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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 431, de 28/10/2025
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 431
SANIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN SANTOS MARAVER
Sesión núm. 33
celebrada el martes,
28 de octubre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del secretario de Estado de Sanidad (Padilla Bernáldez):
- Para explicar las líneas generales de actuación de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000676) ... (Página2)
- Para rendir cuentas sobre la totalidad de las necesidades desatendidas por el Ministerio de Sanidad en el Sistema Nacional de Salud. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000707) ...
Debate y votación de la siguiente solicitud de creación de subcomisión:
- Relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español. A petición del Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 158/000014) ... (Página43)
Se abre la sesión a las once y dos minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD (PADILLA BERNÁLDEZ):
- PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000676).
- PARA RENDIR CUENTAS SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS NECESIDADES DESATENDIDAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000707).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día consiste en la celebración de varias comparecencias acumuladas para el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para explicar las líneas generales de actuación de su departamento, a petición del
Gobierno, y para rendir cuentas sobre la totalidad de las necesidades desatendidas por el Ministerio de Sanidad del Sistema Nacional de Salud, a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Las comparecencias se acumulan. El secretario de Estado tendrá el tiempo que necesite para su intervención y luego serán diez minutos en la primera ronda de intervenciones, réplica del secretario de Estado y tres minutos en la segunda
ronda. Si hubiese necesidad de algo más, lo vemos sobre la marcha.
Muchas gracias por estar otra vez con nosotros, Javi. Tienes la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD (Padilla Bernáldez): Muchísimas gracias.
Ya he sido puesto sobre aviso por el presidente de la comisión de que tenéis ganas de ir al Pleno a las tres y que antes, si puede ser, tenéis que haber comido, así que intentaré no extenderme tanto como en la ocasión anterior.
La última vez que estuve aquí fue para responder a preguntas de sus señorías, pero hace justo un año y catorce días estuve haciendo una comparecencia sobre los planes del Ministerio de Sanidad. Creo que un año después lo que toca es rendir
cuentas sobre aquellos elementos que considero van a formar parte del legado de este ministerio y sobre cuáles van a ser las cosas que vamos a posicionar en el centro del debate y de la acción política para las próximas semanas y los próximos meses.
De lo primero que quiero hablar es del nivel de actividad de este ministerio. No es sorpresa para nadie que después de la pandemia del año 2020 el Ministerio de Sanidad ha cobrado una cierta vitalidad en términos de actividad y que esto,
además, es mucho más notable cuando se mira la actividad realizada en el ámbito del Consejo de Ministros, es decir, el rol que tiene el ministerio en el conjunto del Gobierno. Repasando cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por este mismo
ministerio en el último Gobierno del Partido Popular, la segunda legislatura del señor Rajoy, que fue liderado por la señora Dolors Monserrat, vemos que en los algo más de dos años que estuvo al frente de ese ministerio tan solo llevaron veintiocho
medidas al Consejo de Ministros. En lo que llevamos nosotros de mandato, algo menos de dos años, hemos llevado ya en el ministerio liderado por Mónica García 120 iniciativas al Consejo de Ministros, más del triple de reales decretos, más del triple
de acuerdos de consejos de ministros y cuatro proyectos de ley. Creo que estos datos hablan por sí solos, pero hay también otros datos relacionados con un elemento más simbólico, que es el de la relevancia internacional, que también quería traer a
colación.
Durante estos dos años hemos impulsado de manera muy notable un trabajo que se venía haciendo desde 2018: la recuperación del papel de España en la agenda de la salud global a nivel internacional, con la recuperación de nuestra
representación en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud a cargo de la ministra de Sanidad y con la recuperación de las relaciones con la Organización Panamericana de la Salud, haciéndonos cargo de esa labor de puente que tiene
España entre América Latina y el conjunto de la Unión Europea, manifestando un fuerte papel de liderazgo en las regulaciones, como puede ser la del European Health Data Space o la del Substances of Human Origin, que se han iniciado los reglamentos y
se han desarrollado bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y un liderazgo en un aspecto que me parece fundamental: el de la respuesta sanitaria frente al genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Es para nosotros
un verdadero orgullo reivindicar haber sido capaces de poner en marcha el sistema de acogida junto con la Organización Mundial de la Salud, que ha dado lugar a que después decenas de países hayan traído a niños y niñas palestinos que estaban
enfermos y que necesitaban asistencia sanitaria para ser tratados. Ayer, como saben, además, hubo la quinta misión para traer niños y niñas, en este caso directamente desde Gaza, a través de Jordania.
Hoy voy a utilizar esta comparecencia para resaltar parte del legado y lo que va a ocuparnos en los próximos meses. Así que, comenzando por lo primero, lo que tiene que ver con el legado, creo que hemos de empezar a hablar de que este
ministerio ha sido el primero en poder aprobar un plan de índole nacional de prevención del suicidio. Cuando se aprobó el plan de salud mental en la legislatura anterior, las acciones dirigidas a la prevención del suicidio estaban vinculadas
especialmente a dos de los ejes y sí que se dio la necesidad de poder hacer una especie de spin-off, es decir, poder desgajar una parte para que tuviera una entidad propia. Este plan de prevención del suicidio, además, a pesar de estar en un
escenario de prueba presupuestaria, etcétera, ha tenido la capacidad de contar con una financiación específica. (El señor vicepresidente, Pose Mesura, ocupa la Presidencia). Un plan que va dirigido especialmente al abordaje de la prevención,
focalizándose de manera específica en diferentes grupos de población y, además, haciéndolo con una base comunitaria e intentando labrar nuevas alianzas.
Hay una alianza que me parece fundamental: la de los medios de comunicación. Durante muchos años, las acciones de prevención del suicidio han sido esclavas de la creencia de que hablar del suicidio generaba el denominado efecto Werther -o
efecto de replicación-, en el cual hablar de suicidio generaba una mayor tasa de intentos de suicidio. Sin embargo, lo que sabemos -y lo sabemos también de la mano de los documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud- es que la
comunicación puede ser una herramienta para la prevención del suicidio, siempre que sea una comunicación sensata, que se siga por unos cauces determinados y que tenga siempre la orientación de hacerle ver a la gente que tiene una salida y que va a
haber unas Administraciones que van a estar ahí para intentar ayudarle a esa salida. Por eso hemos puesto en marcha también un programa junto con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, para que, con el Ministerio de Sanidad, a través
del Comisionado de Salud Mental, se den talleres específicos para profesionales del ámbito de la información y la comunicación, para poder desarrollar esa información, que sea una información sobre el suicidio, que cuide y que prevenga, y que no
sirva para incrementar el estigma y poder caer en ese efecto Werther.
El segundo elemento del que quería hablar está relacionado con el incremento de la cartera de servicios. Próximamente presentaremos los datos de impacto del incremento de la cartera de servicios en el ámbito de la salud bucodental infantil,
para el cual durante los últimos tres años se ha ido dando financiación a las comunidades autónomas para el impulso de la ampliación de esa cartera de servicios. Les puedo adelantar que ha habido un incremento tremendamente notable del número de
asistencias en el ámbito de la salud bucodental en la población infantil en absolutamente todas las comunidades autónomas, y son datos que presentaremos próximamente. Además, por primera vez, en la distribución de fondos sobre salud bucodental que
se ha llevado a cabo este año se ha reservado una pequeña parte para que vaya dirigida a comenzar a incorporar en el ámbito de la cartera de esos servicios a la población mayor; ese es el próximo foco que queremos poner en el seno del consejo
interterritorial, a través de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación.
Además, el incremento de la cartera de servicios va a tener un protagonista muy importante en las próximas semanas, que es el comienzo de la prestación para la financiación de gafas y lentillas en población menor de 16 años. Para nosotros
es una prioridad conseguir que la necesidad del sistema de compensación visual no esté distribuida por renta, como está hoy en día, pues sabemos que lo que se denomina pobreza visual se ceba principalmente con las familias de rentas bajas. Por eso
vamos a ponerlo en marcha. Ya está aprobado el real decreto y estamos ultimando todos los trámites del convenio y del sistema informático para que se pueda materializar una prestación de 100 euros para cada niño o niña que necesite sistema de
compensación visual; además, no va dirigido solamente a gafas, sino que también podrá incorporar lentillas en el caso de que sea necesario. Este es un nuevo derecho para las familias de nuestro país y, además, es un elemento fundamental para
reducir las desigualdades en salud en un momento en el cual el sistema sanitario y las instituciones pecaban de una cierta incomparecencia.
El tercer punto que quería resaltar está relacionado con los tiempos de espera desde la aprobación por parte de la Comisión Europea hasta la aprobación de su financiación por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Aquí
quería hablar de dos cosas: por un lado, de los datos en concreto; y, por otro, de la transparencia por parte del ministerio. Cuando nosotros llegamos al ministerio, nos encontramos con que para saber cuántos días se tardaba en financiar un
medicamento desde que se aprobaba por parte de la Comisión Europea teníamos que irnos a un informe que hacía una consultora privada, IQVIA, por encargo de una patronal privada, que es la patronal de la farmaindustria europea, por llamarlo de alguna
manera, que es EFPIA. Sin embargo, son datos públicos que nosotros tenemos, aunque no estuvieran publicados ni publicitados. Por eso este año por primera vez -el año que viene
será la segunda vez- publicamos los datos propios que tenemos sobre financiación de medicamentos, los tiempos que se tardan desde la aprobación por parte de la Comisión Europea hasta la aprobación por parte de la Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos y el porcentaje de medicamentos financiados. Además, en términos de transparencia, hemos empezado a publicar informes específicos sobre cuál es la evidencia detrás de la cual se toman las decisiones en el seno de la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. A este respecto, quería dar las gracias especialmente a todo el mundo que participa en esta comisión interministerial. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Para quienes no lo sepan,
la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos está formada por diferentes órganos de la Administración General del Estado, pero también por las comunidades autónomas, pues, aunque solamente tengan voto teórico unas pocas, están todas
representadas y, en términos generales, se tiene en cuenta el voto de la totalidad de ellas, entre otras cosas porque es una comisión en la que rara vez se vota y casi siempre se toman las decisiones por estricto consenso.
De los avances que se han llevado a cabo en los últimos tres años son responsables directamente la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, con el trabajo conjunto de absolutamente todas las comunidades autónomas y de todos los órganos de la Administración General del Estado. Por eso puedo decir que, en los últimos cuatro años, especialmente en los últimos tres, ha habido
una disminución de 170 días desde la aprobación por parte de la Comisión Europea hasta la decisión de su financiación. Hemos pasado de 519 días en 2020 a 344 días en 2023. Este análisis tiene en cuenta los datos hasta el mes de abril de 2025.
Además, hemos incrementado el porcentaje de medicamentos financiados en un 35 % durante este tiempo. Hay que decir que ahora mismo España es el único país del conjunto de la Unión Europea que consigue reducir los tiempos de financiación a la vez
que incrementa el número de medicamentos financiados. Es el único país de la Unión Europea que consigue eso y esperamos que a lo largo de los siguientes años podamos seguir avanzando a este respecto. Nuestra determinación es clara: ahora mismo
estamos en 344 días, pero tenemos que llegar a los 180, porque además son los días que se van a quedar marcados en el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios.
Esto no solamente es posible gracias al trabajo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, sino también gracias a la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que hemos conseguido fraguar sentando en la mesa a los
cinco ministerios fundamentales que trabajan en el ámbito de la política farmacéutica, así como a las siete organizaciones empresariales que trabajan en el ámbito de la industria farmacéutica en nuestro país en el Comité Mixto de la Estrategia de la
Industria Farmacéutica. Ayer tuvimos la tercera reunión del comité interministerial y el viernes que viene tendremos la tercera reunión del comité mixto. Creo que poder sentarnos en la misma mesa Economía, Hacienda, Ciencia, Industria y la Oficina
de Asuntos Económicos y G20 de Moncloa con las organizaciones empresariales del sector para debatir asuntos tan variados como pueden ser desde los aranceles a las políticas del most-favoured-nation, las directivas de aguas residuales o los
anteproyectos de ley del medicamento es, sin lugar a dudas, uno de esos legados que dejaremos para el próximo Gobierno que venga y que lo tenga que mantener porque ya forme parte del paisaje de la gobernanza de la política farmacéutica en nuestro
país.
El cuarto elemento que quería comentar está relacionado con la actualización en términos de salud pública. Cuando llegó la pandemia, una de las preguntas que nos hacíamos todos era si estábamos preparados para dar respuesta a eso. Lo que
poca gente se preguntaba era qué se había hecho desde el año 2011, cuando se aprobó la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que mandataba tres elementos fundamentales de preparación de nuestro sistema frente a emergencias de salud pública y que
según llegó el nuevo Gobierno la metió en un cajón como si nunca fuera a ser necesaria. Principalmente, hablaba de tres elementos: de la Estrategia Nacional de Salud Pública, que se aprobó en junio del año 2022; de la Red Nacional de Vigilancia
en Salud Pública, que aprobamos en junio del año 2024; y del Centro Nacional de Salud Pública, que nosotros hemos aprobado en forma de Agencia Estatal de Salud Pública en julio de 2025, y ahora estamos trabajando en el estatuto y en el
procedimiento para la designación de la agencia.
A este modelo de salud pública que fue creado en el año 2011 para dar respuestas en el año 2020, y que hemos tenido que actualizar en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, hay que añadir además dos elementos que son fundamentales para nosotros a
la hora de poder decir que tenemos un país que está mejor preparado para lo que pueda venir. Uno es el concepto de preparación y respuesta actualizado a las realidades que tenemos hoy en día. Estamos ahora mismo trabajando en la última versión,
para que
pueda ser aprobado, del real decreto de preparación y respuesta, incorporando las alegaciones que se han hecho durante el proceso de información y audiencia pública, y esperamos que pueda ver la luz en los próximos meses como un elemento
fundamental no solo de preparación a nivel estatal, sino también de coordinación entre los diferentes órganos del conjunto del Estado, para que cuando vuelvan a ocurrir las diferentes emergencias de salud pública podamos dar una respuesta que
consiga minimizar los daños, además de las acciones previas para prevenirlos. Y hay un segundo elemento que está relacionado con la reserva estratégica. Hoy en día, tanto el Estado como las diferentes comunidades autónomas están desarrollando las
reservas estratégicas para poder dar respuesta a las posibles crisis en materia de salud pública. Justamente, en el seno del consejo interterritorial, hay creado un órgano para la coordinación de estas reservas estratégicas. Creo que este será uno
de los elementos también diferenciales en materia de preparación frente a lo que pueda venir.
El quinto y último elemento del que quería hablar como parte del legado de acciones ya realizadas estaría relacionado con el cribado neonatal. A principios de esta legislatura nos encontrábamos con que la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud incorporaba solamente siete cribados neonatales que tenían que ser implantados de manera obligatoria a nivel estatal. Sin embargo, ahora ya estamos con la tramitación para que llegue a estar entre veintidós y veinticinco,
dependiendo de cómo se haga la contabilización para este tipo de cribados. Aquí nosotros reivindicamos un papel del ministerio, que no es el de ser tractor a este respecto. Tenemos comunidades autónomas que son tractoras, y voy a nombrar por
ejemplo dos del Partido Popular, como pueden ser Baleares y Galicia. En concreto, Galicia cuenta con una acción muy determinada en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico genético, en especial en el ámbito del cribado neonatal. Aquí, en un
momento en el que hay evidencia y experiencia suficientes como para poder decir que esto es irrenunciable en cualquier lugar del conjunto de España, la labor del ministerio debe ser hacer el proceso de evaluación por parte del área de cribados y
elevar el suelo para que en todos los lugares del país podamos garantizar unos ciertos estándares a este respecto. Esa es la labor que nos compete, pasar de siete a veinticinco entre dos y tres años. Desde luego, creo que es una acción
tremendamente decidida para intentar evitar principalmente daños neurológicos que serían evitables y que posteriormente derivan en daños relacionados con la discapacidad, etcétera. Todo esto es sobre los elementos que ya han sido llevados a cabo y
que además están ya cerrados. Por decirlo de alguna manera, los que están en marcha, pero ya han sido elaborados.
El otro elemento del que quería hablar está relacionado con lo que va a venir en las próximas semanas. Aquí quería destacar principalmente ocho elementos. El primero está relacionado con una tarea largamente postergada por parte del
conjunto del sistema, y creo que estamos en un momento de madurez en el que es irrenunciable: el anteproyecto de ley de organizaciones de pacientes. Todos los que estamos aquí tratamos con muchísima asiduidad con organizaciones de pacientes,
organizaciones que en muchas ocasiones llevan a cabo una labor que tendría que realizar el sistema y que en otras simplemente llevan a cabo una función de acompañamiento fundamental en esa generación de identidad que se produce muchas veces tras un
diagnóstico. Poder dotar a las organizaciones de pacientes de un marco jurídico concreto que no sea solamente el de la ley de asociaciones, en la cual se ven mezcladas con otras organizaciones, como pueda ser una asociación de petanca, con todo el
respeto para las asociaciones de petanca, que tengan las organizaciones de pacientes una singularidad fundamental es uno de nuestros objetivos. Además, hacerlo consignando los derechos y las obligaciones que han de tener -obligaciones en materia de
transparencia, de rendición de cuentas, de independencia, y derechos en el ámbito de la financiación, y muy especialmente en un ámbito fundamental, que es el ámbito de la participación- nos parece muy importante.
A este respecto, sabemos además que hay comunidades autónomas que ya han comenzado a hacer también los estudios para hacer regulaciones en el ámbito de las organizaciones de pacientes. Una de ellas, por ejemplo, es Euskadi. La semana
pasada tuve conversaciones con el viceconsejero de Euskadi para que tengamos alguna reunión, para que las normativas que se hagan a nivel estatal sean congruentes con las normativas que se hagan a nivel autonómico. Hemos comenzado la redacción, ya
hemos trabajado en un borrador con algunas organizaciones de pacientes con las que nos hemos reunido en dos ocasiones, además de lo que recibiremos cuando comencemos la fase de información y audiencia pública. Creo que esta ley -digamos- ya no es
nuestra; esta es una ley de las organizaciones de pacientes, aunque seamos nosotros el regulador, porque el que es regulado no puede ser quien regule. Sin lugar a dudas, es una ley que se aprobará -esperemos- en esta legislatura, y si no se
aprobara, quien venga después se verá forzado a aprobarla porque es una necesidad; después de un primer paso dado, esto es una cosa
totalmente imparable. Creo que esto va a ser una de las cosas que protagonice la segunda mitad de la legislatura. Para compartir con ustedes los tiempos que estamos manejando, esperamos poder sacar un borrador antes de final de año para
posteriormente hacer ya la fase de información y de audiencia pública.
El segundo elemento del que quería hablar es el que para mí constituye una de las acciones fundamentales de esta legislatura, que tiene que ver con la universalidad. Tuvieron ustedes en la Comisión de Sanidad de la semana pasada
comparecencias relacionadas con la ley de universalidad, pero ahora mismo, además de la ley de universalidad, tenemos entre manos un real decreto relacionado con el acceso al Sistema Nacional de Salud, real decreto que, si consigue llevarse a buen
puerto con todas las acciones que estamos llevando a cabo en el texto, va a conseguir resolver o paliar los principales elementos de barreras que se están poniendo en algunas comunidades autónomas para el acceso al sistema sanitario, especialmente
de las personas migrantes sin residencia legal en nuestro país. Estamos trabajando para que a finales del mes de noviembre o en la primera mitad del mes de diciembre esto pueda ir a Consejo de Ministros para ser aprobado. Es el reglamento que
desarrollaría los elementos relacionados con el artículo 3 ter de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que posibilitará que verdaderamente avancemos hacia un Sistema Nacional de Salud que sea lo universal que el
Real Decreto Ley 7/2018 pensaba que tenía que ser.
Recordemos que la última vez que hubo un Gobierno del Partido Popular, con la señora Ana Mato al mando, se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 que bajo la nomenclatura de la necesidad de tomar medidas urgentes para la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud cercenó la universalidad de nuestro sistema sanitario. En el año 2018, a raíz del Real Decreto Ley 7/2018, se hicieron algunas correcciones que, con un espíritu de la ley que claramente era universalista, hacían que la
aplicación de la ley, al no tener un reglamento concreto, tuviera ciertas fallas y redundara en barreras para el acceso al sistema sanitario para una parte de la población, especialmente los migrantes en situación irregular. Creemos que con esto
vamos a conseguir resolver una parte muy importante de este elemento y que conseguiremos restituir una parte del daño generado en el año 2012, que, desde nuestro punto de vista, es una de las labores fundamentales que se puede llevar a cabo por este
ministerio.
El tercer elemento del que quería hablar está relacionado con el tabaco. Como saben ustedes, recientemente se ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas frente al tabaquismo y se ha publicado el borrador. Hemos recibido una innumerable
cantidad de alegaciones. Además, hemos enviado el texto para que sea evaluado por la Comisión Europea, igual que hicimos con el real decreto de medidas frente al tabaquismo, con las medidas que regulaban la producción, la venta y clasificación de
los productos y los derivados del tabaco. Cuando tengamos de vuelta la ley por parte de la Comisión Europea, procederemos a los ajustes que haya que hacer y al resto de la tramitación en los órganos competentes. Lo que sí les puedo decir es que lo
que ya está en los últimos órganos competentes a este respecto sería el real decreto. El real decreto volvió de la Comisión Europea sin que esta lo bloqueara, y hoy en día avanza en su tramitación para la aprobación previa por parte del Ministerio
para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como, posteriormente, por parte del Consejo de Estado.
Poder abordar la venta de los saquitos de nicotina, la prohibición de los sabores en el ámbito de los cigarrillos electrónicos, una mayor regulación en el ámbito de la consideración y de las definiciones entre las nuevas formas del tabaco y
las formas clásicas del tabaco, es para nosotros una prioridad, especialmente en un momento en el que estamos viendo cómo la población joven incorpora su adicción al tabaco y a las nuevas formas del tabaco, principalmente por la vía de estos nuevos
productos. Creo que a lo largo del próximo mes, además, tendremos la capacidad de presentar los datos de la nueva oleada del estudio ESTUDES, que se realiza por parte del Plan Nacional sobre Drogas. Sí les puedo adelantar que va a tener datos que
ratifican el buen hacer de haber puesto en el centro el debate sobre el tabaquismo en nuestro país.
El cuarto elemento que quería comentar está relacionado con la atención primaria y con un elemento fundamental que, desde mi punto de vista, si solamente tuviéramos que señalar un elemento de la atención primaria como consustancial y
definitorio de esta, sería la longitudinalidad. Uno de los grandes retos que tenemos con la atención primaria es cómo podemos actualizar al año 2025 unos valores de un sistema de atención que fue diseñado para una sociedad que era la que teníamos
en los años ochenta, y cómo podemos actualizarlos en un momento en el que el valor fundamental, que es el de la longitudinalidad, ese que hace que podamos decir que los estudios dicen que tener al mismo profesional, al mismo médico o médica de
familia durante más de quince años disminuye un 30 % las visitas a urgencias, un 28 % los ingresos hospitalarios o un 26 % la mortalidad, se puede hacer realidad en un contexto concreto en el cual
nada dura quince años. No dura quince años un mismo trabajo, no dura quince años una misma vivienda, no dura quince años una misma pareja. Cómo hacer que eso congenie es uno de nuestros empeños fundamentales. Hemos trabajado en un
documento para ver de qué manera podemos aterrizar los valores de la longitudinalidad a medidas concretas que puedan ser establecidas por parte de los servicios regionales de salud en la propia atención primaria. Se ha hecho conjuntamente con las
comunidades autónomas y con expertos, con la gente de la oficina de Atención Primaria de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. El informe verá la luz en el mes de diciembre y creo que será uno de los elementos que
permita enriquecer las acciones en el ámbito de la atención primaria que vayan dirigidas no a hacer lo mismo que ya estábamos haciendo, sino a hacerlo de una manera más dirigida los valores fundamentales de la atención primaria.
El quinto elemento que quería resaltar está relacionado con algo que nos tomamos muy en serio y que no siempre se toma muy en serio en el ámbito de las instituciones, que es una iniciativa legislativa popular. Como saben ustedes, tienen
entre manos en este Congreso una iniciativa legislativa popular denominada de ratios de enfermería. Como yo dije la última vez que estuve aquí en esta sala, en esta Comisión de Sanidad con ustedes, en respuesta a una pregunta, nosotros recogíamos
el guante de esa iniciativa legislativa popular. En el seno del Comité de Cuidados de Salud íbamos a trabajar una serie de enmiendas para poder aportar a la iniciativa legislativa popular y poder darle salida como un texto legislativo que tomar
como propio. Esas enmiendas se han trabajado y están ahora mismo siendo dialogadas con el resto de los órganos del Gobierno que participan de esta regulación. Esperemos que próximamente puedan ser registradas por parte de los grupos parlamentarios
que apoyan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario SUMAR, como la aportación que hace este Gobierno a la ley de ratios.
Se trata de una ley de ratios que, desde nuestro punto de vista, tiene que ir unos cuantos pasos más allá y no solo hablar de ratios, sino también de una dotación segura óptima de profesionales. Y hacerlo desde justamente ese enfoque, el de
seguridad del paciente y también el de seguridad de la salud de los propios profesionales, y en un contexto que no solamente incluya a las enfermeras, sino también a las TCAE; y hacerlo asimismo desde una perspectiva que sea más amplia, no
incorporando simplemente ratios numéricas, sino que ajuste la dotación segura óptima de profesionales a la complejidad que haya en cada uno de los lugares. No es lo mismo un hospital de tercer nivel que un hospital comarcal y no es lo mismo una
unidad de cuidados críticos que una planta de hospitalización. Además, vamos a añadir ámbitos que no se han incorporado en otros estudios, como puede ser el de la atención primaria. Para nosotros este es un compromiso firme. Estamos terminando
los últimos flecos a este respecto y esperamos que se pueda registrar dentro de poco.
El sexto elemento que quería comentar está relacionado con la política del medicamento. Aquí a nadie se le escapa que desde la llegada del señor Trump a Estados Unidos el principal riesgo para el acceso a los medicamentos en nuestro país
son las políticas erráticas que se están llevando a cabo al otro lado del Atlántico. No solamente hablamos de los aranceles, sino especialmente de la política singular que en más riesgo puede poner la incorporación de la innovación en Europa, que
es la cláusula de la Most Favored Nation; la cláusula que puede conseguir que, por un lado, haya una menor disponibilidad de tratamientos en nuestro país y que, si lo hay, se haga a un precio muchísimo más elevado. En ese contexto, creo que la
respuesta tiene que ser de una mayor integración a nivel europeo y, en lo que a nosotros nos atañe, de una capacidad de desarrollar normativas que sean más modernas, pero, además, más predecibles y estables. Por eso, después de haber asumido e
incorporado las diferentes alegaciones que llegaban en la fase de información en audiencia pública y de haber tenido conversaciones tanto con el ámbito profesional y de organizaciones de pacientes como con el del sector farmacéutico, hemos terminado
las alegaciones finales del anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Les adelanto, por las conversaciones que hemos tenido, que la acogida del texto final va a reflejar que la gran mayoría del sector va a ver cómo tiene una
ganancia neta indudable. Somos conscientes de que, para que una normativa de este tipo tenga éxito parlamentario, tiene que contar con el apoyo expreso de los diferentes agentes involucrados. Por eso, para nosotros esa ha sido una de las
prioridades. Además, he de decirles que uno de los elementos recogidos en el anteproyecto de ley se complementa a la perfección con un real decreto que la semana pasada ya pasó a aprobación previa y, posteriormente, irá al Consejo de Estado, que es
el Real Decreto por el que se Regula la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Ese real decreto será la pieza fundamental para avanzar hacia una evaluación de tecnologías sanitarias en un plazo menor de ciento ochenta días e incorporará los informes
de evaluación centralizados por parte de la Comisión Europea, los Joint Clinical Assessments. Además, lo hará estableciendo la independencia entre los tres
diferentes ámbitos, que van desde la evaluación hasta la decisión, e incorporando diferentes ámbitos de participación, con especial mención a la de los pacientes, que aportan una visión singular basada en la experiencia y el conocimiento
propio, que nos parece clave a la hora de realizar las evaluaciones de los medicamentos.
El séptimo elemento del que quería hablar, que también será protagonista en las próximas semanas, está relacionado con el estatuto marco de los profesionales sanitarios. Como ustedes saben, el estatuto marco de los trabajadores del Sistema
Nacional de Salud es la norma que rige a los trabajadores del conjunto del sistema. Se aprobó en el año 2003 y, básicamente, no ha habido una reforma sustantiva notable desde entonces. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una reforma que
creemos que responde a los reclamos de la generalidad del conjunto del sistema y, además, a los reclamos de la generalidad del conjunto de los profesionales; reclamos que están relacionados con la eliminación de las guardias de veinticuatro horas,
con el blindaje de los descansos, con la disminución de la jornada semanal, con el establecimiento de la figura de autoridad sanitaria para los profesionales sanitarios, con una nueva reclasificación que sea adecuada al nuevo marco europeo que
tenemos de desarrollo de las titulaciones y de las formaciones, o con la eliminación de la temporalidad, con el establecimiento de ofertas públicas de empleo periódicas cada dos años que suponen un tope y un fin a la temporalidad; además, se está
trabajando en torno a otra norma conjuntamente con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Por eso, quiero ser muy claro a este respecto. El estatuto marco de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud es un
estatuto marco para todas las categorías que trabajan en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Nosotros no creemos en la necesidad de desgajar los derechos y los ámbitos de negociación de las diferentes categorías profesionales, porque
nosotros creemos en un Sistema Nacional de Salud que funciona gracias a que funcionan todas y absolutamente todas las categorías profesionales del mismo. Por eso, frente a quienes ansían una especie de secesión de alguna de las categorías o de
secesión encadenada de diferentes categorías para lograr ámbitos de negociación sindical diferenciados, nosotros respondemos que queremos un estatuto marco que dé cabida absolutamente a la singularidad de cada una de las categorías, pero que no
tenga la necesidad de establecer silos y compartimentos entre las diferentes categorías. A este respecto, también quiero ser muy claro con otra matización. Hace unas semanas se celebró una reunión del foro marco del Sistema Nacional de Salud, en
que estuvieron conjuntamente el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y los diferentes sindicatos. Ahí las diferentes organizaciones sindicales pudieron ver cómo en ocasiones se encontraban defendiendo las posturas del Ministerio de
Sanidad frente a algunas comunidades autónomas que no quieren avanzar en esos derechos porque prefieren ahondar en la discrecionalidad de los elementos de la gestión que tienen, como la jornada laboral, la temporalidad, el establecimiento de los
descansos, etcétera. Nuestra propuesta es muy clara: fin a las guardias de veinticuatro horas; fin a que los descansos no estén blindados y que las Administraciones puedan seguir pidiendo que se les devuelvan horas a final de año; fin a que no
haya una limitación de la jornada laboral que verdaderamente se cumpla, y fin a la vergonzante temporalidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y de los servicios públicos de salud. Es un estatuto marco para todos los profesionales y tiene
que dar respuesta a todos los profesionales.
El otro elemento que quería comentar, el octavo, está relacionado con una de las leyes que está en las Cortes y que probablemente sea la ley que menos atención ha suscitado en este tiempo: la ley relacionada con algunas medidas para mejorar
la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Es una ley que podría ser considerada como una especie de patchwork legislativo en la cual se recogen elementos relacionados con la evaluación de impacto en salud, con la red de evaluación de tecnologías
sanitarias y con el desarrollo del foro abierto en salud, ya considerado en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero que necesita un desarrollo mayor para ponerse en marcha. Tiene un elemento fundamental para
nosotros, de vital importancia, que es el desarrollo normativo del Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial. El año pasado conseguimos algo que no se había hecho en los últimos diez años: equilibrar los saldos positivos y
negativos entre las diferentes comunidades autónomas en todo lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria que se presta entre diferentes comunidades autónomas o a ciudadanos extranjeros. Ese saldo, que fue complejo de conseguir, pero se llevó a
cabo, establecía una línea cero, pero no nos permitía llevar a cabo una nueva regulación, porque para eso necesitamos la habilitación legislativa. Por eso, hemos pedido al equipo responsable del Ministerio de Sanidad que hable con los diferentes
grupos parlamentarios para avanzar en esa ley, justamente muy centrados en el desarrollo normativo del Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial. La semana pasada tuvimos una reunión con el consejero y el viceconsejero del País
Vasco hablando al respecto y manifestamos nuestro compromiso de avanzar en su regulación. Esto es una necesidad para las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas manifestaron la necesidad de regularlo, aprobándose que este
elemento tenga un desarrollo normativo, porque todas las comunidades autónomas ven cómo se llevan a cabo prestaciones sanitarias que no tienen capacidad de contabilizar dentro de ese modelo de reembolso autonómico que genere una mayor cohesión
dentro del sistema y que, además, pueda ser más justo en términos de reequilibrar las atenciones que se llevan a cabo por parte de los diferentes actores.
Quería terminar con dos temas de especial actualidad en las últimas semanas: uno relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo y otro con los cribados. Empiezo por la interrupción voluntaria del embarazo. Hace unas semanas
tuvimos la noticia de que, dentro del Ayuntamiento de Madrid, a partir de un acuerdo, de la votación de una moción apoyada por el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Parlamentario Popular, se instaba a que los trabajadores y las trabajadoras de los
servicios del Ayuntamiento de Madrid informaran a aquellas mujeres que quisieran abortar sobre una entidad diagnóstica no reconocida científicamente, el síndrome posaborto, que venía a decir que, si las mujeres abortaban, desarrollarían alcoholismo,
depresión, ideación autolítica, etcétera. Esto, además de ser una banalización totalmente anticientífica de lo que supone una interrupción voluntaria del embarazo, creo que es una banalización de lo que supone para muchas mujeres pasar por una
interrupción voluntaria del embarazo, que evidentemente -así está descrito en la bibliografía- puede suponer lo que se denomina un acontecimiento vital estresante y puede tener impacto sobre el sufrimiento psíquico de la mujer, pero sin lugar a
dudas no tiene una entidad diagnóstica autónoma como para considerar que existe nada parecido al síndrome posaborto. De la mano de esto, nos encontramos con que algunas de las comunidades autónomas del sistema que desarrollan sus servicios
autonómicos de salud se negaban a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 1/2023, que reformaba la ley de salud sexual y reproductiva, la conocida como ley del aborto, que obligaba a que todas las comunidades autónomas y el INGESA tuvieran desarrollados
los registros de objetores de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo; unos registros de objeción de conciencia que son similares a los registros que absolutamente todas las comunidades autónomas tienen ya creados para los
profesionales que quieren objetar de conciencia para la eutanasia. A este respecto, quiero decirles que desde el Ministerio de Sanidad se envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían iniciado los trámites para ello, que
eran la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la de Aragón y la Comunidad Autónoma de Madrid, y solo hemos recibido manifestaciones públicas de una comunidad autónoma que quiere oponerse de manera clara al cumplimiento de la ley, que es la
Comunidad de Madrid, y una notificación por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de que sí van a llevar a cabo el cumplimiento de la ley con la creación del registro de objetores. El requerimiento lo enviamos hace dos semanas, y desde su envío
había un mes para el cumplimiento del registro de objetores, así que quedan dos semanas y media para que se cumpla. En el caso de que no se cumpla, comenzaremos con la tramitación de un recurso contencioso-administrativo para dar cumplimiento a la
ley, que entendemos que es la única opción que tenemos en el contexto del Estado de derecho. Además, esto parte de la firme creencia de que el Ministerio de Sanidad y el conjunto del Gobierno, también de la mano con el Ministerio de Igualdad,
tienen que comprometerse con el cumplimiento en el año 2025 de un derecho como es el de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley dice que las interrupciones voluntarias del embarazo se tienen que producir en centros públicos o en centros
privados acreditados. Por eso, hace unas semanas sacamos un informe sobre la realización de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos de las diferentes comunidades autónomas y nos encontramos, por ejemplo, con que
hay cuatro comunidades autónomas que están realizando más de 75 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en la red pública, comunidades autónomas de diferente signo político. Tenemos a Galicia, tenemos a Cantabria y tenemos a La Rioja,
ahora mismo gobernadas por el Partido Popular, pero el incremento en Cantabria se dio cuando estaba el PRC, y tenemos también a Navarra con una tasa tremendamente alta de interrupciones voluntarias del embarazo que se están llevando a cabo en el
ámbito público. También hay comunidades como Cataluña o Baleares, en las que -en el caso de Cataluña, el 55 %, y en el caso de Baleares, el 45 %- también se llevan a cabo en la sanidad pública. Pero, además, nos encontramos con que ya son más de
una de cada cinco interrupciones voluntarias del embarazo las que se llevan a cabo en el ámbito público y, en el caso de dos de las tres comunidades autónomas con mayor población que apenas realizan interrupción voluntaria del embarazo en centros
públicos, como son Andalucía y la Comunidad de Madrid, si ellas llegaran al 50 %, el 40 % de las interrupciones voluntarias del embarazo a nivel global se estarían
prestando en centros públicos. Se está avanzando en comunidades muy dispares y con modelos muy dispares, desde un modelo, por ejemplo, centralizado, como es el de Cantabria, con el centro de salud sexual y reproductiva La Cagiga, donde a
nivel centralizado se realizan allí todas las prácticas, hasta modelos descentralizados como puede ser, por ejemplo, el de Navarra, con centros de salud sexual y reproductiva que no tienen integración en atención primaria, o el de Cataluña, en el
que los servicios de salud sexual y reproductiva sí que están centrados e integrados en el ámbito de la atención primaria.
Otra cuestión con la que nos encontramos cuando llegamos al ministerio era que en Ceuta y Melilla no se había hecho nunca ninguna interrupción voluntaria del embarazo. Miento, creo que en el año 2017 se hizo una en Melilla. Eso es
inadmisible, no puede ser, y por eso la directora del INGESA personalmente ha comenzado desde hace unos meses a tener conversaciones con los responsables de algunas comunidades autónomas de las que están llevando a cabo un gran desempeño para la
prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos para ver de qué manera lo están haciendo. Ya tenemos identificados dentro de Ceuta y de Melilla a profesionales que tienen interés en llevar a cabo la prestación de la
interrupción voluntaria de embarazo en los centros públicos y ahora mismo está siendo una de las prioridades para poder realizarlo en los próximos meses. Si bien podemos decir que cuando nosotros llegamos no se había llevado a cabo ninguna
interrupción voluntaria del embarazo en Ceuta y Melilla, sí que podemos decir que cuando nosotros nos vayamos se habrán empezado a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en Ceuta y en Melilla.
El otro elemento que quería comentar está relacionado con los cribados. Como ustedes conocerán, para la realización de los cribados en el conjunto del Sistema Nacional de Salud hay un documento, que es el Documento Marco sobre Cribado
Poblacional, que recoge una cantidad determinada de requisitos, son dieciocho criterios para la toma de decisiones estratégicas respecto a los programas de cribado poblacional, que básicamente establecen cuáles son las características que debe tener
un programa de cribado para llevarse a cabo dentro del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Como ustedes saben, hay un elemento fundamental, y es que para realizarse una prueba de cribado lo que tiene que hacerse es conseguir cambiar el curso
natural de la enfermedad para lograr cambiar el curso de la expectativa de vida de las personas que atraviesan ese cribado. A partir de la elaboración de este documento marco y unos años después se fue trabajando, junto con las comunidades
autónomas, en el seno de la ponencia de cribados que pende de la Comisión de Salud Pública dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un documento para el desarrollo de los sistemas de información con una serie de indicadores
en materia de cribados. Cuando hace unas semanas tuvimos conocimiento de lo que había ocurrido en Andalucía, con varios miles de mujeres que no habían recibido ningún tipo de notificación a pesar de tener una prueba de cribado mediante mamografía
frente al cáncer de mama presuntamente con un BI-RADS 3, con una notificación de un posible dato dudoso de enfermedad maligna, nos pusimos en contacto con las diferentes comunidades autónomas y les solicitamos el envío de la información de los
indicadores que se habían consensuado en el seno de la ponencia de cribados para poder evaluar cuál es el estado de la cuestión de los diferentes cribados en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Tenemos conocimiento de que hay algunas
comunidades autónomas que están elaborando los datos para poder enviárnoslos, tenemos conocimiento de que otras comunidades autónomas, dado que había un tiempo de carencia desde la aprobación del documento hasta que el envío de esos indicadores
concretos fuera de obligado cumplimiento, nos van a enviar los indicadores que ellos ya están utilizando para evaluar los programas de cribado, aunque no fueran específicamente los que nosotros solicitábamos, y sabemos que hay una serie de
comunidades autónomas, especialmente las capitaneadas por el Partido Popular, que se han negado en retundo a dar esa información. Lo primero que quiero decir es que esa información no se la están negando al Ministerio de Sanidad, sino a la
población de sus comunidades autónomas. Además, no es información solamente sobre el cribado de cáncer de mama, sino también sobre el cribado del cáncer de cuello de útero y el de cáncer de colon, que son los tres cribados poblacionales
establecidos en la cartera común de servicios de Sistema Nacional de Salud. Además, también tenemos que decirles que estamos estudiando las medidas legales para llevar a cabo una solicitud para que nos envíen esos datos, y esto lo decimos porque no
hay que olvidar que el Sistema Nacional de Salud funciona como una especie de red en la cual, para que unos lleven a cabo el pleno cumplimiento de sus competencias, otros tienen que llevar a cabo acciones y, en este caso, alguna de esas acciones
están relacionadas con la cesión de información, que está recogida en la Ley 33/2011, General de Salud Pública, y que es fundamental para que el Ministerio de Sanidad pueda llevar a cabo sus competencias. De la misma manera que, si el Gobierno no
diera información a las comunidades
autónomas sobre qué personas españolas o extranjeras residentes de manera legal en España tienen derecho a la asistencia sanitaria, las comunidades autónomas no podrían desarrollar esa asistencia sanitaria, para llevar a cabo algunas
acciones que son competencia nuestra en materia de salud pública necesitamos de la provisión de información por parte de alguna de las comunidades autónomas. Así que en ese marco será en el que seguiremos desarrollando nuestras actividades en los
próximos días.
Para terminar, y en relación con este elemento de los cribados, quiero decirles que el otro día oímos con cierto estupor y no poca vergüenza las manifestaciones de una diputada del Grupo Popular a la ministra de Sanidad en las que, sin
ningún tipo de rubor, consideró que era el mejor momento para lanzar un bulo de total y absoluta falsedad sobre la realización del cribado de cáncer de mama en la ciudad de Melilla. Yo entiendo que como a esta comisión todo el mundo viene con los
deberes bien hechos, todos ustedes habrán leído el informe sobre la atribución de la función para realizar los cribados poblacionales neonatales en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, que fue emitido por la Secretaría de Estado
de Política Territorial, que depende de la Secretaría General de Coordinación Territorial y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el año 2019. Es un informe que se hizo
porque el Gobierno de la Ciudad de Melilla solicitó al Ministerio de Política Territorial en el año 2019 que le dijera si el cribado poblacional neonatal -en este caso era el cribado poblacional neonatal- era una competencia de INGESA, es decir, del
Gobierno central, o de la Ciudad de Melilla. Este informe, que podemos poner a su disposición cuando ustedes lo quieran, aunque entiendo que ya lo habrán leído porque, si no, no dirían lo que dijeron, aunque me resulta más raro que lo dijeran
después de haberlo leído, dice lo siguiente: La Ciudad Autónoma de Melilla, titular de la competencia sobre salud pública, habría de ejercer la función para practicar los cribados poblacionales neonatales, no debiendo entenderse que la misma
permanezca en el ámbito del Estado a través de INGESA, que únicamente ostenta la condición de entidad gestora para la Administración y gestión de los servicios sanitarios en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla. Sin perjuicio de esta
conclusión, resulta asimismo pertinente subrayar la facultad de ambas Administraciones, de acuerdo con el régimen de distribución de competencias descrito, de suscribir los instrumentos de cooperación y colaboración que proceda. Por ello, viene a
decir que los cribados poblacionales son una competencia de las ciudades de Ceuta y de Melilla. Para nosotros es especialmente sorprendente lo que ocurrió recientemente con el ámbito de Melilla, porque en Ceuta esto es una problemática que no
estamos teniendo, a pesar de que también es el Gobierno del Partido Popular quien gobierna allí. En Ceuta hay un convenio desde hace muchos años en el cual cooperan conjuntamente las dos Administraciones. Sin embargo, en el caso de Melilla nos
hemos encontrado con que no es una no asunción de las competencias, sino una denegación haciendo alocución a normativa preexistente a este informe, que lo que hace es compilar toda la evidencia jurídica disponible para ponerla en marcha y tomar unas
conclusiones; insisto, el informe está hecho a solicitud del Gobierno de Melilla. A día de hoy, creo que es especialmente relevante, destacar que, en contra de lo que dijo la diputada del Grupo Popular en el Pleno de la semana pasada, en el año
2023, en la ciudad de Melilla, se llevaron a cabo 1532 mamografías de cribado; en el año 2024, 1805; en el año 2025, en lo que llevamos de año hasta el día 16 de octubre, 1486 mamografías de cribado. Son datos que distan bastante de ser cero, que
es lo que dijo la diputada del Grupo Popular. Quería comentar esto porque me parecía totalmente inadmisible pasar en esta comparecencia sin mencionar lo que no deja de ser un auténtico bulo.
Termino aquí y ya quedo a disposición de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias al secretario de Estado.
Comienza el turno del Grupo Popular, por un tiempo de diez minutos.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidente.
Muy buenos días, señorías.
En primer lugar, damos la bienvenida al secretario de Estado a esta comisión. Comparece en unos momentos en los que la satisfacción de los usuarios con el sistema sanitario sigue cayendo; según el último barómetro del CIS, publicado la
semana pasada, la valoración que hacen del sistema sanitario ha caído veinte puntos con respecto al 2019. Algo no están haciendo bien y lo publica El País (mostrando un documento), por si luego saca que hay medios que dan una información y otros
otra. Por otro lado, nos estamos encontrando con un ministerio que está abandonando sus competencias, y voy a hablarle de los profesionales, una de las cuestiones que usted ha dejado prácticamente para el final de su intervención.
No está resolviendo la falta de profesionales médicos o enfermeras. El Ministerio de Sanidad hizo pública la última actualización conocida sobre el informe de necesidades de médicos especialistas en España 2023-2025, y en este informe dicen
ustedes mismos cuáles son las necesidades de plazas a ofertarse. Vamos a hablar de alguna de las especialidades, concretamente la de familia y comunitaria, para acabar con el déficit al 2030. Así, en el 2024, ofertaron 2492 plazas, 249 menos de
las solicitadas en su propio informe; en 2025, la oferta fue 2503, 233 menos de las que ponían en su informe; en 2026, 2544, pero 197 menos de las que ponían en su informe que eran necesarias, 2741 plazas. ¿Cuántas hemos incrementado para la
próxima convocatoria? Solo 36. ¿Realmente van a ajustar en algún momento la oferta anual de las plazas de formación sanitaria especializada de medicina de familia y comunitaria a las cifras planteadas por el ministerio en su propio informe?
¿Cuándo va a acreditar el Gobierno más unidades docentes? Le recuerdo que la acreditación es solo responsabilidad del ministerio. A la falta de profesionales se unen sus nefastas reuniones para alcanzar acuerdos con respecto a la modificación de
la ley del estatuto marco -usted ha hablado de ello al final de la intervención-. Aquí hay que felicitarles, porque algo han hecho bien: poner a todos los profesionales de acuerdo, tanto a los que están en el ámbito de la negociación como a los
que están fuera; han logrado un pleno en contra del texto del estatuto marco y, además, hay que sumar a las comunidades autónomas, de las que el Gobierno ha prescindido en sus reuniones previas. Miento, solo ha habido dos reuniones en todo el
tiempo. ¿Piensan retomar los trabajos del estatuto marco? ¿Van a contar con las aportaciones de los profesionales o, por el contrario, van a pasar de los profesionales y de las comunidades autónomas? Les recuerdo que ya hemos tenido tres
movilizaciones -dos huelgas por parte de la CESM, de los médicos, y la protesta de los sindicatos del ámbito de negociación- y no hemos conocido ningún avance, y tienen anunciadas además nuevas movilizaciones. ¿Van a rectificar en el proceso de
negociación? ¿Están hablando con Hacienda para dotar la ley del estatuto marco de presupuesto? Porque cuestiones como la jornada, las retribuciones o la jubilación tienen un impacto presupuestario, además de otras cuestiones. Llevan tres años
negociando y hasta el 2 de octubre pasado no convocan al Foro Marco para el Diálogo Social, y pretenden debatir la reforma del estatuto marco sin presentar una memoria técnica que detalle el impacto y el alcance de la reforma, una memoria jurídica
que detalle qué normas se modifican o se derogan y sin una memoria económica que asegure la financiación necesaria. Sin aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿cómo piensan financiarla? ¿Van a entregar estas memorias a las comunidades
autónomas, como le han pedido? Porque esta reforma del estatuto del personal sanitario necesita financiación. ¿Cuáles han sido los motivos por los que los ministerios de Hacienda y Función Pública no acuden a la reunión del foro marco? Usted ha
dicho que han participado los sindicatos y las comunidades autónomas, pero se ha olvidado de dos patas fundamentales del Gobierno, que son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Función Pública. ¿Qué ha cambiado para que ahora sí los
convoquen? Aunque, claro, no tenemos ningún avance; entonces, no sé qué puede pasar. Han llegado a decir que llevan más de sesenta reuniones en los tres años que llevan trabajando. ¿Consideran que realmente el texto mejora las condiciones de los
profesionales sanitarios? Si mejoran las condiciones, pienso que estarían de acuerdo todas las partes, pero la realidad no es así. ¿Cuándo van a convocar de nuevo al Foro Marco del Diálogo Social? Le recuerdo que, hasta comunidades del Partido
Socialista, como Castilla-La Mancha, ya le están diciendo que la negociación ha sido una auténtica chapuza. Desde mi grupo parlamentario queremos transmitirle tanto a los sindicatos como a los profesionales sanitarios que nuevamente se han sentido
engañados por el ministerio, que sí estamos a favor de la reforma y que sería útil que el estatuto marco se hiciera desde la lealtad institucional, el compromiso, el diálogo y el rigor. Por ello, señor Padilla, le seguiremos exigiendo que acompañe
todas y cada una de las propuestas con los avales técnicos y económicos necesarios. Ustedes han llegado a decir que un informe jurídico bloquea la jubilación y el salario en el estatuto marco. ¿Nos lo pueden enviar a los grupos parlamentarios de
esta Cámara?
Con respecto al acceso a los medicamentos, la verdad es que todo el mundo está esperando que en esto haya avances. Ustedes publicaron el anteproyecto de ley del medicamento, se aprobó en Consejo de Ministros, ha habido más de cuatrocientas
instituciones que presentan alegaciones. Nos alegramos de que estén en la fase final, pero, la verdad, ¿cuándo lo va a resolver realmente esta ley?
Por otro lado, una de las cuestiones fundamentales es el acceso a la innovación terapéutica. Hay propuestas, como la reforma de la ley de contratos del Estado. ¿Va a valorar finalmente el Gobierno esta propuesta y la va a incluir en el
Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que tendrá que volver a aprobar el Consejo de Ministros? Le recuerdo que las demoras, tanto en medicamentos oncológicos como en medicamentos huérfanos, son de más de 600 días. Pero es
que, además, tenemos
datos que nos pasan las propias asociaciones y sus intervenciones (muestra una gráfica), donde España -se ve en la raya amarilla- está en torno a más de 700 días de demora, mientras que Alemania está en 73 días. Algo está pasando, algo
estaremos haciendo mal.
Respecto a los cribados, ustedes llevan un tiempo más cómodos atacando a las comunidades autónomas que en aportar soluciones a los verdaderos problemas que tiene la sanidad en nuestro país. Ustedes están situando sus prioridades políticas
por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Están rompiendo la lealtad institucional, la cooperación, el consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas a través de lo que debe de significar el consejo
interterritorial; transformándolo en un instrumento de imposición y confrontación, ignoran las aportaciones de las comunidades autónomas y vulneran el reglamento que regula su funcionamiento. ¿En algún momento ha pensado que el consejo
interterritorial se basa en el diálogo y en la búsqueda de acuerdos compartidos? ¿Realmente han pensado que esto es así? Su manipulación con los acuerdos adoptados en la ponencia de cribados en el mes de abril que ustedes tienen publicados en su
página web y que aún se encuentra en fase de modificación -las actas de la última ponencia son de septiembre- es intolerable, sobre todo por la falta de confianza que están generando entre las mujeres que se someten a los cribados de cáncer de mama.
Usted se salta los trabajos técnicos, envía una carta (muestra un documento), como nos ha dicho, a las comunidades autónomas e impone su criterio vulnerando los principios de respeto y colaboración que debe regir este órgano. Le recuerdo que los
programas de cribado de cáncer de mama son un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental en la prevención y detección precoz, y ustedes, desde el ministerio, se han situado frente a las comunidades autónomas y frente a las
mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y de orgullo compartido.
También hemos conocido lo que ha significado para usted, señor Padilla, el cribado de cáncer de mama. Estos días se le ha recordado lo que escribía en algún blog, rechazando la autoexploración mamaria o la realización de mamografías. Usted
es médico. Como médico, ¿sigue pensando lo mismo? No me responda como secretario de Estado. ¿Por qué ha pasado de negacionista a mostrarse crítico con los fallos en el cribado de mama en Andalucía y a una amnesia con los fallos de Castilla-La
Mancha o de Melilla? ¡Qué cambios de personalidad hemos dado a lo largo de los años, señor Padilla! ¿Nos puede explicar cómo conjuga su opinión con la petición de indicadores a las comunidades autónomas? ¿Está usted tranquilo pidiendo unos
indicadores a las comunidades autónomas que saca de un documento sobre el que aún se está trabajando? Qué falta de respeto, ¿no? ¿Qué respeto tiene al grupo de trabajo de la ponencia? ¿Qué validez tiene para usted la Red de Programas de Cribado
de Cáncer? Porque es ahí donde cuelgan los datos las comunidades autónomas. Está clara su deslealtad institucional, su intrusismo constante en las competencias autonómicas, actuando al margen del marco de cooperación que establece nuestro
ordenamiento jurídico.
En el Grupo Parlamentario Popular le pedimos, de verdad, que respete las decisiones y el trabajo de los órganos de participación -comisiones, grupos de trabajo, consejo interterritorial- que están establecidos en el marco del Ministerio de
Sanidad, que escuche a todos los actores de sanidad, que el ministerio ponga soluciones a los graves problemas que tiene la sanidad y que no lo utilice usted para su ideario político. Y empiecen aportando soluciones para la sanidad de Ceuta y
Melilla, que son de su competencia a través del INGESA y que están pasando por verdaderos apuros ante múltiples carencias, como la falta de profesionales prioritarios.
El señor PRESIDENTE: Puede ir concluyendo.
La señora VELASCO MORILLO: Termino ya, señor presidente, y gracias por la benevolencia.
Usted ha sacado lo que una compañera mía dijo en el Pleno de la Cámara. La verdad es que rápidamente sacaron un comunicado (muestra un documento) incluso desde el propio INGESA, pero yo le recuerdo que estamos hablando de mamografías de
detección precoz, no de todas las mamografías que se hacen como una actividad en el hospital. Yo creo que hay que diferenciar lo que es diagnóstico precoz, lo que está en torno a él, de la actividad asistencial que se hace en torno a un centro
sanitario. La verdad es que saben que con Ceuta y Melilla tienen una deuda, que son responsables de su gestión y que, desde luego, no la están abordando cómo corresponden. Por el contrario, exigen lo que no hacen a las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Vasco, por favor.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias.
Egun on. Buenos días.
Señor Padilla, bienvenido. He escuchado atentamente su intervención y la verdad es que por lo menos no se les puede negar que no quieran enfrentarse a algunas cuestiones, así que no le podemos negar que no quieran enfrentarse a ciertas
situaciones que creo que todo el mundo compartimos y que están generando cierta inquietud y ciertos problemas. Otra cosa es que compartamos o que coincidamos en la solución que ustedes dan, pero por lo menos me parece que es importante poder dar el
primer paso de no ocultar la problemática existente en muchos aspectos de lo que es este amplio espectro de la salud pública.
Yo me voy a centrar específicamente en dos cuestiones. La primera -usted mismo lo ha dicho y se le agradezco- es la situación existente en el Fondo de Cohesión. Evidentemente, como usted ha indicado y el Gobierno vasco también así se lo ha
trasladado, en este momento la liquidación es desproporcionada para Euskadi y nosotros entendemos que el sistema no funciona correctamente; si no, no pueden darse los datos que se están dando ni las facturas que está pagando Euskadi por los
servicios prestados, supuestamente, a los ciudadanos vascos en otras comunidades. Es una factura impresionante y que nosotros entendemos que no corresponde a la realidad. Usted ha mostrado una voluntad, más que de llegar a un acuerdo, de
solucionar dónde está el desajuste, qué es lo que no funciona, que los números que salgan sean los lógicos, entendiendo todos que ese Fondo de Cohesión debe funcionar, y cuál es la mejor manera para que podamos todos coincidir, aportar lo que se
tenga que aportar, pero, evidentemente, no pagar lo que no corresponda. Y creo que es momento para que cojamos el toro por los cuernos, como se dice metafóricamente, y podamos atajar esta situación. Por lo tanto, vamos a buscar los caminos más
oportunos para que esto no vuelva a ocurrir y para que verdaderamente podamos solucionar esta situación desproporcionada.
Además de eso, usted sabe perfectamente, porque el Grupo Vasco lo ha elevado incluso en pregunta al presidente, que estamos muy preocupados por la situación de la falta de médicos. Es algo que le hemos hecho llegar más de una vez y la
verdad es que en su intervención no ha incidido mucho en este tema. Tanto nosotros como desde Euskadi le hemos trasladado propuestas para paliar esta situación y vemos que no ha habido contrapropuestas o que no ha habido alternativas o que no se ha
respondido, y tampoco se nos ha dicho qué alternativa ofrecen frente a la nuestra. Nosotros le hemos propuesto ampliar edades de jubilación, etcétera, y la situación de ausencia o falta de médicos sigue existiendo. Por lo tanto, si no hay
contrapropuesta, ¿cuál es el motivo para no aceptar las propuestas que se le han hecho? El problema sigue siendo el mismo y puede ir a peor si la no búsqueda de soluciones persiste, y usted sabe perfectamente que hoy en día esta es una situación
que en muchas comunidades está generando muchos problemas.
El tema del mir y el euskera es algo que también le hemos hecho llegar a la ministra directamente y no entendemos esa cerrazón, esa negación; no entendemos dónde está la discriminación que se dice que existe por pedir que el euskera sea
valorado en el mir. No hay ninguna discriminación de ninguna índole; de hecho, creemos que se pueden generar mayores posibilidades para que estas personas bilingües se queden en el lugar donde quieren estar. Por lo tanto, le pedimos que lo
estudien, que lo valoren, que lo reconsideren, que miren verdaderamente por la salud pública, por los profesionales y para que esto no se enquiste ni quede en una situación complicada y conflictiva, porque nosotros no queremos generar conflictos
gratuitamente, no tenemos ninguna intencionalidad ni estamos en el partido de tenis que otros puedan estar jugando. Ese no es nuestro estilo ni es nuestro interés, y usted lo sabe.
Yo me quedaría con estas tres cuestiones. Por otra parte, hay una frase que decimos muchas veces y que vuelvo a repetir: cumplan con su trabajo, métanse donde les corresponda y no lo hagan donde no les corresponda, porque a veces parece
que cruzan los ámbitos y hacen precisamente lo contrario. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, se dice. Pues en este caso, cumplan ustedes con sus competencias, que nosotros ya lo haremos con las nuestras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, por favor.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: (Comienza su intervención en euskera). 1
En primer lugar, bienvenido.
Gracias por la detallada información que nos ha proporcionado sobre muchos temas que estoy segura tendremos la oportunidad de analizar más en profundidad en breve.
Me gustaría centrar mi intervención en tres o cuatro temas muy concretos, sobre los que me gustaría que nos aclarara algunas cuestiones, empezando por el mir y el euskera, como ha dicho el señor Agirretxea. Por nuestra parte, también se lo
hemos planteado en varias ocasiones y no me voy a extender más. Hace muy poco lo plantearon en el Senado mis compañeras de EH Bildu y esperamos que tenga una respuesta aceptable para que se puedan cumplir los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
Por otro lado, nos gustaría también hablar sobre el tratamiento de prevención del VIH. En el Estado español se han diagnosticado 3196 nuevos casos de infección por VIH en 2023, de los cuales 167 se diagnosticaron en Euskal Herria. En 2024,
se diagnosticaron 1,3 millones de nuevas infecciones en el mundo. A la vista de todos los informes, estamos en un momento en el que los avances para prevenir el VIH se han estancado, pero justo en este momento crítico, tras un periodo de varios
años de ensayos clínicos, la Comisión Europea ha autorizado para su comercialización un producto que ha demostrado una enorme eficacia -prácticamente del cien por cien- como opción de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por VIH.
Como saben, hablo del Lenacapavir, que, si bien técnicamente es un fármaco, en la práctica se comporta como una vacuna porque ofrece prevención a largo plazo. De hecho, previene la infección del VIH durante seis meses, por lo que la Organización
Mundial de la Salud ha recomendado que se administre dos veces al año. Es un producto que la Agencia Europea de Medicamentos definió como de interés mayor para la salud pública. En palabras de la OMS, gracias a que se inyecta solo dos veces al
año, es un fármaco que puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario, están estigmatizadas o carecen de acceso a los servicios
de salud. Es decir, para proteger a las personas más vulnerables. Y aunque sabemos que el acceso al Lenacapavir sigue siendo limitado fuera del contexto de los ensayos clínicos, la OMS insta a los Gobiernos a comenzar a incorporarlo sin demora en
los programas estatales de prevención. Nuestra pregunta va precisamente en ese sentido: ¿ha dado ya el ministerio algún paso para la incorporación del Lenacapavir inyectable en los programas de prevención? En caso afirmativo, ¿para cuándo estiman
que se podría empezar a utilizar a nivel del Estado y a qué grupos de población se aplicaría prioritariamente?
Otro de los temas que nos gustaría tratar es el de la regulación de las especialidades sanitarias que son cubiertas en su mayoría por biólogos y biólogas. Para ello, nos ha parecido lo más apropiado traer aquí la voz y las reivindicaciones
de dos importantes entidades del ramo, que hacemos nuestras. Por un lado, queríamos hablar sobre el proyecto de real decreto por el que se crean las especialidades de genética médica y genética de laboratorio, que deja fuera a asesoras y a asesores
de genética. Queríamos trasladarles las inquietudes que nos ha hecho llegar la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, SEAGen. En su redacción, cuando se abrió a consulta pública, el texto del proyecto reservaba el asesoramiento genético
exclusivamente a la especialidad mir en genética médica, atribuyéndoles funciones más limitadas que las que hoy realizan las y los asesores genéticos, y excluyendo de facto a estos, a pesar de contar con formación homologada a nivel europeo y de
desempeñar un papel consolidado en hospitales y centros de salud. Este planteamiento -para el que, por cierto, no se contó con el colectivo de asesoras y asesores genéticos- no refleja la realidad clínica actual y supondría un retroceso en la
atención multidisciplinar que ya se ofrece a pacientes y familias en el sistema estatal de salud, y además llevaría a la privatización de los servicios de asesoramiento genético que no puedan ofrecer los médicos genetistas y que hoy por hoy se están
ofreciendo desde el sistema público de salud, lo que, evidentemente, crearía otro problema más de inequidad social.
Entre todo ello, como ya hicieron llegar al ministerio en el periodo de consultas públicas, el colectivo de asesoras y asesores genéticos considera imprescindible que el proyecto de real decreto incorpore de forma expresa el asesoramiento
genético como competencia profesional, en coherencia con lo ya previsto en el Real Decreto 693/1996, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Biólogos, que reconoce expresamente el consejo genético y la planificación familiar
entre sus funciones; y, asimismo, solicitan que las y los asesores genéticos puedan acceder a la formación especializada a través de la vía bir, garantizando un itinerario formativo acorde a los estándares europeos del European Board of Medical
Genetics. Nuestra pregunta en este sentido es clara: ¿tomará en consideración el ministerio los
1 En aplicación del punto Tercero.7 del Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados relativo al régimen lingüístico de los debates en los órganos parlamentarios.
argumentos y la solicitud del colectivo de asesoras y asesores genéticos a la hora de redactar el texto definitivo del real decreto?
Por otro lado, hay un tercer y cuarto tema. El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos nos traslada una cuestión en la que llevan trabajando prácticamente desde 2003, cuando se aprobó la LOPS, la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, debido a la cual se impide ejercer como profesionales sanitarios a más de tres mil biólogos y biólogas que, sin embargo, realizan actualmente estas actividades de carácter sanitario sin tener este reconocimiento, por lo que
se encuentran en una situación anómala que implica, entre otros problemas, ausencia de garantía y seguridad con los pacientes. Con anterioridad a la aprobación de la LOPS, la profesión de biólogo estaba reconocida para ejercer la actividad
sanitaria y, tras la publicación de esta ley, los profesionales de la biología continuaron y continúan realizando sus actividades sanitarias, solo que, según el propio ministerio, en un marco de ilegalidad al no estar reconocidos en la LOPS. En
este contexto, queríamos recordar que entre los años setenta y noventa del siglo pasado fueron los y las profesionales de la biología quienes crearon, organizaron y dirigieron todos los laboratorios de genética y reproducción asistida en todo el
Estado español, y contribuyeron a la modernización de la mayoría de los laboratorios de análisis clínicos en los hospitales de todo el Estado. Esto último fue reconocido en el Real Decreto 1163/2002, por el que se crean y regulan las especialidades
sanitarias para químicos, biólogos y bioquímicos. Con ello empezó el bir, y hoy en día existen unos 1500 especialistas en Ciencias de la Salud que son biólogas y biólogos reconocidos como profesionales sanitarios en análisis clínicos, bioquímica,
inmunología, microbiología y radiofarmacia. Sin embargo, quedaron fuera de aquel real decreto las biólogas y los biólogos que trabajan en genética, reproducción asistida, terapia celular o células madre, biobancos o investigación bioquímica con
muestras humanas, entre otras áreas. En todas ellas se desarrollan tareas trascendentales en el ámbito sanitario y en todas estas áreas las biólogas y los biólogos son los actores principales, tanto en asistencia, docencia e investigación como en
la formación de nuevos y nuevas profesionales en realización de reglamentos y protocolos. Sin embargo, en su mayoría siguen ejerciendo contratados como facultativos no especialistas o como técnicos superiores, e incluso con contratos de gestión y
oficinas, por falta del reconocimiento sanitario.
Con la primera legislatura de Pedro Sánchez, la entonces ministra de Sanidad, Marisa Carcedo, fue sensible con la problemática y propuso solucionarla vía máster, cosa que hizo pública en 2019, e incluso se incluyó una partida para ellos en
los presupuestos de 2021. La solución propuesta en aquel momento decayó por una normativa europea promulgada en el Real Decreto 472/2021, sobre la necesidad de un test de proporcionalidad exigido por Europa antes de adoptar nuevas regulaciones de
profesiones. A partir de ahí, el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos propone solucionar la situación modificando la LOPS, utilizando el mismo texto que se aprobó para los licenciados y licenciadas en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Evidentemente, proponer un cambio de modificación de la ley y llevarlo adelante no está en manos del Gobierno, sino del Legislativo, pero estando el panorama como está, teniendo en cuenta la situación que hoy se vive en el Congreso, en
el mejor de los casos sería una solución que con toda probabilidad se prolongaría mucho en el tiempo, y la realidad es que la solución de esta situación corre prisa, sobre todo por la imperativa europea de estabilización del personal eventual y el
nuevo reglamento SoHO de obligado cumplimiento en 2027. Ante lo expuesto, nos gustaría saber cuál es la postura del ministerio ante esta problemática. ¿Están ustedes dispuestos o en condiciones de darle una solución rápida y eficaz? Y en caso de
que así sea, ¿han pensado por qué vías y en qué términos podría venir esta solución?
Para concluir -muy brevemente, que ya me paso del tiempo-, queríamos hablar del desarrollo normativo de la Ley 3/2024, de la ley ELA. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de real decreto sobre las medidas para
cumplir con las obligaciones establecidas en la ley ELA -no voy a entrar ahora en su contenido-; sin embargo, aún no se ha aprobado el decreto que recoge las enfermedades que, junto con la ELA, se incluirán en dicha ley. En este sentido, hemos
leído alguna noticia de que el decreto podía ser aprobado hoy mismo en el Consejo de Ministros. ¿Podría explicarnos exactamente en qué punto está el proceso del decreto y en qué términos se reconocerán los y las destinatarias de las ayudas?
Besterik ez. Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
A continuación, como no está el Grupo Junts per Catalunya, el Grupo Republicano, si es tan amable.
La señora ESTREMS FAYOS: Moltes gràcies, president.
Bon dia, senyor Padilla.
Jo volia fer una mica de repàs de temes pendents que ens van quedar de la seva última compareixença a aquesta mateixa Cambra el mes de febrer, que avui en dia encara no estan solucionats. És evident que des del mes de febrer fins ara hem
rebut diverses peticions de diferents col·lectius -i em sumo una mica a la intervenció que ha fet la meva companya de Bildu- sobre el tema del VIH i dels genetistes. Però jo vull anar a allò que encara no hem solucionat i que, per tant, tenim aquí
una mica de coll d'ampolla. També dir que des del mes de febrer em va dir que em reuniria en una reunió i jo sé que vostè deu tenir l'agenda molt atapeïda, però no hem trobat encara aquest espai. Si ens comprometem públicament a fer una cosa, a mi
m'agradaria que fos una realitat.
Dit això, un d'aquests temes per nosaltres important és la tributació de les ajudes a persones afectades per la talidomida. Com vostè sap que hem entrat esmenes a diverses lleis, ja ho vam exposar aquí l'última vegada i no vull perdre
l'oportunitat de repetir-ho cada vegada que tingui ocasió. Els pacients afectats per la talidomida, que s'estimen entre 1500 i 3000 persones afectades, entre les que estan diagnosticades, o sigui, les que estan reconegudes, les que no, no estan
exemptes d'aquesta tributació a l'IRPF i, per tant, tributen les seves ajudes com a rendiments del treball. Això fa que gairebé la meitat de..., perdó, que moltíssimes d'aquestes persones hagin de tributar gairebé la meitat, el 47 % d'aquesta ajuda
com a rendiment del treball. Això ja sé que vostè em dirà que no és del Ministeri de Sanitat i que és del Ministeri d'Hisenda y con Hacienda hemos topado, com sempre, però a mi, em costa molt de creure que la destributació de les ajudes de, pel cap
alt, 3000 persones desquadrin un pressupost de més de 200 000 milions d'euros de l'Estat espanyol. I, per tant, crec que vostès, des del Ministeri de Sanitat són els que han d'agafar les regnes per fer aquesta pressió a Hisenda, perquè això
s'arregli d'una vegada per totes, perquè si no vindrà la dreta i l'extrema dreta populista, es farà seu el tema, el farà gran, i acabaran sent ells els que arreglin una cosa que l'esquerra fa molt temps que està reclamant, almenys l'Esquerra
Republicana de Catalunya, que s'arregli i que vostès, ara mateix que tenen el legislatiu, podrien arreglar. I com que diuen que presentaran pressupostos tant sí com no, doncs jo els animo a què aquests pressupostos contemplin aquesta destributació.
En segon lloc, també li volia preguntar com està tota la situació de la negociació entre ministeris per la qüestió de la regulació perquè els psicòlegs puguin exercir a la sanitat pública, concretament a la primària, de forma efectiva. Les
últimes converses que vam tenir amb el seu ministeri i, com a condició també per aprovar l'Agència de Salut Pública, vam acordar que iniciaria una negociació, que la iniciarien vostès amb una taula de treball entre ministeris i també amb les
entitats i els col·legis per regular les especialitzacions de psicologia per tal que el psicòlegs poguessin exercir de ple dret a la sanitat pública. Crec que en els temps que corren no podem perdre oportunitats de tenir especialistes treballant en
el camp de la salut mental i és imprescindible que habilitem les màximes persones per exercir aquesta funció. En un temps on la sanitat pública es veu amenaçada a molts llocs per un context d'augment de retallades i de postulats, com hem vist les
últimes setmanes, la sanitat és la joia de la corona, la sanitat pública, igual que n'és l'educació. I mentre tinguem alguna cosa a dir-hi, crec que hem de cuidar-la i reforçar-la des de tots els àmbits. A més a més, dir també que les conclusions
de la Subcomissió sobre Salut Mental que vam extreure d'aquí, d'aquesta càmera, també se'n desprenia aquesta necessitat i, per tant, el seu ministeri no té només un acord amb Esquerra Republicana, sinó que el té amb tota la ciutadania per avançar en
aquest tema.
Una altra qüestió que tenim oberta, també segurament que necessita un procés de negociació amb altres ministeris és el del reconeixement de les especialitats d'infermeria a la categoria A1. Un tema també molt important que hem de
solucionar, que arrosseguem i que es solucionaria i posaria en valor la feina de les infermeres i la seva funció imprescindible en l'acompanyament dels pacients.
I, per últim, no vull deixar de parlar de nou dels drets lingüístics, en aquest cas dels catalanoparlants i les catalanoparlants en la sanitat. Cada cop a Catalunya rebem més queixes de com és de difícil rebre atenció dins la sanitat
pública en català. El català a Catalunya, una cosa que no ens sembla una cosa que hauria de ser massa extraordinària. Som conscients que cada cop costa més trobar professionals que es dediquin a la sanitat pública, però és cert que que no ens
atenguin en català és una vulneració flagrant dels drets lingüístics dels catalanoparlants i les catalanoparlants. Manquen metges, infermeres, psicòlogues, però també és veritat que qualsevol persona que vulgui exercir al nostre país hauria, com a
mínim, d'entendre la llengua en la qual ens comuniquem les persones del nostre país. No es tracta només d'una qüestió simbòlica o cultural, o d'una pataleta, sinó que és una qüestió també de vincle, de confiança
i de dignitat en un servei tan important com la sanitat. Quan anem al metge, al psicòleg, a urgències necessitem poder expressar-nos amb la màxima precisió. No és el mateix definir què ens passa amb la llengua amb la que pensem que en una
llengua en què..., en una llengua diferent a la materna. No sé, imaginem un cas que és -com potser el més flagrant-: el psicòleg. Quan anem al psicòleg expressem com estem. És una cosa molt profunda, és una cosa molt interna i és molt difícil
expressar-ho en una llengua que no sigui la nostra, com a mínim expressar-ho. Jo crec.
I nosaltres creiem que és imprescindible que el català sigui un requisit obligatori per exercir a la sanitat pública al nostre país també parlar-lo, però com a mínim entendre'l. El que no pot ser és que obliguem a persones que pensen en
català, perquè és la llengua de la seva mare i és la llengua en la que han crescut, a expressar-se en una llengua diferent. Com deia, no crec sincerament que sigui una cosa tan marciana i vull entendre que vostès, que s'anomenen plurinacionals,
l'han d'entendre més que ningú i haurien d'estar al nostre costat per defensar que el català sigui un requisit imprescindible per exercir a la sanitat pública a Catalunya.
I per últim, també volia posar de manifest una cosa que segurament és més global i no és un tema concret, que és que el seu ministeri jo crec que té un coll d'ampolla legislatiu flagrant, és a dir, tenim lleis encallades -d'universalitat,
equitat, medicament, tabac, alcohol i menors, estatuts marcs- i cada setmana fan algun anunci. De fet, vostè aquí també n'ha fet. I jo em vull preguntar o li vull preguntar: Com pensen desencallar tot això? Perquè el panorama parlamentari és el
que és. Ens ha costat mitja legislatura desencallar l'Agència Estatal de Salut Pública, que teòricament generava consens i que és cert que, per trilerisme parlamentari d'algun grup, de cop i volta va canviar el seu vot. No vull insistir en això,
però sí que és cert que totes aquestes lleis que vostès posen sobre la taula, convalidacions de reials decrets, estatuts marc, jo em pregunto com s'ho faran. És a dir, m'agradaria sincerament que avui ens pogués respondre. Com dic, he fet una
intervenció molt de repàs, perquè no vull afegir-li coses a la llista, perquè em sembla que entre les coses que li posem nosaltres i les coses que es posen vostès mateixos tenen un problema. Llavors m'agradaria saber quina és l'estratègia que
vostès barajan, diguéssim, per tirar endavant tot això que es proposen i totes aquestes coses que també els hi proposem la resta de grups.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señor Padilla.
Quisiera hacer un poco de repaso de cuestiones pendientes que nos quedaron de la última comparecencia en esta misma Cámara en febrero. Hoy son cuestiones que todavía no se han resuelto, y es obvio que desde febrero hemos recibido varias
peticiones de distintos colectivos -y me sumo un poco a la intervención de mi compañera de Bildu- sobre la cuestión del VIH y los genetistas, pero yo quisiera ir a aquello que todavía está pendiente de resolución y que ha creado un cierto cuello de
botella. En febrero me dijo que me convocaría a una reunión y seguro que tendrá usted una agenda muy densa, pero todavía no hemos encontrado ese espacio, y si nos comprometemos públicamente a hacer algo, quisiera que fuera una realidad.
Dicho esto, uno de los temas que para nosotros es importante es la tributación de las ayudas a las personas afectadas por la Talidomida. Como sabe, hemos entrado enmiendas a varias leyes y lo expusimos aquí la última vez. No quisiera
perder la oportunidad de repetirlo siempre que pueda. Los pacientes afectados por la Talidomida, que se calcula son entre 1500 y 3000 personas afectadas entre las diagnosticadas y las que no, no están exentas de esta tributación del IRPF y tributan
sus ayudas como rendimientos del trabajo. Esto hace que la mitad tenga que tributar la mitad de esta ayuda como rendimiento del trabajo, el 47 %. Usted me dirá que esto no es del Ministerio de Sanidad y que si el Ministerio de Hacienda, con
Hacienda hemos topado, etcétera, pero me cuesta mucho decir que la 'destributación' de las ayudas de como máximo 3000 personas descuadre un presupuesto de más de 200 000 millones de euros del Estado español. Por eso creo que ustedes desde el
Ministerio de Sanidad son quienes deben tomar las riendas para ejercer esa presión frente a Hacienda para que eso se resuelva de una vez por todas, porque si no vendrá la derecha, la extrema derecha populista, hará suyo el tema, se hará grande y
terminarán siendo ellos quienes arreglen algo que la izquierda, al menos la Izquierda Republicana de Cataluña, hace ya mucho tiempo que está reclamando que se arregle y que ustedes ahora mismo, que tienen el Legislativo, podrían arreglar. Y como
dicen que presentarán presupuestos en todos los casos, los animo a que esos presupuestos contemplen esta 'destributación'.
También quisiera preguntar cómo está toda la situación de la negociación entre ministerios por la cuestión de la regulación para que los psicólogos puedan ejercer en la sanidad pública, concretamente en la primaria, de una manera efectiva.
En las últimas conversaciones que celebramos con su ministerio, y como condición para aprobar la Agencia de Salud Pública, acordamos que iniciaríamos una negociación con usted, con una mesa de trabajo entre ministerios y también con las entidades y
los colegios, para regular las especializaciones de Psicología, para que los psicólogos pudieran ejercer de pleno derecho en la sanidad pública. Creo que en los tiempos que corren no podemos perder la oportunidad de tener especialistas trabajando
en el campo de la salud mental y es imprescindible que habilitemos al máximo el número de personas para ejercer esta función en una época en que la sanidad pública se ve amenazada en muchos lugares por un contexto de aumento de recortes y
postulados, como hemos visto en estas últimas semanas. La sanidad pública es la joya de la corona, igual que lo es la educación, y mientras tengamos algo que decir, tenemos que cuidarla y reforzarla desde todos los ámbitos. Y, además, añado que
las conclusiones de la Subcomisión sobre Salud Mental que sacamos de aquí, de esta Cámara, también reflejaban esta necesidad. Por lo tanto, el ministerio no solo tiene un acuerdo con Esquerra Republicana, sino que lo tiene con toda la ciudadanía
para avanzar en este tema.
Otra cuestión que tenemos abierta y que necesita seguramente un proceso de negociación con otros ministerios es el reconocimiento de las especialidades de enfermería en la categoría A1, cuestión muy importante que vamos arrastrando, que
debemos solucionar, y que resolvería y pondría en valor el trabajo de las enfermeras y su función imprescindible en el acompañamiento de los pacientes.
Por último, no quisiera dejar de hablar de nuevo de los derechos lingüísticos, en este caso de los catalanoparlantes y de las catalanoparlantes en la sanidad. Cada vez recibimos más quejas en Cataluña de lo que cuesta recibir atención
pública en catalán en Cataluña; en catalán en Cataluña, algo que no debería ser -creo yo- tampoco tan extraordinario. Somos conscientes de que cada vez cuesta más encontrar profesionales que se dediquen a la sanidad pública, pero es cierto también
que el hecho de que no nos atiendan en catalán es una vulneración flagrante de los derechos lingüísticos de los y las catalanoparlantes. Faltan médicos, enfermeras, psicólogos. Y es cierto también que cualquier persona que quiera ejercer en
nuestro país tendría que, como mínimo, entender la lengua en la que nos comunicamos las personas de nuestro país. No se trata solamente de una cuestión simbólica o cultural o de una pataleta, sino que es también una cuestión de vínculo, de
confianza, de dignidad, en un servicio tan importante como la sanidad. Cuando vamos al médico, al psicólogo o a urgencias, necesitamos podernos expresar con la mayor precisión, y no es lo mismo definir qué nos ocurre en la lengua en la que pensamos
que hacerlo en una lengua distinta a la materna. No sé, imaginemos un caso -quizás es el más flagrante-: el psicólogo. Cuando vamos al psicólogo, expresamos cómo estamos. Es algo muy profundo, muy interno, y es muy difícil expresarlo en una
lengua que no sea la nuestra. Como mínimo, expresarlo, yo creo.
Nosotros creemos que es imprescindible que el catalán sea un requisito obligatorio para ejercer la sanidad pública en nuestro país; también hablarlo, pero, como mínimo, entenderlo. No puede ser que obliguemos a personas que piensan en
catalán, porque es la lengua de su madre, es la lengua en la que han crecido, a expresarse en una lengua diferente. Como decía, no creo, sinceramente, que eso sea una cuestión tan marciana. Y quisiera entender que ustedes, que se denominan
plurinacionales, deberían entenderlo mejor que nadie y deberían estar de nuestro lado para defender que el catalán sea un requisito imprescindible para ejercer en la sanidad pública de Cataluña.
Por último, también quería poner de manifiesto algo que seguramente es más global y no es un tema concreto. Su ministerio creo que tiene un cuello de botella legislativo flagrante. Es decir, tenemos leyes encalladas -universalidad,
equidad, medicamento, tabaco, alcohol y menores, estatutos marco- y cada semana hacen algún anuncio. De hecho, usted aquí también ha hecho otro. Y yo me pregunto, o quiero preguntarle a usted: ¿cómo piensan desencallar todo esto? Porque el
panorama parlamentario es el que es. Nos ha costado media legislatura desencallar la Agencia Estatal de Salud Pública, que teóricamente generaba consenso, es cierto, por trilerismo parlamentario de algún grupo que de repente cambió su voto. No
quisiera insistir en esto, pero ¿cómo lo van a hacer con todas estas leyes que ustedes ponen sobre la mesa, convalidaciones de reales decretos y estatutos marco?, me pregunto. Quisiera, sinceramente, que hoy pudiera respondernos.
Como digo, he hecho una intervención de repaso, porque no quiero añadir más cosas a su lista, porque entre las que le ponemos nosotros y las cosas que se ponen ustedes mismos creo que ya tienen
un problema. Así que quisiera saber cuál es la estrategia que ustedes barajan para sacar adelante todo eso que proponen y todas estas cosas que también les proponemos el resto de los grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Recas Martín.
La señora RECAS MARTÍN: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, secretario de Estado.
Ha comenzado su intervención hablando del nivel de actividad del ministerio, de que en dos años ha habido ciento veinte iniciativas en el consejo interterritorial, comparado con otros Gobiernos. Mi compañera de Esquerra Republicana lo ha
comentado, pero yo lo voy a repetir con otro enfoque, no se preocupe, lo sabemos; somos conscientes de esa actividad frenética del Ministerio de Sanidad y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos aquí, en el Poder Legislativo, de ser
capaces entre todos de negociar y determinar esas leyes tan importantes para el bienestar de la ciudadanía, a la que nos debemos tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Por eso, desde aquí, una vez más, hago un llamamiento a todos los
grupos parlamentarios porque todas esas leyes son muy importantes y la ciudadanía espera que seamos capaces de aprobarlas. Por lo tanto, sentimos orgullo por que el ministerio de Más Madrid sea tan activo, porque la ciudadanía lo necesita, y
apelamos a la responsabilidad de los parlamentarios, para que seamos capaces de ponernos de acuerdo y sacar todas estas iniciativas.
También ha hablado usted del tema internacional. Cuando los diputados nos movemos en temas internacionales, me parece un orgullo cuando nos dicen que el Ministerio de Sanidad está, que el Ministerio de Sanidad aporta, que el Ministerio de
Sanidad está en lugares y proyectos internacionales tan importantes como, por ejemplo, un proyecto de investigación por el que han dado a España 800 000 euros para investigar la dotación segura del personal de enfermería. Estamos orgullosos cuando
nos hablan de la retención y fidelización del talento, porque sabemos que España está ahí. No es lo mismo viajar alrededor de Europa y del mundo sabiendo que el Ministerio de Sanidad nos protege y nos defiende de políticas sanitarias que están
ocurriendo internacionalmente, y no es lo mismo dar la cara por esas políticas, desde nuestra perspectiva.
Cómo no, también ha hablado del tema de cartera, que para nosotros es importantísimo. Sobre todo, compartimos con usted esa palabra que ha dicho claramente: universalidad, cómo esa cartera debe ser universal. Ha hablado del proyecto de
las gafas para menores de 16 años de forma universal. Y estaremos muy atentos a la parte de la cartera bucodental, sobre todo para las personas mayores; no tenemos otra opción que aplaudir esa iniciativa.
En cuanto a las políticas del medicamento, quería destacar lo que ha también ha destacado usted: el tema de las alianzas. Creo que a todos los grupos parlamentarios, cuando nos reunimos con diferentes sociedades científicas, asociaciones
de pacientes y mucha de la industria farmacéutica -porque aquí otra cosa no, pero jornadas de industria farmacéutica tenemos muchas-, siempre nos dicen que con este ministerio se habla, que con este ministerio se coordina y que con este ministerio
se negocia. Eso nos facilita mucho que luego, en los proyectos legislativos que nos llegan aquí, por lo menos esa parte de la industria esté muy trabajada, porque favorece mucho los tiempos de negociación.
Respecto a lo que ha comentado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en nuestro grupo parlamentario fuimos los primeros en decir que el aborto tenía que estar dentro de la Constitución, y llevamos más de un año trabajando en ello.
Por lo tanto, no hay otra opción que aplaudirles y agradecerles que, a través de ese requerimiento administrativo, consigamos que en las comunidades autónomas del PP que no han hecho el registro de objetores se cumpla la ley, porque para eso
estamos.
Igualmente -yo le iba a preguntar, pero se me ha adelantado y se lo agradezco infinitamente-, destaco el tema de los cribados y Ceuta y Melilla. Yo tuve el honor de ser asesora del Ministerio de Sanidad y justo viajé mucho a Ceuta y
Melilla. Por eso, respecto a las cosas que dice el PP, recuerdo esa reunión en la ciudad de Melilla donde se aceptó que era su competencia y que no eran capaces y que el Ministerio de Sanidad decidió asumirla y decir: no se preocupen, lo
importante es la población, lo importante son las mujeres y vamos a actuar. Por lo tanto, muchas gracias por destacar ya no solo el número de mamografías y demás, sino la voluntad del Ministerio de Sanidad por asumir el trabajo cuando no se hace.
También debo decir que me quedo un poquito inquieta con los ocho elementos de los que usted ha hablado, que es lo que viene, porque, aunque la situación aquí no es del todo fácil, considero que son
cimientos necesarios para que cuando ustedes no estén, venga quien venga después, no les sea tan sencillo destrozar el sistema sanitario y el sistema de equidad que tenemos. Por eso, damos la bienvenida -todo el mundo lo hace- a ese
proyecto de ley que tiene sobre la organización de pacientes; a ese real decreto de universalidad; al del tabaco, que era más que necesario; a ese concepto de atención primaria y longitudinalidad; a esa ILP sobre dotación segura, que ya tenemos
aquí; a una de las leyes más importantes para mí -y como enfermera, voy a luchar hasta el máximo-, que es la ley del medicamento, que va a llegar; a la ley de cohesión, y al estatuto marco. Estamos deseando que lleguen estas políticas para
trabajar en ellas.
Y ahora quiero preguntar por dos temas importantes. Los colectivos de pacientes con los que nos reunimos, cuando nos hablan de alianzas, nos dicen mucho de ese plan de atención primaria y de esa estrategia de cronicidad que acaba de ser
aprobada y nos gustaría que nos diera un poco más de detalle al respecto. También quiero preguntarle sobre la ELA; lo ha hecho mi compañera de Bildu; gracias. Y como no podía ser de otra manera, quería destacar -usted lo ha hecho- el tema de las
evacuaciones, el último viaje que ha hecho la ministra de Sanidad para evacuar a los niños y niñas enfermos y sus familias. Si ustedes ven las fotos de la ministra, entenderán esa humanidad, ese compromiso de la ministra y del Ministerio de
Sanidad, del ministerio de Más Madrid por hacer justicia en Gaza.
Quería preguntarle también sobre lo que vamos a votar después, que es la subcomisión de veterinarios. Fue un compromiso que adquirimos y quería preguntarle cuál es su punto de vista.
Y sin más, le cedo la palabra a nuestra diputada del Movimiento SUMAR, a Esther Gil de Reboleño, que va a hacer una pregunta al secretario de Estado.
Gracias.
La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, Alda.
Presidente.
Gracias, señor secretario de Estado, por comparecer hoy y explicarnos con todo lujo de detalle las líneas generales de la política sanitaria del Gobierno, de las cuales, por cierto, nos sentimos muy orgullosas.
Nosotras, las diputadas de SUMAR, queremos aprovechar su presencia aquí para trasladarle una preocupación que nos angustia, igual que a miles de mujeres en Andalucía, que es la gravísima gestión que está haciendo el Gobierno del PP en
Andalucía sobre los cribados del cáncer de mama. Es una preocupación de las mujeres andaluzas, pero estoy segura de que también están preocupadas el resto de las mujeres españolas, porque si la privatización sanitaria sigue siendo una norma en las
comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo que sucede hoy en Andalucía con los cribados de cáncer de mama podría repetirse en cualquier otra comunidad autónoma. Lo que estamos viviendo estos días en Andalucía es un continuo de negligencias
intolerables. Miles de mujeres han sufrido retrasos en sus pruebas diagnósticas -con la consecuencia de que todavía no se ha podido medir la magnitud de lo que está ocurriendo-; han recibido diagnósticos tardíos, en el peor de los casos, con el
fallecimiento incluso de las afectadas. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha optado, primero, por esconder el problema, luego por minimizarlo y, más tarde, por echar balones fuera. Incluso han llegado a banalizarlo, a infantilizar a las
mujeres y hasta a hacernos sentir culpables con declaraciones bochornosas del presidente de la Junta de Andalucía.
Hemos ido conociendo por capítulos este disparate, porque otro nombre no tiene, y cada día que pasa la situación es peor. Primero fueron los retrasos; después, las dimisiones a medias. Con un simple cambio de cara pretendían vendernos la
idea de que, poniendo a un señor que de sanidad sabe lo mismo que yo de física nuclear, se pudiese gestionar el tema de los cribados. Esto, por cierto, también a costa del personal sanitario andaluz, que al final, como digo, son los que pagan los
platos rotos, con unos sueldos de miseria, congelaciones salariales y turnos infernales. La semana pasada tuvimos conocimiento de la gota que ha colmado el vaso, lo que una parlamentaria del Grupo Popular me dijo que era mentira -que está grabado
en la sesión del Pleno de la semana pasada-: misteriosamente -no sabemos cómo-, desaparecen las mamografías de los historiales clínicos, a los pocos días vuelven a aparecer e incluso hay informes sin firmar por ningún profesional. He perdido el
número ya de las veces que el Partido Popular nos ha comunicado que esto es un fallo informático; es la excusa habitual del Partido Popular, pero ya no se la cree nadie.
Hoy hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, de que un ciudadano de Almería ha recibido una carta para que su esposa vaya dentro de dos días a una mamografía. Su esposa
murió hace seis años. Es decir, es la broma más macarra y macabra que me he encontrado, cerca del famoso Halloween, con respecto a estos temas. Todo esto pone de manifiesto que se ha roto la confianza de las mujeres con su propio sistema
de salud. El Partido Popular andaluz lleva años desmantelando la sanidad pública, derivando los recursos a la privada y debilitando la atención primaria. Este desastre, como ustedes bien saben, no es casualidad, es el resultado de un modelo de
privatización para convertir la sanidad pública en un negocio privado, para dejarlo en manos de dos o tres empresas que a ellos les vienen bien. Y, para colmo, en vez de tener un poco de humildad, el Partido Popular reacciona con prepotencia y
anuncia que no va a remitir los datos al Ministerio de Sanidad, ¡que quién es el Ministerio de Sanidad para pedir datos! (La señora Velasco Morillo: Están trabajando). Encima se permiten el lujo de levantarse de la mesa del último Consejo
Interterritorial que, dentro de los muchos puntos que llevaba para mejorar la sanidad de este país, incluía votar que dotemos de un millón de euros a los centros que abordan el cáncer y de otro millón de euros a reforzar la vigilancia del cáncer;
esto se quedó sin votar gracias al Partido Popular. Es el momento de que cumplan la ley, señor secretario de Estado, hay que obligar a las comunidades autónomas a rendir cuentas, y hay que asegurar que cada mujer recibe información completa y veraz
sobre su diagnóstico y su seguimiento.
Termino. Señor Padilla, sabemos que el ministerio ha actuado con responsabilidad y sensibilidad y que comparte nuestra preocupación. Sabemos que está haciendo todo lo posible en el marco -no olvidemos- de sus competencias para garantizar
los derechos de las mujeres. Por eso, me gustaría preguntarle qué medidas tiene previstas el Ministerio de Sanidad para evitar que vuelva a ocurrir algo así y subsanar los errores que están cometiendo la Junta de Andalucía y el Gobierno del Partido
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, por favor.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Padilla, ¿ministerio de Más Madrid? Lo ha dicho dos veces. ¿Ya reniegan de la señora Díaz, de SUMAR y de su Gobierno de corrupción para rato? ¿A dos años de finalizar la Legislatura ya estamos en esas?
Señor secretario, creo que esta comisión ha visto cómo este ministerio es el ministerio de la propaganda en lugar de la gestión, porque se lo han dicho: tiene usted un cacao importante con las competencias. La verdad es que siempre que
vienen lo hacen con discursos repletos de consignas, pero con muy pocos hechos. Prometieron una revolución en la sanidad pública hace dos años, señor Padilla, y no es culpa nuestra que prometan aquello que no pueden cumplir. La realidad es
demoledora: seguimos manteniendo cifras históricas en las listas de espera, la atención primaria sigue en la UCI y los profesionales, a los que usted ha nombrado al final casi de puntillas, salvo cuando habla del estatuto marco, cada vez están más
desmotivados y siguen en una situación muy precaria. Mientras ustedes presumen de defender la sanidad pública durante su gestión y la del señor Sánchez, ya vamos por el 26 % de españoles que pagan un seguro privado y el gasto sanitario que sale de
los bolsillos de los ciudadanos españoles ha aumentado en un 12 % en solo un año. Eso, señor Padilla, es consecuencia directa de la inacción. La señora ministra siempre nos habla de enemigos de la sanidad pública y de jefes jetas confesos. Pues
bien, el verdadero enemigo de los españoles, de los pacientes y los sanitarios, es un Gobierno que los abandona y los desprecia.
Respecto a las listas de espera de la prestación asistencial, ya se lo he dicho: en diciembre de 2024, la ministra Mónica García aseguró en esta misma comisión que el Sistema Nacional de Salud era un tesoro que nadie deja atrás. Pues bien,
los datos oficiales de su propio ministerio dicen lo contrario, que en 2025 hay cerca de 850 000 pacientes esperando una intervención quirúrgica y los tiempos medios, que varían según los datos, están cerca de los 128 días. Es decir, que uno de
cada cuatro pacientes tiene que esperar más de seis meses en España para ser operado. Hace apenas cinco años, en plena pandemia, eran 620 000; ahora mismo han aumentado en 230 000 pacientes, y lo peor es que, después de que la ministra sacara
pecho diciendo que iba a sacar ella adelante la lista de espera, el otro día en el Pleno, con la prepotencia habitual a la que nos tiene acostumbrados este Ejecutivo, decía que no es competencia suya. Por eso le digo que tienen ustedes un poco de
cacao. La ministra dice que va a acabar con las listas de espera y ahora, como ve que es incapaz de bajar esa curva, dice que no quiere saber nada del tema.
Lo peor es que, entre que ustedes se echan los trastos a la cabeza y asumen o no asumen; y los ciudadanos, que no entienden de competencias o de colores políticos, sufren los retrasos y la falta de atención, con las consecuencias tan graves
que eso conlleva. Mientras la espera para una prueba
diagnóstica, resonancia, TAC o mamografía supera en algunas regiones los doscientos días, nos encontramos con unos ministerios y unas comunidades enzarzadas en el 'y tú más', una desigualdad inaceptable. Y ustedes pretenden ahora hablar de
una universalidad cuando no sabemos ni siquiera garantizar la equidad dentro de una misma ciudad; ya no digo provincia, digo una ciudad. Ante esta emergencia sanitaria, la respuesta, como siempre: anuncios, comisiones, subcomisiones, foros, fotos
y pocas medidas efectivas en la atención primaria, los recursos humanos, y sus promesas rotas. La ministra, en junio de 2025, vino aquí a hablar del Plan Veo, las gafas gratuitas para menos de 16 años; eso, junto a la futura ley antitabaco, fueron
dos titulares brillantes para ustedes, pero suponen muy pocos avances reales donde más falta hace, que es en los centros de salud, la atención primaria, que se derrumba ante ustedes.
Según los propios sindicatos, faltan más de 9000 médicos de familia y pediatras, y seguimos con esa lacra de que uno de cada 3000 profesionales formados en España se marcha fuera del país. Prometieron reforzar plantillas, usted mismo lo
prometió, prometieron mejorar las condiciones laborales y reducir los cupos y, podríamos aseverar, sin riesgo de equivocarnos, que no han hecho nada. Su reforma del estatuto marco ha sido rechazada por todos los sindicatos sanitarios y por el
propio personal médico, lo que indica que, cuando recogieron cable diciendo que era simplemente un borrador, estábamos en lo cierto, como estábamos en lo cierto con que no había habido consenso. Pero, bueno, es un hito poner a todos de acuerdo, ya
se lo han dicho. Enhorabuena. Usted, señor Padilla, habló de recuperar el orgullo de la atención primaria, y me va a permitir que le diga que ese orgullo se ha transformado en frustración y agotamiento. Mientras tanto, nuestros profesionales
siguen huyendo, los hospitales no consiguen cubrir vacantes y las urgencias -le invito a que se dé una vuelta- muchos días son un colapso.
Podemos hablar también de la famosa Agencia Estatal de Salud Pública y su gestión política, si quieren. El 20 de marzo, en el Pleno, al presentar la Agencia Estatal de Salud Pública como un hito histórico, la ministra, que subió al púlpito
a soltarnos una arenga impropia de la situación, se llevó un sonoro fracaso, un fracaso político absoluto que nos intentaron vender como un avance. Por fin, a la segunda, consiguieron aprobarla, pero sigue sin sede, sin presupuesto y sin
estructura. Como siempre, propaganda. España sigue sin una red de vigilancia epidemiológica eficaz, sin reservas estratégicas y sin coordinación real entre comunidades. Por si fuera poco, usted prometió una estrategia de industria farmacéutica
para garantizar la soberanía sanitaria. Están trabajando en ello, pero seguimos sin tenerla garantizada. Si tuviésemos los hechos que ocurrieron en 2020, estaríamos igual. Por lo cual, su aseveración de que estamos preparados, no voy a decir que
es mentira, pero... póngale usted el calificativo que considere y que no le ofenda. Ocho meses después, seguimos sin decreto, sin resultados, nada de nada. Lo único que hay es un aumento en el número de asesores en su ministerio, veintisiete, por
cuyos nombres tuvimos esa pelea que ya sabe usted.
Yo creo, señor Padilla, que no fue muy acertado ese blog, eso lo sabemos todos, pero es el resultado. No necesitamos activismo, necesitamos gestión. Señor secretario de Estado de Más Madrid, de SUMAR o del sursuncorda, ustedes han
confundido la gestión sanitaria con el activismo ideológico. Usan el ministerio como altavoz partidista -lo estamos viendo en esta comisión- y la realidad es incontestable: más pacientes en lista de espera, más gasto sanitario privado, más fuga de
médicos y, sobre todo, más desigualdad entre territorios. Y, lo peor: menos resultados, menos confianza y menos sanidad pública real. Le hago esta pregunta directa: ¿cuántos pacientes han visto mejorada su vida gracias a su gestión? ¿Cuántos
siguen esperando? Porque, mientras ustedes desde su ministerio hablan de amor al sistema sanitario, el sistema sanitario se desangra. Por eso, es normal que no haya hablado ni de un solo hito sanitario, ni en investigación ni en innovación; no ha
hablado de nada, ha preferido hacer, como siempre, cultura de la muerte. Se ha olvidado de los profesionales sanitarios, de los que ha hablado prácticamente al final. Seguimos con problemas de financiación en medicamentos oncológicos, ahora que a
ustedes eso les preocupa tanto, cuando en comunidades gobernadas por el Partido Socialista lo del cribado de cáncer de mamá se aparcó, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana del señor Ximo Puig, del Partido Socialista. Esos profármacos tienen
probada eficacia y podrían no solamente salvar vidas, sino incluso mejorarlas.
Le voy a poner un ejemplo concreto de algo que demuestra, señor Padilla, que la red sanitaria está muy lejos de estar al lado de los pacientes. Hay un caso concreto de un chaval que se llama Xisco Quesada, imagino que usted conocerá su
caso, caso de páncreas de nivel 4 y metástasis en el hígado. El sistema le ha dado la espalda completamente, no le daban esperanza ninguna de vida, incluso no le querían facilitar los fármacos porque lo daban por desahuciado. Cuatro meses después,
sigue luchando, sigue dando lecciones de vida, sigue esperando que el ministerio se reúna para ver si le aprueban o no ese medicamento, porque cada caso va al ministerio, lo cual ralentiza, y sabemos la importancia que tiene
el diagnóstico y el tratamiento en cuestiones oncológicas. Ustedes están haciendo bandera de ello porque les interesa ahora y se olvidan de la situación, de una defensa de la vida continua de aquellos pacientes que, a pesar de que el
Ministerio de Sanidad o las comunidades autónomas, o quien tenga las competencias en ese cacao que ustedes mantienen, luchan y nos dan esperanzas de que otra sanidad sea posible en España. Lo ha hecho Xisco Quesada, lo sigue haciendo en su
divulgación en las redes sociales y lo están haciendo los pacientes de ELA, con la paciencia que están teniendo ante las mentiras -y aquí sí que digo mentiras-, ante el engaño y la falta de financiación. Cuántos de ellos han perdido la vida sin que
este Gobierno haya sido capaz de poner un euro de ayuda para los tratamientos tan necesarios para poder luchar un día más por sus vidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, por favor.
La señora MARTÍNEZ RAMÍREZ: Gracias, presidente.
Gracias, señor Padilla, por su comparecencia.
Parece que le veo repuesto, animado y con fuerza -me alegro mucho- después de la última que le gastaron el otro día los consejeros del Partido Popular, que en un acto sectario y absolutamente partidista -a los que ya nos tienen
acostumbrados- se levantaron del consejo interterritorial en una maniobra que intenta justificar su negativa, facilitar y publicar los datos del cribado de cáncer de mama, que se han puesto en cuestión especialmente en Andalucía, pero también en la
Comunidad Valenciana. Todavía no sabemos cuántas mujeres han sido afectadas por la crisis de los cribados en Andalucía. Desde el domingo, miles de mujeres se manifestaban ante San Telmo para denunciar la degradación del sistema sanitario andaluz.
La Junta ya admite que 2317 mujeres dicen que han sufrido fallos en sus pruebas, pero se sospecha por parte de las asociaciones que la cifra puede ser muy superior, cerca de 20 000. Los cribados -coincidirá conmigo- salvan vidas, pero solo lo hacen
si el proceso tiene las garantías necesarias. Eso es lo que no está pasando en Andalucía. Y mientras eso ocurre, la respuesta del Partido Popular fue levantarse de una reunión para intentar blanquear o, más bien, ocultar con sus actos la nefasta
gestión del señor Bonilla en la sanidad andaluza.
Y me temo que, por desgracia, no pasa solo en Andalucía. En la Comunidad Valenciana, el señor Mazón -siempre, últimamente, el señor Mazón- ha dejado abandonadas a más de 90 000 mujeres, a las que no se les ha invitado a participar en el
programa de cribado de prevención; y en 2024 -con cifras que ellos mismos han reconocido- ha habido 12 000 mamografías menos que el año anterior. Así que huele mal, huele también a podrido; a podrido, como huele el señor Mazón, que no entiendo
cómo el Partido Popular le puede seguir dando cobertura, cómo el señor Feijóo y el señor Abascal consienten que siga siendo el presidente de los valencianos y de las valencianas; Mazón, esa caricatura de sí mismo, que se sigue burlando de las
víctimas de la dana y de toda la Comunidad Valenciana, cambiando por enésima vez la versión de sus andanzas -nunca mejor dicho lo de andanzas- la tarde en la que fallecieron ahogadas 229 personas mientras él seguía de tertulia. Es ese Mazón que
consiente que la Comunidad Valenciana -señor Padilla, usted lo sabe- sea el laboratorio de pruebas de VOX y permite sacar de les Corts Valencianes las políticas inclusivas, la Comisión de Derechos Humanos y las políticas de LGTBI y que defiende
hacer las estadísticas sobre el uso de la sanidad por los inmigrantes, como le pide VOX separadamente. No sabemos qué será lo siguiente, ¿quizá crear bancos de sangre separados? ¿Esa es la nueva propuesta que nos van a traer a la Comunidad
Valenciana el señor Mazón y los señores de VOX? Es ese Mazón que propone como extraescolar que se introduzcan los conceptos de la caza entre los más pequeños. A ese personaje le sigue manteniendo el Partido Popular del señor Feijóo y el Partido de
VOX del señor Abascal; a ese que intentó borrar el nombre de Ernest Lluch de un hospital de Valencia y del centro de salud en Elx, una víctima de ETA y, lo más importante -seguro que coincide conmigo-, el impulsor del Sistema Nacional de Salud con
la Ley General de Sanidad, que el año que viene cumplirá cuarenta años. El Grupo Socialista no lo va a consentir y por eso le pedimos que se realicen actos institucionales para poner en valor esa efeméride.
Estamos orgullosos de la apuesta de todos los Gobiernos socialistas en este país, que han ido aumentando las prestaciones, la inversión, la universalidad de la sanidad en España; y también lo estamos del trabajo realizado en los últimos
años por el Gobierno de coalición, por nuestro ministerio, con el aumento de un 45 % en la inversión pública en sanidad. Pero también somos conscientes, señor Padilla, como usted, de los desafíos que tenemos para garantizar la calidad y la
sostenibilidad del sistema, que no son pocos, la
verdad; de los desafíos que tenemos para seguir garantizando sobre todo a los más vulnerables las prestaciones necesarias para vivir con dignidad. Estamos especialmente contentos por la aprobación del Real Decreto 11/2025, de medidas para
el fortalecimiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir con las obligaciones a las que nos comprometimos en la ley ELA, dotado con 500 millones de euros, un récord de financiación, la más alta de la historia en la ley
de la dependencia.
Me gustaría hacer un repaso -usted también lo ha hecho- a algunas cuestiones que se han ido trabajando en su ministerio desde su última comparecencia hace un año. Destacaría, por ejemplo, la creación, por fin -porque no hace tanto tiempo-,
de la Agencia Estatal de Salud Pública, que tanto trabajo nos dio, y ahora también está en trámite el desarrollo del Plan Estatal de Preparación y Respuesta -como usted ha comentado- frente a las amenazas graves para la salud, uno de los objetivos
fundamentales de esa agencia.
En salud mental, insisto en lo contentos que estamos del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y de que se haya puesto en marcha el Plan de Acción de Salud Mental. También quería felicitarles, porque no lo había hecho públicamente,
por los trabajos de la subcomisión para la mejora de la salud mental que se han redactado en esta casa por esta comisión.
Me han alegrado las noticias que nos ha dado del estudio que se está realizando sobre atención primaria para garantizar la longitudinalidad, nos parece muy importante, pero creo que tenemos que insistir. Así como la aprobación del Plan de
Atención Primaria en el Consejo Interterritorial y, sobre todo, la dotación de 172 millones de euros, que le da a la atención primaria un refuerzo en la capacidad diagnóstica y un impulso a algo que nos parece muy importante: la promoción y la
prevención de la salud. Vamos a insistir en ello. Yo sé que usted se lo cree, yo también, pero creo que es necesario volver a prestigiar a la atención primaria.
En las modificaciones de la cartera de servicios y la mejora de las prestaciones, hemos incorporado nuevos cribados -usted lo ha comentado- y tenemos un compromiso de seguir aumentándolos. También se mejoró y se modificó el cribado de
cérvix. Ya le solicité personalmente, y hoy lo hago públicamente, que la ponencia de vacunación estudie ampliar las edades de administración de la vacuna de la meningitis B entre los 14 y 25 años, que son el segundo grupo de riesgo en este momento,
a los que no se les administró por cuestiones seguramente económicas o de información. Es algo que nos ha pedido la Asociación Española contra la Meningitis. Le pedí que lo estudiaran y seguro que se va a comprometer a hacerlo.
Nos produce satisfacción también una de las medidas que pactamos cuando se hizo el Gobierno de coalición, el Plan Veo, dotado con 100 millones de euros, para responder a esas dificultades visuales de los menores de 16 años, que, como les
digo, formaba parte de nuestro y su programa electoral.
También ha hecho usted alguna mención al ámbito de los cuidados. Queremos destacar la importancia del marco estratégico de cuidados y la oportunidad que supone la tramitación de la ILP, con un enfoque, como ya se ha dicho, mucho más
transversal, adaptado a la realidad de cada persona atendida, a la intensidad de los cuidados necesarios y al rol profesional requerido a la hora de establecer la dotación necesaria en cada ámbito. Para nosotros es un tema sensible y fundamental el
fortalecimiento y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la participación de los pacientes en todos los ámbitos y fases de este, por eso nos satisface esa nueva Estrategia para la Seguridad del Paciente y que se haya hecho ya la consulta
sobre el anteproyecto de ley de organizaciones de pacientes, que, como usted recordará, mi grupo solicitó en una proposición no de ley.
En el ámbito de los medicamentos y productos sanitarios, creo que la estrategia de la industria farmacéutica ha sido un antes y un después: la actualización de los protocolos y criterios de financiación para permitir el acceso a las
terapias CAR-T y a personas con VIH, el nuevo Plan de Terapias Avanzadas que amplía su alcance a todo el conjunto de medicamentos y la norma solicitada también por esta comisión que regule el uso medicinal del cánnabis. El anteproyecto de ley del
medicamento y productos sanitarios, que esperamos llegue pronto a esta casa, como usted ha dicho, y despierte el mayor consenso -estoy convencida de que vamos a trabajar para que eso sea así-, ha de resolver problemas de abastecimiento, de
accesibilidad y de innovación. Nos ha parecido, y tengo que felicitarle, un acierto la nueva orden de precios de referencia, que, gracias a los cambios introducidos en la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, va a suponer un ahorro de 287
millones de euros y resuelve problemas en especial con los medicamentos derivados del plasma, que quedan fuera del sistema de precios. Esa es una contradicción más del Partido Popular, que a la vez que está pidiendo hoy mismo esta cuestión, vota en
contra cuando se implementan las herramientas para poder conseguirlo.
Tenemos por delante otro gran reto y es adecuar, como usted ha dicho, el estatuto marco a la realidad de la sanidad actual y a los problemas y necesidades de la profesión sanitaria después de veintidós años. Sabemos de la voluntad
negociadora del ministerio y creemos que debe intensificarse. También apelamos a la responsabilidad de las comunidades autónomas, que tienen un importante papel en esta cuestión y que no queremos que utilicen este tema como un ariete contra el
Gobierno, como suele ser habitual.
Por último, queremos manifestar nuestra predisposición para mejorar los textos de la ley de universalidad y esperamos también que la ley del alcohol y menores pase los debates de totalidad, porque, aunque somos conscientes de que es
mejorable y que la vamos a poder mejorar y estamos abiertos a mejorarla, es una ley necesaria que surge del consenso de una comisión mixta que sacó sus conclusiones, si no me equivoco, por unanimidad.
Para el Grupo Socialista -voy acabando, presidente- el derecho al aborto de las mujeres es irrenunciable y lo es también que, desde la sanidad pública, como usted ha dicho, se garantice. Por eso, instamos al ministerio a aplicar todas las
medidas legales que tenga en su mano, además del registro de objetores haciendo cumplir la ley para garantizar ese derecho. La objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres. No podemos permitir, señor Padilla, que la
alianza del Partido Popular y VOX ponga en peligro ese derecho que tanto nos costó conseguir. Por ello proponemos que se blinde en la Constitución española.
Para acabar ya le quería hacer dos comentarios. Uno es si nos puede ampliar un poco la información -porque nos consta y algo se ha comentado antes- de que se ha amplificado mucho la financiación de los medicamentos oncológicos en este
último año. Y dos, quisiera decirle también, señor Padilla, aunque creo que usted lo sabe, que durante el Gobierno de Ximo Puig se duplicó la inversión en sanidad en la Comunidad Valenciana.
También le iba a comentar el tema de los biólogos que trabajan en sanidad, pero mi compañera de Bildu se me ha anticipado y respaldo que esa cuestión se ponga sobre la mesa y se pueda solucionar, porque también nos han llegado quejas en ese
sentido.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
A continuación, responde el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD (Padilla Bernáldez): Han sido muchas cosas que esperamos poder resolver en las próximas dos horas -un poco antes, es broma-.
Hablaba la señora Velasco sobre los datos de satisfacción existentes en el Barómetro Sanitario y decía que lo publicaba El País. Le diría más, lo publica el Ministerio de Sanidad; es una cosa que publicamos nosotros mismos (la señora
Velasco Morillo: También, también), y lo publicamos porque, además, creemos que el barómetro es un elemento fundamental en la transparencia del conjunto del sistema y una herramienta para su mejora.
Habla sobre profesionales y habla sobre el informe de oferta-necesidad. Si miramos bien el informe de oferta-necesidad más reciente que se ha sacado, una de las cosas que nos dice es que gracias a las acciones que se han llevado a cabo
desde el año 2018 se ha doblado la curva -que se estaba separando entre oferta y necesidad-, aumentando la oferta y haciendo que para dentro de tres o cuatro años se junten la línea de oferta y necesidad en función de lo que se ha llevado a cabo,
que incluye medidas del grado y medidas de la especialidad. En cuanto a las medidas de grado, como saben, llevamos unos cuantos años financiando un incremento de hasta el 15 % de las plazas en el Grado de Medicina, y queremos que para el próximo
año se incorporen las plazas también en el Grado de Enfermería, para que las universidades, que son quienes reciben la subvención de manera directa desde este Gobierno, puedan incrementar esas plazas. En una reunión que tuvimos con decanos y
decanas de Medicina y también de facultades de Ciencias de la Salud nos comentaban que habitualmente estaban acostumbrados a aumentar el número de plazas sin que hubiera ninguna financiación, ni siquiera por parte de la propia comunidad autónoma, lo
que les estaba permitiendo desde renovar infraestructuras a poder realizar algunas cosas como aulas para simulación, etcétera. Ese incremento del 15 % va a dar respuesta dentro de diez, doce o quince años, porque las decisiones que tomamos ahora
son las que van a repercutir dentro de una década; de la misma manera que lo que tenemos ahora son las decisiones que tomaron hace una década. Hace una década, en el periodo 2011-2018, se produjo no un aumento, sino un estancamiento -y en algunas
especialidades una disminución- del número de plazas de la formación sanitaria especializada. Quiero recordar que ese es el periodo en el que estuvo en el Gobierno Mariano
Rajoy, del Partido Popular. A partir de ese momento, a partir del año 2018, se produce un incremento en torno al 38-40 % de las plazas de formación sanitaria especializada en términos globales, que supone también un incremento del 100 % en
enfermería especializada y un incremento del 100 % en psicólogos internos residentes. Eso es lo que está empezando a tener una repercusión ahora y, de hecho, hemos visto, por ejemplo, en este último periodo estival cómo las problemáticas
relacionadas justamente con esa escasez de profesionales eran menos aparentes incluso en medios de comunicación o en la realidad cotidiana de los servicios sanitarios.
A mí parece que aquí hay una cosa importante, porque se habla de crear una plaza como si las plazas fueran como los hongos, que uno se va a dormir y por la noche ha salido una. Las plazas no son así y hay una distribución de competencias
que creo que es muy clara. El inicio de todo comienza en el programa oficial de la especialidad, que establece cuáles son los criterios para acreditar una plaza. En el mes de junio se aprobó la actualización del programa oficial de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria, tras el acuerdo del 5 de febrero del año 2025 entre las comunidades autónomas y el ministerio en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se reunió para revisar justamente ese programa
oficial de la especialidad con las acreditaciones. Una vez aprobado, las comunidades autónomas, siguiente paso, solicitan la acreditación. Nosotros acreditamos, pero sobre lo que las comunidades nos solicitan que acreditemos. En los últimos años
se han aprobado la grandísima y abrumadora mayoría, casi la totalidad, de las plazas de las que se nos ha solicitado la acreditación; tanto es así que en la última Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos -a la que acuden no los
consejeros, sino, generalmente, los directores generales de recursos humanos- dije personalmente a los directores que les animaba a que nos enviaran plazas dudosas, es decir, aquellas plazas que creían que podían tener una dificultad para acreditar,
para que nosotros, una a una, si no les cabía en el marco del programa oficial de la especialidad, las viéramos, las analizáramos, ya que nuestro interés es el de poder acreditar todo aquello que sea acreditable, cumpliendo los estándares de calidad
para poder garantizar una formación sanitaria especializada de calidad.
Todo ese rigor que tiene que informar este proceso no es muy congruente con esa propuesta que a veces ustedes lanzan desde el Partido Popular de crear mil nuevas plazas de Medicina de Familia. Entiendo que el número mil no es una cosa que
haya salido de un análisis muy riguroso, sino que han dicho: ¿cuál es el número más gordo que puedo imaginarme y lo intento meter aquí como un eslogan? Mil plazas. Tenemos un informe de oferta-necesidad que nos está dando los números concretos,
específicos, con prospecciones a quince años, ¿y ustedes lo quieren resolver todo con mil plazas? Mil plazas que, ¿dónde se van a formar? No tenemos plazas acreditadas para que se puedan formar. Entonces, tendrán que solicitar al Ministerio de
Sanidad la acreditación de plazas para que nosotros las acreditemos.
Una vez que están acreditadas, el siguiente paso es la oferta, pero para ofrecerlas son las comunidades autónomas las que le dicen al ministerio qué plazas quieren ofertar. En los últimos años, el ministerio ha ofertado el 100 % de las
plazas que se les ha ofrecido desde las comunidades autónomas. Entonces, ¿queremos crear más plazas? Usted me decía: ¿Cuándo va a acreditar el Gobierno nuevas plazas? Pues cuando nos propongan acreditarlas. Lo que yo no puedo hacer es ir a una
comunidad y decirle: quiero acreditarte esta plaza. Porque la comunidad me dirá: Ya, pero es que la voy a pagar yo. Entonces, todo esto parte de que el que tiene la infraestructura de formación, el que va a ser quien pague a los profesionales en
formación, el que establezca todos los cauces para la formación y el que posteriormente les tiene que dar contratos para que se queden en el Sistema Nacional de Salud es el que tiene que iniciar ese procedimiento de acreditación, oferta y
designación. Lo demás es, simplemente, intentar buscar el eslogan para ver si cuela, pero no tiene ningún sentido.
Una cosa que hemos hecho nosotros en el último año ha sido modificar el procedimiento de elección de plaza para que, al retomar la elección presencial, pudiéramos disminuir el número de plazas que se quedaban sin elegir, y se consiguió que
no se quedara ninguna plaza sin elegir. El siguiente paso es conseguir disminuir el número de plazas que la gente rechaza en un momento dado después de la elección. Para eso, se va a incorporar en el próximo proceso de elección de formación
sanitaria especializada un procedimiento para que se pueda hacer una distribución precoz para todas aquellas plazas que se han reasignado que no conculque los principios de ordinalidad de la elección del mir, que nos permita tener esa disposición.
Hablaba del estatuto marco y de que el Gobierno ha prescindido de las comunidades autónomas. El Gobierno ha tenido dos reuniones específicas intensivas con las comunidades autónomas, una de varios días de duración en Toledo y otra de un
solo día de duración en Asturias, para trabajar en un texto
concreto, pero muchas de las cosas que se han trabajado ahí se trabajaron previamente, sobre todo en el seno de la Comisión de Recursos Humanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temporalidad son elementos que no son ajenos, porque
además ya había habido reuniones con anterioridad para preparar esa primera modificación que se hizo en la legislatura anterior.
Pregunta si vamos a retomar el trabajo del estatuto marco, pero yo no sé si se puede retomar algo que no se ha dejado de tomar; en todo caso, si se puede retomar, lo vamos a retomar y a requetetomar, pero vamos a seguir haciéndolo. En el
último foro marco se pidieron dos reuniones específicas monográficas sobre dos temáticas y, si no estoy equivocado, están ya convocadas. Ha dicho que no hemos convocado el foro marco hasta octubre, pero justamente eran ustedes quienes no querían
que lo convocáramos, porque consideraban que era una encerrona meter a las comunidades autónomas con los sindicatos. ¿Hay que convocar el foro marco o no hay que convocar el foro marco? Es una especie de foro marco de Schrödinger que todos
queremos que se produzca, pero nadie quiere que se produzca; así que creo que esto no es muy coherente.
Con el Ministerio de Función Pública hemos estado trabajando desde el principio de la mano en la regulación de los trabajadores sanitarios. Además de los diálogos previos, el proyecto por parte del Ministerio de Hacienda tiene que pasar por
la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, que preside el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que copreside el Ministerio de Hacienda. Me pregunta usted si mejora las condiciones de los profesionales sanitarios, y le podría
devolver la pregunta, porque, escuchando las valoraciones de algunas comunidades autónomas del Partido Popular, tengo algunas dudas: ¿Considera que eliminar las guardias de veinticuatro horas mejora las condiciones de los profesionales sanitarios?,
¿eliminar la temporalidad en el Sistema Nacional de Salud mejora las condiciones de los profesionales sanitarios?, ¿blindar los descansos mejora las condiciones de los profesionales sanitarios?, ¿considerarles autoridad sanitaria mejora las
condiciones de los profesionales sanitarios? Desde luego, viendo cuáles han sido los posicionamientos de algunas comunidades autónomas del Partido Popular tengo serias dudas, y me gustaría que, además, esa respuesta la pudieran hacer de forma
pública.
Ha dicho usted también que esto ha de hacerse con lealtad institucional y con los avales técnico y económico necesarios. Hay que hacerlo con todas esas cosas y también con el conocimiento de cómo se elabora un procedimiento normativo. Lo
que no puede ser es que, antes de tener el borrador del texto, se esté pidiendo la memoria económica que tiene que aparecer en la Memoria de Análisis del Impacto Normativo, la MAIN, del texto. Cuando vaya a elevarse al proceso de información y
audiencia pública en su fase de anteproyecto, la MAIN llevará asociada una evaluación del impacto presupuestario y una evaluación del impacto económico, así como otro tipo de evaluaciones, como puede ser la de la familia, la de la infancia, la
medioambiental, la de la discapacidad, etcétera. Por tanto, evidentemente, claro que lo va a llevar.
Y ha dicho una frase que me ha llamado muchísimo la atención. Literalmente: Ustedes han dicho que hay un informe jurídico que bloquea los sueldos y la jubilación en el estatuto marco. Esa frase concreta es un titular de Manu Ibáñez, de
Redacción Médica, que le tenemos aquí. A mí lo que me parece increíble es que ustedes se formen su opinión a partir de la prensa y no a partir de las conversaciones con nosotros. Llevo varios meses intentando tener una reunión con su líder de
sanidad, pero ha sido imposible que me respondieran a esa petición de reunión. Yo no sé verdaderamente qué tipo de diálogo piden ustedes si cuando se les ofrece diálogo y mano tendida desde el Gobierno de España ustedes lo que hacen es rechazar
cualquier tipo de reunión a ese respecto, con buenas palabras y diciendo que se producirá, pero no devolviendo en absoluto ningún tipo de contacto. Lo que le digo es que, por supuesto, ese informe ya ha circulado urbi et orbi, así que no tenemos
ningún tipo de problema en enviárselo también a ustedes. De hecho, creo que ese mismo medio que usted comenta seguramente lo colgaría en Internet, porque ese documento ya lo hemos circulado a las comunidades autónomas. Tienen ustedes unas cuantas
a las que se lo podían pedir, pero, desde luego, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en enviárselo. Es un informe de nuestro órgano jurídico, que es la Secretaría General Técnica, que evidentemente analiza cuál es la competencia en el
ámbito de la jubilación y cuál es la competencia en el ámbito salarial, y distribuye, ahí donde quepa, lo que es nuestro y lo que no lo es. No tenemos ningún tipo de problema en enviárselo. Tiene mi teléfono, así que me lo puede pedir por WhatsApp
y, si no, se lo puede pedir igualmente a nuestra responsable parlamentaria, a Cristina.
Sobre la ley del medicamento, pregunta si vamos a incluir una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Hay una reforma de esta ley que ya está incorporada en el texto del anteproyecto de ley, y es posible que haya alguna
modificación a ese respecto. Nosotros habíamos planteado una reforma un poco más en profundidad, pero, después, dentro de los diálogos con todo el conjunto del Gobierno, se
llegó a esta. Tras las últimas conversaciones que hemos tenido con Farmaindustria, ha dicho que sí que les parecía un avance notable. Como ustedes saben, tocar la Ley de Contratos del Sector Público no es una cosa que se suela hacer de
manera a la ligera. Sin embargo, creemos que el ámbito de la compra pública de medicamentos tiene algunas singularidades que deberían hacer que pudiéramos agilizar ámbitos en los cuales no hay competencia, pero sí compra repetida, para que no
tengamos que ver cómo algunos hospitales, como el Clínico o el Ramón y Cajal, hacen varias decenas de contratos del mismo medicamento en el mismo día por una cuantía inferior a 15 000 euros, lo que básicamente se llamaría fraccionamiento de
contratos, pero que parece que es una práctica habitual en algunas administraciones.
Habla de las demoras en los medicamentos oncológicos y huérfanos de más de seiscientos días. Se lo he dicho al principio: utilizar el informe WAIT, teniendo los datos propios, desde luego, me parece un poco de dejación de funciones con
respecto a la información que tenemos publicada. Los últimos datos nos dicen que, por un lado, estamos con un retraso desde la aprobación por la Comisión Europea hasta las decisiones de precio y financiación de 344 días, habiéndose reducido 170 en
los últimos tres años, pero es que, además de eso, cuando el informe WAIT nos compara con Alemania, pone un asterisco muy grande. Cuando uno lee un informe, tiene que leer también los asteriscos, que es la letra pequeña, como cuando uno firma un
contrato en el banco. El asterisco lo que dice es que en países como Alemania no se puede garantizar que financiación sea igual a acceso. Eso es una cosa que en España sí que podemos garantizar y es un orgullo que debemos tener, porque en España,
cuando se financia un medicamento, posteriormente difunde a las diferentes comunidades autónomas. En concreto, esa es la diferencia con Alemania. Pero es que, además, hay otro asterisco, y este lo pone cuando habla de España. Este otro asterisco
dice que en el caso de España no se han tenido en cuenta los procedimientos de acceso precoz a medicamentos, que es el real decreto que regula el acceso de los medicamentos por situaciones especiales, cosa que sí que se hace en otros países como,
por ejemplo, Alemania y Francia. Nosotros hablamos con la consultora, con IQVIA, y dijimos que poníamos a su disposición esos datos si ellos querían. Ellos consultaron con su pagador, que era Farmaindustria, y Farmaindustria no quiso que se
recogieran, pero sí nos garantizaban -y nosotros en el informe que hemos publicado lo hacemos ver- que hay una gran mayoría de los medicamentos en los cuales estamos teniendo acceso precoz por la vía de medicamentos en situaciones especiales. Lo
que ocurre es que nosotros creemos que esa vía no es equitativa y homogénea, porque no se creó para eso. Por eso el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios recoge -y el proyecto de ley también lo va a recoger- un texto para un
mecanismo de financiación precoz, condicionada y acelerada para esos medicamentos, y que además se garantice en un plazo menor de noventa días en los medicamentos que tienen unas consideraciones especiales, sobre todo cuando vayan dirigidos a lo que
se denominan necesidades médicas no cubiertas.
Sobre cribados, comentaban que estamos rompiendo la lealtad institucional y que ignoramos las aportaciones de las comunidades autónomas en el seno del consejo interterritorial. Bueno, a ver, lo que nadie puede esperar es que haya una crisis
como la de los cribados y nosotros vayamos a despacharla diciendo que es una competencia de las comunidades autónomas. Pero es que ustedes no lo harían si fuera al revés, si estuviéramos nosotros en el Gobierno de Andalucía y estuvieran ustedes en
el Ministerio de Sanidad, y a ustedes les preguntaran por una crisis similar, ustedes no dirían: Ah, no, lealtad institucional, respeto máximo, esto es una cosa del Gobierno autonómico. En absoluto, porque nosotros también tenemos competencias,
primero, en la coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud, pero también en elementos relacionados con la protección de la salud, y este es un caso de desprotección de la salud. Nosotros hemos pedido los datos y esperamos que esos datos
se nos den. Dice usted que lo hacemos en base a un acuerdo de documento de los sistemas de información de cribados que está en modificación y aún trabajándose. No, el acuerdo está aprobado en la Comisión de Salud Pública y en eso hay actas. Otra
cosa es que, además de ser aprobado, se esté trabajando en el documento. Yo entiendo que usted no deja de cumplir las leyes en las que se está trabajando aquí para modificarlas. Pues, de la misma manera, entendemos que, un documento que está
aprobado y está en constante mejora, se debería estar desarrollando.
Comentaba lo de la autoexploración mamaria y lo de las mamografías. Bueno, aquí hay algo muy básico, y hay cosas que no puedo estudiar por ustedes. El USPSTF, que es el United States Preventive Services Task Force, dice expresamente que no
se recomienda la autoexploración mamaria en población general como estrategia de cribado. Pero es que esto es una cosa más vieja que la tana. El PAPPS, el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, también lo dice. La
evidencia disponible a ese respecto es muy amplia. Por eso, lo que no podemos hacer tampoco es engañar a las mujeres. Lo
que sí necesitamos y es efectivo -porque afortunadamente en la última década se han mejorado los sistemas de detección y, sobre todo, vivimos otro universo en los tratamientos innovadores- es lo relacionado con el cribado mediante
mamografía. Lo que hay que decir a las mujeres es que lo sentimos mucho, pero en términos de población general la autoexploración mamaria no ha demostrado ser efectiva. Sí hay un reconocimiento de lo que se denomina la conciencia mamaria, la
autoconciencia mamaria; es decir, que sin necesidad de utilizar una sistemática -que en el sexto día del ciclo menstrual se explore de esta manera o de otra-, sepas que cuando cambia algo, pues cambia algo, pero no se recomienda como estrategia de
cribado. La estrategia de cribado tiene que ser la mamografía; una mamografía en la cual, cuando tienes algún problema o alguna detección que sea sospechosa, te van a llamar para decírtelo. Eso es fundamental.
En efecto, cualquier persona que haya tenido la más mínima presencia en el ámbito académico, en el ámbito de la práctica de la salud pública y en el ámbito de la medicina preventiva sabe perfectamente que, en unos textos de hace diez años
sobre diferentes cribados, el cribado de cáncer de mama y cuál es su extensión era un elemento de debate en el ámbito académico. Hoy en día creo que la extensión considerada entre los 40 y los 69 años está totalmente establecida. De hecho, en el
Ministerio de Sanidad, en la Dirección General de Salud Pública que pende de la Secretaría de Estado, estamos ahora mismo analizando la ampliación de los márgenes de edad porque, como les digo, tanto por la vía del diagnóstico como por los avances
en el tratamiento, el valor incremental que tenemos en base a ese cribado se ha modificado.
Hablaba de lo de las mamografías de INGESA. No. Yo le he dado unas cifras de mamografía de cribado. De hecho, tengo por aquí la diferencia entre cuántas mamografías eran de cribado y cuántas mamografías eran diagnósticas. Nos las pueden
pedir y se las damos sin ningún tipo de problema. Los datos que he dado eran de mamografías de cribado, no de mamografías generales.
Sobre lo que decía el señor Agirretxea, del Grupo Parlamentario Vasco, lo primero es agradecer que hayamos tenido la capacidad de reconducir unos primeros encuentros entre la consejería y el Ministerio de Sanidad, que a lo mejor fueron un
poco de medio choque. Hemos conseguido reconducir eso. Hemos establecido, en lo que tiene que ver con Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial, primero una reunión técnica, que creo que va a tener lugar esta semana, y luego
una reunión extraordinaria de la Comisión de Fondos con el resto de las comunidades autónomas para que cada una ponga encima de la mesa las contabilizaciones, qué es lo que está facturando y de qué manera, para que haya una puesta en común y podamos
ver que hay otro tipo de cosas. Además, nosotros también hemos propuesto a la consejería poder dinamizar una reunión con alguna de las comunidades autónomas limítrofes para poder ensamblar un poco ese trabajo. De hecho, nos hemos abierto también,
si hacía falta, a hacer un pleno extraordinario a nivel de consejeros -no a nivel técnico, sino a nivel de consejeros- que fuera después de que se hubiera trabajado a nivel técnico, justamente para tener este mismo debate.
Evidentemente, me resulta chocante que, de 120 millones de saldos de los años 2024 y 2025 que hay que saldar de Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial, 60 los pague la Comunidad de Madrid y 50 los pague Euskadi.
Claro que me resulta chocante. Lo que ocurre es que las normas son las mismas para todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, el ámbito en el que hemos identificado un mayor desfase entre los saldos positivos y negativos es el FOGA de farmacia,
el Fondo de Garantía Asistencial de farmacia, y son datos que se mandan mensualmente a los responsables de farmacia de cada una de las comunidades autónomas. Entonces, hay varias hipótesis puestas encima de la mesa sobre cuáles son los elementos
que pueden estar interfiriendo ahí. Creo que lo suyo es guardar esas hipótesis para el ámbito de los diálogos con el Gobierno vasco. Sin lugar a duda, nosotros también queremos -y creo que también el resto de las comunidades autónomas- avanzar en
la nueva regulación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria. A este respecto, les puedo asegurar que por nuestra parte hay un total compromiso de abordar esto como una necesidad que tiene ahora mismo el Gobierno vasco,
pero si viniera la Comunidad de Madrid a plantearnos la misma problemática, nos reuniríamos con la Comunidad de Madrid de la misma manera, sin lugar a duda.
Sobre la falta de médicos, creo que tampoco es cierto que no les hayamos dado respuesta. Lo que pasa es que hay un par de propuestas que ustedes nos han hecho, como reducir la especialidad de Medicina de Familia a tres años, que era como
existía con anterioridad, o hacer una exención durante unos cuantos años de la necesidad de especialidad por parte de los profesionales que trabajan en el sistema público de salud, que, desde nuestro punto de vista, no son deseables, porque creemos
que puede repercutir negativamente en la calidad asistencial y tampoco creemos que tengan un encaje jurídico
muy claro. La ampliación de la edad de jubilación a los 72 años no es una cosa que dependa puramente de nosotros, sino que depende también del Ministerio de Función Pública. Eventualmente, si el resto de las comunidades autónomas y de
ministerios están de acuerdo... No soy especialmente fan de tener a la gente trabajando con 72 años -evidentemente, de manera voluntarísima-, cuando verdaderamente tenemos el problema de que hay muchas comunidades autónomas donde los nuevos
profesionales aún siguen haciendo eso que ahora modernamente se llama job hopping, que básicamente es ir de un centro de salud a otro centro de salud durante años, dicho lo cual, no nos cerramos a ninguna de esas propuestas.
En los últimos años, como he dicho anteriormente, se ha creado un 40 % de nuevas especialidades. Hay especialidades en las cuales es probable que acabemos teniendo paro médico, y esto nos lo dice el informe de oferta-necesidad de
facultativos especialistas, especialmente en el ámbito de un par de cirugías donde pone mucho el foco. Nosotros hemos comentado a las comunidades autónomas la posibilidad de reducir plazas en aquellas en las que va a haber un excedente para
ampliarlas en las especialidades en las que no lo va a haber. Y le digo lo mismo que le he comentado antes a la señora Velasco, nosotros nos sentamos con cualquier consejería para ver específicamente esas plazas que querrían acreditar pero que
creen que tienen problemas, o que a lo mejor no se la vamos a acreditar así, chascando los dedos, para ver de qué manera podemos hacer adaptaciones normativas y de qué manera podemos adaptarlas para que verdaderamente sí puedan tener acreditación a
ese respecto. O sea, nada que queramos mal por nuestra cuenta. De hecho, que se hayan incrementado un 40 % en los últimos años es una muestra de que no tenemos ningún problema con el incremento de las plazas a ese respecto. Lo que sí creemos es
que tiene que ser todo acompasado con los informes de oferta-necesidad. De verdad, la directora general de Ordenación Profesional y la subdirectora general de Ordenación Profesional están abiertísimas a trabajar lo que tenga la singularidad de no
ser universal en el ámbito de la bilateralidad, sin duda.
Comentaba lo del mir y el euskera y decía que teníamos cerrazón. No es cerrazón, es un informe de la Abogacía General del Estado. Cuando nos hicieron esa propuesta la elevamos a la Abogacía del Estado, que está en el Ministerio de Sanidad,
y la Abogacía del Estado elevó a la Abogacía General del Estado la propuesta concreta que nos hicieron desde la consejería. La propuesta concreta que nos hicieron desde la consejería supondría, entre otras cosas, que antes del procedimiento
normalizado de elección hubiera una especie de euskoelección, por decirlo de alguna manera, que sería una euskoelección, una catalanoelección, una gallegoelección y una valencianoelección, es decir, una elección en aquellos lugares en los que hay
reconocimiento de otras lenguas oficiales. El problema de eso es que, por las personas que tuvieran reconocido un mérito vinculado con ello, habría que generar varias listas de elección, en las cuales una persona podría tener el puesto 2200 para la
elección en Euskadi, pero el 2500 para la elección en el conjunto del Estado español. Lo que no veíamos era que el procedimiento que ustedes nos daban fuera viable y que no conculcara ese principio de ordinalidad que tiene la existencia de un
examen, pero no nos cerramos a poder incorporar otro tipo de elementos, como, por ejemplo, el de la realización de las pruebas en las otras lenguas. Son cosas a las que nos abrimos. De hecho, me ofrezco -y creo que la ministra también lo ha dicho-
a que nos sentemos específicamente para este tema. Además, el señor Agirretxea sabe que cuando hemos dicho de sentarnos para algún tema concreto está dando sus frutos. Era el otro tema del que quería hablar, que tiene que ver con el organismo
notificado y la empresa Tecnalia en Euskadi, pero que también hay otro centro en Cataluña. Lo que quiero decir, para cerrar el tema lingüístico, en lo que tiene que ver con la formación sanitaria especializada -luego voy a la asistencial al
responder a la diputada del Grupo de Esquerra Republicana-, es que la propuesta que se nos ha hecho, tras la consulta con los órganos jurídicos -no con los nuestros, digamos más sectoriales, sino cuando lo hemos elevado-, se nos ha dicho que tenía
un difícil encaje. Ahora bien, eso no quiere decir que nos cerremos. Nosotros nos abrimos a buscarle el encaje. Lo que ocurre es que -y en esto estarán de acuerdo con nosotros- no creo que quieran que ese encaje lo encuentre el ministerio de Más
Madrid, sino que tendrá que ser algo colaborado con quienes conocen la realidad concreta del territorio. A eso nos abrimos completamente.
Sobre lo de Tecnalia y el centro notificado, quería decir que, como sabe el señor Agirretxea, tuvimos una visita a las instalaciones de Tecnalia y de Certinalia en Guipúzcoa y pudimos hablar sobre las posibilidades de la generación de
capacidades de acreditación como organismo notificado. Ahí nos comprometimos a tener una reunión para, después de una reunión interna, poder tener una con ellos, y creo que tendremos una reunión el día 14 de noviembre. Así pues, es uno de esos
compromisos en los cuales esperamos poder ir avanzando. Me decía lo de 'métanse donde les corresponde y no lo hagan donde no les corresponda'. El problema es que el Ministerio de Sanidad ha estado muchos años no metiéndose tampoco donde les
correspondía y, cuando ahora nos metemos, parece que es que no nos correspondía, pero es que hay una parte que nos corresponde, aunque no haya mucho hábito en reconocerlo.
Señora Fullaondo, diputada de Bildu, lo primero, sobre el euskera en el mir, creo que queda respondido con esta respuesta al diputado del Grupo Nacionalista Vasco. Lo segundo, sobre la PrEP y el VIH, posiblemente sea mi tema favorito de
todos los que llevamos en el ministerio. En el Ministerio de Sanidad, año 2018-2019, comenzamos con el programa de la profilaxis preexposición. Desde entonces, tenemos creo que en torno a unos 34 000 o 35 000 usuarios en PrEP, con unos resultados
razonablemente positivos. Y quiero hacer una puntualización: no es que en España haya 3000 nuevos casos, es que hay 3000 nuevos diagnósticos. Esto creo que sí que es relevante, porque en los últimos años se han hecho unos esfuerzos
importantísimos en materia de diagnóstico. De hecho, recientemente se puso en marcha el programa enVIHos, que consistía en enviar a domicilio programas de autotest diagnóstico de VIH para que la gente se lo realizara. O sea, estamos intentando
incrementar la capacidad diagnóstica frente al VIH. A pesar de incrementarla, el número de diagnósticos se mantiene constante año tras año. Esto, desde nuestro punto de vista, es una noticia positiva, porque si aumentas la capacidad diagnóstica
pero no aumentan los diagnósticos, quiere decir que en los diagnósticos potenciales los nuevos casos sí que es probable que estén bajando.
En concreto, sobre lo que comentaba de Lenacapavir y, en general, de las profilaxis preexposición inyectables de acción prolongada, ahora mismo hay en el mercado dos: una es Cabotegravir, del laboratorio ViiV Healthcare, que es una
inyección cada dos meses, es decir, seis inyecciones al año, y otra es Lenacapavir, de Gilead, que sería una inyección cada seis meses -aunque es verdad que empieza a haber ensayos clínicos que plantean la posibilidad de una inyección cada doce
meses, anual-. Yo siempre he defendido que un avance terapéutico, que un avance preventivo como Lenacapavir supone un game changer en el contexto de la salud global, y que en países de África o del sudeste asiático o de América Latina, donde el
acceso al sistema sanitario es mucho más dificultoso, tener una medicación que previene, prácticamente, el 100 % de las transmisiones del VIH, sin necesidad de tener una pastilla que se tome un número de días o casi todos los días, etcétera,
etcétera, es un cambio de panorama total y absoluto. El problema que tiene el Lenacapavir es que en aquellos lugares donde su aportación terapéutica es mayor es donde no están los recursos para dedicarlos a ello, y en los países donde están los
recursos su aportación terapéutica es grande, pero tampoco es tan grande. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en el proceso de negociación con Cabotegravir para que pase por la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos. Si esto se
llega a aprobar, supondría la posibilidad de que en los hospitales hubiera la profilaxis preexposición inyectable con Cabotegravir, y nosotros estamos trabajando para que la profilaxis preexposición oral pueda pasar a las oficinas de farmacia
comunitaria. Entonces, generar la facilidad de lo comunitario para quien quiera esa cercanía y pueda seguir con la oral, y grupos específicos de población con una menor continuidad en el programa de PrEP en el ámbito hospitalario, con el depot, con
el long acting, con la acción prolongada, es la estrategia que nosotros llevamos. Ojalá podamos financiar también Lenacapavir, pero si conseguimos financiar Cabotegravir con unas condiciones que sean aceptables para el conjunto del Sistema Nacional
de Salud, el valor añadido de Lenacapavir no es sobre la PrEP oral, es sobre la existencia de Cabotegravir, teniendo en cuenta que el programa de la PrEP en España para esas personas no consiste solamente en dar una pastilla; es un programa de
seguimiento continuado en el cual se pone mucho énfasis en el acompañamiento y en todos los elementos relacionados con la prevención y la promoción. Es decir, son gente que probablemente ya tuviera que ir cada dos meses al centro sanitario para,
justamente, recibir esa profilaxis. Entonces, nuestra disposición es -ojalá- la de poder incorporar todas las opciones disponibles de PrEP de acción prolongada. Ahora bien, hay un compromiso también con el contexto de la sostenibilidad del
sistema.
Yo me reuní hace un mes con la chief commercial officer de Gilead Internacional, la número dos del CEO de Gilead a nivel internacional, y esto se lo estuvimos comentando de manera totalmente abierta. Ahora mismo Gilead está intentando que
su forma de adquisición no sea mediante el procedimiento normalizado de financiación por parte de la Comisión Interministerial de Precios, sino que sea mediante un joint procurement agreement con la Comisión Europea a través de la DG HERA.
A nosotros, dentro del marco de financiación, nos parece muchísimo peor ese marco que el marco de financiación de la Comisión Interministerial de Precios, y así se lo hicimos llegar. Así que el compromiso es seguir avanzando para incorporar
la profilaxis preexposición de acción prolongada, se llame Cabotegravir, se llame Lenacapavir -y ojalá se llame de las dos maneras-, siempre desde un marco de sostenibilidad para el conjunto del sistema, sin ningún tipo de dudas.
Sí es verdad que también nosotros ponemos en la mesa una cosa y es que nuestros compromisos de financiación en el marco de la salud doméstica tienen que ser coherentes con los marcos de la salud global. Por eso, para nosotros también son
muy importantes los pasos que las compañías dan en materia de salud global para poder garantizar el tratamiento no solamente en los países de rentas bajas -y esto se lo dijimos a la chief commercial officer de Gilead-, sino muy especialmente en los
países de rentas medias: Brasil, Argentina, países como Ecuador, Colombia. Tienen que ver de qué manera se facilita el acceso a esos países, porque si no vamos a encontrar que es un acceso, va a ser un game changer que no va a conseguir cambiar
absolutamente nada.
Sobre lo que comentaba de los biólogos, algunas cosas sí que me suenan conocidas de haberlas tratado con el Colegio de Biólogos, pero, básicamente, en lo que tiene que ver en concreto con los asesores de genética, quería ofrecerme -si nos
puede pasar el contacto, o le pasamos nosotros el contacto ahora, a través de mi directora de gabinete- para que tengamos una reunión específica y reunirme yo mismo con ellos y con ellas. Entendemos que en la especialidad de Genética de Laboratorio
están contemplados todos los colectivos. Genética Médica está hecha y pensada para el ámbito de la genética médica, pero estaré encantado de que tengamos una reunión a este respecto. Yo me reuní en su momento con el Colegio de Biólogos, creo que
fue antes de que se aprobaran las especialidades de genética, así que nos abrimos totalmente para poder mantener esa reunión.
Es verdad que la vía que nosotros encontramos es la de la LOPS, pero porque es la vía. Ahora bien, no quiero yo devolverles la pelota, pero si creen que el redactado puede ser el mismo, lo pueden registrar mañana en el registro del Congreso
de los Diputados y se lleva al debate en el Pleno. No sé si habrá alguien que se oponga, pero si es un texto relativamente sencillo, se puede tramitar con mayoría parlamentaria, y los trámites son mucho más sencillos que si se presenta como
proyecto de ley.
Ha comentado antes lo del SoHO, el Reglamento de Sustancias de Origen Humano. Quería hacer simplemente una mención: se aprobó recientemente, se impulsó durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y ahora mismo estamos
llevando a cabo todos los pasos para la incorporación y la adaptación de nuestro sistema a ese respecto. Creo que España, de la misma manera que es una potencia en donación de órganos, tiene que ser una potencia en el ámbito regulatorio y en el
desarrollo de las sustancias de origen humano, y estamos justamente trabajando para para conseguirlo.
Me preguntaba sobre la Ley 3/2024, la denominada ley ELA. En efecto, la semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley mediante el cual se modificaba el sistema de ayuda a la dependencia, considerando ese nivel III+, que
justamente es el que habilita, con esa financiación extraordinaria de 500 millones de euros, a la distribución de fondos para la ayuda veinticuatro horas a las personas con ELA. En este caso, hoy se ha aprobado el real decreto que es el que
desarrolla el ámbito de aplicación. A este respecto nosotros hemos querido ser muy cuidadosos. Se constituyó un grupo de expertos, un grupo de personas expertas que era el que iba a designar cuáles eran los diagnósticos concretos que iban a caber
en el listado de enfermedades, y ese listado que ha hecho el grupo de expertos nosotros no lo hemos querido tocar a nivel político. Ahora bien, es en el ámbito de los criterios donde sí que nosotros hemos eliminado ese requisito de la esperanza de
vida menor a 24-36 meses; eso ha quedado eliminado. Simplemente, hemos tomado la misma redacción que ustedes aprobaron aquí, que era la de 'una afectación significativa de la supervivencia'. Ese es un criterio que creemos que es mucho más
interpretable a nivel clínico y pone en muchos menos problemas tanto al profesional clínico como al paciente. Además, permite que muchas patologías que pueden tener una reducción de la supervivencia -estoy pensando, por ejemplo, por pensar en una
muy concreta, en la AME- en términos globales, pero a lo mejor no con una expectativa de vida de 24-36 meses, sí que pueda caber justamente en el redactado para obtener esa vía rápida de evaluación, que es la que faculta para poder recibir
posteriormente las prestaciones que se habilitaron la semana pasada con el real decreto ley, y que esperemos que se puedan ratificar aquí en el Congreso. A este respecto, yo escuché el otro día unas declaraciones de la consejera encargada de
Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, la señora Ana Dávila, que comentaba que, después de la reunión con el Ministerio de Derechos Sociales, se había cerciorado de que iba a haber tremendos retrasos en la financiación.
He de decir, después de escuchar esas palabras, que hablé con la secretaria de Estado de Derechos Sociales y me confirmó que, con independencia de que haya un acuerdo de homogenización de los procedimientos en su conferencia sectorial, en el
momento en que una comunidad autónoma ponga en marcha el proceso y designe una categoría grado III+ en el servicio de atención a la dependencia se transferirá el dinero para cubrirlo; o sea, a ese respecto sí creo que hay que lanzar un mensaje muy
claro
en relación con el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales. Con esto, los procedimientos normativos que dependen del Gobierno derivados de la aprobación de la Ley 3/2024 quedarían resueltos.
Ahora mismo está en tramitación la incorporación en la orden ministerial de lo que tenía que ver con la cartera de servicios. También está poniéndose en marcha todo lo que tiene que ver con las diferentes competencias en materia de
formación específicamente, que nos parece importante. Tenemos un excel con las tareas que le toca a cada uno de los centros directivos del Ministerio de Sanidad y, periódicamente, vamos viendo cuál es la evolución. Al menos, nos congratula haber
llegado al aniversario, el día 31 de octubre, tanto con la reforma del sistema de ayuda a la dependencia como con el real decreto del ámbito de aplicación.
Sobre lo que comentaba la diputada del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señora Estrems, tuvimos una fecha de reunión, pero se complicó tras cancelarla. Sin lugar a duda, nos vemos, de la misma manera que nos hemos visto con todo
el mundo. Creo que cayó en una especie de barbecho una vez empezamos con otros temas como las comisiones veterinarias, etcétera. Además, después de haberme reunido ya con todo el mundo en los dos primeros años, puedo decir que empiezo a tener
algún hueco más, así que cuando usted quiera. Tiene el contacto tanto de Cristina como de Paola, que son de mi equipo, para cerrar esa reunión, ya sea presencial, por videoconferencia o cuando vaya a Barcelona, como sea.
Sobre la tributación, dice usted: me dirá que es competencia de Hacienda; me lo dice usted porque sabe que es competencia de Hacienda. Nosotros estuvimos revisando qué ayudas habían quedado exentas de tributación y solamente hemos
identificado una ayuda concreta en el ámbito del VIH. No sé si ustedes tienen identificada alguna otra ayuda que quedara exenta de tributación, ayudas que fueran más o menos extrapolables. En el caso de que las tengan, le pediríamos -porque
nosotros no las hemos encontrado- que nos las pasaran, porque a nosotros nos puede ayudar a hacer la foto. En el caso de que seamos consultados o lo llevemos a consultas, lo comentaríamos.
Decía usted que los psicólogos no pueden ejercer de pleno derecho. Los psicólogos clínicos pueden ejercer de pleno derecho, los psicólogos que tienen la especialidad de psicología clínica ejercen de plenísimo derecho en el Sistema Nacional
de Salud, son una categoría más del Sistema Nacional de Salud, están incorporados e integrados perfectamente en el ámbito hospitalario, en los centros de salud mental comunitaria y también en centros de Atención Primaria en muchos lugares. A ese
respecto, trabajan de pleno derecho. Entiendo que usted se refiere específicamente a los psicólogos generales sanitarios, es decir, a aquellos profesionales que han hecho el grado en Psicología y, posteriormente, el máster de Psicología General
Sanitaria, que es un máster no habilitante para la atención clínica, pero sí tiene algunos elementos especialmente relacionados con la promoción del bienestar psicosocial. Recientemente, hubo reuniones entre los diferentes órganos del Ministerio de
Sanidad con el Colegio Oficial de la Psicología donde se le pidieron propuestas concretas con la perspectiva de intentar evitar que cada uno haga la batalla por su lado y podamos ver de qué manera dar respuesta al tremendo incremento de la demanda
en el ámbito del sufrimiento psíquico, pues hay que dar respuesta desde los servicios públicos, respetando los ámbitos competenciales y la legislación vigente, pero también viendo cuál tiene que ser el rol de los diferentes profesionales en el
conjunto del sistema. Creo que hay algunas comunidades donde se ha escogido la vía de la salud pública y ese abordaje de la promoción del bienestar psicosocial. Nosotros hemos dicho que no vamos a hacer cosas sobre los psicólogos sin los
psicólogos. Están en marcha reuniones de grupos de trabajo justamente para ello. Estamos en octubre, casi noviembre, esperemos que a principios de enero podamos tener algo. De todas formas, si quieren, en la reunión que vamos a tener podemos
comentarlo con mayor especificidad.
Ha hablado de la enfermería y su clasificación en el grupo A1. Con todos los respetos, la denominación me sonaba anticuada. Nosotros nos movemos en el ámbito de clasificación del Espacio Europeo de Educación Superior, que partiría del MECU
y tendría una consideración adecuada de la duración de la formación de cada una de las categorías. Evidentemente, enfermería no especializada estaría con los grados no especializados, lo que se llaman grados cortos, y enfermería especializada sí
tendría esa consideración superior. Otra cosa es que, en la consideración de los niveles que tienen en el estatuto marco, los profesionales sanitarios tengan que ser reclasificados en el caso de que se vayan a trabajar a la Administración General
del Estado. Ahí nosotros hemos defendido que los grados han de tener esa consideración A1, de la misma manera que tienen los demás grados. Pero la clasificación que nosotros trabajamos en el Sistema Nacional de Salud es la adaptación del MECU, que
supone una reclasificación que sí tiene en cuenta todas las singularidades.
Sobre los derechos lingüísticos que usted comentaba en el ámbito de la asistencia sanitaria, creo que el del psicólogo es un muy buen ejemplo. De hecho, cuando se habla de migración o atracción de
profesionales, el ámbito de la psicoterapia, independientemente de cuál sea el profesional de la psicología o psiquiatría que lo ejerza, es uno de los ejemplos que se pone siempre sobre lo difícil que es hablar en una segunda lengua que no
sea la que habitualmente se utiliza y en la que se piensa. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero también entendemos que es un ámbito que tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas. Personalmente, no me verá criticar en
ningún momento que alguna comunidad autónoma haga todo lo que tenga que hacer para garantizar que cualquier persona, en el lugar en el que viva, pueda hacer uso de su actividad clínica en la lengua que mejor maneje. Creo que son acciones totalmente
legítimas y que, desde luego, ayudan a preservar la pluralidad lingüística de nuestro país. Ahora bien, no es de nuestra competencia, por ejemplo, la consideración dentro de las ofertas públicas de empleo de cláusulas específicas de niveles -B2, C1
o el que sea- de uso del catalán, euskera o gallego. Es una competencia autonómica, y ya se hace en muchas comunidades autónomas. No es algo nuevo, ya se está desarrollando. Estoy totalmente de acuerdo en que una persona tiene que poder ser
atendida en la lengua que habla.
Sobre el cuello de botella legislativo, decía que habíamos tenido media legislatura para desencallar la agencia. Es una de las cosas que yo he hablado muchas veces con la señora Recas, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario de
SUMAR, que me decía: esta es una ley muy fácil y mira lo que hemos tardado. Creo que una ley que lleva la palabra estatal es de todo menos fácil con los actuales equilibrios parlamentarios. Por eso, no era una ley sencilla en absoluto, pero acabó
saliendo. A ese respecto, yo trabajo para ahora y trabajo para luego; yo trabajo como si la legislatura fuera a durar cien años y fuera a acabar mañana, o sea, trabajo a la vez con los dos criterios, y trabajo sabiendo que la ley de alcohol y
menores no la empezamos nosotros, se empezó en una legislatura anterior. Y si la ley de organizaciones de pacientes no la aprobamos nosotros y se aprueba en la siguiente legislatura, a mí me daría igual; no me daría igual, porque es mejor que se
apruebe cuanto antes, pero me refiero a que los legados no son individuales, son legados colectivos del conjunto de las sociedades. No tiene que haber ninguna ley Padilla. La ley de organizaciones de los pacientes llevará el nombre de la ley
Llovell. ¿Por qué? Porque Albert Llovell fue uno de los impulsores del asociacionismo en el ámbito de los pacientes en el Estado español. No es una propiedad de los políticos que las llevan a cabo. Nosotros trabajamos con la total determinación
de que, cuando se abran las ventanas de oportunidades, nos pille con el trabajo hecho, se llame ley del tabaco o se llame ley del medicamento. Por ejemplo, el otro día, en un acto que compartí con diferentes ámbitos del sector farmacéutico, pude
ver cómo desde la presentación del anteproyecto de ley hasta ahora el sector ha virado muchísimo sobre la aceptación y el posicionamiento del texto final que vamos a tener del Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Esperemos
que cuando llegue aquí esa coral social que hemos ido construyendo también pueda tener un reflejo en las acciones que se lleven a cabo.
Sobre lo que comentaba la señora Recas, del Grupo Parlamentario SUMAR, del ámbito internacional y el orgullo -y gracias, porque voy a aprovechar para mencionarlo-, algo fundamental para nosotros es que haya continuidad entre el trabajo que
se hace a nivel doméstico y el trabajo que se hace a nivel internacional. Cuando aquí hablamos de modificar y enmendar la ILP de ratios para ir hacia una ILP de dotación óptima segura de profesionales de enfermería, es un paralelismo de lo que
hacemos a nivel internacional consiguiendo la financiación para un proyecto TSI a nivel europeo de cálculo de las ratios ajustadas por complejidad. Justamente creo que ese paralelismo es fundamental en nuestra labor.
También, estoy totalmente de acuerdo con que el diálogo que se ha establecido con la industria farmacéutica, con el sector farmacéutico en general, muestra que hay un nivel de entendimiento bastante alto. Y suelo comentar que, en una
entrevista reciente, me decía el entrevistador que él había hablado con muchos representantes del ámbito farmacéutico y que le decían que yo era muy simpático, pero que no les hacía caso. Y, claro, es que yo creo que hay una confusión, porque los
representantes de los ministerios hemos de tener un compromiso con el diálogo, no con la obediencia, y ese compromiso con el diálogo sí que se reconoce por parte del sector.
Sobre lo que comentaba de los cribados de Ceuta y Melilla, yo aquí quiero resaltar y agradecer la colaboración del Gobierno de Ceuta, juntamente con INGESA, para poder alcanzar convenios que se alarguen en el tiempo y que garanticen la
atención en el ámbito de los cribados a la población de Ceuta. Ya hay un convenio reciente firmado con Melilla, pero en el caso de Ceuta ha habido un especial entendimiento a ese respecto.
En cuanto al Plan de Atención Primaria -creo que lo comenté en la pregunta anterior, cuando estuve aquí-, se han actualizado los planes de abordaje de la estrategia de cronicidad. Hubo recientemente un
evento en el Ministerio de Sanidad donde juntamente con comunidades autónomas, sociedades científicas y los diferentes actores se estuvo comentando. Para nosotros la estrategia de cronicidad es la estrategia con mayúsculas del ministerio.
Frente a quienes prefieren desgajar diferentes medidas y hacer estrategias de enfermedades, nosotros creemos que es la cronicidad lo que vertebra el conjunto del sistema sanitario, y es en la estrategia de cronicidad donde tenemos que meterlo todo,
desde una mayor integración del ámbito de los cuidados, una mayor integración desde el ámbito sociosanitario, a una incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación para proporcionar una atención sanitaria que sea más humana
pero también más rápida y accesible.
El tema del ELA lo hemos comentado con anterioridad.
Mencionaba la subcomisión de veterinarios. Aquí tenemos que agradecer a la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya la propuesta de la subcomisión de veterinarios. Nosotros esperamos que salga adelante cuando ustedes la
voten. Creemos que es una buena oportunidad para que en el seno de la Comisión de Sanidad se puedan debatir, desde un contexto de One Health y también de ordenación profesional -la ordenación profesional de los veterinarios sí que es competencia
del Ministerio de Sanidad-, todos aquellos elementos que competen a la profesión veterinaria, incorporando asimismo a aquellas profesiones que comparten competencias o que continúan competencias de estas, como pueda ser el ámbito farmacéutico.
A este respecto quiero comentarles una cosa que ya he comentado a los agentes implicados, y es que, una vez se apruebe el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios en el Consejo de Ministros, convocaremos una reunión a
tres bandas entre el Ministerio de Sanidad, las organizaciones de las profesiones veterinarias y de la profesión farmacéutica para abordar de manera conjunta todo lo que tiene que ver con el proceso de prescripción, dispensación y venta de los
medicamentos de uso veterinario. Creemos que, más allá de la capacidad de influencia que tenga cada uno, hay que sentarse a hablarlo en la misma mesa. Y nuestro compromiso es sentarnos en la misma mesa, con veterinarios y con farmacéuticos, para
abordarlo de manera abierta y poder llegar a algún compromiso.
La señora Gil, también del Grupo Parlamentario SUMAR, hablaba sobre lo que tenía que ver con los cribados. Aquí, yo quería hacer una mención concreta a un elemento, y es el elemento del control. Cuando se habla de privatización se habla
mucho de la privatización de la gestión, se habla mucho de la privatización de la financiación y se habla muy poco de la privatización del control. Si las instituciones públicas pierden la capacidad de saber qué es lo que se está haciendo y dónde,
verdaderamente perderemos el mando de nuestras instituciones. Perder la capacidad de controlar si se estaban mandando las notificaciones pertinentes a quienes se tuvieran que mandar es, claramente, una pérdida de la labor de control, que, desde mi
punto de vista, es una labor fundamental que tendríamos que mantener.
Comentaba también una noticia que salía hoy sobre una citación para una mujer que se había muerto hacía seis años. Si esto cae simplemente en el ámbito del desafortunado error, no hay ningún tipo de problema. El problema es que cae en un
contexto en el cual sí que parece que ha habido una dejación de funciones y que hay una falta de conducción al volante en un ámbito tan sensible como este, y entonces entiendo que pueda despertar la alerta. Por eso, lo fundamental es poner datos
encima de la mesa y garantizarle a toda la población que todos los poderes implicados van a estar asegurando que los diferentes elementos de la práctica asistencial y de los servicios y de las medidas de salud pública se les van a garantizar en
tiempo y forma. Como he dicho anteriormente, en el Ministerio de Sanidad estamos explorando cuáles son las posibles medidas que podemos llevar a cabo para recabar esa información.
El señor García hablaba del ministerio de Más Madrid, del ministerio de propaganda, y luego decía que teníamos un cacao competencial para, acto seguido, recriminarnos cosas que son de competencia autonómica. A ver si el cacao competencial
lo va a tener usted, señor García. Dice: Tienen ustedes un cacao competencial, por ejemplo, con las listas de espera, la atención primaria y el ámbito hospitalario. Hombre, eso es muy básico. Ustedes, que son tan constitucionalistas, créanse la
Constitución al menos. Yo entiendo que, si hubiera que votarla, votarían en contra ahora mismo, pero al menos tengan un mínimo de rigor para saber cuáles son las competencias de cada cual.
Hay un elemento que usted ha mencionado un poco de soslayo, que creo que no debe dejarse pasar y que tiene que ver con el gasto sanitario privado. Hace unos meses, presentamos en el Ministerio de Sanidad un informe del Observatorio Europeo
de Políticas y Sistemas de Salud sobre lo que se llama health in transition, unos informes sobre nuestro país bastante profundos. Señalaban que España tiene el mejor nivel de desempeño en la reducción de las inequidades en materia de necesidades
médicas no
cubiertas por motivo económico. El mejor desempeño del conjunto de Europa. ¿Qué ocurre? Que se nos queda fuera un ámbito, las prestaciones no cubiertas, salud bucodental y gafas. Por eso mismo, la prestación de las gafas va justamente a
cubrir aquellos ámbitos de generación de mayor inequidad en lo que se denomina las necesidades médicas no cubiertas, para que podamos amortiguarlas a ese respecto.
Sobre qué hacemos nosotros con respecto al tema de las listas de espera, yo podría preguntarle qué hacen ustedes en los niveles de las comunidades autónomas para que aquellos Gobiernos que sobreviven gracias a su apoyo, aunque ustedes no
estén integrados dentro de los Gobiernos, hagan algo para abordar las listas de espera. Nosotros nos encontramos con unos sistemas de información de listas de espera totalmente inmanejables, con los que es imposible garantizar que la información
que se manda sea la misma en todas las comunidades y donde hay grandes vacíos de información, porque son unos sistemas que se generaron hace muchísimos años para una realidad que ya no existe. Entonces, contamos con la lista de espera para el sinus
pilonidal, pero no tenemos absolutamente ni idea de la lista de espera para patologías mucho más prevalentes y urgentes que sí se dan en la realidad de nuestras poblaciones y de nuestros sistemas. Ahí se está actuando, en ese grupo de listas de
espera, con muchísima diligencia y colaboración de todas las comunidades autónomas y esperamos poder tener productos concretos en los próximos pocos meses.
Me hablaba usted de universalidad. Tuve el placer de ver su intervención el otro día en la Comisión de Sanidad -porque me recomendaron que la viera-, cuando vino a comparecer el doctor Luis Gimeno Feliu por parte de REDER. Me di cuenta de
que ustedes no tienen ningún tipo de problema con los inmigrantes en situación irregular. Ustedes lo tienen con que tengan derechos; pero con los inmigrantes en situación irregular, ningún tipo de problema. El apoderado de VOX de Hinojares llevó
en un coche a una persona migrante en situación irregular que se murió recogiendo la aceituna y tiró su cadáver a las puertas de un centro sanitario, pero ustedes no tenían ningún problema con ese inmigrante que estaba trabajando en régimen de
explotación; ustedes tenían un problema con que tuviera derechos. Y lo mismo con el líder de Baleares, que también fue detenido por explotación, que tenía hacinados a trabajadores que estaban trabajando todos los días más de diecisiete horas y no
tenían ningún tipo de problema con que estuvieran en España; tienen problema con que tengan derechos. Derechos que nosotros, evidentemente, vamos a garantizar, claro que sí.
El sistema sanitario español no es sostenible a pesar de ser universal. l sistema sanitario español es sostenible gracias a que es universal, gracias a que presta atención con cosas que tenemos todavía que solventar en el mejor punto de la
existencia posible. Por eso, tenemos que eliminar las barreras que hagan falta para que esa universalidad sea verdaderamente real. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un marco legislativo, el que llegó a partir del Real Decreto Ley 7/2018, que
avanzó mucho, pero que permitió que siguiera habiendo comunidades autónomas donde se dijeran cosas como la que se me dijo a mí en sede parlamentaria por parte del portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que iban a llevar a
cabo tanta exclusión como la legislación vigente les permitiera. Pues habrá que intentar que la legislación vigente les permita mucho menos.
Sobre la agencia, ¿seguimos sin sede? Se publicó en el BOE en julio, tenemos seis meses para la aprobación del estatuto, que va a salir en breve a información y audiencia pública, y de la misma manera se va a tramitar por el procedimiento
de urgencia la designación de la sede. Así que no hay ningún tipo de problema. Dice que seguimos sin reserva estratégica ni coordinación. Siento decirle que tenemos reserva estratégica. Otra cosa es que no le digamos lo que tenemos porque por
motivo de seguridad nacional no se puedan dar los contenidos, pero reserva estratégica sí que tenemos. Así que entiendo que eso le tranquilizará muchísimo más. Sepa también que hay muchísimas comunidades autónomas que tienen reservas estratégicas
y, además, que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hay un grupo de coordinación de la reserva estratégica nacional y de las reservas estratégicas autonómicas. Pero, más aún, a nivel industrial se está poniendo en
marcha una reserva estratégica que a mí me parece más importante incluso que la de tener recursos concretos almacenados en un lugar, que es la reserva estratégica de capacidades. Esto no va solamente de que tengamos un número determinado de
materiales. Esto va también de que, si en un momento dado las cosas se ponen malas, sepamos y tengamos acuerdos con empresas concretas que tienen implantadas sus fábricas de producción en nuestro país, para que puedan poner a disposición del
bienestar general la implantación de sus capacidades de producción. Y eso yo creo que fue un elemento fundamental durante la pandemia, y hay que agradecer a muchísimas empresas farmacéuticas, así como de productos sanitarios y textiles, que se
reconvirtieron al ámbito de los equipamientos de protección individual, que trabajaran para lo que necesitaba el país en ese momento.
Dice usted que nosotros nos habíamos comprometido a aprobar una estrategia de industria farmacéutica. Nos comprometimos tanto que la aprobamos el 15 de diciembre del año 2024. Ha tenido ya tres reuniones de sus órganos de coordinación y
ahora mismo está pendiente de la aprobación del real decreto de conformación de la alianza. Claro que se ha aprobado. No solo se ha aprobado, sino que lleva ya bastante tiempo funcionando. Si no se ha aprobado, no sé con quién me reuní yo ayer y
no sé con quién me voy a reunir el viernes. Así que, si es verdad que no se ha aprobado, dígamelo para ir liberando la agenda.
Me pregunta usted cuántos pacientes han visto mejorada su vida. Pues mire, van a ver mejorada su vida las 500 000 familias cuyos niños van a poder acceder a las gafas con una subvención de 100 euros al año. Han visto mejorada su vida todos
aquellos pacientes que ahora acceden a medicamentos innovadores en 344 días en lugar de más de 500. Van a ver mejorada su vida todas aquellas familias que, gracias a iniciativas como el Plan Únicas, consiguen que personas con enfermedades raras no
tengan que hacerse muchos kilómetros para ser asistidas, utilizando todos los medios de comunicación telemática para poner en marcha esa asistencia. Ven mejorada su vida todas las personas que necesitan terapias avanzadas, y han hecho que el modelo
de terapias avanzadas de España se ha considerado a nivel europeo y a nivel mundial como un gran éxito. En el año 2018 se aprobó el primer Plan de Terapias Avanzadas, que fue pionero en su momento. Ahora se ha aprobado el nuevo Plan de Terapias
Avanzadas. Tuvimos suerte de que ese día no se les indigestó la cena del día anterior a los consejeros del Partido Popular y estuvieron presentes para aprobar el Plan de Terapias Avanzadas del año 2025, que no es solo de medicamentos de CAR-T, es
de medicamentos de terapia avanzada con mayor distribución por todas las comunidades autónomas y una mejora en el acceso. Han visto mejorada su vida todos los niños y niñas -veremos los datos próximamente- que han podido tener salud bucodental en
los servicios públicos. Y han visto mejorada su vida todos aquellos que necesitan acceder a medicamentos huérfanos y medicamentos en situaciones especiales; más de un 75 % de los medicamentos huérfanos que aún no están financiados están accesibles
por la vía de los medicamentos en situaciones especiales. El caso concreto del que me ha hablado me sonaba del ámbito de las redes sociales, no a nivel personal. Si me facilita el contacto, nos reuniremos con él, de la misma manera que nos
reunimos con los biólogos. Nosotros, si tienen el contacto, estamos totalmente disponibles para reunirnos también a nivel individual.
Y, luego, en relación con la cultura de la muerte, los que niegan el derecho a la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, los que dan palmas con las orejas cada vez que hay un ataque de Israel al pueblo
palestino y ven fotos de niños totalmente demacrados, esos nos hablan de cultura de la muerte, los que han hecho de la muerte su ideario político. Desde luego, hablar de cultura de la muerte en medio de un genocidio, les señala principalmente a
ustedes.
Después, usted y la señora Velasco han dicho que he hablado de los profesionales solo al final. Bueno, he hablado de los profesionales en el momento en el que tocaba en el guion. Hemos hablado primero de la parte delegada de elementos
cerrados y de la parte de elementos que van a ser especialmente noticia en los próximos meses. Y ahora me he extendido mucho más -porque sabía que lo sacarían y lo he dejado para la réplica porque si no, el presidente de esta comisión me regaña por
hablar demasiado- sobre todo lo que tenía que ver con la formación sanitaria especializada y las acciones relacionadas con el grado.
Por último, la señora Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, comenzó hablando sobre lo de los consejeros del Partido Popular. Como aquí tenemos representantes de diferentes grupos parlamentarios que vienen de diferentes
circunscripciones electorales, les invito a que registren peticiones de información preguntando cuál ha sido el coste en el que han incurrido las consejerías de Sanidad de los Gobiernos del PP para ir a Zaragoza a una cena con los gastos pagados,
sin participar en el consejo interterritorial. Creo que es una labor de fiscalización de la acción política que puede merecer la pena.
Sobre las cifras de participación de los cribados, hay una cosa que no hemos comentado. Al explotar los sistemas de información que tenemos, hemos visto una tendencia general que es especialmente acusada en algunas comunidades autónomas.
En la última década, el cribado de cáncer de colon tiene unas cifras de participación muy mejorables, pero está en una subida muy acusada; las cifras de cáncer de cérvix se mantienen más o menos estables, y estamos viendo una caída muy importante
en las cifras de cáncer de mama. Tenemos que hacer análisis más pormenorizados de nuestros sistemas de información, pero también de los datos que nos den las diferentes comunidades autónomas, para ver dónde está ocurriendo esto. Un cribado es útil
si se lleva a cabo con calidad, pero sobre todo con alta
cobertura. Si no, lo más probable es que estemos cayendo en lo que Julian Tudor Hart, en el año 1979, en la revista The Lancet, denominó la ley de cuidados inversos, y es que estamos haciendo que participe en el programa de cribado la gente
que menos lo necesita y no al revés.
Comentaba también las estadísticas sobre el uso de la sanidad por parte de los migrantes de manera separada, y que se llevará a cabo gracias a un acuerdo entre el Partido Popular y VOX en la Comunidad Valenciana. Si las hacen bien, se van a
encontrar con las mismas estadísticas que ya les comentó el otro día el doctor Jimeno Feliu: que los migrantes que llegan a España son población más sana que la población española residente, y con los años se van adecuando al perfil de morbilidad
que tenemos. La mejor fuente de información en el conjunto de España, el que tiene los mejores estudios publicados es el señor Jimeno Feliu. Así que yo le recomiendo que consulten con él.
Para terminar, quiero comentar lo del pabellón Ernest Lluch. El año que viene se cumplen cuarenta años de la Ley General de Sanidad. Nada sería mayor honor que poder celebrar el 40.º aniversario de la Ley General de Sanidad en una sala que
lleva el nombre de Ernest Lluch, que es la sala Ernest Lluch del ministerio. Cuando supimos de la retirada del nombre del pabellón por parte del Gobierno valenciano, nos comprometimos a que el Centro Nacional de Dosimetría, a petición del Grupo
Parlamentario Compromís, tomara el nombre de Ernest Lluch. Ese centro ya está construido, y ahora el nuevo se está construyendo en la ciudad de Valencia. Yo hablé con la directora de INGESA para ver si podíamos asumir ese compromiso, y asumimos el
compromiso de que, independientemente de que el Gobierno valenciano recupere la denominación para ese pabellón, para nosotros será un honor que el Centro Nacional de Dosimetría tenga el nombre de Ernest Lluch, sin lugar a dudas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Tenemos un pequeño problema con el orden del día, y es que no tenemos tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente -y siento no poder ponerlo a discusión, porque tampoco tenemos tiempo para esto-: vamos a hacer intervenciones de dos
minutos ahora; no da para los tres minutos, lo siento. Vamos a acabar este punto a las dos y media. Necesitamos tratar el siguiente punto del orden del día con una única intervención de la ponente y votación, con lo cual no va a haber posibles
intervenciones. Y necesitamos cinco minutos para reunir Mesa y portavoces para establecer el orden del día de la sesión del día 18. Lo siento mucho, pero me toca a mí decidir sobre cómo vamos a hacerlo, y esta es la única forma que se me ocurre
para poder satisfacer parcialmente la necesidad de todos.
Sin más, hacemos la ronda de los dos minutos de intervención, empezando de menor a mayor, por el Grupo Vasco.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: No voy a intervenir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Euskal Herria Bildu.
La señora FULLAONDO LA CRUZ: Me sobra minuto y medio. Simplemente, quiero darle las gracias por las amplias explicaciones que ha dado. Por supuesto, le pasaremos los contactos para que estén con la gente de VioGén, así como con el Consejo
de Colegios de Biólogos.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: ¿Junts per Catalunya? (Denegación).
¿Grupo Republicano? (Denegación).
¿Plurinacional SUMAR? (Denegación).
¿VOX?
El señor GARCÍA GOMIS: Podría darme los tres minutos, ya que los anteriores portavoces no han intervenido.
El señor PRESIDENTE: No vamos a pelearnos por esto. Adelante. (Un señor diputado: Está mercadeando).
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Padilla, como ha alzado la voz conmigo y se ha puesto medio agresivo, entiendo que ya no le caigo tan bien como la última vez. Señor Padilla, la ministra se presentó aquí con las listas de espera; no me acuse a mí de no saber las
competencias, porque quien no se las sabe es la ministra. Discúlpese con ella, que fue quien dijo que iba a reducir las listas de espera. Y ahora está haciendo como que no quiere saber nada de la historia. Y lo mismo en cuanto a la atención
primaria: ustedes -lo he dicho antes- prometen lo que no pueden.
Mire, nos ha dado la razón con el caos de las comunidades autónomas, porque no saben ni lo que está pasando, porque no hay información, porque cada uno hace la guerra por su cuenta y los que lo pagan son los pacientes, señor Padilla. Por lo
menos, gracias. Me dice lo de la inmigración ilegal. Oiga, que yo quiero acabar con la inmigración ilegal para que no lleguen a situaciones de explotación. ¿Quiere que saquemos los delitos de todos los grupos? Violadores, ladrones... Es el
Gobierno más corrupto de la historia, señor Padilla. Que tengamos un enajenado al que se expulsó... ¿Cuántos tienen ustedes en SUMAR y en Podemos que incluso han violado a niñas y se han dado a la fuga y han sido tapados? Tienen ustedes al señor
de Errejón pendiente de juicio y han tenido al señor Monedero y a otros muchos. Vamos a coger y a taparnos un poco.
Reserva estratégica solamente se puede tener si se tienen las materias primas, y no las tenemos. Que guardemos en un almacén equis cantidad de algo no significa que tengamos capacidad de defendernos. Y no, señor Padilla, no tenemos acceso
a las materias primas. Al final es hipocresía. Nos dice la izquierda: Nosotros defendemos la sanidad pública. ¿Defenderla? ¿Con las listas de espera más largas y médicos en huelga sin sustitutos? ¿Defenderla es que las dos únicas competencias
que tienen ustedes sean Ceuta y Melilla, que no son el mejor ejemplo del país para sacar pecho, ¿y le están llamando la atención al resto de comunidades? Ustedes no defienden lo público, lo utilizan. Se arrogan una bandera que no es suya. La
sanidad no es suya ni de la izquierda; es de los sanitarios y de los propios españoles, y hay que decirlo bien claro. Llaman solidaridad a un sistema que está ya colapsado, en el que los españoles no tienen atención. Nos encontramos con
municipios de más de 50 000 habitantes en los que ni siquiera tenemos un pediatra de urgencia. Ese es el caos que tenemos en España, el caos que sufren los españoles que no pueden ser atendidos, señor Padilla.
Usted se enfada conmigo. Y no, no se enfade conmigo porque le diga las cosas como son. Ahora mismo hay un problema de atención a los pacientes, las listas de espera siguen igual, seguimos con el colapso en muchos servicios, con el burn out
que tienen los profesionales sanitarios, seguimos sin tener recursos o tener infraestructuras para salud mental, no se construyen hospitales prácticamente en ningún sitio de España. No pueden seguir engañando a los españoles y a los sanitarios. Al
final, usted confunde la propaganda con la política, con gestión. No, señor Padilla, no se enfade conmigo. La realidad es la que es; la realidad es que para que a un español lo vea el médico de cabecera muchas veces pasan dos semanas y da igual
el color político que esté en el Gobierno. El problema que hay es que un español tiene que esperar más de 160 días. Esa es la realidad, y usted, si quiere, se enfada conmigo y dice lo que quiera. Enfádese con la señora ministra, la señora García,
de Más Madrid, de SUMAR o del partido que sea, que fue quien habló de las listas espera.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa).
Grupo Parlamentario Popular.
La señora VELASCO MORILLO: Muchas gracias, presidente.
Señor secretario de Estado, hoy en su comparecencia ha vuelto a mostrar interés por los temas que le preocupan a su partido con respecto a dar respuesta a las necesidades del sistema sanitario. Su tono aleccionador, que ya conocemos en esta
comisión, no resuelve los problemas que tiene la sanidad. Usted tiene que reconocer que forma parte de un Gobierno corrupto y que van a generar tantas cortinas de humo como le permitan al señor Sánchez aguantar unos días o unos meses más en el
Gobierno. Esa es la realidad.
Con respecto a los cribados, ¿va usted a respetar el trabajo que llevan a cabo los grupos sobre el tema de los cribados? ¿Va usted a respetar el trabajo de las personas que forman parte de este grupo de trabajo o les va a pedir disculpas?
Porque usted se ha adelantado solicitando una información que, por cierto, los consejeros no se niegan a darle. Pero cumpla con lo que dice el protocolo, el sistema de recogida de datos, que ese sistema no lo tienen. Respecto a los profesionales,
adapten la oferta real de profesionales a las necesidades que tenemos. Llevan gobernando siete años y todavía no conocemos esos ajustes. Con relación al acceso a los medicamentos, hay muchos informes del ministerio, pero tanto
pacientes como clínicos dicen que no hay un acceso temprano a las innovaciones terapéuticas. ¿De verdad, la ley lo va a contemplar? Le pido que así sea.
Por favor, no maquillen los datos y no ensucien los programas de cribado de cáncer porque son un ejemplo de éxito del sistema sanitario y una herramienta fundamental para la detección del cáncer. Vuelvan al respeto institucional, a la
lealtad institucional, a la cooperación y al consenso con las comunidades autónomas. Desde luego, las comunidades autónomas van a trabajar en el consejo interterritorial, y lo hicieron en el consejo interterritorial que abandonaron. De hecho, les
leyeron un manifiesto -del que, por cierto, ustedes ni tan siquiera se manifestaron a favor- y lo que hicieron ustedes fue llamarles cafres. ¡Vaya ejemplo por parte del ministerio! Y ya que tanto les preocupa en qué invierten o cómo utilizan los
viajes los consejeros, también me gustaría que hubiera más transparencia respecto a todos los viajes internacionales que se hacen en el Ministerio de Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor secretario de Estado, intervenga brevemente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD (Padilla Bernáldez): Señor García, no es que haya estado agresivo. Confundimos vehemencia con agresividad. Entiendo que lo que le pasa siempre con las mujeres, también le pasa con la izquierda.
(Risas). No me he enfadado con usted personalmente. Ya le he dicho en varias ocasiones que me cae usted bastante bien. (El señor García Gomis: ¿Me está llamando agresor?). No, creo que no me ha entendido. No, no, digo que confunde la
vehemencia con la agresividad. (La señora Recas Martín: Es que le confunde la noche). Igual que cuando una mujer se muestra vehemente dicen que es muy agresiva, lo mismo pasa con la izquierda, que cuando somos vehementes piensan que somos
agresivos. (Un diputado del Grupo Parlamentario Popular: Vergonzoso). Pero ¿qué no han entendido? No entiendo qué es lo que han entendido. (El señor García Gomis: ¿Me está llamando agresor?) ¡Cómo voy a decir yo que usted es un agresor! ¿En
qué cabeza cabe? En fin.
Habla usted del caos de las comunidades autónomas. ¿Usted piensa que la sanidad en blanco y negro que teníamos antes de 1975 era una sanidad mejor, más equitativa, que conseguía una mayor accesibilidad a los medicamentos, etcétera? Creo
que no. Las comunidades autónomas han permitido tener diecisiete elementos diferentes de innovación, que algunos generan diferencias, inequidades y desigualdades, y que otros simplemente son elementos de mayor equidad que tenemos que ir abordando.
Creo que usted confunde reserva estratégica nacional con autonomía estratégica. Una cosa es la reserva estratégica, que no incluye materias primas, y otra cosa es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica se trabaja en el marco
del conjunto de la Unión Europea, y esa sí que está relacionada con disminuir la dependencia de las cadenas globales de producción de otros países, etcétera, y sí que tiene que ver con las materias primas. La reserva estratégica acumula los
materiales: respiradores, EPI, antivirales, vacunas, etcétera. ¡Y claro que tenemos reserva estratégica! Por ejemplo, dentro de la Critical Medicines Act, se está trabajando justamente para disminuir la dependencia de materias primas, etcétera,
especialmente en aquellos medicamentos que son considerados como críticos.
Me hablaba de Melilla y de la lista de espera. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, la tasa por cada mil habitantes en Ceuta y en Melilla está por debajo de la media nacional: 10,35 y 13,12 frente a los 17,8 de la media nacional.
(El señor García Gomis: No estoy hablando de las listas de espera). El tiempo medio de espera quirúrgica en Ceuta es de 83 días, frente a la media nacional, que es 126, y el tiempo medio de consulta es de 49,6 días en Melilla, siendo la media
nacional 62,3. Dicho esto -y esto lo decía antes, lo digo ahora y lo digo siempre-, los comparadores de listas de espera son muy esclavos de la pirámide demográfica de las comunidades a las que representan. Las comunidades más jóvenes, en términos
generales, tienen menos lista de espera, y comunidades más envejecidas, en términos generales, tienen más lista de espera. Esto no es particularmente mérito nuestro, es mérito de la demografía, y se lo digo yo y lo deberían decir también otras
comunidades autónomas.
Dice que no se construyen hospitales. ¡A ver si nosotros vamos a tener que construir los hospitales que se tienen que construir en las comunidades autónomas! ¿Sabe dónde se ha construido un hospital? (La señora Recas Martín: En Melilla).
En Melilla. En una de esas dos ciudades se ha inaugurado un hospital, que ya está en funcionamiento. Además, no es mérito nuestro; lleva trabajándose en ello desde hace muchísimas legislaturas. Creo que empezó con la señora Dolors Montserrat,
después se ha ido encaminando con diferentes Gobiernos, y ahora el hospital, ¿de quién es? De los melillenses. Y ya está. No es un hospital del Ministerio de Sanidad. ¡Claro que se ha construido ese hospital! Un hospital, por cierto, que, si
alguna vez tienen la posibilidad, les recomiendo que vayan a visitar. Creo que es imposible
encontrar en Europa una ciudad del tamaño de Melilla que cuente con un hospital como el Hospital Universitario de Melilla. Se lo recomiendo. Creo que deberíamos estar todos orgullosos. Como digo, no es un mérito de SUMAR, del Partido
Socialista o del Partido Popular; ha sido una carrera de relevos entre todos y, además, con participación de los fondos europeos.
La señora Velasco habla de un Gobierno corrupto. A ver, señora Velasco: la señora Ayuso, con sus 7291 muertos y viviendo en el piso de ya sabemos quién; el señor Mañueco y la gestión de los incendios; el señor Mazón y la gestión de la
dana; el señor Moreno y la gestión de los cribados... (Rumores). Si es que la señora Guardiola ha tenido que convocar elecciones porque cada mes que pasa hay un nuevo líder territorial en el Partido Popular que pasa, de estar inmaculado, a tener
un gran escándalo. Y también para diferenciarse y que no le coincidieran las elecciones con las del señor Mañueco, porque nadie quiere verse manchado por los diferentes líderes territoriales que ustedes tienen. Si están en una carrera para ver
quién convoca las elecciones antes para no mancharse con la convocatoria de elecciones de los demás. No sé yo de qué tienen que presumir. De todas formas, ahora mismo tienen ustedes la Gürtel juzgándose. Eso es una cosa de un pasado que nadie
recuerda.
Sobre si vamos a respetar los trabajos del grupo de trabajo, por supuesto, y ese grupo tiene que seguir, pero hay un trabajo que ya se ha aprobado. Mientras tanto, ¿me está diciendo usted que las comunidades autónomas del Partido Popular no
tienen ningún dato de evaluación y seguimiento de los programas de cribado? (La señora Velasco Morillo: No, no). No, pues que nos den los que tengan. (La señora Velasco Morillo: Claro, si te lo han dicho, que te los dan). No, pero los nuevos
datos son para entregar al sistema de información que se va a diseñar. Si me dicen que no tienen eso y que tienen los anteriores, que nos los den en un Excel. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en trabajar los Excel que sean necesarios,
ya se encarga la gente de sistemas de información en elaborarlo para ese respecto.
Con respecto a la adaptación de la oferta real, insisto: no podemos ofertar lo que no se nos propone que se oferte. Ustedes no nos pueden proponer que se oferte lo que no acreditamos, y nosotros no podemos acreditar lo que ustedes no nos
proponen que se acredite. Vamos a dejar de decir que hay que chascar los dedos y poner dos mil plazas más, cuando, en realidad, lo que está ocurriendo aquí es que no nos están pidiendo acreditar un número suficiente de plazas. Insisto una vez más,
lo dije la Comisión Técnica Delegada y se lo digo a ustedes: nos abrimos a trabajar bilateralmente con la comunidad autónoma, sea del signo político que sea o al nivel que quieran, sobre los casos concretos para acreditar las plazas que sean
necesarias y que no vean claras con los criterios de acreditación. Pero, claro, si tenemos en cuenta que el POE de psicología se aprobó en el 2022 o 2023 y el de familia se ha aprobado en el 2024 o 2025, no podemos estar todo el rato rompiendo los
límites de lo posible, cuando verdaderamente nos abrimos. No hemos recibido ni una llamada para tener esas reuniones bilaterales. Volvemos a comentarlo: pueden ser individuales o grupales, como quieran.
Me pregunta si la ley va a contemplar un mecanismo de acceso temprano. Hace unos meses le propuse que tuviéramos una reunión monográfica para ir abordando el borrador del proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, pero para eso
hacía falta que ustedes tuvieran tiempo para trabajar el borrador. Si han tenido tiempo para trabajar el borrador, habrán leído que este ya tiene un programa de acceso temprano, condicional y acelerado de los medicamentos. Está en el primer
borrador, en el que se sometió a audiencia pública y va a estar en el texto que pase por el Consejo de Ministros y llegue a las Cortes. Por tanto, ha estado en todos los momentos.
Luego, dice que las comunidades autónomas fueron a trabajar. ¿Cómo es posible que, si fueron a trabajar, no llegaran a estar ni cinco minutos en el lugar de trabajo? (La señora Velasco Morillo: Hombre, porque pusieron unas
condiciones...). Entonces, no fueron a trabajar. Antes de haber ido podrían haber dicho: Oye, que no. Además, hablan de lealtad institucional, pero a mí hay una lealtad que me fascina es la que tienen ustedes con uno de sus socios de Gobierno,
porque a la consejera de Canarias -con la que ustedes gobiernan en esa comunidad- la dejaron tirada en la reunión del consejo interterritorial sin decirle que se iban a levantar, que iban a dar la espantada. Desde luego, me parece un concepto de
lealtad institucional bastante singular.
Lo último que comentaba era sobre los viajes. Nosotros respondemos preguntas sobre viajes que nos hacen ustedes, que nos hacen los medios de comunicación y que nos hacen ciudadanos random. De hecho, recientemente había un hilo de un
periodista de un seudomedio de derechas que decía que nunca le habían respondido con tantísimo detalle de un viaje de un cargo oficial. Era un viaje nuestro a Bruselas. Así que, sí. Ya que estamos, aprovecho para decirle que la semana que viene
voy a Colombia, a Cartagena, a un evento que va a ser auspiciado dentro de los eventos paralelos de la Cumbre CELAC-
Unión Europea, organizado conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y el Ministerio de Sanidad, sobre el desarrollo de capacidades locorregionales de
producción en América Latina. Además, también hay colaboraciones en el ámbito de materia regulatoria con Europa. Creo que esa labor de trabajar para el desarrollo de las capacidades locorregionales en América Latina, con un rol que es el de la
interlocución entre la Unión Europea y América Latina, lo estamos llevando muy a gala y la semana que viene lo tendremos ahí. Por tanto, estoy totalmente encantado con que nos pregunten la justificación de ese viaje. Es más, he llegado a recopilar
los viajes que tenía a partir de las respuestas que damos a las preguntas que ustedes nos hacen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario de Estado, por haber estado con nosotros hoy aquí. Tendremos más ocasiones de seguir la conversación.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SIGUIENTE SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:
- RELATIVA AL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR VETERINARIO EN EL ESTADO ESPAÑOL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 158/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que es la creación de la subcomisión sobre la situación del sector veterinario en el Estado español.
Tiene cinco minutos para presentar la propuesta su portavoz, la portavoz del Grupo Republicano.
La señora ESTREMS FAYOS: Bé, moltes gràcies, president.
Intentaré no allargar-me els cinc minuts.
N'hem parlat moltes vegades. Aquesta iniciativa surt arran de la problemàtica que hi va haver amb el Reial Decret 666, de dispensació i prescripció de medicaments veterinaris i, arran de les converses amb el sector amb diferents actors del
sector, ens va semblar convenient abordar la professió de forma global, abordar els problemes de la professió de forma global. Això no s'ha fet mai.
La professió veterinària està contemplada com una cosa que només recau en agricultura. I això nosaltres pensem, des d'Esquerra Republicana, que està absolutament desfasat. Els veterinaris són metges. Els veterinaris cuiden d'una part de
la nostra família, tenen cura d'una part de la nostra família. Així s'està encaminant la societat i també l'Estat espanyol en reconèixer els animals més enllà d'alimentació. I, per tant, creiem que és imprescindible que abordem aquestes qüestions
de forma clara i que ho fem amb subcomissió pel simple fet que així ens obligarem, entre tots, a treure unes conclusions que haurem de posar per escrit, que haurem de consensuar i que podran abordar temes molt més enllà, com deia, del que és única i
exclusivament la dispensació i prescripció de medicaments. Temes que també els preocupen com que siguin una professió essencial, que puguin accedir en zones de catàstrofe o que puguin obrir les seves clíniques en situacions de pandèmia, com va
passar amb la COVID, que no van poder obrir i després se les va haver de fer una rectificació precisament perquè no estan considerats essencials. Això també ajudaria amb la rebaixa de l'IVA, que ara mateix tenen un IVA de servei de luxe.
I creiem que és molt important, com dèiem, en un context on el One Health és la nova norma que regeix la salut global que els veterinaris tinguin aquesta consideració de metges i que, per tant, des de Sanitat tractem aquesta qüestió, que no
vol dir, que no vol dir en cap cas treure-li de cop i volta totes les competències en el tema a Agricultura. Simplement vol dir revisar-ho, revisar si això és correcte. Revisar si no és millor que potser alguns animals pengin d'uns i alguns d'uns
altres perquè, com deia, tenen característiques diferents, però en tot cas n'hem parlat a bastament. Jo crec que, a més a més, aquí tots, tots els grups parlamentaris han sortit al costat dels veterinaris i les veterinàries a donar-los suport quan
han vingut a manifestar-se aquí. Tots han fet iniciatives per intentar millorar la seva professió i ara veurem si realment tenen ganes de treballar el tema o simplement el que fan és postureig, alguns d'ells, i quan realment s'ha de treballar el
tema -postureig amb cartes, directament, sé que Feijoo va enviar una carta recolzant els veterinaris- avui veurem si aquesta carta era de veritat un arremanguem-nos per treballar, que és el que fa Esquerra Republicana en aquesta cambra, o era un
postureig per intentar esgarrapar algun vot.
En tot cas, demano que tots i totes hi votem a favor. No cal que sigui una subcomissió molt llarga. El que sí que és important és que sigui efectiva i que tractem els temes amb rigor.
Moltes gràcies.
Muchas gracias, presidente.
Intentaré no alargarme tanto, ni los cinco minutos.
Hemos hablado muchas veces de esta iniciativa, que nació de la problemática producida con el Real Decreto 666/2023, sobre dispensación y prescripción de medicamentos veterinarios. A raíz de las conversaciones con el sector y varios de sus
actores, nos pareció conveniente abordar los problemas de la profesión de forma global. Esto no se ha hecho nunca.
La profesión veterinaria está contemplada como algo que solo recae en agricultura. En Esquerra Republicana creemos que eso está completamente desfasado. Los veterinarios son médicos y cuidan de una parte de nuestra familia. Así se está
encaminando la sociedad y también el Estado español al reconocer a los animales más allá de la alimentación. Por tanto, creemos que es imprescindible abordar estas cuestiones de forma clara y hacerlo en subcomisión por el simple hecho de que así
nos obligaremos entre todos a sacar unas conclusiones que tendremos que poner por escrito y consensuar.
En ella, se podrán abordar temas mucho más allá de la dispensación y prescripción de medicamentos, como el que sea una profesión esencial para que puedan acceder a zonas de catástrofe o que puedan abrir sus clínicas en situaciones de
pandemia, como ocurrió durante la COVID. Tuvo que hacerse a posteriori una rectificación precisamente porque no eran considerados esenciales. La rebaja del IVA también ayudaría. Actualmente, tienen el IVA de un servicio de lujo y creemos que es
muy importante en un contexto donde el One Health, una salud, es la nueva norma que rige la salud global. Decía que es muy importante que los veterinarios tengan la consideración de médicos y que en Sanidad tratemos esta cuestión. En ningún caso,
todo esto significa quitarles de repente todas las competencias en el tema agricultura. Simplemente, quiero decir que hay que revisar si esto es correcto, revisar si no sería mejor que quizás algunos animales cuelguen de uno y otros de otro
ministerio, porque tienen características diferentes. Creo que se ha tratado ampliamente y aquí todos los grupos parlamentarios han salido al lado de los veterinarios y las veterinarias a apoyarlos, cuando han venido aquí a manifestarse. Todos han
realizado iniciativas para intentar mejorar su profesión. Ahora veremos si realmente tienen ganas de trabajar el tema o si simplemente lo que hacen algunos de ellos es postureo. Veremos si realmente quieren trabajar en el tema. Además de
postureo, también Feijóo envió una carta en la que respaldaba a los veterinarios. Hoy veremos si esta carta era de verdad un 'vamos a arrimar el hombro para trabajar' o si era simplemente un postureo para intentar arañar algún voto.
En cualquier caso, pido que todos y todas votemos a favor. No hace falta que sea una subcomisión muy larga, pero sí es importante que sea efectiva y que tratemos los temas con rigor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Esta propuesta se elevará al Pleno, donde habrá turnos de exposición e intervención por parte de todos los grupos parlamentarios.
Vamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 3; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda aprobada la propuesta de elevar al Pleno de la Cámara la creación de la subcomisión.
Se levanta la sesión de la comisión.
Eran las dos y veintinueve minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.