CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 427

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA ROS MARTÍNEZ

Sesión núm. 21

celebrada el lunes,

27 de octubre de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la ministra de Igualdad (Redondo García), a petición propia, para informar sobre la propuesta de reforma constitucional para el reconocimiento de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, y sobre
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en materia de violencia vicaria. (Número de expediente 214/000087) ... (Página3)

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Se abre la sesión a las cinco y cuatro minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Señorías, buenas tardes a todos y a todas.


Antes de comenzar el orden del día de esta sesión, vamos a empezar felicitando a la vicepresidenta primera, la señora Júlia Boada, que ha tenido una niña. Madre e hija están muy bien. No sabíamos qué sexo iba a tener, si niña o niño, por
lo tanto, nos alegramos de tener una compañera; igualmente, si hubiera sido compañero. No sé cuándo la ha tenido. (La señora Martínez Barbero: Hace nada). ¿Hace nada? (La señora Martínez Barbero: Una semana). Ah, una semana. Pues
felicidades a nuestra vicepresidenta primera.


Antes de comenzar con el orden del día, también permítanme, señorías, dedicar unos minutos a rendir un pequeño homenaje lleno de gratitud, respeto y cariño a dos mujeres imprescindibles que nos han dejado en los últimos días, como son
Carlota Bustelo García del Real y Anna Balletbò Puig; dos mujeres imprescindibles, como decía, en la historia de nuestra democracia. Fueron protagonistas de momentos históricos, en los que España decidió tomar ese rumbo democrático y,
precisamente, gracias al aporte de ambas, hoy estamos aquí y somos más mujeres participando, decidiendo y legislando.


Carlota Bustelo García del Real fue una de las diputadas constituyentes: veintisiete mujeres entre quinientos hombres. Fue una pionera incansable del feminismo político e institucional y primera directora del Instituto de la Mujer, cuando
se creó en 1983. También cabe mencionar que fue miembro del Comité de la CEDAW de Naciones Unidas. Carlota defendió con firmeza que la democracia debía tener rostro de mujer, y dedicó su vida a construir ese camino. Carlota entendió, antes que
nadie, que la igualdad no era solamente una cuestión de leyes, sino que era también una cuestión de conciencia, de cultura y de transformación social. Tenía la profunda convicción de que la democracia solo sería plena si era también feminista. Y
con esa convicción plantó cara cuando hizo falta, levantó la voz cuando el silencio era más cómodo y trabajó sin descanso para abrir camino a las que hoy estamos aquí y veníamos detrás.


Permítanme que les cuente alguna anécdota. Durante el proceso constituyente, Carlota defendió con firmeza la inclusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución, en un contexto en el que ya les he dicho que había
muchos hombres e incluso hombres de su propio partido consideraban esa reivindicación innecesaria. Ella misma contó en una entrevista: 'Nos decían: 'Tranquilas, la igualdad ya está implícita'. Y yo respondía: 'Lo implícito se olvida, lo
explícito se cumple''. En 2019, colaboró activamente con el documental Las constituyentes, de Olivia Costa y, en una frase, decía: 'No fuimos testigos, fuimos protagonistas de un cambio que aún no ha terminado'. Tuve la suerte y el honor de poder
compartir con ella la última manifestación a la que asistió, un 25 de noviembre, aquí en Madrid y, después, con sus señorías, compartimos el pasado 5 de octubre de 2024 el momento en que la Mesa del Congreso por fin -por fin- colocó una placa donde
están los nombres de las constituyentes en la Sala Constitucional.


Anna Balletbò Puig, por su parte, fue también un referente. Permítanme que haga un breve recorrido. Anna fue periodista, profesora universitaria y diputada durante varias legislaturas y, sobre todo, durante varias sesiones de la Comisión
Constitucional. Tenía una enorme capacidad de diálogo y una mirada profundamente humanista. Creía que la política debía ser un servicio, no un privilegio; una herramienta para mejorar la vida de las personas, que es lo que pretendemos hacer en
esta comisión y en el Parlamento. Anna, fue, sin duda, una maestra de la palabra y el diálogo. Y también les voy a contar una anécdota: durante una de las sesiones, propuso que el lenguaje fuera inclusivo -ya era adelantada a su tiempo-, y
algunos compañeros se rieron de ella. Y ella, con esa ironía catalana que la caracterizaba, dijo: 'Ya se acostumbrarán; en democracia también se aprende a escuchar a las mujeres'.


Ambas, Carlota y Anna, rompieron techos de cristal donde había suelos de cemento. Ambas entendieron que la igualdad no se pide, sino que se ejerce, y ambas nos dejaron un legado inmenso: el de la valentía, el de la coherencia y el de la
esperanza.


Hoy en esta Comisión de Igualdad del Congreso queremos rendirles, entre todas y todos, un homenaje con estas palabras sencillas pero sinceras. Gracias, Carlota; gracias, Anna. Gracias por abrir camino, por demostrar que se podía, por no
rendiros y por creer que la igualdad no es una utopía, sino una realidad, una tarea diaria y colectiva. Un aplauso para ellas. (Aplausos).

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COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE IGUALDAD (REDONDO GARCÍA), A PETICIÓN PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA LIBERTAD DE LAS MUJERES A INTERRUMPIR VOLUNTARIAMENTE SU EMBARAZO, Y SOBRE
EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000087).


La señora PRESIDENTA: Les agradezco que me hayan permitido estas palabras y ahora, señorías, sin más dilación, vamos a celebrar la comparecencia de la ministra de Igualdad a petición propia para informar sobre la propuesta de reforma
constitucional para el reconocimiento de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y sobre el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de violencia vicaria.


Les recuerdo que el debate de la comparecencia se realizará de acuerdo con el siguiente desarrollo: en primer lugar, intervendrá la ministra sin límite de tiempo, como saben; a continuación, habrá un único turno de portavoces de diez
minutos, en orden de menor a mayor, y cerrará el debate la señora ministra.


Les reitero que esta comparecencia es por dos temas principales: por el reconocimiento de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y sobre el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en
materia de violencia vicaria. Lo recuerdo porque me gustaría que nos ciñéramos al decoro parlamentario y fueran sobre estos dos temas.


En primer lugar, tiene la palabra la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García. Cuando quiera.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Gracias, presidenta.


Comparto la alegría del nacimiento de mujeres que se incorporan a nuestra sociedad y, también, la tristeza por quienes han sido referentes y nos dejan, como Anna y Carlota. Creo que es importante ser conscientes de nuestra responsabilidad
histórica y ceder el testigo a una generación que nace para vivir mejor, con más libertad y para disfrutar de una vida digna; una vida que tenemos que ir construyendo entre todas y todos.


Así que con este sentimiento, que estoy convencida de que es compartido, voy a iniciar mi comparecencia en esta Comisión de Igualdad para informar sobre dos iniciativas de especial relevancia para la igualdad entre mujeres y hombres y para
el fortalecimiento de nuestro marco democrático: la propuesta de reforma constitucional para blindar el reconocimiento de la libertad de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género en materia de violencia vicaria.


El contexto en el que se presentan no puede ser más oportuno ni más exigente. Vivimos tiempos de regresión ideológica en los que una ola reaccionaria pretende devolver la igualdad a momentos pretéritos y reducir a las mujeres a posiciones
de subordinación y sumisión que creíamos superadas. Es una ola que cuestiona los consensos básicos alcanzados durante medio siglo de democracia; consensos sobre la existencia de la violencia de género, la legitimidad de las políticas de igualdad,
la educación sexual en las aulas o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida. Frente a ese intento de retroceso, este Gobierno responde con más democracia, con más igualdad y con más libertad, porque los
derechos no se protegen solo con palabras, se defienden con leyes, con políticas públicas y con voluntad política.


Por eso, señorías, las dos iniciativas que hoy traemos a esta Cámara representan una misma línea de acción que consiste en afirmar el compromiso del Estado con la igualdad real y efectiva como garantía de cohesión, de justicia, de progreso y
de defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. Señorías, ambas iniciativas nos sitúan nuevamente a la vanguardia de Europa y del mundo en materia de igualdad. Mientras en otros países se retrocede o se reabre el debate sobre derechos ya
conquistados, España consolida un modelo de convivencia que no se limita a reconocer derechos, sino que los garantiza y los hace efectivos. Porque la igualdad no es solo un principio jurídico, es la esencia misma de la democracia y, cuando los
derechos de las mujeres retroceden, retrocedemos como civilización humana.


Permítanme comenzar la exposición, señorías, con la propuesta de reforma de nuestra Constitución. Para esta propuesta de reforma nos inspira la experiencia reciente de Francia, que en marzo de 2024 reformó su Constitución para incluir el
derecho al aborto entre las materias garantizadas con desarrollos legislativos y, por tanto, excluida de la mera ordenación reglamentaria; también la resolución del Parlamento Europeo, de abril de 2024, que insta a los Estados miembros a proteger
este derecho dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, nos respaldan los compromisos

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internacionales suscritos por España en el marco de Naciones Unidas, que reconocen la salud sexual y reproductiva como un componente esencial de los derechos humanos.


Se trata de una iniciativa de enorme trascendencia jurídica, política y social. Por primera vez en nuestra historia democrática, la Constitución española incorporará -si así lo acuerdan sus señorías, por supuesto- una garantía explícita del
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad. Esta propuesta nace de una convicción profunda: que los derechos de las mujeres y su ejercicio no pueden depender de coyunturas políticas, de mayorías parlamentarias
cambiantes ni de interpretaciones variables de la ley. Los derechos de las mujeres deben estar blindados en la norma suprema del Estado, protegidos por la Constitución como expresión de la libertad, la dignidad y la igualdad que la propia carta
proclama. Por tanto, no se trata de un debate moral, sino de una cuestión jurídica y de justicia social.


La garantía constitucional de este derecho no impone su ejercicio. Esto me gustaría recalcarlo: no impone el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Reconocer el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo
no obliga a nadie a hacerlo, lo que asegura es que toda mujer pueda decidir libremente, sin coacción, sin miedo y sin poner en riesgo su integridad física y moral. La Constitución protege la libertad de elección y esa libertad incluye tanto el
derecho a ejercerlo como, por supuesto, el derecho a no ejercerlo. Lo que no puede hacer un Estado democrático es imponer una moral particular sobre la conciencia y la autonomía de las personas. La función del Estado no es dictar convicciones,
sino garantizar que todas las opciones vitales puedan desarrollarse en libertad y en igualdad, dentro del marco de los derechos fundamentales. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido declarado y reconocido en la sentencia del
Tribunal Constitucional 44/2023, de 9 de mayo, como concreción de la dignidad de las mujeres, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física y moral, artículos 10 y 15 de nuestra Constitución.


La dimensión de libertad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está, pues, incorporada y reconocida en la norma fundamental y su desarrollo normativo asegurado en la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva,
modificada recientemente por la Ley 1/2023. Pero la dimensión de libertad de este derecho necesita, inexcusablemente, de una prestación a través de la sanidad pública para devenir efectiva y blindar así el ejercicio a esta autonomía de la voluntad.
Esta dimensión prestacional del derecho es la que pretendemos blindar con la reforma del artículo 43.4 de la Constitución, porque es la que no está garantizada y pone en peligro la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su
maternidad.


Por tanto, el artículo 43 de la Constitución, relativo al derecho a la protección de la salud, acogerá este reconocimiento, si así lo establecen y lo desean sus señorías, porque la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo no es solo
una cuestión de autonomía personal, como ya está reconocido, sino también una garantía de salud pública y de igualdad efectiva. Incorporarlo en este precepto supone afirmar que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo forma parte de las
prestaciones del sistema sanitario público y que su ejercicio debe asegurarse en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, haciendo así efectivo el mandato incorporado en el artículo 139.1 de nuestra Constitución, que garantiza que
todas las mujeres, con independencia de su lugar de residencia o de su situación económica, puedan ejercer en libertad un derecho que es suyo, que está reconocido por la ley y que debe ser protegido por la Constitución.


Los datos, señorías, son abrumadores. De las 106 172 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en 2024, el 79 % de ellas se practicaron en centros privados concertados y el otro 21 % en centros públicos. En Cantabria, Galicia, La
Rioja y Navarra, el 60 % de las mujeres fueron atendidas en la sanidad pública. En Madrid o Andalucía, menos del 1 %. Con esta realidad tan diversa, la igualdad en el ejercicio de los derechos que impone el artículo 139.1 de la Constitución se
cuestiona abiertamente. De ahí que lo importante sea garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios de la sanidad pública en todo el territorio español.


Por eso, consideramos que es necesario fortalecer la dimensión prestacional del derecho y más teniendo en cuenta, señorías, que presenciamos intentos profundamente regresivos que buscan limitar la autonomía de las mujeres imponiendo visiones
morales que nada tienen que ver con el marco de derechos y libertades reconocido por nuestra Constitución. Obligarlas a escuchar el latido fetal, amenazarlas con un inexistente síndrome posaborto o manifestar públicamente que se vayan a abortar a
otro lado, como si fueran apestadas, vulnera la ley y la Constitución, como lo vulnera también someterlas al paseíllo de entrada y salida de clínicas especializadas en cuyas inmediaciones han proliferado las sedes de

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asociaciones antiabortistas que infunden miedo, cuando no acosan directamente, a las mujeres que libre y responsablemente deciden sobre su propio cuerpo.


Así pues, proponemos el siguiente texto, añadiendo un nuevo apartado 4 al artículo 43 de la Constitución, que diría así: 'Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo
caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres'. El aborto, señorías, no es una cuestión ideológica, sino una
cuestión de salud pública y de igualdad de acceso a un servicio sanitario esencial. Por eso, su incorporación en el título dedicado a los principios rectores de la política social y económica resulta coherente con la lógica constitucional y con la
estructura de los derechos fundamentales. Con esta redacción, el Estado asume una obligación positiva: garantizar que toda mujer, con independencia de su origen, de su nivel económico o del territorio en el que resida, pueda ejercer este derecho
de manera efectiva, segura para su salud e integridad y en condiciones de igualdad. No se trata solo de reconocer una libertad individual, sino de asegurar las condiciones materiales para su ejercicio, vinculando el derecho a la sanidad pública y
reforzando la dimensión social de la igualdad.


En definitiva, señorías, la reforma consolida la doble naturaleza de este derecho, como el de cualquier otro derecho: la dimensión de libertad, que protege la decisión consciente y responsable de cada mujer, y la dimensión prestacional, que
obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso al servicio y remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio real en condiciones de equidad y seguridad. Ambas dimensiones son inseparables, porque una libertad que no puede ejercerse en
igualdad de condiciones deja de ser libertad y se convierte en privilegio. Y porque un derecho que depende de la capacidad económica o del código postal de cada mujer no es un derecho, es una desigualdad institucionalizada.


Por eso, esta reforma pretende corregir las brechas territoriales que hoy persisten en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar su ejercicio en condiciones de equidad en toda España. No podemos ignorar que en la
práctica el 79 % de las interrupciones se realizan en centros privados y que existen comunidades autónomas donde la prestación pública es prácticamente inexistente. Esa realidad vulnera el principio de igualdad del artículo 139 y contradice el
mandato del artículo 43, que obliga a los poderes públicos a garantizar la salud en condiciones de igualdad. Con esta reforma, señorías, la Constitución asegura la igualdad real en el ejercicio de este derecho. No lo hace contra nadie, sino en
defensa de todas. No lo hace para abrir divisiones, sino para cerrar una brecha histórica entre la libertad jurídica y la igualdad material.


Respecto a cómo llevaremos a cabo esta modificación, les diré que, como toda reforma constitucional hecha hasta la fecha, la iniciativa que hoy se presenta debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución; es
decir, el procedimiento ordinario de la reforma que ha sido utilizado en las tres reformas precedentes de nuestra Carta Magna. Ese artículo exige mayorías cualificadas de tres quintos de los miembros del Congreso de los Diputados y tres quintos del
Senado. Y si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras, se constituiría una comisión mixta que elaboraría un nuevo texto que debería ser ratificado por mayorías también cualificadas de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Además, el artículo 167 prevé la posibilidad de referéndum de ratificación si así lo solicitara una décima parte de cualquiera de las dos Cámaras; es decir, 35 diputados o 26 senadores. Es, por tanto, un procedimiento exigente, pero no
inalcanzable, como se ha demostrado en esta misma legislatura con la incorporación del término 'personas con discapacidad' al artículo 49 de la Constitución. Un procedimiento que garantiza el debate público, consensos exigentes y la correcta
técnica normativa. Esta es, precisamente, la voluntad del Gobierno: abrir un debate sereno, riguroso y con vocación de acuerdo amplio para reforzar la Constitución y consolidar en ella un derecho que forma parte del patrimonio común de nuestra
democracia.


Sabemos, señorías, que toda reforma constitucional tiene un valor que trasciende lo jurídico. Supone también una afirmación política sobre el tipo de país que somos y el ejemplo de sociedad que queremos ser. Por eso, esta propuesta no es
solo una modificación técnica. Es una declaración de principios democráticos y de valores constitucionales.


Evidentemente, señorías, esta reforma no agota el compromiso del Estado con los derechos sexuales y reproductivos. Reconocer y blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución es un paso decisivo, pero debe ir
acompañado de una política pública sostenida que refuerce la prevención de embarazos no deseados y promueva una educación afectivo-sexual integral, científica y respetuosa como instrumento de libertad e igualdad, porque garantizar la libertad
implica también dotar de

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herramientas para ejercerla con conocimiento, responsabilidad y autonomía. Una educación afectivo-sexual adecuada no adoctrina ni impone valores, simplemente informa y protege. No es una cuestión ideológica, señorías. Permítanme que les
refuerce esta idea. Los jóvenes deben tener esas herramientas de educación afectivo-sexual desde el respeto, la salud y la corresponsabilidad, previniendo así embarazos no deseados y también la violencia sexual.


Sin embargo, en algunos territorios estamos asistiendo a la eliminación o a la no aplicación efectiva de los programas de educación sexual en los centros educativos o a su sustitución por planteamientos ideológicos que distorsionan la
información y refuerzan los estereotipos de género. Esa regresión no solo pone en riesgo la salud y la autonomía de los y las jóvenes, sino que debilita los pilares mismos de la igualdad y la prevención de la violencia. Los recortes en educación
afectivo-sexual no son neutros, tienen consecuencias directas. Aumentan la desinformación, las conductas de riesgo, los embarazos no deseados y las violencias machistas en edades tempranas. Por eso, se deben seguir impulsando en todo el territorio
programas educativos que formen en valores de respeto, empatía, libertad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres.


Señorías, permítanme concluir este bloque subrayando que esta reforma constitucional coloca a España a la altura de las democracias más avanzadas del mundo, aquellas que eligen blindar sus progresos frente a los retrocesos y convertir la
igualdad de las mujeres en una razón de Estado. Lo hace con un profundo respeto a la tradición constitucional, al consenso político y a la pluralidad social, pero también con la firmeza que exige la defensa de los derechos de las mujeres frente a
cualquier intento de regresión. Señorías, ninguna democracia está consolidada si las mujeres no son libres, y ninguna libertad está completa si las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo y su integridad física y moral. Esta es la razón
de ser de la reforma que proponemos. No es un gesto simbólico ni una declaración retórica, es una garantía real, tangible y constitucional de que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo será protegido por el Estado, prestado en el
sistema público de salud y asegurado en condiciones de igualdad efectiva.


En segundo lugar, señorías, continúo esta comparecencia refiriéndome a otro de los instrumentos legislativos que este Gobierno ha impulsado en materia de igualdad y protección de las mujeres: el Anteproyecto de ley orgánica de medidas en
materia de violencia vicaria que desarrolla compromisos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hablar de violencia vicaria es enfrentarse a una de las expresiones más inhumanas y devastadoras de la violencia de género; es mirar de
frente al horror que se produce cuando un agresor decide extender su dominio más allá de la mujer, utilizando a sus hijos e hijas como instrumento de venganza, de sometimiento y de castigo. No hay dolor comparable al de una madre que pierde a sus
hijos a manos de su maltratador. No hay violencia más cruel que la de convertir la inocencia en arma, ni más insoportable que la que busca destruir lo que más se ama. La violencia vicaria es, en su esencia, la negación absoluta de la humanidad, el
intento deliberado de aniquilar a la mujer a través del daño más irreparable que se le puede causar. Cada asesinato vicario es una fractura moral en la conciencia colectiva. Detrás de cada niño o niña asesinados -sesenta y cinco desde 2013, cuando
comenzaron los registros- hay una historia de advertencias no escuchadas, de señales ignoradas, de procedimientos judiciales que llegaron tarde o no protegieron lo suficiente y a tiempo a las víctimas. Y detrás de cada víctima hay una madre
superviviente que carga con una ausencia que no se repara, pero también con el coraje de seguir reclamando justicia para que a ninguna otra le suceda lo mismo. Por eso, señorías, atajar esta forma de violencia no admite demoras ni excusas; exige
del Estado una respuesta clara, firme y proporcional a la magnitud del daño causado. Se trata de reconocer jurídicamente el horror, proteger a las víctimas y garantizar que el sistema no vuelve a fallarles. La violencia vicaria nos obliga a
repensar nuestras políticas públicas, nuestras estructuras judiciales y, sobre todo, nuestra capacidad de empatía como sociedad. Cada vez que un niño o niña son asesinados por su padre con la intención de dañar a la madre, la sociedad entera se
quiebra y, con ella, la confianza en la promesa de protección que la democracia debe garantizar. La violencia vicaria no se circunscribe solo a los hijos e hijas, también puede ejercerse sobre otros seres queridos, ascendientes, descendientes,
hermanos o personas con discapacidad bajo tutela e incluso sobre la pareja actual de la víctima, pero siempre con la misma finalidad: quebrantar su integridad moral y prolongar el control y el daño más allá de la relación que ha terminado. Por
eso, señorías, el Estado tiene el deber de reconocer todas estas manifestaciones del horror y de responder con una protección jurídica completa, eficaz y coherente con la magnitud del sufrimiento que causan.

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Señorías, con este propósito presentamos el Anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, elaborado conjuntamente por los ministerios de Igualdad, Justicia e Infancia y Juventud. Esta iniciativa llega en un
momento en el que la sociedad española exige respuestas firmes y efectivas ante la violencia machista en todas sus manifestaciones y, especialmente, ante esta forma extrema de crueldad que durante años no tuvo reconocimiento propio en el
ordenamiento jurídico español. El anteproyecto nace de tres convicciones: la primera es que la violencia vicaria es violencia de género, porque su finalidad última es causar daño a la mujer a través de terceros. La segunda es que nombrar es
proteger. Sin una definición legal clara muchas víctimas y muchos menores quedaban fuera de la protección institucional. Y la tercera es que el Estado tiene el deber de prevenir, sancionar y reparar este tipo de violencia con todos los
instrumentos de los que dispone, desde el derecho penal hasta la sensibilización social y la formación de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces y fiscales. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, acordada
por una amplísima mayoría parlamentaria el pasado mes de febrero, con la única excepción de la extrema derecha, estableció con claridad la necesidad de avanzar en la regulación específica de la violencia vicaria. El Gobierno cumple por tanto con el
mandato político, social y jurídico derivado del pacto de Estado. Lo hace dando contenido normativo a las medidas 280 a 320 que instan expresamente a reconocer la violencia vicaria como una forma autónoma de violencia de género, a reforzar la
protección de las víctimas y a incorporar protocolos y formación especializada en todos los niveles del sistema.


Señorías, el Anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria se estructura mediante una técnica normativa de modificación que afecta a distintos cuerpos legales para dotar de coherencia y transversalidad al conjunto
de la respuesta normativa. En primer lugar, se modifica la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que es el pilar fundamental de nuestro sistema de protección frente a la violencia de género. La
reforma introduce una definición expresa de la violencia vicaria que se incorpora en el artículo 1.4 de esta ley, y que la define como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de persona interpuesta,
con la finalidad de vulnerar su integridad moral. Esta definición, señorías, tiene un valor jurídico y simbólico enorme. Nombrar e identificar lo que existe es el primer paso para poder prevenirlo, sancionarlo y repararlo. El anteproyecto amplía
además el ámbito de protección de la Ley Orgánica 1/2004, de manera que la integridad moral de la mujer se entiende vulnerada no solo cuando ella sufre la agresión directa, sino también cuando el agresor actúa a través de terceros para hacerle daño.
Esos terceros -personas interpuestas, como he dicho- pueden ser sus hijos e hijas, descendientes o ascendientes, hermanos, personas mayores de edad con discapacidad bajo tutela o incluso la nueva pareja de la víctima. Pero, en todo caso, el bien
jurídico protegido es siempre el mismo, es la integridad moral de la mujer, entendida como un valor constitucional derivado del artículo 15 de nuestra carta magna.


En segundo lugar, el anteproyecto introduce una de sus principales novedades: la creación de un nuevo artículo, el 173 bis, en el Código Penal, que tipifica de forma expresa y diferenciada la violencia vicaria. Este nuevo precepto reconoce
penalmente una realidad que hasta ahora no tenía reflejo específico en nuestra legislación, pese a su extrema gravedad. El artículo sigue las recomendaciones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia: por un lado, genera un
tipo general que sanciona la violencia vicaria sometida en el ámbito de la violencia doméstica, con penas de prisión de seis meses y un día a tres años; y, por otro, crea un tipo agravado aplicable cuando el delito se comete en el contexto de la
violencia de género, con penas en su grado superior que se configuran hasta los tres años de prisión. Se prevé así la imposición de penas accesorias también, como la prohibición de portar armas por un periodo de entre tres a cinco años. Como he
dicho, esta doble tipificación responde a una elección técnica muy meditada, fundamentada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, particularmente, en la Sentencia 59/2008, que estableció la necesidad de preservar la diferenciación entre
los tipos penales generales y los agravados en contextos de violencia de género, a fin de evitar cualquier posible afectación al principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Con esta regulación, señorías, dotamos al
sistema penal de un instrumento respetuoso con el marco constitucional, pero también de una herramienta eficaz para sancionar conductas que hasta ahora quedaban diluidas entre otras figuras delictivas. Junto a esta tipificación específica, el
anteproyecto introduce una pena accesoria de carácter innovador que se incorpora en el artículo 70 del Código Penal. Dicha pena accesoria permitirá al juez, cuando así lo estime procedente, prohibir al condenado la publicación, difusión o
comunicación pública de informaciones, testimonios o documentos, directamente o a través de terceros, cuando su propósito sea prolongar el daño moral o la exposición

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pública de la víctima. Esta medida, señorías, pretende evitar la revictimización de las madres sobrevivientes y anticipar la solución de los conflictos de derechos que en ocasiones se han producido entre la libertad y los derechos a la
intimidad, al honor y a la integridad moral de las víctimas. El objetivo para nosotras es claro: impedir que los agresores puedan seguir causando dolor desde la prisión o desde el espacio público, y garantizar que la ley acompañe a la sociedad en
el rechazo ético y jurídico de estas conductas. Lo vimos con claridad en el caso de José Bretón, cuya tentativa de publicar un relato sobre los hechos que culminaron con el asesinato de sus hijos provocó una honda indignación social. En aquel
momento, la reacción ciudadana fue ejemplar y la retirada del libro constituyó una victoria moral de las víctimas y también de la sociedad española. Con esta modificación, señorías, lo que hacemos es trasladar ese consenso social al plano
normativo, asegurando que la justicia dispone de los medios necesarios para proteger a las víctimas de cualquier intento de exposición o de manipulación mediática que prolongue su sufrimiento. Anticipamos así la solución al conflicto, el que se
produce entre la libre objeción de conciencia y la integridad moral de la madre.


Asimismo, se refuerza el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos judiciales. En la Ley de Enjuiciamiento Civil se incorpora también una obligación reforzada de garantizar esa escucha en todos los casos, salvo, claro
está, cuando el interés superior del menor lo desaconseje de forma motivada y excepcional -siempre excepcional-. La voz de los niños y de las niñas, señorías, ya no será un trámite formal, sino un derecho sustantivo reconocido y protegido
jurídicamente. Se introducen así ajustes en la ley de protección jurídica del menor y en el Código Civil orientados a reforzar la protección integral de la infancia, en los casos de violencia vicaria, y a garantizar que ninguna resolución judicial
puede poner en riesgo la seguridad o el bienestar de los menores. En el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, además de la incorporación de la definición jurídica de violencia vicaria, se refuerzan todas las medidas de sensibilización, prevención y
concienciación social que esta norma ya prevé frente a la violencia de género. El anteproyecto introduce, por tanto, una referencia expresa a la violencia vicaria en los planes de información, educación y sensibilización que deben impulsar los
poderes públicos para que la sociedad entienda su gravedad, su especificidad y su carácter absolutamente intolerable. No basta, señorías, con castigar al agresor; es necesario prevenir la violencia antes de que esta se produzca. La violencia
vicaria, por su crueldad y por el daño irreparable que causa, debe formar parte explícita de esos planes de sensibilización para que ninguna sociedad democrática pueda volver a mirar a otro lado.


Por último, señorías, el anteproyecto también modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo la obligación del Consejo General del Poder Judicial de ofrecer formación especializada y obligatoria en materia de violencia vicaria
para jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia. Porque no basta con tipificar una conducta; hay que dotar al sistema de conocimiento, sensibilidad y recursos suficientes para aplicarla correctamente. Señorías,
quiero referirme en este punto a un hito reciente que refuerza este trabajo: la firma del convenio marco entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad en materia de formación de la carrera judicial, que tuvo lugar el
pasado 23 de octubre. Este acuerdo, que da cumplimiento a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, garantiza la incorporación obligatoria de la formación en igualdad y violencia de género en todas las etapas de la carrera
judicial y fiscal. Incluye, además, contenidos específicos sobre violencia vicaria, violencia digital, trata, explotación sexual y violencia económica, en coherencia con los compromisos del Convenio de Estambul y también con nuestro propio pacto de
Estado. Con ello, señorías, fortalecemos la respuesta institucional y avanzamos hacia un sistema judicial más sensible, más preparado y plenamente comprometido con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Señorías, con este anteproyecto
damos un paso firme en la construcción de una respuesta integral frente a la violencia vicaria y cumplimos con el compromiso adquirido con todos los grupos parlamentarios, salvo VOX, en el pacto de Estado. España ha demostrado en estos años que
sabe convertir la indignación social en políticas públicas, el sufrimiento en acción y la injusticia en reformas que impulsan el avance civilizatorio de la comunidad.


Voy concluyendo ya, señorías. Con estas dos reformas, la de la Constitución y la legislativa en relación con la violencia vicaria, España reafirma que la igualdad entre mujeres y hombres no es una aspiración, sino una garantía
constitucional, una política de Estado y un compromiso democrático firme e irrenunciable, porque solo una democracia que protege la libertad y la dignidad de las mujeres puede considerarse verdaderamente plena y justa.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García.


A continuación, intervienen los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, por tiempo de diez minutos.


En primer lugar, el Grupo Parlamentario Vasco, (EAJ-PNV), el señor Joseba Agirretxea Urruti... ¡Urresti!


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Pues ya llevamos unos años, ¿eh? (Risas).


La señora PRESIDENTA: Es porque me gusta decir los dos apellidos...


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Lo hago con una finalidad: que el segundo apellido también conste.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Mi madre te lo agradecerá. (Risas).


Arratsalde on, buenas tardes a todas y a todos.


Señora ministra, voy a centrarme en el primer punto, porque el segundo, al fin y al cabo, es un planteamiento que hace y tenemos que estudiarlo; es una novedad y lo tenemos que mirar. Por lo tanto, centraré mi intervención en el primero de
los puntos.


Señora ministra, le tengo que decir que discrepo en el fondo y en la forma. Seguramente, habrá gente que discrepe, entre otras cosas, porque no defienden el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, pero creo que este no es el
debate. Vamos a poner una raya: los que sí y los que no. Vamos a hacer nuestro planteamiento desde el grupo de los que sí. Por lo tanto, discrepo desde el grupo de los que sí. Los que defendemos el derecho de las mujeres a interrumpir su
embarazo, precisamente porque defendemos eso, discrepamos y nos posicionamos -digamos- en contra de la propuesta que usted ha hecho. Porque el mensaje que estamos transmitiendo es que hoy en día las mujeres no tienen garantizado ese derecho y eso
no es así. No podemos generar una zozobra entre las mujeres jóvenes, con todo lo que nos costó aprobar la ley del 2010 y la del 2023 -lo puedo decir porque yo estuve en las dos-. Por lo tanto, me parece que flaco favor le vamos a hacer a esta
cuestión, porque lo que estamos diciendo en estos momentos es que, o se mete en la Constitución, o las mujeres en el Estado español no pueden ejercer ese derecho. Me parece que es muy grave, porque precisamente toda la labor que se ha hecho es para
todo lo contrario. Básicamente -como comentó ya mi compañera, la senadora Etxano-, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso presentado por el Partido Popular, y ese fallo del Tribunal Constitucional me parece que es ya una garantía jurídica
importantísima que dice que avala la constitucionalidad de la ley en su conjunto y marca una interpretación relevante sobre la protección de los derechos de las mujeres. Lo que esa sentencia afirma es que la decisión de la mujer de interrumpir su
embarazo forma parte del ámbito de la autodeterminación personal que deriva del derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, de los derechos a la integridad física y moral y a la intimidad personal. Por lo tanto, tenemos una
sentencia del Tribunal Constitucional que avala esa ley y la posterior reforma que venía -digamos- todavía a reforzar más eso. Y ahora nos vienen ustedes a decir: O lo metemos en la Constitución o esto no está garantizado. Yo discrepo, y discrepo
en dos cuestiones: en el fondo y en la forma.


Ustedes plantean la reforma del 43 de la Constitución para blindar el aborto y nosotros creemos que eso debilitaría el derecho de las mujeres. En consecuencia, a veces nos preguntamos: ¿a qué viene esto ahora? ¿Acaso hay un debate en la
sociedad sobre ese derecho, esa posibilidad? No, no. Lo que hay es el incumplimiento de la ley por parte de algunas comunidades. Eso es lo que hay. Por tanto, cuando hablamos de garantizar, el derecho está garantizado. Lo que no está
garantizado es la obligatoriedad de los poderes públicos a dar ese servicio, en algunos casos; o, más directamente, el incumplimiento de lo que dice la ley por parte de algunos poderes públicos. Por tanto, no intentemos cambiar el origen del
problema. Porque el origen del problema no es que las mujeres no puedan abortar, según la ley; el origen es que algunos no cumplen. Y la propuesta que ustedes hacen, ¿por qué va a garantizar que algunos lo cumplan si ahora con la ley que tienen
en la mano no lo hacen? Es más, lo que hay que hacer es que las mujeres, vivan donde vivan -como usted ha dicho-, tengan los servicios públicos que les garanticen ese derecho. Claro, donde vivo yo no hay ningún problema. ¿Por qué tenemos que
cambiar la Constitución? Para cambiar la Constitución ya le doy yo una lista de cuestiones más prioritarias que esta que me gustaría que se cambiaran en la Constitución.

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En el planteamiento que hace usted también creo que hay una pequeña trampa, porque quieren cambiar el 43, que son los principios rectores. ¿Y por qué no los derechos fundamentales, que son los que seguramente garantizarían? Claro, pero eso
supone todo lo que supone: supone un referéndum y supone más cosas. Además, hay otra cuestión. Un cambio de esta índole no se puede hacer viniendo y diciendo: Queremos hacer esto y ahora vamos a ver con quién contamos. También podría ser: A
ver con quién contamos y luego lo presentamos. Porque claro, ustedes dicen: Vamos a hacer esto. ¿Y con el apoyo de quién? Quizá primero habría que saber si estamos de acuerdo. Precisamente estoy hablando de los del sí; no de los del no; de
los del sí. Los que apostamos para que las mujeres tuvieran este derecho dos veces seguidas y con ciertos cambios, creo que debemos tener la mínima consideración de ver si un cambio más en esta ley ha de darse, en qué términos ha de darse, dónde ha
de darse y cómo ha de darse. Por lo tanto, creo que no era el momento ni hay necesidad de ello. Ahora bien, si ustedes tienen otros problemas de otra índole y tienen otra serie de peleas con otro partido, puedo entender, en esa dinámica política,
que ahora se saque un elemento de la chistera, pero yo no lo comparto. Creo que estas cuestiones no se pueden hacer tan a la ligera, porque sigo pensando que lo que estamos transmitiendo a las mujeres es que en España lo de abortar es un tema
complicado. No fue ese el consenso de las personas que apoyamos y que participamos en esa ley, con lo que costó, porque igual para algunos era muy fácil, pero para otros no lo fue tanto. Ese esfuerzo que se hizo, ese consenso que se buscó creo que
tiene que ser una especie de bloque que debe garantizar y transmitir serenidad, garantía y confianza a las mujeres en este momento, y no generar incertidumbre, y yo creo que esta propuesta lo que hace es generar incertidumbre.


Por lo tanto, ustedes verán cómo lo quieren hacer, con qué apoyos cuentan, pero básicamente creo que lo que hay que hacer es cumplir la ley y hacer que se cumpla. Porque algunos lo hacen. Ustedes verán por qué los que no lo hacen no lo
hacen y cómo se contesta a quién no lo hace. También tendrán que responsabilizarse los partidos de los Gobiernos que no cumplen, pero no nos meta después a todos en esta historia en la cual ni adelantamos nada ni conseguimos más protección para las
mujeres.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Agirretxea Urresti.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Pilar Vallugera Balañà.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta. Bona tarda diputats, bona tarda diputades.


La veritat és que aniré ràpid perquè vull tocar molts temes, però em té vostè admirada. Em té admirada perquè quan he vist els motius de la compareixença...


Teniu traducció o no teniu traducció? Si us la poseu, a més a més, serà un detall, no? No tu que ets valencianoparlant i ja m'entens. Vale, vale. Si no m'entenen, si us plau, diguin-me perquè no es trenqui 9 minuts esforçant-me a
explicar una cosa para que no me entiendan.


Bé, al que anàvem. Deia que em té admirada perquè vostè suposo que és conscient que la setmana passada, fins i tot, les seves companyes del grup es van abstenir en una proposició del PP que parlava de les polseres. Jo la veritat és que
vaig pensar que aquella intervenció estava una mica fora de to, però en qualsevol cas ens vam abstenir, i el normal seria que hagués comparegut per explicar això. I ho dic perquè només va comparèixer la delegada del Govern de Violència de Gènere,
que ho va fer molt bé i que li vam agrair molt, però totes esperàvem en aquell moment que fos la ministra. No va ser la ministra. Jo pensava que la primera vegada que vostè es presentés en aquesta cambra, i més a sol·licitud pròpia, seria per
això. Però resulta que no ens dona les dades, no ens dona l'auditoria, no ens dona els informes, no ens explica quines penalitzacions per una licitació que ha tingut errades es donaran. I ens obre un altre meló, perquè com que l'Ajuntament de
Madrid va dir les burrades que va dir la senyora Ayuso, s'hi va apuntar i encara em va dir més, ara parlem de l'avortament. Jo vull recordar que aquest tema el va posar damunt de la taula a SUMAR ja fa dos anys, que ens va fer la proposta i en
aquell moment ja vam analitzar que no hi havien els vots suficients i que, a més a més, qualsevol reforma que anés pels principis rectors seria un error de gran calibre. O modifiquem drets fonamentals i els incorporem dintre dels drets fonamentals,
o no cal tocar res perquè les sentències del Tribunal Constitucional ja garanteixen el dret de les dones a avortar. Faig l'incís, que és important de fer-lo: l'avortament és un dret, no és una obligació.


I segueixo. Dit això, per tant, sembla que vostè vulgui tapar amb un foc d'encenalls, amb un escàndol no existent, els problemes que té el seu ministeri i els problemes que té el seu ministeri tenen a veure amb que, la veritat, és que no
brilla per la seva feina feta. No brilla per la interlocució amb els grups parlamentaris. Ara ens ha posat dues iniciatives al damunt de la taula. Una de les quals veig que ha recollit

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una PNL que vam aprovar fa dues setmanes aquí, i és que ni ens han trucat. ¡Hombre, por favor! És incomprensible amb grups que estem donant suport al Govern. Aleshores, la veritat és decebedor que malgrat la quantitat de vegades que hem
estès la mà, seguim treballant d'aquesta manera. Li vaig a fer un spoiler de moltes de les coses: és que no tenen els vots. És que no tenim els vots gairebé ni per aprovar PNL. I ara vostè em diu que presentarà una modificació de la constitució
de l'article 43, -que no hi estic d'acord, i ja li dic que no la votarem- o bé dels fonamentals? Però bé, comptar tres quintos fins a mi em surt i comptar amb el seu cas dues terceres parts, doncs quasi també. I, per tant, ostres estiguin més al
dia a dia. Suposo que són conscients de que hi calia haver-hi un comunicat de Junts que deixa de donar suport al Govern i aquí tothom fa com si no passés res. I nosaltres seguirem donant suport, entre cometes, en allò que ens sembli correcte
d'aquest govern, perquè el que ens ve és molt pitjor. I si Junts, que és de dretes, no ho veu, és el seu problema, si vol deixar aquest estat en mans de VOX i del PP.


Nosaltres no ho farem, però el que tampoc farem serà comprar tots els marcs que ens volen imposar. I aquest que vostè avui ens està comunicant és un marc impostat que no té una necessitat al darrere, si és que no tenim la certesa de que ho
blindarem via del 14 al 29, i que per una altra banda, és infactible. Llavors, jo crec que un dels elements que ens està debilitant extraordinàriament a la gent que intentem amb tota la bona fe fer política és fer anuncis d'aquest tipus perquè se
sap que és impossible. Se sap que vostè no aconseguirà aquests vots. Doncs, per què ens fa perdre el temps aquesta tarda aquí presentant-nos això? Seria molt més útil que ens hagués repartit un informe, sobre tot el que se li va demanar en el seu
ministeri de xifres de transparència i de realitats i el discutissin. Això hauria estat útil.


Per tant, permeti'm que li digui que a mi em sembla que aquesta compareixença és desafortunada. Té poca raó de ser en aquest moment i a més a més, coincideixo fil per randa amb el que ha dit el meu company del PNB, del Partit Nacionalista
Basc. Si vostès obren la Constitució ja vam ajudar que s'obrís amb el tema de la modificació del llenguatge, perquè enteníem que podia tocar la percepció d'una part de la societat respecte al tema de la discapacitat. Però és que jo ja gairebé no
sé. És a tall personal. No col·laboraré amb cap altre canvi d'aquesta Constitució, que no és la meva, ja és la cinquena vegada que ho dic, si no és que vostès introdueixen el dret a l'autodeterminació dels pobles, perquè és que al final és ridícul
el que estem fent tots aquí. I això és una cosa que la gent se n'adona, percep i debilita la democràcia. Debilita tant la democràcia que acaba donant la possibilitat perquè guanyi la ultradreta. Perquè mentre nosaltres parlem de problemes no
existents i creuen que d'alguna manera ens els inventem per justificar el que fem en aquesta cambra, ells van guanyant per contacte i per, primera, per desinformació; segona, per manipulació, però també per contacte amb el que això crea a la
ciutadania.


Respecte de l'avortament. Vostè no estava a la passada legislatura, però ens va costar molt contra el seu propi... no, no era Salut en aquell moment, era Igualtat, introduir què l'avortament havia d'estar garantit tant des de la seva
perspectiva farmacològica com de la quirúrgica. I preguntin-se, si us plau, com a govern, què fan amb les comunitats que se suposa que no compleixen, perquè amb la meva ho tenim molt clar el que fèiem quan no complíem. Ens van aplicar un 155, ens
van posar a la presó, van fotre la cara d'hòsties i es van quedar tan tranquils. Doncs facin el mateix amb les comunitats que no compleixen. I que consti que jo no demano el 155 per ningú. Jo el que dic és que el Govern central ha de garantir els
drets de tots els ciutadans d'aquest territori. Alguns corren molt en fer-ho. Els altres, 'com que són els de les dones, oi?'.


Voldria dir-li que, en aquest sentit, des de Catalunya la perspectiva és diferent. Entre moltes altres coses, parlava amb la Tània Verge fa unes setmanes. La nostra ex-consellera d'Igualtat i calculàvem que amb dades a les mans
aproximadament, aproximadament, més de la meitat dels avortaments a la sanitat pública de tot l'Estat es fan a Catalunya. Per tant, ja que això passa i nosaltres solidàriament, d'alguna manera ho rebem, perquè aquests drets s'han de garantir, no
ens posi més problemes sobre la seva possibilitat de fer- se o no fer-se. No sé si m'explico el que vull dir. No debiliti la convicció de les dones de tenir dret a l'avortament. Nosaltres ho seguirem fent això, perquè entenem que, al final, la
sanitat és la sanitat i ha d'estar al servei dels ciutadans. I al final donem servei a molta gent de fora de la nostra comunitat. Donem servei a molta gent. Vostè s'imagina què passaria si alguna comunitat autònoma no volgués fer operacions a cor
obert, pel que sigui? Perquè de cop i volta tots els seus metges fossin testimonis de Jehovà i no volguessin fer transfusions? Dic jo que farien alguna cosa. Doncs actuïn exactament igual, perquè la garantia de la salut és tant que et facin una
operació a cor obert quan la necessites, com que et practiquin un avortament quirúrgic o farmacològic quan així ho tries. I aquí es debaten moltes coses, però, entre altres coses, la posició de ciutadania de les dones en aquesta societat.

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Deixi'm acabar només dient que això és evident que entra en col·lisió amb la possibilitat, amb el dret d'objecció de consciència dels metges, efectivament, però, per les dades que jo tinc a Catalunya hi deu objectors de consciència. Deu. O
sigui, una misèria. Una misèria. S'ha de garantir el dret? Sí, però no ens podem excusar amb aquesta objecció de consciència per dir que no es poden practicar els avortaments. I si no, que donin dades de les llistes d'objecció; evidentment
anonimitzades, només faltaria, però com a mínim quantitatives, ja que no poden ser qualitatives.


Hi ha un parell d'elements més que volia que volia comentar-li i que tenia a veure amb la llei de violència vicària, que ja sap que compartim, però que tampoc crec que tregui perquè tinc la sensació que aquesta legislatura ara ja serà molt
difícil treure declaracions institucionals i que l'únic que ens posarem d'acord en Igualtat és en posar-nos dretes cada vegada que tinguem un assassinat, que en això sí que, més o menys, tothom ho fa, fins i tot les que neguen que existeixi la
violència masclista, però una de les coses que havien demanat era la incorporació de la violència obstètrica, la incorporació de la violència institucional. I tot això no ho estem trobant.


Recordar-li també que respecte a les agressions emocionals, físiques o de qualsevol tipus que es fan a les clíniques, hi ha una modificació del Codi Penal per penalitzar-ho. De nou apliquin-ho. I si la policia d'un lloc determinat no ho
aplica, se'ls emporten per davant, perquè al final l'imperium d'un estat té sentit en tant en quat garanteix la seva autoritas. A nosaltres ens ho van deixar clar, per què no ho deixen clar a les comunitats què són allò sediciosas y rebeldes amb
respecte a la resta de la legislació? En concret, la que afecta les dones. Per mi és molt més greu que no pas el que va passar a Catalunya l'1 d'octubre.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes, diputados, diputadas.


La verdad, ministra, voy a ser rápida porque ha tocado usted tantos temas que me tiene admirada. Me tiene admirada porque cuando he visto el tema de la comparecencia...


¿Tenemos interpretación o no? ¿Se lo pueden decir por favor? Si os la ponéis mejor. No tú, que eres valenciana, que ya me entiendes. Vale, vale, si no me entienden, por favor, díganmelo, porque no voy a estar aquí nueve minutos
esforzándome para explicar una cosa para que no me entiendan.


Bueno, a lo que íbamos. Decía que me tiene admirada porque supongo que usted es consciente de que la semana pasada incluso sus compañeras de grupo se abstuvieron en una proposición del Grupo Popular que hablaba de las pulseras. La verdad
es que yo pensé que aquella intervención estaba un poco fuera de tono y, en cualquier caso, nos abstuvimos. Lo normal sería que hubiera comparecido para explicar eso. Lo digo porque solo compareció la delegada del Gobierno, que lo hizo muy bien,
pero todos esperábamos que fuera la ministra. En aquel momento no fue la ministra y yo pensaba que la primera vez que usted se presentara en esta Cámara, y más a solicitud propia, sería para eso. Resulta que no nos da los datos, no nos da la
auditoría, no nos da los informes, no nos explica qué penalizaciones hay en una licitación con errores y nos abre otro melón. El Ayuntamiento de Madrid dijo las burradas que dijo y la señora Ayuso todavía dijo alguna más y ahora hablamos del
aborto. Yo le recuerdo que ese es un tema que puso sobre la mesa SUMAR hace ya dos años. Se nos hizo una propuesta y en aquel momento ya analizamos que no había votos suficientes y que, además, cualquier reforma que fuera por los principios
rectores sería un error de gran calibre. O modificamos derechos fundamentales y lo incorporamos dentro de los derechos fundamentales, o no hace falta que toquemos nada porque las sentencias del Tribunal Constitucional ya garantizan el derecho de
las mujeres al aborto. Hago aquí un inciso, es importante hacerlo: el aborto es un derecho, no es una obligación.


Sigo. Dicho esto, parece que usted quiera tapar con fuegos artificiales y con un escándalo no existente los problemas que tiene su ministerio. Los problemas que tiene su ministerio, la verdad, tienen que ver con que no brilla por el
trabajo hecho, por la intervención de los grupos parlamentarios. Ahora nos plantea dos iniciativas que nos pone sobre el tapete. Una veo que recoge una PNL que se aprobó hace dos semanas aquí y ni nos han llamado. ¡Hombre, por favor! ¡Es
incomprensible, con grupos que estamos dando apoyo al Gobierno! Entonces, la verdad, es muy desalentador y decepcionante que, con toda la cantidad de veces que les hemos tendido la mano, nos hagan esto. Le voy a hacer un spoiler en muchas cosas:
no tienen ustedes los votos. No tenemos los votos ni para aprobar PNL, ¿y ahora me dice que va a presentar una modificación del artículo 43 de la Constitución -que ya le digo que no estoy de acuerdo y que no vamos a votar a favor- o de los
fundamentales? ¡Pero bueno! Contar tres quintos hasta a mí me sale y dos terceras partes también. Por lo tanto, estén más en el día a día. Supongo que son conscientes de que

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acaba de haber un comunicado de Junts que deja de dar apoyo al Gobierno, y aquí hace todo el mundo como si no hubiera pasado nada. Nosotros seguiremos dando apoyo, entre comillas, en aquello que nos parezca correcto de este Gobierno, porque
las cosas están mucho peor. Y si Junts no lo ve, pues allá ellos si quieren dejar este Estado en manos del PP y VOX; nosotros no lo haremos.


Pero lo que tampoco haremos es comprar todo lo que nos quieran imponer. Y lo que usted nos está comunicando hoy aquí es un marco impostado que no tiene una necesidad detrás, si es que no tenemos la certeza de que lo blindaremos vía del 14
al 29 y que, por otra parte, es inviable. Yo creo que uno de los elementos que nos está debilitando extraordinariamente a la gente que con toda la buena fe intentamos hacer política es hacer cosas de este tipo, porque se sabe que es imposible. Si
se sabe que usted no va a conseguir esos votos, ¿por qué nos hace perder el tiempo aquí esta tarde para presentarnos esto? Sería mucho más útil que nos hubiéramos repartido un informe sobre todo lo que se le va pidiendo a su ministerio de cifras,
de transparencia y de realidades y que lo debatiéramos. Eso es lo que habría sido útil.


Por eso, permítame que le diga que creo que esta comparecencia es desafortunada. Tiene poca razón de ser en este momento y, además, coincido al pie de la letra con lo que ha dicho mi compañero del PNV, del Partido Nacionalista Vasco: ya
ayudamos a que se abriera el tema de la modificación del lenguaje, porque entendíamos que podía tocar la percepción de una parte de la sociedad con respecto al tema de la discapacidad. Pero yo ya casi -es a título personal- no voy a colaborar en
ningún otro cambio de esta Constitución, que no es la mía -ya lo he dicho más de cincuenta veces- si no se incluye el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque es ridículo lo que hacemos aquí. Eso es algo que la gente ve, percibe y
debilita mucho la democracia, tanto que da la posibilidad de que gane la ultraderecha. Porque mientras nosotros hablemos de problemas no existentes y crean que de alguna forma nos los inventamos para hacer lo que hacemos en esta Cámara, ellos van
ganando por contacto. Primero, por desinformación; segundo, por manipulación, pero también por contacto con lo que eso crea en la ciudadanía.


Con respecto al aborto, usted no estaba en la pasada legislatura, pero nos costó mucho -era salud en aquel momento- incluir que el aborto tenía que estar garantizado, tanto desde su perspectiva farmacológica como desde la quirúrgica. Y
pregúntense, por favor, como Gobierno qué hacen las comunidades que se supone que no cumplen. Teníamos muy claro qué pasaba cuando no cumplíamos: nos aplicaron un 155, a la cárcel, nos dieron un par de golpetazos y ahí se quedó la cosa. Pues
habría que hacer lo mismo con las comunidades que no cumplen. Que conste que yo no pido ningún 155 para nadie, lo que quiero es que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos de este territorio. Con algunos corren mucho para hacerlo y con
otros, como son los de las mujeres...


Querría decirle que, en este sentido, desde Cataluña la perspectiva es diferente. Entre muchas otras cosas, -decíamos hace unas semanas de nuestra exconsejera de Igualdad- con datos en las manos, decíamos que aproximadamente más de la mitad
de los abortos en sanidad pública de todo el Estado se hacen en Cataluña. Por lo tanto, ya que pasa eso y que nosotros solidariamente, de alguna manera, lo recibimos porque esos derechos hay que garantizarlos, no nos ponga más problemas con la
posibilidad de hacerlo o no hacerlo. No sé si me explico. No debilite la convicción de las mujeres de que tienen derecho al aborto. Nosotros vamos a seguir haciéndolo porque entendemos que al final la sanidad es la sanidad y tiene que estar al
servicio de los ciudadanos. Y al final damos servicio a muchas personas de fuera de nuestra comunidad. ¿Se imagina usted qué pasaría si alguna comunidad autónoma no quisiera hacer operaciones a corazón abierto porque sus médicos fueran testigos de
Jehová y no quisieran hacer transfusiones? Digo yo que harían algo. Pues actúen exactamente igual, porque la garantía de la salud es lo mismo para una operación a corazón abierto como para que te practiquen un aborto quirúrgico o farmacológico,
cuando así lo has escogido. Y aquí hablamos de muchas cosas; entre otras, hablamos de la posición de la ciudadanía y de las mujeres en esta sociedad.


Permítanme concluir diciendo solo que es evidente que esto entra en colisión con el derecho de objeción de conciencia de los médicos, efectivamente. Pero, por los datos que yo tengo de Cataluña, hay diez objetores de conciencia. Una
miseria. Hay que garantizar el derecho, sí, pero no podemos excusarnos con esa objeción de conciencia para decir que no se pueden practicar los abortos. Y, si no, que den datos de las listas de objeción, evidentemente anonimizadas -¡solo
faltaría!-, pero como mínimo cuantitativas, ya que no pueden ser cualitativas.


Hay un par de elementos más que quería comentarle y que tienen que ver con la ley de violencia vicaria. Ya sabe que lo compartimos, pero no creo que lo vaya a sacar, porque tengo la sensación de que esta legislatura va a plantear ya
muchísimas dificultades para sacar declaraciones institucionales. Y en igualdad lo único que vamos a conseguir es ponernos derechas, de pie, cada vez que haya un asesinato.

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Eso es algo que hacemos siempre, ponernos de pie, incluso las que niegan que exista la violencia machista. Pero una de las cosas que habíamos pedido es la incorporación de la violencia obstétrica, la de la violencia institucional, y todo
eso no lo estamos probando.


Quiero recordarle también que, con respecto a las agresiones emocionales, físicas o de cualquier tipo que se hagan en las clínicas, hay una modificación del Código Penal para penalizarlo. De nuevo, apliquen. Y si la Policía de un lugar
determinado no lo aplica pues se los llevan por delante. Porque, al final, el imperium de un Estado tiene sentido en tanto que garantice su autoritas. Nosotros lo hemos dejado claro. ¿Por qué no lo dejan claro a las comunidades que son sediciosas
y rebeldes con respecto al resto de la legislación? En concreto, en la que afecta a las mujeres. Para mí es mucho más grave que lo que pasó en Cataluña.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gràcies, senyora Vallugera Balañà.


A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en el que se dividirán el tiempo.


En primer lugar, intervendrá la señora Verónica Martínez Barbero.


La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, ministra, por su comparecencia y por dar explicaciones aquí acerca de dos temas que nos importan mucho.


Nosotras hace dieciocho meses, ya lo sabe -lo saben todas aquí-, anunciamos nuestra intención de que el derecho al aborto estuviera reconocido en el texto constitucional, y hace ocho meses mandamos una propuesta a todos los grupos
parlamentarios, una propuesta también del artículo 43 con una letra diferente a la que actualmente se maneja por el Gobierno. Nosotras lo que hemos hecho en estos dieciocho meses es trabajar mucho con la sociedad civil en este texto para ver cuál
era la cuestión. Porque hay una realidad, pueden negarla, pero nosotras tenemos una convicción, después de reunirnos con muchas organizaciones que trabajan en esto, y es que, efectivamente, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no
está plenamente garantizado en España. Habrá diferencias por territorios, no le digo yo que no se haga mejor en unos que en otros, pero no está garantizado. Nosotras no esperamos a que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera barbaridades,
ya lo sabíamos y llevamos trabajando un tiempo en ello.


Tenemos una ley del aborto que es buenísima, la del año 2023, y aun así esto no está garantizado, y esta es la razón por la que queremos el reconocimiento y el blindaje del derecho al aborto en la Constitución. Algunas de sus señorías han
comentado que llevan aquí mucho tiempo y que conocieron la tramitación para la redacción de la ley del año 2010. Yo los animo a que relean las conclusiones de la subcomisión que se creó precisamente para elaborar esa ley y verán que las
dificultades para el ejercicio del derecho al aborto son idénticas a las que hay hoy en día. En primer lugar, es la prestación sanitaria -quirúrgica, en este caso- que más se deriva a los centros privados, y esto, en el caso del derecho al aborto,
tiene unas consecuencias muy concretas: en las puertas de las clínicas abortivas es donde nos acosan a las mujeres, algo que no se produciría si el aborto fuera una intervención quirúrgica en un hospital público, porque tú entras para hacer
cualquier cosa, para una consulta externa o para ver a cualquier médico o médica o para cualquier intervención. En segundo lugar, hay una dificultad para que las mujeres que están fuera de las ciudades ejerzan el derecho al aborto, ya que se ven
obligadas a realizar desplazamientos, no en todos los territorios, pero sí en muchos, y los datos que publicó el Ministerio de Sanidad hace exactamente un mes son buena prueba de ello: en comunidades autónomas tan extensas como Castilla y León hay
cuatro centros abortivos. En tercer lugar, muchas mujeres migrantes no pueden ejercer el derecho al aborto en las condiciones en las que efectivamente reconocen el Tribunal Constitucional y la ley orgánica de extranjería; se les exigen condiciones
añadidas que no permite la ley. Y, al final, como esto es una prestación sanitaria, que esto es lo que tenemos con el derecho al aborto, acabas con que no puedes ejercerlo, se pasan los plazos y yo no puedo irme a un tribunal a que me garanticen
que ejerzo el derecho al aborto porque esto no se produce en la práctica. Hay desinformación y amenazas a las mujeres que queremos ejercer el derecho al aborto, es una realidad.


Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con la necesidad del reconocimiento constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo por dos razones: para blindar y proteger este derecho frente a la ola reaccionaria y para garantizar su
ejercicio efectivo. Esto no puede quedar al albur de interpretaciones judiciales, de que de repente venga el Tribunal Constitucional a decirnos que no está vinculado o que no

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está reconocido en la Constitución, porque, francamente, no ha habido un reconocimiento como el que ha habido en relación con la protección de datos de carácter personal, derecho que está en el artículo no sé cuántos de la Constitución y que
el Tribunal Constitucional acaba de decir que integra el artículo 18 y que integra un derecho fundamental. Esto no lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha vinculado a diversos derechos -se les ha olvidado, al 43 también lo ha vinculado-, al
10, al 15 y al 43.


Estamos de acuerdo en que hay que garantizar el derecho al aborto, pero, como ya lo sabe, ministra -no le va a sorprender lo que le digo-, para nosotras a la letra aún le queda un poquito para llegar a donde tiene que estar, para traerla a
este Congreso a un debate que sea realmente sobre la necesidad de garantizarlo. Para empezar, hay una cuestión de sujeto, porque la ley del año 2023 reconoce el derecho al aborto a mujeres y personas gestantes. Lo que no podemos hacer a través de
una reforma constitucional es estar restringiendo indirectamente el ámbito de un derecho. Yo creo que los sujetos, cuando son para restringir, son innecesarios. Esto habría que revisarlo en la propuesta que actualmente está en primera vuelta y
que, por tanto, sé que la podremos seguir negociando tanto en el Gobierno como aquí en el Congreso. En segundo lugar, la referencia genérica a los derechos fundamentales, más allá de inocua, porque evidentemente ningún legislador y ningún poder
público pueden proteger derechos fuera del ámbito de los derechos fundamentales, a nosotras nos parece que entraña algún riesgo. Entraña el riesgo de que dentro del catálogo de los derechos fundamentales hay muchos derechos, pero, por ejemplo,
también está la libertad de culto y religiosa. Nosotras no queremos abrir un debate entre el derecho a nuestra autodeterminación, que esto es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y el derecho a la libertad de expresión -puerta de
clínicas abortivas- o el derecho a la libertad religiosa. Por eso entendemos que lo que le hace falta a la propuesta es una mención expresa precisamente a aquellos derechos que están directa e íntimamente vinculados con el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo: la dignidad, que fija el núcleo intangible del derecho; la integridad física y moral, integridad frente a presiones sociales, frente a presiones religiosas y frente a presiones institucionales -por eso la integridad
debería estar mencionada expresamente como una vía hermenéutica y de interpretación e integración del propio derecho fundamental en el artículo 43-, y la autonomía. ¿Por qué queremos hablar de autonomía corporal? Porque entendemos que esto, para
empezar, está en línea con la doctrina del Parlamento Europeo, que se menciona en la propia exposición de motivos de la propuesta que ya existe, y porque además es la forma de superar una visión exclusivamente sanitaria del derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo. Por esto es clave. Yo creo que todas podríamos concluir que esto sería un avance para garantizar efectivamente este derecho.


Una última cuestión, y dejo ya la palabra a mi compañera. A nosotras no nos llega con que en la Constitución nuestros derechos sean implícitos, nosotras creemos que ninguna Constitución estará completa mientras no reconozca expresamente que
las mujeres y las personas gestantes tenemos derecho a decidir, nosotras en exclusiva, sobre nuestro propio cuerpo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez Barbero.


Tiene la palabra la señora Esther Gil de Reboleño Lastortres.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, ministra, por su comparecencia hoy aquí para dos temas tan fundamentales y tan importantes como los que estamos debatiendo.


Quiero comenzar reconociendo que la violencia vicaria es una de las expresiones más crueles de la violencia machista y que daña donde más nos duele, pero debemos hacerlo con precisión. Expertas en protección a la infancia cuestionan que en
este anteproyecto sigan sin aparecer las niñas y los niños con la fuerza necesaria como víctimas con derechos propios y no solo como instrumentos dentro de un conflicto de adultos. No se trata de diluir la perspectiva de género, se trata de
fortalecerla incorporando a la infancia de manera plena en esta ley. También me preocupa -compartimos ese objetivo- que determinadas publicaciones pueden revictimizar o dañar la memoria de los menores. Pero legislar bajo el ruido mediático es un
riesgo. Ya existen en el ordenamiento herramientas para actuar con contundencia: el artículo 8.4 de la LOPIVI, el estatuto de las víctimas, medidas cautelares y otras vías que permiten proteger la intimidad y el honor de los niños y las niñas
incluso tras su fallecimiento. Necesitamos mejorar procedimientos y definiciones, es una cuestión obvia, pero sin generar restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión. Más derechos no pueden convertirse en menos libertades.


Señora ministra, el corazón del problema está en la arquitectura del texto. Cuando se sustituye a las mujeres como sujeto central de protección, cuando se habla genéricamente de cualquiera de los

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progenitores o cuando se desdibuja quién es la víctima estructural y quién es el agresor se abre una puerta a un efecto bumerán. Varias expertas alertan precisamente de que corremos un riesgo, y es que algunos maltratadores puedan utilizar
la ley contra las mujeres acusándolas de ejercer violencia vicaria. Es imprescindible blindar la perspectiva de género. La violencia vicaria no es simétrica, tiene una motivación de dominación patriarcal, y eso no queda claro en la ley; la ley se
puede volver contra quienes quiere proteger.


Otro punto crítico es el derecho de las niñas y los niños a ser escuchados. El actual borrador deja abierta la posibilidad de que su voz sea sustituida por representantes, diluyendo un principio básico de protección internacional. También
aquí el riesgo es claro: hablar sobre la infancia sin escuchar a la infancia. Creemos que cuando sea complicado escuchar la voz del menor hay que adaptar los procesos, los tiempos y los espacios para conseguirlo. La transformación que necesita
este país es una ley que no deje atrás a nadie, ni a las mujeres ni a los menores.


Por último, señora ministra, no estamos aquí para frenar nada, estamos aquí para hacerlo mejor, para que esta ley sea más feminista, más eficaz, más protectora y más garantista, para que ninguna madre vuelva a vivir sola el terror del
maltratador y para que los niños y las niñas nunca sean considerados simples instrumentos de daño, sino personas con derechos en este Estado, que debe garantizárselos plenamente.


Nuestro compromiso es claro, tres puntos fundamentales: ningún paso atrás en la lucha contra la violencia machista, ningún resquicio para que la ley se vuelva contra las mujeres y máxima protección a la infancia con voz y derechos propios.
Esto es lo que defenderemos en nuestras enmiendas y es el camino en el que queremos encontrarles a usted y a su ministerio.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gil de Reboleño Lastortres.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Reyes Romero Vilches.


La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, tiene usted la vergüenza, y cargará con ella el resto de su vida, de pertenecer al Gobierno más corrupto y podrido de la historia reciente de España, un récord negativo que tiene su mérito teniendo en cuenta los innumerables
precedentes y las sentencias condenatorias que han recibido las dos patas del bipartidismo. Recordemos quiénes han estado al frente de la nación en los últimos cincuenta años. Pero no le voy a recordar uno por uno los casos vergonzosos de
corrupción socialista de los que nos vamos enterando todos los días, a pesar de los esfuerzos que hacen ustedes por domesticar el periodismo, sobornando a unos y tapándoles la boca a otros, como buenos totalitarios que son. A pesar de todo, los
españoles seguimos recibiendo noticias de mordidas, de chistorras y lechugas, de sobrecitos con dinero negro, de drogas, de prostitución y de escándalos de todo tipo. No voy a enumerar esos casos, porque no me daría tiempo ni aunque tuviera cinco
horas para hablar, y además los conoce usted perfectamente, para qué nos vamos a engañar. En ningún país civilizado y democrático del mundo un Gobierno cargado con ese lastre de escándalos, que pesan más que las maletas de Delcy, se podría mantener
ni un minuto más en el poder. Pero esta es la España de Sánchez, la que sostienen ustedes y apuntalan todos los enemigos de España, un país que, por culpa de este Gobierno y sus socios, está en retroceso en los índices de bienestar, de prosperidad
y, por supuesto, de transparencia. Por lo visto, en eso consistía lo del Manual de resistencia de su jefe, Pedro Sánchez: en aferrarse al poder como una lapa y dejar pasar días procurando que no se hable de los problemas reales de los españoles,
muchos de los cuales los han creado o los han agravado ustedes. Y la mejor manera de desviar la atención es sacar sus temas fetiche, con los que se sienten seguros y que creen que les ayudan a distraer la opinión pública: Franco, el feminismo
radical, Palestina, el machismo, otra vez Franco y más feminismo radical y, por supuesto, el cambio climático que no falte.


Hoy se presentan ustedes aquí con dos de sus temas favoritos relacionados con esas consignas del feminismo radical que da de comer a tanto enchufado y que parece que nunca tiene fin: el aborto y eso que ustedes han dado en llamar violencia
vicaria. Siempre encuentran una medida aún más radical que la anterior ocurrencia y la presentan como el no va más del progreso. En efecto, ahora se les ha ocurrido la genial idea de meter el aborto en la Constitución, de blindarlo, como dicen
ustedes, como si fuera un derecho fundamental, al mismo nivel que la libertad de expresión, de reunión o de asociación. Y yo me pregunto: ¿por qué no imitan ustedes a países donde se hacen cosas positivas como, por ejemplo, suprimir las
autonomías? Hay países en los que no existen, y así se reduce el número de políticos y de

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estructuras paralelas. ¿O por qué no se protege la lengua española aquí, en España, como se hace con las lenguas de otros países? ¿Por qué no invierten en defensa, como le han dicho al presidente del Gobierno? Me pregunto por qué no hacen
algo positivo por los españoles. Por ejemplo, ustedes trajeron aquí la ley ELA después de rechazar la que presentó el partido Ciudadanos y, posteriormente, la que presentó nuestro partido, VOX. Ustedes la presentaron aquí y todos los partidos la
apoyaron, pero la han dejado en el cajón. ¿No hay dinero para ayudar a los enfermos de ELA y a sus familias? ¿Han hecho ustedes un paripé? ¿Un paripé?


Ustedes lo que hacen es defender la cultura de la muerte con la ley del aborto o con la eutanasia. En fin, sepan ustedes que esta medida de distracción supermegafeminista que se han sacado ahora de la manga supondría un grave destrozo para
la sociedad española. Es una medida suicida, aunque solo sea por el tema de la ya maltrecha demografía de nuestras sociedades, pero ya sabemos que el bien común no es lo suyo; lo suyo es salvar al soldado Sánchez a cualquier precio.


Y, aunque no sea lo más importante, tengo que denunciar también el fraudulento uso del lenguaje que hacen ustedes en sus propuestas, pretendiendo no describir la realidad, sino maquillarla o camuflarla. Habla usted, señora ministra, de
forma engañosa de la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo, pero bien sabe usted que solo se interrumpe lo que se puede reanudar. El embarazo no se interrumpe, señora ministra, el embarazo se elimina, se erradica, se
suprime, se destruye. Son palabras que suenan mal, lo sé, pero que describen mucho mejor la realidad de lo que se está haciendo: acabar con una vida humana. Solo el uso de estos eufemismos demuestra que ustedes pretenden colarnos mercancía
averiada. Lo mismo cabría decir de esa expresión que se ha inventado su amiga argentina de violencia vicaria, un concepto ideologizado y sectario con el que pretenden criminalizar a la mitad de la población y, para colmo, en nombre de la igualdad.
Tiene guasa.


Señorías, matar a los propios hijos de corta edad, el filicidio, es uno de los delitos más repugnantes y odiosos que pueden existir. Los que cometen esta aberración suelen ser personas desequilibradas, enloquecidas, llenas de odio y muchas
veces de una maldad extrema, pero lamento decirle la evidencia de que este crimen atroz pueden cometerlo tanto hombres como mujeres. Me sorprende que haya personas con una mente tan estrecha que crean que esto es solo una cuestión machista y que
casi se ofenden si se les recuerdan los casos de los niños asesinados por sus madres por el motivo que sea. Si no les vale el caso de Medea narrado en la tragedia de Eurípides, les recuerdo el caso real y reciente de Gabriel Cruz, un niño de
Almería, y muchísimos otros casos que no tengo tiempo para enumerar y que ustedes callan porque no se ajustan a sus cuadriculados esquemas mentales. Es algo más que una injusticia lo que ustedes hacen con las estadísticas borrando los casos de
menores asesinados por sus madres; es una canallada que demuestra lo disparatado y lo tremendamente absurdo que es el negocio de su ideología de género.


Pero todo lo que le he dicho no es lo más grave que tengo que decirle esta tarde. Lo más grave del asunto que traen ustedes hoy es su ceguera ante el atropello de los seres más débiles e indefensos que hay en la sociedad, los niños que
están en el vientre materno, que no se pueden organizar en sindicatos ni pueden alzar la voz en defensa de sus intereses, por lo menos, para que les dejen vivir. Señorías, ya en el derecho romano se concedía protección al nasciturus, es decir, al
concebido y no nacido, por una intuición evidente, y es que ese ser era ya un hijo más y formaba parte de la familia. Sin embargo, no se le consideraba persona en sentido jurídico porque esperaban el momento del parto para comprobar que tuviese
figura humana. Esto se corresponde con unos tiempos precientíficos en los que se creía que una mujer podía dar a luz un ser monstruoso o no humano. Estas creencias eran fruto de la ignorancia y hoy día deberían estar superadas por el conocimiento
de la ciencia.


Hoy ya sabemos, o deberíamos saber, que el ser que está en el seno materno tiene ADN propio, tiene órganos, que no son de la madre, siente dolor y placer y es humano, como la cría de un perro es canino y la que sale del huevo del águila no
puede ser otra cosa que un águila. La naturaleza de los seres no depende de su forma externa, sino de su esencia. Como dice el refrán popular, las cosas son lo que son y no lo que parecen ser. En cualquier caso, ese ser que se elimina no es
ningún grano ni ninguna aglomeración de células ni es material genético desechable.


Ustedes pretenden empoderar a la mujer atribuyéndole un falso derecho a dar muerte al fruto de sus entrañas y pretenden que las madres no se enteren de los graves traumas que pueden llegar a sufrir tras este acto de violencia contra su
propio hijo, banalizándolo como si fuera un mero trámite. Y ahora llega el Partido Popular, de la mano de Almeida en esta ocasión, arrastrándose ante las consignas de la izquierda para que le perdonen por haber votado una propuesta de VOX para
informar sobre los traumas que

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pueden padecer las mujeres tras un aborto programado, y hablan del paternalismo de VOX por actuar responsablemente. ¿Dónde queda la dignidad humana del artículo 10 de la Constitución? ¿Dónde queda el derecho a la vida del artículo 15, que
fue declarado extensivo a los concebidos y aún no nacidos por el Tribunal Constitucional en 1985? El filósofo Julián Marías dijo que la aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en el siglo XX, y miren que
pasaron cosas tremendas y horribles en el siglo pasado. Que ustedes pretendan ahora tapar sus vergüenzas a base de presentar como un progreso blindar en la Constitución el sacrificio de inocentes me confirma en la idea de que este Gobierno y sus
cómplices han cruzado ya todas las líneas rojas de la decencia, la honestidad y el sentido común.


Contra la cultura de la muerte, en VOX gritamos con todas nuestras fuerzas que viva la vida. (Aplausos.-La señora Aguirre Gil de Biedma: ¡Viva!).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula donya Lidia Guinart Moreno.


La señora GUINART MORENO: Gràcies, presidenta.


Quiero expresar al inicio de esta intervención mi condena más firme, y la de todo el Grupo Parlamentario Socialista, a los asesinatos machistas y, muy específicamente, a los que se han sucedido en las últimas horas, tanto el de una joven de
tan solo 19 años en Murcia como otro en la provincia de Alicante.


Gracias, ministra. Gracias por sus explicaciones, por estar siempre al lado de las mujeres, de los niños, las niñas y adolescentes supervivientes de la violencia de género y de aquellos que la están sufriendo también.


En España somos pioneras, y el mundo nos mira y nos imita. Vienen aquí a este país a conocer nuestras políticas públicas contra la violencia machista, nuestros sistemas de protección y de reparación a las víctimas. Aprenden de nosotros y
nosotras porque España es referente en este ámbito: no hay más que acudir a foros europeos o mundiales donde siempre existe ese reconocimiento y admiración. Recomiendo a algún grupo que más bien se especializa en mirar al pasado gris y
antidemocrático que salgan, escuchen y comparen, a ver si dejan de decir cosas absurdas, falsas y retrógradas. Es probable que se den cuenta que lo democrático, lo justo y hasta lo más humano es estar del lado de las víctimas, nunca de los
agresores.


Hoy usted, señora ministra, nos ha hablado de dos cuestiones que responden a este carácter avanzado de la legislación española en materia de igualdad. Por un lado, de una ley pionera en Europa que protege a mujeres, hijos e hijas frente a
la violencia vicaria, consolidando a España como referente internacional en igualdad y derechos humanos, el anteproyecto de ley orgánica contra la violencia vicaria. Por otro lado, de la protección constitucional de un derecho básico, no solo
admitido, sino absolutamente normalizado, en nuestra sociedad, aunque amenazado por la ola involucionista de la extrema derecha y, lo que es todavía peor, de la derecha extrema: el derecho al aborto.


Ningún país europeo ha definido y tipificado hasta el momento la violencia vicaria como delito autónomo. Lo vamos a hacer en España, y de nuevo Europa nos está mirando, y lo haremos como cumplimiento de un pacto de Estado que hemos suscrito
todos los partidos con representación parlamentaria, excepto VOX y lo haremos incorporando las cuarenta medidas del apartado de violencia vicaria que establece ese pacto aprobado el pasado mes de febrero.


Es de agradecer, ministra, la diligencia del Gobierno en el abordaje de esta cuestión tan sangrante, tan especial y específicamente dolorosa que es la violencia que hombres machistas y criminales ejercen contra hijos e hijas y contra el
entorno más querido de las mujeres a las que quieren hacer daño. Reconocer, nombrar, conceptualizar y castigar de manera específica en nuestro ordenamiento jurídico este delito es un paso adelante decisivo que, sin duda, contribuirá a prevenirlo y
a combatirlo. La jueza Isabel Giménez, una de las comparecientes durante la elaboración del nuevo pacto de Estado, ha señalado en numerosas ocasiones, también aquí en sede parlamentaria, la necesidad de escuchar a los menores de edad que sufren
violencia de género. Porque sí, la violencia vicaria es una de las formas, seguramente la más cruenta, en la que los maltratadores ejercen la violencia de género. La magistrada Isabel Giménez envía cartas a los niños y a las niñas para
explicarles, con un lenguaje adecuado a su edad, que no deben preocuparse más por su progenitor maltratador, porque la sentencia que ella ha dictado los protegerá alejándolos de él y de su actitud violenta.

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El anteproyecto de ley introduce en el Código Civil la obligación de escuchar a menores y personas con discapacidad antes de otorgar custodia, se obliga a tener más rigor en la concesión o denegación de visitas a progenitores investigados
por violencia. Y algo también muy importante: introduce la formación judicial y la sensibilización en el ámbito judicial, de manera que la violencia vicaria formará parte del temario de las pruebas de acceso y formación continua. En definitiva,
se trata de una ley muy necesaria y muy esperada.


En otro orden de cosas, han pasado cuarenta años desde la aprobación de la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo en España, en 1985; una ley de supuestos que, posteriormente y hasta la actualidad, se ha ido reformando para
avanzar hacia una ley de plazos que garantiza un derecho que ni la sociedad española cuestiona, como decía al principio de mi intervención, ni lo hace, por descontado, el propio Tribunal Constitucional. Eso lo tenemos bastante claro, señor
Agirretxea, pero no parece que las derechas de este país estén por la labor de respetar ese consenso social y constitucional sobre la ley vigente. Y, como no están por esa labor, como amenazan con no garantizar el derecho y como están boicoteando
la ley por la puerta de atrás allá donde gobiernan, debemos blindarla.


Lo haremos como lo hiciera ya el año pasado Francia. Allí también, como en España, el derecho está en la ley, pero la amenaza existe. Por cierto, señorías de la derecha, allí se aprobó incorporar el derecho al aborto a la Constitución con
el apoyo de una amplia mayoría, tan amplia que incluso la ultraderechista Marine Le Pen votó afirmativamente porque la consideró necesaria para proteger los derechos de las mujeres. Díganme, señorías del PP, ¿harán ustedes lo propio cuando llegue a
esta Cámara el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española, para blindar el derecho a la interrupción del embarazo? Nos gustaría pensar que podremos alcanzar un consenso similar al del país vecino, pero lo cierto es que
ustedes ya se manifestaron hace unos días en el Senado español en contra de la propuesta. También sabemos lo que votan y lo que opinan al respecto el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que están haciendo no solo en
esta comunidad, sino en otras como Castilla y León.


Ni hablar del síndrome posaborto ni obligar a escuchar el latido del feto ni proteger los derechos de los no nacidos ni, por supuesto, permitir el acoso a las mujeres que quieren ejercer sus derechos en las clínicas, tampoco no garantizar el
derecho a abortar en la sanidad pública. Nada de eso es acorde con la legalidad vigente. Les invito a que cumplan la ley y a que reflexionen y actúen en consecuencia, respetando la realidad social de este país en pleno siglo XXI, que ya va siendo
hora. Porque el derecho de una mujer a decidir si quiere continuar o no con su embarazo, a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su destino vital no es un asunto moral, tampoco es un asunto ideológico, es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión
de libertad, y la presidenta Ayuso, que tanto habla de esa libertad, debería saberlo.


Se trata de una libertad individual, que las mujeres deben poder ejercer en condiciones de dignidad. De lo contrario, si no garantizamos ese derecho, las mujeres pueden verse abocadas a poner de nuevo su vida en juego, como ya ocurriera
hace más de cuarenta años. Y no, no vamos a consentirlo, no vamos a permitir que las mujeres de este país tengan que someterse a abortos clandestinos, sin condiciones ni garantías sanitarias; de ninguna manera vamos a consentir eso. Por eso
queremos blindar constitucionalmente este derecho, ante el peligro de involución que recorre el mundo en su espina dorsal y que amenaza con atacar nuestros derechos también en España. En sus manos y, sobre todo, en sus votos, señorías del Partido
Popular, está decidir de qué lado de la historia quieren estar. ¿Estarán del lado de la acción civilizatoria que nos ha presentado la ministra Ana Redondo, o bien del de la ola reaccionaria que estamos viendo de mano del trumpismo, del
antifeminismo organizado a nivel mundial? De hecho, no hace falta que me contesten, es una pregunta retórica, porque ya lo estamos viendo en las comunidades autónomas allí donde gobiernan, sea con el apoyo explícito de VOX o con su ideología
soplándoles en el cogote.


El cumplimiento y desarrollo de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo deben darse en toda su amplitud, deben implementarse en todos los territorios por igual. Por eso, no es de recibo que haya
comunidades, como Madrid o como Andalucía, donde no exista la posibilidad en la práctica de abortar en la sanidad pública y donde, además, como ocurre en esta comunidad, en Madrid, la presidenta se niega a crear un registro de objetores, que es lo
que mandata la ley vigente. La ley, señorías, está para cumplirla, pero ya sabemos que la sanidad pública y la garantía de la salud para las mujeres no son precisamente los puntos fuertes del Partido Popular ni de sus Gobiernos autonómicos. Por
eso es importante también la iniciativa que se va a llevar a cabo para desplegar el reglamento de la ley, de manera que se incorporen ciertos aspectos de la norma a la cartera común de

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servicios para garantizar los mismos derechos en todo el territorio español. Estamos frente a un reto mayúsculo, que duda cabe, somos conscientes de ello, también como Grupo Parlamentario Socialista, pero sin retos como este, sin decisiones
políticas valientes, este país no sería referente mundial en políticas públicas feministas y las mujeres españolas estarían todavía como hace cincuenta años. Ahí ni queremos volver ni vamos a permitir que nadie nos lleve de vuelta.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, senyora Guinart Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Patricia Rodríguez Calleja.


La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias, presidenta.


La verdad es que me he quedado impresionada con las palabras de la portavoz socialista. Quizá tenga que dar la bienvenida a la ola reaccionaria a los portavoces del PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña. (Risas). Debería usted
hacérselo mirar, señora portavoz. Debería escuchar lo que opinan los portavoces antes de increpar a mi grupo parlamentario.


Señora Redondo, ¿qué hace usted aquí? ¿De verdad no le causa cierto estupor venir a esta Comisión de Igualdad después de haber sido reprobada por la mayoría de la Cámara? ¿No siente usted vergüenza al sentarse aquí después de que la
mayoría de esta Cámara votase a favor de exigir al presidente del Gobierno su cese inmediato por el escándalo de las pulseras? Dígame, ¿por qué cree que Sánchez la mantiene al frente de su ministerio? ¿Será porque usted ha demostrado que es capaz
de anteponer los intereses del propio Pedro Sánchez a los intereses de todas las mujeres de este país? Eso ya lo demostró con la aprobación de la ley de paridad -¿lo recuerda?-, cuando no le dolieron prendas sacrificar un gran consenso europeo y
de la sociedad española y convirtió una buena directiva en una chapuza, colando enmiendas intrusas para, supuestamente, aprobar un presupuesto que nunca llegó. ¿Lo recuerda? No sé si le mereció la pena hacerlo. O quizás será porque su misión ha
sido justificar todas las leyes Sánchez-Montero, las de la pasada legislatura, o tapar las negligencias en la gestión. Me refiero, por supuesto, a la ley del solo sí es sí; nefasta ley con unas consecuencias para las mujeres nunca vividas antes en
democracia.


Por cierto, ¿cuándo va a cumplir el mandato de esta Cámara de actualizar los datos de reducciones de condena y excarcelaciones? Eso no le interesa, ¿verdad, señora ministra? Tampoco el sufrimiento de estas mujeres. Cero preocupaciones
para este Gobierno. O la ley trans, que ha asumido como suya. ¡Qué gran decepción para el feminismo de este país! Se lo digo de verdad. ¿Qué importa que los hombres se cambien de sexo de manera fraudulenta? Total, ya lo dijo usted misma: Son
pocos casos. ¡Qué casualidad! La misma frase que utilizó para los fallos del sistema COMETA. Pocos casos. Mire, cuando se habla de mujeres en situación de riesgo, nunca son pocos casos, señora Redondo. Un solo caso ya es demasiado.


La cuestión es que ha decidido venir a comparecer. ¿Para aclarar el último escándalo del sistema COMETA, como había pedido usted misma en el Pleno? Pues no. No viene a aclarar por qué desoyó las advertencias de los trabajadores de COMETA.
No viene a explicar por qué no vigiló ni puso coto a los flagrantes incumplimientos del contrato de las pulseras. Tampoco viene a pedir perdón -lo de pedir perdón no está en su agenda- por asegurar de manera imprudente que este completo desastre en
la gestión de los mecanismos de protección no ha tenido consecuencias sobre la impunidad para los maltratadores. ¿Cómo puede asegurarlo? ¡Si no lo sabe, no tiene los datos! Lo reconoció usted ayer mismo en una entrevista. Usted lo reconoció. Qué
bien se le da a usted buscar culpables. Ayer calificaba de imprudente el informe de la Fiscalía. ¡Qué fácil es buscar culpables y no asumir la responsabilidad! Por cierto, una pregunta sencilla: si hubiera tenido que votar la proposición no de
ley del Grupo Popular sobre la auditoría integral del sistema COMETA, ¿qué habría votado? ¿No, como Pedro Sánchez? ¿O se habría abstenido, como votaron las diputadas y los diputados en esta Cámara, en el Congreso? Si no ha comparecido para
explicar esto, ¿a qué ha venido? A hablar de violencia vicaria y de su ya manida bandera: el aborto.


Este batiburrillo de comparecencia no hace otra cosa que indicar su desesperación por recuperar el voto femenino. Así demuestran que la causa de las mujeres es para ustedes solo un cálculo político. Es tan burda y evidente su utilización
de las mujeres que, mire, en El País, el 18 de junio de este año -¿se reconoce? (Muestra un recorte de prensa). Es usted-, el periódico dice: La ministra Redondo anuncia que presentará en septiembre un anteproyecto de ley para abolir la
prostitución. En septiembre, estamos en noviembre. ¿Dónde está el anteproyecto, señora ministra? Se lo digo yo: En el cajón, junto a la ley integral contra la trata. ¿Sabe por qué? Primero, porque en el Consejo de Ministros hay quien quiere

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regularla, fíjese, usted se sienta con regulacionistas en la misma mesa; y, segundo, porque ninguna mujer de este país se cree que este Gobierno quiera acabar con la prostitución. ¿Cómo lo vamos a creer si el 'número 1' ha vivido de ella?
¿Cómo lo vamos a creer si todas las mujeres de este país han escuchado los audios de cómo se trataba a mujeres prostituidas como mercancía por parte de sus compañeros? No me extraña que haya abandonado usted esta cruzada no solo por lo que sabemos
-ya sabe, Ábalos, Koldo o Salazar-, sino por lo que queda quizá por saber. La verdad es que tienen cero credibilidad en este asunto. Imagino que este 25 de noviembre no aparecerá usted en la manifestación abolicionista o quizá sí, a lo mejor nos
vemos.


Hablemos de violencia vicaria, pero antes una pregunta: ¿por qué lo trae a la Comisión de Igualdad y no a la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿Quizá sea un nuevo cálculo político? ¿Por qué lo trae
de forma tan prematura cuando no tenemos ni el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial? ¿Será para no hablar de prostitución ni de corrupción?


A pesar de utilizar a las víctimas de violencia vicaria con un oportunismo que sinceramente ofende, en mi grupo parlamentario lo tenemos claro: hay que avanzar en la lucha contra la violencia vicaria y hay que mejorar los mecanismos de
protección de los menores. Por eso, aprobamos las treinta y nueve medidas en el reciente renovado pacto de Estado. Le hablo con sinceridad: la lectura del anteproyecto de ley ha sido decepcionante. En febrero renovamos el pacto y casi ocho meses
después nos encontramos con un texto absolutamente insuficiente y muy poco ambicioso para combatir esta violencia tan cruel, y usted lo sabe. Tres menores han sido asesinados este año, nueve el año pasado y hoy hay 1400 menores en situación de
riesgo, ¿y lo mollar de esta ley es tipificar específicamente en el Código Penal este delito, el de la violencia vicaria? ¿Eso es lo importante para usted? Sabe que algunos juristas afirman que ya existen tipos penales que agravan las condenas a
quienes cometen estas atrocidades. ¿Lo comparte usted? Algunos de estos asesinos sin escrúpulos están condenados a la prisión permanente revisable, esa que sus socios quieren derogar y que nosotros queremos ampliar. ¿Dónde se posiciona usted,
señora ministra?


Es una ley pobre en prevención, detección y, sobre todo, en protección de los menores, que era el principal objetivo de las medidas del pacto renovado, lo saben las señorías que estaban allí sentadas; una ley que no habla de la necesaria
interoperabilidad en los juzgados de violencia y familia. ¿Cómo es posible, señora ministra? Claro, será para no meterse en el lío de tener que reconocer que la ley Bolaños está generando un colapso en los juzgados especializados de violencia
sobre la mujer que, de nuevo, va a dejar desprotegidas a las mujeres. Esto ya se lo hemos advertido varias veces.


En mi grupo parlamentario tenemos un firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y, por supuesto, contra la violencia que sufren las personas interpuestas, especialmente los hijos e hijas, que son los más vulnerables.
Trabajaremos para que esta ley aporte medidas eficaces y no represente una muestra más de exceso legislativo que solo perjudica la situación de las mujeres.


Por último, hablemos de su cortina de humo, ya sabe, supongo que es el motivo de su comparecencia: el sacar un titular al PP sobre blindar constitucionalmente el aborto. Se lo ha reventado un poco la portavoz del Grupo Socialista. Una
pregunta fácil, señora ministra: ¿me podría decir en qué página del programa electoral con el que concurrieron ustedes a las últimas elecciones venía esta cuestión repentinamente prioritaria para el Partido Socialista? ¿Era quizá en la misma
página que la ley de amnistía? ¿En la página de la rebaja de los delitos de malversación? ¿O quizá en esa página que nunca encontramos en la que iban a convertir ustedes a los herederos de ETA en los socios prioritarios de la legislatura?


Que la salud sexual y reproductiva de las mujeres a ustedes no les preocupa en absoluto, eso es evidente porque no han hecho nada -insisto, nada- por los miles de mujeres que hoy quieren ser madres y no pueden. Tampoco hacen nada por
mejorar la conciliación familiar y laboral, votaron ustedes en contra de la proposición de ley del Grupo Popular en el último Pleno. ¿Qué me dice de la estrategia estatal sobre salud sexual y reproductiva? Lo escribieron ustedes en su ley de
febrero del 2023, ni siquiera cumplen sus compromisos.


Se ha hablado aquí mucho de que hay comunidades o territorios que no cumplen las leyes. ¿Sabe dónde se producen el cien por cien de las interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas privadas? En Ceuta y en Melilla. ¿Sabe usted quién
gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla? Ustedes. Pero de eso no dice nada. Claro, no importa, ahí no pasa nada; ya comprendo. Esa es su preocupación por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que ustedes lo escriben y luego lo
incumplen.


¿Usted quiere saber la posición del Partido Popular? Para eso ha venido aquí, ¿no? Pues mire, le voy a facilitar la carta del presidente del Partido Popular, el presidente Alberto Núñez Feijóo. (Muestra un

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documento). Se la voy a facilitar también a la presidenta. Aquí queda claro cuál es la postura del Partido Popular ante su propuesta.


Señora ministra, la interrupción voluntaria del embarazo ya está regulada por ley y garantizada por sentencia firme del Tribunal Constitucional. Usted lo sabe. Se lo han dicho varios portavoces aquí. Por mucho que ustedes mientan, en el
PP siempre hemos garantizado que cualquier mujer que opte por la interrupción voluntaria del embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica conforme a las leyes. Esto no es nuevo. Ya se hace. Esto está garantizado. No vamos a
colaborar ni participar en su campaña del miedo, es decir, en hacer creer a las mujeres que vamos a volver a hace cincuenta años. No cuente con nosotros. No vamos a reabrir debates del pasado para que este Gobierno corrupto pueda tapar sus
escándalos del presente. No lo vamos a hacer. No vamos a utilizar causas superadas ya ni banderas morales para enfrentar a la sociedad. No cuente con nosotros. Si usted fuera una mujer que defiende los derechos de todas las mujeres, no se
prestaría a esta manipulación. Por coherencia, lo que tendría que hacer es marcharse. Si Pedro Sánchez fuera feminista, no habría vivido del abominable negocio de la prostitución ni se habría rodeado de hombres que pagaban con dinero público a
mujeres prostituidas. Lo que debería hacer el señor Sánchez es convocar elecciones y dejar a las mujeres y los hombres de este país que hablen a través de las urnas.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Entrega un documento a la señora ministra de Igualdad, Redondo García, y a la señora presidenta).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez Calleja.


A continuación, para contestar al portavoz y a las portavoces, tiene la palabra la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Muchísimas gracias.


Voy a intentar contestar de forma ordenada.


Desde luego, agradezco las distintas intervenciones, porque, si algo dejan claro -creo que era una de las cuestiones fundamentales en esta comparecencia-, es la necesidad del debate. Yo creo que las distintas portavoces han demostrado la
necesidad del debate. Por lo tanto, no estamos tan alejadas de la realidad ni de la sociedad ni está la garantía consolidada ni la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en todo el territorio.


Creo que esta es una de las primeras conclusiones a la que podemos llegar: es necesario el debate. Precisamente por eso y porque este es un Gobierno que no rehúye su responsabilidad de iniciar debates complejos, es por lo que estamos aquí
y es por lo que hacemos esta doble propuesta, tanto de reforma constitucional como de la incorporación de la ley orgánica de violencia vicaria. Lo digo porque ha surgido en algún momento la no necesidad de estos debates. Yo creo que todo lo
contrario y lo que hoy hemos visto aquí es precisamente que es un debate necesario. ¿Y por qué lo es? Seamos claras: por la involución que estamos viendo a nivel global y en España. Sin esa involución probablemente no estaría yo hoy aquí, pero
esa involución se está produciendo a nivel global y en nuestra sociedad, en nuestra democracia. Eso es radicalmente peligroso.


Creo que somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica y de la responsabilidad de dejar que las generaciones futuras sigan avanzando en derechos y no retrocediendo. Precisamente, eso es lo que llevó a Francia a la incorporación del
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Fue el primer país, pero, al mes siguiente, en la Unión Europea se estaba aprobando una resolución para incorporar este derecho a la Carta de Derechos de las ciudadanas de la
Unión Europea. Por lo tanto, no estamos tan alejadas de los grandes debates y de las decisiones que blindan y garantizan los derechos.


Decía el señor Joseba Agirretxea, del PNV, que discrepaba del fondo y de la forma. Voy a intentar responder a cada uno de los portavoces, porque me parece de lealtad y también de respeto institucional y democrático. Yo creo que ese es un
debate sobre el fondo y sobre la forma que no rehúyo y que me parece interesante. No creo que esté el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo garantizado para las generaciones futuras. Sinceramente lo digo, no lo está. La modificación
legislativa es algo que se produce en cada una de las legislaturas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de blindar el derecho en la Constitución, estamos precisamente garantizando a las generaciones futuras un derecho que estas generaciones están
disfrutando gracias al trabajo y al esfuerzo de las generaciones que nos han precedido. Creo que esa es la obligación histórica en este momento: dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, una democracia más consolidada y una libertad para
las mujeres más fuerte.

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En ese sentido, sinceramente creo que, en este momento, en esta encrucijada histórica en la que estamos inmersos, corremos el riesgo de no dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, una sociedad mejor y una garantía de su libertad.
Porque eso es lo que, señorías de VOX, está en juego: la libertad. Aquí la vida no está en juego. La vida de las mujeres ha estado en juego muchas veces antes, precisamente porque se interrumpían los embarazos de una forma insegura y poniendo en
riesgo la salud de las mujeres. ¿O es que esa vida no importa, señorías? (La señora Romero Vilches pronuncia palabras que no se perciben). ¿La vida de las mujeres no importa? ¿Esa no hay que apreciarla? Nadie obliga a nadie. Estamos hablando
de una situación que tiene que tener una respuesta jurídica, y en este momento creo que la respuesta constitucional garantiza a las generaciones futuras que no damos un paso atrás.


Creo que tienen razón en la cuestión de la reforma constitucional. Vamos a una reforma del artículo 43 -es verdad que las portavoces de SUMAR lo han comentado anteriormente- o vamos a una reforma de la Constitución en su núcleo duro, en su
núcleo esencial. Sinceramente, creo que no es lo mismo incorporar un derecho cuarenta y siete años después de aprobada la Constitución que incorporar un derecho ab initio. Es decir, cuando llevamos cuarenta y siete años de singladura
constitucional ya hay una jurisprudencia en una legislación que es verdad que es una legislación orgánica, y este es un aspecto importante. Es una legislación orgánica porque ya hay un reconocimiento de que este es un derecho de los esenciales, de
los conectados con el artículo 15, con el artículo 10 y, por lo tanto, con los derechos esenciales. Es una libertad, es una decisión personal de las mujeres que está conectada con su integridad moral y su integridad física, pero no está garantizado
en todas partes, y eso lo reconozco. En Cataluña y en el País Vasco la garantía es mucho más amplia, mientras que en Ceuta y Melilla no lo es. Precisamente por eso lo incorporamos, porque queremos que sea una garantía en todo el territorio
español, porque ahora no lo es. Lo han dicho las señorías del Grupo Popular. ¿Que pasa? Pues claro. ¿Que pasa en algunos territorios donde, efectivamente, la garantía del derecho ahora mismo no se reconoce? Precisamente por eso creo que es
necesaria esta modificación constitucional, para garantizarlo de futuro y garantizarlo en condiciones de equidad en todo el territorio nacional.


Es verdad que el artículo 167 es el único que se ha puesto en práctica en las reformas constitucionales. No conozco ninguna reforma constitucional en este país que se haya llevado a cabo por la vía del 168. No la hay. ¿Por qué no la hay?
Porque está claro que nuestra Constitución -que no es una Constitución militante, que permite cualquier modificación, desde el artículo 1 hasta el artículo 169- estableció una modificación tan agravada que prácticamente se hace inviable. En ese
sentido, creo que hay que ser posibilistas, que hay que ser realistas y asumir la responsabilidad histórica que nos compete. Por eso la propuesta que hacemos es una propuesta de reforma viable, de las que ya se han aplicado, de la que ya sabemos
que es posible, a pesar de esas mayorías tan cualificadas y exigentes, pero es posible si hay una voluntad de dejar a las generaciones futuras una democracia más consolidada, donde los derechos de las mujeres no estén en riesgo.


Por eso, creo que ese artículo 43 nos permite garantizar no el derecho, que ya está garantizado y reconocido constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, sino la dimensión prestacional del derecho, que es la que no está garantizada.
Creo que este es el debate. Me parece interesante que asumamos este debate: los procedimientos, la incorporación constitucional, dónde lo incorporamos... Ojalá pudiéramos modificar la Constitución en tantos y tantos aspectos como es necesario
desde hace decenas de años. Ojalá pudiéramos modificar el Senado, un Senado que ahora mismo no se corresponde con la voluntad del constituyente. Ojalá, ojalá pudiéramos, pero creo que, lamentablemente, no estamos en ese momento histórico y que las
mayorías no confluirían en esa reforma. Pero sí creo, sinceramente, que tenemos un ejemplo, que es la modificación constitucional de Francia, y que esa es la fórmula que deberíamos seguir en este momento.


Decía la representante de Esquerra, doña Pilar Vallugera, que, efectivamente, el derecho está incorporado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo sí creo, lo creo con usted, que está incorporado precisamente por eso, porque la
dimensión de libertad está garantizada. Creo que hay que poner el foco en la dimensión prestacional, en incorporar el derecho a la cartera de servicios de la sanidad pública en todo el territorio español. Eso no daña, eso refuerza, pero en ningún
caso resta valor ni devalúa. Sinceramente, creo que no devalúa. ¿En que devalúa incorporar la garantía del derecho en la sanidad pública, en la cartera de servicios, cuando ya sabemos que ese derecho está incorporado en el elenco jurisprudencial y
legislativo, en el ordenamiento jurídico español, mientras no cambien en exceso las tornas? Creo que lo que hace es reforzar, blindar y garantizar a futuro, como digo, el derecho.

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Hablaba también la señora Vallugera de la violencia vicaria. Es verdad, y lo tengo que reconocer, que aquí hemos tenido una discusión muy potente. Creo que también las representantes de SUMAR hacían esta misma reflexión que comparto y que
intentaré explicar. No ha sido fácil porque la técnica legislativa para la incorporación de nuevos delitos es compleja. Tocar el Código Penal, que es la última ratio, siempre es muy discutido y debatido. Está bien el debate. Creo que ahí radica
la esencia de la democracia: en la discusión, en el debate, en el diálogo y en llegar a algún consenso. Creo, sinceramente, que cuando nosotras proponemos esa doble penalización o ese doble tipo penal, un tipo penal genérico de violencia vicaria
en el seno de la violencia doméstica, estamos reconociendo también la diversidad de las familias en España. Aquí hay partidos que quieren simplificarlo todo: simplificar la familia, la familia tradicional hombre y mujer e hijos. Pero es que la
sociedad española ya no está en esa simplificación, no está en la simpleza, está en la complejidad, está en la diversidad y es evidente que, afortunadamente, hay muchos tipos de familia en la sociedad española. Por lo tanto, se puede producir
también violencia vicaria en ese tipo de familias variadas, diversas. Cuando definimos la violencia vicaria lo hacemos en la Ley 1/2004, la definimos en la ley orgánica integral contra la violencia de género, y ahí la definición es clara y por eso
la pena es agravada en el artículo 173 bis; es agravada porque está reforzando la definición que se incorpora en la ley orgánica.


Fue un debate -no se lo niego, señora Vallugera- que no satisfacía a todas las integrantes del equipo. Hubo mucha discusión, pero creo sinceramente que también hay que ser posibilistas; es decir, hay una jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en materia del artículo 14 de la Constitución y de la igualdad que nos alertó sobre la imposibilidad de hacerlo de otra manera, y sobre los beneficios de incorporar esa doble tipología al Código Penal, precisamente para garantizar que
se podía incorporar. Creo que, efectivamente, lo excelente a veces es enemigo de lo bueno, y nosotras decidimos que teníamos que caminar por lo posible, y que teníamos que incidir en aquella posibilidad que no confrontaba de forma radical con una
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que iba a ser en este caso también sistemática en esa misma línea y en esa misma dirección.


En cuanto a las portavoces de SUMAR, Verónica Martínez y Esther Gil de Reboleño, les agradezco la sensibilidad y la generosidad, porque sé que ustedes han sido muy generosas; y creo que caminamos de la mano y en la misma dirección. ¿Se
puede ser más exigente? Probablemente se pueda ser más exigente. También tenemos un debate por delante, un debate muy amplio en el que las enmiendas podrán enriquecer y, seguramente, mejorar ese texto, que yo espero que se mejore. Pero también
creo que tenemos que ser conscientes de las dificultades, porque, probablemente, las enmiendas en estos temas serán muy numerosas, lo que va a ampliar el debate, pero también va a permitirnos un diálogo honesto sobre cuestiones de radical
importancia para el feminismo, para la agenda feminista y para la viabilidad de las propuestas. Hay que ser conscientes de las dificultades históricas que vivimos y de la complejidad de las mayorías en este momento en el Congreso y el Senado,
aunque, sinceramente, creo que nos merecemos el debate, nos merecemos poner encima de la mesa las enmiendas, nos merecemos poner encima de la mesa los modelos. Ahí se enriquece nuestra democracia y también nuestra vida parlamentaria.


El discurso tiene que trascender de estas paredes, tiene que implicar directamente a la sociedad, interpelar a la sociedad. Si hay algo bueno que hemos conseguido en esta semana y media es precisamente trasladar, al menos, el debate de la
interrupción voluntaria del embarazo a la sociedad y a los medios de comunicación; y está en la calle. En general, no hay un miedo excesivo a que se pongan en riesgo nuestros derechos, pero sí hay una alerta, sí hay una llamada de atención que
viene de esa ola reaccionaria que es global y que, lamentablemente, en España está concretada en declaraciones evidentes de algunos líderes públicos que, además, tienen responsabilidad política de máximo nivel. Por lo tanto, sí me preocupa y sí
creo que es bueno, como digo, ese debate.


Señora Esther Gil de Reboleño, es verdad que sobre la violencia vicaria -no voy a repetirme- teníamos esa dicotomía y finalmente optamos por la opción más respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Es interesante también lo que usted alegaba sobre la restricción de la libertad de expresión. Sí, es verdad que no es bueno legislar sobre la realidad, es más interesante apartarse de la realidad y objetivar las situaciones; pero también
es verdad que hemos vivido una cuestión polémica entre dos derechos que podían entrar en conflicto y que finalmente ha resuelto la sociedad española. Pero esa es nuestra responsabilidad, es decir, no dejar que sea la sociedad la que tome las
decisiones, sino adelantarnos y normativizar las decisiones para que, precisamente, no se llegue a ese conflicto.

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En ningún caso en el anteproyecto de ley orgánica de violencia vicaria limitamos la libertad de expresión -quiero dejar esto meridianamente claro-; no es ni la voluntad ni el contenido ni el espíritu de la propuesta, todo lo contrario, lo
que pretendemos es adelantar la solución para que no surja el conflicto. El conflicto lo hemos visto en el caso de la publicación del odio con el caso Bretón. Ahí, en ese momento, cuando la propia editorial decide -por supuesto, con el
acompañamiento social, el de las librerías e incluso el de los grupos de lectura- no publicar, no vender o no incorporar el odio como parte de la actividad de esos grupos literarios, creo que se nos interpeló. A mí me interpeló una sociedad que
avanzaba por delante de sus representantes, que avanzaba por delante de la ley, que avanzaba dando soluciones cuando no las tenía normativamente incorporadas el ordenamiento jurídico español. Esta incorporación de una pena accesoria en el artículo
70 viene a decirle al juez: Usted tome la decisión, pero tómela antes de que se produzca el conflicto, es decir, incorpore esa pena accesoria si usted considera que este agresor puede utilizar esa información para seguir dañando a la víctima.
Tómela en ese momento, no deje -como hemos visto en el caso Bretón- que se produzca un conflicto que ya es muy difícil de resolver equitativamente. Es lo que se pretende, no es otra cosa, es adelantarse al conflicto y, por lo tanto, adelantar la
solución para que sea el juez, solamente el juez, el que decida. Podríamos debatir mucho más sobre este tema.


A la señora Reyes Romero no sé si responderla o no; sinceramente, no sé si merece la pena, porque ustedes niegan absolutamente todo. ¡Es que niegan la democracia! ¿Cómo podemos debatir? Fíjense, ustedes niegan la violencia de género,
niegan los derechos de las mujeres, niegan nuestra igualdad, niegan nuestra libertad, niegan las comunidades autónomas. (La señora Romero Vilches hace signos negativos). Oigan, por favor, tengan un poco de coherencia, porque niegan la existencia
de las comunidades autónomas y han estado gobernando en ellas con los señores del PP hasta hace cuatro días. Pero ¿cómo es posible mantener ese cinismo? Es que realmente es preocupante, es muy preocupante. ¿Vienen a las instituciones a qué? (La
señora Aguirre Gil de Biedma: A debatir.-La señora Romero Vilches: A abrir debates). Si no creen en las instituciones, ¿a qué vienen a las instituciones? ¿A dinamitarlas? ¿Es a eso a lo que vienen? ¿A dinamitarlas desde dentro? (La señora
Romero Vilches: A abrir debates que ustedes no quieren que...). A dinamitarlas desde dentro. Claro, vienen a dinamitarlas desde dentro. Ustedes vienen a dinamitar la democracia y a dinamitar nuestros derechos, señorías. (La señora Romero
Vilches: Eso no es verdad).


Y eso es sobre todo para alertar al PP, porque no se puede blanquear el negacionismo y no se puede normalizar a la extrema derecha, señorías del PP. Les van a comer la tostada; se la están comiendo ya; lo estamos viendo encuesta tras
encuesta. El sorpasso de estos señores es muy preocupante para ustedes, pero también para mí, también para todos nosotros. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Se llama democracia). Es muy preocupante ese sorpasso. Por lo tanto, les pido,
sinceramente, que asuman su papel histórico y asuman también su ideología que siempre ha sido de Estado, pero que ahora mismo se está poniendo en riesgo por esa competencia que creo que les pone en una situación compleja, pero también a nosotros.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Espere, señora ministra.


Señorías de VOX, las hemos escuchado respetuosamente durante sus diez minutos. Desde que la ministra les está contestando, no paran de gesticular, de hablar entre ustedes y de replicar a la ministra. Esto no es una conversación que ustedes
tienen con la ministra, es la respuesta que la ministra hace a su intervención. El mismo respeto que hemos tenido todos y todas es el que ustedes deben demostrar.


Puede continuar, señora ministra. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¿Puedo hablar?). No, no puede hablar, y las llamo al orden por primera vez. (La señora Romero Vilches: Es que está diciendo cosas que no son ciertas). Las llamo al
orden por primera vez.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): ¿Cómo que no son ciertas? Ustedes niegan la violencia de género como una violencia estructural. Acaban de negar la violencia vicaria. Están hablando de que no existe una violencia de
género vicaria. ¿De los sesenta y cinco niños y niñas asesinados desde que hay registro, saben cuántos han sido asesinados o asesinadas por sus madres? Ninguna. Ninguna. Ninguna. (La señora Romero Vilches: No contabilizáis...). Están negando
la evidencia y están negando la realidad; y eso es muy peligroso, porque ustedes con esa negación lo único que hacen es simplificar. Ustedes han venido aquí a simplificar; a decir que esto es blanco y esto es negro, estos son buenos y estos son
malos, nosotros defendemos y ustedes no; y la simplificación es absolutamente contraria a la realidad, absolutamente contraria. Ustedes viven en Los mundos de Yupi, unos mundos a su imagen y

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semejanza; unos mundos que no son en los que vive la ciudadanía, que son los de la complejidad, la diversidad, la diferencia; pero la diferencia que hay que abrazar, no hay que rechazar. La diferencia y la diversidad que hay que integrar,
no excluir. Ustedes son excluyentes porque se alimentan del odio, se alimentan del enfrentamiento, se alimentan... (La señora Aguirre Gil de Biedma: Oiga, de verdad, ya vale). Se alimentan de la antidemocracia.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Perdone, pero ya vale, ¡ya vale! (La señora Romero Vilches: Eso es insultar a VOX. Eso es insultar a VOX). O sea, ¡ya vale!


La señora PRESIDENTA: Señora Aguirre, señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: ¿O sea, que nos alimentamos del odio? No. No lo permito, ¿vale? Que deje ya de soltarnos esas homilías. ¡Hombre, por favor!


La señora PRESIDENTA: Por favor, por favor, aquí dirijo el debate yo, la presidenta, y si no está de acuerdo, coge y se va. (La señora Aguirre Gil de Biedma: No, es que ya está insultando a VOX. Ya está insultando). No.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): ¡No!


La señora PRESIDENTA: Aquí, en la comisión, dirigimos el debate la presidenta y la Mesa. Si usted no quiere respetarlo, no acuda a las comisiones. Pero tiene la costumbre de coger el micrófono cuando le da la gana. (La señora Romero
Vilches, separando sus manos para indicar un tamaño grande: Nos tiran piedras así de grandes). Y eso no lo hace ninguna de las señorías aquí presentes. (La señora Romero Vilches: Porque somos a las únicas a las que nos insultan.-La señora
Aguirre Gil de Biedma: Es que nos tiran piedras). La palabra la tiene la señora ministra. Siempre son las únicas que hacen... (La señora Romero Vilches: Nos tiran piedras). Vamos, como las niñas en el cole.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Pero su intervención... (La señora Romero Vilches: Si nos tiran piedras...). Pero que no tienen la palabra, señorías, que no tienen la palabra; respeten las formas. (La señora Romero
Vilches: Pues no insulte).


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.


No les he dado la palabra. Ustedes también han faltado con su discurso y las hemos escuchado todos y todas, todos y todas; todos y todas, he dicho.


La palabra la da la señora presidenta y dirige la comisión la Mesa, porque eso es lo que marcan... (La señora Romero Vilches: Pues que dirija y deje de mentir sobre VOX. Está insultando). Respeten la palabra que la tiene la señora
ministra. Y si no les gusta lo que escuchan, se van. (La señora Romero Vilches: No, porque los demás van a escuchar cosas que no son verdad).


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Revisen su intervención. Su intervención está llena de insultos, de bulos, de mentiras y de ataques. (Aplausos). Yo no entiendo cómo tienen esa piel tan fina que son capaces de insultar al
que está interviniendo y de no dejarle terminar su intervención, pero se ruborizan cuando alguien les dice las verdades. (La señora Aguirre Gil de Biedma pronuncia palabras que no se perciben). Pues las verdades son las verdades. Las verdades son
que ustedes alimentan el odio y la confrontación a través del bulo y la mentira. Y el problema es que no están aislados, el problema es que aquí hay una ola reaccionaria que amenaza a nivel internacional, a nivel global. Y ustedes son un elemento
de esa cadena. Y no hablen de financiación, porque aquí los únicos condenados por financiación ilegal son ustedes. (La señora Aguirre Gil de Biedma: ¡Mentira!-La señora Romero Vilches: Está mintiendo nuevamente). ¡Bueno, bueno..., cómo nos
cuesta, cómo nos cuesta asumir la realidad!


La señora ROMERO VILCHES: Está mintiendo nuevamente.


Es que está mintiendo, es que está mintiendo.

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La señora PRESIDENTA: Las llamo al orden por segunda vez.


Peor que en el patio del colegio, porque ya no llegan ni al aula ustedes. Conque, así, señora ministra, tiene la palabra. (La señora Romero Vilches: Hay una sentencia firme sobre ese asunto y lo que acaba de decir es mentira).


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Bueno, yo así no puedo...


La señora PRESIDENTA: Continúe usted, que tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Redondo García): Yo, sinceramente, creo que deben revisar sus actitudes, deben revisar sus palabras y deben revisar, también, la forma en la que atacan ya no solamente al interviniente, sino al propio
sistema. Ustedes son destructores del sistema. Vienen a destruir la democracia, vienen a destruir nuestros derechos y vienen a destruir nuestras convicciones. Precisamente por eso, tenemos que reforzar y blindar los derechos de las mujeres en la
Constitución. Su intervención me ha dado la razón, no tengo ninguna duda.


En cuanto a la señora Lídia Guinart, agradezco muchísimo su intervención, sobre todo, porque creo que ha entendido correctamente lo que nos jugamos en este momento histórico. Nos jugamos una involución de nuestros derechos y nos jugamos el
riesgo real de que las libertades conquistadas se replieguen porque hay partidos políticos, hay extremas derechas y derechas extremas que nos quieren devolver a un pasado en el que seamos simplemente sumisas y estemos calladitas y sin hacer
demasiado ruido frente a quienes, como digo, siempre han tenido la sartén por el mango y quieren seguir teniéndola. No estamos ya en ese momento histórico, y por eso considero que blindar estos derechos, en concreto la interrupción voluntaria del
embarazo, es nuestra obligación. Ya no es una opción; es nuestra obligación histórica.


Por último, señora Rodríguez Calleja, del Grupo Popular, yo, sinceramente, no sé cómo abordar su intervención. Creo que es una intervención que, en buena medida, viene justificada por el miedo, y lo entiendo. Puedo entender el miedo del
Partido Popular; puedo entender el temor real del Partido Popular a perder esa capacidad que siempre ha tenido de incorporar a todas las derechas a sus filas y, pese a todo, mantener un cierto sentido de Estado. Y cuando todo eso se dinamita, es
lógico que ustedes entren en una carrera peligrosa, una carrera peligrosa donde todo vale. Todo vale. Y uno puede negociar con los derechos de las mujeres, como hemos visto en Valencia, donde los derechos de las mujeres han sido la moneda de
cambio para aprobar unos presupuestos que ya veremos quién puede sacar adelante y quién puede aplicar. O aquí, en Madrid, donde esa carrera alocada por ver quién es más extremista, quién es más de extrema derecha, lleva a la señora Ayuso incluso a
competir con el señor Feijóo. En este tema usted me ha mostrado una carta de su líder -se supone su líder, el señor Feijóo-, pero ¿qué dice la señora Ayuso? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Qué dice la señora Ayuso? ¿Es compatible la opinión y la
posición que ha mantenido durante estas semanas con la posición que fija el presidente de su partido? Porque yo creo, sinceramente, que están trasladando a la sociedad española y a las mujeres españolas una incoherencia tan radical y absoluta que
ya es difícil creerles. ¿A quién creemos? ¿Creemos a Almeida en esa idea que tiene de que las mujeres somos incompetentes, que necesitamos tutela y que nos tienen que informar de no sé qué síndrome posaborto que no tiene nada que ver con la
realidad científica? ¿Creemos a la señora Ayuso cuando nos manda abortar a otro lado, como si fuéramos apestadas, porque aquí en Madrid ese tipo de intervenciones no gustan, estéticamente no están bien vistas? ¿O creemos al señor Feijóo? ¿O
creemos a la señora Celia Villalobos?


Yo por eso creo que, si finalmente este proyecto se puede debatir y se puede fijar en las Cortes, sí que sería bueno dejar libertad de voto, sería bueno, porque estoy convencida, estoy casi segura, de que a estas alturas hay muchas Celias
Villalobos en sus filas, señoría. Estoy convencida de que sí. Pero, claro, tienen que aclararse ustedes, porque nos dicen una cosa, la contraria, y es muy difícil creerles. Es muy difícil confiar en un partido que está más pendiente del sorpasso
y de las encuestas que de defender y garantizar los derechos de las mujeres en la Constitución. (La señora Rodríguez Calleja hace gestos negativos). Y este es el momento; de verdad, señorías. Es el momento de no mirar hacia la extrema derecha.
En el momento en el que miran a la extrema derecha, pierden su capacidad de centralidad y pierden su capacidad de representar a la sociedad española y a las mujeres españolas. Yo se lo digo muy honestamente. Creo que están perdiendo el sentido de
Estado y el sentido de centralidad, y así no se ganan elecciones; así se pierden. Pero es su responsabilidad, no me corresponde a mí.

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Sí que es verdad -y con esto voy concluyendo-, cuando ustedes hablan de la trata y de la abolición, que no vamos a ceder en este camino. Es cierto que hemos aprobado una ley, la ley de paridad, de la que estoy orgullosa; es cierto que en
este momento tenemos estas dos propuestas encima de la mesa; pero, a continuación, vamos a seguir avanzando con la ley de trata. Es una ley importante que ya está muy avanzada. Yo espero poder presentarla para una primera lectura del Consejo de
Ministros en las próximas semanas. Por supuesto, finalmente, llevaremos la abolición de la prostitución. Confío en que en ese momento ustedes también sean responsables y asuman que esta es una buena ley, que van a ser buenas leyes que van a dejar
a las generaciones futuras, como digo, un ordenamiento más garantista y una seguridad de que nuestros derechos no se van a tocar.


En eso confío y en eso también cuento con ustedes, porque somos parte de un pacto de Estado que, pese a todo y a todos y pese a la complejidad y a la atomización de nuestra realidad parlamentaria, ha salido adelante. Y creo que usted y yo
estamos orgullosas. Todos los que estamos aquí -salvo VOX, por supuesto, que son siempre parte del problema y no de la solución- estamos orgullosas. (La señora Romero Vilches: Nosotras también estamos orgullosas). En el futuro miraremos atrás y
diremos: Hemos sido útiles, hemos sido útiles a la ciudadanía, hemos sido útiles a las mujeres de este país. Confío en ello realmente.


Nada más. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra de Igualdad, doña Ana Redondo García.


Para concluir, tomen nota, señoras de VOX. Los deberes para la próxima sesión de la comisión son los artículos 70.3 del Reglamento del Congreso, artículo 32 y artículo 73. Para la siguiente, los deberes serán los artículos 115 y 103.3.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:20 horas.


Muchas gracias.


Eran las siete y veintiún minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.