CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 457

JUVENTUD E INFANCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR VALLUGERA BALAÑÀ

Sesión núm. 25

celebrada el lunes,

24 de noviembre de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Solicitud de prórroga de los trabajos de la siguiente subcomisión:


- Subcomisión sobre el Estudio de un Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil. (Número de expediente 154/000008) ... (Página2)


Celebración de la siguiente comparecencia para informar sobre el objeto de la Subcomisión sobre el Estudio de un Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil (número de expediente 154/000008):


- Del secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP (Martínez-Sicluna Sepúlveda). Por acuerdo de la Comisión de Juventud e Infancia. (Número de expediente 212/000728) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y tres minutos de la tarde.


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA SIGUIENTE SUBCOMISIÓN:


- SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 154/000008).


La señora PRESIDENTA: Hola. Bona tarda, diputats i diputades. Buenas tardes. Egun on.


Se abre la sesión.


Perdonen estos tres minutos de retraso. Vayan sentándose, por favor. Hay algunos compañeros que tienen prisa porque tienen que asistir a otra comisión. Primero procedemos a tramitar el punto que consiste en la solicitud de prórroga, a
instancias de varios grupos, de los trabajos de la Subcomisión sobre el estudio de un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil hasta la finalización del próximo periodo de sesiones, que sería de febrero a junio de 2026.


De conformidad con lo dispuesto en la norma tercera de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, ¿quieren ustedes aprobarlo por asentimiento o votamos? (Pausa).


Votamos. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Lo elevaremos al Pleno de la Cámara, como ustedes ya saben que debemos hacer, y lo trataremos en la próxima sesión plenaria en que se pueda incorporar.


CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL (número de expediente 154/000008):


- DEL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (MARTÍNEZ-SICLUNA SEPÚLVEDA). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA. (Número de expediente 212/000728).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la celebración de la comparecencia prevista. Damos la bienvenida al señor secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, señor Martínez-Sicluna.


Les recordamos que la intervención inicial del ponente será de quince minutos, que después cada grupo parlamentario, en orden de menor a mayor, tendrá cinco minutos y que, finalmente, el ponente dispondrá de diez minutos para contestar.


Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bienvenido de nuevo.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (Martínez-Sicluna Sepúlveda): Gracias, presidenta.


Saludo a todos los integrantes de esta subcomisión, a los que quiero agradecer que hayan querido conocer cuál es el parecer de la Federación Española de Municipios y Provincias a la hora de elaborar este informe sobre el pacto de Estado para
la erradicación de la pobreza infantil.


En primer lugar, quiero hacer referencia a un estudio muy reciente denominado 'La pobreza infantil en España: evolución reciente y políticas', del mes de octubre de este año 2025, editado por Funcas. En ese informe se viene a decir que
España tiene la tasa de pobreza infantil de la Unión Europea más elevada, con un 29,2 % frente al 19,3 % de media en la Unión, y también que la diferencia respecto a la Unión Europea ha aumentado en los dos últimos años hasta los 9,5 puntos
porcentuales en 2023 y los 9,9 en 2024. Sin duda, el problema del acceso a la vivienda, tanto la adquisición como el alquiler, y el elevado esfuerzo que requiere para las familias están directamente relacionados con las situaciones de pobreza y con
la cronificación de estas situaciones. Creo que estos datos avalan la urgencia de afrontar el fenómeno de la pobreza infantil.


Antes de comenzar, quiero hacer una breve pincelada del marco normativo en el cual se mueven las entidades locales a la hora de enfrentarse al problema de la pobreza infantil.


La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 25.2.e), reconoce el papel de las entidades locales en materia de servicios sociales. En concreto, este apartado 2.e) dice que tendrán

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competencia en la 'evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión' y el artículo 26 determina que esta competencia será obligatoria para las entidades de más
de 20 000 habitantes. Por su parte, también se hace una referencia dentro de este apartado 2 del artículo 25 a las cuestiones de educación, y se dice en su apartado n) que las entidades locales participarán 'en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria [...] la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial'.


Pero es verdad que el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local no prohíbe que las leyes sectoriales atribuyan como competencias propias a los ayuntamientos materias distintas de las establecidas en dicho apartado 2.
Dado que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, los municipios tendrán como competencias propias aquellas materias en las que una norma de rango legal de las comunidades autónomas les atribuya dicha
competencia. Prácticamente la totalidad de las leyes autonómicas de servicios sociales atribuyen a los municipios competencia en materia de atención social primaria.


También el artículo 27.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local permite que los municipios puedan ejercer competencias que les hayan sido delegadas, con la correspondiente financiación, por la comunidad autónoma, y establece un
listado, donde figuran cuestiones tales como la prestación de servicios sociales, la gestión de escuelas infantiles de primer ciclo o la realización de actividades complementarias. Por último, los ayuntamientos también pueden actuar en el ámbito de
los servicios sociales al amparo de lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece que pueden ejercer competencias distintas de las propias o delegadas siempre que no suponga un riesgo para su
sostenibilidad financiera y que no sea un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración pública.


En todo caso, las leyes autonómicas sobre infancia otorgan un papel esencial a las entidades locales en las siguientes materias: en primer lugar, en la atención de las situaciones de vulnerabilidad a través de la actuación de los servicios
sociales y, en particular, resultan de especial interés las ayudas de emergencia ofrecidas por las entidades locales, que con frecuencia son la primera respuesta pública a las situaciones de pobreza; también en la atención de la infancia y las
familias mediante la labor de los servicios sociales y de los servicios para la infancia y las familias; en la prevención e intervención frente al absentismo escolar y en la mejora de la convivencia escolar, y en la prevención de las situaciones de
violencia en un trabajo coordinado con el conjunto de las Administraciones.


Lo cierto, viendo cuál es la realidad, es que en la actualidad los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental a la hora de actuar como un nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, gestionando no solo sus competencias propias, sino
asumiendo responsabilidades adicionales para garantizar la calidad de vida de sus vecinos, muchas veces sin el respaldo de un marco competencial claro ni de los recursos adecuados. Esta situación se ha acentuado después de la pandemia de la
COVID-19 porque ha obligado a muchos ayuntamientos a destinar más recursos a atender necesidades urgentes derivadas de la crisis, como es el apoyo económico a las familias, las subvenciones a instituciones sin fines de lucro y entidades sociales o
el refuerzo de los servicios esenciales mediante la contratación adicional de personal. Estas actuaciones suponen un gasto no obligatorio de las entidades locales, que ha experimentado en el periodo 2018-2022 un incremento en torno al 25 %, siendo
mayor ese incremento en los municipios de menos de 5000 mil habitantes, y una de las áreas en las que se concentra este gasto no obligatorio es precisamente el de la protección y promoción social.


Ahora bien, a la hora de ver cuál puede ser el papel de los ayuntamientos en un futuro pacto de Estado para la erradicación de la pobreza y más allá del ámbito normativo, quiero resaltar que el fenómeno de la pobreza infantil tiene lugar en
un ecosistema social concreto; es decir, estamos hablando de familias en situaciones de vulnerabilidad que habitan en pueblos y en ciudades. Por lo tanto, esta lucha contra la pobreza infantil debe llevarse a cabo con un enfoque territorial que
ponga en primer término el papel de las entidades locales. Las entidades locales cuentan con experiencia y capacidad para desarrollar acciones de la máxima importancia en la erradicación de la pobreza infantil. Ahora bien, estas capacidades se ven
con frecuencia limitadas por la falta de financiación suficiente. También hay que tener en cuenta la diversidad de las entidades locales en cuanto a su tamaño y sus características, lo que supone una dificultad añadida para hacer frente a las
situaciones de pobreza de las familias que habitan en nuestros pequeños municipios. Doy solamente un dato: el 80 % de las entidades locales españolas cuentan con menos de 5000 mil habitantes. A este respecto, conviene tener en cuenta, por tanto,
el papel que pueden

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desarrollar las mancomunidades y las diputaciones como agentes clave para coordinar esfuerzos destinados a los municipios de menor tamaño.


Quiero referirme, siquiera brevemente, a la Garantía Infantil Europea desarrollada en el marco del Fondo Social Europeo Plus y que constituye una oportunidad para contar con recursos adicionales y optimizarlos. La colaboración entre las
comunidades autónomas y las entidades locales es una condición indispensable para el éxito de este programa, que en el ámbito local se puede desplegar en al menos cinco áreas: la educación, la sanidad, la nutrición, la vivienda y la gobernanza.
Como ejemplos de las actuaciones desarrolladas por las entidades locales en esta materia de la Garantía Infantil Europea, voy a referirme al estudio de 2021 editado por UNICEF en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y
con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, denominado 'Recomendaciones para la implementación de la Garantía Infantil Europea en España desde el ámbito local', en el que se citaban como buenas prácticas, por ejemplo, los
programas socioeducativos comunitarios, las ayudas económicas para gastos educativos, las actividades extraescolares gratuitas o con tarificación social, los programas de reducción de la segregación escolar o la garantía alimentaria en los centros
de Educación Infantil, además de muchos otros, a los que, por economía procesal, no voy a hacer referencia.


En todo caso, desde la Federación Española de Municipios y Provincias llevamos a cabo también en el ámbito que nos ocupa actuaciones relevantes, y voy a citar exclusivamente cuatro. En primer lugar, en la Federación Española de Municipios y
Provincias promovemos la incorporación de la lucha contra la pobreza como un elemento transversal de las políticas públicas. Es una mirada transversal y consideramos que es una condición indispensable para afrontar este desafío. En segundo lugar,
también participamos en mecanismos de cooperación y seguimiento para la erradicación de la pobreza infantil, como es la Red de Inclusión Social, instrumento interinstitucional dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, y los foros relacionados
con la implementación de la Garantía Infantil Europea. En tercer lugar, quiero destacar el proyecto Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF, en el que participan también el Ministerio de Derechos Sociales y la propia FEMP. Constituye
una referencia de calidad y un impulso para consolidar las actuaciones municipales orientadas a la defensa y promoción de los derechos de los niños y las niñas. Actualmente, forman parte de este programa 321 ciudades españolas y la mitad de los
niños, las niñas y adolescentes de nuestro país viven en una Ciudad Amiga de la Infancia. En cuarto lugar, voy a referirme, siquiera incidentalmente, al proyecto Familias en Positivo. Lo desarrollamos también con el Ministerio de Derechos Sociales
y está ofreciendo instrumentos de gran utilidad para fomentar el enfoque de la parentalidad positiva.


En todo caso, desde la FEMP consideramos que en este ámbito de la lucha contra la pobreza infantil es muy importante la cooperación entre las Administraciones y las entidades del tercer sector. En el ámbito del Observatorio de la Infancia
encontramos un marco idóneo de cooperación con el tejido asociativo. El tercer sector es clave en tres ámbitos fundamentales. Es clave en la mejora del conocimiento sobre las situaciones de pobreza infantil, y aludo aquí al informe FOESSA 2025 de
Cáritas y de la Fundación FOESSA, en el que se pone el acento precisamente sobre la cronificación de la pobreza, y se viene a decir que la pobreza en España se ha vuelto más crónica y multidimensional, golpeando con fuerza a la infancia y alcanzando
a sectores de las clases medias trabajadoras. También, en todo lo relativo a lo que es el fomento de la participación infantil. Me gustaría destacar, como muestra, la labor de UNICEF y de las organizaciones representadas en la Plataforma de
Organizaciones de Infancia. Su labor es clave para la puesta en marcha de los consejos de participación infantil, así como para lograr que la voz de los niños y las niñas sea tenida en cuenta en la vida municipal. Respecto de los programas
pioneros, que sería la tercera función de esta colaboración de las entidades del tercer sector, creo oportuno subrayar la incidencia del trabajo desarrollado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. En el
ámbito que nos ocupa, las Administraciones públicas han de contar con la colaboración de las entidades privadas, aparte de con la colaboración con el tercer sector.


Por lo tanto, consideramos que debemos tener un enfoque amplio a la hora de valorar cuál podría ser el papel de las entidades locales en este pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Creo que un punto de vista esencial
es que podamos contar con una información mejorable sobre la inversión pública en infancia. El conocimiento detallado de lo invertido por cada Administración debe ser un punto de partida para articular una propuesta estructurada mejor. Desde
luego, la mejora de la financiación destinada a la infancia de las familias no debe desligarse de la mejora del sistema de financiación local. Ya en las resoluciones aprobadas en el último pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias,
celebrado en septiembre de 2003, se destacaba que para el cumplimiento efectivo del principio de suficiencia financiera se deberá mejorar el sistema de financiación local y el sistema tributario local. En

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este sentido, les informo de que la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias ha acordado de forma unánime por las cinco fuerzas políticas que la integran, mediante una declaración institucional aprobada en
octubre de 2024, reclamar del Gobierno de la nación la modificación del sistema de financiación local, que data del año 2002 y que, por lo tanto, no es un instrumento adecuado para dar respuestas a las crecientes demandas justificadas de los
ciudadanos en el año 2025. Esperamos que la futura convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local permita ir avanzando en la imprescindible y urgente negociación del nuevo sistema de financiación.


Como conclusión, diría que en la Federación Española de Municipales y Provincias consideramos que el pacto de Estado constituye una fórmula idónea para tratar de abordar un problema de gran calado, como es la erradicación de la pobreza
infantil, dado que requiere la intervención de todas las Administraciones públicas. La Federación Española de Municipales y Provincias se pone a disposición de esta subcomisión para estudiar de qué modo las entidades locales pueden aparecer en un
posible pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Pero, para ello, consideramos imprescindibles dos cuestiones. En primer lugar, la clarificación del marco competencial de las entidades locales. Las entidades locales están
operando con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que data del año 1985, es decir, recientemente se han cumplido cuarenta años de vigencia de esta ley. Es un instrumento jurídico que en estos momentos no permite una gestión adecuada de
las entidades locales; es más, ha experimentado sucesivas modificaciones que hacen que el modelo actualmente no sea coherente, podríamos decir. Y, en segundo lugar, como condición indispensable -ya he hecho referencia a ello-, la consecución de un
nuevo sistema de financiación local que permita que las entidades locales puedan tener un papel activo en la resolución del problema de la pobreza infantil.


Consideramos que nuestros pueblos y ciudades son actores esenciales para promover un desarrollo sostenible inclusivo, en el que la erradicación de la pobreza infantil ha de ser un objetivo común.


Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Sicluna Sepúlveda.


Ara és el moment dels grups parlamentaris. En primer lloc, té la paraula la diputada Renteria, por el Grupo Parlamentario Vasco.


Ahora es el momento de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la diputada Renteria, por el Grupo Parlamentario Vasco.


La señora RENTERIA LASANTA: Arratsalde on guztioi. Gracias, señora presidenta.


Señor secretario general, quiero comenzar agradeciéndole su presencia en esta subcomisión. Está usted hoy aquí para comparecer e informar sobre el objeto de un futuro pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, aportando el
diagnóstico y la visión del municipalismo sobre qué medidas, qué coordinación institucional y qué recursos deberían incorporarse al informe que esta Cámara elaborará. Su comparecencia es relevante porque los ayuntamientos son, en la práctica, la
primera Administración que detecta la vulnerabilidad de los niños y las niñas y las familias, desde la precariedad habitacional o energética hasta el absentismo escolar, las dificultades de acceso al comedor o los efectos emocionales que acompañan a
la pobreza persistente. Lo hacen, además, en contacto directo con escuelas, centros de salud, asociaciones vecinales y redes comunitarias, que muchas veces sostienen la intervención diaria.


Por eso, quiero estructurar mi intervención dentro de un marco realista y respetuoso con las comunidades autónomas y centrado en que este pacto sea operativo y verificable, porque la pobreza infantil no es solo falta de ingresos, es
desigualdad educativa, limitaciones en salud y salud mental, vivienda inadecuada, alimentación peor o irregular, menor acceso a ocio y a cultura y, finalmente, menos oportunidades futuras. Por eso, cualquier pacto serio debe reconocer algo
evidente, que las políticas que determinan el bienestar de los menores dependen, en gran medida, de las comunidades autónomas: servicios sociales, educación, sanidad, atención temprana, protección de menores o vivienda, como es el caso de Euskadi,
de donde yo provengo. Pero no todas las comunidades parten de la misma situación ni tienen los mismos modelos de intervención, lo que obliga a que el pacto combine objetivos comunes como flexibilidad territorial para su despliegue. De ahí que un
pacto de Estado eficaz no pueda consistir en imponer uniformidad, sino en coordinar objetivos respetando competencias y la diversidad territorial. Desde la perspectiva municipal, quiero recordar también que la FEMP representa a entidades locales y

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que en Euskadi la articulación municipal se realiza a través de EUDEL. Por tanto, cualquier mecanismo municipal del pacto debe contar con esa vía propia de participación.


La clave de este pacto va a ser la coordinación real, porque el problema no es solo qué medidas se aprueban, sino cómo se despliegan sin fragmentación. Llevamos años viendo situaciones conocidas: familias que pasan por varias ventanillas;
sistemas que no comparten información; programas estatales sin encaje territorial claro; municipios que detectan el riesgo, pero que dependen de la red autonómica para intervenir plenamente; y menores que quedan en vacíos administrativos. Esto
tiene un efecto muy concreto: la pobreza se cronifica cuando las respuestas son parciales o inconexas. Si un niño o una niña tiene beca comedor, pero vive en una infravivienda; si mejora la asistencia escolar, pero no hay apoyo familiar, o si hay
intervención social sin continuidad educativa, el sistema falla.


Por eso, el pacto debe incorporar una lógica de itinerarios integrales y no medidas aisladas. Si el pacto quiere tener impacto, debe fijar mecanismos estables, prácticos y evaluables de cooperación entre Estado, comunidades autónomas y
ayuntamientos. Sin eso no habrá continuidad ni eficacia. Los ayuntamientos para esto son indispensables: suponen cercanía, detención temprana y acompañamiento cotidiano. Pero esa responsabilidad convive con límites que el pacto debe fomentar y
afrontar, como una financiación insuficiente y desigual, en gran parte dependiente de un marco autonómico; inseguridad competencial práctica cuando deben actuar en ámbitos autonómicos por urgencia social, o falta de personal especializado, porque
sin recursos no hay intervención temprana ni seguimiento. Por eso, los municipios no pueden ser el parche final del sistema, deben ser la pieza central bien financiada y coordinada dentro del marco autonómico y estatal.


En este sentido, me gustaría formularle un par de preguntas. Primera. ¿Cree usted que puede existir un pacto de Estado eficaz sin un compromiso autonómico estructural y financiado? Segunda. ¿Qué modelo de coordinación real propone la
FEMP entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos para asegurar una respuesta continua, coherente y no fragmentada a la infancia vulnerable?


Termino. Señor secretario general, esta subcomisión tiene la responsabilidad de impulsar un pacto útil y medible, respetuoso con la pluralidad institucional, con coordinación efectiva, con ayuntamientos reforzados y con resultados
verificables a medio plazo para los niños y las niñas que viven en pobreza. Este es el objetivo del trabajo que tenemos delante y confiamos en que su comparecencia nos ayude a concretarlo con realismo y ambición.


Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario general.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, diputada.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la diputada Armario.


Cuando usted quiera.


La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes a todos y buenas tardes, señor Martínez-Sicluna.


Para los españoles que nos estén viendo desde sus casas en estos momentos vamos a explicar que la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, es una asociación que agrupa a más del 95 % de los Gobiernos locales de España, es
decir, ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, y que su objetivo es defender y promover la autonomía de las entidades locales y representar sus intereses comunes ante otras Administraciones, esto es -insisto- intereses comunes de
las entidades locales, no intereses comunes de los ciudadanos. Esto oficialmente, porque VOX sabe que esta federación es, en realidad, un intermediario para que en todos los municipios de España se aplique lo que el bipartidismo ya ha acordado,
bien en el Parlamento Europeo, bien en el Gobierno central, y eso que, según dice usted, después de cuarenta años se han dado cuenta de que no hay una legislación que solucione su falta de gestión. O sea, han tardado cuarenta años en darse cuenta.


Ustedes en su web, además, -esto lo puede ver cualquier ciudadano ahora mismo- dicen que la federación de municipios traslada a las entidades locales -ayuntamientos, cabildos y diputaciones- subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 por
valor de 5 millones. La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 es la sección de esta FEMP que trabaja para favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en los municipios y las
provincias a través de la localización, alineación y desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el ámbito local. Tanto agricultores como ganaderos y pescadores saben perfectamente que esta agenda ha contribuido a
destruir nuestra soberanía en el sector primario y, con ello, ustedes han contribuido a romper el bienestar de las familias que se dedican a este sector primario. Es más, de ustedes depende también la

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Red de Ciudades por el Clima, una sección de la FEMP dedicada a luchar contra el cambio climático que aumenta la vulnerabilidad de sus localidades y que afecta directamente a la población. ¡Y tanto que afecta a la población, señor
Martínez-Sicluna! Afecta a la no limpieza del cauce de los ríos, a la no elaboración de cortafuegos, etcétera. Esto lo saben los españoles que han sufrido los incendios y también la gota fría de la dana, gracias a la FEMP, ya que también ha
contribuido a ello con sus funciones.


Por otro lado, medio centenar de entidades locales reciben ayudas para impulsar el enfoque de género y la igualdad a través de proyectos como, por ejemplo, el plan formativo en materia de turismo dirigido a mujeres -yo no sabía que nosotras
no podíamos viajar donde viajan los hombres y tienen ustedes que tener un plan formativo en materia de turismo para la mujer-, RedDigi y Mujer: Empoderamiento Digital y Empleo con Perspectiva de Género o la creación de puntos violeta a través de
los ayuntamientos para combatir la violencia machista, dando lugar también a un caso de corrupción de la pareja de la directora del Instituto de las Mujeres. Quisiera preguntarle, señor Martínez-Sicluna, ¿cuánto dinero de los españoles ha ido
destinado a los puntos violeta? Porque nadie sabe contestarnos. A ver si usted, que ha administrado la gestión y la financiación de estos puntos violeta, nos puede decir cuántos puntos violeta se han instalado y cuánto les ha costado esto a los
españoles, porque todo el dinero que ha ido destinado a esto no ha ido a ayudas económicas para los menores en cuyos hogares sí se ha sufrido este tipo de violencia ni a las mujeres que han sufrido violencia de género, no ha ido directamente a
ellos. ¿Nos dice, así, por encima, cuántos millones han ido a las entidades locales?


Por otro lado, en el área de temática de juventud e infancia, la Comisión de Juventud e Infancia de esta federación tiene entre sus objetivos principales coordinar la participación local en los órganos y foros especializados; impulsar la
mejora de los servicios existentes destinados a la población infantil y juvenil; llevar a cabo la identificación y difusión de buenas prácticas -por cierto, buenas prácticas que yo he buscado en su web y solamente he encontrado una, del año 2021,
registrada para ayudar con algún que otro millón a la Diputación de Badajoz-; promover el acceso al empleo de los jóvenes, y potenciar el movimiento asociativo juvenil. Pues no sé, no deben tener mucho éxito sus medidas, porque el índice de
desempleo juvenil es del 25,4 % y aumenta en el siguiente trimestre.


El último convenio que encuentro, señor Martínez, es del año 2009, un convenio de colaboración entre la FEMP y la Federación de Cibervoluntarios para el desarrollo de programas de captación y capacitación de cibervoluntarios en zonas
rurales, para la dinamización de centros sociodigitales y de Cibermix. Yo creo que sería muchísimo más productivo para todos los españoles que llegue la red a las zonas rurales, ¿no cree usted?


Como conclusión, señora presidenta -voy terminando-, la federación de municipios es un canal transmisor no solo de ideología, sino también de todas las políticas socialistas y, además, asegura que el dinero que han recaudado a través de los
impuestos de los españoles vaya destinado a todo lo anterior -Agenda 2030, violencia de género, entre otras-, en lugar de destinarse a ayudas para materiales escolares a través de los servicios sociales, a más ayudas para comedores y actividades
extraescolares, a más ayudas para convenios para crear viviendas sociales o a iniciativas para frenar las políticas de las zonas de bajas emisiones y las tasas que aplica cada ayuntamiento como le da la gana, que se imponen a todos los ciudadanos.
Es decir, ustedes también contribuyen a apretar un poquito más esa soga con la que el bipartidismo ahoga a la ciudadanía.


Ustedes son un tentáculo más, a nivel nacional y a nivel local, de la agenda del Partido Socialista, a pesar de que tanto usted como la señora presidenta de esta federación sean del Partido Popular.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Seguidamente, tiene la palabra el diputado Quintero, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor QUINTERO HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Me gustaría comenzar agradeciendo a Luis Antonio Martínez-Sicluna su comparecencia, así como reconocer el papel fundamental que desempeña la Federación Española de Municipios y Provincias en el desarrollo de las políticas de inclusión
social, servicios sociales y programas de apoyo a la infancia. (La señora vicepresidenta, Alós López, ocupa la Presidencia).


Antes de comenzar, también me gustaría decir que es una pena que VOX venga aquí a fiscalizar a los comparecientes, ya que, al final, es un hecho que desvirtúa por completo el sentido de esta subcomisión.


Como usted sabe, los ayuntamientos son el primer punto de contacto con las familias, por lo que la implicación y el compromiso son más que necesarios para marcar una diferencia real. Permítanme

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subrayar algunos datos que justifican la urgencia de nuestras actuaciones. En España, según el INE, más de 2,7 millones de menores se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Son cifras que nos interpelan a todos y a todas y que
evidencian un desafío estructural que no podemos ignorar. Además, de acuerdo con los análisis de UNICEF España -y como usted ha comentado-, la tasa de pobreza infantil alcanza el 29,2 %. Estas cifras no son solo estadísticas; representan vidas
condicionadas, oportunidades limitadas y un futuro desigual para miles de niños, niñas y adolescentes.


Estos datos son inaceptables. No podemos permitir que una parte tan importante de nuestra infancia y adolescencia crezca con menos oportunidades, con inseguridad económica o atrapada en dinámicas de precariedad estructural. Debemos actuar
con decisión, con coordinación institucional y con ambición para revertir esta situación tan demoledora. Considero firmemente que este problema no es solo una cuestión social, sino también una cuestión de justicia intergeneracional. Asimismo,
comparto con usted que debemos tener una mirada transversal para erradicar la pobreza infantil que combine políticas sociales, educativas y sanitarias. La pobreza infantil condiciona el presente y el futuro, y los niños y las niñas que la sufren
tienen más probabilidades de enfrentar dificultades educativas, de salud y de integración social. Por lo tanto, no podemos permitir que su origen determine su destino.


Las diferencias en las tasas de pobreza infantil entre municipios y provincias ponen de manifiesto la necesidad de una gestión local, sólida y adaptada a cada realidad. Los ayuntamientos, Gobiernos provinciales y cabildos insulares
desempeñan un papel fundamental en la implementación de programas que apoyan a las familias con menores ingresos. Además, es imprescindible una coordinación eficaz entre Administraciones locales, autonómicas y estatales para garantizar que todos
los niños y todas las niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar, independientemente de su lugar de residencia.


Al mismo tiempo, es clave reconocer el valor estratégico de los municipios y de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la que usted representa hoy en esta subcomisión. Como usted también ha comentado, los ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la ciudadanía, lo que les permite identificar rápidamente situaciones de vulnerabilidad y ofrecer respuestas tempranas. Por ello, hay que contar con servicios sociales municipales fuertes, con financiación justa y
suficiente, que aseguren comedores escolares, apoyo psicosocial, transporte y becas, entre otros aspectos. No podemos permitir que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás por razones económicas. Esta no es solo una cuestión de solidaridad, sino
también de responsabilidad democrática.


En definitiva, la pobreza infantil refleja nuestras decisiones como sociedad y nuestras prioridades como país. No se trata de aceptar la desigualdad como algo inevitable, sino de reconocer que podemos cambiarla mediante políticas coherentes
y compromisos firmes. Nuestro objetivo debe ser construir un entorno donde cada niño y cada niña tenga acceso real a la educación, a la sanidad y a las oportunidades necesarias para desarrollar todo su potencial.


Ya para terminar, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Más allá de los programas habituales, ¿qué iniciativas innovadoras considera la Federación Española de Municipios y Provincias que podrían implementarse a nivel municipal para
erradicar la pobreza infantil, especialmente en aquellos territorios con mayores dificultades económicas?


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Alós López): Muchas gracias, señor Quintero.


Para finalizar, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sastre.


El señor SASTRE UYÁ: Gracias.


En primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle la presencia y la comparecencia hoy aquí al señor Martínez-Sicluna. Ha sido un placer escucharle, y no solo por lo que nos ha contado, sino también por lo que usted representa, la Federación
Española de Municipios y Provincias. La federación está compuesta por diferentes entidades y organismos, pero, al final, representa la voluntad de una serie de municipios que han sido elegidos por parte de los ciudadanos. Por tanto, en esa
representación no hay unos intereses vacíos ni unos intereses caídos del cielo; son intereses que vienen de la representación de una serie de votos por parte de los ciudadanos en unas elecciones. Por tanto, si ya ponemos en duda esos principios,
estamos poniendo en duda gran parte del funcionamiento de lo que es nuestro sistema democrático.


Además, la política municipal tiene una cosa muy buena, y es que en la mayoría de los casos los problemas que resuelve no se solucionan con un corte en redes sociales, sino que se solucionan con medidas de verdad, que permiten que los
ciudadanos prosperen, con medidas que hacen que los representantes públicos tengan que dar la cara y tengan que mirar a los ojos a los ciudadanos. Por tanto, yo creo que la

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política municipal en España merece todo el respeto del mundo y, además, en los tiempos en los que vivimos hay que ponerla en valor, porque es la política más real de las políticas que se hacen en nuestro país.


También me parece muy interesante la visión provincial que tiene la federación española de municipios, porque en España las provincias representan también una buena solución para abordar ciertos problemas que tenemos por la escala
territorial que cubren. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Dicho esto, estas Administraciones, que son las más cercanas, coincidimos en que son las que abordan el reto de la pobreza, que nosotros vemos que es una consecuencia de malas políticas en otros ámbitos. Por un lado, hay un ascensor social
que está roto por completo. La educación ha dejado de ser ese ascensor social que fue históricamente, y así nos lo decían el otro día en una reunión los que han realizado el informe de Cáritas. Por otro lado, consideramos que el empleo ya no
garantiza poder cubrir las necesidades mínimas que tiene una familia, es decir, la función del empleo está también decayendo a causa de que ha habido una subida brutal de la cesta de la compra y también una subida brutal de impuestos -más de noventa
y cinco- en nuestro país. Además, ha habido una escalada del precio de la vivienda, que, como sabemos, se ha convertido en el principal problema de los españoles. Con todo eso, consideramos que la clase media española está en peligro, y eso está
haciendo que la brecha de pobreza se amplíe cada vez más.


¿Qué es lo que defendemos? Nosotros defendemos que haya políticas que de verdad protejan a las familias españolas, en el ámbito de una buena educación y en el ámbito de un empleo que de verdad sirva para cubrir las necesidades básicas y el
proyecto vital de cualquier persona. Defendemos que los impuestos sean los necesarios y no sean abusivos, que haya menos papeleo y, por supuesto, que haya políticas útiles para el acceso a la vivienda. A esas cuestiones, sumamos lo que usted ha
dicho: debe haber una mayor financiación para los municipios y para las entidades que cubren en primera instancia todas esas necesidades que tienen los ciudadanos y una mayor transparencia. Consideramos que este Gobierno es muy opaco en muchos de
los datos que nos da, que es muy opaco en la ejecución de ciertos programas. Ministerios como, por ejemplo, el de la vivienda, que tendría que cubrir el principal problema de los españoles, tiene unos índices de ejecución bajísimos. En ese
sentido, la eficiencia de nuestras Administraciones tendría que ser mucho mejor. Y además defendemos -y en eso creo que estamos todos de acuerdo- que las políticas de prevención de la pobreza son las más importantes; es decir, una vez que la
herida ya está abierta es muy difícil cerrarla, lo que hace falta es que la herida no se abra.


Para finalizar me gustaría plantearle dos cuestiones que me sirven para incidir en dos de los ámbitos que hemos tratado en esta intervención. Por un lado, la vivienda, como una de las bases del proyecto de vida y como uno de los indicadores
que está haciendo que más personas y más familias caigan en la pobreza. En ese sentido, me gustaría preguntarle: primero, qué les están trasladando los municipios a la hora de desarrollar vivienda, a la hora de desarrollar suelo, qué problemas se
están encontrando, y, segundo, si tienen ustedes algún tipo de medición de cómo el aumento de impuestos y la creación de nuevas tasas, como la tasa de basuras -lo ha mencionado otro de los grupos-, que es algo que viene impuesto por parte del
Gobierno de España y que este ha obligado a desarrollar, están afectando a las familias españolas y están impidiendo que lleguen a fin de mes de manera adecuada.


Muchas gracias de nuevo por su presencia. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


A continuación, el ponente tiene un turno de diez minutos aproximados para hacer las consideraciones que crea oportunas.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (Martínez-Sicluna Sepúlveda): Muchísimas gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones de todos los portavoces que han tomado la palabra. Voy a referirme brevemente a las cuestiones que han sido planteadas.


Respecto al Grupo Vasco, agradezco que en su intervención haya reconocido la capacidad de las entidades locales a la hora de la detección de las situaciones de vulnerabilidad. Lo hemos venido diciendo, somos la primera frontera, la
Administración más cercana al ciudadano, y eso hace que estemos en mejores condiciones que una comunidad autónoma o que el Estado a la hora de detectar la situación real de las familias. Por lo tanto, yo creo que en el pacto de Estado los
municipios deben tener un papel importante.


Evidentemente, como usted bien plantea, es necesaria una coordinación entre los tres niveles, respetando, por supuesto -y hago mías sus palabras en cuanto a la flexibilidad-, que la realidad de España es muy diversa y, por tanto, tiene que
ser un pacto de Estado que acoja las singularidades de cada

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uno de nuestros territorios. Esa coordinación entre los tres niveles administrativos por parte de los ayuntamientos requiere dos cuestiones. En primer lugar, que no suponga una excesiva carga administrativa. Lo he dicho anteriormente, el
80 % de los municipios tiene menos de 5000 habitantes. Si queremos que estos ayuntamientos tengan una capacidad real de actuar en este ámbito, debe ser de una forma sencilla, incluso posibilitando que los recursos que se reciban puedan ser recursos
adicionales directamente desde el Estado, e, insisto, que no suponga una carga administrativa, que se haga de una forma sencilla. Por ejemplo, en el plan concertado -que en las comunidades autónomas de régimen común viene operando en el ámbito de
los servicios sociales- muchos ayuntamientos se ven con una carga burocrática importante a la hora de informar de la gestión de las actuaciones que realizan.


En segundo lugar, en cuanto a la representante de VOX, yo no tengo por qué defender a la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque lo voy a hacer, porque es una entidad que cumple actualmente su 45.º aniversario.


Habla usted del bipartidismo. En la Federación Española de Municipios y Provincias trabajamos con el consenso. En la Junta de Gobierno hay cinco fuerzas políticas; en el Consejo de Gobierno hay muchas más fuerzas políticas, y de las
comisiones y las redes forman parte municipios de todos los colores. Porque nosotros miramos por los municipios, pero cuando miramos por los municipios miramos por los ciudadanos. Le aseguro que la Federación Española de Municipios y Provincias
plantea cuestiones que a quienes afectan finalmente es a los ciudadanos. Le voy a poner dos ejemplos. Cuando estamos reclamando del Estado una reforma del sistema de financiación local, no lo hacemos porque los alcaldes quieran tener más recursos
para sus ayuntamientos; no, lo hacemos porque los ciudadanos están legitimados para reclamar las cuestiones que ahora mismo están solicitando. Y si los ayuntamientos, como Administración más cercana a los ciudadanos, no tienen los recursos, no van
a poder hacer frente a esas demandas.


Me habla de la Agenda 2030 y de la violencia de género. Sí, son dos materias en las que la Federación Española de Municipios y Provincias está trabajando, porque son dos materias beneficiosas para los ciudadanos. Estamos llevando a cabo
actuaciones que permiten que se incremente, por ejemplo, el número de parques en nuestras ciudades y municipios. La violencia de género, evidentemente, es un problema nacional. Mañana es el día contra la violencia de género y desde aquí hago un
llamamiento -y lo ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias todos estos años mediante declaraciones institucionales- para poner en valor a todas las Administraciones públicas en defensa de las mujeres que sufren violencia machista.
Por lo tanto, desde la Federación Española de Municipios y Provincias creemos sinceramente que somos una entidad útil, que, además, por ley tenemos la representatividad en exclusiva del sector local ante la Administración General del Estado, como
reconoce la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.


Respecto al representante del Grupo Socialista, le agradezco sus palabras. Evidentemente, las entidades locales deben jugar un papel, y así lo reclamamos en esta subcomisión a la hora de establecer ese pacto de Estado. Me preguntaba qué se
podía hacer, pero creo que es imprescindible trabajar en la coordinación de la política de rentas. Hace cinco años llegó el ingreso mínimo vital -que es una ayuda estatal que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social-, y ahora habría que
avanzar en la clarificación de la compatibilidad entre este ingreso mínimo vital, las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y también las ayudas sociales de los ayuntamientos. Tiene que haber una cierta coordinación y buscar la
simplificación, porque no es posible que las familias, cuando piden uno, no sepan si es compatible con el otro. Ese es un campo en el que me parece que todos deberíamos trabajar.


Agradezco, por supuesto, la intervención del representante del Grupo Popular, que ha hecho referencia a las provincias. En la Federación Española de Municipios y Provincias hace dos días celebramos una jornada sobre las diputaciones. Hace
unos años había fuerzas políticas que reclamaban la desaparición de las diputaciones. Sin embargo, en la Federación Española de Municipios y Provincias creemos que las diputaciones deben jugar un papel creciente. Cada vez tenemos unos municipios
más pequeños, y las diputaciones han de tener mayor capacidad, con mayor financiación, para ejercer la competencia que les reconoce la normativa en apoyo de los municipios de menos de 20 000 habitantes. Por lo tanto, en este pacto de Estado será
necesario contemplar las mancomunidades y las diputaciones provinciales.


También me hacía dos preguntas en relación con la vivienda. En la Federación Española de Municipios y Provincias consideramos que la vivienda es uno de los graves problemas que afronta la sociedad española, tanto desde el punto de vista
social como desde el punto de vista económico. Hoy aparecía un artículo que limitaba las posibilidades de crecimiento de España el año que viene precisamente por el

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impacto del creciente coste de la vivienda. La Federación de España de Municipios y Provincias está reclamando que los ayuntamientos tengamos una capacidad real para ser parte de la solución al problema de la vivienda y, el otro día, en la
Comisión Nacional de la Administración Local la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, planteó a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno una propuesta que
consiste en que se libere a los ayuntamientos de las reglas establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que puedan destinar a la vivienda, entre otras materias, el remanente con que cuentan
actualmente. A día de hoy, ese remanente es de 23 000 millones de euros -es el dinero que los ayuntamientos tienen en los bancos- y el plan estatal de vivienda, que se va a aprobar en diciembre, va a movilizar 7000 millones. Lo que estamos
pidiendo es que pongamos en relación ambas cuestiones. Queremos, por tanto, actuar en materia de vivienda.


Y respecto de la tasa de basuras, a la que han aludido los portavoces del Grupo Popular y del Grupo VOX, quiero decir que la Federación Española de Municipios y Provincias -de forma unánime mediante una declaración institucional aprobada por
las cinco fuerzas presentes en su junta de gobierno en octubre del año 2024- ha planteado al Gobierno de la nación la necesidad de reformar la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Creemos que la configuración
legal que incorpora dicha ley es insuficiente y que no proporciona a los ayuntamientos los elementos esenciales a la hora de configurar la tasa. Además, la tasa de basuras viene configurada como una tasa obligatoria y que no puede ser deficitaria.
Por lo tanto, en ese sentido la Federación Española de Municipios y Provincias lo viene reclamando de forma unánime. Creo que, en este año 2025, cuando se ha ido estableciendo de forma efectiva la tasa, los ciudadanos han mostrado cierta
incomprensión porque supone una tasa de un servicio que ya se venía prestando. Por consiguiente, hay que reflexionar sobre esa regulación, aunque compartimos la finalidad que esa ley persigue en torno a la economía circular y a la necesidad de
reducir los residuos urbanos y de mejorar su tratamiento.


Si me permite concluir, presidenta. En definitiva, creo que los municipios han acreditado una capacidad y una experiencia a la hora de afrontar las situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Queremos jugar un papel en este ámbito y
consideramos que, por una parte, es imprescindible una clarificación del marco competencial para que las actividades que realizan los municipios no supongan un incremento creciente del gasto no obligatorio que ya están afrontando, y, por otra parte,
es necesaria una reforma global del sistema de financiación local que aporte esos fondos que los municipios necesitan para actuar de forma directa y próxima en beneficio de las familias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su presentación, por su ponencia y le agradecemos que haya venido.


Hemos terminado ya esta comparecencia.


Muchas gracias.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, FEMP (Martínez-Sicluna Sepúlveda): Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Diputados y diputadas, se da por finalizada la sesión con el ruego de que los portavoces se acerquen un momentito para comentar un par de cosillas.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y cincuenta y dos minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.