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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 560, de 19/05/2026
cve: DSCD-15-CO-560
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 560
JUVENTUD E INFANCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR VALLUGERA BALAÑÀ
Sesión núm. 32
celebrada el martes,
19 de mayo de 2026
ORDEN DEL DÍA
Modificación del orden del día ... (Página3)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a los proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente
161/002372) ... (Página3)
- Sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas menores tuteladas por las Administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002696) ...
- Relativa a atajar el abandono de los menores extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002832) ... (Página11)
- Para restituir los criterios de acceso anteriores a 2020 en la convocatoria de ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para los alumnos con necesidades educativas especiales, independientemente del
grado de discapacidad que tengan. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003148) ... (Página16)
Decaída del orden del día:
- Proposiciones no de ley:
- Sobre la modificación del artículo 48, Suspensión con reserva de puesto de trabajo, del Estatuto de los Trabajadores, modificado el 31 de julio
de 2025, y los correspondientes artículos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/003283) ... (Página21)
Proposiciones no de ley. (Continuación).
- Relativa a la creación de una Hucha Hogar Joven como instrumento de apoyo al ahorro finalista para la adquisición de vivienda habitual. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003348) ...
(Página21)
- Para impulsar medidas que faciliten el relevo generacional y eviten el cierre de negocios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003387) ... (Página25)
- Sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002704) ... (Página29)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página33)
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA CELEBRADA EL MARTES 19 DE MAYO DE 2026
Se abre la sesión a las once y dos minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, bon dia, diputadas, diputados, señorías.
Abrimos la sesión de la Comisión de Juventud e Infancia.
En primer lugar, vamos a cambiar el orden del día para que la tercera proposición no de ley pase a sustanciarse la última. Tendríamos que aprobarlo por asentimiento.
¿Estamos todos de acuerdo en que no hay ningún problema en la alteración del orden del día? (Asentimiento). Perfecto.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LOS PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y A SUS PROFESIONALES COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA EDUCATIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente
161/002372).
La señora PRESIDENTA: Entramos ya a la sustanciación de las proposiciones no de ley.
Una cuestión de orden previa: en el momento en que vayamos a votar, debemos hacerlo según el mapa de votaciones. Tenemos el plano de cómo deben situarse para votar. Cuando vayamos a proceder a las votaciones, cada diputado tendrá que irse
a su sitio exacto. No sabemos si podremos proyectarlo, pero aquí, en la Mesa, tenemos el plano. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Damos paso a la primera proposición no de ley, relativa a los proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa. Es del Grupo Parlamentario Plurinacional
SUMAR y, para la defensa de esta iniciativa, toma la palabra la señora Vergara.
Tiene usted la palabra por un periodo de cinco minutos.
Recuerden, por favor: cinco minutos para los proponentes y tres minutos para el resto de los intervinientes y portavoces de los grupos parlamentarios.
Cuando usted quiera.
La señora VERGARA ROMÁN: La labor de profesionales en educación social, animación sociocultural, trabajo social o educación de calle conlleva una implicación en muchas ocasiones fruto de la vocación social para ofrecer servicios de
protección a la infancia y a la adolescencia. Sin embargo, en el desempeño laboral, en demasiadas ocasiones hemos sufrido agresiones, presenciado autolesiones, aumento significativo de la carga administrativa y jornadas parciales imposibles de
compaginar con otros trabajos, y eso deriva inevitablemente en un empeoramiento del servicio. Todo ello se ve agravado por unas condiciones laborales más precarias fruto de la externalización de los servicios: empresas a las que lo mismo les da
gestionar servicios de seguridad que socioeducativos, aplicando criterios exclusivamente económicos. (El señor vicepresidente, Azorín Salar, ocupa la Presidencia).
Para evitar esto es necesaria la implicación de todas las Administraciones públicas: municipales, autonómicas y estatales. Requiere políticas e inversiones para sostener los servicios públicos que acompañan a la infancia y a la juventud;
servicios que promueven el ejercicio del ocio educativo, refuerzan la salud mental de los jóvenes que hoy están en riesgo, su autonomía y sus herramientas frente a conductas de riesgo como el consumo de drogas; servicios que facilitan el acceso a
la cultura o a la práctica deportiva. Los servicios públicos de educación no formal deberían ser universales e inclusivos; servicios
que cuenten con profesionales que se convierten en referentes durante etapas fundamentales para el desarrollo, como son la infancia y la adolescencia, dotando de las competencias y habilidades sociales para su transición a la vida adulta y
facilitando su emancipación.
El diálogo social debe continuar siendo el camino para la negociación colectiva de convenios estatales y autonómicos que garanticen unas condiciones dignas y que mantengan la motivación e implicación de los equipos de trabajo que están
acompañando a las personas adultas del futuro. Las Administraciones públicas, locales y autonómicas, deberían estar escuchando a las personas trabajadoras -como el colectivo Educadores en Lucha en las Zonas Jóvenes- y a las empresas gestoras para
llegar a acuerdos. En vez de eso, vemos cómo cierran servicios esenciales como casas de juventud, proyectos de integración en espacios escolares, como los PIEE, o empeoran las condiciones de los profesionales de la educación de calle.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia seguimos mejorando el marco regulatorio de protección con la propuesta de ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia para prevenir la violencia o capacitar a sus familias
con herramientas como la paternidad positiva. Es hora de aumentar la participación infantil, que ya no dependería de su edad, constituyendo un derecho y una obligación estructural y situando en el centro los derechos y la protección de las
infancias y adolescencias, entre otras medidas. También los marcos y planes estatales, autonómicos y locales han recogido los principios de estas regulaciones en estrategias o declaraciones como la de derechos humanos o derechos de la infancia,
según las cuales deberíamos apostar por unos servicios de calidad y cercanía con equipos educativos profesionales que acompañen a la infancia y a la juventud. También los marcos regulatorios, como la LOMLOE, recogen la importancia de la educación
no formal para ofrecer una educación integral y transversal a nuestra juventud. Estos son también espacios que favorecen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género desde una perspectiva no sexista.
El sector de la educación sigue reivindicando calidad y defensa de la enseñanza pública -como hemos visto en la huelga de la Comunitat Valenciana o la que hoy comienza en Aragón, que cuenta con todo nuestro apoyo y complementa la educación
no formal que hoy nos ocupa-, pero también el desarrollo de actividades extraescolares que están en riesgo por políticas de recortes, como los ejecutados por el Ayuntamiento de Zaragoza, o la falta de protocolo y seguridad jurídica por parte del
Gobierno de Aragón para el profesorado, al realizar actividades extraescolares, extracurriculares y fuera de los centros educativos.
Es más necesario que nunca que entidades locales y autonómicas, junto con las Administraciones educativas, doten a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza pública y de actividades
complementarias y de servicios escolares, en vez de destinar dinero público a la educación concertada fuera de los ciclos de enseñanza básica, como indica el marco legal.
Nuestro modelo es el de escucha, diálogo y respuesta para mejorar las condiciones laborales del sector, frente a su modelo de imposición sin diálogo que privatiza y antepone criterios económicos al sistema de protección social de la infancia
y la juventud, que son las personas adultas del futuro y que tienen como corazón la educación pública y respiran impulsados por la educación no formal.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias.
A continuación, se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista y, para su defensa, tiene la palabra el señor Almirón.
El señor ALMIRÓN RUIZ: Gracias, president.
Yo creo que es una iniciativa que aborda una cuestión importante, como es la necesidad de reforzar las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la juventud desde una perspectiva educativa, preventiva y comunitaria. Cuando hablamos de
ocio educativo, de proyectos socioeducativos o de acompañamiento juvenil, no hablamos simplemente de ocupar el
tiempo libre, hablamos de generar espacios seguros, inclusivos y de convivencia; espacios que, en muchos casos, son también una primera red de detección frente a situaciones de vulnerabilidad, aislamiento, fracaso escolar, problemas de
salud mental o conductas adictivas. Por tanto, compartimos buena parte del espíritu de la proposición no de ley.
La escuela, los servicios sociales, las entidades comunitarias, el asociacionismo juvenil y los proyectos de ocio educativo no pueden funcionar como compartimentos estancos. Deben coordinarse y trabajar conjuntamente, especialmente en
aquellos entornos donde existen mayores desigualdades. Desde el punto de vista educativo, es cierto que la promoción directa de proyectos de ocio juvenil no corresponde al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, pero también es
cierto que los centros educativos están insertos en un contexto social con el que interactúan constantemente, y ahí el ocio educativo presenta un entorno de aprendizaje informal, competencial y profundamente útil para promover la inclusión, la
equidad e igualdad de oportunidades.
También desde el ámbito sanitario y de prevención de adicciones existen políticas que van en esta dirección. La Estrategia Nacional sobre Adicciones y el Plan de Acción sobre Adicciones incorporan medidas específicas dirigidas a menores,
tanto en prevención temprana como en reducción de riesgos, protección frente al juego de azar, adicciones comportamentales y promoción de entornos de ocio saludables. Además, se está trabajando en el nuevo Plan de Acción sobre Adicciones 20252028,
que podrá incorporar nuevos retos emergentes.
También queremos subrayar algo importante, como es que muchas de estas competencias corresponden principalmente a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Por eso, la respuesta debe construirse desde la cooperación
institucional, el respeto competencial y el refuerzo de aquello que ya funciona sobre el terreno. En este sentido, nos parece adecuada la propuesta de texto alternativo que hemos presentado, orientada a dar continuidad a las políticas previstas de
juventud e infancia, promoviendo proyectos de ocio juvenil con atención socioeducativa, prevención de adicciones, salud mental, educación integral y perspectiva comunitaria.
En definitiva, compartimos el objetivo de fortalecer estas políticas de infancia y juventud, unas políticas inclusivas, preventivas, cercanas y coordinadas en el territorio, porque invertir en infancia y juventud no es un gasto accesorio,
como podría parecer, es una de las inversiones sociales más inteligentes que puede hacer un país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias, señor Almirón.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, el señor Robles.
El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
Con esta proposición parece que el Gobierno se insta a sí mismo a instar a su vez a las comunidades autónomas a impulsar políticas de juventud e infancia con atención socioeducativa para prevenir adicciones y problemas de salud mental; a
reforzar servicios socioeducativos accesibles y de calidad con condiciones laborales dignas; a crear mesas de coordinación entre administraciones, patronales y sindicatos para supervisar estos servicios, y a promover convenios colectivos que
garanticen estándares de calidad y reduzcan la precariedad laboral en el sector. En definitiva, otro brindis al sol, como nos tienen acostumbrados, otro modo de hacer autopropaganda sin concretar absolutamente nada.
El Gobierno -este Ejecutivo- apuesta por aumentar la burocracia, el intervencionismo y el gasto público mediante la creación de nuevas estructuras administrativas, mesas tripartitas y programas ideologizados, sin garantizar ni una solución
real y sin vistas a mejorar realmente la calidad de vida de los jóvenes españoles, que, como saben, sufren el paro más alto de la Unión Europea -lo cual ya es suficiente como para estar bastante deprimido-, sin ninguna expectativa de futuro y viendo
cómo, además, el país se ha llenado de inmigración ilegal que empobrece la vida en las escuelas y en los barrios. En definitiva, esto no es más que otra declaración vacua de intenciones por parte de un
partido que está en el Gobierno, como es el partido SUMAR, que intenta ponerse muletas, como la señora presidenta de ese partido, que se las cambia de manos según cojea el día.
Votaremos en contra porque esto no es absolutamente nada más que crear -aquello que decía el señor Errejón- un caldo de cultivo para que las personas que van a dejar de vivir de la política -porque en las próximas elecciones se van ustedes a
estrellar- tengan ahí sus carguitos públicos y tengan su medio de vida chupando del Estado sin aportar nada.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchas gracias, señor Robles.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Linuesa.
Cuando quiera.
La señora JIMÉNEZ LINUESA: Gracias, presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos comenzar reconociendo la importancia del debate, como no puede ser de otro modo. La atención a la infancia y a la adolescencia, el ocio educativo o la salud mental juvenil son
cuestiones centrales para el presente, pero también para el futuro de nuestro país. Pero también queremos decir algo con claridad: España no necesita más declaraciones de intenciones, necesita políticas eficaces, y esta iniciativa es precisamente
un buen ejemplo de todo lo contrario.
Nos encontramos ante una proposición presentada por un grupo que forma parte del Gobierno de España, que tiene ministerio y capacidad de gestión y que, sin embargo, trae a esta Cámara una lista de buenas palabras sin concreción, sin memoria
económica y sin medidas reales.
Especialmente grave es lo que sucede en el punto número uno, relativo a la salud mental. Hablan de prevención, de bienestar emocional, de atención socioeducativa, pero no concretan ni una sola medida efectiva ni un solo compromiso real.
Mientras tanto, la realidad que viven nuestros jóvenes es bien distinta. En mayo de 2026, el Gobierno -del que forma parte SUMAR- anunció 56 millones de euros para salud mental y para la prevención del suicidio, lo que supone apenas un euro por
español. Desgraciadamente, esta es la realidad entre su discurso y su gestión, porque la salud mental juvenil no se aborda con declaraciones, se aborda con recursos, con planificación y, sobre todo, con profesionales. Por eso, frente a esta falta
de ambición por parte del Ejecutivo socialista, el Partido Popular propone un plan nacional de salud mental con hasta 700 millones de euros anuales y la incorporación de 10 000 nuevos profesionales especializados, porque este problema hay que
tomárselo en serio.
Además, esta iniciativa contiene planteamientos profundamente equivocados. Proponen ustedes crear mesas tripartitas obligatorias, y aquí volvemos a lo de siempre: más estructura, más burocracia, más gasto, pero menos soluciones reales.
Miren, los servicios públicos se mejoran con financiación, con gestión eficaz y con la evaluación de resultados, y no creando más órganos administrativos que lo que hacen es ralentizar las decisiones y que alejan los servicios de quienes más los
necesitan.
En el punto cuatro, ustedes cruzan una línea para nosotros aún más preocupante. Se pretende que el Congreso impulse una negociación colectiva, es decir, que intervenga en ámbitos que corresponden al diálogo libre entre los empresarios y los
sindicatos. Miren, las condiciones laborales se mejoran con estabilidad económica, con acuerdos entre las partes y no con imposiciones políticas que generen más costes, más rigidez y menos oportunidades. En España no se pueden imponer soluciones
idénticas a realidades distintas. Aunque, mire, tengo que darle la enhorabuena por algo, porque esta iniciativa refleja muy bien lo que está haciendo este Gobierno: mucha retórica, mucho anuncio y poca gestión eficaz.
La infancia y la juventud no necesitan más ideología ni más titulares; necesitan políticas serias, recursos suficientes y resultados medibles. Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias.
Finalmente, a los únicos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a dicha proposición no de ley, preguntamos a la señora Vergara: ¿acepta o rechaza la enmienda presentada?
La señora VERGARA ROMÁN: Se acepta.
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias.
- SOBRE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y FOMENTO DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE PERSONAS MENORES TUTELADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002696).
???El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la Proposición no de ley sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas menores tuteladas por las Administraciones
públicas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, toma la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ SUÁREZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de menores tutelados por las entidades públicas de protección a la
infancia. Lo hacemos desde una convicción muy clara: cuando un niño o una niña no puede permanecer con su familia de origen, nuestra prioridad debe ser garantizarle un entorno protector, estable y efectivo, un hogar en definitiva, una vida lo más
parecida posible a la de cualquier niño o niña. Por eso nuestra legislación establece que el acogimiento familiar debe ser prioritario frente al acogimiento residencial
La protección a la infancia es una competencia de las comunidades y las ciudades autónomas que desarrollan su propio marco normativo, pero existe también un marco estatal común que fija los principios generales y, sobre todo, una idea
compartida: el interés superior del menor debe estar siempre en el centro. Desde la reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en 2015, el acogimiento familiar pasó ser la medida preferente frente al residencial, y no fue
una decisión arbitraria, fue una decisión basada en la evidencia. Los niños y niñas se desarrollan mejor emocional, social y afectivamente en entornos familiares. En estos años hemos dado pasos importantes. La Ley Orgánica de protección integral
a la infancia frente a la violencia; el Plan de acción contra la explotación sexual infantil, la Garantía Infantil Europea o la Estrategia estatal de desinstitucionalización marcan una dirección inequívoca: avanzar hacia modelos de cuidados más
humanos, más personalizados y centrados en cada niño y en cada niña. Pero la realidad nos obliga a seguir actuando. A veces las cifras son necesarias para entender la dimensión de un problema, pero también pueden deshumanizar aquello que
describen. Por ello, nunca deberían hacernos olvidar que detrás de cada dato hay una infancia, una historia y una vida que está empezando. Los datos son preocupantes. Según la Plataforma de Infancia, a 31 de diciembre de 2024, el acogimiento
familiar ha descendido hasta el 45,2 %, alejándonos mucho del objetivo del 70 % comprometido para 2030. El acogimiento residencial ha aumentado un 16,7 %, representando ya el 54,8 % del total. Hoy, 1242 menores de seis años continúan viviendo en
centros residenciales y en 2021 y 2022 el 75 % de las altas en el sistema de protección fueron directamente a acogimiento residencial, frente a un 25 % que lo hicieron en acogimiento familiar; esto, junto a otra realidad que tenemos que tener en
cuenta en cuenta: todavía existe un enorme desconocimiento social sobre que el acogimiento familiar. Muchas personas no saben que pueden acoger o creen equivocadamente que hace falta ser una familia perfecta, tener recursos extraordinarios o
cumplir condiciones excepcionales, y no es así. Por eso, esta iniciativa es importante.
La PNL que hoy defendemos insta al Gobierno a impulsar campañas de información y sensibilización sobre el acogimiento familiar con un doble objetivo: primero, dar a conocer y normalizar esta medida de protección y, segundo, aumentar el
número de familias acogedoras para que más menores puedan crecer en un entorno familiar. Y no hablamos únicamente de campañas institucionales; hablamos de generar conciencia social, de explicar que es el acogimiento, qué modalidades existen, qué
apoyos reciben las familias y qué impacto puede tener este gesto en la vida de un niño o una niña. Las Administraciones públicas tienen la obligación de acompañar, informar y facilitar que más ciudadanos y ciudadanas puedan dar este paso.
Señorías, esta es una propuesta razonable, útil, que busca algo muy importante y sencillo: que ningún niño o niña se sienta solo cuando más necesita protección. Quiero señalar, como ejemplo, la reciente campaña de la Diputación Foral de
Álava 'Acoger te resultará familiar', junto a otras iniciativas impulsadas el pasado año por comunidades como Madrid, La Rioja o Aragón, gobernadas por el Partido Popular. Todas ellas demuestran que el fomento al acogimiento familiar en una causa
compartida más allá de siglas e ideologías, porque la protección de nuestros niños y niñas no es una cuestión de colores políticos, sino de responsabilidad y compromiso con el interés superior del menor. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, porque ningún niño ni niña debería crecer en una institución si lo puede hacer en una familia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias, señora Rodríguez.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Abades.
La señora ABADES MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Hoy debatimos una iniciativa para dar más visibilidad al acogimiento familiar, y quiero empezar recordando que España dio un paso decisivo en esta materia gracias a una ley del Partido Popular. La Ley 26/2015, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia, estableció la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial, un cambio profundo, un cambio de modelo que situó al menor en el centro y que alinea nuestro sistema con las recomendaciones
internacionales. Esta reforma, que algunos olvidan mencionar, marcó un antes y un después. Gracias a ella, hoy el acogimiento familiar es una opción preferente, y así debe seguir siendo.
Por eso, cuando hablamos de campañas de sensibilización, hablamos de reformar un modelo que ya está definido por ley y que necesita ser conocido por la ciudadanía. Hablamos de explicar que el acogimiento no es adopción, que existen
diferentes modalidades, que las familias no están solas, que hay acompañamiento profesional y que cada acogimiento, por breve que sea, puede cambiar una vida. Nuestro grupo comparte que el acogimiento familiar necesita visibilidad, sensibilización
y apoyo social, y compartimos que las campañas de información son una herramienta útil y necesaria para que las familias conozcan esta figura y se animen a participar, pero -y aquí está el punto esencial- esto debe hacerse respetando las
competencias de las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad directa en materia de protección de menores y conocen mejor que nadie la realidad de sus territorios, la necesidad de los servicios sociales y las características
de sus familias acogedoras. Por eso nuestro grupo ha presentado una enmienda para que estas campañas se realicen en coordinación y respetando siempre las competencias de las comunidades autónomas, porque las campañas informativas no son un elemento
aislado, forman parte de la política pública de protección de la infancia y, por tanto, deben diseñarse en coordinación con ellas.
En España hay ya varias comunidades autónomas -lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista- que han desarrollado medidas para mejorar el acogimiento familiar y garantizar el bienestar de los menores. En Galicia, mi tierra, el acogimiento
familiar, es la fórmula prioritaria de protección cuando hay un niño o adolescente en situación de desamparo. El 60 % de los niños del sistema de protección gallego vive en acogimiento familiar, frente al 51 %, que es la media de España. Por eso
Galicia es la segunda
comunidad autónoma con mejores ratios de acogimiento de España según el Ministerio de Infancia. Quiero decir que la nueva ley gallega de infancia y adolescencia, que está en tramitación, va a priorizar el acogimiento familiar y permitir que
los niños acogidos puedan ser adoptados por su misma familia de acogida, evitando rupturas afectivas y favoreciendo su estabilidad.
Finalizo ya, presidente, recordando que la ley de conciliación del Partido Popular, que Sánchez vetó, recoge medidas específicas de apoyo en favor de las familias de acogida, para dotarlas de ayudas económicas, directas y beneficios fiscales
dirigidos a facilitar la conciliación. Porque, señorías, no se trata solo de aumentar las cifras, hay que evitar que el esfuerzo familiar y desinteresado de las familias acogedoras se vea penalizado. El Partido Popular seguirá defendiendo un
modelo que priorice el acogimiento familiar, tal y como establecimos en 2015, y que impulse campañas efectivas, eficaces, útiles y bien orientadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Gracias, señora Abades.
En turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la señora Renteria.
La señora RENTERIA LASANTA: Gracias, presidente. Egun on guztioi.
Señorías, esta iniciativa aborda una cuestión relevante y necesaria, y es el reconocimiento a la protección de las personas acogedoras especializadas, que desarrollan una labor esencial en la atención de menores en situación de especial
vulnerabilidad. Este no es un debate nuevo para mi grupo, ya que lleva tiempo planteando esta cuestión tanto en el Congreso como en el Senado, precisamente porque entendemos que el acogimiento familiar debe reforzarse y reconocerse adecuadamente
desde las políticas públicas. Ya durante la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia -la LOPIVI-, el Grupo Vasco presentó enmiendas dirigidas a garantizar una regulación más
amplia y más ajustada a la realidad de los distintos modelos de acogimiento existentes. Y posteriormente, en junio de 2022, reclamamos al Gobierno que el desarrollo reglamentario de la LOPIVI tuviera en cuenta los diferentes modelos de acogimiento
familiar existentes en el Estado y, especialmente, la experiencia desarrollada por las diputaciones forales vascas. Porque el problema que observamos entonces y que seguimos observando ahora es que el planteamiento del Gobierno se limitaba
únicamente a las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva, dejando fuera otras modalidades, como la de dedicación plena, que en Euskadi están siendo impulsadas y desarrolladas con éxito por las instituciones forales. Y conviene
recordar algo importante: las diputaciones forales llevan muchos años trabajando en la protección de menores, tienen experiencia acumulada, conocimiento técnico y modelos propios que funcionan. Por eso, creemos que el Estado debe escuchar más y
uniformizar menos.
Asimismo, en noviembre de 2022, el Grupo Vasco participó también en el acuerdo alcanzado en el Senado para impulsar el desarrollo normativo de la incorporación a la Seguridad Social de estas personas acogedoras especializadas en los términos
previstos en la disposición adicional novena de la LOPIVI. Por tanto, señorías, compartimos el objetivo de avanzar en la protección social de quienes sostienen estos cuidados complejos y especializados. Nos parece positivo que se quiera culminar
un desarrollo reglamentario pendiente, pero creemos que ese avance debe hacerse bien. Y hacerlo bien significa, en primer lugar, respetando plenamente las competencias autonómicas y los modelos propios de acción social y protección de menores.
Significa también reconocer la diversidad de modelos de acogimiento existentes, evitando regulaciones excesivamente rígidas o centralizadas que no responden a la realidad territorial. Y significa, además, garantizar financiación suficiente y
seguridad jurídica para las familias acogedoras, porque no podemos seguir ampliando responsabilidades sin acompañarlas de recursos suficientes y adecuados.
Señorías, cuando hablamos de acogimiento familiar, hablamos de infancia vulnerable, pero también hablamos de cuidados, de acompañamiento y de compromiso comunitario, y ahí Euskadi tiene una trayectoria reconocida que creemos que debe ser
tenida en cuenta. Por eso, el Grupo Vasco apoyará todas aquellas medidas que sirvan para reforzar
la protección de los niños y las niñas y mejorar el reconocimiento de las personas acogedoras, siempre desde el respeto al autogobierno, la cooperación institucional y la realidad plural existente en el Estado.
Eskerrik asko.
El señor VICEPRESIDENTE (Azorín Salar): Muchísimas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra su portavoz, el señor Cofiño.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Sí, buenos días.
Creo que han sido muy significativas y muy bonitas las tres intervenciones de los tres grupos parlamentarios hasta ahora para poner en valor la importancia de acoger y del acogimiento. De hecho, hay verbos que en castellano tienen un
significado muy bonito como 'acoger' frente a otros como 'expulsar'. Estamos totalmente de acuerdo con que nuestro trabajo parlamentario está muy imbuido muchas veces de retórica en las intervenciones y se ha destacado la importancia de tener
políticas efectivas. (Rumores). Es decir, para lo que estamos en el Legislativo y lo que queremos de nuestro Ejecutivo es que haya políticas efectivas, en este caso, para mejorar la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).
En este sentido, también se ha destacado algo que es muy significativo, que es la importancia de que ahora mismo las responsabilidades políticas en lo estatal, en lo autonómico y en lo local son compartidas en el ámbito de los acogimientos,
y son compartidas por diferentes espacios políticos y diferentes partidos políticos. Es decir, todos tenemos nuestra responsabilidad, nuestra culpa y, sobre todo, nuestra oportunidad para seguir avanzando para hacer un país mejor. Los niños y las
niñas no son muebles, no son objetos que tengamos que custodiar y guardar en guardamuebles, sino que son personas con derechos que necesitan cuidados, vínculos y mimo. (Rumores). La infancia es especialmente significativa, no solo porque significa
el futuro de una sociedad, sino porque durante el periodo de la infancia se producen cambios emocionales, el desarrollo cognitivo y el desarrollo biológico. El vivir en un entorno con más cuidados o con más vínculos madura nuestro eje biológico,
nuestra epigenética, y, según ese cuidado, consigue que tengamos un desarrollo biológico futuro mucho más fuerte o mucho mejor.
Pensamos que la información es fundamental y estamos de acuerdo con la propuesta que se realiza en esta proposición relacionada con la información. De hecho, preguntando en nuestros entornos si conocían las modalidades de acogimiento, hay
mucha gente que desconoce las posibilidades de acogimiento y cómo hacerlo. Es fundamental insistir en campañas, pero sobre todo insistir en un tema clave: educación, educación y educación. Y esto supone reforzar algunos elementos vinculados a
reforzar nuestras estructuras públicas. Aquellas comunidades y aquellos municipios que tienen estructuras sociales fuertes, más centros sociales y con mayores recursos dan mejor la información a la población. Aquellas comunidades que tienen mayor
desarrollo comunitario o una sociedad civil, un tercer sector, más fuerte y más empoderado dan mejor información a la sociedad, generan también vínculos más fuertes en la sociedad y protegen más a nuestra infancia.
Apoyaremos la medida para seguir trabajando y avanzando en derechos de la infancia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra su portavoz, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
El PSOE -es decir, el Gobierno- sigue sin reconocer que el sistema de protección a la infancia es un sistema que es totalmente fallido, y nos viene hoy con una iniciativa para promocionar un invento sociológico que se les ha ocurrido a
ustedes para lavarse las manos manchadas de malísima gestión. Los titulares sobre los casos de menores que están bajo el amparo del Estado y que acaban además en manos de depredadores
sexuales se repiten una y otra vez, y ya dejan de ser casos aislados. Estamos ante una negligencia política: menores tutelados por instituciones públicas que deberían ser protegidos y, sin embargo, los entregan a la peor de las
oscuridades.
Para el PSOE, un menor es un número de expediente en un cajón de despacho y, por eso, el PSOE prefiere entregarlo a extraños antes que a unos abuelos, maternos o paternos. (Rumores). Por eso, señoría del Grupo Socialista, presentadora de
esta iniciativa -podría escuchar nuestro posicionamiento, si le interesa-, ha descendido un 40 % el acogimiento familiar; porque ustedes prefieren entregárselos a extraños y a desconocidos antes que, por ejemplo, a un tío, a una tía, a una hermana
mayor de edad o a cualquier otro familiar con quien ya tiene un vínculo y un vínculo también a nivel afectivo. ¿Y, además, saben ustedes lo más grave? Que votaron en contra de que un juez supervisara este tipo de decisiones tan importantes para la
vida de un menor y para su salud mental. Nosotros trajimos una reforma que era de puro sentido común, que era que la retirada de un menor de su familia no dependiera únicamente de la Administración autonómica, sino también de un juez, para que el
procedimiento tuviera más garantías, más control y más protección del menor. ¿Y qué hace el PSOE? Votar en contra. Ustedes han votado en contra de la familia una vez más. Han votado en contra del control judicial. Pero claro, es que a ustedes
el control judicial no les gusta. Votaron también en contra del sentido común. (Rumores).
La gestión de un Gobierno se mide, entre otras cuestiones, por cómo protege a los menores. Hoy en España tenemos demasiados menores abandonados por quienes prometieron cuidarlos, que son ustedes, y otros tantos sumidos en un alto índice de
pobreza. Ustedes no pueden presumir de políticas sociales mientras haya menores tutelados que acaban captados por mafias sexuales. Tampoco pueden ustedes hablar de protección cuando las instituciones son incapaces de garantizar su seguridad. Y no
pueden convertir el dolor de tantos niños en simple burocracia y promoción de una vergüenza, que es una vergüenza nacional.
Los menores necesitan a su familia, no un experimento social y dinero para gastar en 'su' promoción: en la promoción del PSOE y en la promoción de esa vergüenza nacional. No podemos entregarlos a manos del PSOE, que lo que quiere es más
promoción para gestionar una protección del menor para la que han demostrado una negligencia absoluta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a esta proposición no de ley, tiene la palabra...
La señora RODRÍGUEZ SUÁREZ: Lo estamos valorando.
La señora PRESIDENTA: Lo están valorando. Antes de terminar la sesión nos lo dirán a efectos de voto.
Muchas gracias.
- RELATIVA A ATAJAR EL ABANDONO DE LOS MENORES EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002832).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley número 4 en el orden del día, pero que hemos alterado, relativa a atajar el abandono de los menores extranjeros, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Para la defensa de la iniciativa, toma la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario. Cuando usted quiera.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra iniciativa refleja una problemática que es grave y que afecta a la infancia, a la seguridad y, además, al uso fraudulento de nuestros servicios públicos. En la exposición de motivos hemos sido muy claros, aportando los datos
preocupantes en nuestro país
relativos a los conocidos como los 'menas Erasmus'. Estos jóvenes de origen extranjero llegan con sus padres a España en calidad de turistas, y luego sus padres los abandonan aquí para que inmediatamente el sistema de protección de menores
no acompañados los acoja. Tenemos casos en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Tarragona, en Baleares; son territorios donde ya se registran varios casos. Hemos preguntado en distintas ocasiones si el Gobierno piensa dar algún tipo de solución a
esta problemática, pero, claro, el Ministerio de Juventud e Infancia dice no tener constancia de nada. Es muy curioso porque los policías y el personal de los centros de menores saben lo que ocurre, pero el Gobierno no. Parece ser que la ministra
no lee la prensa y no conoce titulares, por ejemplo, como: El aluvión de 'menas Erasmus' colapsa los servicios sociales de protección; detenidos padres por abandonar a sus hijos en España para que entren en centros de menores; la Policía
investiga decenas de casos de menores extranjeros abandonados por su familia; etcétera.
Los juristas y la Policía informan de que se está procediendo a abandonar a los menores en nuestro país y esto es un delito tipificado en nuestro Código Penal. Estamos ante otra consecuencia de haber abierto nuestras fronteras sin filtro ni
control alguno, así que proponemos que sus señorías al menos sientan curiosidad por saber cuántos menores han sido abandonados en nuestro país por sus padres desde 2018, cuánto están pagando los contribuyentes para mantener a estos 'menas Erasmus'
desde las Administraciones públicas y cuántos billetes de vuelta no han sido utilizados por estos menores que provienen de fuera del espacio Schengen. Además, es justo que, para que sus padres no sigan abandonando a estos menores, se refuerce el
control de los puestos fronterizos. Y, por supuesto, instamos a sus señorías a que voten a favor de que estos niños que han sido abandonados por sus padres vuelvan con ellos de inmediato a su país de origen, pues es con sus padres con quienes
tienen que estar.
De antemano yo les digo que recurrir al argumentario y tachar esta iniciativa de xenófoba o racista por denunciar la vulneración de la ley por parte de unos padres del derecho de unos hijos a estar con su familia y del uso fraudulento de
nuestros servicios sociales es de ser poco solidarios con los españoles, que son los que están pagando las consecuencias del pasotismo de este Gobierno. Si piensan votar en contra de esta iniciativa, les voy a pedir, por favor, que les digan
ustedes a los españoles en su turno de intervención hasta cuándo van a tener que seguir financiando con dinero público las consecuencias de una inmigración descontrolada; hasta cuándo se va a señalar y criminalizar a quienes denunciamos este
problema y a quienes lo sufren, mientras que se protege políticamente a quienes incumplen nuestras leyes y hacen un uso fraudulento de nuestros servicios sociales, y hasta cuándo ustedes van a dejar de lado a cada español y a cada inmigrante que
entró con todas las de la ley.
En VOX, desde luego, lo tenemos muy claro. Esto se acaba en cuanto tengamos un Gobierno que defienda nuestras fronteras para que sean seguras; en cuanto se pongan todos los medios jurídicos y políticos para que no se utilicen nuestros
servicios públicos de manera fraudulenta contra los intereses de España y de los propios menores y españoles, y en cuanto se pongan a los españoles en primer lugar a la hora de recibir las ayudas públicas y los servicios sociales. En definitiva,
todo esto se va a acabar cuando Santiago Abascal sea el presidente de España.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Seguidamente tienen la palabra los grupos parlamentarios.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa... (La señora Pérez Recuerda: Sí, sí. Nosotros hemos presentado enmiendas). Anda, me la he saltado... Señora Pérez, perdóneme usted.
Está presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que va a defender la señora Pérez. Gracias, diputada, cuando quiera.
La señora PÉREZ RECUERDA: Gracias, presidenta.
Debatimos hoy una cuestión especialmente sensible, que exige responsabilidad, rigor y sentido de Estado. Quiero comenzar dejando claro que cualquier menor, con independencia de su origen, merece protección y amparo cuando se encuentra en
situación de vulnerabilidad. Ese es un principio irrenunciable de nuestro Estado de derecho. Pero, precisamente para proteger a quienes verdaderamente necesitan esta tutela pública, debemos actuar con firmeza frente a cualquier utilización
fraudulenta del sistema. Los datos conocidos en provincias como la mía, Málaga, apuntan a posibles casos en los que los menores extranjeros llegan acompañados de su familia y, posteriormente, son abandonados para que accedan al sistema de
protección. Si estos hechos se confirman, estaríamos ante una situación muy grave. Grave por el desamparo; grave por la presión que soportan los servicios sociales y los centros de protección, y grave también porque el fraude deteriora la
confianza de los ciudadanos. Cuando el sistema no distingue adecuadamente entre situaciones reales de desamparo y posibles usos fraudulentos, se debilita también la credibilidad de todo el sistema de protección.
Lo más preocupante es que ni siquiera existe hoy una evaluación clara y homogénea sobre la dimensión real de estos casos. Las comunidades autónomas soportan la presión asistencial mientras el Gobierno continúa sin ofrecer datos completos,
criterios comunes, una estrategia coordinada y una financiación suficiente. Mientras tanto, la única iniciativa legislativa que ha llegado a la comisión es el proyecto derivado del real decreto ley sobre el reparto de menores entre comunidades
autónomas, un planteamiento que se limita a redistribuir el problema sin abordar de manera suficiente cuestiones esenciales como la prevención del fraude, la cooperación con los países de origen o el refuerzo de los mecanismos de identificación y
tutela.
Señorías, España necesita una política migratoria ordenada, legal y coordinada. Debemos reforzar también la cooperación con los países de origen para favorecer siempre, con garantías y atendiendo al interés superior del menor, los
procedimientos de reagrupación familiar y retorno cuando procedan. Exigimos transparencia al Gobierno: transparencia en los datos, transparencia en los procedimientos y transparencia en la financiación que están asumiendo las comunidades
autónomas. Porque gobernar no es utilizar políticamente la inmigración irregular; gobernar es anticiparse, coordinarse y ofrecer soluciones eficaces. Defender la solidaridad también implica defender el orden, la legalidad y la credibilidad de
nuestras instituciones, porque una política migratoria seria no puede basarse ni en la improvisación ni en los eslóganes; debe basarse en la legalidad, la cooperación institucional y la protección efectiva de quienes verdaderamente se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Ahora sí, en el turno de fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), su portavoz, la señora Renteria.
Cuando quiera.
La señora RENTERIA LASANTA: En primer lugar, no voy a intervenir para fijar posición, sino para aclarar que mi intervención anterior ha sido sobre el punto 3. Como he llegado tarde a la comisión, no sabía que se había pasado al final y
pensaba que íbamos por ese punto. Quiero aclarar eso, que la intervención anterior era para el punto 3, que es sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Pero, bueno, creo que
mucha gente no se ha dado cuenta, o sea, que no estaban escuchando demasiado. (Risas).
Muchas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada, siento no haberla informado suficientemente de cómo se había alterado el orden del día. Discúlpeme, por favor.
Seguidamente, tiene la palabra, por el Grupo Plurinacional SUMAR, su portavoz, el señor Cofiño.
Diputado, cuando quiera.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Sí, brevemente, antes de hacer la intervención central, quisiera mencionar que en septiembre de 2025 enviamos un registro a la Mesa del Congreso hablando sobre la estigmatización que suponía la utilización del
término 'mena' siguiendo las indicaciones de Save the Children, que en un informe de 2019 señala lo siguiente: 'En principio, la palabra 'mena' [...] es un término neutro que se utiliza en el ámbito legal y en estudios sobre migraciones. Sin
embargo, últimamente constatamos que hablar de menas es una forma de categorizar, ocultando el espacio más humano de esta condición, una manera de esconder un hecho fundamental: hablamos de niños, niñas y adolescentes que, al no poder contar con la
protección de un adulto familiar, son condenados a la invisibilidad y a la exclusión social'. Save the Children. Y añadíamos que el escritor e historiador de Israel, Yuval Noah Harari, recordaba que durante el genocidio de Ruanda en 1994, la
propaganda hutu se refería a los tutsis como 'cucarachas'. Los nazis comparaban a los judíos con ratas, plagas o parásitos y en los carteles de propaganda se los representaban como animales peligrosos. A ello se suma que el primer ministro
Netanyahu y sus colaboradores han empleado términos despectivos como 'cucarachas' o 'árabes sucios' para referirse a los palestinos. Despersonalizar o reducir a una categoría animal es el primer paso para deshumanizar a determinados grupos
sociales. El segundo consiste en inocular mensajes de odio mediante el uso y la manipulación de datos. Y el tercero es incitar a la violencia contra esos colectivos estigmatizados. Recordemos que el partido político VOX, en su página de
merchandising, tiene camisetas con el término 'menas' animando a su expulsión del país.
Para la contestación a la proposición de ley, hemos solicitado la colaboración de FUNDEC, que es una fundación para la innovación, investigación, formación y desarrollo comunitario ubicada en Tenerife, pero con profesionales y activistas
sanitarios de toda España. Concretamente, uno de ellos, Mba Bee Nchama, psicólogo comunitario, investigador y profesor de Salud Pública, menciona lo siguiente.
En primer lugar, que es una PNL contraria al marco legal de la infancia. Es una proposición de ley que vulnera directamente el marco legal sobre el que se asienta esta comisión, empezando con la LOPIVI. El propio artículo 1 de la LOPIVI es
clarísimo: 'La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su
personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida'. El texto de la PNL dice
preocuparse por el supuesto abandono de menores, pero no propone ni una sola medida real de protección o dignificación de la infancia a la que alude. No hay refuerzo de recursos educativos, psicosociales y sanitarios. No hay mejora de los
procedimientos de acogida y de las garantías para estos niños y niñas. Las medidas son de control y de expulsión. El resultado es que la PNL no protege a los niños y niñas, los criminaliza junto a sus familias, presentándolos como problema y no
como sujeto de derechos. Esto es contrario al espíritu y a la letra de la LOPIVI.
En segundo lugar, es cobardía política y obsesión con la frontera. En octubre del 2025 el 'futuro presidente' de España -o 'vicepresidente'-, Santiago Abascal, se paseó por La Laguna, Tenerife, rodeado de personas haciendo el saludo
fascista. Esto consta en los informes y en las diligencias internas de la Policía local de La Laguna. Recoge este informe que el líder de la extrema derecha paseó por el casco histórico junto a varias personas que -abro comillas- realizaron
saludos con el brazo en alto y expresiones de exaltación de carácter franquista. Cierro comillas.
En tercer lugar, las políticas de visados son injustas y producen vulnerabilidad. Es necesaria una política de visados más justa, con medidas legales y seguras de movilidad que permitirían que las familias pudieran viajar y reagruparse sin
poner en riesgo la vida de sus niños y sus niñas. Eso sí sería trabajar seriamente contra el abandono y la vulnerabilidad.
Y, en cuarto lugar, las separaciones arbitrarias y el abandono institucional. Se habla del abandono, pero tenemos que tener en cuenta que se producen injusticias de abandono por prácticas institucionales. Sabemos que hay padres y madres
que se ven separados de sus hijos durante largos procesos que pretenden demostrar que efectivamente son sus hijos o hijas, a veces durante meses, rompiendo vínculos y generando un daño emocional profundo. Sabemos también que muchos infantes
migrantes son separados de forma arbitraria de las personas adultas y de las familias con las que viajan, rompiendo la red afectiva que los sostiene y profundizando todavía más su sensación de abandono y vulnerabilidad. Como recoge un informe de la
Plataforma de Infancia, cuando esas decisiones se toman sin indicios de trata, peligro objetivo o riesgo inminente y sin un procedimiento específico que garantice el interés superior de la infancia, puede suponer una vulneración de sus derechos.
De todo esto la PNL no dice nada. No propone reforzar garantías ni mejorar los protocolos ni reparar el daño causado por decisiones administrativas injustificadas. Se limita a pedir expulsiones y repatriaciones de menores a sus países de
origen, como si el simple hecho de devolver a un niño o una niña a la frontera ya fuera por sí misma una forma de protección. (La señora Armario González: ¡Tiempo, tiempo!-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Gracias a los diputados que me advierten de que le advierta de que ha pasado un minuto y veinte segundos de su tiempo.
Por favor, vaya terminando.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Termino añadiendo: educación, educación y educación. Viva España, pero viva una España plural y diversa, una España que acoja y una España con más educadores y con menos expulsadores. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias. Rafa, no me des estos sustos. (Rumores).
El señor ROBLES LÓPEZ: Pido la palabra por el artículo 71.2.
La señora PRESIDENTA: Un momento, diputado, por favor. Por alusiones tiene usted un minuto.
El señor ROBLES LÓPEZ: Sencillamente quiero decir que no existe ninguna constancia ni ningún registro de que Santiago Abascal haya realizado ningún saludo fascista ni nazi y que estos inventos son verdaderamente bochornosos. En lugar de
entrar en el tema, se ha dedicado a insultar y a deshumanizar al contrario, que es precisamente lo que criticaba.
La señora PRESIDENTA: Esto luego lo tratamos en Junta de Portavoces, el tema de las alusiones, porque suelen ser personales, y en este caso no lo eran. Pero es igual, le he dado el minuto y creo que no pasa nada.
Seguimos con el orden del día. Después del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que en este caso es el señor Azorín. Cuando usted quiera.
El señor AZORÍN SALAR: Moltes gràcies, presidenta.
Buenos días, señorías.
Debatimos hoy una iniciativa cuyo título habla de atajar el abandono de los menores extranjeros, y conviene empezar recordando algo esencial. Estamos hablando una vez más de menores, de niños, de niñas, de personas. Cuando hablamos de
menores, el deber de cualquier Estado democrático no es utilizarlos políticamente ni señalarlos ni convertirlos en un problema colectivo por el mero hecho de haber nacido en otro país. Nuestro deber es protegerlos.
La proposición que presenta VOX parte de una premisa equivocada, que España mira hacia otro lado, y eso simplemente no es cierto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan conforme a protocolos claros y rigurosos. Cuando se
detecta un posible menor extranjero no acompañado, se activa inmediatamente el protocolo marco de
actuación con menores extranjeros no acompañados y se da traslado a la Fiscalía de Menores. Se investigan las circunstancias del caso, se intenta localizar a progenitores o tutores y, si existen responsabilidades penales, se actúa en
consecuencia. Es decir, ya existe un marco legal, ya existen mecanismos de actuación, ya existe coordinación institucional. Y también existe algo muy importante: el respeto al interés superior del menor, que no es una consigna ideológica, sino un
principio jurídico reconocido por nuestro ordenamiento y por los tratados internacionales que España cumple.
Por eso, señorías, las repatriaciones de menores no pueden hacerse de manera automática ni indiscriminada, como plantea VOX. Cada caso debe estudiarse individualmente, porque detrás de cada expediente hay una vida, una historia y un menor
vulnerable. España es un país serio, un país que cumple la ley y también un país que no renuncia a la humanidad. ¡Claro que debemos combatir a las mafias que trafican con seres humanos! ¡Claro que debemos perseguir a quienes abandonan a menores o
se aprovechan de ellos! Ahí siempre nos encontrarán, pero nunca nunca nos encontrarán en discursos de deshumanización, nunca nos encontrarán en el señalamiento constante al diferente y nunca nos encontrarán confundiendo inmigración con amenaza.
Porque la inmensa mayoría de estos menores no vienen a delinquir, vienen huyendo de la pobreza, de la violencia o de la desesperación. Vienen solos, vienen solas, y eso debería interpelarnos desde la política, sí, pero también desde la conciencia.
Nuestro país ha sido históricamente una tierra de acogida. Muchos españoles y españolas también tuvieron que marcharse un día buscando oportunidades y dignidad fuera de nuestras fronteras, y sabemos lo que significa empezar de cero lejos de
casa. Por eso creemos en una España fuerte, pero también decente; una España segura, pero también solidaria; una España que hace cumplir la ley sin perder jamás la empatía. Señorías, de VOX, proteger nuestras fronteras y proteger los derechos
humanos no son objetivos incompatibles. La verdadera fortaleza de una democracia se demuestra precisamente en cómo se trata a las personas más vulnerables, y estos menores lo son. Prioridad: las personas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Moltes gràcies, diputat.
Seguidamente, a los efectos de saber si se acepta o no se acepta la enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario VOX.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
No vamos a aceptar la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- PARA RESTITUIR LOS CRITERIOS DE ACCESO ANTERIORES A 2020 EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ESTUDIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES, PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, INDEPENDIENTEMENTE DEL
GRADO DE DISCAPACIDAD QUE TENGAN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003148).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, para restituir los criterios de acceso anteriores a 2020 en la convocatoria de ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para los
alumnos con necesidades educativas especiales, independientemente del grado de discapacidad que tengan.
La ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y, para su defensa, toma la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta comisión, la señora Olivares.
Cuando quiera.
La señora TOMÁS OLIVARES: Gracias, presidenta.
Señorías, todos los diputados y diputadas, independientemente del Grupo Parlamentario al que pertenecemos, tenemos el inmenso privilegio de poder cambiar la
vida de las personas con la aprobación de iniciativas destinadas a mejorar su día a día. Hoy a esta comisión no traemos leyes, pero sí traemos proposiciones no de ley que, aunque no obligan al Gobierno, sí le comprometen. Por eso, yo me
siento privilegiada por traer esta proposición no de ley que defiendo como portavoz de mi grupo parlamentario. Está avalada por muchas familias, familias que están asumiendo un sobrecoste para que sus hijos e hijas con discapacidad puedan recibir
los apoyos que necesitan y que hasta 2020 podían cubrir con una beca del Gobierno del Partido Popular. Porque, señorías, hasta 2020, para solicitar una beca de la convocatoria de ayudas al estudio para el alumnado con necesidades educativas
especiales del Ministerio de Educación, los alumnos con estas necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad podían acreditar esta condición mediante un certificado, un certificado de un equipo de orientación educativa y
psicopedagógica, o bien del departamento de orientación dependiente de la Administración educativa correspondiente. Sin embargo, desde 2020 el ministerio exige acreditar un grado de discapacidad -comenzó con el 33 % y actualmente es el 25 %-, sin
reconocer que estos baremos no evalúan necesidades educativas ni de aprendizaje. Esta situación afecta, discrimina y excluye a un gran número de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. En concreto, se ven
afectados quienes usan audífonos y tienen sorderas bilaterales leves o moderadas, así como el alumnado con sorderas unilaterales. (La señora vicepresidenta, Alós López, ocupa la Presidencia).
La Confederación Española de familias de personas sordas, FIAPAS, lleva seis años reclamando al ministerio que se restablezcan los criterios previos a 2020, argumentando que las necesidades educativas especiales existen independientemente de
contar con un grado de discapacidad calificado, por lo que considera que esta discriminación en el acceso a la convocatoria de las becas y ayudas atenta contra el derecho a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Y no solo lo
dice FIAPAS. En febrero de este mismo año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a España que las ayudas al estudio fueran independientes del grado de discapacidad, una advertencia que el Ministerio de Educación ha
decidido ignorar en su último real decreto.
Señorías, detrás de este abandono a las familias más vulnerables por parte del Gobierno del Partido Socialista y de SUMAR hay muchos menores y jóvenes cuyas familias tienen que sacrificarse y renunciar a cubrir otras necesidades para que sus
hijos reciban el apoyo que necesitan; familias como la de Yairi, que sueña con ser veterinaria y que tiene hipoacusia bilateral, una reducción de la capacidad de oír en ambos oídos que dificulta procesar el lenguaje y cuya discapacidad es del 22 %.
Esta familia ha tenido que hacer una reestructuración financiera para costear de su bolsillo la logopedia que el Gobierno ya no le cubre a su hija. O como la familia de Laura, que vive atrapada en la misma red burocrática. Al igual que Yairi tiene
12 años y sueña con ser cirujana. Su diagnóstico es claro: hipoacusia neurosensorial bilateral moderada severa en los dos oídos, pero su certificado oficial marca un 24 % de discapacidad. Por un solo punto porcentual, señorías, Laura ha perdido
el acceso a los apoyos que la Administración antes sí le prestaba. Su padre resume la frustración de miles de familias: ponen un requisito administrativo para excluir a personas sin evaluar sus necesidades reales en el entorno escolar.
Señorías, un Gobierno no puede presumir de progresista si las acciones que lleva a cabo no suponen progreso para las personas, sino un flagrante retroceso. Por eso, lo que pedimos con esta PNL es retroceder a 2020 para avanzar, porque lo
que ha hecho el Gobierno con esta decisión es retroceder en derechos y, lo peor, retroceder en los derechos de las personas más vulnerables. Además, la modificación del artículo 49 de la Constitución, que se consensuó, incluyendo una atención
especial a menores con discapacidad, nos compromete. Dice así: se atenderá a las necesidades específicas de los menores con discapacidad. ¿Qué parte de este compromiso que aprobamos por una inmensa mayoría no ha entendido el Gobierno?
Termino como comencé, señorías del PSOE y de SUMAR, que sostienen a este Gobierno. Tenemos el inmenso privilegio de poder cambiar la vida de las personas con
nuestro voto y, al igual que nos pusimos de acuerdo para cambiar el artículo 49 de la Constitución, debemos ponernos de acuerdo para cumplirlo.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Alós López): Tiene la palabra el señor Quintero para defender la enmienda del Partido Socialista. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
El señor QUINTERO HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Hoy hablamos de una cuestión que afecta directamente al derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de miles de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Y debemos hacerlo con rigor, con responsabilidad y
también con una idea muy clara: la educación es el mayor ascensor social que existe. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista defenderemos siempre una educación pública fuerte, inclusiva y capaz de garantizar que ningún niño o niña se
quede atrás por sus circunstancias personales, sociales o económicas.
Compartimos, además, la importancia de seguir mejorando los apoyos y recursos dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y a sus familias. El actual marco normativo, el Real Decreto 888/2022, establece estándares
precisos para determinar el grado de discapacidad a partir del cual puede considerarse que una persona requiere apoyos estables. En coherencia con ello, el umbral del 25 % responde a la consideración de una discapacidad moderada que puede generar
dificultades en la vida diaria y, por tanto, justificar apoyos educativos específicos. Hablamos de alumnado que afronta dificultades reales en su día a día escolar, alumnos y alumnas que necesitan más tiempo, apoyos especializados y adaptaciones
concretas para poder desarrollar su formación en igualdad de condiciones. Estas situaciones encajan claramente en lo previsto en el artículo 73.1 de la LOE, por lo que la Administración debe garantizar los recursos necesarios para lograr una
inclusión educativa real y efectiva. La convocatoria de ayudas NEAE tiene, además, un carácter subsidiario orientado a atender aquellas situaciones de mayor complejidad que no pueden ser cubiertas directamente en el aula. Por eso el objetivo debe
ser seguir reforzando la capacidad del propio sistema educativo para dar respuesta a las necesidades del alumnado, sin que su formación se vea afectada.
Precisamente en esta dirección está avanzando este Gobierno. Debemos recordar que ya en 2024 se aprobó la reducción del porcentaje de discapacidad exigido, pasando del 33 % al 25 % para el alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, dando respuesta, además, a las demandas de organizaciones como CERMI. Y seguimos avanzando con una inversión récord en becas y ayudas al estudio. Estamos en un momento histórico en materia de igualdad de oportunidades; nunca en nuestro
país se habían destinado tantos recursos públicos a garantizar el acceso a la educación. Las becas no han dejado de crecer, tanto en número de beneficiarios como en presupuesto, y para el curso 20262027 volvemos a contar con una cifra récord,
reforzando también las ayudas dirigidas al alumnado con NEAE.
Quiero recordar que justo hoy se abre el plazo para solicitar las ayudas de apoyo educativo, una nueva oportunidad para miles de familias de nuestro país. Y lo hace, además, con nuevas mejoras, como el incremento medio del 10 % en los
umbrales de patrimonio, ampliando así el número de potenciales beneficiarios y reforzando el compromiso de este Gobierno con una educación más justa, inclusiva y accesible. Ese es precisamente el sentido de la enmienda que hemos presentado. Una
enmienda que apuesta por continuar reforzando las becas y ayudas al estudio, en particular las destinadas al alumnado con NEAE, por seguir avanzando en la inclusión educativa y por continuar con la ampliación de los colectivos con derecho a estas
ayudas. El objetivo debe ser claro: que ningún niño o niña que necesita apoyo educativo se quede atrás y que la educación pública siga garantizando la igualdad de oportunidades para todas las familias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado, por la defensa de la enmienda.
Seguidamente, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Renteria, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
La señora RENTERIA LASANTA: Eskerrik asko, presidenta.
Desde el Grupo Vasco queremos abordar este debate desde una posición de responsabilidad, de sensibilidad social y también desde la escucha a muchas familias y entidades que en los últimos años nos han trasladado su preocupación por las
dificultades existentes para acceder a determinadas ayudas educativas. Porque cuando hablamos de necesidades específicas de apoyo educativo, estamos hablando de que se garantice que cada menor reciba la atención y los recursos que necesita para
poder desarrollarse plenamente en el ámbito educativo. Y creemos que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer respuestas sensibles, proporcionadas y ajustadas a la realidad de las familias.
Es cierto que los cambios introducidos en el año 2020 respondían a una voluntad de homogeneizar criterios y aportar una mayor seguridad jurídica al sistema de ayudas. Cualquier Administración debe garantizar procedimientos transparentes,
objetivos y con criterios claros, pero también debemos reconocer que desde entonces numerosas asociaciones profesionales y familias han venido trasladando situaciones de preocupación derivadas de la aplicación de la práctica de estos cambios,
especialmente en casos de alumnado que, aun necesitando apoyos educativos y continuados, ha encontrado dificultades para acceder a ayudas públicas por no alcanzar determinados umbrales administrativos de discapacidad.
Hemos escuchado a entidades sociales y a organizaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad advertir de que, en algunos casos, la realidad educativa del menor no siempre queda plenamente reflejada en un porcentaje administrativo.
Creemos que esas reflexiones merecen ser escuchadas con atención, porque detrás de cada debate hay familias que necesitan apoyo para afrontar recursos especializados, atención educativa específica, acompañamiento técnico o tratamientos fundamentales
para el desarrollo educativo de sus hijos y de sus hijas. En Euskadi conocemos la importancia de trabajar desde modelos de educación inclusiva, atención personalizada y coordinación con las familias, los centros educativos y los profesionales
especializados. Creemos que la inclusión educativa exige, precisamente, esa capacidad de adaptar las respuestas públicas a la diversidad de situaciones existentes y creemos también que este debate debe abordarse evitando simplificaciones y
alejándonos de posiciones partidistas o confrontativas.
Señorías, probablemente el reto consiste en encontrar un equilibrio adecuado entre la necesaria seguridad jurídica y la sensibilidad educativa y social que requiere este tipo de actuaciones. Creemos que las Administraciones públicas deben
seguir avanzando precisamente en esa dirección, escuchando a las familias, dialogando con las entidades sociales y poniendo siempre en el centro el interés superior del menor.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Seguidamente tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, su portavoz el señor Cofiño.
Cuando quieras, Rafa.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Estamos seguros de que todas las personas presentes en esta comisión compartimos la preocupación que subyace a esta iniciativa. El objetivo del sistema educativo debe ser que ningún alumno o alumna vean
vulnerados sus derechos. La educación inclusiva debería ser un objetivo y una premisa, y convertirse en algo tan relevante como lo es tener un aula con pupitres o tener libros.
Se ha mencionado el real decreto que nos ocupa y también la valoración del 25 % como grado mínimo. Estos apoyos son una herramienta imprescindible para una inclusión real y forman parte del marco de políticas de educación inclusiva que
derivan del artículo 24
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su interpretación por el Comité de Naciones Unidas. Este marco, tal y como desarrolla la Observación General número 4, pone el acento en que las necesidades
educativas deben ser atendidas, en la medida de lo posible, dentro del sistema educativo general mediante los recursos y los ajustes pertinentes.
Por tanto, las Administraciones -recordamos aquí las competencias estatales y las competencias autonómicas- deben garantizar que el sistema educativo esté dotado de todos los medios necesarios para que las personas con necesidades especiales
de apoyo educativo puedan disfrutar de sus derechos en un entorno sin sufrir ningún tipo de obstáculo. De tal modo, la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades especiales prioriza la cobertura de las situaciones más complejas, al
mismo tiempo que se deben promover todas las adaptaciones en el ámbito educativo que corresponda. No nos queda claro que esta iniciativa considere desde tal perspectiva la transformación y adaptación estructural del entorno educativo, que es uno de
los elementos sin los que es imposible concebir una educación inclusiva, efectiva y operativa. Por ello, consideramos un ajuste razonable la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que pretende continuar mejorando las becas y ayudas al estudio
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo y estudiar la ampliación de los colectivos con derecho a esta ayuda. Invitamos al grupo proponente a valorar esta enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Para terminar el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, su portavoz, la señora Armario.
Blanca, cuando quiera.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una sociedad verdaderamente avanzada se mide por cómo protege y acompaña a quienes necesitan más apoyo para poder desarrollar plenamente su vida. El alumnado con necesidades educativas especiales merece acudir a su centro
educativo con los apoyos adecuados, disponer de los especialistas, de los materiales adaptados, atención temprana, refuerzo pedagógico y recursos suficientes para que sus dificultades no se conviertan en barreras permanentes, y esto no puede
depender exclusivamente de la capacidad económica de su familia. Detrás de cada menor con necesidades educativas especiales hay padres y madres que afrontan gastos continuos en logopedas, en psicólogos, en terapias, transporte especializado,
material adaptado o incluso clases de apoyo. Un Gobierno tiene la obligación moral y política de ofrecer apoyo económico y social real. Debe garantizar becas accesibles, ayudas suficientes y procedimientos ágiles que no conviertan cada solicitud
en una carrera de obstáculos burocráticos. La igualdad de oportunidades no consiste en tratar a todos exactamente igual, sino en dar más apoyo a quienes más lo necesitan para que todos puedan llegar a la misma meta. Esa debe ser siempre la
prioridad de cualquier Gobierno que aspire a construir una sociedad más justa, más humana y más solidaria.
Esta iniciativa podría haberse debatido probablemente en la Comisión de Educación o incluso en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, pero, precisamente porque estamos hablando de menores que son vulnerables y de un
asunto especialmente importante, debemos actuar con responsabilidad y altura de mira. No estamos hablando de privilegios; estamos hablando de garantizar que ningún menor quede atrás por una interpretación burocrática alejada de la realidad
educativa. Estamos hablando de apoyar a familias que necesitan recursos para que sus hijos puedan desarrollar plenamente todas sus capacidades. Por eso debemos favorecer con nuestro voto que los menores con dificultades en su proceso de enseñanza
y aprendizaje puedan acceder a todas las ayudas necesarias, evitando cualquier forma de discriminación y garantizando una verdadera igualdad de oportunidades. Por lo tanto, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Al solo efecto de saber si aceptan o no la enmienda, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora TOMÁS OLIVARES: Gracias, presidenta.
No aceptamos la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, se votará en sus propios términos.
Muchas gracias.
DECAÍDA DEL ORDEN DEL DÍA:
- PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 48, SUSPENSIÓN CON RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO, DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, MODIFICADO EL 31 DE JULIO DE 2025, Y LOS CORRESPONDIENTES ARTÍCULOS EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (EBEP).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/003283).
La señora PRESIDENTA: Debo comunicarles que, por problemas con el transporte, la señora Valido no puede llegar de ninguna manera y, por tanto, su proposición no de ley queda fuera, no la vamos a votar. Era la número 6 del orden del día,
para entendernos.
Muchas gracias por su comprensión. (Una señora diputada: Nuestro compañero no está aquí para defender la siguiente PNL. Está viniendo).
Lo comprendo. No hay ningún problema. Todos estamos acostumbrados a cosas sobrevenidas durante las comisiones. Por lo tanto, esperamos unos segundos a que pueda venir con una cierta tranquilidad. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (CONTINUACIÓN):
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA HUCHA HOGAR JOVEN COMO INSTRUMENTO DE APOYO AL AHORRO FINALISTA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003348).
La señora PRESIDENTA: Diputado Pérez Osma, siento que haya sido tan sobrevenido, pero es que ha sido una llamada de última hora. Por lo tanto, discúlpeme.
Proposición no de ley relativa a la creación de una hucha hogar joven como instrumento de apoyo al ahorro finalista para la adquisición de vivienda habitual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Pérez.
Cuando quiera.
El señor PÉREZ OSMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la vivienda en España ya no es solo un problema, es una condena generacional. Hoy traemos aquí una iniciativa que pretende crear una hucha joven para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Hoy un joven en España no sueña
con comprarse una casa ya, simplemente sueña con poder emanciparse. Y mientras ustedes crean leyes y hablan de intervenir el mercado, la realidad y los datos que se están mostrando como consecuencia de sus leyes es esta: solamente uno de cada diez
jóvenes puede emanciparse. Para emanciparse, hoy un joven tiene que destinar más del cien por cien de su salario a poder pagar solamente el alquiler y España está entre los países europeos con la edad de emancipación más alta. Me gustaría pedirles
una cosa: no sigan cayendo en el error y no caigan en el error de intentar enfrentar a la ciudadanía. Dejen ya de culpar a los ciudadanos de los resultados de las políticas que ustedes están aplicando; dejen de señalar al pequeño arrendador o a
quien tiene una segunda vivienda, porque ya sabemos cómo funciona esto. Han creado el problema, después han buscado un culpable
y, para terminar, están enfrentando a los españoles unos contra otros. Y no, la culpa no es del pequeño propietario que intenta complementar una pensión o un sueldo alquilando un piso; la culpa no es de las familias que han ahorrado toda
su vida y quieren complementar ese sueldo medio con un alquiler de una segunda residencia, y la culpa tampoco es del jubilado que complementa su pensión con el alquiler de esa segunda vivienda. Los que han hecho que la vivienda sea el principal
problema de España y de los jóvenes son ustedes, el Partido Socialista; los que han provocado que desaparezca vivienda del mercado son ustedes, el Partido Socialista, y los que han conseguido que los jóvenes tengan que destinar más del cien por
cien de su salario para pagar un alquiler son ustedes, el Partido Socialista.
Quiero mostrarles un gráfico. Es el salario de los jóvenes, y aquí tienen el coste del alquiler desde que entraron. Esto es una barbaridad; es una barbaridad la brecha que se ha abierto para que un joven se pueda emancipar. Esos son los
datos, esa es la realidad, que es muy tozuda. Insisto en que no enfrenten a la sociedad. Les voy a dar otro dato antes de que les echen la culpa a los grandes tenedores, a los bancos, a los fondos buitre. No. Un dato demoledor: el 92 % de los
propietarios de viviendas de alquiler son pequeños tenedores. No caigamos, señorías, más en ese error. El problema no está en equivocarse, está en persistir en el error.
Vamos a mirar dónde se ha aplicado la ley de vivienda. Por ejemplo, en Barcelona. Después de años de intervencionismo, desaparece la vivienda media, crecen los minipisos y cada vez hay menos oferta de alquiler. Según el último informe de
Atlas Analytics, la oferta de alquiler se ha reducido en un 62 % en Barcelona y el precio del alquiler ha aumentado casi en un 32 %. Este es el resultado: menos oferta, mayor edad de emancipación y alquileres más caros. Y lo más increíble, y
ustedes lo saben, es que sus leyes no funcionan. Fue la propia ministra de Vivienda en enero -aunque después cambiara de opinión- la que dijo que intervenir el alquiler, intervenir los precios incidiría en la disposición de viviendas. La señora
ministra de Vivienda, en enero. Y hoy están diciendo lo contrario.
Miren, señorías del Partido Socialista, les pido que tengan sentido de Estado. Tienen que rectificar. Estas son las propuestas de Alberto Núñez Feijóo: queremos crear una hucha joven para menores de 40 años, que permita realizar
aportaciones anuales de hasta 2000 euros con un límite acumulado de 40 000 y una deducción del 20 % en el IRPF. Queremos establecer un aval equivalente al ahorro acumulado en la hucha para facilitar el acceso a la financiación de la vivienda
habitual. Queremos eximir de tributación los rendimientos generados por la hucha, siempre que su destino sea la adquisición de vivienda habitual e incorporar esta medida dentro de las políticas estatales de vivienda. Porque ahorrar no es un crimen
y que los jóvenes quieran tener una propiedad tampoco.
Concluyo, señora presidenta. Lo que hoy se propone aquí es ayudar a los jóvenes; ayudarles a emanciparse, a poder comprar una vivienda y a poder ahorrar. Señorías, les vuelvo a decir: el problema no está en equivocarse, está en persistir
en el error. No podemos permitirnos que cada vez se pierdan más generaciones. Y va para ellos este mensaje: sabemos de vuestras preocupaciones; sabemos que habéis cumplido con lo que se os pidió, y el Gobierno no puede dejaros de lado. Contáis
con el Partido Popular y contáis con Alberto Núñez Feijóo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Ay, señor diputado, si lo sé, no lo espero. (Risas).
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra la señora Aguirre.
Diputada, cuando usted quiera.
La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.
Nos propone el PP con esta iniciativa de la Hucha Hogar Joven promover y facilitar la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes. Nos parece muy bien, porque de hecho tenemos presentada una iniciativa similar, que todavía no se ha
debatido, en la que proponemos promover la utilización de instrumentos financieros de muy bajo riesgo para la adquisición de vivienda habitual, que sería como una especie de cuenta de ahorro para
vivienda que permite acumular dinero para la futura compra de una vivienda y que tenga también incentivos fiscales. Eso es una cosa bastante parecida a esto, pero todavía no se ha debatido.
Nosotros creemos que es necesario garantizar una España de propietarios, una España en la que todos los españoles tengan derecho a una vivienda digna, estable y propia. Todos los esfuerzos destinados a la consecución de estos fines serán
bienvenidos, porque la situación que nos encontramos es muy preocupante. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años eran dueños de sus casas y hoy es solo el 30 %, menos de la mitad. En 2007, prácticamente una de cada cuatro viviendas la compraban
jóvenes, mientras que ahora es solamente una de cada diez. En España tenemos un problema de oferta de vivienda, que ha caído un 56 % en los últimos cinco años -eso es así-, pero el gran problema de nuestro país es la demanda, señorías del PP, de la
que ustedes se olvidan.
Es un problema de demanda además del de oferta, porque la entrada de tres millones de inmigrantes en los últimos cinco años, combinada con la drástica reducción de vivienda disponible, ha conducido a una subida de precios de un 30 % en el
alquiler, a que cinco de cada diez operaciones de compraventa se hagan sin hipoteca y que se haya triplicado el stock de vivienda en manos de fortunas extranjeras y fondos. En Barcelona hay más de 5900 personas extranjeras empadronadas en un solo
inmueble, en el distrito de los Nou Barris. Este es solo un caso de las decenas que hay actualmente. Por otro lado -que también es muy preocupante-, las Administraciones han olvidado para quién gobiernan. Tenemos dos ejemplos. El 90 % de las
solicitudes admitidas para obtener un alquiler de vivienda protegida en Azkoitia, País Vasco, tienen un nombre árabe; más del 70 % de las viviendas de promoción pública adjudicadas en Xuxán, La Coruña, por el PP son a nombres extranjeros.
Nosotros en nuestra enmienda queremos garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de vivienda, que los españoles sean los primeros en su país, que es completamente de sentido común. Lo contrario es lo más raro que
se ha oído nunca. Es decir, queremos que los españoles tengan prioridad en el acceso a una vivienda social, en el acceso a una vivienda protegida, en el acceso a bonificaciones fiscales y que seamos también los primeros en ser receptores de
cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda. Es puro sentido común, señorías. Esperemos que esta enmienda sea aprobada.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Plurinacional SUMAR, su portavoz, el señor Cofiño.
Cuando quiera.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Compartimos, evidentemente, el diagnóstico de partida. La juventud tiene hoy enormes dificultades para acceder a la vivienda, hay un retraso -y es muy interesante estudiar por qué- en la emancipación, los precios de alquiler y compra son
inasumibles y una parte importante de jóvenes vive atrapada en salarios bajos, precariedad laboral y un mercado inmobiliario profundamente tensionado. Precisamente por eso creemos que la respuesta no puede ser volver a recetas que ya conocemos:
incentivar fiscalmente al ahorro individual y orientar la política pública hacia la compra de vivienda, como si el principal problema fuera que la juventud no ahorra lo suficiente. El problema no es que la juventud no se esfuerce; el problema es
que los precios están disparados y que los salarios no alcanzan; el problema es que la vivienda se ha convertido en un activo financiero, en un negocio especulativo y en una fuente de rentas para quienes acumulan vivienda, mientras miles de jóvenes
no pueden iniciar un proyecto vital o un proyecto de vida autónoma.
En ese contexto, una medida basada en deducciones fiscales beneficia sobre todo a quienes ya tienen capacidad de ahorro y deja fuera a quienes más necesitan ayuda, que van a ser jóvenes con salarios bajos, con contratos temporales, pagando
alquileres abusivos o directamente imposibilitados para ahorrar, es decir, puede acabar ayudando
más a quien ya está relativamente cerca de poder comprar que a quien está completamente expulsado del mercado. Además, si no actuamos sobre la oferta pública, sobre el alquiler asequible, sobre la regulación de precios, sobre la vivienda
vacía, sobre los fondos buitres y sobre la especulación, cualquier ayuda a la demanda corre el riesgo de terminar trasladándose al precio, como ya hemos visto varias veces, cuando se pone dinero público sobre la mesa y el mercado lo absorbe subiendo
precios.
Por tanto, sí a hablar de emancipación juvenil, sí a hablar de vivienda, sí a que el Estado acompañe a los jóvenes, pero no podemos aceptar que la política de vivienda se reduzca a una hucha individual y a beneficios fiscales. La vivienda
es un derecho, no una carrera de obstáculos para ver quién consigue ahorrar antes de que los precios vuelvan a subir. La prioridad debe ser aumentar el parque público de vivienda, garantizar alquileres asequibles, intervenir en zonas tensionadas,
proteger a los inquilinos y poner límites reales a la especulación, porque la juventud no necesita solamente una hucha sino salarios dignos, alquileres justos y una política pública de vivienda que se atreva a tocar los intereses que hoy bloquean su
emancipación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
Seguidamente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Camino.
El señor CAMINO MIÑANA: Buenos días.
Hoy el Partido Popular nos propone algo así como que los ciudadanos son los que mejor gestionan su dinero y que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Es la medida que nos proponen y una matraca que tiene trampa.
(Rumores). Yo quiero también realizar una pregunta, porque esto va de menores de 40 años. Yo ya tengo 31 y ya me considero que estoy en el límite de adulto y de joven. Pero ¿qué pasa con una persona de 39 años que quiere empezar esa hucha joven?
¿Que lo va a convertir en un plan de pensiones cuando tenga 60? ¿Va a ser la hucha joven para los viejos? ¿O cómo va el tema? Y lo segundo es que aquí hay una cuestión que es una trampa. ¿No ven ustedes que ese dinero va a ir directamente a
jóvenes que lo han tenido mucho más fácil porque han tenido herencias, porque han poseído y porque no han producido? ¿Que ese dinero, esa hucha joven, va a ir directo a personas con grandes rentas, con padres con mucho dinero, con abuelos con mucha
propiedad? Ustedes dicen que el dinero tiene que estar mejor en el bolsillo de los ciudadanos (rumores), pero ese dinero que quitan de todos los impuestos de los españoles, porque quieren bajar impuestos, es el mismo que se podría destinar a
construir más vivienda pública.
La señora PRESIDENTA: Por favor.
El señor CAMINO MIÑANA: Pero vivienda pública que vaya a la ciudadanía, por favor, no vivienda pública que vaya a la hucha joven del PP de Alicante. ¿Saben cuál es esa hucha? (La señora Aguirre Gil de Biedma: Zapatero).
La señora PRESIDENTA: Escuchen lo que dice el diputado.
El señor CAMINO MIÑANA: Señorías de VOX, ya sabemos que ustedes son muy amigos del Partido Popular, pero tranquilícense, porque esta iniciativa es del Partido Popular.
La hucha joven de Alicante, la que se llevaban los pisos esos influencers que te salían con un móvil y te decían: Oye, es que todos tenemos las mismas veinticuatro horas, es que el Estado nos roba. Nos robaron esos influencers, que, cuando
apagaban la cámara, entraban en las adjudicaciones de los pisos públicos saltándose la cola.
El Partido Popular tiene la desfachatez de decir que va a bajar impuestos, pero que no va a regular absolutamente nada para que la gente pueda acceder en condiciones. Dicen que la ley de vivienda es un fracaso, pero solamente está aplicada
en el 17 % del territorio nacional. Un fracaso es Madrid. ¿Por qué ustedes no hablan de Madrid? ¿Qué ocurre en la Comunidad Autónoma de Madrid? Que los pisos suben un 14 % como mínimo. ¿Y qué
ocurre en Cataluña? Que los pisos bajan un 8 %. (El señor Pérez Osma: En Cataluña, un 32 %.-Rumores). Cálmense, que yo he escuchado todas esas cuestiones meritocráticas, todo ese sueño español que tienen y esa prioridad nacional que
ustedes podrían no aplicarse, porque los apellidos del Partido Popular y de VOX a veces son más compuestos y menos españoles que los de muchos migrantes que vienen aquí a partirse la cara y a trabajar, que suponen únicamente el 1 % del gasto a la
Seguridad Social y aportan un 10 % a sus beneficios. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¡Muy fuerte!). Por tanto, menos 'racistadas' y más hablar claro a los jóvenes; pero no a los jóvenes de Alicante o de la hucha joven de Alicante, sino a los
jóvenes que curran mucho y que tienen ahorrado muy poquito, porque las pocas políticas de regulación en España no se lo permiten. (El señor Robles López: ¡A ver si gobernáis alguna vez!).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, diputat.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a la proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez.
El señor PÉREZ OSMA: Lo estamos estudiando.
La señora PRESIDENTA: Antes de la votación, por favor, nos dicen el sentido del estudio.
- PARA IMPULSAR MEDIDAS QUE FACILITEN EL RELEVO GENERACIONAL Y EVITEN EL CIERRE DE NEGOCIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003387).
La señora PRESIDENTA: Vamos a la proposición no de ley número 8, que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar medidas que faciliten el relevo generacional y eviten el cierre de negocios.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Sastre Uyá.
Cuando usted quiera.
El señor SASTRE UYÁ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, buenos días.
De entrada, vemos al Grupo Socialista muy nervioso, y no sabemos si es por la imputación de su presidente, su referente moral, Zapatero, o es por la paliza que le ha dado el Partido Popular en Andalucía. (Aplausos). Dicho esto, vamos a
hablar de lo que nos compete, que es de jóvenes y de relevo generacional, que es la propuesta que traemos hoy aquí.
Cuando hablamos de juventud, solemos decir muchas veces que hablamos de futuro, pero realmente de lo que estamos hablando es de presente. Sin embargo, a veces, cometemos el error de tratar las políticas de juventud como algo estanco, desde
el punto de vista de que parecen políticas de jóvenes hechas solo para jóvenes, y eso es un error, porque los jóvenes no son un colectivo concreto. Cada joven es un mundo distinto, y la juventud en sí misma es una etapa en la que las decisiones que
tomemos a corto plazo influyen en el largo plazo. Por eso, lo ideal es que hagamos políticas de juventud que sean capaces de mejorar, evidentemente, el proyecto de vida de nuestra generación, pero que también sirvan para resolver los retos que
tiene la España del mañana. En España tenemos, en concreto, una emergencia silenciosa que afecta a sus núcleos urbanos y, muy especialmente, a las zonas rurales, la falta de relevo generacional, que es algo que siempre solemos asociar al sector
primario, pero que va mucho más allá de eso. Hablamos de que en los próximos cinco años casi medio millón de autónomos se van a jubilar y que los autónomos menores de 30 años son solo uno de cada diez aproximadamente. Esto, plasmado en hechos,
significa que, por ejemplo, la peluquería a la que íbamos desde pequeños ha cerrado o puede cerrar en el corto plazo. Lo mismo ocurre también con la carnicería, donde el producto es incomparable por el mimo que le pone la persona que lleva toda su
vida trabajando ahí, o con el bar que tantos buenos ratos nos hizo pasar. Los jóvenes tenemos aquí un gran reto. Tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una gran
oportunidad. Y para que eso sea posible, para que los jóvenes tomemos el relevo de ciertos negocios, nosotros traemos aquí varias medidas que se agrupan en diferentes ejes.
En primer lugar, un buen diagnóstico que sea acorde a las herramientas con las que contamos hoy -por ejemplo, la inteligencia artificial-, y se aplique a esta materia para afinar los datos y dar una visión comparada con otras experiencias de
todo el territorio nacional y de otros países de ámbito europeo y más allá. En España ya tenemos comunidades autónomas que están haciendo cosas similares; no funcionan mal, pero se quedan cortas. Por tanto, ante el gran reto que tenemos por
delante, necesitamos mayor ambición.
En segundo lugar -que va de la mano-, que las medidas sean eficaces, es decir, que no derrochemos el dinero y optimicemos bien los recursos. Hablamos de medidas que vayan a la raíz del problema y que aborden cuestiones como la fiscalidad,
tanto para quien se inicia como para quien está terminando su vida laboral; cuestiones como la formación, el apoyo a la conciliación familiar o también la movilidad o los espacios necesarios para desarrollar ese negocio o incluso la vivienda.
Lo tercero que nosotros vamos buscando es un cambio de mentalidad sobre la figura del empresario en España. En España, quien tiene un negocio del tipo que estamos hablando hoy es, con todas las letras, un héroe a quien no se trata muchas
veces como tal, y no solo por la burocracia y los impuestos que los asfixian -casi cien subidas de impuestos hemos sufrido los españoles con este Gobierno- y que sufren directamente los autónomos, sino porque también tienen el problema de la
percepción social, que muchas veces viene motivada por ciertas ideologías que se basan en dividir para tener éxito. Esas ideologías hablan siempre del empresario de manera despectiva como un ser malvado que tiene unos intereses ocultos que el
Estado debe cambiar. Nosotros tenemos que hacer que no sea así, porque estos negocios, además de demostrar valentía, son también el ejemplo de una función de servicio fundamental para mejorar la vida de las personas. Además, tienen la función de
hacer que el lugar donde vivimos sea mucho más habitable y mucho más vivo. En definitiva, los datos están ahí y son alarmantes. Desde el Gobierno -perdido y entretenido, como vemos, en otras cosas, y asfixiado por los escándalos- no se está
haciendo nada eficaz.
Esta proposición no de ley incluye, por tanto, el deber de todos, que va mucho más allá de las políticas de juventud. España es lo que es, nuestros barrios son lo que son y nuestros pueblos y ciudades son lo que son gracias a los negocios
de siempre. Los jóvenes tenemos aquí una grandísima responsabilidad y muchísimo por hacer, pero necesitamos ese pequeño empujoncito que nos ayude a que muchos se decidan cada mañana a levantar la persiana de un negocio que nunca debe cerrar. Si
estos negocios se mueren, el entorno donde vivimos también se muere, y una parte de nosotros se irá con ellos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. Para defender la primera de estas enmiendas, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Aguirre.
Cuando quiera.
La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.
Nos presenta el Grupo Popular una iniciativa en la que propone que se facilite y se promueva que en los negocios familiares -que tan importantes son en nuestra economía- pueda haber un relevo generacional y la gente joven se pueda hacer
cargo de estos negocios tanto en la ciudad como en las zonas rurales, cosa que ahora no está pasando. Nosotros creemos que esto es muy importante y apoyaremos esta iniciativa, porque en VOX siempre estamos al lado de los autónomos y de las pequeñas
y medianas empresas, que son las que realmente crean riqueza y empleo en nuestro país.
Es muy importante que el dinero esté en manos de las empresas y los autónomos para que puedan crear riqueza. Desde aquí, nosotros, como ha comentado su señoría del Grupo Popular, queremos darles nuestro reconocimiento y nuestro ánimo,
porque no son
tiempos fáciles para ellos debido a las políticas fiscales de este Gobierno y la cantidad de burocracia y legislación a la que se enfrentan.
Nosotros hemos presentado varias iniciativas en las que proponemos medidas parecidas a las que aparecen aquí, porque, además de lo que nos propone el Grupo Popular, creemos que hay que eliminar la cuota de autónomos para los que ingresen
menos del salario mínimo interprofesional. Queremos favorecer e incentivar la contratación de trabajadores por parte de los autónomos a través de bonificaciones, como el 100 % en la cuota de la Seguridad Social para trabajadores contratados durante
el primer año de existencia de la empresa y del 50 % en el segundo año. También queremos que se exonere de la cuota de la Seguridad Social a los trabajadores autónomos cuyos ingresos netos en cómputo anual no alcancen el salario mínimo
interprofesional, además del establecimiento de una bonificación de esta cuota a los autónomos que estén de baja médica o de baja por maternidad, porque esto no está ocurriendo actualmente. Los trabajadores por cuenta ajena sí que lo tienen, pero
los trabajadores autónomos y los empresarios, no. En definitiva, señoría, nosotros queremos impulsar medidas que ayuden a los ciudadanos -sobre todo, a los jóvenes que quieran emprender- y que quienes tengan la ilusión de hacerse cargo de un
negocio familiar puedan hacerlo. Por ello, creemos que hay que darles todas las facilidades.
En España tenemos ahora mismo un Gobierno que está totalmente en contra de autónomos y emprendedores, porque lo que les interesa es tener una serie de personas que sean redes clientelares que dependan del Estado para que les voten. Esa es
la realidad. El Gobierno está provocando esta situación con sus políticas socialistas y comunistas del supuesto estado del bienestar -que es su propio bienestar, porque es el malestar de los ciudadanos-, porque los tienen asfixiados a impuestos
para darles servicios tercermundistas. Esto está generando que la mayoría de los jóvenes quieran ser funcionarios, tener su sueldecito asegurado y no tener que dedicar su vida a pagar impuestos y a trabajar sin descanso para sacar su negocio
adelante y que luego su dinero se lo gasten en prostitución, en gestionar mal todos los servicios, y acaben imputados presidentes por haberse llevado su dinero.
Por tanto, apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Para la defensa de la segunda enmienda que se ha presentado, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor Blanco.
El señor BLANCO ARRÚE: Gracias, presidenta.
Es evidente que el relevo generacional en el pequeño comercio y en los negocios familiares es uno de los grandes retos económicos y sociales al que se enfrenta nuestro tejido local. Cuando un comercio cierra por falta de continuidad, no
solo desaparece con él una actividad económica y se pierde una evidente oportunidad de empleo, también contribuye a que desaparezca la esencia, la vida de nuestros barrios y pueblos, a que se vacíen nuestras calles, a que se debilite la cohesión
social y se resienta la vida comunitaria.
Por eso vemos de forma muy positiva que se dé este debate en el seno de esta comisión; un debate que creemos que tenemos que abordar con responsabilidad desde una visión compartida. El relevo generacional, la supervivencia de nuestros
comercios, no entiende ni debe entender de siglas políticas; es una cuestión que afecta al conjunto del país y exige la colaboración de todas las administraciones y agentes implicados. En este sentido, y entrando a explicar la razón de nuestra
enmienda -que, como habrá podido comprobar el grupo proponente, no entra a cuestionar el fondo de la cuestión, que compartimos-, queremos simplemente reconocer las herramientas e iniciativas que ya existen y que están siendo impulsadas desde
distintos ámbitos de la Administración General del Estado, porque sí se están llevando a cabo iniciativas. El Ministerio de Economía, por ejemplo, está ya trabajando, junto con organizaciones empresariales y cámaras de comercio, en la realización
de un diagnóstico actualizado sobre las causas que dificultan esa continuidad de los negocios y las medidas más eficaces para evitar los cierres. Además, existen instrumentos específicos de apoyo a la transmisión empresarial,
como es el Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas o la Plataforma PYME, que facilitan ese asesoramiento, ese acompañamiento y esa conexión entre quienes desean ceder un negocio y quienes quieren emprender continuando con esa actividad
que ya existe. También existen instrumentos financieros y fiscales relevantes: las líneas ICO para adquisición y continuidad de negocios, el programa de ENISA para jóvenes emprendedores, beneficios fiscales para la transmisión de empresas
familiares o mecanismos de aplazamiento y fraccionamiento tributario que facilitan ese inicio de la actividad por parte de nuevos titulares, muchas veces personas jóvenes.
Pero la principal conclusión que debemos extraer es otra: más allá de la existencia de medidas completamente necesarias, está la necesidad de coordinarlas mejor. En nuestro país las competencias están repartidas entre distintas
administraciones, y eso genera en ocasiones fragmentación, duplicidades o una cierta falta de eficacia. Por eso es importante avanzar hacia una estrategia integral y multinivel que permita ordenar esfuerzos y mejorar el impacto real de las
políticas públicas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos destacar también el papel fundamental de la formación. La modernización de la formación profesional y la generalización de esas FP duales abren oportunidades muy importantes para conectar el
sistema educativo con el tejido productivo y facilitar la continuidad de muchos pequeños negocios.
En conclusión, existe un marco de actuación importante que debemos reforzar y coordinar mejor entre todos los actores institucionales. Defender el relevo generacional es defender un empleo, que es necesario y es vital, que fomenta
equilibrios territoriales y que garantiza, además, un modelo económico más cercano y, sobre todo, más humano. Precisamente por eso creemos que esta cuestión debe ser un espacio para el acuerdo. Preservar el comercio de proximidad y evitar, a fin
de cuentas, el cierre de negocios viables tiene que ser un objetivo que compartamos todos los grupos políticos y que compartan, sobre todo, todas las administraciones públicas.
Termino ya reiterando el deseo de nuestro grupo de poder acordar de manera conjunta con el grupo proponente, con el Grupo Popular, esta PNL. Debemos evitar que una simple cuestión de matices o quizá la tentación de poder sacar algún tipo de
rédito nos impida lanzar un mensaje unitario tan positivo y tan necesario en un ámbito tan relevante, como lo es el relevo generacional de personas jóvenes en entornos rurales y urbanos en declive, permitiendo así preservar la vida en tantos pueblos
y comarcas de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, su portavoz, el señor Cofiño.
Cuando quiera.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Seré muy breve. Compartimos la preocupación por la exposición y por parte del análisis que se ha realizado en la intervención del proponente, concretamente, la preocupación por el pequeño comercio, por el futuro del trabajo autónomo y por
el mantenimiento de negocios que forman parte de la vida económica, social y del desarrollo comunitario de nuestros pueblos, barrios y ciudades.
Planteamos que un elemento clave es el refuerzo y coordinación de instrumentos que ya existen; sin embargo, otro elemento clave, como ya hemos señalado antes en otra de las proposiciones, es tener en cuenta el respeto competencial. Las
políticas activas de empleo se gestionan fundamentalmente desde las comunidades autónomas, que son quienes mejor conocen las necesidades del territorio, los sectores con más dificultades, las zonas afectadas por la despoblación o la realidad
concreta del tejido productivo local. En este aspecto, hay que tener en cuenta que las competencias autonómicas y locales ahora mismo están repartidas entre los diferentes partidos de esta Cámara; no se trata únicamente de un marco estatal, que
también tiene una importancia clave. La Ley de Empleo reconoce a las personas jóvenes como colectivo prioritario, y está ya en marcha
el Plan de Garantía Juvenil Plus 20212027. En este sentido, hay que tener en cuenta que el problema no es partir de cero, sino desplegar mejor lo que ya tenemos, evaluar el impacto, mejorar la coordinación entre las administraciones e
implicar a las entidades locales, a los agentes sociales, a las cámaras de comercio, al tejido asociativo y empresas, adaptando las medidas a cada territorio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado.
A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas o decir si transacciona o no, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SASTRE UYÁ: No aceptamos ninguna enmienda.
- SOBRE LA INCORPORACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS ACOGEDORAS ESPECIALIZADAS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002704).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al último punto del orden del día que, si ustedes recuerdan, es la proposición no de ley número tres y que al inicio de la sesión hemos decidido debatir al final. Les recuerdo que la iniciativa
es la proposición no de ley sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora
Almodóvar.
La señora ALMODÓVAR SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
Si me lo permiten, voy a utilizar algunos minutos para hacer actividad pedagógica. Me voy a referir en concreto al señor Robles, no vaya a ser que le toque intervenir después de mí y vuelva a insistir en ese argumento repetitivo que lleva a
todas las comisiones como un papagayo: que el grupo parlamentario que presenta iniciativas que instan al Gobierno somos nosotros. Evidentemente, señor Robles, evidentemente. Esta es una comisión a la que venimos a trabajar, y lo que hacemos es
proponer, debatir y orientar la actividad política y legislativa del Gobierno. Aquí de lo que se trata es de que cada uno opine según su ideología y se pueda debatir con mayor o menor acierto. Aquí no se viene a vomitar insultos ni a hablar como
si esto fuera un patio de colegio y ustedes fueran matones que amedrentan a los demás. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¡Es lo que hacen ustedes!). No, aquí venimos a trabajar y a proponer. Y yo, evidentemente, como diputada del Grupo
Parlamentario Socialista, voy a presentar una propuesta.
Esta propuesta responde a una necesidad que es ampliamente reconocida en nuestro país sobre protección a la infancia, porque lo que queremos es garantizar la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de
dedicación exclusiva. Esta iniciativa no surge de manera aislada; es la consecuencia lógica de la evolución normativa y social de nuestro modelo de protección de menores. Desde la reforma que se introdujo en 2015, nuestro ordenamiento jurídico
dejó claro que el acogimiento familiar, siempre que sea posible, debe ser prioritario frente al acogimiento residencial. Desde esta fecha, al sistema han contribuido diferentes ideologías a lo largo del tiempo. Posteriormente, se aprobó la Ley
Orgánica 8/2021, la LOPIVI, donde se refuerza este compromiso incorporando la figura del acogimiento especializado: familias con una formación, una experiencia y capacidad específicas para atender a los niños, niñas y adolescentes con necesidades
complejas, situaciones traumáticas, discapacidad, problemas de conducta o especiales circunstancias de vulnerabilidad. Hablamos, por tanto, de personas que desarrollan una labor enorme, de una responsabilidad social y emocional, de una tarea que
exige disponibilidad plena, formación específica, estabilidad y dedicación continua. En muchos casos, esta dedicación implica incluso la renuncia parcial o total al empleo ordinario para garantizar la atención integral del menor acogido, como pasa
en las familias naturales.
Quiero reiterar a la señoría Armario -como lo hicimos en el Pleno en relación con el artículo 172- que evidentemente desconocen cómo funciona el sistema de protección de menores. No siempre es posible que los menores sean acogidos por su
familia, por lo que
hay que adoptar otra serie de medidas y de acciones para que se pueda llevar a cabo. No siempre hay abuelos, no siempre hay tíos o no siempre hay primos que puedan hacer el acogimiento; es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sin
embargo, las personas que se dedican al acogimiento especializado siguen encontrándose en una situación de desprotección laboral y social que es incompatible con la importancia de esta función que ellos desempeñan. Por ello, la propuesta que se
plantea es tan razonable como necesaria: que se desarrolle reglamentariamente lo previsto en la propia ley para que se permita su incorporación efectiva al sistema de la Seguridad Social, donde se regula la afiliación, el alta y la cotización. No
estamos hablando únicamente de un reconocimiento administrativo; estamos hablando de dignidad, de seguridad jurídica y de justicia social.
Esta medida responde, además, a una serie de necesidades que son evidentes en el conjunto del territorio nacional. En primer lugar, que existe una desigualdad territorial importante en el desarrollo y en el apoyo al acogimiento
especializado entre las comunidades autónomas, porque hay una ausencia de un marco estatal claro que hay que crear para evitar las dificultades donde se consolidan modelos homogéneos. En segundo lugar, porque España necesita ampliar el número de
familias acogedoras especializadas. Muchas comunidades autónomas encuentran dificultades para captar y mantener familias que estén preparadas para asumir casos de alta complejidad, y la falta de este reconocimiento profesional y de la cobertura
social actúa como un desincentivo evidente. Además, hay falta de información y de campañas hacia la ciudadanía.
Por tanto, esta propuesta no es solo una medida laboral o administrativa, sino que es una apuesta clara por un modelo de protección infantil más humano, más eficaz y más coherente con los derechos de la infancia. Señorías, cuando una
familia abre el hogar a un menor con necesidades especiales, son los poderes públicos los que tienen la obligación de dar el acompañamiento, de protegerla y de reconocerla. Garantizar la incorporación a la Seguridad Social de las personas
acogedoras especializadas de dedicación exclusiva lo que hace es fortalecer el sistema público de protección, mejorar la atención a la infancia vulnerable y avanzar hacia una sociedad más justa y responsable.
Por todo ello, solicitamos el apoyo a esta proposición no de ley.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.
Se ha ceñido perfectamente al tiempo.
No habiéndose presentado enmiendas, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Cofiño.
Cuando quiera, diputado.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Yo quisiera empezar con el agradecimiento -como hemos hecho anteriormente cuando hablábamos de acogimiento- hacia todas las personas que han hecho acogimiento familiar en algún momento, por la generosidad que esto
supone; concretamente, en esos casos de dedicación exclusiva, donde la responsabilidad va mucho más allá de lo ordinario. Estas personas no solamente abren las puertas de su hogar, sino que reorganizan su vida entera para ofrecer estabilidad,
cuidado y afecto a menores que, en muchos casos, llegan con historias muy complicadas de sufrimiento.
La diputada Almodóvar ha expresado muy bien el espíritu de la Ley Orgánica 1/1996, que establecía que, cuando no queda más remedio que separar a un menor de su núcleo original, se debe optar, en primer lugar, por el acogimiento familiar
frente al residencial, porque la estabilidad emocional, el vínculo afectivo y la vida en un entorno familiar son factores determinantes del desarrollo de un menor. En la disposición adicional novena de la LOPIVI se establecía que,
reglamentariamente, el Gobierno habrá de determinar la forma específica de incorporación a la Seguridad Social de las personas designadas como personas acogedoras de dedicación exclusiva. Es fundamental subsanar la demora en el desarrollo
reglamentario de esta ley. Como muy bien decía la diputada Tomás, para que las leyes progresistas realmente lo sean, no solamente tienen que ser declarativas, sino que tienen que aplicarse.
Estamos totalmente de acuerdo en que hay que solventar cuanto antes esta demora, porque es una competencia estatal que nos corresponde.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Robles, del Grupo Parlamentario VOX.
Cuando quiera, diputado.
El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
Agradezco ese excurso o alegato que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista, poniéndose la venda antes de la herida, que viene a demostrar que usted sabe perfectamente que en eso que usted me achaca a mí sobre lo que yo le voy a decir -y
que no voy a repetir porque ya lo ha dicho a usted-, llevo toda la razón. ¿O es que acaso ustedes, trayendo este asunto a la comisión, pretenden hurtar el debate legislativo que se tiene que producir en el Pleno? ¿Acaso es eso lo que pretenden?
Entonces, ¿por qué dice usted que si no se discute aquí parece que no se va a discutir nunca? No hable usted de trabajar, porque no hace mucho, pasadas las elecciones europeas, trajeron a aquí una proposición para instar al voto joven en las
elecciones europeas; se acordará todo el mundo. O sea, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Esto no tiene ningún sentido.
Ustedes instan a su propio partido, y se... (La señora Almodóvar Sánchez: ¿Pero tú no opinas? ¡Da tu opinión!).
La señora PRESIDENTA: Por favor, no establezcan diálogos.
El señor ROBLES LÓPEZ: Pero bueno, ¿yo te he interrumpido a ti? No, no lo he hecho.
La señora PRESIDENTA: Diputado, puede seguir tranquilamente.
El señor ROBLES LÓPEZ: Decía que esto es totalmente inútil, que es una pérdida de tiempo completa y que, si quieren desarrollar este reglamento, que lo desarrollen y luego lo presenten por la vía formal en lugar de estar aquí discutiendo.
¿Que qué opino de esto? Pues considero que España no es una ONG y que no podemos recoger a todo el mundo. No somos una ONG, somos un Estado que tiene los límites que marca la propia materialidad de lo que poseemos: vivienda, sanidad,
educación, etcétera. Si metes a tres millones de personas en cinco años, les tienes que dar Seguridad Social, les tienes que dar escuela y les tienes que dar vivienda, y no los tenemos porque hay una cosa que es muy terca: la terca realidad. (La
señora Almodóvar Sánchez pronuncia palabras que no se perciben). ¡Haga el favor de no interrumpirme más!
La señora PRESIDENTA: Por favor.
El señor ROBLES LÓPEZ: La terca realidad nos dice que tenemos la economía que tenemos y los recursos que tenemos.
En cuanto al hecho de que las personas que acogen a estos niños desvalidos estén dadas de alta en la Seguridad Social, habrá que ver en cada caso, porque si la persona en cuestión tiene posibles, no veo por qué le van a tener que dar un
sueldo; tal vez en otros casos habría que estudiarlo. Pero como ustedes no han hecho absolutamente nada más que decir que van a indicar al Gobierno que desarrolle un reglamento y tampoco sabemos en qué va a consistir ese reglamento, esto que usted
acaba de hacer aquí es algo completamente ocioso. Lo han planteado para darse ustedes pisto de lo buenos y lo solidarios que son y lo mucho que cuidan de las personas en España, cuando estamos en la peor situación que se recuerda en toda la
historia de la democracia española.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado.
A continuación, para terminar con el posicionamiento en esta PNL, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez.
El señor PÉREZ CORONADO: Buenos días, presidenta. Muchas gracias.
Señorías del Grupo Socialista, el problema de esta iniciativa no es el título, ni siquiera su contenido; el problema de esta proposición lo tiene quien la presenta, que son ustedes, señorías del Grupo Socialista.
Quiero resumir la cuestión: ustedes traen a esta comisión una petición instando al Gobierno para que haga exactamente lo que el propio Gobierno -su Gobierno- lleva años incumpliendo. Ustedes se están riendo de esta Cámara o, lo que es
peor, de las personas acogedoras y de esa labor que hacen por los menores más desfavorecidos. Quiero refrescarles la memoria, y es que la Ley Orgánica 8/2021, aprobada hace más de cuatro años y apoyada por el Grupo Popular, ya contemplaba esta
cuestión. La disposición adicional novena establecía expresamente el desarrollo reglamentario de la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Aquí se daba el plazo de un año, no de
cuatro, no de cinco, no de una legislatura entera. El plazo era de un año, pero estamos en 2026 y no han hecho absolutamente nada. Por tanto, estamos ante un ejercicio de surrealismo parlamentario en el que el Grupo Socialista se presenta aquí
para instarse a sí mismo a cumplir una ley que lleva años incumpliendo. Mientras su Gobierno dejaba dormir este asunto en un cajón, las comunidades autónomas han sido las que han asumido la responsabilidad, y son las que han tenido que sacar
adelante el sistema de protección de menores en absoluta soledad, a pesar de ustedes.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular llevan años impulsando programas de acogimiento especializado, reforzando ayudas, apoyo técnico y modelos específicos para menores especialmente vulnerables. Pero en todo esto hay algo
todavía más grave, y es que ni siquiera explican cómo van a financiarlo, porque estamos ante un Gobierno incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Es la primera legislatura de toda nuestra democracia en la que un Gobierno no ha
presentado presupuestos generales del Estado. Es un Gobierno que vive prorrogando cuentas y, mientras anuncia nuevos derechos y nuevas obligaciones económicas, no dice quién va a asumir la factura. Y yendo a más: todo ello después de conocer que
parte de los fondos europeos de los años 2024 y 2025 se utilizaron para tapar los agujeros del sistema de pensiones. Todo esto es una absoluta vergüenza, señorías del Grupo Socialista.
El Partido Popular sí cree que hay que avanzar en la protección social, en la seguridad jurídica y en el apoyo a las familias acogedoras especializadas, por supuesto. Pero hay que hacerlo desde la verdad, con financiación, con coordinación
y con un marco claro. Y, señorías del Partido Socialista, cumpliendo con las leyes cuando nos toca, no cuatro o cinco años después.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
Habiendo terminado la sustanciación de las PNL que conformaban el orden del día, pasaremos a la votación.
Tres consideraciones. Primera, cada uno en su asiento, por favor.
Segunda, vamos a votar de acuerdo con el orden del día que teníamos previsto. Recuerden, por favor, que la del Grupo Mixto queda excluida, es la única que no vamos a votar.
Tercera, las enmiendas que se habían presentado y que estaban en estudio, ¿pueden decirme si se aceptan, no se aceptan o se vota en sus propios términos?
La señora RODRÍGUEZ SUÁREZ: Aceptamos la enmienda del PP.
La señora PRESIDENTA: ¿Era el punto del orden del día...?
La señora RODRÍGUEZ SUÁREZ: El número 2.
La señora PRESIDENTA: Bien.
¿Alguna enmienda más de la que no se hubiera aclarado su destino?
El señor PÉREZ OSMA: La séptima, que se votará en sus términos.
La señora PRESIDENTA: Perfecto.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: Estamos todos preparados.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley relativa a los proyectos socioeducativos de atención integral a la infancia y a la adolescencia y a sus profesionales como principal herramienta educativa. Del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Hay un empate, así que debe ponderarse. Ya saben ustedes que en caso de empate se pondera de acuerdo con los resultados que hubiera habido si hubiéramos votado en Pleno.
El resultado es de 160 a favor, 170 en contra y 5 abstenciones.
Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario SUMAR.
Segunda votación. Proposición no de ley sobre campañas de información y fomento del acogimiento familiar de personas menores tuteladas por las Administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se vota con la enmienda del Grupo Popular, que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 32; en contra, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la tercera votación. Proposición no de ley sobre la incorporación a la Seguridad Social de las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva. Se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Vamos a votar ahora la proposición no de ley relativa a atajar el abandono de los menores extranjeros. Del Grupo Parlamentario VOX.
Se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Seguimos con la proposición no de ley para restituir los criterios de acceso anteriores a 2020 en la convocatoria de ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para los alumnos con necesidades educativas
especiales, independientemente del grado de discapacidad que tengan. La ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 19; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Les recuerdo que el siguiente punto del orden del día ha quedado excluido de la votación.
Pasamos, por tanto, a la proposición no de ley relativa a la creación de una hucha hogar joven como instrumento de apoyo al ahorro finalista para la adquisición de vivienda habitual. Presentada por el Grupo Popular.
La votamos en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: De nuevo hemos empatado y procedemos, por tanto, a la ponderación, aunque diría que es exactamente igual que la anterior.
Serían 170 a favor, 160 en contra y 5 abstenciones.
Por tanto, queda aprobada.
Votamos la última de las proposiciones no de ley de esta sesión. Proposición no de ley para impulsar medidas que faciliten el relevo generacional y eviten el cierro de negocios. Presentada por el Partido Popular.
Se vota en sus propios términos, aunque había dos enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 35; a favor, 19; en contra, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por tanto, podemos dar el orden del día por sustanciado.
Les pido a los señores portavoces que se acerquen para un par de cosillas de funcionamiento, no es una Mesa y portavoces.
Muchas gracias a todos y a todas.
Se levanta la sesión.
Era la una y catorce minutos de la tarde.