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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 582, de 10/06/2026
cve: DSCD-15-CO-582
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 582
TRABAJO, ECONOMÍA SOCIAL, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª AINA VIDAL SÁEZ
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles,
10 de junio de 2026
Proposiciones no de ley:
- Relativa a promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001131) ... (Página3)
- Para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002201) ... (Página7)
- Sobre las medidas para el combate de los discursos de odio contra la población migrante en redes sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002763) ... (Página11)
- Sobre la modificación del artículo 48, suspensión con reserva de puesto de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, modificado el 31 de julio de 2025, y los correspondientes artículos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002791) ... (Página16)
- Para la prohibición de la detención de grupos vulnerables en contextos migratorios y garantía de su protección. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/002857) ...
- Relativa a la implantación de un régimen especial de exención del IVA para los autónomos con ingresos anuales inferiores a 85 000 euros, en cumplimiento de la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003085) ... (Página25)
- Relativa al fortalecimiento de los instrumentos de cooperación exterior en materia migratoria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003105) ... (Página30)
- Sobre el establecimiento de un sistema de jubilación anticipada para los trabajadores y trabajadoras de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña por razón de actividad profesional mediante la aplicación de coeficientes
reductores. Presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. (Número de expediente 161/003250) ... (Página34)
- Para dar una solución urgente a los trabajadores autónomos societarios y colaboradores, evitando el incremento de cuotas derivado de las decisiones del Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/003516) ... (Página39)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página43)
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, ECONOMÍA SOCIAL, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES CELEBRADA EL MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2026
Se abre la sesión a las cuatro y veintitrés minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A PROMOVER LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA LEY ORGÁNICA 11/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE LIBERTAD SINDICAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001131).
La señora PRESIDENTA: Abrimos la sesión para el debate y votación de las siguientes PNL. En primer lugar, la relativa a promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
En defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias por utilizar el apellido de mi madre, una cosa que me encanta, que llevo siempre como bandera.
Quiero comenzar, antes de todo, dejando claro que esta iniciativa en ningún caso pretende ir contra los sindicatos. Lo digo porque la demagogia seguro que aterriza aquí en unos minutos. Lo único que pretendemos es hablar y garantizar la
libertad sindical, y una democracia madura-conviene decirlo claro desde el principio- no tiene que temer al pluralismo, sino que lo necesita; una democracia madura no protege a dos siglas frente a los trabajadores, protege a los trabajadores frente
a cualquier monopolio, incluso también frente a ese monopolio sindical, aunque en este caso es un duopolio.
La Constitución reconoce a los sindicatos una función esencial: defender y promover los intereses económicos y sociales de los trabajadores, pero también exige que su creación y su actividad sean libres y que sus estructuras y
funcionamiento sean democráticos. (Rumores). Y el artículo 28 dice algo que no debemos olvidar nunca: todos tienen derecho a sindicarse libremente y nadie está obligado a hacerlo. Sin embargo, durante décadas hemos construido un sistema que en
la práctica convierte la libertad sindical en una carrera con la meta ya ocupada. España tiene un modelo dual de representación: por un lado, la representación unitaria elegida en la empresa; por otro lado, la representación sindical a través de
secciones y delegados. Ese modelo no es el problema. El problema es que los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical elevan a unos pocos sindicatos a una posición jurídica singular, con presencia institucional, negociación
colectiva, participación en órganos públicos, promoción electoral y acceso a recursos, mientras que otros sindicatos con arraigo real quedan fuera del diálogo social. Y uno mismo, que aquí les habla, ha sufrido las amenazas de los sindicatos para
quedarse fijo en una empresa, tanto por parte de UGT como de Comisiones Obreras, por lo cual no me pueden negar la realidad que yo mismo he sufrido en mis carnes en dos empresas diferentes. Y aquí está la pregunta que deberían responder quienes se
oponen a esta iniciativa, ¿por qué aceptamos con naturalidad que en unas elecciones parlamentarias baste un umbral del 3 o del 5 % para obtener representación, pero exigimos un 10 % a nivel estatal, o un 15 % a nivel autonómico, para abrir la puerta
de la representación sindical efectiva? ¿Por qué en política celebran el pluralismo y en el mundo laboral lo cierran ustedes bajo llave? No hablamos de teoría, hablamos de trabajadores que no se sienten representados por Comisiones Obreras ni por
UGT, dos sindicatos con una marcada línea política: UGT con el PSOE y Comisiones Obreras con Izquierda Unida. Cualquiera se puede acercar a una foto del 1 de mayo y lo puede comprobar perfectamente; incluso la actual ministra de Trabajo amenazó
desde la bancada azul con azuzar a los sindicatos
ante un posible cambio de Gobierno salido, ojo, democráticamente de las urnas, repito, democráticamente. Esta ministra utilizó unas herramientas al servicio de los trabajadores como amenaza, algo que reafirma por completo el alma de esta
iniciativa. Por eso, repito, ¿por qué en política se celebra el pluralismo y en el mundo laboral lo cierran con llave?
Hablamos de sindicatos profesionales, independientes, sectoriales, autonómicos o funcionales que conocen problemas concretos y no son escuchados. Hablamos de mesas donde siempre se sientan los mismos, se reparten los mismos papeles y se
firma en nombre de trabajadores a los que nadie ha preguntado. Nuestra propuesta es sencilla y profundamente democrática: sustituir el criterio de mayor representatividad por el de suficiente representatividad, visión compartida por la mayoría de
los países de nuestro entorno. No acabar con la representación sindical, sino abrirla; no quitar la voz a nadie, sino dar voz a más trabajadores; no romper el sistema, sino devolverle el oxígeno que le falta. Por eso, proponemos rebajar el
umbral al 5 % en el ámbito estatal, autonómico y funcional. Por eso, proponemos reformar también el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público para que la promoción electoral y la negociación no dependan de una coraza
diseñada para conservar privilegios. Y, por eso, pedimos algo tan elemental como es la transparencia: que las certificaciones reflejen delegados reales, que no se computen representantes donde la ley no lo permite y que se crucen datos con la
Seguridad Social y el Registro Mercantil para evitar delegados fantasma de empresas extinguidas.
Voy terminando, señorías. La libertad sindical no pertenece a ninguna sigla, pertenece al trabajador que se levanta cada mañana temprano, al que cumple, al que cotiza, al que quiere defender sus condiciones sin arrodillarse ante una
estructura cerrada. Hoy, VOX presenta esta iniciativa porque representa el pluralismo, la transparencia y la democracia real. Si de verdad creen en los trabajadores, dejen que los trabajadores elijan a quiénes los representen y no se lo impongan
ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno de intervención de los portavoces de los demás grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido. (Denegaciones).
Por el Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el señor Cervera. (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, esta proposición no de ley tiene un problema de base: VOX no entiende cómo funciona la representación sindical, y eso se nota. Nos piden que bajemos del 10 al 5 % el umbral para ser sindicato más representativo y el argumento es
que Comisiones y UGT -así lo dicen por escrito por mucho que ahora lo hayan explicado de otra manera- no representan a nadie. Veamos. En España hay elecciones sindicales libres; en cada empresa, en cada Administración, los trabajadores y
trabajadoras votan, y el resultado de esas elecciones, acumulado en todo el país, da a UGT y Comisiones en torno al 40 % de delegados cada uno; esto es, entre los dos, cerca del 80 %. Y esto no es un monopolio fabricado por la ley, es la voluntad
expresada en las urnas por la gente que madruga cada día. Además, señorías, fíjense en la contradicción: la ley les exige a estos sindicatos superar el 10 % para ser más representativos. Comisiones y UGT cuadruplican ese umbral cada una. Y VOX
quiere sustituir ese criterio por el del 5 %; o sea, los que no representan a nadie tienen ocho veces más respaldo que quienes, según ellos, sí deberían representar. Pero, vamos a ver, ¿en qué quedamos? El Tribunal Constitucional lo ha dicho ya
varias veces: la mayor representatividad es un criterio objetivo y constitucionalmente válido, precisamente porque arranca del mandato democrático de las elecciones sindicales.
Por si fuera poco, cuando acuden a Europa para apoyarse, señorías de VOX, o no han leído lo que citan o esperan que tampoco el resto lo leamos. Para empezar, en las elecciones sindicales en España votan todos y todas las trabajadoras. Y no
es así en toda Europa, porque en algunos de los sistemas que ustedes mencionan votan los delegados que señala el sindicato. Y esa, bueno, es una 'leve' diferencia. Además, le añadiré que en
Francia el umbral es del 8 %; no del 5 %, como ustedes dicen. Y hay que cumplir simultáneamente otros cinco criterios cualitativos: independencia, transparencia financiera, antigüedad, afiliados reales y actividad acreditada. En Bélgica
no hay umbral porcentual. Para ser representativo necesitas 50 000 afiliados y presencia en todos los sectores productivos. En Luxemburgo el umbral es del 20 % a nivel estatal. En Italia -estos son sus ejemplos-, el 5 % se mide combinando votos y
afiliación real. Y los convenios solo son válidos si los firman sindicatos que suman el 60 % de los votos del universo sindical completo, no solo de los firmantes. Quiero decir que, si aplicáramos a España cualquiera de los sistemas que ustedes
mencionan, el resultado sería exactamente el mismo que tenemos: solo UGT y Comisiones Obreras serían los sindicatos más representativos a nivel estatal. El derecho comparado que ustedes citan les refuta.
Señorías, la representatividad no se construye con un cambio en la ley. Se construye estando en la empresa cuando hay un ERE, con la trabajadora que ha sufrido acoso y negociando un convenio cláusula a cláusula. Eso requiere presencia,
organización y ganarse la confianza de la gente. VOX sabe muy bien esto porque lo intentó. Construyeron su propio sindicato, lo constituyeron, lo lanzaron con mucho ruido y se ha quedado en nada: tienen cuatro delegados en toda España, cuatro.
Porque no es fácil representar a los trabajadores y las trabajadoras cuando tu modelo de liderazgo pasa por el del señor Abascal. Un hombre que se dedica a decirle a la clase trabajadora lo que necesita sin haber pisado un centro de trabajo ni
haber trabajado en toda su vida.
Votaremos no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Castilla.
La señora CASTILLA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Hay que reconocer a las señorías de VOX que tienen una gran perseverancia, porque no es la primera vez que debatimos este tema en comisión. De hecho, en la anterior legislatura se debatió, en el seno de la Comisión Constitucional, el 27 de
abril de 2022. La segunda vez es hoy, en la Comisión de Trabajo, y entre una y otra apenas hay diferencias. Han cambiado la comisión, han cambiado alguna referencia, han añadido algunos artículos, pero el objetivo sigue siendo exactamente el
mismo. Es un auténtico corte y pega parlamentario.
Además, esta iniciativa parte de una premisa equivocada: la idea de que nuestro sistema de representatividad sindical es injusto, vulnera la igualdad y restringe la libertad sindical está muy lejos de la realidad. La historia de la
democracia de nuestro país no se hubiera escrito, no se hubiera podido explicar sin el sindicalismo de clase. No puede explicarse sin quienes defendieron los derechos laborales cuando hacerlo suponían persecución, despido o cárcel, incluso la
muerte. No puede explicarse sin la contribución histórica de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras en la conquista de las libertades democráticas. Y tampoco puede explicarse sin el papel que los sindicatos han desempañado
durante décadas en la mejora de las condiciones de vida a través de la negociación colectiva: la subida del salario, la reducción de la jornada laboral, la protección frente a los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera; reformas ante las
cuales, cuando han venido al Congreso, siempre han votado en contra. Todo ello fue posible porque existían organizaciones sindicales fuertes, representativas y con capacidad real de interlocución. Por eso sorprende que, una vez más, se pretenda
presentar a los sindicatos como un problema, cuando han sido una de las herramientas fundamentales del progreso social en nuestro país.
Ustedes, señorías de VOX, sostienen que los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical vulneran los artículos 14 y 28 de la Constitución. Pero es que esa cuestión ya la ha resuelto el Tribunal Constitucional de forma reiterada.
Por ejemplo, léanse con detenimiento la Sentencia 147/2001, que afirma que el criterio de la mayor representatividad es un criterio objetivo y constitucionalmente válido. ¿Por qué? Porque es la voluntad de los trabajadores expresada en las
elecciones sindicales. ¿Saben ustedes
cuántas elecciones sindicales hay a lo largo de los días y a lo largo de los meses en este país? Hay miles, miles de elecciones donde los trabajadores y las trabajadoras saben a quién le tienen que dar su confianza libremente, y deciden que
cerca del 80 % sea a UGT y a Comisiones Obreras. Por lo tanto, no estamos hablando de un privilegio; estamos hablando de una consecuencia democrática.
Por eso tampoco existe vulneración del artículo 14 de la Constitución ni del artículo 28, porque ningún sindicato queda privado de su libertad sindical ni para constituirse, ni para afiliar trabajadores, ni para presentarse a elecciones. La
propia sentencia contiene una advertencia especialmente relevante para el debate que hoy nos trae aquí. El tribunal señala que una interpretación absoluta del principio de igualdad podría terminar perjudicando la defensa eficaz de los trabajadores
mediante la excesiva atomización sindical. Y, miren, traen modelos como Francia o Italia. Pues bien, Francia exige también acreditar respaldo electoral efectivo. Y en Italia llevan décadas enfrentándose precisamente a problemas derivados de la
fragmentación sindical y de los conflictos de sobrelegitimación negociadora. Es decir, los ejemplos que presentan no demuestran las bondades de su propuesta. Lo que ustedes, señorías de VOX, llaman privilegios son, en realidad, resultados
electorales. Lo que ustedes llaman monopolio es, en realidad, respaldo democrático y lo que ustedes llaman reforma es, en realidad, un intento de alterar las consecuencias de unas elecciones cuyos resultados no les gustan.
Y voy terminando, señora presidenta. Porque si Comisiones Obreras y UGT -organización de la que tuve el honor de ser secretaria general en Andalucía durante muchos años- tienen la mayor representatividad, no es porque nadie se la haya
regalado; es porque millones de trabajadores han confiado y siguen confiando en sus candidaturas. En democracia, la respuesta frente a eso no es cambiar las reglas de juego. La respuesta es convencer a los trabajadores y a las trabajadoras.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno de Silvia Franco, del Grupo Popular.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en el Grupo Popular consideramos razonable, casi cuarenta años después, estudiar una posible reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para comprobar si el modelo de representatividad sigue ajustándose a la realidad actual,
pero con un objetivo claro: mejorar y fortalecer el sistema, no debilitarlo ni cuestionar, por supuesto, la función constitucional de los sindicatos. Nosotros creemos en esa función. Podemos discrepar de muchas de sus posiciones. Por eso creemos
que convertir en enemigo permanente a determinadas organizaciones sindicales que representan a la mayoría de los trabajadores, desde luego, no es un buen punto de partida para esta reforma.
La propuesta que trae VOX, que parece más una proposición de ley que una PNL en sentido estricto, es de gran calado y afecta a la base de la representación de los trabajadores y de la negociación colectiva. Y una reforma así consideramos
que requiere un análisis riguroso, sosegado y, sobre todo, escuchar a los propios agentes sociales. Fundamentan la necesidad de esta reforma en los artículos 14 y 28 de la Constitución, como si de ellos derivaran porcentajes concretos de
representatividad, pero no es así. Esos porcentajes los fija el legislador para garantizar precisamente que quienes negocian en nombre de todos cuenten con una base real de apoyo y evitar también una fragmentación sindical que haga inviable
alcanzar acuerdos.
Ustedes no justifican por qué fijan el umbral del 5 %, porque en otras cifras se recurre al derecho comparado, pero de manera selectiva. En Francia, la ley actual exige un porcentaje del 8 %; en Italia se exige el 5 %, pero por acuerdo
entre las propias confederaciones sindicales; y en Países Bajos no hay un umbral rígido, pero ahí estamos en un contexto con una fuerte cultura de consenso, para su fortuna. Con estos datos, ¿basta para presentar como discriminatorios los umbrales
actuales y elevar el 5 % a la categoría de verdad indiscutible? Más bien parece una opción posible entre varias, que exigiría una motivación jurídica y política más sólida y un debate más abierto.
Además, si miramos los datos de las últimas elecciones sindicales, comprobamos que tanto Comisiones Obreras como UGT reúnen casi el 70 % de los delegados a nivel estatal y ninguno de los llamados minoritarios alcanzaría el 5 %. Es decir,
esta reforma no alteraría el mapa de la representatividad sindical a nivel nacional. Sí introduciría inseguridad a nivel autonómico: mayor pluralismo, sí, pero también mayor fragmentación, pérdida de la capacidad de negociación, más bloqueos y
acuerdos inestables.
Miren, el principal problema al que nos enfrentamos hoy no es cuáles son las organizaciones representativas ni la representatividad. El principal problema es saber si en España existe hoy un diálogo social en sentido estricto a la hora de
definir las grandes políticas laborales y sociales. Porque cuando el Ministerio de Trabajo toma esas decisiones contando solo con una parte, lo que está haciendo es vaciar de contenido el diálogo social. Una falta de coherencia que se agrava
cuando observamos que SUMAR, la formación que dirige el ministerio, está inmersa -según se ha publicado en recientes informaciones- en una investigación interna por un presunto acoso laboral contra la sucesora de la señora Díaz. Es difícil dar
lecciones de diálogo y respeto a las relaciones laborales cuando ni siquiera se garantiza ese clima dentro de la propia organización.
Termino con la idea inicial de mi intervención. En el Grupo Popular consideramos que, si de verdad se busca reforzar el pluralismo sindical, lo responsable sería abrir una reflexión seria y ordenada sobre nuestro modelo de
representatividad, con datos, con expertos, con rigor y, sobre todo, contando con todos los sindicatos, tanto los mayoritarios como los minoritarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
- PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002201).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición de ley número 2, para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene el turno de palabra Noelia Cobo.
La señora COBO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, vivimos en una sociedad en que los dispositivos digitales son parte fundamental de nuestra actividad profesional, económica y privada. Desde nuestro teléfono móvil podemos realizar prácticamente cualquier gestión y podemos
mantenernos comunicados en cualquier momento. Este grado de conexión, impensable hace no tantos años, nos facilita el día a día y tiene múltiples virtudes, pero no está exento de problemas. Un excesivo tiempo frente a la pantalla puede derivar en
trastornos de ansiedad, de insomnio o en problemas visuales, por lo que en los últimos años han proliferado políticas de conciliación que fomentan el uso saludable de los dispositivos con pantalla. También en el ámbito laboral la transformación
digital, entre otros factores, está produciendo cambios en el tejido empresarial, en las relaciones laborales y en la organización del trabajo; cambios que están motivando la irrupción de nuevos riesgos para las personas trabajadoras. El trabajo a
distancia -del que es una variedad el teletrabajo- es una prueba de ello, pues implica la prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías. Este hecho ha motivado la promulgación de nuevas normas tanto a nivel europeo como en España con
el fin de garantizar unas condiciones laborales equiparables a las del trabajo presencial con un elenco de derechos que, entre otras cuestiones, tratan de evitar los riesgos que estas nuevas normas de la prestación laboral suponen para las personas
trabajadoras, estableciendo un marco de flexibilidad y seguridad para los trabajadores y la empresa.
El derecho a la desconexión digital es el derecho laboral que tienen las personas trabajadoras a no conectarse a dispositivos digitales relacionados con su actividad laboral
o que establezcan comunicación con su trabajo cuando están fuera de su horario laboral. La correlativa obligación de las empresas para garantizar este derecho es una de las más incumplidas y son muy pocas las que cuentan con un plan de
desconexión elaborado de acuerdo con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras para evitar la fatiga digital y facilitar el descanso, la conciliación con la vida personal y familiar y proteger eficazmente la seguridad y la salud de
las personas trabajadoras. Si ya somos conscientes de que la actual forma de socializar y consumir información está intrínsecamente vinculada a los dispositivos con pantalla y, por ello, tratamos de inculcar un uso razonable a los usuarios, en la
vida laboral esta exigencia debe implicar cambios en la relación laboral y en la prevención de sus riesgos. Es necesario atajar que las facilidades de comunicación, que posibilitan poder consultar una duda a una persona empleada o incluso solventar
un problema de forma telemática a cualquier hora del día, deriven en riesgos laborales al incluir una sobrecarga de trabajo con potenciales efectos sobre la salud mental y física de la persona trabajadora. Debemos evitar que la persona trabajadora,
inserta en un contexto de alta competitividad laboral, acceda a soterrar su derecho a la desconexión al no sentirse suficientemente protegida. Es cierto que contamos con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 20232027, con
distintos objetivos de actuación que inciden directamente en la prevención de riesgos y en la protección de la población trabajadora, con líneas específicas de actuación en relación con los cambios que operan en nuestro mercado laboral, que recogen
expresamente los riesgos derivados de la digitalización de la actividad laboral. Especialmente tras la pandemia y con la generalización del teletrabajo, la frontera entre la jornada laboral y la vida privada se ha difuminado. Por este motivo
garantizar el derecho a la desconexión digital es imprescindible para cuidar la salud mental de los trabajadores. Sin embargo, ello no es óbice para impulsar y apoyar desde los poderes públicos medidas que ayuden en la implantación de las
actuaciones que aseguren este derecho, evitando los riesgos que implica su incumplimiento en las enfermedades profesionales como el burnout o el alto estrés laboral que se acaba manifestando a través de muchos trastornos. La desconexión digital no
es una moda normativa; es una pieza más del engranaje del tiempo del trabajo, junto con el registro horario, las horas extraordinarias y el control de jornada. La gestión del tiempo del trabajo en entornos digitales exige conocimiento técnico y
constante, especialmente en un contexto donde la frontera entre trabajo y vida personal es cada vez más difusa.
Señorías, debemos garantizar el derecho de las personas trabajadoras al descanso, a la intimidad, a la concienciación y a una protección eficaz de su seguridad y su salud laboral. Para ello debemos adoptar medidas para impulsar a las
empresas a que, en el ámbito de la negociación colectiva, elaboren un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la desconexión. Tras el análisis de la actividad y de la forma de la prestación laboral -especialmente el trabajo a distancia
o el teletrabajo y la auditoría de conexiones realizadas fuera del horario laboral, así como su motivación-, este protocolo deberá formar parte de los convenios colectivos. Además, habrán de llevarse a cabo campañas de sensibilización en
colaboración con los agentes sociales para dar a conocer el derecho a la desconexión digital, así como para mostrar la necesidad de llevar a cabo el ejercicio de este derecho, tanto a nivel organizativo como individual, para evitar los efectos que
en la salud pudiera tener la falta de desconexión. Asimismo, estudiar en el diálogo social las posibles modificaciones legales para garantizar el efecto del ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y
en la normativa de infracciones y sanciones.
En definitiva, señorías, no solo se trata de tiempo en el trabajo, sino que estamos hablando de salud laboral y de conciliación familiar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno de intervención del grupo parlamentario que ha presentado una enmienda, en este caso, el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra su portavoz.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo creo que todo el mundo tiene claro que el derecho a la desconexión digital existe, importa y, sobre todo, debe cumplirse. En eso creo que no hay debate posible. Nadie debería vivir pendiente del correo a las once de la noche
ni temer que apagar el móvil sea interpretado como una falta de compromiso con la empresa. El descanso no es un lujo; la vida familiar no es una concesión de la empresa, y la salud mental de los trabajadores no puede quedar secuestrada por una
notificación. Es una cuestión grave, como se deduce de los índices de consumo de benzodiacepinas que predominan en España, pues somos líderes mundiales.
Pero, precisamente porque el derecho importa, no podemos convertirlo en otra exhibición de burocracia, socialista en este caso. La desconexión digital no la ha inventado el PSOE en esta proposición; está reconocida en nuestro ordenamiento:
en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Trabajo a Distancia. El problema no es que falte propaganda, el problema es que falta cumplimiento
efectivo, claridad jurídica y una inspección de trabajo capaz de actuar donde haya abuso.
¿Qué propone el Grupo Socialista? Como siempre, más protocolos, más auditorías, más negociación formal, más cargas que acabarán cayendo -insisto, como siempre- sobre pequeñas y medianas empresas que ya viven enterradas en obligaciones
administrativas. La gran empresa contratará a consultores, la pyme imprimirá papeles y el trabajador seguirá viendo mensajes fuera de hora si nadie vigila de verdad.
El Grupo VOX no va a votar en contra de la desconexión. Por eso presentamos esta iniciativa, que creemos que la mejora. En lo que no vamos a estar de acuerdo es en el teatro legislativo. Defendemos una enmienda sensata. Hay que
desarrollar un reglamento más claro, campañas más específicas de la Inspección de Trabajo, mayor protección real para los trabajadores -repito, mayor protección real para los trabajadores-, porque el ministerio hace dejación de funciones. Hay que
hacer reglas que sean aplicables sin asfixiar el mayor tejido empresarial que tenemos, que son las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, los autónomos. Porque hay una diferencia entre proteger derechos y fabricar expedientes. Deben tener
claro que hay una gran diferencia entre ordenar el mercado laboral y convertir cada relación laboral en un auténtico laberinto. Hay que defender el descanso, por supuesto, tenemos que defender la salud -es un problema gravísimo el que tenemos
actualmente en España-, pero hagámoslo con una ley clara, con una inspección eficaz y que no haga dejación de funciones, y hagámoslo sobre todo con sentido común, no con otro cartel del Gobierno que diga que ha descubierto lo que ya existía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Es el turno ahora de los demás grupos parlamentarios.
En primer lugar, es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta.
Molt breument. Per dir que des de Junts compartim la necessitat de protegir la salut mental i la conciliació dels treballadors catalans contra el burnout. Però, ens sembla que més enllà de preveure nous mecanismes de fiscalització i règims
sancionadors, també caldria posarhi recursos. Posarhi recursos per ferne una bona implantació, sense que això acabi sent un llastre per la competitivitat, en especial de les pimes i dels autònoms, i acabi representant el que representa moltes
vegades, un excés de burocràcia i una hiperregulació que, al final, també deixa desemparat el treballador.
Res més i moltes.
Gracias, presidenta.
Muy brevemente. Solo quiero decir que en Junts compartimos la idea de la necesidad de proteger la salud mental y la conciliación de los trabajadores catalanes contra el burnout. Pero nos parece que, más allá de prever nuevos mecanismos de
fiscalización y
regímenes sancionadores, también haría falta poner recursos para que la implantación sea correcta sin que ello sea un lastre para la competitividad, en especial de las pymes y los autónomos, y termine representando lo que representa muchas
veces: un exceso de burocracia y una hiperregulación que al final también deja desamparado al trabajador.
Nada más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gràcies, senyor Cervera.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra Viviane Ogou.
La señora OGOU I CORBI: Gràcies, presidenta.
Ahora mismo vivimos en una sociedad en la que los dispositivos digitales forman una parte integral de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, y estos mismos dispositivos nos sirven para trabajar. Muchas veces
la ciudadanía no cuenta con un teléfono móvil para trabajar y otro para vivir, sino que tienen uno y deben compatibilizar ambos números. Por tanto, lo que vemos es que la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, se encuentran todo el tiempo
inmersos en la vida laboral a través de esos dispositivos que piden inmediatez. Un wasap lo que te pide es inmediatez, las notificaciones -que no paran de salirte- te piden inmediatez. A las tensiones y las ansiedades que puede generar esa vida
laboral se suma esa petición de inmediatez, por tanto, es fundamental que haya ese derecho a la desconexión digital y que los trabajadores y las trabajadoras puedan dejar de recibir mensajes que tienen que responder.
Por eso, el Ministerio de Trabajo reguló el derecho a la desconexión en 2018. Entre otras cosas, lo que hizo fue obligar a las empresas a elaborar una política interna de desconexión, con unos derechos y deberes establecidos, así como una
serie de medidas para prevenir los riesgos laborales de las personas que teletrabajen. Sin embargo, como decía el Grupo Socialista, no todas las empresas están cumpliendo con esta obligación. Por eso en el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
estamos de acuerdo en que se dé un paso más, que se siga desarrollando esta tarea de concienciación para garantizar que todas las empresas tienen estos protocolos y que se cumplen; que los trabajadores conocen cuáles son los canales para denunciar,
para avisar de estas malas praxis y poder hacer defender sus derechos, y que se garantice también que este derecho a la desconexión digital no solamente esté regulado en el marco de la negociación entre los trabajadores con la empresa, sino en el
marco de las negociaciones colectivas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Belmonte.
El señor BELMONTE GÓMEZ: Con la venia.
Buenas tardes.
Coincidimos en que lo digital ha difuminado las fronteras, las físicas y también las laborales. Es decir, en este mundo ya global esa cuestión supone un reto que hay que afrontar. La PNL del Grupo Socialista pretende proteger el descanso y
favorecer la conciliación, y en eso el Grupo Popular va a estar siempre apoyando y va a estar siempre preocupado por el asunto. La diferencia es cómo quiere la PNL hacer esa protección.
Se ha referido a que tenemos ya tres normas fundamentales que regulan esta cuestión: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Trabajo a Distancia y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
No necesitamos más regulación, necesitamos evaluar lo existente, preguntarnos qué funciona y qué no funciona y aplicar las mejoras correspondientes. Porque si todo ello redunda solo en la efectividad del descanso, si no logra también empresas más
productivas, nos hará fracasar en un entorno donde dejar de competir significa también descender y abandonar el progreso de la sociedad. Por eso tiene bastantes incongruencias esta PNL.
Ante ello, ¿qué propone el Grupo Socialista? Propone protocolos. Más regulación, más hiperregulación. Cada regulación es un ladrillo más en la mochila de las empresas, que les impide moverse con eficacia y ser flexibles, que es uno de los
requisitos básicos del triunfo
económico de las sociedades en estos tiempos. Imagínense que cada vez que tienen frío ustedes se echan una manta encima, y a medida que tienen más frío, se echan otra manta más. ¿No será mejor tener una manta que nos cubra y sea eficaz, en
vez de tantas mantas? Así nos podremos mover mejor. Ese es un ejemplo sencillo y aplicable. Hacen falta regulaciones eficaces, no muchas regulaciones.
Después, otra cuestión que la PNL propone son sanciones. A la izquierda le encanta sancionar a las empresas. A partir de ahí propone también una alusión a la negociación colectiva, que la izquierda y el PSOE ahora mismo abanderan, pero que
olvidan cuando quieren. Cuando se redujo la jornada por decreto, la negociación colectiva no existió. Tampoco existió cuando se quiso reformar y aplicar el estatuto del becario o las reformas sucesivas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ahí tampoco se aplicó esa negociación colectiva. Por lo tanto, la incongruencia de esta PNL hace que tenga muchos riesgos.
Al final, tanta hiperregulación, tanta sanción, y aludir a una negociación colectiva que le implica y a la que se abona el PSOE cuando quiere, la verdad es que nos causa un poco de desesperanza. Esto refleja la desconexión -eso sí, eficaz-
que tiene el Gobierno del Partido Socialista de las empresas, del mercado laboral y del futuro de la prosperidad de este país, y nos recuerda que la desconexión real, verdadera y necesaria es la que tiene que hacer España, que tiene un gobernante
indigno, que es P.S.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Le pregunto a la proponente si acepta la enmienda.
La señora COBO PÉREZ: No, no la vamos a aceptar.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL COMBATE DE LOS DISCURSOS DE ODIO CONTRA LA POBLACIÓN MIGRANTE EN REDES SOCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002763).
La señora PRESIDENTA: Vamos con la proposición no de ley número 3, sobre las medidas para el combate de los discursos de odio contra la población migrante en redes sociales.
Es del Grupo Parlamentario Socialista y la defiende Ada Santana.
La señora SANTANA AGUILERA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes.
En la semana de la visita de Su Santidad el papa a nuestro país, nos parece oportuno traer esta iniciativa para combatir los discursos de odio contra la población migrante en redes sociales. Este mismo lunes hemos tenido el privilegio de
escuchar el discurso del papa en nuestro hemiciclo, en nuestra casa; un discurso destacado por defender la migración, por avalar la gestión del Gobierno de España a través de esa regulación que está permitiendo la adquisición de derechos para las
personas migrantes y, sobre todo, por ir contra ese concepto de prioridad nacional que algunos y algunas nos intentan imponer.
La realidad que tenemos actualmente en nuestro país, lejos de los bulos que siempre se quieren propagar -que la población migrante delinque, que son los culpables de que haya delitos en nuestro país-, es que los únicos delitos que han subido
son los delitos de odio y las agresiones dirigidas contra la población migrante. Qué curioso, la realidad está bastante lejos de la percepción que algunos nos quieren imponer. Actualmente las agresiones a migrantes en España han derivado en graves
disturbios con episodios de violencia física y acoso instigados por discursos xenófobos. Además, la polarización y la violencia han fracturado la convivencia de manera temporal en distintas zonas del país. Por ejemplo, todos y todas recordamos el
bochornoso caso vivido en Murcia, en Torre Pacheco, una localidad donde destaca la presencia de población migrante, donde durante varias noches se sufrieron distintos altercados contra población migrante simplemente por
el hecho de serlo. Allí lo mejor de todo esto es que incluso se agredía a españoles; lo que pasaba es que a lo mejor no entraban en el prototipo de lo que entendemos que puede ser un nacional, porque hemos caído hasta en no saber
distinguir ya ni qué es nacional y qué no lo es, y directamente todo lo que entendemos que tiene una percepción distinta a la que algunos y algunas nos quieren imponer es susceptible de sufrir violencia. Eso es en lo que hemos caído.
Además, las redes sociales tienen aquí un punto clave, pues se han reportado distintas convocatorias a través de redes sociales, a través de distintas plataformas digitales -por ejemplo, a través de canales de Telegram-, donde directamente
se organizan persecuciones violentas contra personas extranjeras. Por tanto, nos parece que es oportuno debatir esta iniciativa para poner coto a esa escalada de violencia contra la población migrante.
También quiero recordar un caso de mi tierra, donde un joven magrebí salvó a una chica joven. Todos recordaremos que se reportó un caso de un joven magrebí al que supuestamente se le acusaba por un caso de violencia de género.
Automáticamente se organizaron ya no manifestaciones, sino persecuciones violentas contra los migrantes que se encontraban situados en el Centro Canarias 50. Luego la realidad mostró que ese chico no solamente no era un agresor, sino que además era
un héroe porque le había salvado la vida a esa chica. Ese es el punto al que hemos llegado.
Por tanto, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa? Muy sencillo, proteger a nuestros propios residentes y también, por supuesto, a nuestros propios nacionales. Por ello, traemos puntos que todos y todas podemos suscribir, por supuesto me
refiero a todas y todos aquellos que no estén a favor de hacer carnicerías contra la población migrante, incitándolas a través de las redes sociales.
¿Cuáles son los puntos que proponemos en el Grupo Parlamentario Socialista? En primer lugar, incrementar la colaboración con plataformas digitales para garantizar respuestas proporcionales ante la proliferación de contenidos que incitan al
odio contra la población migrante o de origen extranjero y aumentar la agilidad y la eficacia de la retirada de ese contenido. En segundo lugar, impulsar campañas contra la desinformación y el odio hacia la población migrante o de origen extranjero
en el ámbito digital, en colaboración con medios de comunicación, redes sociales y, por supuesto, con las Administraciones públicas competentes en cada uno de los casos. En tercer lugar, apoyar iniciativas y programas de sensibilización contra el
racismo, la xenofobia y el reconocimiento de la convivencia intercultural.
Por último, simplemente quiero recordar que en nuestro país el sistema de bienestar se sostiene gracias al trabajo de todos y todas, y también porque la población migrante es un importante pilar de nuestro sistema de bienestar a la que
siempre tendemos, como empezaba esta iniciativa, a recordar por lo malo y asignarle cosas que no son de ellos, sin tener en cuenta que sin la población migrante tendríamos un serio problema de sostenibilidad de nuestra democracia y de nuestro
Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Es el turno de intervención de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO GARCÍA: Buenas tardes.
Efectivamente, compartimos buena parte de esta proposición no de ley y vamos a apoyarla. Me gustaría hacer algunas reflexiones. Teniendo en cuenta que la primera responsabilidad de esta Cámara, como representante de la ciudadanía, es
garantizar la convivencia en paz de todas aquellas personas que habitan en el Estado español -hayan nacido donde hayan nacido, que viven aquí, que comparten con nosotros espacios y sea cual sea su religión, sea cual sea su color de piel o haya
elegido la forma de vida que haya elegido mientras sea respetuosa- no me cabe en la cabeza que alguien se pueda negar a un planteamiento en el se pide una vez más es combatir con todos los medios posibles esos discursos de odio; ese rechazo que va
calando y que va impactando también en una parte de juventud que empieza a tener reacciones y comportamientos en las redes sociales más que preocupantes.
En el caso de Canarias, como ha dicho la diputada socialista, conocemos bien, por nuestra situación de frontera sur de Europa y por nuestra experiencia migratoria, lo que este tipo de discursos puede llegar a generar. Aunque siempre
presumimos -y estamos orgullosos- de no ser un territorio donde se hayan producido esos brotes xenófobos que hemos visto en otros lugares con menor impacto migratorio que el nuestro, no podemos bajar la guardia. Eso sí, tras leer la PNL y los
puntos de acuerdo, esto me genera una cierta preocupación, porque creo que son asuntos que el Gobierno de España ya debería de estar haciendo y no traer una PNL con cuestiones tan fundamentales, básicas y poco discutibles. De verdad, pensé que el
Gobierno de España ya estaba haciendo esto. En cualquier caso, apoyamos que se haga no esto, sino mucho más, porque esto es lo mínimo -lo mínimo- que se puede hacer en la lucha contra la xenofobia y el discurso de odio, y tendría que estar ya en
otra fase. Lo que abunda no daña. Tanto hoy como la semana que viene, que también hablaremos en el Pleno de discursos de odio en el deporte, vamos a apoyar siempre todas estas iniciativas, pero no traigan estos discursos si no se corresponden con
la acción del Gobierno. Me gustaría conocer alguna vez con profundidad qué acciones desarrolla en este sentido el Gobierno y por qué tenemos que aprobar una proposición no de ley con cuestiones que parecen obvias.
Contarán con nuestro apoyo, como he dicho, porque nunca estaremos en contra ni enfrente de esto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Gràcies de nou, presidenta.
Bé, des de Junts per Catalunya compartim aquesta lluita contra els discursos d'odi, contra la desinformació sobre la immigració i compartim la lluita contra el racisme i la xenofòbia a les xarxes, al carrer i arreu. Però limitarnos a
impulsar campanyes contra el racisme per intentar fomentar la convivència ens sembla que és un mer pedaç. Ens sembla que és un mer pedaç si no som capaços d'acompanyarho d'una gestió ordenada dels fluxos migratoris, si no som capaços de destinarhi
els recursos suficients i si no som capaços de fer polítiques efectives d'integració. Polítiques efectives d'integració que nosaltres pensem que s'han de fer des de la proximitat, i menys en aquells casos com el de Catalunya, on el percentatge de
persones migrants arribades i la realitat lingüística és diferent de la resta de l'Estat.
I, per aquests aspectes, vostès ja saben que nosaltres fa temps que reclamem la delegació integral de les competències en aquest àmbit per poder fer tot això i ferho correctament.
Gràcies.
Gracias de nuevo, presidenta.
En Junts per Catalunya compartimos esta lucha contra los discursos de odio, contra la desinformación sobre la inmigración, y compartimos la lucha contra el racismo y la xenofobia en las redes, en la calle y en todos lados. Pero limitarnos a
impulsar campañas contra el racismo para intentar fomentar la convivencia nos parece que es una simple solución temporal; no es más que un parche si no lo podemos acompañar de una gestión ordenada de los flujos migratorios, si no somos capaces de
destinar recursos suficientes y si no somos capaces de hacer políticas efectivas de integración. Políticas efectivas de integración que nosotros creemos que hay que realizar desde la proximidad, y más en casos como el de Cataluña, donde el
porcentaje de personas migrantes llegadas y la realidad lingüística es distinta de la del resto del Estado.
Por esos aspectos ya saben ustedes que nosotros hace tiempo que reclamamos la delegación integral de las competencias en este ámbito para poder hacer todo esto y hacerlo correctamente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gràcies, diputat.
Es el torn del Grup Parlamentari SUMAR.
Senyora Ogou, té la paraula.
La señora OGOU I CORBI: Moltes gràcies, presidenta.
Esta semana hemos conocido el nuevo de informe de 2025 sobre la evolución de los delitos de odio y la verdad es que las cifras son bastante preocupantes, se ha llegado a un máximo histórico, aumentando un 23,6 % en particular en islamofobia.
Un dato que nos ha sorprendido es que cada vez más es la infancia la que está recibiendo y ejerciendo esa violencia. Creo que es importante que hablemos de si son las infancias, los adolescentes o los jóvenes los que están pasando por esto, porque
esto quiere decir que no estamos hablando solo de migración; estamos hablando de jóvenes españoles racializados que están sufriendo violencia por ser hijos, nietos, personas adoptadas o personas mestizas. Creo que eso también es importante, porque
mientras mantengamos este discurso de que todo lo que es marrón no es de nuestro país facilitaremos estos marcos de odio y exclusión que fomentan el Grupo Parlamentario Popular y VOX.
Para poner el foco en lo que ocurre, creo que es importante que no nos centremos solamente en las familias -por ejemplo, en este caso- o en las personas, sino en las plataformas digitales. Son las plataformas digitales las que permiten que
se den estos discursos de odio. Si tenemos asistentes virtuales que nos permiten analizar información de miles y miles de contenidos colgados en Internet y de hacer resúmenes prácticamente exhaustivos de documentación, esa misma inteligencia
artificial será capaz de identificar mensajes de odio, que no voy a repetir, pero mensajes de odio que todos sabemos lo que dicen.
Por tanto, lo que tenemos que pedir a las empresas tecnológicas es responsabilidad penal y que, si no pueden facilitar la identificación y la supresión de estos discursos, faciliten al menos la identificación de las personas que hay detrás;
y, si no pueden, que se hagan cargo de los daños que se ejercen con esos mismos discursos de odio.
Desde SUMAR, en particular desde el Ministerio de Juventud e Infancia, se está trabajando en una ley de entornos digitales que lo que quiere precisamente es regular esta cuestión. Uno de los elementos que están encima de la mesa es vincular
una cuenta en redes sociales con un NIE, con un DNI, con un pasaporte, con un elemento identificativo para que los agresores no se sientan con la impunidad de insultar a la gente de esta manera sin que pase nada. Por eso, nosotros apoyamos esta
proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Comentando con mi muy buen amigo Ignacio Garriga, secretario general de VOX, esta proposición no de ley lo primero que produce es una indignación absoluta. De ella se desprende que al Partido Socialista le preocupan más determinadas
opiniones que los problemas que originan esas opiniones. Mientras millones de españoles hablan de seguridad, de vivienda, de empleo, de integración o de convivencia en sus barrios, ustedes vuelven a poner el foco en vigilar, monitorizar y señalar a
quienes expresan esas preocupaciones llamando a eso odio. Así, tan panchos.
Resulta especialmente llamativo escuchar estas advertencias del Partido Socialista, un partido que lleva años clasificando a los españoles entre progresistas y reaccionarios, entre demócratas y supuestos enemigos de la democracia, entre
quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser apartados del debate público.
Resulta difícil aceptar lecciones de concordia de quienes han convertido la confrontación, el muro, en una herramienta política permanente. Primero fue la lucha de clases, enfrentando a trabajadores y empresarios; después llegó la
confrontación entre hombres y mujeres; también, cómo no, entre territorios, entre identidades, entre grupos culturales, entre supuestas mayorías opresoras y minorías oprimidas. Siempre la misma
historia: dividir la sociedad en bloques enfrentados y atribuir a uno de ellos la responsabilidad de todos los males. Ya ni siquiera nos sorprende la facilidad con la que el Partido Socialista se arroga una especie de superioridad moral
para decidir qué opiniones son aceptables y cuáles merecen ser señaladas públicamente.
Los españoles tienen derecho a hablar de inmigración, tienen derecho a hablar de seguridad, tienen derecho a hablar de integración, tienen derecho a discrepar de las políticas del Gobierno, y tienen derecho a hacerlo sin que se les coloque
inmediatamente bajo sospecha. Las amenazas, las agresiones y la violencia tienen una respuesta evidente en cualquier Estado de derecho, y España lo es. Lo que preocupa es una tendencia creciente a convertir la discrepancia política en un problema
moral y al discrepante en un sujeto activo de odio. Las inquietudes de muchos españoles tienen poco de ver con el odio y mucho con la realidad; con la realidad que viven, con la realidad que observan en sus barrios, con la realidad que comentan en
sus lugares de trabajo -si lo tienen, o no- o en sus hogares. Cree el ladrón, efectivamente, que son todos de su condición. Eso le pasa al Partido Socialista.
Ya lo dijo Chesterton y nosotros seguimos esa consigna: El buen soldado no combate porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que defiende. Quizá aquí radique la diferencia. Ustedes ven odio donde muchos españoles ven
simplemente la obligación de defender aquello que consideran valioso: la seguridad de sus familias, la convivencia de sus barrios y el futuro de su nación. Y para quien delinca..., para eso está el Estado de Derecho.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Patricia Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias, presidenta.
Solo quiero aclararle a la portavoz de SUMAR que no va a encontrar en este grupo a nadie ni racista ni xenófobo. Por favor, le pido que lo retire. (La señora Ogou i Corbi: ¿Y por qué se reía mientras hablaba?).
Y para comenzar, en el Grupo Popular queremos empezar denunciando una cuestión que resulta imposible ignorar y que la señora Santana, que ha defendido esta PNL, conoce perfectamente: el retraso injustificado y lamentable del llamado pacto
de Estado contra los discursos de odio; un pacto que debería haber incorporado dentro de sus ejes fundamentales las escasas medidas que proponen como novedosas en esta proposición no de ley. (Aplausos). Por cierto, de novedosas no tienen nada,
como, por ejemplo, el cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, exigido por mi grupo en numerosísimas ocasiones, o la necesaria sensibilización contra el racismo y la xenofobia. Lo dicho: nada nuevo. El hecho de que este pacto
no sea una realidad aún no responde a ninguna dificultad técnica ni a ninguna complejidad extraordinaria. Se debe sencillamente a la falta de compromiso real de su grupo y de sus socios, que todo se lo consienten; se debe a la falta de escucha a
las entidades impulsoras de este pacto de Estado y a la escasa diligencia mostrada por el diputado de sus filas encargado de estos trabajos, el señor Gutiérrez, compañero suyo. Por eso resulta difícil comprender que hoy se presente en esta comisión
una proposición no de ley instando al Gobierno a realizar actuaciones que, según su propio criterio, corresponden al ámbito del trabajo de una subcomisión que lleva meses trabajando y escuchando a expertos sobre esta materia. Si realmente creen en
el trabajo de esta subcomisión, la coherencia exigiría retirar esta iniciativa y permitir, precisamente, que esos trabajos concluyan con el rigor y el consenso que merecen.
Pero hay un problema aún más grave. El documento que han planteado como borrador de lo que debería ser ese gran pacto de Estado evidencia, por una parte, una falta de compromiso inaudito y, por otra, una preocupante falta de claridad
conceptual. Entre otras muchas cuestiones, no diferencia adecuadamente entre lo que constituye un discurso de odio y lo que forma parte del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental que debemos proteger con la misma
determinación con la que combatimos cualquier manifestación de odio o discriminación. Confundir ambos conceptos no solo
empobrece el debate, sino que pone en riesgo la credibilidad de cualquier iniciativa futura. Un pacto de Estado exige rigor jurídico, precisión conceptual y amplios consensos. Lo que ustedes presentan hoy aquí dista mucho de cumplir esas
condiciones.
Por todo ello, consideramos que esta proposición nace lastrada por la improvisación, la incoherencia y la falta de resultado de quienes llevan años anunciando medidas que nunca terminan de materializarse. Da la sensación de que el objetivo
no es resolver los problemas reales que sufren los colectivos vulnerables, sino cubrir el expediente, ocupar espacio en las comisiones y generar titulares. Los discursos de odio son un problema demasiado serio como para convertirlo en un mero
instrumento de propaganda política. Los colectivos vulnerables merecen políticas eficaces, seguridad jurídica y compromisos reales con presupuesto económico para llevarlo a cabo. No más anuncios, no más retrasos y no más gestos vacíos, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 48, SUSPENSIÓN CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO, DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, MODIFICADO EL 31 DE JULIO DE 2025, Y LOS CORRESPONDIENTES ARTÍCULOS EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (EBEP).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002791).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 4, sobre la modificación del artículo 48, suspensión con reserva de puesto de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, modificado el 31 de julio de 2025, y los
correspondientes artículos en el Estatuto Básico del Empleado Público. La presenta el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Válido.
La señora VALIDO GARCÍA: Gracias.
Buenas tardes, señorías.
Es evidente que la legislación ha avanzado de forma importante en los últimos años, eso es algo que no vamos a discutir, pero el objetivo de esta PNL no es decir cuánto hemos mejorado, sino proponer nuevas mejoras. Ese es el motivo -y
empiezo por ahí, por si al final se me olvida- de que no hayamos admitido la enmienda del Grupo Socialista, que nos proponía una sustitución por un texto de reconocimiento de los avances logrados. Ese reconocimiento nosotros lo hacemos ya, de
entrada, sin paliativos. Se ha avanzado mucho, pero los avances no significan que, ante constataciones claras y evidentes de mejoras posibles, no tratemos de mejorar una normativa que, por más rígida que sea, no va a obtener mejores resultados.
Hay cuestiones que ya se observan y que nosotros queremos plantear y buscar el apoyo de los grupos para producir una serie de modificaciones legislativas que nos ayuden a mejorar cosas que hemos aprobado, que han servido de mucho, pero que también
han generado algunos conflictos y que perfectamente podemos resolver con el consenso y el acuerdo de los grupos.
Esta es una propuesta que no elimina semanas de permiso, que no reduce derechos a nadie, que no supone mayor coste ni para la Seguridad Social ni para las empresas privadas contratantes. Estamos hablando del bienestar infantil, un bienestar
infantil que mejora cuando los menores pueden permanecer más tiempo con cuidados familiares y en el hogar. También sabemos -y este es un punto importante de nuestra propuesta- que la implicación de los padres en el cuidado a largo plazo es
muchísimo mejor cuando han ejercido esa crianza, ese papel de cuidador principal en los primeros meses de vida de sus hijos o de sus hijas; cuando además este periodo ha probado de manera significativa la autonomía en el cuidado. Esto genera un
vínculo impagable, insustituible. Por eso, la simultaneidad, la obligación de los permisos de las primeras seis semanas, nos parece que puede ser, sin duda alguna, retocada, buscando una mejora y buscando una mayor garantía de que esta
simultaneidad no acabe como acaba en muchos casos: en que el cuidado lo sigue desempeñando la mamá en casa, y el papá en casa no termina de asumir
el cuidado de forma autónoma en una crianza integral, como las que las mamás han hecho toda la historia y toda la vida.
Por eso, pedimos que, de las seis semanas obligatorias de permiso, únicamente dos deban disfrutarse necesariamente de forma inmediata tras el nacimiento; que las otras cuatro se puedan disfrutar durante el primer año de vida y de manera
alterna cuando la madre o el padre lo necesiten, sin que necesariamente sean simultáneos los permisos, de manera que cuando el padre se haga cargo del bebé, lo haga, insisto, para una crianza integral que va a agradecer para siempre. Se trata de
evitar que la ley les obligue a disfrutar simultáneamente del cuidado, a sabiendas de que el efecto en los padres no es el mismo cuando mamá está en casa que cuando tienen que ocuparse en solitario de lo que significa sacar adelante a un hijo o a
una hija en su primer año de vida. Por tanto, lo que buscamos es favorecer un modelo de corresponsabilidad que se ejerce en el día a día cuando asumimos normas que son efectivas en la crianza y en el cuidado.
Nosotros insistimos en que la igualdad exige analizar no solo la intención de las normas, sino cuáles son las consecuencias prácticas. Y de eso tenemos todos ya ejemplos y conocimiento. Por eso esta iniciativa, que, insisto, está hecha
pensando en el interés superior del menor, que quiere favorecer una corresponsabilidad más efectiva y que quiere contribuir a reducir la penalización que muchas mujeres siguen sufriendo en el ámbito del mercado laboral tras la maternidad, sin
incrementar gasto público, sin generar nuevas cargas económicas, es una gran oportunidad. Es una propuesta razonable, equilibrada, centrada en las necesidades de las familias y de los menores. Por ello solicito a los grupos su apoyo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valido.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez Piña.
El señor GÓMEZ PIÑA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, compartimos con la proponente una preocupación que consideramos plenamente legítima: seguir avanzando en la conciliación de la vida familiar y laboral, en la corresponsabilidad de los cuidados y en la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Cuando hablamos de permisos por nacimiento y cuidado del menor, no estamos hablando únicamente de semanas, de plazos o de artículos legales; estamos hablando de familias, de cuidados y de cómo construir una sociedad más justa.
España ha dado en los últimos años pasos muy importantes en esta materia: la equiparación de los permisos de ambos progenitores y su carácter individual, intransferible y plenamente retribuido ha supuesto uno de los avances más relevantes de
nuestro estado de bienestar en materia de corresponsabilidad.
No debemos olvidar por qué se impulsaron estas reformas. Durante demasiado tiempo, los cuidados recayeron de forma mayoritaria sobre las mujeres. Esa desigualdad sigue teniendo consecuencias en el acceso al empleo, en la promoción
profesional, en las reducciones de jornada y, en definitiva, en las brechas de género que aún persisten. Por eso, las políticas públicas deben seguir avanzando en una dirección clara: garantizar que los hombres participen activamente en los
cuidados desde el primer momento y que las mujeres no continúen soportando en solitario una responsabilidad que debe ser compartida.
La iniciativa que debatimos hoy plantea modificaciones concretas del sistema actual. Respetamos el debate y compartimos la voluntad de seguir mejorando las medidas de conciliación; sin embargo, consideramos que el modelo vigente acaba de
ser reforzado, por lo que resulta razonable evaluar su funcionamiento y sus efectos antes de acometer cambios de calado. Además, las primeras semanas tras el nacimiento tienen una importancia extraordinaria: son esenciales para el recién nacido,
pero también para acompañar a la madre en un momento especialmente delicado desde el punto de vista físico y emocional. La corresponsabilidad no comienza meses después; comienza desde el primer día, compartiendo responsabilidades en uno de los
momentos más importantes en la vida de cualquier familia.
Por ello, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que sitúa el foco donde creemos que debe estar: en seguir consolidando derechos, garantizar su ejercicio efectivo y continuar avanzando con determinación en la
reducción de las desigualdades estructurales que todavía persisten. Les invitamos a sumarse a esta propuesta porque el objetivo no debe ser reabrir debates sobre avances recientemente conquistados, sino seguir construyendo una igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pasamos al turno de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya. (Pausa). No está.
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Martínez Barbero tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.
Señora Valido, compartimos el diagnóstico. La corresponsabilidad no es un deseo bonito; es una herramienta concreta para combatir la brecha salarial, reducir la penalización de la maternidad y para que los cuidados dejen de ser un asunto
de mujeres, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no podemos votar favorablemente a esta proposición y voy a explicar por qué.
El primer punto, reducir de seis a dos las semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto, tropieza con algo que no es un capricho del legislador español, y es que las seis semanas obligatorias de descanso posparto no son una
medida de conciliación, sino de salud pública. La Organización Mundial de la Salud identifica esas seis semanas como una fase que requiere atención médica y social específica para la madre. El Convenio 183 de la OIT, ratificado por España, fija
ese mínimo como indisponible, y la Directiva 92/85/CEE va en la misma dirección. Por lo tanto, no podemos legislar contra la evidencia científica ni contra las obligaciones internacionales que tenemos asumidas como país.
Los puntos segundo y cuarto, la flexibilización del fraccionamiento y el disfrute de jornada completa a voluntad de la persona trabajadora, tal y como están redactados y como los proponen, supondrían una trasposición incorrecta de la
Directiva 2019/1158 de personas cuidadoras, que es precisamente la norma que estamos obligadas a aplicar correctamente. Y aquí viene lo importante. Este Gobierno no ha parado, es verdad que usted lo ha dicho, pero es que el Real Decreto 9/2025
amplió el permiso por nacimiento a diecinueve semanas, superando la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo e incorporó flexibilidad real.
Y, es cierto, señora Valido, este no es el punto final. El Gobierno se ha comprometido a seguir avanzando en este marco; estamos construyendo y tenemos que hacerlo, sin duda, de la mano de la evidencia científica y del ámbito
internacional. Ya estamos en la vanguardia de Europa en este momento y, si seguimos trabajando todas juntas y apostando por una corresponsabilidad real dentro del ámbito internacional -que es posible y que se nos ha dado, además, porque son
recomendaciones no casuales-, creo que conseguiremos seguir avanzando en reducción de brecha salarial, en corresponsabilidad y en una mejora de los cuidados para las mujeres y para toda la población.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Qué pena, señora Valido, porque la melodía sonaba bien. Debo comenzar señalando que no compartimos la exposición de motivos de esta iniciativa. Defendemos la conciliación familiar porque no ignoramos las dificultades que, obviamente,
afrontan muchas familias españolas con hijos pequeños recién nacidos; pero lo que no compartimos es la tendencia a convertir siempre cualquier debate sobre maternidad, paternidad o cuidado de los hijos
en una discusión sobre roles, estereotipos, brechas o construcciones ideológicas. La exposición de motivos de una norma no es un mero trámite; es el exordio, el frontispicio, y explica qué problema se pretende resolver y cuál es la
finalidad perseguida por el legislador. Cuando esa explicación parte de una visión ideológica tan marcada y adornada, resulta legítimo mostrar -y así lo hacemos- nuestras reservas.
Dicho esto, el articulado merece una reflexión distinta. La propuesta mantiene la duración de los permisos -que es importante- y modifica la forma en que una parte de ellos puede disfrutarse. En la práctica, amplía el margen de decisión de
los progenitores sobre cómo organizar el cuidado de los hijos durante los primeros meses de vida. Nosotros, que somos defensores acérrimos de la familia, creemos también en la responsabilidad de los padres y creemos que, siempre que se garantice la
protección del menor, las familias suelen estar en mejores condiciones que la Administración para decidir cómo organizar su vida cotidiana. Las circunstancias de cada hogar son distintas: no es igual la situación de una familia que la de otra y
tampoco son iguales las condiciones laborales, las necesidades de cuidado o las posibilidades de apoyo familiar. Por eso, obviamente, vemos aspectos positivos en la mayor flexibilidad que incorpora la propuesta.
Ha dicho que hablamos de un periodo especialmente sensible: sensible para la madre, para el recién nacido y para la propia organización familiar, por lo que una modificación de esta naturaleza exige ser valorada cuidadosamente. Por eso le
decimos que no compartimos plenamente ni el planteamiento ideológico que inspira la iniciativa ni consideramos que la reforma propuesta despeje todas las dudas que suscita.
Señora Valido, no compartimos el planteamiento escrito, y por eso le he dicho que la melodía que usted ha cantado en términos figurados esta tarde sí nos sonaba bien.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra Isabel Prieto, del Grupo Popular.
La señora PRIETO SERRANO: La presente iniciativa, en forma de proposición no de ley, conlleva realmente una pretensión que va más allá y que requiere una tramitación parlamentaria más compleja, más completa y con garantía de un debate pleno
a través de una proposición de ley o bien a través de la propia tramitación actual del Real Decreto Ley 9/2025 como proyecto de ley, que permitiría la presentación de enmiendas y realizar un estudio riguroso de su contenido. Este es el
procedimiento adecuado para abordar este tema.
Esta PNL pretende la reforma directa y concreta de varias leyes. Entre ellas, el Estatuto de los Trabajadores con una modificación laboral de calado, y sabemos que esto exige un acuerdo de diálogo social con representantes de los
trabajadores y de los empresarios que avale esta reforma. Asimismo, requeriría la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público. Dado que el su ámbito de aplicación excede las competencias de esta comisión, el análisis deberá abordarse en una
mesa de diálogo social para la Administración pública, la cual aún no ha tenido lugar.
No podemos olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó a España con una multa de 6,8 millones de euros por el retraso en la trasposición de la directiva europea sobre conciliación familiar. Una multa histórica que
refleja de forma muy clara la incompetencia y la irresponsabilidad de un Gobierno y de sus socios, que realmente estuvieron dos años sin abordar una cuestión fundamental. (Aplausos). Más de 10 millones de euros que hemos tenido que pagar todos los
españoles y que seguiremos pagando.
Podemos compartir algunos principios de esta proposición no de ley, como la necesidad de implementar una mayor flexibilidad en el disfrute de los permisos, lo que permitiría una mayor libertad a los progenitores para optimizar el tiempo de
cuidado y una mejor conciliación de su vida personal y laboral. Estamos de acuerdo con fomentar el disfrute consecutivo y no simultáneo de los permisos para reforzar la corresponsabilidad y el vínculo de parentalidad y que ambos progenitores sean
considerados cuidadores principales. Por otro lado, también compartimos la posibilidad de ampliar el límite temporal de disfrute de los periodos obligatorios, porque consideramos que el espíritu de la directiva es precisamente este:
entender que el cuidado de los menores no se acaba a los 12 meses, sino que se extiende hasta los 8 años y que es precisamente durante este periodo más amplio cuando los menores pueden requerir de una mayor atención y un cuidado especial de
sus progenitores. Para el Grupo Popular la conciliación de la vida familiar y laboral no solo comprende la concesión de permisos, mantenemos una visión mucho más amplia y ambiciosa. Hay que adoptar medidas de otra naturaleza para ayudar a las
familias, entre ellas la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, acordada por la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, o incentivos a las empresas para fomentar fórmulas flexibles de trabajo, o
deducciones fiscales del IRPF a las familias, o incentivos a la contratación tras una excedencia por cuidado de hijos.
El petitum de esta proposición no de ley requiere analizar sus posibles efectos en el marco de las relaciones laborales, especialmente si tenemos en cuenta que el 98 % del tejido productivo de nuestro país son autónomos empleadores y pymes.
Un exceso de flexibilidad en el ejercicio de estos derechos puede poner en riesgo la viabilidad económica de las empresas pequeñas y provocar dificultades de gestión y organización en sus modelos productivos. Por ello, es necesario realizar una
evaluación de estas medidas y su repercusión en la actividad de las empresas, abriendo un debate pleno para poder legislar de forma adecuada, eficiente y equilibrada para todos, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
- PARA LA PROHIBICIÓN DE LA DETENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES EN CONTEXTOS MIGRATORIOS Y GARANTÍA DE SU PROTECCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/002857).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 5, para la prohibición de la detención de grupos vulnerables en contextos migratorios y garantía de su protección.
Es del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y la defiende la diputada Viviane Ogou.
La señora OGOU I CORBI: Moltes gràcies, presidenta.
Señorías, la legislación internacional es muy clara: reconoce la especial vulnerabilidad de ciertos grupos, contando niños, niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de trata, personas con discapacidad, personas mayores, solicitantes de asilo
y refugiados. Aun así, es muy común la práctica de su detención en CIE, muchísimas veces por motivos administrativos. Saben que en el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR consideramos que los CIE deben cerrarse. (El señor vicepresidente, Gómez
Piña, ocupa la Presidencia). Mientras promovemos esta reforma, también consideramos que tiene que haber una reforma para garantizar que todos estos colectivos no queden encerrados en estos espacios, porque tiene consecuencias muy graves. Hablamos
de que estas detenciones, aunque sean por poco tiempo, pueden tener un impacto psicológico tremendo; además, sobre personas que pueden haber sufrido ya muchas situaciones graves. Imagínense a las víctimas de trata o a las víctimas de situaciones
de abuso durante los procesos migratorios, por ejemplo, cuando llegan a un espacio que técnicamente tendría que ser seguro y son detenidos y puestos en centros de internamiento, donde muchas veces no se dan las condiciones mínimas, donde se han
reportado demasiadas veces violencias hacia estas personas, malos tratos; imagínense cómo estos tipos de detenciones pueden agravar las secuelas psicológicas que ya viven y que ya llevan precisamente por esa característica, por esa situación de
vulnerabilidad que tienen. Por tanto, es imperativo un cambio legislativo que no implique el internamiento de estas personas. Si, por ejemplo, lo que se quiere hacer es un seguimiento de la situación en extranjería, hay muchos otros mecanismos que
pueden utilizarse: puede hacerse un seguimiento en comunidad, pueden hacerse visitas, se pueden hacer llamadas, la gente
acude. Entonces, no es necesario este tipo de internamientos cuando estos otros procedimientos han resultado ser mucho más efectivos. Además, no se puede privar de libertad a una persona por una falta administrativa. ¡Privar a personas
por una falta administrativa es una desigualdad ante la ley tremenda! Es como si ustedes se hubieran olvidado de presentar a tiempo la declaración del IVA y por eso se les privase de libertad. ¡Es que estamos hablando de este grado! Es una falta
administrativa.
Al mismo tiempo, quería aprovechar esta proposición no de ley para denunciar la situación que se está dando. Saben que esta misma semana entra en vigor el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que va a tener un impacto desmedido especialmente
-otra vez- en estos grupos vulnerables porque, además, este Pacto sobre Migración y Asilo que han aprobado ustedes (señalando a su alrededor) hace unas listas de sitios seguros que incluye, por ejemplo, a Senegal; Senegal, que hace pocos meses
endureció más las penas contra el colectivo LGTBI. Con estas listas de países seguros, si llega una solicitud de asilo de alguien que viene del Senegal, se descarta directamente. O sea, que estamos aquí denunciando -y luego hay una proposición no
de ley del Grupo Popular para la condicionalidad migratoria-, estamos aquí hablando de condicionar, pero ¿no vamos a condicionar la situación cuando estos países no están respetando los derechos humanos? Por tanto, a sus nacionales que vayan a
buscar refugio y asilo, no; a esos sí que les podemos dejar fuera ¿no? ¡Es una incoherencia tremenda! Este nuevo pacto lo que también hace es permitir que países como Ruanda -¡Ruanda, que está participando del genocidio en el Congo!- y otros
muchos, como Turquía, donde tampoco hay una protección de los derechos humanos, puedan encargarse y reciban aún más financiación para esos centros de internamiento de extranjeros donde no va a haber ningún tipo de garantía de los derechos humanos,
donde no va a haber ningún tipo de vigilancia y donde, otra vez, vamos a estar enviando a gente, incluidos a niños, porque eso es lo que hace el reglamento de retorno: permitir que se puedan internar a niños en esos centros.
Señorías, la deriva que está tomando la comunidad internacional realmente es muy grave. España podría ser un faro internacional, podría mostrarle al mundo cómo se puede hacer una gobernanza migratoria basada en los derechos humanos, una
gobernanza migratoria innovadora, una gobernanza migratoria que garantice la protección de los derechos a todas las personas. Por tanto, nosotros les pedimos que apoyen esta proposición no de ley y que dejemos de internar en estos centros a gente
que solamente ha cometido faltas administrativas, pero, sobre todo, que dejemos de internar a niños y niñas y a personas en situación de vulnerabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra su señoría la señora Valido, por un tiempo de tres minutos.
La señora VALIDO GARCÍA: Lamento que la proponente se ausente porque me iba a dirigir a ella. (La señora Ogou i Corbi, abandonando la sala: Lo siento).
No sé ni cómo abordar esto. Primero, el Pacto sobre Migración y Asilo entra en vigor la semana que viene, y hasta hoy, que yo sepa, ni siquiera los territorios frontera receptores de personas migrantes, como Canarias, han sido convocados
por el Estado ni informados de qué va a hacer y cómo lo va a aplicar. Y hay cosas que no nos gustan nada: que puedan retener hasta seis meses a las personas en Canarias no nos gusta nada. Y nadie nos ha explicado nada.
Estoy absolutamente de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho SUMAR, pero, señorías, están ustedes en el Consejo de Ministros, son parte de este Gobierno. (La señora Martínez Barbero: No es de nuestra competencia). Estamos hablando
de un asunto que llevamos dos plenos sin abordar, y yo lamento no tener la capacidad de incorporar al orden del día tantas iniciativas como ustedes. Pero si ustedes ven el orden del día de las últimas semanas y el de la semana que viene, me dirán
qué hay más importante que la aplicación de ese Pacto sobre Migración y Asilo que va a cambiar las reglas del juego, que va a afectar a poblaciones receptoras, como es el caso de Canarias,
sin que tengamos información. Por supuesto que nosotros queremos centros especializados, atención especializada, que los menores no tengan que estar en centros saturados; claro que lo queremos. Llevamos treinta años pidiendo ayuda. Hemos
tenido que acudir a una modificación de ley que no se ha cumplido. Ahora estamos escuchando lo de 'no entrará en mi comunidad ni un menor inmigrante más'. Canarias no recibe la financiación necesaria para poder prestar la atención especializada y
de calidad que ustedes están planteando hoy aquí. ¿Dónde está el dinero para hacer esto realidad? Porque la teoría la aguanta cualquier papel y todos y todas podemos tener la misma sensibilidad con los menores -desde luego, a nosotros no nos la
van a cuestionar-, pero, señorías, hemos conseguido después de muchas peleas que el año pasado se libraran 50 millones del Estado para Canarias, que tuvimos que reclamar durante todo el ejercicio y que llegaron en el último momento. ¿Quieren que
les diga cuánto cuesta la atención a esos menores? ¿Quieren que la hagamos mejor y más especializada? ¿Les paso las cuentas? Porque nos está costando más de 100 millones de nuestros presupuestos. Y cuando nos dan 50, todavía lo tenemos que
agradecer. Y cuando no se cumple la derivación, todavía tenemos que aguantar y esperar. Estoy absolutamente de acuerdo en que mejoremos todos los servicios de asistencia a los menores -¡claro que sí!-, pero pongan el dinero sobre la mesa para que
esto sea realidad. Y para que el Pacto sobre Migración y Asilo no tenga el impacto que ya les aviso que va a tener en mi tierra, lo menos que podían haber hecho a estas alturas de la película, a una semana de que entre en vigor, es haber convocado
a las comunidades autónomas, habernos informado y habernos permitido participar en lo que se va a desarrollar. Por tanto, ¿voy a votar que no a esto? Claro que no voy a votar que no, porque estamos hablando de una aspiración lógica de mejora en la
atención a las personas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya terminando.
La señora VALIDO GARCÍA: Termino.
Por eso, lo voy a apoyar. Pero no puedo dejar de hacer una intervención crítica; crítica, porque duele escuchar una vez más cómo hay que hacer las cosas mientras que quienes tienen la sartén por el mango, quienes discuten los presupuestos
y quienes tendrían que proporcionar la financiación no lo hacen.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra su señoría el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies, president.
I molt breument i deixant clar que compartim la necessitat que cal protegir a les persones vulnerables. Nosaltres, en aquest cas no entrarem en el fons i el que volem mostrar és la nostra absoluta sorpresa, perquè sembla que SUMAR no formi
part del Govern. I venen aquí a presentar una PNL per instar el Govern a impulsar un projecte de llei amb les modificacions legislatives necessàries en la Llei Orgànica 4/2002, quan els ha convingut s'han saltat els tràmits parlamentaris i l'han
modificat a través d'un decret llei. De veritat? De veritat que som aquí? Al final, vostès el que aprofiten és cada ocasió per fer propaganda i no resoldre els problemes.
Gracias, presidente.
Voy a ser muy breve, dejando claro que compartimos la necesidad de que hay que proteger a las personas vulnerables. Nosotros, en este caso, no entraremos en el fondo; y lo que queremos mostrar es nuestra absoluta sorpresa, porque parece
que SUMAR no forme parte del Gobierno. Vienen aquí a presentarnos una PNL para instar al Gobierno a impulsar un proyecto de ley con las modificaciones legislativas necesarias en la Ley Orgánica 4/2002, pero, cuando les ha convenido, se han saltado
los trámites parlamentarios y la han modificado a través de un decreto ley. ¿De verdad que estamos aquí? Ustedes aprovechan cada ocasión para hacer propaganda y no resolver los problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su señoría el señor García.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señor presidente.
Al hilo de lo que ha dicho el señor Cervera, SUMAR hoy parece que no forma parte del Gobierno. Pero lo más grave es que la diputada que ha presentado la iniciativa hace nada, hace menos de una hora u hora y media, estaba hablando como
Gobierno en un punto sobre educación. Decía: Yo les voy a decir lo que está haciendo el Gobierno. Ha hablado como si fuese el Gobierno, no como el Grupo SUMAR; directamente, como si fuese el Gobierno. Pero ahora viene aquí, se pone la
chaquetilla de SUMAR, y no quiere saber nada de estos señores del Gobierno y no está de acuerdo con sus políticas, las que se aprueban en el Consejo de Ministros donde se sienta SUMAR, que son las políticas del Consejo de Ministros que han creado el
problema, que han negado el problema y que se han dedicado a insultar a todos aquellos que lo hemos denunciado durante años.
Es curioso cómo la diputada de SUMAR ha dicho, textualmente, que muchas de las mujeres que acceden por nuestra frontera sufren abusos de sus compañeros de travesía, los mismos compañeros que luego terminan atravesando las fronteras y son
ustedes los que les dan amparo y asilo, pero, cuando nosotros señalamos el aumento de las violaciones con penetración en España, el aumento de la delincuencia y señalamos a culpables, por supuesto, corren ustedes a denunciarnos y a tacharnos de
todo, con insultos. Mucho papa, mucho papa, pero luego son ustedes los primeros en etiquetar y en insultar a aquellos que nos atrevemos, sin miedo al qué dirán -no como otros portavoces-, a denunciar que los que han creado el problema ahora quieren
salirse de él. No, no. Ustedes han sido responsables, ahora como SUMAR, antes como Podemos -porque son lo mismo con las chaquetas cambiadas-, y durante años han negado una evidencia.
Nosotros siempre lo hemos dicho: Hay que proteger a una mujer víctima de trata, tiene que ser amparada y tiene que haber una ley. Una persona no puede tener amparo por un Estado cuando accede de forma ilegal. No podemos desarmar al Estado
ni quitarle las herramientas que tiene para garantizar la ley. Lo que se tiene que hacer, de una vez por todas, es lo que se ha hecho ahora mismo en Europa, que es plantear nuevas políticas en materia de inmigración. El problema lo están generando
ustedes. Y aquí no vale decir: Ahora soy de SUMAR, ahora soy del Gobierno, y me voy pasando la línea. No, no. Si se está en el Gobierno, se está en el Gobierno y, si no, se sale. No puede estar hace una hora y media en la tribuna diciendo: Yo
soy del Gobierno, yo les hablo de educación; pero aquí: Soy de SUMAR y hablo de inmigración. No, no. Ustedes son parte del Gobierno, son parte del problema y jamás van a ser parte de la solución. Lo que están haciendo ustedes es traicionar a
los españoles y poner en riesgo a todas las personas de este país. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su señoría la señora Mellado.
La señora MELLADO SIERRA: Buenas tardes.
Gracias, presidente.
Por si alguien tenía alguna duda, con lo que acabamos de escuchar ya nos ha quedado claro que los siete minutos de aplausos al papa León XIV no han significado la conversión al humanismo cristiano de los diputados de ultraderecha y tampoco
de los de derechas. Ya lo hemos visto hoy durante el Pleno y en esta comisión. Ustedes siguen a lo suyo y cada vez de una forma más salvaje, como se ha visto en el pacto que acaban de firmar en Castilla y León, donde institucionalizan su racismo y
su xenofobia con medidas que van en contra del sentido común. Miren, con sus discursos populistas y sus propuestas xenófobas, solo buscan desviar la atención de los verdaderos problemas de los ciudadanos y, sobre todo, que el foco no se ponga en
quienes los causan: especuladores, empresas que no suben salarios y tienen beneficios y líderes mundiales tan ultras como ustedes, que desestabilizan la economía mundial a golpe de tuit. Señorías de VOX, mientras la mitad del crecimiento del PIB
español se explica por la integración de migrantes al mercado de
trabajo, las políticas de Trump suben la inflación. Con los migrantes, España crece. Con Trump, España pierde. ¿A quién apoyan ustedes? El suyo es el mundo al revés.
Señorías de SUMAR -y voy al tema concreto de la iniciativa-, les avanzo que nuestro voto a su propuesta va a ser afirmativo. Con este Gobierno progresista -ustedes lo saben, porque su grupo es parte fundamental-, el porcentaje de personas
internadas es muy reducido en nuestro país y la apuesta por mejorar las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros es una realidad. Con los datos en la mano, está claro que para este Gobierno progresista la vía del internamiento no
es la prioritaria para gestionar los flujos migratorios, mientras que sí lo es ofrecer otras alternativas de gestión más humanitarias con las personas que no tienen antecedentes penales ni suponen ningún riesgo para la seguridad pública, que son la
inmensa mayoría, evidentemente. Miren, ahora mismo, con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo -del que se ha hablado- ustedes saben que no es viable prohibir el internamiento de los colectivos más vulnerables. Sí
entendemos que es positivo dejar constancia de que siempre hay que priorizar -como viene haciendo ya el Gobierno- otras alternativas, especialmente en el caso de personas identificadas como vulnerables por su edad, su salud mental o por haber sido
víctimas de trata. Pero, además, vamos a votar sí porque la realidad es que tenemos que blindar las políticas de protección de los derechos humanos frente a la ola de inhumanidad que traen los pactos de PP y VOX, tanto a las comunidades donde
gobiernan como a Europa, donde -como también se ha comentado- con sus mayorías están imponiendo un reglamento de retorno que es una auténtica vergüenza para cualquier persona que defienda la dignidad de las personas, de la que nos hablaba el papa el
lunes, con esos centros de internamiento en terceros países con los que Europa está perdiendo su propia identidad y renunciando a seguir siendo un referente moral para el resto del mundo.
Señorías de SUMAR y de los demás grupos progresistas, ante esta ola reaccionaria y contraria a la defensa de cualquier humanismo, nuestra obligación es plantar cara juntos al racismo y la xenofobia y proteger la dignidad, la justicia y los
derechos humanos de todas las personas, y muy especialmente de las que ya tengan un pie en Europa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra su señoría la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, presidente.
Señorías, la iniciativa que aquí nos presenta SUMAR y que ha aplaudido con esa efusividad la portavoz del Grupo Socialista es un ejercicio de hipocresía política y de un desconocimiento absoluto de la legislación vigente. En la exposición
de motivos pretenden presentar a España como un país que desprotege a las personas vulnerables. Nada más lejos de la realidad. Nuestro ordenamiento jurídico ya establece uno de los sistemas más garantistas de Europa y, por extensión, del mundo.
En esta iniciativa SUMAR requiere mecanismos de protección para personas vulnerables, señorías, y ya existen esos mecanismos. Existen procedimientos de asilo, protección internacional, protección por razones humanitarias y mecanismos específicos
para las víctimas de trata, violencia o persecución. El problema es la incompetencia de este Gobierno y de los que están con ellos en el Gobierno, los diputados de SUMAR, del que forman parte ustedes. Han colapsado y han llevado al límite los
sistemas de acogida y de protección internacional. Hay oficinas de extranjería totalmente colapsadas, sin recursos para dar respuesta en tiempo y forma a las peticiones de asilo de esas personas vulnerables, de esos migrantes a los que ustedes dan
la espalda, ya que tienen bloqueadas las vías regulares de entrada. Si tan preocupados están por la vida de los migrantes, ¿por qué no trabajan para desbloquear esas oficinas de extranjería, para que se puedan dar esos permisos, esas peticiones de
asilo? ¿Por qué no trabajan en esa ley de extranjería, que no solamente no se han dedicado a cumplir, sino que la han vaciado de contenido a través de modificaciones por la puerta de atrás, como la del reglamento de extranjería? Y es que están
obsesionados con la ideología. Han provocado un caos absoluto por el efecto llamada irresponsable de
sus políticas, y quienes de verdad sufren las consecuencias de esta nefasta gestión son precisamente las personas más vulnerables, entre ellos los migrantes, a los que SUMAR pretende que creamos que vienen a defender con una iniciativa como
la que hoy presentan aquí. Fíjense la incoherencia de esta iniciativa, que la portavoz de SUMAR nos ha dicho aquí a todos que están internando en CIE a niños y niñas. Usted lo ha dicho, lo ha ratificado. Pero si es que eso no pasa en este país.
Estamos en un Estado de derecho. La ley protege a los menores, el principio del menor. En este país no se internan a los menores en CIE. Entonces, ¿qué nos están contando? Fíjese usted dónde están. Fíjese usted dónde están y con lo que vienen
aquí. ¡Cómo vamos a poder creer iniciativas de este tipo!
Hablando del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entra en vigor pasado mañana, el 12 de junio, es un pacto que el Gobierno impulsó, un Gobierno del que ustedes forman parte. ¿Y qué están haciendo? Un Gobierno que ni siquiera ha
planteado aquí a esta casa el plan de implementación ni ustedes se lo han exigido. Pero ¿de qué sirven? Son unos palmeros y están siendo cómplices de la política migratoria más nefasta que tanto está condenando a la vulnerabilidad, sobre todo a
las personas migrantes. Miren, para el Partido Popular -acabo presidente-, la dignidad de la persona, la dignidad del individuo es lo primero. Por eso, no se puede jugar con la esperanza de los miles de personas que necesitan salir de sus países.
Por eso creemos en una política migratoria legal, segura, ordenada. ¿Les suena? ¿Les suenan esas palabras del papa? ¿Les suena cuando decía que hay que combatir las mafias? ¿Les suena? ¿Lo oyeron el lunes? Y muy importante...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya terminando.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: ... el derecho de permanecer. El problema en este país es su política, con la que ustedes sustentan al Gobierno de España, la política migratoria nefasta que está condenando a la vulnerabilidad y que está
dejando en la estacada a tantas personas migrantes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
- RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE EXENCIÓN DEL IVA PARA LOS AUTÓNOMOS CON INGRESOS ANUALES INFERIORES A 85 000 EUROS, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSEJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003085).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Pasamos al siguiente punto del orden del día, la Proposición no de ley relativa a la implantación de un régimen especial de exención del IVA para los autónomos con ingresos anuales inferiores a 85 000
euros, en cumplimiento de la Directiva 2020/285 del Consejo, propuesta en este caso por el Grupo Popular.
Tiene ahora la palabra, por un tiempo de cinco minutos, su señoría la señora Alfonso.
La señora ALFONSO SILVESTRE: Gracias, presidente.
Señorías, hoy debatimos una cuestión que retrata perfectamente la forma de gobernar de este Ejecutivo. Cuando tiene que elegir entre ayudar a los autónomos o seguir exprimiéndolos fiscalmente, siempre elige lo segundo, porque de eso trata
esta iniciativa. No estamos hablando de una medida nueva, no estamos hablando de una propuesta ideológica del Grupo Popular, tampoco estamos hablando de una reivindicación corporativa. Estamos hablando de una directiva europea aprobada en el 2020
que debía de estar aplicada el 1 de enero del 2025 como más tarde, que permite establecer un régimen de franquicia del IVA para autónomos y pequeñas empresas con una facturación menor de 85 000 euros. Pues bien, mientras el resto de Europa ha
cumplido, España no. Y hoy podemos afirmar algo especialmente grave: España es el único Estado miembro de la Unión Europea que sigue sin haber completado esta trasposición; el único. Veintiséis países han hecho sus deberes; uno no, España. Y
la pregunta es evidente. ¿Por qué? Porque no estamos ante un olvido administrativo, no
estamos ante un problema técnico, estamos ante una decisión política. Y resulta especialmente llamativo porque esta medida no supone ningún experimento. No estamos pidiendo algo que no exista, no estamos proponiendo una excepción. Lo que
planteamos es exactamente lo que ya funciona en los demás países de la Unión Europea. Veintiséis Gobiernos de diferentes sensibilidades políticas han entendido que reducir las cargas administrativas a pequeños empresarios y autónomos favorece la
actividad económica, facilita el emprendimiento y permite dedicar más tiempo al negocio y menos a la burocracia. Veintiséis países han confiado en los autónomos. El único que sigue sin hacerlo es el Gobierno de España. El Gobierno sabe
perfectamente que esta medida supondría aliviar las cargas burocráticas, reducir costes administrativos y facilitar la actividad de miles de autónomos. Lo saben los autónomos, lo sabe la Comisión Europea, lo sabe cualquier profesional que haya
tenido que presentar declaraciones de IVA durante años. Y, sin embargo, este Gobierno sigue bloqueándola. Y ¿por qué? Porque para este Gobierno los autónomos son una fuente de ingresos antes que una prioridad económica; porque Hacienda prefiere
seguir reteniendo capacidad económica de los trabajadores por cuenta propia antes que permitir que se beneficien de un régimen que ya existe en toda Europa. Y esa decisión tiene consecuencias, consecuencias económicas, consecuencias jurídicas y
también consecuencias reputacionales para nuestro país, porque la situación ha llegado hasta el punto de que la propia Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir esta obligación
comunitaria. Repito: España ya está en la justicia europea por no haber hecho aquello que otros veintiséis países sí han hecho. Y si el tribunal da la razón a la Comisión, podrán imponer sanciones a nuestro país. Es decir, el Gobierno está
dispuesto a que los españoles paguen multas antes que rectificar; está dispuesto a que los contribuyentes asuman el coste de su incumplimiento antes que ofrecer un alivio fiscal y burocrático a nuestros autónomos. Y lo más sorprendente de todo es
la incoherencia del discurso oficial, porque estamos escuchando al Gobierno hablar del papel esencial de los autónomos, de la necesidad de impulsar el emprendimiento y de apoyar al pequeño tejido empresarial, pero cuando llega el momento de adoptar
una medida concreta, avalada por Europa y aplicada ya por todos nuestros socios europeos, la respuesta vuelve a ser la misma: retrasar, bloquear y recaudar. Los autónomos ya no necesitan más declaraciones institucionales, los autónomos necesitan
decisiones que les permitan trabajar con menos obstáculos y con más seguridad jurídica. Y esto es especialmente sangrante, porque hablamos de personas que ya soportan una presión creciente, autónomos que pagan más cotizaciones, autónomos que
soportan más obligaciones administrativas y autónomos que conviven con una inflación acumulada que ha disparado sus costes, autónomos que necesitan menos burocracia y más confianza. Pero la respuesta del Gobierno siempre es la misma: más trámites,
más intervencionismo y más recaudación.
Señorías, Europa creó esta directiva para facilitar la actividad de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, para impulsar el emprendimiento, para favorecer la competitividad y para eliminar las cargas innecesarias. Y mientras
nuestros socios europeos avanzan en esa dirección, España permanece bloqueada por un Gobierno incapaz de cumplir siquiera con sus obligaciones comunitarias, situando a pymes y autónomos españoles en la peor situación desde el punto de vista de la
competitividad. No es que no hagan nada, es que les perjudican claramente. Por esto, esta proposición no de ley es tan importante, porque exige algo tan razonable como que España deje de ser el último de la fila, porque exige que se deje de ser un
país incumplidor, que deje de ser el ejemplo negativo dentro de la Unión Europea y que empiece de una vez por todas a ponerse del lado de quienes crean empleo, generan riqueza y sostienen buena parte de nuestra economía. Esta iniciativa no va de
Bruselas, no va de una directiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya terminando.
La señora ALFONSO SILVESTRE: Termino, presidente.
... no va de un procedimiento de infracción, va de decidir si estamos del lado de quienes arriesgan su patrimonio para sacar adelante un negocio o del lado de una Administración que siempre encuentra una excusa para poner más trabas.
Hoy la Cámara tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro: que España deje de ser la excepción, que España deje de incumplir, que España deje de penalizar a quienes emprenden, porque los autónomos no están pidiendo privilegios, piden
exactamente lo mismo que ya tienen los autónomos del resto de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Señoría, vaya terminando.
La señora ALFONSO SILVESTRE: Ni más ni menos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Junts, el señor Cervera.
El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies. Gràcies, president.
Saben que hem presentat la mateixa petició a iniciatives nostres. Però no només això, sinó que des de Junts per Catalunya hem volgut anar molt més enllà i el passat mes d'abril vam registrar una proposició de llei de reforma integral del
treball autònom, fruit d'una llarga escolta al col·lectiu. Una proposició de llei que modifica una dotzena de normes per crear un entorn favorable, per crear un entorn que, a grans trets, aquesta proposició de llei el que feia era ajustar el
sistema de cotització per ingressos reals, corregint les actuals disfuncions, fentlo més just i previsible, millorant la definició dels ingressos computables, augmentant els gastos deduïbles, establint una revisió anual dels trams mitjançant el
diàleg.
Una proposició de llei que reforçava o reforça la protecció social dels autònoms, acostant la dels treballadors per compte aliena, que millorava aspectes com el del cessament d'activitat o el subsidi per a majors de cinquantados anys o la
conciliació o la jubilació activa. Una proposició de llei que simplifica la fiscalitat i redueix les càrregues administratives, establint normes clares sobre gastos deduïbles i introduint mesures com la en aquests moments estem tenint a debat i que
també incloïa mesures clau per facilitar l'accés dels autònoms i les microempreses a la contractació pública, per la lluita contra la morositat i per millorar els mecanismes de segona oportunitat. No era una reforma o no és una reforma puntual,
sinó que és un canvi estructural amb l'objectiu de construir un sistema més just, més senzill, que redueixi la burocràcia i la inseguretat i, en definitiva, que protegeixi millor i faciliti emprendre, créixer i mantenir l'activitat en el temps, que
és la garantia de futur que necessitem.
I saben quina ha estat la resposta del Govern a aquesta proposició de llei? Doncs expressar la seva disconformitat i no permetre que es pugui ni prendre en consideració en el Ple. O sigui, coartar el debat. Coartar el debat és el
mecanisme que té aquest Govern, no només per continuar munyint i evitar donar aire a la classe mitjana i treballadora, sinó que és el mecanisme que també té aquest Govern per evitar que es torni a posar en evidència la seva feblesa parlamentària.
Gracias, presidente.
Saben que hemos presentado la misma petición en otras iniciativas nuestras, pero también desde Junts hemos querido ir mucho más allá, y el pasado mes de abril registramos una proposición de ley de reforma integral del trabajo autónomo, fruto
de una larga escucha del colectivo. Es una proposición de ley que modifica una docena de normas para crear un entorno favorable; para crear un entorno que, a grandes rasgos, con esta proposición de ley, se ajustaba el sistema de cotización por
ingresos reales, corrigiendo las actuales disfunciones, haciéndolo más justo y previsible, mejorando la definición de ingresos computables, aumentando los gastos deducibles y estableciendo una revisión anual de los tramos mediante el diálogo.
Es una proposición de ley que refuerza la protección social de los autónomos, acercándola a la de los trabajadores por cuenta ajena; mejoraba aspectos como el cese de actividad o el subsidio para mayores de 52 años, la conciliación, la
jubilación activa; una proposición de ley que simplifica la fiscalidad y reduce las cargas administrativas, estableciendo normas claras sobre gastos deducibles e introduciendo medidas como la que en estos momentos se ha traído a colación y se está
debatiendo. Y también incluía medidas clave para el acceso de los autónomos y las microempresas a la contratación pública, para la lucha contra la morosidad y para mejorar los mecanismos de segunda oportunidad. No era una reforma, o, mejor dicho,
no es una reforma puntual, sino que es un cambio estructural, con el objetivo de construir un sistema más justo, más sencillo, que reduzca la burocracia y la inseguridad y, en definitiva, que proteja mejor y facilite el emprendimiento, el
crecimiento y el mantenimiento de la actividad en el tiempo, que es la garantía de futuro que necesitamos.
Y ¿saben cuál ha sido la respuesta del Gobierno a esta proposición de ley? Pues expresar su disconformidad y no permitir que se pueda siquiera tomar en consideración en el Pleno; o sea, coartar el debate. Coartar el debate es el mecanismo
con el que cuenta este Gobierno, no solo para seguir ordeñando y evitar dar aire a la clase media y trabajadora, sino que también es el mecanismo del Gobierno para evitar que se vuelva a dejar en evidencia su debilidad parlamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo SUMAR, tiene la palabra su señoría, el señor Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias, presidente.
En primer lugar, la PNL reconoce que hay 3,4 millones de autónomos, 150 000 más que cuando gobernaba el Partido Popular, a pesar de lo que habitualmente solemos escuchar del Partido Popular sobre que hay menos autónomos, con lo cual es una
primera cuestión a reconocer. En segundo lugar, quiero recordar que el IVA lo paga el consumidor final. No lo pagan las empresas; las empresas simplemente gestionan su recaudación como agentes intermediarios de la Hacienda pública. Lo que hacen
los autónomos es soportar un IVA cuando compran insumos y lo trasladan, lo repercuten a la factura final. Es un error lo que ha dicho la diputada del Grupo Popular, el IVA no es una fuente de ingresos del Estado sobre los autónomos. Quizá por este
motivo esta PNL hubiera sido mejor que se discutiera en la Comisión de Hacienda, donde este tipo de conocimientos están más asentados. Pero, ya digo, los autónomos no son una fuente de ingresos para el Estado a través del IVA; lo son los
consumidores finales.
En cualquier caso, coincidimos con el Grupo Popular en que es necesario trasponer la directiva. Estamos de acuerdo en reducir la carga burocrática de los autónomos, en particular, en la microempresa y en la pequeña empresa. Sin embargo,
hubiéramos esperado del Grupo Popular algo más fino y no un planteamiento tan de brocha gorda, porque la directiva da muchas posibilidades. Establece, efectivamente, un umbral máximo de 85 000 euros de facturación, hasta donde se puede elevar la
franquicia, pero también dice que ese umbral puede estar por debajo o que incluso se puede establecer un umbral distinto para cada sector. O, más allá, incluso dice que no hace falta establecer ningún umbral; que, para reducir la carga
administrativa de los autónomos, lo que se puede hacer es que, en vez de que presenten cuatro declaraciones al año, una por trimestre, presenten solo una anual. Es decir, la directiva da muchas posibilidades y, por eso, está escrita muy en
condicional en todo su redactado.
Por eso, nosotros hubiéramos esperado del Grupo Popular -?aunque coincidimos en el fondo de la iniciativa- una redacción mucho más detallada, mucho más reflexiva, mucho más pausada y mucho más ajustada a lo que pretende la directiva.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo VOX, su señoría, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Pues da la impresión de que la Administración se ha acostumbrado a considerar normal que el autónomo ejerza simultáneamente de profesional, de empresario, de gestor administrativo y, para aclarar lo que ha dicho mi antecesor en el
Parlamento, y de recaudador fiscal del mayor comisionista, que es el Estado. Bueno, ya se ha dicho todo. España vuelve a llegar tarde. Hay que cumplir con una directiva europea, hay la posibilidad de la voluntariedad y hay un abanico de
posibilidades también, con lo cual, a efectos de economía procesal, para tranquilidad del presidente de la comisión y de los tiempos, nos adherimos en términos generales a los argumentarios esgrimidos por el Grupo Popular. Por supuesto, que quede
reflejado en el Diario de Sesiones, sin que ello sirva de precedente. (Risas).
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, su señoría, el señor Mayoral.
El señor MAYORAL DE LAMO: Muchas gracias, presidente.
A ver, de exautónomo y futuro autónomo a exautónoma y futura autónoma, esto de pagar menos es como un mantra que siempre lleva a tratar al autónomo como un sujeto exclusivamente pagador de impuestos y no como un trabajador por cuenta propia
con derechos. Porque, claro, cuando se establecen criterios a la hora de hablar de autónomos, estaría bien hablar de protección y estaría bien hablar de futuro. Lo digo porque cuando se establecen debates como estos, no solamente con la exención
del IVA, sino también con la cotización, y los establecemos en términos de futuro y de pensiones, el Partido Popular siempre pone palos en las ruedas para hacer que las pensiones de los autónomos se equiparen a las del resto de los trabajadores por
cuenta ajena.
Pero me ha hecho mucha gracia, porque la señora Alfonso dice: Ustedes, el Gobierno, no ven a los autónomos como una prioridad económica. Es verdad, lleva razón; es que no los vemos como una prioridad económica. Los vemos como sujetos de
derecho, como ciudadanos que trabajan y se esfuerzan por levantar la persiana, y no solamente en términos económicos, que después lleva al abandono cuando vienen mal dadas.
Además, habla del modelo del Partido Popular. Y, entonces, aquí hay que hablarle ya a la ciudadanía sobre cuál es el modelo del Partido Popular cuando gobiernan. Porque hacen unos discursos que los escuchas y dices: ¡Ojalá algún día esta
gente gobierne! (Rumores). A ver, ¿ahora hay más autónomos o menos? Respóndanme. Porque hay muchos más autónomos. (Rumores). Y los hay, además, gracias a las políticas del Gobierno, del Partido Socialista y de SUMAR, el Gobierno del progreso.
¡Es que ustedes lo obvian! Dicen: No se fomenta el emprendimiento. Bueno, pues para no fomentarlo, hay más.
Pero, además, dicen: El modelo del Partido Popular contra el infierno fiscal. Les voy a decir algo, ¿saben quién subió ese impuesto del valor añadido? M. Rajoy. (Rumores). No sé, por si le suena a usted y, además, también el IRPF. El
problema es que hablan ustedes de exprimir, de infierno fiscal, pero cuando ustedes gobiernan (continúan los rumores) -tranquilos, tranquilos, que yo les he escuchado con mucha atención-, son ustedes los que lo hacen, y no lo digo yo. Se enfadó
mucho por esto la señora Esperanza Aguirre con el señor Rajoy y se lo recordaba continuamente: Decimos siempre que bajamos los impuestos y después los subimos. Los suben y, además, lo hacen con menos protección y con menos derechos, porque cuando
llega la hora de votar derechos para los autónomos, siempre votan en contra. Después del tour ese que se han dado por España el señor Juan Bravo y varios diputados hablando sobre la protección de los autónomos, es el momento de que se diga la
verdad: ustedes suben los impuestos, generan más desprotección y, además, lo hacen diciendo que están a su lado.
Es compromiso de este Gobierno trasponer esta normativa, ya lo saben, y lo estamos haciendo. (Rumores). Se ponen muy nerviosos. Cuando a la derecha se la pone frente al espejo, se da cuenta de que los que abren la persiana todos los días,
los que hemos tenido la suerte de ser autónomos -y digo la suerte-, sabemos lo que es pagar el trimestre.
Termino. Aquí hay dos modelos: el de los que abandonan, suben los impuestos y además no dan más derechos, y el de los que protegen y generan más empleo autónomo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
- RELATIVA AL FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EXTERIOR EN MATERIA MIGRATORIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003105).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Pasamos al siguiente punto del orden del día, la Proposición no de ley relativa al fortalecimiento de los instrumentos de cooperación exterior en materia migratoria, del Grupo Popular.
Tiene la palabra la señora Acedo para su defensa.
La señora ACEDO REYES: Gracias, señor presidente.
Vamos a pisar un poquito la realidad después de escuchar al diputado socialista.
Señorías, España afronta uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la gestión de los flujos migratorios en un contexto internacional cada vez más complejo e inestable. Y debemos abordarlo con seriedad, con responsabilidad y, sobre
todo, con una política de Estado que combine humanidad, legalidad y eficacia. Porque hablar de inmigración no es hablar de cifras; hablamos de personas que arriesgan su vida en rutas cada vez más peligrosas y explotadas por mafias que hacen
negocio con la desesperación humana. Pero cuando hablamos de inmigración también tenemos que referirnos a la capacidad de los Estados para garantizar el cumplimiento de la ley, la seguridad de sus fronteras y la cohesión social de sus territorios.
España es frontera sur de la Unión Europea. Lo son Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, como consecuencia de esto, son muchos los municipios y comunidades autónomas que llevan años soportando una presión migratoria creciente sin contar
con el apoyo suficiente por parte del Gobierno de la nación. La realidad es que nuestro país ha sufrido durante demasiado tiempo la ausencia de una verdadera política migratoria. Ha habido improvisación donde debía haber planificación, y donde
debía haber gestión, la política migratoria del Gobierno de Sánchez se ha quedado en meros anuncios. Son las comunidades, los ayuntamientos y los territorios fronterizos los que han tenido que asumir en solitario las consecuencias de esa falta de
liderazgo.
Frente a todo esto, el Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, responsable y basada en la cooperación internacional. La inmigración irregular no se combate únicamente en nuestras costas, sino también en los países de
origen y tránsito fundamentalmente. Por eso presentamos esta iniciativa, para poner el foco en la dimensión de la cooperación con países terceros, para hacer frente al control y la gestión de los flujos migratorios irregulares. Con esta iniciativa
apostamos por reforzar esa cooperación más que necesaria, una cooperación basada en la corresponsabilidad, en la lucha contra las mafias y en mecanismos efectivos de readmisión para quienes no tienen derecho de permanecer en nuestro territorio.
Señorías, Europa está avanzando en esa dirección. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entra en vigor definitivamente el próximo 12 de junio -dentro de dos días-, exige una mayor implicación de los países de origen y tránsito
y una cooperación más eficaz para prevenir las salidas irregulares y facilitar los retornos. Y España, a pesar de que el Gobierno sobreviva dividido en su Consejo de Ministros entre los que están a favor y en contra, tiene que posicionarse del lado
de Europa como parte indisoluble y como país que debiera ser determinante en lo que a la política migratoria europea se refiere, pues es puerta de entrada de África en Europa. Necesitamos revisar los acuerdos existentes, evaluar qué funciona y qué
no funciona y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Necesitamos reforzar la presencia y la capacidad operativa de Frontex y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en territorio español como en terceros países,
para actuar de manera preventiva y coordinada.
Necesitamos actuar con firmeza frente a aquellos regímenes que utilizan la inmigración como un instrumento de presión política o como forma de agresión híbrida contra la Unión Europea y contra sus Estados miembros. Y necesitamos avanzar en
la aplicación de instrumentos que ya contempla el derecho europeo, como los conceptos de país seguro de origen y tercer país seguro, para agilizar los procedimientos de asilo, mejorar la eficacia del sistema y concentrar los recursos en quienes
verdaderamente necesitan protección internacional. Porque proteger el derecho de asilo también exige evitar su utilización fraudulenta, algo que lleva produciéndose lamentablemente en nuestro país desde hace años, como venimos denunciando desde el
Partido Popular.
Señorías, la inmigración regular, ordenada y vinculada a las necesidades de nuestro mercado laboral y a las necesidades del país puede ser una oportunidad. Sin embargo, la inmigración irregular, gestionada con improvisación y la ausencia de
control, genera sufrimiento humano, fortalece a las mafias y debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por eso defendemos una política migratoria basada en la cooperación internacional, en el control efectivo de fronteras y en
el cumplimiento de la legalidad. Una política que sea firme contra las mafias, solidaria con quienes necesitan protección y leal con los ciudadanos que exigen respuestas, tanto los inmigrantes regulares que han hecho uso de los instrumentos legales
para residir y trabajar en nuestro país y en la Unión Europea como para los ciudadanos españoles y europeos, que exigen respuestas a uno de los fenómenos más relevantes de nuestro tiempo.
Señorías, la verdadera solidaridad consiste en gestionar, en prevenir, en cooperar y en actuar, y precisamente eso es lo que propone esta iniciativa. Por responsabilidad con España, por compromiso con Europa y por respeto a quienes esperan
de nosotros soluciones reales, les pedimos a todos los grupos el apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por parte del grupo enmendante, en este caso el Grupo de VOX, tiene la palabra su señoría, el señor García.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señor presidente.
El Partido Popular empieza a saberse la música un poquito por encima, pero le falta. Por eso le presentamos esta enmienda. Luego, si quieren, también les puedo pasar los argumentarios, ya que veo que empiezan a hablar como debían haber
hecho hace años, porque hace nada apoyaban una ILP para regularizar a 500 000 personas en situación irregular en España, hace nada negaban la situación de las mafias que estábamos viviendo y hace nada veíamos a sus presidentes recibir con los brazos
abiertos a cualquiera que quisiera asaltar nuestras fronteras.
España no tiene un problema de diagnóstico, porque somos muchos los expertos en inmigración que estamos denunciando durante años lo evidente. Y hoy por fin el Grupo Popular reconoce que hay una inmigración ilegal que presiona, tensiona los
servicios públicos, erosiona la confianza ciudadana y exige acuerdos de readmisión reales con países de origen y tránsito. Lo reconocen tarde, pero lo reconocen, aunque sea a medias; ya es un paso. Por eso nosotros presentamos esta enmienda, pero
no se confundan, no basta con una cooperación exterior decorativa ni con esconderse detrás de Bruselas, España no puede delegar su frontera ni su seguridad ni su mercado laboral en comunidades europeas. España debe recuperar el control de todos
ellos, no podemos seguir precarizando el empleo como se está haciendo ahora y fomentando esa, digamos, baja cualificación que estamos permitiendo traer aquí en masa.
Europa ya se mueve por fin hacia una política más firme: retornos más eficaces, países seguros, cooperación con terceros Estados, presencia de Frontex de verdad -no lo que se estaba haciendo hasta ahora- y la posibilidad de centros de
retorno fuera de la Unión Europea. Eso confirma lo que VOX lleva años diciendo; no ahora, años de verdad, por eso digo que les suena la música, pero no se saben bien del todo la melodía.
Una política migratoria sin retorno efectivo es una invitación permanente a la ilegalidad y apoyar la ILP, lo mismo. Nuestra enmienda va al fondo del problema: repatriación de quienes
entren ilegalmente; deportación de extranjeros que cometan delitos graves o que hagan del delito leve su forma de vida; auditoría de nacionalidades concedidas fraudulentamente; supresión del arraigo como premio jurídico a la entrada
ilegal; prioridad nacional en ayudas, vivienda y servicios públicos, y cooperación al desarrollo condicionada a que los países colaboren en frenar salidas y aceptar retornos. Porque cooperación no significa pagar y callar, cooperación significa
exigir, significa que quienes reciban ayuda de España y de Europa deben ayudar a España y a Europa. Significa que un país que no readmita a sus nacionales no puede esperar cheques, visados y ventajas como si nada ocurriera. Llegan tarde, con algo
de miedo, pero llegan. El Gobierno ni llega, empuja encima el efecto llamada y luego reparte el caos entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
De nuevo, VOX marca el camino. Se lo vuelvo a repetir: fronteras seguras, retorno efectivo, prioridad nacional y ley, no contra nadie, a favor de España, de sus trabajadores y de un Estado que vuelva a hacerse respetar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO GARCÍA: La verdad es que, cuando veo estas proposiciones no de ley, estas iniciativas con toda su buena voluntad -no lo voy a discutir-, hay cosas que nosotros compartimos, por ejemplo, la necesidad de perseguir a las
mafias -claro que sí- o de mejorar la cooperación, pero después hay cuestiones que no solo no compartimos por principios, sino porque además muchas son irrealizables.
A ver, ¿ustedes han estado en Senegal, en Gambia, en Guinea Conakry? ¿Han estado en alguno de esos países? ¿Han visto cómo se vive allí? ¿Cómo van a exigir a esos países que eviten que su gente salga? (La señora Acedo Reyes: Con
cooperación). Queda muy bien aquí, pero me gustaría saber cómo lo van a hacer. (La señora Acedo Reyes: Cooperando). ¿Cómo van a vigilar kilómetros y kilómetros de costa, que no los puede vigilar ni siquiera un Estado europeo? ¿Cómo van a
obligar ustedes a que esos países admitan que Frontex opere en su mar y en su tierra? ¡Porque no lo aceptan! Es que esto ya se ha intentado. En alguna ocasión hemos hablado del tema en el Parlamento. Hemos conocido el intento que el ministro
Marlaska hizo con algunos países muy cercanos a Canarias, pero no quieren a Frontex en sus aguas; no lo van a admitir en las aguas que son de su soberanía. El retorno, ¿cómo con ciudadanos que no se identifican? ¿A dónde? Marruecos no reconoce a
la gente que dice ser marroquí, pero que no aporta datos. No se han jugado la vida para que los metan en un avión y los devuelvan. Ustedes ponen todo el peso en el control de fronteras con medidas poco realizables.
Y ustedes hablan de medidas correctivas ante los incumplimientos. ¿Qué medidas correctivas van a aplicar a los países que no pueden frenar la salida? Porque si encima les amenazamos o les planteamos medidas correctivas, ¿les cuento lo que
va a pasar? Que el poco control que hay en la costa va a desaparecer. Esto lo hemos vivido. (Aplausos). No les estoy hablando de nada nuevo. Es muy difícil, y ustedes lo saben porque ustedes han gobernado España. (La señora Acedo Reyes: Por
eso mismo). Ustedes saben lo difícil que es frenar la salida y lo difícil que es que esos países puedan controlarla, y mucho menos que se comprometan al retorno. Ustedes también saben que no admiten a Frontex en sus aguas. Por tanto, hay medidas
que no entendemos y otras cuestiones que no entendemos, porque llevamos muchos años hablando de lo mismo y ¡no se puede imponer lo que otro país no quiere por mucho que España tuviera la capacidad de imponer estas cosas! ¡No puede ni ha podido
Europa! Con todos los recursos que les ha proporcionado, no ha podido imponerlo. Por tanto, dudo mucho que España lo pueda hacer.
Por otro lado, hablan ustedes de terceros países. Antes hemos hablado del Pacto sobre Inmigración y Asilo y le he recriminado a SUMAR, que es miembro del Gobierno, que vaya a entrar en vigor este pacto y territorios como Canarias no tengan
ninguna información de cómo se va a aplicar y que no se haya hecho la implementación que tenía que haberse desarrollado. Igual les digo a ustedes, nosotros no compartimos este asunto de la derivación a terceros países seguros.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya terminando.
La señora VALIDO GARCÍA: ¿Dónde está la corresponsabilidad del resto del Estado si están diciendo que no quieren a los menores? Falta corresponsabilidad y falta el respeto a los derechos humanos como garantías mínimas que tendría que tener
este documento para que lo pudiéramos apoyar. Por tanto, nosotros nos vamos a abstener.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
¿El Grupo Junts va a intervenir? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, presidente.
Nuestra respuesta a los desafíos que plantean las migraciones contemporáneas puede resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. ¿Qué les parece esta frase a las señorías del Grupo Popular y de VOX? Es contraria a
todo lo que ustedes han manifestado aquí. ¿Saben quién dijo esta frase? Sí, el papa. Esta frase la dijo el papa estos días. (Rumores). Sí, se ríen. (Varias señoras diputadas: Ahora son papistas). Se ríen ustedes. Resulta llamativo que en
pleno siglo XXI hasta el papa sea más progresista en materia migratoria que el Partido Popular y VOX; que hasta el papa hable más de humanidad, acogida y dignidad que ustedes. Y, mientras tanto, vienen aquí a presentarnos más proposiciones no de
ley aumentando el odio y los valores contrarios a los valores democráticos mínimos de humanidad.
Les recomiendo que hagan un ejercicio muy simple -creo que la señora Valido ha ido por esa línea-: vayan ustedes a Canarias. Vayan ustedes a Canarias, como ha hecho León XIV, y vean lo que significa el sufrimiento de las personas que huyen
de la guerra, de las personas que huyen del sufrimiento. Tal vez se replantearán las proposiciones no de ley inhumanas que presentan aquí.
La pregunta es muy sencilla: ¿qué modelo quieren ustedes realmente? Muchas veces da la sensación de que no quieren acabar con la inmigración, quieren acabar con los derechos de las personas migrantes. Quieren personas trabajando, pero sin
papeles. Quieren mano de obra barata, pero sin ciudadanía. Quieren trabajadores vulnerables sin capacidad de reclamar, sin poder sindicarse, sin poder denunciar abusos y sin poder mirar de frente al empresario que les explota. Eso tiene un
nombre: trabajadores esclavos para sus empresas amigas. Y no lo vamos a aceptar. Ustedes hablan de inmigración ilegal, pero se les olvida una cosa: ninguna persona es ilegal. Ilegal es explotar a una persona, ilegal es aprovecharse de su
vulnerabilidad, ilegal es permitir que haya sectores enteros de nuestra economía funcionando con personas sin derechos, y luego vienen aquí a dar lecciones de orden.
Hablan de mafias, pero las mafias se alimentan precisamente de la falta de vías legales y seguras. Las mafias crecen cuando Europa cierra puertas, cuando no hay rutas regulares, cuando la única opción para miles de personas es jugarse la
vida en el mar o caer en redes de trata. Si de verdad quisieran debilitar a las mafias, defenderían vías legales y seguras; defenderían permisos laborales, defenderían cooperación al desarrollo, defenderían la protección internacional y
defenderían una regularización extraordinaria. Pero no, ustedes vienen aquí a pedir más Frontex, más retornos, más listas de países seguros y más procedimientos acelerados, y no, señorías, eso no es mostrar humanidad ni derechos humanos.
El Partido Popular tiene una rama democristiana que cada vez se ve menos, ¿saben por qué se ve menos? Porque, a cambio de un sillón en una presidencia autonómica, le regalan a VOX y a la extrema derecha todo el argumentario en materia de
derechos humanos, ¡y eso es intolerable!
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su señoría el señor Diouf.
El señor DIOUF DIOH: Señorías del Grupo Popular, antes de comenzar, quisiera recalcar que esta PNL debería registrarse y debatirse en la Comisión de Interior, comisión donde se debate la competencia que tiene asumida el Ministerio del
Interior. Con esta aclaración, se evidencia su falta de criterio, el desorden, convirtiendo su crítica sobre la gestión migratoria del Gobierno en una vergüenza nacional.
Señorías del Grupo Popular, priorizar las desigualdades es una vergüenza nacional. Señorías del Grupo Popular, la dejación de funciones, deshumanizando a las personas más vulnerables -que son los niños y las niñas no acompañados-, o que en
las comunidades donde están gobernando se nieguen a aplicar el artículo 35 es una crueldad nacional. Señorías del Grupo Popular, boicotear las instituciones, como hace el Ayuntamiento de Madrid, para que miles de personas no recuperen su dignidad
es racismo institucional. Señorías del Grupo Popular, cuando negocian los Gobiernos y pactan sillones con aquellos que llevan en sus siglas la destrucción de la convivencia y la paz social de este país, eso les convierte en cómplices racistas y
xenófobos.
La iniciativa presentada por ustedes demuestra un desconocimiento de las políticas migratorias europea y española, que se centran en prevenir los flujos irregulares mediante la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra el
tráfico de personas y la readmisión de migrantes, velando por un seguimiento adecuado de su resultado y eficacia, incluyendo los acuerdos migratorios existentes y futuros. Asimismo, el Gobierno de España exige a la Comisión Europea mayor
coordinación frente a la instrumentalización migratoria y solicita reforzar la presencia operativa de Frontex tanto en terceros países como en el territorio nacional, en el marco de la operación conjunta Joint Operation Spain.
Respecto al punto quinto, para su información, entre otras medidas, quisiera destacar la creación de la Dirección General de Protección Internacional, con tres subdirecciones, que dotan a este centro de una mayor especialización para la
gestión de sus competencias, permitiendo una mayor celeridad y agilidad en la resolución de solicitudes de protección internacional, y consiguiendo la cifra más alta a la hora de resolver estas solicitudes. Quédense con el dato: en 2025 se llegó a
13 413 resoluciones al mes, frente a las 8021 resoluciones de 2024 y las 7698 por ahora de 2026.
Por último, y de nuevo para su información, quiero señalar que la Unión Europea modificó a finales de febrero el reglamento sobre la lista de terceros países, así como de países seguros de origen. Por tanto, señorías del Grupo Popular,
actualícense. Asuman sus funciones como oposición y deshagan sus pactos con VOX, porque la dignidad de un ser humano vale más que un sillón. (Rumores). A ver si con la visita del papa van mentalizándose y cambiando. (Rumores).
Gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias. (Rumores).
Por favor, silencio.
Señora Acedo, ¿acepta la enmienda?
La señora ACEDO REYES: No, mantenemos la iniciativa en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): De acuerdo.
Muchas gracias.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA POR RAZÓN DE ACTIVIDAD PROFESIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES
REDUCTORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/003250).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Pasamos al siguiente punto del orden del día, la Proposición no de ley sobre el establecimiento de un sistema de jubilación anticipada
para los trabajadores y trabajadoras de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña por razón de actividad profesional mediante la aplicación de coeficientes reductores. En este caso, es una proposición del Grupo Junts.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cervera, por un tiempo de cinco minutos.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Senyories, avui, i després del treball continuat amb els representants sindicals de Comissions Obreres de l'àmbit penitenciari a Catalunya, portem a debat aquesta proposició no de llei que parla de justícia, de seguretat laboral i també de
coherència institucional. Els parlem dels treballadors i treballadores dels serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, un col·lectiu que desenvolupa una feina extraordinàriament exigent, amb elevats nivells de risc físic i psicològic i
que, malgrat això, continua sense disposar d'un mecanisme de jubilació anticipada mitjançant coeficients reductors, com sí tenen altres cossos que desenvolupen funcions de risc comparables.
Saben que a Catalunya tenim transferides les competències penitenciàries des de l'any 1984. Des d'aleshores hem desenvolupat un model propi, amb personal integrat al Règim General de la Seguretat Social. Aquest personal treballa en torns,
fa horaris nocturns, en contacte permanent amb situacions de tensió, violència i fent intervenció directa. Molts d'ells formen part dels equips d'intervenció en funcions assimilables a les unitats policials. I a això cal afegirhi una realitat
incontestable: la plantilla està envellida. Més del 50 % dels treballadors tenen més de cinquanta anys i una part molt important supera ja els cinquantacinc i continuen havent de fer front a les exigències físiques, al risc i a la penositat de la
seva feina, com fan els més joves.
No estem davant una reivindicació improvisada ni partidista. Hi ha tot un recorregut que comença l'any 2021, quan es va signar un acord entre el Departament de Justícia i totes les organitzacions sindicals representatives del sector. El
2022 el Govern de la Generalitat va aprovar formalment aquest acord i el 2023 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat instar a l'Estat espanyol a reconèixer aquesta jubilació anticipada. Per tant, hi ha un consens sindical, un consens
institucional i un consens parlamentari.
A més a més, existeix cobertura legal suficient, a l'article 206 de la Llei General de Seguretat Social, per aplicar aquests coeficients reductors en activitats especialment penoses, tòxiques, perilloses o insalubres, com és el cas que ens
ocupa. Per tant, s'entén que en aquest moment no estem demanant res excepcional. Altres col·lectius, ja disposen d'aquest reconeixement policies locals, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, policia foral, bombers.
Per tant, el que demanem avui és ben senzill. Demanem que el Govern espanyol iniciï d'una vegada l'expedient administratiu previst legalment per reconèixer aquest dret als professionals penitenciaris catalans. Perquè darrere d'aquesta
iniciativa no hi ha privilegis. Hi ha persones que durant dècades han garantit i garanteixen la seguretat dins dels centres penitenciaris catalans sovint, com els deia, en condicions molt complicades i que mereixen que les institucions -?les
espanyoles- també estiguin a l'alçada del servei que han prestat. Així que, per responsabilitat, per justícia i per coherència, els demanem a tots que facin un vot favorable.
Res més. I moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Señorías, hoy, tras el trabajo continuado con los representantes sindicales de Comisiones Obreras del ámbito penitenciario en Cataluña, traemos a debate esta proposición no de ley que habla de justicia, de seguridad laboral y, también, de
coherencia institucional. Les hablamos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, un colectivo que desarrolla un trabajo extraordinariamente exigente, con elevados niveles de riesgo físico y
psicológico, y que, a pesar de ello, actúa sin disponer de un mecanismo de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, como sí tienen otros cuerpos que desarrollan funciones de riesgos comparables.
Saben que en Cataluña tenemos transferidas las competencias penitenciarias desde 1984. Desde entonces hemos desarrollado un modelo propio con personal integrado en el régimen general de la Seguridad Social. Este personal trabaja en turnos,
hace horarios nocturnos, está en contacto normalmente con situaciones de tensión y violencia, y muchos forman parte de equipos de intervención con funciones asimilables a las unidades policiales. A ello hay que añadir una realidad incontestable:
la plantilla está envejecida. Más del 50 % de los trabajadores tienen más de 50 años y una parte muy importante supera ya los 55, y siguen teniendo que afrontar las exigencias físicas, el riesgo y la penosidad de su trabajo como los más jóvenes.
No estamos ante una reivindicación improvisada ni partidista. Existe un recorrido que empieza en 2021, cuando se firmó un acuerdo entre el departamento de justicia y todas las organizaciones sindicales representativas del sector. En 2022
el Gobierno de la Generalitat aprobó formalmente este acuerdo y en 2023 el Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad instar al Estado español a reconocer esta jubilación anticipada. Por lo tanto, existe un consenso sindical, un consenso
institucional y un consenso parlamentario. Además, existe cobertura legal suficiente en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social para aplicar estos coeficientes reductores a actividades especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o
insalubres, como es el caso que nos ocupa.
Por lo tanto, se entiende que no estamos en este momento pidiendo nada excepcional. Otros colectivos ya disponen de este reconocimiento: policías locales, mossos d'esquadra, ertzaintzas, policías forales o bomberos. Así que hoy pedimos
algo muy sencillo, que el Gobierno español inicie de una vez el expediente administrativo previsto legalmente para reconocer este derecho a los profesionales penitenciarios catalanes, porque tras esta iniciativa no hay privilegios, sino personas que
durante décadas han garantizado y garantizan la seguridad dentro de los centros penitenciarios catalanes, muchas veces en condiciones muy complicadas, y que merecen que las instituciones -las españolas- también estén a la altura del servicio que han
prestado. Así que, por responsabilidad, justicia y coherencia, les pedimos a todos que le den un voto favorable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el grupo enmendante, que en este caso es el Grupo VOX, tiene la palabra su señoría, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Cervera ha hecho -como decimos los catalanes de socarel, que nos llamamos así- una intervención muy assenyada, que significa no de sentido común, sino con mucha cordura.
Efectivamente, los funcionarios penitenciarios desempeñan una labor especialmente exigente, pues, tal y como ha manifestado, trabajan en contacto permanente con situaciones de conflicto, soportan turnos, nocturnidad y una elevada carga
psicológica, así como en demasiadas ocasiones agresiones y situaciones de riesgo que forman parte de su actividad cotidiana. Por ello, cualquier debate sobre esa penosidad, peligrosidad o posible aplicación de coeficientes reductores merece ser
abordado con seriedad y con rigor, y sobre todo con datos objetivos. La cuestión que se plantea hoy no es menor, es importante.
Ahora bien, la iniciativa que debatimos se refiere exclusivamente a los trabajadores penitenciarios de Cataluña. Es ahí donde aparece nuestra discrepancia, porque la igualdad entre españoles exige situaciones equiparables que reciban
respuestas equivalentes. Las circunstancias que se invocan para justificar esta iniciativa no afectan únicamente a los funcionarios penitenciarios catalanes, pues las agresiones, la nocturnidad, la turnicidad, la tensión inherente al servicio y el
desgaste profesional forman parte también de la realidad diaria de muchos centros penitenciarios españoles. Quien presta servicio en Brians conoce determinadas dificultades profesionales. Quien trabaja en Soto del Real, Zuera, Algeciras, Valencia,
Sevilla o cualquier otro centro penitenciario español conoce dificultades muy similares, parecidas o iguales. Por eso hemos presentado una enmienda.
Creemos que sí que existen razones para estudiar la aplicación de coeficientes reductores, lo hemos dicho en esta comisión y en otras, pero ese estudio debe realizarse al conjunto de los funcionarios y trabajadores penitenciarios españoles
sometidos a condiciones de trabajo equivalentes, porque es una cuestión de coherencia, igualdad y justicia, y sería un error construir derechos laborales sobre diferencias territoriales cuando las condiciones de trabajo son las mismas. Lo relevante
son las funciones desempeñadas, las condiciones reales de trabajo y los criterios objetivos de penosidad, peligrosidad, morbilidad y desgaste profesional. La protección de quienes desarrollen profesiones especialmente duras merece una respuesta
común para todos los españoles y no soluciones fragmentadas en función del territorio en el que prestan servicio, sobre todo en el tema de los coeficientes reductores. En ese sentido va nuestra enmienda.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, ¿señora Valido? (Denegaciones).
Por el Grupo SUMAR, tiene la palabra su señoría, el señor Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias.
Tenemos un punto de vista similar sobre la situación que trata Junts en esta PNL y destacamos, como dice el texto, el consenso en la Comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña. De hecho, nosotros presentamos hace unos meses una PNL
propia sobre la situación del personal penitenciario en Cataluña favorable a estudiar la aplicación de coeficientes reductores a través del nuevo Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo.
Sabemos que el trabajo continuado en un medio cerrado, los regímenes horarios de veinticuatro horas en diferentes turnos, las situaciones de conflicto y tensión que se producen en los centros penitenciarios, el riesgo latente, la
incertidumbre y el hecho de tener que estar permanentemente alerta suponen un estrés físico y mental para todo trabajador de centro penitenciario. También, como destaca Junts, y nosotros en nuestra PNL, sabemos que las plantillas de los centros
penitenciarios están muy envejecidas, con una edad media de 50 años, lo cual implica una mayor siniestralidad y más bajas por contingencias comunes. No está de más mencionar que quizás sea necesario un mayor gasto en sustituciones y refuerzos para
garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y la seguridad de trabajadores y personas reclusas.
Para terminar, quiero hacer un llamamiento a no olvidar que hay otros colectivos feminizados que a menudo no tienen la suficiente voz para conseguir estos coeficientes reductores, pese a desarrollar tareas tan penosas o más. No nos
olvidemos de ellos.
En cualquier caso, compartimos la propuesta de Junts en esta PNL.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su señoría, la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Buenas tardes, presidente.
Muchas gracias.
Déjenme que inicie mi intervención diciendo que me ha resultado conmovedor el acercamiento de VOX a Junts. Es un comentario sin mayor trascendencia.
Permítanme que empiece esta intervención desde un punto de partida. En noviembre de 2020, la Comisión del Pacto de Toledo puso de manifiesto la necesidad de mejorar el marco normativo para identificar aquellos colectivos cuyas condiciones
de trabajo generan consecuencias negativas para la salud o incluso reducen su esperanza de vida. El procedimiento vigente del Real Decreto 1698/2011 había demostrado limitaciones y resultados insuficientes y, por ello, era necesario un nuevo marco
normativo que ofreciera respuestas ciertas a quienes desempeñan trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Ese es precisamente el objetivo del Real Decreto 402/2025 aprobado por este Gobierno, una norma que aporta seguridad
jurídica, simplifica procedimientos y racionaliza la gestión de los recursos públicos. Además, y esto es importante, es fruto del consenso alcanzado en el marco del diálogo social entre las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Ese acuerdo del Real Decreto 402/2025 le otorga legitimidad y garantiza que el procedimiento responda al interés general. ¿Y por qué? Porque es un procedimiento claro.
Corresponde, efectivamente, al Gobierno, previa solicitud de las personas físicas o jurídicas que estén legitimadas, instar a llevar a cabo un expediente que determine qué actividades pueden acogerse a la reducción de la edad de jubilación, fijando
los coeficientes oportunos y garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
¿Y por qué menciono la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social? Porque no podemos olvidarnos de una cuestión fundamental. Cuando hablamos del sistema de protección social no caben atajos. Tan importante es mejorar la
protección como asegurar la viabilidad del sistema. Por eso no compartimos planteamientos que pretendan sustituir este procedimiento del Real Decreto 402/2025 por iniciativas oportunistas que prescindan del procedimiento establecido, como pretende,
por ejemplo, el Partido Popular, con su rodillo parlamentario en el Senado, con su iniciativa para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la única finalidad de atacar al Gobierno. Honestamente les digo que los colectivos afectados, que
son personas trabajadoras, merecen respuestas serias, rigurosas y viables, y no expectativas que puedan generar frustración.
Les daré dos datos. Cuando se han aprobado más expedientes de jubilación anticipada ha sido con el Gobierno socialista. Brevemente: minería, personal de vuelo, personal ferroviario, jugadores de fútbol, representantes de comercio,
toreros, artistas, las policías autonómicas, bomberos o buceadores profesionales. Frente a ello, el Partido Popular, ¿qué hizo? ¿Cuántos expedientes de jubilación anticipada aprobó? Uno. Uno, a pesar de tener mayoría absoluta.
Necesitamos certezas y lo que le pedimos a Junts, a pesar de que vamos a votar afirmativamente, es que, evidentemente, se siga el procedimiento que establece el Real Decreto 402/2025, que no puede ser otro...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya terminando.
La señora PEREA I CONILLAS: ... que instar a las asociaciones legitimadas a que insten, a su vez, al Gobierno a iniciar ese expediente.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Por el Grupo Popular, tiene la palabra su señoría, la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Lógicamente, compartimos el sentido de esta proposición no de ley. Es más, llevamos reivindicando aquí que se pueda jubilar anticipadamente también la Policía Nacional y la Guardia Civil, al igual que los Mossos, la Ertzaina y la Policía
Foral de Navarra, que tienen esos coeficientes reductores. En cambio, se aprobó, efectivamente, en el Senado esa proposición de ley y está bloqueada aquí, en el Congreso de los Diputados, en el baúl de Armengol, ya setenta y tres veces; setenta y
tres veces se ha bloqueado denominarlos como profesión de riesgo y jubilación anticipada de Policía y de Guardia Civil para tener lo mismo que ustedes tienen en Cataluña con los Mossos. Por eso me sorprende que, nuevamente, pretendan este agravio,
que otra vez el resto de los funcionarios de prisiones y trabajadores de centros penitenciarios del resto de España queden totalmente abandonados de esta iniciativa, y me sorprende que el PSOE nuevamente vaya a votar a favor solo de los trabajadores
de Cataluña. Volvemos otra vez a atacar al resto de trabajadores.
Mañana, precisamente mañana, se aprueba la reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria y el Grupo Popular ha conseguido incluir no solo a los funcionarios en esa reforma, sino al resto de trabajadores penitenciarios, e incluso
hemos conseguido incluir a los de Cataluña, porque ustedes, en el mes de febrero, aprobaron una ley para darle el carácter de agente de la autoridad solo a los que fueran funcionarios en Cataluña. Pues bien, hemos hecho el esfuerzo entre el Grupo
Socialista, el PNV y el Grupo Popular y hemos llegado a un gran acuerdo para que también ustedes, los de Cataluña y los del País Vasco, sean incluidos, a pesar de que ya tenían una ley propia que dejaría a personas
como Nuria, esa cocinera que fue asesinada en la prisión de Tarragona, excluida precisamente de esa protección que ustedes aprobaron en el mes de febrero. Así que aquí no se puede decir que corren más peligro los funcionarios de Cataluña
que los funcionarios de Galicia, de Andalucía, de Murcia o de Madrid. Son todos iguales, todos iguales. (La señora Sánchez Torregrosa: Muy bien.-Aplausos.-La señora Garrido Jiménez: ¡Pero no pongas palabras en nuestra boca!).
Yo no voy a dejar a nadie tirado por un apoyo, como está haciendo hoy el Grupo Socialista, que va a votar a favor de esta iniciativa porque tendrá algún favor que pagarles. Yo no le debo ningún favor, se lo digo de verdad, ninguno. En
materia de seguridad, ninguno. Me debo a los electores, a los electores del conjunto de España. Ya digo que la generosidad que yo he tenido haciendo la enmienda que mañana se va a aprobar para modificar el artículo 80 de esa ley para incluir
también a sus trabajadores penitenciarios, que quedaban excluidos, no la tiene usted hoy presentando esta iniciativa solo para Cataluña y excluyendo al resto de trabajadores y funcionarios que se juegan la vida cada día en las prisiones de todo el
territorio español. (Aplausos).
Para que sus señorías lo sepan, al día dos funcionarios o dos trabajadores penitenciarios son agredidos. Cada diecisiete horas uno es agredido. Son datos que tenemos que poner sobre la mesa para ayudarles. Los trabajadores penitenciarios
ya fueron una vez degradados, ya fueron atacados, ya fueron ocultados cuando eran objetivo de ETA. Hoy no los voy a dejar tirados simplemente porque solo se quiera proteger a los de Cataluña y dejar excluidos al resto del conjunto español. Mi
obligación es cumplir la Constitución y, por supuesto, la Ley General de la Seguridad Social, que en su artículo 2, precisamente, habla de universalidad e igualdad de todos los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Le pregunto al grupo proponente si acepta la enmienda.
El señor CERVERA PINART: President, sí, voldria fer servir trenta segons dels que no he fet servir per dir que no acceptem l'esmena de VOX, però que en cap cas en cap cas ho fem per desmerèixer a la resta de la feina de la resta de
treballadors de presons de l'Estat, sinó que no l'acceptem perquè entenem que la situació a Catalunya en aquests moments és diferent pels consensos sindicals, institucionals i parlamentaris que hi ha des de fa temps. I igual que la portaveu del
Grup Popular representa els votants de tot l'Estat, jo represento els catalans.
Si me permite, voy a utilizar treinta segundos de los que no he utilizado para decir que no aceptamos la enmienda de VOX, pero que en ningún caso lo hacemos para desmerecer el trabajo del resto de trabajadores de cárceles del Estado, sino
que no la aceptamos porque entendemos que la situación en Cataluña en estos momentos es distinta por los consensos sindicales, institucionales y parlamentarios que existen desde hace tiempo. Igual que la portavoz del Grupo Popular representa a los
votantes de todo el Estado, yo represento a los catalanes. (La señora Vázquez Blanco: Ya, ya...).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Entiendo que no está aceptada la enmienda.
- PARA DAR UNA SOLUCIÓN URGENTE A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS SOCIETARIOS Y COLABORADORES, EVITANDO EL INCREMENTO DE CUOTAS DERIVADO DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/003516).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Pasamos al siguiente punto del orden del día, la Proposición no de ley para dar una solución urgente a los trabajadores autónomos societarios y colaboradores, evitando el incremento de cuotas derivadas
de las decisiones del Gobierno.
En este caso, el grupo proponente es el Grupo Popular, y tiene la palabra... (Rumores). Por favor, silencio.
Tiene la palabra su señoría, la señora Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Defendemos hoy una PNL que nace de un incumplimiento documentado e inexcusable. Más de 1 200 000 trabajadores -en este caso, autónomos societarios y familiares colaboradores- están pagando hoy las consecuencias de que este Gobierno no haya
cumplido su palabra.
Conviene contextualizar bien el origen del problema, porque el Gobierno ha intentado presentar esta situación como la aplicación natural de una reforma pactada, y nada más lejos de la realidad. La ley de 2022 estableció para este colectivo
una base mínima provisional de 1000 euros en 2023 y fijó con claridad taxativa que los ejercicios 2024 y 2025 se regularían a través de la ley de presupuestos generales del Estado. Sabemos que no ha habido presupuestos en el 2024 ni en el 2025 y no
se esperan los del 2026; tres años consecutivos de parálisis presupuestaria cuyas consecuencias recaen ahora sobre este colectivo que no tiene ninguna responsabilidad sobre este fracaso político.
El Gobierno decidió prorrogar las cuotas de 2025, pero ocultó hasta la Semana Santa de este año que esa prórroga dejaba fuera a más de un millón de autónomos societarios y colaboradores. En plenas vacaciones, sin aviso previo y sin periodo
transitorio, más de un millón de trabajadores descubrieron que se les había excluido de una medida que se había presentado como universal. De hecho, la ministra de Seguridad Social se había comprometido públicamente a no elevar las cuotas en 2025 y
en 2026; compromiso que ha resultado papel mojado porque el Real Decreto Ley 3/2026 y la Orden 297/2026 fijaron para estos autónomos una base mínima de 1424 euros, un incremento de más del 42 % sobre los 1000 euros del ejercicio anterior. Es una
subida brusca, unilateral y sin consenso que contradice frontalmente lo comprometido.
Lo que el Grupo Popular cuestiona no es el principio que subyace a la reforma de 2022, cuestionamos la forma en que se ha materializado, porque un incremento del 42 % en un solo ejercicio no es una transición gradual. La reforma de 2022
estaba inspirada en el principio de cotizar según los ingresos reales, pero se ha aplicado lo contrario: un mínimo desproporcionado, impuesto de golpe y sin adaptación a la capacidad económica de cada trabajador. Además, la norma de 2022
establecía tres obligaciones que el Gobierno ha incumplido una por una: el despliegue de tramos para 2026, 2027 y 2028; la revisión y evaluación del sistema para corregir disfunciones, y la mejora de la protección social con el cese de actividad y
el subsidio para mayores de 52 años que aún se espera.
Estamos, por lo tanto, ante una acumulación de incumplimientos, tanto el presupuestario como el político y el procedimental. Las consecuencias son muy concretas: provisionalmente, muchos de estos trabajadores pueden seguir cotizando 1000
euros durante 2026, pero cada mes se le acumula una deuda silenciosa, 135 euros que deberán abonar en la regularización de finales de 2027 o principios de 2028, más de 1600 euros de golpe sin aviso previo. Además, quienes cotizan por bases algo
superiores, tampoco quedan a salvo, porque los que lo hacen en torno a los 1212 euros afrontarán incrementos cercanos a 70 euros mensuales en esa misma regularización. Según ATA, un tercio del total de los autónomos van a ver incrementadas sus
cotizaciones por esta medida. El Gobierno vuelve a mentir a los autónomos al no haber aplicado la congelación de cuotas por igual a todos los colectivos.
Tampoco puede ocultarse el impacto de género, porque el 56 % de los familiares colaboradores son mujeres del ámbito rural. Cerca de 27 000 colaboradoras han visto reducida su base de cotización por una interpretación administrativa que las
excluye de la protección que la ley les debería garantizar. Sus pensiones futuras serán más bajas y la brecha de género en la protección social mayor.
El Grupo Parlamentario Popular viene a esta comisión con una propuesta clara: instamos al Gobierno a paralizar el incremento de cuotas, mediante el desarrollo normativo correspondiente, a adaptar la situación de estos trabajadores al
espíritu de la reforma
de 2022 para que coticen según ingresos reales y con una transición progresiva y a convocar sin demora a las asociaciones y organizaciones representativas del sector para abordar estas cuestiones con el rigor y el respeto que este colectivo
se merece.
Los autónomos societarios y colaboradores cotizaron como se pidió y confiaron en su tránsito ordenado y pactado; el Gobierno no cumplió su parte y, ahora, les presenta la factura de ese incumplimiento como si ellos tuvieran alguna culpa.
Esta comisión tiene hoy la oportunidad de decir a más de un millón de trabajadores que estamos a su lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, ¿señora Valido? (Denegaciones).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Por el Grupo Junts, su señoría, el señor Cervera, tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.
El señor CERVERA PINART: Sí, disculpi. Sí, gràcies, president.
I molt breument, perquè aquesta és una altra de les mesures que nosaltres hem posat sobre la taula des que es va conèixer l'increment desmesurat establert pel Govern.
Podria, en aquest punt, reproduir tot el que he dit en el debat de la PNL número 6, però no ho faré, no ho faré. Només aprofitaré per dir al senyor Mayoral que coincideixo amb ell, que a l'Estat espanyol hi ha més autònoms que mai, però
això no vol dir que aquests autònoms estiguin millor que mai i que ell també hauria d'estar d'acord amb mi que l'Estat espanyol, si hi ha més autònoms que mai, també és perquè hi ha més gent que mai. I no reconèixer això és ferse trampes al
solitari.
Res més. I moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, porque esta es otra de las medidas que nosotros hemos puesto sobre la mesa desde que se conoció el incremento desmesurado establecido por el Gobierno.
En este punto podría reproducir todo lo que he dicho en el debate de la PNL número 6, pero no lo voy a hacer, solo aprovecharé para decir al señor Mayoral que coincido con él: en el Estado español hay más autónomos que nunca. Pero eso no
significa que esos autónomos estén mejor que nunca. Él también tendría que estar de acuerdo conmigo en que, si hay más autónomos que nunca en el Estado español, también es porque hay más habitantes que nunca. No reconocer eso es hacerse trampas al
solitario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Por el Grupo SUMAR, tiene la palabra su señoría, el señor Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias.
Nosotros tenemos un sólido compromiso con los autónomos sabiendo que son uno de los motores de nuestra economía. Por eso, queremos evitar frivolizar y hacer demagogia con cuentas de la lechera como hace esta PNL.
Esta PNL hace un planteamiento parcial para centrarse únicamente en una parte del sistema: la cuota. Es una mirada miope, porque más contribución hoy significa también más prestaciones hoy y mañana.
Es irónico que se presente esta propuesta precisamente la semana en la que vamos a votar la pasarela de las mutualidades de abogados en las que profesionales cualificados se han encontrado con la sorpresa de pensiones ínfimas por fiarse de
la promesa irreal de que, pagando menos, en el futuro se iba a cobrar más. A ustedes, señorías del Grupo Popular, les preocupan solo aquellos que más tienen (la señora Garrido Valenzuela: Precisamente, no), en este caso, los autónomos que disponen
de otros recursos y medios para cubrir la enfermedad, el nacimiento de su hijo o su vejez. En definitiva, aquellos que más ganan. A nosotros, en cambio, nos preocupan todos los trabajadores y todos los
autónomos y el principio de contributividad y equidad del sistema. Asegurar un sistema justo en cotizaciones es asegurar que los autónomos tengan una situación estable al jubilarse. Fijarse únicamente en la cuota supone un irresponsable
cortoplacismo.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo VOX, su señoría, el señor Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para puntualizar algunas cosas que se han dicho como cloenda de esta comisión por varios diputados.
En principio, y en términos generales -hoy es un día grande, parece ser-, reitero que estoy de acuerdo con las apreciaciones y argumentos que ha hecho el Grupo Popular en relación con el drama que están viviendo los autónomos societarios,
con lo cual nosotros vamos a apoyar esta propuesta que ha presentado el Grupo Popular.
En segundo lugar, quiero decir al señor Cervera en relación con el comentario que ha hecho antes, que usted está aquí con su apellido que representa una ciudad con una Universidad de Cervera que, precisamente la creó un monarca también
importante, Felipe V, y, como sabe muy bien, mi primer apellido es Aizcorbe, pero el segundo es Torra, apellido conocido en Cataluña. Por tanto, puede comprender que los dos somos catalanes, pero no representamos única y exclusivamente a los
catalanes, sino a todos los españoles, y de ahí el interés de todos los españoles.
En relación con la apasionada intervención del señor Mayoral, al estilo de Ximénez de Sandoval en alguna de sus biografías (risas), debo decirle que en siete años han venido 5,2 millones de personas con edad laboral -el señor Cervera ya se
lo ha señalado- y, si hay más personas en edad laboral, alguna habrá acabado siendo autónoma, digo yo. (Risas). Por tanto, es posible que haya algún autónomo más. Creo que nadie ha negado este hecho. Por cierto, eso no significa que el autónomo
-es una vocación, efectivamente, como ha dicho usted- esté bastante mejor con este Gobierno.
Acabo. El portavoz de SUMAR acaba de decir no una mentira -para que la haya hay que decir algo que no es cierto de forma voluntaria, y quiero entender que no lo ha dicho de forma voluntaria-, sino una cuestión que no es cierta, y es que lo
que cotizan hoy los autónomos es para el futuro. No, esto no es así. Lo que cotizan los autónomos hoy es para pagar las pensiones de hoy, porque no estamos ante un sistema de capitalización en ningún tramo, sino de reparto. Ahora bien, lo que se
cobre en el futuro dependerá de circunstancias demográficas, económicas y, sobre todo, políticas. (El señor Cofiño Fernández: Pero es contributivo; el sistema es contributivo). Simplemente quería aclararlo, como fin de fiesta, para entendernos y
dejarlo claro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su señoría, la señora Trenzano.
La señora TRENZANO RUBIO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, debatimos hoy una iniciativa del Grupo Popular que parte de una premisa equivocada y que, por tanto, conduce a una conclusión igualmente equivocada. No estamos ante una subida de cuotas decidida de forma repentina por el Gobierno,
no estamos ante una medida improvisada y tampoco estamos ante un incumplimiento de ningún compromiso. Lo que estamos viendo en 2026 es, sencillamente, la aplicación de una reforma que fue aprobada en 2022 tras un amplio proceso de diálogo social y
en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, una reforma que perseguía algo tan razonable como que los trabajadores autónomos cotizaran de manera más acorde con su capacidad económica real y que, al mismo tiempo, mejoraran su
protección social. Conviene recordar que, durante décadas, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones representativas de los autónomos fue precisamente corregir las distorsiones existentes en el sistema de cotización, y fue este
Gobierno quien abordó esa reforma.
Señorías del Partido Popular, la disposición transitoria aprobada en 2022 establecía expresamente que determinados colectivos de autónomos -entre ellos, los societarios y los colaboradores familiares- tendrían una base mínima de 1000 euros
en 2023 y que el régimen transitorio finalizaría en 2025. Eso no es una interpretación, eso es exactamente lo que decía la ley. Lo cierto es que, debido a la ausencia de nuevas leyes presupuestarias que desarrollen ese periodo transitorio, esos
trabajadores han mantenido durante tres años consecutivos la misma base de cotización -tres años-. Por lo tanto, lo que ocurre en 2026 no es una novedad sobrevenida, sino la finalización de un régimen transitorio previsto por el propio legislador
desde 2022. Además, hay un aspecto que el Grupo Popular omite deliberadamente en su exposición de motivos, y es que la normativa vigente permite a estos trabajadores mantener durante 2026 la base provisional que tenían en 2025; es decir, existe
una opción expresamente contemplada para evitar cambios inmediatos en la cotización durante este ejercicio.
Por eso, resulta difícil sostener el relato alarmista que pretende construir esta iniciativa. Cuando una analiza la realidad normativa, descubre que no estamos ante una decisión arbitraria ni ante un incremento inesperado, sino ante la
aplicación de unas reglas conocidas desde hace años. En cualquier caso, el Gobierno ha manifestado su voluntad de seguir trabajando con las asociaciones representativas de autónomos en el marco del diálogo social, que es donde siempre se han
alcanzado los acuerdos más sólidos para este colectivo.
Señorías, los trabajadores autónomos necesitan certidumbre, necesitan un sistema sostenible que garantice prestaciones presentes y futuras, necesitan reformas negociadas y previsibles y necesitan también que no se los utilice como
instrumento para construir polémicas basadas en medias verdades. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la votación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Señorías, les recuerdo que deben ocupar sus respectivos escaños de acuerdo con lo establecido para cada grupo parlamentario. En breves momentos comenzaremos la votación. (Pausa).
Vamos a votar la Proposición no de ley relativa a promover la reforma de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. La presenta el Grupo Parlamentario VOX.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 3; en contra, 19; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la Proposición no de ley para garantizar el ejercicio del derecho a la desconexión en el ámbito laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 33; a favor, 17; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Perdón, ha habido un fallo. Vamos a repetir la votación, que me he equivocado. Repetimos la votación del punto 2. (Protestas del Grupo Parlamentario Popular).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada. (Aplausos).
Pasamos a la votación del punto 3. Proposición no de ley sobre las medidas para el combate de los discursos de odio contra la población migrante en redes sociales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada. (Aplausos).
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley sobre la modificación del artículo 48, suspensión con reserva de puesto de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, modificado el 31 de julio de 2025, y los
correspondientes artículos en el Estatuto Básico del Empleado Público, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda rechazada.
Pasamos al punto número 5. Proposición no de ley para la prohibición de la detención de grupos vulnerables en contextos migratorios y garantía de su protección, presentada por el Grupo SUMAR.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada.
Pasamos al punto número 6. Proposición no de ley relativa a la implantación de un régimen especial de exención del IVA para los autónomos con ingresos anuales inferiores a 85 000 euros, en cumplimiento de la Directiva 2020/285 del Consejo,
presentada por el Grupo Popular.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 20; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada.
Pasamos al punto número 7. Proposición no de ley relativa al fortalecimiento de los instrumentos de cooperación exterior en materia migratoria, presentada por el Grupo Popular.
Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 16; abstenciones, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Repetimos la votación del punto número 7. Atentos todos. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Al haber empate, pasamos a la ponderación del voto. Le pido al letrado que compruebe la votación. (Pausa).
Queda aprobada por 170 votos a favor, 159 en contra y 15 abstenciones. (Aplausos).
Pasamos al punto 8. Proposición no de ley sobre el establecimiento de un sistema de jubilación anticipada para los trabajadores y las trabajadoras de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya por razón de actividad
profesional mediante la aplicación de coeficientes reductores.
La propuesta es del Grupo Junts y se vota en sus propios términos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 18; abstenciones, 18.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada.
Pasamos al siguiente punto, que es el último. Proposición no de ley para dar una solución urgente a los trabajadores autónomos societarios y colaboradores, evitando el incremento de cuotas derivado de las decisiones del Gobierno.
Es una propuesta del Grupo Popular que se vota en sus propios términos.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 19; en contra, 3; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queda aprobada (Aplausos).
No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.
Muchísimas gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y veintidós minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.