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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 502, de 26/02/2026
cve: DSCD-15-CO-502
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2026 XV LEGISLATURA Núm. 502
CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ
Sesión núm. 16
celebrada el jueves,
26 de febrero de 2026
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002591) ... (Página2)
- Por la que se insta al Gobierno a asumir las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia de universidad en las ciudades de Ceuta y Melilla. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002699) ... (Página6)
- Sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/002711) ... (Página9)
- Sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/002829) ...
Modificación del orden del día ... (Página17)
Proposiciones no de ley. (Continuación):
- Para impulsar una estrategia nacional de deep tech. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003012) ... (Página17)
- Relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las universidades públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/003019) ... (Página21)
- Relativa a la dotación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para avanzar en la investigación oncológica. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003061) ...
- Relativa a dotar con 30 millones a la investigación sobre el cáncer de páncreas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/002986) ... (Página28)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página31)
Se abre la sesión a las tres y veintitrés minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002591).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Señorías, buenas tardes.
Vamos a proceder a la tramitación del orden del día, consistente en el debate y votación de las proposiciones no de ley que figuran en él y que todos ustedes conocen.
Como siempre, quiero recordar a sus señorías que el orden de los debates se realizará de la siguiente manera: el grupo proponente tendrá cinco minutos de tiempo para la defensa de su propuesta; después intervendrán los grupos enmendantes,
que dispondrán de tres minutos de tiempo; para la fijación de posición también dispondrán de tres minutos de tiempo, y el resto del debate se organizará de menor a mayor.
Comenzamos con la proposición no de ley sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Gracia.
La señora GRACIA BLANCO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, esta es una iniciativa que debería ser aprobada sin ningún problema y con el máximo consenso de esta comisión, porque no supone otra cosa que aplicar en las universidades las medidas específicas del segundo pacto contra la
violencia de género que aprobamos en el Pleno del Congreso el año pasado por estas fechas, el 26 de febrero de 2025, por la práctica unanimidad de todo el arco parlamentario, excepto VOX. Esta es una iniciativa que debe seguir concitando el mismo
consenso, porque si algo hemos aprendido a lo largo de los más de veinte años transcurridos desde la aprobación de la ley contra la violencia de género en 2004 es que la violencia de género es un hecho, no es una opinión. Negar la existencia de la
violencia de género es como saber que sufres de un cáncer diagnosticado y esperar que cerrando los ojos te vas a curar.
En estos veinte años de trabajo y consenso social sobre la violencia machista hemos aprendido muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que la violencia es un fenómeno estructural, una manifestación extrema de la desigualdad, la subordinación y
las relaciones de poder. Sabemos que no se puede luchar contra ellas solamente con el punitivismo, sino que hace falta prevención y educación. Sabemos también que no basta con legislar, sino que hace falta consenso social, recursos, inversión
pública y -algo muy importante- conocimiento y sistematización.
Pero me van a permitir una licencia, señorías: en materia de lucha contra la violencia de género en España sabemos mucho. España es referente mundial en esta materia tanto por nuestro despliegue legislativo como por su aplicación, por los
recursos públicos destinados a ello y, sin ninguna duda, por el enfoque de consenso que suponen los dos pactos de Estado. Sin embargo, sabemos mucho, pero necesitamos saber más. Por esta razón, en el Grupo Socialista hemos considerado muy
relevante poner
el foco sobre aquellas medidas del segundo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se dirigen específicamente al ámbito universitario. Como sus señorías recordarán, el pacto no es otra cosa que un catálogo de más de cuatrocientas
medidas dirigidas a todos los ámbitos administrativos, desde los ministerios a las Administraciones locales, a la AGE o a las propias universidades. Las medidas del pacto abordan la lucha contra la violencia de género en diferentes ámbitos, y,
aunque uno de ellos es la asistencia y protección a las víctimas, los ámbitos contemplados son mucho más amplios, y, entre ellos, la sensibilización, la respuesta institucional, la formación, los estudios o el seguimiento estadístico. Y esto es así
porque no es posible abordar con eficacia este fenómeno si no atacamos su raíz, si no contamos con profesionales formados y si no conocemos bien cómo se produce. De ahí que, aunque las medidas específicamente dirigidas al mundo universitario no
sean las más numerosas, sí tienen una importancia clave, son fundamentales.
En concreto, en el catálogo de medidas están incluidas algunas que se dirigen a prevenir y, en su caso, a actuar sobre casos de violencia de género que puedan darse en el seno de la comunidad universitaria, si bien las medidas van mucho más
allá, dado que las universidades también son un foro privilegiado donde educar en la igualdad y contra la violencia, una educación que debe alcanzar a todo el alumnado, a toda la comunidad universitaria. Además, respecto a esa educación que
podríamos llamar genérica, las universidades adoptan un rol clave en la capacitación de los futuros y futuras profesionales: juristas, médicos, personal sanitario, periodistas, fuerzas de seguridad... Es imprescindible que se incorporen en su
formación, en los planes de estudio, las herramientas que van a necesitar para reconocer la violencia de género y abordarla adecuadamente, cada cual en su propio ámbito de especialización. Muy concretamente, es imprescindible mejorar la formación
en violencia de género entre los docentes, que son quienes educarán a los niños y a las niñas, así como entre quienes están en contacto directo con las familias, sin olvidar que una de las formas más crueles de violencia de género es la vicaria, la
que se ejerce sobre los menores con el fin de hacer daño a la madre.
El pacto incluye también medidas relativas a agilizar la homologación y declaración de equivalencia de títulos y la concesión de becas para víctimas de violencia de género o de explotación sexual, así como para la creación de unidades de
igualdad de género en las universidades con el fin de que se puedan realizar estudios especializados en la materia y desplegar campañas de prevención. Por tanto, como decía, información sistemática y también proyectos de investigación con
perspectiva de género y sobre violencia de género y vicaria, puesto que todo acercamiento que se haga a este problema debe evitar la brocha gorda, las declaraciones groseras y las impresiones precipitadas. Todos los avances notorios que se han
obtenido lo han sido gracias a la obtención de datos sistematizados, el trabajo especializado y la aproximación científica y profesional. De ahí que, en materia de violencia de género, la implicación de las universidades sea una cuestión clave.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por lo tanto, intervendrán los distintos grupos, de menor a mayor y por un tiempo de tres minutos.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).
¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). El señor Agirretxea tampoco está.
¿Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu? (Pausa). La señora Fullaondo tampoco está.
¿Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya? El señor Pagès no interviene, ¿no? (Denegación). Muchas gracias.
¿Por el Grupo Parlamentario Republicano? ¿Señora Estrems? (Denegaciones). Tampoco interviene.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR tiene la palabra la señora López por un tiempo de tres minutos.
La señora LÓPEZ TAGLIAFICO: Muchas gracias.
Hoy debatimos esta proposición no de ley en un contexto especialmente doloroso. En los últimos días hemos vuelto a conocer nuevos asesinatos machistas, nuevos nombres que se suman a una lista ya insoportable y nuevas familias destrozadas.
Y, frente a cada asesinato machista, siempre hay dos opciones: mirar hacia otro lado o asumir la responsabilidad política que nos corresponde. Nosotros lo tenemos claro, la violencia machista no es una opinión, no es un eslogan y no es una
exageración ideológica, es una realidad estructural que mata. Los datos son contundentes, una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia de género. En España, más de 34 000 mujeres fueron víctimas
en 2024. Detrás de cada cifra hay una vida condicionada por el miedo, por la desigualdad y por una estructura de poder que sigue operando.
Por eso, apoyaremos hoy esta iniciativa, porque las universidades no son una burbuja aislada de la sociedad, son espacios donde también se reproducen relaciones de poder, abusos y silencios. Pero sobre todo son espacios desde donde podemos
transformar la realidad. Y aquí quiero ser muy clara, la universidad no solo debe proteger a las víctimas, debe formar a quienes mañana serán jueces, fiscales, médicos, docentes, periodistas, policías o trabajadores sociales. Si no incorporamos la
perspectiva de género en esta formación, estamos perpetuando la ceguera institucional que tantas veces ha fallado a las mujeres. En nuestro espacio político siempre hemos defendido que la violencia machista no se combate solo con penas -que
también-, sino con prevención, con educación, con recursos públicos y con igualdad material. Y eso empieza en las aulas.
Es lamentable -lo digo claramente- que mientras aquí hablamos de reforzar las unidades de igualdad, de formar al profesorado y de promover investigación con perspectiva de género, haya todavía quien niegue la existencia de la violencia
machista.
A la ultraderecha le molesta el término, le incomoda hablar de violencia de género, prefiere diluirlo en una supuesta violencia intrafamiliar en lugar de señalar el problema estructural. Pero la realidad no desaparece porque cambien las
palabras. Las mujeres no mueren por casualidad ni por conflictos domésticos, mueren por el hecho de ser mujeres en una sociedad que todavía arrastra desigualdades profundas.
También quiero decirles a los compañeros del Grupo Popular que no basta con firmar pactos en Madrid si después en las comunidades autónomas gobiernan de la mano de quienes quieren vaciar de contenido estos mismos pactos. No se puede
sostener el pacto de Estado por la mañana y pactar presupuestos por la tarde con quienes lo cuestionan. La violencia machista no puede ser moneda de cambio.
Desde nuestro espacio político creemos que hay que ir incluso más allá. No basta con cumplir el pacto de Estado. Debemos blindarlo, ampliarlo y dotarlo presupuestariamente. Necesitamos universidades con protocolos eficaces, con recursos
suficientes, con independencia para actuar frente a casos de acoso, también cuando afectan a figuras de poder académico. Y necesitamos políticas que aborden también las nuevas formas de violencia digital, la cultura de la pornografía violenta, la
explotación sexual y la violencia vicaria, porque la violencia evoluciona y el Estado debe estar a la altura.
Hoy toca estar en el lado correcto, del lado de las víctimas, del lado de la prevención, del lado de una universidad comprometida con la igualdad y con la justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor González-Robatto.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidenta.
Hoy, el Grupo Socialista trae a esta Cámara una PNL sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario. Y yo voy a empezar por lo esencial, que el PSOE no está para dar lecciones, ni levantar el dedito ni para
presentarse como juez moral de nadie. Porque un partido que arrastra una condena de escándalos recientes, como el caso Salazar y los que hemos conocido estos días en Alcalá, no puede venir aquí a hablar de protección con la superioridad de quien se
cree impune. Y no son anécdotas, lo que hemos visto y lo que vemos es un patrón: un partido que presume de feminismo institucional, pero cuando el problema lo salpica, gestiona tarde, tapa, minimiza o mira para otro lado. Y esto vuelve a ser lo
mismo, mucho papel, mucho plan, mucha unidad, mucha formación obligatoria, y lo que dicen ustedes mismos, reforzar unidades de igualdad, meter contenidos de género en carreras, campañas en campus y más estructuras. Sin embargo, la realidad es que
esto no protege a las mujeres, a 'las que quieren volverse solas y borrachas'. Esto no frena a ningún agresor, esto lo único que hace es engordar un aparato ideológico y un chiringuito.
Ustedes hablan de proteger, pero con ustedes el Gobierno aprobó una ley que benefició a violadores y agresores sexuales, se redujeron penas y hubo excarcelaciones, y luego se dedicaron a pelearse entre ustedes para quitarse la culpa. Hoy
tenemos a una ministra suya -bueno, de Podemos- denostada precisamente por esto, pero el daño ya estaba hecho: los delincuentes estaban en la calle y las víctimas completamente desamparadas.
Y, si hablamos también de seguridad, hablamos de todo, también de las consecuencias de una inmigración ilegal masiva, donde ustedes pretenden también mirar para otro lado, que es causante de los problemas que hoy se han mencionado aquí. Los
datos oficiales -no los que traemos VOX, ni la ultraderecha, ni nadie- muestran que una parte importantísima de los agresores en homicidios de violencia de género no ha nacido en España en proporción muy superior a su peso demográfico. Y esto no es
señalar por señalar, esto no va de mentir y de esconder el problema por corrección política -que es precisamente lo que están haciendo ustedes-, sino que si se importa sin seguridad y se renuncia a expulsar a los delincuentes las que pagan son las
mujeres.
Así pues, señorías, que quede muy claro que nadie va a aceptar lecciones de ustedes con ese historial, con esa hipocresía y con ese negocio político montado alrededor del dolor ajeno. Además, ustedes miran a otro lado a la hora de ver las
políticas que funcionan, que son las que nosotros hemos propuesto muchas veces: penas mucho más duras, cumplimiento íntegro para maltratadores, violadores y agresores sexuales. No: charla y a la calle, que es lo que está pasando, sino protección
real y medios, sin ideología, y expulsión inmediata de ilegales y extranjeros delincuentes. Ustedes se rodean de propaganda, mucha pancarta, pero nosotros pedimos más ley y más seguridad y justicia.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO BORRÁS: Gracias, presidenta.
Para empezar, quiero decir que el Grupo Popular se reafirma en el compromiso de trabajar por la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres, la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Debemos educar desde la
infancia una sociedad igualitaria, no solo en la educación universitaria, sin brechas de género en el empleo, en lo social, en lo cultural, así como el emprendimiento, para que exista equilibrio entre mujeres y hombres, en los órganos de dirección y
en los puestos de decisión y participación, facilitando la conciliación laboral con la vida familiar y sin brechas salariales.
Ahora bien, su hipocresía resulta indignante al presentar esta PNL. Ustedes, que pretenden ser los legítimos abanderados de la lucha por la igualdad, hoy guardan silencio cómplice ante los casos de presunta violencia de género y esconden
las conductas abusivas en su coalición. Señorías, ¿qué opinan del señor Monedero y del señor Errejón, titulares ayer en prensa?, ¿dos depredadores sexuales, exmiembros de su coalición? Ustedes, que tienen en sus despachos comportamientos
deleznables, sabidos y silenciados, que ahora los testimonios de las víctimas que denuncian ante la justicia dan a conocer. ¿Acaso no sabían por las víctimas del señor Paco Salazar lo que sucedía en su despacho? Ustedes son cómplices del
encubrimiento por la supervivencia de su coalición de gobierno, por encima de la integridad de las mujeres que denuncian los abusos en sus propias filas.
Señorías, ¿y qué decir de su nefasta ley del solo si es sí, que supuso la mayor desprotección a las víctimas de violencia de género, con la rebaja de penas a cientos de agresores sexuales? Fueron advertidos y aun así la llevaron adelante.
¿Y qué decir del escándalo de las pulseras telemáticas para los maltratadores, que exponen a las mujeres más desprotegidas y ponen en peligro su vida? También, por no decir más, quiero añadir que la señora Morant -valenciana y candidata a la
Generalitat, que se dedica más a su candidatura que a su ministerio, el Ministerio de Universidades, entre otras competencias- sabía que en el CNIO había un caso de acoso dentro de su órgano competente y no hizo nada de nada. Y, además, esta
señora, en el mes de noviembre de 2024, se quedó votando en el Congreso de los Diputados el decreto de la dana, un mes después de la tragedia. En ese decreto se blindaba el nombramiento del DAO de la Policía Nacional, permitiendo su servicio más
allá de la edad de jubilación. Un presunto violador que se ha aprovechado de la jerarquía institucional para tapar su agresión sexual, silenciar a la víctima, una auténtica cacería que ha salido a la luz. Y, además, ha puesto de manifiesto el
testimonio de otras víctimas, denuncias que ustedes ignoraron por los canales internos.
Señorías, frente al populismo punitivo de fachada del partido, el Grupo Popular propone rigor. No vamos a permitir que sigan troceando el pacto de Estado que se aprobó hace un año en documentos de PNL...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.
La señora MORENO BORRÁS: ... que son declaraciones de intenciones que ustedes no cumplen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS DERIVADAS DE SU PLENA COMPETENCIA EN MATERIA DE UNIVERSIDAD EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002699).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos el debate de la segunda proposición no de ley del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a asumir las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia
de universidad en las ciudades de Ceuta y Melilla. Del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la iniciativa, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Acedo.
La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy traemos a esta comisión una iniciativa que no es solo una cuestión presupuestaria o puramente administrativa, sino que hablamos del futuro de las dos ciudades autónomas españolas, de la igualdad de oportunidades y de la
cohesión territorial en nuestro país. Hablamos del futuro de todos los que vivimos allí. El campus de la Universidad de Granada en las dos ciudades no es únicamente un centro educativo, sino que es uno de los principales motores económicos,
sociales y culturales de las ciudades de Ceuta y Melilla. La universidad fija población joven, atrae talento, genera empleo, impulsa la investigación y dinamiza la actividad económica. En dos ciudades con las singularidades y los retos de Ceuta y
Melilla, su impacto es decisivo.
En el caso de Melilla, donde el Gobierno de la ciudad está llevando a cabo una apuesta importantísima en la materia, los datos lo confirman: el campus universitario representa ya el 4,7 % del PIB local, muy por encima de la media nacional y
cada euro invertido en la universidad se multiplica por 9,7 en la economía de la ciudad. Es difícil encontrar una inversión pública con un retorno social y económico tan importante y claro. Pero, además de su impacto económico, la universidad
cumple una función esencial: ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes sin obligarlos a abandonar nuestras ciudades. La formación superior es una herramienta de igualdad, de arraigo y de cohesión social. Para Melilla y para Ceuta es también una
política estratégica contra la fuga de talento y a favor del futuro. Y aquí es donde encontramos el problema. El coste real del funcionamiento de ambos campus -Ceuta y Melilla- supera actualmente los 25 millones de euros anuales, mientras que la
aportación del Estado ha permanecido congelada durante años en aproximadamente 9 millones de euros y se ha ido incrementando mínimamente, pero sin ajustarse al coste real de ambos campus.
Esta infrafinanciación está obligando a la Junta de Andalucía, a la Universidad de Granada y a las propias ciudades autónomas a cubrir un déficit que no les corresponde asumir. No estamos ante una petición extraordinaria; estamos ante una
cuestión de responsabilidad institucional. Existe un protocolo firmado en el año 1999 que establece con claridad que la Administración General del Estado debe financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para impartir las
enseñanzas universitarias en Ceuta y Melilla. Es, por tanto, una obligación asumida por el propio Estado. Además, hablamos de una competencia estatal, como he dejado claro. Y cuando la competencia es del Estado, la financiación debe ser también
del Estado, sin perjuicio de que haya un apoyo por parte de las dos ciudades autónomas, como se está produciendo.
Mientras tanto, en su caso, Melilla está haciendo su parte -como les decía-, pero no es suficiente y por tanto presentamos esta iniciativa con la intención de que el Estado asuma la parte que le corresponde. Y para ello solicitamos que
asuma la financiación de los campus de la Universidad de Granada de las dos ciudades autónomas como competencia nacional, también en lo que a inversiones se refiere. Solicitamos que, con efecto retroactivo, asuma también el coste que ha supuesto
para la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y para las ciudades de Ceuta y Melilla; que se apoye la actividad investigadora en el marco del apoyo a la actividad investigadora de todo el territorio nacional, y -una cuestión fundamental-
que se otorgue al Consejo de gobierno de cada una de las ciudades autónomas la capacidad de decidir la implantación de universidades privadas y también públicas, que a día de hoy no tienen.
Sin más, solicito a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa porque para Ceuta y Melilla la apuesta por la universidad es fundamental y clave para su desarrollo económico, social y cultural.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX.
Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, el señor Ramírez del Río.
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Gracias, señora presidenta.
Esta PNL que presenta el Grupo Popular viene a incidir en otra barbaridad más del sistema autonómico español, en el que el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas ha multiplicado el precio que todos los
españoles pagamos, vía impuestos, por servicios esenciales, mientras a la vez hundía su calidad de manera simultánea, cosa que ha sucedido tanto en educación como en sanidad.
La Universidad de Granada ha tenido una relación histórica con Ceuta y Melilla y les ha proporcionado campus universitarios que atienden la formación superior en estas ciudades autónomas. La financiación de la Universidad de Granada depende
en gran medida de la Junta de Andalucía, mientras que la educación en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es competencia del Gobierno central, por lo que se produce una disfunción que hasta la fecha ha sido paliada con aportaciones del
Gobierno central, pero de manera insuficiente. Sin embargo, los fuertes incrementos de gasto que se han producido debido a los cambios normativos del Gobierno central y a la inflación han creado una deuda cuyo pago reclama aquí -en nuestra opinión
de manera correcta- el Grupo Popular. El PSOE lleva intentando utilizar como arma la financiación de las universidades desde hace bastante tiempo; no hay más que ver sus manifestaciones sobre la universidad en Madrid, en Andalucía y en otras
comunidades, mientras que las que son del ámbito de la competencia del Gobierno central las ha infrafinanciado, como estamos viendo en esta proposición no de ley.
La iniciativa pone de manifiesto la necesidad de que el Estado recupere un papel efectivo en el cumplimiento de sus obligaciones, evitando que la financiación universitaria continúe utilizándose como instrumento de confrontación política y
garantizando la igualdad de todos los españoles, con independencia del territorio en el que vivan. Hay dos aspectos que nos dificultan apoyarla. Por un lado, no estamos a favor de legislar con nombres y apellidos, y la petición de una posible
universidad de Melilla viene así planteada. Y, por otro lado, estamos en contra de aumentar las competencias transferidas desde el Estado central a organismos autonómicos que estén conduciendo a este desastre. No queremos abundar en él.
Por ello, hemos presentado una enmienda. Si se acepta, votaremos a favor; en caso de que no sea aceptada, nos abstendremos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
En turno fijación de posiciones intervienen los grupos parlamentarios, de menor a mayor.
¿Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya? (Pausa). El señor Pagès no está.
¿Por el Grupo Parlamentario Republicano? ¿Señora Estrems? (Denegación).
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, Candela López.
La señora LÓPEZ TAGLIAFICO: Muchas gracias.
Hoy debatimos esta proposición no de ley bajo una apariencia de defensa de Ceuta y Melilla que parte de un diagnóstico incompleto y omite deliberadamente los avances que se han producido en los últimos años en la financiación y el
fortalecimiento de sus campus universitarios.
Conviene empezar recordando una cuestión básica y es que Ceuta y Melilla, como ciudades autónomas que son, han decidido de manera voluntaria no asumir determinadas competencias como la educación superior. (Rumores). Esa singularidad
competencial implica de manera clara a la Administración General del Estado, que es quien presta este servicio universitario de manera directa. Precisamente por esa responsabilidad, el Estado no ha mirado hacia otro lado. Al contrario, en los
últimos años se ha producido un incremento sustancial en la financiación. Si en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, se tocó un mínimo histórico de 8 millones de euros, hoy la situación es muy distinta. En 2024 la aportación del ministerio
ya alcanzaba los 9 millones de euros. En 2025 se incrementó un 22 % hasta llegar a los 11 millones y a ello se sumó una transferencia extraordinaria de 4,9 millones de euros a finales de año.
Estamos hablando de 15 millones de euros en 2025, prácticamente el doble de lo que se invertía durante los años del Gobierno del Partido Popular. Y la cuestión no se queda aquí. El borrador presupuestario que se está trabajando para 2026
prevé una inversión de hasta 17 millones de euros para los campus de Ceuta y Melilla. Es decir, existe una senda clara de crecimiento y de compromiso financiero por parte del Gobierno de España.
Señorías, no es serio afirmar que el Estado desatiende sus obligaciones cuando los datos muestran exactamente lo contrario. Pero, además, este compromiso no es solo presupuestario. Durante los mandatos de los ministros Manuel Castells y
Joan Subirats se impulsaron reformas estructurales de enorme calado. La aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en 2023 reforzó la financiación estructural, la estabilidad del profesorado, la calidad académica y la cohesión
territorial del sistema universitario. Evidentemente, una ley que no apoyaron.
Desde nuestro espacio político siempre hemos defendido que la universidad debe ser un instrumento de cohesión social y territorial, y eso es especialmente cierto en territorios como Ceuta y Melilla, donde el papel de la universidad es
estratégico para la promoción social, la fijación de población cualificada y la diversificación económica. Los datos así lo demuestran: más de 3300 estudiantes matriculados en el curso 2023-2024, un 35 % más que hace una década. Y ese crecimiento
no es casualidad, es el resultado de una apuesta sostenida.
También en el ámbito de la UNED el compromiso ha sido claro. El plan de relanzamiento aprobado el pasado 31 de marzo dotaba de 30 millones de euros en su primer año, un 35 % más de aportación estatal. Hoy el presupuesto de la UNED está un
50 % por encima de lo que había durante el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, señorías, el Estado está asumiendo su responsabilidad competencial y financiera.
Lo que no podemos compartir es este planteamiento de esta PNL cuando propone una compensación retroactiva indiscriminada sin un análisis técnico riguroso. Desde nuestro grupo defendemos una universidad pública fuerte, bien financiada y con
criterios de equidad territorial. Defendemos seguir aumentando progresivamente la financiación, mejorar la cooperación institucional entre el Estado, la Universidad de Granada y las ciudades autónomas y consolidar así el crecimiento de los campus.
Pero también defendemos el rigor, la corresponsabilidad institucional y el respeto al marco competencial. Ceuta y Melilla necesitan una universidad fuerte...
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir finalizando.
La señora LÓPEZ TAGLIAFICO: Sí, acabo.
... y la están teniendo gracias a un incremento real de recursos, a una reforma estructural del sistema universitario y a un compromiso político claro por la cohesión territorial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para abordar este debate, pero vamos a hacerlo con rigor, con verdad y sobre todo con datos, porque hay grupos que los omiten. Se ha dicho aquí que Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, que no tienen
competencia en educación superior y esa responsabilidad la asume la Administración General del Estado a través de los campus dependientes de la Universidad de Granada. Estamos, por tanto, ante un reparto que está previsto en nuestro ordenamiento.
Voy a coincidir con algo que ha dicho el Partido Popular. Es verdad que durante años esa financiación fue insuficiente. ¿Saben cuándo? En 2014, cuando alcanzó su mínimo histórico, 8 millones de euros, una cifra que no respondía ni al crecimiento
del alumnado ni al aumento de los costes rurales. ¿Quién gobernaba? El Partido Popular y el señor Rajoy. Hoy la situación es distinta: curso 2023-2024, los campus de Ceuta y Melilla sumaban 3322 estudiantes, un 35 % más que hace una década. ¿Y
qué hizo el Gobierno ante ese crecimiento? Actuar. Los datos se los damos: 2025, un 22 % más, hasta 11 millones de euros. Pero, además, hizo un crédito extraordinario, una transferencia, hasta llegar a los 15 millones de euros el año 2025,
prácticamente el doble de lo que se invertía durante el Gobierno del señor Mariano Rajoy. Y no nos detenemos aquí. El borrador de presupuesto para 2026 contempla hasta 17 millones de euros. Eso es compromiso real presupuestario.
También -lo ha dicho la diputada de SUMAR- se ha reforzado la UNED con 30 millones de euros más el primer año, y hoy ese presupuesto es un 50 % superior al que tenía el Partido Popular. ¿Y esto qué demuestra? Un Gobierno progresista que
asume sus competencias, que financia y que fortalece la Universidad Pública de Ceuta y Melilla.
Como andaluza, esto de que a mí me pongan de ejemplo la Junta de Andalucía ya es de risa. ¿La Junta de Andalucía ejemplo en las universidades públicas? ¿De verdad? Las universidades públicas andaluzas llevan años denunciando a la Junta de
Andalucía por falta de financiación, por la inestabilidad que sufren, y lo hacen cuando más dinero recibe Andalucía del Gobierno de España para universidades. A mí de verdad me surge una pregunta: ¿esta PNL es una apuesta real por la universidad
pública? ¿Que venga del Partido Popular? No me lo creo. Es una cortina de humo para tapar la insuficiente financiación de los Gobiernos de las comunidades autónomas, allí donde están, entre ellos Andalucía con el señor Moreno Bonilla, que están
más centrados en impulsar las universidades privadas que en reforzar la pública. Señorías, las universidades de Ceuta y Melilla no son solo cifras -malísimas en la época del Partido Popular-, son igualdad, cohesión territorial y presencia del
Estado donde más se necesita. Y con esa responsabilidad este Gobierno está cumpliendo. Gobierno del Partido Popular -voy a terminar así-, año 2014: 8 millones de euros; Gobierno progresista, año 2025: 15 millones de euros; previsión para el
año 2026: 17 millones de euros.
Nada más que decir, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Señora Acedo, ¿a efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario VOX?
La señora ACEDO REYES: No la puedo aceptar, porque es que directamente creo que no han entendido la enmienda, porque en ningún momento se ha hablado de la Universidad de Granada.
La señora PRESIDENTA: Solo a efectos de... (El señor García Morís: A efectos...). Señor Morís, quien dirige el debate es la presidenta todavía.
Señora Acedo, no la hemos entendido.
La señora ACEDO REYES: No la aceptamos. No se ha entendido la enmienda. No tiene sentido.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
-SOBRE EL PRECIO DEL ALQUILER DE HABITACIONES QUE DEBEN AFRONTAR LOS UNIVERSITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/002711).
La señora PRESIDENTA: Punto tres, proposición no de ley sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios, del Grupo Parlamentario Republicano.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Estrems, por un tiempo de cinco minutos.
La señora ESTREMS FAYOS: Moltes gràcies, presidenta.
El problema de l'accés a l'habitatge, és un problema que impregna tot i, per descomptat, afecta a les persones joves de forma molt salvatge. És per això que podem dir que accedir a un habitatge és, sobre tot, parlar d'oportunitats, perquè
moltíssimes persones joves depenen de tenir un lloc on viure per poder estudiar, perquè son de llocs on no hi ha estudis post obligatoris, formacions professionals, o universitats. Joves d'arreu que s'han de desplaçar a les ciutats per intentar
vetllar-se un futur amb un mínim de condicions i que no poden anar i tornar cada dia per qüestions de distancia. Per això el preu d'una habitació s'ha convertit en el principal filtre social per accedir a la universitat. Parlem de qui pot estudiar
i de qui queda fora i això és inacceptable. En els darrers anys, l'accés per a l'allotjament per a estudiants s'ha deteriorat de manera alarmant a les capitals universitàries de Catalunya. Les dades son molt clares. En només tres anys, el lloguer
d'habitacions a Barcelona s'ha encarit un 62 %. Hem passat d'uns 383 euros mensuals a més de 640 de mitjana i, en alguns casos, els hi demanen 2500 euros per una habitació. I és una tendència general. A girona el preu mitjà ronda els 400 euros
però es poden arribar a pagar 700 euros. A Tarragona i a Lleida 370 i 320, amb màxims que ronden els 500 euros. Però el problema no és només de preus, sinó també de manca d'oferta. A Girona, que és la ciutat amb més pressió universitària
de Catalunya, hi ha un dèficit estructural de milers de places en residències. Cada inici de curs estudiants es queden sense allotjament. Alguns han d'anar a viure fora de la ciutat, altres comparteixen en condicions precàries i altres
directament renuncien. I això no ho podem permetre. L'habitatge s'ha convertit en un factor determinant a l'hora d'escollir universitat i carrera. No decideixen només les vocacions, les ganes o la il·lusió. Decideix la renda familiar, decideix
si es pot pagar una habitació, decideix si es pot assumir un lloguer abusiu. El preu de l'habitatge determina qui pot estudiar. Deixem de parlar d'un dret i passem a parlar d'un privilegi. Si és així, i això genera una desigualtat profunda entre
les persones joves, entre els que poden quedar-se a casa i els que han de marxar per estudiar, entre els que poden pagar i els que no, entre els que són de poble i els que són de ciutat.
La Llei Estatal d'Habitatge va ser un primer pas, però va deixar una escletxa enorme, que és just la que està expulsant a molts joves de la via dels estudis. La llei va fixar topalls als contractes de llarga durada, però no als contractes
temporals ni al lloguer d'habitacions. I els qui volen especular, evidentment, s'hi han agafat. Proliferen els contractes d'un a onze mesos a preus desorbitats. El lloguer per habitacions sense regulació, la temporalitat forçada, estudiants que
han de marxar a l'estiu perquè el pis passa a turístic, estudiants obligats a encadenar contractes precaris sense cap estabilitat. Per això aquesta iniciativa és tan clara: demana regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Demana mesures
urgents per acabar amb les desigualtats que genera el preu de l'habitatge. Demana que l'accés a la universitat deixi d'estar condicionat per la renda, que no només puguis estudiar una carrera si ets de classe alta o de ciutat.
A Catalunya ens hem avançat en tapar aquest buit. És cert que és el forat perfecte per als qui especulen i hem aprovat al Parlament aquesta regulació, però sense sorpresa, hem vist fa poquet que el Partit Popular ja ha anunciat que
recorrerà aquesta norma al Tribunal Constitucional, que tots sabem què farà perquè és el seu braç judicial. I mentre això passa aquí hi ha qui continua negant-se a regular i es va posant al costat del bloc de les dretes més espanyoles i
franquistes. És Junts per Catalunya sí. Continuen bloquejant la regulació del lloguer de temporada al Congrés i fa tota la sensació que simplement estan esperant que el Partit Popular els hi faci la feina bruta als tribunals espanyols perquè
caigui la norma també a Catalunya. Suposo que esperen que ho faci el PP, perquè encara tenen una mica de decència i de vergonya i no s'atreveixen a fer-ho directament ells. Mentre milers de joves del nostre país no poden pensar en un futur digne,
Junts, en comptes de defensar els interessos de Catalunya, segueixen del costat dels qui ens voldrien incultes i sotmesos. I, mentrestant, els preus continuen pujant i els estudiants continuen patint. No es pot dir que es defensa el país i alhora
protegir les escletxes que permeten l'especulació. No es pot dir que es defensa la joventut i alhora negar-se a regular el mercat que l'expulsa. No es pot parlar d'oportunitats i permetre que estudiar depengui del compte corrent familiar.
La política serveix per prendre decisions i avui és clara la decisió: o es regula o es protegeix l'especulació; o es garanteix el dret a estudiar o es permet que sigui un privilegi només per a rics. Nosaltres ho tenim clar. Estudiar és
un dret que ha de ser universal i avui l'habitatge està posant en risc un dret que no pot dependre ni de la renda familiar ni del codi postal. Per això cal regular el lloguer de temporada i d'habitacions, garantir estabilitat i preus justos perquè
cap persona jove hagi de renunciar a estudiar per no poder pagar una habitació. Els demanem avui que recolzin aquesta proposició d'Esquerra Republicana.
Gràcies.
Muchas gracias, presidenta.
El problema del acceso a la vivienda es un problema que lo impregna todo y, por supuesto, afecta a los jóvenes de forma muy salvaje. Por eso podemos decir que acceder a una vivienda es, sobre todo, hablar de oportunidades, porque muchos
jóvenes dependen de tener un lugar donde vivir para poder estudiar, porque en sus lugares no hay estudios posobligatorios, formaciones profesionales o universidades, jóvenes de todas partes que tienen que ir a la ciudad para labrarse un futuro con
un mínimo de condiciones y que no pueden volver cada día por cuestiones de distancia a casa. Por eso, tener una vivienda se ha convertido en el primer filtro social para acceder a la universidad, deciden quién puede estudiar y quién queda fuera, y
eso es inaceptable. En los últimos tres años, el acceso a la vivienda para los estudiantes se ha deteriorado muy sensiblemente en Cataluña. Solo en tres años ha habido un 62 % de crecimiento del alquiler en Barcelona, de 383 euros mensuales a 648,
y en algunos casos se llega a pedir hasta 2500 euros por una habitación. Y es una tendencia general. En Girona, el precio medio es de 400 euros, pero se puede llegar a los 700; en Tarragona, 370, y en Lérida, 320, con máximos de hasta 700 euros.
Pero también hay falta de oferta. En Girona -la ciudad con más presión universitaria de
Cataluña- hay un déficit estructural de miles de plazas en residencias. Cada curso hay estudiantes que se quedan sin alojamiento, algunos tienen que ir fuera de la ciudad, otros comparten en condiciones precarias y otros directamente
renuncian a estudiar. Y eso no lo podemos permitir. La vivienda se ha convertido en un factor determinante a la hora de escoger universidad y carrera. No deciden solamente las vocaciones, las ganas o la ilusión; decide la renta familiar, decide
si se puede pagar una habitación, decide si se puede asumir un alquiler imposible. El precio de la vivienda determina quién puede estudiar. Dejamos de hablar de un derecho y pasamos a hablar de un privilegio, y eso genera una desigualdad profunda
entre los jóvenes, entre quienes pueden quedarse en casa y los que tienen que marcharse para estudiar, entre los que pueden pagar y los que no, entre los que son de pueblo y los que son de ciudad.
La ley estatal de vivienda fue un primer paso, pero dejó una brecha enorme, que es justo la que está expulsando a muchos jóvenes de la línea de los estudios. La ley fijó topes a los contratos de larga duración, pero no a los temporales o de
habitaciones, y los que quieren especular, por supuesto, se han aprovechado. Proliferan los contratos de uno a once meses a precios desorbitados, alquiler por habitaciones sin regulación, la temporalidad forzada, estudiantes que tienen que irse en
verano porque el piso pasa a ser turístico, estudiantes obligados a encadenar contratos precarios sin tener estabilidad. Por eso esta iniciativa es tan clara, pide regular el alquiler de temporada y de habitaciones, también medidas urgentes para
acabar con las desigualdades que genera la escasez de vivienda. Pide que el acceso a la universidad no esté condicionado por la renta, que no solo se pueda estudiar una carrera si uno es de clase alta o de ciudad.
En Cataluña hemos avanzado para tapar esta brecha -es cierto que es el agujero perfecto para quienes especulan-, lo hemos hecho en el Parlament, pero, sin sorpresa, hemos visto que hace poco el Partido Popular ya ha dicho que recurrirá esta
norma en el Tribunal Constitucional, y todos sabemos que lo hará, porque es su brazo judicial. Y, mientras eso pasa, aquí hay quien se sigue negando a regular y se pone del lado de las derechas más españolas y franquistas. Es Junts per Catalunya.
Sí, siguen bloqueando la regulación del alquiler de temporada en el Congreso y hacen todo para que el Partido Popular les haga el trabajo en los tribunales españoles para que caiga la norma también en Cataluña. Supongo que esperan que lo haga el PP
porque todavía tienen un poco de decencia y de vergüenza y no se atreven a hacerlo ellos. Mientras miles de jóvenes de nuestro país no pueden pensar en un futuro digno, Junts dice que defiende los intereses de Cataluña, pero se pone del lado de
quien nos somete. Y mientras, los jóvenes siguen sufriendo y los alquileres subiendo. No se puede decir que se protege el país y proteger las grietas que permiten la especulación. No se puede defender a los jóvenes y dejar de regular el mercado
que los expulsa. No se puede permitir que estudiar dependa de la cuenta de la renta familiar.
Hoy hay una clara decisión que tomar: o se regula o se protege frente a la especulación; o se protege el derecho a estudiar o se permite que sea un privilegio para ricos. Nosotros lo tenemos claro: estudiar tiene que ser un derecho
universal y hoy la vivienda lo está poniendo en riesgo. Un derecho que no puede depender ni de la renta familiar ni del código postal. Por eso hay que regular el alquiler de temporada y habitaciones, garantizar estabilidad y precios justos, para
que ningún joven tenga que renunciar a estudiar por no poder pagar una habitación. Les pedimos por eso que respalden esta proposición de Esquerra Republicana.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A esta iniciativa no se ha presentado enmienda ninguna. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor.
El señor Pagès no está. Ah, sí, sí que está. ¿Señor Pagès? (Denegación).
Entonces, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Andala Ubbi.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones, si no la principal, de todos los ciudadanos. Y ya no solo hablamos de acceso a un piso completo, hablamos de que el alquiler habitacional en la actualidad se encuentra en
máximos históricos. En el conjunto del país, el precio medio de una habitación en alquiler ronda ya los 521 euros al mes, y la cifra aumenta, si no nos vamos a mercados como el de Madrid, donde el precio medio de habitación ya supera los 600 euros.
Compartir una vivienda en una ciudad como Madrid o cualquier capital, uno de los principales destinos de nuestros jóvenes para buscar un futuro laboral y también académico, cuesta ya un 10 % más que el año pasado y un 54 % más que en los
últimos cinco años. En España, tres de cada diez universitarios estudian fuera de casa. El coste del alojamiento que tienen que afrontar en esta etapa para muchos es inasumible y eso tiene un coste vital en su independencia y en su participación
en la vida social y económica. Todo esto ocurre, además, en un contexto donde miles de contratos finalizan este año, en 2026, y no tenemos una prórroga de esos contratos.
Ante esta situación, siguen existiendo aquellos que no quieren cumplir la ley de vivienda, una ley que aprobamos en 2023, pero parece que hay resistencias allá donde gobiernan a nivel autonómico las derechas en su conjunto. Frente a esto,
tenemos la obligación de implementar mecanismos efectivos que impidan a los propietarios seguir aumentando el precio del alquiler. Hay que hablar de intervenir, de topar, sobre todo, los precios de la vivienda. Eso sí que está en nuestras manos.
O ampliar el parque de residencias universitarias, como ya propone la Unión Europea. Este también es un mandato que podemos asumir desde aquí, con suelo público y en colaboración con las autonomías.
Es innegable que existen desigualdades estructurales entre aquellos que pueden pagar los desorbitados precios de la vivienda y los que tienen que renunciar a sus estudios o tienen que compaginarlos con un trabajo precario. La vivienda puede
seguir siendo el principal negocio de unos pocos a costa del proyecto de vida de una generación entera. Desde Madrid, sabemos que nos están robando Madrid, pero sobre todo le están robando el futuro a nuestros hijos e hijas. Por eso apoyaremos
esta proposición no de ley del Grupo Republicano, porque consideramos que pone el acento en algo crucial: la emancipación, pero sobre todo en el acceso a la universidad. Y no se puede acceder a la universidad ni tener un futuro académico si no
tenemos una vivienda digna donde alojar a nuestros hijos e hijas.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Hernández Quero.
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Gracias, presidenta.
Este debate lo hemos tenido -diría que las mismas personas- en la Comisión de Vivienda y en Pleno, y ahora lo hemos traído aquí, a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Y todos vamos a decir lo mismo. Los que han hablado han
dicho lo mismo y también conocemos los argumentos de los que quedamos por hablar.
Lo cierto es que las pésimas regulaciones adoptadas en el mercado del alquiler en los últimos cinco o seis años -desde el Decreto 11/2020 y todas sus prórrogas hasta la ley de vivienda- han generado una inseguridad jurídica tal que ha
llevado a una fuga masiva de unidades del mercado de larga duración a otros usos, entre ellos el alquiler de temporada y por habitaciones. La escasez en el mercado de larga duración, además en un contexto de crecimiento demográfico brutal -más de
tres millones de personas-, ha llevado a un alza de los precios y esto a la exclusión social de jóvenes y rentas más bajas, que han sido condenados a no poder emanciparse o a tener que vivir toda la vida en un piso compartido con desconocidos. En
la actualidad, el precio medio de una habitación en un piso compartido es el que hace diez años era el de un piso completo -hace diez años, cuando aún no había ninguna de estas regulaciones- y la edad media del inquilino, que entonces estaba por
debajo de los 30 años, está en los 35. Pensemos: si muchos estudiantes comparten piso y la edad media alcanza los 35 años, ¿cuántas personas por encima de los 40 años, que dejaron atrás los estudios hace mucho tiempo, siguen con su proyecto vital
absolutamente empantanado y bloqueado? Sin embargo, en este contexto, hay quienes insisten en que sigamos dándonos cabezazos contra la pared, poniendo en el camino la misma piedra con la que ya hemos tropezado para ver si esta vez no nos caemos.
Lo cierto es que los estudiantes que necesitan una habitación en alquiler de forma temporal se han visto sumidos en una espiral de precariedad y altos precios que amenaza su estabilidad, su autonomía y su salud mental. Y la solución no es
dar una vuelta de tuerca más a una regulación que ya se ha demostrado fallida y que ha dejado como resultado una retirada masiva de unidades del mercado y un encarecimiento de precios. La solución es que quienes han legislado de forma tan nefasta
dejen de tener la capacidad de volver a escribir un solo renglón más en el BOE. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camino.
El señor CAMINO MIÑANA: Se hace un gran esfuerzo para alterar la percepción sobre qué hace subir los precios y tensiona el derecho a la vivienda. Les pondré tres ejemplos de culpables habituales, utilizados por quienes se forran con la
especulación para desviar el foco: los jóvenes que no se independizan por pagar Netflix; la inmigración como causa de la subida de los precios; y la okupación, que baja la oferta y asusta a los propietarios. ¿Les suena, verdad, señorías del
Grupo Popular y de VOX? Estos relatos los fabrica la derecha para proteger a quienes se están forrando mientras condenan a generaciones enteras. La realidad es diferente, porque los jóvenes podrían no pagar Netflix y tampoco pagarían un piso; la
inmigración aporta y sufre la falta de acceso a la vivienda; y la okupación representa apenas un 0,006 % frente a la especulación.
¿Y qué es especulación? Que el 50 % de las casas compradas en 2025 sean de propietarios que tienen ocho o más viviendas. Me explico. La demanda imparable hace crecer los precios, pero detrás de esa demanda están los especialistas en
enriquecerse a costa de las familias. Las transacciones inmobiliarias se han incrementado en los últimos tres meses un 12 %. La vivienda da una rentabilidad en España del 16 % y atrae a ricos, que lo ven como un activo financiero y no como un
derecho. Y hay 86 000 pisos turísticos y de temporada ilegales que hacen subir hasta un 30 % los alquileres donde se ubican.
En definitiva, alguien se lo está llevando crudo a costa de la necesidad y juega con el miedo para que nadie se interponga entre él y su enriquecimiento. Ante esta situación, la intervención del mercado es obligatoria. No aplicar la ley de
vivienda es un insulto. No regular los alquileres de temporada es inaceptable. Y regalar vivienda pública a militantes del PP, como se ha hecho en Alicante, es simplemente indecente. Su modelo de país cronifica la desigualdad entre
multipropietarios ricos e inquilinos permanentes que pierden poder adquisitivo mientras engordan las cuentas corrientes de los primeros. ¿Y cuál es su política de vivienda? Lo comentaba antes: repartirse vivienda pública entre el PP de Alicante y
sus tentáculos. ¿Ustedes quieren desalojos exprés, señorías de VOX y del Grupo Popular? Pues desalojen ya esa ocupación de Dior VIP que hace una red clientelar, donde familias con acceso al poder usan el dinero público en beneficio propio para
enriquecerse. No lo harán, ¿verdad? No lo harán, ni el Partido Popular ni VOX, porque ustedes son muy valientes contra el humilde y muy cobardes contra los poderosos.
Los estudiantes deben saber quiénes les arrebatan sus expectativas de estudiar o trabajar en otro lugar distinto del que han nacido. Solo uno de cada cuatro jóvenes estudia en el mismo municipio de su residencia familiar. El resto lo hace
fuera. Por eso, aparte de intervenir el mercado y acabar con los alquileres temporales, el Gobierno de España quiere impulsar la construcción de más residencias públicas. Para lograrlo, se plantea una alianza entre universidades, comunidades
autónomas y ayuntamientos destinada a identificar y evaluar los suelos públicos disponibles que puedan albergar alojamientos asequibles para estudiantes y personal investigador. La Pompeu Fabra, la Complutense, la Pablo de Olavide, la Universidad
de León, de Balears o de Canarias ya se han animado a abrir este camino.
Queda claro que la única vía posible es la intervención desde lo público, pero debe hacerse con transparencia, controles y colaboración institucional. No podemos dejarlo todo en manos de promotoras o constructoras que siempre terminan
entregando las llaves a militantes del PP y arrebatándoselas a la gente humilde y trabajadora. Por eso votaremos sí. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sastre.
El señor SASTRE UYÁ: Gracias, presidenta.
Señorías, reconozco que he tenido que leer varias veces la exposición de motivos de esta proposición no de ley para comprobar lo que dice. Han hecho ustedes una demostración científica de que sus medidas, de que sus políticas no funcionan y
de que lo que tocan no solo no lo mejoran, sino que lo empeoran, porque llegan a reconocer que en Cataluña, que es el lugar donde más se han aplicado sus medidas restrictivas, es donde la situación es más límite.
Nosotros consideramos que se trata de un problema de base, ya que los partidos que mayoritariamente apoyan a este Gobierno no entienden -o no quieren entender- por qué el precio de la vivienda no para de subir. Esta es la Comisión de
Ciencia y la ciencia va de cuentas y no de cuentos; va de matemáticas, y los cálculos nos dicen que en España hacen falta setecientas mil viviendas. Para solucionar eso hay que
construir y rehabilitar; hay que dar facilidades a los propietarios para que alquilen sus viviendas; hay que facilitar que los jóvenes puedan comprar y que no tengan que vivir eternamente de alquiler; hay que equilibrar aquellos lugares
donde se puede generar oferta con aquellos donde la demanda está desbordada.
Pero vamos a seguir con los números: setecientas mil viviendas quizá nos parezcan un número poco tangible. Pues bien, si bajamos a la realidad, precisamente en Barcelona por un anuncio de vivienda de alquiler hay cientos de llamadas de
interesados. Es lógico que el problema no sea igual en todas partes: en el medio rural es menor, mientras que en otros lugares con turismo y oportunidades laborales o académicas es mayor. Pero en situación de escasez de un producto, ¿a quién se
le ocurriría limitarlo más en lugar de aumentar la oferta disponible? Solamente a la izquierda. En contextos de escasez, el intervencionismo obsesivo genera solo más miseria. La historia de la humanidad lo ha demostrado en cada intento de aplicar
políticas marxistas.
La vivienda no es un bien finito, se puede aumentar y producir. El dinero destinado al control es dinero derrochado; es mucho más inteligente invertir en equilibrar. Y la clave está ahí, en el equilibrio -como en un problema de mecánica
clásica o en un problema de estática-, en el equilibrio entre oferta y demanda; en un equilibrio flexible, que tenga diferentes variables para sus soluciones. Soluciones de vivienda en propiedad mediante muchas fórmulas; también en alquiler:
social, asequible, libre. Soluciones que pasen por un buen diseño urbano, una buena red de transporte público -que no tenemos ahora, por cierto- y flexibilidad laboral. Soluciones innovadoras y concretas para jóvenes que van a estudiar y a
trabajar a una ciudad por un tiempo determinado, que quizás necesiten, en vez de pisos de varias habitaciones, que obligan a vivir con desconocidos, pequeños estudios u otras alternativas diferentes, algo de lo que concretamente ya hemos hablado en
otras ocasiones en esta Cámara y que se aprobó en septiembre de 2024, en forma de proposición no de ley, con una mayoría muy amplia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. Soluciones también de siempre, como los colegios mayores, que tan buena
labor hacen, cuya existencia han complicado ustedes con algunas de sus leyes.
En definitiva -y termino con esto, presidenta-, como siempre, llegan tarde y mal. El reto no se soluciona restringiendo o bloqueando, sino ampliando las opciones para equilibrar. Hay que dar la vuelta a su política de vivienda, que en 2018
no era un problema prioritario y siete años después de su Gobierno se ha convertido en la primera preocupación de los españoles, y eso ha sido por sus medidas. Un problema que han convertido en una losa para mi generación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UNIVERSIDADES PRIVADAS Y DE LAS NUEVAS TITULACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/002829).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número 4 del orden del día. Proposición no de ley sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones, del Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Para su defensa, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Andala Ubbi.
La señora ANDALA UBBI: Gracias, presidenta.
Siendo consciente de que a todo ya le llamamos universidad -a una plataforma como Udemy le llamamos universidad y a cualquier cosa que surge también le llamamos universidad-, a finales de 2026 habrá en España más universidades privadas que
públicas. En la Comunidad de Madrid lo sufrimos, y bastante. Ya hay alrededor de veinte universidades privadas, mientras que la universidad pública vive una de las mayores crisis de su historia. Y el debate no es solo público frente a privado,
sino calidad frente a negocio. No solo están aumentando los centros privados, sino también las nuevas titulaciones, muchas de las cuales se centran en áreas con mucha demanda en el mercado, pero sin una planificación clara del sistema universitario
ni una evaluación suficientemente exigente ni de calidad.
La ley actual, reforzada por la LOSU, la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario, establece requisitos más estrictos en gobernanza, investigación y acreditación. Además, el Real Decreto 640/2021 fija las condiciones para crear y
autorizar universidades y centros universitarios. Pero siempre nos encontramos con el mismo tope: las autonomías donde gobiernan las derechas, en las que, sobre todo,
nos torpedean o se conceden licencias para que proliferen este tipo de universidades. La cuestión es si estas normas se están aplicando con el rigor necesario y si las comunidades autónomas están supervisando adecuadamente. No podemos
permitir que la educación superior se convierta en un mercado donde el prestigio se base en el marketing y no en la investigación. El profesorado estable y la excelencia académica están en peligro. Por eso debemos reforzar los controles antes de
autorizar nuevas universidades y titulaciones, asegurando que las agencias de calidad cuenten con recursos suficientes y criterios más claros. También es necesario hacer evaluaciones periódicas que analicen resultados reales sobre la investigación,
calidad docente e inserción laboral. Y, por último, hay que mejorar la coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas para evitar que se rebajen los requisitos y se debilite nuestro sistema universitario.
Por eso presentamos esta proposición no de ley -esperamos contar con su apoyo-, porque creemos que, al menos en la Comunidad de Madrid, se está asfixiando a la universidad, al profesorado y a los alumnos. Y sin una universidad pública y de
calidad no hay futuro educativo para muchos jóvenes ni tampoco una reinserción o un acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, y por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor García Morís.
El señor GARCÍA MORÍS: Gracias, señora presidenta.
Agradecemos al Grupo Parlamentario SUMAR que traiga de nuevo a debate el asunto de la calidad de las universidades privadas y de las titulaciones que en ellas se ofertan. Es un tema fundamental para garantizar que todo el sistema
universitario cumpla con los estándares que la sociedad espera.
En el Grupo Parlamentario Socialista creemos que el Gobierno está trabajando bien en el empeño de que el sistema universitario sea de calidad y ofrezca titulaciones de calidad. Ese ha sido siempre el espíritu del Gobierno de Pedro Sánchez,
que aprobó el real decreto para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España, una norma que busca garantizar la calidad del sistema universitario también en el ámbito de las universidades
privadas, asegurando que los estudiantes reciban una formación de excelencia.
Estoy seguro de que volveremos a escuchar aquí al Grupo Popular decir que atacamos la iniciativa privada -lo dirán, como siempre-, pero la realidad es otra: el Partido Popular defiende los intereses de las empresas privadas, tanto a través
de la acción de sus ejecutivos autonómicos como en las leyes que aprueban o intentan aprobar en los Parlamentos donde hay mayoría de derechas. Y no cuela lo de que defienden al estudiantado, de que defienden la calidad. No cuela, porque, si así
fuera, no se opondrían a una normativa que no impide la iniciativa privada, sino que le exige cumplir estándares de calidad. Pero esto no es ninguna sorpresa. Hacen lo mismo con el sistema sanitario: no defienden al paciente, defienden al
negocio. Vendrán aquí -seguramente lo escucharemos luego- a decir sandeces, como de costumbre, personalizando a quien estudia en un lado o en otro para intentar silenciar la verdad, como han hecho en otras comisiones. Pero la verdad es que el
Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto a la universidad pública la dignidad que ustedes le quitaron con sus recortes y con sus políticas de austeridad.
En mi comunidad, Asturias, este debate está abierto. Somos la única comunidad autónoma en la que no existen universidades privadas, y ahora hay tres solicitudes de centros adscritos a universidades privadas de fuera de la comunidad que
quieren instalarse en Asturias. El Gobierno socialista de Adrián Barbón ha garantizado en todo momento una tramitación como tiene que ser, exigiendo el cumplimiento de la norma y de los estándares de calidad. Y la apuesta por la universidad
pública es clara: en los últimos presupuestos autonómicos asturianos se extendió la matrícula gratuita en nuestra universidad pública, la Universidad de Oviedo. Igual que lo que hacen ustedes, ¿verdad? Igual que lo que hacen Madrid y otras tantas
comunidades autónomas. Madrid, por cierto, una comunidad en la que hemos conocido a los Pocholos, en la que se dedican a abrir chiringuitos y a atacar a la universidad pública con gente temeraria al frente de las competencias educativas.
Señorías, de esto estamos hablando hoy: de calidad, de estándares y de garantizar que el interés general esté por encima del negocio. Y en eso el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir siendo claro y contente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, por un tiempo de tres minutos, el señor Ramírez del Río.
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Gracias, señora presidente.
Debo recordar -soy profesor universitario- que a mí quien me bajó el sueldo en una ocasión, en 2010, fue precisamente el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Me lo bajó cerca de un 7 %. (El señor Navarro López: ¡Fíjate!).
Así que esas menciones que se hacen de 'hay que ver qué bien que lo hacemos todo nosotros cuando estamos en el Gobierno y qué malos son todos los demás' creo que sobran. Ustedes aprovechan muy habitualmente la mala memoria de todos los españoles,
pero es algo que no hemos olvidado y creo que todos los que pasamos por aquel trago no lo vamos a olvidar con facilidad.
Por lo que se refiere a esta propuesta, SUMAR plantea un refuerzo de la intervención estatal y administrativa sobre las universidades privadas. Para ello, solicita al Gobierno establecer mecanismos de seguimiento, en coordinación con las
comunidades autónomas y con las agencias de evaluación, para comprobar que las universidades privadas cumplan con las imposiciones establecidas en el Real Decreto 640/2021 en materia de implantación de titulaciones, investigación, profesorado,
doctores e infraestructuras, cosa que, en realidad, a estas alturas es casi extemporáneo, porque, si lo piensan ustedes, esto tenía que ser antes de 2026, según la disposición transitoria primera, y ya estamos en 2026. O sea, el plazo de aplicación
para esto terminó hace ya tiempo. Asimismo, propone revisar el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones para evitar su implantación sin evaluación previa y equiparar y reforzar los requisitos de autorización y
control de las titulaciones respecto de las públicas.
Esta propuesta va en contra del respeto a la iniciativa privada y del derecho de los jóvenes españoles a elegir libremente el modelo universitario que prefieran, principios que nosotros hemos defendido en nuestras intervenciones en esta
comisión en diferentes ocasiones. Y creo que incide en otras propuestas que ustedes han presentado previamente. SUMAR plantea reforzar, mediante mayores cargas burocráticas y un incremento de la intervención administrativa, la aplicación de una
normativa que limita la libertad educativa, dificulta la iniciativa académica y avanza hacia un modelo universitario más controlado desde las Administraciones públicas. (La señora Andala Ubbi: ¡Sí, claro!). El Grupo SUMAR continúa con su acoso a
las universidades privadas, que siguen expandiéndose en España desde hace años, a pesar de que las universidades públicas tienen un profesorado mejor pagado, mejores instalaciones y mejores recursos, pero tienen la terrible suerte de sufrir la
interferencia en su gestión de los políticos, lo que hace que se pierdan todas las ventajas que hemos mencionado anteriormente.
El Grupo VOX no apoyará nunca los intentos de control de las universidades privadas por parte de las mismas personas que ya han arruinado la universidad pública en España a todos los niveles. Y por esa razón votaremos no a esta iniciativa.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Venimos a hablar de una proposición de SUMAR y me ha sorprendido que el diputado del Grupo Socialista haya anunciado que íbamos a decir sandeces. (El señor Navarro López: ¡Qué feo! Estás muy faltón últimamente). La verdad es que no
pensaba decir ninguna, pero igual es que, si no, no lo entienden de otra manera. Usted ha presentado una enmienda, pero lo que ha hecho ha sido hablar todo el rato del Partido Popular. El PSOE -se lo quiero decir, diputado del Grupo Socialista- no
sabe de qué va la universidad en España, y no lo sabe porque la ministra que tiene al frente sabe menos que el PSOE. Y la ministra que tiene al frente sabe menos que el PSOE porque no está ejerciendo de ministra, con lo cual es una cosa de cajón.
Voy a hablar de la propuesta. En primer lugar, hablaba SUMAR de la LOSU, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Pues bien, esta PNL realmente es consecuencia de esa ley. Es consecuencia de una ley que es un despropósito y que no es
lo que necesita la universidad española, porque bajar el listón de nuestra sociedad no ayuda, porque distorsionar la carrera universitaria no ayuda y porque desincentivar
las vocaciones investigadoras tampoco ayuda. Estamos hablando de una ley, la LOSU, que no sabe si darles las competencias a las comunidades autónomas o quitárselas, y de ahí viene esta proposición no de ley. Esto es un parche a la LOSU.
En vez de poner el foco en mejorar el sistema universitario español, lo que hacen SUMAR, el Partido Socialista y el Gobierno es arremeter contra las universidades privadas. (El señor García Morís: No). Y lo que ustedes deberían saber es
que la calidad universitaria se controla por titulaciones y por centros y no por la titularidad, si es pública o si es privada. Tienen casos de todo tipo en España. También le digo -lo vengo diciendo en todas mis intervenciones en esta comisión y
lo voy a seguir haciendo- que tampoco pasa nada, porque de lo que se decida hoy no va a ocurrir nada. Y es que, en relación con estos temas, hace mucho tiempo que la ministra no hace caso de lo que aprobamos aquí. Si no, los señores de SUMAR, que
han presentado esta proposición no de ley, recuérdenle al Gobierno que en octubre de 2024 aprobamos todos aquí una proposición no de ley para sacar de forma urgente los sexenios de transferencia e investigación. Eso sí que es importante para el
sistema universitario, y aquí se aprobó en octubre de 2024 y seguimos igual.
Por no enredarme mucho con el petitum de SUMAR, tengo que decir que esta proposición se ampara en un real decreto del año 2021 que tiene una disposición transitoria primera que dice que pasados cinco años se verá cómo ha quedado el sistema
de garantías de las universidades. Pues bien, no han pasado todavía cinco años y aquí están ustedes trayendo esta proposición. Entiendo que no confíen mucho en este Gobierno, pero es que antes de que se cumpla el plazo de la verificación ya lo
están cuestionando. Es que ni siquiera tenemos un diagnóstico de la aplicación de este real decreto.
Quiero terminar diciendo que este real decreto se ha modificado en la LOSU sin informes públicos previos, extralimitándose en la reserva de esta ley, motivo por el cual ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo por varias
comunidades autónomas. En definitiva, lo que ustedes piden aquí ya lo hacen las comunidades autónomas y pretenden establecer, de alguna manera, algún organismo de supervisión estatal, que tampoco entendemos muy bien cuál es.
Como digo, es un parche nuevo a esta triste regulación de la ministra, al mismo tiempo que intentan controlar a las universidades privadas cuando el Gobierno tiene abandonadas a las públicas. Por tanto, no votaremos a favor de esta
proposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Señora Andala Ubbi, a los solos efectos de aceptar o de rechazar la enmienda del Grupo Socialista.
La señora ANDALA UBBI: La aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Aceptada.
Muchísimas gracias.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se va a producir, si todos los grupos están de acuerdo, un cambio en el orden del día a petición de la portavoz del Grupo Popular, que tiene en estos momentos que intervenir en otra comisión. Por lo tanto, la
proposición no de ley número 5, del Grupo Parlamentario VOX, pasaría al final de la jornada. ¿Hay algún problema por parte de algún grupo parlamentario? (Denegaciones). ¿Ninguno? Perfecto.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (CONTINUACIÓN):
- PARA IMPULSAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE DEEP TECH. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003012).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, pues, al punto número 6. Proposición no de ley para impulsar una estrategia nacional de deep tech, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la iniciativa, y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Sanz.
La señora SANZ MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, cuando hablamos de deep tech o de tecnologías profundas, puede parecer que nos referimos a algo abstracto, casi futurista, pero, en realidad, hablamos de ciencia aplicada a los grandes
retos de nuestro tiempo, desde cómo curamos enfermedades hasta cómo producimos energía limpia o protegemos nuestros datos. (El señor vicepresidente, Martín Martínez, ocupa la Presidencia). Las tecnologías profundas son aquellas que nacen
de un fuerte conocimiento científico y que tienen la capacidad de transformar sectores enteros, crear nuevos mercados y mejorar la vida de las personas. Por eso esperamos que sus señorías apoyen esta proposición no de ley para impulsar una
estrategia nacional de deep tech, una propuesta que no es una declaración de intenciones, sino un paso estratégico para asegurar que España esté en el lugar que merece en la nueva economía tecnológica global.
Las deep tech, igual que la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología o los nuevos materiales, requieren tiempo, talento y capital paciente. No son apuestas inmediatas, son inversiones a largo plazo que solo
funcionan si hay una visión de país. Y ese es justamente nuestro objetivo: dotarnos de una hoja de ruta que dé coherencia a los esfuerzos que ya estamos haciendo y que evite que nuestro potencial científico se pierda entre proyectos desconectados
o por falta de financiación estable.
Señorías, vivimos una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas ya están impactando en nuestra economía, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones sociales. Automatizan procesos, toman
decisiones, analizan datos y redefinen profesiones. Es una revolución comparable a la industrialización del siglo XIX, pero mucho más rápida. Y, como en toda revolución, plantea retos profundos: el riesgo de perder empleos tradicionales, la
necesidad de reciclaje profesional, las desigualdades entre quienes dominan la tecnología y quienes quedan al margen... No debemos temer a estas tecnologías, pero debemos gobernarlas y hacerlo con inteligencia colectiva. Las deep tech pueden ser
precisamente la herramienta que nos permita que esta transición sea justa, ordenada y centrada en las personas. Apostar por las tecnologías profundas es apostar por tecnologías éticas, transparentes y orientadas al bien común; por sistemas
tecnológicos que generen empleo cualificado, fortalezcan la industria nacional y mejoren los servicios públicos. Esto significa formar y proteger a las personas trabajadoras, invertir en capacitación digital, en nuevos perfiles profesionales y en
fortalecer los derechos laborales en entornos automatizados. Significa también apoyar a nuestras pymes y startups tecnológicas para que sean protagonistas de la economía del conocimiento.
Pero, señorías, también es importante reconocer algo esencial: la informática es la infraestructura invisible que sostiene todas estas tecnologías. Por eso, necesitamos que profesionales con formación informática integral adecuada sean
quienes se dediquen no solo a desarrollar, sino también a evaluar y garantizar la seguridad, legalidad y fiabilidad de los sistemas que están transformando nuestra sociedad. Es un paso natural avanzar hacia la regulación profesional de quienes hoy
construyen la base técnica de nuestra soberanía digital, porque sin responsabilidad profesional no puede haber tecnología confiable.
Es muy importante enfatizar que las deep tech no deben reemplazar a las personas, deben ampliar sus capacidades y ofrecer nuevas oportunidades en sectores de alto valor añadido, como la salud, la energía o la movilidad sostenible. En este
asunto hay algo de más fondo aún: la soberanía digital, es decir, la capacidad de un país para decidir sobre su propio destino tecnológico, sobre qué datos maneja, qué infraestructuras utiliza y qué algoritmos rigen sus decisiones. En un mundo
donde unos pocos grandes actores concentran el control tecnológico, la autonomía es poder democrático, y esa autonomía se construye fortaleciendo nuestra base científica, nuestra industria tecnológica y nuestros propios estándares éticos y sociales.
España tiene talento, capacidad investigadora y una red de instituciones comprometidas con la innovación. Lo que necesitamos ahora es una estrategia nacional de deep tech que sirva de marco coordinado, que conecte ciencia, empresa y
formación, que garantice financiación estable y que convierta la innovación en un proyecto de país. Europa ya ha entendido esto y ha hecho de las deep tech una prioridad estratégica. España debe acompañar ese impulso europeo con ambición propia,
definiendo una senda clara de inversión pública y privada que nos permita liderar el cambio tecnológico sin depender de otros.
El futuro no está escrito, lo estamos definiendo ahora mismo, se está construyendo ahora. La pregunta es si queremos ser meros consumidores de tecnología o creadores de nuestro propio entorno digital. Esta estrategia nacional de deep tech
no será solo una política científica o industrial, será una apuesta por un país más libre, más innovador y más soberano.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señoría.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa.
Por tanto, en turno de fijación de posiciones, de menor a mayor y por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Sierra. Señoría, cuando quiera.
El señor SIERRA CABALLERO: Gracias, presidente.
Quo magis speculativa, magis practica. En la declaración del G6, CSIC incluido, para impulsar la soberanía estratégica en materia de nuevas tecnologías, reducir, por tanto, la dependencia tecnológica, garantizar la soberanía de datos y
cultivar el talento y la inteligencia social general, se hizo una apuesta clara y definida para construir lo común en este ámbito.
La PNL del Grupo Socialista aborda una cuestión, a nuestro juicio estratégica, que es preciso tanto apoyar como contribuir a cartografiar, porque asistimos a una mutación, a un nuevo habitus cultural en el que se impone una suerte de
tecnocracia y, sobre todo, una hiperespecialización, con ensamblajes y composición del sistema máquina-mundo muy amenazadora para la cultura, la autonomía y nuestra democracia, entre otras razones, porque el imperio de la razón instrumental y el
reino de la mercancía se han apropiado de estos desarrollos tecnológicos.
Frente a ello, precisamos más conocimiento, más esfera pública, campo abierto a la experimentación, un enfoque holístico y, especialmente, políticas públicas sostenidas, constantes y una estrategia estatal frente a las que están
implementando actores como Palantir Technologies y otras organizaciones criminales -y subrayo criminales-.
Muchas de estas tecnologías disruptivas están completamente vinculadas al fango y las cloacas de otra forma de profundidad, del Estado profundo y del imperialismo profundo, en forma de trumpismo o de paradigma securitario, en forma de
secretos oficiales o, como hemos visto esta semana, en los debates sobre ciberseguridad como política de Estado. Es decir, hay fuerzas políticas que siguen abogando por la opacidad del 'algoritarismo' y por evitar una política pública abierta en
esta materia, que es necesario.
La amenaza de los Peter Thiel y las políticas de ciencia y tecnología estadounidenses debieran hacernos pensar cómo ampliar el dominio público, qué infraestructuras críticas tenemos que desarrollar, qué políticas de ciencia y tecnología más
consistentes debemos implementar, qué tipo de evaluación integral, cómo incluir a los paneles ciudadanos en el control y autonomía de esas tecnologías disruptivas, qué problemas tenemos de fuga de cerebros y capital riesgo en términos de expolio
económico y cultural, y reforzar el trabajo cognitivo, la cultura de nuestra inteligencia social generada al servicio del interés común.
Sin embargo, también hay que cuidar -y con ello concluyo- aspectos que afectan al medioambiente. La inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas son una industria manufacturera intensiva que consume mucha energía. El expolio de
datos de grandes empresas, como AWS GovCloud, Meta, Microsoft Azure, y otras compañías de los GAFAM obligan a una reflexión en términos de un campo que no se está disputando en la política científica y es razonar en términos de ecología política.
La crisis de los semiconductores y los deberes debidos de empresas responsables obligan a atender la demanda de las coordinadoras de ONG por el expolio en África y en América Latina, porque hay una geofísica de la información vinculada a ello.
Hablo del Congo, del 70 % de cobalto mundial; de Mozambique y Sudáfrica, con el grafito, y de Chile, Argentina, Bolivia, el triángulo del litio.
Señoría, necesitamos revisar las normas OMPI, el sistema de patentes, la regulación de la lógica disruptiva en la tecnología y frenar los efectos disgregadores de uso malévolos y una mejor gobernanza de Internet.
Apoyamos la iniciativa para definir una política pública que esperemos se concrete en esos términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ramírez del Río. Cuando quiera, señoría.
El señor RAMÍREZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista insta a su propio Gobierno a aprobar una estrategia nacional de deep tech afirmando que esas tecnologías permiten alinear nuestras fortalezas científicas con una estrategia de reindustrialización moderna, de alto valor
añadido y sostenible, a la par que afirma que las tecnologías deep tech pueden ofrecer soluciones a desafíos como la transición ecológica.
El compromiso con la reindustrialización de España y con el fortalecimiento de su soberanía tecnológica e industrial debería comenzar por garantizar una energía estable y competitiva para la industria nacional, abandonando las agendas verdes
europeas que han llevado al encarecimiento de los
costes productivos y al hundimiento de la competitividad empresarial. Además, resulta improcedente que, tras casi ocho años de gobierno, el Grupo Socialista plantee ahora la aprobación de una estrategia nacional de deep tech, cuando ha
dispuesto de la mayor inyección de recursos públicos procedentes de fondos europeos sin haber logrado avances reales en innovación tecnológica ni en modernización industrial. Dichos recursos se han destinado, por desgracia, a sostener estructuras
públicas ineficientes y empresas estatales con gravísimos problemas de gestión, evidenciando la incapacidad del ejecutivo para ejecutar políticas tecnológicas eficaces, incluso en programas de dimensión limitada, como los vinculados a la
inteligencia artificial.
En este contexto, esta iniciativa es un ejercicio de propaganda política más que una propuesta solvente de política industrial. Después de casi ocho años de gobierno, el PSOE empieza a considerar que debería tener una estrategia nacional de
deep tech, en un momento en el que, si tuvieran un mínimo de vergüenza, estarían ya empaquetando para irse a casa. Han contado con la inyección económica más importante de nuestra historia, con los fondos europeos, y, en lugar de aprovecharlos para
avanzar en el mundo tecnológico, han inyectado ese dinero en unas empresas públicas como Correos -que, evidentemente, no ha mejorado-, con unas infraestructuras en ruinas como Renfe.
En los primeros años de mandato de Pedro Sánchez, varios socialistas notorios pasaron de la Administración pública a las empresas tecnológicas americanas, como Google, algo sobre lo que no escuché a estos señores de SUMAR, por ejemplo, poner
el grito en el cielo. Han sido incapaces de gestionar una cantidad mínima como eran los 30 millones de euros para inteligencia artificial; repito, el ministerio ha sido incapaz de ponerla en marcha, y ahora nos dicen que deberían establecer una
estrategia nacional de deep tech. La verdad es que, a estas alturas, con que escriban sus cartas de renuncia correctamente, habrán alcanzado el nivel que esperamos de ustedes.
Votaremos no.
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señor Ramírez del Río.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra al señor Cortés.
Cuando quiera.
El señor CORTÉS CARBALLO: Buenas tardes a todos.
Hoy, el Grupo Socialista nos trae una iniciativa para pedirle al Gobierno Socialista que haga una estrategia deep tech. Lo venden como algo novedoso, pero, sin embargo, vamos con seis, cinco, cuatro años de retraso con respecto a Francia,
que la sacó en 2019; con respecto a Reino Unido, que la sacó en 2021; con respecto a Suecia, que la sacó en 2023, o, recientemente, Alemania, que la sacó el año pasado. Nosotros, de momento, solo tenemos una iniciativa que le pide al Gobierno que
lo haga, un Gobierno que, normalmente, suele desoír las iniciativas que se aprueban aquí.
Sin embargo, en Francia, ¿qué tenemos? Tenemos Mistral, que es un referente mundial de IA, valorado en 14 000 millones de euros. En Suecia, tenemos Lovable, que también es de IA, con 6500 millones de valoración, y Einride, de camiones
autónomos, con 1800 millones. En Reino Unido tenemos Wayve, con más de 1000 millones de libras de valoración. Parece que hay cierta correlación entre tener estrategias de deep tech en un país y los resultados de grandes empresas unicornio, como
las que he contado, que, precisamente, son empresas europeas, que es lo que tenemos que desarrollar.
¿Qué pasa en España? Que, según el Mobile World Capital de 2025, España tiene alrededor de mil spin-offs de deep tech, pero ningún unicornio. ¿No les parece raro? Creo que es bastante coherente con lo que está haciendo este Gobierno:
absolutamente nada. Además, hay un informe de McKinsey del año 2025 sobre las tecnologías deep tech en Europa en el que se analiza a trece países y no nombra ni una sola vez a España. Nada. Nombra, evidentemente, a estos países que les he dicho;
nombra a Países Bajos por ASML y a Bélgica por el IMEC, que son proyectos centrados en semiconductores, y también incluso nombra a Polonia y Portugal como países emergentes en deep tech. De España, absolutamente nada, no dice nada: somos
literalmente invisibles para el mapa europeo. Somos la cuarta economía de la eurozona y, sin embargo, no aparecemos absolutamente en ningún sitio. No debe extrañarnos porque, evidentemente, si analizamos los distintos proyectos que tiene el
Gobierno, que son los PERTE, de 42 000 millones han ejecutado a duras penas -y tengo mis dudas- el 40 %. El ejemplo más llamativo lo tenemos en el PERTE de microelectrónica: 12 250 millones de euros con una ejecución paupérrima del 25 %, y el
proyecto estrella es una sucursal del IMEC de Bélgica en Málaga, y conozco bien el proyecto. Esa es la bandera del PERTE del microchip.
Además, en esta situación, España no deja de exportar científicos: los obliga a migrar por falta de proyectos y financiación; estamos hablando ya de que se estima que hay 40 000 científicos fuera de España ahora mismo ejerciendo. Pero
¿qué hacemos nosotros? Regularizamos a más de un millón de inmigrantes, con una baja cualificación en su gran mayoría, prácticamente ninguno con titulación, cuando ese aporte de mano de obra poco cualificada va a suponer alrededor de 2000 millones
de euros en subsidios -tanto del ingreso mínimo vital como de otro tipo de subsidios- y cuando el presupuesto del CSIC son 950 millones. Estas son las políticas del Gobierno socialista: importamos inmigrantes poco cualificados y exportamos
científicos a otros países. No tenemos ninguna estrategia deep tech, pero sí tenemos un decreto urgente de regularización de inmigrantes.
Como ustedes comprenderán, teniendo en cuenta su probada incompetencia, la ejecución de los proyectos y los penosos resultados...
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Tiene que ir acabando.
El señor CORTÉS CARBALLO: Sí, termino ya.
... pueden hacer ustedes muchos planes y dedicar muchos fondos, pero sabemos en qué va a acabar todo: en un fracaso, y nuestros científicos tendrán que seguir emigrando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señoría.
- RELATIVA AL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO EN LA FINANCIACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR Y AL PERJUICIO CAUSADO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/003019).
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Pasamos al punto número 7, que es la proposición no de ley relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las
universidades públicas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Navarro.
Cuando quiera el señor Navarro.
El señor NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
No hay dinero para la Universidad en Ceuta y en Melilla, no hay dinero para la investigación contra el cáncer, no hay dinero para proyectos de investigación en inteligencia artificial -y el Grupo Socialista trae una PNL hoy- y no hay ni un
euro para nuestros investigadores pre y posdoctorales. Avisamos ya, cuando se tramitó la ley de ciencia -señorías del PSOE, lo saben perfectamente-, que esta ley iba a provocar perjuicios para miles de investigadores en nuestro país. Primero, lo
negaron -como hacen siempre-; pero, ante las quejas de rectores e investigadores, la ministra Diana Morant se comprometió en el año 2022 a pagar la indemnización por finalización de estos contratos, una medida que afecta a 18 000 jóvenes
investigadores en España y que supone una inversión de más de 60 millones de euros. Vamos, que, como acostumbra, se hizo la foto, lo único que últimamente, desde luego, le importa. Cuatro años después, lo de siempre con ella: lo de siempre con la
ministra a tiempo parcial. Los rectores -lo repito, los rectores, no el Partido Popular- tienen que reclamar que cumpla con su palabra. Reclaman al ministerio que cumpla con su compromiso de asumir los gastos que generen las indemnizaciones por
finalización de contratos, tanto predoctorales como postdoctorales, contratos activos en el momento en el que entró en vigor la nueva ley de ciencia. Según los datos facilitados por las propias universidades -repito-, los campus han adelantado el
pago de 24,5 millones de euros para compensar a 9693 jóvenes investigadores que finalizaron sus contratos predoctorales y postdoctorales entre 2022 y 2025.
Ante estas declaraciones, por fin, después de las quejas de los rectores, ayer habló la ministra -cito textualmente- y dijo: Espero que no haya causado frustración no haber desclasificado todos los documentos del 23F. Si no fuera algo muy
serio, sería, desde luego, para tomárselo a broma. Ante semejante desprecio, solicitamos a esta comisión instar al Gobierno a proceder de manera urgente al pago íntegro de las cantidades adeudadas a las universidades públicas derivadas de la
aplicación de la reforma de la ley de ciencia, incluyendo indemnizaciones y finiquitos de personal investigador.
En segundo lugar, pedimos que el Ejecutivo haga público en el plazo máximo de un mes un informe detallado remitido a esta comisión que incluya el importe total pendiente de abono a las universidades afectadas, las cantidades adelantadas por
cada una y el calendario cierto y verificable de pagos. Es obvio que en esto también afecta y mucho no tener unos presupuestos generales del Estado en vigor.
En tercer lugar, también exigimos al Gobierno que garantice que ninguna modificación normativa futura en materia de derechos laborales del personal investigador entre en vigor sin la correspondiente memoria económica -algo, evidentemente,
bastante obvio- con dotación presupuestaria previa y con transferencia efectiva de fondos a las universidades. Asimismo, reclamamos evaluar y compensar el impacto financiero causado a las universidades públicas por los retrasos de los pagos
comprometidos habilitando mecanismos extraordinarios que eviten que vuelva a ocurrir en el futuro.
Y, por último, pedimos la comparecencia -lo hemos puesto fácil-, en el plazo más breve posible, de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la señora Morant, en el Congreso para explicar los motivos del retraso, depurar
responsabilidades políticas y detallar las medidas correctoras que garanticen que esto no vuelva a repetirse. Como han dicho -repito- las universidades, insistimos al ministerio para que cumpla con su compromiso: que abone estas indemnizaciones
que afectan fundamentalmente a las universidades públicas.
Frente a su falso relato -lo veremos ahora- de atacar a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, nos conformamos, señor presidente, con no recibir insultos por parte del señor Morís (risas del señor García Morís, mientras
hace gestos negativos), aunque como creo que la iniciativa no la lleva él, espero que no se nos insulte como se ha hecho con antelación.
En estos momentos -y el relato es falso por esto-, hay siete comunidades autónomas con matrícula gratis. Al menos, en el primer curso. Repito: siete. Van a ser nueve en breve. Las siete son Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja y la
Comunidad Valenciana, y, además, Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el Partido Socialista. Y, en el próximo curso, la van a tener Aragón y Castilla y León. Casualmente, de nueve, siete -siete- están gobernadas por el Partido Popular.
Matrícula gratuita, señores del Grupo Socialista. Esta es la realidad: siete gobernadas por el Partido Popular. Y, mientras tanto, evidentemente, vienen aquí a decirnos que los que cumplen con la universidad pública -lo vemos con esta iniciativa
y lo dicen los rectores- son ustedes.
Mientras tanto, la ministra incumple sus obligaciones una vez más, engaña a nuestras universidades públicas y, como suele ser habitual en ella, se esconde, porque, desde luego, es a lo que nos tiene acostumbrados. Estamos absolutamente
convencidos de que todos los grupos de izquierdas van a apoyar esta iniciativa porque, evidentemente, no dice más que lo que la ministra se comprometió en 2022 a hacer: pagar a las universidades públicas lo que tiene que pagar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señoría.
En defensa de la enmienda presentada, por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Hernández Quero.
El señor HERNÁNDEZ QUERO: Gracias, presidente.
El tema que debatimos pone de manifiesto cómo la forma de gobierno de la izquierda en los últimos años ha consistido, básicamente, en un brindis al sol: en vivienda, escudo social, pero se transfiere la responsabilidad al particular; en
pensiones, se quieren subir, pero no se preocupan por si hay dinero o por si son sostenibles a futuro; y se hace una reforma de una ley de ciencia para introducir nuevos derechos para el personal predoctoral y posdoctoral -algo que los que lo
fuimos agradecemos-, pero no da los medios para poder hacerlos efectivos.
Decía Unamuno que de nada sirve proclamar el derecho a volar si lo que hay que hacer es dar alas. Por tanto, de nada sirve poner en el papel cosas muy bonitas, si no hay dinero para pagarlas o medios para hacerlas efectivas y poder
aplicarlas. Esta forma de gobernar ha cargado sobre las universidades públicas, que cuentan ya con presupuestos muy precarios y muy mermados, una responsabilidad tremenda que ha dejado un reguero de incertidumbre para los investigadores. Estamos
de acuerdo con los puntos que plantea el grupo proponente. Si tenemos un Estado que recauda mucho, queremos que gaste bien y que gaste en lo importante. Y planteamos como enmienda, más allá de los acuerdos con el grupo proponente, que además de
esto hay que apostar por un plan de retención y de retorno del talento español que pueda generar efectos permanentes en el entorno investigador, que impida que aquellos en los que se ha estado invirtiendo tanto anden dando tumbos por todo el mundo
hasta los cuarenta y pico y
que permita que los sectores productivos innovadores sean generadores de riqueza y prosperidad para el conjunto de la nación.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Martín Martínez): Gracias, señoría.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por un tiempo de tres minutos.
En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Sierra. Cuando quiera, señoría.
El señor SIERRA CABALLERO: Gracias, presidente.
Los últimos años hemos avanzado en derechos del personal investigador logrando definir una carrera científica atractiva, mejorando las transferencias de conocimiento y apostando por el reconocimiento de derechos laborales de investigadores e
investigadoras. Desde el Real Decreto 1251/2024 y antes, con la ley de la ciencia de 2022, tienen reconocido ese derecho: un nuevo régimen de protección y garantías, de proporcionalidad, necesidad y eficacia. Nunca antes los investigadores han
estado tan amparados en nuestro país como ahora.
Ustedes en la exposición de motivos hablan de acompañamiento. Vamos a tratar de ser rigurosos. ¿Saben lo que significa acompañar, compañía, compañero? Sé que no está en su vocabulario habitualmente esta palabra. La etimología de la
palabra 'compañero' proviene del latín cumpanis, evolucionando a través del bajo latín companio, y significa literalmente aquel con quien se comparte el pan. Hace referencia a la persona con la que se come, se trabaja o se comparte la vida. Quien
colabora, evidentemente, puede acompañar, pero es que ustedes no acompañan, nunca lo hacen. Destruyen toda cooperación interterritorial, destruyen toda posibilidad de colaboración en materia de universidad pública, de ciencia y tecnología, sea por
la financiación autonómica, sea por el incumplimiento de la ley, aprobando universidades chiringuito saltándose la norma a la torera de manera ilegal o recortando presupuestos en las universidades públicas. Esto ha pasado de manera notoria en mi
tierra, en Andalucía, y también en la Comunidad de Madrid. Y siempre piden que la factura la pague el Gobierno central.
En sucesivas intervenciones hemos escuchado el mismo discurso que me produce cierta vergüenza ajena porque no es congruente. Y si alguno de ustedes es universitario, debiera hacer ver a qué juegan y debieran explicar también a la comunidad
investigadora cuáles son sus posiciones allí donde gobiernan. En ciencia y en tecnología en Andalucía han recortado todos los recursos a los grupos de investigación. Esa es la política que practican a diario ustedes. Ya les pedirán cuentas sus
compañeros de departamento y de facultad cuando vuelvan a sus actividades universitarias, pero ahora se atreven a hacer una exposición de motivos en la que hablan de planificación presupuestaria deficiente. Pero eso ¿quién lo dice? ¿El partido de
los Pocholos que no saben ni gestionar una comunidad de vecinos? (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La PNL habla de falta de consistencia en las reformas legislativas en ciencia y sin garantías. No es verdad. Esta, como otras reformas,
han tenido los preceptivos informes y la previsión normativa. Y como no tienen razón, concluyen su PNL solicitando la comparecencia de la ministra, ya que perdieron la votación en la Mesa del Congreso donde solicitaron la correspondiente
comparecencia. Debe de ser porque están preocupados en Valencia con la imputación de Mazón y el escenario de derrota electoral. (Rumores). Por ello, activan el lawfare y proponen todo tipo de interpelaciones e instrumentalizan esta comisión, como
hacen a diario en el Senado. Y luego hablan de rigor. Demuestran a diario todo lo contrario, por ejemplo, incumpliendo el reglamento interrumpiendo las intervenciones en Pleno y en comisión a diario. Es decir, se están comportando como una
derecha quinqui instalada en el negacionismo, con una PNL que falsea datos sobre la percepción de las indemnizaciones.
Esta fuerza parlamentaria, que ha defendido las mayores conquistas laborales en la historia de la democracia, no va a votar en contra de esta iniciativa porque, efectivamente, hay pagos pendientes desde la Administración General del Estado.
Pero, desde luego, esperamos de ustedes que no bloqueen la tramitación de los presupuestos generales del Estado y que no sigan con esta política de ataque a la ciencia, a la tecnología y a las universidades públicas, que es lo que demuestran en las
comunidades donde gobiernan y en su política de Estado a diario, repito, a diario.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Taboadela.
La señora TABOADELA ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidenta.
No deja de sorprender la doble vara de medir del Grupo Popular. Hoy traen a esta Cámara una proposición no de ley sobre las indemnizaciones del personal investigador, que existen gracias a la reforma de la ley de la ciencia promovida por el
Gobierno de Pedro Sánchez; es decir, utilizan un avance legislativo impulsado por el Gobierno al que critican para presentarse ahora como sus defensores. Eso no es coherencia, es puro oportunismo político. Como el que atribuye la gratuidad de las
matrículas al Gobierno de Andalucía, que le recuerdo a su señoría que fue el Gobierno socialista el primero en toda España que estableció la gratuidad de la matrícula universitaria, precisamente en Andalucía.
Lo más preocupante no es la contradicción, es la política universitaria que aplican donde gobiernan. Mientras aquí se presentan como adalides del personal investigador, en la Comunidad de Madrid aplican un modelo que debilita completamente
a la universidad pública. Madrid, la región más rica de España, es la que menos financia por estudiante a sus universidades públicas, la que menos -2000 euros menos que la media del resto de los estudiantes españoles-, la que mantiene una
financiación estructural más baja, la que obliga a sus universidades a sobrevivir con menos base y más presión competitiva. Y eso no es un problema presupuestario, es una decisión política consciente que habla del plan oculto del Partido Popular y
de VOX: el modelo de educación superior que quieren exportar desde Madrid al resto de España. Es un modelo que tensiona plantillas, que cronifica la precariedad, que impide la renovación generacional. Al mismo tiempo, se impulsa la expansión
acelerada de la universidad privada -mejor dicho, de chiringuitos, que si aún fueran universidades de calidad tendría un pase, pero qué va-, dando autorizaciones a negocios educativos que no pueden ser llamados universidades ya que no investigan, no
tienen investigadores ni doctorados, son centros concebidos no para hacer ciencia, sino para hacer caja. Como la presidenta de Madrid se encarga de defender, Madrid es la comunidad más rica y la que menos cuida el conocimiento y la ciencia. Han
convertido Madrid en el laboratorio de la motosierra de lo público. Y el talento no se retiene con impuestos bajos. Es un debilitamiento silencioso que tendrá consecuencias catastróficas en los próximos años para la universidad pública.
Así pues, señorías de la derecha y de la ultraderecha, déjense de mentir a la ciudadanía, de venir aquí con propuestas en las que no creen, como una supuesta defensa del personal investigador al que nunca han defendido. ¿Y saben por qué?
Porque no creen en la ciencia o no creen en lo público o ambas cosas. Porque desmontar lo público es rápido, reconstruirlo es más difícil y mucho más lento.
Post scriptum, hoy han votado en contra del real decreto que otorgaba más de 20 000 millones de euros de entregas a cuenta para comunidades autónomas y ayuntamientos. Fíjese si podían haber pagado indemnizaciones al personal investigador
con ese dinero y financiar adecuadamente a las universidades públicas y no someterlas al ahogamiento financiero a las que lo están sometiendo. Pero no, como su padre era bombero, se fueron entonces a tomar el té. ¿Qué quiero decir? Que son
ustedes los reyes del non sequitur, de la incoherencia lógica y de las proposiciones falsarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. ¿Acepta la enmienda presentada, señor Navarro?
El señor NAVARRO LÓPEZ: Sí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA DOTACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA AVANZAR EN LA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003061).
La señora PRESIDENTA: Entramos en el punto octavo del orden del día, proposición no de ley relativa a la dotación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para avanzar en la investigación oncológica.
Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ CORONADO: Gracias, presidenta.
Señorías, en un debate como este conviene empezar por algo elemental, que es distinguir la propaganda presupuestaria y la realidad material, porque estoy convencido de que dentro de unos minutos vamos a escuchar, con casi toda probabilidad,
que España vive un momento histórico de inversión, que
nunca se había destinado tanto dinero, que las cifras son récord... Y será verdad, pero en términos nominales. Pero gobernar no consiste en repetir números absolutos, consiste en garantizar resultados reales, como el trabajo de Mariano
Barbacid y su equipo. Por eso resulta difícil de entender que un científico de ese nivel tenga que dedicar parte de su tiempo a buscar financiación como si estuviera mendigando recursos para continuar su trabajo. Un país serio no puede permitirse
que quienes están más cerca de salvar vidas dependan de colectas, campañas o apoyos puntuales para mantener a sus investigaciones. Pero Barbacid es uno más de los científicos que investigan contra el cáncer, que sufre la falta de recursos y que el
Gobierno esconde tras unas cifras que no tienen en cuenta la inflación acumulada de los últimos años, que ha sido, quiero recordar, extraordinaria, porque cuando los costes de personal, de equipamiento científico, de energía o de suministros
sanitarios se han disparado, aumentar las partidas en euros corrientes no equivale a fortalecer el sistema. Es como si alguien celebrara haber llenado el depósito de un coche con más dinero sin reconocer que el precio de la gasolina cuesta mucho
más que antes. Y este matiz es el decisivo, porque en investigación biomédica los presupuestos no se gastan en papel, se gastan en salarios de investigadores que compiten en el extranjero, en reactivos cuyo precio se ha multiplicado, en tecnología
puntera que se paga en mercados globales y en ensayos clínicos cada vez más complejos y cada vez más caros. Por eso, cuando el Gobierno presume de cifras récord, pero los centros siguen denunciando precariedad, fuga de talento y falta de
estabilidad financiera, el problema no es de percepción, es de poder adquisitivo real del sistema. España ya cometió este error en los años ochenta. En los años de la inflación elevada de los ochenta se anunciaban grandes incrementos
presupuestarios mientras el gasto efectivo se iba erosionando mes a mes. Y aquí la lección era clara: los números sin contexto pueden ser profundamente engañosos. Pero hay algo todavía más preocupante. En demasiadas ocasiones los incrementos
presupuestarios no llegan a quienes realmente tienen que llegar en el sistema, que son los equipos, los laboratorios, los hospitales, los investigadores que están en primera línea, porque se quedan en estructuras administrativas, en convocatorias
tardías o en fondos que se anuncian y tardan años en ejecutarse o, en muchos casos, numerosísimos casos, ni siquiera llegan a ejecutarse.
Los avances recientes en la investigación contra el cáncer lo que están haciendo es abrir puertas de esperanza, pero también ponen de manifiesto una debilidad estructural de nuestro sistema de I+D, ya que dependemos de iniciativas puntuales
para sostener a investigadores con impacto mundial. Eso debería interpelar directamente a centros como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, porque España sí tiene talento, tiene talento a nivel mundial de primer nivel. Lo que no
siempre tiene es un marco estable, previsible y competitivo que permita que compita ese talento a nivel mundial. Y aquí no basta con anuncios grandilocuentes ni sumar partidas dispersas, hace falta una planificación plurianual, una ejecución ágil,
estabilidad laboral para los investigadores y un compromiso real con los ensayos clínicos, que son la vía más directa para que los avances lleguen a los pacientes.
Señorías, recuerden que no es solo investigación, porque estamos hablando también de vidas humanas. Cada mes de retraso en investigación oncológica significa diagnósticos sin alternativa, familias sin respuesta y oportunidades perdidas para
nuestro país, y cada euro mal diseñado, mal ejecutado o erosionado por la inflación es un euro que no llegaría donde debería llegar. Por eso este debate debería servir para algo más que para cruzar reproches o competir por quién anuncia la cifra
más alta; debería servir para reconocer que el sistema necesita unos recursos suficientes, pero también recursos eficaces, estables y medibles también en resultados. Aquí no estamos para certificar titulares del Gobierno ni para validar un relato
realmente optimista, estamos para exigir que las políticas de investigación contra el cáncer funcionen. Y si de verdad queremos que España lidere avances como los que hoy se mencionan, debemos dejar de confundir gasto con inversión y su propaganda
con compromiso, porque la diferencia entre ambos, señorías, se mide en años de vida ganados o perdidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario VOX.
Para su defensa y por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor González-Robatto.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidenta.
Cuando hablamos de investigación contra el cáncer, hablamos de algo que está muy por encima de la pelea política, puesto que hablamos de vidas, hablamos de familias y hablamos de futuro. La iniciativa que debatimos apunta en la dirección
correcta, en reforzar los medios, el personal y la financiación para que
España pueda avanzar en investigación oncológica y en ensayos clínicos, y eso es importante por una razón muy sencilla: cada avance científico no es un titular, es tiempo, es tiempo para un padre, tiempo para una madre y tiempo para unos
hijos, tiempo para que un tratamiento llegue a tiempo y para que una persona tenga una oportunidad. En España, además, tenemos la suerte y la fortuna -debemos sentirnos orgullosos- de que no se parte de cero. Tenemos talento, tenemos hospitales
con equipos extraordinarios, centros punteros y científicos que son capaces de competir con cualquiera, y se ha visto, por ejemplo, recientemente en las líneas de investigación de primer nivel sobre el cáncer de páncreas, donde se han abierto vías
terapéuticas a una enfermedad especialmente agresiva y que tenía poco futuro. Esa es la España que funciona, la que investiga, la que innova y la que empuja. Por eso, conviene decir algo que a veces se olvida, que invertir en ciencia no es un
gasto, es una inversión con un grandísimo retorno en salud, en empleo cualificado, en industria, en competitividad y en algo que es todavía más importante, que es la tranquilidad para miles de familias que viven con miedo a una palabra que nadie
quiere escuchar, y por desgracia muchos lo hemos hecho. Pero para que esto ocurra hace falta una decisión política clara, y es la que está en este punto, que el debate no puede ser siempre que hace falta más dinero como sinónimo de que hacen falta
más impuestos. España recauda muchísimo, tiene el récord de recaudación en la historia, y el problema es demasiadas veces en qué se gasta, cómo se gasta y con qué prioridades. La investigación necesita continuidad, necesita estabilidad, no puede
depender de impulsos puntuales, de convocatorias que llegan tarde ni de equipos que vivan permanentemente en la incertidumbre. La verdad es que en ocasiones el apoyo más decidido llega por la vía privada, y eso es positivo, pero también debería
servir como llamada de atención para que lo público esté a la altura y dé estabilidad, porque si somos pioneros, como lo somos en muchos ámbitos, hay que actuar como país pionero, con planificación, con esa evaluación y con objetivos claros y la
apuesta sostenida en el tiempo, no solo por prestigio, sino por responsabilidad.
Ojalá este debate sirva para algo muy concreto, que esta investigación oncológica deje de ser un apartado bonito en los discursos y pase a ser una prioridad real en los presupuestos, en la estrategia y en la acción, porque aquí es donde
merece la pena poner recursos, aquí es donde España puede liderar y aquí es de verdad donde se pueden salvar vidas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Sierra, por tres minutos.
El señor SIERRA CABALLERO: Gracias, presidenta.
Esta tarde hemos constatado en la comisión dos evidencias muy claras. La primera, señoría del Grupo Popular, es que veo que la coordinación con VOX no es muy eficiente ni en Extremadura o Aragón ni en el Congreso, al menos en esta comisión.
Y la segunda, que es más preocupante, es que presenten iniciativas a golpe de titular de prensa. Deberían conocer qué es la mediación social de la ciencia, porque se está imponiendo en muchas agendas y una política seria, rigurosa, consistente,
sostenible en el tiempo en ciencia y tecnología, como han dicho, no puede ser ni improvisada ni a golpe de titular. Eso les ha llevado a contradicciones en la exposición de motivos entre impulsar la ciencia del Gobierno central y el recorte que
efectúan en sus autonomías, como en los casos andaluz y madrileño; impulsar la necesidad de cooperación y esfuerzos para un bien común y la consistente deslealtad institucional permanente en política pública; hablar de ciencia de vanguardia y
aplicar recortes de programa de referencia allá donde gobiernan; impulsar la defensa del importante papel que cumple el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y fomentar el efecto Mateo, que es lo contrario a la vertebración territorial del
sistema científico-técnico. Yo me preocuparía de fortalecer, en efecto, los presupuestos generales del Estado, impulsar el fortalecimiento del CSIC, que es estratégico, que es vital, que nos debería llevar a todas las fuerzas políticas aquí
representadas a apoyar de manera sistemática, y apostar por la soberanía cognitiva, no por la idea que han venido defendiendo a lo largo de su historia como fuerza política, eso de 'que inventen ellos'.
Además, hay datos que deberían conocer de primera mano. Desde 2018, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha destinado más de 1100 millones de euros a proyectos de investigación e innovación contra el cáncer, tanto en materia
de prevención como en diagnóstico y en tratamiento. Esa financiación se ha canalizado a través de sus principales organismos financiadores de I+D+i: la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III y el Centro para el
Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, el CDTI. Estamos hablando de una inversión que ha crecido en torno al 93 % entre 2018 y 2025, gracias justamente al impulso del PERTE en materia de salud de vanguardia. Y la inversión en investigación biosanitaria se ha
incrementado de manera exponencial con respecto a las Administraciones del Partido Popular. En apenas un trienio se ha duplicado la inversión pública, aproximando los niveles porcentualmente a los de Alemania o Estados Unidos, de acuerdo al PIB con
que contamos como país. No le voy a hablar de otros países porque ustedes los descartan, como es el caso de China, Brasil o la India, los BRICS, que tienen otra política muy distinta a la que ustedes defienden públicamente. Apoyen los presupuestos
generales del Estado, la Estrategia Nacional de Ciencia en sus comunidades autónomas y sean consecuentes con las líneas estratégicas de política de Estado, no con titulares de prensa, sino con políticas efectivas. En la práctica nos encontraremos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, si han tenido la oportunidad de leer la PNL que presenta el Grupo Popular y la que presenta VOX, que a continuación vamos a debatir, habrán podido comprobar que son prácticamente las mismas, como bien decía antes el compañero
diputado de SUMAR. Ustedes se basan, como argumento central para sustentar esta PNL, en que la mayor parte de la financiación de esta investigación ha procedido de financiación privada por la falta de financiación pública. Esto es totalmente
discutible, ya que la colaboración público-privada es habitual en investigación biomédica avanzada. Además, desde un punto de vista técnico, la iniciativa presenta varias limitaciones: no incorpora cifras ni planificación presupuestaria, no
articula mecanismos de ejecución, no contextualiza el marco estratégico vigente en materia de ciencia e innovación y parte de resultados preclínicos sin abordar las fases regulatorias necesarias para su eventual aplicación en humanos.
En el Grupo Socialista queremos destacar que, gracias a la ciencia pública, gracias a la fortaleza del CNIO y gracias también al Gobierno de España y a las prioridades en la aplicación de sus políticas, esta investigación del doctor
Barbacid, como tantas otras en la lucha contra el cáncer, sigue avanzando. Este Gobierno, desde 2018, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha destinado 1137 millones de euros a proyectos de investigación e innovación contra
el cáncer, para mejorar la prevención, el diagnóstico temprano y los tratamientos. El CNIO ha recibido en aportación nominativa de los presupuestos generales del Estado un total de 186,5 millones de euros entre 2018 y 2025; una media de 23,3
millones de euros por año en los últimos ocho años. Cabe recordar que dentro del CNIO se encuentra el programa de investigación de oncología experimental liderado por el doctor Barbacid, que está compuesto por cuarenta investigadores e
investigadoras y ha recibido 10,9 millones de euros de fondos públicos desde 2018, lo que representa el 66 % de los fondos de este.
Además, el apoyo a la investigación oncológica no se concreta solo con una determinada cantidad hoy, sino sosteniendo la financiación que sea necesaria durante toda la investigación. Asimismo, como ustedes deben saber, en este país el 70 %
de la investigación se hace en las universidades y, de ese 70 %, el 95 % se hace en la universidad pública. ¿Y saben, señorías del Grupo Popular, qué hacen en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan con ese centro de investigación que es
la universidad pública? Pues lo de siempre: maltratarla y desmantelarla. Por ejemplo, en Andalucía, donde todos los rectores de las universidades están en contra de la Ley de Universidades aprobada en solitario por el PP andaluz; o en la
Comunidad de Madrid, donde ya le ha costado el cese al consejero y a varios diputados de la Asamblea en su cruzada de privatización de la universidad. Apoyen ustedes la investigación en las universidades públicas, que hasta ahora no lo hacen.
Por otra parte, los hospitales forman parte también de la investigación en nuestro país, donde somos líderes en el mundo en los ensayos clínicos, en la sanidad pública -como bien han dicho anteriormente también los portavoces del Grupo
Popular y de VOX-. ¿Y qué hacen ustedes respecto a la sanidad pública y a los hospitales públicos? Pues aplicar la misma receta de siempre: la de la privatización.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
Finalmente, Señor Pérez, ¿a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda?
El señor PÉREZ CORONADO: No, no se acepta la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- RELATIVA A DOTAR CON 30 MILLONES A LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE PÁNCREAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/002986).
La señora PRESIDENTA: Vamos a finalizar el debate de la última proposición no de ley que, como ustedes saben, es la número 5 por el cambio realizado en el orden del día. Es la proposición no de ley relativa a dotar con 30 millones a la
investigación sobre el cáncer de páncreas del Grupo Parlamentario VOX.
Para la defensa de la iniciativa y por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor González-Robatto.
El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas gracias, presidenta.
La idea que nosotros planteamos es muy simple -la hemos comentado en la intervención anterior- y es que no hace falta exprimir más a los españoles para tener mejores servicios. Lo que hace falta es gastar mejor para tener mejores servicios;
cortar el despilfarro y poner el dinero donde de verdad importa, que es en seguridad, justicia, sanidad e investigación. España no tiene un problema de falta de impuestos -ya lo hemos visto, estamos con récord de recaudación en la historia-, lo que
sí que tiene es un problema de prioridades. Un histórico rápido de prioridades torcidas, año tras año, en el que el Gobierno presume de lo público, pero su receta es siempre la misma: más recaudación, más propaganda y más colocaciones, y luego
unos servicios públicos paupérrimos. Mientras tanto, vemos cómo se nos van millones en gastos llamativos y polémicos; por ejemplo, por tener una comparativa similar, en la renovación del programa La Revuelta, con cifras que han ocupado titulares y
que son difíciles de explicar cuando luego se nos dice que no hay dinero para lo esencial. Y es aquí donde quiero señalar una contradicción: cuando se trata de lo accesorio, siempre aparece dinero; cuando se trata de lo esencial, siempre aparecen
las excusas. Y lo esencial, señorías, es salvar vidas. Aquí entra una comparación que retrata al Gobierno. Hay ámbitos donde 30 millones pueden marcar la diferencia; 30 millones pueden sostener líneas de investigación punteras, atraer talento y
acelerar tratamientos. En VOX siempre hemos defendido una dotación finalista de 30 millones de euros para impulsar la investigación contra el cáncer de páncreas, una de las enfermedades más duras y con peor pronóstico. Y el Gobierno ha decidido
que esto va a la televisión, que esto va de prioridades.
Y cuando decimos que la corrupción mata no es un eslogan, es el mensaje central porque es el que más duele. Es que la corrupción mata. Mata cuando se amañan contratos, mata cuando se enchufa a amigas y afines en puestos clave, mata cuando
la Administración deja de seleccionar a los mejores y se dedica a pagar o a devolver favores. ¿Y qué pasa entonces? Pues que baja la calidad de los servicios. Se degrada el mantenimiento, se parchea, se improvisa y el ciudadano lo paga. Lo paga
con la sanidad cuando faltan profesionales y medios, y lo paga con la seguridad cuando faltan recursos y planificación. Esto pasa con las infraestructuras cuando el mantenimiento se convierte en un trámite y luego vienen las desgracias; lo vimos
con el tren de Adamuz. Cuando un país normaliza la chapuza y el enchufe, el resultado es siempre el mismo: servicios peores y riesgos mayores. Por eso, insistimos con lo de que la corrupción mata; mata la seguridad, mata la sanidad, mata la
confianza y mata la calidad. España investiga, pero se ve empujada a lo privado cuando España es puntera en ciencia, en médicos, en investigadores y en talento. Sin embargo, demasiadas veces ese talento que decimos encuentra más oxígeno en lo
privado porque lo público, secuestrado por prioridades ideológicas, está a otras cosas: está a la propaganda, está a estructuras duplicadas, a campañas y a aparatos. Nosotros defendemos siempre lo contrario, que es la ciencia, la salud y la
seguridad. Y no queremos más impuestos para engordar al Estado y empeorar los servicios. Queremos auditar y recortar el despilfarro y reorientar el gasto en lo que importa: en menos contratos polémicos, en menos colocaciones y en menos
chiringuitos, y en más investigación contra el cáncer, más medios para la justicia y más seguridad real. Porque un Gobierno puede recaudar como nunca, como está haciendo, y aun así dar servicios miserables si se dedica a gastar mal. Eso es,
desgraciadamente, lo que estamos viendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señoría.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa, por lo tanto, comenzamos el debate con las intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor.
El Grupo Parlamentario Mixto no está.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea no interviene.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Fullaondo no interviene.
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya no interviene tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Estrems tampoco interviene.
Por lo tanto, por el Grupo Plurinacional SUMAR, interviene el señor Sierra, por un tiempo de tres minutos.
El señor SIERRA CABALLERO: Gracias, presidenta.
Señorías de VOX, digan, por una vez, la verdad: ¿quién ha redactado esta PNL? ¿El señor Figaredo? Porque esta es una PNL fake; no es una proposición, es un despropósito. Y para chapuzas está la propia redacción de la PNL. Es un insulto
a la inteligencia y una falta de respeto a esta Cámara. Parece que están instalados en la orden del discurso de la posverdad y del negacionismo, de la negación de la prueba y la evidencia empírica, del reino de la razón contra la barbarie, de la
vida a favor de los fondos buitre y del muro de Wall Street; y hacen un listado imparable de afirmaciones gratuitas que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión. So pretexto de pedir 30 millones de recursos a la investigación sobre el
cáncer de páncreas, dedican toda una retahíla de dislates, astracanadas y aseveraciones insustanciales en forma de historial de despilfarro. ¡Ustedes hablando de despilfarro! Me da vergüenza. Tienen la desfachatez -nunca mejor dicho- de hablar de
despilfarro. Es una exposición de motivos que prácticamente es atacar al Gobierno, porque toda su proposición es básicamente eso. Creo que ustedes en investigación hacen poco, van cortos, van justitos en investigación. Y como no aciertan a
hilvanar un discurso con sentido y con las mínimas reglas de la lógica, mezclan Radiotelevisión Española -a la que ya han dicho que van a destruir con lanzallamas o con bomba atómica- con la cooperación internacional, la ayuda humanitaria al pueblo
palestino... Es decir, según ustedes, financiar el sionismo internacional es justo y de derecho y, en su credo delirante, la solidaridad es un despilfarro. En otras palabras, cumplir con las obligaciones suscritas por el Estado en materia de
solidaridad es para ustedes un despropósito, pero robar, con su organización juvenil, a las buenas gentes que donaron contra la dana es lo normal. Francamente, demuestran ser militantes incansables del expolio en Palestina o en la Argentina de
Milei. Ignoran también, por ejemplo, que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha recibido una aportación de más de 185 millones de euros entre 2018 y 2025; una ayuda de 23 millones de euros por año; y el grupo liderado por el doctor
Barbacid ha recibido casi 11 millones de euros. Dicho esto, si hemos de utilizar recursos escasos en investigación punta sociosanitaria, supongo que eso comprende también los chiringuitos de la fundación de Abascal, los sueldos de los Pocholos o
las investigaciones fallidas de la Comunidad de Madrid en hospitales que no atienden a la ciudadanía. En fin, que la investigación oncológica no avanza con ocurrencias como la que tienen a golpe de titular, sino con financiación basal -aprendan la
palabra: financiación basal-, sostenida en el tiempo y con continuidad, que es lo que estamos haciendo en políticas públicas en los últimos años.
En definitiva, es una iniciativa disparatada, sin fundamento. Proponen 30 millones porque se les ha ocurrido esa cifra en relación con Televisión Española. Y esas ocurrencias propias de masculinidades tóxicas, violentas y elementalmente
muy simples en el razonamiento no tienen mucho recorrido.
Entre la bolsa y la vida, nosotros lo tenemos claro: apoyamos la vida y no las campañas contra la ciencia y el conocimiento de los amigos de Iker Jiménez. Votaremos en contra de este despropósito. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
El asunto de las políticas para la investigación, prevención, tratamiento y cura del cáncer es extraordinariamente importante y debemos debatirlo con la mayor responsabilidad. Creo que ha quedado claro el apoyo que todos los grupos
parlamentarios tenemos hacia la investigación del equipo del doctor Barbacid y el compromiso a lo largo de estos años con su investigación, traducida en millones de euros que le ha permitido llegar hasta estos resultados que ha publicado. Está
claro que en el futuro va a recibir los recursos que necesita, públicos, y también privados, de entidades filantrópicas detrás de las cuales hay bancos y empresas, pero también muchos ciudadanos, miles y miles de ciudadanos que con su aportación
individual dan apoyo a la investigación sobre el cáncer, que, como digo, es algo muy importante.
Pero no hablamos en investigación sobre el cáncer solo de un equipo, por muy brillante que sea, hablamos de todo un ecosistema en el que hay muchos grupos de investigación en todas las comunidades autónomas, con vinculación con las
universidades públicas de forma predominante, con vinculación con los hospitales públicos también en una mayoría muy importante. Es todo un ecosistema que colabora no solo en los avances científicos y de investigación sobre el cáncer, sino con su
tratamiento, con su prevención y con su cura, por suerte, en bastantes casos. Ahí hay todo un ecosistema al cual, globalmente, se le debe dar ese apoyo. A veces nos centramos en una cosa y olvidamos todas las otras. Nosotros estamos por el equipo
del señor Barbacid y también por todo ese ecosistema.
Hago algunas anotaciones sobre su exposición de motivos. Habla de una congelación de los recursos que recibe. Bueno, olvida que en este año 2022 el CNIO en concreto ha recibido 25,9 millones de euros de financiación por parte del Gobierno
de España; que, de media, respecto de los ochos años anteriores -para hacerlo bien-, supone un 13 % de incremento. La ministra señora Diana Morant lo ha dejado claro: el Gobierno ha destinado 1137 millones de euros a proyectos de investigación
contra el cáncer desde 2018. No sabemos si el señor Barbacid será quien descubrirá el remedio, la cura contra el cáncer de páncreas -ojalá sea así, se lo merece-, pero, en cualquier caso, seguro que su equipo y muchos otros equipos de nuestro país
figurarán en esas referencias de los trabajos de los que finalmente descubran esos remedios y esas curas, porque la ciencia es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual.
Finalizo hablando de sus acuerdos. El primer acuerdo que ustedes dicen creo que es inviable de aplicar. No dicen una cifra concreta, dicen que ha de darse así, sin ningún concurso, sin ningún informe previo y sin ninguna concurrencia
pública. Creemos que eso no toca con los procedimientos que hay. Respecto a los puntos segundo y tercero, que ustedes no han comentado -que son la auditoría en el punto tercero, y en el segundo, la reorientación de las prioridades estratégicas y
presupuestarias del CNIO-, ya se está haciendo, se está haciendo. El patronato, con la nueva dirección, ha publicado un plan de actuación para 2026 en el que incorpora las dos cosas que usted dice, y usted lo debería saber. Por lo tanto, como se
está haciendo, creo que lo que debemos decir en esta comisión es que damos nuestro apoyo al patronato del CNIO y que colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades y competencias para que tengan éxito, porque de eso depende también la eficacia
en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torres.
La señora TORRES TEJADA: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero empezar reconociendo la enorme relevancia del trabajo liderado por el doctor Mariano Barbacid y el de todo su equipo del CNIO. Su investigación representa un avance científico de gran valor para comprender los mecanismos
moleculares que sustentan el desarrollo del cáncer, especialmente en un tumor tan devastador como es el cáncer de páncreas. Ahora bien, debemos ser prudentes, los avances preclínicos requieren tiempo y validación antes de convertirse en
tratamientos eficaces en seres humanos. Este trabajo no supone la eliminación inmediata del cáncer de páncreas, pero sí es un paso sólido en la dirección correcta que refuerza la esperanza desde el rigor científico. Pero, señorías, lo
verdaderamente importante hoy aquí es denunciar qué está pasando en el CNIO. Resulta indignante que el dinero destinado a investigar la vida se pierda en el agujero negro de la mala gestión y del presunto desvío de millones de euros. El abandono
no es solo falta de presupuesto, es la mirada indiferente de un Gobierno que ignoró las alertas de corrupción en el CNIO hasta que el daño a nuestra ciencia ya es irreparable. La Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la UDEF están
investigando un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros en contratos públicos durante años, con denuncias que dicen que el Ministerio de Ciencia, la señora Morant, no actuó a tiempo y sigue mirando para otro lado. Cada vez que el Gobierno
de Pedro Sánchez permite que la burocracia, los ceses y los escándalos paralicen el CNIO, está firmando una prórroga para la enfermedad. La ciencia no es un lujo que se pueda recortar o descuidar, es la única esperanza de miles de pacientes, que no
tienen tiempo para esperar a que los señores del Gobierno socialcomunista decidan, por fin, tomarse en serio la investigación.
Señorías, en 2020 recibieron el informe de la Intervención General del Estado donde se alertaba de irregularidades en la contratación del CNIO. Recibieron las denuncias sobre irregularidades que hizo una trabajadora del centro al Ministerio
de Ciencia, detectando concentración de adjudicaciones en torno a
determinadas empresas por más de 1,38 millones. No eran sospechas, sino advertencias concretas de la IGAE. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno desde entonces? Se lo digo yo: ninguna.
En 2021, la IGAE también advirtió de la fuga de talento del CNIO. El prestigio científico del CNIO se desploma y provoca una caída de 129 puestos en el ranking Nature Index, con la pérdida de confianza que conlleva esto, pérdida de
competencia y, por tanto, recursos económicos que no llegan. Ocho años sin hacer nada y justo esta tarde, de un plumazo y sin presunción de inocencia, piden el cese de quien está colaborando con la justicia para que se haga justicia. Muy bien.
Señores, el PSOE ya demostró lo que es capaz de hacer en Andalucía, con su corrupción en el caso de los ERE o con la FAFFE, y ahora se ha propuesto destruir el CNIO, echando por tierra el trabajo de magníficos científicos y profesionales que
todavía trabajan allí convencidos de que pueden vencer el cáncer aun sin apoyo del Gobierno. ¿Dónde está la señora ministra? ¿Dónde está? Ahora es el momento de coger las riendas del centro y trabajar de la mano de la nueva dirección para
resolver la situación del CNIO. Pero ella sigue en su particular campaña socialista por la Comunidad Valenciana.
Dejen de poner adjetivos heroicos a los enfermos de cáncer por seguir luchando. Necesitamos presupuesto, ciencia, pero no solo para el cáncer de páncreas, sino para la investigación contra el conjunto de cánceres que se investigan en el
CNIO, como los avances en diferentes líneas de investigación sobre inmunoterapias más eficientes y seguras para el cáncer pediátrico, que se están llevando a cabo ahora mismo. Eso es lo que necesitamos, apoyo del Gobierno para solucionar todos los
problemas del CNIO.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
La señora PRESIDENTA: Finalizado el orden del día, vamos a proceder a las votaciones. Quiero recordarles, señorías, que el orden de las votaciones se ajustará al orden del día original.
¿Están todos los grupos? (Asentimiento). ¿Necesitan tiempo? (Denegaciones). La votación será a mano alzada. Si no quieren ustedes estar aquí hasta las doce de la noche, mejor a mano alzada. (Risas). A lo tradicional. Empezamos la
votación.
Proposición no de ley sobre la lucha contra la violencia de género en el ámbito universitario, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Segundo punto del orden del día, Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a asumir las responsabilidades económicas derivadas de su plena competencia en materia de universidad en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto tercero del orden del día, Proposición no de ley sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios, del Grupo Parlamentario Republicano.
Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Ha habido un empate, señorías. (Rumores.-Varios señores diputados: Voto ponderado). Yo, señorías, les pediría, por favor, que den un poquito de aire a la Presidencia y a la letrada, que hace muy bien su trabajo.
Como hay empate, efectivamente, tenemos que ir al voto ponderado. (Pausa).
Señorías, conforme al voto ponderado, serían 165 votos a favor y 177 en contra; por lo tanto, queda rechazada la iniciativa.
Punto cuarto, Proposición no de ley sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.
Se vota con la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto quinto del orden del día, Proposición no de ley relativa a dotar con 30 millones la investigación sobre el cáncer de páncreas, del Grupo Parlamentario VOX.
Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto 6 del orden del día, Proposición no de ley para impulsar una estrategia nacional de deep tech, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 4; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Punto séptimo del orden del día, Proposición no de ley relativa al incumplimiento del Gobierno en la financiación de las indemnizaciones del personal investigador y al perjuicio causado a las universidades públicas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Se vota con la incorporación de la enmienda aceptada por el Grupo Parlamentario Popular del Grupo Parlamentario VOX.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 2; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
La señora PRESIDENTA: Por último, Proposición no de ley relativa a la dotación de los recursos materiales, humanos y presupuestarios necesarios para avanzar en la investigación oncológica.
Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las cinco y cuarenta y dos minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.