CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 442

JUVENTUD E INFANCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR VALLUGERA BALAÑÀ

Sesión núm. 24

celebrada el jueves,

13 de noviembre de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre el objeto de la Subcomisión sobre el Estudio de un Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil (número de expediente 154/000008):


- De la señora Lafuente Funes, especialista en incidencia política de Educo. Por acuerdo de la Comisión de Juventud e Infancia. (Número de expediente 219/000506) ... (Página2)


- De la delegada de Infancia con Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI (Sastre Campo). Por acuerdo de la Comisión de Juventud e Infancia. (Número de expediente 219/000507) ... href='#(Página9)'>(Página9)

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Se abre la sesión a la una y ocho minutos de la tarde.


CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE EL OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE UN PACTO DE ESTADO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL (número de expediente 154/000008):


- DE LA SEÑORA LAFUENTE FUNES, ESPECIALISTA EN INCIDENCIA POLÍTICA DE EDUCO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA. (Número de expediente 219/000506).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, diputados, diputadas, diputats, benvinguts, bona tarda, buenas tardes.


Vamos a iniciar la sesión -después del Pleno, que ha sido bastante ligero- con las comparecencias de la Subcomisión por el Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil, que se realizan en sede de la Comisión de Infancia y
Juventud.


En primer lugar, doy la bienvenida a doña María Lafuente Funes, especialista en incidencia política de Educo, a quien voy a ceder la palabra. Les comunico que nos ha repartido una información que les haremos llegar a todos ustedes a través
de la secretaría.


Pero antes de que inicie su comparecencia les recuerdo los tiempos: la ponente tiene quince minutos para su exposición, cinco minutos los grupos parlamentarios del menor a mayor, y un nuevo turno de cinco minutos para que la ponente
responda a aquellas cuestiones que le hayan planteado y que quiera aclarar.


Cuando quiera, tiene la palabra.


La señora LAFUENTE FUNES (especialista en incidencia política de Educo): Muchísimas gracias, en primer lugar, a la presidenta y muchísimas gracias a la comisión por haber dado la oportunidad a Educo de comparecer hoy aquí, de hacer llegar
nuestras propuestas, nuestras recomendaciones, en el marco del trabajo tan relevante que están realizando de cara al estudio de un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil.


Educo trabaja en dieciocho países por los derechos de la infancia y la adolescencia y, en especial, por su derecho a recibir una educación de calidad, y en España llevamos más de una década trabajando para que el comedor escolar sea
reconocido como parte del derecho a la educación, elaborando informes para poner de relevancia las desigualdades existentes en este ámbito, abogando por el comedor universal y gratuito como parte del derecho a la educación y también trabajando con
proyectos de la mano de centros educativos para integrar el espacio comedor dentro del proyecto educativo de los centros y generando espacios de aprendizaje de calidad en entornos protectores e inclusivos.


En el marco del trabajo que están haciendo, que consideramos muy relevante y una gran oportunidad política para abordar la problemática que sabemos que tenemos a nivel estatal de pobreza infantil, no voy a dar muchos datos generales sobre
pobreza, porque sé que se han abordado de manera más que profunda en esta comisión, pero sí quería recordar unos breves datos que encienden todas las alarmas y que nos acaban llevando a reflexionar sobre la importancia de impulsar medidas efectivas
con impacto demostrado que realmente sean catalizadoras de soluciones y de una mejora de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. (Apoya su intervención en una presentación digital). Sabemos que el 34,6 % de la infancia vive en
riesgo de pobreza o exclusión, de acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida, pero también que el 7 % de niños, niñas y adolescentes no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días. Esto equivale
a más de medio millón de niños y niñas. Es decir, tenemos un reto importante también a nivel de garantizarles una alimentación saludable. Pero es que también sabemos que la problemática social y de salud, que es el exceso de peso y la obesidad
infantil, afecta de manera desproporcionada a quienes viven en situación de vulnerabilidad y de carencia. El último estudio de la AESAN hablaba de que casi el 47 % de niños y niñas de menor renta tienen exceso de peso frente al 29 % en las familias
de rentas altas.


Como les decía, esta situación, que vienen además analizando los últimos meses en esta subcomisión, nos llama la atención en cuanto a impulsar medidas efectivas, y ya hay evidencias más que suficientes, que voy a ir desgranando en mi
intervención, de que programas bien diseñados de comedor escolar suponen una palanca clave de equidad educativa, una palanca para la reducción de la pobreza y la obesidad infantil y también para la mejora de la convivencia y del bienestar emocional
en los centros educativos. Desde Educo llevamos años publicando anualmente un informe, que también les he traído -luego se lo entregamos-, que pone el foco en la situación de los comedores escolares a nivel de

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cobertura, a nivel de asistencia y cómo quienes están en riesgo de pobreza y exclusión pueden o no acceder. Es decir, hacemos una radiografía de los sistemas autonómicos de becas y de cómo está realmente la inversión en comedores escolares.
Como decía antes, cada vez hay más evidencia probada, tanto a nivel de estudios científicos como de evaluación de políticas públicas, sobre la eficacia de esta medida, y eso hace que cada vez más voces se sumen a apoyar esta política pública y
también cada vez, poco a poco, se vaya avanzando en las decisiones políticas, no solo voces que pedimos esto, sino decisiones políticas que demuestran que hay algunos Gobiernos apostando por ello, y esto se demuestra en la inversión. Como pueden
ver en este gráfico, la inversión en becas y el número de becas concedidas se ha incrementado considerablemente. El último año se dedicaron 642 millones a esta política, lo que supone un incremento de 100 millones con respecto al año anterior.
Pero esto no es suficiente. Los datos nos muestran que se sigue dejando a más de un millón de niños -1,3 millones de niños y niñas que viven en riesgo de pobreza- fuera del comedor escolar, sin beca de comedor, que solamente el 15 % del alumnado
está cubierto con beca de comedor y que la mayoría de las becas que se conceden son parciales, no cubren el precio completo del comedor, de media a nivel estatal cubren el 68 %, y esto supone que incluso muchas familias tienen que renunciar a la
beca porque no tienen la posibilidad de afrontar el gasto que supone el porcentaje de precio que tienen que pagar. Por los estudios que hemos realizado desde Educo, sabemos que la principal barrera de acceso es la económica. En el último curso del
que tenemos datos oficiales, que es el curso 2023-2024, la asistencia al comedor en primaria pública fue del 49 % y, en cambio, sabemos, por estudios que hemos realizado con familias, que el 75 % declara que llevaría a sus hijos al comedor escolar
si fuera gratuito. Además, no podemos olvidar que hay una gran brecha en el caso de adolescentes, que tienen necesidades específicas de esta etapa, y solamente casi el 3 % de quienes cursan Educación Secundaria en centros públicos asiste al
comedor. Sabemos que en la mayoría de los institutos no hay comedor. Además, aquí hay una brecha muy importante entre educación privada, concertada y pública, dado que el alumnado que va a secundaria en educación concertada y privada tiene tasas
muchísimo más altas de asistencia al comedor y, por tanto, de disfrute de los beneficios que tiene este espacio.


Como decía, desde Educo defendemos el espacio comedor como un enclave de derechos y un espacio de garantía del derecho a la alimentación y del derecho a la educación. Si prestamos atención a este gráfico, vemos la enorme brecha que hay
-también se lo daré después- entre el porcentaje de población infantil que está en situación de pobreza y el porcentaje de población que está cubierto con las becas escolares. No podemos permitirnos que en más de la mitad de los territorios la
brecha sea de más de 20 puntos entre los niños y niñas que viven en situación de pobreza y los niños y niñas que reciben beca de comedor. Hay evidencias ya, como decía, tanto de evaluación de políticas públicas como de estudios académicos, que
demuestran el potencial de este espacio, que programas bien diseñados de comedor escolar tienen beneficios múltiples a nivel de la sociedad. Sabemos que supone un incremento de la protección social en infancia y familias, sabemos que mejora los
aprendizajes, que es una llave para la equidad educativa y pensamos, como también se ha puesto en evidencia en sesiones previas de esta comisión, que una de las prioridades en este pacto de Estado tendría que ser esa equidad educativa que amplía
oportunidades para los niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También mejora indicadores de salud, de nutrición y es un factor de conciliación familiar y laboral, que sabemos que a su vez es también una palanca para salir
de situaciones de pobreza. Pero es que además también hay estudios que demuestran que la escuela es un espacio idóneo para aplicar políticas universales. Se puede aprovechar que niños, niñas y adolescentes están muchas horas del día en ese
espacio, que es un espacio en el que pueden tener garantizada una alimentación saludable, y se evita lo que pasa en muchas políticas sociales, que es el fenómeno del non take up, que hay que ir a buscar a los potenciales beneficiarios que no llegan
a poderse beneficiar de estas políticas. En cambio, la escuela es un espacio privilegiado para esto. Podríamos hablar también de experiencias relevantes a nivel de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, en el marco de los países OCDE, de
países que ya tienen el comedor universal y gratuito y otros países que garantizan la gratuidad del comedor para la población infantil y adolescente que está en riesgo de pobreza y exclusión. También quería mencionar que este rol relevante de los
comedores escolares ya se reconoce en varias políticas públicas a nivel estatal. El Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea, el Plan para la Reducción de la Obesidad Infantil o la Estrategia Nacional de
Prevención y Lucha contra la Pobreza reconocen el rol estratégico de los comedores escolares y, en concreto, la Garantía Infantil Europea reconoce, entre los derechos básicos

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a ser garantizados para la población infantil en riesgo de pobreza y exclusión, al menos una comida saludable por día lectivo.


Por ello, traemos cuatro propuestas muy concretas que recomendaríamos que fueran incluidas en este pacto de Estado, aprovechando la oportunidad política que supone para incrementar la inversión en derechos de infancia. Sabemos que a nivel
estatal no llegamos a los niveles de la Unión Europea en inversión en infancia y en políticas de educación, y pensamos que esta sería una gran oportunidad que habría que aprovechar. En primer lugar, querría dejar claro que en Educo apostamos por el
comedor universal y gratuito, y hemos hecho los números. Para cubrir el comedor universal para cada curso escolar harían falta casi 6200 millones de euros, lo que equivale al 0,39 % del PIB. Sabemos que el gasto actual en educación es del 4,2 %,
inferior a la media de la Unión Europea e inferior a países referentes en calidad educativa como son Suecia o Finlandia que, además, garantizan el comedor universal para toda la etapa de educación obligatoria. Siendo conscientes de que la inversión
es importante y que la universalidad, si se consigue el consenso, demandará etapas para su consecución, sabemos que hay que asegurar de forma urgente el comedor escolar para el alumnado que está en riesgo de pobreza o exclusión, que ahora mismo vive
en una situación de carencia. Para ello, consideramos que sería estratégico asignar, en el marco de este pacto, recursos estatales para garantizar este acceso al comedor escolar y establecer los consensos también para la mejora de los sistemas de
becas autonómicos a corto plazo. Hay que invertir más, pero hay que invertir mejor para que se superen las brechas que actualmente se encuentran y las exclusiones que vemos, ya sea por trámites burocráticos o por criterios en las baremaciones.
Sabemos que más de la mitad de los niños y niñas que están en riesgo de pobreza se quedan fuera de las becas de comedor. También hemos hecho los números en este caso y sabemos que para cubrir con becas del 100 % al alumnado que ahora mismo vive en
riesgo de pobreza o exclusión harían falta 1500 millones de euros.


Además, para que estas dos intervenciones sean realmente efectivas, sabemos que hay que asegurar intervenciones estratégicas transversales y, en primer lugar, generar los consensos necesarios para que el comedor escolar sea reconocido como
parte del derecho a la educación. Esto implica un compromiso político y también inversiones clave para garantizar que el comedor se integre en los proyectos educativos de los centros y para garantizar que la alimentación que se da es saludable y
sostenible. Se han dado pasos decididos en este sentido con la aprobación en el mes de abril del Real Decreto 315/2025. También para asegurar que es un entorno de protección, buen trato y participación infantil, por supuesto, y que el personal que
trabaja en el espacio comedor sea reconocido, formado y trabaje de manera alineada con el personal de los centros educativos. Asimismo, se requerirá inversión en infraestructuras. Como decía antes, la mayoría de los institutos no tienen comedor y
todavía tenemos un 15 % de los centros de primaria que no tienen comedor. Son inversiones en infraestructuras que es imprescindible hacer. Además, debemos abordar la problemática de secundaria; hay que asegurar que la adolescencia no se queda
fuera de este espacio, que tiene tantas ventajas y que es garantía de derecho a la educación y del derecho a la alimentación.


La cuarta propuesta que queríamos traer es que tenemos que visibilizar que la infancia y la adolescencia que vive en situación de vulnerabilidad normalmente está en mayor situación de desprotección durante las vacaciones escolares. Es un
periodo muy largo en el mes de verano, pero sabemos que a lo largo del año también hay días que no son lectivos, y una encuesta que lanzamos en Educo en el mes de junio nos indicaba que solo el 36 % de quienes tienen beca comedor durante el curso
van a campamentos o actividades que aseguren su alimentación de una media de quince días. Es decir, tienen un periodo enorme de tiempo descubierto cuando se les ha reconocido durante el curso lectivo que necesitaban el apoyo para el comedor
escolar, es decir, esa necesidad la siguen teniendo en los periodos no lectivos. Hay ya políticas públicas que han reconocido esta necesidad, tanto el Plan de Garantía Infantil Europea como la Estrategia Estatal de Derechos de Infancia y
Adolescencia reconocen esta necesidad, y en Educo pedimos que se continúe este apoyo a la alimentación durante periodos no lectivos y también garantizar al menos quince días de actividades de ocio educativo durante el verano para los niños y niñas
que viven en riesgo de pobreza o exclusión. Pensamos que estas medidas no pueden quedar fuera de un futuro pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil porque es parte de las complicaciones que tienen que afrontar los niños y niñas
que están en situación de mayor vulnerabilidad en nuestro Estado.

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Muchísimas gracias por su escucha. Estoy pendiente de las intervenciones y dispuesta, por supuesto, a ofrecer cualquier información adicional que sea requerida.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Lafuente. Su intervención ha sido muy interesante.


Seguidamente pasamos al turno de los grupos parlamentarios.


En primer lugar, tiene la palabra el diputado González López pel Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.


Quan vulgi, Nahuel.


El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Moltes gràcies, presidenta.


Seré muy breve, simplemente quería agradecer a Educo su comparecencia y compartir, en esencia, su intervención. Creo que va a quedar claro en las intervenciones del resto de grupos parlamentarios que dentro de este pacto de Estado es
necesario abordar el tema de los comedores escolares y la importancia que tiene para la vida estructural de cualquier niño o niña de nuestro país. Coincidimos en que incorporarlo también desde el ámbito escolar es una prioridad de cara a erradicar
la pobreza infantil. Es una cuestión básicamente de igualdad, porque cuando hablamos, como has dicho, de comedores no hablamos de menús, sino de oportunidades a la hora de crecer, de hábitos saludables e incluso de salud mental en los niños y
niñas, y somos conscientes de que en nuestro país, a pesar de los avances, sigue habiendo falta de becas, copagos difíciles y, como has dicho, una desigualdad territorial que se debe abordar en este pacto de Estado para que implemente un mínimo de
compromiso en materia de becas y de comedores escolares sanos y seguros para los niños y para las niñas.


Nosotros cuando gobernamos en Valencia, en el primer y en el segundo Botànic, incorporamos una ampliación de becas y la gratuidad para decenas de miles de niños y niñas, y pensamos que ese es el modelo que se debe seguir en todos los
territorios. Como has dicho, también celebramos el Real Decreto 315/2025. Pensamos que es un paso fundamental. El ministro Bustinduy tenía clarísimo que era necesario aplicar los hábitos saludables a los comedores escolares y esperemos que se
pueda implementar lo más pronto posible, incluso durante este año, para que en todos los colegios de nuestro país los hábitos saludables sean prioritarios y para que ningún niño o niña se quede sin el derecho a un comedor escolar.


Por lo tanto, incorporamos su intervención, nos parece que se debe asumir como parte del pacto de Estado y agradecemos su comparecencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, diputat.


Seguidamente, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el diputado Robles López, Joaquín.


El señor ROBLES LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias a la compareciente.


Solamente quería plantearle una serie de cuestiones cuya respuesta desconozco y que creo que usted me podrá responder. Quería saber, dado que la mayor parte de los comedores escolares funcionan mediante catering, es decir, con una empresa
externa, si tiene usted datos acerca de cuál es el precio medio de ese menú y de quién controla la calidad de los menús. Es decir, qué mecanismos de control tienen las Administraciones, ya sea el propio colegio o las Administraciones municipales o
autonómicas, para controlar la calidad de los menús.


Otra cosa que quería preguntarle es cómo se puede medir y qué impacto económico tiene la existencia de niños con intolerancias alimentarias o alergias, ya que ha aumentado considerablemente el número de niños celíacos, etcétera. Me
preguntaba cuál es la incidencia en términos económicos de ese porcentaje cada vez más importante de alumnos.


Por último, una cuestión que le quiero plantear es cuál es su postura acerca de la exigencia de las familias musulmanas de que se ofrezca un menú halal dentro de los menús que se ofrecen en estos servicios de catering, si cree usted que es
un derecho que hay que respetar por encima de todas las cosas y si ese derecho implica, como ha sucedido en Ceuta y en Melilla, que se prohíba también a los alumnos españoles comer cerdo, cosa que ha ocurrido en los comedores escolares de estas dos
ciudades. También me gustaría saber exactamente el impacto económico de esa medida que, como digo, en principio, es un

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poco problemática, teniendo en cuenta que la libertad o los derechos de unos no pueden comprometer la libertad de los demás.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada Cobo.


Cuando usted quiera.


La señora COBO CARMONA: Muchas gracias, presidenta.


Gracias a María y a la fundación Educo por venir a esta comisión a traer luz y una información que es absolutamente necesaria. El Grupo Parlamentario Socialista propuso su participación porque conocíamos su buen hacer en Andalucía.
Sabíamos el trabajo que están llevando a cabo tanto allí como en dieciocho países y en toda España y teníamos muy buenas referencias. Además, sabíamos que se habían centrado mucho en comedores escolares, pero también en adolescencia, una etapa que
es fundamental. Así que gracias por su mirada y por su experiencia, que son esenciales para esta comisión.


Me gustaría hacer una reflexión, y es que el trabajo que hacen ustedes creo que a veces pasa desapercibido, porque nos centramos mucho en los datos y en la pobreza que sufre la infancia. Ser pobre a los 3 años es absolutamente un drama,
pero ser pobre a los 11, a los 12 o a los 16 es otra cosa: es ser pobre y, además, ser consciente de que eres pobre. Ser plenamente consciente de que lo eres es algo muy duro. En una etapa en la que la mirada ajena te marca por la necesidad de
pertenecer siempre a un grupo, en un mundo en el que todos exhiben lo que tienen, un adolescente en pobreza concentra toda su energía en ocultarse. Oculta su ropa, oculta su casa, oculta su comida, su móvil, pero, sobre todo, oculta la inseguridad
y el miedo a no encajar. Este esfuerzo constante por disimular la pobreza es una carga emocional devastadora, una carga que ningún adolescente debería soportar. Yo creo que, si no somos conscientes de esto y no nos lo tomamos con la verdadera
seriedad que merece este pacto -la mayoría de los grupos lo toma en serio menos uno-, no sabremos muy bien ni dónde estamos ni para qué estamos aquí. Por eso, es importante trabajar en este pacto de Estado y que estemos todos en la misma dirección.


Quería hacer otra reflexión. Estamos hablando de la pobreza infantil, que se mantiene de forma permanente, y estamos hablando, por ejemplo, de los colegios, de los comedores escolares, de las becas de comedor, y ahí quien tiene las
competencias son las comunidades autónomas. Yo soy andaluza y me pregunto, de verdad, con ánimo constructivo: en Andalucía, en 2013, cuando teníamos en toda España 6,2 millones de parados, en plena crisis económica y con unos datos de destrucción
de empleo y también de desempleo horribles, ¿cómo es posible que en esa etapa la tasa de pobreza -en Andalucía- fuera en torno al 38 % y que, tras más de una década de crecimiento económico y con mayor presupuesto -ahora Andalucía presente unos
presupuestos que son los mayores de la historia, 51 000 millones de euros; ayer lo decía el presidente, porque a Andalucía y al resto de las comunidades autónomas han llegado 300 000 millones de euros más de financiación, más de 50 000 solo para
Andalucía en estos últimos años-, no seamos capaces de reducir esa tasa de pobreza?


Es verdad que tenemos datos e informes que nos dicen que, si no fuera por las medidas del Gobierno, habría en España once millones más de personas en riesgo de exclusión o de pobreza. Al final, si uno lo mira, ve que las políticas que están
llegando a las comunidades autónomas son el ingreso mínimo vital, que solo en Andalucía llega a más de 97 000 hogares con menores; se han reforzado ampliamente las becas de comedor, pero en cambio, en los gráficos que usted acaba de mostrar vemos
que la brecha en Andalucía es de un 19 % de niños y niñas que reciben becas de comedor escolar frente a más de un 40 % de pobreza infantil. Tenemos la mayor brecha de España. Sigue manteniéndose la ayuda a la crianza. También sabemos que, por
ejemplo, la subida del ingreso mínimo vital, al tener Andalucía un empleo muy basado en el sector servicios y con sectores quizás más precarios, tuvo un impacto más importante que en otras regiones de España. En cambio, no conseguimos que eso sea
así. Quizás, es de las medidas más importantes que debería tener en cuenta el presupuesto de Andalucía. Esta mañana, en el buscador del presupuesto de la ley de presupuestos de Andalucía para el próximo año, he puesto la palabra 'pobreza' y no
aparece ni una sola vez. Por eso, si tenemos un momento de crecimiento en España, si tenemos más recursos, si el Gobierno de España está derivando más recursos que nunca a las comunidades autónomas, me gustaría preguntarles a las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular, en este caso, a Andalucía -no lo olvidemos: la región con mayor tasa de pobreza en

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toda España-, dónde están las políticas propias, dónde está la ambición autonómica, dónde está la urgencia que merece esta realidad. Desde luego, no están en el Gobierno de Moreno Bonilla.


Termino como empecé agradeciendo a Educo su aportación y recordando que creo que deberíamos levantarnos cada día pensando en eso, en que ningún adolescente debería vivir escondiendo quién es.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la diputada Pérez Recuerda.


Cuando usted quiera.


La señora PÉREZ RECUERDA: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señora Lafuente, por comparecer hoy en esta comisión y por los más de treinta años que llevan trabajando por los derechos, la protección y el bienestar de los niños y de los adolescentes.


Educo está presente en más de dieciocho países y ha hecho de la educación de calidad su herramienta esencial para romper el ciclo de la pobreza. Su labor acompañando a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza o falta de
oportunidades es un ejemplo de compromiso constante y eficaz dentro y fuera de nuestra frontera.


En Andalucía, se ha aumentado el presupuesto del servicio de comedor escolar hasta más de 87 millones de euros, lo que supone un incremento del 27 % respecto al anterior. Señorías, cuando hablamos de pobreza infantil, no estamos hablando de
cifras, estamos hablando de vidas reales, de niños y niñas que van al colegio sin desayunar, de familias que no pueden pagar el material escolar y de adolescentes que abandonan sus estudios porque no ven un futuro posible. Eso, en un país como
España, no puede ser normal. Más de un tercio de nuestros menores viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Son cifras que deberían avergonzarnos a todos y que exigen una respuesta del Estado, que no de partido. En el Partido Popular
creemos que la lucha contra la pobreza infantil requiere una estrategia integral y sostenida en el tiempo, basada en tres pilares fundamentales, como son la educación, el empleo y la familia. Primero, la educación, porque es la gran herramienta de
igualdad. Hay que reforzar las becas, garantizar los comedores escolares, reducir la brecha digital y apoyar el aprendizaje desde la primera infancia. Segundo, el empleo, porque la mejor política social es un trabajo de calidad, digno y estable.
Digo de calidad porque la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social señala en su último informe que hoy tener un trabajo no te quita de la pobreza. Esto refleja que el trabajo que se crea actualmente es precario, de ahí que
exista tanto pluriempleo. Y, tercero, la familia, porque es el primer escudo frente a la pobreza. Según el primer informe del CIS sobre fecundación, el 77 % de los jóvenes quieren tener hijos, pero no pueden por motivos económicos. De hecho,
aquellos que los tienen no pueden darles unas condiciones adecuadas como, por ejemplo, calefacción en invierno, ciertas comidas a la semana, etcétera. Necesitamos medidas que ayuden a conciliar, que alivien la carga fiscal y que apoyen a quienes
crían y educan. Educo nos recuerda algo muy importante: La pobreza infantil no es solo falta de recursos, sino también falta de oportunidades. Por eso, invertir en la infancia no es un gasto, es una inversión justa y rentable, porque cada euro
destinado a los niños se traduce en más cohesión social, en más igualdad y en más futuro.


También queremos destacar la importancia de la colaboración con las organizaciones del sector. Las ONG como Educo llegan donde a veces la Administración no llega, complementan la acción pública y generan innovación social. En este sentido,
nos gustaría plantearle algunas preguntas. Desde su experiencia internacional, ¿qué políticas o modelos de otros países podrían inspirar a España para reducir la pobreza infantil? ¿Qué medidas concretas cree que son necesarias o cuáles hay que
mejorar? Porque actualmente funcionan de manera defectuosa. En consecuencia, ¿considera que las ayudas actuales, como el ingreso mínimo vital o las becas educativas, están logrando llegar realmente a familias con mayores dificultades o persisten
barreras de acceso y tramitación? ¿Qué papel creen ustedes que debe desempeñar la escuela, junto con las entidades sociales, para detectar y prevenir la pobreza infantil desde las primeras etapas educativas?


Y concluyo ya, presidenta. Si queremos un país más justo y con futuro, debemos empezar por garantizar que ningún niño quede atrás, que todos tengan las mismas oportunidades para aprender, crecer y soñar.

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Muchas gracias, señora Lafuente, por el trabajo que llevan a cabo, porque la educación es el salvavidas más importante y más poderoso contra la pobreza y, mientras un solo niño en España viva sin oportunidades, este Parlamento tiene la
obligación moral de actuar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada.


A continuación, tiene usted cinco minutos -si es un poco más, tampoco pasa nada, porque vamos muy bien de tiempo- para responder las preguntas y cuestiones que se han suscitado.


La señora LAFUENTE FUNES (especialista en incidencia política de Educo): Muchas gracias por todas las intervenciones.


Paso a contestar algunas de las preguntas. Me parece que, como se ha mencionado y como he dicho en mi primera intervención, la situación de pobreza infantil que tenemos -los datos lo marcan- demanda acciones urgentes, consensos políticos e
implementar medidas eficaces. Desde Educo, como ya les he dicho, ponemos el foco de una manera muy especial en este marco. Hemos querido poner el foco en lo estratégico, que es invertir en el espacio comedor para niños, niñas y adolescentes. Nos
parece muy importante resaltar esta etapa de la adolescencia -como se ha dicho también-, porque a menudo queda bastante olvidada cuando hablamos de derechos y de políticas de infancia, y es una etapa fundamental. También lo es la primera infancia.
Y no quería dejar de mencionar, como otra intervención estratégica, la educación de 0 a 3. El acceso a la educación de 0 a 3, el acceso a educación en la primera infancia y a servicios de cuidado y educación de calidad, es también una política
pública fundamental para garantizar los derechos de la infancia y para la reducción de la pobreza infantil; no quería dejar de mencionarlo.


En cualquier caso, la adolescencia a menudo queda invisibilizada cuando hablamos de infancia, y realmente enfrenta vulneraciones de derechos muy importantes. En concreto, en el tema que he puesto de relevancia aquí -los comedores
escolares-, los adolescentes y las adolescentes están de alguna manera bastante olvidados y necesitamos urgentemente abordarlo, porque tiene muchas problemáticas implicadas: la soledad cuando vuelven a casa o la falta de acceso a una alimentación
saludable; hay muchas problemáticas que podríamos abordar con más tiempo.


Por supuesto que consideramos que la escuela es un espacio privilegiado para garantizar los derechos de la infancia y para abordar todas estas problemáticas. Por eso he dado datos de inversión que consideramos que hay que abordar y sobre
los que hay que establecer consensos para incrementar la inversión, tanto en políticas educativas como en políticas de protección a la infancia y a las familias.


Y abordo la pregunta sobre el precio medio del comedor. A nivel estatal, dicho precio es de 5,47 euros. Hay mucha diferencia entre unas comunidades autónomas y otras, pero después les entregaré el informe en el que podrán encontrar el
detalle. Y sobre el tema de la adaptación de menús, el real decreto que mencionaba antes contempla la adaptación de menús por motivos culturales, de salud o religiosos. Por tanto, ahora mismo esto es ley y es algo a lo que tienen derecho niños,
niñas y adolescentes: a que se les adapte el menú en función de sus necesidades, como decía, tanto por motivos de salud como culturales o religiosos.


En cuanto a la adolescencia, no quería dejar de mencionar que lanzamos un informe en el mes de octubre -espero que lo hayan recibido, porque lo hemos enviado a toda la comisión- que recoge la voz de chicos y chicas adolescentes sobre su
experiencia en el comedor en primaria. Para nosotros, este informe ha sido un hito importante, porque evidencia la importancia de esta política pública. Contamos con la experiencia de Educo porque lo trabajamos con los centros educativos, pero
también queríamos mostrar la voz de niños, niñas y adolescentes. Sus opiniones son muy relevantes y los animo a tenerlas en cuenta. En Educo pensamos que la participación infantil, escuchar sus voces, tiene que ser prioritario a la hora de definir
las políticas públicas que les afectan.


Sin más, los animo a generar esos consensos. La problemática que nos ocupa es de primer orden. No podemos permitirnos, como sociedad, estos niveles de pobreza infantil y de exclusión social en niños, niñas y adolescentes. Hay evidencias
suficientes de políticas de impacto que nos pueden ayudar a atajar esta problemática; están ahí los datos. Les dejo documentación que aborda específicamente el tema de comedores escolares. Estaremos, por supuesto, a su disposición para dar un
mayor detalle, para la discusión, para analizar propuestas que se puedan incluir en el pacto de Estado, para afinar presupuestos. Sabemos que la asignación presupuestaria es imprescindible. Nada podría ser más triste que el pacto de Estado se
quedara en una declaración de intenciones. Queremos que sea una apuesta firme y decidida, y para ello tiene que implicar también asignación presupuestaria.

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No les robo más tiempo. Muchísimas gracias. Estamos a su disposición. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña María Lafuente Funes.


De todos modos, no nos ha robado tiempo, nos ha regalado conocimiento, y se lo agradezco mucho. Será usted bienvenida otra vez, cuando quiera.


Suspendemos la sesión dos minutos para recibir al siguiente compareciente. (Pausa).


- DE LA DELEGADA DE INFANCIA CON DISCAPACIDAD DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (SASTRE CAMPO). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD E INFANCIA. (Número de expediente 219/000507).


La señora PRESIDENTA: Retomamos la sesión.


Damos la bienvenida a la segunda compareciente, la última de esta tarde, que corresponde a la representante del CERMI; todos conocemos muy bien su actividad y su importancia en la confección de la legislación. Por tanto, doy la bienvenida
a doña Ana Sastre Campo, que es la delegada de Infancia con Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, a saber, CERMI.


Recuerden que la ponente contará con quince minutos, y los portavoces de los grupos parlamentarios, con cinco.


Benvinguda. Bienvenida. Empezamos con la comparecencia cuando usted quiera.


La señora DELEGADA DE INFANCIA CON DISCAPACIDAD DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Sastre Campo): Señora presidenta, señoras y señores diputados, miembros de la Comisión de Juventud e Infancia,
gracias.


Comparezco hoy ante ustedes en mi calidad de delegada de Infancia con Discapacidad del CERMI. Mi propósito es exponer con claridad la grave situación de vulnerabilidad y pobreza que afecta de manera desproporcionada a los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en España y, sobre todo, presentar una hoja de ruta con propuestas para su erradicación, con la esperanza de que sean acogidas en el seno del pacto de Estado que esta comisión tiene el mandato de forjar.


Nuestra intervención ante esta comisión no parte de una aspiración, sino de un mandato que ahora compartimos, inequívocamente plasmado en el artículo 49 de nuestra Constitución. La reciente reforma de este artículo ha supuesto un hito
histórico, alineado con un enfoque de derechos humanos, que establece una obligación reforzada e ineludible para todos los poderes públicos. El texto, inequívocamente, en su segundo apartado señala que se atenderán particularmente las necesidades
específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Este precepto no es una mera declaración de intenciones, es un mandato directo que exige una acción política decidida, priorizada y dotada de recursos suficientes. Nos obliga a superar
enfoques más asistencialistas para consolidar un sistema de garantías que asegure la igualdad de oportunidades y la inclusión real. Este deber constitucional se ve reforzado por las obligaciones internacionales que España ha suscrito tanto en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en la Convención sobre los Derechos del Niño. La lucha contra la pobreza de la infancia con discapacidad no es, por tanto, una opción política, sino un imperativo
legal y de derechos humanos que nos interpela.


Hoy comparezco para evidenciar una realidad que afecta a miles de familias en España y que, a pesar de este marco legal, soportan un sobrecoste económico y emocional que las empuja al riesgo de pobreza y exclusión. La infancia es una etapa
de desarrollo clave. La intervención temprana en situaciones de desigualdad es, en general, la mejor política pública que cualquier Gobierno puede desarrollar y, en especial, para menores de edad con necesidades de apoyo vinculadas a la
discapacidad. La inversión en prestaciones y recursos en la infancia, como ya se ha dicho previamente en esta sala, reduce significativamente las situaciones de riesgo y dependencia en edades adultas, además de garantizar los derechos de la
infancia.


En España, en torno a 162 000 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años tienen una discapacidad igual o mayor al 33 %. Por otra parte, durante el curso 2022-2023, al menos 262 000 eran identificados por el Ministerio de Educación como
alumnado con necesidades educativas especiales, donde el apoyo está asociado a algún tipo de discapacidad o trastorno grave. Estos datos esconden problemas estructurales y procedimentales en el reconocimiento de la discapacidad, que tiene un
impacto específico en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ocasionado por una normativa que puede entrar en contradicción con el desarrollo infantil cuando, para obtener el reconocimiento de discapacidad, se exige que la

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deficiencia severa sea previsiblemente permanente a una edad en la que la posibilidad de restitución o mejoría es quizá razonable; o la tendencia a conceder a los niños con discapacidad porcentajes mínimos, incluso por debajo del 33 %, en
espera de su evolución, reduciendo o limitando, incluso imposibilitando, el nivel de acceso a prestaciones, servicios o apoyos. Todo ello supone que, para un número importante de menores de edad con discapacidad y para sus familias, la puerta de
entrada al sistema de apoyos y protección está cerrada, precisamente, cuando hay más posibilidades de reducir o eliminar la discapacidad.


Cuando las políticas públicas fallan, aparecen necesidades no cubiertas asociadas a la discapacidad que incrementan los costes familiares de atención a la infancia. Este es el caso, en concreto, del acceso a la atención temprana; un
derecho básico y crítico para el desarrollo de estos menores de edad, pero que es inaccesible para muchas familias. Las listas de espera largas y la falta de plazas públicas obligan a recurrir al sector privado, asumiendo, cuando es posible, costes
elevados. El acceso a prestaciones ortoprotésicas no cubiertas adecuadamente lleva a las familias a pagar productos esenciales para el correcto desarrollo de sus hijos. Además, las barreras del entorno y la falta de accesibilidad pueden requerir
la adaptación de viviendas y vehículos, y la falta de apoyos y recursos en el sistema público de educación inclusiva pone presión en las familias para asumir costes privados y suplir esas carencias. Vivir con una discapacidad implica gastos
adicionales, que no son necesarios para otras familias. Se estima que el coste de vida se encarece hasta un 40 % para las familias con un menor de edad con discapacidad.


Frente a ello, unos ingresos reducidos y un sistema de protección insuficiente generan un riesgo sistémico de pobreza en estas familias. Este riesgo es ocasionado por la insuficiencia de la protección social, especialmente de las pensiones
no contributivas que no atienden adecuadamente las situaciones familiares de discapacidad, o por el impacto en la dinámica familiar y laboral, que afecta especialmente a las mujeres, cuando, ante la falta de apoyos públicos, deben abandonar el
trabajo para cuidar de sus hijos. La reducción de la jornada laboral para el cuidado de menores de edad con discapacidad, reconocida en el Estatuto de los Trabajadores, implica una pérdida proporcional de salario que puede superar los 14 000 euros
anuales en familias con ingresos medios. Esta situación no solo empobrece a las familias, sino que supone una pérdida de productividad y perpetúa la desigualdad de género en el empleo y las pensiones. También los retrasos administrativos en el
reconocimiento de la discapacidad impiden acceder a prestaciones y ayudas, lo que agrava la vulnerabilidad económica. Como consecuencia, el riesgo de pobreza -AROPE- asociado a la discapacidad se sitúa en torno al 30 %; es decir, casi una de cada
tres personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión, una tasa que supera la de la población general. A modo de ejemplo, y siendo el salario medio anual en España de en torno a 28 000 euros, el sobrecoste anual por discapacidad en
la crianza puede llegar a superar los 20 000 euros. Esto significa que, tras afrontar estos gastos, el ingreso disponible de una familia puede situarse por debajo del umbral de la pobreza severa. Hablamos de decenas de miles de familias que, aun
teniendo ingresos cercanos al salario medio, pueden verse abocadas a la pobreza por el simple hecho de garantizar los derechos y el bienestar de sus hijos e hijas. Por eso urge adoptar medidas estructurales y políticas públicas que eliminen estos
sobrecostes y garanticen la igualdad de oportunidades para la infancia con discapacidad y para sus familias. No podemos permitir que el ejercicio de derechos básicos dependa del nivel de renta familiar. Las peticiones del CERMI para su inclusión
en el pacto de Estado requieren un diseño marcado por las necesidades de las personas con discapacidad, donde se incluyen variables concretas que apoyen su autonomía y la protección de la infancia con discapacidad, como, por ejemplo, prestaciones de
impacto como es la atención temprana.


Aprovecho este espacio para trasladar la insuficiencia del actual sistema de protección social del principal instrumento de lucha contra la pobreza en España, que es el ingreso mínimo vital. Su configuración presenta graves deficiencias en
su diseño y aplicación, y lo hace ineficaz para proteger a la infancia con discapacidad. Un reciente análisis del Observatorio Estatal de la Discapacidad revela las siguientes carencias críticas. En primer lugar, una cobertura extremadamente
limitada: solo el 0,81 % de los titulares del ingreso mínimo vital reciben el complemento por discapacidad. Esta cifra es ínfima y no refleja en absoluto la prevalencia real de la discapacidad ni su impacto en la economía familiar, y deja fuera a
la inmensa mayoría de quienes lo necesitan. Además, existen barreras burocráticas infranqueables. Las familias se enfrentan a un laberinto administrativo, donde los plazos de respuesta superan los seis meses; un tiempo que para una familia sin
recursos no es una estadística, sino una condena a la incertidumbre y la privación de derechos para sus hijos e hijas con discapacidad. Por otra parte, su diseño está, en algunas ocasiones, desconectado de la realidad. Requisitos como el concepto
rígido de unidad de convivencia o el cálculo de la renta basado en el ejercicio fiscal anterior, con un desfase de casi dos

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años, ignoran la dinámica real de las familias vulnerables. Esto significa que una familia que cae en la pobreza hoy es juzgada por los ingresos que tenía cuando su situación era completamente diferente. Se les niega así el apoyo cuando
más lo necesitan. En definitiva, señoras y señores diputados, el diagnóstico es inequívoco: a la infancia con discapacidad se le impone una sanción económica, un sobrecoste que nuestro principal mecanismo de protección -el ingreso mínimo vital-
ignora, de alguna forma, e incluso puede agravarlo con barreras infranqueables.


Frente a este diagnóstico, no venimos a presentar una lista de deseos, sino una hoja de ruta estructurada, viable y alineada con la agenda política de inclusión de la infancia con discapacidad del CERMI. Estas propuestas están diseñadas
para materializar el mandato del artículo 49 de la Constitución. Es importante reforzar el sistema de protección económica. Es imperativo fortalecer el apoyo económico directo para compensar el agravio económico, el sobrecoste y ofrecer una red de
seguridad real. En este sentido, proponemos las siguientes medidas clave. Primero, reformar el ingreso mínimo vital. Mejorar las condiciones de acceso y la cuantía de la prestación cuando haya menores de edad con discapacidad en el hogar,
reconociendo explícitamente el sobrecoste que asumen estas familias. Segundo, extender la compensación por discapacidad. Proponemos extender la compensación a grados a partir del 33 %, porque el actual límite del 65 % es la razón por la que solo
el 0,81 % de los titulares reciben ese complemento. Es una cifra que demuestra que la ayuda no está llegando a casi nadie que lo necesita, y que ignora el sobresfuerzo económico que ya existe en grados de discapacidad menores. En tercer lugar,
desarrollar apoyos económicos específicos, tales como que se deben crear programas de apoyo a cuidadores y cuidadoras, así como exenciones fiscales y reducción en el IRPF, que estén verdaderamente adaptadas a la realidad económica y de cuidados de
estas familias.


Es imprescindible garantizar la universalización de derechos sociales para romper el ciclo de la pobreza. La lucha contra la pobreza va más allá de las transferencias monetarias. Requiere garantizar el acceso universal y gratuito a
servicios esenciales que alivian la carga económica familiar y sientan las bases para una inclusión real y a largo plazo. No son gastos, sino inversiones estratégicas en el futuro de nuestra sociedad. Nos referimos a la atención temprana, que debe
ser universal y gratuita, y que quizá es la inversión más inteligente que podemos hacer para cumplir con el artículo 49. Cada euro invertido aquí puede reducir la carga económica de entre 17 000 a 41 000 euros anuales que asfixia a estas familias,
romper el ciclo de pobreza desde la raíz y disminuir costes sociales a largo plazo. Exigimos que se configure como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito para todos los niños y niñas de 0 a 6 que lo necesiten.


En relación con el sistema de educación inclusiva, demandamos una red garantizada de apoyos educativos en todo el territorio. Esto incluye asegurar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil para las familias bajo el umbral de
pobreza y la provisión, en todo el sistema, de todos los recursos de apoyo necesarios -asistencia personal, materiales adaptados, etcétera-, sin coste alguno para las familias. Se eliminarán así barreras económicas a una educación de calidad.


En relación con la salud y la atención sociosanitaria, reclamamos una revisión y actualización urgente de la cartera de prestaciones ortoprotésicas, para que cubran las necesidades reales de la infancia con discapacidad. Asimismo, es
fundamental mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos, para ofrecer una respuesta integral y evitar que las familias se vean forzadas a recurrir a costosos servicios privados por falta de una respuesta pública
coordinada. Para que estas medidas sean efectivas, es indispensable un compromiso firme y una acción coordinada de todas las Administraciones públicas, desde la estatal hasta la local.


Señoras y señores diputados, la evidencia de una brecha de pobreza inaceptable que castiga la infancia con discapacidad es abrumadora. El mandato constitucional y de derechos humanos para actuar es claro y la hoja de ruta con propuestas
concretas es viable y efectiva. Está sobre la mesa. Por todo ello, realizo un llamamiento a esta comisión: tienen en sus manos la oportunidad histórica de dar verdadero cumplimiento al reformado artículo 49. Les solicitamos que estas propuestas
no sean un anexo, sino el pilar central de sus conclusiones. La dignidad de miles de niños y niñas con discapacidad depende de que pasemos, de una vez por todas, del papel a los hechos. Aseguremos que este pacto de Estado sea verdaderamente
inclusivo y que, esta vez sí, ningún niño o niña con discapacidad se quede atrás.


Muchas gracias por su tiempo y atención. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted.


Bien, pues vamos a empezar el turno de los grupos parlamentarios.

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En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el diputado Cofiño.


Rafael, cuando usted quiera.


El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenas tardes.


Mis profundas disculpas porque vengo de otra comisión. Como somos poquitinos, siempre estamos saltando de comisión en comisión.


Vengo, precisamente, de una comisión de discapacidad, en la que abordamos algunos temas en relación con empleo y discapacidad. Una de las cuestiones que se comentaban en la presentación -que tiene mucha relación con la pobreza infantil y ha
salido también en varias comparecencias- fueron los ejes de miradas de equidad en relación con pobreza infantil. Hay un eje que es el de infancia; hay otro que está relacionado con el tema de la pobreza, que es el otro elemento clave; y hay un
eje que está relacionado con discapacidad. Pero hay más ejes a tener en cuenta. En la comparecencia anterior se hablaba del tema de género, se hablaba de ruralidad. También hay estudios sobre colectivos vulnerables, minorías étnicas, raza,
diversidad u orientación sexual. En ese sentido, la pregunta sería: ¿qué ejes tendríamos que tener en cuenta en esta subcomisión para realizar un abordaje global del enfoque de pobreza infantil?


La otra cuestión clave que había reseñado en la presentación -que para nosotros es esencial- es el tema de las ayudas universales: tener un universalismo proporcional, es decir, medidas de carácter universal, que atiendan de forma
proporcional a aquellas personas que puedan presentar mayores necesidades. Se señala la importancia de la prestación universal por crianza, y en esto creo que ha habido un consenso mayoritario en casi todas las comparecencias que hemos tenido.


La pregunta que hago es una pregunta retórica realmente. Bueno, no lo voy a formular como pregunta porque sería un poco tramposo. Las entidades y asociaciones tienen un papel clave en determinar políticas en esta casa; o sea, no es un
elefante en la habitación conocer cuál es la situación parlamentaria que tenemos ahora mismo. Nuestro grupo tiene claro, y así ha sido cuando logramos llevar adelante la ley ELA, que el consenso se va a lograr porque haya grupos importantes de la
sociedad civil o instituciones que puedan tirar de estos grupos parlamentarios para ponernos de acuerdo. Quiero incidir en este sentido, en la importancia que pueden tener entidades como la suya para poder tirar de esa subcomisión en el sentido de
poder llegar a acuerdos importantes para luchar contra la pobreza infantil en este país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, diputado, por su intervención.


Seguidamente, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la diputada Armario González, Blanca.


Cuando usted quiera.


La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Sastre, muchísimas gracias por su exposición y sea muy bienvenida a esta subcomisión. Yo quisiera contextualizar en realidad la situación que usted acaba de comentar, porque comparece en una subcomisión creada, supuestamente, para
luchar contra la pobreza infantil; y digo supuestamente porque la pobreza infantil, querámoslo o no, está conectada a un contexto económico y un contexto social, y el contexto social y económico de España es el siguiente. Tenemos un acceso a la
vivienda que es inasumible y las políticas que desarrolla este Gobierno brillan por su ausencia en materia de vivienda. Estamos también ante un Gobierno que no presta atención a la clase media para otra cosa que no sea subirle los impuestos, y
vemos también, por ejemplo, la manera en que maltrata a los autónomos. Luego, tenemos una cesta de la compra que es hoy un 45,63 % más cara con respecto al año 2019, antes de la pandemia. Los alimentos y productos básicos se han encarecido entre
un 40 y un 60 %, también tras la pandemia. Luego, además de esta cesta de la compra, que no es la única traba que tienen muchísimas familias, vamos a sumarle el coste de la electricidad, que sigue siendo muy superior a los niveles previos a la
pandemia. Vamos a mirar lo que les cuesta a las familias echar gasolina, que también les muerde la cartera, porque llenar el depósito cuesta este año 2025 entre 15 y 20 euros más. Y luego vamos a sumarle también los incrementos de los impuestos
municipales, de las tasas de basura, y la imposición de las zonas de bajas emisiones, que hará que muchísimas familias tengan que comprarse un coche nuevo. Y otro dato más: para los españoles, ir al dentista ya es un lujo. Casi el 10 % de la
población ha dejado de ir al dentista por motivos económicos. Muchos de los señores diputados se estarán preguntando: ¿y esto qué tiene que ver con la exposición de la señora Sastre? Pues esto es precisamente lo preocupante,

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señora Sastre, que en esta subcomisión se trata la pobreza infantil como si fuera ajena a la economía, como si fuese un compartimento estanco al final, porque se debate sobre la infancia como si los niños de los que hablamos, que están en
riesgo de pobreza y exclusión social, no perteneciesen a estas familias que sufren todas estas condiciones económicas como nunca antes había ocurrido en nuestro país.


Voy a hacer referencia al informe presentado por Cáritas hace unos días, que advierte de un proceso inédito de fragmentación social en España, con una de las tasas más altas de Europa, que lleva, dice, a una sociedad de desasosiego en la que
4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa y 1,4 millones son menores de edad. Este estudio también dice que son 1,8 millones de personas los que están en situación de exclusión social, y a esta terrible cifra le vamos a añadir
2,5 millones de jóvenes que están afectados por una precariedad estructural generada por empleos temporales y salarios muy bajos. Pues sí, usted lo comentaba antes, al final es voluntad política, que quieran que todas estas circunstancias cambien,
y nosotros nos tememos que este Gobierno no va a poder dar solución a las necesidades de personas menores con discapacidad porque toda la precariedad anterior, más los datos que usted ha expuesto, hacen que se sumen todas estas necesidades
específicas a todas estas familias que usted decía anteriormente que tienen un sobrecoste de un 40 % en sus necesidades y conlleva, lógicamente, como usted decía, ajustes económicos, ajustes laborales, aprendizajes sobre cómo afrontar una nueva
rutina cuando llega un menor con discapacidad a una familia. Estos menores requieren atención de diversos profesionales, usted lo decía antes: medicinas, tratamientos médicos, neurólogos, pediatras, optometristas, nutriólogos, terapeutas físicos,
logopedas, adaptación de sus hogares. Todas estas familias, al final, entre los datos que yo le daba previamente del contexto social y económico, más los que usted aportaba, nos hacen ver un fracaso absoluto de todas las políticas públicas de este
Gobierno. Ustedes, además, detallan en su página web que las familias con personas con discapacidad sufren más intensamente el riesgo de pobreza y la exclusión, ya que la discapacidad casi siempre lleva consigo menos renta disponible y mayor gasto.


Nosotros no suscribimos este pacto social contra la pobreza porque sabemos que son precisamente los partidos que gobiernan los que la generan y no la frenan, y que contribuyen a ello con sus políticas públicas. Usted decía previamente que
la atención temprana, la adaptación de viviendas y de vehículos son cosas importantísimas para frenar la pobreza infantil. Esto depende de en qué comunidad autónoma vivan, porque la atención temprana depende mucho de los servicios públicos que
tenga cada comunidad autónoma y, como sabe usted, nosotros estamos en contra de la gestión por comunidades autónomas, que lo que ha generado es mucha desigualdad. Yo quisiera preguntarle, señora Sastre, si usted ha calculado cuál es ese sobrecoste
de las familias, que usted decía que era un 40 %, pero yo quería preguntarle el monto, porque ayer mismo nos enterábamos de que les ha costado a los españoles 290 millones de euros acoger a menores inmigrantes que han entrado de manera ilegal y
trasladarlos de las islas Canarias a la península, y también nos enterábamos ayer de que el Gobierno va a destinar 42 millones de euros a Palestina. Fíjese que serían más de 300 millones los que podían ir destinados, por ejemplo, a menores con
discapacidad.


Muchas gracias, señora Sastre.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tè la paraula el diputat Almirón Ruiz, Oriol.


Quan vulgui.


El señor ALMIRÓN RUIZ: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero darle las gracias, señora Sastre, portavoz de CERMI, por su intervención, por acercarnos una vez más la labor de su organización en nuestra sociedad. Somos conscientes del esfuerzo que hace CERMI, por ejemplo, en
lograr que la educación sea verdaderamente inclusiva, que los niños y las niñas y los jóvenes tengan derecho a una educación con equidad y en igualdad de condiciones, tengan o no una discapacidad, y que esto sea una realidad. También somos
conscientes de que, en este ámbito, como en muchos otros, como ha manifestado, queda mucho por recorrer, pero aquí estamos.


Quiero hacer un inciso en la intervención que tenía preparada para manifestar que, por primera vez, estoy de acuerdo con la señora Armario; coincidimos en que nuestro país tiene un problema cuando la macroeconomía va muy bien, no para de
crecer la riqueza, pero esta no se traslada de forma equitativa a la sociedad. Es verdad, como decía, que hay un problema cuando cada vez hay más riqueza, pero en menos manos. Y para eso existe esta subcomisión, para desarrollar políticas
públicas, como el salario mínimo interprofesional, del que VOX está en contra, el ingreso mínimo vital, en el que se abstuvo también,

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o el aumento de las pensiones, a lo que han votado sistemáticamente en contra. Por eso existe, decía, esta subcomisión para estudiar el pacto de Estado contra la pobreza infantil, porque debemos desarrollar políticas públicas que atajen de
raíz este problema.


Tomamos nota, por ejemplo, de las observaciones que usted hace sobre el ingreso mínimo vital -reafirmo nuestro compromiso como grupo que sí ha votado a favor tanto del establecimiento del salario mínimo interprofesional como de su mejora a
lo largo del tiempo- y las recogemos, porque queremos garantizar el acceso de todas las personas vulnerables que sí tienen derecho al ingreso mínimo vital pero que, por las diferentes cuestiones que usted ha relatado, no logran acceder a él o lo
hacen tarde porque tienen problemas para poder tramitarlo.


Como decía el portavoz de SUMAR, muchas de las otras cuestiones que usted ha relatado se han comentado ya en la comisión con mayor o menor detalle, y que no las nombre ahora no quiere decir que sean menos importantes. Pero sí que le querría
preguntar, aunque ha hecho una exposición muy exhaustiva de muchas de estas medidas, si usted querría indicarnos cuál cree que debería priorizarse en este pacto de Estado.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyor diputat.


Seguidamente, y para finalizar el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la diputada Abades Martínez, Cristina.


La señora ABADES MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenida, señora Sastre. Le agradecemos su comparecencia y le agradeceré que traslade nuestro reconocimiento al CERMI por el trabajo y el compromiso que demuestran día a día en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Ustedes representan la voz de millones de personas con discapacidad y sus familias y desempeñan un papel fundamental como interlocutores sociales en el ámbito de las políticas públicas. Gracias al trabajo del CERMI se impulsó, por ejemplo, el
debate y el procedimiento de reforma del artículo 49 de la Constitución, considerado por todos los grupos parlamentarios, excepto VOX, un hecho histórico. Gracias a su trabajo, muchas de las políticas sociales que hoy son una realidad han sido
mejor diseñadas, más inclusivas y eficaces. En el Partido Popular valoramos su capacidad de diálogo, sus propuestas y su vigilancia activa de los derechos, por eso mi grupo pidió su comparecencia en esta subcomisión, porque nos interesan sus
propuestas. El CERMI lleva tiempo reclamando compromiso y determinación en las políticas para la infancia y juventud con discapacidad, medidas concretas, medidas transformadoras. Si queremos construir una sociedad justa debemos colocar a la
infancia y a las personas con discapacidad en el centro de nuestra acción política. Las personas con discapacidad se enfrentan a un riesgo de pobreza y exclusión social mayor que la población en general, lo dijo usted, y diversos informes nos
muestran esta realidad. Destacaré tres: el informe de la EAPN, el informe de Cáritas y las propuestas de CERMI para la infancia con discapacidad 2030.


El primero, el informe de la EAPN, dedica un capítulo a analizar la situación de las personas con discapacidad en relación con los principales indicadores de pobreza, privación y exclusión social, destacando las brechas persistentes respecto
a la población sin discapacidad, y recoge varias claves que me parecen significativas. El 32,9 % de las personas con discapacidad está en situación de pobreza y exclusión social; en el resto de la población es el 22 %, 10 puntos más. La pobreza
afecta al 22 % de las personas con discapacidad, frente al 17 % entre el resto de la población. El 13 % vive en una situación de carencia material y social severa, el doble que las personas sin discapacidad, y el 20,2 % de las personas con
discapacidad vive en hogares con baja intensidad laboral, frente al 6,4 % de quienes no tienen discapacidad.


El segundo informe, el informe FOESSA de Cáritas, que fue mencionado también a lo largo de la mañana, revela que la pobreza infantil afecta al 29 % de los menores en España, una cifra que, como todos sabemos, nos sitúa entre los países con
más desigualdad infantil de Europa. Pero esa realidad no afecta por igual a todos, la discapacidad actúa como un factor multiplicador de la exclusión social, generando una brecha persistente y profunda. El informe también destaca cómo la clase
media española se encuentra cada vez más empobrecida. Estos dos informes nos muestran que las familias con menores con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en situación de pobreza o exclusión social severa, y esto se debe, y lo dijo
usted, a los costes adicionales para cuidados, terapias, transporte adaptado, dificultades para que los progenitores mantengan empleos estables y dificultades de conciliación si quieren asumir cuidados intensivos, trámites complejos y falta de
información, que dificulta que muchas

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familias accedan a las ayudas específicas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que no está funcionando, es ineficaz; lo dijo usted hace un ratito. En el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que estas brechas no son
inevitables, son el resultado de políticas que no han incorporado con acierto la perspectiva de la discapacidad en la lucha contra la pobreza.


Por último, destaco el documento que aprobó el CERMI con propuestas para la infancia con discapacidad, algunas de las cuales nos ha mencionado en su comparecencia, medidas como reforzar los sistemas de protección social para que las familias
tengan recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas, impulsar medidas de apoyo a las familias reconociendo las cargas adicionales, promover programas de atención temprana y desarrollo infantil para todos los niños y niñas, reformar el
ingreso mínimo vital, que no está funcionando, o las aportaciones que hicieron a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas población preferente en las acciones contra
la pobreza energética, tan importantes además cuando el invierno está a la vuelta de la esquina y la calefacción multiplica los gastos familiares. Son muchas las propuestas que el CERMI ha presentado y las analizaremos los miembros de esta
subcomisión. Pero a mí me gustaría saber, señora Sastre, qué propuesta considera más urgente para reducir la pobreza en hogares con menores con discapacidad. ¿Considera que las políticas actuales de lucha contra la pobreza en la infancia
incorporan adecuadamente la perspectiva de la discapacidad?


Concluyo, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular reafirma su compromiso con la infancia y la discapacidad como ejes prioritarios de nuestra acción política, porque hablar de discapacidad es hablar de igualdad, de inclusión y de
dignidad, y hablar de infancia es hablar del presente y del futuro de nuestra sociedad. Por ello, es imprescindible que las políticas públicas de lucha contra la pobreza infantil incorporen una perspectiva de discapacidad de forma transversal,
garantizando que ningún niño o niña quede atrás por razón de sus capacidades o que sufra las consecuencias de una doble estigmatización. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, por eso recogemos con atención las propuestas del CERMI y las
incorporamos al trabajo de esta subcomisión, convencidos de que solo con el diálogo y la escucha activa podremos construir una sociedad más justa, más accesible y más humana.


Gracias, señora Sastre, por su intervención, y agradecemos de nuevo al CERMI su labor constante en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente cuando abordamos una cuestión tan sensible y urgente como la pobreza
en la infancia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Para cerrar esta comparecencia, la señora Sastre tiene un turno para contestar a lo que le han preguntado y hacer las observaciones que crea oportunas.


La señora DELEGADA DE INFANCIA CON DISCAPACIDAD DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Sastre Campo): Gracias.


Nosotros, como CERMI -lo han mencionado ustedes y agradezco el reconocimiento-, estamos siempre tratando de poner el foco e identificar cuáles son los obstáculos y las necesidades, pero sobre todo de hacer un trabajo de propuestas
constructivas, de propuestas que sean realistas y que, de alguna forma, ayuden al trabajo de esta comisión y al trabajo en general de esta Cámara.


Quería mencionar, precisamente, que existe esa agenda de infancia que se ha definido recientemente, y el informe sobre cómo está funcionando el ingreso mínimo vital hecho por el observatorio, que también ponemos a su disposición. Yo enviaré
todo esto, que es público, para que lo puedan tener a mano. Y ahora quería decir, también contestando a la pregunta de la diputada de VOX, que lamentablemente -y este es un problema que tiene la discapacidad cuando se sale de lo que es la
discapacidad; lo tuvimos en género y se tiene ahora en infancia- en toda la observación de estos problemas transversales, cuando se analiza o se estudia la pobreza, normalmente a priori no se pone el foco en esa característica de discapacidad, lo
que de alguna forma nos hace intuir lo que pasa, pero no tener con certeza un conocimiento real de lo que sucede. Nosotros vamos a realizar este año que viene, por una subvención con cargo al IRPF, un informe sobre el sobrecoste de la crianza con
discapacidad que pondremos a disposición de esta Cámara tan pronto como esté finalizado. Lo que yo he traído aquí es una estimación real, con horquillas muy grandes, pero sí que queremos poner datos concretos que ayuden a dimensionar el problema y
a dimensionar y construir mejor la solución.


Dos de ustedes me han pedido que priorice, y esto es casi como preguntar a quién quieres más, si a papá o a mamá. Es muy difícil priorizar todas las medidas que existen. Cada una es vital e importante en

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una dimensión de la pobreza de las familias que tienen niños y niñas con discapacidad y de la pobreza infantil de niños con discapacidad. Yo diría que la puerta de entrada está empezando a ser un problema grave; es decir, cómo los niños y
las niñas obtienen ese reconocimiento de discapacidad para acceder a lo que ya existe, porque otra cosa es lo que falta. Eso es un problema realmente grave. Ahora mismo hay muchísimo retraso en el reconocimiento de la discapacidad. Además, como
decía, no se sabe si es producto del proceso de desarrollo natural, si no hay una buena identificación o si a veces hay una falta de coordinación en la identificación de algunos obstáculos en el desarrollo -aunque estén muy claros cuáles son-, pero
ahora hay una tendencia a simplemente dar la discapacidad por lo que supone en cuanto a las consecuencias que tiene, pero no el origen. Es decir, no se tiene en cuenta la enfermedad o la discapacidad auditiva, sino simplemente lo que origina. Eso
es un problema, porque solamente puede agravar la situación de un niño o una niña que tiene un punto de partida que a lo mejor puede ser aceptable, pero, si no se le ayuda y se le prestan los apoyos, puede ir a peor cada vez. No quiero jerarquizar,
pero eso sería algo urgente que hay que solucionar. Hay que revisar cómo se está aplicando ese baremo y permitir que más niños y niñas tengan reconocida una situación de discapacidad. Lo mencionaba: el dato está en 162 000. No es un dato que se
actualiza todos los días, pero es el último dato que tenemos. Sin embargo, 260 000 niños están recibiendo apoyos por discapacidad del sistema educativo. Es decir, hay muchos niños sin ese reconocimiento de discapacidad y que no están teniendo
acceso a lo que ya existe. Por tanto, eso quizás sería prioritario, pero el resto de las medidas que he mencionado aquí, aunque he tenido un tiempo breve, son igual de importantes. Todas las medidas y propuestas -que están en la documentación- las
ponemos encima de la mesa porque tienen una importancia vital y porque ahora mismo entendemos que el artículo 49 de la Constitución requiere que, por fin, se ponga el foco en ese ámbito.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Se ha ajustado perfectamente al tiempo. He entendido que nos enviará una documentación. Supongo que la enviará a los letrados de la comisión y nosotros la haremos llegará a todos los diputados de
esta subcomisión.


Muchas gracias a la compareciente, doña Ana Sastre Campo, y muchas gracias a los diputados y las diputadas que han asistido a esta sesión. Recuerden que nos vemos el día 24.


Buenas tardes a todos y gracias.


Eran las dos y treinta y dos minutos de la tarde.