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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 534, de 14/04/2026
cve: DSCD-15-CO-534
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 534
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN MARTÍNEZ SALMERÓN
Sesión núm. 20
celebrada el martes,
14 de abril de 2026
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001756) ... (Página2)
- Reclamando que las propuestas legislativas del Gobierno se dirijan a fortalecer la independencia judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001919) ...
- En relación con los procesos de familia con menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002794) ... (Página12)
- Relativa al desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia e impulsar la participación en formación en materia de igualdad y violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/002809) ... (Página15)
- Sobre la protección de los abogados en fases preprocesales. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002815) ... (Página20)
- Relativa a la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002817) ... (Página24)
- Relativa al refuerzo urgente de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para evitar su colapso tras la atribución de nuevas competencias en materia de delitos contra la libertad sexual. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003097) ... (Página27)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página32)
Se abre la sesión a las once y cuarenta y dos minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LOS APELLIDOS DE LAS FAMILIAS CEUTÍES DE ORIGEN MUSULMÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001756).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, comenzamos la sesión.
En principio, aunque se había planteado, no va a haber ningún cambio en el orden del día, con lo cual todas las PNL se van a debatir conforme al orden establecido. Por lo tanto, la sesión va a consistir en el debate y votación de las
proposiciones no de ley que se recogen en el orden del día.
Sin más preámbulo, para la defensa de la primera proposición no de ley, sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz por un
tiempo de cinco minutos. Les recuerdo que serán cinco minutos para la presentación y tres minutos para las enmiendas o las intervenciones.
Tiene la palabra, señora Velarde.
La señora VELARDE GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dejar claro que esta iniciativa no nace aquí, en Madrid, evidentemente. Es una propuesta que trae Podemos y que nos traslada desde Ceuta la formación de izquierda autonomista ceutí Ceuta Ya! Aunque afecta a los
musulmanes y las musulmanas de Ceuta, también afecta a los musulmanes y las musulmanas de Melilla. Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de unos cien mil afectados.
Como bien saben, no se trata de una propuesta nueva, sino que viene de un acuerdo plenario de la Asamblea de Ceuta que data del año 2016. Voy a recordar a todas sus señorías que fue un acuerdo unánime, un acuerdo que fue refrendado por el
Partido Popular, por el Partido Socialista y por el resto de las fuerzas políticas. Y todavía hoy, cada vez que este tema se aborda en Ceuta, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y el resto de las fuerzas siguen manifestando
públicamente su posición favorable a esta medida. Por tanto, votar hoy en contra, evidentemente, no sería votar solamente en contra de la proposición no de ley que trae Podemos junto a Ceuta Ya!, sino que sería votar en contra de lo que ya expresó
el conjunto del pueblo de Ceuta a través de sus representantes públicos. Pero, como ya estamos acostumbrados a las contradicciones entre lo que votan en Madrid y lo que votan en sus propias comunidades autónomas o sus asambleas, le diré que no se
puede defender una cosa en Ceuta -esto, sobre todo, va por el Grupo Popular- y votar la contraria aquí, en el Congreso. No se puede apelar a la voluntad popular cuando conviene y negarla cuando llega el momento de votar.
Además, señoría, esta iniciativa va mucho más allá de una cuestión técnica o administrativa, porque, como hemos debatido también en otras ocasiones, no estamos hablando solo de nombres y apellidos. Estamos hablando de identidad, de dignidad
y de reparar una injusticia que es histórica. Porque lo que ocurrió en los años ochenta, durante los procesos de nacionalización, no fue un simple error burocrático, sino una alteración injustificada de los apellidos de miles de familias musulmanas
ceutíes, apellidos que -lo recuerdo- en muchos casos fueron directamente usurpados. Y eso ha tenido consecuencias que llegan hasta hoy: personas que décadas después siguen sintiendo que tienen amputada una parte de su identidad, personas que
sufren en su vida cotidiana las consecuencias de esa decisión. Por eso esta medida no es solo un trámite hoy aquí, en el Congreso, ni en la Comisión de Justicia, es un acto de justicia histórica hacia una comunidad que ha sufrido discriminación
estructural durante décadas. Y, señorías, también es una cuestión de reconocimiento: hay que reconocer que el Estado se equivocó y que debe reparar ese error. Por eso es necesaria una disculpa institucional por parte de todas. No se trata
solamente,
como digo, de corregir un registro, sino de reconocer el daño causado y devolver la dignidad a quienes merecen reparación.
Desde luego, no vamos a defender que este proceso de reparación se deba hacer de manera individual. Nosotras queremos que sea un proceso colectivo, ágil y gratuito: colectivo, porque estamos ante un problema que afecta a miles de personas
y que no puede resolverse caso a caso, eternizando los procedimientos; también ágil, porque han pasado ya demasiados años, y, además, gratuito, porque hoy en día este proceso cuesta dinero y eso introduce una barrera profundamente injusta. Estamos
hablando de que, en gran medida, el colectivo musulmán en Ceuta es un colectivo humilde y, si el procedimiento es costoso, muchas personas no podrán acceder a este derecho. Entonces, lo que debería ser hoy aquí una reparación se convierte en un
privilegio para quien pueda permitírselo, y, por supuesto, eso no es justicia.
Por último, no podemos olvidar el contexto en el que estamos: vivimos en un momento en el que crecen los discursos reaccionarios, racistas y excluyentes; aquí los oímos todos los días, por desgracia. Frente a eso, no bastan las palabras,
sino que hacen falta hechos y hace falta que actuemos. Hace falta impulsar medidas como esta, que reconocen derechos, reparan las injusticias y envían un mensaje muy claro: que en nuestro país nadie sobra, que nadie debe ser estigmatizado o
estigmatizada y que todas las identidades merecen el mismo respeto. Hoy aquí, en esta comisión, tienen la oportunidad de hacer lo correcto y, por supuesto, de ser coherentes con lo que ya votaron todos ustedes en Ceuta y de estar al lado de la
justicia, la dignidad y la igualdad de todas. Por eso espero que por lo menos hoy no conviertan esto en una cuestión partidista, que cumplan con su propia palabra y que voten a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Velarde.
A continuación, como se han presentado enmiendas, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de tres minutos, empezando por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Muy brevemente. En cuanto al fondo de la cuestión, nosotros estamos de acuerdo; en lo que no estamos tan de acuerdo es en calificarlo de error histórico. Quizá fue la aplicación del ordenamiento en aquel momento y, si hay que modificarlo,
que se modifique. Y tampoco compartimos que sea un ejercicio de un derecho colectivo. El ejercicio del derecho es individual. Aunque el reconocimiento sea para un colectivo, finalmente el ejercicio es el cambio de apellidos de cada persona, no de
colectivos en bloque.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario EH Bildu. (Denegación).
¿Grupo Republicano? (Pausa).
Grupo SUMAR.
El señor SANTIAGO ROMERO: Con la venia, señor presidente.
La comunidad musulmana en Ceuta está tan arraigada o más que la población ceutí no musulmana, por lo que resulta reprobable que el reconocimiento del derecho a la nacionalidad española en democracia fuera acompañado de una grave
discriminación: el no reconocimiento de su plena identidad civil. No estamos ante un asunto administrativo o una cuestión registral, sino ante una necesidad de justicia histórica hacia esta comunidad, que ha sufrido una clara discriminación
política. Y destacamos el amplio consenso político y social que ha acompañado a esta iniciativa, como conocemos, aprobada por unanimidad en el año 2016 en la Asamblea de Ceuta, instando a modificar la normativa del Registro Civil para permitir que
a estas familias se les reconocieran sus apellidos originales. No reconocer los apellidos originales es una afectación al derecho al nombre y a los apellidos, a uno de los elementos esenciales de la identidad jurídica de la persona. Así lo
reconoce nuestro ordenamiento en el artículo 50 de la Ley del Registro Civil y también lo señala el Tribunal Constitucional, al decir que los derechos de la personalidad deben interpretarse siempre situando la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad en el centro del sistema jurídico. Y, de igual forma, lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para el cual la relevancia del nombre y la identificación de la persona en la sociedad son básicos.
La imposición administrativa de apellidos ajenos a la tradición familiar no tiene una justificación jurídica posible. Creemos que es un comportamiento supremacista y racista. ¿Motivado por qué? Porque había un colectivo socialmente
mayoritario que dominaba las instituciones y que impone sus costumbres
culturales de forma arbitraria, provocando una grave colisión con la cultura e identidad del colectivo minoritario. Lo ocurrido en Ceuta en los años ochenta no fue una disfunción aislada, fue una práctica administrativa sistemática que
alteró los apellidos de miles de personas y afectó de manera específica a una comunidad por razón de su origen. Desde el punto de vista constitucional, es una actuación contraria al artículo 14 de la Constitución, que proscribe la discriminación y
garantiza la igualdad. Y el origen de esta discriminación está en la propia actuación de los poderes públicos, con lo cual el derecho claro que impone una obligación clara: no basta con cesar la conducta, es necesario reparar los efectos. No es
suficiente que exista un procedimiento ordinario para modificar apellidos si este en la práctica es inaccesible o desproporcionadamente gravoso, porque, como señala el Tribunal Constitucional, los derechos no pueden quedar vacíos de contenido por
obstáculos formales o administrativos. Si la vulneración fue colectiva, entendemos que la respuesta sí puede ser colectiva para reparar la injusticia.
En todo caso, el establecimiento de un procedimiento extraordinario es una exigencia derivada de la obligación de garantizar una tutela efectiva de los derechos y quizás lo más importante no es si es colectivo o individual. En cualquier
caso, nosotros vamos a votar a favor, porque no se puede ser indiferente ante una injusticia histórica generada por la propia Administración y tenemos la obligación de corregirla.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Carlos Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, hay personas que se dedican a procurar una solución para cada problema y personas que se dedican a buscar un problema para cada solución, y parece evidente por esta PNL que sus señorías de Podemos pertenecen a este segundo grupo.
Cuando a mediados del siglo pasado España concedió la nacionalidad a apátridas de origen bereber asentados en Ceuta, se optó, a falta de una normativa nacional de su país de procedencia a la que acogerse porque eran apátridas, por proveer de
apellidos a los nuevos nacionalizados usando los patronímicos de su padre y de su abuelo. Esa fue la solución. ¿Fue un problema especialmente grave? No me lo parece.
Entre los apellidos más comunes de España están García, Rodríguez o López, porque son descendientes de un Garcés, de un Lope o de un Rodrigo. Y lo mismo les pasa a los suecos que se llaman Andersson o Andersdotter o Johansson, o a los rusos
que se llaman Vladímir Vladímirovich o Boris Nikoláyevich, porque son hijos de Vladímir o de Nikolay. Desde luego, repito, no resulta particularmente grave, toda vez que estábamos aplicando una ley razonable enraizada en nuestra tradición y lo
estábamos haciendo ante la ausencia de una legislación nacional de los apátridas que iban a adquirir la nacionalidad española.
¿Es un problema especialmente urgente? Tampoco me lo parece, dado que, al parecer, la práctica data de los años ochenta del siglo pasado y, como he podido comprobar, la PNL de Podemos lleva más de un año en el cajón, ya que se registró en
el mes de febrero de hace un año. ¿Por qué hay prisa ahora? ¿Es que, en ausencia de guerras en Irán o en Gaza, es necesario traer alguna cosa para entretenernos?
¿Es un problema susceptible de resolverse con una PNL como esta? Pues ni mucho menos. Para empezar, la PNL de Podemos está escrita con los pies. Señora Velarde, no hay personas de origen musulmán porque musulmán no es una etnia, sino una
religión que uno abraza un día y a la que uno renuncia -eso espero- cualquier otro día. Señora Velarde, nadie puede ser apátrida en su propia tierra; si eres apátrida es porque esta no es tu tierra.
Señora Velarde, el cambio de nombre en el Registro Civil es un trámite gratuito. Pero, aunque la hubiera redactado el mismísimo Cervantes, tampoco se entiende. No se entiende que los proponentes hayan optado por presentar una PNL en lugar
de acometer directamente una reforma del Código Civil, artículo 109; de la Ley del Registro Civil, artículos 49 o 57; o del Reglamento del Registro Civil, artículos 192 a 219 y 365. Aprovechen que el Gobierno de España depende de sus votos y
háganlo, a menos que, repito, presentar una PNL resulte mucho más sencillo. Yo pongo la idea y otros que la articulen normativamente.
Señorías, nuestras leyes establecen razonablemente que el extranjero con filiación determinada que adquiere la nacionalidad española ha de inscribirse en el Registro Civil español con los apellidos fijados por tal filiación, según las leyes
españolas; que un extranjero naturalizado español puede conservar los apellidos que le identificaban legalmente por aplicación de su ley personal anterior siempre que lo solicite en el acto de adquisición de la nacionalidad española o dentro de los
dos meses siguientes a la mayoría
de edad, y que solamente procede el cambio si hay una causa justificada, entendiéndose entre ellas la recuperación de un apellido familiar o histórico que se haya perdido, la corrección de errores ortográficos o administrativos o la
adaptación de apellidos extranjeros a la normativa española. Nuestra normativa ya permite los cambios de apellidos individuales. Y, en cuanto a los colectivos, señora Velarde, el nombre es un derecho individual, es un derecho de la persona, no de
los colectivos. No hay procesos colectivos de cambio de nombre, y menos todavía procesos colectivos de cambio de nombre que empiecen con una petición de perdón o de disculpas por parte de España. España concedió a estas personas la nacionalidad
española en los años cincuenta y siguientes.
El señor PRESIDENTE: Señor Flores, debe ir concluyendo.
El señor FLORES JUBERÍAS: Estoy seguro de que todos ellos, gente de bien, lo agradecieron en su momento, décadas antes de que Podemos hubiera reparado en su mera existencia. Bien está la cosa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a votar a favor de esta iniciativa. Aunque, en sus términos, no es la que hubiésemos presentado, creemos que da respuesta a una demanda de buena parte de la sociedad ceutí, porque, como ha dicho la proponente, en 2016 hubo consenso al
respecto.
Nosotros creemos que la convivencia es un gran valor de los ceutíes y las ceutíes. A lo largo de los años, en la ciudad de Ceuta han convivido miles de personas con orígenes diferentes, religiones, etnias y prácticas culturales y esta
situación ha provocado que, por diferentes motivos, se hayan llevado a cabo a lo largo de la historia distintos procesos administrativos excepcionales para favorecer la convivencia y también la lucha contra la discriminación, tal y como establece la
Constitución. Prueba de ello es el proceso de nacionalización que se produjo en los años ochenta bajo un Gobierno socialista y que conllevó esta concesión de nacionalidad a miles de personas de Ceuta y de Melilla tras una serie de cambios en la
legislación vigente. Es verdad que lo que en su momento simplificó y ayudó a realizar el trámite administrativo con rapidez, a la larga ha podido provocar una serie de problemas para muchos ciudadanos al perder la identidad familiar que conceden
los apellidos. Los artículos 53, 54 y 55 de la Ley del Registro Civil permiten el cambio de apellidos y de identidad de manera expresa y de forma gratuita y creemos que esta PNL es una buena manera de poner sobre la mesa esta problemática.
Nosotros también consideramos que sería mejor un proceso individual y no colectivo, pero, con todo y con eso, creemos que, por su espíritu, la PNL merece ser aprobada.
Me gustaría acabar diciendo que es necesario articular una fórmula para que las personas que así lo deseen puedan cambiar sus apellidos de manera ágil, con la menor cantidad de trabas burocráticas posibles y de forma gratuita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aranda.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Javier Celaya.
El señor CELAYA BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Velarde, como usted misma ha relatado en su exposición de motivos, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad, en febrero de 2016, instar al Gobierno de España a permitir que las familias musulmanas pudieran recuperar sus apellidos
originales a través de un procedimiento extraordinario. En aquel momento, el Partido Popular gozaba de mayoría absoluta en la Asamblea de Ceuta y, si estuvimos de acuerdo entonces, ya puede imaginar que lo seguimos estando ahora. Se trata de una
cuestión sensible porque atañe a la identidad personal y familiar y a los sentimientos de nuestros conciudadanos, que vamos a seguir apoyando. No obstante, quisiera precisarle algunos datos erróneos de su exposición y aclarar a la Comisión de
Justicia cómo se llegó a esta situación.
La tradición en la onomástica árabe andalusí y magrebí utilizaba seis nombres para designar a una persona: el nombre propio, el nombre del padre, el nombre del abuelo paterno, el nombre familiar, que equivale a nuestro apellido, el nombre
de la cabila o tribu y, finalmente, un apodo que servía para halagar o ridiculizar a la persona o vincularla a su profesión u oficio. Por ejemplo, el famoso Almanzor del Califato de Córdoba ha pasado a la historia por su apodo al-Mansur, que
significa 'el victorioso con la ayuda de
Dios' (el señor Aranda Vargas: ¡Como el Cid Campeador!), aunque realmente se llamaba Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al-Maafiri al-Mansur. Por contra, en España, el Registro Civil, creado en 1870, fijaba la estructura de nuestros nombres en
uno o dos nombres de pila, apellido paterno y apellido materno. Esto provocó que los primeros musulmanes residentes en Ceuta o Melilla, encuadrados en unidades militares al servicio de España, como los Tiradores del Rif de finales del siglo XIX o
los Soldados de Regulares de inicios del siglo XX, fuesen registrados con su nombre propio, el nombre del padre y el nombre del abuelo paterno. Esta situación se perpetuó con la tarjeta de estadística de población marroquí en Ceuta y Melilla, y
cuando se produjo, a finales de los años ochenta, el proceso de nacionalización de esa población de origen árabe-bereber, simplemente se trasladaron a los DNI los nombres que ya figuraban en las tarjetas de estadística. No hubo un error histórico o
una injusticia colectiva, como ustedes argumentan, sino una actuación administrativa que pretendía ajustar a la normativa del Registro Civil español la realidad compleja de una procedencia cultural diferente. Si alguien quiere disculpas, que se las
pida, en todo caso, al PSOE que gobernaba en aquellos años.
Evidentemente, los efectos de acumular apellidos, que son nombres propios, han generado situaciones como que en Ceuta haya 1731 personas que se apellidan Mohamed Mohamed, muchas de las cuales también se llaman Mohamed, por ser un nombre
especialmente popular entre los musulmanes, ya que evoca al profeta Mahoma. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular considera que el Gobierno del que ustedes formaron parte cuatro años debe comprometerse a solucionar esta situación, ofreciéndoles
facilidades a los ciudadanos ceutíes de la comunidad musulmana que deseen recuperar sus apellidos familiares.
El señor PRESIDENTE: Señor Celaya, debe terminar.
El señor CELAYA BREY: Por eso solicitamos votar la PNL por puntos, para poder apoyarla en lo fundamental. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Celaya.
Señora Velarde, ¿en qué términos quiere que se vote su iniciativa?
La señora VELARDE GÓMEZ: En sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: ¿En sus propios términos? (Asentimiento).
- RECLAMANDO QUE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS DEL GOBIERNO SE DIRIJAN A FORTALECER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001919).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, reclamando que las propuestas legislativas del Gobierno se dirijan a fortalecer la independencia judicial, del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en esta comisión, el señor Fernando De Rosa, por un tiempo de cinco minutos.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señorías.
La justicia ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez y la respuesta del Gobierno es la de siempre: atacar a los jueces. Es muy grave. El ministro Bolaños debería dimitir hoy mismo tras su nuevo acoso a la justicia. (Aplausos). ¡Basta
ya! El ministro de Justicia no está para socavar el Estado de derecho. (El señor Aranda Vargas: ¡Empieza la fiesta!). En democracia, quien ataca a los jueces cuando no le gustan las decisiones está cuestionando el Estado de derecho. Es lo que
lleva haciendo mucho tiempo el sanchismo en su último intento de huir de la justicia. Lo que tiene que hacer el Gobierno es colaborar con la justicia y asumir sus responsabilidades en lugar de acosar a la justicia y victimizarse.
Señorías, en la presente legislatura vivimos una expansión desordenada e insaciable del Poder Ejecutivo, expansión que amenaza gravemente con dejar en nada nuestra separación de poderes y nuestro sistema de contrapesos. Por eso tenemos el
deber democrático de garantizar esta separación y respetar las reglas de control de la acción del Gobierno. Durante estos ocho años de Gobierno sanchista todas las propuestas de reformas legislativas referentes al Poder Judicial, instadas por el
Gobierno o por el Partido Socialista, han ido dirigidas a atacar la independencia judicial, provocando un peligroso desequilibrio entre los poderes del Estado.
Señorías del Grupo Socialista, ustedes se dedican a difundir un relato falso sobre la realidad sociológica -incluso ideológica- del Poder Judicial. Ustedes saben que es falso hablar de casta judicial, de desequilibrio de género, de ideas
franquistas. Eso no se corresponde con los propios informes del Consejo General del Poder Judicial. (El señor Aranda Vargas: ¡Qué pereza!). Además, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el acceso a la carrera judicial
y fiscal sigue un modelo de oposición libre y objetivo, cuyo prestigio ha sido reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Gracias a este sistema exitoso, los jueces y fiscales han accedido a sus funciones exclusivamente sobre la base
de su talento, su esfuerzo y su dedicación, sin interferencias externas ni condicionamientos ajenos al derecho. Por eso el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley, en defensa del Estado de derecho y, sobre todo, de la independencia
del Poder Judicial, de la dignidad de la función jurisdiccional y de la autonomía del Ministerio Fiscal, y porque es necesario garantizar la profesionalidad, la solidez e independencia de jueces y fiscales.
Señorías, hemos escuchado cómo el Gobierno ha intentado coaccionar al Tribunal Supremo y condicionar al Tribunal Constitucional. Para nuestra decepción, hemos escuchado a la fiscal general del Estado, a la señora Peramato, negarse a
condenar esos ataques al Poder Judicial (un señor diputado: ¡Qué vergüenza!), aunque ya le advertimos en su comparecencia en esta misma comisión que su obligación era cumplir su promesa de defender el principio de legalidad, como exige su estatuto
orgánico. Pues bien, lo está incumpliendo. La independencia del Poder Judicial es uno de los principios fundamentales que debe perseguir toda democracia. Así lo dice la propia Comisión de Justicia de la Unión Europea. Es inaudito que el Gobierno
haya pactado con sus socios la persecución de los jueces aceptando el lawfare, es decir, admitiendo que la justicia española actúa por móviles políticos; sin duda, para ponerse la venda antes de la herida, previendo la porquería que está saliendo
en los juicios iniciados en el Tribunal Supremo, que ha sentado en el banquillo al sanchismo que nos gobierna desde el año 2018. Da mucho asco todo lo que estamos escuchando y leyendo.
Esta claudicación del socialismo va en contra de lo declarado por el Consejo de Europa y por la Comisión de Justicia de Bruselas; va en contra de lo que han manifestado las asociaciones de jueces tanto españolas como europeas y
latinoamericanas, las asociaciones de fiscales, los letrados de la Administración de Justicia y miles de abogados y procuradores. Históricamente, la justicia ha sido la que ha derribado los muros de la desigualdad, la que ha garantizado la libertad
y la que ha hecho frente a la tiranía. Por eso la quieren encerrar en un lado del muro y, así, poder imponer un modelo social basado en un derecho populista sometido a la voluntad política. Pero España es un Estado democrático, es un Estado
social, es un Estado de derecho, como dice el texto constitucional. Por eso no hay muros que puedan contener los valores y los principios de la mayoría de los ciudadanos, que nos consideramos libres e iguales ante la ley.
Señorías, por eso es necesario que hoy nos pronunciemos sobre cuáles son los principios fundamentales que debe perseguir todo Estado de derecho. Para el Partido Popular es el rechazo a los ataques al Poder Judicial, la despolitización de la
Fiscalía, la separación efectiva de poderes y el fortalecimiento institucional. Y para ustedes, ¿cuáles son?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Rosa.
Ya que creo que los portavoces son suficientemente claros a la hora de explicar sus planteamientos de una manera u otra, pido a todos los integrantes de los grupos parlamentarios que no los glosen con comentarios que creo que son
innecesarios; lo digo para el respeto al decoro y al funcionamiento de la comisión. (El señor Aranda Vargas: Eso es como pedir peras al olmo).
A continuación, ¿Grupo Mixto? (Denegaciones).
¿Grupo Vasco EAJ-PNV? (Denegaciones).
¿Por el Grupo Junts per Catalunya? (Denegaciones).
Por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, gràcies president.
Bon dia.
Només per manifestar el meu absolut acord amb el que ha dit el senyor portaveu del PP.
Gracias, presidente.
Buenos días.
Solo quisiera manifestar mi absoluto acuerdo con lo que ha dicho el señor portavoz del PP.
Da mucho asco todo lo que estamos escuchando y viendo.
Efectivament, fa molt de fàstic. Fa vergonya que el Partit Popular es planti aquí a defensar la independència del poder judicial. És l'unicorn de l'Estat espanyol això de la independència del poder judicial. I a mi em sembla que portem ja
tants anys de sentències manifestament injustes, que per cert, és un tipus del Codi Penal i aquí ningú ha aplicat. Ningú no ha sancionat cap dels jutges i jutgesses que han estat manifestament dictant sentències injustes que quasi fa riure. Jo no
pensava intervenir, però és que de veritat, l'insult a la intel·ligència que es perpetren aquí dia rere dia. Arriba un moment que no saps si riure o plorar. Jo sí que sé el que hem de fer, en el meu cas és marxar tot lo ràpid que puguem, però a
través d'una voluntat democràtica, evidentment.
Mirin, la colonització del poder judicial per estructures vinculades a la dreta i l'extrema dreta i per lobbys de poder està absolutament demostrada. Absolutament. I d'això en donen fe tots els titulars de tots els diaris de cada dia.
Pilar soy yo, sí. Bon dia.
Es cierto, da mucho asco, da vergüenza que el Partido Popular se plante aquí a defender la independencia del Poder Judicial. Es el unicornio del Estado español esto de la independencia del Poder Judicial. Y me parece que llevamos ya
tantísimos años de sentencias manifiestamente injustas -que, por cierto, es un tipo en el Código Penal- y que nadie haya sancionado a ninguno de los jueces o juezas que han dictado manifiestamente sentencias injustas... Es que casi da la risa. Yo
no quería intervenir, pero es que lo cierto es que el insulto a la inteligencia que se repite aquí todos los días hace que una no sepa si reírse o llorar. En cualquier caso, tenemos que marcharnos cuanto antes, pero a través, evidentemente, de una
voluntad democrática.
Mire, la colonización del Poder Judicial por estructuras vinculadas con la derecha, la extrema derecha y por lobbies de poder está absolutamente demostrada, del todo. Y dan fe todos los titulares de todos los periódicos de todos los días...
(El señor Sánchez García: Pilar). Pilar soy yo, sí, bon dia. (Rumores.-Varios señores diputados chistan pidiendo silencio.-El señor Aranda Vargas: Deja hablar).
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Aprofito per significar que el senyor diputat de VOX sap el meu nom, la qual cosa m'omple. M'omple d'un gran orgull saber que com a mínim saben el meu nom. Em podran cridar el dia que vulguin fer-me alguna
cosa.
Aprovecho para significar que el señor diputado de VOX sabe mi nombre, lo cual me llena de orgullo. Por lo menos sabe mi nombre. Así que el día que me quieran hacer algo ya sabrán a dónde hay que dirigirse. (El señor Sánchez García:...
demostrado por ti).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Vallugera.
Señor Sánchez García, le llamo al orden por primera vez por interrumpir a una parlamentaria en el uso de la palabra. (El señor Sánchez García: Diga a esta señora que no insulte a las instituciones del Estado en su presencia, señor
presidente.-La señora Velarde Gómez: No tiene el uso de la palabra, a ver si lo entiende ya.-Rumores). Señoría, usted podrá intervenir en nombre de su grupo cuando tenga su turno. Por favor, vamos a respetar. No voy a entrar en debate, haga uso
de sus facultades... (El señor Sánchez García: Haga uso usted de las suyas y reprima las intervenciones de esta señora.-Risas.-Protestas). Le llamo al orden por primera vez. (La señora Velarde Gómez: Eso es lo que queréis vosotros, reprimirlo
todo).
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Em sembla que ha quedat bastant palès que la intenció és de repressió de les manifestacions i, suposo que, posteriorment, de la senyora en sí. Però això ja seria, ja seria futurible.
Jo el que anava a dir bàsicament és que havent estat demostrat això, sobta també, per exemple, la coincidència de casos quan es planteja el cas Gürtel. Durant 10 anys ha estat investigant, o el que esquitxen, immediatament es
contraprogramen els poders de l'Estat espanyol, de la justícia de l'Estat espanyol. Per tant, és a dir, no creguin que tots som idiotes, el que passa és que al final és tan gros que no tens paraules per descriure-ho. No tens paraules per descriure
la situació absoluta de fallida dels principis democràtics d'aquest Estat.
Deixi'm acabar dient, perquè crec que és necessari fer-ho, que hi han molts jutges i jutgesses dels nivells més baixos de la judicatura que fan la seva feina d'una manera absolutament íntegra i absolutament
honesta. El que ha de fer el sistema és permetre que aquests advocats arribin a la cúpula del poder i aleshores potser sí que serà independent.
Moltes gràcies.
Me parece que ha quedado bastante patente que la intención es reprimir las manifestaciones y luego, posteriormente, me imagino que a la propia señora, pero esto ya sería un futurible.
En cualquier caso, lo que iba a decir es que, habiendo demostrado lo que he dicho, choca bastante que coincidan casos cuando se plantea el caso Gürtel -durante diez años se ha investigado- o el caso Kitchen, pues inmediatamente se
contraprograman los poderes del Estado español en la justicia. Y, bueno, no se crean que todos somos idiotas, pero es que al final todo esto es tan gordo que no tenemos palabras para describirlo, no tenemos palabras para describir la situación de
fallida absoluta de los principios democráticos en este Estado.
Y quiero terminar -porque me parece necesario- diciendo que hay muchos jueces y juezas de los niveles más bajos de la judicatura que hacen su trabajo de una forma completamente íntegra y honesta. Lo que tiene que hacer el sistema es
permitir que estos juristas lleguen a la cúpula del poder. Y entonces, tal vez, sí será independiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vallugera.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra el señor Pisarello.
El señor PISARELLO PRADOS: Sí, president. Moltes gràcies.
En la mateixa línia que la meva companya d'Esquerra Republicana, aquesta comissió s'assembla a un compte d'Augusto Monterroso, cada cop que ens despertem tenim un dinosaure i una proposició del Partit Popular sobre la independència del poder
judicial, que sempre ens recorda això de diguem de que presumeixes obsessivament i et diré que és el que t'està mancant. Perquè des de la mateixa transició, Alianza Popular en el seu moment i el Partit Popular no han sigut els grans valedors de la
independència judicial, sinó més bé de la dependència judicial, de les herències del franquisme i dels poders econòmics vinculats, efectivament, al franquisme.
El Partit Popular i els seus antecessors van intentar per tots els mitjans que l'Audiència Nacional, que la Sala Penal del Tribunal Suprem per la porta del darrera actués com si fos una mena de tribunal d'ordre públic de l'època del
franquisme, fent una cosa elemental: absolent les pròpies corrupteles i, alhora, bloquejant el Consell General del Poder Judicial i fent servir les altes esferes del poder judicial per perseguir els seus adversaris. A mi em costa molt pensar com
pot defensar la independència del poder judicial, un partit que ha fet un encàrrec als seus jutges amics que no veuen la mà de la senyora Dolores de Cospedal en casos com Kitchen i que, en canvi, retorcen la llei de manera obscena per perseguir de
manera ignominiosa a Begoña Gómez, la dona del president del Govern, que no aplica l'amnistia als dirigents independentistes quan ho han de fer. Que persegueixen sense cap tipus de contemplacions a activistes anarquistes, d'esquerres,
independentistes i de tot tipus.
Miri, senyoria, jo el que el que crec és que la independència del poder judicial exigeix la independència dels poders de l'Estat, d'acord, però exigeix també la independència del poder econòmic. El poder econòmic, i per tant, de la mateixa
manera que quan parlem de separació de poders, no ens hem d'oblidar que també hem de parlar de la separació entre el poder judicial i el poder econòmic. I això ni el Partit Popular ni VOX ho poden garantir perquè estan travessats, com dic, per les
pitjors herències del franquisme, perquè estan travessats per la connivència amb molts d'aquests poders econòmics concentrats que venen de molt lluny. I mentre no es produeixin canvis en aquest sentit, com en el conte de Monterroso, ens aixecarem
parlant d'independència. Però com deia la meva companya d'Esquerra Republicana, això només es podrà garantir si, efectivament es pren seriosament a molts dels jutges i jutgesses ordinaris que batallen perquè això sigui possible i que la mateixa
ciutadania ho exigeixi clarament per aquests canvis es produeixin.
Muchas gracias, presidente.
En la misma línea que mi compañera de Esquerra Republicana, esta comisión parece un cuento de Augusto Monterroso. Cada vez que nos despertamos hay un dinosaurio y una propuesta del Partido Popular sobre la independencia del Poder Judicial.
Y nos viene recordando dime de qué presumes y te diré de qué careces de una forma obsesiva. Desde la propia transición de Alianza Popular en su momento
y el Partido Popular no han sido los grandes valedores de la independencia judicial, sino más bien de la dependencia judicial de la herencia del franquismo y de los poderes económicos vinculados de forma efectiva con el franquismo
El Partido Popular y sus antecesores intentaron por todos los medios que la Audiencia Nacional y que la Sala Penal del Tribunal Supremo actuaran por la puerta de atrás como si fueran una especie de tribunal de orden público de la época del
franquismo. Y lo hicieron haciendo algo elemental: absolviendo las propias corruptelas y bloqueando al mismo tiempo el Consejo General del Poder Judicial y utilizando las altas esferas del Poder Judicial para perseguir a sus adversarios. A mí me
cuesta mucho pensar cómo puede defender la independencia del Poder Judicial un partido que ha encargado a sus jueces amigos que no vean la mano de la señora Dolores de Cospedal en casos como la Kitchen, y en cambio retuercen la ley de forma obscena
para perseguir ignominiosamente a Begoña Gómez, a la esposa del presidente del Gobierno; que tampoco aplican la amnistía a los dirigentes independentistas cuando deben hacerlo y que persiguen sin ningún tipo de contemplaciones a activistas,
anarquistas de izquierdas, independentistas y de todo tipo.
En fin, yo señorías lo que creo es que la independencia del Poder Judicial exige la independencia de los poderes del Estado, sí, pero también exige la independencia con respecto al poder económico. Por lo tanto, al hablar de separación de
poderes no debemos olvidarnos de que también tenemos que hablar de la separación entre el Poder Judicial y el económico, y esto ni el Partido Popular ni VOX lo pueden garantizar, porque están atravesados, como decía, por las peores herencias del
franquismo, porque están atravesados por la connivencia con muchos de estos poderes económicos concentrados y que vienen de muy lejos. Y mientras no se produzcan cambios en este sentido, pues, como en el cuento de Monterroso, nos levantaremos
hablando de independencia, pero, como decía mi compañera de Esquerra Republicana, esto solo se podrá garantizar si efectivamente se toma en serio a muchos de los jueces y juezas ordinarios que batallan por que esto sea posible y sin que la propia
ciudadanía lo exija claramente y así se produzcan cambios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pisarello.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Juan José Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, oídas las barbaridades que acabamos de oír, quiero decir a las señorías del Grupo Popular que obras son amores y no buenas razones. Esta PNL del Grupo Popular apela a la independencia judicial como pilar del Estado de derecho. Bien,
muy bien. El artículo 117 de la Constitución lo dice con claridad: los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero cuando bajamos al papel, a la realidad, lo que nos encontramos no son principios o razones, sino las obras, y esas
obras que darían causa a esa reivindicación de independencia judicial, en definitiva, no se están haciendo. Hay un déficit de esas obras y hay un responsable de esas obras, que es el bipartidismo, porque mientras se reivindica la independencia
judicial con buenas razones, se sigue manteniendo el sistema de reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y lo más grave, el propio Partido Popular y el bipartidismo negocian los órganos judiciales no tan solo en España, sino fuera de España,
en Bruselas, con sus socios y aliados socialistas -González Pons dixit, no lo digo yo-, con intermediarios ajenos a la nación española y bajo la excusa de supuestas presiones europeas. Presiones europeas, curioso, porque esas mismas presiones no
parecen existir cuando se trata de cumplir con algo tan elemental como aprobar unos presupuestos.
Pero hay más. Ayer mismo asistimos a un episodio especialmente grave: no ya a la crítica de una resolución judicial, sino a la descalificación pública de un juez por hacer su trabajo por parte del mismísimo ministro de Justicia, el mismo
ministro que negocia con el Partido Popular -insistimos, en Bruselas, fuera de España- el reparto del Consejo General del Poder Judicial. Y no es solo eso, es la insinuación de que otros tribunales deberían corregir lo actuado. Es una escena que
recuerda más a esa cabeza de caballo de la película de Francis Ford Coppola que a un Estado de derecho. No hace falta decir más. Todos entienden el mensaje, la advertencia del ministro de Justicia, ese mismo ministro de Justicia, insistimos, con
quien el Partido Popular pacta y ha pactado.
La independencia judicial no se proclama solo en los discursos ni se negocia en los despachos fuera de España; se defiende con hechos, se defiende con obras. Es básico y prioritario defender en la carrera judicial los principios de
concurso, mérito y capacidad y su independencia, claro que sí. Hoy, sinceramente, esos hechos y esas obras no están.
Señorías del bipartidismo, nos han llevado a esto ustedes, que proclaman una cosa y hacen la distinta. En definitiva, obras son amores y no buenas razones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aizcorbe.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Raúl Díaz Marín.
El señor DÍAZ MARÍN: Muchísimas gracias, presidente, señorías.
En la mañana de hoy el Grupo Popular se ha puesto el traje de Montesquieu, con el que parece que nos vienen a aleccionar a todos sobre la separación de poderes, y es curioso, porque ellos no suelen respetar ninguno: han pervertido el Poder
Legislativo hasta el punto de convertir el Senado en una especie de frontón donde solo juegan ellos y el diputado Feijóo anuncia en el Congreso aquellas comisiones que se van a crear en la Cámara Alta. En cuanto al Poder Ejecutivo, claro, como
ustedes no gobiernan porque no quieren, supongo que aquí tampoco tienen mucho que aportar. Entonces, al no poder dar lecciones ni en el ámbito del Poder Legislativo ni del Ejecutivo, envidan ustedes a grande y hablan del Poder Judicial. Pero, es
que justamente hoy, a esta misma hora, esta misma mañana, está declarando en la Audiencia Nacional el señor Cosidó por la corrupción del Partido Popular en Interior. (Aplausos). Y sigue resonando, especialmente en la mañana de hoy, aquella frase
que a ustedes, señorías del PP, les perseguirá siempre, lo de controlar la Sala Segunda del Supremo desde la parte de atrás, ¿verdad? (Aplausos). Por cierto, creo que este señor sigue militando en el PP.
Por tanto, no apoyaremos esta proposición no de ley hueca y carente de fundamento jurídico, pero no la apoyaremos más que nada porque quien la propone es quien no la cumple. De hecho, podemos ir refutando su petitum en el texto de la
proposición. Dicen que el primer paso para conseguir romper un Estado de derecho es debilitar el Poder Judicial, y yo les pregunto: cuando bloquean ustedes sistemáticamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada vez que pasan a
la oposición, ¿es fortalecer o es debilitar el Poder Judicial? Cuando sus senadores en una sesión de control, o el autodenominado 'canoso mentiroso' (sic), adelantan autos y sentencias en las redes sociales y en el Diario de Sesiones, ¿eso es
debilitar o es fortalecer al Poder Judicial, señorías del PP?
Dicen después que no respetar la división de poderes es algo que va en contra de la democracia, pero si ustedes, señorías, cuando no ostentan el poder, inician una campaña de deshumanización del adversario, como han intentado hacer con Pedro
Sánchez, al que reconocen legalidad, pero no legitimidad. Desde luego, si hay algo que no ensancha, sino que estrecha la democracia y las costuras de nuestro Estado de derecho son sus manifestaciones trufadas de ultraderecha.
¿Saben, sin embargo, cómo sí se puede ayudar a la independencia de los poderes, en concreto a la independencia judicial? Por ejemplo, multiplicando por dos las plazas de jueces y fiscales, como ha hecho este Gobierno; poniendo becas (la
señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben.-Varios señores diputados chistan pidiendo silencio) para democratizar el acceso a la carrera judicial y fiscal y a los LAJ. Por cierto, cómo son ustedes, señorías del Grupo Popular, con las
becas: cuando están en el Gobierno las recortan, pero cuando están en la oposición las desprestigian.
Aunque nosotros ya, sinceramente, nos conformamos con que ustedes faciliten la práctica de la prueba judicial no destruyéndola a martillazos para intentar ocultar su corrupción (Risas); no teniendo un ministro de Interior afilador -la
Fiscalía te lo afina, que dijo el señor Fernández Díaz, que creo que también sigue militando en el PP-; no insultando a los jueces, que es lo que ustedes hacen. Creo que siguen teniendo un diputado en esta misma Cámara que llamó al juez Pedraz
pijo ácrata y acusó al juez De Prada de dictar sentencias por rencor y ser amigo de los proetarras. O su flamante eurodiputado, el señor González Pons, que dijo que el cáncer del Estado de derecho se llama Tribunal Constitucional. (Protestas).
Con esto acabo. Aquí lo tienen fácil: renovemos el tercio del Tribunal Constitucional que tiene el mandato caducado y bloqueado en el Senado. Nada ayudaría más a dar prestigio y dignificar nuestras instituciones que cumplir con este
mandato constitucional. Quizá desde ahí sí que puedan empezar a dar alguna lección.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Marín.
¿El grupo proponente quiere que se vote en sus términos o por puntos?
El señor DE ROSA TORNER: En sus términos.
Gracias.
- EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE FAMILIA CON MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002794).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la proposición no de ley en relación con los procesos de familia con menores, del Grupo Parlamentario Vasco.
Interviene, como proponente, el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Intervendré brevemente. Es nuestro propósito mantener una llama viva en la agenda parlamentaria de la afección en los derechos de los menores que supone el requisito de procedibilidad introducido por la Ley Orgánica 1/2025 cuando se ven
inmersos en los conflictos entre sus progenitores, como consecuencia de rupturas inamistosas o de discrepancias en el ejercicio de la patria potestad.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco no pone en duda ni cuestiona con carácter general el requisito de procedibilidad como sistema para mitigar la conflictividad ante la jurisdicción y promover soluciones dialogadas sin comprometer
derechos sustantivos. Por eso, nuestro grupo votó favorablemente la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025. Sin embargo, señorías, tengo que decir que no podemos desconocer las peculiaridades singularmente emocionales que presentan los
procedimientos contenciosos de familia. Son casi siempre situaciones de duelo en las que, en no pocas ocasiones, se practica un vandalismo emocional agravado cuando en él se ven envueltos los menores.
Señorías, el filtro racional que con carácter general puede suponer el requisito de procedibilidad para propiciar acuerdos tempranos que eviten la apertura de procedimientos contenciosos, sin embargo, en los procedimientos contenciosos de
familia -que, como todos conocemos, en muchas ocasiones, son conflictos emocionales envenenados- la presencia de menores reclama no dilatar estas situaciones de alta conflictividad, porque se expone a los menores a situaciones perjudiciales de
incertidumbre que los desprotege, ni tampoco retrasar judicialmente soluciones urgentes sobre distintas cuestiones -como alimentos, regímenes de visitas, etcétera- que no siempre encajan, a pesar de que en algún caso se ha dicho, en las medidas
urgentes del artículo 158 del Código Civil que está destinado para aquellos casos de gravísimo riesgo para el menor.
En definitiva, la exigencia de acudir a un MASC no solo consideramos que desprotege al menor, sino que también beneficia objetivamente a los progenitores incumplidores, que suelen utilizar este camino del requisito de procedibilidad para
dilatar o retrasar el cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas del régimen de familia, tal y como puede colegirse de los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial de 2025 en los procedimientos de familia, bien separaciones
bien discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Así, se observa en el segundo semestre, ya de plena aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, el desplome de las demandas no consensuadas en los tribunales tanto de divorcio -un 24 % de menos-,
como de parejas de hecho -un 21 % menos-, que no se traslada correlativamente a un incremento de las separaciones de mutuo acuerdo. Lo mismo sucede con las demandas consensuadas de guarda y custodia y de alimentos respecto al ejercicio de la patria
potestad; lo que nos lleva a concluir que hay un uso abusivo por alguna de las partes del proceso de negociación para conseguir dilatar la presentación, bien de la demanda por la contraparte, bien de las medidas provisionales previas del artículo
771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la consiguiente desprotección del menor y beneficio de la parte incumplidora. Esto está motivando el retraso de soluciones judiciales urgentes sobre alimentos y otras cuestiones, como les decía, que no
siempre encajan -repito- con el artículo 158 del Código Civil.
En fin, señorías -y voy finalizando, presidente-, consideramos que la exigencia de un MASC como requisito de procedibilidad en los procedimientos de familia en los que se vean involucrados menores ya está provocando unos efectos precisamente
contrarios a los fines que se pretendía alcanzar con el requisito de procedibilidad, es decir, ser un filtro de racionalidad en la controversia, facilitando acuerdos tempranos y evitando la apertura del procedimiento contencioso; todo lo contrario,
observamos que se está produciendo un aumento en los casos de conflicto, del enfrentamiento parental, periodos de incertidumbre y retraso y situaciones de desprotección del menor, todo ello contrario a su interés general y superior.
En este sentido, señorías, solicitamos su voto favorable a esta iniciativa que presenta nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
A continuación, por haber presentado una enmienda, intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aranda, por un tiempo de tres minutos.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, quiero, en primer lugar, reconocer el objetivo, porque compartimos la preocupación del proponente sobre la protección y el interés superior del menor. Eso creo que no
está en discusión. Sin embargo, creemos que esta iniciativa propone modificar una ley, la Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor hace apenas un año, el 3 de abril del año pasado. Creemos que aquí está el problema, proponer la reforma antes
incluso de que pueda ser evaluada.
Además, quiero aprovechar este momento para hacer también un reconocimiento a las labores legislativas que se hicieron en esta ley, la 1/2025, con esta apuesta por los medios adecuados de solución de controversias, los famosos MASC; el
requisito de procedibilidad en asuntos civiles y mercantiles, y este objetivo común de muchos grupos de pasar de la cultura del litigio a la cultura del acuerdo. Es más, este requisito se introdujo ya en la ponencia sin oposición de ningún grupo
parlamentario. Además, también saben que la ley contempla exenciones claras para supuestos de urgencia o riesgo. Hay que decir que el sistema tiene salvaguardas si -y aquí sí- el interés del menor lo exige.
En este sentido, entendiendo el espíritu de la proposición y nuestra opinión al respecto del momento procesal oportuno de esta proposición, hemos presentado una enmienda que básicamente dice: instar al Gobierno a evaluar en el plazo de seis
meses la aplicación del artículo 5 de la ley, especialmente en procesos de familia con menores. Creemos que lo sensato es, primero, hacer una evaluación de la ley. Ahora mismo estamos en ello: el ministerio está haciendo una valoración de los
aspectos de la ley. También es bueno decir que es una buena ley, una ley que está transformando la justicia y que, junto con otras leyes, supone la mayor transformación de la justicia de la historia. Es bueno también poner en valor todo lo que se
está haciendo desde el ministerio y cómo está ayudando el Legislativo.
Por tanto, si no se acepta la enmienda, votaremos en contra de la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario SUMAR.
El señor SANTIAGO ROMERO: Con la venia, señor presidente.
Compartimos la preocupación para garantizar la máxima protección en los procesos de familia en los que hay menores implicados. El interés superior del menor debe ser siempre el eje central de cualquier decisión legislativa, y valoramos muy
positivamente que se abra este debate. Sin embargo, no compartimos la propuesta concreta de modificación de la Ley Orgánica 1/2025, porque, aun siendo conscientes de que la implementación de esta ley está teniendo problemas, no compartimos el
cuestionamiento de los MASC en los procesos de familia con menores, porque estos métodos alternativos de solución de controversias afectan a una de las cuestiones esenciales de la ley: fomentar mecanismos de acuerdo extrajudicial con carácter
general en los procedimientos civiles que deben intentarse antes de demandar para buscar acuerdo entre las partes. No consideramos oportuno suprimir el requisito de procedibilidad vinculado a los MASC, así como hacer obligatoria la vista en todos
los procedimientos de familia con menores, porque, además, en este caso creemos que así pueden provocarse demoras. Debemos avanzar hacia un modelo que no se base exclusivamente en el litigio, sino que promueva la cultura del acuerdo, la resolución
dialogada de los conflictos; y ese es el espíritu de la ley.
Según los informes del Ministerio de Justicia, se están ajustando algunas de las cuestiones de aplicación de esta ley, ya que no está siendo nada fácil su óptimo funcionamiento, toda vez que es un cambio del modelo muy profundo. Estamos
convencidos de que la ley va a acabar teniendo un impacto muy positivo, sobre todo si los MASC, especializados en familia, incluyen perspectivas de género, perspectivas de infancia y se dotan de los necesarios recursos.
En los procesos de familia, cuando hay menores, una solución impuesta judicialmente no siempre es la mejor solución. Tampoco está acreditado que la demora de los procedimientos o que el obstáculo de acceso a la justicia venga precisamente
de que no haya acuerdo en los procedimientos de solución de controversias.
En todo caso, en situaciones de urgencia o riesgo, nuestro ordenamiento ya prevé vías inmediatas de protección, como el artículo 158 del Código Civil, que queda fuera de este requisito. Por eso, creemos que la PNL parte de una premisa que
no compartimos: que reforzar las garantías pase necesariamente por judicializar más los conflictos. Conocemos perfectamente las posiciones que ha defendido la Asociación Española de Abogados de Familia -hemos compartido algunas de sus propuestas
durante la tramitación de esta ley orgánica-; sin embargo, otras no se incorporaron como enmiendas y no creemos que la solución sea eliminar los métodos alternativos de solución de controversias, sino exigir que se acompañen de los recursos que se
necesitan.
Por eso, creemos que la enmienda presentada por el Grupo Socialista es una enmienda coherente que, tras un tiempo determinado y prudencial de estudio, sí se puede abrir la vía de reformas que la mejoren y favorezcan el interés superior del
menor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario VOX, el señor Carlos Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, para empezar, y una vez más, no se acaba de entender la razón de presentar una proposición no de ley para un asunto que, de entrada, no precisa de una intervención directa de una acción gubernativa, y que solamente podría
sustanciarse o materializarse a través de una reforma legislativa, que, sin embargo, los proponentes no ponen sobre la mesa.
Se entiende menos aún cuando los proponentes han sido capaces de identificar con nitidez las dos normas -el apartado 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de
Justicia y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en lo tocante al procedimiento verbal de familia- que precisan ser reformadas. Y menos todavía se entiende cuando la norma a reformar -como han señalado ya varios intervinientes- no
lleva ni siquiera un año en vigor y, por lo tanto, no ha podido demostrar aún con claridad sus potencialidades o sus carencias y, desde luego, no existen estudios al respecto que permitan inclinarse en un sentido o en otro.
El argumento del Partido Nacionalista Vasco me parece, por una parte, discutible. Si existe un ámbito de exigencia de acudir a un medio adecuado de solución de controversias como requisito de procedibilidad -y que debería contemplarse con
rotundidad- este es el de los procesos de familia que impliquen a menores, toda vez que nada mejor para el interés superior del menor que los progenitores puedan alcanzar un acuerdo comúnmente aceptable antes de convertirse en partes litigantes de
un proceso judicial, máxime si, como admiten los proponentes, la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de figuras como la mediación o la conciliación ha supuesto un cambio de paradigma que nos lleva hacia una justicia más humana.
También es cierto que suprimir en los procedimientos con menores -y, en especial, en los casos de desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad- el requisito de la procedibilidad de acudir a los MASC antes que a los tribunales tiene un
sustento razonable en la percepción de que los medios alternativos muchas veces no resuelven nada, o nada conforme al ordenamiento, y al final tiene que decidir un juez, y ello tras un alargamiento perjudicial del proceso en su conjunto, lo que
genera provisionalidad en las situaciones familiares. Es innegable que el interés de los menores a menudo hace perentoria la necesidad de adaptar medidas que garanticen sus derechos alimenticios de vivienda y de relación con ambos progenitores.
Es por eso -y sin que sirva de precedente- que este partido ve con buenos ojos la enmienda que el Partido Socialista ha propuesto, la de que el Gobierno evaluase en el plazo de seis meses la efectiva aplicación de esta cláusula y que, con
datos numéricos y con experiencias sobre la mesa, pudiésemos tomar una resolución mucho más fundada.
La otra petición de los proponentes, que la vista sea preceptiva en los procedimientos verbales de familia en que estén involucrados menores, no plantea, en cambio, problema alguno, parece más que razonable.
Nuestro partido, en un principio, se abstendrá.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su señoría, Rafael Belmonte.
El señor BELMONTE GÓMEZ: Con la venia, señor presidente.
Buenas tardes ya.
El Pleno del Congreso ya se ha manifestado de manera efectiva sobre esta cuestión en una iniciativa del Grupo Popular. Por lo tanto, mi grupo parlamentario no va a cambiar la posición que ha manifestado, pero sí quiere resaltar algunas
cuestiones.
La primera es que, muchas veces, cuando la procedibilidad es rígida se transforma no en un instrumento, sino en un trámite, y ese trámite se pone delante de otros trámites para seguir ralentizando el trámite judicial. Eso incide de manera
directa en los procesos con menores, en los que, como se ha dicho aquí, la emocionalidad, la importancia y el bien superior del menor están por encima de toda duda. La eficiencia es la capacidad para que el sistema ofrezca respuestas seguras,
ágiles y accesibles, pero no para poner una carrera de obstáculos a los justiciables, mucho menos en el ámbito del derecho de familia, y todo esto para que el objetivo de una justicia segura sea radicalmente posible. Eso, como primera premisa.
La segunda premisa es la enmienda del Grupo Socialista, que lógicamente no deja de llamar la atención, porque en un proceso sobre menores, donde se insta a la rapidez y donde estamos urgiendo en la Comisión de Justicia a que se resuelva de
manera rápida esta situación o este problema, el Grupo Socialista pide seis meses más. O sea, piden ralentizar estos seis meses más cuando en esto hay que actuar de forma rápida y urgente porque el problema existe. Por otra parte, con la ley de
eficiencia, yo únicamente les invito a que se pasen por los juzgados-yo por lo menos ofrezco los de mi provincia, los de Sevilla; estaré orgulloso de recibirles y de invitarles a un café-, a que hablen con los profesionales, a que hablen con los
funcionarios y vean cómo está funcionando esa ley y qué problemas está dando. Vayan y hablen con ellos, pero háganlo mañana, cuando estén allí, en los juzgados, en el día a día. Creo que la opinión que tienen sobre cómo se está aplicando y su
efectividad dista mucho de ese mundo que ustedes se han creado en la cabeza.
En tercer lugar -ya por terminar la intervención-, hemos tenido la oportunidad hace unos breves instantes de oír al portavoz del Grupo Socialista erigirse en una especie de defensor de la justicia y de la renovación de los órganos
judiciales, lo cual no está mal. Pero, miren, yo creo que, para la renovación efectiva de la justicia, más que todo eso, hacen falta algunas cosas. Hace falta un ministro de Justicia que no insulte a los jueces, que es una cosa un poco chocante en
democracia; un partido que no negocie leyes a cambio de ventajas penales, que también lo hemos visto y lo estamos viendo en esta legislatura; un Gobierno de España que no gobierne España con los que no creen en ella, y un Ejecutivo instalado en el
Palacio de la Moncloa que no lo convierta en un centro de negocio. Por lo tanto, no hace falta una renovación de los órganos judiciales -que también-; lo que hace falta es una renovación del Gobierno. Pero en eso ya tendrán la palabra los
españoles más pronto que tarde.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belmonte.
¿El grupo proponente acepta la enmienda o no?
El señor LEGARDA URIARTE: No la aceptamos, presidente.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/002809).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es la Proposición no de ley relativa al desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia e impulsar la participación en formación en
materia de igualdad y violencia de género.
En primer lugar, interviene, por un tiempo de cinco minutos, la portavoz del grupo proponente, la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Hoy les proponemos seguir dando pasos hacia una justicia mejor, una justicia más justa, que sea más igualitaria y más imparcial. Es cierto que hemos elaborado leyes que han contribuido eficazmente a la igualdad entre hombres y mujeres -por
cierto, muchas de esas leyes, por no decir todas, con sello
socialista-, pero sabemos que requieren de mecanismos para aterrizar en la realidad y que sean exactamente eso, reales, eficaces, que se implementen en su totalidad, para pasar del papel a la realidad, al día a día de los juzgados y los
tribunales. Los profesionales de la justicia, como es lógico, quieren hacer su trabajo de la mejor forma posible, esto nadie lo duda -nadie, creo-. Lo digo porque nadie duda de que el objetivo de que estén mejor capacitados y que tengan los medios
adecuados es lo correcto, porque no podemos permitir que todo quede en la buena voluntad de los profesionales que quieran hacer mejor su labor; ellos necesitan capacitación continua y con rigor. La formación en igualdad no es baladí y no es un
asunto menor. Necesitamos que los profesionales sean capaces de detectar formas encubiertas de discriminación y de violencia; que conozcan los sesgos, los comportamientos de discriminación que pueden ser adoptados en ocasiones sin ser conscientes;
que conozcan la doble y la triple discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres, por pertenecer a una etnia minoritaria o por ser mujeres con discapacidad. Porque, señorías, la igualdad afecta, la igualdad se enseña y la igualdad se
aprende.
La formación es el instrumento clave, lo es para todos los operadores jurídicos. No es suficiente con la formación obligatoria para jueces y magistrados. Es necesario que todos los profesionales de la justicia tengan las suficientes
herramientas para evitar que se perpetúen estereotipos; que todos los profesionales en todos los órdenes jurisdiccionales reciban la formación para que desde que tiene lugar la entrada de cualquier expediente hasta su salida se evacúe con
imparcialidad absoluta; que todos los profesionales tengan los conocimientos para recoger desde el primer momento una denuncia en la Policía o en un juzgado para que en esas primeras actuaciones judiciales o en su resolución final, insisto, se
resuelva definitivamente con rigor e imparcialidad. A día de hoy, esta no es una máxima que tengamos asegurada en nuestro país, aunque la formación que se ha impartido ha arrojado que es útil, ha arrojado datos de que vamos en el buen sentido. Así
lo atestigua el Consejo General del Poder Judicial, que habla de que en los últimos diez años se ha reducido la revictimización de las mujeres, que se han reducido en un 10 % los casos de archivo indebido de denuncias, algo que es gravísimo,
señorías, gravísimo, pues ni una sola denuncia puede ser archivada por un prejuicio, ninguna. En este mismo sentido, las asociaciones de jueces, como Juezas y Jueces para la Democracia, han destacado que esa mejora, esa eliminación de los mitos
mejora la confianza de las víctimas, que es nuestro último objetivo, que las víctimas se sientan seguras ante la justicia. Estos avances significativos en la implementación de las políticas de igualdad no podemos dejarlos morir, debemos
intensificarlos, debemos estar más encima de ellos todavía, porque en materia de igualdad todo lo que hemos conseguido no está asegurado. Hoy en día, hay muchas amenazas, y hay partidos políticos que también aquí, en esta Cámara, día a día -hoy
también en esta sesión-, amenazan la imparcialidad e incluso son capaces de interrumpir a diputadas mujeres cuando intervienen para hacerlas callar. Así pues, señorías, tenemos que seguir pisando el acelerador, tenemos que seguir dando cumplimiento
al pacto de Estado, un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que mandataba directamente a la formación transversal de los funcionarios de la Administración de Justicia, con especial ahínco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
porque desde los inicios hasta el final tenemos que erradicar todas las conductas machistas.
Voy terminando, señorías. Necesitamos seguir transformando la justicia y, como les decía, no podemos quitar el pie del acelerador. 'Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio', decía Einstein. Los prejuicios y los estereotipos son
como gafas que hacen ver la realidad que uno quiere ver, con los sesgos y los rasgos que uno incorpora, y estos sesgos no pueden ser permitidos para implantar justicia, no pueden ser permitidos cuando hablamos de profesionales. Quienes entiendan
que todo está hecho en esta materia, están en el peor error, están en la ignorancia. No se trata de buenos ni de malos, se trata de dotar a los profesionales de las herramientas precisas para hacer su trabajo de forma correcta. Señorías -y sobre
todo me dirijo a las señorías del Grupo Popular, que están en este no al todo-, si hoy votan en contra de esta propuesta, que no pretende más que hacer esta justicia más justa, estarán votando ustedes en contra de su palabra, incumpliendo el pacto
de Estado, incumpliendo con las mujeres, incumpliendo, en definitiva, con la justicia. Por todo ello, les pido a todos su voto favorable.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
No habiéndose presentado enmiendas, pasamos al turno de los grupos parlamentarios. En representación del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Intervengo de manera muy breve simplemente para manifestar que apoyaremos la iniciativa. Apoyaremos cualquier iniciativa que suponga la promoción de políticas de igualdad en cualquier ámbito de lo público, así como aquellas de protección y
erradicación de la violencia contra las mujeres.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
En nombre del Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, gràcies president.
En la mateixa línia que el company del Partit Nacionalista Basc, donarem suport en aquesta proposició no de llei amb un comentari. I és que el Pacte d'Estat contra la violència masclista, contra la violència de gènere, això ho preveia ja en
la seva anterior formulació. Precisament, les compareixences relacionades amb l'àmbit del dret van ser de les compareixences, on es va aprofundir més en quina era la situació de la discriminació per raó de gènere amb les jutgesses i amb el Consell
General del Poder Judicial, i per tant, és una mica desolador anar repetint contínuament aquesta necessitat de formació. Perquè potser hi ha una prèvia que és la necessitat que els membres del poder judicial, però parlo en general, és a dir, des
dels lletrats de l'Administració de Justícia fins a fiscals, jutges i jutgesses advocats siguin conscients d'aquest biaix que tenim, tant en el moment de la lectura de la realitat com de l'aplicació del dret. Per tant, d'acord amb això, es
requereixen també elements pressupostaris importants i elements financers per poder tirar endavant. Això per part del Consell General del Poder Judicial i, per tant, des de la perspectiva dels pressupostos, cal fer la dotació. Des de la
perspectiva del Consell, cal aplicar-ho i creiem que va en la bona direcció, però estaria bé que un dia tinguéssim també les dades exactes de quin resultat està tenint tot això, perquè en polítiques públiques és important el disseny, és important la
implementació, és important l'avaluació i la rendició de comptes i, per tant, a vegades trobem a faltar una mica l'element de rendició de comptes, tant més quan no poden ser citats a les compareixences en aquest Congrés.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
En la misma línea que el compañero del Grupo Parlamentario Vasco, vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley con un comentario, y es que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya preveía esto en su formulación anterior.
Precisamente, las comparecencias relacionadas con el ámbito del derecho fueron las comparecencias donde más se profundizó en la situación de la discriminación por razón de género con las juezas y el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto,
es desolador repetir continuamente esta necesidad de formación. Porque quizás haya una cuestión previa, y es la necesidad de que los miembros del Poder Judicial -y ahí hablo en general, desde los de la Administración de Justicia hasta los fiscales,
jueces, juezas, abogados- sean conscientes de este sesgo; un sesgo en la aplicación de la ley y en la lectura de la realidad. Así, hacen falta también elementos presupuestarios y financieros importantes para poder sacar adelante esto de cara al
Consejo General del Poder Judicial. Así que hay que aplicarlo respecto del consejo, pero estaría bien también que algún día contáramos con los datos que nos permitan saber qué resultado tiene todo esto, porque en la política pública es importante
el diseño, la ejecución, la evaluación y la rendición de cuentas, y a veces echamos un poco en falta el elemento de rendición de cuentas, máxime cuando no se pueden solicitar en este Congreso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Martínez Barbero tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidente.
El Grupo SUMAR va a votar a favor de esta proposición no de ley. Lo decimos con claridad: más formación en igualdad en justicia no solo es necesaria, es urgente. Pero no nos engañemos, si hoy lo estamos debatiendo aquí es porque algo no
está funcionando como debería, porque las mujeres siguen encontrándose con resoluciones judiciales que no entienden la violencia que han sufrido, siguen escuchando cómo se cuestiona su relato y cómo se pone el foco en su comportamiento o en su vida
o en si hicieron lo suficiente para evitar una agresión. Lo vimos ya vergonzosamente en el pasado con sentencias que rebajan la gravedad de agresiones sexuales apelando a interpretaciones completamente alejadas de la realidad de las víctimas; lo
vemos cuando se sigue exigiendo una resistencia heroica para reconocer una violación o una agresión, y lo vemos cuando se duda sistemáticamente de las palabras de las mujeres. Esto no son anécdotas, es un
problema estructural en nuestro sistema judicial, y, por eso, la formación no puede depender de la voluntad individual, por eso tiene que ser evaluable, obligatoria y constante a lo largo de la carrera judicial. Estamos hablando de derechos
fundamentales, y esto no puede quedar al criterio de cada cual. Pero hay algo más, señorías, y aquí es donde entra la política, porque nosotras estamos en una Cámara, estamos en el Congreso de los Diputados, en una Comisión de Justicia y la
política debe entrar. Mientras hablamos de mejorar la formación en igualdad, hay fuerzas en esta Cámara que se dedican, día sí y día también, a negar la violencia machista. VOX lo hace abiertamente -niega la violencia de género, la equipara, la
diluye, la deslegitima- y el Partido Popular, en lugar de plantarles cara, ha decidido, cada vez más, seguirles el juego negando el machismo estructural, comprando marcos reaccionarios y debilitando el consenso que tanto costó construir en este
país. Y eso tiene consecuencias, porque cuando se niega la raíz del problema, se debilitan las herramientas para combatirlo, también en la justicia. Por eso, sabemos que no basta con ampliar la formación, aunque es muy necesaria; hay que defender
el marco, hay que defender que existe una violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo. De lo contrario, lo que tendremos no es justicia, sino otra forma de desprotección, y eso como sociedad, señorías, no nos lo podemos permitir.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, su señoría el señor Sánchez García, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Me han bastado unos segundos para comprender cuánta razón tenía yo inicialmente en esta legislatura en no querer formar parte de esta comisión, porque todo lo que estoy escuchando ya lo he escuchado y carece por completo de interés, cuando
no constituye una sucesión incontinente de mentiras. (La señora Martínez Barbero: ¡Anda ya!).
A la señora Vallugera -a quien he interrumpido con toda razón-, que ha insultado una vez más a la judicatura española -ella sabrá por qué-, yo le voy a explicar, sobre esto que dice de que está demostrado, que el concepto de demostración es
propio de las ciencias de la naturaleza. En las ciencias de la cultura, en las ciencias sociales no se demuestra nada. Pero, como es una persona convencida de lo que dice y se lo cree de una forma berroqueña, porque es de un radicalismo ideológico
difícilmente desarraigable, usted cree que se demuestra aquello que usted afirma por la mera afirmación que hace usted de las cosas, y está equivocada. Luego, ha hablado de colonización otra vez y, en fin, de todas estas tonterías. Debería usted
leer el ensayo de García-Pelayo del año 1987 -no es sospechoso, me parece, este nombre- El Estado de partidos, en el que dice que sí, que el Estado de partidos que él defiende tiene riesgos de perversión y de desnaturalización de la democracia.
Dice: Hay una última garantía, que es la fundamental, el Poder Judicial de extracción pro-fe-sio-nal -que es lo que a ustedes no les gusta, y menos a los de Podemos y tampoco a los del Partido Socialista-. Porque, evidentemente, ustedes están en
una orientación claramente antidemocrática y, por lo tanto, las garantías últimas de la democracia les desagradan.
En cuanto a su grupo político en particular, sobre eso que usted dice de que fue objeto de una intromisión por parte de la ideología y de los partidos y de no sé qué en la judicatura... (Rumores). No, mire usted, ustedes cometieron
delitos, ya está; y fueron juzgados, ya está. ¿Que a usted no le gusta el Código Penal porque concibe esos delitos y se aplica a aquellos que los cometen cuando son de su partido? Esa es otra cuestión, señora mía. Pero eso eran delitos en el
tiempo en que fueron realizados esos hechos y así fueron juzgados...
El señor PRESIDENTE: Perdonen un momento, señorías...
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, voy a la cuestión... (El señor Aranda Vargas: Sí, por favor).
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez García, le llamo la atención porque creo que es consciente de lo que dice el artículo 112, porque usted es un profundo conocedor del Reglamento...
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: No sé si soy un profundo conocedor del Reglamento y no me interesa mucho... (El señor Aranda Vargas: Tampoco eso).
El señor PRESIDENTE: Le llamo a la cuestión. Estamos tratando el punto 4.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Bien, vamos a ver.
Mire usted, oquedad absoluta en la intervención de la oradora del Grupo Socialista, prueba de que el Partido Socialista no tiene nada que decir a la sociedad española, lo que lleva diciendo muchos años porque no tiene otra cosa mejor que
contar. E insisto y concluyo, la existencia de tribunales y juzgados de violencia de género es excepcional en Europa. Usted probablemente no lo sabe; pues estúdielo, que para eso es diputada. (Rumores). Y es excepcional en el resto del mundo.
Está muy extendida en Hispanoamérica. Tiene su origen en la jurisdicción norteamericana, que ustedes siempre, en fin, deploran en términos políticos -aquí me parece que se equivocan, cuando les conviene, claro-, y no responde a ningún fundamento
conocido del derecho procesal. Es simplemente una creación ideológica que en España introdujo con todo apremio y, en fin, como si fuera urgentísimo el señor Rodríguez Zapatero tan pronto llegó al poder en el año 2004 por la Ley Orgánica 1/2004.
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Sánchez García, que vaya finalizando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Y, por lo tanto, ¡no nos vengan ustedes a contar otra vez la misma historia que ya ha fracasado en su aplicación! (El señor Aranda Vargas: No chilles). Los resultados -estos sí- lo ponen de manifiesto, señora
Vallugera; no demuestran.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez García.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Carballedo.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: Gracias, presidente.
El Grupo Socialista trae una iniciativa para protegernos a las mujeres de la violencia en la Administración de Justicia. (La señora Álvarez González: No, no). Nos quieren proteger de los jueces y de los fiscales, que son los que nos
cuidan, junto a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las policías locales. (Una señora diputada: Las Fuerzas Armadas.-El señor Aranda Vargas: Pero ¿cuál has leído?). Sí, sí, ellos son los que nos protegen de los violadores y de los
agresores sexuales que han vuelto a las calles para hacernos daño gracias a su ley del sí es sí. ¿Saben qué delitos han subido desde que ustedes gobiernan, los que más han subido? Los delitos sexuales. Un 190 % solo en Madrid capital las
agresiones con penetración. ¿Saben que el machismo se ha disparado, especialmente entre los jóvenes, desde que ustedes gobiernan? Y en vez de asumir su responsabilidad como Gobierno, vienen aquí a culpabilizar y a señalar a los jueces y a los
fiscales, que son los que nos protegen de los agresores que se han beneficiado o que están absueltos gracias a unas pulseras antimaltrato que no funcionaron. Todo fue mentira en el Ministerio de Igualdad.
El PSOE ha fallado a mucha gente desde que gobierna -ahí está cómo están perdiendo las elecciones-, pero, con especial saña, los socialistas han fallado a las mujeres. Ustedes no tienen ni un ápice de credibilidad para decirle a una mujer
que sufre: Estoy contigo. Sus políticas y sus decisiones están causando un enorme daño. Miren las estadísticas. No son números, señorías socialistas, son mujeres rotas. Encima vienen hoy aquí a colgar ese fracaso a los jueces y a los fiscales.
Precisamente lo que necesitamos es que ellos nos defiendan de ustedes, de sus políticas y de sus responsables públicos. ¿O tengo que recordar aquí el tráfico de mujeres prostituidas con dinero público de Koldo, Ábalos y demás socialistas? ¿O tengo
que recordar aquí el machismo estructural inherente al corazón del Partido Socialista en Ferraz? ¿O la corrupción de los Puntos Violeta? Ahí también han metido la mano las socialistas. Desprestigiar al Poder Judicial y colapsar los juzgados de
violencia, como está haciendo Bolaños con su ley, hace un gravísimo daño a las mujeres, sean víctimas o no lo sean. Déjenlo ya. Dejen de erosionar un sistema de protección que ha costado mucho levantar. Dejen trabajar al Poder Judicial y dótenle
de medios. Procuren cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, sobre todo y de una vez, señorías, pidan perdón por ese daño irreparable que ustedes, el Partido Socialista, están causando a las mujeres de este país.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿El grupo proponente solicita el voto en sus términos o por puntos?
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: En sus términos.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS ABOGADOS EN FASES PREPROCESALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002815).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, que es la Proposición no de ley sobre la protección de los abogados en fases preprocesales.
Por el grupo parlamentario proponente, el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, gràcies, president.
Aquesta iniciativa surt en resposta a una sol·licitud que ens van fer des del Col·legi d'Advocats de Tarragona i que, de fet, subscriu l'Advocacia Catalana i que té a veure amb la previsió de la protecció a les parts intervinents en un
procés. Però no només respecte als advocats en concret, però també amb respecte a la resta d'operadors jurídics, no només en el moment en què s'ha substanciar aquest procés, sinó també a les seves fases prèvies i posteriors. No té cap dificultat
ni de tipus tècnic ni de tipus diríem, ideològic. Crec que pot suscitar un acord entre tots els membres d'aquesta cambra perquè simplement, i atenent a la major hostilitat que es viu, jo crec que transversalment a tota la societat, també s'ha
detectat un increment de tant d'agressions físiques o verbals com d'amenaces als advocats i advocades en el transcurs de la seva feina i, per tant, el que plantejàvem en aquesta cambra simplement és intentar obrir de nou la redacció de l'article que
ho preveu i per això demanàvem la modificació de l'article o promoure la modificació de l'article 464 del Codi Penal, amb l'objectiu d'estendre i reforçar la protecció penal dels advocats i advocades que puguin ser objecte d'actes, atemptat contra
la seva vida, integritat i afegia, incloses les processals i les extrajudicials prèvies, coetànies o posteriors a aquestes. Entre altres coses perquè amb la nova legislació o la modificació que vam fer de la Llei d'Enjudiciament Civil l'any 2025,
incloem altres coses que, si no són substancials o no són, no formen part estrictament del procés. Sí que configuren requisits de possibilitat, per exemple, els mitjans alternatius de resolució de conflictes i, per tant, simplement que el que
plantegem és l'extensió de la protecció prevista en seu de procediment a la resta d'actuacions que es produeixin a l'entorn d'aquest procediment. Això ens denota, en part, i és una cosa preocupant sobre la qual voldria cridar l'atenció de la cambra
o de la part de la cambra que estigui representada sobre la manera que tenim de relacionar-nos uns amb els altres. Els graus d'hostilitat, els graus d'agressivitat, els graus de violència implícits tant en les paraules com en els actes. Jo crec
que hem de ser conscients que, de vegades, d'alguna manera, també fomentem aquest tipus d'actituds en la manera en què ens tractem entre nosaltres i sense que faci referència a res en concret. Avui, per tant, ho deixo damunt d'aquesta taula. Els
demano el vot a favor.
Tenim una esmena que ha presentat el PP, que de moment no estem en condicions d'acceptar perquè es refereix només a la part preprocessal i exclou també les ulteriors. Però vaja, disposats a parlar-ne perquè aquesta modificació creiem
sincerament que s'ha de fer. Per tant, no els plantejo res des d'una perspectiva estrictament ni independentista ni ideològica, sinó de reforçament de les condicions en què exerceixen la seva feina. Les persones que es dediquen a l'àmbit jurídic i
que afecten a totes les professions que hi estan vinculades.
Gracias, presidente.
Esta iniciativa sale en respuesta a una solicitud que se nos realizó desde el Colegio de Abogados de Tarragona y que suscribe la Abogacía Catalana, que tiene que ver con la previsión de la protección de las partes intervinientes en un
proceso, pero no solo con respecto a los abogados, sino también con respecto al resto de operadores jurídicos, y no únicamente en el momento en que se sustancia el proceso, sino también en sus fases previas y posteriores. No tiene ninguna
dificultad ni de tipo técnico ni de índole ideológica y creo que puede suscitar un acuerdo entre todos los miembros de esta comisión, porque, sencillamente, atendiendo a la mayor hostilidad que se vive de forma transversal en toda la sociedad, algo
que también se ha detectado es el incremento de agresiones físicas y verbales y de amenazas a los abogados y abogadas durante el transcurso de su trabajo. Así que lo que presentamos en esta Cámara es sencillamente intentar abrir de nuevo la
redacción del artículo que lo prevé, y para eso pedíamos que se promoviera una modificación del artículo 164 del Código Penal, con el objetivo de extender y reforzar la protección penal de abogados y abogadas que puedan ser objeto de actos que
atenten contra su vida e integridad. Y, además, añadimos incluir las fases preprocesales y las extrajudiciales previas, coetáneas y posteriores, entre otras cosas, porque con la nueva legislación y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
incluimos otras cosas que, si bien no son sustanciales o no forman parte estrictamente del proceso, sí configuran la posibilidad, por ejemplo, de recurrir a medios alternativos de resolución de
conflictos. Así que lo que venimos a plantear sencillamente es que se amplíe la protección prevista en sede del procedimiento al resto de actuaciones que se produzcan en el entorno del procedimiento. En parte, esto denota algo preocupante
sobre lo que quería llamar la atención de la Cámara, en relación con la forma que tenemos de relacionarnos los unos con los otros y el grado de hostilidad, de agresividad y de violencia en las palabras y en los actos que existe. Tenemos que ser
conscientes de que a veces, de una forma u otra, fomentamos este tipo de actitudes por la forma de relacionarnos entre nosotros, sin hacer referencia a nada concreto que haya ocurrido en el día de hoy. Así que lo pongo encima de la mesa y les pido
que voten a favor.
Tenemos una enmienda que ha presentado el Grupo Popular y que de momento no estamos en condiciones de aceptar, porque se refiere únicamente a la parte preprocesal y excluye también las partes ulteriores, pero estamos abiertos a hablar de
ello, porque creemos que es una modificación que tiene que llevarse a cabo. Por lo tanto, no les planteo nada desde una perspectiva independentista ni ideológica, sino desde una perspectiva de refuerzo de las condiciones en que las personas que se
dedican al ámbito jurídico ejercen su labor. Unas cuestiones que, además, afectan también a todas las profesiones vinculadas con este ámbito.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, dado que ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular, para su defensa, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra la señora Lorente.
La señora LORENTE ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, cuando hablamos de proteger a los abogados frente a presiones o amenazas, no estamos defendiendo únicamente a un colectivo profesional, sino las condiciones que garantizan que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho de defensa
sin ningún tipo de interferencia, algo que es fundamental en un Estado de derecho, por lo que, en principio, debería ser compartido por todos. Ahora bien, reforzar esa protección exige hacerlo con rigor técnico, pues el derecho penal solo funciona
si es claro y está bien acotado. Si ampliamos un tipo penal sin definir su alcance y sin delimitar exactamente los supuestos en los que procede esa protección reforzada, podemos crear inseguridad jurídica y generar más problemas de los que en
realidad queremos evitar. ¿O no se ha aprendido nada de la ley del solo sí es sí?
Hoy en día, señorías, nuestro ordenamiento jurídico incorpora mecanismos de resolución de conflictos que en algunos ámbitos exigen una actuación preprocesal que es obligatoria. Son pasos previos a los que las partes deben acudir antes de
acceder al juez, porque así la ley lo establece. Parece lógico que sea en esos casos en los que el abogado que está realizando una fase preprocesal obligatoria deba estar protegido, pero es importante distinguir esas actuaciones de otras que
pertenecen más al ámbito privado o voluntario, como pueden ser conversaciones preliminares, conversaciones telefónicas, reuniones entre partes o negociaciones informales, que son actuaciones en las que no existe el mismo interés público ni el mismo
encaje en el funcionamiento de la Administración de Justicia, y el derecho penal no debe ir más allá de lo estrictamente necesario. La enmienda que presentamos está basada en una propuesta formulada por el Colegio de Abogados de Tarragona y
responde exactamente a esa necesidad. Planteamos que una futura reforma del artículo 464 del Código Penal incluya únicamente la actuación preprocesal cuando venga impuesta por las leyes vigentes en materia de medios adecuados de solución de
conflictos. Entendemos que es una mejora clara, técnica, prudente y respetuosa con el espíritu del Código Penal. Conseguiríamos tres objetivos: proteger adecuadamente al abogado cuando interviene en una fase preprocesal obligatoria, evitar que el
derecho penal se extienda a ámbitos que no le corresponden y mantener la coherencia entre el delito y la seguridad jurídica. Apostamos por una reforma que refuerce la protección donde realmente corresponde, pero sin renunciar a la calidad técnica.
Señorías, aprovecho este turno para recordar que proteger a la Abogacía está muy bien, pero sería aún mejor que el Gobierno mostrara un compromiso real con el sistema de justicia. Llevamos años arrastrando retrasos, faltas de medios,
digitalizaciones que no funcionan y reformas improvisadas. Si queremos proteger de verdad la función de defensa, hace falta también fortalecer el entorno en el que esa defensa se ejerce. La justicia necesita gestión y seriedad, y ustedes ofrecen
espectáculo. Tanto los ciudadanos como los profesionales de la justicia están ya cansados de este circo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lorente.
A continuación, en nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda. (Denegación).
Pasamos entonces al Grupo Parlamentario SUMAR, al señor Pisarello.
El señor PISARELLO PRADOS: President, moltes gràcies.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor d'aquesta proposició. L'advocacia representa un dels pilars més valuosos d'una democràcia digna d'aquest nom perquè garanteix el dret a la defensa contra l'arbitrarietat del poder punitiu de l'Estat.
Però quan s'exerceix amb un sentit de la justícia social, doncs també obliga a defensar els obrers, els pagesos, les dones violentades contra els poders salvatges de mercat i contra altres poders privats. Com a llatinoamericà, jo soc fill d'un
advocat modest, segrestat i assassinat per la dictadura de Videla, a la que defensen milers i molts dels seus aliats aquí que va ser assassinat, precisament, per posar-se a la toga, per acompanyar molts estudiants, molts treballadors i
treballadores, amb independència de les idees polítiques que tinguessin. I com a català tampoc no puc evitar recordar avui aquí a tants advocats que van ser assassinats pel franquisme, alguns d'ells catòlics íntegres com Manuel Carrasco i
Formiguera, fins el nostre president Lluís Companys, el primer president afusellat pel franquisme. I també vull aprofitar aquesta proposició per recordar a tots els advocats i advocades que van lluitar contra la dictadura franquista: el Francesc
Casares, la Pilar Rebeca, l'estimat August Gil i Matamala. I per tots ells, i per tants defensors i defensores de drets humans a Ceuta i Melilla, els passadissos de l'Audiència Nacional, les comissaries de barri. Crec que és molt oportú que es
plantegi aquesta proposició i en la seva memòria i de les joves generacions que vindran. Li donarem tot el nostre recolzament.
Presidente, muchas gracias.
Nosotros evidentemente votaremos a favor de esta proposición. La Abogacía es uno de los pilares más valiosos de una democracia digna de este nombre, porque garantiza el derecho a la defensa contra la arbitrariedad del poder político del
Estado, pero cuando se ejerce en un sentido de justicia social, también obliga a defender a los obreros, a los campesinos y a las mujeres violentadas contra los poderes salvajes del mercado y otros poderes privados. Como latinoamericano, soy hijo
de un abogado modesto secuestrado y asesinado por la dictadura de Videla, a la que defienden Milei y muchos de los aliados que están aquí presentes, y fue asesinado precisamente por ponerse la toga para acompañar a muchos estudiantes, trabajadores y
trabajadoras, con independencia de las ideas políticas que tuvieran. Y, como catalán, tampoco puedo evitar recordar hoy aquí a tantísimos abogados asesinados por el franquismo, algunos católicos íntegros, como Manuel Carrasco i Formiguera, e
incluso a nuestro presidente, Lluís Companys, el primer presidente fusilado efectivamente por el franquismo. Y también quisiera aprovechar esta proposición para recordar a todos los abogados y abogadas que lucharon contra la dictadura franquista:
Francesc Casares, Pilar Rebaque, el querido August Gil i Matamala. Por todos ellos y por tantos defensores y defensoras de derechos humanos en Ceuta y Melilla, en los pasillos de la Audiencia Nacional y en las comisarías de barrio, creo que es muy
oportuno que se plantee esta proposición. En su memoria y en la de las jóvenes generaciones que vendrán, todo nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Juan José Aizcorbe.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa, a pesar de venir del grupo que la plantea y de la diputada Pilar Vallugera, con la cual discrepo desde hace muchas décadas, responde a una preocupación real: la protección de quienes ejercen la defensa jurídica. Nadie
discute que la labor del abogado es esencial para garantizar el derecho de defensa y el buen funcionamiento del sistema; ahora bien, cuando esa preocupación se traslada al ámbito penal, conviene extremar la prudencia. El derecho penal no está para
dar respuesta a cualquier problema al tuntún, sino para proteger bienes jurídicos muy concretos, con intervención mínima y con la máxima precisión.
La proposición original plantea extender el artículo 464 del Código Penal a ámbitos preprocesales y extrajudiciales de forma abierta. Eso, tal como está formulado, nos genera serias dudas desde la perspectiva de la seguridad jurídica y del
principio de taxatividad al introducir conceptos difíciles de delimitar con claridad. Es cierto que la enmienda presentada por el Grupo Popular introduce un elemento de acotación relevante al vincular esta extensión a supuestos en que la actuación
preprocesal venga
impuesta por la ley, especialmente en el contexto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Eso, desde luego, va en una dirección más razonable, pero, incluso así, la cuestión de fondo sigue siendo la misma: si el derecho
penal debe o no expandirse hacia ámbitos que hasta ahora han quedado fuera de la protección específica del tipo y si esa extensión es realmente necesaria o si ya existen instrumentos suficientes en nuestro ordenamiento.
Señorías, sí, hay que proteger a los abogados, por supuesto, pero hacerlo bien, sin desdibujar los límites del derecho penal ni convertirlo en una respuesta automática ante cualquier riesgo. La señora Vallugera ha dicho que era una demanda
de los colegios de abogados y de algunos colectivos de abogados, pero lo que ha presentado no se ajusta a la demanda concreta, sino que, como hemos dicho, la enmienda del Grupo Popular posiblemente se ajusta técnicamente a lo que efectivamente se
está pidiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Buenas tardes a todos y a todas.
El Grupo Parlamentario Socialista apoyará la iniciativa que pretende ampliar la protección de todos los abogados y las abogadas que puedan ser objeto de actos atentatorios contra su vida, su integridad y su libertad con motivo de su
actuación profesional. Efectivamente, el artículo 464 del Código Penal actual -que se insta a reformar por esta proposición no de ley- limita su ámbito de aplicación a aquellos actos atentatorios circunscritos dentro del proceso judicial pendiente
o concluido. Es una reforma que se introdujo en el año 1995 y la verdad es que la realidad ha cambiado muchísimo, no solo por el transcurso del tiempo, sino también porque vemos -lo decía la señora Vallugera- actitudes hostiles que realmente son
preocupantes, que afectan no solo a los colectivos o a los profesionales de la Abogacía, sino también a otros colectivos, como, por ejemplo, a los sanitarios. La diferencia de la protección al personal sanitario es que este tiene la consideración
de autoridad pública y tiene una mayor protección, de la que carecen los abogados y abogadas. Cuando el señor de VOX plantea que no consta que haya una realidad de estos actos, yo creo que no conoce la realidad. O sea, que diga que no es verdad
que los colegios profesionales, que los abogados y abogadas pidan esto, yo le preguntaría si en algún momento ha preguntado a un abogado o abogada de oficio. Porque, además, estos tienen una doble desprotección: que no pueden renunciar a su
cliente, con lo cual se ven compelidos a llevar el ejercicio de defensa en una situación que, evidentemente, es insostenible. También les diré que la realidad no es la misma que en el año 1995. (Rumores).
Además, las reformas impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y Justicia van destinadas a mejorar la Administración de Justicia. Precisamente, los abogados y abogadas han mejorado y ensanchado los derechos y obligaciones como
profesionales. Es innegable, por mucho que la derecha y la ultraderecha de este país lo nieguen, el desarrollo legislativo llevado a cabo por este Gobierno como una apuesta decidida para la mejora sustancial de la calidad de nuestras instituciones.
Es un compromiso y una realidad. Es un paso decidido, por tanto, para la transformación de la justicia, para hacerla más accesible, más fácil, más capaz de adaptarse a la realidad, lo que nos pide la ciudadanía y también lo que nos piden los
operadores jurídicos. Les citaré unas cuantas mejoras: la mejora de la asistencia jurídica gratuita con una futura ley de asistencia jurídica gratuita para mejorar baremos y condiciones; el aumento de las retribuciones de los abogados del turno
de oficio en un 8 % -en Cataluña vamos a invertir 22 millones de euros, comprometidos por el Gobierno de Salvador Illa, en cuatro años para mejorar las retribuciones de los abogados de oficio-, y se ha favorecido la conciliación familiar de los
letrados y las letradas. La modernización procesal -voy acabando, presidente-, las medidas de mediación y conciliación que se han implantado plantean una serie de circunstancias que tendremos que resolver.
Daremos apoyo a esta iniciativa porque se enmarca en una apuesta decidida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por fortalecer uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial -acabo, se lo prometo, presidente-, pero también para
fortalecer una justicia entendida como servicio público.
Cuando he visto la enmienda del Grupo Popular...
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.
La señora PEREA I CONILLAS: Acabo.
He pensado: ¡qué bien que hacen una apuesta constructiva! Claro, después de la intervención ya me descoloca, porque la PNL plantea promover, no plantea una redacción stricto sensu. Por tanto, apelo en este sentido a un poco más de
generosidad, a apertura de miras. Y oigan, señores del Grupo Popular, transformar y mejorar la justicia es también sentarse y hablar...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La señora PEREA I CONILLAS: ... pero ustedes ni se quieren sentar ni quieren hablar, sino que votan sistemáticamente en contra para hacer una oposición estéril. Les invitamos a que vengan y a que se pongan a hablar por ejemplo de la ley de
acceso...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Perea.
Señora Vallugera, ¿se mantiene para la votación en sus términos o...?
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Es manté en els seus termes, però recalcant que només diu 'promover'.
Se mantiene en sus términos, pero recalcando que solo dice 'promover'.
El señor PRESIDENTE: Señoría, es sí o no.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, pero en mis términos.
- RELATIVA A LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROTECCIÓN DE LA ABOGACÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002817).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto sexto: Proposición no de ley, relativa a la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía.
Siendo proponente el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su representante, la señora Rafaela Romero.
La señora ROMERO POZO: Gracias, presidente.
Señorías, buenas tardes a todos y a todas.
El Grupo Parlamentario Socialista trae esta proposición, que pretende la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía. Lo hacemos con una convicción clara: proteger a quienes protegen
derechos no es una cuestión corporativa ni es una cuestión menor o una cuestión realmente técnica, sino que es estructural, porque afecta al corazón mismo de nuestro sistema democrático. Por eso es necesaria una abogacía libre, independiente y
segura.
Este convenio, que fue aprobado en marzo del 2025, no nace en el vacío, ha tenido el trabajo del Consejo de la Abogacía, responde a una realidad preocupante -se estaba mencionando en el punto anterior-: el aumento de las amenazas, las
presiones e injerencias hacia profesionales del derecho por el simple hecho de ejercer su labor -abogados señalados por sus clientes, abogadas hostigadas por causas, abogados y abogadas que ven cuestionada su independencia-. Frente a eso, Europa
respondió, España debe responder y este Congreso debe actuar reforzando garantías esenciales cuya ratificación es objeto de esta iniciativa: la confidencialidad entre abogado y cliente, la libertad en el ejercicio profesional, la protección frente
a ataques y la obligación de los Estados de investigar y actuar con eficacia.
Señorías, no estamos hablando de privilegios de unos pocos, hablamos de garantías para toda la ciudadanía. Cuando se debilita la abogacía, quien pierde no es el abogado o abogada, es el ciudadano o ciudadana que necesita defensa, es la
persona vulnerable que busca justicia y es la sociedad entera. Los derechos fundamentales, además, son leyes del más débil frente al más fuerte, y para que esos derechos sean efectivos, alguien tiene que poder defenderlos sin miedos, sin
interferencias, sin presiones y sin coacciones. Ese alguien, señorías, es la abogacía. Por eso este convenio es un hito, no solo protege a los profesionales y las profesionales, sino que refuerza la arquitectura democrática europea y española.
Además, España tiene la oportunidad de hacerlo bien -lo estamos haciendo bien-, de hacerlo con
precisión jurídica, defendiendo con claridad el alcance de la profesión y reconociendo el papel de quienes contribuyen técnicamente a su ejercicio, pero sobre todo tiene la oportunidad de enviar un mensaje político nítido: aquí, en España,
no se intimida a quien defiende derechos -sea abogado, periodista o político-, aquí no se cuestiona la función esencial de la abogacía, aquí se protege el Estado de derecho con hechos y con normas vinculantes.
Señorías, en estos tiempos de desinformación y de cuestionamiento de todas las instituciones, de todas las normas políticas, de la propia política democrática, reforzar las garantías siempre es una buena opción; siempre. Y además es la
obligación de todos y todas las que estamos aquí. Por tanto, ratificar este convenio es situar a España otra vez -así lo hará el Gobierno de España- en el lado correcto de la historia. Sí, una vez más, apostar por más derechos, más garantías y más
democracia. Eso, señorías, además de interpelarnos a todos y a todas, tal y como está el patio, nunca está de más.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, no habiéndose presentado enmiendas, intervienen el resto de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Vasco?
El señor LEGARDA URIARTE: No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo SUMAR, el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Impulsar la firma y la ratificación de este convenio a la mayor brevedad posible es una necesidad imperiosa. Esta iniciativa que nos presentan es oportuna y merece una valoración positiva. Reivindicamos el
ejercicio de la abogacía como un pilar del Estado de derecho, ya que es la forma de garantizar el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Por eso, creemos que es urgente iniciar los trámites para firmar y
ratificar este convenio, un convenio específico para proteger a abogados y abogadas, actores imprescindibles para materializar los derechos de la ciudadanía. El convenio establece la obligación de proteger la libertad del ejercicio profesional,
garantizar que las asociaciones profesionales actúen de forma independiente, proteger la confidencialidad en la relación abogado-cliente y exigir investigaciones efectivas cuando haya ataques o interferencias; es decir, crea obligaciones positivas
de actuación por parte del Estado y, además, armoniza estándares europeos y ofrece mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que complementan el marco interno. Estamos, sin duda alguna, ante una mejora de la calidad en el ejercicio de la
abogacía, porque la realidad es que hay un aumento significativo de agresiones, amenazas y comportamientos intimidatorios contra abogadas y abogados en toda Europa, lo que coincide con el avance de la ultraderecha y los Gobiernos iliberales y
autoritarios en la Unión Europea, como ha ocurrido en otros rincones del mundo previamente convirtiendo a abogados y defensores de derechos humanos en objeto de todo tipo de ataques. Este diagnóstico fue uno de los motores de la iniciativa del
Consejo de Europa. El Consejo de Europa ha advertido del incremento de amenazas o violencia ejercida contra abogadas y abogados en los últimos años y este convenio contiene medidas preventivas y reactivas de protección; promueve que los Estados
investiguen y sancionen los ataques; incrementa la seguridad jurídica, porque la ciudadanía va a recibir servicios profesionales de abogados que pueden actuar sin coacciones, y provoca otro efecto: la mejora del acceso a la tutela judicial
efectiva.
El Consejo General de la Abogacía Española ha llamado públicamente a la ratificación del convenio y reclama que los Estados adopten medidas para garantizar la protección efectiva de abogadas y abogados que se contempla en el convenio. Los
órganos representativos de la abogacía en la Unión Europea también han sido proactivos y han alertado del problema y reclamado instrumentos vinculantes. Por eso, la aprobación del convenio del Consejo de Europa recoge demandas profesionales que hay
que convertir en normas. Estamos ante una oportunidad para complementar y estandarizar la escasa regulación de protección de la abogacía. Y, una vez firmado y ratificado, pedimos que el Ministerio de Justicia impulse un plan de implementación y lo
dote de los recursos necesarios para su eficacia, poniéndose en marcha protocolos con la Fiscalía.
Vamos a votar a favor. Nuestro apoyo para defender a quienes defienden al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con el Estado de derecho y con la seguridad de los profesionales de la abogacía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, el señor Carlos Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, vaya por delante, por si alguien tiene alguna duda -y parece que el señor Santiago la tiene (risas.-El señor Santiago Romero: Muchas dudas)-, que VOX se haya concernido por todas y cada una de aquellas situaciones susceptibles de
poner en riesgo la seguridad, la independencia y la libertad profesional de los abogados y comprometer el libre y pleno ejercicio de la profesión en nuestro país y en cualquier otro país de la Unión Europea y del Consejo de Europa, y que incluyen
ataques a su integridad física, amenazas, acoso, intimidación a causa de sus actividades profesionales, presiones indebidas, obstáculos u obstrucción al ejercicio de su actividad profesional, interferencias indebidas en el legítimo ejercicio de su
profesión, que incluso afectan a la confidencialidad que debe existir en la relación cliente-abogado. Creo recordar que hay un insigne juez de este país, al que el Gobierno ha promovido a un cargo muy importante, que fue precisamente condenado por
eso. Para contribuir a atajarlas, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa acordó este año pasado, en 2025, la aprobación del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía. Varios países, aunque de momento no la mayoría,
han procedido ya a ratificarlo y la abogacía española parece favorable al mismo. De hecho, el presidente del Consejo General de la Abogacía pidió a todos los Estados en la inauguración del World Law Congress en el año 2025, celebrado en Santo
Domingo, que ratificaran cuanto antes ese convenio.
Vaya por delante también que VOX no tiene graves inconvenientes o afecciones ideológicas respecto al mismo. Es un convenio esencialmente técnico y, aunque contenga alguna alusión al género o a la paridad de la composición de alguno de sus
comités, no es -repito- un documento que nos suscite especiales objeciones en el plano ideológico. Ahora bien, nos preguntamos si la ratificación de este convenio no podría suponer en el peor de los casos una cesión innecesaria de soberanía
normativa y en el mejor, una reiteración normativa en una materia que ya está, afortunadamente, regulada con garantías suficientes por el ordenamiento jurídico español, en particular por el título XX del libro II del Código Penal -entre otros- y muy
especialmente por el Estatuto General de la Abogacía, aprobado además en fecha tan reciente como el 2 de marzo del año 2021 y por cuyo cumplimiento velan con excepcional celo y eficacia todos los colegios de abogados de nuestro país. Nos da la
sensación de que la propuesta introduce un marco supranacional vago y expansivo que podría derivar en privilegios corporativos para la abogacía bajo conceptos jurídicamente indeterminados, como obstáculos o presiones indebidas, y que afectarían a la
seguridad jurídica y al principio de igualdad ante la ley. Entendemos que el Consejo de Europa -supongo que en esta comisión todos saben que no es lo mismo que la Unión Europea, pero quizás quienes nos estén escuchando fuera de esta sala no lo
sepan- no es precisamente un órgano que tenga estándares superiores a los de nuestro país en este ni en ningún otro plano. En VOX defendemos la protección de todos los profesionales frente a agresiones de todo tipo, pero sin crear regímenes
excepcionales que distorsionen el equilibrio procesal ni comprometan la libertad crítica o la fiscalización legítima de su actuación.
Así las cosas, y desde el máximo respeto a la función esencialísima que desempeñan los abogados, pero también a la soberanía nacional y a la simplificación normativa, parece razonable abogar -y perdón por el juego de palabras- por la
abstención.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Flores.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Javier Noriega.
El señor NORIEGA GÓMEZ: Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Como no puede ser de otra manera, el Grupo Popular va a votar a favor de ratificar el convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, de fecha 11 de marzo del año 2025, porque somos un partido de Estado y siempre votaremos
a favor de reforzar las garantías para mejorar la libertad, la seguridad y la independencia en el ejercicio de la abogacía. No obstante, y dicho lo anterior, existen muchas preocupaciones y reivindicaciones por parte de los aproximadamente
doscientos mil abogados y procuradores que trabajan en España y que son mucho más importantes que la ratificación inmediata de ese convenio del Consejo de Europa. Entre otras muchas cuestiones, solicitamos al Gobierno y a los partidos que lo
sustentan lo siguiente. Primero, que saquen del cajón de la presidenta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social la ponencia relativa a la iniciativa legislativa sobre mutualidades alternativas
al RETA y que el Gobierno informe de cuál es su posición respecto de la pasarela al RETA, con el fin de que los profesionales de la abogacía y procuraduría puedan optar a una jubilación y pensiones dignas. Esto es lo que nos preocupa a los
abogados y a los procuradores. Segundo, dignificar de una vez el turno de oficio con condiciones de trabajo razonables y una contraprestación adecuada y razonable. Tercero, solucionar de manera inmediata el gravísimo problema que el Gobierno ha
generado en todos los juzgados y tribunales de España con los MASC. Miente el ministro de Justicia cuando afirma esta semana que ya se observan los resultados favorables de la ley de eficiencia y que tras el primer año de vigencia se ha reducido la
litigiosidad un 20 %. Esto que dice el ministro es absolutamente falso. No hay ningún operador jurídico que afirme estar contento con el resultado de la ley; no están satisfechos ni funcionarios, ni abogados, ni procuradores, ni LAJ, ni jueces.
Los juzgados son hoy en día un auténtico desastre, y se lo digo como abogado ejerciente. En los juzgados hay desorden, confusión, retrasos, descoordinación. Nadie sabe ni quién ni dónde puede ser atendido; ya no existe un funcionario único
responsable de la tramitación de un expediente; un gestor ahora trabaja para seis LAJ y tres magistrados, haciendo más complicado su trabajo, pues cada profesional, como todo el mundo sabe, tiene una manera distinta de trabajar. Con la
obligatoriedad de los MASC y la inexistencia de criterios unificados en todo el territorio nacional no es que se haya reducido la litigiosidad, eso es una falacia, es que han puesto una barrera al ciudadano para poder litigar. Los tribunales están
resolviendo inadmisiones en vez de resolver pleitos. Veremos qué ocurre dentro de diez meses o un año, cuando se resuelvan esos recursos y los letrados y los ciudadanos podamos interponer finalmente la demanda en defensa del derecho del
justiciable. Así lo denuncian multitud de magistrados y jueces en las redes sociales. Por ejemplo, voy a nombrar dos. Uno es Luis Sanz: Nuestra misión es dar tutela judicial efectiva a los ciudadanos, resolver sus conflictos, y no es justo que
se vean paralizadas sus pretensiones por la falta o insuficiencia de MASC cuando en la inmensa mayoría de los casos hubo un requerimiento previo al demandado. Otra es la magistrada María Jesús del Barco: La situación de los juzgados es un desastre
absoluto. La mentira no cambia la realidad. La ley de eficiencia es un sabotaje. Objetivo conseguido.
Ya termino, presidente. En este sentido, nos preguntamos si la situación de bloqueo en la que han dejado a los juzgados y tribunales es mera incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez o si concurre también mala fe: se colapsa la justicia
de modo tal que su acceso resulta ineficaz, caro, lento, inútil, y así el ciudadano desiste finalmente de recurrir a ella, vulnerándose de manera deliberada el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Noriega.
¿El grupo proponente quiere que se mantenga en sus términos o que se vote por puntos?
La señora ROMERO POZO: Sí, presidente, en sus términos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- RELATIVA AL REFUERZO URGENTE DE LAS SECCIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA PARA EVITAR SU COLAPSO TRAS LA ATRIBUCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003097).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa al refuerzo urgente de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia para evitar su colapso tras la atribución de
nuevas competencias en materia de delitos contra la libertad sexual.
Para su defensa, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la portavoz en este punto del Grupo Parlamentario Popular, señora Silvia Franco.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
El objetivo que perseguimos con esta PNL es defender precisamente a las víctimas más vulnerables, las que han sufrido violencia de género, violencia sexual, que esperan una respuesta eficaz de la justicia y que no la están obteniendo, en un
contexto además de aumento constante de los casos de violencia de género, de violencia contra la mujer en general y, específicamente, de violencia sexual; un aumento alarmante. Son mujeres a las que el Gobierno les está fallando, también en el
acceso a la justicia. No es
la primera vez que mi grupo aborda esta cuestión ni será la última. Hemos presentado una proposición de ley orgánica para garantizar el funcionamiento de las secciones de los tribunales de instancia y de las audiencias provinciales en
materia de Violencia sobre la Mujer, así como la especialización de los jueces y magistrados allí destinados, proposición de ley orgánica que está congelada, es decir la mayoría de la Mesa del Congreso está vetando y bloqueando soluciones de fondo a
este problema gravísimo que tenemos. Por eso, hoy traemos a esta Comisión de Justicia esta proposición no de ley; sinceramente, las víctimas no pueden esperar. La justicia especializada, constitucional porque responde a una finalidad legítima de
protección reforzada frente a una violencia estructural que sufren especialmente las mujeres, está colapsada. El Defensor del Pueblo retrata esta situación en su último informe del año 2025; habla de procesos complejos, de dilaciones intolerables,
de victimización secundaria que empuja a las mujeres a no denunciar y mina su confianza en las instituciones que deberían protegerlas. Esto es intolerable. Este es el contraste: un Gobierno sin autocrítica que desconoce la realidad o decide no
verla y unas víctimas que siguen esperando justicia.
De la ley de eficiencia ya se ha hablado aquí, la Ley Orgánica 1/2025, la ley Bolaños, reorganizó la planta judicial, concentró secciones de Violencia contra la Mujer en menos sedes y amplió sus competencias a delitos contra la libertad
sexual, incluidos delitos muy complejos, como los de la trata con fines de explotación sexual, procedimientos con mucha prueba pericial, con mucho análisis forense, con medidas cautelares y que exigen mucha más dedicación. ¿Y qué hizo el señor
ministro? Cargar esta mochila sobre juzgados que ya estaban al límite, sin un plan serio de medios humanos y materiales. Lo advertimos y no lo dijimos solo nosotros: más de un centenar de jueces de Violencia sobre la Mujer han alertado del
colapso que supone cargar los delitos sexuales sobre órganos ya tensionados; los fiscales de violencia de género hablan de caos generado por el nuevo modelo, con víctimas obligadas a recorrer decenas de kilómetros para poder declarar, lo que
implica un efecto disuasorio evidente; el Consejo General de la Abogacía también alerta de que la concentración de órganos está obligando a las mujeres a desplazarse largos trayectos en momentos de máxima vulnerabilidad, calificando esta
organización de ineficaz e injusta porque atenta contra la proximidad y la inmediación que requieren estos procesos. El Gobierno prometió acercar la justicia a las víctimas y en realidad la está alejando. ¿Y qué ha hecho ante esto el señor
Bolaños? Pues, está ocupadísimo en las tribulaciones judiciales de la esposa del presidente y en dinamitar día sí y día también la independencia del Poder Judicial hasta olvidarse de comportarse como un ministro de Justicia, lo que ha hecho es
prometer; prometió más jueces especializados, más recursos, más agilidad, más humanidad, más cercanía. Cuando un ministro promete seguridad y lo que entrega son juzgados colapsados, cuando las víctimas se sienten abandonadas, no estamos ante un
simple error técnico, estamos ante un fracaso político con nombres y apellidos.
Creo que todos ustedes son conscientes de la gravedad de lo que está ocurriendo. En todo caso, se la voy a describir. Los retrasos en los procesos de violencia contra las mujeres prolongan la situación de vulnerabilidad, intensifican el
conflicto, debilitan la confianza en el sistema judicial y dificultan la reparación económica, física y psíquica de las víctimas. La propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en una respuesta remitida en relación con un informe
del Defensor del Pueblo, advierte de que las demoras obligan a las víctimas a revivir el trauma reiterando su testimonio y enfrentándose más tiempo al agresor; que los retrasos en las medidas de protección pueden ponerlas en peligro inmediato; que
la incertidumbre prolongada afecta gravemente a su salud mental, y que la lentitud del proceso se percibe como un mensaje de impunidad para el agresor. Es decir, el propio Gobierno reconoce que las dilaciones agravan la violencia y la obligación
reforzada de evitarlas. Estamos ante unas consecuencias, señorías, tanto o más graves que las de los propios fallos de las pulseras antimaltrato del sistema Cometa; tanto o más graves.
Frente a este drama, nuestra PNL propone reconocer que la ampliación de competencias y medios está saturando los órganos especializados y poner en marcha un plan reforzado 2026-2028; esto es, reforzar definitivamente estos órganos -más
jueces y magistrados, más letrados de la Administración de Justicia, más personal funcionario en los partidos judiciales con mayor entrada de asuntos y refuerzos estables, no parches temporales; refuerzo prioritario de los equipos de apoyo,
medicina legal, forense, equipos sociales, unidades de valoración; dotar a las secciones de Violencia sobre la Mujer de medios tecnológicos y espacios adecuados, que son muy necesarios, y medidas para que la mujer víctima declare en solitario por
medios tecnológicos cuando no pueda desplazarse; transparencia y rendición de cuentas: queremos que el Gobierno remita a esta comisión el estado de ejecución desagregado de todos estos refuerzos con datos claros, que el ministro dé la cara y
explique de verdad la ejecución de estas medidas;
y, por supuesto, programas de formación especializada para los jueces, fiscales y funcionarios, de acuerdo con el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Señorías, el Ministerio de Justicia pide aplausos y las víctimas nos piden eficacia. Entre relato y realidad, en el Grupo Popular exigimos y elegimos la realidad. Esta iniciativa es una enmienda a la totalidad a la complacencia del
Ejecutivo y una exigencia de medios, de plazos, de datos y de responsabilidad política. Por eso les pido su apoyo, porque seguir aplaudiendo la propaganda mientras las mujeres siguen esperando es simplemente injusto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
No habiéndose presentado enmiendas, abrimos el turno de intervenciones para el resto de los grupos parlamentarios. ¿Desea intervenir el PNV?
El señor LEGARDA URIARTE: Intervengo muy brevemente, presidente, para manifestar que apoyaremos la iniciativa.
Nuestro grupo parlamentario ya se manifestó antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 sobre la situación precaria de los juzgados de Violencia contra la Mujer, tanto en su planta como en su dotación de medios humanos y
materiales. También se puso de manifiesto durante la tramitación de la Ley Orgánica 1/2025 que las nuevas funciones, sobre todo en la tramitación e instrucción de los delitos contra la libertad sexual cuando estuvieran incursas mujeres como
víctimas, que se atribuía a las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, iba a agravar la situación, cosa que finalmente hemos visto cumplida. Es una demanda constante del poder judicial y del personal que trabaja en la
Administración de Justicia que tengan en cuenta las necesidades y las carencias de estas secciones de Violencia contra la Mujer de los tribunales de instancia, básicamente por eso apoyamos la iniciativa en cuanto supone de incremento de la planta,
de los refuerzos del personal a través, sobre todo, de los jueces de adscripción territorial y de medios humanos y materiales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez Barbero.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidente.
Hoy debatimos una proposición no de ley que parte de una realidad que nosotros compartimos, que las secciones de Violencia sobre la Mujer necesitan más medios, más estabilidad y más capacidad real de dar respuesta. Pero eso -apoyar más
medios y las necesidades que existen- no significa aceptar el relato del Partido Popular, no significa para nosotros compartir su intento de presentar la ampliación competencial como un fracaso anunciado, como la prueba del colapso del sistema. Lo
que hay es una reforma necesaria, en línea con los compromisos del Convenio de Estambul, que obliga a los poderes públicos a garantizar una respuesta especializada, eficaz y coordinada frente a todas las violencias contra las mujeres. La cuestión
es que no basta, señorías del Grupo Popular, con venir aquí a pedir refuerzos para la justicia especializada si al mismo tiempo se sostiene en la práctica política a quienes niegan la violencia machista o relativizan sus causas. No se puede
defender en esta Cámara la protección de las mujeres y, al mismo tiempo, pactar o gobernar con quien cuestiona esta violencia. Y esta no es una crítica abstracta, lo hemos visto en territorios donde el PP ha aceptado o ha asumido -lo está haciendo
hoy en día- la agenda de VOX. Hay presión sobre problemas de coeducación, ataques a campañas institucionales, intentos y recortes específicos y desactivación de políticas de igualdad, cuestionamiento de recursos de prevención y una revisión
ideológica permanente de las medidas contra la violencia machista. Debilitar las políticas públicas fuera de esta Cámara tiene consecuencias muy concretas. Es una absoluta hipocresía -y me quedo corta- venir aquí a reclamar solemnemente lo que se
pone en riesgo allí donde se gobierna. En SUMAR defendemos que el refuerzo de estas secciones es imprescindible y que, además, debe hacerse desde una perspectiva de género real. Por eso apoyamos todo avance que refuerce la justicia especializada y
la protección de las víctimas, pero lo hacemos con una convicción clara: combatir la violencia contra las mujeres exige recursos, claro, pero también y sobre todo exige coherencia política, y esa coherencia empieza por una cosa muy sencilla: no
convertir la
protección de las mujeres, señorías del Grupo Popular, en una bandera de ocasión mientras se gobierna con quienes niegan la violencia machista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Ahora tenemos el mismo tema de la violencia de género y las necesidades de los juzgados, en este caso de tipo material. Antes eran necesidades de formación, pero es el mismo tema; en este caso, el segundo episodio o entrega, protagonizado
por el Grupo Popular. A nosotros no nos puede extrañar -creo que a nadie- esta coincidencia de propósitos entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, cuando menos en el asunto que nos ocupa; a saber, la llamada violencia de género. No nos puede
sorprender porque ya sabemos bien que la Ley Orgánica 1/2004 no fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Partido Popular, aunque se pronunció varias veces -que yo recuerde, tres- el Tribunal Constitucional. La primera sentencia fue la
59/2008, pero lo fue en cuestiones de inconstitucionalidad, porque, claro, los jueces españoles consideraron que había elementos en esa ley, en particular el tratamiento de las agravantes por razón de sexo, que incurrían en vicio de
inconstitucionalidad. Luego el Tribunal Constitucional dijo lo que quiso, como hace siempre, y fue muy criticada su doctrina. Sobre esto en particular... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Por favor, ¿pueden mantener un poco de silencio? Si no, no se puede escuchar al interviniente.
Continúe, señoría.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
Yo les digo a todos, incluido el Partido Popular por lo que acabo de comentar, que aquí los raros, los extravagantes y los minoritarios son ustedes -el Partido Popular y el Partido Socialista- y todo su mariachi parlamentario. Todos.
También el PNV, etcétera; todos. Los raros son ustedes, pero raros, raros, raros. (Rumores.-El señor Aranda Vargas: Tú eres el normal). Sí, sí, muy raros. Para que lo sepan ustedes, a ver si se enteran... (Protestas).
Señoría, está corriendo el tiempo.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, que lo tengo en cuenta.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Miren, Suecia y España son los únicos Estados miembros de la Unión Europea que tienen leyes que reconocen específicamente la violencia de género separada de la violencia doméstica. Será porque les gustan a ustedes
las suecas, no lo sé. (Risas y protestas.-La señora Martínez Barbero: Es un machista.-El señor Iñarritu García: Torrente, presidente). Sí, sí, comentario machista, machistas son ustedes. (Rumores.-Protestas). Que no hablen de machismos los
promotores de la ley del solo sí es sí, ¿eh? No les conviene hablar, tienen por qué callar.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez García, perdone un momento, por favor.
Estamos terminando la sesión de la comisión. Creo que, dentro de una lógica, ha ido con buena marcha. Les ruego respeto y ruego al interviniente, por favor, respeto también con su vocabulario. Usted sabe a lo que me refiero. (El señor
Sánchez García: No, no lo sé). Y al resto de intervinientes, por favor, no interactuemos entre nosotros. Estamos terminando y espero que terminemos bien.
Continúe.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Tribunales específicos de Violencia de Género hay en varios Estados del continente americano, en su parte sur, y algunos en Estados Unidos. Son tribunales con diversas modalidades, no todas semejantes a la
propiamente española, sino que en algunos hay unidades especiales. Tribunales de Violencia de Género no hay en Europa. No los hay en Francia, no los hay en Italia, no los hay en Reino Unido, no los hay en Alemania. Y entonces, ¿qué pasa?¿Aquí
quiénes son los raros? Los raros son ustedes, porque esto obedece exclusivamente a una bandera izquierdista cuando la izquierda, como he dicho antes, no tiene nada que proponer. No tiene nada que proponer y se apunta a esto, que carece de
fundamento científico -no tiene ningún sostén intelectual sólido o, cuando menos, es todo discutido hasta ahora- y, desde luego, no tiene ningún fundamento procesal ni penal. Y ha tenido
razón en este caso, en su turno, la señora Carballedo, en un punto del orden del día anterior, cuando ha dicho que los jueces y magistrados son imprescindibles para defendernos de ustedes, es decir, del legislador; y, en el caso de las
mujeres, para defenderlas del legislador promotor de la ley del solo sí es sí.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez García, vaya terminando.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Son ustedes los principales protagonistas de la agresión a las mujeres en materia sexual.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez García, sobre todo por entender las peticiones de esta Presidencia. (El señor Aranda Vargas: Pero a su manera).
A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Rafaela Romero.
La señora ROMERO POZO: Muchas gracias, señor presidente.
A mucha honra, mejor ser las raras que ser los representantes del machismo que mata siempre. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). O sea, preferimos estar en ese lado de los raros; en el lado, de nuevo, del feminismo que siempre gana
derechos.
Nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa, señorías del Grupo Popular, y lo haremos porque, aun compartiendo el objetivo de reforzar la justicia especializada y los mayores recursos que se demandan y a los que han hecho referencia
tanto el señor Legarda como la portavoz de SUMAR, creemos que su diagnóstico, su enfoque de la iniciativa y, sobre todo, la falta de coherencia política de quienes la defienden no avala. Proteger a las mujeres exige políticas hechas con rigor, con
trabajo, compromiso sostenido en el tiempo y responsabilidad institucional, y no iniciativas oportunistas ni discursos contradictorios; tampoco comprarles el discurso negacionista a esos hijos díscolos que tienen, porque el negacionismo también
mata. El machismo mata y quienes niegan la violencia machista también.
En lo que va de año han asesinado a dieciséis mujeres, la última ayer en Córdoba. Esa es la realidad. Y frente a esa realidad lo que necesitan las víctimas no es ni alarmismo ni titulares, sino un sistema sólido; las víctimas necesitan
unidad política y un sistema que aporte especialización y sea eficaz. No más uso del miedo de las mujeres. Es que es el colmo de la incoherencia. Es lo que nos faltaba. ¡Pero cómo se atreven cuando están pactando con VOX en la mitad de España y
dejando a las mujeres de la mitad de España a merced de estos señores! Señores -o 'señoros', como me gusta a mí decirles-, ¿cómo se atreven a darnos lecciones si ustedes no han estado en el bando de la defensa de los derechos de las mujeres nunca?
Ley de igualdad: votaron en contra y la recurrieron ante el Constitucional. Ley de violencia machista: votaron a favor y la recurrieron ante el Constitucional. Ley del aborto, las dos cosas: votaron en contra y la recurrieron ante el
Constitucional. (El señor Sánchez García: ¡Ley del solo sí es sí!). Nunca, nunca, jamás en el bando de los derechos de las mujeres. Por eso, pido que no usen tampoco en este momento esta ampliación de competencias -que contribuye, en nuestra
modesta opinión, siempre sumando los recursos, a transformar y mejorar la protección de las mujeres- para generar más miedo. O sea, dejen ustedes de avanzar en ese relato de colapso. No se puede estar pactando con aquellos que dicen que no hay
violencia machista y, a la vez, venir aquí a decirnos que desprotegemos a las víctimas. A lo mejor las víctimas no llegan al juzgado si eliminan los puntos morados, que están pactando ustedes eliminar en los Gobiernos con el Partido Popular. A lo
mejor pasa eso. Por favor, un poco de coherencia política.
Por otro lado, ya sabemos que esta ampliación de competencias no es la solución mágica, la única palanca, porque necesitamos más instrumentos, pero, por favor, un poco de responsabilidad. No se puede combatir esa falta de recursos, en su
caso, opinando con un titular y con más miedo para las víctimas.
Mire, ustedes tienen -lo voy a decir- un problema con las víctimas. Saquen las manos de los derechos de las víctimas. O las niegan, como a las del franquismo; o las usan, como a las del machismo o a las del terrorismo. ¡Saquen las manos
de los derechos de las víctimas! Son de ellas. Dejen de usarlas y dejen de contribuir a que España sea un país en el que las víctimas cada vez se sientan más inseguras. Ese es el núcleo del debate, señorías. No es coherente. En una materia tan
sensible para las mujeres, en pleno 2026, con tantas mujeres perdiendo la vida -dieciséis en tres meses-, no se puede venir a hacer un discurso totalmente oportunista contra el Gobierno. Pueden darle al Gobierno en todo lo que quieran,
pero, por favor, dejen de usar los derechos de las víctimas para darnos en la cabeza, porque muchas son nuestras también, como son de toda la democracia española.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.
La señora ROMERO POZO: Acabo ya.
Creo que legislar es hacer bien las normas, legislar es dar recursos para que esas normas se cumplan y legislar es tener una política digna y unida en la defensa de los derechos de todos los españoles y españolas, también de las mujeres,
cosa que no hacen los socios del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Debatidas las proposiciones no de ley, se van a someter a votación.
Les recuerdo que, de conformidad con el acuerdo de la Mesa del Congreso de 10 de marzo del 2026, se ha aprobado una concreta disposición de los grupos parlamentarios en las diferentes salas de comisiones con el fin de que las votaciones sean
electrónicas. Dicha disposición concreta ha aparecido al inicio de la comisión en el gráfico que teníamos, y les comunico también que la votación electrónica de cada iniciativa tendrá una duración de quince segundos y comenzará una vez que esta
Presidencia la anuncie con la expresión 'comienza la votación'.
Por último, les recuerdo que solo pueden votar aquellos diputados que sean miembros de la comisión o estén en sustitución de otro diputado de su grupo que lo sea.
Como el voto es electrónico, si les parece a ustedes, vamos a hacer primero una prueba para ver que funciona todo bien. Como resultado final de esta comisión y prueba de la buena sintonía, vamos a probar votando todos que sí, para que
veamos que funciona bien el mecanismo. (Risas). No quiero con eso tener que decir a nadie lo que tiene que votar, pero es una propuesta que hace la Presidencia. Si alguien quiere que se proponga otro voto, no tengo ningún problema, pero habría
que votar que sí. (Risas.-Se realiza una prueba del sistema de votación electrónico).
Comienza la votación. (Pausa.-En el panel de votación aparecen todos los votos en verde). Veo que, siguiendo las instrucciones de la Presidencia, esta comisión funciona (risas), lo cual es conveniente que así sea. (Un señor diputado:
¡Qué maravilla!-Otro señor diputado: Te han hecho caso).
Comenzamos la votación con la Proposición no de ley sobre la recuperación de los apellidos de las familias ceutíes de origen musulmán.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 19; en contra, 3; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la siguiente votación, que es sobre la Proposición no de ley que reclama que las propuestas legislativas del Gobierno se dirijan a fortalecer la independencia judicial.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la Proposición no de ley en relación con los procesos de familia con menores.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 16; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate, así que tenemos que ponderar el número de votos. (Pausa).
Realizada la ponderación, el resultado es el siguiente: votos a favor, 149; votos en contra, 154.
En consecuencia, queda rechazada.
Pasamos a la votación del punto número 4. Proposición no de ley relativa al desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia e impulsar la participación en formación en materia de igualdad y violencia de
género. Planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 5. Proposición no de ley sobre la protección de los abogados en fases preprocesales.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 36; a favor, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 6. Proposición no de ley relativa a la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía. Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 33; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 7. Votación de la Proposición no de ley relativa al refuerzo urgente de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia para evitar su colapso tras la atribución de nuevas competencias en
materia de delitos contra la libertad sexual. Grupo proponente: Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; a favor, 16; en contra, 16; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Por lo tanto, tenemos que ponderar la votación. (Pausa).
Realizada la ponderación, el resultado es el siguiente: votos a favor, 149; votos en contra, 162.
Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Agradezco a todos los diputados y diputadas su presencia.
Eran las dos y cuatro minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.