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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 448, de 18/11/2025
cve: DSCD-15-CO-448
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 448
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS RUIZ BOIX
Sesión núm. 14
celebrada el martes,
18 de noviembre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen sobre:
- Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania, hecho en Madrid el 5 de junio de 2025. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 110/000062) ... (Página2)
Modificación del orden del día ... (Página3)
Posposición del debate correspondiente al siguiente punto:
- Proposiciones no de ley:
- Relativa a la inclusión del apartheid de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. (Número de expediente 161/002456) ... (Página3)
Proposiciones no de ley:
- Relativa al proceso de diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia. Presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Número de expediente 161/001595) ... (Página3)
- Relativa al compromiso de España con la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Afganistán. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002258) ... (Página9)
- Relativa a la situación actual de la República de Georgia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001765) ... (Página12)
- Relativa a la adopción de medidas diplomáticas y políticas para restablecer las relaciones plenas con Argelia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001951) ...
- Relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de la cooperación española en aquellos países que no se respete la libertad religiosa de los cristianos. Presentada por el Grupo
Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001981) ... (Página20)
- Para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Honduras y la protección de los derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002263) ...
- Relativa a la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de una respuesta firme del Estado español. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002557) ... (Página27)
- Relativa al 50.º aniversario de la ocupación del Sahara Occidental. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/002681) ... (Página31)
Dictamen. (Votación) ... (Página35)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página35)
Se abre la sesión a las diez y treinta y siete minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, buenos días a todas y a todos y perdonen el retraso en el inicio de la sesión. Como saben, estábamos en el acto por la visita del presidente Zelenski a las dos Cámaras, Congreso y Senado.
Si les parece, antes de iniciar el orden del día, tengo una petición que hacerles, y es que, una vez que finalice el debate de convenios, la PNL número 6, relativa a los derechos humanos y al desarrollo sostenible en Afganistán, se anticipe
y sea el punto segundo; es decir, que sea la primera PNL. ¿Es posible?
El señor SÁNCHEZ SERRA: No, yo no puedo.
El señor PRESIDENTE: ¿No puede?
El señor SÁNCHEZ SERNA: Tengo Junta de Portavoces.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, mantenemos el orden del día que está fijado. A ver si luego se puede resolver.
DICTAMEN SOBRE:
- ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO HACHEMÍ DE JORDANIA, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2025. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 110/000062).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate del Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania, hecho en Madrid el 5 de junio del 2025.
A la Presidencia le han llegado dos peticiones de palabra.
Interviene, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista, si no hay otra petición de palabra anterior.
Señor Mercadal.
El señor MERCADAL BAQUERO: Gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente, porque es un acuerdo de extradición y creo que todos entendemos lo que es. Yo diría que es el tipo de acuerdo más conocido ya no solo por los diputados, sino por la población en general. Por lo tanto, creo que
tampoco tenemos que entrar demasiado en el detalle. Simplemente quiero decir que en este acuerdo han participado dos Gobiernos, porque se inició con el Gobierno de Rajoy y se completa ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta aquí nuestra
intervención.
Nosotros votaremos a favor y animamos a los demás grupos a hacer lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mercadal.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Buenos días, señor presidente.
Señorías, solamente intervengo para manifestar nuestro apoyo y anunciar nuestro voto a favor de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Hemos concluido el debate del punto primero.
Como saben, votaremos cuando finalicemos el orden del día.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Gutiérrez?
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Sé que por el portavoz de Podemos, del Grupo Mixto, no se puede cambiar el orden del día para tratar el segundo punto, pero, aun así ¿podríamos tratar el tema de Afganistán después del segundo punto, el punto
sobre Colombia?
El señor SÁNCHEZ SERNA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Si el señor Sánchez Serna y el resto de los portavoces están de acuerdo, alteraríamos el orden del día para que el punto sexto se convierta ahora en el punto tercero.
¿Se acepta? (Asentimiento).
Se modifica el orden del día.
POSPOSICIÓN DEL DEBATE CORRESPONDIENTE AL SIGUIENTE PUNTO:
- PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DEL APARTHEID DE GÉNERO EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/002456).
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el punto segundo -lo comenté ayer dentro del grupo y no lo he comentado aquí-, quiero comunicar que el punto octavo del orden del día, correspondiente al debate de la PNL relativa a la inclusión del
apartheid de género en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ha sido nuevamente aplazado por petición del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, autor de la iniciativa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL PROCESO DE DIÁLOGO DE PAZ IMPULSADO POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU. (Número de expediente 161/001595).
El señor PRESIDENTE: Fijado el orden del día -ahora sí-, comenzamos el debate de las proposiciones no de ley.
Les recuerdo que hay una presentación por parte del grupo proponente de cinco minutos y que luego cada grupo tiene un turno de tres minutos para fijar la posición o defender las enmiendas, en el caso de que existan.
Pasamos, por tanto, al punto segundo, que sería la Proposición no de ley relativa al proceso de diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia, que propone el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Le recuerdo, señor Iñarritu, que hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Plurinacional SUMAR y otra del Grupo Socialista, y le recuerdo que tiene también una autoemmienda de su grupo.
Para la defensa de la proposición, señor Iñarritu, tiene un tiempo de cinco minutos.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Traemos hoy aquí una propuesta que inicialmente tenía como objetivo, por un lado, brindar apoyo y solidaridad al Gobierno de Colombia, dirigido por el presidente Gustavo Petro, ante varios intentos de desestabilización interna; y, por otro
lado, dar respaldo al proceso de búsqueda de la paz total -calificado así por el propio Gobierno- tras los acuerdos de La Habana con las FARC y que ahora se están intentando implementar y ampliar a otras organizaciones armadas y a grupos llamados
delincuenciales que hay en Colombia.
Como bien señalaba el presidente de la comisión, nos hemos tenido que autoenmendar a la hora de presentar esta propuesta, ya que la actualidad ha variado. En este momento, que estamos a las vísperas de un proceso electoral para las
elecciones presidenciales en Colombia el próximo mes de mayo y junio, se están produciendo factores de desestabilización desde el exterior tanto en Colombia como en la región.
Voy al caso. En los últimos meses hemos visto que, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, se están produciendo ataques bélicos de Estados Unidos en toda la región del Caribe y del Pacífico, ataques que han costado la vida a
decenas de personas supuestamente -repito, supuestamente- relacionadas con el narcotráfico. Estos ataques son una violación del derecho internacional y han sido, además, calificados como inaceptables por el alto comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, quien ha recordado que el combate contra el tráfico ilícito de drogas se debe realizar siempre con la aplicación de la ley.
Paralelamente, hemos visto cómo el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y de su gabinete han sido incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta acción ha ido, además, acompañada de un
señalamiento al presidente Gustavo Petro, al que han calificado de ser un líder del narcotráfico, algo que es absurdo, ya que no hay ninguna prueba para ello, pero que sí tiene consecuencias tanto para él como para sus familiares. Estamos viendo
cómo se está intentando politizar la lucha contra el narcotráfico y que se está intentando desestabilizar la región -y repito, con Colombia a las vísperas de unas elecciones- con este absurdo, que solamente beneficia a las organizaciones que se
dedican al narcotráfico.
Señorías, en esta comisión creo que conocemos bien cuál es la realidad geográfica, física e incluso histórica tanto de Colombia como de sus países vecinos y la dificultad que tiene el Estado de Colombia para llegar a algunas zonas de su
propio Estado. Si a esto le sumamos que en esas zonas se produce el cultivo de estupefacientes, esto representa que tanto el Estado colombiano como también Estados vecinos tienen un desafío a la hora de lidiar con el narcotráfico y contra las
organizaciones que se dedican a ello. Ahora bien, lo que hay que brindar al Gobierno colombiano es apoyo, solidaridad y colaboración policial y no intentar, bajo un argumento absurdo, desestabilizar a este Gobierno y a toda la región geográfica.
Por ello, creemos que es el momento, por medio de esta proposición de ley, de brindar apoyo y solidaridad al Gobierno de Colombia y, de igual forma, hacer un llamamiento para que ceje la injerencia externa en Colombia.
Por otro lado, señalábamos que creíamos que era positivo volver a insistir en el apoyo al proceso de paz total que se está desarrollando por parte de Colombia con diferentes organizaciones armadas, porque es loable que un Estado que ha sido
víctima de diferentes violencias en las últimas décadas cuente con una apuesta firme, por medio del diálogo y la negociación, para intentar llegar a acuerdos con organizaciones armadas de carácter político, pero también otras de carácter
delincuencial, como pueda ser el Clan del Golfo, con la que actualmente están inmersos en un proceso de negociación para que abandone la violencia y Colombia pueda ser un país más pacificado. Creo que es una acción loable que debemos impulsar desde
esta Cámara. España está apoyando la implementación del proceso de paz que
se desarrolló en La Habana con las FARC, por eso creemos que es positivo que lo siga haciendo y que, de igual forma, se brinde apoyo al Gobierno colombiano en sus intentos de negociar y alcanzar la paz con otras organizaciones.
Sin más, anuncio que estamos negociando una transaccional tanto con el Grupo Socialista como con SUMAR, que presentaremos a la Mesa en los próximos minutos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Había comentado que había dos enmiendas.
Para defender la primera de ellas, presentada por el Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Trump intenta tapar como sea las acusaciones de abuso a menores. Amenaza a las instituciones de Venezuela a la vez que organiza un despliegue militar frente a Venezuela y Colombia. La excusa es el narcoterrorismo, aunque el Cártel de los
Soles no exista en ningún procedimiento judicial del mundo ni en los informes sobre drogas de la DEA o de la Unión Europea. Trump ha generalizado los ataques contra embarcaciones civiles en las costas del Caribe y del Pacífico; son ejecuciones
extrajudiciales, constituyen graves violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos y han causado ya ochenta muertos, muchos de ellos, ciudadanos colombianos. Para el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos son
inaceptables, porque el combate al tráfico de drogas debe hacerse conforme a la ley. El Estado no puede actuar como un pistolero del Oeste. Hay unanimidad entre juristas, defensores de derechos humanos y legisladores en que es una operación ilegal
y no cuenta con la autorización ni siquiera del Congreso de Estados Unidos, vulnera las leyes sobre el derecho del mar y también las leyes internas de Estados Unidos, que prohíben las ejecuciones extrajudiciales. Hoy son Venezuela y Colombia,
mañana será cualquier país.
El Gobierno de Colombia y su presidente, Gustavo Petro, son el nuevo objetivo de la Administración Trump, empeñada en desestabilizar su mandato. Como represalia política por su activo papel en defensa del pueblo palestino, el presidente
Gustavo Petro, miembros de su familia y de su gabinete han sido incluidos por Estados Unidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, una agresión a la inmunidad presidencial y a la inmunidad del Estado colombiano. Trump acusa al presidente
Petro de ser un líder del narcotráfico, pero durante el Gobierno de Petro se han incautado más de 2700 toneladas de cocaína, la cifra más alta en la historia de Colombia. Todo lo contrario a lo ocurrido con el presidente Álvaro Uribe, estrecho
aliado de los Estados Unidos, que figuraba en los archivos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos como el narcotraficante número ochenta y dos. Incluso el general jefe de seguridad de Uribe fue condenado en Estados Unidos
a trece años de cárcel por narcotráfico. Este nuevo uso espurio de la lucha contra el narcotráfico beneficia a los verdaderos narcos, que continúan introduciendo toneladas de drogas en Estados Unidos, residen en Miami y blanquean su dinero en los
bancos de ese país.
Pedimos respeto al derecho internacional, la solidaridad de esta Cámara con Colombia y respeto a su soberanía y a la democracia, frente a la barbarie y al uso arbitrario de la fuerza. El Gobierno colombiano debe continuar su programa de
desarrollo social, diálogo y multilateralismo, aunque la Administración Trump quiera desestabilizarlo y boicotear los esfuerzos de construcción de la paz.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Hay una segunda enmienda, en esta ocasión del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Corujo.
La señora CORUJO BERRIEL: Gracias, presidente.
Hoy nos encontramos aquí para reafirmar un principio fundamental: la democracia y el respeto a la voluntad popular. En un mundo donde las fuerzas ultraderechistas intentan socavar los avances sociales y democráticos, es imprescindible
defender la legitimidad de aquellos Gobiernos que, elegidos en las urnas, trabajan por el bienestar de sus pueblos.
El proceso en Colombia -encabezado por el presidente Gustavo Petro- es un ejemplo claro de compromiso con la paz, con la justicia social y con la dignidad. Sus reformas buscan reducir desigualdades, fortalecer la educación pública y
construir un país en paz. No son apetitos de poder, sino esfuerzos
genuinos por transformar la realidad de millones de colombianos y colombianas. La democracia exige respeto por los resultados electorales, por aceptar que la voluntad del pueblo es soberana. No podemos permitir que los intereses de una
minoría privilegiada, alimentada por una ultraderecha que no soporta la diversidad política, destruya estos avances.
La historia nos enseña que la defensa de la democracia no es solo un deber, sino una obligación ética para apoyar a quienes trabajan por la mayoría social con convicción y respeto. En su historia, España ha sido un ejemplo de resistencia y
lucha por la justicia y la paz. Nuestro país ha acompañado a Colombia en sus esfuerzos por lograrla, apoyando los acuerdos de paz y participando activamente en misiones internacionales y procesos de negociación, porque creemos en la paz como un
valor irrenunciable y en la política como una herramienta para construir un futuro mejor. Por eso, hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con la paz en Colombia, con el respeto a los resultados democráticos y con la defensa de los Gobiernos
progresistas que -como Petro y otros en el mundo- trabajan por un mundo más justo, solidario e inclusivo.
Por tanto, estamos de acuerdo con la transaccional presentada tanto por Bildu como por SUMAR y la haremos llegara la Mesa.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Corujo.
Es ahora el turno para que fijen posición los distintos grupos.
Comienza el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
En los últimos meses, Colombia está asistiendo a una progresión de maniobras de movimientos golpistas contra su Gobierno democráticamente electo y contra el presidente Gustavo Petro. Es el guion de siempre, que no por conocido resulta menos
brutal. Al igual que sucediera en Brasil o en Argentina -donde la persecución judicial se implementó para encarcelar a Lula y proscribir a Cristina Fernández-, en Colombia, lamentablemente, es el Consejo Nacional Electoral el que se ha convertido
en un mecanismo para cercenar la democracia, devorando, por ejemplo, el reconocimiento de los actores políticos, vetando a candidatos de la izquierda colombiana o intentando armar causas sin fundamento contra el presidente Petro. Supongo que a las
señorías les suena esto de algo.
En esta comisión muchas veces se habla de lawfare, que no deja de ser el golpismo de siempre. Si en los años ochenta y noventa los sectores más reaccionarios del Estado colombiano exterminaban físicamente a las fuerzas de izquierda -ahí
están los casi seis mil asesinados de la Unión Patriótica-, ahora se trata de aniquilar el pacto histórico mediante la persecución política y el cerco administrativo. No se trata de acabar con el Gobierno de Petro porque sea Petro, se trata de
acabar con un Gobierno que subió los salarios de los trabajadores, que dio cien mil hectáreas de tierra a los campesinos, que garantizó gratuidad en la educación superior, que denunció el capitalismo fósil, que rompió relaciones con los genocidas de
Israel y que, ante todo, defiende la soberanía de Colombia y de la región.
Por eso, en Podemos queremos manifestar hoy nuestro apoyo firme y convencido al presidente Gustavo Petro y a las fuerzas hermanas de Colombia que están padeciendo este atropello a la participación política. Como consecuencia de esto,
compartimos el llamamiento del presidente Petro de iniciar un proceso constituyente en Colombia que garantice, por ejemplo, la independencia del Consejo Nacional Electoral, que democratice la contratación electoral, que impida monopolios
tecnológicos como el de Thomas Greg y que asegure la participación política y en igualdad de todas las fuerzas.
Tampoco se nos puede escapar que estas maniobras internas por parte de los más reaccionarios del Estado colombiano coinciden en el tiempo con el despliegue de destructores militares, portaviones y cuatro mil marines yanquis en el mar del
Caribe. Porque en Colombia, señorías, se están combinando la guerra jurídica, la ofensiva de los monopolios y la presión del imperialismo norteamericano, todo para evitar un segundo Gobierno progresista. En las últimas semanas, de hecho, el
presidente Trump ha intensificado la presión contra Colombia con la ?descertificación' de Colombia en la lucha antidroga, las sanciones a Petro y el bombardeo ilegal y terrorista a embarcaciones en aguas del Caribe, con el asesinato de pescadores
pobres. Todo en nombre de una supuesta guerra contra las drogas que solo constituye la enésima excusa para aumentar el control neocolonial de los Estados Unidos sobre América Latina.
Por tanto, en Podemos vamos a apoyar esta proposición, porque compartimos los esfuerzos del presidente Petro para garantizar la soberanía, la integridad territorial y la paz en la región y porque
estamos convencidos de que hay un pueblo colombiano que no va a dejar que le arrebaten la democracia por los golpistas de dentro y los de fuera. ¡Aguanten!
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Serna.
Pasamos ahora, si no hay otra petición, al Grupo Parlamentario VOX.
Señor Sánchez, tiene tres minutos para explicar su posición.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Con la venia.
Es totalmente improcedente que un grupo parlamentario como el de Bildu tenga la osadía de presentar una proposición no de ley como esta sobre Colombia y que el orador que ha defendido dicha proposición recurra al término 'delincuencial' para
reprochar comportamientos ajenos. Nosotros, VOX, consideramos que Bildu no debe ser un partido legal y que, por lo tanto, no debe estar representado en esta Cámara por sus vínculos con una organización terrorista como la ETA. Y, claro, estos
vínculos se reflejan hoy en este texto, que tampoco -como digo- debería ser ni siquiera registrado, por dignidad, por la Cámara. Porque ¿a qué se refiere? Se refiere a un llamado proceso de paz.
Esta iniciativa ya tuvo lugar en la legislatura anterior, en la legislatura XIV. Ya expliqué a quien intervino entonces -senador de ese Grupo Bildu- que en el referéndum celebrado en 2016, esos acuerdos de paz de La Habana del mismo año
habían sido rechazados por el pueblo colombiano. Inicialmente, aguantó esta refutación, pero después, un poco irritado, me dijo que si yo no sabía que los nuevos acuerdos de paz que están en boceto o en borrador -como queramos llamarlo- eran unos
acuerdos distintos. Pues, hoy, en su texto, vuelven ustedes hoy a mencionar los de 2016 y, por lo tanto, vuelven a ignorar que la voluntad del pueblo colombiano ya fue manifestada a ese efecto.
Entre otras cosas, estos acuerdos llamados de paz no son acuerdos de paz, son un negocio para legitimar política y legalmente a la narcoguerrilla, y voy a explicar por qué. En 2016, precisamente cuando el Gobierno de Colombia era presidido
por el presidente Santos, en mi opinión un traidor a Uribe y a Colombia -y lo digo en mi opinión, un traidor; no digo que sea un traidor, digo que en mi opinión es un traidor-, esos acuerdos tenían por finalidad legalizar el tráfico de droga de
modo que la actividad de tráfico fuese legal y, por lo tanto, se confiriese un estatus de plenitud civil en términos legales a los guerrilleros que, además de...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... dejar de serlo como por ensalmo, pasaban a la categoría de mi-llo-na-rios...
El señor PRESIDENTE: Tiene que finalizar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... por no decir billonarios. Todo ello promovido por el presidente Santos y apoyado -luego, no definitivamente- por quien presidía entonces los Estados Unidos, el presidente Obama, que, además, tenía como fondo
esta operación que Santos fuese elegido secretario general de la ONU. Esto fracasó.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Fracasó. Por lo tanto, son ustedes unos [caraduras] 1 integrales e incluyo en esta calificación al portavoz de SUMAR, señor Santiago Romero...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... que ha sido abogado de las FARC y nos viene aquí a contar historias. Este no es el lugar donde usted defienda a las FARC, señor mío.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, respetemos los tiempos, por favor. Ya le he llamado varias veces para que finalice y espero que nos permita retirar de su intervención ese calificativo de 'caraduras' a los distintos miembros que han
participado en el debate con anterioridad a usted.
1 Palabra retirada por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ¿El de traidor al expresidente lo va a retirar o no?
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, entiendo que ese calificativo no cabe a la hora de dirigirse a los compañeros de esta comisión.
Estábamos en el turno de los distintos grupos parlamentarios. Después del Grupo VOX, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor García Félix por un tiempo de tres minutos.
El señor GARCÍA FÉLIX: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme iniciar esta intervención reiterando lo que para nosotros, el Partido Popular, no es solo un principio político, sino un compromiso moral, como es la defensa inquebrantable de la paz, de la democracia y del Estado de
derecho dentro y fuera de nuestras fronteras. En este caso, estaremos siempre de acuerdo con la paz en nuestro país hermano de Colombia. Los procesos de reconciliación internacional merecen respeto, acompañamiento y una diplomacia seria, porque,
como escribió Albert Camus, la paz es la única batalla que merece la pena librar. Desde esa convicción profunda, nos apasiona la aspiración de cualquier nación a transitar hacia una paz estable y duradera.
Ahora bien, señorías, la defensa de la paz exige coherencia democrática, una coherencia que no puede proclamarse en el exterior si no se practica sin matices ni silencios dentro de nuestro propio país. Por eso es especialmente llamativo,
cuando menos, que el grupo proponente de esta iniciativa, EH Bildu, pretenda erigirse hoy en símbolo de la concordia internacional cuando no ha sido capaz ni una sola vez de condenar expresamente el terrorismo que durante décadas desgarró nuestra
convivencia. No lo podemos consentir. Un terrorismo, el de ETA, cuya memoria todavía duele en cientos de familias que merecen verdad, justicia y dignidad.
Señorías, no es posible hablar de paz mientras se evita nombrar a las víctimas. No es posible exigir respeto democrático a otros países mientras se rinde homenaje, directa o indirectamente, a quienes ejercieron la violencia en el propio.
No es posible defender la estabilidad institucional en el extranjero mientras se relativiza, se matiza o se difumina moralmente el daño causado por este grupo cruel y despiadado. Esa contradicción no es menor, sino que deslegitima por sí sola la
autoridad moral de quien pretende hoy hablar en nombre de la paz. Y digo más, la incoherencia no se combate con discursos memorables, sino con principios firmes. EH Bildu invoca la paz lejos para aparentar lo que nunca ha practicado cerca, porque
la credibilidad democrática se construye desde el respeto a la memoria, a las víctimas y a la verdad, no desde la equidistancia ni desde el homenaje simbólico a quienes nunca debieron ser homenajeados.
Por todo ello, y desde el respeto debido a esta comisión y a la dignidad de las víctimas, anuncio que votaremos en consecuencia, o sea, no, porque apoyar la paz en el mundo exige, primero, defenderla sin ambigüedades en nuestra propia
historia, ya que la integridad moral no admite doble vara de medir.
Termino ya, señor presidente, con una convicción que quiero que resuene con la fuerza de lo evidente: la paz solo es verdadera cuando no se construye sobre el silencio, la tibieza o la indulgencia con los violentos; la paz auténtica nace
de la justicia y se sostiene en la libertad.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor SANTIAGO ROMERO: Con la venia, presidente, por el artículo 71.1 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Un segundo.
Muchas gracias, señor García Félix.
Señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Intervengo brevemente para corregir una inexactitud, una de las muchas del señor Sánchez García. Un error que tiene de 1.º de Derecho Procesal -antes de que se vaya-: la diferencia entre representación y
postulación ante un tribunal y el mero asesoramiento jurídico. Yo no he participado, nunca he tenido ninguna representación ni postulación de ninguna organización de las que usted ha mencionado en ningún tribunal. Yo he sido asesor jurídico en una
mesa de conversaciones y estoy muy orgulloso de que mi asesoramiento haya contribuido a ganar un Premio Nobel de la Paz y acabar con una guerra de sesenta años. Y corrija usted esa diferencia, que tiene usted poco entendimiento de Derecho Procesal.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Para el resto de los miembros de la comisión, era una alusión directa y, por tanto, correspondía. Lo digo para no sumarnos posteriormente a nuevos debates. Aquí había una alusión más que directa y, por tanto, sí le correspondía la palabra
al señor Santiago.
Se cierra el debate. Queda pendiente la presentación de esa transaccional que se había anunciado, que espero que ya esté. (El señor Gutiérrez Prieto: Sí, está repartida). Luego la someteremos a votación.
- RELATIVA AL COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFGANISTÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002258).
El señor PRESIDENTE: Tal como hemos dicho, variamos el orden del día y pasamos ahora al punto sexto: Proposición no de ley relativa al compromiso de España con la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Afganistán. La
presenta el Grupo Socialista.
Existen dos enmiendas, del Grupo VOX y del Grupo Popular.
Para la defensa de la PNL por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Montávez.
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Gracias, presidente.
Señorías, a veces la distancia geográfica nos engaña. Uno mira un mapa y piensa que Afganistán queda lejos, pero basta observar lo que allí ocurre para entender que no hablamos de un conflicto remoto, hablamos de un test sobre la vigencia
real de los derechos humanos, sobre nuestra coherencia y sobre el papel que queremos jugar cuando la dignidad se pone en riesgo. No es un debate sobre ellos, es un espejo sobre nosotros. Mientras aquí deliberamos, 2 200 000 niñas afganas viven con
un nuevo temor que ninguna niña debería conocer: el miedo a perder su última ventana al conocimiento. Lo recordaba Gordon Brown en un artículo hace unas semanas: cuando el régimen talibán apagó Internet durante dos días no desconectó solo un
país, desconectó la esperanza, interrumpió la posibilidad de aprender, de soñar, de escapar durante unas horas de un sistema que ha convertido su género en un castigo. Es la realidad, esa es la realidad y esa es la razón de esta proposición no de
ley.
Desde 2021, Afganistán vive una crisis multidimensional que no admite la comodidad del lenguaje diplomático. Estamos hablando de colapso diplomático, de inseguridad alimentaria y aislamiento político, pero, sobre todo, es la amputación
sistemática de derechos elementales, derechos que no pertenecen a una cultura, ni a un bloque ideológico, ni a una tradición occidental. Son universales, inalienables, no negociables. Y cuando los talibanes prohíben estudiar a las niñas mayores de
12 años, cuando expulsan a las mujeres de la vida pública, cuando les vetan el empleo y su movilidad, cuando las relegan a la invisibilidad bajo un burka, lo que hacen no es gobernar, es destruir, es instaurar, como denuncian múltiples órganos de
Naciones Unidas, un auténtico apartheid de género. Y ante eso, la comunidad internacional no puede optar por el silencio. España tampoco.
Pero Afganistán no es solo el retrato de una tragedia, es también una encrucijada global, un territorio donde se cruzan debates estratégicos que afectarán al mundo entero en las próximas décadas, como son la seguridad internacional, las
rutas de energías, la estabilidad de Asia central, los flujos migratorios y la disputa por recursos esenciales para la transición ecológica. Y debemos decirlo con claridad: sin derechos humanos, sin sostenibilidad, sin instituciones legítimas,
esos recursos no serán una oportunidad; serán una trampa, serán la repetición infinita de un modelo que genera pobreza, violencia y dependencia.
Por eso esta PNL no se queda en la denuncia, propone un camino, un camino realista, multilateral y alineado con los valores que definen la política exterior española. Primero, intensificar la acción diplomática en Naciones Unidas, en la
Unión Europea, en todos los foros, y no para imponer, sino para sostener, para tejer alianzas capaces de evitar que el retroceso en derechos se normalice, para que la situación de mujeres, niñas, minorías y periodistas sea permanente, no episódica
en la agenda internacional. Segundo, situar la perspectiva de género en el centro, y no como gesto, sino como prioridad política. Defender a las mujeres en Afganistán hoy es defender la democracia. Eso implica apoyar proyectos liderados por
mujeres afganas dentro y fuera del país; financiar, acompañar y proteger; no sustituir su voz, sino amplificarla. Tercero, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Cada violación de derechos debe ser investigada; cada crimen probado
debe tener consecuencias. La impunidad no puede convertirse en la doctrina del Estado talibán. Cuarto, abrir vías seguras para quienes están en riesgo -defensoras de derechos, periodistas, activistas, personas perseguidas por su identidad o sus
ideas-, y reforzar la
integración de la diáspora afgana en España. Quinto, apostar por la educación, no como gesto simbólico, sino como política estratégica -becas, programas universitarios, reconocimiento ágil de títulos-, porque cada joven afgana que estudia
no solo transforma su vida, transforma el futuro de su país.
Señorías, pocas imágenes en nuestra historia reciente son tan potentes como la de esas niñas conectándose en secreto a clases online sabiendo que quizás será su última oportunidad. Cuando los talibanes cortaron la red, una joven dijo en la
BBC: El mundo se volvió oscuro. Nuestra responsabilidad es encender una luz; una luz que diga: no estáis solas. Esta PNL no es un gesto, es una declaración de principios, es un recordatorio de quiénes somos cuando defendemos aquello en lo que
creemos, y es, sobre todo, un mensaje claro para esas niñas y mujeres: España no mira hacia otro lado; España está con vosotras. Les pido su apoyo, por dignidad, por justicia y por humanidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Es tiempo ahora para las enmiendas. Se han presentado dos.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Flores por un tiempo de tres minutos.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Condenar todas las acciones que pongan en peligro la seguridad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas en Afganistán. Manifestar nuestra preocupación por el recrudecimiento de la
situación de las mujeres y las niñas en Afganistán y comprometernos a continuar trabajando para evitar que se vulneren sus derechos fundamentales. ¿Estoy leyendo parte del petitum de la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Socialista?
No, estoy leyendo el contenido de la proposición no de ley que el Grupo Socialista nos trajo hace un año, y que hace un año, concretamente, el 29 de octubre de 2024, esta comisión ya aprobó. Esta es la cuarta proposición no de ley que llega a esta
comisión sobre Afganistán. No cuento las que se han presentado y se han retirado, alguna de ellas ya en dos ocasiones. Esta es la cuarta proposición no de ley que llega a esta comisión sobre Afganistán, alguna de ellas clónica de las anteriores.
Esto nos provoca, en primer lugar, una cierta perplejidad. No sé si es que para el Grupo Socialista no hay otros problemas internacionales que requieran su atención. No sé si es que la imaginación o la creatividad de sus becarios se ha
secado. No sé si es que prefieren preocuparse de países lejanos o de los problemas de mujeres en países lejanos para no preocuparse de esos problemas en países cercanos o incluso en el nuestro. No sé si es que no confían en la efectividad de las
PNL. Si ese es el caso, ¿qué sentido tiene volver a presentarlas? Si ya fueron aprobadas y no se han implementado o no creen que se vayan a implementar, ¿qué sentido tiene clonarlas y volver a presentarlas? O no sé si es que no confían en la
capacidad de gestión del Gobierno de España respecto de las proposiciones que se adoptan en esta comisión. Podría ser, porque en esta proposición no hacen más que tirar balones fuera: creación de mecanismos internacionales, intensificación de los
esfuerzos diplomáticos en el marco multilateral... Estamos en España, estamos en el Congreso de los Diputados español, estamos presentando proposiciones no de ley instando al Gobierno de nuestra nación. Démosle trabajo a ese Gobierno de nuestra
nación; instemos a nuestro propio Gobierno. Nuestro ministro está encantado de recalcar el papel de liderazgo que tiene nuestro país en la escena internacional. Démosle responsabilidades a nuestro Gobierno.
En VOX estamos de acuerdo con buena parte de lo que en esta proposición se trata. No estamos de acuerdo en focalizar única y exclusivamente los problemas de derechos humanos en Afganistán a la cuestión de las mujeres. Es evidente que las
mujeres están especialmente discriminadas, pero también hay situaciones dramáticas que afectan a niños prostituidos, violaciones sistemáticas contra ciudadanos de ambos sexos, múltiples abusos. Sin ir más lejos, el 11 de abril de este año fueron
ejecutados cuatro varones en Afganistán, y otro más lo fue el 16 de octubre. La PNL no hace ninguna referencia a esas cinco ejecuciones, que suman ya once desde que los talibanes volvieron al poder. Y tampoco articula ninguna medida para mejorar
la integración de esos 4800 refugiados afganos que han encontrado asilo y protección internacional en nuestro país, 497 solamente en la primera mitad de este año, que argumentan, que revelan estar teniendo problemas importantes a la hora de
integrarse social y económicamente...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe finalizar.
El señor FLORES JUBERÍAS: ... y que merecerían algún tipo de protección por parte de nuestro Estado, algún tipo de ayuda, repito, en su integración en nuestro país, toda vez que buena parte de esos refugiados lo son por razón de su
implicación en la ayuda a las tropas españolas mientras estuvieron desplegadas en Afganistán.
Por eso nosotros hemos presentado una doble enmienda que consideramos que mejora o que matiza el sentido original de la propuesta del Grupo Socialista y que nos gustaría que tomasen en la debida consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La segunda enmienda la presenta el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Lorente por un tiempo de tres minutos.
La señora LORENTE ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.
Señorías, desde agosto de 2021, Afganistán vive un retroceso histórico que golpea con especial dureza a mujeres y niñas. El regreso de los talibanes ha impuesto un sistema de control total sobre sus vidas. Pero no hablamos de restricciones
puntuales, hablamos de un auténtico apartheid de género que les prohíbe estudiar, trabajar, circular solas o ser atendidas en una emergencia. Y esto lo vimos de forma dramática en el último terremoto; hubo mujeres que murieron sin poder ser
rescatadas, sin poder ser auxiliadas, porque la ley prohíbe que un hombre que no forme parte de su familia la atienda y la auxilie. Convertir el socorro en delito revela hasta dónde llega la crueldad institucionalizada. El burka se ha convertido
en una barrera que borra identidades, pero este símbolo de opresión no es solamente eso; detrás de cada burka existe una realidad aterradora: niñas que son forzadas a contraer matrimonio, violencia extrema dentro de los hogares, pobreza absoluta y
miles de familias expulsadas de Pakistán e Irán, que vuelven a un país donde no existe ni la más mínima protección. La realidad es dura: ser mujer en Afganistán es delito, es vivir sin derechos, sin libertades y sin dignidad. Naciones Unidas y la
propia Unión Europea ya lo han señalado: estamos ante un posible crimen de lesa humanidad.
Ayer mismo, 17 de noviembre, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, presentó una PNL en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo centrada en reforzar la protección humanitaria de mujeres y niñas afganas, en
coherencia con lo que hoy defendemos, una postura clara, firme y basada en hechos. Pero hay otro aspecto que tampoco podemos ignorar, y es que en Afganistán también se persigue por motivos de fe. Minorías religiosas viven escondidas, comunidades
enteras no pueden practicar su fe y personas arriesgan su vida por el simple hecho de creer. Por eso nuestro grupo ha presentado una enmienda, para que aparezca esto de forma clara en el texto, porque no se trata de una simple formalidad; es
reconocer que la persecución en Afganistán tiene muchas caras, y cada una de ellas merece ser nombrada.
Señorías, España debe denunciar estas violaciones con todas las herramientas diplomáticas, debe reforzar la ayuda humanitaria y apoyar sin que nos tiemble el pulso a quienes defienden los derechos humanos dentro y fuera del país. No podemos
permitirnos mirar hacia otro lado, porque la historia nos ha enseñado que cuando la comunidad internacional calla, la barbarie avanza. Por eso, en el Partido Popular tenemos claro que nuestra obligación es hablar y alzar la voz por todas aquellas
mujeres, por todas aquellas niñas que no pueden hacerlo porque una ley en su país se lo prohíbe. Esperamos que esta declaración de intenciones no se quede solamente en eso y sepan estar a la altura de lo que se espera de nuestro país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lorente.
Comenzamos con las posiciones del resto de grupos.
Solo tengo, si nadie me dice lo contrario, al Grupo SUMAR. Señor Guijarro, tiene usted la palabra.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos.
Para comenzar, vaya por delante que creo que esta iniciativa sobre Afganistán tiene una orientación y un enfoque correctos. Correcto porque si algo ha demostrado la historia de ese país asiático en las últimas décadas es que precisamente
han sido las aventuras militares y expedicionarias de determinadas
potencias las que, sin duda, han contribuido a generar un ambiente tan hostil y yo diría que hasta tan medieval. Por supuesto, me refiero tanto a las invasiones de la Unión Soviética de los años ochenta como las que luego protagonizaron los
Estados Unidos junto con algunos aliados, incluido nuestro propio país. Cuando se trata de llevar la justicia unilateralmente por la vía de los cañones, normalmente lo que se consigue son pesadillas de estas características.
En todo caso, nos parece, como digo, una orientación correcta, porque de lo que se trata es precisamente de huir de ese enfoque unilateral y buscar esas mediaciones multilaterales, sea en el sistema de Naciones Unidas o en otros. Porque,
claro, si no, ¿qué otro sentido tiene? El señor Flores, como siempre, en esa sempiterna y soberbia estrategia de ridiculizar todo aquello que no sea suyo, decía aquello de qué es esto de instar al Gobierno a operar en un foro multilateral. ¿Qué
espera usted si no, señor Flores, que lo haga el Congreso, que no tiene las atribuciones de Exteriores? No sé muy bien por dónde iba usted, la verdad. Me ha despistado.
Es cierto que desde el año 2021 la situación de los derechos humanos en Afganistán ha sufrido un deterioro sostenido. Las restricciones impuestas por las autoridades han supuesto, en primer lugar, una restricción y una represión implacable
de la libertad de expresión que ha situado a Afganistán, según denuncia Reporteros sin Fronteras, entre los tres peores países de la comunidad internacional en el año 2024. La misión de asistencia de Naciones Unidas informó que entre los años 2021
y 2024 se había usado la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos contra 336 periodistas y personal de medios que, sumado a la ausencia absoluta de procesos electorales, pluralismo político, derecho de reunión, independencia judicial,
etcétera, conforman el cuadro que conforman.
Naciones Unidas y destacadas organizaciones de derechos humanos también advierten de las fuertes restricciones que hay a la libertad religiosa y a la persecución sistemática de minorías étnicas y confesionales, así como la aplicación activa
de la pena de muerte. Pero, con todo, la realidad más devastadora y regresiva, como ya se ha dicho aquí, la sufren hoy las mujeres y las niñas afganas. Pese a la Resolución 2681 del Consejo de Seguridad, continuaron en vigor severas restricciones
contra mujeres y niñas, permanecen prohibidas la educación más allá de la escuela primaria, la participación en actividades deportivas, el acceso a espacios públicos, etcétera. A mediados de año se promulgó una ley que impide que se escuche la voz
de las mujeres en público y obligan a que viajen acompañadas por un varón en transporte público. Esta realidad es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y la igualdad de género. Representa no solo una represión inaceptable,
sino un ataque frontal a la dignidad, la autonomía y el futuro de más de la mitad de la población afgana. No me voy a extender más porque veo que se me acaba el tiempo. Sencillamente, quiero reiterar nuestro apoyo a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Montávez, ¿acepta o rechaza las enmiendas presentadas?
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Las rechazamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Rechazan las dos?
El señor MONTÁVEZ AGUILLAUME: Sí.
El señor PRESIDENTE: Lo someteremos luego a votación. Quedan rechazadas las dos enmiendas presentadas, la del Grupo VOX y la del Grupo Popular.
- RELATIVA A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REPÚBLICA DE GEORGIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001765).
El señor PRESIDENTE: Recuperamos el orden del día. Pasamos ahora al punto tercero: Proposición no de ley relativa a la situación actual de la República de Georgia. La presenta el Grupo Popular.
Existe una enmienda del Grupo Socialista.
En primer lugar, para la defensa de la PNL, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Hispán.
El señor HISPÁN IGLESIAS DE USSEL: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa del Grupo Popular se debate mientras tenemos en nuestro país al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Esta es una feliz coincidencia, ya que en los últimos años Georgia y
Ucrania han compartido un trágico destino. Ambas naciones son un claro ejemplo de cómo los errores políticos y las dudas de los europeos terminan por alimentar al peor de los totalitarismos. Ante la voluntad democrática de sus ciudadanos y
su deseo de formar parte del proyecto europeo, la reacción de Putin ha sido furibunda. Mientras que algunos contemplan con desdén el proyecto europeo -en esta comisión hay algún ejemplo de ello-, ucranianos y georgianos defienden su sueño con
heroísmo. Como en tantas ocasiones, conviven en Europa los Efialtes envueltos en banderas patrióticas y los Leónidas.
Ucrania y Georgia son antiguas repúblicas que formaban parte de la URSS y que desde 1991 eligieron volver a recuperar su libertad a través de la independencia. Desde la llegada de Putin al poder en 2000 han padecido profundas tensiones
internas como consecuencia de la permanente injerencia rusa. Lamentablemente, la cumbre de la OTAN en Bucarest de 2008 será reconocida como el Múnich de nuestro tiempo. En dicha cumbre los países europeos, especialmente Alemania y Francia,
rechazaron que Georgia y Ucrania se incorporasen a la Alianza. España jugó un lamentable papel en todo ello con la diplomacia de Zapatero, uniéndose a este bloqueo de las aspiraciones de esos países, mientras que los bálticos se quedaban en franca
minoría en su apoyo solidario y eran tachados de exagerados y belicistas. No hay que olvidar que todo se producía después de la represión de Putin en Chechenia, la corrupción a través de Gazprom en Alemania con la ayuda del comisionista socialista
Gerhard Schröder y la represión de la disidencia en Rusia. El propio Putin ya nos había advertido de sus planes expansionistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007. Ganó el buenismo a la determinación y perdimos los europeos.
Con el rechazo a la incorporación de Georgia y Ucrania, dimos vía libre a Putin y ese mes de agosto de 2008 invadió Osetia del Sur y Abjasia, llegando a unos kilómetros de Tiflis. Más tarde, Putin provocó la caída del Gobierno
democráticamente elegido de Míjeil Saakashvili. Desde entonces, Georgia ha perdido una parte de su territorio y ha estado sometida a una permanente injerencia por parte de Rusia, que ha colocado a un Gobierno títere. Un Gobierno sometido a los
criterios de Moscú y de los oligarcas de turno. En diciembre de 2024 se celebraron elecciones en un clima de clara injerencia por parte de Rusia; injerencia política y económica. Quienes estuvimos ahí lo sabemos. Sabemos que fueron un fraude
porque la gente no votó en libertad. Por ello, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha venido reclamando nuevas elecciones. También la OSCE y el Parlamento Europeo.
La respuesta del Gobierno georgiano ha sido desatar una ola de represión sin precedentes contra una sociedad civil que, como la ucraniana en 2014, se manifiesta ininterrumpidamente desde hace casi un año con la bandera de Europa en su puño y
el afán de libertad en el otro. Cuando vemos cómo el proyecto europeo es atacado por euroescépticos retrógrados de izquierda y derecha, es conmovedor la voluntad decidida de los demócratas georgianos de levantar la bandera de la Unión como desafío
frente al sueño georgiano, que es el nombre del partido del Gobierno, que en realidad es una pesadilla antidemocrática.
Lamentablemente, Georgia es otro de los dosieres en los que el Gobierno de España navega entre la ausencia y la indiferencia. A pesar de que Georgia fue considerado como país candidato a la ampliación, España carece de representación
diplomática a nivel de embajada, lo que impide tener una información adecuada ni una capacidad de acción reseñable. No hay política exterior española en el Cáucaso. También allí el señor Albares está desaparecido e inencontrable. Por ello, es el
Congreso quien debe instar al Gobierno a que fije unas líneas claras de actuación, unas líneas que se han venido fijando en otras instituciones internacionales, como el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la OSCE, y que mi grupo cree también
que debemos hacer en este Parlamento. Por ello, instamos al Gobierno a condenar el fraude electoral, exigir la repetición de las elecciones, exigir también la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión, especialmente la
liberación del expresidente Saakashvili y, por último, investigar las irregularidades y exigir que las autoridades de Georgia se comporten como un país candidato a la Unión Europea.
Se cumplen cincuenta años del inicio de la transición española. Creemos que querer para otros lo mismo que nosotros disfrutamos no es nada exagerado. Ser parte de Europa fue un poderoso acicate para lograr esa transición en España. La
sociedad georgiana, como la ucraniana o la moldava, también lo desea. Ayudémosla desde esta Comisión con ese mensaje de solidaridad, desde el otro extremo del continente. Cuando en la vieja Europa a algunos les ha entrado el veneno de la duda,
saludemos este ejemplo de determinación heroica por parte de la sociedad georgiana, que nos sigue recordando que el
proyecto que impulsaron Adenauer, Schuman y De Gasperi sigue siendo la mejor iniciativa política de nuestra historia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hispán.
La enmienda la presenta el Grupo Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor Mercadal por un tiempo de tres minutos.
El señor MERCADAL BAQUERO: Gracias, presidente.
Señor Hispán, estoy de acuerdo con usted en que muchos líderes europeos durante las décadas de los 2000 y 2010 se equivocaron con Putin y no supieron o no quisieron ver sus intenciones, su proyecto expansionista y de recobrar las esferas de
influencia de Rusia después de la caída del muro. No lo supieron ver líderes de izquierdas ni líderes de derechas. Su partido no está para dar lecciones sobre esto; su familia política europea no está para dar lecciones sobre esto. Ningún
presidente o primer ministro del Partido Popular Europeo avisó o luchó en contra de Putin en esos años, empezando por la señora Merkel, por ejemplo. Y, desde luego, no hizo nada para evitarlo el señor Mariano Rajoy mientras fue presidente. De
hecho, el señor Mariano Rajoy simplemente no hizo nada, porque el señor Mariano Rajoy no tenía política exterior, ni en un sentido ni en otro. Su política exterior era inexistente y supeditada a la política de la señora Merkel.
Respecto a Georgia, esta PNL viene precedida de otras dos PNL ya aprobadas en esta legislatura: una en la Comisión Mixta para la Unión Europea, presentada por el Grupo Socialista en octubre del 2024, justo antes de las elecciones
legislativas en Georgia, y otra, también del Grupo Socialista, en esta Comisión de Asuntos Exteriores, presentada en diciembre, unas semanas después de esas elecciones; unas elecciones que, como todos sabemos y la OSCE ha denunciado, estuvieron
plagadas de irregularidades; además, unas elecciones que fueron precedidas de la aprobación de dos leyes que, obviamente, restringen las libertades en el país, y desde entonces la situación no ha mejorado, pese a las advertencias, a los avisos de
la OSCE, del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y demás organizaciones internacionales, sino que ha continuado deteriorándose.
A principios de octubre de este año se celebraron elecciones municipales, que fueron boicoteadas por la oposición por no ser consideradas elecciones libres. Además, provocaron protestas en Tiflis, las cuales llevaron a la represión, otra
oleada represiva. A finales de octubre había unas cien personas detenidas, a la espera de juicio. Además, a mediados de octubre, el Gobierno siguió con su camino hacia el autoritarismo, aprobando una ley antiprotestas y pidiendo al Tribunal
Constitucional que se prohíban los tres principales partidos políticos de la oposición.
Así pues, el Gobierno de Georgia está siguiendo un camino que solo lleva al autoritarismo y la aleja, a más no poder, del camino de la adhesión a la Unión Europea, y esto nos tiene que hacer reflexionar a la Unión Europea. No podemos seguir
perdiendo países que eran candidatos por retrasos en el proceso de adhesión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mercadal.
Seguimos con la fijación de posición de los distintos grupos políticos.
Si nadie me corrige, cedo la palabra en primer lugar al Grupo SUMAR. Tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Gracias, presidente.
El seguimiento internacional de las elecciones parlamentarias de octubre de 2024 en Georgia, así como la evaluación de su adecuado desarrollo se realizó a través de la misión de observación electoral de la OSCE, compuesta por doce expertos
internacionales, treinta observadores de larga duración y trescientos cincuenta observadores de corta duración. El 20 de diciembre de 2024 la OSCE publicó su reporte final sobre las elecciones en Georgia, y analizaba, entre otros, el contexto
político, el marco legal, las tecnologías de voto, la financiación de la campaña, y elaboraba recomendaciones para que en próximas convocatorias electorales en Georgia no se pusieran de manifiesto, efectivamente, las mismas objeciones formuladas por
partidos opositores.
Dicho reporte señala un contexto electoral de tensión, desequilibrios significativos en los recursos financieros y la instrumentalización de medios privados para la propaganda política. Por cierto, estas dos
problemáticas ocurren prácticamente en todos los países europeos, incluida España: los desequilibrios en los recursos financieros electorales y la instrumentalización de medios privados para la propaganda política. Y una lectura rigurosa
del informe de la OSCE también dice -y cito textualmente- que 'el marco jurídico proporciona una base adecuada para las elecciones democráticas, la jornada electoral estuvo, en general, bien organizada y administrada de manera ordenada y los
preparativos para las elecciones se llevaron a cabo correctamente, incluyendo una amplia labor de educación electoral sobre el uso de las nuevas tecnologías de votación'.
Este grupo subraya la importancia de las recomendaciones formuladas por la OSCE, que constituyen la hoja de ruta más sólida para reforzar la democracia en Georgia y en cualquier país: medidas para prevenir la presión sobre empleados
públicos, asegurar la imparcialidad de la Administración electoral, dotar de mayor transparencia al control de la financiación política, proteger de forma efectiva a periodistas y medios, reforzar la transparencia y fundamentación de la resolución
de disputas e impedir el uso partidista de recursos administrativos.
España y la Unión Europea deben apoyar con firmeza este conjunto de garantías en Georgia y en cualquier país, pero pedir una repetición electoral, como propone el Partido Popular, es una injerencia inaceptable en los asuntos de un país
soberano y no se corresponde con los estándares internacionales para determinar la validez de un proceso democrático. La OSCE, autoridad reconocida en materia electoral, no cuestiona la validez general de la jornada electoral ni la adecuación del
marco jurídico. Reclamar nuevas elecciones, sin una base objetiva y verificable, es agravar la confrontación política, alimentar narrativas partidistas y erosionar aún más la confianza institucional. La respuesta responsable es apoyar el informe
de la OSCE, y no promover medidas excepcionales, que pueden desestabilizar al país, sin aportar garantías adicionales a su democracia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Finaliza el turno de fijación de posición el Grupo VOX. Tiene la palabra el señor Flores por un tiempo de tres minutos.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia de nuevo, señor presidente.
Esta es la tercera PNL sobre Georgia que se debate en lo que llevamos de legislatura -hoy es el día de la marmota-, solo que, a diferencia de las dos anteriores, ambas suscritas por el Partido Socialista, esta lleva la firma del Partido
Popular. He dicho 'a diferencia', pero no debería haberlo hecho, porque, mirada con detenimiento, nada distingue la proposición del Partido Popular de las dos presentadas por el Partido Socialista. Critica los mismos hechos, la deriva autoritaria
y la tendencia nacionalista del régimen; propone las mismas soluciones: mayor interferencia internacional y más rápida integración europea, y cita las mismas fuentes: la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa. ¡Vaya!, como si una y otra
hubiesen sido redactadas por los socios mejor avenidos del panorama político bruselense, con la agravante de que la que ahora se nos trae aquí por parte de los populares está fechada en el mes de febrero de este año -estamos ya en noviembre y ha
devenido, en no poca medida, obsoleta por el transcurso de los acontecimientos-, de tal manera que a nadie sorprenderá que nuestro partido se posicione del mismo modo que lo hizo en las dos ocasiones anteriores.
Si los proponentes hubieran querido adoptar un tono constructivo, apoyando, sí, el ejercicio libre, legal y pacífico de los derechos políticos de los ciudadanos de Georgia, pero reconociendo también la legitimidad de las instituciones por
ellos elegidas; si hubieran adoptado un posicionamiento reconciliador, condenando los excesos en la represión de las protestas, pero también deplorando todo recurso a la violencia callejera, o si hubieran sido respetuosos con la soberanía del
pueblo georgiano, invitándole a retomar cuanto antes las negociaciones para su pronta y efectiva integración euroatlántica pero sin someterles a humillantes escrutinios públicos, probablemente nuestra posición habría sido otra. Pero no ha sido así;
peor todavía, porque a la falta de equilibrio y de mesura de sus peticiones se suma un llamativo desconocimiento de la realidad, el que los lleva a condenar las irregularidades electorales ocurridas durante las elecciones parlamentarias de octubre
del 2024. ¿Saben que el informe de seguimiento del proceso electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos reconoció que las elecciones habían sido gestionadas de manera técnicamente eficiente, y únicamente señaló el
desconcierto de algunos electores ante los cambios del sistema electoral que se estaban implementando por primera vez en el país? ¿Saben que esos cambios fueron fundamentalmente la introducción de un sistema electoral proporcional en distrito
nacional único, que es el sistema electoral
idóneo, ideal para la representación de las minorías, y la introducción del voto electrónico, el que lleva a instar a las autoridades de Georgia a organizar nuevas elecciones parlamentarias libres? ¿Saben que el principal partido opositor,
Coalición para el Cambio, incrementó en diecisiete el número de sus escaños? ¿O que los lleva a condenar la represión de las protestas pacíficas y la persecución de la oposición, cuando a lo largo de este año han sido numerosas ya las protestas
violentas en las calles de Tiflis y que estas han incurrido incluso en asaltos a instituciones gubernamentales y al propio Parlamento?
De verdad, señorías del Partido Popular, que nunca soñé con que algún día les llegaría a decir esto, pero igual soy yo el que está experimentando un sueño georgiano. ¡Modérense, señores del Partido Popular! ¡Modérense! (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Creo que le voy a dar un disgusto aún mayor, señor Flores. Le iba a decir que no es que solo se acepte la enmienda, sino que se ha presentado una transaccional del grupo proponente, del Grupo Socialista, con el Grupo
Popular. Pero usted se la lee luego más tranquilamente.
El señor FLORES JUBERÍAS: Era previsible.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DIPLOMÁTICAS Y POLÍTICAS PARA RESTABLECER LAS RELACIONES PLENAS CON ARGELIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001951).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la PNL relativa a la adopción de medidas diplomáticas y políticas para restablecer las relaciones plenas con Argelia. La presenta el Grupo Popular y hay una enmienda del Grupo VOX.
Para la presentación de la PNL, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO RETAMOSA: Buenos días.
Gracias, señor presidente.
La motivación y justificación de esta PNL del Grupo Popular para restablecer las relaciones bilaterales con Argelia se fundamenta en la necesidad de solucionar el daño que estas han sufrido tras la crisis provocada por el cambio de política
exterior del Gobierno español en marzo de 2022 y las graves consecuencias para la economía y la seguridad nacional que dicha situación ha supuesto.
Señorías, España y Argelia han mantenido vínculos históricos y estratégicos en los ámbitos económico, energético, cultural y político, con una cooperación clave siempre en materia de migración y de seguridad: de lucha contra el terrorismo,
narcotráfico, migración irregular, incluso colaboración militar. Pero en 2022 surge una crisis diplomática entre Argelia y España, que se debió principalmente al cambio de postura del Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, respecto al
conflicto del Sáhara Occidental. El apoyo del Gobierno español al plan marroquí rompió décadas de consenso y neutralidad española en la materia; un cambio de postura unilateral, que provocó la suspensión inmediata por parte de Argelia del Tratado
de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con este país vecino, y, además, en plena crisis energética europea, después de haber sido durante años nuestro principal proveedor de gas.
Si analizamos la situación, señorías, en marzo de 2022 el presidente Pedro Sánchez envía una carta al rey de Marruecos en la que cambia nuestra posición respecto al Sáhara Occidental. ¿Cuál fue la razón de este cambio de posición? Este
giro, por supuesto, sorprendió a Argelia, defensor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que consideró la decisión española como una traición, y, como respuesta inmediata, Argelia retiró a su embajador en Madrid, suspendió el Tratado
de Amistad, Buena Voluntad, Vecindad y Cooperación y bloqueó las operaciones comerciales y financieras con España, afectando gravemente al comercio bilateral, especialmente a los sectores del aceite, el papel y la cerámica, e, igualmente, las
relaciones en materia de inmigración.
El presidente del Gobierno, señorías, dio un giro en materia de relaciones con Argelia que, a pesar de la gravedad que suponía, no fue consensuado con sus socios de Gobierno ni con la oposición, y ni siquiera dio explicaciones aquí, en el
Congreso de los Diputados. Al abandonar el presidente del Gobierno la tradicional posición española, el Gobierno buscaba recomponer las tensas relaciones en ese momento con Marruecos, pero provocó una ruptura con Argelia, socio clave en energía y
seguridad. Y los intentos de minimizar el impacto político y económico de la crisis han sido insuficientes, y muchos expertos señalan que el diálogo entre ambos países se ha perjudicado enormemente.
¿Cuáles han sido las consecuencias? La crisis tuvo efectos económicos notables, con la suspensión de exportaciones hacia Argelia y repercusión para las empresas españolas. En materia de seguridad, la
retirada de la colaboración afectó a cuestiones como la deportación de ciudadanos argelinos que delinquen en España. En el ámbito del suministro energético, especialmente en el gas, se mantuvo por presión de la Unión Europea, pero España
quedó en una posición de mayor vulnerabilidad estratégica. Señorías, el impacto económico ha sido claro. Derivadas de la crisis con Argelia, ha habido pérdidas significativas en la facturación de las empresas españolas, estimadas en cientos de
millones de euros. Las exportaciones españolas a Argelia cayeron drásticamente, pasando de 1916 millones de euros en 2020 a solo 356 en 2023. Y, aunque han comenzado a recuperarse parcialmente en 2024, con 662 millones registrados entre enero y
octubre, aún estamos sufriendo las consecuencias de una decisión unilateral y -a la vista está- mala para los intereses de nuestro país. Además, la crisis ha tenido un impacto en la migración irregular, con un incremento del 200 % en entradas
irregulares de migrantes argelinos en regiones como Baleares en 2024.
Los analistas internacionales y también algunas organizaciones internacionales apuntan a que la decisión y la gestión del presidente Sánchez en la crisis fue precipitada y escasamente transparente, lo que está causando un daño duradero a las
relaciones diplomáticas y comerciales con Argelia. Históricamente, la relación de España con Marruecos, ese país por el que todo empezó, ha estado llena de complejidad en determinados asuntos. Sin embargo, Argelia ha demostrado siempre ser un
socio fiable, con una postura generalmente alineada con los intereses españoles a largo plazo. La historia de cooperación en temas energéticos, de seguridad y en el ámbito político ha consolidado a Argelia como un aliado natural y estratégico en la
región para España. Y aquí la diferencia radica en que Argelia mantiene una posición mucho más estable en sus relaciones internacionales, lo que también facilita para España la construcción de alianzas sólidas y coherentes que pueden beneficiar a
nuestro país y a ambas naciones.
Para muchos observadores, señorías, la solución definitiva a la crisis depende de un cambio de Gobierno en España, dado que Argelia no confía en la actual Administración española, y, si bien es cierto que desde finales de 2023 y durante 2025
se han producido gestos de acercamiento y normalización, como el retorno del embajador argelino, la intensificación de la cooperación en seguridad e inmigración o, más recientemente, la visita del ministro del Interior español -la primera de un
miembro del Gobierno desde 2022-, no podemos ignorar que son gestos de acercamiento, que no nos colocan en el punto de ruptura en el que estaban las relaciones entre España y Argelia en 2022. La falta de voluntad y gestión eficiente por parte del
Gobierno español para recomponer los lazos durante casi tres años ha agravado la situación y ha provocado un distanciamiento grande entre ambos países, y, como he dicho, a pesar de la reciente visita, los daños provocados por la gestión política
siguen condicionando la relación bilateral y la estabilidad de futuros acuerdos.
Señorías, este caso, junto a otros, ilustra cómo una mala gestión diplomática y el abandono de una política exterior de Estado puede provocar graves crisis internacionales y perjudicar los intereses estratégicos de España.
El señor PRESIDENTE: Señor Velasco, debe terminar.
El señor VELASCO RETAMOSA: Ante estos hechos, urge la normalización de las relaciones, con la recuperación de la confianza mutua y la garantía de mayor transparencia en las decisiones diplomáticas con Argelia, y se hace necesaria una
revisión y corrección de la trayectoria actual de la política exterior del Gobierno de España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para su defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
Esta que trae el Partido Popular es una cuestión crucial en nuestra política exterior, básicamente porque implica la necesidad de reposicionarse en ese complejo escenario que es el Magreb, en ese complejo triángulo de influencias que por una
parte representa Marruecos, por otra Argelia, y, en la cúspide de ese conflicto, el territorio del Sáhara. Desde VOX hemos criticado reiteradamente la irresponsabilidad del Gobierno socialista a la hora de operar un cambio sustancial en nuestra
política respecto del Magreb sin consultar al Parlamento, sin pulsar la opinión de los principales partidos de la oposición; de hecho, sin ni siquiera pulsar la opinión de su principal socio de Gobierno -ya serán ellos quienes hablen por sí mismos-
y sin tener en cuenta el interés superior de España. Ese desequilibrio, esa ruptura del equilibrio
tradicional, esa introducción de un desequilibrio netamente favorable a Marruecos en nuestra posición respecto del Magreb ha tenido importantes consecuencias, sobre todo en lo tocante a nuestras relaciones con Argelia, principalísimo
proveedor energético de nuestro país; consecuencias que se han sentido en el bolsillo de los españoles.
Es hora de replantear esa cuestión y -repito- de volver a ese tradicional equilibrio. Marruecos es un socio estratégico, Argelia también lo es, y, como dice nuestro refranero tradicional, desvestir a un santo para vestir a otro no es una
política particularmente prudente, de ahí que desde el Grupo Parlamentario VOX apoyemos esta iniciativa, aunque, eso sí, con matices. Toda colaboración que se fragüe con cualquier país cercano a nuestras fronteras, particularmente con cualquier
país del norte de África -y ese es cualificadamente el caso de Argelia-, ha de tener necesariamente una vista puesta en las relaciones bilaterales, en las relaciones económicas, y otra en los flujos migratorios, de ahí que nuestro grupo haya
propuesto el añadido a los cuatro puntos del petitum de la propuesta original del Grupo Popular, que terminan con la reactivación del tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con Argelia y el fomento de la cooperación económica, energética,
y, en materia de seguridad, un quinto punto, que complementaría al anterior, relativa a las políticas migratorias, y es que resulta esencial para España que cualquier país que aspira a tener unas buenas relaciones bilaterales en los ámbitos que el
Grupo Popular ha señalado -económica, militar, diplomática- también las tenga en el ámbito de los flujos migratorios.
Es por eso por lo que proponemos requerir de las autoridades argelinas un compromiso claro y verificable en la lucha contra la inmigración ilegal, que incluya, cómo no -por supuesto-, el compromiso de aceptar de manera inmediata la
devolución de todos aquellos nacionales expulsados por las autoridades españolas después de haber sido hallados de manera irregular en nuestro territorio. No puede haber buenas relaciones de amistad, de buena vecindad y de cooperación en el ámbito
económico, en el ámbito energético o en el ámbito securitario si no las hay también en el ámbito migratorio.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
Para empezar con el turno de fijación de posiciones de los grupos, tiene la palabra, por parte del Grupo Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu por un tiempo de tres minutos.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que viene a esta Cámara este asunto y la verdad es que compartimos el análisis que se hace, más allá de que esta iniciativa la haya presentado el Partido Popular, partido con el que tenemos grandísimas diferencias, pero,
como decía Machado y ponía en boca de Mairena, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. En este caso, es una evidencia que el cambio de posición del Gobierno español en la primavera del año 2022 todavía no lo hemos entendido. Fue un
sinsentido y, además, se tomó a escondidas, de manera solitaria, por parte del Partido Socialista, y ello produjo varios terremotos: uno en las relaciones con el Frente Polisario, el legítimo representante del pueblo saharaui; de igual forma con
Argelia y, por otro lado, con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura.
Transcurridos tres años, y, curiosamente, cuando estamos en el 50.º aniversario de ese triste aniversario de la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos y de Mauritania, seguimos sin entender el posicionamiento del Gobierno de
España. Por eso compartimos las propuestas que se realizan por parte del Grupo Popular. Quizás no la letra y las formas de explicarla, pero creemos que el contenido va en la buena vía, y por ello no podremos votar en contra, a no ser que se acepte
la enmienda de VOX, de tintes xenófobos y poniendo el foco en una cuestión accesoria, que desvirtuaría la propuesta. Por eso ya digo que no podríamos votar en contra si se quedase en los términos iniciales.
Y hago una última reflexión. Escuchaba en una proposición anterior que el Grupo Popular decía que, como la proposición venía de Euskal Herria Bildu -y el portavoz hacía una serie de declaraciones y de inexactitudes-, no podía votar a favor
y tenía que votar en contra. Yo creo que las acusaciones ad hominem, sean ciertas o no lo sean, descalifican a la persona que las emite por mostrar una incapacidad argumental y para debatir asuntos que poco o nada tienen que ver con el fondo. Por
eso yo no caeré en ese error, y ya digo que, presente quien presente la PNL, creemos que es acertada y que va en la buena vía, por lo que no podremos votar en contra, dependiendo de en qué términos quede.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Sigue el Grupo Parlamentario SUMAR. Tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
El restablecimiento del diálogo político y diplomático entre España y Argelia afortunadamente está en marcha mediante el proceso de normalización de relaciones que se inició en enero, febrero del año 2025, con la visita a Madrid de una
delegación argelina encabezada por el ministro de Interior, Brahim Merad. La crisis diplomática entre los años 2022 y 2024 tuvo lugar como consecuencia del cambio de la postura tradicional de España en la cuestión del Sáhara Occidental, cambio de
posición al que este grupo se ha opuesto, como explicaremos claramente en el décimo punto del orden del día de la reunión de hoy. Nuestro grupo parlamentario cree que España debe mantener de forma permanente unas excelentes relaciones con Argelia,
un país vecino con el que nos unen relaciones históricas de amistad, una importante cooperación económica, especialmente en materia energética, y una clara coincidencia en detener el avance del integrismo islámico en la región, un integrismo que ha
hecho muchísimo daño al pueblo argelino.
Desde el año 2024 han sido varias las delegaciones argelinas que han visitado España, como la encabezada por el ministro del Interior que ya hemos mencionado, y, además, ha habido ya varias entrevistas con el ministro de Interior de España,
el señor Grande-Marlaska, y también con el ministro Albares. También ha habido amplias delegaciones españolas que se han trasladado a Argel, concretamente el 19 de octubre de este año, encabezada por el ministro de Interior español. La estrecha
colaboración entre España y Argelia es necesaria también para prevenir las tragedias y pérdidas de vidas humanas de inmigrantes en el Mediterráneo, permitiendo y activando un eficaz rescate en alta mar. Y, aunque el Tratado de amistad y buena
vecindad sigue aún suspendido, se han normalizado las relaciones diplomáticas con nuestra embajada en Argel y se han reforzado también las relaciones comerciales, que, afortunadamente, han vuelto a los niveles del año 2021.
De todo esto nos alegramos, y además pedimos levantar la suspensión del tratado de amistad y buena vecindad. España y Argelia deben desarrollar unas relaciones estratégicas de socios en el Mediterráneo occidental y, sobre todo, acercarnos
en la cuestión del Sáhara Occidental, puesto que nuestros intereses son comunes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Es el turno ahora para el Grupo Socialista. Tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, la señora Argota.
La señora ARGOTA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Existe un diálogo político estructurado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y a nivel de direcciones generales. España y Argelia mantienen una intensa cooperación en diversos sectores claves, como el de la lucha contra el terrorismo,
la lucha contra la inmigración irregular, el narcotráfico o la cooperación en el ámbito militar. Residen en España más de 70 000 argelinos y argelinas. En Argelia hay una comunidad española de 2118 personas. El flujo de ciudadanos y de ciudadanas
en ambos sentidos es cada vez mayor. Existen 105 convenios firmados con universidades españolas y hay interés mutuo en potenciar el intercambio de estudiantes universitarios. En Argelia el Instituto Cervantes tiene dos sedes, una en Argel y otra
en Orán, con un incremento constante del alumnado de español. En cuanto al ámbito económico, Argelia es el primer suministrador de gas natural en España. En el año 2024 España compró a Argelia el 38,7 % de todo el gas importado. En el primer
semestre de 2025 Argelia ha seguido siendo el primer proveedor de gas natural, con una cuota de mercado del 32,5 %. El 85,5 % del gas importado es gas natural y el 14,5 % es gas licuado. En 2024, las exportaciones de España a Argelia se
incrementaron en un 142 % con respecto a 2023. En el periodo de enero a junio de 2025, las exportaciones fueron de 1099 millones de euros, un 190,1 % superior al mismo de 2024. Existen tres centenares de proyectos mixtos hispano-argelinos en
sectores muy diversos, como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol, industria jamonera, papel, celulosa, tela asfáltica, pesquero, químico, transformaciones plásticas, farmacéuticos... Y en relación con el agua, las empresas españolas
construyen y explotan gran parte de las plantas de desalación del agua de mar.
En cuanto al ámbito de la cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2024 gestionó aproximadamente 12 millones de euros con ACNUR, con Unicef, con la Media Luna Roja Argelina y con Cruz Roja Española.
Creo que estos datos ponen de manifiesto que la relación entre Argelia y España, entre el Gobierno de España y el de Argelia, están en el camino en el que deben estar, dada la importancia de esta frontera para el territorio español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Argota.
Al grupo proponente, en este caso al señor Velasco, le preguntamos si acepta la enmienda del Grupo VOX.
El señor VELASCO RETAMOSA: No la aceptamos.
Si me deja un segundo para explicarlo, en realidad lo que pedimos es que se renueve la relación del tratado y en el tratado ya se incluye lo que ellos están pidiendo.
El señor PRESIDENTE: No le quiero cortar la palabra, pero no es necesario. Únicamente se rechaza la enmienda y votaremos luego -en este caso, en sus términos- la PNL del Grupo Popular.
- RELATIVA AL RECHAZO DE LA PERSECUCIÓN QUE SUFREN LOS CRISTIANOS EN SIRIA Y LA SUSPENSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN AQUELLOS PAÍSES QUE NO SE RESPETE LA LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS CRISTIANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001981).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado 5, una PNL relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de cooperación española en aquellos países en los que no se respete la libertad
religiosa de los cristianos. La presenta el Grupo VOX, y existe una enmienda del Grupo Popular.
Para la defensa de esta PNL, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Señorías, según el informe de la Lista Mundial de la Persecución, correspondiente a este año en curso 2025, más de 380 millones de cristianos sufren niveles inaceptables de persecución y discriminación por razón de
su fe. Pese a ser la religión más profesada del mundo, uno de cada siete cristianos -dos de cada cinco cristianos en Asia, uno de cada cinco cristianos en África- es perseguido hoy por razón de su fe. Solo este año, 7679 iglesias y demás lugares
de culto han sido atacadas y son miles los cristianos asesinados. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán del Sur, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán tienen el dudoso honor de ocupar el top ten de la lista de países hostiles a la
religión, pero a nada que descendamos unos pocos escalones en ese ranking nos encontraremos con otros tan próximos a nosotros -no hablo solo de geografía- como China -decimoquinto-, Marruecos -vigésimo primero-, Cuba -vigésimo sexto- o Nicaragua en
la trigésima posición. Entre las causas de esa persecución se cuenta, cómo no, el vertiginoso incremento del islamismo radical -actor político altamente desestabilizador y en continuo crecimiento en no pocos países de la África subsahariana-, pero
también la pervivencia o la resurrección del marxismo, la reiteración de conflictos tribales, el proteccionismo denominacional y, sí, señorías, la intolerancia secular y la criminalidad organizada, que ven en el testimonio de la Iglesia un enemigo,
si cabe, más peligroso y, desde luego, menos sobornable que el propio Estado, que los propios poderes civiles.
He mencionado la Lista Mundial de la Persecución y tal vez debería haber advertido que se trata de una ONG de impronta protestante, no católica. Pero si ello les produce aprensión, no se inquieten, porque puedo poner a su disposición
también datos, que diferirán en cuanto a matices y en cuanto a la metodología, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una asociación católica, o de Amnistía Internacional, laica, que les permitirán comprobar que no se trata de un capricho y no se trata
de una reivindicación exclusivamente auspiciada por los creyentes.
Si entre todo este elenco de países nuestro grupo ha decidido poner un foco especial en Siria, es porque este es uno de los lugares en los que la situación de los cristianos ha empeorado más en un más corto lapso de tiempo, y es que la
comunidad cristiana siria, una de las más antiguas y más arraigadas del mundo, se ha visto desproporcionadamente afectada por la guerra civil que ha arrasado el país, hasta el extremo de que el millón y medio de cristianos que la integraban antes de
la guerra ha quedado reducido a poco más de 250 000. Según el anuncio apostólico de Siria, el cardenal Mario Zenari, quinientos cristianos abandonan el país cada día, y todo ello con el beneplácito del Gobierno liderado por Ahmed al-Sharaa, el
líder de Hayat Tahrir al-Sham, organización ligada al grupo terrorista Al-Qaeda, y de los cancilleres que, como nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estrechan su mano y blanquean su gestión. Y, sí, no me digan que se
estrecha su mano en otros lugares, porque también lo sé y no es óbice para que lo traiga a colación.
Por todo ello, ha llegado el momento de que esta Cámara, junto con el Gobierno que se sostiene en su confianza, adopte una posición acerca de este grave hecho, primero, condenando la persecución que sufren los cristianos en Siria -punto de
partida de nuestra denuncia global- y a continuación condenar
también la que padecen en tantos otros rincones del planeta y que les convierten, nos convierten, en el grupo religioso más perseguido del mundo; segundo, elevando la cuestión de la persecución de los cristianos a las instituciones de la
Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y demás organizaciones internacionales, a fin de sensibilizar desde ellas a la comunidad internacional y promover acciones para hacer frente al mismo.
Ahora bien, que nadie se crea que porque estos ataques se produzcan fuera o lejos de nuestras fronteras la responsabilidad de atajarlas compete solo a otras instancias. España, como actor político relevante en la escena internacional -estoy
seguro de que al ministro Albares le encantará que utilice una de sus expresiones favoritas- y como país tradicionalmente cristiano -no quiero escandalizar a sus señorías citando a Menéndez Pelayo en la Historia de los heterodoxos-, debe tener un
papel de liderazgo en esta cuestión. De ahí que también propongamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores se implique en la elaboración y actualización periódica de una lista de Estados que no garantice la libertad religiosa de los cristianos y
que tenga en cuenta ese dato en la distribución de nuestra aportación al desarrollo de esos países, so pena de que acabe siendo el dinero de nuestros contribuyentes el que acabe pagando los machetes con los que se asesina a nuestros misioneros. Por
cierto, no se me escandalicen, hace unos minutos apenas el Partido Socialista ha propuesto que el respeto a las mujeres sea condición para el envío de ayuda a Afganistán. El respeto a la fe religiosa, el respeto a la libertad de creencias, también
debería ser una condición.
Termino, y lo hago no sin una advertencia. He señalado hace un instante que la mayoría de los ataques a quienes profesan la fe cristiana se llevan a cabo lejos de nuestras fronteras. En efecto, no es entre nosotros, sino en otros
continentes, donde los cristianos son torturados y asesinados por su fe, pero ello no quiere decir que la libertad religiosa goce en España de la buena salud que todos desearíamos. Muy al contrario, los ataques a este derecho constitucional se
hallan en continuo crecimiento también en nuestro país: injurias a los sentimientos religiosos desde medios públicos, remoción de símbolos de la fe en el espacio público, prohibición de la oración en espacios públicos o desacralización de lugares
de culto por orden gubernamental son solo un botón de muestra de un creciente odium fidei que tiene en el Gobierno de España uno de sus principales promotores. Volveremos sobre ello, se lo aseguro, siquiera sea en otro momento y en otro lugar.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Flores.
Como he comentado, hay una enmienda del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, con la venia.
Señorías, la libertad religiosa es un derecho fundamental. Es terrible ver que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ilustra en su último informe que la libertad religiosa es perseguida en todo el mundo. Son más de cinco
mil millones de personas las que sufren esta persecución en todo el mundo y, analizando la falta de libertad religiosa en el mundo, los cristianos, efectivamente, constituyen hoy una de las comunidades religiosas más perseguidas a nivel global.
El informe World Watch List 2024, de Open Doors, refleja algunos de los datos a los que se ha referido el portavoz de VOX. Esto es algo que ocurre en todo el mundo. Son más de 360 millones de cristianos los que sufren niveles altos de
persecución. Según este informe, han sido casi 5000 asesinatos y más de 14 000 ataques a iglesias y propiedades cristianas en todo el mundo. El Consejo Europeo, las instituciones europeas, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esta cuestión,
y nosotros entendemos que las instituciones españolas no deberían dejar de hacerlo.
Creemos que hay que enfocar esta cuestión desde el punto de vista de la persecución a los cristianos y de la libertad religiosa en todo el mundo, y también consideramos -y por eso hemos enmendado- que no debemos referirnos a un país concreto
porque, primero, esto afecta a todo el planeta -por ahí va una de nuestras enmiendas-, y, segundo, porque creemos que, si rompiéramos las relaciones con todos los países que no respetan los derechos humanos, sería muy complicado mantener relaciones
en el conjunto del mundo, muy difícil.
Si no mantenemos relaciones comerciales con algunos países que no respetan los derechos humanos, sería muy difícil que saliéramos a vender o a comprar casi casi nada. Por eso hemos enmendado esta cuestión, porque consideramos que los
programas de cooperación no se deben suspender no solo por la razón que indico, sino porque los ciudadanos que se benefician de nuestros programas de cooperación no son culpables de las persecuciones que sufren los cristianos. Creo que los que se
benefician de los
pozos de agua, de la educación o de los hospitales que se hacen a través de nuestros programas de cooperación no deben pagar las persecuciones a los cristianos que se llevan a cabo en esos países.
Hemos presentado esta enmienda y esperamos que se vote, que se apoye y que VOX la acepte en su PNL; si no, presentaremos una iniciativa en esta comisión en el sentido que ya he indicado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
Para la fijación de posición del resto de los grupos, comienza el grupo SUMAR.
Tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Las minorías religiosas en numerosos países -incluidas muchas comunidades cristianas- sufren persecución, violencia, discriminación y restricciones graves a sus derechos fundamentales. Esto es inaceptable y debe ser condenado sin matices.
El compromiso de este grupo plurinacional de la izquierda con la libertad religiosa y con la protección de todas las minorías es claro: es un mandato de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un principio esencial de nuestra acción
exterior.
En el caso de Siria -que es de lo que habla esta PNL-, la actual situación de persecución de minorías religiosas no sunitas por el Gobierno islamista integrista -encabezado por el terrorista al-Charaa e impuesto por Estados Unidos, Turquía y
las monarquías árabes del Golfo- ha anulado la multiculturalidad religiosa que el anterior Gobierno sirio sí aseguraba. La persecución del actual Gobierno afecta a todas las minorías religiosas: alauíes, cristianos, drusos, chiítas y a cualquier
confesión considerada pagana por el islamismo integrista. Es el Gobierno de una organización nacida de Al-Qaeda, no lo olvidemos.
La protección de la libertad religiosa y de las minorías no admite lecturas interesadas, y la propuesta que hoy presenta VOX utiliza una persecución generalizada a distintas creencias para alejarse de la defensa de la libertad religiosa, e
introduce un enfoque parcial y excluyente incompatible con la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas: es la lógica racista y discriminatoria de VOX. Reclamamos, por supuesto, la defensa de los cristianos perseguidos, pero
ustedes apoyan sin pudor el genocidio sobre la población de Gaza porque son árabes y mayoritariamente musulmanes. Todavía VOX no ha salido a defender a la muy extensa minoría cristiana palestina en Gaza, que también está siendo exterminada por el
Estado de Israel, ni ha hecho una condena de los bombardeos habituales a la única iglesia católica en Gaza, la parroquia de la Sagrada Familia. VOX incluso se ausentó del minuto de silencio por las víctimas de Gaza en el Congreso, y, entre esas
víctimas, se encontraban miles de cristianos, incluyendo a los asesinados por Israel en la iglesia de la Sagrada Familia. VOX solo reclama la defensa de la libertad religiosa para el cristianismo y justifica vulneraciones gravísimas de derechos
humanos cuando las víctimas no son de su agrado.
Por eso, en nuestro grupo parlamentario -que defiende la protección de todas las personas perseguidas por su fe- creemos que la libertad religiosa debe ser universal, indivisible e inseparable de otros derechos fundamentales y no apoyamos
establecer discriminaciones entre víctimas. (Rumores). Condenamos la persecución a la minoría cristiana y al resto de confesiones religiosas no sunitas en Siria y pedimos una condena expresa al Gobierno integrista sirio, dirigido por un terrorista
que es recibido con honores por el jefe supremo de VOX, el emperador Trump. Tampoco los hemos oído criticar ese recibimiento con honores en la Casa Blanca, un blanqueamiento del integrismo islamista. Por tanto, no vamos a apoyar esta proposición
no porque ignoremos el sufrimiento de los miles de cristianos que lo padecen en el mundo, sino porque creemos que su protección exige políticas serias y no instrumentos que fragmentan, excluyen y dificultan la protección de los derechos humanos para
todas las personas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramírez Carner por un tiempo de tres minutos.
El señor RAMÍREZ CARNER: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, condena absolutamente la persecución religiosa de los cristianos en Siria y en todo el mundo de la misma manera que defendemos la libertad religiosa de los cristianos y del
resto de religiones en Siria y en todo el mundo. Por esta razón, nos parece que esta iniciativa del grupo VOX trata una situación más compleja y más amplia de lo que el
propio texto concluye, porque solo habla de un país y de una religión, y se obvia, por ejemplo, que en países islámicos de África se persigue a cristianos o a cristianos coptos; en Pakistán, por ejemplo, a los ahmadíes, que es una escisión
del islam; en Irán, a los bahaíes; en China, en India y en el sudeste asiático a los musulmanes, o, en Rusia, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que también son cristianos. Por lo tanto, creemos que la PNL se queda corta y focaliza demasiado
y que esta es una situación bastante más amplia y compleja.
Además, nuestro país, España, ya participa en numerosas iniciativas dentro de la Unión Europea -también de la ONU- en defensa de la libertad religiosa y condena no solo la persecución religiosa, sino también otras formas de discriminación y
de intolerancia religiosa. En ese sentido, creemos que no hace falta una PNL que da a entender que el Gobierno de España no defiende o no protege la libertad religiosa, concretamente la de los cristianos, cuando sus señorías de VOX saben que no es
así.
Para ir acabando, creo que, además, el texto no es muy coherente con lo que luego las señorías de VOX aplican cuando tienen -por desgracia- la posibilidad de influir en instituciones. Piden defender la libertad de los cristianos, pero ¿qué
hace VOX con la libertad de otras personas que tienen otras creencias? Por ejemplo, En Jumilla, Murcia, prohibir que se celebren eventos o prácticas culturales, según VOX, ajenas a nuestra cultura, y, por lo tanto, prohibir la fiesta del cordero.
Halloween también es algo ajeno a nuestra cultura y no veo ninguna PNL de VOX para que prohibamos Halloween en España. (Risas).
Para acabar, creo que también una manera de defender esa libertad religiosa y, en su caso concreto, los valores del cristianismo, sería leerse de nuevo esos diez mandamientos y darle un repasillo a lo que dicen. Por ejemplo, no sé, no usar
el nombre de Dios en vano o, lo que es bastante relevante, no decir falso testimonio ni mentir. Podemos empezar por aplicar esos diez mandamientos y esa sí sería también una buena forma de defender los valores del cristianismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Hay una enmienda del Grupo Popular.
Señor Flores, ¿la acepta o la rechaza?
El señor FLORES JUBERÍAS: La rechazamos porque nos parece que distorsiona el sentido de la PNL.
El señor PRESIDENTE: Hoy no hay coincidencia entre los grupos de la derecha. (Risas).
- PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS EN HONDURAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002263).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al apartado 7: PNL para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Honduras y la protección de los derechos humanos, presentada por el Grupo Popular.
También hay una enmienda, en este caso del Grupo Socialista.
Para la defensa de esta PNL, tiene la palabra la señora Hoyo por un tiempo de cinco minutos.
La señora HOYO JULIÁ: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo para presentar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la situación de los derechos humanos y el deterioro institucional en Honduras, un asunto que debería preocupar a toda la comunidad
internacional, pero especialmente a España, por los profundos vínculos históricos, culturales y afectivos que nos unen con este país hermano.
Según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado en marzo de 2024, Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Quiero comenzar recordando algunos datos que no admiten
indiferencia. La tasa de impunidad en homicidios alcanza el 87 % y se eleva hasta el 95 % en los asesinatos de mujeres, personas defensoras de los derechos humanos y colectivos LGTBI.
Señorías, estos porcentajes no son cifras, son un retrato del miedo, de la indefensión y de la incapacidad del Estado para garantizar justicia y protección. La impunidad no solo vulnera derechos, fractura la confianza ciudadana y erosiona
la legitimidad democrática. A ello se añade un problema estructural igualmente preocupante, la continuidad del estado de excepción decretado en 2022, prorrogado sin interrupción y vigente en 226 de los 298 municipios; un estado de excepción que
habilita detenciones
y allanamientos sin orden judicial y que otorga a las Fuerzas Armadas funciones que, según los estándares internacionales, corresponden a autoridades civiles.
Señorías, la militarización de la seguridad pública y del sistema penitenciario ha sido señalada reiteradamente por la citada comisión como una seria amenaza para las libertades fundamentales y para el normal desarrollo de los procesos
democráticos. Pero el deterioro no es solo institucional o jurídico, también es social. El informe constata que el 73 % de la población vive en la pobreza y el 54 % en una pobreza extrema, con cifras todavía peores para mujeres, comunidades
afrodescendientes e indígenas.
La situación de la libertad de prensa es igualmente preocupante y alarmante: periodistas amenazados, asesinados, hostigados o sometidos a campañas de desprestigio. Sin prensa libre no hay control del poder, señorías, no hay transparencia,
no hay participación ni democracia real. En un año electoral, este deterioro es especialmente grave. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre injerencias en la Administración de Justicia y en los órganos electorales. La
Fiscalía está totalmente politizada, lo que agrava la percepción de falta de independencia y pone en riesgo la credibilidad de las próximas elecciones que se celebrarán en menos de dos semanas.
Señorías, España no puede mirar hacia otro lado. Como socio histórico de Honduras, como país comprometido con los derechos humanos y la estabilidad de la región y como Estado miembro de la Unión Europea, tenemos una responsabilidad y
tenemos que dar respuesta. No se trata de injerencia, se trata de defender principios democráticos universales. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley, una iniciativa equilibrada, constructiva y profundamente
respetuosa con la soberanía hondureña, pero firme en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Pedimos, en primer lugar, que el Gobierno de España exprese públicamente su compromiso con los derechos humanos y la institucionalidad democrática y que traslade la preocupación que comparte la comunidad internacional ante las denuncias de
impunidad, violencia y restricciones a libertades fundamentales. En segundo lugar, solicitamos que España inste al Gobierno hondureño a garantizar que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre sean libres, limpias y transparentes, para
que la ciudadanía de Honduras pueda expresar su voluntad sin coacciones ni interferencias. En tercer lugar, proponemos reforzar la asistencia técnica y cooperación electoral, apoyo institucional, capacitación, observación internacional y
acompañamiento de la sociedad civil, herramientas todas ellas esenciales para dotar de credibilidad a todo el proceso electoral. En cuarto lugar, pedimos intensificar la cooperación bilateral y multilateral para el seguimiento de la situación
democrática y para la implementación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y, en quinto lugar, solicitamos medidas de apoyo y protección para defensores de derechos humanos, periodistas, observadores
electorales y organizaciones sociales, que representan el último muro de contención frente a la violencia, las amenazas y la desinformación.
Señorías, esta proposición no de ley es una llamada a la responsabilidad, a la coherencia con nuestros compromisos internacionales y a la defensa de los valores que compartimos más allá de las fronteras y de los ciclos políticos. Honduras
necesita una comunidad internacional vigilante, constructiva y comprometida y España debe estar a la altura. Por eso les pido el apoyo a esta proposición, que no es solo del Grupo Popular, es una propuesta de toda persona que se sienta defensora de
la democracia, de la libertad y de los derechos humanos.
Muchas gracias. (El señor Floriano Corrales: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hoyo.
Hay una enmienda del Grupo Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO POZO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender esta enmienda, cuyo objetivo es subrayar que el trabajo que se señala en la proposición no de ley ha sido ya realizado por el Gobierno de España en relación con la democratización de
las instituciones hondureñas y la protección de los derechos humanos, no solo bajo el Gobierno de Xiomara Castro -vigente desde hace dos años-, sino también con los Gobiernos anteriores, responsables de gran parte de la criminalización de las
instituciones hondureñas vinculadas con el crimen organizado, de gran parte de las estructuras de tortura, de desprotección de la red de defensores de los derechos humanos, de la falta de libertad de expresión y la falta de transparencia y
politización de los órganos judiciales en Honduras.
Por lo tanto, apoyamos reforzar una posición que ya hemos defendido antes otros Gobiernos en Honduras y que seguimos reclamando ahora, de manera notoria y pública, al Gobierno actual de
Honduras. Esta enmienda refleja nuestro compromiso, porque nuestros principios no dependen de quién gobierne. No denunciamos atropellos solo cuando los cometen quienes no son de nuestra cuerda ni guardamos silencio cuando los vulneran
Gobiernos que se dicen progresistas. Nuestra brújula es una sola: la defensa de la dignidad humana, de las libertades civiles y del Estado de Derecho, y esa la aplicamos en Honduras, pero también en Nicaragua, en Venezuela y en cualquier país
donde haya riesgo de un retroceso democrático.
Esta enmienda reafirma algo fundamental, que España quiere ser un socio constructivo y respetuoso, pero firme. Firme cuando vemos, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los altos niveles de impunidad, violencia y
restricciones a la libertad de expresión que impiden a la ciudadanía hondureña ejercer plenamente sus derechos. Firme también para exigir unas elecciones libres, limpias, transparentes y sin injerencias. La voluntad popular, toda la voluntad
popular, debe expresarse sin coacciones, pero también somos firmes en la cooperación. No basta con señalar los problemas, hay que ayudar a resolverlos.
Señorías, Honduras necesita acompañamiento, no tutela; necesita socios, no padrinos, y necesita, desde luego, ayuda para dejar atrás ese trato histórico de la región como el patio trasero de Estados Unidos. La comunidad internacional
-España incluida- debe trabajar con Centroamérica desde el respeto y la igualdad, con un compromiso sincero con los valores democráticos, no para influir partidistamente, sino para garantizar que la ciudadanía pueda vivir sin miedo y decidir su
futuro en libertad.
Como dijo José Luis Rodríguez Zapatero -vuelvo a mencionarlo en esta comisión-, la democracia y los derechos humanos no son negociables, son principios que deben respetarse siempre gobierne quien gobierne, y ese es exactamente el enfoque del
Grupo Socialista: la misma vara de medir para todos y todas. Defender la democracia en Centroamérica no es escoger aliados ideológicos, es defender a su ciudadanía, su libertad y sus derechos. Por eso somos coherentes y exigentes en Venezuela, en
Nicaragua, con Honduras y también con quienes, desde la extrema derecha regional o europea, ponen en cuestión los fundamentos democráticos. Nosotros defendemos principios, otros solo defienden a los suyos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.
Turno para la posición del resto de grupos.
Comenzamos con el Grupo SUMAR, y tiene la palabra el señor Guijarro.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
La señora Hoyo nos presenta una iniciativa sobre la República de Honduras. Ella afirma que no tiene ninguna voluntad injerencista y hace también una descripción del cuadro sociopolítico del país francamente compleja, puesto que es un país
que está pasando, efectivamente, por desafíos históricos muy importantes. Ahora bien, olvidar los dos siglos de historia republicana de este país y centrarse en las supuestas culpas del primer y único Gobierno progresista que ha tenido en estos
últimos años es un poco aquello de ver la paja en el ojo ajeno. Es decir, es no centrarse en los elementos estructurales que hacen de Honduras uno de los países más desiguales del mundo.
Habla, por ejemplo, de la distribución de la tierra. Señora Hoyo, no puedo estar más de acuerdo con el reparto absolutamente injusto que lleva padeciendo este país con respecto a la distribución de la tierra. Es uno de los problemas
estructurales centrales de la historia del país. Pero achacar esto al Gobierno de Xiomara Castro es un desconocimiento histórico de tamaño colosal. Precisamente, a nada que se estudie un poquito el proceso de colonización de España sobre esas
tierras se entenderá que gran parte de las injusticias que todavía arrastran estos países se originan en un reparto de la tierra promovido por procesos de colonización en los cuales nosotras como país estuvimos muy involucradas.
Los informes de Naciones Unidas ya han advertido sobre el deterioro significativo del espacio cívico en Honduras tanto por la prolongación del estado de emergencia -desde luego- como por los altos niveles de violencia e impunidad. Este
diagnóstico se vuelve especialmente relevante a pocas semanas de las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de noviembre, respecto de las cuales la ONU ya ha identificado algunos riesgos y deficiencias institucionales. Pero en un contexto tan
sensible como el hondureño, donde diversos informes han señalado intentos de ciertos sectores de la oposición de condicionar el clima electoral, de tensionar las instituciones y sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad del proceso, esta Cámara
debería extremar la prudencia. Nos parece que es especialmente importante evitar que el Parlamento español sea percibido como parte de esa estrategia de proyección internacional de actores que buscan apoyo externo para sus posiciones domésticas.
La señora Hoyo
hablaba de una posición -como he dicho- no injerencista, pero, claro, conviene subrayar con claridad que cuando el candidato expresamente mencionado en su iniciativa, el señor Tito Asfura, ha mantenido recientes reuniones con el señor Núñez
Feijóo -dirigente del grupo que hoy presenta esta PNL-, es difícil pensar que no hay una voluntad injerencista.
El Grupo Parlamentario SUMAR apoya los organismos internacionales que trabajan por elecciones libres, por instituciones sólidas y por la protección de los derechos humanos, pero es llamativo que el PP invoque la defensa de los derechos
humanos mientras en paralelo ha justificado y excusado, por ejemplo, la actuación del Gobierno de Israel en Gaza, desautorizando así a la Organización de las Naciones Unidas cuando denunciaba el genocidio, y acusando de hacer -decían ellos-
seguidismo de Hamás a quienes defendían el derecho internacional humanitario. No se pueden reclamar principios en unos escenarios y vaciarlos de contenido en otros.
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando.
El señor GUIJARRO GARCÍA: En fin, queda claro que no vamos a apoyar esta iniciativa, en tanto que nos parece que es una iniciativa de parte y que, desde luego, no tiene como voluntad un proceso democrático y transparente en Honduras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guijarro.
Cierra el turno de posiciones el Grupo VOX. Tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias.
Esta PNL trata de Honduras, cuya presidente desde 2022, Xiomara Castro, es una mandataria más de todos estos presidentes de repúblicas hispanoamericanas que pertenecen al Grupo de Puebla, como ya perteneció su marido, que fue presidente
entre 2006 y 2009, en estas dinastías que tanto gustan a la izquierda republicana: los Ortega, los Castro y ahora los Zelaya Castro. Bueno, también en Norteamérica, acordémonos de los señores Clinton, amantes de las dinastías. Bien, ¿qué quieren
ustedes que les diga? Que estamos de acuerdo con esta PNL, porque esta señora, la presidenta Castro, se caracteriza por lo mismo que todos los dirigentes hispanoamericanos que se unen en este llamado Grupo de Puebla, que tiene su antecedente en el
Foro de Sao Paulo y que recuerdo que fue una organización instituida en el año 1990 a iniciativa nada más y nada menos que del comandante Fidel Castro y del presidente Lula da Silva. Es decir, es una iniciativa comunista para extender la presencia
del comunismo marxista en la parte central y sur del continente americano. La presencia del comunismo en Hispanoamérica principia de una forma -vamos a decir- muy clara y con una cierta eficacia y éxito en 1959, con la llegada el día primero de
enero de ese año a La Habana de Fidel Castro, paradójicamente apoyado por los Estados Unidos. Luego, tiene una prosecución, de todos conocida, efímera en Chile en 1970 en el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y un poco más tarde, ya
en 1985, de una forma de nuevo neta de signo castrista en Nicaragua con el Frente Sandinista.
¿Qué significa esto? Lo que he dicho: el comunismo en estas naciones, ordinariamente, lo único que representa es incapacidad para la creación de riqueza y como se dice en la PNL del Grupo Popular: el estado de excepción, el desorden
civil, la criminalidad desatada y la persecución política. Esto es algo parecido a lo que hicieron el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos de la izquierda española durante la Segunda República, porque es que estos son
constantes en la historia contemporánea. Recuerden ustedes que durante la Segunda República la Constitución de 1931 no estuvo en vigor en su integralidad en ningún momento. Siempre estaba suspendida por algún motivo. Claro, es que esto de los
derechos fundamentales no gusta nada a la izquierda. No, no gusta nada.
Por tanto, esta iniciativa va a merecer nuestro apoyo porque, insisto, cifra en Honduras un fenómeno más grave, de mayor alcance, que nosotros creemos que hay que combatir seriamente. Me parece que en esta línea se encuentra -también en la
línea de su seriedad- el presidente Donald Trump, y que el señor Maduro está empezando a entenderlo.
Por último -y concluyo-, esto del mensaje del presidente Sánchez al Grupo de Puebla en el año 2023, cuando se reunió en la ciudad mexicana de la que toma nombre...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, debe terminar.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA: ... diciendo que agradecía sus aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social al Grupo de Puebla...
El señor PRESIDENTE: Cuando usted dice que finaliza siempre suma una reflexión más.
El señor SÁNCHEZ GARCÍA:... que agradezca menos las aportaciones y se dedique a esas mismas cuestiones en su patria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez. Decía que cuando usted dice que va a finalizar siempre suma una reflexión más.
Esta proposición del Grupo Popular la defendió la señora Hoyo. Hay una enmienda del Grupo Socialista. ¿La acepta o la rechaza?
La señora HOYO JULIÁ: Gracias, presidente.
Como estamos a menos de dos semanas de las elecciones y vemos necesario mandar un mensaje claro y con la mayor unanimidad posible...
El señor PRESIDENTE: Señora Hoyo, al grano, ¿acepta o rechaza?
La señora HOYO JULIÁ: Aceptamos la enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Hoyo.
- RELATIVA A LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN GAZA Y LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA FIRME DEL ESTADO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002557).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 9, relativa a la situación humanitaria en Gaza y a la necesidad de una respuesta firme del Estado español. La presenta el Grupo Socialista.
También hay una enmienda por parte del Grupo Popular.
Para la defensa de la PNL, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, la señora Maldonado.
La señora MALDONADO LÓPEZ: Buenos días.
Gracias, presidente.
El Grupo Socialista presenta en esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores -y no es la primera vez que lo hace- una proposición no de ley para traer un tema de actualidad que, por suerte, los medios de comunicación siguen también de
cerca y que consideramos que es uno de los grandes problemas en el ámbito internacional, en el mundo hoy. Lógicamente, hablamos de la Franja de Gaza y de la situación indiscriminada que está viviendo el pueblo palestino.
Como en otras defensas que también hemos hecho aquí sobre esta situación, queremos poner en valor las más de 65 000 personas que han perdido la vida en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre del 2023. En apenas dos años, más de 65
000 personas -entre mujeres, hombres, niños y niñas- han perdido la vida. Además, 165 000 han sufrido heridas de gravedad y más de 22 500 sufren lesiones que les han cambiado la vida y no podrán volver a ser las mismas personas. No hace falta más
que ver día a día los telediarios, las informaciones que nos envía la UNRWA y escuchar a los periodistas valientes -a los que también queremos mandar un mensaje de apoyo- que siguen de cerca el conflicto en el terreno y quieren seguir velando por la
verdad, aunque a veces es complicado por la situación en la Franja de Gaza. Esta situación es calificada como genocidio por expertos internacionales, no es que lo diga el Gobierno de España o el Partido Socialista, que también lo decimos, pero no
somos los únicos. Así lo dijo la relatora internacional de la ONU y la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, lo que está viviendo el pueblo palestino en su conjunto es un genocidio, y también lo dijo el
presidente Sánchez. Y me van a permitir unas palabras: Esto no es defenderse, esto no es ni siquiera atacar, esto simplemente es exterminar a un pueblo. Me parece lamentable que en el siglo XXI los países de la Unión Europea, la comunidad
internacional sigamos -desde nuestro punto de vista- tibios ante una situación de lesa humanidad. Así lo dirá el futuro, en mi opinión.
El pueblo español se ha manifestado en numerosas ocasiones para poner en valor los derechos humanos, el derecho a la vida y, sobre todo, el derecho de los menores a tener un futuro mucho mejor. Así lo hizo con la cancelación de la última
etapa de la Vuelta Ciclista a España, tras las movilizaciones de más de 100 000 personas en Madrid, que simbolizó un rechazo ciudadano al genocidio en la participación del equipo Israel-Premier Tech en esa competición. No caben declaraciones tibias
ni las comparaciones que han hecho algunos grupos parlamentarios en esta sede parlamentaria llamando al pueblo palestino gentuza, comparándolos con la kale borroka, en lo que lógicamente no vamos a entrar, porque el objetivo de esta proposición no
de ley es mandar un mensaje unánime otra vez a la comunidad internacional, a la Unión Europea, a los organismos internacionales. Ayer ya lo hizo el Consejo General de Seguridad con un comunicado a altas horas de la madrugada diciendo que sí, que
ponía en valor y que se daba luz verde por parte de la ONU a ese Plan de paz que inició Estados Unidos. Nosotros, como grupo parlamentario, ponemos en valor ese acuerdo de paz como única solución viable actual para el reconocimiento de esos dos
Estados palestino e Israel, y, sobre todo, para que acabe la violencia, para que acabe la guerra, para que acabe el maltrato que está sufriendo el pueblo palestino. Me parece que mandamos un mensaje inequívoco de este Congreso de los Diputados y de
esta Comisión de Exteriores. Por eso estamos negociando con el Grupo Popular, que ha presentado una enmienda, para que el mensaje de España sea único, porque creo que en este tipo de situaciones no caben medias tintas.
Como grupo parlamentario, expresamos nuestro respeto, admiración y solidaridad también con el pueblo palestino, con todas las asociaciones como la UNRWA, que están en el terreno todos los días intentando salvar vidas. Y, sobre todo,
enviamos un mensaje de que no todo vale, ni en la guerra; este es el mensaje que el Partido Socialista quiere mandar: ni en la guerra todo vale. Por eso, presentamos esta proposición no de ley, para que todos los grupos parlamentarios de este
Congreso de los Diputados se sumen a ella con el único objetivo de sumar esfuerzos y de que la guerra acabe cuanto antes.
Muchas gracias. (El señor Gutiérrez Prieto: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maldonado.
Había una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra, por un tiempo de tres minutos, el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor presidente.
Permítanme que exprese, en primer lugar, mi convicción profunda de que la paz entendida con mayúsculas no es solamente la ausencia de guerra, sino la construcción activa de un orden basado en el respeto mutuo, en la justicia, en la igual
dignidad, en la no discriminación, en la defensa radical de los derechos humanos. La paz comienza con la conciencia individual de cada uno, se expande a las sociedades y se consolida cuando somos capaces de rechazar cualquier forma de odio,
violencia o manipulación política de los conflictos. Este es el espíritu de la enmienda del Grupo Popular, frente a una proposición no de ley del Grupo Socialista que, lamentablemente, creo que no es equilibrada, no es útil ni creo que contribuya a
ese horizonte de reconciliación. No entiendo esta PNL, pienso que no persiguen la paz, sino la polarización. (Protestas).
Y menos la entiendo hoy, cuando, ayer, un órgano multilateral como es el Consejo de Seguridad de la ONU, con la abstención de China y de Rusia, aprobó el Plan de paz para Gaza, liderado por Estados Unidos. En un momento extremadamente
delicado, su propuesta ignora elementos centrales del Plan de paz para Gaza, un plan que treinta países -entre ellos, España- apoyaron y que sigue siendo hoy la hoja de ruta más realista, quizás de mínimos, para avanzar hacia la solución de los dos
Estados, hacia la seguridad compartida y hacia el desarme de los actores que alimentan el terror. Este plan marca pasos claros: alto el fuego, ayuda humanitaria plena, liberación de los rehenes, desarme de Hamás y transferencia ordenada del
control. Sin embargo, sorprende que el Grupo Socialista no mencione en su proposición no de ley a la organización terrorista Hamás, algo que no es un olvido, es una renuncia -creo que consciente- a señalar a este grupo terrorista que está
retrasando, entre otras cosas, la entrega de rehenes fallecidos, obstaculizando el inicio de la siguiente fase del proceso de paz.
Señorías, la paz exige también honestidad moral. Lo que no puede hacer el Grupo Socialista en el expositivo -también en la intervención que ha hecho sobre esta PNL- es justificar la violencia (la señora Maldonado López: ¿Perdona?), por
ejemplo, contra pruebas deportivas en nuestro país, sin investigar quién está detrás de estas acciones y que ha actuado con total impunidad. (Una señora diputada: ¡Por favor!). No podemos caer en la demonización colectiva, ni antipalestina, ni
antisemita, dinámicas que alimentan la confrontación entre personas, pueblos, naciones, países y que nos alejan de fines loables para conseguir la paz.
La enmienda del Grupo Popular sí apuesta por lo que creemos que funciona: alto el fuego inmediato, ayuda humanitaria plena, liberación incondicional de todos los secuestrados, condena de toda violencia contra civiles, rechazo de los
asentamientos ilegales, impulso a la solución de los dos Estados y defensa de los derechos humanos en Gaza, en Cisjordania y en Israel; apuesta en la línea del Plan de paz que ha aprobado el Consejo de Seguridad de la ONU. Señorías, paz con
justicia, paz con verdad, paz con humanidad, eso es lo que defendemos. Y pedimos que apoyen la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.-El señor Gutiérrez Prieto pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Señor presidente, pido, por favor, que se retire la expresión de que este Grupo Socialista ha justificado la violencia, porque no es verdad. Se podrá ver en el Diario de Sesiones que la portavoz del Grupo
Socialista en ningún momento la ha justificado, más bien todo lo contrario. Por favor, no se puede permitir eso, que al final es una ofensa y una acusación grave hacia el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez. Tomamos nota de sus palabras y luego lo repasaremos.
Es el turno para fijar posición del resto de grupos. Hay una petición del Grupo SUMAR. Tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Mostramos nuestro total acuerdo con esta proposición del Grupo Socialista sobre la necesidad de intensificar aún más el compromiso del Gobierno de España, que probablemente es el que más ha hecho hasta ahora en la Unión Europea por el pueblo
palestino y contra el genocidio. Pero es necesario aumentar la presión para parar ese genocidio contra el pueblo palestino, garantizar un Estado palestino viable y asegurar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Desde la firma del acuerdo plan de paz de Sharm El-Sheikh del 9 de octubre pasado, Israel lo ha incumplido, no han cesado las operaciones militares y bombardeos sobre Gaza. Se han provocado ya centenares de víctimas que añadir a esta
masacre, ya son más de 65 000 las personas exterminadas. Israel tampoco permite la entrada de la ayuda humanitaria acordada, manteniéndose la situación de hambruna en Gaza en grado 4 y en grado 5, el más grave de los posibles. Afecta a un total de
un millón de personas la hambruna como arma de guerra.
Ya advertimos que el alto el fuego y el plan de paz bajo el mandato de Estados Unidos eran difícilmente viables para una solución real a largo plazo. Nunca ha habido ni un mínimo reconocimiento ni la más mínima voluntad por parte de Israel
de respetar las resoluciones de Naciones Unidas ni un Estado palestino viable, porque eso pasa por el fin de la ocupación y de la limpieza étnica llevadas a cabo en Cisjordania y en Jerusalén este. Un millón de personas continúan desplazadas en
Gaza, siendo la mitad de ellas menores de edad. Esta situación ha sido calificada como genocidio por expertos internacionales, por la relatora especial de la ONU, por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas,
y exige una respuesta firme, clara y sin ambigüedades por parte de la comunidad internacional. También la Corte Internacional de Justicia ha declarado claramente que hay indicios de genocidio. El secretario general de la ONU, el señor Guterres, ha
declarado que la ayuda no es negociable, que la entrada de asistencia debe restablecerse de inmediato y que no debe haber ningún obstáculo a la ayuda humanitaria. Por eso es urgente el alto el fuego real, inmediato y permanente, la entrada
ilimitada de ayuda humanitaria y la ruptura de toda relación con un Estado, Israel, que perpetra un genocidio. Y hay que garantizar el cumplimiento estricto del real decreto ley de prohibición de compraventa y tránsito de armas hacia Israel y de
prohibición del comercio con los productos procedentes de los territorios ocupados por Israel, y seguir avanzando hasta una suspensión total de las relaciones comerciales y económicas mientras que Israel siga actuando como un Estado genocida. Todos
los rehenes en manos de los palestinos han sido entregados a Israel. Ahora le corresponde a Israel cumplir, liberando a los miles de secuestrados que mantiene en las prisiones bajo el eufemismo de 'detenciones administrativas', entre ellos mujeres,
ancianos y niños, sin juicio, sin sentencia, sin presentarles acusación. Y condenamos la aprobación por el Parlamento de Israel de una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos detenidos por resistirse a la ocupación de su tierra. Ahora
quieren también carta blanca legal para continuar el exterminio del pueblo palestino.
Lo que está ocurriendo en Gaza no puede quedar impune. Por eso España debe reforzar su apoyo a las investigaciones abiertas por la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional no puede tolerar que quienes ordenan y ejecutan un
genocidio queden al margen de responsabilidad. Por eso mostramos nuestro escepticismo con cualquier acuerdo de la comunidad internacional que no respete el derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino, que no obligue a Israel a cumplir
las resoluciones de Naciones Unidas y a retirarse de todos los territorios ocupados ilegalmente. Y denunciamos la intención de Israel de permanecer indefinidamente en la Franja de Gaza con el claro intento de anexionarse el máximo de ese
territorio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiago.
Estamos todavía en el turno de fijar posición por los grupos. Falta el Grupo VOX. Tiene la palabra el señor Asarta.
El señor ASARTA CUEVAS: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
La iniciativa que hoy debatimos está construida desde una visión parcial, ideologizada y sesgada que muestra una alarmante falta de equilibrio y responsabilidad en materia de política exterior. El texto exige un alto el fuego inmediato y
retoma la llamada solución de dos Estados, esto es un deseo aceptable por todos, pero ignora un hecho fundamental que no es otro que el que no puede haber paz mientras Hamás siga controlando Gaza. Señorías, pedir un alto el fuego sin eliminar antes
la infraestructura terrorista equivale a restaurar las mismas condiciones que hicieron posible la masacre del 7 de octubre de 2023. La PNL propone la liberación de los secuestrados, algo que ya se está haciendo, pero evita señalar al único
responsable del conflicto, que es Hamás. Igualmente, se pide a Israel facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la población civil -que por supuesto que en mi grupo estamos de acuerdo con ello-, pero no reconoce que Hamás confisca recursos, los
utiliza con fines militares y convierte a su propia población en escudos humanos. A este respecto, ¿qué controles existen para que la ayuda llegue a los que la necesitan y no terminan fortaleciendo directa o indirectamente a Hamás, convirtiéndola
en una herramienta política del grupo terrorista? Por otra parte, la insistencia en reconocer unilateralmente el Estado palestino es otro ejemplo de improvisación ideológica. En VOX rechazamos reconocer un Estado sin instituciones democráticas,
con corrupción estructural y con parte de su territorio controlado por organizaciones terroristas.
En cuanto a la UNRWA, y en línea con lo anterior, la iniciativa pide apoyo incondicional a la misma, cuando conocemos que es una agencia cuestionada por permitir la infiltración de Hamás en su organización. Solicitar más financiación para
esta agencia sin exigir reformas profundas nos parece una irresponsabilidad. Los autores de la iniciativa condenan los asentamientos israelíes, pero callan ante la violencia diaria contra civiles judíos en Cisjordania, y hablan del derecho
internacional de forma selectiva, exigiendo responsabilidades solo a una de las partes, lo que muestra un sesgo evidente.
Finalmente, la iniciativa propone convertir un festival cultural como es el de Eurovisión en una herramienta de presión diplomática, solicitando para ello la no participación de España en el caso de que participe Israel en el certamen. Esta
propuesta nos parece de un activismo infantil e impropio de un país serio. En esta línea, no podemos olvidar los boicots a la Vuelta Ciclista a España de 2025, donde grupos de manifestantes propalestinos bloquearon etapas, impidieron el normal
desarrollo deportivo y dañaron la imagen internacional de nuestro país. En VOX denunciamos que estas acciones, alentadas por discursos como el del Grupo Socialista, trasladan conflictos extranjeros a nuestras calles, perjudican a todos y convierten
el deporte español en rehén de causas ideológicas.
Señorías, esta PNL no es una propuesta de paz, es una declaración política sesgada, construida para satisfacer a la extrema izquierda y a los socios del Gobierno de la ultraextrema izquierda, aunque eso implique enviar al mundo una imagen
distorsionada y débil de España. Frente a este intento de instrumentalizar la política exterior, VOX defenderá siempre una posición basada en la firmeza, en la verdad, en la legalidad internacional y en la seguridad.
Termino, presidente. La paz no se construye premiando al terrorismo ni sacrificando la dignidad de nuestro país, sino con responsabilidad, claridad moral y defensa inequívoca de nuestros intereses nacionales.
Muchas gracias por el tiempo añadido. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Asarta.
Señora Maldonado, tenemos en este caso una enmienda del Grupo Popular, ¿la acepta o la rechaza?
La señora MALDONADO LÓPEZ: Estamos viendo con ellos una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Queda entonces pendiente la respuesta antes de la votación.
- RELATIVA AL 50.º ANIVERSARIO DE LA OCUPACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/002681).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la décima y última proposición no de ley, relativa al 50.º aniversario de la ocupación del Sáhara Occidental, presentada por el Grupo SUMAR.
El Grupo Popular también ha presentado una enmienda.
Para la defensa de la PNL, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde, del abandono por España del Sáhara Occidental sin concluir el proceso de descolonización, del inicio de la ilegal ocupación del Sáhara por Marruecos. La Dictadura franquista fue incapaz de
defender a los saharauis frente a la ocupación marroquí y tampoco garantizó que España cumpliera sus responsabilidades como potencia administradora de este territorio no autónomo. España permitió que Marruecos y Mauritania invadieran el Sáhara,
provocando el exilio de gran parte de la población saharaui y el inicio de una guerra que, con periodos de alto el fuego, dura hasta hoy. Las resoluciones de Naciones Unidas, aplicando el derecho internacional, impusieron a España, como potencia
administradora de iure, la obligación de contribuir a celebrar un referéndum que permitiese al pueblo saharaui ejercer de manera efectiva su derecho inalienable a la autodeterminación. Hasta hoy, España no ha asumido el mandato de la ONU en cuanto
a sus obligaciones como potencia administradora de un territorio pendiente de descolonizar. Y no podemos seguir abandonando al pueblo del Sáhara Occidental a la ocupación y al exilio en condiciones extremas en el desierto de Argelia.
La ocupación por Marruecos dura ya medio siglo. Las vulneraciones de derechos humanos, la represión, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias han sido sistemáticas, como acreditan los informes realizados por las
organizaciones internacionales. El pueblo saharaui sufre el ilegal expolio de los recursos naturales de su territorio, a pesar de la consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de otros países, como Sudáfrica, que
obliga a contar con la opinión de la legítima representación del pueblo saharaui, el Frente Polisario, para establecer cualquier acuerdo económico o comercial que implique al territorio o a los productos procedentes del Sáhara Occidental. Durante
estos años, Marruecos ha mantenido una intensa campaña de presiones a la comunidad internacional tanto en Naciones Unidas como en países con claros intereses geopolíticos en la región, como España, pero también Francia, el Reino Unido o Estados
Unidos. La estrategia de Marruecos ha sido impedir el referéndum de autodeterminación, impedir el funcionamiento de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara, la MINURSO, a la vez que califica su anexión del Sáhara Occidental como una solución
política realista y duradera. La solución de Marruecos será la más realista únicamente si la comunidad internacional y los grandes aliados de Marruecos continúan permitiendo que incumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Reconocer el derecho a
la autodeterminación del territorio y celebrar un referéndum es una obligación impuesta por el derecho internacional y por las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión del Sáhara Occidental. La anexión por la potencia ocupante será la
única opción que Marruecos acepte, solamente mientras la comunidad internacional se lo permita. Tiene el apoyo de larga data de Francia; desde la primera Presidencia de Trump, también tiene el acuerdo expreso de Estados Unidos, y,
desgraciadamente, desde 2022, también tiene el apoyo de España.
Defendemos el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, reconocido por el derecho internacional, por la Corte Internacional de Justicia, por múltiples resoluciones de las Naciones Unidas y por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Lo contrario ignora el sentir de la ciudadanía española, que defiende de manera abrumadora y mayoritaria el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a decidir libremente su futuro, condena la ocupación y apoya
masivamente a la población refugiada saharaui. El 31 de octubre de este año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha puesto en evidencia la capacidad de presión del Gobierno de Marruecos en alianza con la Administración Trump al introducir,
sorprendentemente, un argumento subjetivo de parte -en este caso, de Marruecos-, su referencia al realismo. Pero lo realmente importante de esta resolución del Consejo de Seguridad es que se prorroga el mandato de la misión para el referéndum del
Sáhara, la MINURSO,
reitera la legitimidad del pueblo saharaui y de su legítimo representante, el Frente Polisario, y defiende el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Había una enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Barrio.
El señor BARRIO BAROJA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, buenos días.
Si algo es importante reconocer es que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui sigue hoy más vivo que nunca. Las incomprensibles e inexplicables maniobras y virajes del presidente del Gobierno de España y la última resolución de
Naciones Unidas no han hecho otra cosa que reafirmar que es el derecho internacional -y en ese sentido, el derecho de autodeterminación de procesos de descolonización- la única salida legal, legítima y procedente. Por ello, cualquier negación de
ese derecho es una negación de la única fórmula acorde a una salida digna y humana a este contencioso que tiene su origen en la ocupación militar y en una insolvente descolonización. Todo eso no puede ser una sentencia definitiva para los
saharauis. Es una pena que esta proposición no de ley venga del Gobierno mismo; parece que viene de una parte del Gobierno que no pinta nada en él y que no ha tenido margen de actuación en un asunto como este.
Esto no tendría que haber sido solo una PNL, tendría que haber sido una actitud, un proceso dentro del Gobierno, una convicción, un plante incluso, porque Sánchez y Albares han tomado el pelo a este Congreso y también a sus socios, a los
fijos como ustedes, señorías de SUMAR, y a los coyunturales, como otros. Esta cuestión no es una decisión de política internacional, es una cuestión nacional, una posición de España. Los españoles mayoritariamente nos sentimos unidos a las y los
saharauis, menos Sánchez, y eso debería haber sido una respuesta en el propio Gobierno. En cualquier caso, hoy estamos aquí con un tema importante y relevante. Debemos, además, promover una enmienda de transacción en este sentido y creo que el
paso es muy relevante que lo haga esta comisión, que lo haga el Congreso de los Diputados, y ese esfuerzo lo hemos hecho.
Cincuenta años de la Marcha Verde, de los acuerdos tripartitos de Madrid, de la enfermedad y muerte de Franco, de la guerra con Marruecos y con Mauritania; es decir, un cúmulo de circunstancias que se volvieron contra el pueblo saharaui y
lo enviaron al destierro. El derecho internacional ha sido el mejor aliado del pueblo saharaui. Algunos, con sus actitudes, quieren que el derecho internacional deje de ser relevante para dar paso a una política de hechos que asuma una
insoportable solución en situaciones de ocupación militar y policial. Señorías, ayer en la Comisión de Cooperación al Desarrollo llegamos a un acuerdo importante sobre el apoyo al pueblo saharaui, sobre la base del apoyo humanitario; adoptamos
decisiones importantes en relación con el derecho humanitario, con el apoyo humanitario y otras cuestiones relevantes en un momento de grave crisis humanitaria, fundamentalmente en los campos de refugiados saharauis, pero también en los territorios
ocupados.
En ese sentido, planteamos junto con el Grupo SUMAR una enmienda de transacción que hemos presentado a la Mesa y a sus señorías y para la que pedimos su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrio.
Comenzamos con la posición de los grupos políticos. Tengo pedidos cuatro turnos de palabra.
Comienza, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidente.
El 2 de noviembre de 1975 el entonces príncipe Juan Carlos I aterrizó en El Aaiún y, en plena agonía de la Dictadura, prometió a los saharauis que España cumpliría sus compromisos y protegería los derechos de la población. Solamente tres
días después, el 6 de noviembre de ese mismo año, la monarquía marroquí lanzaba la Marcha Verde, que se convertiría en una marcha negra para el pueblo saharaui: 350 000 personas, escoltadas por el Ejército marroquí, cruzaron la frontera del Sáhara
mientras el Gobierno español se retiraba de forma vergonzosa y abandonaba a los ciudadanos saharauis a su suerte. Parece que al rey emérito se le ha olvidado esa parte en su biografía. Cincuenta años después, parece que la historia y las
traiciones se repiten.
La Resolución 2797 -redactada por los Estados Unidos y firmada por sus comparsas europeas- respalda el plan de autonomía marroquí como la opción más realista, sin mencionar siquiera el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Esto revela una vez más la traición de una comunidad internacional
encabezada por los Estados Unidos. Mejor dicho, más que comunidad internacional es el occidente colectivo. Además, la Unión Europea firmó en octubre un acuerdo comercial con Marruecos incluyendo recursos del Sáhara Occidental, en un
proceso completamente opaco que sigue expoliando la riqueza del pueblo saharaui.
Estas decisiones buscan claramente normalizar la ocupación y el colonialismo marroquí. Así, medio siglo después de la Marcha Verde, quienes prometieron paz y autodeterminación premian ahora a la fuerza ocupante, poniendo en evidencia una
vez más la hipocresía occidental. El Gobierno español, que efectivamente en 2022 cambió la posición histórica de España y apoyó el plan marroquí, se ha convertido -y nos duele decirlo- en un cómplice del expolio, alineándose con intereses
extranjeros y negando el referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui. Ha apoyado acuerdos que vulneran sentencias europeas y ha evitado referencias claras al derecho del pueblo saharaui. Detrás de años de resoluciones, propuestas de
acuerdos y diplomacia lo que hay, señorías, es una ocupación militar, una explotación económica y una represión política constante que vulnera los derechos de los ciudadanos saharauis que hace medio siglo tenían DNI de nuestro país.
En 1975, un régimen debilitado abandonó el territorio para salvar su supervivencia y en 2025 parece que este Gobierno sigue por la misma senda de abandono. Desde Podemos pensamos que nuestro país no puede mirar hacia otro lado, tenemos una
responsabilidad histórica que no prescribe y mientras el derecho de autodeterminación siga pendiente, mientras sigamos siendo potencia administradora, mientras el Sáhara no esté descolonizado seremos cómplices de una ocupación ilegal.
Señorías socialistas, no hay equidistancia posible entre un pueblo sometido y un Estado ocupante. Suelten ya de una vez la mano de Marruecos y de los Estados Unidos, vuelvan a la legalidad internacional y defiendan los derechos del pueblo
hermano, del pueblo saharaui.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Quiero reiterar el mismo posicionamiento que teníamos en la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que en parte trata sobre el mismo tema. Teniendo en cuenta que estamos ante el 50.º aniversario de la ocupación del Sáhara
Occidental por parte de Marruecos y Mauritania y teniendo también en cuenta lo que otros portavoces señalaban, el triste posicionamiento que ha tenido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recientemente al apostar por una solución de parte y
alejarse del derecho internacional y del derecho inalienable del pueblo saharaui a su libre autodeterminación, creemos que esta proposición no de ley es oportuna.
Se ha dicho también que España no es un Estado más ante el Sáhara Occidental, sino que es responsable directo de su situación actual. Por ello, no puede actuar como un Estado más, lavándose las manos y mirando para otro lado e incluso
apostando por esa solución de parte que fomenta Marruecos. Creemos que el Gobierno español debe corregir ese error que cometió en solitario en el año 2022 (el señor Sánchez García: ¿Pero qué error?) y que tiene que hacer caso a estas Cortes
Generales, que en numerosas ocasiones le ha pedido que vuelva a su posición anterior. No puede andar por libre tomando una decisión que no es la que tiene la mayoría de la sociedad ni la que tiene la mayoría de las Cortes Generales.
Suele repetir el Gobierno que España es el que más hace, el que más dona al Sáhara Occidental y creemos que esto no se solventa con enviar latas de atún. El Sáhara Occidental necesita apoyo político y apoyo diplomático, esto es, que sea
España la que represente también esos intereses del pueblo saharaui ante las organizaciones de Naciones Unidas. De igual forma, España no puede ser un Estado que intenta sabotear y saltarse las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, no le corresponde, sino que debe defender el derecho internacional, el derecho europeo y hacer caso a esas sentencias, incluso cuando no vayan a favor de sus intereses.
Dicho esto, acabo mostrando nuestra solidaridad al pueblo saharaui en este triste aniversario, pero también solicitando al Gobierno español que corrija la postura que tomó unilateralmente en marzo del año 2022.
Votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Seguimos con la fijación de posición de los distintos grupos.
Turno para el Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Asarta.
El señor ASARTA CUEVAS: Gracias, presidente.
El 6 de noviembre se cumplió el 50.º aniversario de la Marcha Verde, inicio de la ocupación marroquí del Sahara Occidental. Aunque algunos sostienen que España atravesaba una grave crisis por el inminente
fallecimiento del general Franco, por experiencia propia les puedo decir que no comparto esa interpretación. Lo cierto es que Marruecos aprovechó aquel contexto para ocupar el territorio saharaui. Desde entonces, los Gobiernos españoles
han incumplido sus responsabilidades como potencia administradora, facilitando el exilio de miles de saharauis, especialmente hacia Argelia, con vulneraciones de los derechos humanos y dejando la resolución del conflicto en manos de las Naciones
Unidas.
Señorías, viví personalmente los momentos previos a la Marcha Verde destinado como teniente en la III Bandera Paracaidista. Realizaba largas patrullas en una zona amplia y aislada, al mando de cuarenta hombres y varios vehículos. Sufríamos
hostigamientos frecuentes, con bajas y prisioneros capturados por el Frente Polisario, en ocasiones con la colaboración de saharauis de tropas nómadas o policía territorial. Les puedo decir que, para quienes estábamos allí, aquel territorio era
España y estábamos decididos a defenderlo.
Después de cincuenta años, el pueblo saharaui sigue bajo control de Marruecos, que no ha convocado el referéndum de autodeterminación previsto. La misión MINURSO permanece estancada sin avances. Marruecos nunca ha querido realmente ese
referéndum y, si llegara a convocarlo, sería cuando la población marroquí asentada garantizara un resultado favorable. El Sáhara Occidental es estratégico por sus recursos, especialmente los fosfatos. En las minas de Fos Bucraa -un yacimiento de
los más importantes del mundo- el 75 u 80 % de sus reservas son controladas por Marruecos. También es importante por sus valiosos bancos pesqueros. En este conflicto intervienen intereses, como ven, que superan a los de Marruecos.
El partido socio del Gobierno sostiene que el cambio de la postura española ha roto el mayor consenso de política exterior; nosotros, también. Este giro se produjo cuando en marzo de 2022 el presidente Sánchez apoyó el plan marroquí de
autonomía de 2007, calificándolo como la base más seria, realista y creíble. La Resolución 2797 de este año 2025 de la ONU refuerza ahora ese planteamiento. Para muchos españoles que defienden el derecho saharaui a decidir, condenan la ocupación y
apoyan a los refugiados, este cambio resulta incomprensible; para mi grupo, también.
La posición de mi grupo parlamentario ha sido siempre coherente. Para VOX lo esencial son los intereses y el prestigio internacional de España. No variamos nuestro discurso según los intereses políticos. Aunque coincidimos con los cuatro
puntos del petitum, sin embargo, denunciamos que el respaldo del presidente Sánchez al plan marroquí fue personal, unilateral y sin debate parlamentario, algo inaceptable en una política de Estado. Consideramos este proceder incompatible con la
democracia y lo interpretamos como una muestra de sumisión hacia Marruecos. En seguridad y migración, defendemos que España mantenga el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental hasta que se determine su estatus final y que la cooperación con
los campamentos saharauis se vincule a la lucha contra la inmigración ilegal. Asimismo, exigimos que España presione para que MINURSO garantice un censo no manipulado y que el referéndum, aunque tardío, sea transparente y supervisado
internacionalmente.
El señor PRESIDENTE: Señor Asarta.
El señor ASARTA CUEVAS: Voy terminando.
Una solución duradera requiere voluntad política real, garantías de derechos y un proceso creíble bajo auspicio internacional que permita superar cinco décadas de estancamiento.
Muchas gracias de nuevo, presidente, por el tiempo añadido. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Asarta.
Finaliza el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ PRIETO: Gracias, presidente.
Señorías de SUMAR, yo creo que hay muchos puntos en los que estamos y podemos estar de acuerdo con el contenido de su proposición no de ley. Estamos de acuerdo en lo que supuso la Marcha Verde y en la herida que ha marcado profundamente
nuestras relaciones exteriores durante más de cincuenta años. Podemos estar de acuerdo con la situación insostenible del pueblo saharaui; en el respeto pleno que hemos de tener a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en la
necesidad de la solución del conflicto conforme a lo establecido por las Naciones Unidas, que es un acuerdo mutuamente aceptado por las dos partes; también, en la obligación de todos y en todas partes de cumplir y respetar las leyes internacionales
y los derechos humanos. Es decir, en todo eso estamos de acuerdo.
También quiero recordar que España sigue siendo el principal donante internacional del Sahara, tanto en ayuda humanitaria como en otro tipo de acciones. Una partida que año a año va incrementándose desde que accedimos al Gobierno en el año
2018. Quiero recordar que por aquel entonces el Gobierno
de Mariano Rajoy destinaba 3 o 4 millones de euros para el Sahara; hoy destinamos más de 12 millones de euros y se ha incrementado en 4 millones de euros la ayuda humanitaria desde el año 2022. He de recordar también que España es y sigue
siendo el principal apoyo institucional del enviado especial para el Sahara del secretario general de las Naciones Unidas, al que ustedes mencionan en la transaccional que nos han propuesto con el Grupo Popular. En ese trabajo del señor Mistura
obviamente España es el principal apoyo político institucional. También quiero recordar que España es y sigue siendo un activo importante para que el diálogo y el acuerdo mutuamente aceptado de la solución que deben buscar las dos partes se impulse
en la Unión Europea, que durante muchos años, durante las últimas décadas ha estado congelado, sin moverse ni un solo milímetro en una perspectiva de solución en el corto o en el medio plazo. Por lo tanto, todas esas cosas las compartimos y,
además, quiero que quede constancia.
Ahora bien, no podemos compartir, porque no lo consideramos acorde con la verdad, que el Gobierno de España no tenga una política alineada con el derecho internacional. No podemos compartir, porque no creemos que sea acorde con la verdad,
lo que ustedes firman en la transaccional con el Grupo Popular, que España no tenga una política aliada con las resoluciones de la ONU o con la defensa de los derechos humanos. En eso consiste la transacción que ha firmado el Grupo SUMAR con el
Grupo Popular, que intenta -más allá de las conversaciones que posiblemente tienen en privado los dirigentes de Andalucía, Ceuta o Melilla con Marruecos- meterle el dedo en el ojo al Gobierno de coalición. Por lo tanto, no compartimos todo lo
anterior: no compartimos que el Gobierno no tenga una política alineada con el derecho internacional, con las resoluciones de la ONU o con los derechos humanos; más bien, al contrario. Insisto en que la posición del Gobierno está marcada en las
resoluciones que se han firmado en las Naciones Unidas, que siempre ha sido, siempre es y siempre será apostar por una solución acordada...
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez.
El señor GUITIÉRREZ PRIETO: ... en el seno de las Naciones Unidas y conforme al derecho internacional. Optar por alguna opción no significa imponer la opción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Esta PNL presentada por el Grupo SUMAR contaba con una enmienda del Grupo Popular. ¿Señor Santiago?
El señor SANTIAGO ROMERO: Aceptamos la transaccional, no la enmienda presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues se presenta luego la transaccional y se comparte con los grupos.
Hemos finalizado el debate.
Antes de comenzar la votación, me pide el letrado un par de minutos para ordenar la votación. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión.
Vamos directos a la votación.
DICTAMEN. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Primer punto, convenios internacionales. Acuerdo de Extradición entre el Reino de España y el Reino Hachemí de Jordania, hecho en Madrid el 5 de junio de 2025.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo, proposiciones no de ley. PNL relativa al proceso de diálogo de paz impulsado por el Gobierno de Colombia. La presenta el Grupo Bildu.
El texto que se vota es una transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto tercero, PNL relativa a la situación actual de la República de Georgia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Votamos una transaccional que se ha pactado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 4, PNL relativa a la adopción de medidas diplomáticas y política para restablecer las relaciones plenas con Argelia. La presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 5, PNL relativa al rechazo de la persecución que sufren los cristianos en Siria y la suspensión de los fondos de la cooperación española en aquellos en los que no se respete la libertad religiosa de los cristianos.
La presenta el Grupo VOX.
La votamos en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al punto número 6, PNL relativa al compromiso de España con la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en Afganistán. La presenta el Grupo Socialista.
La votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 7, PNL para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Honduras y la protección de los derechos humanos. La presenta el Grupo Popular.
Se aceptó una enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 4; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto número 9, PNL relativa a la situación humanitaria en Gaza y la necesidad de una respuesta firme del Estado español. La presenta el Grupo Socialista.
Votamos una transaccional.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 3; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, el punto número 10, PNL relativa al 50.º Aniversario de la ocupación del Sahara Occidental. La presenta el Grupo SUMAR.
Votamos una transaccional con el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 12; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Era la una y veintiocho minutos de la tarde.