuación e incorporación de la perspectiva de género en el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y en los centros de inserción social dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el desarrollo de estos trabajos se han celebrado distintas reuniones durante 2024 y 2025, en las que se ha trabajado con las organizaciones sindicales e integrantes de este grupo de



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trabajo sobre un borrador elaborado para el desarrollo de un nuevo protocolo específico de actuación frente a la violencia ejercida contra el personal penitenciario.


Como decía al principio, esta cuestión nos resulta de mucho interés. Agradecemos, además, el tono con el que se ha desarrollado el debate, y nos emplazamos a seguir trabajando sobre este asunto en esta Cámara. Sin embargo, es verdad que
creemos que las referencias al Código Penal pueden suponer algún problema en relación con el principio de proporcionalidad y, por tanto, esa solución que se plantea en la proposición no de ley nos genera algunas dudas. No obstante, como digo,
estamos abiertos a trabajar sobre esta cuestión en la línea de la mesa de negociación con las organizaciones sindicales y también, como decía, en el seno del Congreso de los Diputados con el resto de grupos parlamentarios.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández.


Para cerrar el debate de esta iniciativa, le pregunto a la señora Rodríguez Calleja si acepta o no la enmienda presentada.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Mantenemos la PNL en sus términos.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


- PARA REFORZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y GARANTIZAR UNA ATENCIÓN RESPETUOSA Y DE CALIDAD EN EL EMBARAZO, PARTO Y POSPARTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/003369).


La señora PRESIDENTA: Damos paso a la quinta proposición no de ley, para reforzar los derechos de las mujeres y garantizar una atención respetuosa y de calidad en el embarazo, parto y posparto. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Plurinacional SUMAR. A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Sí.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: No, no, perdón. Lo siento.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, tiene la palabra para su defensa la señora Gil de Reboleño.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Disculpe, presidenta, me he confundido.


Creo que no sorprendo a nadie si afirmo que la medicina se ha pensado durante décadas desde el punto de vista masculino. Los síntomas, los ensayos, los protocolos, es todo un sistema pensado por los hombres para los problemas de salud de
los hombres. Es cierto que en los últimos años hemos avanzado y que este país tiene hoy uno de los sistemas y una legislación de los más garantistas de Europa en derechos sexuales y reproductivos gracias a la movilización social y a la valentía de
muchas mujeres españolas.


También hay que reconocer el trabajo de nuestro Ministerio de Sanidad, que durante estos tres años ha hecho avanzar en igualdad muchísimos temas de salud. Desde nuestro ministerio, por ejemplo, se ha lanzado una campaña, 'Hablemos de la
menopausia', para visibilizar esta etapa vital y mejorar su abordaje sanitario. Se ha iniciado la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que llevaba más de quince años sin revisarse, para reforzar la atención a la
salud de las mujeres y la garantía de los derechos reproductivos. Además, se ha fortalecido el seguimiento de los programas de cribado de cáncer de mama y de cuello uterino con el objetivo de reducir desigualdades territoriales y mejorar la
detección precoz. Son solo



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algunos ejemplos del compromiso de nuestro ministerio con la salud de las mujeres, pero aún nos queda un trecho muy importante que recorrer. Hoy traemos a esta comisión una propuesta con una serie de elementos fundamentales para nuestra
salud, en los que tenemos que seguir trabajando.


En primer lugar, empiezo por la atención al parto. Señorías, parir no es enfermar. Lo decimos así de claro porque tenemos que cambiar el paradigma. El parto es un proceso fisiológico, y un país moderno debe avanzar para despatologizarlo.
Hay que intervenir solo cuando haga falta, respetando siempre la autonomía y las decisiones de las mujeres, actualizando las prácticas a la evidencia científica disponible y humanizando todo el proceso completo. La estrategia de atención al parto
normal fue pionera en 2007, pero casi veinte años después necesita de una actualización estableciendo criterios comunes en todos los territorios, con modelos de continuidad de cuidados y con espacios pensados para el parto de bajo riesgo, como en
las casas de parto que ya funcionan con éxito en otros países europeos y en algunas comunidades autónomas. Hay que garantizar siempre el acompañamiento -también en las cesáreas-, que el progenitor pueda acompañar en el parto, incluyéndose pautas
específicas para las mujeres con discapacidad y donde se respeten los planes de parto. En definitiva, donde la mujer se sienta segura sin necesidad de medicalizar el proceso.


Un segundo asunto importante es que necesitamos reducir las intervenciones que dañan. Las cifras son muy claras y hablan por sí solas: tasas de cesáreas por encima de las instrucciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud,
sobre todo en hospitales privados; episiotomías de rutina que la evidencia científica desaconseja e inducciones sin justificación médica clara. Por suerte, no es la práctica más habitual, pero la violencia obstétrica es una realidad en nuestro
país. No debemos tener miedo a nombrarlo; al contrario, si no lo nombramos, no podremos eliminarla del todo. Todas conocemos a alguien que ha sufrido prácticas humillantes, dolorosas o deshumanizantes de manera innecesaria. Y, ojo, no estamos
cuestionando a los profesionales que hacen un trabajo extraordinario con recursos muchas veces insuficientes; cuestionamos precisamente eso: la falta de recursos, la falta de tiempo, la falta de formación y la falta de datos.


En tercer lugar, el duelo perinatal. El proceso de pérdida de un feto o nacimiento de un bebé muerto es una realidad muy dura a la que nuestra sociedad no está dando respuesta. A todas estas familias que salen del hospital con los brazos
vacíos tenemos que acompañarlas, y, aunque salen sin su bebé deseado, al menos que no salgan solas, sin atención psicológica o sin permisos laborales que dependen de las semanas de gestación, porque el dolor no entiende de calendario.


En cuarto lugar, las matronas. Son las figuras más importantes de todo el proceso de parto y de posparto. La evidencia internacional es rotunda: donde las matronas lideran los cuidados, hay mejor resultado, menos intervenciones necesarias
y más mujeres satisfechas. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos lo lógico en estos casos: ratios suficientes y que estén presentes en todo el proceso, en el embarazo, el parto, el posparto y en la comunidad.


En quinto lugar estaría la salud mental. La mayoría de las mujeres no recibe atención. La depresión posparto es una realidad que no nombramos lo suficiente. Después del parto, la mujer desaparece de los circuitos asistenciales justo
cuando es más vulnerable.


Por último, pero no menos importante, quiero concluir con la menopausia. La menopausia no es ninguna enfermedad, señorías. Hablamos de una fase de nuestras vidas que no es una enfermedad y mucho menos un trastorno del que todavía muchos
hombres intentan hacernos sentir culpables.


Queremos avanzar y encontrar nuevas soluciones a inquietudes antiguas, pero que ahora mismo son realidades que tenemos muchísimas mujeres y que no nos habíamos atrevido a mencionar. Pedimos algo muy sencillo: que en cada territorio cada
mujer sea atendida con evidencia, con respeto a su autonomía y con derechos. Aquí no hay ideología que valga, señorías. Es justicia para las mujeres.


Muchísimas gracias.



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gil de Reboleño.


Para la toma en consideración por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, desde VOX compartimos cualquier iniciativa que tenga como objetivo mejorar la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Sin embargo, discrepamos profundamente del enfoque ideológico que inspira esta
proposición no de ley. Una vez más, la izquierda pretende presentar la realidad de nuestro sistema sanitario bajo el prisma de la confrontación y de la sospecha permanente. Hablan ustedes de violencia obstétrica como si existiera una actuación
sistemática contra las mujeres por parte de quienes dedican su vida a cuidarlas y atenderlas en uno de los momentos más importantes y delicados de su vida.


España cuenta con excelentes profesionales sanitarios -médicos, enfermeros, matronas y auxiliares- que desempeñan su labor con rigor, humanidad y vocación de servicio. Merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo y no ser señalados
constantemente por prejuicios ideológicos. Por supuesto que pueden existir errores, malas prácticas o situaciones mejorables, como ocurre en cualquier ámbito, pero convertir casos concretos en una acusación generalizada contra un colectivo
profesional es injusto y profundamente irresponsable. Quiero señalar también su hipocresía a la hora de hablar de las consecuencias que tiene un aborto espontáneo, de cómo las mujeres vuelven a su casa con los brazos vacíos -esa es la expresión que
ha utilizado usted- y todos los problemas que eso conlleva, y luego, cuando se practican abortos voluntarios, parece que no tiene ninguna consecuencia. A ver si se aclaran.


Tampoco compartimos esa visión según la cual toda actuación médica debe interpretarse como una imposición o una agresión. La prioridad debe ser siempre garantizar la salud y la seguridad tanto de la madre como del hijo, respetando la
libertad de las mujeres, su capacidad de decisión y el criterio clínico de unos profesionales que en muchas ocasiones han salvado la vida de las madres y los niños.


En VOX defendemos una maternidad acompañada, protegida y respetada. Creemos en reforzar los recursos sanitarios cuando sea necesario, en mejorar la atención a las familias y en reconocer el trabajo de quienes hacen posible que nuestro
sistema sanitario siga siendo una referencia a pesar de los políticos. Lo que no compartimos es utilizar la maternidad como un nuevo campo de batalla ideológico ni sembrar desconfianza hacia quienes cada día cuidan de nuestras madres y de nuestros
hijos. Por todo ello, no podemos apoyar esta iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González.


La señora GONZÁLEZ HERDARO: Gracias, presidenta.


Desde el Grupo Socialista apoyamos esta proposición porque consideramos que nunca son suficientes los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Hay que trabajar para fortalecerlos; en este caso, en relación con la salud
sexual y reproductiva.


Fue un Gobierno progresista el que aprobó la ley y el que está desarrollando mediante una estrategia estatal un gran avance social y de la lucha feminista que supone un refuerzo de los derechos de las mujeres y la mejora de la atención en el
embarazo, el parto y el posparto.


Esta estrategia nacional, sustentada en los derechos humanos, la perspectiva de género y el consentimiento informado, reconoce de forma explícita que la atención obstétrica no solo es un acto clínico, sino también un proceso profundamente
humano en el que deben garantizarse la dignidad, la información, el respeto y la toma de decisiones libremente por parte de las mujeres. Además, se reconoce con especial sensibilidad la salud mental perinatal como una prioridad. Como ya se ha
comentado, situaciones como el duelo gestacional, el trauma perinatal o el miedo al parto dejan de ser cuestiones



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invisibles para convertirse en parte central de la respuesta sanitaria pública. También ha sido un gran logro ampliar la mirada hacia todas las etapas de la vida de las mujeres, incorporando de manera explícita el climaterio y la
menopausia, lo que también ha supuesto abandonar una visión reducida de la salud reproductiva y avanzar hacia un enfoque integral de la salud a lo largo del ciclo vital.


Igualmente, se reconoce y refuerza el papel de la matrona como figura clave en el acompañamiento de las mujeres en todas las etapas necesarias, aumentándose el número de plazas en los últimos años, que consideramos que también hay que
mejorar. Desde aquí, hacemos un reconocimiento público a estos profesionales de referencia. En cuanto a los sistemas de recogida y unificación de datos, así como para la formación de profesionales, el Estado no puede hacerlo solo, necesita de la
colaboración de las comunidades autónomas, lo que resulta complicado con los Gobiernos de derecha y ultraderecha.


No hay transformación del sistema sin profesionales bien formados y con herramientas para ofrecer una atención a las mujeres basada en la evidencia científica, empática y que respete su libertad. Aunque se ha avanzado, desde este Gobierno
progresista se sigue trabajando en la mejora de la protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también en el fin de la discriminación de las mujeres en el ámbito de la investigación de la salud, como ayer anunció el
presidente del Gobierno al apostar por triplicar la inversión en I+D específica para la salud de las mujeres.


Desde el Grupo Socialista seguiremos apoyando iniciativas que, como esta, tengan como objetivo que las mujeres sean atendidas con plena información, acompañamiento, respeto, responsabilidad y evidencia científica. Nuestro compromiso será
siempre situar a las mujeres en el centro del sistema sanitario, garantizar sus derechos, acabar con la discriminación y avanzar hacia una atención más equitativa, más humana y más justa en todo el territorio.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora González.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Parra.


La señora PARRA APARICIO: Gracias, presidenta.


En el Grupo Popular siempre estaremos al lado de la seguridad de los pacientes, del respeto a sus derechos y de la mejora constante de la calidad asistencial. Precisamente por eso creemos que este debate merece más rigor y más seriedad de
lo que aquí se presenta. Hablar de igualdad también es garantizar que todas las mujeres reciban la mejor atención sanitaria posible basada en la evidencia científica, en el respeto a sus derechos y en la seguridad de los procedimientos médicos.
Cuando hablamos de embarazo, de parto o de posparto hablamos de uno de los momentos más importantes de la vida de una mujer, y cualquier situación de mala praxis, de falta de información o de deficiencia asistencial debe prevenirse, corregirse y, si
corresponde, por supuesto sancionarse. En eso no hay ninguna discrepancia. Por esta razón creemos que los problemas sanitarios deben abordarse con quienes mejor los conocen: los profesionales sanitarios, las sociedades científicas y los expertos.
Cuando hablamos de la salud de las mujeres lo que hace falta es más ciencia y menos ideología, más evidencia y menos pancartas.


No podemos compartir el planteamiento de esta proposición no de ley porque parte de un concepto que ni siquiera cuenta con el respaldo de las principales organizaciones científicas y profesionales de nuestro país. El Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos ha rechazado expresamente el término violencia obstétrica al considerar que no se ajusta a la realidad asistencial española y que criminaliza a los profesionales que trabajan bajo los principios de rigor científico y de
ética médica. En la misma línea se ha pronunciado la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que considera inapropiado, tendencioso e injusto utilizar este término. Y en eso coincidimos con los médicos, porque una cosa es la mala praxis y
otra muy distinta es calificar como violencia la actuación de miles de profesionales sanitarios que cada día trabajan para proteger la salud de las mujeres y de sus hijos. Es aquí donde nos surge una pregunta legítima:



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¿está reconociendo SUMAR que existe en España un sistema sanitario donde los profesionales ejercen de manera habitual una supuesta violencia contra las mujeres durante el parto? Si hubiera actuaciones contrarias a la ley, a los protocolos o
a la buena práctica médica, ya existen mecanismos para investigarlos y por supuesto para denunciarlos. La mala praxis tiene nombre, tiene regulación y tiene consecuencias jurídicas; no hace falta inventar nuevos conceptos ideológicos para
combatirla. Si en SUMAR consideran urgentes estas reformas, deberían empezar por exigir responsabilidad a su propia ministra de Sanidad, que forma parte de un Gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos, marcado por una inestabilidad constante y
que está alimentando un grave conflicto en el ámbito sanitario.


Hay cuestiones concretas que sí merecen atención: la mejora de los protocolos, la formación permanente de profesionales, el fortalecimiento del consentimiento informado, la atención al duelo gestacional y perinatal o la necesidad de
disponer de más profesionales sanitarios. Nosotros estaremos siempre al lado de la mejora, del consenso y de la evidencia científica, ahí cuenten con nosotros, pero no estaremos al lado de quienes pretenden convertir un debate sanitario en una
batalla ideológica, porque la salud de las mujeres merece soluciones reales.


Señorías, la confianza entre pacientes y profesionales es demasiado importante como para ponerla al servicio de un relato político.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Parra.


- PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE POBREZA DE TIEMPO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003379).


La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a la proposición no de ley número 6, para la reducción de la brecha de pobreza de tiempo. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A esta proposición no de ley se ha presentado,
ahora sí, una enmienda.


Para la defensa de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart Moreno.


La señora GUINART MORENO: Gracias, presidenta.


Levantarse muy pronto por la mañana para preparar la ropa de los niños, los desayunos, las mochilas, alguna plancha de última hora. Dejar a los pequeños en el colegio camino del trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar. Salir, recogerlos en
la escuela y llevarlos a las extraescolares. Pensar en qué hacemos para cenar mientras acudimos al súper. Responder a la pregunta de la pareja de dónde está el chándal de la niña porque mañana tiene educación física en el cole. Llamar a tu madre,
visitarla o atenderla en sus necesidades porque es dependiente. Agotadas. Las mujeres viven, vivimos, agotadas. El concepto de pobreza de tiempo no es una entelequia, no es baladí. Es una realidad en la que se encuentra la inmensa mayoría de las
mujeres de este país: encorsetadas entre obligaciones laborales y familiares que no les dejan tiempo personal, tiempo libre, el apreciado y ansiado tesoro demasiadas veces escaso, si no inexistente, en el día a día.


Esta proposición no de ley pretende ponerle nombre a esta nueva dimensión de la pobreza porque, sí, va estrechamente ligada y es directamente proporcional a las situaciones de vulnerabilidad económica, aunque no es exclusiva de las capas más
pobres de la sociedad. En cualquier caso, la pobreza de tiempo, de la misma manera que la pobreza económica, está feminizada. La pobreza, efectivamente, ya no se mide únicamente en función de los recursos económicos de los que dispone una persona;
hablamos de la falta de tiempo libre tras atender las obligaciones laborales, domésticas, del hogar y cuidado familiar y personal. Las investigadoras Margarita VegaRapun, de la University College London, y Sara Moreno Colom, profesora de Sociología
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la definen de este modo: en España, una persona es pobre de tiempo cuando dispone de menos de 170 minutos -menos de tres horas diarias- para sí



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misma. Por debajo de ese umbral, es pobre de tiempo, de un tiempo al que tiene derecho, para dedicarlo a lo que quiera: al ocio, al descanso, al desarrollo personal o a su formación.


Según el INE, mientras el 46 % de las mujeres dedican tiempo a las tareas domésticas, solo lo hacen el 15 % de los hombres. Más datos: tres de cada cuatro trabajadoras a tiempo parcial son mujeres y la mayoría no trabajan menos horas
porque quieran; uno de los motivos es, precisamente, la obligación de cuidar que acarrean, algo que las empobrece claramente como trabajadoras y como futuras jubiladas. La encuesta cuatrienal de estructura salarial sitúa la brecha salarial en el
20,6 %; el salario medio de las mujeres debería aumentar en ese porcentaje para alcanzar al de los hombres. Además, la brecha de pobreza de tiempo hace que las mujeres tengan problemas de salud: no tienen tiempo para el autocuidado, aumenta el
riesgo de estrés crónico, de agotamiento, de enfermedades como la ansiedad o incluso la depresión. También se asocia la pobreza de tiempo a patologías cardiovasculares, así como al debilitamiento del sistema inmunológico.


El Gobierno de España está impulsando diversas iniciativas que abundan en la redistribución del tiempo laboral, personal y familiar de la ciudadanía. El proyecto de ley de reforma de la jornada laboral, que el voto contrario de las derechas
impidió que prosperara, la ampliación de los permisos igualitarios por nacimiento y cuidado, el Plan Corresponsables, los reiterados incrementos del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral de 2022 son solo algunos ejemplos de las
políticas que impulsan el camino hacia la plena igualdad y la reducción de las brechas salarial y de tiempo. Pero hace falta más, hace falta un cambio cultural, el compromiso de la otra mitad de la población para asumir que esas tareas de cuidado y
domésticas también son sus responsabilidades, y no solo para ejecutarlas, también para planificarlas, para evitar la carga mental que soportan casi en exclusiva las mujeres.


Es imprescindible que todas las instituciones y que las empresas se comprometan en el impulso de medidas que reduzcan la pobreza de tiempo. Barcelona conmemora este año el vigésimo aniversario de la Red NUST -red de empresas para un nuevo
tiempo de trabajo-, fruto de una Concejalía de Nuevos Usos Sociales del Tiempo, que fue pionera en la capital catalana. Esa ciudad fue capital mundial de las políticas del tiempo en 2022 y ahora lo es otra ciudad catalana, Sant Boi de Llobregat,
que hace unos días celebró el Foro de Municipios Medianos por el Derecho al Tiempo, un encuentro que reunió a representantes políticos y personas expertas de dieciséis países de Europa y de Latinoamérica.


El tiempo es uno de los grandes retos de este siglo y la pobreza de tiempo se convierte en un problema global que afecta al menos a un tercio de la población; una forma contemporánea de desigualdad que tenemos que combatir.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guinart Moreno.


A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Gil de Reboleño.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, presidenta.


Nos alegra mucho que hoy hablemos del tiempo, del tiempo de las mujeres, del poco que tenemos, que hemos tenido y del mucho que se nos roba. Y empiezo con un agradecimiento al Grupo Socialista, porque tiene razón: la pobreza de tiempo
existe y tiene rostro de mujer. Es una de las grandes injusticias de nuestro siglo.


Desde SUMAR lo venimos recordando a lo largo de toda la legislatura y en esta misma comisión también lo hemos hecho varias veces. Los datos son tozudos. Una persona es pobre de tiempo cuando le quedan menos de tres horas al día para sí
misma. Y somos siempre nosotras las que andamos por debajo de ese umbral. Casi la mitad de las mujeres carga con la mayor parte de las tareas de la casa, frente al 15 % de los hombres. Y, mientras tanto, cobramos algo menos de dinero al mes que
los hombres, nos jubilamos con un 30 % menos de pensión, trabajamos gratis en casa y barato fuera de ella y cuidamos de las personas mayores. Realmente, sostenemos el sistema y, a cambio, el



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sistema nos quita las horas y nos roba la vida. Ese es el panorama que nos está dejando el capitalismo.


Señorías, las medidas de esta PNL son positivas -los indicadores, las campañas, la corresponsabilidad, los servicios públicos de cuidado; todo suma- y las vamos a apoyar. Pero permítanme ser clara, porque hoy no nos toca andarnos con
rodeos: necesitamos adoptar medidas transformadoras, que sean capaces de presentar una alternativa ilusionante para la gente que confronte con este modelo neoliberal o no estaremos más que poniendo parches al sistema.


Sin embargo, nosotras echamos en falta una medida, por lo que presentamos una enmienda para reducir la jornada laboral a 32 horas semanales. De nuevo, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya aceptado esa enmienda, porque la pobreza de
tiempo se tiene que medir con mil indicadores, pero la forma más rápida de acabar con ella está en una frase: devolverle el tiempo a la gente. Como ya expliqué en esta misma comisión hace un año, reducir la jornada laboral es la política más
feminista que existe. Y no me lo he inventado yo, lo dicen los números: el 74 % de los contratos a tiempo parcial los firman las mujeres, y no porque quieran, porque no les queda otra para poder cuidar. Y un millón y medio de españolas atrapadas
en la media jornada -dependientas, camareras de piso, empleadas de hogar, cuidadoras- tienen graves problemas de conciliación y de corresponsabilidad. ¿Y saben qué pasa cuando reducimos la jornada laboral a 32 horas semanales sin tocar el salario?
Pues que esas mujeres no pierden ni una hora de trabajo, pero cobran más, su sueldo sube. Es un aumento directo, es justicia, es reconocer de una vez por todas que su tiempo vale lo mismo que el de cualquier persona.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, de Junts y de VOX, quiero hacerles una pregunta. Llevan tiempo llenándose la boca con la familia y la conciliación. Pues aquí tienen la medida que más concilia, la que más cuida y la que más
iguala, y ya votaron en contra de ella una vez, tumbaron la reforma de la jornada. Les dijeron a millones de personas trabajadoras que siguieran corriendo, que siguieran sin ver a sus hijos y que siguieran con el agua al cuello. Por favor, les
pido que reflexionen, que piensen que trabajar 32 horas semanales es una medida positiva para nuestra sociedad, incluidos los empresarios. Pero tengan en cuenta una cosa, que cuando votan en contra, votan en contra de la calidad de vida y del
bienestar de las mujeres.


Señorías, estamos convencidas de que esta es una medida transformadora para nuestra sociedad. Ya lo hicieron los compañeros y compañeras que pararon en Barcelona en 1919 en La Canadiense, y ahora lo haremos nosotras. Vamos a seguir
adelante hasta que lo consigamos. Pongamos el tiempo de las personas por delante del tiempo de la explotación. Empecemos hoy, que aún estamos a tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gil de Reboleño.


Para la fijación de posición, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías del Grupo Socialista y de SUMAR -porque, claro, son ustedes lo mismo-, de verdad es muy preocupante la cara dura que tienen ustedes por presentar esta iniciativa ahora mismo, con la que está cayendo. De verdad que no tienen ustedes
vergüenza. Es que es increíble. Aquí lo que está claro es que el único que no es pobre es Zapatero, con esas joyas que tiene que parecen de los Romanov. (Rumores).


En fin, vamos a debatir una cosa que ustedes llaman pobreza de tiempo, porque como no paran de inventarse conceptos para sacar dinero a los españoles... Es que es alucinante. Ustedes dicen en su PNL, que empieza así: 'La pobreza no solo
se mide en función de recursos económicos...' Pero ¡qué cara más dura tienen! ¿Han leído ustedes el diccionario de la Real Academia Española? Es un organismo que todavía no han controlado, muy a su pesar, porque a ustedes es lo que les gustaría
para controlar así el lenguaje, pero todavía no lo controlan. En fin, pobreza es cualidad o condición de pobre, entendiéndose como una carencia, escasez o falta de lo necesario para vivir. Y en la



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acepción de carencia material se refiere a la falta de bienes, dinero o recursos esenciales. Así que, por favor, dejen de inventarse conceptos.


Ustedes vienen aquí a hablar de pobreza de tiempo cuando tienen sumida a España en la mayor pobreza que se ha conocido nunca. En 2024, España es el peor país en pobreza infantil, donde uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o
exclusión social. Respecto a los adultos, la tasa AROPE dice que es uno de cada cuatro. Según la encuesta del INE de condiciones de vida en España, hay un millón y medio de hogares en España que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes
y cinco millones de hogares con grado importante de dificultades. Las familias cada vez son más pobres, no tienen ni para comer adecuadamente, ni para afrontar gastos imprevistos, ni para irse una semana de vacaciones. Y si hablamos de pobreza en
términos de vivienda, ya sabemos lo que está pasando con los jóvenes en España, que no pueden ni comprar ni alquilar, no se pueden independizar y viven con sus padres hasta que tienen casi 40 años. Es que es una vergüenza, de verdad. Y no hablemos
ya de la pobreza energética que hay en España: un 20 % de hogares que no pueden encender la calefacción ni usar el aire acondicionado, porque no lo pueden pagar. Eso sí que es pobreza, no la pobreza de tiempo. Dejen ustedes de querer controlar a
la gente y de decirles lo que tiene que hacer en su propia casa y en qué tienen que utilizar el tiempo, por favor. Es que su pulsión totalitaria y comunista de controlar a la gente es de vergüenza.


Ante esta situación que he descrito, ustedes pretenden que se apruebe esta iniciativa para no ocuparse de los verdaderos problemas de los españoles, que, como ya he dicho, ustedes mismos han creado con su Gobierno. Y como siempre -por
supuesto-, lo que quieren es gastarse el dinero en cosas absurdas.


Señorías del Grupo Socialista, señorías de SUMAR y todos sus socios, son ustedes una fábrica de pobreza. Por favor, a ver si se van ustedes ya y podemos recuperar a España, para que dejemos de ser todos pobres, porque es lo que a ustedes
les interesa, que todo el mundo sea pobre.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alfonso.


La señora ALFONSO SILVESTRE: Gracias, presidenta.


Señorías, ustedes han convertido el Ministerio de Igualdad en un auténtico circo. (El señor Azorín Salar: Y ustedes en un negocio). Y hoy vuelven a esta comisión con una nueva excentricidad: la llamada brecha de pobreza de tiempo.
Miren, el problema de las mujeres, de las madres, de las familias monoparentales, de los cuidadores, de los autónomos y de tantas familias españolas no es que ustedes hayan descubierto ahora de repente una nueva etiqueta, el problema es que no
pueden conciliar; el problema es que faltan plazas de educación infantil de 0 a 3 años; el problema es que no hay suficientes apoyos a los cuidados; el problema es que muchas mujeres reducen jornada, piden excedencias o frenan su carrera
profesional porque el Estado no acompaña a las familias. Eso existe, claro que existe, pero no se resuelve cambiándole el nombre. Dejen de ridiculizar al Parlamento.


La pobreza de tiempo no es causa de nada, es la consecuencia de un problema que lleva décadas encima de la mesa: la falta de conciliación real y la falta de corresponsabilidad efectiva. Y ustedes, en vez de resolverlo, vienen aquí a
rebautizarlo, a ponerle un nuevo envoltorio ideológico, a crear otro concepto, otro indicador, otro observatorio, otro titular, otro llamado chiringuito. Eso sí, cuando este grupo trae medidas concretas, medibles y útiles para las familias, ustedes
votan en contra. Eso sí que es hacer perder el tiempo. Nos vienen a hablar de pobreza de tiempo quienes han rechazado iniciativas que incluían gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años, permisos parentales retribuidos en el marco del
diálogo social, deducciones fiscales a las familias, apoyo específico a las familias monoparentales, incentivos para reincorporarse al mercado laboral tras una etapa de cuidados y un plan nacional de conciliación y corresponsabilidad con
financiación suficiente.



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Señorías socialistas, no se puede venir aquí a lamentar que las familias no tienen tiempo y luego votar en contra de las medidas que les permitirían tenerlo. Ustedes son unos cínicos. Y es que no se puede hablar de igualdad mientras se
abandona a quienes cuidan de sus hijos, de sus mayores o de personas dependientes. Y no pueden seguir riéndose de los españoles poniendo etiquetas nuevas a los problemas de siempre. Cuando una madre deja su trabajo porque no encuentra una plaza de
escuela infantil, eso no se llama pobreza de tiempo, se llama falta de política de conciliación. Cuando una familia monoparental no puede llegar a todo, eso no se llama categoría sociológica novedosa, se llama ausencia de apoyos específicos.
Cuando una trabajadora reduce su jornada para cuidar a un familiar dependiente, eso no se arregla con un indicador, se arregla con servicios, con recursos y con medidas concretas. (Un señor diputado: Muy bien). Pero ya hemos visto cómo acaba todo
esto, todo su enfoque. Ahí tienen la famosa aplicación Me Toca, impulsada por Irene Montero, más de 200 000 euros tirados a la basura para una aplicación que pretendía visibilizar el reparto de tareas y que no ha servido para nada. Ese es el
modelo: mucha propaganda, mucho eslogan y muy poca utilidad para las familias.


Señorías, la igualdad no se construye inventando etiquetas. La igualdad se construye dando libertad: libertad para ser madre sin penalización laboral; libertad para cuidar sin empobrecerse; libertad para trabajar sin renunciar a la
familia; libertad para que hombres y mujeres compartan responsabilidades en condiciones reales. Y eso exige una política seria de conciliación y no una nueva consigna ideológica. Por eso, les pedimos que dejen de disfrazar su falta de gestión con
palabras nuevas. Que dejen de utilizar de una vez a las mujeres como una excusa para alimentar su maquinaria ideológica. Y que dejen de hacer perder el tiempo y, por supuesto, el dinero a los españoles. Porque las familias no necesitan más
etiquetas, necesitan soluciones. Frente a quienes quieren medir la pobreza de tiempo, nosotros queremos devolver el tiempo, la libertad y las oportunidades a las familias españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alfonso.


Para cerrar el debate de esta proposición no de ley, pregunto al grupo proponente, a la señora Guinart Moreno, si acepta o no la enmienda presentada.


La señora GUINART MORENO: Sí.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


- RELATIVA A LA INSEGURIDAD QUE PADECEN LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LA INMIGRACIÓN MASIVA Y DE LA IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003495).


La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a la proposición no de ley relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno. Presentada por el grupo parlamentario
VOX.


A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda.


Por lo tanto, para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Romero Vilches.


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.


Hoy presentamos una proposición no de ley relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno. Comparezco para defender esta iniciativa porque la primera
obligación de cualquier Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y, entre ellos, también -naturalmente- la seguridad de las mujeres. Durante años hemos asistido a un discurso oficial que ha pretendido sustituir la realidad por la
ideología, un discurso que niega problemas evidentes, que silencia datos incómodos y que antepone los intereses políticos a la protección efectiva de las mujeres españolas. (Rumores).



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Desde VOX afirmamos algo muy sencillo y algo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en riesgo: todas las mujeres tienen derecho a vivir seguras, a caminar tranquilas por sus barrios, a utilizar el transporte público sin miedo y a que
las normas del Código Penal sean contundentes y justas contra los agresores. Sin embargo, cada vez somos más los españoles que percibimos el evidente deterioro de la seguridad en nuestras calles. Les voy a dar solo algunos datos. Por ejemplo, en
el primer trimestre de 2026 se han multiplicado por tres los delitos sexuales con penetración en la ciudad de Sevilla, como ha reconocido el Ministerio del Interior. Y también son datos del Ministerio del Interior que, desde que llegó Pedro Sánchez
al Gobierno, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 85 % y los de agresión sexual con penetración más del 286 %.


Evidentemente, todo este deterioro no surge de la nada, surge de una política migratoria irresponsable, que ha permitido la entrada masiva e irregular de miles de personas sin una adecuada capacidad de integración ni control. Señorías,
negar cualquier relación entre determinada forma de delincuencia y la inmigración ilegal no protege a nadie; al contrario, impide afrontar el problema. Las mujeres somos las primeras perjudicadas cuando la política se empeña en ocultar la
realidad, pero toda la población sale perdiendo. Lo hemos explicado ya muchas veces y ustedes siguen sin entenderlo. No estamos hablando de aquellos inmigrantes que vienen legalmente a trabajar, a contribuir y a respetar nuestras leyes. España ha
sido históricamente una nación acogedora con quienes llegan para integrarse y formar parte de nuestro proyecto común. Hablamos de la inmigración ilegal y descontrolada, y de la importación de patrones culturales incompatibles con la igualdad, la
libertad y la dignidad de la mujer. Resulta profundamente contradictorio que quienes dicen erigirse en defensores de los derechos de las mujeres miren hacia otro lado cuando proliferan prácticas como los matrimonios forzados, la mutilación genital
femenina o determinadas concepciones de la mujer, propias de culturas donde esta carece de derechos y libertades de las que gozamos en España. La verdadera defensa de las mujeres exige valentía para señalar cualquier amenaza, venga de donde venga;
exige abandonar los prejuicios ideológicos y actuar con firmeza.


Por eso, esta iniciativa reclama medidas de sentido común: reforzar nuestras fronteras, combatir las mafias que trafican con seres humanos, impedir la inmigración ilegal, expulsar a quienes delinquen y fortalecer los medios de nuestras
fuerzas y cuerpos de seguridad. También exige que la protección de las mujeres deje de ser un eslogan y vuelva a ser una prioridad real de las políticas públicas. Porque la seguridad no es de derechas ni de izquierdas, la seguridad es un derecho
fundamental.


Señorías, la igualdad no puede construirse sobre la negación de los hechos. No podemos pedir a las mujeres que confíen en las instituciones mientras se les exige guardar silencio sobre problemas que afectan a su seguridad cotidiana. La
política responsable consiste en escuchar a los ciudadanos, reconocer la realidad y actuar en consecuencia. Eso es, precisamente, lo que VOX propone con esta iniciativa. Frente a quienes pretenden eludir el debate, nosotros exigimos afrontarlo.
Frente a quienes utilizan a las mujeres como instrumento ideológico, nosotros defendemos su protección efectiva. Y frente a quienes han convertido la inmigración ilegal en un problema creciente para la convivencia y la seguridad, nosotros
proponemos soluciones. Porque una nación soberana debe poder decidir quién entra en su territorio y en qué condiciones. Para eso están las leyes y nosotros debemos exigir su cumplimiento. Porque una sociedad libre debe proteger a sus mujeres y
ninguna agenda ideológica puede estar por encima de la seguridad de los españoles.


Por todo ello, les pedimos el apoyo a la proposición no de ley de nuestro grupo, VOX.


Muchas gracias. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Muy bien).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.


Para la fijación de posición en esta iniciativa, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Gil de Reboleño.



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La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, presidenta.


En primer lugar, agradecería que las intervenciones se ciñeran a los temas que vamos a tratar. Si queremos hablar de joyas, podemos hablar de cuadros de Goya, por ejemplo, que también sería interesante sacarlos a colación.


Señorías, esta es la segunda vez que en pocas semanas VOX trae a este Parlamento una iniciativa que dice defender a las mujeres. Hace unas semanas nos sorprendieron con su preocupación por los derechos de las mujeres musulmanas, y hoy nos
traen este ejercicio de cinismo, que es único en esta Cámara, en el que niegan la violencia machista. Traen una propuesta para proteger a las mujeres de la violencia que sufren por ser mujeres; cosa bastante curiosa.


Señorías de VOX, quienes niegan la violencia de género o la violencia machista no están legitimados para dar lecciones sobre seguridad de las mujeres. Seamos claras, esta proposición no de ley no habla de seguridad, habla de criminalizar la
inmigración. Su tesis es que las mujeres españolas viven inseguras -dicen- por la invasión migratoria, y para sostenerla manipulan los datos sin ningún pudor. Hablan de detenidos e investigados como si fueran condenados. Ustedes que invocan la
presunción de inocencia cuando les conviene, la tiran a la basura en cuanto el sospechoso es extranjero. Y sobre todo esconden el dato que desmonta toda su propuesta: la mayoría de los hombres que asesinan a mujeres en España, lamentablemente, son
españoles. Es la violencia sexual en grupo el perfil más frecuente del agresor, que también es el de un hombre español. El maltratador no entra por una patera, señorías, muchas veces duerme en la misma cama que su víctima y tiene DNI español. Así
que no me hablen de proteger a las mujeres mientras señalan al de fuera para que dejemos de mirar al que está en casa. Porque la violencia no entiende del color de piel, de religión o de nacionalidad, la violencia es una cuestión de poder, de un
poder malentendido que durante siglos se viene ejerciendo contra las mujeres.


Además, su receta es demoledora para las propias mujeres. Porque ¿qué proponen ustedes en realidad? ¿Suprimir el Ministerio de Igualdad? ¿Eliminar las subvenciones de la ley de igualdad? ¿Derogar esa misma ley? ¿Derogar el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, ese pacto en el que VOX fue el único grupo que votó en contra? No se protege a las mujeres demoliendo las instituciones que las protegen. No se protege a las mujeres dejándolas sin recursos, sin casas de
acogida y sin teléfonos de atención. Y no se protege a las mujeres recortando, como hacen ustedes allí donde gobiernan junto al Partido Popular.


Y díganme una cosa: a esas mujeres inmigrantes, que tienen hasta cinco veces más riesgo de ser asesinadas que las españolas, ¿también a esas mujeres ustedes las van a proteger? Porque su única política para ellas es la deportación. Las
quieren fuera, sin papeles y sin derechos. Esas mujeres a ustedes no les importan lo más mínimo.


No sabemos si el Grupo Popular apoyará esta proposición. Son, una vez más, la marca blanca de VOX: ellos ponen la ideología y ustedes ponen los votos. Son los mismos que en Madrid han reconocido los programas contra la violencia de
género, los mismos que en Andalucía dejaron a miles de mujeres esperando en los cribados de cáncer de mama. Esa es la seguridad real que ustedes ofrecen a las mujeres de este país.


Señorías, hoy votaremos en contra, porque esta proposición no protege ni a una sola mujer. Ustedes no traen aquí ni seguridad ni derechos para las mujeres, traen miedo, traen xenofobia, traen racismo y traen retroceso.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gil de Reboleño.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Plaza.


La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, presidenta.


Señorías, de nuevo la ultraderecha de VOX nos trae una iniciativa que, supuestamente, es una defensa de las mujeres, pero que, en realidad, es un ataque contra las personas migrantes. VOX nunca habla de igualdad; entre otras cosas, no
habla de igualdad porque no saben ni lo que es. Porque los derechos de las mujeres en España han avanzado



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gracias a movimientos feministas, gracias a las asociaciones de mujeres, gracias a leyes impulsadas por gobiernos progresistas, y todo esto ha sido a pesar de VOX.


Y por respeto a las mujeres que nos han precedido, voy a decir las cosas de la manera más clara que sé hacerlo. A mí me avergüenza que en el siglo XXI haya partidos como VOX, pero más me avergüenza que haya una mujer utilizando a las
mujeres para ir contra las personas inmigrantes; es vergonzoso. (Rumores). Lo que han traído aquí no es una propuesta para proteger a las mujeres; lo que han traído aquí es una propuesta para señalar, para estigmatizar y, sobre todo, para
alimentar el miedo contra las personas por su origen. Ustedes utilizan a las mujeres como excusa para difundir un discurso xenófobo y racista, y las mujeres no somos una herramienta para enfrentar a unos ciudadanos contra otros. No somos una
coartada para sembrar odio, porque ustedes hablan de inmigración durante páginas y páginas en su PNL, pero apenas hablan de igualdad. Hablan de fronteras, de deportaciones, de expulsiones, pero no hablan de educación en igualdad, no hablan de
prevención, no hablan de autonomía económica, no hablan de recursos para las víctimas y no hablan de corresponsabilidad.


Además, vuelven a mentir. De nuevo, vuelven a mentir cuando hablan de regularizaciones masivas. No es cierto, no existe ninguna regularización masiva; no es cierto. Lo que existe es una iniciativa extraordinaria dirigida a personas
inmigrantes que ya viven en nuestro país -lo saben perfectamente-, personas que ya trabajan con nosotros, que ya forman parte de nuestra sociedad, que necesitan seguridad jurídica para poder desarrollar su proyecto de vida. Dejen de mentir a la
ciudadanía. A ver si se enteran de una vez de que el problema de la violencia contra las mujeres no tiene nacionalidad -a ver si se enteran de una vez-, lo que tiene es una raíz muy clara: es el machismo y la sociedad patriarcal en la que vivimos,
esa que tanto defienden ustedes. Cuando una mujer es agredida, lo último que necesita es que alguien utilice su miedo para sembrar odio contra otras personas. Además, cuando hablamos de personas inmigrantes, también estamos hablando de mujeres que
huyen de esas violencias, de mujeres que huyen, pero que a ustedes les dan exactamente igual. También hablamos de familias que buscan una oportunidad y de niños y niñas que merecen exactamente la misma dignidad que cualquier otro ser humano.


Miren, no nos van a dar lecciones. VOX no nos va a dar lecciones sobre la protección de las mujeres un partido que niega la violencia de género, que cuestiona los consensos internacionales en materia de igualdad y que vota sistemáticamente
contra iniciativas destinadas a proteger a las víctimas. No nos va a dar lecciones un partido que tiene entre sus filas a un condenado por violencia de género. Lecciones, ni una. (Aplausos). Y lo peor de todo es que el Partido Popular está
pactando con VOX en las comunidades autónomas. Veremos a ver qué hace ahora Moreno Bonilla en Andalucía, porque tiene pinta de que va por el mismo camino que en Castilla y León.


Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, vamos a votar en contra de esta infame PNL. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plaza.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora NacarinoBravo.


La señora NACARINOBRAVO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.


La aportación más reconocible de VOX a la política española es la perspectiva de origen. El origen lo explicaría todo. Si hablamos de vivienda, nos dirán que el problema es que los inmigrantes nos quitan las casas a los españoles; o el
trabajo, si hablamos de empleo. Si hablamos de educación, nos recordarán que el alumnado extranjero lastra el aprendizaje del español. Y si hablamos de violencia de género, señalan la inmigración como una amenaza contra la seguridad de las
mujeres. Como sucede con todos los discursos populistas, su éxito consiste en mezclar dosis de exageración y demagogia con una parte de verdad. Pero esa parte de verdad no puede desatenderse ni ocultarse, porque hacerlo tiene graves consecuencias
para la convivencia y para la vigencia de la democracia liberal. Recuerden aquello de que toda realidad ignorada prepara su venganza.



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La violencia contra las mujeres no es una situación importada, como sugiere VOX. Nosotros les damos la bienvenida a esta preocupación, pero me temo que ya ha estado aquí mucho antes de que se intensificaran los flujos migratorios. Pero no
negaré, como sí hace el Gobierno, las estadísticas: los extranjeros están sobrerrepresentados en la comisión de delitos contra la integridad física y la libertad sexual de las mujeres; en el caso de algunas nacionalidades, muy sobrerrepresentados.
Por cierto, también las extranjeras están sobrerrepresentadas entre las víctimas y no puede haber víctimas de primera y de segunda.


Además, en su exposición de motivos VOX se refiere a las chapuzas legislativas y a las negligencias del Gobierno que han supuesto un riesgo para la seguridad de las mujeres: excarcelación de delincuentes sexuales o fallos graves en los
sistemas de protección de víctimas de violencia. Comparto su reproche, señorías de VOX, pero me temo que de todo eso no pueden echarles la culpa a los inmigrantes. La izquierda ha cometido errores terribles; algunos pueden explicarse como
tropiezos, pero otros son el resultado consciente, voluntario y cerril de la ideología. Quizá el peor de todos haya sido el de la colectivización de la culpa. Nos dijeron que todos los hombres eran maltratadores en potencia, violadores en
potencia; extendieron las sospechas sobre nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos; el peligro acechaba a la mujer en cualquier esquina. Era populismo, claro, pero al populismo pueden jugar todos. Entonces llegó otro
populista y les dobló la apuesta: cambiaron la perspectiva de género por la perspectiva de origen y colectivizaron la culpa. Ya no eran los hombres, eran los extranjeros. Convirtieron a todos los inmigrantes en delincuentes, en violadores en
potencia, alimentando los prejuicios y la xenofobia contra personas perfectamente inocentes. El origen convertido en pecado original, en estigma y en destino.


Señorías de VOX, creemos que en su PNL hay muy poca vocación constructiva y demasiada intención propagandista. Es inconcreta, técnicamente pobre y jurídicamente dudosa. Si alguna vez quieren hablar en serio sobre la seguridad de las
mujeres, estaremos encantados de sentarnos con ustedes.


Termino ya. Señorías, en democracia no cabe la sinécdoque, no tomen el todo por la parte. Al contrario, si me aceptan un consejo, desconfíen siempre de quienes quieren reducir a las personas a su género, su religión, su orientación sexual
o su origen.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Nacarino.


- RELATIVA A LA APROBACIÓN URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003392).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la última proposición no de ley, relativa a la aprobación urgente de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
No se ha presentado ninguna enmienda.


Tiene la palabra el señor De los Santos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de esta proposición no de ley.


El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


La primera idea que me gustaría trasladar es que no, nosotros, el Partido Popular, no queremos que toda la izquierda entre en la cárcel, solo que quienes delinquen paguen sus deudas con la democracia. Esto se lo digo por las reflexiones de
don Pablo Iglesias, el que fue vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Más allá de los que defienden el régimen dictatorial venezolano, del que miles de mujeres huyen a través del paso de Cúcuta y después son raptadas por tramas de corrupción
que las convierten en esclavas, sigue habiendo ciudadanos, como el señor Ábalos, que hacen posible que esas mafias



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existan. Siguen existiendo hombres, como el señor Ábalos, que consumen el cuerpo de las mujeres como si fueran simples objetos. Don José Luis Ábalos, el que fuera ministro de infraestructuras del Gobierno de P. S.; si alguien tiene dudas
de a quien hace referencia esto, es a Paco Salazar. No se olviden que Paco Salazar es un presunto agresor sexual, que -sí, presuntamente- abusaba de sus compañeras mujeres nada más y nada menos que en el Palacio de la Moncloa y con el silencio de
algunas compañeras de partido, como el de la señora María Jesús Montero. El señor Ábalos, además, con el dinero de todos y de todas pagaba a estas mujeres prostituidas, la última esclavitud del siglo XXI, presidenta.


Casi 50 millones de seres humanos viven bajo este horror, bajo esta lacra. Imagínense que todos los españoles y españolas fuéramos víctimas de una esclavitud, la última del siglo XXI, que estamos obligados a borrar para siempre de la faz de
la tierra, pero que preferimos mirar para otro lado cuando, por ejemplo, tenemos al hombre fuerte de nuestro partido -sí, me refiero al señor Ábalos- consumiendo prostitución, diseñando sus viajes de partido por la cercanía de los prostíbulos o
repartiéndose a las mujeres como si fueran objetos, diciendo que algunas se lo montan -abro comillas- 'que te cagas'. En el Partido Socialista miran para otro lado, yendo en contra de sus siglas, de lo que han defendido durante tanto tiempo y de
ese movimiento feminista que nos ha traído hasta aquí; un movimiento feminista que les exige, entre muchas otras cosas, que por fin demuestren que sí, que son abolicionistas.


Con la Directiva europea 2024/1712 tenían la excusa perfecta, ya que no han sido capaces en estos ocho años de demostrar de verdad cuán feministas son, cómo están de verdad del lado de esas mujeres que sufren las mafias de la trata. Pero
han decidido una vez más no cumplir con sus obligaciones, no trasponer una directiva que es clarísima, que armoniza en toda la Unión Europea este delito y que lo que pretende es erradicarlo. ¿Les parece que no es bastante tener el segundo
prostíbulo más grande de Europa en territorio español? ¿No es suficiente con saber que en algunos paradores nacionales, con el conocimiento del que era presidente de esa empresa pública, el señor Ábalos, secretario de organización del PSOE y
ministro de P. S., estaba abusando de mujeres prostituidas? El 15 de julio expira el plazo; el 15 de julio, una vez más, España se pone a la cola de la defensa de los derechos de las mujeres; el 15 de julio, los españoles, con nuestros impuestos
cada vez más abultados, tendremos que pagar la multa que nos imponga la Unión Europea por no haber traspuesto una directiva que es de justicia. Cuando firmamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Partido Popular y
llevado a cabo por doña Dolores Montserrat, todos teníamos claro lo que firmábamos. Por cierto, Podemos no firmó.


Ahora que hemos reeditado ese pacto de Estado, considerábamos que esta trasposición de la directiva era algo no solamente de obligación moral, sino de obligación legal. Pero ¿qué se puede pedir, en lo que a moral se refiere, a quienes han
ocultado -insisto- a los que abusaban de mujeres prostituidas? ¿Recuerdan el nombre de don Francisco Enrique Gómez? Sí, es el tío de la mujer de P. S., el que tiene una sentencia firme del Tribunal Supremo por haber tenido a una mujer de origen
rumano retenida y obligada a prostituirse (rumores) y, además, otra sanción administrativa por tener otras once mujeres migrantes retenidas contra su voluntad, obligándolas a prostituirse en uno de esos espacios -el prostíbulo llamado Kilómetro 80-
en los que se esclaviza a las mujeres. Porque aquí se les llena la boca a algunos hablando de los derechos de los migrantes, pero las mujeres prostituidas, la mayoría migrantes sin papeles, no les importan nada.


Basta de hipocresía, basta de defender a quien más daño hace a las mujeres y, por favor, después de ocho años en el Gobierno al menos hagan algo que merezca la pena en favor de las mujeres. Traspongan una directiva que es de obligado
cumplimiento y no carguen a los españoles y a las españolas con más costo, porque ya es bastante con el que hemos tenido que asumir de los gastos en prostitutas del señor Ábalos.


Muchas gracias. (Aplausos).



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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De los Santos.


En la toma en consideración, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Boada.


La señora BOADA DANÉS: Gracias, presidenta.


La verdad es que es la primera vez que suscribimos casi la totalidad de una PNL presentada por el Grupo Popular, pero después de esta intervención está clarísimo que no compartimos ni los motivos ni la manera de afrontar y presentar este
tema, que es de vital importancia, ni que se aproveche para hablar de otras cosas que no tienen como centro acabar con esta lacra, que es el crimen de tráfico de personas. Así que, aunque vamos a votar a favor, aprovechamos para mandar dos
mensajes.


El primero: es de una urgencia clamorosa tramitar y aprobar una ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan a las mujeres, que constituyen
formas de violencia machista. Es incomprensible que un anteproyecto de ley orgánica que ya se fraguó en el anterior Ministerio de Igualdad y que se llevó al Consejo de Ministros en 2022, más de cuatro años después, no haya llegado aún al Congreso.
Además, ahora ya no se trata de una ley pionera, sino de trasponer con urgencia la Directiva 2024/1712, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, que refuerza las obligaciones de los Estados
miembros en materia de prevención, persecución y protección.


Segundo mensaje: en esta PNL se intuye esta obsesión por parte de algunos partidos de equiparar trata a prostitución. Según datos de las Naciones Unidas, alrededor del 80 % de los casos de trata registrados a nivel mundial correspondió a
la trata con fines de explotación sexual. De hecho, dos terceras partes de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres y niñas. La gran mayoría de ellas son jóvenes que han sido engañadas con falsas promesas de empleo y después
violadas, drogadas, encerradas, golpeadas o amenazadas con actos de violencia o a las que se han impuesto deudas, se ha despojado de su pasaporte o se ha chantajeado. Todo esto son datos que recoge la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, la agencia que lucha contra el crimen organizado transnacional.


La trata de seres humanos es un delito atroz, así que para nuestro grupo es importante que esta ley combata la trata de personas, especialmente la que sufren las mujeres con fines de explotación sexual, que es la más mayoritaria, porque esto
es un crimen y es una forma de esclavitud moderna. Esperamos que no se aproveche para desarrollar un prohibicionismo de la prostitución que persiga a las trabajadoras sexuales que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, sino que se
pongan todas las herramientas y recursos para perseguir un crimen que destroza vidas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Boada.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Nos presenta hoy el Grupo Popular una iniciativa para instar al Gobierno a cumplir sus compromisos -da hasta risa decir esto, señorías del PP- y crear una ley orgánica integral contra la trata y la explotación que llevan desde 2022 diciendo
que van a hacer y todavía no han hecho. Me sorprende mucho, señorías del PP, que ustedes todavía, a estas alturas, sigan creyendo en este Gobierno mentiroso, corrupto y traidor, pero parece ser que lo hacen. La señoría de SUMAR ha dicho incluso
que está completamente de acuerdo con esta PNL y el discurso de la anterior interviniente respecto a nuestra PNL podía haber sido perfectamente de alguien del PSOE o de SUMAR, así que no solo se lo creen, sino que les apoyan. En fin.


La explotación sexual de las mujeres y la trata es un grave problema que afecta a nuestro país -de eso no hay duda- y sería deseable poder acabar con él. Ustedes dicen que en España, según fuentes del Ministerio de Igualdad, el 80 % de las
114 000 mujeres



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que se dedican a la prostitución están en riesgo de trata y explotación sexual. (Rumores). Es decir, hay unas 90 000 mujeres según ustedes...


Perdone, señora presidenta, pero es que estoy oyendo todo el rato que están hablando y, francamente, me está molestando. Si les puede decir, por favor, que se vayan fuera, como les ha dicho, porque me molestan.


La señora PRESIDENTA: Sí, por favor.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: ¡Qué gusto!


Como decía, hay 90 000 mujeres en riesgo de trata o explotación sexual. Según fuentes policiales y noticias en la prensa, la mayoría de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual han entrado ilegalmente en nuestro país, captadas y
engañadas por redes criminales que se dedican a ello -lo ha dicho precisamente el señor De los Santos-, y consiguen entrar fácilmente en España gracias a las políticas de fronteras abiertas que existen en nuestro país.


Nosotros creemos, tal como hemos manifestado en múltiples ocasiones, que la existencia de personas ilegales en nuestro país favorece a las mafias que se dedican a captarlas para explotarlas sexualmente, porque estas mujeres que se encuentran
sumergidas, es decir, desaparecidas, que nadie las tiene registradas, no existen. Debido a esto es muy difícil solucionar un problema que no se encuentra bajo el radar de las Administraciones y de la policía, y la posibilidad de ayudar a estas
mujeres se reduce drásticamente. De hecho, según sus propios datos, en 2023 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberaron a 1466 mujeres víctimas de explotación sexual. Si tenemos en cuenta los datos del Ministerio de Igualdad que
ustedes mencionan, solo han liberado al 1,6 % de ellas, es decir, un absoluto desastre.


Lo que nosotros creemos que hay que hacer, y que no paramos de decir, es controlar las fronteras y no permitir que entren a España inmigrantes irregulares, que nadie sabe quiénes son ni a qué vienen y que quizás muchos se van a dedicar a
explotar mujeres. Esa es la realidad, por mucho que ustedes digan que somos racistas, porque no es así. También hay que aumentar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que puedan desarticular y perseguir estas redes
criminales, y, sobre todo, endurecer las penas para violadores y proxenetas. Pero claro, el Gobierno más feminista de la historia no quiere hacer nada de esto por dos razones: una, porque se han dedicado a ello y, dos, porque no les interesan nada
las mujeres.


Como he dicho antes, no podemos apoyar esta iniciativa, entre otras cosas, porque, además de instar a un Gobierno -que ya sabemos que es imposible-, lo que hace es defender el pacto de Estado contra la violencia de género -que también
sabemos que no está funcionando- y despilfarrar el dinero y, además, quiere transponer las directivas europeas, con lo que, como comprenderán, nosotros no estamos de acuerdo. Por todo ello, no podemos votar a favor.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Aguirre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cobo.


La señora COBO PÉREZ: Gracias, presidenta.


La trata con fines de explotación sexual es una de las violencias más crueles contra los derechos humanos, la expresión más extrema de la desigualdad y la mercantilización de los cuerpos de mujeres y niñas, atentando contra su libertad, su
integridad y su dignidad. Según Naciones Unidas, el 96 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, muchas de ellas menores. En España, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
registró en 2023 que el 97,6 % de las víctimas de trata sexual son mujeres y niñas. La prostitución y la trata están íntimamente ligadas; sin demanda de prostitución no existe la trata, son dos caras de la misma moneda. Por ello, se debe trabajar
para abolir la prostitución, convencidos de que la libertad y la



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igualdad de las mujeres son incompatibles con su mercantilización. Por tanto, debemos abogar por un futuro en el que ninguna mujer, niña o niño sea tratado como mercancía y en el que sus derechos y dignidad sean plenamente respetados.


El compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es con las víctimas. Debemos reforzar las políticas públicas feministas, aumentar la protección de las víctimas, combatir las nuevas formas de captación digital y desincentivar la demanda de
prostitución como elemento imprescindible para erradicar las redes de explotación sexual. La trata de mujeres y niñas y su estrecha relación con la prostitución y la pornografía tiene un marcado sesgo de género. Por eso, para erradicarla, además
de perseguir a los delincuentes y reparar a las víctimas, es imprescindible reducir la demanda masculina. Para ello las políticas feministas son incuestionables, salvo para los negacionistas de la extrema derecha y el Partido Popular, que le da
coartada política.


La trata constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que afecta de manera abrumadora a mujeres y niñas, especialmente en contextos de vulnerabilidad, pobreza, migraciones forzadas o conflictos. Debemos alertar del
papel creciente de las tecnologías digitales y de la pornografía en los procesos de captación, explotación y normalización de la violencia sexual contra las mujeres, de ahí la importancia de impulsar el anteproyecto de ley orgánica contra la trata,
incluido en el Plan Anual Normativo del Gobierno 2026, aprobado en Consejo de Ministros el 5 de mayo. Es una norma necesaria y largamente demandada, que permitirá avanzar hacia un marco integral de prevención, protección y persecución de todas las
formas de trata y explotación, reforzando los derechos de las víctimas y mejorando la coordinación institucional.


El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, está trabajando en la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y Explotación de Seres Humanos. En ese texto de
ley se incorporarán modificaciones necesarias para mejorar los procedimientos de detección, identificación y protección a las víctimas, así como la coordinación entre los actores implicados, reforzando el papel de las entidades sociales. Esta ley
dará cumplimiento a las obligaciones derivadas de los convenios internacionales ratificados por España y de la normativa europea en materia de trata y explotación de seres humanos. Con esta ley orgánica se da un paso más en la protección de los
derechos humanos, la libertad, la integridad, la salud y la dignidad de las víctimas y contra la esclavitud del siglo XXI.


La prioridad del Grupo Parlamentario Socialista es defender el principio de igualdad ciudadana; señorías del Partido Popular, su prioridad son los pactos con VOX, romper ese principio de igualdad ciudadana. Su prioridad está basada en
odio, en discriminación y en dividir y fracturar la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cobo.


Finalizado el debate de todas las proposiciones no de ley, procederemos a las votaciones.


Señorías, les recuerdo que tienen que sentarse en los escaños asignados a sus grupos para que podamos realizar las votaciones. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


La señora PRESIDENTA: Vamos a votar por el orden recogido en la convocatoria y no como hemos intervenido.


Empezamos con la primera proposición no de ley, relativa a la creación del cupo laboral trans.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 6; en contra, 17; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley para proteger a las víctimas contra los efectos del negacionismo de la violencia de género.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 32; en contra, 3.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Tercera proposición no de ley, relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que acuden a centros sanitarios a realizar una interrupción voluntaria del embarazo y garantía de los derechos del personal que
trabaja en ellos.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 4, relativa a la aprobación de un protocolo específico frente a las agresiones, el acoso y las violencias sexuales dirigidas contra las mujeres trabajadoras en el ámbito penitenciario.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 3; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 5, para reforzar los derechos de las mujeres y garantizar una atención respetuosa y de calidad en el embarazo, parto y posparto.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 6, para la reducción de la brecha de pobreza de tiempo.


Se vota incorporando la enmienda presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley número 7, relativa a la aprobación urgente de la ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; abstenciones, 18.



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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno.


Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


En consecuencia, siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.