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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 586, de 16/06/2026
cve: DSCD-15-CO-586
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 586
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA CARMEN CASTILLA ÁLVAREZ
Sesión núm. 25
celebrada el martes,
16 de junio de 2026
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la mejora de los recursos materiales y humanos de la Guardia Civil, así como la revocación inmediata de la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) n.º 8 destinado en el archipiélago canario. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001760) ... (Página3)
- Relativa a incrementar los medios de los cuerpos policiales para atajar las actividades de delincuencia organizada/crimen organizado como una amenaza para el Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/002134) ... (Página7)
Modificación del orden del día ... (Página10)
- Para proceder a la apertura inmediata de una oficina de documentación de la Policía Nacional de manera permanente en la ciudad de Sant Cugat del Vallès. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/003316) ... (Página10)
- Relativa a las actuaciones ante supuestos de personas desaparecidas y fallecidas en itinerarios migratorios. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/003375) ...
- Relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003476) ...
- Relativa a la falta de examinadores de Tráfico en Navarra y la lista de espera para realizar la prueba para la obtención del permiso de conducir. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002864) ...
Debate y votación de la siguiente solicitud de creación de subcomisión:
- Para la elaboración de un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000024) ... (Página29)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página32)
Solicitud de creación de subcomisión. (Votación) ... (Página33)
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE INTERIOR CELEBRADA EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2026
Se abre la sesión a las once y cuatro minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Buenos días a todos y a todas.
En primer lugar, de conformidad con el artículo 68.2, se propone la modificación del orden del día, si no hay ningún problema, a petición de dos de los grupos proponentes, de modo que quedaría del siguiente modo: se debatirá primero la
última proposición no de ley, la número 6, y a continuación las restantes, las números 1, 2, 4 y 5, excepto la 3, que se debatiría la última. El Grupo Parlamentario Socialista y el señor Alberto Catalán nos han manifestado que tienen problemas con
el tren, por lo que nos han pedido la modificación del orden del día, y, evidentemente, se trata de una causa justificada. (Asentimiento).
No obstante, como el portavoz del grupo proponente de la que íbamos a debatir en primer lugar, la sexta, no se encuentra en la sala, porque, como saben ustedes y para la gente que nos está viendo, simultáneamente se celebran hoy múltiples
comisiones en el Congreso, y ya hemos esperado unos minutos, vamos a comenzar el orden del día con el punto número 1.
Y, respecto al orden de las restantes, vamos a ser flexibles, según vayan llegando los ponentes, para poder debatir todas las proposiciones no de ley. (Asentimiento).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA MEJORA DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA GUARDIA CIVIL, ASÍ COMO LA REVOCACIÓN INMEDIATA DE LA DISOLUCIÓN DEL GRUPO DE RESERVA Y SEGURIDAD (GRS) N.º 8 DESTINADO EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001760).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la mejora de los recursos materiales y humanos de la Guardia Civil, así como la revocación inmediata de la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) N.º
8, destinado en el archipiélago canario, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos, el señor Rojas.
El señor ROJAS MANRIQUE: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
La proposición no de ley que debatimos hoy nace de una realidad incontestable, y es que la Guardia Civil en Canarias está haciendo más con menos: más población, más presión migratoria, más exigencias operativas, y, sin embargo, recursos
insuficientes para garantizar un servicio en las condiciones que merecen los ciudadanos y los propios agentes. Canarias presenta unas singularidades que nadie puede ignorar. La dispersión territorial, la presión turística, el crecimiento
poblacional y la condición ultraperiférica exigen una planificación específica de medios humanos y materiales y, sin embargo, la respuesta del Ministerio del Interior continúa siendo insuficiente.
Por ello, esta iniciativa plantea, en primer lugar, la actualización de los catálogos de puestos de trabajo para adaptarlos a la realidad actual de nuestras islas; señorías, no se pueden seguir dimensionando las plantillas únicamente con
criterios que no reflejan la población real que soportan muchos municipios canarios.
En segundo lugar, solicitamos la dotación urgente de vehículos mampara para el traslado de detenidos; es una carencia conocida y desde hace años denunciada. Además, debemos señalar que el déficit no se limita solo a estos vehículos;
también existe una falta evidente de vehículos celulares adaptados para el traslado seguro de personas detenidas, una necesidad operativa que afecta directamente al trabajo diario de numerosas unidades.
En tercer lugar, reclamamos medios materiales adecuados para el desempeño de las funciones policiales. Y aquí quiero hacer una referencia a dos cuestiones que preocupan especialmente a los agentes: la primera es la necesidad de garantizar
un stock suficiente de chalecos individuales de protección en todas las tallas, pues no es admisible que los agentes tengan dificultades para disponer de un chaleco adaptado a su complexión física -la protección individual no puede depender de
problemas logísticos o de suministro-, y la segunda es avanzar en la dotación de dispositivos táser para las unidades de seguridad ciudadana, que, como todos sabemos, se trata de una herramienta que permite resolver situaciones de riesgo, reduciendo
la necesidad de recurrir a medios más lesivos e incrementando la seguridad tanto de los agentes como la de los ciudadanos.
Por supuesto, esta PNL tiene un objetivo fundamental, que es garantizar la estabilidad del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 en Tenerife. Señorías, rectificar es de sabios, y parece que el Gobierno lo ha hecho respecto a la intención
inicial de trasladar esta unidad fuera de Tenerife, apostando finalmente por su permanencia en nuestra isla, lo cual celebro. Si esta decisión termina confirmándose, será una buena noticia para la seguridad de Canarias y también respecto al
resultado de la presión ejercida por las asociaciones de la Guardia Civil, los propios agentes afectados, sus familias y el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, así como en el Cabildo de Tenerife y el Parlamento de Canarias, que
desde el primer momento defendió la continuidad del GRS 8 en Tenerife.
No obstante, ahora no nos podemos quedar aquí; es necesario pasar de las palabras a los hechos, y por ello solicitamos que el Ministerio del Interior comunique oficialmente a todos los componentes del GRS 8, además de cuál será su ubicación
definitiva, cuáles son los plazos que maneja el Gobierno para que las nuevas instalaciones estén plenamente operativas. Los agentes y sus familias merecen certidumbre; después de meses sin ella, es momento de ofrecer información clara, compromisos
concretos y fechas ciertas. El GRS 8 ha demostrado sobradamente su utilidad y su importancia estratégica en Canarias. Ha intervenido en emergencias, en dispositivos de seguridad de gran complejidad y en situaciones extraordinarias que han
requerido una respuesta rápida y especializada. Su permanencia no es una cuestión corporativa, sino de seguridad para todos los canarios.
Señorías, esta iniciativa pide medios, planificación y respeto hacia quienes garantizan nuestra seguridad cada día. Mientras que estas carencias siguen sin resolverse, los españoles soportan una presión fiscal cada vez mayor y observan como
sus servicios públicos esenciales continúan presentando importantes deficiencias. Los ciudadanos merecen un Gobierno centrado en resolver problemas y no distraído por escándalos de dudosa legalidad, polémicas o debates ajenos a sus preocupaciones
reales. Frente a ello, nosotros traemos hoy propuestas concretas, útiles y necesarias para mejorar la seguridad de los canarios y las condiciones de trabajo de nuestros agentes. Por responsabilidad con los ciudadanos y por justicia con nuestros
agentes, les solicito el apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX.
Para su defensa, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Rojas, por esta iniciativa, que nos da la oportunidad de ratificar una vez más el apoyo de VOX a la Guardia Civil, y en este caso a la unidad GRS 8, a la que ya ha manifestado su apoyo total incluso antes de llegar a
esta comisión. No sé si es que el ministro Marlaska -el peor ministro del Interior que hemos tenido en toda la historia, y mira que había antecesores que pusieron el listón muy alto- castiga a todos aquellos que quieren hacer bien su trabajo,
porque no entiendo por qué al GRS se le castiga de esta manera, o se lanzan esos globos sonda desde el propio ministerio, aunque luego hayan recogido cable.
Nosotros consideramos que la Guardia Civil resulta fundamental, y más en sitios como las islas Canarias -lo hemos comentado antes-, donde simplemente por la dificultad de
su orografía, es vital, y digo vital porque, cuando hace falta, los primeros en llegar son ellos, como, por ejemplo, demuestran frente a la crisis de inmigración ilegal, sin precedentes, que tenemos actualmente. Por eso digo que no sé si es
un castigo por parte del ministerio por hacer su trabajo y, a todas luces, mejor que cómo lo está haciendo el ministerio. Creo que la política de escaparate que practica este Gobierno y el ministro Marlaska nos lleva a esta situación. Acuérdense
de la propuesta de aquellos quioscos de comida rápida para la Guardia Civil. Ese es el tipo de ideas que muchas veces tiene este ministerio; y ahora le ha tocado al GRS, aunque parece ser que quieren rectificar.
Nos preocupa muchísimo la sola idea de que se pase por la cabeza del ministro desmantelar una unidad como esta, y es que la Guardia Civil está demostrando que está por encima del Estado a la hora de cumplir con su obligación, porque estamos
viendo cómo la directora de la Guardia Civil y otros cargos políticos están resultando salpicados y señalados por la justicia. La Guardia Civil no se ha dejado amedrentar y sigue haciendo su trabajo, y creo que eso es lo que realmente molesta a
este Gobierno, que la Guardia Civil esté haciendo honor a su compromiso con los españoles y está donde hace falta. Saben que muchas veces son la única defensa, la única ayuda que tienen los españoles, y, concretamente, los canarios.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa, y la pregunta es simple: ¿Queremos una Guardia Civil fuerte o queremos agentes enviados a trabajar en inferioridad de condiciones y de medios, con un salario por debajo de lo que
les corresponde y sin ser reconocida la suya como profesión de riesgo? Eso es lo que hemos de tener claro. Nuestro apoyo a la Guardia Civil va a seguir siendo incondicional, como lo ha sido durante todos estos años, porque donde el Estado se ha
dedicado a sumergirse en la ponzoña de las cloacas la Guardia Civil ha mantenido el honor izado, como esa divisa tan importante que siempre ha mantenido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Muchas gracias, presidenta.
Tengo preparada la intervención y luego continuaré con ella, pero es que me ha dejado patidifuso la expresión que ha utilizado el diputado de VOX cuando ha dicho que la Guardia Civil está por encima del Estado, esto es, hay una institución
policial que está por encima de cualquier norma, ley o factor de organización social con la que nos hayamos dotado; prueba clara de que a lo que aspira VOX es a un Estado autoritario, policial y sin garantías ni derechos, puesto que, según su
portavoz, la policía está por encima de la ley. Gracias por decirlo de manera tan explícita. (Aplausos).
En todo caso, creo que no solo esta proposición no de ley, sino declaraciones como esta hacen flaco favor a la Guardia Civil y al trabajo que realiza como policía en un Estado democrático, primero, porque, si uno escucha al Partido Popular,
parece que la Guardia Civil en Canarias se encuentra en una situación de abandono generalizado, y, sin embargo, cuando acudimos a datos e información disponible, es verdad que este relato no resulta tan cierto. Necesidades seguro que hay, pero la
realidad es que en los últimos años se ha incrementado la oferta de empleo público de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han recuperado efectivos y se han ampliado catálogos de puestos de trabajo, y además en Canarias el nivel de
ocupación de la Guardia Civil se sitúa por encima de la media estatal.
Es importante destacar esto, porque, por desgracia, hay una idea que el Grupo Plurinacional SUMAR tiene que utilizar a menudo en esta comisión, y es que la seguridad pública no puede gestionarse a golpe de titular ni, desde luego, a golpe de
iniciativas que pretenden sustituir algunos criterios técnicos por otros que consideremos en esta comisión. La distribución de efectivos, la planificación de recursos o la asignación de medios materiales deben responder a evaluaciones operativas
permanentes y criterios objetivos, pero, desde luego, no a una competición entre territorios para ver quién consigue formular
la reivindicación más llamativa. El Grupo Popular plantea que faltan vehículos para el traslado de detenidos, que faltan todoterrenos para la Policía Judicial y que hay una situación crítica en el GRS 8. Sin embargo, existen vehículos en
servicio, se adquieren otros nuevos, continúan planes de renovación, etcétera.
Esto no significa que no existan problemas; claro que los hay, en Canarias y en muchos otros lugares, como existen dificultades respecto al acceso a la vivienda o necesidades de modernización de infraestructuras, o hay debates pendientes
sobre condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero precisamente por eso creemos que los debates merecen ser abordados con seriedad y desde una perspectiva global y no ser utilizados como excusa para construir discursos que, en realidad,
acaban derivando en convergencia entre las derechas para atacar al Gobierno y no tanto para abordar las necesidades reales de la Guardia Civil. Nosotros defendemos unos servicios públicos que estén bien dotados, planificados con criterios objetivos
y capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía. Lo que no compartimos es la utilización de esos legítimos debates para alimentar un relato de agravio permanente que los propios datos desmienten.
Por tanto, nuestro grupo votará en contra de esta PNL.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Poblador.
La señora POBLADOR PACHECO: Señorías, antes de nada, quiero trasladar nuestro reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan servicio en Canarias. Su trabajo diario, en condiciones complejas, con
una orografía difícil y en muchos casos lejos de sus familias, garantiza la seguridad de nuestros ciudadanos y merece respeto y apoyo institucional, pero también, señorías, rigor cuando hablamos de su situación. Por ello resulta difícil compartir
el diagnóstico que hoy plantean el Grupo Popular y VOX, porque, cuando se analizan los datos, la realidad es muy distinta al escenario que ustedes dibujan. Señorías, se lo repito una vez más: el dato mata al relato.
Durante los Gobiernos del Partido Popular, entre 2012 y 2018, España perdió 13 000 efectivos -lo hemos señalado muchas veces-, lo que supone una reducción de más de 1800 agentes al año. Frente a esa política de recortes, el actual Gobierno
ha impulsado una estrategia completamente diferente, y se han aprobado ofertas públicas de empleo con tasas de reposición del 115, 125 y 130 %, con más de 46 000 nuevas plazas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, si nos centramos
en Canarias, señorías, los datos también desmienten el discurso del Grupo Popular y VOX. A fecha de hoy, el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil en Canarias presenta una ocupación del 84,99 %, cifra superior a la de la media nacional,
situada casi un punto por debajo. Asimismo, el Grupo de Reserva y Seguridad número 8, con sede en Canarias, registra una ocupación del 91,67 %, muy por encima de la media nacional, situada en un 72,81 %. Además, en Canarias se están movilizando
más de 900 millones para la construcción, rehabilitación y modernización de las instalaciones policiales y de la Guardia Civil, a lo que también hay que añadir la mejora de las condiciones laborales y un incremento retributivo superior al 11 % hasta
el año 2028.
Señorías, el Grupo Popular tiene todo el derecho a presentar iniciativas, pero no a reescribir la historia. Y la mejor manera de defender a la Guardia Civil no es utilizarla para la confrontación política, sino lo que viene haciendo este
Gobierno (el señor García Gomis: ¡Sí, sí!): invertir, reforzar, modernizar y reconocer el trabajo de quienes cada día protegen a los ciudadanos de Canarias y también a los ciudadanos del conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Rojas, ¿acepta usted la enmienda?
El señor ROJAS MANRIQUE: Compartimos la preocupación de VOX, pero entendemos que el problema del GRS 8 es mucho más amplio que solo centrado en migración.
La señora PRESIDENTA: O sea, no lo acepta.
El señor ROJAS MANRIQUE: No, mantenemos la redacción original.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- RELATIVA A INCREMENTAR LOS MEDIOS DE LOS CUERPOS POLICIALES PARA ATAJAR LAS ACTIVIDADES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA/CRIMEN ORGANIZADO COMO UNA AMENAZA PARA EL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/002134).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 2, relativa a incrementar los medios de los cuerpos policiales para atajar las actividades de delincuencia organizada/crimen organizado como una amenaza para el Estado, cuyo
autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Recomendaría a los diputados del Grupo Socialista, respecto a cuando dicen que protegen a la Guardia Civil, que lean el informe que recibimos ayer. (Muestra un documento). En estas diez páginas viene a lo que se dedicaba la directora de la
Guardia Civil: a atacar a la UCO, a hacer expedientes informativos... Aquí tienen un resumen de cómo ustedes protegen a la Guardia Civil. (Aplausos).
Y, señorías, si no les protegen frente a las cloacas, menos lo hacen en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. En Canarias cuatro guardias civiles muertos en poco más de dos años ejecutando misiones legítimas del
Estado contra el narcotráfico no son accidentes laborales, como dicen ustedes, sino muertes causadas por la actividad de organizaciones criminales armadas; armadas con armas de guerra, que operan con material de guerra frente a agentes que carecen
de medios proporcionados.
Desde 2018 hasta la actualidad, según respuesta del Gobierno, se han producido más de 240 incidentes con armas de fuego en el Campo de Gibraltar. Según el informe sobre armas de guerra intervenidas en Andalucía durante el periodo 20202025,
se han intervenido 133 armas, en total, siendo 2025 el año de mayores incautaciones de armas de guerra; 43, en concreto: 21 por parte de la Policía Nacional y 22 por parte de la Guardia Civil. Además, el informe anual de Seguridad Nacional, según
datos de 2025 -publicado recientemente, en mayo de 2026-, el COVAM, el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada, ha identificado a más de 600 embarcaciones sospechosas de operaciones de narcotráfico en el Estrecho, frente a
cuatro interceptoras EISTER para mil kilómetros de costa andaluza que tiene la Guardia Civil. El propio informe alerta del aumento del crimen organizado en nuestro país, con sistemas más sofisticados, tanto logísticos como de monitorización. Y,
según datos de la propia Policía Nacional publicados en mayo de 2026, el kilo de cocaína se paga hoy entre 13 000 y 14 000 euros, cuando hace dos años oscilaba entre 28 000 y 32 000 euros. La lectura técnica es inequívoca y la verbalizan los
propios responsables policiales: la droga está a mitad de precio y, por tanto, hay el doble. Así pues, tenemos un problema: entra más droga que nunca y somos la puerta de entrada del hachís y la cocaína en Europa.
En los primeros tres meses del año, la criminalidad aumenta, como también sucedió en 2025, y acabamos de conocer los datos del primer trimestre sobre criminalidad, siendo que los homicidios y los asesinatos han subido un 10,6 %, los
secuestros un 16,7 % y el tráfico de drogas un 2,8 %. España es hoy más insegura -las cifras hablan por sí solas -: entre 2018 y 2025, en los ocho años que ustedes llevan en el Gobierno, el aumento de armas blancas fue de un 52,4 %, la
criminalidad total subió al 16,07 %, los homicidios dolosos un 30 %, los homicidios en grado de tentativa un 77 %, los secuestros un 40,7 %, las violaciones un 215 %, los robos con violencia un 2,28 %, el tráfico de drogas un 60,9 %. La sensación
de inseguridad según el CIS se ha triplicado, pasando del 0,2 % al 0,7 %, y
la tasa de criminalidad cada mil habitantes en 2018 era de 45,4 % y en 2025 cerró con un 50,3 %, es decir, ha subido en cinco puntos. Esta es su gestión en ocho años.
Por eso planteamos esta proposición no de ley, exigiendo inmediatamente un plan de respuesta contra el crimen organizado. Les damos las ideas y, simplemente, les pedimos que las apliquen; que no se dediquen solo a trabajar para las
cloacas, que se dediquen a trabajar para la seguridad de los españoles. Por eso pedimos crear un plan estatal general de acción contra el crimen organizado que tenga respuesta en las distintas zonas geográficas y dividir estas en zonas especiales,
implicando el liderazgo del Ministerio del Interior para coordinar a las Fuerzas Armadas, Defensa, el Poder Judicial, Agencia Tributaria, Inteligencia y, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores. También pedimos integrar todas las bases de
datos policiales bajo el control del Ministerio del Interior, dado que en este momento no se encuentran integradas. Pedimos el aumento de la dotación especializada de recursos humanos contra el crimen organizado. Pedimos modernizar las
instalaciones operativas en zonas estratégicas, unidades de vigilancia de costas y fronteras, así como en las zonas críticas. Pedimos la mejora de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la actividad de control fronterizo en sus
dos vertientes, inspección y vigilancia, así como el refuerzo en la colaboración no solo con agencias internacionales, como Europol, Interpol y Frontex, en el ámbito de la Unión Europea, sino también con la NCA, del Reino Unido, y el DHS, de Estados
Unidos. Y, por supuesto, lo más importante: desbloqueen ya la ley para declarar profesión de riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado...
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ... y que tengan una jubilación digna, como tienen el resto de las policías del Estado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no se ha presentado ningún tipo de enmienda, por lo tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra el señor Alonso, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por tres minutos.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, presidenta.
Señorías, vayamos al grano. Hablan de puertos y clanes, pero no mencionan ni una sola vez los delitos de odio: 934 delitos de racismo y 571 por LGTBIfobia, mientras la islamofobia sube un 133 %. Su silencio no es inocuo, envalentona a
quienes quieren convertir nuestros barrios y ciudades en Belfast o Torre Pacheco. Claro que hay tiroteos, pero los datos son muy tozudos, la mayoría son ajustes entre narcos. Ustedes amplifican esas horas de telebasura para alimentar el relato de
la ultraderecha. Y sobre las penas, ustedes son un disco rayado, siempre la misma propuesta: incremento de penas. Les recuerdo que tienen muy malas cartas, porque de nada sirve endurecer el Código Penal si no se aplican con eficacia y justicia
las leyes que ya tenemos. El Gobierno trabaja en lo que realmente funciona: inteligencia policial, cooperación internacional y, sobre todo, la integración plena de los Mossos d'Esquadra en Europol, como ya hacen los länder alemanes. ¿La apoyan?
Porque su modelo no es Europa, es Estados Unidos; allí esposan niños y los meten en jaulas. Esa crueldad no la queremos aquí. Nosotros miramos a nuestra selección, a esa España multicultural que da pases, que no se cierra a las personas que huyen
del dolor y del hambre y que las trata como vecinos. Ustedes sueñan con una España amarrategui; nosotros gobernamos para la España real, la plurinacional, la que avanza en el campo y en la ciudad. Así que no nos den lecciones. Ustedes tienen
malas cartas y juegan a la confrontación; nosotros siempre vamos directos a barraca.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy es una evidencia muy peligrosa la penetración del crimen organizado, que representa una verdadera amenaza para la seguridad nacional, amén de suponer un gravísimo deterioro cotidiano de la seguridad ciudadana en determinadas zonas de
nuestro país. De una forma muy sensible, por ejemplo, en Andalucía, y especialmente hoy en las provincias de Huelva y Cádiz, que han sufrido y sufren diariamente un rebrote violento del narcotráfico como consecuencia de la decisión absolutamente
inopinada -ni siquiera consultada con la Fiscalía- del ministro Marlaska en el año 2024 de suprimir la unidad OCONSur, una unidad especializada que tenía prácticamente ganada la batalla contra el narco en el Campo de Gibraltar. Una decisión
sospechosa, porque el ministro no ha sido capaz nunca de dar una explicación clara al respecto, por lo que nosotros seguimos diciendo que probablemente en la decisión del ministro influyeron las presiones de Marruecos al respecto. Pero no solamente
es el narcotráfico, es el tráfico de personas, son las grandes tramas de delincuencia económica, son las tramas afectas, desde luego, a la gran ciberdelincuencia organizada. Todas ellas exigen hoy una respuesta integral, eficaz e inmediata por
parte del Estado, que conjugue todos sus recursos -hoy dispersos- para poder hacer patente esa respuesta, y que aumente también la capacidad de integrar las estructuras de respuesta del Estado español en el conjunto de relaciones bilaterales
internacionales efectivas en el ámbito policial y en el ámbito de la inteligencia, para poder dar una mejor respuesta a este fenómeno criminal. Un fenómeno criminal que hoy ofrece en nuestras calles realidades que jamás se habían visto en España:
ejecuciones por parte de sicarios, ajustes de cuentas y tiroteos violentísimos en la vía pública.
Es, por tanto, el momento de reforzar humanamente la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de reforzar las capacidades de inteligencia y de información del conjunto del Estado español, y es imprescindible, asimismo, no
solamente dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios materiales y humanos precisos, sino también del reconocimiento debido, de una vez por todas, de su condición de profesión de riesgo. Aquí sobran los discursos y sobra querer
maquillar la realidad, hay que encarar esa realidad sabiendo que la gran delincuencia organizada, por desgracia, avanza en España como consecuencia de la inoperancia de este Gobierno, que supone una gravísima amenaza para la seguridad de todos los
españoles.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ ANTEQUERA: Buenos días, presidenta.
Señorías.
Parece que vivimos en una realidad paralela, según las derechas. Solo compartimos una premisa básica: es cierto que el crimen organizado constituye una amenaza que requiere una respuesta decidida, inteligente y coordinada del Estado;
requiere medios y también requiere lealtad institucional, esa que, generalmente, no se nos brinda cuando gobernamos desde la izquierda. Precisamente por eso, porque hablamos de una materia demasiado seria, conviene abordarla con rigor y no con
alarmismo o con una sucesión de titulares catastrofistas. La exposición de motivos de esta iniciativa parece describir un Estado prácticamente al borde de la derrota contra los malos, con referencias a escenarios de desestabilización de potencias
extranjeras por parte de la red de delincuencia organizada y, francamente, ese relato no se corresponde con la realidad española ni contribuye a generar confianza en nuestras instituciones.
Esta PNL llega cuando ya se están desarrollando instrumentos estratégicos y de coordinación. España dispone de unas fuerzas y cuerpos de seguridad altamente profesionales y reconocidos internacionalmente, dispone de mecanismos de
coordinación nacionales y europeos y, además, este Gobierno está reforzando permanentemente sus capacidades. De hecho, ya se encuentra muy avanzada la elaboración de la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave,
adaptada a las nuevas amenazas y alineada con las prioridades de la Unión Europea. Asimismo, se ha
creado el Comité Especializado contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, dependiente del Consejo de Seguridad Nacional, precisamente para reforzar la coordinación institucional. Y hay ejemplos concretos: el Plan Especial de
Seguridad para el Campo de Gibraltar ha permitido -a pesar de lo que diga la derecha- incrementar medios humanos y materiales, desarticular numerosas organizaciones criminales y aumentar las incautaciones, obligando a las redes criminales a
modificar sus procedimientos. Pero sí estamos de acuerdo en que hay que seguir reforzando las capacidades de investigación, la inteligencia policial, la cooperación internacional, la formación especializada y los medios tecnológicos;
También nos preocupa especialmente uno de los puntos de esta iniciativa; me refiero a la pretensión de recuperar las competencias en Cataluña y el País Vasco. Detrás de sus propuestas subyace una desconfianza permanente hacia las policías
autonómicas y hacia los mecanismos de cooperación existentes. Nuestras fuerzas policiales no necesitan que se aliente una competición competencial ni sospechas permanentes entre Administraciones, necesitan apoyo real, que es la antítesis de lo que
pasó durante el Gobierno anterior del Partido Popular. Nosotros aumentamos plantillas, medios e inversiones en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y ustedes precarizaron la Policía y la Guardia Civil y la utilizaron para sus intereses.
Frente al alarmismo, rigor; frente a la desconfianza, cooperación, y frente a los discursos que pretenden enfrentar a unos cuerpos policiales con otros, el reconocimiento a todos los profesionales que, en sus respectivas competencias,
trabajan cada día para proteger a la ciudadanía y combatir eficazmente la delincuencia organizada.
Por todo ello, nuestro grupo no puede apoyar esta proposición.
Gracias. (Aplausos).
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Si les parece bien, a continuación, vamos a pasar a la proposición número 4, posponiendo la número 3 hasta que llegue el ponente, como hemos dicho al inicio de esta comisión.
- PARA PROCEDER A LA APERTURA INMEDIATA DE UNA OFICINA DE DOCUMENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DE MANERA PERMANENTE EN LA CIUDAD DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/003316).
La señora PRESIDENTA: Por tanto, pasamos a la proposición no de ley para proceder a la apertura inmediata de una oficina de documentación de la Policía Nacional de manera permanente en la ciudad de Sant Cugat del Vallès. El autor es el
Grupo Parlamentario Popular y, para su defensa, tiene la palabra el señor Parra por tiempo de cinco minutos.
El señor PARRA GALLEGO: Muchas gracias, presidenta.
Comparezco hoy para defender esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular cuyo objetivo es claro y creo que común a todos los grupos de esta comisión: abrir de manera inmediata una oficina permanente para la expedición de
documentación de la Policía Nacional en San Cugat del Vallès, garantizando así un servicio esencial del Estado que hoy sencillamente no existe. Estamos hablando de un municipio que supera actualmente los 95 000 habitantes, uno de los que más está
creciendo actualmente en Cataluña y que, sin embargo, carece todavía de un punto estable de expedición de DNI y pasaporte.
Esta carencia no es un detalle administrativo, es una anomalía que afecta a derechos básicos de todos los ciudadanos y un problema que afecta a toda la provincia de Barcelona. La situación es especialmente grave porque no se limita a San
Cugat, señorías. En toda la provincia de Barcelona conseguir una cita para renovar el DNI o el pasaporte se ha convertido en una auténtica odisea. Los ciudadanos deben conectarse a horas
intempestivas, tienen que refrescar las páginas durante días y, aun así, no pueden obtener cita. Las oficinas están saturadas, las agendas se abren y se cierran en minutos y miles de personas se ven obligadas a desplazarse decenas de
kilómetros para un trámite básico. Garraf, Penedés o Baix Llobregat, no hay comarca que se libre de esta lacra. Pero esto no es una percepción, es un colapso estructural reconocido por asociaciones de consumidores, por los propios usuarios y
también por los datos de disponibilidad publicados por el Ministerio del Interior. Y este colapso se agrava cuando ciudades como San Cugat, con esta población creciente que les comentaba, con una actividad económica intensa y una alta demanda de
servicios, no disponen de una oficina propia.
¿Quién tiene la responsabilidad? El Gobierno y el ayuntamiento. Esta situación tiene responsables claro. En primer lugar, el Gobierno de España, que ha sido incapaz de dimensionar adecuadamente los servicios de documentación en Cataluña.
La ratio de oficinas por habitante es inferior a la media nacional y el Ministerio del Interior lleva años sin reforzar plantillas. ¿Cuántos policías faltan para cubrir la plantilla? En Cataluña, si me permiten, más de 1700; ni se abren nuevos
puntos de expedición ni se cubre la dotación. La consecuencia es evidente: colas, demoras y desigualdad territorial. Pero aquí también debemos llamar la atención al Ayuntamiento de San Cugat, que durante años no ha facilitado un espacio adecuado
para la instalación de una oficina permanente. Un municipio que presume de planificación, de innovación y de calidad de vida no puede ser incapaz de ofrecer un local digno para un servicio esencial del Estado. La cooperación institucional no es
una opción, es una obligación, nuestra obligación, y aquí ha fallado el Gobierno por no ser capaz de ponerse de acuerdo con el Gobierno local.
En el Partido Popular se lo decimos con claridad: reforzar la presencia del Estado en Cataluña es reforzar la igualdad entre españoles. El deterioro o la pérdida de una oficina de documentación es un símbolo de la falta de servicio
público, de la inexistente proximidad institucional y de la pérdida de garantía de derechos. Cuando el Estado se retira, cuando no está donde debe estar, los ciudadanos lo notan, y en Cataluña, donde algunos han intentado erosionar la presencia
institucional del Estado, es más necesario que nunca garantizar los servicios visibles, útiles y permanentes.
¿Qué propone esta PNL? Nuestra iniciativa plantea la apertura inmediata de una oficina permanente de documentación en San Cugat; la dotación suficiente de personal, evitando la sobrecarga de otras oficinas de la provincia que, como les he
explicado, es una constante habitual; la coordinación con el ayuntamiento para disponer de un lugar adecuado y accesible; la mejora de los servicios asociados, incluyendo DNI, pasaporte y documentación, y un compromiso firme del Gobierno para
resolver el colapso de citas en toda la provincia de Barcelona. No pedimos privilegios, pedimos igualdad, eficacia y presencia del Estado. En conclusión, señorías, esta PNL es una respuesta seria a un problema real que afecta a miles de
ciudadanos, es una llamada a la responsabilidad del Gobierno por un problema ciudadano y es, sobre todo, una defensa de la presencia del Estado en Cataluña que nunca debe ser negociada ni diluida. Por todo ello, les pido su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, como no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la señora Madrenas, por un tiempo de tres minutos.
La señora MADRENAS I MIR: Moltes gràcies, senyora presidenta.
El que acaba d'exposar el company del PP no ens agrada absolutament gens, com tampoc compartim, perquè no és el que diu la proposició no legislativa, el que diu que demanen. El que diu que demanen és el que està escrit, i és que hi hagi una
oficina permanent. És veritat que en l'exposició de motius parla de compartir responsabilitats amb l'ajuntament i ens hem de mostrar absolutament en desacord amb aquesta exposició de motius. I ho hem de fer perquè les competències són
claríssimament i exclusivament de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol, que actualment té un govern socialista i de SUMAR i,
per tant, són aquests dos partits del Govern espanyol, perquè això va passar el 2024, que són els únics i absolutament responsables de la situació de perjudici greu que s'està produint en els santcugatencs i santcugatenques.
És important destacar que sempre el Govern espanyol fa el mateix. El Govern convida i els altres ja pagaran. I això no pot ser. No pot ser que a sobre es dediquessin a recollir signatures en el municipi, el Partit Socialista, per intentar
encolomar o traspassar la culpa a l'Ajuntament de Sant Cugat. Escolti, tots els ciutadans de Sant Cugat ja paguen els seus impostos i lamentablement hi ha 22 000 milions d'euros de dèficit dels catalans, que de diners d'impostos que van a Madrid i
que no tornen. Per tant, la paguen de sobres l'oficina aquesta i totes les que calgui. Les responsabilitats són exclusives del Govern espanyol i és una vergonya que encara intentin diluir les culpes, diluir les responsabilitats.
I ara jo no sé què faran els nostres companys, però jo esperaria que votessin a favor perquè entenc que estan supeditats al que digui el ministeri, però és que és una vergonya. Realment és una vergonya que no s'estigui obrint aquesta
oficina necessària de documentació, que es facin els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat de més de 100 000 habitants, de més de 100 000 habitants que es facin voltar per mig Catalunya per anar a fer documentació que és bàsica i a sobre la culpa la
tingui l'ajuntament. És el colmo de la hipocresia.
Per tant, jo espero i desitjo que donin suport a aquesta proposta en el què proposa exactament, que és que l'Estat obri aquesta oficina de forma immediata. No demana res més. Jo tot el que acaba d'argumentar el company del Partit Popular
no hi coincideixo en absolut. Em sembla profundament injust que s'intenti encolomar la responsabilitat als ajuntaments amb les dificultats pressupostàries i de finançament que tenen.
Per tant, hi donarem suport pel redactat exacte final del què es proposa i per deixar palès que els ajuntaments en cap cas han de suportar les càrregues Que no pensa acceptar el Govern espanyol quan són absolutament les seves competències
exclusives.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, señora presidenta.
Lo que acaba de exponer el compañero del PP no nos gusta en absoluto, como tampoco compartimos, porque no es lo que dice la proposición no legislativa, lo que dice que piden. Lo que dice que piden es lo que está escrito: que haya una
oficina permanente. Es verdad que la exposición de motivos habla de compartir responsabilidades con el ayuntamiento, y nos hemos mostrado absolutamente en desacuerdo con esta exposición de motivos. ¿Por qué? Pues porque las competencias son
clarísima y exclusivamente del Estado español, que ahora mismo tiene un Gobierno socialista y de SUMAR y, por tanto, son estos dos partidos del Gobierno español -esto ocurrió en el 2024- los únicos y absolutamente responsables de la situación de
perjuicio grave que se está produciendo a los habitantes de San Cugat.
Es importante destacar que el Gobierno español siempre hace lo mismo: el Gobierno invita y otros pagan, y eso no puede ser. No puede ser que el Partido Socialista se dedicara a recoger firmas en el municipio para intentar traspasar la
culpa o cargar la culpa al Ayuntamiento de San Cugat. Escuchen, todos los ciudadanos de San Cugat ya pagan sus impuestos y, lamentablemente, hay 22 000 millones de euros de déficit de los catalanes, dinero que va a Madrid y que no vuelve. Por
tanto, la responsabilidad es exclusiva del Gobierno español y es una vergüenza que todavía intenten diluir las culpas y responsabilidades.
Yo no sé qué harán ahora nuestros compañeros, pero yo espero que voten a favor, aunque entiendo que están supeditados a lo que diga el ministerio, pero es una vergüenza. Verdaderamente es una vergüenza que no se esté abriendo esta oficina
necesaria de documentación y que los ciudadanos y ciudadanas de San Cugat, un municipio de más de 100 000 habitantes, tengan que recorrerse Cataluña para hacerse documentos que son básicos y que además la culpa la tenga el ayuntamiento. ¡Eso es el
colmo de la hipocresía!
Por tanto, yo espero y deseo que den apoyo a esta propuesta en lo que propone exactamente, que es que el Estado abra esta oficina de forma inmediata, no se pide más. Y con todo lo que acaba de argumentar el compañero del Grupo Popular no
coincido en
absoluto. Me parece profundamente injusto que traten de escurrir las responsabilidades a los ayuntamientos, con las dificultades presupuestarias y financieras que tienen.
Por tanto, daremos apoyo al redactado exacto final de lo que se propone, para dejar patente que los ayuntamientos en ningún caso tienen que asumir las cargas que no piensa aceptar el Gobierno español, cuando son absolutamente sus
competencias exclusivas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro.
El señor ÁLVARO VIDAL: Bon dia.
Gràcies presidenta.
Senyories, anem als fets. Sant Cugat, efectivament, necessita un servei adequat per a l'expedició del DNI i el passaport,i per tant, cal que el Ministeri de l'Interior assumeixi aquesta responsabilitat amb els recursos, la planificació i
els espais necessaris. Aquí no hi ha dubte, aquests són els fets. Ara bé, no acceptem, naturalment, el relat amb el qual encapsula el Partit Popular aquesta demanda justa, on? Des de parlar que l'Estat no és present a Catalunya, bé, és una
novel·la de ciència ficció que ens van col·locant de tant en tant. Suposo que la visita del Borbó a Catalunya no deu ser presència de lEstat. Deu ser un moment de miracle, com a la Sagrada Família. I tampoc acceptem la idea que lajuntament no
hagi fet la feina i delegar la responsabilitat d'aquest problema a l'autoritat municipal.
La realitat, senyories del PP, és justament la contrària. L'ajuntament ha posat facilitats. Ha ensenyat diferents locals i fins i tot ha arribat a fer una tasca gairebé de promotora privada per intentar trobar una solució. I això, siguem
clars, no li correspon al municipi i correspon al ministeri. I en aquest sentit, senyories del PSOE, tinguin clar que no se'n poden desentendre. No facin veure que això no va amb vostès. No sé quina és la consigna que els ha donat el ministre
Marlaska, però és la seva feina. S'han d'arremangar. Senyories del PSOE, vostès governen encara i, per tant, és cosa de vostès. I vostès, en la mesura que avui s'abstenen o no, donen suport a això, el que estan és lesionant als ciutadans de Sant
Cugat i, per tant, que la gent de Sant Cugat sàpiga que si vostès no voten a favor, senyories del PSOE, estan fent un mal a la població. Diguin també a les seves autoritats locals això, vingui la proposta del PP o vingui de qui sigui, perquè és una
realitat la que estan patint.
Per tant, senyories, la gent del Grup Republicà votarem a favor d'aquesta proposta perquè volem que Sant Cugat tingui efectivament un servei com cal i perquè la demanda és justa i necessària. I de pas, demanem al Partit Popular una mica més
de rigor i menys partidisme i tacticisme. Si el misteri no ha fet els deures, no carreguin la responsabilitat en qui no toca. El que cal -repeteixo i acabo presidenta-, és que el ministeri i el govern de l'Estat assumeixi la seva feina, la seva
obligació i garanteixi que els ciutadans de Sant Cugat no siguin discriminats per una tasca tan elemental i bàsica com treure's el DNI i el passaport.
Moltes gràcies.
Buenos días.
Gracias, presidenta.
Señorías, vayamos a los hechos. San Cugat, efectivamente, necesita un servicio adecuado para la expedición del DNI y el pasaporte y, por tanto, el Ministerio del Interior tiene que asumir esta responsabilidad con los recursos, la
planificación y los espacios necesarios; aquí no hay duda, esos son los hechos. Ahora bien, no aceptamos, naturalmente, el relato en el que el PP encapsula esta demanda justa. Habla de que el Estado no está presente en Cataluña, y eso es una
novela de ciencia ficción que tratan de colocar, que van colocando de tanto en tanto. Supongo que la visita del Borbón a Cataluña no era algo del Estado, sino un momento de milagro, como la Sagrada Familia. Y tampoco aceptamos la idea de que el
ayuntamiento no haya hecho su trabajo y delegar la responsabilidad de este problema a la autoridad municipal.
La realidad, señorías del PP, es justamente la contraria. El ayuntamiento ha puesto facilidades, ha ofrecido diferentes locales y ha llegado incluso a la tarea de hacer de promotora privada para encontrar una solución. Y eso, seamos
claros, no le corresponde
al municipio, le corresponde al ministerio. Y en este sentido, señorías del PSOE, tengan claro que no se pueden desentender, no hagan ver que eso no va con ustedes. No sé cuál es la consigna que les ha dado el ministro Marlaska, pero es su
tarea, su trabajo. Tienen que remangarse, señorías del PSOE, porque ustedes gobiernan todavía y, por tanto, les compete. Y en la medida en que ustedes se abstienen o no dan apoyo hoy están lesionando a los ciudadanos de San Cugat. Por tanto, que
la gente de San Cugat sepa que, si ustedes no votan a favor, señorías del PSOE, están haciendo daño a la población. Digan también eso a las autoridades locales suyas; venga la propuesta del PP o de quien sea, porque es una realidad la que se está
sufriendo allí.
Por tanto, señorías, los republicanos votaremos a favor de esta propuesta, porque queremos que San Cugat tenga efectivamente un servicio como hace falta y porque la demanda es justa y necesaria. De paso, pedimos al Partido Popular un poco
más de rigor y menos partidismo y tacticismo. Si el ministerio no ha hecho sus deberes, no carguen las responsabilidades sobre quien no le tocan. Lo que hace falta, repito -y acabo, presidenta-, es que el ministerio y el Gobierno del Estado asuman
sus tareas, sus obligaciones y que garanticen que los ciudadanos de San Cugat no se vean discriminados por una tarea tan elemental y básica como tener su DNI y el pasaporte o renovarlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gràcies, presidenta.
El llenguatge transmet intencions i pot ferir o sanar. Per això vull començar assenyalant que avui sentim paraules que, desgraciadament, des del nostre punt de vista, no cerquen el debat. L'oficina es va tancar perquè l'edifici tenia
problemes de manteniment. Ho reconeixem tots. L'Ajuntament de Sant Cugat, governat per Junts, ha ofert locals però cap compleix els requisits tècnics d'espai que exigeix la Policia Nacional. Mentrestant, s'ha obert una unitat mòbil de
documentació que vagi al municipi que doni servei. L'Ajuntament de Junts ha dit que no, no vol tramitar les cites prèvies. Ho entenem. Ho entenem. Què demana el Partit Popular? Que el Govern central hauria de fer de gestor municipal,
d'arquitecte tècnic i de mediador. Nosaltres això no ho compartim. Si realment volguessin solucionarho, li dirien també a l'equip de Govern que posi el local adequat o ajudarien a ferho, no a entrar el debat aquí. I mentrestant, és veritat, la
gent de Sant Cugat pateix, la gent que necessita el DNI s'ha de desplaçar a Rubí i a Cerdanyola o a Terrassa. No és just. Aquesta proposta, des del nostre punt de vista, és innecessària perquè es podria resoldre en el propi ajuntament i
l'Ajuntament de Sant Cugat també ho sap. Perquè la pilota, des del nostre punt de vista, també està a la seva teulada, encara que hagi fet esforços i ho reconeixem. Els fets són clars. Qui pot desencallar el tema és l'ajuntament, trobant un local
vàlid i la resta de vegades només és xivarri. És el que ha fet el Partit Popular.
Gràcies.
Gracias, presidenta.
Quiero empezar por decir que hoy oímos palabras que no se ajustan al debate. La oficina se cerró porque el edificio tenía problemas de mantenimiento. El Ayuntamiento de San Cugat, de Junts, ha ofrecido locales, pero ninguno cumple los
requisitos técnicos que exige la Policía Nacional. Mientras tanto, se ha abierto una unidad móvil de documentación que va al municipio y da servicio. El ayuntamiento de Junts ha dicho que no; no quiere tramitar las citas previas y lo entendemos.
¿Qué pide el Partido Popular? Que el Gobierno central debería hacer de arquitecto técnico y mediador. Nosotros no compartimos eso. Si de verdad quieren solucionarlo, le diría también al equipo de Gobierno que pongan el local. Deberían hacerlo.
Y mientras tanto, la gente de Sant Cugat sufre; es verdad. La gente que necesita el DNI tiene que ir a Rubí, Cerdanyola o Terrassa y no es justo. Esta propuesta, desde nuestro punto de vista, es innecesaria porque debería resolverse en el propio
ayuntamiento. El Ayuntamiento de San Cugat también lo sabe porque la pelota, en nuestra opinión, también está sobre su tejado, aunque han hecho esfuerzos y lo reconocemos. Los
hechos son claros: quien puede desencallar el tema es el ayuntamiento con un local válido también. Y que no se aproveche esto por parte del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, presidenta.
Hoy debatimos una iniciativa que, más allá de un trámite administrativo, pone el dedo en la llaga de dos males endémicos que sufre Cataluña y, por extensión, toda España: la incompetencia de una Administración macrocefálica y el abandono
sistemático de los servicios del Estado en Cataluña por puro cálculo político. Es inadmisible que una ciudad como San Cugat de Vallés, con cerca de 100 000 habitantes, lleve casi dos años despojada de un servicio básico y elemental como es la
expedición del DNI y el pasaporte. ¿La excusa cuál es? La disputa burocrática, local inadecuado y un cruce de reproches vergonzosos entre la Delegación del Gobierno y el ayuntamiento; y lo estamos viendo aquí, en esta comisión. Mientras que el
separatismo y la izquierda se dedican a regar con dinero público los chiringuitos ideológicos y esas embajadas identitarias en el extranjero, son incapaces de mantener un edificio en condiciones para dar servicio a los ciudadanos.
Este conflicto institucional es la demostración palpable de que a las Administraciones catalanas, tanto la Generalidad como el ayuntamiento de su cuerda, no les interesa para nada que el Estado esté presente en Cataluña. Prefieren una
Cataluña donde la Policía Nacional sea invisible, porque les molesta ver el uniforme que garantiza los derechos y las libertades de todos los españoles, y por eso no mueven un dedo, por eso rechazan locales y por eso sabotean incluso la solución
provisional de una unidad móvil, negándose a gestionar las citas previas. Es una dejación de funciones intolerable que pagan los vecinos de San Cugat, obligados a desplazarse a otros municipios, perdiendo no solamente su tiempo, sino también su
dinero.
Para VOX, la Policía Nacional y la Guardia Civil son pilares fundamentales de la nación, y su presencia en Cataluña debe reforzarse, no desmantelarse por la puerta de atrás mediante el abandono presupuestario. Garantizar el acceso al
documento nacional de identidad en condiciones de proximidad y dignidad no es un favor, es un deber del Estado hacia todos los ciudadanos, también los de Cataluña. Por todo ello, porque no vamos a permitir que se siga desmantelando la presencia de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un solo rincón de Cataluña, VOX va a apoyar esta iniciativa. Exigimos la apertura inmediata y permanente de la oficina de documentación en San Cugat y que se la dote de todos los medios materiales y,
sobre todo, de personal, para no asfixiar a nuestros agentes.
Señorías de los grupos separatistas, ustedes son los que están manteniendo a este Gobierno, al Gobierno más corrupto de la historia. Dentro de su chantaje al Gobierno, si a ustedes realmente les preocuparan los ciudadanos de San Cugat,
exigirían que estas medidas se llevasen a cabo de forma inmediata y no a través de una PNL que es un brindis al sol.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rives.
La señora RIVES ARCAYNA: Gracias, señora presidenta.
Sus señorías del Grupo Popular nos traen una proposición no de ley siguiendo una tónica habitual últimamente. Ante un problema en el que las Administraciones competentes trabajan para buscar una solución, sus señorías del PP presentan esta
iniciativa, no vaya a ser que se resuelva de aquí a poco y no puedan decir que ha sido gracias a su incansable trabajo. Pero claro, como siempre, dicen ustedes verdades solo a medias.
La anterior ubicación de la oficina de documentación de la Policía Nacional en Sant Cugat del Vallès tuvo que cerrarse en agosto de 2024 por motivos de insalubridad del
emplazamiento, tanto para los policías nacionales que desarrollaban allí su trabajo como para la ciudadanía que acudía a diario a esta instalación -instalación, por cierto, cedida por el ayuntamiento-. Esta situación fue puesta en
conocimiento del Gobierno municipal a través de la Jefatura Superior de la Policía Nacional dos meses antes del cierre. Durante ese periodo se mantuvieron diversas reuniones y contactos entre la Delegación del Gobierno y el ayuntamiento para buscar
alternativas. Entendemos en el Grupo Parlamentario Socialista que esta debe ser la línea de trabajo, respetando la autonomía local en este tipo de decisiones, como ocurre en muchos ayuntamientos de este país. Desde entonces se han ido sucediendo
intentos de soluciones. Los locales ofrecidos por el ayuntamiento como alternativa de ubicación no se adaptaban a las necesidades técnicas y de espacio para poder ser utilizados como sede de la nueva unidad de documentación. Se necesita un local
donde pueda haber instalaciones para los trabajadores: vestuarios, oficinas, atención al público con accesibilidad suficiente y -muy importante- disponibilidad para la vigilancia veinticuatro horas que requieren las máquinas utilizadas para hacer
el DNI. Se han ofrecido otras alternativas por parte de la delegación, como el alquiler por parte del ayuntamiento de una ubicación adecuada, como se hace en otras ciudades, solución tampoco aceptada por el consistorio, e incluso se ha ofrecido,
mientras se encuentra un local para su instalación definitiva, la posibilidad de prestar el servicio a través de una unidad móvil de documentación, situación tampoco factible al negarse el equipo de Gobierno municipal a colaborar con la gestión de
las citas previas.
En todo caso, en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y en la Delegación del Gobierno siguen manteniendo contactos con el ayuntamiento para encontrar una solución que permita la reapertura de la unidad de documentación; reapertura
que también se ha solicitado, por cierto, en el Pleno de dicho ayuntamiento, a través de diversos grupos parlamentarios, incluyendo el PSC. La predisposición del Ministerio del Interior, de la jefatura de Policía Nacional y de la Delegación del
Gobierno para seguir trabajando y poder llegar a un acuerdo que solucione este problema a la ciudadanía es clara y manifiesta, aunque, por sus comportamientos y sus palabras, no me atrevo a afirmar esto de todas las partes implicadas.
Por todo ello, nos abstendremos en este punto. Tenemos la voluntad absoluta de devolver a Sant Cugat el servicio de expedición del DNI. Para ello no necesitamos ni postureos ni venir al Congreso a hacer ruido, a crispar y a tratar de
apuntarse tantos, como suele acostumbrar el Grupo Popular. Lo que hace falta es que el ayuntamiento se siente con la delegación y lleguen a un acuerdo, exactamente igual que se hace en el resto de los ayuntamientos de este país.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- RELATIVA A LAS ACTUACIONES ANTE SUPUESTOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS EN ITINERARIOS MIGRATORIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/003375).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la proposición no de ley relativa a las actuaciones ante supuestos de personas desaparecidas y fallecidas en itinerarios migratorios. El autor es el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Para defender la iniciativa, tiene la palabra por cinco minutos el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Las fuerzas de seguridad del Estado desde el año 2025 tienen un protocolo unificado en casos de desapariciones de personas dentro del territorio nacional. Si la persona desaparece fuera del territorio, la denuncia no puede ser realizada
ante las autoridades españolas. En noviembre del año pasado se estableció el II Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas, obligatorio para Policía Nacional y Guardia Civil y que también pueden aplicar las Policías autonómicas. Desde
febrero del año 2024, el sistema
informático de personas desaparecidas ha incorporado una variable que permite la denuncia de desaparición de personas que pueden estar asociadas a flujos migratorios.
Cada año miles de personas migrantes y solicitantes de protección internacional desaparecen sin que se conozca su paradero o son enterradas en nuestro país sin identificar. Según la OIM, entre el 2014 y el 2024, más de 73 000 personas
habrían fallecido o desaparecido en rutas migratorias; probablemente 4000 de esas personas hayan sido menores. En la mayoría de los casos los fallecidos o desaparecidos no pueden ser documentados y permanecen invisibilizados.
Las rutas hacia España suponen uno de los principales escenarios de desaparición y muerte de extranjeros, como así se ha reconocido incluso durante la visita del papa León XIV a las islas Canarias. Las organizaciones no gubernamentales que
trabajan en la defensa de los derechos fundamentales de estas personas en los itinerarios migratorios mencionan más de diez mil casos de personas muertas o desaparecidas solamente en la ruta atlántica hacia Canarias. La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía ha documentado diecisiete mil fallecimientos o desapariciones desde 1988 en la ruta hacia las costas andaluzas. Son demasiadas personas, y tienen familias, allegados y, sobre todo, la misma dignidad que cualquiera de los que
estamos en esta sala.
Estos supuestos de desaparición hasta ahora no han estado previstos en nuestros protocolos y normativas, pero esta peculiaridad de las desapariciones en rutas migratorias debe contemplarse para que la identificación de muchos de estos
cadáveres y su adecuada preservación no dependan únicamente del buen criterio de los trabajadores de los cementerios de los lugares de destino. Aprovecho para enviar nuestro reconocimiento a estos trabajadores, que son esenciales por el trabajo de
dignificación de las personas fallecidas sin identificar, a pesar de los escasos recursos que tienen para ello.
Cuando los familiares del desaparecido o del fallecido sin identificar no se encuentran en nuestro país o sus allegados sí se encuentran en nuestro país, pero no disfrutan de una situación regularizada, es difícil o prácticamente imposible
que se presenten las denuncias por desaparición. Por eso, es necesario establecer un sistema ágil que permita la identificación de los cadáveres que no han sido identificados y que se producen en esas rutas migratorias hacia nuestro país.
Asimismo, es necesario identificar a las personas que salieron del inicio de esa ruta si nunca han llegado al destino previsto, con la finalidad tanto de cerrar duelos de familiares y allegados como de clarificar la situación legal de los
familiares.
La propuesta que presentamos trata de impulsar el desarrollo de un marco normativo de protocolos y actuaciones específicas respecto a personas extranjeras desaparecidas o fallecidas en itinerarios migratorios hacia España para facilitar esta
búsqueda e identificación y el acompañamiento a los familiares y allegados tanto en territorio español como en nuestras delegaciones diplomáticas en el exterior, reforzando la coordinación entre las Administraciones públicas y la sociedad civil, así
como la coordinación con instituciones de otros países y con organismos internacionales.
Esta Comisión de Interior va a acordar a continuación la creación, previsiblemente, de una subcomisión para la elaboración de un estatuto jurídico de las personas desaparecidas sin causa aparente. Esta iniciativa, junto con los protocolos y
los planes de desaparecidos que ya he indicado en esta intervención, deben ser completados con la propuesta que ahora realizamos, que es la inclusión en estos protocolos normativos, ya existentes o en preparación, de la consideración, peculiaridades
y especificidades de las personas desaparecidas o fallecidas sin identificar en las rutas migratorias que van hacia nuestro país.
Por dignidad humana y por respeto a los derechos humanos, les pedimos a todos ustedes que voten a favor de esta propuesta. Demos algo de tranquilidad a aquellas personas que han perdido a sus seres más queridos, sean del color que sean.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario VOX. Tiene tres minutos para defenderla el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, presidenta.
Nosotros mostramos, por supuesto, toda nuestra solidaridad y empatía hacia todas las personas que han perdido la vida intentando alcanzar las costas españolas, presas de sus políticas. Nosotros llevamos solicitando desde hace años detener
todas esas políticas que causan ese efecto llamada, detener esas fronteras abiertas a poblaciones masivas y las concesiones abusivas, que son pólvora y munición necesarias para las mafias con el fin de lucrarse. Si ustedes esquivan la palabra
frontera, están esquivando la verdad completa, y ese es el problema que tienen, señor Santiago.
Es una tragedia que haya una persona desaparecida en el mar o en el desierto de camino a Ceuta, Melilla, Argelia o los pasos fronterizos que utilizan las mafias para traerlos a las costas españolas. Precisamente, nosotros hablamos de eso,
de vidas humanas y de derechos, pero ustedes están haciéndole el juego y el caldo gordo a las mafias, ustedes son corresponsables directos de la situación que tenemos y, por tanto, están siendo copartícipes totalmente de la situación. Están
alimentando a las mafias. Están ustedes diciéndoles que vengan. Eso es lo que están diciendo ustedes. La política sería detener los efectos llamada, detener esas fronteras abiertas, a esas poblaciones masivas y esa concesión abusiva que ustedes
están haciendo de la nacionalidad española, que le vuelvo a decir que es parte de esa cadena de transmisión de la que se sirven y utilizan las mafias. Han pasado de negarlas a reconocer que existen mafias que se están lucrando. Están ustedes a un
paso de reconocer que el efecto llamada es lo que realmente está provocando que muchísima gente se lance a los brazos de esas mafias, intentando alcanzar las costas españolas, intentando alcanzar Europa, y que pierdan la vida. Con sus políticas,
ustedes están siendo corresponsables de esto.
Nosotros hasta hemos presentado una enmienda, porque es un tema que nos preocupa. Como hemos dicho, los derechos humanos están ahí, pero ustedes, bajo su escudo, están lanzando a esas personas directamente a los brazos de las mafias, señor
Santiago. Nosotros podemos apoyar -vamos a hacerlo- que se identifique a los fallecidos y se informe a las familias, pero no nos podemos hacer responsables de aquello que ustedes están provocando, y en territorio extranjero, porque muchas de las
rutas que atraviesan esas personas no son territorios españoles, son territorios de terceros países. Trabajo en origen y acabar con esas políticas, como se está empezando a hacer en Europa. Ustedes, con su efecto llamada, se están convirtiendo en
un eslabón más de las mafias que trafican con seres humanos y vulneran los derechos de todas las personas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Montávez.
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Gracias, presidenta.
Antes de empezar mi intervención quisiera comentar que la semana pasada salía una encuesta de 40dB con motivo de la visita del papa en donde había un dato muy curioso: los votantes de VOX creían más en los espíritus y en los fantasmas.
Después de la intervención que me ha precedido, lo entiendo perfectamente. (Rumores).
Voy a la PNL. Como hemos visto antes, normalmente nuestras intervenciones empiezan con cifras que los grupos intentan estrangular para ver si así tienen alguna razón, pero esta no, esta empieza con silencio: el de una madre que llama y ya
nadie contesta; el de una familia que no sabe si buscar a un hijo o una hija en una comisaría, en un consulado, en un hospital o en el fondo del mar; el silencio administrativo que demasiadas veces se suma al dolor. Hoy hablamos de personas
desaparecidas y fallecidas en itinerarios migratorios, pero en realidad hablamos de algo más profundo, de hasta dónde llega la dignidad humana cuando una persona cruza una frontera; de si una democracia reconoce derechos incluso cuando no hay
papeles, no hay voz, no hay tumba o no hay nombre. Nuestra respuesta debe ser clara: una frontera -escúchenme bien- no suspende los derechos humanos, el mar no borra una biografía y nadie desaparece del todo mientras haya una familia buscando una
respuesta. Por eso, vamos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario SUMAR, que apunta en una dirección
razonable, necesaria y profundamente humana: mejorar los procedimientos de denuncia, búsqueda e identificación; reforzar la cooperación internacional; facilitar canales accesibles para las familias, y garantizar que nadie deje de
denunciar una desaparición por miedo a una sanción administrativa.
España no parte de cero, conviene decirlo. Nuestro país cuenta con procedimientos de denuncia, dispositivos de búsqueda y salvamento, cooperación policial internacional y mecanismos forenses de identificación. Existe un protocolo unificado
de actuación ante casos de personas desaparecidas. Existe un II Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas para 20262029. Asimismo, se ha incorporado al sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos una variable que permite asociar
denuncias con flujos migratorios. Son avances del Estado. Queremos reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de Salvamento Marítimo, de los institutos de medicina legal, de la autoridad judicial, de la Fiscalía, de Cruz Roja y de
muchas organizaciones sociales que actúan donde muchas veces solo hay urgencia, incertidumbre y tragedia, pero reconocer lo hecho no significa conformarse. Precisamente porque el Estado funciona, puede funcionar mejor.
Estas desapariciones tienen una dimensión transnacional que complica la denuncia, la comunicación con las familias, el intercambio de información, la toma de muestras biológicas y la identificación de restos. Una familia, sea de donde sea,
no puede quedar atrapada en un laberinto burocrático. Necesita información, necesita saber que alguien escucha. Señorías, la política migratoria es compleja, pero hay principios que no deberían serlo, como que una familia tenga derecho a saber,
que un cuerpo tenga derecho a un nombre y que ninguna persona tenga que morir dos veces, una en la ruta y otra en el olvido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR nos presenta una iniciativa que tiene que ver con las actuaciones que se tienen que llevar a cabo ante supuestos de personas desaparecidas o fallecidas en itinerarios migratorios. Es una iniciativa
cuando menos sorprendente, porque ustedes forman parte de un partido que se sienta en el Consejo de Ministros y, como bien conocen, están avalando una política migratoria nefasta para España, convirtiéndola en uno de los principales países de
destino y tránsito de personas migrantes en Europa. Cada año, miles de personas viajan de manera irregular hacia España cruzando el estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán, atravesando la frontera terrestre hacia Ceuta y Melilla o embarcándose en
la larga travesía por mar desde la costa noroccidental de África hasta las islas Canarias, todo ello en unas condiciones verdaderamente penosas que ocasionan decenas de miles de personas desaparecidas y fallecidas en estos itinerarios migratorios,
cifras que reflejan bien en su iniciativa.
Señorías, lo que estamos viendo es una verdadera crisis humanitaria. Además, estos fallecimientos durante los trayectos conllevan un drama añadido para las familias. El Grupo Parlamentario Popular manifiesta una vez más su posición en
contra de las medidas que están llevando a cabo en política migratoria, que no son sino un llamamiento para las mafias. Lo que están haciendo es trasladar el mensaje de que España es un chollo. Señorías, España no tiene que asumir una regulación a
ciegas. Señor Santiago, ustedes lo están permitiendo con un único fin, el de mantener a un Gobierno y ayudar a tapar sus miserias.
En el Grupo Parlamentario Popular defendemos una política de migración basada en el control estricto de fronteras, la expulsión de irregulares y una integración condicionada al respeto de las leyes. Rechazamos la regulación masiva y
abogamos por adaptar la llegada de extranjeros a las necesidades del mercado laboral. Estamos alineados con Europa, sí, que avala el control de fronteras, la lucha contra las mafias, el retorno efectivo y la inmigración legal vinculada al empleo.
Europa no avala convertir la irregularidad en un atajo administrativo, y es por ello por lo que en el Grupo Parlamentario Popular no podemos estar más de acuerdo con la petición del papa León XIV de acoger a las
inmigrantes con dignidad humana y también que haya que luchar contra las mafias. (Rumores.-El señor Iñarritu García: Pues le entendisteis mal. No entendieron).
Señores del Grupo Plurinacional SUMAR, son cómplices de una nefasta gestión de los flujos migratorios, de una ausencia de política migratoria, de decisiones profundamente irresponsables para comprar su estancia en el Gobierno, y lo hacen
utilizando para ello la inmigración como moneda de cambio. Han provocado la habilitación de las vías irregulares de entrada a España, por lo que hay un efecto llamada sin precedentes, ya que la entrada ilegal en España tiene premio. Esto ha dado
lugar a que cada vez más inmigrantes vean este acceso peligroso y mortífero como la única opción, y por esta razón se han multiplicado las muertes y las desapariciones en los últimos años. Su irresponsabilidad causa muertes. La irregularidad se
premia, como están haciendo ustedes, y se rompe el principio básico de cualquier política migratoria, que es el cumplimiento de la ley. España pasa a ser percibida como el país donde la irregularidad termina en regularización, y eso alinea a las
mafias. Eso pone vidas en riesgo.
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora VELASCO MORILLO: Ahora bien, estamos de acuerdo con todas las acciones que vayan destinadas a mejorar los mecanismos y las herramientas de búsqueda de personas desaparecidas y su identificación, garantizando al menos la dignidad
de todos aquellos que pierdan su vida, ya sea en rutas migratorias mortíferas o ilegales, buscando una vida de oportunidades o, como es en la mayoría de los casos, atrapadas...
La señora PRESIDENTA: Señoría...
La señora VELASCO MORILLO: Termino ya.
La señora PRESIDENTA: No, termine porque lleva usted cuarenta y cinco segundos más.
La señora VELASCO MORILLO: ... en redes criminales. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Santiago, ¿acepta usted la enmienda?
El señor SANTIAGO ROMERO: No, por supuesto. Es una barbaridad absoluta.
- RELATIVA AL REFUERZO DE MEDIOS, PROTECCIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA GUARDIA CIVIL FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/003476).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente Proposición no de ley, relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, del Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra para su defensa, durante cinco minutos, el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
La criminalidad organizada constituye hoy una amenaza gravísima para la seguridad nacional. El narcotráfico, dentro de esa criminalidad organizada, representa igualmente un gravísimo problema. Así que, señorías, el respaldo real
permanente, más medios humanos y materiales, el restablecimiento inmediato de la unidad especial OCONSur, un marco jurídico adecuado que proteja debidamente a los guardias civiles en el uso de fuerza letal cuando se enfrentan a los narcos y su
reconocimiento como profesión de riesgo son exigencias inmediatas que el Grupo Parlamentario VOX reitera hoy, como viene haciendo a lo largo de los últimos años, para reforzar la acción de la Guardia Civil en su lucha contra el narcotráfico.
Desde hace mucho tiempo, los propios guardias civiles han estado haciendo llegar al ministro del Interior esas necesidades: refuerzos de plantilla... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, espere un momento.
Ruego silencio mientras está hablando el ponente. Ruego silencio. Es imposible con el murmullo.
Tiene usted la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.
... medios de protección, más dotaciones materiales frente a un narco que utiliza cada vez más medios más sofisticados y que aplica una violencia extrema contra los agentes. El asesinato de dos guardias civiles hace dos años en el puerto de
Barbate y la reciente muerte de otros dos guardias civiles en Huelva en acto de servicio no admiten que el Ministerio del Interior siga de brazos cruzados a la espera del siguiente episodio dramático. La indiferencia de Marlaska, sus reiteradas
promesas incumplidas y las vinculaciones descubiertas de la directora general del cuerpo con la cloaca montada, según la propia UCO, por Leire Díez y Santos Cerdán imponen también una respuesta de esta Cámara acorde con el rechazo a la actuación
inaceptable del ministro Marlaska.
Por eso, a nuestras exigencias referidas en el texto de esta proposición no de ley, añadimos la propuesta, vía autoenmienda, de la reprobación del ministro del Interior por ser incapaz de darle a la Guardia Civil los medios que necesitan y
que le vienen reclamando; su reprobación por ser incapaz de estar junto a la Guardia Civil en los momentos en que era inexcusable su presencia: cuando mueren miembros del cuerpo en acto de servicio o son asesinados por los narcos; y su
reprobación por permitir que la cúpula política de la Guardia Civil haya tratado de impedir las investigaciones de los miembros de la UCO que afectan a la corrupción del entorno familiar de Sánchez, del Gobierno y del PSOE. Que aún no haya sido
cesada la directora general de la Guardia Civil tras desvelarse su relación y encuentros y concomitancia con la tal Leire Díez denota la complicidad del ministro en este turbio entramado.
Son muchas las anteriores actuaciones del ministro sujetas a sospecha: su silencio vergonzoso cuando se conocieron los primeros datos de las actuaciones de esta trama criminal; su intento de forzar al entonces coronel Pérez de los Cobos a
que cometiera un delito revelándole actuaciones sumariales que estaban sometidas a secreto; el cese inicial del coronel Corbín (el señor Iñarritu García: Corbí, Corbí. Sánchez Corbí), jefe de la UCO en su momento, cuando le reclamó más medios
para poder actuar.
Por eso, que además de todo esto haya quedado acreditado que Marlaska ha mentido para proteger a la directora general de la Guardia Civil, hace definitivamente urgente y precisa esta reprobación, por salud democrática, por dignidad
democrática y porque así se lo merecen las mujeres y hombres del cuerpo que día a día dan lo mejor de ellos mismos al servicio de España y de los españoles. No pueden estar bajo el mando de semejante canalla.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ningún tipo de enmienda. Por lo tanto, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: La verdad es que ya es aburrido repetir en esta comisión que, mientras que el Partido Popular, entre 2012 y 2018, redujo en 13 000 efectivos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, este Gobierno los ha
incrementado en 46 000 plazas nuevas. En Andalucía, entre 2012 y 2018, se perdieron 1500 puestos de Policía y Guardia Civil. Este Gobierno, en Andalucía, ha ampliado 3500 plazas. En 2018, los medios de la Policía y la Guardia Civil eran
obsoletos, escasos y de pésima calidad. Y aunque es evidente que los sistemas de contratación del Estado, con las leyes de transparencia y las leyes administrativas, no pueden hacerlo con la celeridad con la que lo hacen las organizaciones
criminales, también es evidente que se han producido las necesarias inversiones. Por ejemplo, recordemos el incremento del 38 % de los salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el año 2018 hasta aquí. Pero da igual, porque la
derecha, y especialmente VOX, utiliza permanentemente a la Guardia Civil
y a la Policía Nacional como un elemento de confrontación con el Gobierno. Es evidente que, para ustedes, la Policía y la Guardia Civil sirven, o bien para reprimir protestas y manifestaciones contra los recortes que aplica la derecha
cuando gobierna, o bien para enfrentarse al Gobierno de coalición.
Pero, si tanto les preocupan la Guardia Civil y la Policía Nacional, voy a decir las medidas que estamos proponiendo para mejorar sus condiciones de trabajo y los medios con los que cuentan para combatir la delincuencia. En primer lugar,
menos hablar de profesión de riesgo y más de coeficientes reductores para la edad de jubilación -todavía no tengo claro si ustedes apoyan esos coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación-. El Ministerio del Interior, por cierto,
acaba de constituir una mesa técnica para eso. Tampoco han dedicado una palabra para ampliar los derechos laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio.
El señor SANTIAGO ROMERO: Miren, si tras los sucesos de Barbate se hubieran aplicado a la Guardia Civil las normas legales en vigor de prevención de riesgos laborales, probablemente no se habría producido el accidente con fallecimientos en
acto de servicio que provocó la muerte de esos guardias civiles durante la persecución de unas lanchas de narcos en Huelva; simplemente con que los guardias civiles hubieran podido aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales.
(Rumores). Yo les pregunto: ¿van ustedes a apoyar que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan la misma capacidad de representación sindical que el resto de los trabajadores de la Administración y que puedan sindicarse al sindicato que
consideren? ¿Van ustedes a apoyar la eliminación del Código Penal Militar para la Guardia Civil cuando desarrolle tareas de policía dentro de España? ¿Van ustedes a apoyar que la Policía y la Guardia Civil puedan tener negociación colectiva para
que sean ellos -y no ustedes- los que decidan cuáles son las condiciones óptimas de trabajo que deben tener? ¿O van a seguir permitiendo que sea la voluntad de los generales de la Guardia Civil y de los comisarios generales de la Policía Nacional
la que regule el método y las formas de trabajo de estos cuerpos?
A ver si se deciden y nos lo aclaran. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Canelo.
La señora CANELO MATITO: Buenos días.
Señorías de VOX, llevan años intentando hacernos creer que ustedes quieren más que nadie a la Guardia Civil. Y yo, cada vez que los escucho en esta comisión o en la tribuna, tengo la tentación de hacer un pequeño experimento: Guardia
Civil, Guardia Civil, Guardia Civil. Ya está. ¿Ya hay más agentes, ya están cubiertas las vacantes, ya se han reformado los cuarteles, ya se han mejorado las condiciones de los guardias civiles? Pues, evidentemente, no. Porque los problemas no
se solucionan repitiendo una y otra vez ese nombre, se solucionan gobernando, señorías. Y ese, en el fondo, es el problema de esta iniciativa: que confunden símbolos con soluciones. Porque la Guardia Civil no necesita demostraciones públicas
constantes de amor, no necesita golpes en el pecho, no necesita competiciones para ver quién le quiere más, no necesita que cada dos por tres vengan ustedes a declararle amor eterno en esta Cámara. Lo que sí que necesita son medios, más agentes,
mejores instalaciones, mejores condiciones para hacer su trabajo. Desde luego, si las pulseras con la bandera aumentaran las plantillas, ustedes ya habrían resuelto todos los problemas de la Guardia Civil, pero resulta que las plantillas no se
cubren con pulseritas, los cuarteles no se reforman con pulseritas, los vehículos no se compran con pulseritas y los medios no llegan tampoco con pulseritas. Todo eso se consigue tomando decisiones, aprobando presupuestos y gobernando, trabajando
muy duro.
Por eso sorprende escucharlos hablar como si este Gobierno hubiese abandonado a la Guardia Civil, porque, obviamente, la realidad es exactamente la contraria. Desde 2018 -y algún compañero lo decía previamente- se han ofertado más de 46 000
nuevas
plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil; Policía Nacional y Guardia Civil que alcanzaron, conjuntamente, 159 000 agentes en diciembre de este año pasado. Es la cifra más alta registrada hasta la fecha. Además, se está
ejecutando la mayor inversión en infraestructuras policiales de estos últimos cincuenta años. Conviene recordarlo, porque quienes hoy se presentan como los grandes defensores de la Guardia Civil, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar,
dejaron perder esos 13 000 efectivos, como ya se ha comentado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se lo hemos explicado cien veces, y ustedes, unos y otros, lo saben muy bien. Los discursos son libres, señorías; los datos no tanto.
Son tozudos.
Y termino, porque dentro de un momento escucharemos al Partido Popular. Y la verdad es que tengo curiosidad: quiero saber si van a votar con los datos o van a volver a competir con VOX para ver quién quiere más a la Guardia Civil. Aunque,
si me permiten un consejo, señorías, en lugar de competir por quién está más por la Guardia Civil, podrían explicar por qué hicieron tan poco por ella cuando gobernaron.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, presidenta.
Señorías, ¿cuántos guardias civiles más tienen que morir para que este Gobierno actúe? ¿Cuántos guardias civiles más tienen que perder la vida en acto de servicio para que este Gobierno dé la cara y les dé respuesta? Hace poco más de un
mes, en Huelva, dos guardias civiles -Germán y Jerónimo- perdieron la vida persiguiendo una narcolancha. Hace apenas dos años, fueron asesinados vilmente Miguel Ángel y David, en Barbate, dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Cuatro
guardias civiles muertos en apenas dos años mientras cumplían con su deber. Cuatro familias destrozadas. Y ustedes, esta semana, no han dudado una vez más en darle al botón de prorrogar la proposición de ley para declarar profesión de riesgo a los
guardias civiles y a la Policía Nacional. No hay mayor desprecio que dar la espalda a los guardias civiles y a esas familias. Cuando un país entero ha sido consciente del peligro, del riesgo que corren sus vidas, ustedes ya acumulan, con hoy, 74
prórrogas a esa proposición de ley para declararla profesión de riesgo. Setenta y cuatro portazos a la Guardia Civil y 74 portazos a esas familias.
Señor Santiago, ¿qué está esperando? ¿Usted forma parte del Gobierno? No eche los balones fuera a los que estamos en la oposición y no tenemos mayoría en esta Cámara. Ustedes, los socios de izquierda, díganselo al Gobierno y den la cara a
esas familias. ¿Qué están esperando?
Y a la señoría del Partido Socialista quiero decirle que empatice con esas familias. No se lo decimos desde el Partido Popular; son las familias y la Guardia Civil entera quienes están suplicando que se les declare profesión de riesgo. No
lo entienden ni ellos ni todo el país.
Y estamos viendo, además, cómo la semana pasada, en Huelva, ametrallaban a agentes de la Guardia Civil con armas de guerra, señorías. No pasó una desgracia porque Dios no quiso. ¿Por qué? Porque actúan en la impunidad absoluta que les da
este Gobierno, ante la impresionante falta de medios de nuestra Guardia Civil. Se sienten impotentes. Y se lo digo como almeriense (muestra dos fotocopias): en nuestras playas, en la costa almeriense y también en la costa murciana, nuestra
provincia hermana, las narcolanchas campan a sus anchas por nuestras costas. Estas son las imágenes que vemos. Las personas pueden verlo con total impunidad a la luz del día. ¿Por qué? Porque nuestra Guardia Civil no tiene los medios para hacer
frente a estas bandas criminales y al narcotráfico. Se están jugando la vida en mi provincia, sin un helicóptero y sin patrulleras que puedan dar captura o puedan hacer frente a sus medios. Esa es la imagen.
Y miren (muestra otro documento), una respuesta parlamentaria, con sus datos, señor Santiago. Por eso, con los datos, demuestro que, en mi provincia, con el incremento poblacional, hay 106 guardias civiles menos en las calles de nuestra
provincia. No lo dice esta diputada, lo dicen los números, en su respuesta parlamentaria, con el incremento poblacional y, además, lo dicen los ciudadanos de Almería: pueblo al que vas, te aseguran
que no está la Guardia Civil en la calle; que antes veían las patrullas en la calle. Ahora, además de estar cerrando cuarteles, les están dando la espalda.
La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Termino, señora presidenta.
Así que no tapen el sol con un dedo; hay una realidad. Ustedes están en el Gobierno. Actúen y defiendan a nuestra Guardia Civil con mejores medios para que los criminales no los ametrallen y aprobando la profesión de riesgo.
Por eso, y por ser coherentes y consecuentes con nuestro discurso, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Creo que ha llegado ya el señor Catalán. ¿Le doy un minuto para que se prepare? Hemos dejado su proposición no de ley para el final.
Antes de entrar en ella, como saben, queda un punto después del debate de la proposición no de ley, aunque lo votaremos todo al final junto. No vamos a hacer dos votaciones, haremos una sola votación. ¿Está usted preparado?
El señor CATALÁN HIGUERAS: Listo, sí.
- RELATIVA A LA FALTA DE EXAMINADORES DE TRÁFICO EN NAVARRA Y LA LISTA DE ESPERA PARA REALIZAR LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002864).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, entonces, según el primitivo orden del día, a la proposición número 3, proposición no de ley relativa a la falta de examinadores de tráfico en Navarra y la lista de espera para realizar la prueba para la
obtención del permiso de conducir. El autor es el Grupo Parlamentario Mixto y tiene para su defensa, durante cinco minutos, la palabra el señor Catalán Higueras.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias dobles.
Miles de ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra y también de otras partes de España están padeciendo, bajo nuestro punto de vista, la incompetencia del ministerio a la hora de obtener su permiso de conducir, un auténtico desastre y un
atropello inadmisible, sobre todo en un país que se dice moderno y desarrollado. Es clamorosa la inacción del propio ministerio a la hora de dotar del número adecuado de examinadores para cubrir las necesidades. El sector de las autoescuelas lo
viene denunciando y reclamando desde hace tiempo, sin que la Dirección General de Tráfico tome las medidas oportunas y adecuadas.
Ya en el año 2018 el Parlamento de Navarra aprobó una resolución reclamando al Gobierno de España que corrigiera los agravios comparativos que sufría la comunidad foral en este ámbito. Señorías, hay que reconocer que, lejos de mejorar, la
situación ha empeorado hasta límites insospechados por la falta de planificación y de previsión del propio ministerio. La Asociación de Autoescuelas de Navarra describe la situación como de colapso sin precedentes. Denuncian que 10 000 personas
están en lista de espera para obtener el carné de conducir, en su mayoría de coche; 6000 aguardan con el teórico aprobado para realizar el práctico; otras 900 personas esperan para examinarse de la prueba de pista exigida a los vehículos pesados,
motos y remolques, y otras 2800 aguardan para presentarse al teórico. Se ha evidenciado a lo largo de este tiempo que el número de examinadores que realizan su función en la Comunidad Foral de Navarra es insuficiente.
Señorías, el colapso, tiene graves consecuencias, tanto sociales como económicas, afectando a la movilidad, a la autonomía personal e incluso también a las oportunidades laborales de miles de navarros. Además, se está poniendo en riesgo un
sector como el de las autoescuelas, que en el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra conlleva
sesenta autoescuelas con cerca de cuatrocientos empleados. Ellos mismos han manifestado que, manteniéndose esta situación durante mucho tiempo, se verán obligados en algunos casos al cierre o a hacer ERTE ante la imposibilidad de mantener
su actividad. Por otro lado, señorías, este desastre genera situaciones inaceptables: personas que, ante la necesidad urgente de tener el carné de conducir, se ven obligadas a desplazarse incluso fuera de la Comunidad Foral de Navarra. La
congestión del sistema provoca que un ciudadano tarde meses y meses en conseguir su carné de conducir y, como decía, en algunos casos puede llegar incluso a perder oportunidades de empleo, más aún cuando hablamos de la España rural, donde necesitan
fundamentalmente el vehículo para sus desplazamientos y para acceder a servicios en otras capitales mayores; ya no es solamente por el empleo, sino también por educación o incluso sanidad.
Señorías, los afectados no pueden esperar más. El ministerio debe actuar ya y explicar públicamente cómo piensa garantizar un servicio tan relevante. Las medidas establecidas estos meses han sido totalmente ineficaces, un parche que
realmente no ha solucionado la cuestión, como impedir el acceso a los exámenes teóricos y reducir así el número de personas que tendrán que realizar el práctico, que esta es la última solución brillante que se le ha ocurrido a la Dirección General
de Tráfico en la Comunidad Foral de Navarra. Por eso, aquí, en el Congreso, instamos al Gobierno a que adopte ya y de manera urgente las medidas necesarias para reforzar la plantilla de examinadores de tráfico en Navarra o que busque las
alternativas convenientes, garantizando un número en activo de examinadores conforme a las necesidades reales del servicio. También a que elabore y presente en el plazo de un mes un plan de choque real y efectivo para reducir de forma inmediata las
listas de espera en este tipo de pruebas. Es una demanda de la sociedad navarra, pero también de otras comunidades autónomas.
Además, he de recordar que así lo defendió hace unas semanas Unión del Pueblo Navarro en el Parlamento de Navarra con una propuesta en la que, ante la incapacidad del ministerio, instaba al Gobierno de Navarra a iniciar los trámites para el
traspaso de la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir. Si el Gobierno, el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico son incapaces de solucionar el problema, lo tendrán que hacer, si así
están dispuestas, las comunidades autónomas. Lo que es claro y evidente es que los ciudadanos no tienen por qué ser, una vez más, los paganos y los perjudicados de esta incapacidad e inutilidad del Gobierno, del ministerio y de la Dirección General
de Tráfico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX. Para su defensa, durante tres minutos, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MARTOS: Muchas gracias, presidenta.
Es evidente que, si hay motivos para que el director de la DGT tenga que dimitir, este es uno de los que se suman a su nefasta gestión, de la cual también es responsable el ministro del Interior. Es recurrente encontrar este asunto en esta
comisión, en la de Interior, y también en la de seguridad vial, porque creo que no queda ya ninguna comunidad que no haya exigido medidas urgentes para paliar este problema, que no es puntual ni administrativo, sino que es un colapso institucional
fruto del abandono y de la desidia de este Ministerio del Interior con los miles de personas que necesitan sacarse el carné de conducir.
Tener el carné de conducir hoy en día no es un lujo, es una necesidad de muchos jóvenes para poder acceder a un trabajo, pero también es una necesidad para muchas empresas que están esperando tener conductores de camiones y que se ven
abocadas a tirar de conductores no profesionales, como está pasando con conductores marroquíes, que tienen una gran diferencia con respecto a la profesionalidad que se da aquí, en España. Por ello, con esta enmienda, VOX ha pedido que se traslade
esta petición a toda España, porque es un problema que afecta a todos los españoles.
Miren, esto es reciente, de hace tres semanas. (Muestra un recorte de prensa): 'Sacarse el carné de conducir en España desespera a los alumnos, con retrasos de hasta un año'. No hay comunidad o provincia donde las autoescuelas no se
quejen de esta nefasta gestión. Ustedes llevan ya casi ocho años en el Gobierno y no han hecho absolutamente nada. La tasa de reposición que ha puesto este Gobierno -de la que van a decir ustedes que han emitido...- es insuficiente, y la realidad
es tozuda, está ahí. Por lo tanto, como le dije hace varias semanas al director de la DGT, Pere Navarro, confío muy poco o nada en que solucione este problema, porque si lo hubieran querido hacer, ya han tenido suficiente tiempo.
Por lo tanto, siento mucho decirle al señor Catalán que esta PNL es un brindis al sol y no va a servir de nada, porque lo único que serviría es que este ministro del Interior, el director de la DGT y este Gobierno se marchasen y dejasen a
quienes saben y pueden solucionar este problema.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, en el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñarritu, por un tiempo de tres minutos.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Ruego silencio.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias doblemente, presidenta.
Como señalaba el portavoz de UPN, es cierto que esta solicitud que trae aquí su grupo es defendida por la inmensa mayoría de navarros y navarras. Esta problemática que se viene arrastrando desde hace más de una década no es específica, no
es única de Nafarroa, sino que se está produciendo en otras comunidades autónomas, en otros territorios históricos, pero es cierto también que, con el tiempo, en vez de ir solventándose, en Nafarroa se está agravando. La APANA, la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Navarra, señalaba ya hace tres meses que hay 8200 personas en lista de espera para obtener el permiso de conducir, más de 5500 que aguardan realizar el examen práctico una vez que ya tienen el teórico aprobado; hay
2100 personas que esperan para hacer la parte teórica y otras 600 que aguardan para examinarse de la prueba de pista exigida para vehículos pesados, motos y remolques. Esto es un escándalo. La media oscila entre tres a seis meses de espera, lo
cual ya no cuela.
Es cierto que UPN presentó en el Parlamento de Navarra, en el mes de febrero, una moción que iba mucho más allá de la que ha traído hoy el señor Catalán al Congreso y que ponía el foco en una reivindicación o solicitud que ha mencionado el
portavoz de UPN, pero que no ha traído a votación, y es que el Parlamento de Navarra instó al Gobierno de Navarra a iniciar los trámites para traspasar la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir, incluida la
realización de exámenes de tráfico y, con ello, el traspaso de examinadores del carné de conducir. Sí echamos en falta que esta solicitud se haga al Gobierno central, teniendo en cuenta que la moción está aprobada en el Parlamento de Navarra, por
lo que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos políticos y, como traslación, de la mayoría de navarros y navarras.
Obviamente, vamos a votar a favor de los dos puntos que trae aquí el señor Catalán, porque creemos, como decía, que es de sentido común, porque es una reivindicación que exigen la mayoría de los grupos de Navarra y porque se exige una
solución a esta problemática que, como decía, es escandalosa. Creemos que lo principal es transferir la competencia, pero, ahora bien, hay que buscar una solución cuanto antes para acabar con esta dilación y con estos tiempos que no son asumibles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ HIERRO: Gracias, presidenta.
Es evidente que la situación de los exámenes de conducir en Nafarroa -aunque no solo en Nafarroa, sino en cualquier lugar del Estado- preocupa a muchas personas: a quienes esperan a examinarse; a las autoescuelas, que desarrollan su
actividad en condiciones difíciles, y a quienes necesitan el permiso de conducir para acceder a un empleo, para desarrollar su vida cotidiana o para cualquier otra situación de este estilo. Es cierto que existen tensiones en el sistema,
evidentemente, y que no se está actuando lo suficiente, aunque es cierto que se está actuando. Es verdad que se llevan desarrollando medidas durante años para dimensionar adecuadamente el servicio, como traer nuevos examinadores para cubrir
vacantes, incorporar personal interino, etcétera. La Administración no ha permanecido inmóvil ante el problema, pero también es cierto que su dimensión todavía se sigue sosteniendo de manera continuada.
Aquí hay una cuestión importante. Si queremos resolver el problema, tenemos que conocer con precisión cuál es la demanda real que existe en cada momento, cuántos alumnos están efectivamente preparados para examinarse y cuáles son los
factores que están condicionando los tiempos de espera. Por lo tanto, tampoco podemos encontrar soluciones simplistas, ya que rara vez resuelven problemas complejos. Es cierto que hay una cuestión que nosotros ponemos en duda y que pone hoy encima
de la mesa la proposición no de ley, que es que todo se reduzca a incorporar más examinadores. La propia gestión del sistema demuestra que la situación depende de múltiples variables organizativas, que efectivamente necesitan ser analizadas, y de
que las Administraciones movilicen recursos extraordinarios para mejorar el servicio allí donde resulta necesario.
Nosotros compartimos el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar la atención a la ciudadanía en la cuestión de los exámenes de conducir; lo tenemos muy claro. Pero es verdad que no compartimos direccionar solo una iniciativa que
reclama algunas medidas que se están desarrollando o que las simplifica a simplemente añadir más examinadores y que presenta como inexistente un cierto trabajo que se está haciendo.
En todo caso, creemos que es necesario y responsable evaluar los resultados de las actualizaciones que ya están desplegadas, que a todas luces están siendo insuficientes; reforzar, desde luego, el sistema allí donde sea necesario, y seguir
trabajando con autoescuelas y con el conjunto del sector para identificar los problemas concretos y corregirlos.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que nos encontramos ante una PNL que es la misma que la que nos venimos encontrando tanto en las sesiones de la Comisión de Interior como en la de Seguridad Vial. Esto no va solo de poner encima de la mesa una problemática que
existe y de la que somos conscientes desde mi grupo parlamentario y también desde el Gobierno, sino que va de que los grupos parlamentarios también pongan encima de la mesa qué soluciones o qué es lo que propondrían ellos para solucionar esta
cuestión. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos encontramos con que estas PNL obedecen más a relatos interesados de empresas que a lo que realmente está sucediendo en la realidad. Para eso no necesitamos datos que podemos encontrar en
prensa, sino datos oficiales que pueda aportar la Dirección General de Tráfico. Y esto insistiendo en que somos conscientes de que hay un problema. Tan conscientes somos que también desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado
iniciativas sobre esta cuestión, y tan consciente es el Gobierno como que lleva poniendo medidas encima de la mesa desde hace tiempo. Por cierto, medidas puestas encima de la mesa a las que el Partido Popular se ha opuesto, por lo que sea.
Fíjense también que dentro de estas medidas podemos diferenciar dos fundamentalmente. Una que tiene que ver con el incremento de la relación de puestos de trabajo y, sobre todo, como he oído antes en alguna intervención, de dimensionar
perfectamente cuál es el problema que nos encontramos en cada una de las provincias y
establecer una ratio de examinadores para la demanda -insisto- que realmente pueda existir en esa provincia. En el caso de Navarra, como en el caso de Lleida, se han puesto en marcha dos planes especiales, los planes de Refuerzo Operativo,
planes que vienen a intentar solventar el problema que existe en estas dos provincias de España.
Les voy a dar algunos datos, porque creo que son bastante elocuentes. En la Comunidad Foral de Navarra estas pruebas se realizaron el 9 y el 16 de mayo. Les voy a leer las cifras oficiales, porque creo que es importante conocerlas. En
estas dos pruebas que se realizaron, estaban citados 6000 aspirantes. Se supone que estaban formados. Solamente se presentaron 276 aspirantes; es decir, que de 6000 personas que podían participar en estas pruebas, solamente se presentaron 276
aspirantes. De los 276 alumnos convocados, 275 se presentaron a la prueba práctica. De ellos, 164 superaron con éxito el examen, mientras que 111 deberían volver a presentarse al no haber sido declarados aptos en la prueba. Quédense con los
datos, señorías, porque son interesantes también a la hora de construir su relato, el relato a la contra, pero también, permítanme, el relato a favor de lo que están haciendo el Gobierno y la Dirección General de Tráfico.
Desde comienzos de año en Navarra se han realizado 11 389 exámenes de conducir. Y aunque esta medida se desarrolle en las capitales, también se ha desarrollado en el municipio de Tudela. En definitiva, el Plan de Refuerzo Operativo es un
mecanismo extraordinario de máxima capacidad operativa -insisto, 6000 personas convocadas-, orientado a eliminar posibles cuellos de botella, que es lo que ustedes han denunciado aquí en sus intervenciones, y a negociar y, sobre todo, a garantizar
que ningún alumno preparado quede sin examinar por falta de recursos de la Administración.
Por lo tanto, cuando planteen relatos y proposiciones no de ley en las diferentes comisiones, tanto en esta como en la de Seguridad Vial, les rogamos, que acudan a fuentes oficiales que ofrezcan datos que sean lo más objetivos posible...
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
El señor SERRADA PARIENTE: ... y, sobre todo, que, cuando ofrezcan alternativas, lo hagan basándose en la responsabilidad y no en el posibilismo para no generar falsas expectativas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Borrego.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, hace justo un año debatíamos una proposición no de ley de mi grupo en esta comisión, en la que se instaba al Gobierno a ampliar la plantilla de los examinadores de tráfico y a adoptar las medidas necesarias para acabar con la
situación de colapso. Un año después, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, tal y como estamos viendo a lo largo de la mañana.
La PNL fue aprobada, pero el Gobierno, como siempre, ignora los problemas de los españoles e ignora los mandatos de la Cámara. De hecho, en septiembre de 2025 los datos empeoraron. Los parches del Gobierno de antes de verano no sirvieron
para nada. La situación es crítica en Navarra, pero como también se ha dicho, en toda España: un sistema saturado que bloquea el acceso al permiso de conducir. Estamos ante un colapso estructural que llega a seis u ocho meses de espera e incluso
a un año para examinarse en algunas zonas de España. La falta de capacidad examinadora es el núcleo del problema: menos plazas de examen que alumnos preparados para examinarse. Es una situación que el sector ha advertido reiteradamente y que se
agrava en verano, que genera efectos muy concretos: dificultades de acceso al empleo, costes económicos adicionales, pérdida de movilidad laboral y formativa, presión sobre los examinadores, saturación de las autoescuelas y, como se ha dicho
reiteradamente, el turismo para sacar el carné de conducir.
No estamos hablando de algo elitista, estamos hablando de una necesidad. En la Región de Murcia, por ejemplo, 14 000 jóvenes esperan para realizar el examen práctico; 9000 en
las Islas Baleares, donde además hay que sumar que la isla de Ibiza no dispone de examinadores. Esta situación afecta también a los profesionales del sector: conductores profesionales y transportistas. Por ejemplo, la Región de Murcia
necesita de manera inmediata 2000 camioneros y 200 conductores de autobuses. Esto también afecta al relevo generacional en el transporte.
Por ello, es imprescindible reforzar de manera estable la plantilla de examinadores, mejorar la planificación territorial de los exámenes y garantizar que ningún alumno vea bloqueado su acceso al permiso de conducir por falta de capacidad
administrativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Catalán, ¿acepta la enmienda?
El señor CATALÁN HIGUERAS: Sí.
La señora PRESIDENTA: La acepta.
Muchas gracias.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SIGUIENTE SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:
- PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO JURÍDICO BÁSICO DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000024).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el último punto del orden del día correspondiente a la solicitud de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.
Tengo anotados cuatro grupos que quieren intervenir. Tengo a VOX, al Grupo Socialista, Grupo Popular y SUMAR. Como sé que al principio no han estado todos, si hay algún grupo que quiera intervenir, que me lo diga sin problema. Recuerden que son
tres minutos por grupo, que es lo que quedamos en Mesa y portavoces.
Así pues, para fijación de posiciones, tiene la palabra el Grupo Plurinacional SUMAR, señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias.
La desaparición de personas puede, evidentemente, ser un delito continuado o permanente o incluso puede ser un crimen de lesa humanidad. También puede deberse a una decisión voluntaria, a un accidente o a una afectación personal de distinta
índole. En un caso u otro las víctimas son múltiples -la persona desaparecida, sus familiares y sus allegados- y, por tanto, es una obligación de toda la sociedad contribuir a aclarar los casos de desaparición localizando vivas a las personas o
comprobando su fallecimiento. Mientras se alcanza ese resultado, el dolor de las familias, de los allegados y también, de alguna forma, de toda la sociedad es inmenso.
Es necesario dotar a los profesionales que combaten las desapariciones de medios y protocolos necesarios para poder realizar lo mejor posible su trabajo. También es imprescindible dotarnos de un marco jurídico completo que dé seguridad
jurídica a las víctimas de las desapariciones y a la sociedad en general. Por todo ello, apoyamos crear la subcomisión de elaboración de un estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Es un hecho que la desaparición de una persona afecta también a sus familiares y personas allegadas y que todos nos sentimos solidarios con esa terrible situación que, además, genera diversas consecuencias distintas en el ámbito jurídico.
Es un hecho que
desde instancias internacionales se ha solicitado la necesidad de articular un cuerpo legislativo sobre personas desaparecidas. Es un hecho que ya en el ámbito parlamentario hace años el Senado dedicó una comisión específica a este asunto y
aportó las correspondientes conclusiones. Es un hecho que desde el tercer sector social se ha impulsado públicamente la aprobación del estatuto de la persona desaparecida sin causa aparente y que incluso han incluido en su propuesta un texto
concreto. Pero es también un hecho que los proponentes de esta iniciativa son los que gobiernan y, por tanto, el Grupo Socialista tiene dos vías inmediatas para encarar de verdad el principio de solución a este problema, si es que lo quieren hacer:
bien un proyecto de ley presentado por el Gobierno ante esta Cámara, bien una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En este momento terminal de la legislatura lo contrario es marear la perdiz, es demorar seis meses
con prórroga de otros seis meses más dar un planteamiento claro y definitivo a esta cuestión.
Por eso el Grupo Parlamentario VOX expresa su total solidaridad con quienes están viviendo esta terrible situación, pero, a la vez, exigimos que el Gobierno tome ya la iniciativa y proponga a esta Cámara un texto articulado de estatuto para
su correspondiente debate. Pero no vamos a dar cobertura a una nueva maniobra de distracción que siga dejando esta importante cuestión en el alero. Haciendo mías las palabras del señor portavoz del Grupo Republicano en esta comisión, el señor
Álvaro, recientemente, cuando estábamos hablando del problema de la oficina del DNI en San Cugat: Ustedes, señorías del PSOE, gobiernan; ustedes se han de remangar, señorías del PSOE; a ustedes les corresponde proponer la solución de esta
cuestión y no seguir demorándola más tiempo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidenta.
Hoy damos un paso más y damos un paso importante. Sobre todo, damos un paso después de haber escuchado a los colectivos y a muchas familias que están viviendo un momento dramático no desde hace una semana o desde hace unos días, sino desde
hace años.
Hoy debería ser un día en el que esta comisión diera un apoyo unánime a todos estos colectivos y, sobre todo, les diera la oportunidad de que pudieran venir a hablar al Congreso de los Diputados, de que pudieran estar aquí, en el seno de
esta comisión, de que les pudiéramos escuchar y, sobre todo, de que entre todos pudiéramos darles una solución y de que entre todos pudiéramos aportarles ese alivio y ese respiro que están buscando entre los diputados y las diputadas que representan
al conjunto de los españoles. ¿Por qué digo esto? Porque es un texto legal en el que se tiene que ver reflejada una situación tan gravosa y penosa para miles de familias que lo que quieren no es solo aliviar su situación, sino que cuando otra
familia tenga una situación similar a la que ellos están padeciendo ahora, encuentren un refugio y encuentren un amparo legal.
Esa es la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de presentar esta creación de la subcomisión. En el Congreso ya hemos hecho una declaración institucional, hemos citado a comparecer a asociaciones y a colectivos en esta
comisión, y es, como decía, el momento de que esta comisión dé un paso adelante y elabore un texto legislativo, que, insisto, tiene que ser consensuado y acordado después de escuchar a todas las personas que están en una situación como la que están
viviendo ahora.
Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista les pedimos que hoy volvamos a dar una lección a los españoles y a las españolas, como la pudimos dar la semana pasada al aprobar un texto legislativo en forma de ley orgánica,
y volvamos a dar una lección de lo que tiene que ser esta comisión, de la altura de miras que tenemos que tener en esta comisión, porque no deja de ser una comisión que tiene que responder no solo a los valores, sino también a las instituciones del
Estado y, por lo tanto, debe observar y debe proteger a todos y a todas las ciudadanas que están pasando momentos difíciles en situaciones complejas. Creo que en un marco político como en el que estamos poder
sacar hoy adelante la creación de esta subcomisión de forma unánime sería un mensaje muy positivo para el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Quintana.
La señora QUINTANA CARBALLO: Gracias, presidenta.
Señorías, creo que todos podemos coincidir en que hablar de personas desaparecidas es hablar de uno de los dramas humanos más duros que puede sufrir una familia, porque una desaparición no es solo una ausencia, es una incertidumbre
permanente, una herida que permanece abierta mientras no exista una respuesta.
Por eso, en nuestro grupo apoyamos la creación de esta subcomisión, porque más allá de los datos, de los procedimientos o de las estadísticas, hay familiares y amigos que necesitan que las instituciones estén a su lado. Es cierto que en los
últimos años se han producido avances importantes. El trabajo desarrollado por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha supuesto una mejora en la coordinación, en los protocolos de actuación, en la atención a las familias y en el uso de las
nuevas herramientas tecnológicas. También debemos reconocer la extraordinaria labor de las asociaciones de familiares, que han conseguido que la sociedad tome conciencia de una realidad que durante demasiado tiempo permaneció en silencio. Pero
todavía queda mucho camino por recorrer. Hoy, en España, siguen existiendo más de 6700 casos activos de desaparición, miles de familias que continúan viviendo con la incertidumbre y la necesidad de una respuesta. Y son precisamente esas familias
quienes, desde su experiencia y desde el dolor de años de espera, nos trasladan una hoja de ruta clara: la aprobación definitiva del estatuto de personas desaparecidas, una mayor especialización de los efectivos encargados de las investigaciones,
la aprobación de un protocolo unificado de actuación de obligado cumplimiento y la creación de una fiscalía especializada en materia de personas desaparecidas. Sus reivindicaciones deben ser escuchadas y constituyen, sin duda, un punto de partida
imprescindible para los trabajos de esta subcomisión. Por ello, resulta necesario abordar con rigor la elaboración de un verdadero estatuto de la persona desaparecida, que reconozca derechos como una búsqueda efectiva y sin demoras injustificadas,
una mejor información y acompañamiento a las familias, apoyo psicológico y jurídico y una mayor coordinación entre todas las Administraciones implicadas.
Permítanme que haga una referencia especial a quienes desaparecen en el mar. España es una gran nación marítima y, sin embargo, las familias de marineros desaparecidos han sido muchas veces las grandes olvidadas dentro de esta realidad. El
mar no solo se lleva una vida, en muchas ocasiones se lleva también la posibilidad de una despedida, de una explicación y de un cierre emocional para sus seres queridos. Sus circunstancias específicas también deben ser escuchadas y tenidas en
cuenta en los trabajos de esta subcomisión. Tenemos la responsabilidad de escuchar a las familias, atender las reivindicaciones que vienen planteando desde hace años y convertir su dolor en avances reales, porque detrás de cada expediente hay un
nombre, hay una historia y una familia que sigue esperando respuesta.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA. Gracias, señoría.
Vamos a dar un par de minutos para que, antes de empezar con la votación, comprueben, primero, que están en su escaño -recuerden que cada grupo parlamentario tiene asignado un sitio en concreto- y, segundo, una vez que estén sentados en su
sitio, que la pantalla funciona y que está con el texto de la proposición no de ley que se va a votar y que no haya ningún tipo de problema. Solamente cuando me digan que todo eso funciona, empezaremos con la votación, porque una vez empezada la
votación no se interrumpe. (El señor Gil Lázaro pide la palabra).
Dígame, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero recordar, para claridad de la votación, que la proposición no de ley que figura con el número seis en el orden del día y de la que es autor el Grupo Parlamentario VOX se votará con la autoenmienda incorporada que ha
presentado mi propio grupo parlamentario.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señoría, anotado está para cuando hagamos la votación.
Por favor, hagan las comprobaciones que les he pedido para que no haya ningún tipo de problema, porque una vez iniciada la votación seré inflexible: tiraremos para delante. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: Voy a leer cada enunciado para que no haya ningún tipo de problema. Vamos a seguir el orden que teníamos, sin ningún tipo de alteración, pero vuelvo a leerlo para que no haya duda.
Pasamos a la votación de la primera proposición no de ley, relativa a la mejora de los recursos materiales y humanos de la Guardia Civil, así como la revocación inmediata de la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) n.º 8,
destinado en el archipiélago canario.
Se va a votar en sus propios términos, porque no se aceptó la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a incrementar los medios de los cuerpos policiales para atajar las actividades de delincuencia organizada/crimen organizado como una amenaza para el Estado.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Corresponde realizar el voto ponderado.
Esperamos unos momentos a que se haga el cálculo. (Pausa).
Realizada la ponderación, el resultado es el siguiente: votos a favor, 178; votos en contra, 167; abstenciones, 5.
En consecuencia, queda aprobada.
Votamos la siguiente proposición no de ley, relativa a la falta de examinadores de tráfico en Navarra y la lista de espera para realizar la prueba para la obtención del permiso de conducir.
Recuerden que se hace con la aceptación de una enmienda del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 19; en contra, 1; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos la proposición no de ley para proceder a la apertura inmediata de una oficina de documentación de la Policía Nacional de manera permanente en la ciudad de Sant Cugat del Vallès.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 23; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos la proposición no de ley relativa a las actuaciones ante supuestos de personas desaparecidas y fallecidas en itinerarios migratorios.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 33; en contra, 3; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Votamos la proposición no de ley relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.
Recuerden que se vota con la autoenmienda del Grupo Parlamentario VOX.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 18; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el último punto: solicitud de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 32; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la creación de la subcomisión.
Sin ningún asunto más que tratar y dándoles las gracias por el tono mantenido en esta comisión en el día de hoy, se levanta la sesión.
Era la una y catorce minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.