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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 424, de 22/10/2025
cve: DSCD-15-CO-424
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 424
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN MARTÍNEZ SALMERÓN
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles,
22 de octubre de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
- Ratificación del acuerdo de la Mesa en relación con las solicitudes de comparecencia incluidas en el orden del día de la sesión de hoy y las del orden del día de la sesión de mañana, a efectos del artículo 44 del Reglamento ...
Ratificación del acuerdo de la Mesa en relación con las solicitudes de comparecencia incluidas en el orden del día de la sesión de hoy y las del orden del día de la sesión de mañana, a efectos del artículo 44 del Reglamento ...
Celebración de las siguientes comparecencias en relación con el Proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (número de expediente 121/000052):
- Del señor Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000481) ... (Página2)
- De la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children (Perazzo Aragoneses). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000482) ... (Página11)
- Del presidente de la Comisión de Sociedad Digital de Telecos.cat (Arnó Torrades). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000483) ... (Página18)
- Conjunta de la vocal de la Comisión Jurídica de Adolescència Lliure de Mòbils (Puigdellivol Camps) y de la presidenta de Adolescència Lliure de Mòbils (Fernández Andújar). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente
219/000484) ... (Página26)
- Del director de la Plataforma de Infancia (Ibarra Roca). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000485) ... (Página36)
- Del subdirector adjunto del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, Ontsi-Red.es (Márquez Fernández). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000486) ... (Página42)
- De la subdirectora del Área Jurídica de la Fundación ANAR (Fresnillo Iglesias). Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 219/000487) ... (Página49)
Se abre la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES DE COMPARECENCIA INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY Y LAS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE MAÑANA, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión de la comisión que, como saben ustedes, tiene como principal motivo la comparecencia de los técnicos que han propuesto los diferentes grupos parlamentarios.
Previamente, y de acuerdo con el artículo 68.2 del Reglamento, proponemos la modificación del orden del día para incluir un punto previo, de acuerdo con el cual se somete a la comisión la ratificación del acuerdo de la Mesa en relación con
las solicitudes de comparecencia incluidas en el orden del día de la sesión de hoy y las del orden del día de la sesión de mañana, a efectos del artículo 44 del Reglamento. Solicitamos, en aras de la rapidez, la aprobación de la modificación por
asentimiento. (Asentimiento).
Se aprueba por asentimiento.
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES DE COMPARECENCIA INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY Y LAS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE MAÑANA, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, el punto previo sería la ratificación del acuerdo de la Mesa en relación con las solicitudes de comparecencia incluidas en el orden del día de la sesión de hoy y las del orden del día de la sesión de mañana,
a efectos del artículo 44 del Reglamento. Entiendo también que se aprueba por asentimiento de los presentes. (Asentimiento).
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EN LOS ENTORNOS DIGITALES (número de expediente 121/000052):
- DEL SEÑOR GUADIX GARCÍA, RESPONSABLE DE EDUCACIÓN Y DERECHOS DIGITALES DE LA INFANCIA EN UNICEF ESPAÑA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000481).
El señor PRESIDENTE: Como saben ustedes, con independencia de la modificación del orden del día que hemos realizado, la sesión de la comisión está dedicada a la celebración de las comparecencias en relación con el Proyecto de ley orgánica
para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, con número de expediente 121/000052. Como saben ustedes, el debate consistirá en una intervención de los comparecientes por un tiempo de diez minutos; a continuación,
intervendrán los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo de cinco minutos, y
cerrarán el debate los comparecientes respondiendo a las cuestiones planteadas, por un tiempo de cinco minutos. Como tenemos varios comparecientes esta tarde, les pediría que se ajustaran a los tiempos de manera que podamos realizar todas
las comparecencias en los horarios previstos.
Sin más preámbulos, doy la bienvenida al primer compareciente, que es don Ignacio Guadix García, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España, a quien agradezco su presencia. Bienvenido a la casa de los
españoles y las españolas, al Congreso de los Diputados. Muchas gracias por su dedicación y sus aportaciones. Tiene usted la palabra.
El señor GUADIX GARCÍA (responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España): Presidente, miembros de la Mesa, señorías, muchas gracias por la convocatoria.
Para nosotros condensar estos últimos cinco años de trabajo en diez minutos va a ser todo un reto, que espero que la parte de las preguntas también esté equilibrada para poder atender sus demandas. Estoy seguro de que tanto por mi parte
como por el resto de los comparecientes así será.
Estamos entregando un dispositivo móvil a nuestros hijos e hijas a los 11 años de media en nuestro país. El momento del paso a la secundaria y el regalo de la comunión son los dos hitos que concentran el momento en el que las familias están
poniendo a disposición un aparato personal conectado a Internet para su uso, en general, ilimitado. Especialmente después de la pandemia, hemos empezado a ser muy conscientes de los problemas que esto estaba suponiendo. Sin embargo, la
superdigitalización a la que tuvimos acceso en ese momento, en la pandemia, nos permitió continuar nuestra vida dentro de una cierta normalidad; a pesar de lo raros que fueron aquellos momentos, pudimos hablar con nuestros familiares, pudimos
conseguir alimentos, pudimos trabajar, pudimos hacer muchísimas cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Por lo tanto, antes de señalar un aspecto como el tecnológico o el digital como algo problemático, hay que ver en qué situaciones
límite nos ha ayudado como sociedad a mantener no solo la cohesión, sino un dinamismo bastante especial. Pero, claro, esta llegada y esta penetración, considerando que el 98 % de nuestros chicos y chicas tienen un móvil a esta edad, ha conllevado
una serie de problemas. Nuestro trabajo en Unicef ha sido principalmente contribuir con evidencia científica y con información para ayudar a tomar precisamente medidas en el proceso en el que estamos ahora, medidas que vayan en el orden de asegurar
que la vida y el bienestar de nuestras familias y de nuestros chicos y chicas esté asegurado.
Por acotar, identificamos tres grandes aspectos problemáticos: el primero es el impacto que esto ha podido tener en su salud mental. Vemos que, sin poder atribuir una causalidad a la hiperdigitalización de que su bienestar emocional haya
decaído, sí observamos que en aquellos chicos y chicas que hacen un uso intensivo -que son estos casos que más nos preocupan-, en el cual no hay control y sobre todo si es excesivamente temprano -como digo, 11 años-, quizás sin mucho acompañamiento
familiar y con una intensidad importante, tienen un peor bienestar emocional, una peor integración social y una menor satisfacción con la vida, que son los indicadores básicos del bienestar mental que se miden en todas las sociedades; en estos
casos salen especialmente perjudicados.
Hay un segundo aspecto que nos preocupa, que es el tema de las violencias digitales, es decir, aquellas formas de violencia que en el ámbito offline tenemos muy identificadas, pero que quizás en el online a veces tardamos en darnos cuenta de
que eso es violencia; entonces, uno de los mensajes clave es que todas las violencias digitales son violencia y como tal han de ser tratadas. Y aquí os estoy hablando, haciendo un resumen bastante claro, del acceso a contenidos inadecuados, entre
ellos la pornografía -más del 40 % accede-, el contacto con desconocidos -el 60 % acepta desconocidos en sus redes sociales, sean videojuegos, sean redes sociales tradicionales- y lo que es más preocupante, que el 20 % queda con ellos en persona.
El ciberbullying como un comportamiento violento adecuado con sus iguales, con sus compañeros del entorno escolar, está también en unas tasas de uno de cada cinco, aproximadamente. Y también está la suscripción a contratos en los que pueden ser
abusados desde el punto de vista de cesión de unos datos de forma irreflexiva, sin saber muy bien cómo acaban llegando, a dónde van estos datos y qué uso se hace de ellos. Entonces, al final, todas estas conductas, comportamientos, contenidos y
contratos -que son, digamos, las cuatro categorías que nos preocupan desde el punto de vista de la violencia- hemos detectado que corren a sus anchas en muchos aspectos, y quizá eso haya hecho que pongamos mucho el foco en esta cuestión. Nos hemos
encontrado que tanto las familias, como los docentes, como los propios chicos nos están pidiendo ayuda de alguna manera, y creo que el paso que estamos dando con esta tramitación va un poco como respuesta a ese movimiento.
Por último, pero no menos importante, un aspecto que también nos preocupa es que el derecho a la participación infantil es el que menos se cumple en cualquier sociedad del mundo. Pues bien, si esta participación se basa o se sujeta en un
acceso a la información malintencionada o desinformadora, estamos poniendo en riesgo precisamente la incorporación de las nuevas generaciones a la vida democrática de la sociedad. Por tanto, estos tres aspectos -en muchos grados y en mucho detalle,
por supuesto, pero hoy no procede detenerme en ello- quizá sí sean tres grandes ámbitos en los que nosotros -como digo, y con algunos de los datos que he dado- hemos trasladado la importancia de este momento.
Podemos optar por dos caminos: uno es el de asustarnos, empezar a prohibir y decir que todo es terrible y que esto no puede seguir; o podemos ser proactivos y empezar a establecer cómo queremos que sea el entorno digital en el que nos
desenvolvamos. Al final, el mensaje que quisiera trasladarles es que nuestra propuesta es considerar el enfoque de derechos de infancia y el enfoque del interés superior del menor como el marco en el cual tomar las decisiones. ¿Y esto qué implica?
Implica hacer equilibrios e implica, desde luego priorizar, atender los riesgos más graves, pero implica, del mismo modo, tener una mirada a medio y largo plazo.
Por decirlo muy rápidamente, me gustaría pensar que tanto en el articulado de la ley como en las políticas públicas que emanen de ella, somos capaces de hacer convivir cuatro aspectos clave: uno es el de asegurar que nuestros chicos y
chicas tienen acceso a la sociedad digital. ¿Por qué? Por mil razones, pero la principal sería porque la sociedad digital es un ámbito de expansión de los propios derechos y libertades de los ciudadanos, en este caso, de los ciudadanos menores de
edad. El hecho de pensar que pueden estar fuera es limitarles el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a la identidad y a tantas otras cuestiones. Pero quizá lo paradójico es que este aspecto de la accesibilidad es el
que más hemos trabajado. Hemos conectado las aulas, hemos puesto terminales baratos, hemos tenido un desarrollo comercial que ha puesto a disposición de todo el mundo estos aparatos y, sin embargo, siguen existiendo brechas. No tanto de acceso,
aunque si hablamos con personas con discapacidad podemos encontrar un rechazo, o determinadas familias que tienen dificultades a la hora de tener acceso a la conectividad; podemos encontrar ahí bolsas de personas que se están desenganchando de la
sociedad. Pero hay dos brechas de acceso que son preocupantes. Una, la brecha de experiencia, porque no es igual tener un aula conectada, con una buena metodología didáctica y con un buen trabajo, que tener que compartir un móvil con datos en una
familia de cinco chavales para hacer los deberes en casa. Eso no es lo mismo, en las estadísticas saldrá la misma cifra, pero no es igual. Y, dos, la más difícil de abordar quizá sea la del acompañamiento, la de dónde están los adultos, que, según
los datos que tenemos, están muy poco presentes o hasta ahora han estado muy poco presentes, pero sí que se percibe un cambio, y parte de los compañeros y compañeras que pasarán hoy por aquí harán ver que las familias se han organizado y que también
son capaces de lanzar un mensaje de ayuda en este sentido. Vemos que las familias, por lo general, hacen muy poco acompañamiento, filtran pocos contenidos, instalan pocas herramientas. Estoy hablando de uno de cada cuatro o uno de cada cinco.
Aunque nos parezca que el debate es así, siguen saliendo esos números tanto en el control como en la supervisión. Y también porque muchas de las familias carecen de los conocimientos necesarios para parametrizar todas estas herramientas con las que
nos encontramos, porque oferta aparentemente hay, pero no es tan sencillo, es algo en lo que habrá que seguir insistiendo. Por lo tanto, se trata de que cuando las familias puedan tomar adecuadamente estas decisiones de cuándo le voy a dar el móvil
a mi hijo o a mi hija, lo puedan hacer con un ejercicio de seguridad y que por detrás tanto las compañías que se lo proponen como la norma que existe les proteja suficientemente.
El segundo aspecto, junto con el del acceso, sería el de la protección, que es el que hoy nos trae aquí. Ahí no me voy a extender mucho más, porque está muy claro, estamos moviéndonos porque hemos sentido la necesidad de proteger
urgentemente a nuestros jóvenes. Por lo tanto, se ha de asegurar que, si llevamos a los chicos y chicas al entorno digital, este sea lo suficientemente protector. La seguridad es algo que creo que ninguno podemos garantizar. Sin embargo, la
protección sí; que todos los agentes que tienen algo que decir lo digan, que levanten la mano cuando toca, que se establezcan mecanismos de ayuda, de filtrado, de soporte o de restauración cuando así sea, creo que eso es lo menos que se puede
exigir.
La tercera pata sería la educativa. Las dos primeras hablan un poco más de los aparatos y los servicios, pero esta habla más de las personas, que creo que es lo que no podemos olvidar. Necesitamos que en su proceso educativo los chicos y
las chicas adquieran las competencias digitales que les hagan
autónomos, que les den facilidades para ejercer su punto de vista, su libertad de expresión, su compromiso con la sociedad, su desarrollo personal y, en definitiva, cómo aportar a la sociedad. Me consta que en educación tenemos un debate
sobre si hacer caso a las sociedades médicas, que nos están alertando de que hay usos, que hay cosas que no se han hecho absolutamente nada bien y están diciendo que una exposición no adecuada es perjudicial, pero también hemos de fijarnos en el
otro lado. Si estamos hablando de que estamos eligiendo o estamos marcando los 16 años como aquella edad en la que yo puedo ceder mis datos, que en el fondo lo que planteamos es cuándo yo me puedo registrar a cualquier producto y servicio, cuando
acabe la educación obligatoria, que más o menos es a los 16 años, tenemos que estar muy seguros de que esos chicos y chicas son capaces de desenvolverse en el mundo digital o en la jungla digital, según queramos irnos hacia un punto u otro. Pero me
parece que hay que hacer un poco ese retrotiming de que está bien que en las primeras etapas valoremos que igual lo digital no aporta demasiado, pero que al final del proceso sí somos ciudadanos perfectamente capaces de desenvolvernos con
responsabilidad.
Por último, por cerrar la primera parte de mi intervención, estaríamos hablando justamente de eso, del derecho a la participación infantil, aquel derecho que, como digo, menos se cumple. Hemos de ser capaces de pensar en ellos no solo como
parte del problema, sino como parte de la solución. Debemos ser capaces de incorporarlos en el propio diseño de los servicios, pues si escuchamos su experiencia, contribuirán a muchas cosas. Por un lado, haremos una tecnología y un entorno digital
mucho más sensible a sus necesidades y, por otro lado, empezaremos a incorporarles también en un ejercicio de responsabilidad intergeneracional, porque ahora mismo podemos estar hablando lenguajes muy diferentes y podemos encontrar una incomprensión
en un momento en el que creo que hace falta la unidad. Y aquí hay cuestiones muy sencillas y que entenderán muy bien. En el propio nombre de la ley hablamos otra vez de personas menores de edad. Ya tenemos ejemplos de otras leyes que hablan de
infancia, como la LOPIVI, de la infancia y de la adolescencia. Si en algún momento tenemos que hacer versiones amigables de esta ley para explicársela bien y ver qué papel tienen, incorporar en el nombre 'infancia y adolescencia' creo que es un
gesto, independientemente de que luego, de cara a la lectura, en el resto del articulado usemos todas las fórmulas para que la lectura sea elegible. Si somos capaces de pensar que estamos hablando de chicos y chicas en edad de desarrollo, creo que
estaremos en una mejor condición para sumar al lado de las personas que estamos intentando hacer del entorno digital un lugar más justo y próspero.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tendrán la palabra los representantes de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor.
Empezamos por el Grupo Junts. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
La señora CALVO GÓMEZ: Només una qüestió, després d'agrair la presentació que ha fet el ponent, el compareixent, només una qüestió. Voldria saber la seva opinió. Dues qüestions, millor dit. Quan parlem d'ús intensiu, de quant de temps
estem parlant? És a dir, quins són els comportaments que haurien de començar a encendre alarmes? Quan estem parlant de l'ús intensiu per part dels nens i les nenes dels dispositius mòbils. I per una altra qüestió, quina és la seva opinió, és a
dir, més enllà d'aquestes solucions que poden ser prohibir l'ús del telèfon mòbil en els col·legis, a l'escola es parla també o es posa per part d'altres països al damunt de la taula, la prohibició fins als 16 anys. Quina és l'edat que considera
vostè que seria la idònia per acceptar l'ús del telèfon mòbil? Tenint en compte les altres qüestions legals associades a l'edat dels adolescents, en aquest cas. Els 14 anys són la frontera, per dir-ho d'alguna manera. Només serien aquestes dues
qüestions.
Gràcies.
Después de agradecer la presentación que ha hecho el compareciente, solo quiero plantear una cuestión o, mejor dicho, dos cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos del uso intensivo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿cuáles
son los comportamientos que deberían empezar a encender alarmas cuando hablamos del uso intensivo por parte de niños y niñas de estos dispositivos móviles? En segundo lugar, más allá de estas soluciones, que pueden ser prohibir el uso del teléfono
móvil en los colegios, en otros países, por ejemplo, se pone encima de la mesa la prohibición hasta los 16 años. ¿Cuál es la edad que usted considera que sería la idónea para poder aceptar el uso del teléfono móvil teniendo
en cuenta las otras cuestiones legales asociadas a la edad de los adolescentes? En este caso, se habla de que los 14 años son la frontera, por decirlo de alguna forma. Solo serían estas dos cuestiones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene ahora la palabra la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Quería ceder los cinco minutos al ponente para que los acumule en su respuesta de después, porque una consideración que quería hacer es que diez minutos para una ponencia en una ley de estas dimensiones me parece
poco y que, francamente, podríamos habérnoslo tomado con un poco más de calma y hacerlas más espaciadas, porque tengo muchas ganas de escuchar sus opiniones i perquè a Unicef, entenc que té diagnosticat l'Estat espanyol, però també a altres parts de
la societat. Entenc que del primer món, perquè deuen ser, i això volia preguntar-h: fins a quin punt la resta dels països de l'entorn, no pròpiament de primer món, estan amb aquest problema o no? I, simplement, cedir-li els meus minuts.
Moltes gràcies.
... y porque Unicef entiendo que tiene diagnosticado el Estado español, pero también otras partes de la sociedad, entiendo que del primer mundo, porque... Y eso es lo que quería preguntar, hasta qué punto los demás países del entorno, no
propiamente del primer mundo, están con la misma problemática o no. Simplemente, esa era la pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En representación del Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al compareciente, con el que ya hemos tenido diversas reuniones y diversas comparecencias.
Que no sirva de precedente, pero nuestro grupo no está de acuerdo con la representante de Esquerra, con Pilar, con la que tengo el privilegio de trabajar mucho en la Comisión de Juventud e Infancia, porque justamente en esta ley yo creo que
se está trabajando de una forma muy eficiente. Llevamos tiempo en esto, no se puede decir que los entornos digitales y esta regulación sean algo nuevo para este país ni para el Gobierno de España ni, sobre todo, para este Congreso. Llevamos un año
y medio -yo diría- de mucho trabajo en la Comisión de Juventud e Infancia en diferentes jornadas parlamentarias, trabajando los entornos digitales en muchos espacios, tanto en el sector privado como en el público. Por lo tanto, creo que las
comparecencias de hoy son necesarias y que es un trámite parlamentario, pero lo que estamos escuchando no es algo nuevo. Es más, creo que hasta los propios comparecientes a veces incluso están un poco cansados de repetírnoslo y recordárnoslo. Así
que quiero agradecer su comparecencia. Nosotros y nosotras pensamos que es una ley fundamental. Compartimos las reflexiones que has comentado. Me quedo con el derecho a la participación infantil como una asignatura pendiente. Creo que tenemos
también que trabajar de cara al futuro y mejorar. Existen ejemplos en nuestro país, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, y en esta casa también, pero debemos mejorarla.
Me gustaría preguntarle dos cuestiones relativas a esta normativa tan importante que vamos a empezar a debatir en el proceso de enmiendas parciales. En primer lugar, el papel de los padres y madres, que es un tema que es bastante
recurrente. La extrema derecha tiene como argumento que deberían ser los padres y las madres quienes regulasen los entornos digitales, y nosotras entendemos que así debe ser, pero con mecanismos legislativos que regulen que el algoritmo no
perjudique a esos niños y niñas, y que haya mecanismos de control más eficaces, porque a veces escapan al control. Por lo tanto, ¿qué papel crees que han de tener los padres y las madres?
Y, en segundo lugar, nosotros en la parte legislativa -y yo diría que incluso punitiva- pensamos que hay que regular, pero también insistimos mucho en el acompañamiento y en la educación digital a esos niños y niñas. Vosotros, como entidad,
sabemos que trabajáis mucho en la pedagogía. Me gustaría saber si pensáis que debería haber aún más educación, si, con respecto a los entornos digitales, las comunidades autónomas deberían invertir más en esta pedagogía. Sabemos que hay una parte
del sector empresarial que está invirtiendo en educar y, en las reuniones que estamos teniendo para las enmiendas, algunas empresas tecnológicas nos comentan que tienen experiencias muy positivas de aprendizaje de jóvenes,
y a veces de niños y niñas, en esos entornos digitales. ¿Cómo crees que debería mejorarse esta educación digital para evitar que algo bueno como la tecnología pueda acabar siendo perjudicial para estos niños y niñas en edad de crecimiento,
como decías en tu ponencia?
Quiero agradecerte otra vez más que estés aquí. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Tendría la palabra, a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Guadix, nos volvemos a ver. Tuvimos el placer de tenerle en la Comisión de Juventud e Infancia, si no recuerdo mal, y estoy encantada de verle de nuevo. Yo le agradezco mucho su comparecencia. Lo que nos pasa en nuestro grupo
parlamentario es que, a medida que van compareciendo los comparecientes -valga la redundancia-, hacen ustedes un análisis de la situación, que es cierta, pues se necesita una ley para proteger al menor del entorno digital, pero, propuestas en sí al
final no vemos muchas, sino un análisis, un resumen de la situación. Hablaba usted del acceso al entorno digital por parte de los menores. Entonces, yo quería preguntarle si usted considera que el sistema que propone la ley de acceder por primera
vez a un dispositivo digital, de configurarlo desde el inicio, cree usted que es la mejor forma de proteger al menor. También ha dicho que otra de las patas era la protección. Claro, aquí discrepamos de otros grupos parlamentarios, porque nosotros
sí creemos que deben ser los padres los que protejan principalmente a sus hijos y que sean ellos quienes dirijan, en gran parte, la educación de sus hijos y tengan el derecho, por supuesto, de elegir qué es lo que es bueno o no para ellos.
Entonces, mi pregunta es si, desde Unicef, se ha contado con la opinión de las familias, porque a menudo escuchamos hablar de las personas menores, pero sin tener en cuenta a los padres; como si fuesen un ente alejado de la familia o, en general,
del entorno que los crían. Me gustaría saber si ustedes han contado con la opinión de los padres.
En cuanto a la parte educativa, que era otra de las patas de su intervención, expone la ley que las comunidades autónomas deberán desarrollar, a nivel de competencia digital, todo el currículo. Pero otra de las cosas por las que creemos que
la ley no es la adecuada es, precisamente, porque las comunidades autónomas, o algunas de ellas, ya tienen el currículum desarrollado en cuanto a competencia digital. Entonces, va a crear de nuevo desigualdades. Recordemos que hay diecisiete
comunidades autónomas con diecisiete sistemas diferentes. En este sentido, en este ámbito, nos va a volver a ocurrir lo mismo, aparte de la gestión y la financiación que correrá a cuenta de las comunidades autónomas, con lo cual, dependiendo de lo
que contengan las arcas públicas en ese momento, se podrá financiar mejor todo lo que implique la gestión económica de esta ley. Igual que, por ejemplo, la formación del profesorado, que, por supuesto, es importantísima.
Para finalizar, le quiero hacer dos preguntas. Aparte de estas desigualdades que vemos en este proyecto de ley, le pregunto si también cree -o si han estudiado- que generará desigualdades con otros países de la Unión Europea, es decir, si
cree que se equipara esta ley con otros países de la Unión Europea o no. Y la última: ¿ha participado usted para desarrollar esta ley en el comité de expertos del ministerio?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Herrera.
La señora HERRERA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes y gracias por su exposición, señor Guadix, también por su capacidad de síntesis, que entendemos que es difícil en tan poquito tiempo.
Yo quería recordar, simplemente, que este Proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales nace del compromiso que tiene este Gobierno de proteger a los niños, a las niñas y a los
adolescentes en el ámbito digital, garantizando -y no debemos olvidarlo- su derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad. Es una norma que se ha
redactado teniendo en cuenta informes recabados en un gran número de organismos y entidades y que, además, ahora deberemos negociar todos los grupos parlamentarios para intentar mejorarla en la medida de lo posible. Por tanto, creo que el objetivo
es equilibrar ese enfoque de derechos de la infancia -al que usted hacía referencia- con el de
la protección a la infancia. Los derechos y la protección que garantizamos fuera de la red entendemos que tienen que garantizarse también dentro de la red. Todo esto enlaza con la Observación General 25 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que recoge, justamente, que los derechos de la infancia en el entorno digital son fundamentales, y que considera que la protección tiene que estar asegurada. Para ello, el primer paso, además de la prevención y la educación para la
infancia, para las familias, para los educadores, para el conjunto de la sociedad, también es crear mecanismos legislativos y políticas de protección de la infancia en el entorno digital.
Voy ahora con algunas de las consultas que me gustaría hacerle, en nombre de mi grupo parlamentario, en relación con lo que usted ha comentado. Ha hablado de violencia digital y de brechas. Le quería consultar si tienen detectada la brecha
de género también en esas violencias digitales que sufren los menores, porque así nos lo hacen llegar diferentes entidades: que las niñas y las adolescentes son especialmente vulnerables y, por tanto, requieren una mirada y una atención especial.
En alguno de los estudios e informes que tienen ustedes publicados, se habla también de que ese acceso intensivo está provocando un problema de salud pública, porque uno de cada cinco adolescentes está realmente enganchado a los videojuegos. Hablan
ustedes de las adicciones sin sustancia o de esas relaciones poco saludables con la tecnología. Me gustaría pedirle si puede abundar un poco en esos conceptos y explicarnos cómo se está desarrollando esa problemática. Finalmente, le quería
consultar cómo cree que se tiene que garantizar ese acceso a la información veraz que merecen los menores y los adolescentes y que es básica para poder ejercer ese derecho a la participación infantil al que usted se refería y que reivindicaba.
Nada más y muchísimas gracias por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tendría la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor De Rosa Torner.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor Guadix, por haber comparecido en esta Comisión de Justicia. El Grupo Popular considera que esta ley es esencial, porque va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por tanto, consideramos muy importante su protección
en el entorno digital, y el hecho de que esté en la Comisión de Justicia también lo consideramos algo fundamental. En el Grupo Popular coincidimos con lo que usted ha afirmado: que la facilidad de acceso a contenidos inapropiados, como
pornografía, violencia explícita, discursos de odio, apuestas o contenido no regulado, representa un riesgo grave para la salud mental de nuestros menores. Usted lo ha mencionado como uno de los puntos esenciales. Por eso, quiero hacerle una serie
de preguntas para que nos ilumine a la hora de poder legislar, y una serie de reflexiones para que, en su siguiente intervención, pueda tener una aclaración y nos pueda dar ideas al legislador que, en este caso, necesitamos. ¿Considera usted
necesario restringir ciertos servicios digitales para proteger a los menores? En concreto, si deberíamos hacer una reflexión sobre qué ocurre con estas páginas web. A lo mejor existe una excesiva laxitud en la entrada, como ya he dicho, a
discursos de odio, pornografía, juego, apuestas, y cuestiones que puedan afectar. Por lo tanto, ¿usted considera que deberíamos, de alguna manera, realizar algún tipo de restricción?
También nos gustaría saber si considera necesario el desarrollo y la exigencia de mecanismos eficaces y rápidos de denuncia de los contenidos inapropiados, con auditorías independientes y transparencia pública, fortaleciendo esa cooperación
internacional que usted también ha mencionado. En materia digital no se pueden poner puertas al campo, es decir, no podemos hacer una legislación en España sin contar con el resto de nuestro entorno. Nos gustaría saber su opinión.
También queremos que nos diga si el grooming, la aproximación de adultos a menores en Internet para manipularlos no solamente con fines sexuales, suele también fomentarse mediante el engaño. Nos gustaría conocer su opinión para determinar
cómo podemos evitar esas aproximaciones a menores que los están poniendo muchas veces en peligro. ¿Es preciso hacer formación para menores? ¿A quién hay que vincular en esa formación de menores? Hemos hablado del ámbito familiar, pero yo creo que
la necesidad de esta formación excede también el ámbito familiar.
Por lo tanto, en el Grupo Popular consideramos que es preciso establecer unas medidas legales claras también de carácter digital. Además, esta ley tiene una parte de modificación del Código Penal, pero no como un elemento represivo, sino de
protección a los menores. También nos gustaría saber su opinión sobre esa idea y, sobre todo, qué tipo de sanciones o medidas se podrían establecer a los infractores y qué medidas de protección al menor podríamos tener en cuenta en el ámbito del
Código
Penal o en el ámbito de la ley de la responsabilidad penal del menor cuando los que están vinculados en el hecho que tenemos que analizar sean menores.
También querríamos que nos iluminara para poder fortalecer la cooperación internacional. Usted pertenece a una organización internacional de prestigio y, por tanto, podrá haber detectado cómo pueden estar actuando en otros países o cómo se
está reflexionando sobre esa protección. Nos gustaría que usted nos dijera cómo podemos realizar esta actuación en el ámbito internacional.
En definitiva, nos preocupa la violación de la privacidad. Estamos de acuerdo con usted en que el menor ha de ser tratado con personalidad jurídica propia, evidentemente, como marca la propia legislación, pero no puede ser tratado en la
protección como una forma separada de su entorno. Por eso, nos gustaría que usted nos dijera cómo podríamos ayudarle en el ámbito de la familia, porque usted sabe que hay veces que el riesgo también existe dentro de la familia. Nos gustaría que
usted nos dijera cómo podemos hacer una protección integral del menor y, sobre todo, qué medidas podría considerar conveniente para hacer esa protección individualizada del menor, y, principalmente, también a medida, teniendo en cuenta el entorno
internacional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Rosa.
Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor Guadix García por un tiempo de cinco minutos, más los tres minutos que la portavoz del Grupo Republicano le ha brindado.
El señor GUADIX GARCÍA (responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en Unicef España): Muchísimas gracias.
Ni con los ocho minutos da para contestar a todo, pero, para su tranquilidad, hemos hablado los compañeros y compañeras que vienen detrás y me consta que van a atender muchas de estas otras cuestiones. Un mensaje claro que quisiera poner
sobre la mesa es que la sociedad se ha organizado y ha conversado mucho para poder llegar con propuestas claras. Fruto de ello es el trabajo en el comité de personas expertas del Ministerio de Juventud e Infancia, en el que participé. Fue un año
larguísimo de trabajo intentando encontrar grandes consensos -ahí está el documento-, con medidas concretas: hay 107 medidas que se pueden poner en distintos ámbitos, -europeo, estatal, autonómico y local-. Podemos convenir que algunas de esas
medidas quizá ya estén desfasadas: en muchas partes, incluso en la ley, aspectos como la inteligencia artificial o la neurotecnología apenas aparecen, y son cuestiones que ya están aquí. Por tanto, es importante considerar cómo aportar esas luces
de media distancia.
Voy a intentar, aunque sea telegráficamente, pasar un poco por todas las cosas. Hablamos de uso intensivo porque, desde el punto de vista médico, no podemos hablar de adicción al móvil y a las redes sociales. Se habla de uso problemático.
Hablamos de uso problemático cuando se hace un uso diario de más de cinco horas y, lo que es más importante, cuando interfiere con otras cuestiones fundamentales para el desarrollo, cuando se deja de dormir, de estudiar, de comer, de estar con mi
familia o de estar con mis amigos por estar conectado en una espiral de consumo de contenido, básicamente de entretenimiento o de distracción. Esas son las peores formas de uso.
¿Una edad perfecta para entregar el móvil? Creo que no somos capaces de hacerlo si no conocemos cómo son nuestros hijos y nuestras hijas. Creo que hay una labor, y el compromiso que nosotros seamos capaces de establecer a la hora de
dárselo. Los modelos familiares son múltiples, los niveles de conocimiento son múltiples; creo que no hay una receta. Sería un error establecer límites para algunas cuestiones claras en ese sentido.
¿En otros países? Nosotros estamos muy preocupados, pero no sé si estamos mejor o peor que los 2600 millones de personas que están fuera de la sociedad digital en el mundo. Trabajamos en muchos lugares para que, precisamente, esta brecha
se acorte. Por tanto, entendemos cómo es la dimensión de nuestro problema. Estamos en un marco, el europeo, el cual considera a los ciudadanos como aquellos por los que tiene que velar toda su articulación. Es algo en lo que nos debemos apoyar.
Creo que España en este caso sí que está impulsando algunos de los procesos con un cierto liderazgo, intentando que no suponga un freno a la competitividad. Está intentando desarrollar algunas normativas para que en otros lugares también se
aborden. Porque la problemática en este caso es muy similar: la mayoría de los servicios, como bien decía, son globales y las compañías son multinacionales. Al final necesitamos unos espacios que nos aseguren todo este tipo de cuestiones.
El papel de las familias es fundamental. Hemos hablado con familias. Hemos hecho focus group, hemos trabajado con ellas, las hemos escuchado, igual que a los docentes, a los propios chicos y chicas,
a las compañías, al ámbito administrativo y al ámbito político, porque si algo hemos tenido en este periodo es diálogo y debate. Era fundamental tener una foto lo más completa posible para intentar encontrar una solución donde todos nos
veamos reflejados, porque todos los grupos de interés en esta cuestión tienen su punto de razón, por muy extremos que puedan parecer; existe una motivación, existe un dolor, existe una causa que merece la pena atender. Otra cosa es la plataforma
desde la cual les ofrezcamos las soluciones, y, como digo, esas soluciones tienen que ser integrales. Si solo nos centramos en la protección y no trabajamos la educación y la participación, estaremos generando niños y niñas sobreprotegidos,
incapaces de poder desenvolverse en otra sociedad. Quizá esto es menos visible, pero no significa que no atendamos las peores formas de vulneración de sus derechos en el corto plazo.
¿La pedagogía? Por supuesto que hace falta más inversión en una educación digital a la altura del reto que tenemos por delante. No se va a hacer con menos. Igual hay que organizar los recursos de otra manera. No se trata de meter un PDF
en una tablet, porque eso no es educación digital. Quizá hemos hecho eso en ocasiones y se hayan destinado importantes cantidades de financiación a adquisición de material que no hemos sabido cómo incorporar. Por tanto, es necesario que haya
formación continua destinada tanto al profesorado como a los nuevos profesionales del mundo educativo, porque necesitan entender cómo funcionan estas herramientas y las enormes potencialidades que tienen y también ser conscientes de qué riesgos
tienen aquellas que incorporamos, para que no haya una cesión de datos gratuita a terceros, para que no estén diseñadas con unos patrones adictivos, para evitar, en definitiva, que estemos incorporando en un entorno educativo, donde la protección se
da como suyo, un problema que luego podamos lamentar.
Como digo, las familias son superimportantes, pero, cuando nosotros les preguntamos si en la cena los padres utilizan el móvil, el 40 % nos decía que sí. ¿Eso qué implica? Implica que, cuando luego cruzamos eso con los riesgos, vemos que,
en las familias que no hay unas buenas pautas propias, todos los riesgos son superiores a las que sí las tienen, con lo cual ahí hay una labor. Las familias nos están pidiendo ayuda, y creo que nuestra labor y nuestra responsabilidad es darles esa
cobertura para que puedan elegir cómo hacen ese trabajo con sus hijos y establecer un marco lo suficientemente garantista para que incluso aquellas familias más desfavorecidas y con dificultades para ejercerlo puedan encontrar un lugar, como es la
escuela, donde compensar todos esos déficits que puedan encontrar en su formación.
¿Brecha de género? Sí, en casi todos los datos vemos que las chicas tienen peores indicadores de bienestar emocional, de integración social y bienestar con la vida. Tienen unas expectativas y una presión social por cómo se manifiestan en
redes. Son claramente las perjudicadas. Dentro de poco podremos presentar algunos datos nuevos que van un poco en esa línea y que a nosotros nos preocupan especialmente porque la sociedad digital nos devuelve problemas que tenemos en nuestra
sociedad y que no estamos sabiendo resolver. ¿Qué ocurre? Que la tecnología nos los devuelve aumentados, con más intensidad y en otra escala. Quizá no se resuelvan con una solución tecnológica, sino con una vertebración social más adecuada.
El tema de las adicciones sin sustancia. Como ya he dicho, sobre todo respecto a videojuegos y a juego online, sí que se habla de adicción y tiene un tratamiento como tal, pero también en el uso intensivo de las redes sociales comerciales.
Merece la pena empezar a hablar de redes sociales comerciales, porque tienen ese objetivo de recabar mi atención con la publicidad que soy capaz de absorber y de comerciar con mi tiempo y mis comportamientos. Pues sí, tienen un impacto realmente
importante.
Datos de grooming. Como dije, el 20 % de los chavales acaba teniendo contactos fuera de la red con personas que conoce anónimamente en la red. Hay que hablar con ellos y explicarles lo que hay y no parecer un paranoico, que es un reto: al
final, los que estamos más motivados trasladando mensajes de este tipo corremos el riesgo de parecer que no se puede salir a la calle. En definitiva, con esos mecanismos de ayuda y de atención, que las plataformas tienen que ser capaces de
incorporar, debemos ser capaces de ser ágiles en esas soluciones.
En resumen, tenemos que ser capaces de entender que chicos y chicas ya no distinguen la sociedad online de la offline, porque para ellos es una única entidad. Tienen una complejidad mayor que con la que nacimos nosotros -desgraciadamente
para nosotros en algunos aspectos, en otros igual no tanto-, pero necesitamos contar con su punto de vista para encontrar soluciones duraderas. Y, sobre todo, debemos fijarnos en todo aquello que suponga trabajar con las personas, porque la
tecnología va a evolucionar y muchos de los marcos que ya estamos estableciendo, como decía antes, van a caducar relativamente rápido y va a llegar otra tecnología disruptiva que nos descoloque un poco. Sin embargo, si somos capaces de definir ese
marco de valores y ese marco de convivencia, estaremos en mejores condiciones
para saber si ese salto tecnológico promociona los derechos o los desvirtúa. Ahí es donde tenemos que actuar. En ese sentido, como dije antes también, la sociedad ha hablado, con lo cual les devolvemos la papeleta de ser capaces de
responder a ese consenso y dar una solución a la altura del problema que estamos tratando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guadix García. Quisiera agradecerle nuevamente su presencia en esta comisión. Muchísimas gracias y buenas tardes.
- DE LA DIRECTORA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE SAVE THE CHILDREN (PERAZZO ARAGONESES). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000482).
El señor PRESIDENTE: La siguiente compareciente será doña Catalina Perazzo Aragoneses, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, a la que agradecemos su presencia en esta comisión.
Procedemos a darle la palabra. Seremos también generosos en el turno del cierre, como con el resto de los comparecientes.
La señora ?DIRECTORA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE SAVE THE CHILDREN (Perazzo Aragoneses): Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todas las diputadas y todos diputados que nos acompañan hoy. Es un placer poder comparecer y que hayan mostrado ese interés por las propuestas que tenemos desde Save the Children.
Al preparar la comparecencia y ver cómo aprovechar más estos diez minutos, pensaba en dónde poner el foco. Lo primero que pensé fue en darles datos para evidenciar la urgencia y la necesidad de atajar esta realidad, y podría darlos, porque
en Save the Children, igual que mencionaba el compañero de Unicef, llevamos muchos años trabajando y, por tanto, tenemos datos, como los de la última encuesta que realizamos: el 97 % de los jóvenes entre 18 y 21 años a los que preguntamos dijo que
habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en Internet cuando eran menores de edad; el 12 % de los adolescentes de 14 años pasa más de cuatro horas al día conectado a Internet o al móvil; el 33,5 % de los jóvenes había tenido contacto
de tipo sexual con una persona adulta en Internet. Pensaba dar estos datos, y podría dar muchos más, -se los hemos hecho llegar-, pero ¿hay que poner el foco en esto cuando ya está en la agenda pública, está en los debates, en la radio, en la
televisión, en las tertulias? Un ejemplo claro de que está en la agenda política también es que están ustedes trabajando en un proyecto de ley orgánica para abordar esta realidad. Por tanto, creo que no hace falta que me detenga en este aspecto.
Lo que tengo que hacer es hablar de las propuestas de enmiendas.
En Save the Children lo que intentamos es hacer propuestas de política pública, porque creemos que quienes realmente cambian la vida de los niños y las niñas para que sus derechos se cumplan son las políticas públicas, y se hacen aquí. Por
eso pensaba en centrarme en las propuestas de enmienda. Pero, como se las hemos hecho llegar, no voy a explicar superrápido cada una de ellas ni a citar los artículos que proponemos modificar, sino que voy a dedicar estos minutos a poner el foco en
cuáles son esas ideas y esas cuestiones a las que me gustaría que, de aquí a que se cierre el plazo de enmiendas, dedicaran un poco de tiempo a revisarlas. Son cinco cuestiones.
Nosotras, en Save the Children, acogimos el proyecto de ley con alegría porque vimos que se enfocaba en derechos. Además, se está trabajando en la Comisión de Justicia y es coproponente la de Infancia. Nos parece importante poner a la
infancia en el centro desde ámbitos que se consideran más serios, como el de la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid, donde he comparecido hace un par de meses y a la que prácticamente nunca nos invitan. Entonces, esta es una buena
ocasión.
Pero sí es verdad que nos gustaría que se reforzase el enfoque de derechos en el texto a través de cuestiones muy concretas que verán en las enmiendas. Una de ellas es la mención expresa a la observación general número 25 del Comité de
Derechos del Niño -es un enfoque que las organizaciones de infancia estamos poniendo sobre la mesa en cada ocasión que tenemos-, que dice que hay que proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. Hay un derecho que es la protección, pero
también todos los otros derechos de la infancia y la adolescencia se tienen que cumplir y hacer efectivos en el entorno digital: el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a la información veraz.
Una de las cuestiones en las que yo quería centrar la intervención hoy es la de la responsabilidad y la diligencia debida de las plataformas. Hay en el texto bastantes medidas en esta dirección, pero nosotros creemos que debería
incorporarse el principio de diligencia debida frente a contenidos y conductas que facilitan la explotación y la violencia sexual. Creemos que el que una empresa, una plataforma, tenga conocimiento expreso de que se está produciendo algún tipo de
comportamiento de este tipo y no siga una debida diligencia para detectarlo conlleva una responsabilidad penal; por eso, creemos que debería incorporarse esa referencia expresa en el texto. También creemos que tiene que haber un diseño responsable
y una rendición de cuentas algorítmica y que deberían abordarse las prácticas de captación que son adictivas y la publicidad dirigida a menores haciendo evaluaciones de impacto en la infancia de los productos digitales.
Por último, en lo que se refiere a las plataformas, hemos visto que la autorregulación y los códigos de conducta son un paso, pero no son suficientes. Creemos que sí que se tiene que promover la autorregulación y los códigos de conductas,
pero también creemos que deben ser evaluables, que debe haber compromisos de autorregulación con una evaluación periódica por una autoridad competente y con resultados que sean públicos. Es decir, creemos que tiene que haber una rendición de
cuentas con un organismo que se encargue de darle seguimiento.
El tercer bloque de medidas se centra en el Código Penal. Creo que antes se hablaba del derecho penal. Nosotras siempre hemos hablado del derecho penal como la última medida, pero que no sea la única, aunque en este caso sí que hay dos o
tres enmiendas que creemos necesario abordar y que implican reformar el Código Penal. Tienen que ver con la tipificación y terminología penal para poder proteger mejor a los niños y las niñas. Una de ellas trata una cuestión que creo que ya va
siendo hora de que resolvamos porque nos igualaría a otros países de nuestro entorno, y es la de sustituir el concepto pornografía infantil por el de material de abuso sexual de menores de edad, en el artículo 189.1 del Código Penal. En este caso
sí lo digo: el término 'pornografía' invisibiliza que se trata de una imagen de un abuso sexual contra un niño o una niña. Necesitamos alinearnos con los estándares internacionales y sustituir este concepto, porque las palabras sí que importan.
Y, también porque las palabras importan, proponemos ampliar la definición de simulación realista en el Código Penal. Como ya han visto, la tecnología ahora la permite y seguro que dentro de unos meses permitirá cosas incluso más
sorprendentes. Por tanto, creemos que hay que incluir imágenes con elementos ficticios que hagan reconocible a la persona menor en contextos sexuales o vejatorios, incluso si se trata de cuestiones oníricas o de dibujo animado tipo manga, es decir,
no tienen por qué ser únicamente realistas, sino que ese concepto se amplíe para que puedan entrar todas esas situaciones. Esto es clave ante esa IA generativa y los deepfakes. Por último, también en referencia al Código Penal y enlazando con el
primer bloque que señalaba respecto a la responsabilidad de las plataformas, creemos que hay que reforzar en el Código Penal que esta diligencia debida sea exigible y verificable en el contexto de la explotación sexual.
En cuanto al cuarto bloque de medidas, quería hacer hincapié en lo que tiene que ver con gobernanza y coordinación pública. En infancia y adolescencia vemos que hay muchas temáticas que les afectan y que hay muchos niveles en el ámbito
administrativo que tienen competencias. Por tanto, hay muchas autoridades y profesionales implicados. Por eso creemos que es importante la coordinación, poniendo en el centro los derechos de la infancia y la adolescencia. Este texto toca muchas
materias, con lo cual creemos que, para asegurar una correcta implementación de cara al futuro, tanto de la propia ley como si le sigue un reglamento o una estrategia, es necesaria la creación de una comisión interministerial para la protección de
las personas menores de edad en entornos digitales y para poder hacer una coordinación de las políticas, un seguimiento de la implementación, incluso, ¿por qué no?, una evaluación del impacto de las políticas que se pongan en marcha y una
adaptación de la norma también a la evolución tecnológica y a los riesgos que puedan ir surgiendo.
Por último, quiero mencionar una medida que, aunque creemos que está en el texto, considero importante ponerla de relieve: hay que invertir en herramientas para las familias, la infancia y la comunidad educativa. Tienen que estar
concienciadas, porque el entorno digital forma parte de la vida de todos y cada una de nosotras en mayor o menor medida. Todos somos conscientes del riesgo de la pornografía, pero también hay otros contenidos inadecuados, y por eso creemos que
tiene que haber formación y acompañamiento no solo a los niños y a las niñas, sino también a las propias familias y a los propios centros escolares para que pueda haber una ciudadanía digital responsable y también una educación afectiva o sexual
adaptada a todos los niveles educativos.
Termino. Sea la ley que sea, creo que lo importante es que vaya acompañada de un presupuesto y unas garantías que permitan su implementación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tendría la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Buenas tardes, presidente y señorías.
Simplemente intervengo para agradecer a la interviniente su comparecencia hoy aquí y las aportaciones que ha hecho Save the Children, que incluiremos desde nuestro grupo como enmiendas a este proyecto.
Siento no poder intervenir más porque estoy afónico.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
A continuación, tendría la palabra, en representación del Grupo Junts, la señora Pilar Calvo.
La señora CALVO GÓMEZ: Sí, una única qüestió, després d'agrair-li la seva presentació.
Vostè ha parlat de la responsabilitat i la diligència deguda de les plataformes i ha parlat de que no és suficient amb el tema d'autoregulació i codis de conducta, i ha comentat que seria necessari que fossin avaluables, que hi hagués una
rendició de comptes. De quina manera s'imagina vostè aquesta rendició de comptes? És a dir, ampliant una mica més, com pensen vostès que s'hauria de fer això?
Sí, una única cuestión después de agradecer su presentación.
Usted ha hablado de la responsabilidad y la diligencia debida de las plataformas y ha dicho que no era suficiente con lo que se refiere a la autorregulación en los códigos de conducta. También ha comentado que haría falta que esto fuera
evaluable, que hubiera una rendición de cuentas. ¿De qué cuentas se imagina usted esta rendición de cuentas? Es decir, amplíe un poco más cómo piensan ustedes que debería llevarse a cabo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tendría la palabra, en nombre del Grupo Republicano, la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gracias, presidente.
Solo una pregunta. He entendido que ya habíais enviado enmiendas a los grupos parlamentarios.
La señora DIRECTORA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE SAVE THE CHILDREN (Perazzo Aragoneses): Sí.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Vale, de acuerdo. Pues tengo algún problema porque no las tengo.
El resto del tiempo lo cedo, igual que antes.
La señora CALVO GÓMEZ: Jo també aprofito per dir-li a la compareixent que només tenim unes últimes esmenes però les primeres jo no les he rebut.
Yo también aprovecho para decirle a la compareciente que solamente tenemos unas últimas enmiendas, pero que las primeras no las hemos recibido.
El señor PRESIDENTE: Me informan de que se han hecho llegar a todos los miembros de la Comisión de Justicia. Puede ser que algunos de los que hoy intervienen en nombre de los grupos parlamentarios no pertenezcan a esta comisión y por eso
no tengan la documentación. Se las volveremos a mandar a los ponentes.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: No en mi caso: soy miembro de la comisión. ¿La documentación la habéis enviado como Comisión de Justicia o como Save the Children?
La señora DIRECTORA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE SAVE THE CHILDREN (Perazzo Aragoneses): Las dos.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Vale, pues las tuyas (señala a la compareciente) no las tengo y las tuyas (señala al presidente) no las he abierto.
Ya está, vale. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Como Comisión de Justicia, se ha enviado la documentación que se nos ha facilitado.
A continuación, tendría la palabra, en nombre del Grupo SUMAR, el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias, presidente. No voy a usar todo el tiempo tampoco porque lo importante es escuchar a los comparecientes y las comparecientes.
Gracias, Catalina. Nos vemos otra vez más en una ocasión tan importante para la protección a la infancia y a las jóvenes. Para nosotros, Save the Children es una entidad que merece, como todas las que trabajan en la infancia, toda la
escucha que se pueda hacer respecto a una cuestión legislativa. Estamos estudiando una a una las enmiendas y nos volveremos a reunir antes de que cierre el plazo.
Compartimos en esencia su intervención. La responsabilidad de las plataformas creo que es el debate central de esta ley, por eso nuestro espacio político la ha impulsado, porque pensamos que lo que tiene que hacer la Administración pública
es justamente legislar y poner límites para que el beneficio empresarial no sea negativo para la sociedad. Cuando es positivo, por supuesto que lo apoyamos, pero, en este caso, sabiendo la problemática y la preocupación que tiene la inmensa mayoría
de padres y madres, de familias y de personas de nuestro país, pensamos que esta ley va a ser fundamental.
Coincidimos en el tema de la rendición de cuentas y en que debe haber una evaluación constante de lo que la ley pueda ir regulando. Coincidimos también en que la parte del Código Penal es una parte muy importante de la ley. Lo de que las
palabras importan creo que es la clave. El propio wording de la ley tiene que estar bien pulido. Sabemos que es una ley bastante compleja, porque viene a regular los entornos tecnológicos. También es una ley pionera en Europa y, por eso, estamos
trabajando para que salga de la mejor forma posible y también desde el mayor consenso. Me parece importante que en este Congreso tengamos consensos para proteger a la infancia. Podemos tener diferencias estructurales en otras materias, pero en
infancia, también en el Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y otras cuestiones, se tiene que estar a la altura de la época en la que vivimos.
Le hago la misma pregunta que le he hecho al anterior compareciente. ¿Piensa que debería invertirse más en acompañamiento y educación pedagógica en entornos digitales? ¿Piensa que se debería trabajar más en ello? ¿Cómo ven el papel de las
empresas en esta cuestión? ¿Cómo ven la preocupación de padres y madres respecto al algoritmo?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tendría la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes.
Bienvenida de nuevo, señora Perazzo. Quiero incidir en algo para que sirva como autoevaluación de todos. Imagino que se sabía perfectamente quiénes eran los ponentes de esta ley en esta comisión, pero nos han llegado tarde las enmiendas,
las convocatorias... Me hubiera gustado leer sus enmiendas con más detenimiento, señora Perazzo, para poder debatir un poco con usted y preguntarle más. Aun así, las he estado mirando y le voy a hacer algunas preguntas sobre unas de las que tengo
dudas y luego alguna más que deseo que me responda.
En el artículo 9, ustedes proponen omitir la atención psicosocial inmediata y el asesoramiento jurídico por vía telefónica y línea 24 horas. En este sentido, me gustaría saber ?aunque entiendo el porqué, yo también la hubiera suprimido-
cuáles son los motivos por los que creen que se debe suprimir la atención psicológica y el teléfono 24 horas. Sé que en otras leyes de este Gobierno sí utilizan vías telefónicas para solventar problemas, por eso me gustaría saber por qué aquí las
suprime Save the Children.
Otra pregunta es sobre la enmienda número 11, cuando subrayan el consumo compulsivo o inadecuado de la pornografía. No sé si yo lo he entendido mal o si se puede mejorar la redacción, porque
no considero que exista un uso adecuado de la pornografía en una ley de protección del menor en el entorno digital. No sé si me lo puede aclarar.
Ahora, señora Perazzo, le quiero hacer el resto de preguntas, a ver si me las puede contestar. Primera, si considera que el proyecto de ley aborda realmente el riesgo digital, es decir, todo lo que tiene que ver con la adicción, con la
pornografía, que era en un principio el espíritu de esta ley y que, al final, hemos visto que ha ido derivando en otras cosas. Segunda, si por el ciberacoso se introduce realmente un control ideológico del contenido en Internet bajo pretextos de
protección. Tercera, ¿cómo valora que la ley traslade la responsabilidad del control parental a empresas tecnológicas en lugar de reforzar el papel educativo y formativo de los padres y de los equipos docentes de los centros educativos? Y, por
último, ¿qué medidas considera que deberían impulsarse para formar a los padres y a los tutores en el uso responsable de la tecnología en lugar de limitarse a instalar filtros digitales, que la ley dice que sea al principio de la configuración del
dispositivo? Tenemos dudas de que eso sea lo más eficiente.
Muchas gracias, señora Perazzo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Simplemente haré una matización, sin ánimo, por supuesto, de entrar en polémica. La comparecencia se efectúa en la Comisión de Justicia y, por lo tanto, los comparecientes comparecen en la Comisión de Justicia. Son miembros de la Comisión
de Justicia los designados por los grupos parlamentarios. La Mesa no sabe quién va a intervenir en ningún momento en nombre de cada grupo parlamentario; es más, no está cerrado el plazo de enmiendas aún y ni siquiera se tiene acceso a los nombres
de los ponentes. Se ha enviado a los grupos parlamentarios, pero simplemente para que tengamos conocimiento. Hago esta matización en el sentido de aclarar el funcionamiento de la Mesa y de la comisión.
Sin más, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la señora Plaza.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora Perazzo que comparezca en esta comisión y, sobre todo, por hacerlo con tanta claridad como lo ha hecho. También quiero reconocer el trabajo constante que realizan desde hace tantos años en
defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Además, gracias a voces como la suya, el Gobierno y esta Cámara han puesto sobre la mesa debates que ya no podían esperar más, como la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes
en los entornos digitales. Vivimos en un tiempo de grandes avances en los entornos digitales y la vida digital y vida la presencial ya no se distinguen, son una sola. Internet no es ya un espacio aparte, es el lugar donde nuestros niños y nuestras
niñas aprenden, se relacionan, se divierten, pero también donde pueden sufrir. Por eso esta ley nace con un espíritu muy claro: no se trata solamente de proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes, sino también de empoderarlos en las redes.
Save the Children lleva años alertándonos sobre los efectos de la exposición temprana a páginas de contenidos para adultos, del acoso escolar trasladado a las redes sociales o de los riesgos de las adicciones digitales. Esta ley recoge ese
diagnóstico, propone una mirada integral que actúa en la infancia, la educación, la salud, la justicia y los derechos sociales; en definitiva, es una ley transversal, como bien han dicho, que afecta a varios ministerios. Asimismo, protege a los
menores de edad de los riesgos en los entornos digitales, pero también garantiza, como bien ha dicho usted, los derechos de estos menores: garantiza el derecho a una educación digital, el derecho a la seguridad, el derecho a ser acompañado o
escuchado, el derecho a crecer en un entorno libre de violencia y de manipulación. Y quiero poner en valor el trabajo que ha realizado el Gobierno de España al impulsar esta ley, que creo que es una ley pionera en Europa y que sitúa a los menores
como sujetos activos de derechos digitales. No estamos hablando de limitar su libertad, sino de darles las herramientas para ejercerla con seguridad y con autonomía.
En este sentido, quiero formularle unas preguntas. En primer lugar, hemos detectado cómo se ha querido instalar la idea de que esta ley restringe libertades cuando en realidad hace todo lo contrario: garantiza los derechos de la infancia
en los entornos digitales. Querría saber qué opina al respecto, desde su experiencia, y cómo podemos transmitir a la sociedad ese mensaje positivo de cambio de paradigma que convierte la protección en garantía de libertad. En segundo lugar, el
último año se ha alertado desde distintos ámbitos del riesgo que suponen las llamadas cajas botín o los sistemas de recompensa de videojuegos, que generan conductas adictivas y gastos impulsivos en los menores. ¿Consideran que la regulación
prevista en esta ley, que promueve la transparencia, la supervisión y la educación digital, va en la dirección adecuada para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes, sin demonizar la tecnología?
Para finalizar, quiero agradecer el compromiso, la firmeza y la mirada constructiva que tiene Save the Children. Estamos convencidos de que entre todas y todas estamos construyendo un marco legal para que los niños y niñas estén seguros en
las redes y, además, tengan garantía de derechos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Plaza.
A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Rosa.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Perazzo, por su comparecencia. Estamos valorando sus enmiendas en el Grupo Popular de forma detenida y le agradecemos todo su esfuerzo en su presentación. En el Grupo Popular también valoramos sus informes, sus
estadísticas, porque nos ayudan mucho a entroncar muchos aspectos, no solamente el de la protección del menor en el ámbito digital. Por lo tanto, le damos la enhorabuena por el trabajo que está realizando su organización.
Nosotros, desde luego, coincidimos con ustedes en muchas de las cuestiones que ha planteado. Consideramos, sobre todo, que la recogida, el tratamiento y la filtración de datos personales de los menores constituye un riesgo fundamental, y
aquí venimos a trabajar en la protección del menor para que esté absolutamente protegido -permítame la redundancia- en el ámbito digital, porque consideramos que no podemos dejar que los menores estén siendo objeto de destrucción y de limitación de
derechos. Por eso, le agradecemos sus enmiendas, porque van en esa dirección, sobre todo en la de la reforma del Código Penal.
Nos gustaría que continuara en su reflexión y nos dijera cuál es su opinión respecto al derecho de rectificación, de supresión y de limitación en favor del menor, es decir, cómo se cohesionan los derechos. En este caso, deben primar siempre
los derechos del menor, porque así lo establece el interés del menor, uno de los principios fundamentales rectores de nuestro ordenamiento jurídico. Las redes sociales, por tanto, son un lugar de interacción y pensamos que deben ser objeto de
limitación y, sobre todo, tener un enfoque dirigido a evitar riesgos de acoso, de difusión no autorizada de información personal, de exposición a contenidos inapropiados o de contactos maliciosos con adultos. Todo eso es ámbito de protección. En
este caso, coincidimos con lo manifestado por el Grupo Socialista, porque, efectivamente, esta ley no tiene que ser vista como una ley restrictiva, sino como una ley de derechos, de protección de los menores en el ámbito del interés supremo del
menor, repito.
Puesto que ustedes ya han reflexionado sobre este tema, también nos gustaría que nos dijera cómo podemos efectuar esa restricción del acceso a las redes sociales, si es necesario establecer unos límites de edad, unos límites de horario, y si
debe existir una política clara de privacidad y protección especial de los menores en el ámbito de las plataformas. También nos ha parecido muy interesante la figura de la autorregulación y la autoevaluación periódica. ¿Debería ser una comisión
interdepartamental, como usted ha dicho, o un organismo autónomo el que realice esa vigilancia? ¿Debe depender del Gobierno o, por ejemplo, del Poder Legislativo? ¿O incluso del Poder Judicial, y hacer esa regulación a través de la Fiscalía de
Menores, en el Tribunal Supremo? En definitiva, quién debe efectuar esa regulación. Los menores, como usted ha manifestado, están expuestos a fraudes digitales, a phishing y a tácticas usadas para obtener información personal e incluso financiera
con fines ilícitos. Todo eso nos preocupa y queremos, sobre todo, que usted nos ayude a hacer esta ley para que sea, efectivamente, un instrumento con el que podamos proteger a nuestros menores, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que es lo
importante.
Termino. Sobre todo, nos gustaría que incidiera en esa figura del organismo autónomo o independiente y en cómo la enfocaría, porque nos puede iluminar. También quiero agradecerle todo el trabajo que están realizando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Rosa.
A continuación, tiene la palabra la compareciente para contestar.
La señora DIRECTORA DE INFLUENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE SAVE THE CHILDREN (Perazzo Aragoneses): Muchas gracias.
Lo primero que quiero hacer es una aclaración respecto a las enmiendas. Nosotros, como Save the Children, hemos hecho envío de las enmiendas, si no me equivoco, antes del verano a todos los grupos.
Y ahora, aprovechando que veníamos, las hemos mandado también a través de la comisión. Es un documento con una exposición de motivos y una tabla que va explicando por qué es cada cosa, lo digo por si acaso. No obstante, lo podemos hacer
llegar de nuevo y estamos dispuestas y disponibles para reunirnos y para lo que haga falta.
Quiero dar las gracias también por todos los comentarios sobre la organización. La verdad es que para nosotras es un placer poder elevar temas y hacer propuestas.
Y ahora, voy a intentar dar respuesta a todo.
En primer lugar, el tema de las plataformas. Nosotras, desde un punto de vista más protector, creemos que debería haber conductas con su correspondiente sanción asociada. Entendemos que, en el contexto actual y tal y como está el sector,
quizás es más sencillo seguir abogando por la autorregulación y por los códigos de conducta. Pero creemos que no puede ser tal y como están ahora, porque no puede depender solo de la buena voluntad o de lo que se cuente sobre si se ha cumplido o se
ha dejado de cumplir. Por eso proponíamos que hubiese algún tipo de organismo, pero, señor De Rosa, me temo que no hemos reflexionado sobre qué figura específica puede ser. Sí creemos que tendría que ser un organismo público el que diese
seguimiento a ese cumplimiento o incumplimiento de los códigos de conducta, y que se pueda hacer esa evaluación, que sea pública y que tenga consecuencias, al menos, para que tengan que subsanarlo o darle continuidad.
En segundo lugar, creemos que la responsabilidad tiene que ser compartida. No podemos decir que la responsabilidad es únicamente de los niños y de las niñas, que hacen un mal uso de las tecnologías; o de las familias, que no les saben
decir qué está bien y qué está mal. Además, ya nos han dicho las familias que no saben y que no tienen herramientas suficientes para hacer esa labor. Las empresas también tienen una responsabilidad. Creemos que los niños y las niñas no estaban
cuando empezó el entorno digital, no estaban incluidos en el momento en que se diseñaba y siguen sin estarlo. No se tiene en cuenta la protección de sus derechos y el cumplimiento de estos cuando se lleva a cabo este tipo de prácticas.
Respecto a lo que me preguntaba el Grupo Socialista en relación con los videojuegos, las cajas botín y demás, nosotros hicimos un informe ?va a hacer ahora un año- en el que precisamente se observaba que los propios adolescentes no veían un
riesgo. Los juegos online no los asocian a los riesgos del uso de la tecnología o de Internet. Sin embargo, los expertos, sobre todo en el ámbito sanitario, hablan de esa adicción que se genera y de cómo hay distintas prácticas, como pueden ser
los retos que hacen los influencers, las microtransacciones en los videojuegos o esos pequeños premios, que lo que hacen es que se enganchen los chicos y chicas y que no puedan dejar de jugar. Y esto tiene mayores consecuencias a largo plazo. Con
lo cual, consideramos que es fundamental regular eso.
Me preguntaban respecto a las edades, a los horarios y, en general, a las herramientas para las familias. En Save the Children llevamos mucho tiempo trabajando en este tema, como decía, pero también hemos querido ver buenas prácticas e,
incluso, hemos hecho proyectos de ciencias del comportamiento para ver cuáles son las razones por las que una persona se comporta de determinada manera. Esto se utiliza en muchos casos, incluso se utilizó, si no me equivoco, en el metro de Londres
para ver cómo se podía hacer para que la gente fuese por el lado correcto en las escaleras mecánicas. Nosotros lo hemos utilizado para ver qué estaba ocurriendo con la violencia en el entorno digital y hemos diseñado unas herramientas con los
chicos y las chicas y con los profesores para que estos últimos las puedan utilizar durante sus horas de tutoría y ver cómo atajar la violencia que tiene lugar en el entorno digital entre adolescentes. Es decir, con la figura del testigo, que
siempre es tan importante, que se pueda detectar cuando son agresiones machistas y demás. Comento todo esto para decir que no se trata de esta herramienta en concreto, sino que se pueden hacer muchas cosas todavía. Es decir, hay muchas cuestiones
que no solamente van a estar en la ley, esta va a ser al final un marco que luego se va a tener que desarrollar y ahí tiene que haber cabida para trabajar con la comunidad educativa al completo y con los niños y con las niñas para poder diseñar las
mejores herramientas, las que sean más efectivas.
En todas nuestras investigaciones -tenemos muchas- al final aparecen dos cuestiones: una es la educación en ciudadanía digital responsable. Esta es una parte, y no solo en casa, sino que en la escuela esto tiene que ser transversal. Igual
que antes en clase de Lengua uno de los temas era cómo escribir una carta y ahora es cómo escribir un e-mail -yo lo sé porque lo veo con mis hijos-, también tiene que haber otra serie de contenidos que atraviesen el currículo educativo dirigidos a
prevenir sobre los riesgos y a hacer un uso correcto de las tecnologías. Y la otra cuestión es la educación afectivo-sexual, que no la podemos desligar del entorno digital igual que no la desligamos del mundo físico. El último informe que
hicimos fue sobre explotación sexual en Internet -vamos a sacar otro solo sobre la cuestión de OnlyFans en noviembre- y se nos ponen los pelos de punta. La desigualdad de género atraviesa la tecnología y el entorno digital y la violencia
sexual también. Entonces, necesitamos niños, niñas y adolescentes preparados para hacer un consumo responsable del entorno digital.
Sobre la pornografía, cuando hablamos de ella en las enmiendas, nos referimos a la necesidad de que haya un pensamiento crítico y que los chicos y las chicas sean capaces de saber cuándo un contenido no está bien y cuándo tienen que ir a
buscar ayuda. Para nosotras, las familias son claves. Tenemos que dar herramientas a las familias para que se generen relaciones de confianza. Para nosotras es más importante que una chica sepa cuándo la está contactando un adulto para
aprovecharse de ella en Internet, el grooming, y que pueda ir a su familia, pueda hablar con ellos y que tengan herramientas para saber cómo proceder. Eso es fundamental.
Y, por último, respecto a la reflexión sobre el interés superior del niño, no puedo estar más de acuerdo. Interés superior del niño, artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Ley Orgánica, hago énfasis ahí, porque
parece que estamos todavía en que se trata de un principio así general y un concepto indeterminado, pero no, ya no lo es. Desde la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño, es un derecho, un principio interpretativo y una
norma de procedimiento que en España la hemos incorporado en la parte orgánica de la ley de infancia. El artículo es claro: cuando hay que tomar una decisión, hay que valorar todos los derechos que están afectados, priorizando que se cumpla el
mayor número de derechos del niño o de la niña en cuestión. Entonces, si tenemos que restringir el derecho a la libertad de expresión de una persona adulta para que un niño o una niña esté protegido, habrá que hacerlo. El espíritu de esta ley yo
entiendo que es proteger, precisamente, el interés superior del niño.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos nuevamente su presencia en esta comisión y muchísimas gracias por su intervención. (Pausa).
- DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL DE TELECOS.CAT (ARNÓ TORRADES). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000483).
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la comparecencia del tercer compareciente, don Ramón Arnó Torrades, presidente de la Comisión de Sociedad Digital de Telecos.cat.
Agradecemos su presencia en esta comisión y, sin más preámbulos, le damos la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL DE TELECOS.CAT (Arnó Torrades): Buenas tardes, señorías.
Doy las gracias a sus señorías por el rato que dedicarán a escucharnos; a Pilar Calvo de Junts per Catalunya, por habernos propuesto; y a Telecos.cat, que es la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones, por darnos la
oportunidad de poder apuntar dos bloques que entendemos que son trascendentes en la tramitación de esta ley tan importante para nuestros hijos, para los menores de edad.
Voy a hablar rápido porque, como abogado en ejercicio, estoy acostumbrado a hablar muy rápido. Imagino que la comparecencia se graba. Básicamente, voy a exponer dos bloques de cuestiones que entendemos que son trascendentes. El primero es
la tipificación del acoso escolar y del ciberacoso. Evidentemente, el acoso escolar y el ciberacoso están tipificados en el Código Penal español de una forma genérica, pero creemos que merecen un estatuto jurídico concreto. Después hablaré de otra
cuestión que ya se ha planteado durante las intervenciones del resto de los ponentes, que hemos estado escuchando: lo que se conoce como la patria potestad digital. Hablamos de llevar esa patria potestad que viene del derecho romano y que todos
ejercemos como progenitores al mundo digital. Esto supone incorporar dentro de ese concepto de patria potestad digital tres instituciones como son: reconocer de nuevo el derecho de corrección, que, como sus señorías saben, desapareció del Código
Civil, pero la jurisprudencia ya ha reconocido que existe el derecho de corrección; reconocer el derecho de los progenitores a acceder a los dispositivos digitales de sus hijos menores de edad, que también jurisprudencialmente ?como veremos- está
reconocido, pero no hay ningún texto normativo que así lo reconozca; y, finalmente, el llamado contrato digital parental. Veremos que tanto la Asociación Española de Privacidad como la Asociación Española de Pediatría han planteado un marco
contractual. No estamos
diciendo que las relaciones paternofiliales deban contractualizarse de forma extensiva, pero entendemos que ese marco contractual tiene cierto sentido.
En cuanto a la tipificación del acoso escolar y del ciberacoso, en estos momentos cuando hay un caso de acoso escolar o ciberacoso, nuestro Código Penal, evidentemente, tiene una respuesta jurídica: el artículo 173, aunque se opta a veces
por otras soluciones como ir a la vía del delito de lesiones, amenazas, coacciones, injurias. Lo cierto es que nuestro Código Penal, el Código Penal español del año 1995, el vigente, ya reconoce cuatro tipos de acoso: el acoso general, que es el
que se utiliza en un caso de acoso escolar o ciberescolar; el acoso sexual; el acoso laboral; y el acoso inmobiliario. Pero no existe un estatuto jurídico concreto que regule el acoso escolar, conocido como bullying, ni el ciberacoso escolar,
conocido como ciberbullying. Entendemos que esta deficiencia histórica debe corregirse para otorgar mayor seguridad jurídica y dar respuesta a un fenómeno que por desgracia existe y de forma diaria vemos en los medios de comunicación, que precisa
urgente resolución a nivel legislativo. Esa sería la primera propuesta: la tipificación del acoso escolar y del ciberacoso de forma específica con un marco jurídico desde el punto de vista penal.
El segundo bloque es la patria potestad. No hace falta recordar a sus señorías que la patria potestad es una institución jurídica que viene del derecho romano entendida inicialmente como un derecho subjetivo al paterfamilias y ahora
reconocida como esa potestad para proteger el interés superior del menor. Es una función tuitiva obligatoria, de ejercicio obligatorio por parte de los progenitores hacia sus hijos menores de edad; es una institución que es imprescriptible,
intransmisible e irrenunciable, es decir, no se puede delegar en un tercero; y el límite de ese ejercicio de la patria potestad es precisamente el interés superior del menor. Por eso, cuando existe un exceso por parte de los progenitores en ese
ejercicio de la patria potestad existe un límite penal. Veremos alguna resolución, si tenemos tiempo, donde no siempre ese ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores es adecuado y cuando hay una extralimitación el Código Penal
claramente responde.
Llevado esto al mundo digital, la doctrina habla de la patria potestad digital como ese conjunto de deberes que por parte de los progenitores tiene la finalidad de proteger a sus hijos menores de edad en el entorno digital, lo que supone
encontrar un punto de equilibrio entre ese ejercicio de la patria potestad en el mundo digital y el necesario reconocimiento de los derechos de nuestros hijos menores que, como sabemos todos, existen en su intensidad, pese a que exista una
diferencia de edad. Es lo que en crianza digital se reconoce como establecer todo un conjunto de reglas y promover habilidades digitales que, insistimos, encuentren ese punto de equilibrio para llevar lo que es la patria potestad de toda la vida a
ese entorno digital. Entendemos que hay que reinterpretar la patria potestad y llevarla al mundo digital y eso a través de tres instituciones. No haremos referencia a todo el conjunto normativo existente, pero sí al artículo 5 de la ley del menor;
una ley del año 1996 muy interesante desde el punto de vista de la protección del menor. Es una ley muy potente que, en su artículo 5, claramente nos dice que esa función protectora y tuitiva por parte de los progenitores y de las instituciones en
general hacia los hijos menores de edad debe llevarlos a identificar situaciones de riesgo y darles estrategias. Esa es la clave, señorías. Es decir, la educación dirigida a nuestros hijos e hijas menores de edad tiene que tener una función para
que ellos, de forma independiente, identifiquen los riesgos. No vamos a estar toda la vida detrás de nuestros hijos, al lado de los ordenadores y yendo por la calle cogidos de la mano, sino que habrá un momento en el que, evidentemente, tendrán que
ir solos por el mundo y en ese momento, si les hemos educado para que detecten los riesgos de forma autónoma y sepan responder de forma autónoma, habremos conseguido sin duda esa protección.
De las tres medidas que hemos apuntado al inicio sobre ese estatuto jurídico de la patria protesta digital, la primera es el derecho de corrección. Insistimos, si sus señorías recuerdan el trámite histórico de la modificación del Código
Civil, hasta el año 1981, el Código Civil Español permitía corregir y castigar a los hijos menores de edad; en el año 2008, solo corregir moderadamente; y, en este momento, legalmente, con el Código Civil en la mano, ni corregir ni moderar. No
obstante, es cierto que tanto la legislación catalana como la aragonesa, desde los años 2010 y 2011, lo reconocen explícitamente. En el caso de Cataluña, la Ley 25/2010 dice: los progenitores, con la finalidad educativa, pueden corregir a los
hijos menores de edad de forma proporcionada, razonable y moderada. En el caso del derecho aragonés, lo mismo: corregirles proporcionadamente, razonablemente y nunca con sanciones humillantes, evidentemente. Es obvio que el ius corrigendi excluye
el castigo físico en todo caso y tiene esa facultad educativa, necesaria, proporcional y razonable. Esta propuesta de modificación ya se incluye en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Mi ponencia la voy a compartir posteriormente, con
lo cual podrán
ver el conjunto de resoluciones a las que haré referencia. El Tribunal Supremo ha dicho en una sentencia del año 2022 que debe considerarse que el derecho de corrección sigue existiendo como necesario para la condición de la función de
educar inherente a la patria potestad contemplada en el artículo 39 de la Constitución. Es una sentencia del año 2022 cuando, insisto, en el año 2008 desapareció el ius corrigendi. Ese ius corrigendi puede incluir, por qué no, la posibilidad de
requisar el móvil. Es decir, no estamos solo hablando de un ius corrigendi de forma genérica, sino que creo que los progenitores tenemos que tener un conjunto de herramientas jurídicas para encontrar ese punto de equilibrio a la hora de educar a
nuestros hijos en el entorno digital.
Segunda medida, reconocer el derecho de los progenitores a controlar los dispositivos digitales de sus hijos menores de edad. Hay una sentencia muy conocida del año 2015 -ya les daremos copia de mi presentación para que la tengan a mano,
pero que podemos citar- del Tribunal Supremo, de 10 de diciembre del año 2015; el ponente fue don Antonio Torres del Moral. Se trata del caso de un acusado que, a través de una red social, contacta con diferentes menores. La madre de una de las
menores sospecha de una situación de riesgo, decide abrir los mensajes privados de su hija menor de edad, acredita ese hecho delictivo, presenta denuncia a los Mossos d'Esquadra y termina con una condena tanto en la Audiencia Provincial como en el
Superior de Justicia como en el Tribunal Supremo. Y esta sentencia, que es muy didáctica, apunta cuestiones que creo que deben incorporarse en ese marco jurídico de protección y de herramientas para los progenitores. Evidentemente, los menores de
edad tienen derecho a la intimidad, cómo no. Después, nos encontramos con que muchas veces los acusados, los delincuentes, se erigen en protectores de los derechos fundamentales de los menores. A partir del momento en que dicen que tienen contacto
con ese menor de edad -como delincuente- y una tercera persona -el padre o la madre- accede a esos contenidos y a esos mensajes, esa prueba puede llegar a ser nula. Imaginen el nivel de progresión del propio acusado, que se defiende acusando al
padre o a la madre de interferir en esas comunicaciones.
El Tribunal Supremo ha dicho claramente que no, que la madre no es un tercero, evidentemente, y que está obligada a actuar. Ha dicho que, ante una situación de riesgo, como titular de la patria potestad tiene que actuar. Y cuando el
ordenamiento jurídico otorga a los progenitores un conjunto de facultades de control y de vigilancia, a la vez les tiene que dar un estatuto jurídico que les permita acceder. Y en esa línea, hay una circular de la Fiscalía General del Estado, la
Circular 5/2019, que literalmente dice: 'El ejercicio de la patria potestad por los padres les confiere también a estos una facultad de control sobre la intimidad de sus hijos menores que puede traducirse en el acceso y registro legítimo de sus
datos íntimos, pudiendo llegar a generar prueba valorable'.
No haremos referencia al resto de sentencias donde padres y madres acceden a dispositivos de sus hijos menores -algunos con mayor o menor éxito- para poder dedicar los últimos segundos que nos quedan a la tercera medida, que es ese contrato
digital parental. Como ustedes conocen, la Agencia Española de Protección de Datos junto con la Asociación Española de Pediatría propusieron hace un año un contrato digital parental. En la página web tienen un modelo muy interesante. Y tiene
mucho interés que haya participado la Asociación Española de Pediatría porque, en la proposición de ley de la que estamos hablando hoy en esta sala, los pediatras tienen una función tuitiva muy trascendente. En el contrato digital parental la
propia Agencia Española de Protección de Datos junto con la Asociación Española de Pediatría nos hablan de una vía para elaborar la estrategia digital de nuestros hijos en Internet. Es más sencillo -nos dicen- establecer hábitos de vida saludable
que modificar aquellos que se han establecido. Y -por qué no- quiero recomendar la posibilidad de que se incluya en este tapiz legal, no digo algún modelo, pero sí alguna vía que permita no tanto contractualizar las relaciones paternofiliales como
empezar a dar voz a nuestros hijos para que, de forma consensuada, podamos regular y establecer un marco, una estrategia digital conjunta. Porque todos sabemos que, si ellos participan en la definición, en la redacción y en la ejecución de esa
estrategia digital a través del contrato digital, posiblemente a la hora de cumplir ese contrato -una de las dificultades que tenemos hoy en día es precisamente la de establecer normas y exigir su cumplimiento- seguramente vamos a encontrar una
respuesta adecuada y equilibrada.
Termino con una cita del preámbulo de la Declaración de Derechos del Niño de la Asamblea General de la ONU, que dice literalmente: 'La humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle'.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Arnó.
A continuación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, la señora Vallugera.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Sí, gràcies.
Ho comentàvem fa uns moments quan ens hem trobat a fora. Compartim gran part de la visió de l'exposició que ha fet el que. A mi em preocupa és com preparem els pares, perquè això d'alguna manera parteix de la idea que els pares poden
exercir aquesta funció parental perquè estan preparats per fer-ho, perquè tecnològicament són competents, perquè entre cometes digui-li moralment i èticament, també estan preparats. I, per tant, el discerniment entre els continguts que toquen i els
continguts que no toquen són més o menys evidents. Però jo dubto que tinguem unes famílies amb aquesta situació. La pregunta és com li diem a un pare o una mare? Especialment si la mare forma part o és la cap d'una família monoparental, que
treballa dotze hores diàries i que amb prou feina veu els nanos, que quan arriben no sé quina hora de fer, no sé quantes coses per a les quals, per cert, s'ha d'haver preparat i que a més a més ha de configurar el mòbil dels seus fills amb aquesta
necessitat de protecció que totes les famílies segur que comparteixen, que no totes entenem igual i que no totes, o molt poques, estan preparades per fer-ho des de la perspectiva dels aprenentatges i de les competències.
Aleshores, el que m'agradaria és que entre tots plegats féssim un tipus de legislació que fos aplicable. Perquè si fem una legislació que parteix d'uns pares amb una competència més alta que la dels propis legisladors, com aquell qui diu,
per ser pares, anem malament. I és un aspecte que voldria recalcar aquí i ja està. Com ho faríeu? Com compartir amb competència aquests pares. Si no van ni a les escoles els pares. Si no...
Sí, gracias.
Lo comentamos hace un momento cuando nos hemos encontrado fuera, que compartimos gran parte de la misión de la exposición que ha hecho. A mí lo que me preocupa es cómo preparamos a los padres, porque esto de algún modo parte de la idea de
que los padres pueden ejercer esta función parental porque están preparados para hacerlo, porque tecnológicamente son competentes, porque moral o éticamente también están preparados. Y, por tanto, el discernimiento entre los contenidos que
corresponden y los que no, es más o menos evidente. Pero yo dudo de que tengamos unas familias en esa situación. La pregunta es cómo le decimos a un padre o una madre -sobre todo si es la cabeza de una familia monoparental que trabaja doce horas
diarias y que apenas ve a los niños- que cuando llega no sé a qué hora debe hacer no sé cuántas cosas para las que tiene que haberse preparado y que, además, tiene que configurar el móvil de sus hijos con esa necesidad de protección que todas las
familias seguro comparten, aunque no todas entendemos igual y no todas o muy pocas están preparadas para hacerlo desde la perspectiva de los aprendizajes y de las competencias.
A mí lo que sí me gustaría es que entre todos hiciéramos algún tipo de legislación que fuera aplicable. Porque si hacemos una legislación que parta de unos padres con una competencia más alta que la de los propios legisladores para ser
padres, entonces vamos mal. Y es un aspecto que quería recalcar aquí. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríais que fueran competentes estos padres si no van a ir a esa escuela los padres?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario SUMAR, señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Molt breu, agrair-li la seua compareixença.
Hem escoltat atentament tot el que el que ha proposat. Em sembla molt interessant la visió proteccionista de la tecnologia i ens agradaria també si poguera ser que grups parlamentaris ens farà aplegar documentació respecte a la llei, i a
l'opinió de les esmenes que puguen tindre, i voldria fer la pregunta respecte al tema de la tecnofòbia i de com veu la capacitat d'articular un missatge proteccionista davant del perill que té la tecnologia i alhora, com poder també evitar no caure
en una visió completament pessimista de la tecnologia. Tenint en compte que el nostre grup veu que les ferramentes tecnològiques són bones sempre i quan puguen fer-se servir bé i en este cas amb lleis que ho facen possible.
Moltes gràcies per la compareixença i escoltarem atentament.
Muy brevemente, quiero agradecerle su comparecencia.
Hemos escuchado atentamente todo lo que ha propuesto. Me parece muy interesante la visión proteccionista de la tecnología. Y nos gustaría también -si pudiera ser- que los grupos parlamentarios pudieran recoger información respecto a la ley
y a las enmiendas que podamos tener. Y querría hacerle una pregunta respecto al tema de la tecnofobia y de cómo ve la capacidad de articular un mensaje proteccionista frente al peligro que tiene la tecnología y, al mismo tiempo, cómo podemos evitar
caer en una visión completamente pesimista de la tecnología, teniendo en cuenta que nuestro grupo ve que las herramientas tecnológicas son buenas, siempre y cuando se puedan utilizar bien y en este caso con leyes que lo hagan posible.
Muchas gracias por su comparecencia. Le escucharemos atentamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Grupo VOX tiene la palabra la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes y bienvenido, señora Arnó.
Tengo una serie de dudas y me gustaría compartirlas con usted. Me ha parecido muy importante la introducción que ha hecho en cuanto al acoso escolar porque es verdad que las noticias tristemente no cesan. De hecho, nuestro grupo
parlamentario presentó a comienzos de esta legislatura un plan nacional contra el acoso escolar para unificar criterios y protocolos y desgraciadamente la izquierda votó en contra. Creemos que es muy necesario que se unifiquen los protocolos para
que no haya diecisiete protocolos en nuestro país y podamos atajar este problema que es una lacra y una amenaza para todos nuestros menores.
Una de las cuestiones por la que a nosotros no nos parece que la ley tenga mucha transparencia es porque creemos que la patria potestad digital recae más sobre la industria y quién va a regular estos códigos de conducta. Y, teniendo en
cuenta que un código de conducta son normas, principios y valores que generan y que adecuan un tipo de comportamiento, nos preguntamos si cree usted que existe la posibilidad de que estos códigos de conducta conlleven quizá la imposición de
principios ideológicos por parte de quien diseña y quien redacta la norma, en este caso, el Gobierno. ¿Podría usted asegurar que existe cien por cien de imparcialidad con esta ley a la hora de crear códigos de conducta? Ha hablado usted del Código
Penal. En el Código Penal se pretende tipificar estas ultrafalsificaciones generadas por la inteligencia artificial, que afectan tanto a los menores como a los mayores de edad. El artículo 173 bis -creo que usted lo ha nombrado previamente-, que
se pretende incluir en el Código Penal, debería formar parte de otro proyecto legislativo. No sé si usted contempla esta cuestión.
En relación también con el mencionado artículo, resulta curioso que en la ley no se tipifique como delito la creación del contenido, pero sí la difusión, la exhibición, la cesión de la imagen corporal, el audio de voz generada, modificada o
recreada mediante sistemas automatizados del software o algoritmo, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real cuando simula situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias. No sé si ustedes han contemplado
presentar una vía que busque tipificar como delito dentro de esta norma la creación de contenido.
Finalizo mi intervención preguntándole, señor Arnó, ¿qué garantías existen de que la verificación de la edad no se utilice para identificar políticamente a usuarios o restringir opiniones disidentes? Y ¿qué implicaciones de seguridad o
privacidad puede tener que un menor dependa de una aplicación que sea gestionada por grandes corporaciones tecnológicas, como previamente la introducía en esta cuestión?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Maldonado.
La señora MALDONADO LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, le quiero dar las gracias como parte del Grupo Socialista al compareciente por explicar su punto de vista sobre esta ley, que comparto con usted: el interés superior del menor es el que tiene que prevalecer en todo momento
en la norma. Por eso, esa importancia de la protección de los menores en el entorno digital, desde nuestro punto de vista, tiene que ser exactamente igual que en el entorno no digital. Tendemos a pensar muchas veces que existen dos mundos, el
mundo digital y el mundo real, cuando en realidad solamente existe uno. Creo que es uno de los grandes pasos que tenemos que dar también como
sociedad. Esta ley intenta tipificar nuevos delitos en el Código Penal, que muchas veces ya están tipificados, como usted ha explicado, en los entornos analógicos.
Usted hacía también referencia a un segundo apunte que es la patria potestad digital. Me llama la atención que el grupo de la interviniente que me ha precedido, el Grupo VOX, presentase una enmienda a la totalidad a esta ley, que no fue
apoyada por ningún grupo parlamentario -por suerte-, y que siempre hacen alusión a la negativa de esta ley, porque dicen que solamente los padres son los que tienen el derecho a decidir sobre sus hijos. Yo creo que el interés superior del menor, en
esa afirmación, no queda para nada reflejado. Cuando hablaba usted de la patria protestad digital, yo hacía una reflexión, y es que estoy convencida de que el 99,99 % de los padres o tutores legales de menores tienen como fin último preservar la
intimidad, el honor y los derechos de los menores, tanto en el entorno digital como fuera. Pero lo que nos encontramos muchas veces en los entornos digitales es que los menores a veces saben más que los padres en este ámbito. No es ninguna novedad
que, en una situación donde un padre tiene 55 años y su hijo 15, sepa el hijo probablemente utilizar mejor las redes sociales que el propio padre. En una situación como esa, ¿cómo podemos mejorar la ley en cuanto a la formación para que todas esas
herramientas que usted mencionaba, como, por ejemplo, ese contrato parental, puedan ser unas herramientas en las que también los padres estén formados para dar esa formación y, sobre todo, educar a sus hijos? La compareciente anterior hacía una
reflexión que, desde mi punto de vista, es muy lógica, y es que nos estamos encontrando adolescentes -yo lo veía ayer mismo, en un vídeo de una chica menor- que solamente saben denunciar una situación de acoso o de bullying en redes sociales a
través de las propias redes sociales. Es decir, muchas veces no estamos dando los mecanismos de protección y las herramientas emocionales a esos menores para que sepan a quién tienen que acudir. Lo decía antes la compareciente de Save the
Children, lo comparto totalmente, y creo también que es muy importante esa parte de educación y de formación en los padres. Por lo tanto, me gustaría saber cómo podemos, mediante la formación, dar más herramientas a los padres -estoy convencida de
que todos los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos- en esa patria potestad digital que usted mencionaba.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Rosa.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor Arnó.
Le agradezco su intervención, que consideramos muy esclarecedora, sobre todo en conceptos que consideramos fundamentales como es el acoso de menores en el ámbito educativo. Usted ha hecho un planteamiento y me gustaría que, si es posible,
lo pudiera desarrollar, teniendo en cuenta la limitación del tiempo. Al Grupo Popular también nos gustaría que desarrollara un poco más la idea que usted ha expuesto sobre el ius corrigendi. Es decir, usted ha puesto de manifiesto que en el ámbito
del derecho civil catalán o del derecho civil aragonés ha habido una evolución, incluso legislativa, a la hora de determinar de forma clara la posibilidad de que los padres recuperen el ius corrigendi, que en derecho común del territorio no foral
fue eliminado en el Código Civil. Usted ha hecho un planteamiento que me gustaría que desarrollara y nos diera luz sobre cómo considera que debería desarrollarse en el derecho civil, en el derecho común; si se debería proceder también a esa
evolución que usted ha puesto de manifiesto del derecho catalán o el derecho aragonés en la idea de recuperar el ius corrigendi y, sobre todo, su compatibilización con un principio fundamental que rige nuestro ordenamiento jurídico, como es el
interés superior del menor. Estamos hablando de dos derechos que me gustaría que nos los definiera. Es verdad que la circular de la Fiscalía del año 2019 determina ya de una forma clara la posibilidad de que en el ámbito de los menores los padres
tuvieran una participación mucho mayor a la hora de intervenir en la protección. Por tanto, me gustaría que eso usted lo pusiera de manifiesto.
En cuanto a la idea que usted ha manifestado del desarrollo de un contrato digital parental, también nos gustaría que nos la desarrollara o, por lo menos, nos diera alguna idea más sobre cómo considera o cómo debemos entender ese contrato
digital parental. Asimismo, si piensa que sería compatible que existiera, en el ámbito de ese ius corrigendi, un canal de denuncia para el propio menor -la diputada del Grupo Socialista ha hablado incluso de que los menores están utilizando las
propias redes para denunciar-, cuando a lo mejor nos falta un canal de denuncia específico que pueda utilizar tanto el menor como el progenitor en el ejercicio de ese derecho que usted ha puesto de manifiesto, como también si es necesario regular,
porque en otras comparecencias han planteado la posibilidad de que exista esa autorregulación por parte de las plataformas y que pudiera existir una autoridad -no lo han definido los
demás comparecientes- que pueda determinar o evaluar semestralmente el cumplimiento de esas normas de autorregulación. Me gustaría saber si usted considera oportuno o no esa autoridad, si debiera estar en el ámbito del Ejecutivo, del
Legislativo o incluso del Judicial o de la Fiscalía de Menores. Son cuestiones que en el Grupo Popular creemos que son importantes e interesantes, sobre todo lo que usted ha puesto de manifiesto de la evolución de ese ius corrigendi, que, desde el
año 2008, en el ámbito del derecho común, ha ido degradándose, ha ido desapareciendo o difuminándose, y nos gustaría saber, si pudiera extenderse, cómo considera usted que debería recuperarse, si debe recuperarse, siguiendo un poco la analogía del
derecho foral aragonés o el derecho catalán.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para terminar, tiene la palabra el compareciente.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SOCIEDAD DIGITAL DE TELECOS.CAT (Arnó Torrades): Gracias por las preguntas que me han planteado.
En cuanto al Grupo Republicano, sobre cómo preparamos a los padres para ese mundo, hay un marco de competencias digitales, que son las competencias digitales DigComp 2.2, que está incorporado en ese proyecto de ley y que es un marco de
competencias digitales que vienen de la Unión Europea. La traducción al castellano está hecha por la Universidad de Extremadura, y es un marco muy interesante que las universidades españolas y muchas de las instituciones que nos representan están
utilizando como imprescindible. Yo creo que ese tiene que ser el marco común donde los progenitores nos tenemos que educar para detectar los riesgos de lo que sucede en Internet. Además, ese marco de competencias digitales no solo es necesario
aprenderlo o llevarlo a la práctica en el mundo digital hacia nuestros hijos, sino todos ustedes, en sus organizaciones públicas y privadas, seguro que han tenido que pasar o pasarán en algún momento por un marco formativo de competencias digitales.
Por tanto, la respuesta es fácil: hay un marco competencial, que son las competencias digitales 2.2 de la Unión Europea, que es el que pone sobre la mesa que los ciudadanos europeos tenemos que estar preparados y educados digitalmente para poder
detectar estos riesgos y para aprovechar las oportunidades.
Por lo que se refiere a SUMAR, sobre todo el entorno de la tecnofobia y cómo encontrar ese punto de equilibrio, yo tengo un artículo publicado en mi página web que titulé Tom Sawyer, Bernarda Alba y el estilo de mediación parental. La idea
de Tom Sawyer es: Aquí tienes el móvil, la tablet, edúcate tú mismo y el mundo de Internet ya te enseñará -en Internet los errores para nuestros hijos tienen unas consecuencias muy graves-; el modelo Bernardo Alba es que lo prohibimos todos hasta
los 18 años, y el modelo de las personas que saben es el de la mediación parental. El mayor factor de protección de nuestros hijos en Internet está muy estudiado, es el acompañamiento por parte de los progenitores; ni la tecnología, ni la
educación, sino el acompañamiento por parte de los progenitores es el mayor factor de protección de nuestros hijos. Eso se llama mediación parental positiva, que es todo un conjunto de medidas tecnológicas, educativas, jurídicas y de todo tipo,
pero no hacer descansar solo la protección en un elemento tecnológico como es el certificado digital, el control parental, el antivirus, y dejar aparte esa parte imprescindible, que es donde los progenitores podemos transmitir todos nuestros
conocimientos, aunque sean de fuera de la red, pero la mayoría de ellos los podemos llevar, con lo cual la respuesta es la mediación parental positiva.
En cuanto a VOX, toda la parte de la industria yo no la conozco y no puedo dar mi opinión, pero yo creo que los progenitores, madres y padres, tenemos suficientes asociaciones y federaciones para que planteemos un código tipo por nuestra
parte y no esperemos a que la industria nuevamente eduque y nos diga cuáles son los valores que tenemos que transmitir a nuestros hijos. En ese contrato digital parental hay que incluir diferentes valores que tenemos en nuestra Constitución y en
nuestra normativa, como la no violencia -decir claramente en esa regulación con nuestros hijos que no admitiremos entre nosotros ni en la familia ningún elemento de violencia-, comunicación abierta, deber de obediencia, seguridad, privacidad y
formación. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner nuestra fuerza, más que fijarnos en lo que haga la industria, que sabemos claramente que irá a proteger sus propuestas.
Por lo que se refiere al Grupo Socialista, lo que está claro es que los progenitores somos la primera línea de protección, pero no somos la única, y en igualdad de condiciones está el Ministerio Fiscal. Tenemos muchos ejemplos a nivel
jurisprudencial de situaciones donde los progenitores mayores de edad han tomado una decisión con su hijo menor de edad que claramente le perjudicaba y el Ministerio Fiscal ha actuado de forma independiente y ha conseguido revocar aquella medida,
con lo cual, con la
independencia de todo el conjunto de medidas legales y tecnológicas, es clara la posición del Ministerio Fiscal en el ordenamiento jurídico español, que es muy avanzado con esa ley del menor del año 1996, que es un modelo de visión
adelantada de la protección del menor porque nos dice que no tenemos que esperar a los 18 años, al día anterior a los 18 años, para educarle para que el día posterior ya adquiera las competencias digitales, sino que es una evolución lógica.
Hay un tema que no ha salido, al menos en esta comparecencia, pero que me gustaría apuntar, y es el tema famoso de la modificación de la edad para prestar consentimiento de los 14 a los 16 años. El ordenamiento jurídico español reconoce la
responsabilidad penal de los menores a partir de los 14 años. El ordenamiento jurídico español reconoce que los menores de 14 años pueden otorgar testamento y, desde mi punto de vista, es un error elevar de forma genérica o general ese
consentimiento por dos razones. Si ese consentimiento se tiene que elevar a los 16 años, quizás sería para las redes sociales o para la inteligencia artificial generativa, porque no tiene ningún sentido que obliguemos a que los menores tengan 16
años para que se puedan registrar en una página web para comprarse unas zapatillas por Internet, porque eso tiene un efecto derivado: elevar la edad de prestación de consentimiento a los 16 años supone elevar la capacidad contractual de los menores
a los 16 años, porque si para formalizar un contrato para comprarse unas zapatillas o una camiseta a través de Internet necesitamos 16 años por protección de datos, lógicamente en cualquier compra-venta a través de Internet hay que registrar esos
datos personales y elevamos la capacidad contractual a los 16 años. Nuestra propuesta es elevar esa capacidad contractual a los entornos de riesgo ?redes sociales, inteligencia artificial generativa-, pero dejar un marco común a los 14 años, como
la responsabilidad penal o la capacidad para prestar consentimiento, la capacidad para testar, tal y como está en el ordenamiento jurídico español, y de esa forma creo que encontraríamos un punto de equilibrio, desde mi punto de vista, mucho más
adecuado.
El contrato digital parental es una propuesta de regulación acumulativa a todo ese conjunto de medidas que se plantean en esta comisión y en esa normativa, con lo cual tampoco es una panacea que permita resolver. Pero yo creo que es un
punto donde los hijos van a empezar a entender que los contratos regulan su vida o van a regular su vida en el día a día y donde encontramos un punto de equilibrio, esa mediación necesaria, porque, muchas veces, los que hemos tenido hijos menores de
edad sabemos que es difícil encontrar ese punto entre autorización y prohibición, pero a través de esos mecanismos de regulación, discusión y encontrar el punto de equilibrio, seguramente ese modelo planteado, insisto, por la Agencia Española de
Producción de Datos y por la Asociación Española de Pediatría, que son dos instituciones de mucho interés, sobre todo la agencia, que en los últimos años ha llevado a cabo una gran tarea de protección del menor, creo que es un elemento adicional que
nos ayudará, junto con conjunto de medidas tecnológicas y jurídicas, a encontrar ese equilibrio que es absolutamente necesario.
En cuanto al tema del ius corrigendi, es cierto, como hemos apuntado, que fue derogado del Código Civil Español, pero el propio Tribunal Supremo, en al menos tres sentencias que tenemos acotadas, ha dicho que, pese a que nominalmente en el
Código Civil español el ius corrigendi no exista, el propio Tribunal Supremo ha manifestado que sí, esa facultad de corrección y moderación. Y aquí me había apuntado la definición que hace la RAE. Creo que en el año 2008 desapareció ese derecho de
corrección porque se veía como legitimar, en cierta forma, el castigo físico hacia los hijos menores de edad. Pero cuando hablamos de corrigendi, la RAE nos habla de enmendar, modificar, reparar, rectificar, subsanar, reformar, perfeccionar, y
dentro de esa idea de corregir ?sin violencia, evidentemente-, la idea es encontrar ese punto de equilibrio cuando una acción por parte de nuestros hijos en el entorno digital no cumple con los parámetros y con la normativa aplicable. Más que una
definición, yo creo que tenemos que irnos a la propia doctrina del Tribunal Supremo, que ya ha dicho que, pese a que nominalmente no existe el derecho a corrección en el Código Civil español, en situaciones donde es necesario hacer uso de ese
derecho el propio Tribunal Supremo ha dicho que sí.
En cuanto a la posibilidad de crear otra organización u otra institución para propiciar canales de denuncia, en este momento la Agencia Española de Protección de Datos tiene un canal de denuncia que funciona muy bien para retirar contenidos
ilícitos de Internet, cualquier imagen de contenido sexual o de otro tipo que circula en cualquier red social. La agencia estableció hace un par de años un mecanismo muy rápido, un canal de denuncia que permite en un tiempo muy rápido, porque
existe un acuerdo con las grandes proveedoras de contenidos y las grandes redes sociales, retirar esos contenidos por una vía muy rápida. Y encima también tiene un canal muy potente de ayuda y de denuncia en supuestos de este tipo, con lo cual creo
que quizás lo que hay que hacer es potenciar los mecanismos que ya existen y no sé si vale la pena crear otros entornos u otras autoridades que puedan, de una forma u otra, coadyuvar en esa
protección del menor. La protección del menor ?y ya termino- en este momento en nuestra legislación es muy potente. Insisto, con independencia de la tramitación de esta normativa o de la ley del año 2021, creo que nos tenemos que fijar en
la exposición de motivos de la ley del menor del año 1996, que marca muy claramente ese deber de acompañamiento, esa obligación por parte de los progenitores de preparar a nuestros hijos e hijas para la mayoría de edad, tanto en el mundo real como
en el mundo digital, y esa es la clave. La clave es aplicar todo un conjunto de medidas tecnológicas educativas a través de un contrato digital parental, pero donde el centro del poder de decisión sea el de la patria potestad, porque, insisto,
somos la primera y la principal herramienta de protección que tienen nuestros hijos. Creo que quizás lo que hemos sufrido todos estos años ha sido la disgregación o la pérdida de esa capacidad de gestión que como progenitores queremos recuperar y,
al final ?y ya termino con esto-, de lo que se trata es de establecer, diseñar y ejecutar una estrategia digital de la familia en Internet. Esa será, seguramente, la clave para dar solución a parte de los problemas que se nos plantean hoy en día.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecerle de nuevo, señor Arnó, su presencia en esta comisión y su exposición. (Pausa.-La señora vicepresidenta, Martínez Barbero, ocupa la Presidencia).
- CONJUNTA DE LA VOCAL DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (PUIGDELLIVOL CAMPS) Y DE LA PRESIDENTA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (FERNÁNDEZ ANDÚJAR). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente
219/000484).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Señorías, continuamos con la siguiente comparecencia. Comparecen doña Marina Fernández Andújar, presidenta de la Adolescència Lliure de Mòbils, y doña Noemí Puigdellivol Camps, vocal de la
Comisión Jurídica de la Adolescència Lliure de Mòbils. Tiene la palabra doña Marina Fernández, por un tiempo de cinco minutos.
La señora PRESIDENTA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (Fernández Andújar): Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de realizar esta comparecencia, que titulamos Protección Digital de la Infancia y la Adolescencia: Salud Pública,
Educación y Familias, como Ejes Prioritarios. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Brevemente, Adolescencia Libre de Móviles representa a más de treinta mil familias que no nos conocíamos de nada y que teníamos el foco en la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes en el entorno digital. Provenimos de escuelas
públicas, concertadas, privadas, religiosas o no religiosas. Nuestro punto en común es el foco del menor; es una preocupación compartida. Estamos muy sensibilizados con el tema. Tenemos un gran componente internacional: hay veinticinco países
que han pedido nuestro modelo. Por tanto, generamos una comunidad de familias bastante cohesionada. Nuestra principal acción es el pacto de familias, es decir, el compromiso no vinculante entre las familias de una misma clase, municipio o barrio
de retrasar la entrega del primer smartphone a los 16 años, tal y como indican las principales asociaciones sanitarias. Por otro lado, creemos que las redes sociales, dada la afectación significativa que tiene en la salud de la población
infantojuvenil, tienen que ser declaradas un problema de salud pública. También entendemos que tiene que haber una protección del cien por cien cuando nuestros niños, niñas y adolescentes acceden a Internet en el entorno educativo. Consideramos
que las empresas que están dentro del mundo educativo no deberían lucrarse con los datos de nuestros menores ni con elementos de gratificación inmediata. Especialmente, trabajamos mucho la presión social; no queremos que nuestro hijo se quede solo
sin smartphone. Por tanto, nosotros no nos consideramos ni antimóviles ni antitecnologías. De hecho, creemos que la tecnología es muy buena, pero hay que diferenciar muchísimo entre mayores de edad, donde está claro que la producción laboral
aumenta la comunicación, y menores, donde tenemos que ubicar la tecnología en el lugar que le toca y especialmente proteger los derechos de la infancia y la adolescencia, que significa proteger el neurodesarrollo. Al final, el neurodesarrollo es el
bastión que va a dar a estos menores las habilidades psicológicas para luego hacer frente al contenido y la cantidad de tiempo que pasan en el entorno digital. Por tanto, abogamos por educar desde edades muy prematuras sin el smartphone, de la
misma manera que se hace con la conducta sexual o afectiva, que efectivamente carece de un elemento práctico -tiene todo el sentido-; abogamos por el retraso de esta entrega, como hemos dicho, a través de los pactos de familia y, como luego
comentará mi compañera, y abogamos por la regulación efectiva de las redes sociales y de las páginas de contenido inadecuado. Por tanto, abogamos por eliminar esta barra libre digital que hace
muchos años está en el entorno de nuestros menores. Entendemos que hay un modelo de negocio de la industria de Internet básicamente basado en captar la atención, voluntaria e involuntaria, de los menores y que, en este caso, se está
lucrando de una serie de datos de nuestros hijos.
Simplemente, para tener claros algunos datos, entendemos que la edad es un factor de riesgo, como en cualquier otro elemento de los hábitos de vida saludable. De hecho, desde las asociaciones sanitarias ya hace tiempo que se ha incluido
como un hábito de vida más. El problema es que es un hábito de vida que, a diferencia del resto de hábitos, afecta muchísimo entre los niños de una misma clase, es decir, que tu hijo tome ultraprocesados afecta relativamente poco al mío, sin
embargo, la presión social que existe si tú le das el smartphone antes de la recomendación sanitaria es claramente importante. Sabemos que la media de edad no llega a los 11 años. También sabemos que, cuando miramos la cantidad de horas, estamos
hablando de ocho horas diarias entre semana, y esta cifra se eleva a entre once y catorce horas los fines de semana. Más del 70 % reciben a los 12 años el primer smartphone y, lo que es más grave aún, el 90 % del tiempo que pasan nuestros menores
con el smartphone se dedica a redes sociales.
No voy a entrar en toda la literatura y los datos que correlacionan las pantallas como un elemento considerable en los malos datos de salud física y mental que actualmente tenemos -por cierto, los peores de la historia-, simplemente quiero
destacar que la miopía magna, con la comorbilidad que luego puede tener, ha aumentado seis veces en los últimos cinco años y que solo el 30 % de nuestros adolescentes duermen lo que deberían para su neurodesarrollo. Sabemos que el sueño es el
bastión del desarrollo y, además, un elemento muy importante. En los diferentes datos de los estudios se ha visto que hay una relación muy importante entre el tiempo de uso de pantallas, el rendimiento académico y el nivel socioeconómico. Para
nosotros es muy importante llegar a todas las familias de todos los niveles socioeconómicos y culturales. Como vemos, hay una relación de riesgo entre estas variables. Yendo más al detalle, casi un 33 % de nuestros menores presenta un uso
problemático. Otro elemento de mucha preocupación son las adolescentes niñas. Estamos hablando de que hemos incrementado por cinco el número de niñas que reciben maltrato por Internet, dicho de otra manera, una de cada cuatro niñas; en términos
absolutos, cien mil niñas.
Sin entrar mucho en los datos de salud mental, creo que son importantes porque entendemos esto como un problema de salud pública y, como he dicho, para nosotros la edad representa un factor de riesgo. En los últimos años, especialmente
desde 2012 -justamente, el momento de la irrupción de Internet en los hogares y los centros educativos-, se han disparado las enfermedades mentales. Estamos hablando de un aumento del 300 %. Dos de cada tres adolescentes presentan síntomas
depresivos y, según los datos del Ministerio de Sanidad del año pasado, estamos en máximos históricos de hipnosedantes -¡hipnosedantes!- en menores de 14 años. Es muy difícil que las familias y los profesionales manejemos estos datos solos.
Evidentemente, necesitamos que todos trabajemos juntos. Concretamente, cuando hablamos de la edad de entrega del primer smartphone, la razón de que se establezca los 16 años, aunque ya se está diciendo que el neurodesarrollo no termina hasta los 30
años, es porque las habilidades psicológicas relacionadas con el control y el uso de ese contenido no van a estar hasta que el neurodesarrollo nos lo permita. En esta primera gráfica vemos que hay una relación: a una edad más tardía de entrega del
smartphone, la ideación y la conducta suicida va a bajar exponencialmente y, de manera contraria, cuanto más bajamos la edad de entrega del primer smartphone, el bienestar mental y emocional va a descender. Evidentemente, esto ocurre por un efecto
de desplazamiento. Si tenemos a los menores enganchados ocho horas a las redes sociales, les estamos quitando tiempo para que hagan aquello que la ciencia ha dicho de manera reiterada, y es relaciones y elementos que sabemos que protegen el
neurodesarrollo, a pesar de otros aspectos que también son importantes, como el tiempo que pasan, pero eso yo no diría que es el elemento más importante, sino cómo gestionan el contenido que les llega.
Finalmente, hay un aspecto que no hemos oído en las diferentes comparecencias, al menos esta tarde, y es que el principio de precaución no se ha aplicado en este elemento de salud pública. De alguna manera el principio de precaución dice
que, si los beneficios claramente no superan los potenciales riesgos en una población vulnerable como la infancia y la adolescencia, como mínimo deberíamos poner el tema del smartphone y la digitalización en moratoria y, una vez que hayamos
reflexionado y tengamos todos los datos, veremos cómo se va a ir gestionando.
Por acabar, las familias entendemos por qué nadie pone el grito en el cielo por que los patinetes eléctricos no los puedan conducir los menores de 16 años. Esto está claro, es un elemento de salud pública; la seguridad del menor está por
encima ante posibles traumatismos, heridas y contusiones. O en
el juego patológico, sabemos que durante la adolescencia se crea la identidad y la personalidad y, por tanto, entendemos que un menor no puede comprar boletos de lotería ni apostar online ni acceder a las máquinas tragaperras, porque en ese
momento de su ciclo vital se podría generar una posible conducta compulsiva. Por tanto, protegemos el neurodesarrollo para que luego, efectivamente, entren en todo el entorno digital que, por supuesto, va a ser imprescindible y útil en su vida
laboral.
Cedo la palabra a Noemí para que hable de la ley.
La señora VOCAL DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (Puigdellivol Camps): Gracias a todas y a todos.
Vamos a exponer ahora las enmiendas que proponemos en Adolescencia Libre de Móviles al texto del Proyecto de ley orgánica de protección del menor en los entornos digitales. (Apoya su intervención en una presentación digital).
En primer lugar, queremos exponer que, por nuestra parte, en la asociación celebramos la tramitación de esta norma y esperamos que se apruebe, pero que se apruebe una vez que se puedan incorporar en esta aquellos mecanismos que consideramos
imprescindibles para que esta protección que pretendemos sea una protección efectiva y que no quede simplemente plasmada en el documento de la ley.
Para ello, presentamos las siguientes enmiendas -hemos propuesto más, pero estas son las principales-. En el ámbito de la protección de datos de carácter personal, celebramos también la ampliación de la edad mínima para poder prestar el
consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal, es decir, que hayamos pasado de los 16 a los catorce años actuales; pero entendemos que para que esto se cumpla se deben establecer medidas específicas dirigidas a las empresas que traten
datos de carácter personal y especialmente aquellas que contengan determinados contenidos, como por ejemplo las redes sociales, para que deban contar con mecanismos seguros y efectivos de verificación de edad. Asimismo, que se establezca de manera
específica y clara un régimen sancionador para el caso de incumplimiento de este precepto legal.
En segundo lugar, proponemos una prohibición de acceso a redes sociales que operen en este caso en España para las personas menores de 16 años. Se trata de una medida que ya ha implementado, por ejemplo, Australia y que entrará en vigor,
con su normativa al respecto, en diciembre de este año y en la que también están trabajando, por ejemplo, países como Francia o Dinamarca, en este caso para los menores de 15 años.
En tercer lugar, proponemos también una obligación de transparencia dirigida a las empresas tecnológicas que operan en España para que estas, una vez hayan detectado que con sus servicios o productos causen daños en la salud física y/o
psicosocial de la población, deban reportarlo a la Administración pública. A modo de ejemplo, tenemos a la industria farmacéutica como agente que puede causar efectos no deseados en la población y debe reportarlos a la Administración pública.
Solicitamos que también la Administración pública deba reportar estos efectos a la ciudadanía.
Ya en el ámbito educativo, proponemos que se establezca que todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria deban ceñirse a las pautas de exposición horaria a dispositivos digitales por franja de edad recomendadas por la
Asociación Española de Pediatría, en este caso; y que cuando se imparta educación digital y educación mediante dispositivos digitales se trate de una educación segura. En este sentido, entendemos que solo pueden utilizarse programas libres, que no
tengan intereses económicos detrás, que no comercialicen con los datos de nuestros hijos e hijas y que no utilicen, por ejemplo, mecanismos de gratificación inmediata, pues sabemos que con ello la desconcentración y demás efectos negativos están
garantizados.
Además, entendemos que es muy importante que esta formación digital sea impartida por personas que no solo tengan competencias digitales, sino que también hayan recibido una formación específica en cuanto a los riesgos que entraña la
educación con dispositivos digitales a las personas menores de edad.
Asimismo, entendemos que en el ámbito de la educación es muy importante que no se obligue a los alumnos a acceder a los centros con dispositivos privados de los alumnos, sino que se disponga de aulas de informática con dispositivos del
propio centro, y así facilitar que el profesorado pueda seguir qué es lo que están haciendo los alumnos de manera proporcional a la edad y, por tanto, a la disposición de dispositivos digitales a los que se les da acceso.
En el ámbito de la Ley Orgánica de Educación, proponemos que se establezcan medidas de desescalada del uso de dispositivos digitales, pues, hoy en día, esta ley establece en el currículum educativo la necesidad de adquirir competencias
digitales en unas edades en las que no sería congruente
con lo que ha dispuesto la Asociación Española de Pediatría en cuanto a la exposición a pantallas y a dispositivos digitales por edades.
No podemos desaprovechar este espacio que nos habéis dado para pedir -ya no en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, pero sí en el técnico-jurídico que el legislador estime más pertinente- que se pueda aprobar un
pacto social estatal por el que se acuerde retrasar la entrega del primer smartphone, como mínimo, a partir de los 16 años. En este sentido, pedimos que se pueda dar apoyo a la sociedad civil con aquellas medidas como, por ejemplo, la que estamos
impulsando desde Adolescencia Libre de Móviles; una de ellas es el pacto de familias para ayudar a estas a reducir la presión social para entregar el primer smartphone cuando no queremos entregarlo. Nosotros podemos llegar, por ahora, a 30 000
familias -de hecho, a más- que han firmado el pacto de familias, pero entendemos que estaría muy bien que la Administración nos ayudara para que llegue a toda España, a todas las familias de España.
Solicitamos campañas de sensibilización pública, campañas de comunicación a fin de que los riesgos de la exposición prematura a redes sociales, a smartphones, etcétera, sean conocidos por toda la población y no solo a determinados niveles
socioeconómicos, sino que todo el mundo esté informado. Igual que todos sabemos que el tabaco puede causar cáncer, que sepamos también cuáles son los riesgos para el neurodesarrollo y para la salud física, que comentaba Marina, a los que estamos
exponiendo a las personas menores de edad, a los niños y a las niñas. Y estimamos que sería muy necesario que se puedan establecer espacios públicos libres de smartphones cuando tenemos a menores involucrados, como las salas de pediatría o los
parques infantiles.
Entendemos que sería muy conveniente declarar las redes sociales como un problema de salud pública. Es fundamental que podamos dotar a las Administraciones públicas, especialmente a las de sanidad y a las de educación, para que puedan
implementar las medidas que, como agentes, esta ley les pueda acabar imponiendo y pidiendo que hagan tareas nuevas y que las puedan llevar a cabo.
Entendemos -y lo solicitamos también- que es importante no solo que haya canales de denuncia como los que antes comentábamos, sino la creación de un observatorio del impacto digital para la población infantil y juvenil que pueda recibir las
pautas y hacer el seguimiento de los efectos que se están produciendo.
Para concluir -perdón por la extensión-, entendemos que estamos todos de acuerdo en que estamos ante un cambio social de paradigma y que no podemos trasladar la responsabilidad únicamente a las familias, a los profesionales, a las
asociaciones de madres y padres y de familias, como la que estamos aquí ahora, de proteger a nuestros menores, sino que la Administración debe ser la primera que los proteja apelando al principio de precaución, como antes comentaba Marina.
Necesitamos que se escuche ya a los grupos de expertos, los que hay y los que pueda haber, que el Poder Legislativo establezca unas líneas rojas en el ámbito tecnológico y que haya una clara voluntad política para que el título de esta ley no se
quede solo en eso, sino que haya realmente una protección del menor en los entornos digitales.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchísimas gracias a ambas.
Procedemos con el turno de los grupos parlamentarios.
Intervendrá, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Republicano.
La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Damos tan poco tiempo a las ponentes que prefiero que utilicen el mío.
Os hemos pedido que comparecierais hoy. Debo decir que tampoco tenemos una relación de conocernos mucho -hemos tenido una única reunión-, pero el hecho de que unas familias se agrupen, lleguen a una conclusión y sean capaces de ser
transversales -públicas, privadas, concertadas, católicas, no católicas, religiosas- me pareció un ejercicio interesante.
Os basáis mucho... ja ho diré, en la transformació neurològica que pateixen els infants i amb el seu desenvolupament. No sé si és normal o, és a dir, limpacte que té en el desenvolupament neurològic i també emocional de les criatures.
Entenc que tot això ho baseu en informes científics. Podríeu fer arribar a aquesta comissió una ressenya de quines són les dades científiques? Ho dic perquè ja sé que sortiré per aquella porta i alguns em titllaran de taliban tecnològica per haver
proposat la vostra compareixença i jo crec que no va d'això i per tant m'interessava dir-ho, que no va de cap demonització de la tecnologia, però sí que va d'una interpretació correcta de l'afectació que té, perquè a vegades, per tal de no ser,
entre
cometes, positius o per no exercir elements de prohibició, deixem que ens entrin a casa coses que després lamentem haver deixat entrar. Principi de precaució que comentàveu.
Per tant, m'interessa molt la vostra experiència. Per això us hem demanat que vinguéssiu. I, la pregunta és, quan no aconseguiu com a famílies estar amb aquests entorns de seguretat, és a dir, com combatem la pressió de 'mamá, els altres
en tenen. Mamà, jo en vull. Mamà, ho he vist', o 'papà', és igual. Però la pressió dels infants que veuen que s'ha normalitzat a la resta d'entorns i que se senten, per tant, desproveïts d'alguna cosa que per ells és vital. És a dir, com ho
penseu? Com ho expliqueu? M'agradaria saber perquè jo no vaig ser capaç en el seu moment i encara estava molt més a les beceroles. Ara deu ser realment complicat. I la segona pregunta que us anava a fer, això és només mòbil o també feu afectació
de pantalles, teles, tablets? Que no necessàriament tinguin a veure amb xarxes socials, però que emetin contingut d'aquest tipus.
Gràcies.
Os basáis mucho en la transformación neurológica que sufren los niños y niñas en su desarrollo -no sé si anormal-, es decir, en el impacto que tiene en el desarrollo neurológico y también emocional de las criaturas. Entiendo que todo esto
está basado en informes científicos. ¿Podrían hacer llegar a esta Comisión una reseña de cuáles son los datos científicos en los que se basan? Porque yo sé que voy a salir por esa puerta y alguien me va a decir que soy una talibán tecnológica por
haber propuesto su comparecencia, y no se trata de eso, creo yo. Por lo tanto, yo quería decir eso, que no es ninguna demonización de la tecnología, pero sí que esto va de una interpretación correcta de la afectación que tienen. Porque, a veces,
para no ser punitivos -entre comillas-, o para no ejercer elementos de prohibición, dejamos que nos entren en casa cosas que luego tenemos que lamentar. Ese es el principio de precaución que comentaban antes.
Por lo tanto, me interesa muchísimo su experiencia, por eso les hemos pedido que vinieran. La pregunta es la siguiente: cuando las familias no consiguen estar en estos entornos de seguridad, ¿cómo se combate la presión de 'mamá, los demás
tienen', 'mamá, yo quiero', 'mamá, yo lo he visto' -o papá, da igual-, es decir, la presión de los niños y niñas que ven que en el entorno se han normalizado los dispositivos y se sienten desprovistos de algo que para ellos es vital. ¿Cómo lo
compensáis? ¿Cómo lo explicáis? Quiero saberlo porque yo, en su momento, no fui capaz y estábamos muy al inicio, pero ahora tiene que ser muy complicado. La pregunta es: ¿esto afecta solo a móviles o también a otras pantallas como teles o
tablets, que no necesariamente tienen que ver con redes sociales, pero que sí que han tenido una afectación?
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchas gracias, señora Vallugera.
Por parte del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Doy las gracias a las comparecientes por esta exposición tan importante. Me gustaría empezar retomando el cierre que ha hecho la compareciente respecto a la importancia que tiene ahora mismo la regulación tecnológica en este país. Pensamos
que es una muestra de voluntad que esta ley sea la primera en Europa que regula entornos digitales. El Gobierno de España está teniendo la valentía de apostar por regular un sector tan importante y, a la vez, tan complejo. Para nuestro grupo
parlamentario es fundamental hacerlo bien, hacerlo de la mano de las entidades, de las empresas y de todos aquellos actores que confluyen en esta cuestión tan importante.
Aquí hay un trasfondo, y es que ahora mismo los mecanismos que tienen las redes sociales comportan beneficios económicos a las empresas. Esta regulación implica decirles a muchas empresas que van a dejar de ganar un poquito para contribuir
a mejorar la sociedad, y ese es el marco en el que nos tenemos que mover a la hora de regular. Yo creo que, de partida, la ley es ambiciosa, porque plantea elementos que ustedes mismas no han valorado positivamente, como aumentar la edad para
registrar las redes sociales, crear mecanismos de control y hacer obligatorio el control parental en los aparatos tecnológicos. Es decir, de alguna forma, regularizar aquello que algunos decían que era imposible controlar. En ese sentido, nuestro
grupo parlamentario apuesta de forma contundente por el control público y para que al final el sector empresarial se ponga al lado del interés general. Por tanto, vamos a trabajar para atender las enmiendas que han planteado.
Desde un punto de vista prudente con el mensaje sobre la tecnología, entendemos a quién representan y las problemáticas que vienen sufriendo en primera persona y a través de la gente que está en vuestras entidades, pero nosotros también
tenemos buen cuidado con el mensaje respecto a la tecnología. Pensamos que la tecnología puede ser un mal terrible para la sociedad, para los niños y las niñas, y que en ese aprendizaje cognitivo se pueden generar unos problemas inmensos que
ustedes mismas han comentado. También pensamos que, en el caso de adultos, una red social puede permitir, a nivel cultural, que un grupo musical pueda tener una difusión masiva o pueden actuar como elementos comunicativos que vertebren nuestra
sociedad y nos hagan mejorar en aspectos tecnológicos, culturales o sociales. Desde ese punto de vista, agradecemos su comparecencia. Vamos a intentar que esta ley salga de la mejor forma posible, como he dicho en anteriores comparecencias,
también desde el máximo consenso, y atenderemos las enmiendas con mucho gusto.
Sobre la parte educativa, me gustaría hacerles una pregunta, porque no me ha quedado claro cómo la plantean, ya que la propia ley establece que se refuerce la LOMLOE para dar ese aprendizaje sobre entornos digitales en los colegios y centros
educativos. Entonces, ¿cómo plantean ustedes concretamente esa mejora educativa, que también es importante, aparte del aspecto punitivo, en el ámbito tecnológico?
Muchas gracias por la comparecencia y atenderemos las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchas gracias, señor González.
Por parte del grupo VOX, tiene la palabra la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Bienvenidas las dos. Yo creo que si debatimos en la Comisión de Justicia hoy un proyecto de ley es debido a que, en España, desde los años noventa, se han ido dando distintas herramientas digitales a los alumnos sin control,
con una ventana abierta al mundo que trae cosas positivas, pero en su mayoría negativas para los mayores de edad y, sobre todo, para los menores. Debido a esto, hay una serie de consecuencias que afectan a nivel afectivo y social, esto es, a todo
el desarrollo neurológico.
Es verdad que, desde la pandemia del año 2020, ha habido un antes y un después en el uso y en los riesgos de las tecnologías. En este sentido, algunos expertos comentaban que, cuando los alumnos -sobre todo los del segundo ciclo de
Educación Infantil-se incorporaban de nuevo a las aulas después de la pandemia, habían sufrido un perjuicio en el desarrollo del lenguaje y en la coordinación óculo-manual debido a que empezó a utilizarse más la herramienta digital, descartando el
papel y todo lo manual; en resumen, se vio afectado el desarrollo de la destreza fina. De ahí que ahora estemos en una situación en la que es importante desarrollar el lenguaje a través de la conversación; de otro modo, sería muy perjudicial para
el desarrollo neurológico y podría conllevar, como bien han comentado, problemas de salud mental. Desgraciadamente, en muchas ocasiones encontramos en esto una ventana para que se den determinados delitos, como el acoso a menores a través de las
redes, lo que puede llevarlos incluso al suicidio.
En nuestro grupo parlamentario estamos de acuerdo con esa desescalada. Creemos que es prioritaria y que se debe generar un marco legislativo que llame la atención sobre los riesgos de las nuevas tecnologías en la sociedad. Creemos que,
cuanto más tarde se utilicen los dispositivos, más tarde expondremos a los menores a determinados riesgos para los que todavía no están preparados. Estamos de acuerdo, por tanto, en ese desarrollo. Como decíais vosotras, no se trata de prohibir
las redes sociales a los menores, porque los menores socializan en ellas y no podemos descartarlas; por tanto, no nos parece que se tenga que prohibir el hecho de incorporar el mundo digital al real. Pensamos que es necesaria una desescalada, un
control; también, que este proyecto de ley debería haber sido un poquito más ambicioso, porque quedan algunos vacíos legales. En ese sentido, nosotros presentaremos también enmiendas.
Voy a realizar una serie de preguntas para que sean contestadas en el turno de réplica. Previamente hablabais de que estáis en contacto con otros países del mundo. En este sentido, quisiéramos saber qué implicaría la implantación de la
cartera europea de identidad digital que se menciona en este proyecto de ley. Por otro lado, ¿cuál sería para vosotras la mejor forma para que nosotros, los grupos parlamentarios, pudiéramos empoderar a las familias para promover un pacto social y
atrasar esa entrega? ¿Cómo sería ese programa?
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchas gracias, señora Armario.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA VARGAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, dado que es mi primera y única intervención en esta sesión de comparecencias, quisiera aprovechar también esta intervención de mi grupo para tener unas palabras sobre esta ley tan importante y sobre la tarea legislativa que
hacemos en esta Comisión de Justicia de la mano también de diputados y diputadas de otras comisiones, como Juventud e Infancia, Transformación Digital o Igualdad. Yo creo que la tarea conjunta y el convencimiento de que esta ley es vital para la
protección de los menores -nuestros hijos y nuestras hijas, adolescentes- hace que valga la pena esta actividad legislativa que estamos haciendo hoy aquí. También quisiera, evidentemente, reconocer el impulso del Gobierno en esta ley. Como siempre
digo -y los que son de la Comisión de Justicia ya me van conociendo-, deseo y espero que estas dos sesiones de comparecencias, tan necesarias para escuchar a expertos, académicos, profesionales y sociedad civil, repercutan en una mejor ley, que es
para lo que todos estamos aquí. No me cabe ninguna duda de que será así.
Aprovecho también para hacer un llamamiento general a todos los grupos para que nos centremos en lo que nos ha de unir en esta ley, en esta tarea, e intentemos lograr el mayor de los consensos posibles que haga que esta ley merezca la pena.
Yo creo que ha de ser así y mi grupo, evidentemente, está comprometido para trabajar en esa línea y conseguir el mayor consenso posible.
En cuanto a su comparecencia, señoras representantes de Adolescència Lliure de Mòbils, gràcies per la seva compareixença i pel treball de les famílies que sou darrere, unides en aquest anhel.
... gracias por su comparecencia y por el trabajo de las familias que están detrás, unidas en este anhelo.
Es un anhelo común. Yo creo que todos tenemos, de una manera u otra, el anhelo de proteger a nuestros menores. Pienso que eso sí que nos une, cada uno a su manera y con su manera también de ver las cosas. Yo creo que este anhelo de
proteger a los menores en este entorno digital, o del impacto digital, y esa tarea de concienciación y de reflexión cada uno lo desarrolla de una manera diferente. Quiero agradecerles, sobre todo, al margen de cómo se pueda encajar o cómo podamos
valorar en concreto las propuestas que ustedes hacen, que sean parte de este movimiento ciudadano, de esa reflexión que pretende establecer un debate público, esta obra pública que es tan importante, sobre el alcance de la tecnología, en general,
sin llegar a negarla. Aquí algunos portavoces lo han comentado: tampoco podemos negar el impacto positivo de la tecnología en nuestras vidas y cómo afecta a niños y adolescentes. También toda la comunidad -familiar, educativa y social- debe
unirse para reflexionar sobre el tipo de impacto que puede tener el acceso en edades tempranas al contenido digital. También el impacto positivo, como aquí se ha dicho. Asimismo, la reflexión sobre cómo nuestras actitudes como padres y madres
-como adultos, en definitiva- pueden ser un ejemplo o no para nuestros hijos. Es lo que la ponente de Save the Children ha llamado, de manera acertada, ciudadanía responsable. Yo creo que aquí también hacemos el ejercicio de intentar, en esta ley,
establecer esta ciudadanía responsable y no eludir nuestras responsabilidades como adultos, como padres y madres.
También me sumo a la pregunta que la portavoz del Grupo Republicano, Pilar Vallugera, les ha comentado sobre la tecnología. Creo que es una pregunta acertada. En ese sentido, agradeciendo sus reflexiones, a mi modo de ver, hay cuatro cosas
que son relevantes. En primer lugar, poner sobre la mesa el debate acerca de los eventuales riesgos y beneficios que pueda tener el acceso a la tecnología digital y móvil en el desarrollo de los menores y en su salud mental. También,
evidentemente, cómo esto se fundamenta en la ciencia. Efectivamente, no puede ser de otra manera. En segundo lugar, trabajar en esta consolidación de los controles parentales y verificación de la edad en dispositivos y plataformas. En tercer
lugar, promover la educación digital. Y, en cuarto lugar, trabajar, como hace esta ley, en la corresponsabilidad de la industria tecnológica en el ejercicio de esta tarea de implementar las políticas y la tecnología en los dispositivos móviles.
Creo que esta ley también hace un llamamiento a esta corresponsabilidad no solo del legislador, sino también de las tecnológicas en este tema.
Sin más, gracias por su comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchas gracias, señor Aranda.
Por último, en representación de Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias.
Buenas tardes.
Antes de nada, quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su presencia, su exposición, su tiempo y, sobre todo, la información. De verdad que se ha pasado muy rápido y me surgen muchas dudas, pero la velocidad de la
comparecencia hace que no lo podamos ver en profundidad.
A mí esta comparecencia me parece muy favorable, en el sentido de que es la primera que saca el tema de la industria tecnológica, de las empresas de la tecnología. El análisis que hacen, como todos los análisis que se han hecho en estas
comparecencias, incluso en las reuniones previas que hemos tenido, es un análisis que, por supuesto, compartimos. Además, se basa en los datos, en los estudios que tienen, que son bastante potentes y, por tanto, estamos todos de acuerdo en el
análisis de lo que se hace. He escuchado con detenimiento cuáles son las propuestas que muy rápidamente han esbozado, pero me imagino que también las desarrollarán durante el proceso de enmiendas a la ley.
Me llama la atención una de ellas, la primera con la que han empezado y que han repetido varias veces, y es que haya un pacto -digamos- familiar que fije la edad mínima de recepción de un smartphone en los 16 años. La verdad es que eso
sería un soplo de aire fresco en los tiempos que corren, porque es muy complicado establecerlo. O sea, yo siempre he defendido que los adolescentes conspiran contra los padres, pero los padres no nos juntamos para conspirar contra los adolescentes.
(Risas). Quiero decir que el mensaje, la propuesta es ideal, pero ya hemos visto que no funciona, que no es efectiva. Esta comparecencia viene a colación de la ley de protección de menores en el entorno digital, que estamos tramitando aquí.
Entonces, a mí me gustaría ver cuál es vuestra visión para que, en esta ley, pueda aparecer esto, de forma que sea efectivo. Porque, ya digo, ojalá nosotros hubiéramos tenido algo así cuando mis hijos eran adolescentes, pero proponer un pacto e
incluirlo en una ley tiene la complicación de que se tienen que poner unas exigencias que hay que hacer cumplir.
Quiero ser muy breve. Creo que es interesante que sigáis aportando toda la presentación. Quería comentar el tema de la industria digital. La tecnología tiene mucho que decir. En la tramitación de esta ley, estoy poniendo mucho el foco
-igual es por mi deformación profesional- en las soluciones que se tiene que aportar desde el punto de vista de las tecnológicas. Es que esto es súper importante. Os he escuchado y he notado aquí: que haya una acreditación de cumplimiento de
edad. Claro, esa frase es la que perseguimos todos, pero hay que ver cómo se implementa, cuál es la realidad. Para nosotros, esta ley nace con todas las carencias, porque, precisamente, no pone el foco en cómo resolver esa frase de 'acreditación
de cumplimiento de edad'. Entonces, sí que nos gustaría, en la medida que podáis, que nos ayudéis con esto, porque es un tema muy complicado, es un tema muy europeo, o sea, la potencia que tiene España para obligar a determinadas cosas se queda en
nada, y eso lo refleja la ley, que por eso, insisto, tiene todas las carencias. Por ello, son importante comparecencias como la vuestra, que yo agradezco, para que nos podáis hablar de eso.
Tenía una última pregunta. Ha habido muchas corrientes, muchos mensajes en torno a la limitación de los smartphones, y una de ellas se basa en que no sean smartphones; es decir, si cambiamos un smartphone por un teléfono con cuatro botones
que tenga las herramientas que necesita una familia para tener al niño geolocalizado o poder llamarle en caso de emergencia, ¿eso podría ser una solución? Lo pregunto porque yo sé que esto ha salido en muchos debates y, como estoy escuchando todo
el rato que estáis poniendo la palabra smartphone por delante, no sé si eso podría ayudar o complementar vuestra exposición.
Nada más. Estoy deseando escucharos de nuevo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchas gracias, señor Pedreño.
Y ahora, como último turno de cierre, por cinco minutos, tienen la palabra las comparecientes.
La señora PRESIDENTA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (Fernández Andújar): Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Intentaremos responder, en la medida de nuestra capacidad profesional, especialmente lo que más dominamos. Voy a ir
agrupando algunas cuestiones, espero no dejarme nada y, si no, estamos a disposición para comentar cualquier cosa.
El mensaje que lanzamos es que la tecnología ha venido para quedarse y nos ayuda y nos aporta muchísimo cuando somos adultos, es decir, cuando nuestro neurodesarrollo está completado. ¿El problema cuál es? El problema es que nos
encontramos ante una situación en la que un menor dice con
un solo clic que es mayor de edad y con ello abre todo un mundo en el que los beneficios no superan a los riesgos.
Por tanto, no estamos en el debate de educar o prohibir, es que nosotros no estamos ahí. Creemos que hay que educar, educar y educar, desde edades muy tempranas, sin el dispositivo, pero también dándoselo a ese menor cuando toque. Es
decir, está claro que el buen uso no existe por debajo de una cierta edad y que, evidentemente, en un año y medio se ha hecho muchísimo. Inicialmente éramos cuatro o cinco familias reunidas en un parque. A las veinticuatro horas nos convertimos en
5000 familias, 23 000 familias en una semana en Cataluña, 30 000 familias en el Estado español, y ahora somos 150 000 o más a nivel mundial. Por lo tanto, desde las familias se pueden hacer muchas cosas, pero toda la responsabilidad no puede ser
nuestra, porque llegamos hasta donde llegamos. Y, de hecho, justamente las familias que estamos en la asociación somos las más sensibilizadas. Luego este trabajo no lo estamos haciendo solo y exclusivamente para nuestros hijos, que ya os digo que
son los más blindados, sino para todos los que formarán la sociedad del mañana.
Hay varios aspectos que me parecen interesantes. Este es un tema muy complejo. Es decir, la causa de las enfermedades mentales y de las enfermedades físicas, obviamente, no son las pantallas, es algo multifactorial, pero evidentemente es
una variable con la que se ha visto que tiene una correlación muy muy alta. Entonces, claro, beneficios contundentes no se han visto. Es decir, hay estudios puntuales -que habría que analizarlos desde el conflicto de interés y otros puntos de
vista-, pero claramente los potenciales riesgos están muy por encima. No se trata de opiniones, se trata de datos y de ciencia; los datos están ahí. Lo digo porque, insisto, la tecnología no es mala, pero la barra libre digital que ahora mismo
tenemos no se puede aguantar, es inasumible por las familias y por los profesionales. Porque tampoco la solución es poner más profesionales de salud mental, de pediatría, de medicina; no, está desbordado todo. Esa no es la solución; la solución
tiene que venir desde la prevención y la comunidad, no tiene que venir desde la reactividad. Entonces, yo quiero lanzar este mensaje, porque creo que la asociación es más optimista que nadie; ha conseguido lo que muy pocas veces se ha conseguido
desde la sociedad civil, que es poner de acuerdo a familias que no teníamos nada que ver, con la complejidad que eso entronca.
Por otro lado, desde el punto de vista educativo, nosotros recomendamos que se sigan las directrices de la Asociación Española de Pediatría, que son clarísimas, y no solamente de esta asociación. Se han pronunciado claramente la Societat
Catalana de Pediatria, el Colegio de Metges de Barcelona, la sociedad de pediatría canadiense o la americana. Es decir, hay un conjunto de evidencias muy claro. Y seguimos recibiendo día a día experiencias que nos hacen llevarnos las manos a la
cabeza. Nosotras mismas lo estamos viendo como madres: no se están siguiendo las recomendaciones. De 0 a 6, pantallas cero; eso no se está cumpliendo aún en todos los colegios del tipo que sean. Una hora de dispositivos del tipo que sea, de 6 a
12 años. No empresas con gratificación inmediata ni uso de datos; no se está cumpliendo. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer desde la educación: cumplir las recomendaciones que tenemos desde Sanidad, porque tú, como madre o padre,
cuando vas al pediatra, su mensaje es claro, sus palabras son clarísimas. Por lo tanto, hay que seguir estas recomendaciones.
Un aspecto en el que seguimos insistiendo -y ya le dejo la palabra a Noemi- es en que creemos que las familias no están haciendo aquello que quieren hacer. La tecnología no está en el lugar que les tocaría a los menores y sentimos una
presión muy grande. Según datos de la FAD, el 85 % de todas las familias encuestadas en España señalan que su principal dificultad es la gestión de la tecnología; el 85 %. En una encuesta que realizamos en 2004 a 23 000 familias de Cataluña, el
62 % de las familias encuestadas preferirían dar el smartphone a los 16 años o más, porque, por el motivo que fuera, veían que su hijo desaparecía delante de un smartphone o una pantalla; sin embargo, más del 82 % ya lo había dado a los 12 años.
Luego, o se nos ayuda y las familias trabajamos en ello, por un lado, y la regulación también llega, por otro lado, o es muy difícil que nosotras solas podamos. Si yo le digo a mi hijo que no se lo voy a dar porque quiero protegerle y soy la
primera que le tengo que proteger -y este es el mensaje que les tenemos que dar a nuestros menores: que estamos aquí para protegerles-, y me puedo apoyar en el pediatra y en la ley, es mucho más fácil para mí. No podemos solas, tenemos que ir
todos de la mano.
Finalmente, creemos que lo primero que hay que hacer es pedir disculpas a la infancia y a la adolescencia. No nos han formado, nosotros no lo hemos vivido, y estamos lidiando con algo que no sabemos. Lo primero que hay que hacer es, de
manera colectiva, disculparnos y decir que nos vamos a
poner a trabajar en ello. Pero las medidas tienen que llegar lo antes posible, porque día que pasa, problema que hay con algún niño o un adolescente.
Dicho esto, le cedo la palabra a Noemi.
La señora VOCAL DE LA COMISIÓN JURÍDICA DE ADOLESCÈNCIA LLIURE DE MÒBILS (Puigdellivol Camps): Yo también voy a agrupar algunas consultas. Algunas de ellas han sido muy técnicas. En cuanto a la cartera digital europea, no me puedo
pronunciar, es una normativa muy compleja. Los mecanismos de verificación de edad sí que lo hemos propuesto como parte de nuestras enmiendas. La Agencia Española de Protección de Datos dio directrices que se han seguido en un dictamen, el dictamen
sobre la verificación de edad en Internet, que se emitió por el Comité Europeo de Protección de Datos. Y la Agencia Española de Protección de Datos también ha hecho unas pruebas de concepto -ya se iniciaron hace año o año y medio-, que van
demostrando un camino que puede ser muy útil para poder acreditar la edad digitalmente sin vulnerar, lógicamente, la privacidad de los interesados, que esta es la parte más compleja, más allá de que hay muchas otras complejidades técnicas en el
ámbito de la acreditación de la edad en el marco digital.
También tenemos la normativa australiana, que va a ser pionera; ya se ha aprobado y se va a hacer efectiva. Podremos ver cómo la van implementando. Con lo cual, la Comisión Europea también está trabajando de manera muy intensa en la
acreditación de la identidad y de la edad digital. Yo creo que tenemos unos cuantos marcos legislativos, unos en tramitación, otros ya aprobados, y unas pruebas de concepto que ya están implementándose y que podemos utilizar a modo de inspiración.
Si queremos hacer una ley -como decíamos, y perdón por la reiteración, entendemos que es muy importante que sea una ley-, en tanto que orgánica, es fundamental que la podamos aprovechar para que resulte efectiva y que no nos encontremos, como sucede
hoy en día, con menores de 14 años accediendo a redes sociales y, con solo hacer un clic, indicando que tienen 14 años cuando no los tienen. Y no tienen una cuenta, tienen varias cuentas, y no les han autorizado sus tutores legales. Entonces, las
redes sociales, como Instagram, TikTok, etcétera -no quiero darles publicidad, pero no hace falta, porque su industria es mucho más potente que nuestras voces, por eso pedimos vuestra ayuda-, son las bases de datos de menores más grandes del mundo,
y lo son de manera ilegal, en contra en Europa del GDPR. ¿Por qué? Porque el Reglamento General de Protección de Datos, y su trasposición en España con la Ley 3/2018, no establece mecanismos específicos que deban acreditar estas entidades cuando
recaban los datos de menores. No estamos pidiendo que cualquier empresa que recabe datos de menores tenga que acreditar que dispone de mecanismos de verificación de edad, pero cuando se trata de redes sociales o de entidades que promuevan
contenidos que todos sabemos que no son prudentes para que nuestros hijos e hijas accedan a ellos, sí deben acreditar qué hacen para cumplir con eso que la ley les impone.
Además, debe haber un régimen sancionador que motive al cumplimiento de la ley, porque, como todos sabemos, si no hay sanciones, no se cumplen las leyes. Y nuevamente pongo el ejemplo de Australia, pues me parece muy ilustrativo. No solo
solicita este mecanismo de acreditación de la edad, sino que impone penas de hasta 28 millones de euros por su incumplimiento. Así que Australia ha sido y es valiente; Dinamarca y Francia están diciendo que van a serlo. No sé si han oído ustedes
las declaraciones de la primera ministra danesa respecto de los smartphones y las redes sociales, pero les recomiendo que las lean. No voy a decir sus palabras, pero son bastante ejemplificadoras.
Y en cuanto a cómo pueden ustedes ayudarnos, lo hemos dicho antes, pero el Pacto de Familias a lo mejor no se puede implementar como una medida específica dentro de una ley orgánica -esto lo entendemos a nivel técnico-jurídico-, pero sí que
puede haber mesas intersectoriales, promoción, campañas públicas de comunicación donde se sensibilice y se informe a la población de los riesgos. Y, como decía Marina, no vamos a ser solo nosotras, cada familia, las que les digamos a nuestros hijos
e hijas cuáles son los riesgos, sino que seremos todas las familias a las que habrá llegado este mensaje. Ponía antes el ejemplo del tabaco, y me parece muy ilustrativo. Hace años seguramente también teníamos miedo -por qué no decirlo- a las
empresas tabacaleras. No quiero decir determinados términos, pero ahora todos tenemos escrito en la cajetilla de tabaco que el tabaco causa cáncer, que mata. Pues digamos bien claro qué causan las redes sociales en nuestros menores; tenemos los
datos, los hemos explicado. No tengamos miedo a decirlo, no tengamos miedo a imponer sanciones, no tengamos miedo a reclamar requisitos para el cumplimiento.
En cuanto al Pacto de Familias, nos ayudaría mucho. Es un pacto que nosotros hemos establecido en nuestra página web, donde las familias pueden intervenir de manera no vinculante, de manera anónima y
con total protección de sus datos personales. Y, por supuesto, no se dan los datos de los menores de ninguna manera. Pueden ver en la clase de su hijo o hija cuántas familias han decidido no dar el smartphone a sus hijos. Por tanto,
cuando los menores dicen que en su clase todos tienen un smartphone, les podremos decir que tenemos una página web que nos indica que no, que hay muchas otras familias de su clase no lo han dado. De esta forma, uno rebaja su presión social -porque
nos ayudamos unos a otros- y no se lo das.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Barbero): Muchísimas gracias a ambas. Un placer haberlas tenido en esta comisión. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
- DEL DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE INFANCIA (IBARRA ROCA). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000485).
El señor PRESIDENTE: Señorías, seguimos con la comparecencia de don Ricardo Ibarra Roca, director de la Plataforma de Infancia, a quien quiero agradecer su presencia ante esta comisión.
Tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE INFANCIA (Ibarra Roca): Muchísimas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer a los diputados y a las diputadas el que hayan invitado a la Plataforma de Infancia a participar en el seno de esta comisión, y, sobre todo, por el motivo en el que estamos, por este proyecto de ley orgánica
tan necesaria y demandada.
Como bien saben -y, si no, se lo explico-, la Plataforma de Infancia aglutina a más de setenta y cinco organizaciones de infancia, que trabajamos en pos de los derechos de la infancia. En ese sentido, voy a intentar, ya que tenemos poco
tiempo, no repetirme en aquellas cuestiones que ya han tratado otros comparecientes, sobre todo entidades de la propia plataforma, como Unicef y Save the Children, o posteriormente creo que también participará la Fundación ANAR. Así pues, voy a
centrarme más en ese valor añadido que puede tener mi intervención, no porque otros temas no sean importantes, sino por no reiterarme en ellos.
Planteando también que nuestra misión como plataforma precisamente es defender los derechos de la infancia desde un punto de vista integral, holístico y en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, me quiero centrar sobre todo
en ese enfoque a la hora de abordar el proyecto de ley, un enfoque integral que tiene que ver con cómo afecta cualquier regulación o cualquier marco normativo sobre todos los derechos de los niños y de las niñas, no solo en algunos.
En primer lugar, quiero trasladar que, por el análisis que hemos hecho desde las organizaciones de infancia, ha resultado muy positiva la llegada de este texto que se presenta para su tramitación. Sabemos que es un desafío evidente y que,
por el cambiante entorno digital, garantizar los derechos de la infancia en ese entorno no es una tarea sencilla. Es un texto que aborda muchas cuestiones que ya habíamos señalado en distintos informes las organizaciones, como el ámbito educativo,
el ámbito sanitario, la prevención de la violencia, la adaptación de los delitos y las penas del Código Penal sobre esas nuevas realidades que se están dando en el entorno digital, o la regulación de la industria, como hemos mencionado en las
últimas comparecencias, o aspectos relativos al consumo y cómo afectan a los niños y niñas, o aspectos que tienen que ver con la comunicación audiovisual.
Aunque es un marco regulatorio complejo -hablamos de muchas cuestiones que son competencia europea, de directivas que ahora mismo están en tramitación, o competencias que tienen que ver con Administraciones autonómicas-, en general, nuestra
valoración es positiva, si bien es cierto que consideramos que, en el ámbito de esta comparecencia, más que trasladar enmiendas concretas, que ya las hicimos llegar en el mes de abril a los diputados y las diputadas, creo que es importante, porque
van a estar constantemente cambiando el texto hasta su aprobación final, que tengan en cuenta algunos enfoques relevantes, que es en lo que voy a intentar centrarme en estos siete minutos.
No me centraré tanto en las garantías para asegurar la protección, algo que han mencionado otros comparecientes y que creo que es de sobra conocido por parte de los diputados, es decir, en cómo el entorno digital puede ser una amenaza para
muchos niños y niñas por contenidos inadecuados o nocivos, manipulaciones informativas, prácticas maliciosas o el impacto que puede tener la sobreexposición a las pantallas, pero es evidente que hay que implantar estas medidas de protección cuando
sabemos que uno de cada cuatro menores de doce años reconoce haber tenido acceso o haber visionado porno. Además,
un 30 % de los más pequeños han accedido de manera absolutamente accidental, sin que ni siquiera hubiera una intencionalidad, sino porque ha aparecido en sus canales de comunicación digital, y creo que sus señorías ya son conscientes de esta
realidad. De hecho, creemos que el texto recoge muchas medidas para avanzar en esta protección y los problemas que tiene el entorno digital. Pero también quería trasladar que el entorno digital no es solo un riesgo; también tiene un impacto que
puede suponer una oportunidad para el desarrollo y el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, como se ha mencionado antes por otros comparecientes, la observación general 25 de Naciones Unidas traslada que puede ser un enfoque para nuevas
oportunidades con el fin de hacer efectivos los derechos de la infancia. Por ejemplo, vimos durante la COVID cómo el impacto desigual que había en el acceso a la educación tenía mucho que ver con el acceso o no a ese entorno digital. Pero también
tiene que ver con el ejercicio del derecho a la participación, el acceso a la cultura, el acceso a la información, a la libertad de expresión, al juego, de modo que puede marcar diferencias claves y grandes desigualdades, según cómo se produzca ese
acceso.
Por eso creemos que no solo debe haber un enfoque proteccionista o, incluso, prohibicionista respecto a algunas cuestiones, ya que no siempre puede ser el adecuado, sino a veces hasta contraproducente. En ese sentido, algunos enfoques que
quisiéramos que sus señorías tengan presentes son los que voy a relatar. Por un lado, cómo afecta el entorno digital, según la vulnerabilidad o la desigualdad que vive esa infancia. España sabemos que tiene la tasa de pobreza infantil más alta de
la Unión Europea y que no es un problema nuevo, sino estructural, que venimos arrastrando por lo menos desde los últimos veinte años, y esto se traduce en que las condiciones de acceso al entorno digital son muy dispares según los niños y las niñas.
Aunque el acceso a Internet está generalizado, como mencionaba antes el compañero de Unicef, sabemos también que el 42 % de las familias con rentas más bajas no disponen de un ordenador y que el 22 % de esas familias con rentas bajas tampoco tienen
acceso a Internet en el hogar. Esos niños no solamente van a tener dificultades para acceder a esta información, a Internet, a tener igualdad con sus compañeros, sino también en los recursos, en los equipos, en las conexiones, y también en el
acompañamiento que van a poder tener de sus padres, sus madres o tutores, porque muchas veces tampoco tienen los conocimientos o los recursos para poder ayudarles a familiarizarse con el entorno digital. Por eso no solo tenemos que proteger a esas
infancias, sino también tener en cuenta el impacto que tiene, por ejemplo, el ambiente educativo, para garantizar esta igualdad y que no aumenten estas desigualdades que vienen de origen. Hay que dotar de recursos, de conocimiento y de habilidades
a los niños y a las niñas para que tengan ese acceso al conocimiento, a socializar en esos entornos y a la información igual que el resto de niños y niñas.
A la hora de legislar una medida como esta debemos tener en cuenta el derecho de la participación infantil y adolescente, debemos tener en cuenta sus voces y el derecho a ser oídos respecto a las medidas que les afectan. En este sentido,
nos congratula ver, por ejemplo, que el artículo 12 del propio texto menciona esta cuestión y se desarrolla en distintas medidas de la norma, pero esperamos que también lo tengan en cuenta a la hora de recoger enmiendas y ver cómo pueden afectar a
esos niños y niñas, especialmente en cuanto a los compromisos que aparecen en la norma, como es la propia estrategia.
También hay que tener en cuenta cómo afecta cualquier ámbito regulatorio a las distintas realidades de la infancia. Hablamos de que esto no va a afectar igual a la infancia con discapacidad, no va a afectar igual a la infancia según su
género, o, algo que no se menciona en el texto, no va a afectar igual especialmente a niños vulnerables, del sistema de protección. Creemos que es importante que el texto recoja especialmente la realidad de estos niños y niñas, que se tenga en
cuenta a fin de poder adaptar a dicha realidad muchas de las medidas que se recogen.
Hay que tener en cuenta también la evolución de las facultades del niño y de la niña como un principio habilitador para determinar ese proceso de adquisición de competencias, compresión y autonomía. No estamos regulando igual cuando
hablamos de niños y niñas de 6 años que cuando hablamos de adolescentes de 17 años. Y también ese equilibrio adecuado entre dotar de asistencia y apoyo a padres, madres y cuidadores en sus responsabilidades de crianza y el grado de independencia o
autonomía que puede requerir un infante o un adolescente según su madurez. Es importante ese equilibrio, como bien dice la observación general 25, a la hora de plantear que ninguna limitación sea arbitraria respecto de otros derechos, como la
libertad de expresión o la protección. Como decimos vulgarmente, no matar moscas a cañonazos cuando intentamos solucionar un problema. Por eso, por ejemplo, en cuanto a la edad de tratamiento de datos, nosotros consideramos que no debería tocarse
en esta norma, porque puede ser contraproducente o, incluso, inadecuado para la realidad de los niños, primero, porque no todos
los tratamientos de datos son iguales, depende de los distintos riesgos, contenidos o de las audiencias a las que van dirigidas, ya que puede afectar, como decíamos antes, a ese derecho a la participación social de la infancia y la
adolescencia, y porque, además -si hace falta luego lo podré explicar mejor-, también tiene que ver con que pueda ser hasta contraproducente con la medida que se intenta plantear.
Sin entrar mucho en medidas concretas, porque, como he dicho antes, las hemos trasladado previamente, pero por explicar algunas más que se han mencionado -por ejemplo, Save the Children ha hablado de la debida diligencia del sector
empresarial-, nosotros creemos que hay que incluir en esa regulación del sector privado la necesidad de tener en cuenta por parte de las empresas el interés superior del menor, ya sea en el diseño, la producción, la utilización, el funcionamiento,
la distribución, la comercialización, el suministro o la fabricación de cualquier servicio que vaya dirigido o pueda llegar a ser dirigido a niños y niñas. Es necesario que exista obligación de una evaluación de riesgos para esos niños y niñas y un
plan de mitigación de los posibles riesgos detectados. Es importante que esa información que se menciona en la ley que se debe tener también esté adaptada y sea comprensible para los distintos niños y niñas que vayan a poder utilizarlo según la
edad, así como velar por que el derecho a la privacidad y la protección de datos esté garantizado, especialmente como colectivo de especial protección. Recogemos también la necesidad de incorporar en el texto la mención del derecho a asociación,
que también la observación general 25 contempla como derecho a garantizar dentro del entorno digital.
Sin más dilación, concluyo estos diez minutos que me han facilitado, para poder tener tiempo después para responder a sus preguntas y explayarme en la respuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Pasamos a la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el representante de SUMAR, el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muy brevemente, porque la verdad es que seguramente que sois de las entidades con las que más conversamos y hemos podido trabajar también desde nuestra parte de Gobierno sobre esta ley y la necesidad de
implementarla. Agradecemos todo el trabajo que hacen como Plataforma de Infancia, también por situar constantemente las necesidades de la infancia no solo en entornos digitales, sino también en materia de pobreza infantil, por ejemplo, cuestión que
estamos abordando en la subcomisión propia que creamos aquí, en el Congreso. Estamos estudiando atentamente las enmiendas, algunas ya están creando consenso en nuestro grupo parlamentario, y coincidimos en el objeto de regular los entornos para que
la infancia pueda tener y entender lo digital como un espacio seguro y para que los padres y madres, que tan preocupados están y que son quienes nos han venido mandatando la creación de esta ley, puedan saber que estamos de su lado, y no del interés
económico que pueda haber en beneficiar o comercializar un algoritmo que a veces potencia la adicción, un contenido no recomendado o formas de violencia, como el odio, que estamos viendo constantemente en las redes sociales.
Para acabar, me gustaría preguntarle lo mismo que he preguntado a los anteriores comparecientes. ¿Piensan que es suficiente con que los padres y madres protejan a sus hijos e hijas frente a los problemas tecnológicos o creen que es
necesaria una ley que establezca mecanismos de control más exhaustivos, como plantea esta ley, para beneficiar también a los padres y madres, teniendo estos mecanismos en los entornos tecnológicos? En esa línea es en la que está nuestro grupo
parlamentario y esperamos su respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido de nuevo, señor Ibarra. Le agradecemos, por supuesto, el ahínco que tiene siempre respecto a la protección de la infancia.
Respecto a las enmiendas presentadas y la exposición que ha hecho usted en este momento, creemos que es verdad que va a existir una desigualdad a la hora de controlar la letra, por así decirlo, esto es, acerca del cumplimiento de la ley en
todo el país. Es verdad que existe desigualdad de recursos y en cuanto al acceso a Internet, y no solo en las zonas rurales. Teniendo en cuenta que esta ley implica tanto al ámbito educativo como al sanitario, a las familias, a los docentes, y
considerando cada comunidad
autónoma en España, tal y como está regido el sistema de gestión a través las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades de Ceuta y Melilla, creemos que va a ser muy complicado que se ponga en desarrollo y aplicación esta normativa,
precisamente teniendo en cuenta esas desigualdades en las diecisiete comunidades. Me gustaría saber si se ha evaluado el impacto que pueda haber, porque no se van a formar los docentes o los profesores de la misma forma. Y esta ley también
repercute a nivel económico en las comunidades autónomas, es decir, va a dejar el peso en las comunidades autónomas a nivel económico para la implantación de la ley. Y es verdad que en el ámbito sanitario también implica que los pediatras estén en
igual consonancia. Por tanto, nos gustaría saber si Plataforma de Infancia ha evaluado el impacto que va a suponer debido a esas desigualdades autonómicas.
Y, por no enrollarme mucho, quisiera preguntarle cómo concilia su plataforma la proclamada autonomía digital de los menores con ese deber de tutela, orientación y control que corresponde prioritariamente a los padres, a las familias, y, en
su defecto, claro está, al Estado, para proteger ese desarrollo integral, conforme al artículo 39 de nuestra Constitución.
Muchas gracias, señor Ibarra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Armario.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Plaza.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Ibarra su comparecencia en esta Comisión y, cómo no, poner en valor el trabajo que realizan desde hace tantos años y que incluye a muchas organizaciones que protegen a la infancia. Y quiero
reconocer también el trabajo imprescindible que desarrollan desde hace tanto tiempo promoviendo la participación de los menores. Ustedes llevan tiempo recordando algo fundamental, y es que la infancia no es solamente un colectivo protegido, sino un
colectivo con voz. De hecho, todos los años participamos en esa jornada que celebran en el Congreso, que nos parece tan interesante, en la que se da voz a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y, por lo menos, ven lo que es el Congreso; una
labor muy buena, y por eso quería resaltarlo.
Esta ley precisamente da un paso adelante en esa dirección. No solamente protege de los riesgos de los entornos digitales, que hay muchos, sino que además reconoce el derecho de los menores a disfrutar de la tecnología de manera segura,
responsable y acompañada. Reconoce su derecho a estar, su derecho a expresarse, a aprender, a relacionarse en el ámbito digital sin miedo, con garantías e igualdad de oportunidades. Desde el Grupo Socialista creemos que esta ley supone un cambio
cultural. Pasamos de una visión basada en la prohibición a otra basada en la educación y la corresponsabilidad. El Gobierno, la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y las empresas tecnológicas, todos compartimos el mismo
objetivo, y es que los entornos digitales sean espacios de convivencia y espacios seguros, de no violencia para los menores. Y quiero subrayar un aspecto que la plataforma siempre ha defendido, que es el papel de la educación como herramienta de
prevención, porque la mejor protección no es el control, sino la formación, tanto de los menores, como de las familias y los educadores; una educación digital que enseñe a los niños y a las niñas a pensar de forma crítica, a distinguir lo verdadero
de lo falso, a reconocer el odio, a no replicarlo, etcétera. Estamos construyendo un modelo de convivencia digital que une la protección con libertades, la seguridad con derechos y que parte de una convicción sencilla, y es que es que los niños,
las niñas y los adolescentes no son el futuro, sino el presente y merecen crecer con plenitud también en el entorno digital.
Por eso quisiera plantearle tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo valoran el papel que esta ley otorga a la educación digital y a la formación de docentes y familias como ejes preventivos frente a los riesgos que suponen los entornos
digitales? En segundo lugar, este proyecto de ley reconoce que la protección digital de la infancia no puede depender solamente de las familias, sino que requiere de una responsabilidad compartida entre el Estado, las comunidades autónomas y el
sistema educativo y las propias plataformas tecnológicas. Entonces, ¿cómo valoran ustedes ese papel que la ley otorga a los poderes públicos en coordinación de política y en el entorno de acompañamiento a las familias para que ningún niño, niña o
adolescente se quede atrás, en la brecha digital y en la falta de recursos de su entorno, como usted ha dicho? Y, en tercer lugar, para finalizar, ¿qué mecanismos de participación infantil considera más útiles para que los propios menores puedan
tener voz y evaluar las políticas públicas sobre digitalización y protección de la infancia?
Nada más, solo reiterar mi enhorabuena por el magnífico trabajo que realizan.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, don Juan Luis Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Bienvenido, señor Ibarra Roca.
Muchas gracias por su intervención, por el tiempo y su implicación. Yo voy a hacer una reflexión algo más concreta y alguna pregunta que no suponga repetir lo que ya ha salido antes.
Comentó usted que, según la valoración de Plataforma de Infancia, es una ley muy positiva. A nosotros no nos lo parece, creo que tiene cantidad de carencias. Obviamente, como en cualquier ley, siempre hay un gap hasta llegar al objetivo
que se quiere. Entonces, ¿qué medidas hacen falta? No me refiero a cosas concretas, sino a medidas en plan genérico, que pudieran hacer mucho más efectiva la ley.
Por otro lado, como ha comentado, efectivamente, una de las partes que tiene que ver más con la protección del menor en Internet se refiere a las leyes de competencia europea. De hecho, hay muchas, como la propia DSA -por irnos a una que ya
está en vigor-, que ya implementan muchas de las cuestiones que tienen que ver con el etiquetado, la verificación en determinadas plataformas, etcétera; en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero es verdad que, además de aquello en lo que sea
competente la Unión Europea, hay otro debate sobre algo por lo que le quiero preguntar, acerca de lo que, desde nuestro punto de vista, realmente hace que una ley como esta sea eficaz para proteger al menor, y ya he preguntado lo mismo al anterior
compareciente. ¿Cómo se regula a nivel europeo -no voy a decir en España, porque aquí sé que es muy difícil- el hecho de saber que un menor es un menor? Respecto a la privacidad, ¿cómo hacer eso? Me temo que solo una ley no es suficiente; habrá
que poner toda la cadena de valor a funcionar. Quería preguntarle por su criterio al respecto.
Se ha referido a un tema que a nosotros nos parece fundamental, lógicamente, que es el ámbito de la protección del menor desde el punto de vista del sistema educativo. ¿Cómo recoge Plataforma de Infancia alguna medida que pudiera ser
efectiva precisamente desde el sistema educativo?
Finalmente, ha comentado algo ?y creo que es la única organización que ha presentado una enmienda en este sentido- acerca de que la edad mínima o la edad límite para acceder a un servicio o a una plataforma no dependa únicamente de la fecha
de nacimiento, sino que se incorporen otros parámetros, como pueden ser distintas discapacidades o la madurez de la que antes se hablaba. Efectivamente, es un tema que hay que evaluar, y la pregunta que le hago ?y con esto termino, por dejarle más
tiempo- es relativa a cómo se podría hacer efectivo eso, es decir, aunque es una obviedad, no todos los adolescentes son iguales ni están igual de preparados o tienen la misma madurez. ¿Cómo se establecería de forma efectiva ese límite, para que
pudiera haber diferentes conjuntos dentro de la sociedad adolescente, y que tuvieran acceso, o no pudieran acceder, o bien restringirlo, en función de la etapa en la que estén y de su madurez?
Lo dejo aquí para que tenga más tiempo para responder.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Para terminar, tiene la palabra el compareciente.
El señor DIRECTOR DE LA PLATAFORMA DE INFANCIA (Ibarra Roca): Muchísimas gracias, primero, por las palabras de agradecimiento por el trabajo de la plataforma y la organización que represento hoy aquí, que implica a muchas entidades y
personas.
En cuanto a las distintas preguntas, voy a intentar contestarlas en conjunto, porque han sido numerosas y muchas están muy relacionadas.
Sobre si esta norma es importante o no y si es necesaria, como decía al inicio, creemos que es fundamental, a pesar de que no es la única solución que va a haber a todo el desafío del entorno digital, porque el marco competencial que tiene
es limitado y también su capacidad. Creo que la clave para ver si realmente esta norma funciona o no, por poner un ejemplo muy similar, lo estamos viendo con la LOPIVI, la ley de violencia contra la infancia. Al final, hablamos de un marco
competencial muy variado a nivel de comunidades autónomas, administraciones locales y, sobre todo, de muchas personas que forman parte del entorno y la socialización de un niño y una niña, desde los padres y madres u otros tutores, hasta la
educación, la sanidad, etcétera. Y para nosotros, un instrumento clave que aparece en la ley es la mención de la propia estrategia, que debe ser un instrumento que coordine la actuación de las distintas comunidades
autónomas como principales órganos competenciales sobre muchos de los derechos que afectan a la infancia. Pero en la misma estrategia se debe garantizar que hay unos presupuestos adecuados y unas actuaciones coordinadas de las distintas
comunidades autónomas y administraciones. Hemos visto estrategias que han funcionado mejor y otras que funcionan peor precisamente en referencia a cómo estamos garantizando que las administraciones tienen recursos suficientes no solo para
desarrollar la ley, sino para garantizar que hay políticas públicas de formación, educación, sensibilización o capacitación, un montón de instrumentos sin los cuales la norma, al final, puede quedar en agua de borrajas, como decimos en mi tierra.
Más allá de esas cuestiones, de la importancia de esa estrategia, que viene a incidir respecto a lo que me preguntaban otros diputados y diputadas, creo que también es el Estado el que tiene que vigilar que, más allá de la educación y la
capacidad y las competencias que tiene cada comunidad autónoma, se garantice que ningún niño o niña tiene un trato diferente o accede a menos derechos según la comunidad autónoma en la que vive. Por eso creemos que son importantes esas estrategias
en el marco competencial que tenemos y que el Estado garantice que haya recursos suficientes y vele por su cumplimiento.
En ese sentido, también se ha hablado sobre cómo adecuar los distintos marcos regulatorios a los grados de madurez del niño o la niña, por ejemplo, en cuanto al tratamiento de datos. Ya hay muchísima normativa desarrollada, sobre todo en el
ámbito del derecho internacional, por parte del Comité de Derechos del Niño, acerca de cómo tenemos que garantizar por parte del legislador, pero también por parte de otros órganos que tienen incidencia en la vida del niño y la niña, una adecuación
y que las normas tengan en cuenta la evolución de esas facultades del niño, esa capacidad de comprensión, esas competencias y madurez, esa autonomía; cómo garantizamos que esas normas que se ponen en marcha tienen en cuenta las necesidades y
derechos de los niños y de las niñas, con el mínimo impacto negativo posible en el ejercicio respecto a otros derechos, como puede ser el derecho a la libertad o el acceso a información, y velan por que haya un ejercicio equilibrado de los mismos.
Por eso nosotros lo que planteamos no es tanto adecuar la normativa según la madurez del niño y la niña, sino no hacer una restricción del tratamiento de datos de manera generalizada, es decir, que velemos por que en algunas páginas web, en el caso
de algunas herramientas en las que claramente se ha detectado que el contenido resulta nocivo y perjudicial, y en pro de ese interés superior del niño por el que tiene que velar cualquier normativa de nuestro ordenamiento jurídico, se pueda impedir
el acceso a menores de 14 o 16 años, o la edad que se estipule, pero no de una manera generalizada, porque creemos que también puede tener efectos contraproducentes en otros casos. De hecho, los últimos estudios de Save the Children han planteado
que más de un 30 % de los niños y niñas se saltan los controles de restricción de edad y que, sin embargo, es mucho más efectivo el funcionamiento, por ejemplo, en redes sociales para ese 50 % de familias que llegan a acordar entre los niños y
adolescentes y los propios padres y madres cómo utilizarlas. Si no, al final esa ruptura de confianza puede generar que, cuando haya problemas, ese niño o esa niña no acuda a quien tiene que acudir, que es a su padre o su madre, o a su progenitor
de referencia.
Más allá de esas cuestiones, también hablábamos de mecanismos de participación. Por suerte, tenemos ya mucha experiencia de otros países y de nuestro propio país. Tenemos la posibilidad de la participación de órganos reconocidos, como el
Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, o la búsqueda de consultas a los propios niños y niñas en cualquier marco regulatorio. Nosotros, por ejemplo, a la hora de plantear estas enmiendas que les hacemos llegar, hemos
hecho consultas a niños y niñas. Tenemos un Observatorio de Derechos Digitales, con niños y niñas que han trabajado directamente con la industria para trasladarles las necesidades que están planteando la propia infancia y adolescencia cuando se da
un uso problemático. Les preocupa el uso que hay de muchos instrumentos y creemos que existen muchas posibilidades, tanto desde el marco de esta comisión para plantear espacios de recogida de esa opinión de los propios niños y niñas, como en el
siguiente desarrollo normativo que tenga esta ley a través de distintos reglamentos o las políticas públicas que desarrollen las comunidades autónomas para tener en cuenta la opinión de los niños y las niñas antes de plantear cualquier regulación.
En general, creo que con esto he contestado a todos los diputados y diputadas. En cualquier caso, pongo a su disposición la Plataforma de Infancia. Estaremos encantados de tener reuniones bilaterales o poder trabajar sobre esta norma
durante su trámite parlamentario, sin ningún tipo de problema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ibarra.
Nuevamente, quiero agradecerle su presencia ante esta comisión y desearle buenas tardes.
- DEL SUBDIRECTOR ADJUNTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, ONTSI-RED.ES (MÁRQUEZ FERNÁNDEZ). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000486).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia de don Juan Miguel Márquez Fernández, subdirector adjunto del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.
Le agradecemos su presencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y le doy la palabra.
El señor SUBDIRECTOR ADJUNTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, ONTSI-RED.ES (Márquez Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la invitación tanto de la Presidencia como de sus señorías para participar en esta comisión, que me parece de máxima relevancia para uno de los temas que creo que más preocupa tanto en España como en la Unión Europea en su
conjunto.
Primero, querría decir unas palabras acerca de qué es lo que hacemos en el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Se trata de una organización, de un departamento de Red.es, y nos dedicamos a varias cosas. Voy a decir solamente
una de ellas, lo del observatorio. Uno, estudiamos y hacemos un seguimiento de la evolución de las tecnologías en España, fundamentalmente de las tecnologías digitales. Lo segundo que hacemos es el seguimiento de todos los indicadores clave de
rendimiento, los KPI, del programa estratégico de la Década Digital 2030 de la Unión Europea, y elaboramos parte del informe que se hace sobre España en este ámbito. Y, últimamente, desde hace año y medio -casi dos años-, tenemos un estudio
monográfico que todavía no se ha publicado -se publicará próximamente- estudiando la vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital.
Muchas de las cosas que yo traía aquí ya han sido contadas. Entonces, voy a pasar muy rápidamente sobre ellas para dedicar un poquito más de tiempo a aquellas de las que no se ha hablado. Lo primero que quería comentar es que para nosotros
dentro del observatorio el mundo digital y el mundo no digital ya no son cosas diferentes. Hay un solo mundo y hay una sola vida, al menos en países como España -la Unión Europea-, en países de Occidente y en parte de Asia. Lo que ocurre en un
sitio afecta a lo que ocurre en el otro y lo que ocurre en el otro ocurre en el uno. Entonces, es imposible no visualizar las dos cosas juntas y huimos de cualquier tipo de regulación que se haga separando ambos mundos. Eso también tiene una
consecuencia, y es que como el mundo digital sí que tiene algunas características particulares, muchos de los derechos que tenemos en el mundo físico, en el mundo no digital, necesitan de algunos ajustes para seguir disfrutando de esos mismos
derechos en el mundo digital. Probablemente, si utilizamos esto desde el principio, muchos de los ajustes que intentamos hacer en temas regulatorios, en las leyes, serán más fáciles de abordar no como una cosa separada. No, no; tiene que ligarse
con lo que tenemos. Lo que se puede hacer en el mundo físico tiene que estar permitido también en el mundo digital. Lo que no se puede hacer en el mundo físico, no se tiene que poder hacer en el mundo digital, aunque sea difícil conseguir que no
se haga. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un menor no puede acceder a pornografía en el mundo físico, en el normal, tampoco tiene que poder acceder en el mundo digital, con independencia de que tecnológicamente sea más o menos complejo. Si una
persona no puede ejercer violencia sobre otra en el mundo físico, tampoco en el mundo digital. No hay una violencia en el mundo físico y otra violencia completamente diferente en el mundo digital. Es lo mismo, y habrá que intentar unir cómo
regulamos en un sitio y en otro, sabiendo que a veces hay dificultades, para no establecer unas diferencias que son realmente inexistentes. Esta es la primera idea.
Segunda idea que quería trasladar. Hablamos ahora mismo de la protección de menores en el mundo digital, pero en realidad nosotros siempre insistimos mucho en que hay que ver de nuevo las oportunidades que ofrece y los riesgos que conlleva,
porque impedir que se aprovechen las oportunidades que ofrece tampoco parece que sea muy buena solución. ¿Qué ocurre? Que esto hace más complejas las soluciones, evidentemente. Nadie ha dicho que esto sea fácil; nadie ha dicho que vaya a ser
fácil combinar las dos cosas, pero, en principio, intentamos -después de explicaré esto un poquito más- huir de cualquier solución de tipo prohibicionista porque sí. Habrá que ver cuáles son todas las medidas que hay que poner para que todo el
mundo se pueda beneficiar de eso. De hecho, pensamos que impedir que determinados colectivos puedan beneficiarse de las tecnologías digitales es, de alguna manera, atentar contra esas personas. Lo que tenemos que hacer es desarrollar medidas para
que puedan usarlas de manera segura, de manera fiable, pero hay que hacerlo. Es el tema de la inclusión digital de la que tanto hemos hablado y que otros ponentes han abordado antes que yo.
No me voy a entretener en contar cuáles son las ventajas y los riesgos porque ya lo han contado otros -si queréis, después los revisamos-, pero sí quiero pasar al tercer tema. El tercer asunto que yo quería traer aquí -lo he dicho al
principio- es la preocupación compartida que existe en toda la Unión Europea y en España sobre la necesidad de una acción pública para proteger a los menores en el entorno digital. No lo digo yo, lo dice el Eurobarómetro que ha sacado este año la
Comisión Europea sobre derechos digitales, en el que el primer tema, el primero, el que causa más preocupación es este. Ya no es necesario que lo diga un grupo pequeño, el otro... No, no, esto es lo que sale. El segundo, por cierto, es la
desinformación. Pero el primero es la preocupación por el tema de los menores. Nueve de cada diez europeos afirman que es urgente la acción de las autoridades púbicas para proteger a los niños en línea con respecto al impacto negativo en distintas
cosas: de las redes sociales en su salud mental, el 93 %; del acoso cibernético y el acoso en línea, el 92 %; y garantizar mecanismos para restringir el contenido inapropiado para la edad, el 92 %. Esta es la media de la Unión Europea. En el
caso de España, estos datos son todavía más elevados. Esto quiere decir que no estamos hablando de una cuestión partidista; estamos hablando de una cuestión puramente social. Esto cruza todas las capas sociales, todos los territorios y todas las
zonas, como en parte se está viendo aquí también en la intervención de los distintos comparecientes. Luego, yo creo que hay que hacerle caso a esta preocupación. Por eso, con independencia de lo que ponga la ley, me parece que es un acierto enorme
que España esté trabajando en sacar adelante una ley que va a intentar dar una respuesta a esto, respuesta que no va a ser nada fácil ni va a contentar a todos. Nadie tiene una varita mágica para saber cómo se resuelve este problema. Tenemos
aproximaciones. Hay cosas que sabemos que hay que intentar evitar y otras que no sabemos y a lo mejor lo que tenemos son intuiciones.
Lo siguiente que yo me preguntaba era cómo hay que actuar. Si ya sabemos que existe la preocupación y que hay que atenderla, ¿cómo actuar? Aquí me voy a ir a la OCDE, que ha publicado recientemente un libro sobre los niños, niñas y
adolescentes en el mundo digital en el que apuesta por que la única manera de resolver esto es con una aproximación que integre a todos los actores. Ni lo van a conseguir resolver las Administraciones públicas en solitario ni los profesores ni los
padres ni las tecnológicas. Por mucho que regulemos las tecnológicas, no vamos a resolver el problema. Por mucho que regulemos desde lo público, qué vamos a hacer desde lo público, no vamos a resolver el problema. La única opción es combinar a
todos y eso exige consenso, negociación y también respeto institucional, porque cuando las competencias están repartidas entre distintos ámbitos administrativos todos tienen que decir, evidentemente. Y habrá que diseñar un mecanismo que permita
hacer todo esto sin que tengamos que invadir competencias que son de otros, tema que yo no veo como un problema, sino como una ventaja, porque, como he dicho al principio, aquí vamos a tener que experimentar mucho. Vamos a tener que ver qué se
puede hacer, qué funciona y qué no funciona; todos: el sector privado, el sector público. Entonces, por eso es por lo que nosotros apostamos. Evidentemente, dentro de esto entra como un elemento central -aquí se ha dicho ya por parte de muchos
de los ponentes- escuchar a los propios actores, que son los menores. Ellos tienen que decir qué les sirve, qué no les sirve, cómo les sirve, para qué. Son menores, no son muñequitos que podamos manejar. Ellos son los que tienen que validar lo
que estamos diciendo.
Y dos últimos temas, aunque me voy a pasar un poquito de tiempo. El primero tiene que ver -también lo anota la OCDE en ese informe- con la necesidad de ampliar las evidencias sobre las actividades digitales de la infancia, o sea,
necesitamos más y mejores datos. La mayor parte de los estudios que se están haciendo, la mayor parte de los datos que vemos reflejados en todo esto proceden de encuestas o de trabajos con una muestra muy pequeña, que hay dudas sobre la capacidad
para extrapolar eso a otros sitios, y sobre todo también muy pocos ámbitos vistos. Si estamos diciendo que aquí las influencias son de unas partes de la vida en otras y no tenemos cuáles son los distintos aspectos de la vida de un niño o una niña,
no sabremos si una cosa causa otra o no, es decir, si hay relaciones causales. Podremos saber, como mucho, si hay correlación, es decir, si van juntas; si una persona que tiene problemas de salud mental utiliza mucho el móvil por la noche o no.
Pero no sabemos si una cosa provoca la otra o sencillamente es que van juntas y la causa que provoca eso es otra cosa, una relación familiar o un no sé qué. No es para quitar valor a los datos que se dan. Es únicamente por avisar de que es
necesario hacer un esfuerzo enorme en la obtención de datos y de evidencias que puedan ser manejadas por los equipos científicos y por la ciudadanía en general, y que nos dé robustez en el conocimiento de qué es lo que está pasando. Evidentemente,
mientras llega esto, tendremos que tirar un poquito también de nuestra intuición y de la intuición de los expertos para saber cómo está eso. Y lo segundo que hay que hacer es darle continuidad -estoy hablando de algunas de las cosas que se incluyen
en el proyecto de ley-. Tenemos
que ver cómo va evolucionando esto con el tiempo, tenemos que saber si vamos mejorando o si no vamos mejorando. Hacer ahora una medida suelta no sirve de nada; sirve cuando podemos comparar una secuencia de si avanzamos o no avanzamos.
Y lo último -con esto cierro- a lo que quiero hacer referencia es a la necesidad de la estrategia. Es verdad que normalmente se habla mucho de cuáles son los derechos, pero la estrategia, desde nuestro punto de vista, es fundamental. La
historia de cómo se materializan, de cómo se implementan todos esos derechos es un tema de importancia primordial, y el cómo se hace no es neutro. Si queremos tener una estrategia que de verdad nos guíe, tendremos que definir una serie de
indicadores claves: cuáles son las cosas importantes que hay que medir, cómo se van a medir, quién las mide... Y apoyándome en lo que decía al principio de que no hay nadie que tenga una verita mágica y que sepa exactamente lo que hay que hacer,
probablemente tengamos que apoyarnos mucho en lo que haga cada uno de los agentes y evaluar cuáles son los resultados de cada una de esas actuaciones para compartirlo con el resto e intentar mejorar colectivamente.
Y con esto doy por acabada la intervención, que ya me he pasado dos minutos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario SUMAR, el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchísimas gracias, Juan Miguel, por tu exposición. La verdad es que ha sido muy didáctica y creo que va un poco en la línea de lo que plantea nuestro grupo parlamentario con esta ley, que es entender los riesgos,
que son muchísimos, que implica la tecnología en menores, en jóvenes, en colectivos vulnerables, en personas que no tienen aprendizaje sobre cómo usar estas herramientas, pero también que no dejemos de ver las oportunidades. Que una norma que
mejore no manche los beneficios que tiene la tecnología, porque a veces nosotros mismos, por la dinámica que tenemos aquí de atender las preocupaciones, porque realmente el principal papel que tenemos los legisladores es atender las preocupaciones
de la sociedad, tampoco ponemos en valor las ventajas y es algo que debemos equilibrar. Yo creo que eso tiene que quedar claro en el propio preámbulo de la ley y que lo hemos de enfatizar.
Hemos escuchado atentamente su comparecencia, compartimos su contenido y esperemos que el resultado del debate parlamentario pueda ser nutritivo. Con toda sinceridad le digo que su comparecencia nos ha parecido muy importante de cara a
contribuir en estas sesiones parlamentarias a la elaboración de la ley. Así que muchas gracias y atentamente seguiremos aprendiendo de los profesionales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Encantada de conocerle, señor Márquez.
Usted trabaja para un organismo que depende del Gobierno y la verdad es que me ha asustado un poco cuando ha terminado usted de comparecer, y ahora me voy a explicar. Ha dicho usted que existe una realidad, pero luego ha dicho que existe un
mundo digital y un mundo físico, y es así, ¿no? Nosotros entendemos lo mismo, es decir, que todo lo que repercute en el mundo físico va a repercutir en el digital y viceversa. Y comparto con usted la idea de que, si queremos que no exista
violencia en el mundo físico, ¿cómo vamos a permitir que exista violencia en el mundo digital? Por supuesto, ahí de acuerdo con usted, pero, claro, también me preocupa lo siguiente. Si en el mundo físico existe la libertad de expresión, tenemos el
derecho de la libertad de expresión, me gustaría que me dijera si cree que esta ley asegura esa libertad de expresión, tanto del que crea ese contenido como del consumidor de ese contenido, teniendo en cuenta unas pautas de coherencia y de
protección, por supuesto.
Después ha dicho -corríjame si me equivoco- que ustedes cuentan con pocos datos. Trabaja para un observatorio, pero ha dicho que cuentan con pocos datos, que no saben si una cosa causa otra o viceversa. A mí me preocupa que en el
observatorio no tengan a lo mejor, como usted decía, determinados indicadores para ver exactamente qué comportamiento crea el otro. Entonces, yo le pregunto si existen estudios técnicos que avalan la eficacia del control parental por defecto que
impone el Gobierno o si usted conoce otros países que hayan implementado este control parental y la eficacia que haya tenido, porque no quiero pensar que el Gobierno va a implementar algo de lo que ni siquiera tiene datos, cuyos indicadores que
propone para ser evaluado todavía no conoce. No sé si existen estudios técnicos. Dígame usted.
También hacía usted referencia al consenso que requiere una ley de protección del menor; por supuesto, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, en el formativo, en el jurídico... Teniendo en cuenta, como he reiterado a lo largo
de toda la tarde con todos los comparecientes, que nuestro sistema de gestión es a través de comunidades autónomas, yo quería preguntarle si se ha contado con las comunidades autónomas, porque en algunas de las comunidades autónomas de este país
existen leyes de protección del menor en el entorno digital que llevan implementándose determinados años y me imagino que habrán evaluado sus impactos y cómo se pueden mejorar. Yo quisiera preguntarle si han tenido comunicación con otras
comunidades autónomas, si han evaluado la ley de protección del menor del entorno digital que desarrollan y si han copiado algún modelo, porque no me extrañaría que a lo mejor haya alguna comunidad autónoma que implemente un modelo de ley de
protección que sea realmente efectivo y que vaya por delante incluso del propio Gobierno.
Solamente era esto. Muchas gracias y muy amable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Maldonado.
La señora MALDONADO LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, como he hecho en la comparecencia anterior, quiero dar las gracias al compareciente por su exposición y su claridad, porque creo que también una de las funciones que tiene esta Cámara es la de escuchar a la sociedad civil, a
los expertos y a los diferentes colectivos cuando vamos a tramitar una ley. Yo siempre digo que, como legisladores, nuestro mayor objetivo es que cualquier legislación se pueda implementar, sea efectiva y nunca se cumplan los artículos de
sanciones, porque eso demostrará que nunca ha sido efectivo el objetivo principal de esa ley.
Comparto con usted absolutamente la importancia de todas las partes en la cadena de valor: los padres, las escuelas, los formadores, la justicia y también las tecnológicas y el sector industrial. Todos los comparecientes anteriores han
hecho mucho hincapié en la pata de la infancia, en esa no vulneración de los derechos de la infancia como uno de los elementos más importantes, y yo creo que usted ha explicado muy bien que, al final, todo lo que es ilegal offline tiene que ser
ilegal online. Creo que ese es uno de los objetivos de la ley que también trabajó la DSA y la DMA en el marco europeo en el año 2022. Por tanto, una de las preguntas que yo le quiero hacer es si considera que la negociación de estas legislaciones
en el ámbito digital solamente tiene que hacer en el ámbito europeo. Tenemos grupos parlamentarios a los que hemos podido escuchar decir en conferencias o en charlas que estas leyes no son necesarias en el ámbito nacional porque competen al ámbito
europeo y al mercado único común. Yo quería saber su opinión al respecto.
En segundo lugar, y poniendo un poco el énfasis en el sector tecnológico, que me parece de vital importancia en esa tramitación de ley, no podemos hacer nada para garantizar la seguridad en el entorno digital si no contamos con los
operadores, con los fabricantes y con las plataformas tecnológicas, y su corresponsabilidad en la responsabilidad colectiva será también un elemento de éxito para que dentro de treinta años no tengamos adultos, que hoy en día son menores,
posiblemente con carencias emocionales y con muchos hándicaps que estamos viendo que provocan las redes sociales y el mal uso de Internet. Nosotros, el Grupo Socialista, somos un grupo nada fóbico a la digitalización. Creo que debemos tener una
aproximación muy positiva a la digitalización -aquí se ha demostrado hoy las ventajas y las amenazas que conlleva-; tenemos que ser capaces, como usted ha dicho, de potenciar las ventajas que tiene la digitalización y el uso adecuado de Internet en
los menores, que son muchas, pero también intentando limitar por parte de las Administraciones públicas y de todos los sectores, también el industrial, esa pata de riesgos que estamos viendo cómo están aflorando hoy en día.
Nuestra generación no tenía Internet. Hace veinte años, España, Europa, el mundo era totalmente diferente al de hoy en día. Por lo tanto, creo que usted explicaba muy bien que hoy no tenemos datos suficientes para demostrar el impacto que
tiene en los menores, porque estamos ante la primera generación de menores en la que realmente se va a poder ver una proyección de esos efectos que va a tener en los adultos del futuro.
Mis preguntas son muy concretas. ¿Cree que la autorregulación del sector industrial está siendo suficiente? ¿Cree que necesitamos ese compromiso del sector industrial? Y si pudiera explicarnos un
poco más, ¿hasta dónde podría llegar esa implicación del sector industrial, de todos los fabricantes -operadores, distribuidores, generadores y diseñadores de contenido-, en este proyecto de ley?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para terminar el turno de intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias de nuevo, presidente.
Buenas tardes, señor Márquez. Es un placer contar con usted y con su intervención en este turno de comparecencias. Yo también voy a ser bastante sintético. Además, como soy el último en preguntar, siempre hay algunas preguntas que ya
tengo que tachar.
Quiero ser muy concreto con esto. Ha comentado usted -efectivamente, es bien sabido- que tenemos el mundo físico y el mundo digital. La realidad es cada vez más digital y las tecnologías que van saliendo lo que hacen muchas veces es
confundir lo físico, lo que es real, con lo que es digital o con lo que es ficción incluso a través de lo digital. Y, efectivamente, a la hora de regular, cuando estamos hablando de menores en Internet o en el mundo digital, lo que en un sitio no
se puede hacer está claro que hay que establecer los mecanismos para que en el otro tampoco se pueda. Eso es así. Y comentaba que con independencia de que sea complicado de hacer, y estamos absolutamente de acuerdo. El tema es que esa es la
clave. Esa frase es clave en lo que estamos haciendo aquí, es decir, si fuera tomar una medida, igual una acción tecnológica -ustedes se dedican precisamente a ver el impacto de la tecnología en la sociedad-, se podría ver cuál es la medida, cuál
es el impacto, aplicarlo y ya está, pero realmente es complicado. Y no solo la forma de hacerlo es complicada, porque no solamente afecta, como ha comentado al final de su intervención, a un sector o a un actuador, sino a toda la cadena de valor,
es que además aparece el entorno europeo para que pueda ser efectivo. Y ese cómo hacer es realmente lo que nos tiene aquí debatiéndonos en una ley que -no sé si me ha escuchado antes, pero voy a repetirlo-, evidentemente, no lo resuelve, por lo que
estamos intentando ver si con enmiendas, poniendo parches, se puede llegar a esa solución de: así es como se hace, así es como hay que hacer.
Dicho esto, quería también aprovechar la intervención que ha hecho la diputada del Grupo Socialista, porque me parece muy importante volver a preguntar sobre si esto que queremos hacer aquí -dar una solución que, obviamente, no va a proteger
al cien por cien de los menores en el entorno digital, pero que sea una medida realmente efectiva para esta generación- hace falta que se decida a nivel europeo o si podemos hacerlo en España directamente, no para resolverlo todo, obviamente, sino
para dar una solución que por lo menos compense estos datos que estamos escuchando durante toda la jornada de hoy que se están produciendo.
Ha comentado, y desde nuestro punto de vista tiene razón, que cada uno tiene su papel en la protección de menores en Internet, pero es verdad, qué duda cabe, que las plataformas digitales son realmente el origen del problema e igual también
podrían ser el origen de la solución. Desde este punto de vista, ¿cómo plantean ustedes, que se dedican a observar tecnologías, las tecnologías de verificación de edad, teniendo en cuenta que, por un lado, verifican que una persona sea menor o
mayor de edad y, por otro, está el tema de la privacidad y eso, lógicamente, tiene un impacto?
Por último -ya no es una pregunta, sino una reflexión-, estamos absolutamente de acuerdo -igual es el primer compareciente que lo ha comentado- en el tema de una estrategia. Estamos con la ley y la ley tendrá la velocidad que tenga, que no
lo sabemos aquí todavía, pero es verdad que eso no quita que tenga que haber una estrategia. Ahí estamos todos de acuerdo y cualquier información que pueda prestar, no solo para el tema de la ley, sino también para el de una posible estrategia,
será bienvenida.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedreño.
Para terminar, tiene la palabra el compareciente.
El señor SUBDIRECTOR ADJUNTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, ONTSI-RED.ES (Márquez Fernández): Muchas gracias.
A ver cómo lo voy explicando. Yo trabajo en una entidad pública, no soy del Gobierno ni soy el Gobierno. De hecho, he trabajado también con el PP y he colaborado en las estrategias digitales del Partido Popular antes del PSOE y después del
PSOE. Es decir, he estado metido en todo esto. Y también he sido representante de España ante la Comisión Europea en el Comité de la Década Digital. Así que soy
un empleado público que me dedico a estas cosas, y estoy dando ahora mismo aquí mi opinión y la que sale de los trabajos que nosotros hacemos.
En lo de los pocos datos me he explicado mal. Lo que quería decir -y no era mío, por eso decía lo de la OCDE- es que la OCDE en el último informe que ha publicado en mayo de este año, hace nada, sobre cómo es la vida de los niños analiza
del orden de cuatrocientos o quinientos artículos y concluye -la OCDE, no yo- que los datos que hay son muy pocos -no los nuestros, los que hay- para encontrar causalidades, esto es, para decir: esto provoca esto o esto provoca eso. Y, claro, que
tú no puedas encontrar causalidades duras, estrictas... Yo soy teleco, pero también soy economista y algo de econometría sí que manejo. Y a lo mejor un economista se queda parado -yo, como economista, diría: no puedo confirmar nada, no puedo
decir nada-, pero en política hay que dar soluciones. Igual que los jueces tienen que dictaminar, en política hay que dar soluciones y hay que seleccionar la mejor solución con los instrumentos o con los datos que se poseen en ese momento. Por eso
he dicho también lo de ir probando cosas, ir experimentando. Por tanto, quería decir eso; no que no tengamos datos, que claro que tenemos, seremos de los que más datos tienen en este país sobre el tema de desarrollo digital, pero también es verdad
que cuando miramos las cosas decimos: Bueno, tenemos muchos datos, pero no los suficientes como para poder hacer un juicio categórico de que esto provoca esto. Hay señales que indican que podría ser así -por ejemplo, las correlaciones-, pero no
tengo suficiente información para poder decir tal cosa. Por eso tanto la Comisión Europea como la OCDE están reclamando que los Estados y las organizaciones internacionales inviertan en desarrollar programas que pongan a disposición de la comunidad
investigadora y de los expertos todos estos datos que hacen falta. Además, las ciencias sociales tienen una desgracia: son las ciencias pobres. Cada vez que tienen que hacer una investigación, no tienen recursos y la tienen que hacer con
ochocientas, mil o dos mil encuestas, y eso da para poco. No es el CERN, no es el centro europeo para las investigaciones nucleares, que tiene un instrumento magnífico para generar todos los datos que necesita sobre la colisión de partículas. No
es ese el caso. Entonces, se está haciendo una llamada para ver si somos capaces, colectivamente, mundialmente, de producir este tipo de datos, como hacen, por ejemplo, en educación con PISA, que es un estudio mundial que tiene muchos datos y del
que se pueden sacar muchas conclusiones. Yo lo apuntaba aquí porque estamos sacando conclusiones extrapolables a todos los sitios. Hay estudios que tienen unas muestras muy reducidas, y están bien, son válidos para la zona o para el sitio donde se
ha hecho, pero probablemente no lo son para otras zonas u otros sitios. Pongo un ejemplo muy sencillo. En una comunidad autónoma estaban muy enfadados porque había salido que había mucha violencia escolar y pedí que me pasaran el estudio para ver
qué había, y así lo hicieron. Habían hecho las encuestas en dos centros. Tenían más de ochocientos alumnos, sí, pero las habían hecho en dos centros, cuando la varianza intercentros es mucho mayor que la varianza intracentros. Lo que habían hecho
servía para esos centros, pero no se podía extrapolar al resto de la comunidad autónoma. Lo que estaban diciendo de esa comunidad no era cierto, no se sostenía. A eso me refiero en cuanto al rigor.
Sobre el consenso, me comentaba su señoría que había leyes en algunas comunidades autónomas. Bueno, una cosa no quita la otra. Cuando yo hablaba de consenso me refería a la parte de la estrategia, fundamentalmente. A lo otro también,
porque se tiene que aprobar en el Congreso. La ley se tendrá que aprobar y tendrá que existir un consenso suficiente. Lo que estoy haciendo-a lo mejor no me correspondía- es pedir -no sé si es una petición en vano- que se llegue a un consenso
básico, al menos sobre los temas que hay que resolver, dado que esto es una cuestión completamente transversal y que el 90 % de la población en toda la Unión Europea y el 94 o 95 % en España piden que se haga esto. Y si hay que rebajar -me estoy
metiendo en un jardín- algunas expectativas en algunos sitios, pues hágase, pero creemos un espacio común donde poder actuar. A uno le podrá parecer que el 10 % de violencia es mucho y que, por lo tanto, hay que actuar de tal manera y al otro le
puede parecer que es muy poco y que no exige el actuar. Bueno, pues esos ya son los valores de cada uno de los partidos políticos en función de lo que piensen, y lo tendrán que aplicar y desarrollar. Pero, por lo menos, que los datos que manejemos
puedan crear ese espacio común y que nadie los cuestione, como pasa cuando el INE saca muchos datos -bueno, últimamente alguna vez se cuestiona- sobre uso de Internet, el uso de móviles y todo eso, porque todo el mundo sabe que el procedimiento es
científicamente robusto. Creemos ese ámbito, ese espacio común en el que, al menos, cuando digamos que hay violencia sepamos cuánta violencia hay.
Hay una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista que ha repetido también el Grupo Parlamentario Popular-o así lo he entendido- sobre si son necesarias leyes en el ámbito nacional o basta con las
europeas. Yo creo que no basta con las europeas. Las europeas son necesarias y lo que se haga en el ámbito nacional debe tener en consideración todo lo europeo, y no se puede regular nada que sea estrictamente competencia exclusiva de la
Unión Europea, porque tú no puedes fragmentar el mercado, entre otras cosas, y eso hay que tenerlo muy presente cuando estés regulando. Pero la regulación europea -todo lo que hay, la DSA y todo eso- requiere desarrollos reglamentarios por la
Comisión Europea -está en ello, hay ahora mismo una propuesta para desarrollar precisamente los artículos que hacen referencia a la protección de menores-, que hay que atender y hay que estar encima de eso y ver cómo se resuelve todo eso, pero hay
otras muchas que no: probablemente, cómo sea el sistema penal de cada país, cómo trata el tema de la violencia, etcétera, a lo mejor toca hacerlo aquí. Hay aspectos que tú vas a tener que hacer porque son competencia tuya, pero en otros casos será
necesario mirar a la Unión Europea y ver cómo lo hacen. La protección de menores no es la DSA. La DSA contiene algunos elementos para proteger menores, pero hay que hacer, como he dicho, muchas más cosas, muchísimas más cosas. Y ahí es donde yo
creo que sí hace falta una acción nacional. Es lo que se pide en las encuestas que se han hecho en la Unión Europea y es lo que están abordando otros países también. Nadie va a venir de la Unión Europea a decirte cómo tienes que trabajar en tus
colegios, en tus familias, para aumentar el nivel de protección.
Por tanto, creo que hay que estar en los dos frentes; no es uno u otro, hay que estar en los dos. Pero si espero únicamente a la Comisión Europea, garantizo que no lo vamos a conseguir. Y pongo un ejemplo muy sencillo. El Parlamento y el
Consejo, la Unión Europea, aprueban la decisión sobre la Década Digital 2030, la primera estrategia digital elaborada y aprobada por todos los Estados miembros en todo el ámbito de la Unión Europea. Ese es el marco general y ahí se incluye una
estructura de gobernanza que obliga a todos los Estados miembros a desarrollar sus propias estrategias para conseguir los objetivos y las metas que se establecen en la década digital. Y hay todo un mecanismo de seguimiento. A lo mejor estoy muy
influido -uno siempre lo está- por las cosas que conoce mejor, pero probablemente sea uno de los programas que está moviendo un poquito las cosas. No digo que haya resuelto las cosas, pero es uno de los que ha conseguido mover más las cosas en el
ámbito europeo. Va de eso. Se pone a nivel estatal una estrategia global que, por supuesto, es respetuosa completamente con las competencias de las comunidades autónomas, de las entidades locales, de cada uno de los actores que intervienen, pero
sí se fija colectivamente cuáles van a ser las metas, los objetivos, la estructura de gobernanza que se tiene que adoptar, cuándo se va a revisar, cómo se revisa, dónde va, cuáles son las evaluaciones que se hacen sobre esos resultados, cuáles son
las estructuras colaborativas que se crean en torno a eso. Si me preguntaran qué metería en una enmienda, probablemente diría que la parte de la estrategia para fijar alguno de estos puntos. Y eso sí da pie, creo yo, a la posibilidad de que todo
el mundo colabore, coopere, en algo que deberíamos convertir -es mi opinión personal- en una misión en el sentido de Mazzucato, como lo de un hombre en la luna, y es conseguir que en diez años no haya violencia infantil en este país. Sería una meta
de país en diez años. Estoy fantaseando, pero querría verlo algún día.
Abordo las otras dos preguntas y acabo. Autorregulación. Yo he sido un defensor de la autorregulación durante muchísimo tiempo. Y creo que cuando hay un mercado que funciona, cuando no hay monopolios u oligopolios claros en el mercado,
cuando no se afectan derechos fundamentales, lo mejor es la autorregulación, y estoy convencido de ello. Pero aquí no estamos en ese caso. Aquí estamos en un mercado donde hay monopolios u oligopolios muy potentes, en donde estamos trabajando con
derechos fundamentales de la ciudadanía y donde las empresas, que tendrían que autorregularse -yo que fui de los que saludé con mucha alegría la llegada de las redes sociales y todo esto-, han venido a demostrar que no son de mucho fiar en el tema
de los derechos digitales.
El señor PRESIDENTE: Perdone, don Miguel, le pediría que fuese terminando.
El señor SUBDIRECTOR ADJUNTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, ONTSI-RED.ES (Márquez Fernández): Vale.
Entonces, creo que no vale con la autorregulación, hay que combinar las dos cosas.
Y lo último que preguntaba el portavoz del Grupo Popular era sobre la verificación de edad. Es una pregunta muy interesante, porque la regulación europea obliga a que haya verificación de edad. Y podríamos decir que ya está ahí. El
problema es que lo tienen que implementar las tecnológicas, que son las que dan los servicios. ¿Qué ocurre? Que la implementación que han hecho es hacer un clic si usted tiene más de 18 años. Yo no sé si es que nos están tomando el pelo
claramente a todos o si realmente ellos han entendido que cuando se les pide que tienen que verificar la edad basta con poner un cartelito
donde pone que eres mayor de 18 años. Creo que hay que ir a un paso más allá, como se está haciendo, para regular cuáles son todas las condiciones mínimas que ha que tener ese sistema de verificación de edad. Lo de la e-wallet, la cartera
de identidad digital, puede ser una solución. Me guardo mi opinión sobre si es compleja o no, pero creo que tiene que haber otras. Sí es cierto que hay sistemas que han probado, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos o el propio Gobierno
español, y que han demostrado que es posible hacerlo. Si no lo hacen, deberán ser las tecnológicas quienes digan por qué no adoptan esos sistemas que son posibles. Yo creo que sí es posible, y los demostradores han probado perfectamente que se
puede validar la edad sin tener que proporcionar ningún dato personal más, no es que tú des tus datos del DNI. Son sistemas técnicamente complejos pero factibles para poder validar la edad de una persona sin tener que descubrir ningún dato.
Con esto creo que he contestado a todas las preguntas que me han hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Quiero agradecer nuevamente su presencia y su colaboración con la comisión.
- DE LA SUBDIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN ANAR (FRESNILLO IGLESIAS). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000487).
El señor PRESIDENTE: La siguiente compareciente es doña Marta Fresnillo Iglesias, subdirectora del área jurídica de la Fundación ANAR. Ruego que disculpe el horario. Las anteriores comparecencias se han retrasado -están siendo muy
interesantes las intervenciones de todos los ponentes-. Le agradezco su presencia, así como su esfuerzo, porque es la última compareciente de la tarde hoy.
Tiene usted la palabra.
La señora SUBDIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN ANAR (Fresnillo Iglesias): Muchas gracias.
En primer lugar, señorías, nosotros agradecemos que brinden este espacio a la Fundación ANAR para que podamos transmitirles nuestras experiencias, nuestras propuestas y nuestras ideas.
La Fundación ANAR, por si alguno de ustedes no la conoce, lleva desde el año 1970 dedicada a la promoción y a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país. (Apoya su intervención en una presentación digital).
Funcionamos a través de varios programas: tenemos los hogares de acogida, nuestro centro de estudios -del que luego vamos a hablar un poquito- y tenemos también nuestros programas en colegios. No obstante, nuestro proyecto de mayor envergadura,
por el que realmente más nos conocen, es el de las líneas de ayuda, el teléfono, el chat y el e-mail de ANAR. ¿Por qué es el de mayor envergadura? Porque solo en el año 2024 atendimos 286 000 peticiones de ayuda entre llamadas, e-mails o mensajes,
referidas a problemáticas de menores. Hemos atendido y orientado a más de 18 000 niños a través de nuestras líneas telefónicas y líneas de ayuda. Aquí están las líneas -no me voy a extender mucho ya que tengo poquito tiempo-: la línea del adulto,
la del menor, la del acoso escolar, la de desaparecidos y, también, la de violencia de género. Trabajamos las veinticuatro horas del día -hay diferentes equipos, evidentemente, y son psicólogos los que las atienden- todos los días del año, porque
los problemas se producen todos los días del año. Es una línea absolutamente gratuita para los menores, a los que escuchamos en un entorno confidencial. Creamos un espacio confidencial para que el menor nos hable sin filtros de sus problemas.
Evidentemente, muchos de estos problemas están relacionados con la tecnología.
Desde hace ya bastantes años observamos que existe una incidencia muy notable de las tecnologías en las problemáticas de los menores, en las violencias que se ejercen de los menores cuando se da este mal uso de las tecnologías. Esto, por un
lado, nos llevó a proponer, junto con otras cinco organizaciones, un pacto de Estado para la protección de los menores en el ámbito digital. También, hemos tenido el honor de participar en el grupo de cincuenta expertos del Ministerio de Juventud e
Infancia. Y, ahora mismo, nos encontramos aquí intentando defender y sobre todo trasladar la voz de los niños, lo que nosotros recibimos.
Tenemos un centro de estudios y tenemos datos. Es verdad que nuestros datos se refieren a los de nuestras llamadas y a los de nuestras atenciones a través del e-mail y a través del chat. Hay muchos datos desde el 1994, año en el que
empezaron a funcionar las líneas: tenemos seis millones y medio de datos. Son registros que se van analizando para tratar de revertir a la sociedad esa información que los
menores nos dan para trasladarla a las instituciones públicas, a las personas que pueden hacer que su vida mejore, con propuestas, incluso legislativas, como es este caso.
En lo que se refiere al tema de tecnologías, nuestro centro de estudios ha elaborado un estudio con una muestra de un año, de junio de 2023 a junio de 2024. Ahí aparecen los casos de 6300 menores, pero realmente se analizaron 11 164 casos.
De esos casos, podemos decir que en todas las problemáticas que afectan a los menores, tanto violencias como problemas de salud mental, hemos encontrado que el mal uso de la tecnología estaba involucrado en ellas directa o indirectamente. También
podemos hablar de que existen una serie de problemas generados por la tecnología; algunos son nuevos, como, por ejemplo, el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting o el grooming, y otros simplemente se han agravado.
En la Fundación ANAR siempre hemos prestado ayuda para resolver estos problemas, como, por ejemplo, el de la pornografía. Los menores acceden a la pornografía, y tenemos datos. Voy a poner el resumen del estudio para que puedan ver los
datos. Estamos hablando de que el 87 % de los menores consultan pornografía y, además, a edades muy tempranas. Por cierto, luego dejaré aquí el estudio por si quiere consultarlo cualquiera de ustedes, aunque también se puede acceder a él a través
de la página web. Es un estudio muy minucioso y muy largo, pero a la vez es un análisis riguroso con los datos que tenemos de nuestras llamadas. También, hay un resumen ejecutivo, en el que se encuentra esta síntesis de la panorámica general de la
situación.
Aparte de la pornografía, también se ha incrementado la violencia de género. Tenemos un 76 % de casos en los que se hace un mal uso de la pornografía para ejercer esa violencia de género a los menores, incluso los propios menores son
agresores, no son solo víctimas. También se ha visto agravado el problema de las agresiones sexuales. Es evidente que el consumo de la pornografía en los menores o la falta de educación afectivo-sexual puede hacer que se incremente, como se han
incrementado, las agresiones sexuales. Hay muchos otros problemas, como podemos ver, por el mal uso de la tecnología.
El mal uso de la tecnología también afecta a la salud mental, generando problemas muy graves como la ideación suicida, los intentos de suicidio, las autolesiones, problemas de conducta, que derivan también en problemas de violencia
filio-parental, o los trastornos de conducta alimentaria. A través de las redes sociales los menores no son ajenos a este mundo. Los menores utilizan las redes sociales, y muchas veces sin supervisión. Por tanto, les puede generar todo este tipo
de problemas. Por ejemplo, hay problemas de conducta en un 64 % de los casos analizados debidos al mal uso de las tecnologías; la ideación suicida, un 61 %, o las autolesiones, un 49,8 %. Lamentablemente comprobamos que año tras año el
sufrimiento de los menores se incrementa con este uso de las tecnologías. Además, hay muchos menores que viven absolutamente en soledad, no están orientados, no están supervisados en ese uso de las tecnologías. Un dato muy alarmante es que el 54,9
% de los casos en los que el mal uso de la tecnología puede provocar problemas no tienen atención psicológica. Los menores no están siendo asistidos ni están siendo orientados y, por lo tanto, esta problemática puede ir creciendo. Sacaremos nuevos
estudios y esperemos que, a través de estos proyectos, de estas iniciativas, podamos ponerle freno, puesto que cada vez nos preocupa más y está presente en casi todas las llamadas.
Aparte de poner sobre la mesa todos estos datos -ya decimos que son nuestros datos, pero entendemos que son muy significativos por el volumen-, en nuestro estudio también podrán ver que hay muchas recomendaciones para todos los implicados:
los propios menores, por supuesto, pero también las familias, los colegios y los centros educativos; está la industria, que debe tener un planteamiento ético y velar por el interés superior del menor -al fin y al cabo es lo que nos hace a nosotros
estar hoy aquí-; y también, por supuesto, están los poderes públicos. Todos los agentes tienen que estar involucrados y trabajar en ello. Tenemos que trabajar por defender a los menores, tenemos que hacer una ley y tenemos que proteger a la
infancia. Debemos atacar desde todos los frentes posibles.
La Fundación ANAR, al igual que otras fundaciones y otros colectivos, ha aportado propuestas. Muchas de ellas están contenidas en la ley orgánica, que nosotros hemos acogido con una visión bastante positiva. Se incluyen muchas de las
propuestas que nosotros habíamos planteado, al igual que, evidentemente, las de muchísimos otros organismos. Están la verificación de la edad, el control de la industria, el etiquetado. Hay un montón de recomendaciones. Pero me voy a referir a
dos propuestas concretas que queremos traer hoy aquí, porque entendemos que podrían enriquecer el texto de la ley orgánica. Son muy específicas, además de no tener nada que ver con lo que hemos comentado hasta hoy.
La primera hace referencia al artículo 9 del proyecto de ley orgánica. Estamos hablando de servicios de asistencia social integral. Se consideran unos servicios esenciales, básicos, que deben tener todos aquellos menores de edad víctimas
de violencia sexual o de violencia de género. Nosotros proponemos,
teniendo en cuenta lo que hemos visto en el estudio y en cómo se detecta por la propia sociedad, que todas las violencias estén involucradas. En todas las violencias incide el mal uso de la tecnología y lo que queremos es hacerlos
extensivos a todas ellas, a todas las problemáticas que afecten a un menor, a todos los delitos que un menor pueda sufrir por el mal uso de las tecnologías o en el entorno digital. ¿Por qué? Porque consideramos, como pone la propia ley, que son
servicios esenciales.
La segunda propuesta va referida a la asistencia jurídica gratuita. Nosotros, como Fundación ANAR, vemos continuamente lo difícil que le resulta a un menor plantear una denuncia. Muchas veces sus agresores están dentro de su propio
entorno, incluso son sus propios familiares. Por lo tanto, entendemos que es fundamental que un menor cuente con el asesoramiento, la ayuda y la orientación de un profesional, un abogado, que pueda asistirle desde el primer momento. Desde el año
2013 hemos tenido una trayectoria legislativa muy importante de conquista de estos derechos. Primero empezamos reconociendo, en el artículo 2.g) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que los menores pudieran tener este derecho,
independientemente de los ingresos económicos de sus progenitores, en situaciones de abuso y de maltrato. La LOPIVI viene a enmarcar todo esto, lo concreta, y ya habla de situaciones mucho más concretas, no solo violencia física o violencia sexual
-evidentemente, nos referimos tanto a entornos digitales como a la vida real-, sino también lo extiende a todos los delitos, delitos de maltrato, delitos de homicidios, delitos de lesiones, todos los que afectan a los menores. ¿Qué ha ocurrido?
Que con la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, eficiencia procesal, resulta que ha habido un retroceso -no sabemos si por una confusión o por una mala redacción respecto al articulado-, puesto
que, aunque a los menores ahora sí se les reconoce el derecho a la justicia gratuita como víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual, incluso en casos de mutilación genital, tenemos aquí casos de matrimonio forzado, acoso con
connotación sexual y, sin embargo, se han extraído otros delitos superimportantes para toda la sociedad, para nosotros y para ellos, y que nosotros vemos diariamente, como el delito de homicidio, por supuesto, pero también los delitos de lesiones
agravadas y el maltrato habitual, que es uno de los delitos que más se comete contra los menores. Por lo tanto, solicitamos que, a través de una disposición final, se pueda incluir -nosotros hemos puesto este texto alternativo, puede ser cualquier
otro que lo pueda enriquecer aún más- un texto que nos devuelva esa protección hacia los menores y que puedan tener una orientación jurídica adecuada.
Esto es todo. Creo que ha sido muy rápida. Quedamos a su disposición. Dejaremos aquí nuestro estudio, al que pueden acceder a través de nuestra página web también.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el portavoz de SUMAR, el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Muchas gracias.
Seré breve, como en las anteriores de comparecencias, porque sobre todo queríamos escucharlos. Agradecemos el trabajo que realiza la Fundación ANAR constantemente, durante todo el año. También celebramos que compartan parte del contenido
de este proyecto de ley, que lo vean como positivo. Recoge esas demandas y reivindicaciones tan importantes que hacen ustedes desde hace mucho tiempo. Nuestro grupo va a atender las enmiendas y va a estudiarlas para intentar incorporarlas al texto
y mantendremos una comunicación constante con respecto a las enmiendas durante las próximas semanas.
Quisiera hacer una reflexión general. Estos días conocíamos el terrible caso de Sandra, una menor que se suicidó. Supuestamente recibía acoso a través de las redes sociales. Ahora mismo se está estudiando la posible consecuencia que
tuvieron las redes sociales en su caso. No es el primer caso. Sabemos que hay muchos casos de bullying, de acoso y, por tanto, hay que trabajar desde el ámbito educativo, familiar y social, pero también desde los entornos digitales y las redes
sociales. Hace unos días también conocíamos que la artista Rigoberta Bandini -lo comentaba yo en esta casa- anunciaba el cese de sus conciertos debido al odio en redes y a los insultos. Hace un par de meses conocíamos también que una atleta como
Ana Peleteiro, que es un orgullo para este país, decía que colapsaba también en las redes sociales por las críticas que recibía. No podemos ignorar más los efectos que pueden tener los entornos digitales y las redes sociales en la vida de las
personas, desde personas con el nivel más alto de fortaleza mental, como puede tener una persona con responsabilidades públicas, hasta menores, un niño o una niña, que son completamente vulnerables y a los que debemos proteger. Por eso, hay que
regularlo y hay que implicarse.
Nosotros y nosotras consideramos que esta ley es fundamental para el desarrollo de este país. No es una ley cualquiera, estamos hablando de ser vanguardia a nivel europeo para proteger a los más vulnerables y decirles claramente que los
legisladores, este Congreso, estamos aquí para ponernos del lado de las familias y no del interés económico de un algoritmo o de un interés que muchas veces, a través del odio, a través de no poner mecanismos de protección, en vez de estar sirviendo
para proteger, para prevenir, está sirviendo para fomentar y beneficiar esa violencia y ese odio, al que tenemos que combatir todas y todos los que nos consideremos demócratas. Así que nuestro grupo parlamentario va a estar en ese lado de la
historia. Sabemos que su fundación, la Fundación ANAR, está trabajando diariamente en ese acompañamiento, y por eso agradecemos su enorme trabajo.
Me gustaría hacerle dos preguntas, como he hecho con el resto de comparecientes. En la ley se habla de mejorar el control parental en redes sociales, en entornos digitales como los videojuegos y demás. ¿Qué opinión tienen respecto a esto?
Y con respecto al tema de educar y concienciar, de legislar de forma contundente los entornos digitales, que es la otra pata que nosotros consideramos importante, pero también acompañar y educar porque también lo marca la ley, ¿piensan que se debe
de mejorar y se deben implicar más, por ejemplo, las comunidades autónomas en materia educativa a la hora de enseñar, ayudar y apoyar a los niños y las niñas en conocer mejor los peligros que atañen los entornos digitales?
Muchas gracias en nombre de nuestro grupo parlamentario.
La señora SUBDIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN ANAR (Fresnillo Iglesias): Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo VOX, la señora Armario.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Fresnillo, muy bienvenida. Encantada de conocerla. Conozco su fundación. Para mí es un orgullo la labor que hace y le doy un eterno agradecimiento, porque, además, creo que han sido pioneros en esa línea telefónica que ha tenido
tanto éxito.
Yo quisiera preguntarle precisamente, para no alargarnos mucho, sobre ese que creo que es uno de los éxitos de la Fundación ANAR, que es la atención telefónica. En cuanto al proyecto de ley, en el artículo 9, que usted antes mencionaba y
ponía una transparencia al respecto sobre el servicio de asistencia integral que contempla ese servicio de llamada las veinticuatro horas del día durante los siete días de la semana, me gustaría saber si le ha asesorado al Gobierno sobre cómo
realizar ese servicio, qué tipo de perfiles habría que tener en cuenta a la hora de tener ese servicio que propone la ley. También quisiera saber, ya que antes comentaba también que el ciberacoso y el ciberbullying son las problemáticas más
abundantes en cuanto al riesgo de las redes sociales y el uso de Internet, si cree que con este proyecto de ley se podrá defender o qué tipo de medidas cree que son más prioritarias para que este número de ciberacoso y ciberbullying vaya
descendiendo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Herrera.
La señora HERRERA GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Muchísimas gracias, señora Fresnillo, por su exposición. A lo largo de la tarde, diferentes organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, como la suya, están manifestando la enorme importancia de la temática que es objeto de
esta ley y de estas comparecencias, así como la necesidad de regular sobre la materia, teniendo en cuenta tanto el reconocimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia en el entorno digital, como creo que hace el texto propuesto, como
la incorporación de medidas de protección para que el entorno digital no sea un espacio inseguro en el que se permitan comportamientos, conductas o prácticas que no se permiten en el mundo físico.
También ha sido recurrente esa apelación a la necesidad de combinar la acción desde diferentes ámbitos: familias, sector educativo, tecnológico, Estado y resto de instituciones con competencias en la materia. Por eso considero que es
fundamental la experiencia, la información que usted nos traslada desde la propia práctica de su entidad y ese estudio de más de once mil menores que contactaron con esa línea telefónica, el mail o el chat de la Fundación ANAR. Me parece
especialmente alarmante y quiero volver a destacar ese dato que ha dado usted del 56,4 % de casos en los que el uso inadecuado de la
tecnología se encontraba o bien en el origen o bien en el agravamiento del problema que había sido motivo de la consulta realizada por esos niños y niñas. De hecho, ustedes, en la presentación de ese informe, señalaron la urgencia de
aprobar esta ley orgánica para poner límites, para acompañar, educar y escuchar, partiendo de la idea de que no podemos dar a los y las menores dispositivos con conexión a Internet y acceso ilimitado a un enorme abanico de contenidos que pueden ser
altamente perjudiciales.
En relación con toda esta información, le hago algunas consultas que no sé si por tiempo podrá extenderse, pero por si puede dar alguna pincelada: su opinión ante los enfoques que plantean que proteger a los menores en los entornos
digitales puede resultar un recorte de derechos para creadores de contenido y plataformas; si tiene alguna propuesta concreta que debamos tener en cuenta o incorporar relacionada con el ámbito educativo y el de las familias, y, finalmente, pedirle
una reflexión sobre los efectos futuros que podemos esperar en esta generación que ya está experimentando estos problemas y las secuelas que este tipo de situaciones puedan generar en el futuro. Lo digo porque tenemos la sensación de que es
realmente urgente intervenir y legislar en este sentido.
Por lo demás, agradecemos las enmiendas que nos ha presentado en su comparecencia, las vamos a estudiar con detenimiento y a tenerlas en cuenta en la medida de lo posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Herrera.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Rosa.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, señora Fresnillo, muchísimas gracias por haber comparecido con esa intervención tan interesante y, sobre todo, por el trabajo que están realizando en la Fundación ANAR, que nos consta que en muchas ocasiones es, en
definitiva, para ayudar a las familias, ayudar a los menores y, sobre todo, poder adoptar medidas necesarias de protección. Hay que tener en cuenta que, como hemos comentado esta tarde, en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de interés
preferencial del menor. Por tanto, yo creo que todos los que estamos en esta comisión, los que estamos involucrados en el trabajo de este proyecto de ley, debemos estar encaminados siempre con esa idea de trabajar por el interés del menor y
efectuar su protección.
Es verdad que usted ha puesto de manifiesto los riesgos que tienen nuestros menores, no solamente en el ámbito de la violencia específica, de la pornografía, del discurso de odio, sobre todo de entrar en contenidos que no están regulados en
la vida ordinaria y que en la vida digital tienen una mayor accesibilidad. Por eso, yo creo que entre todos deberíamos reflexionar, y nos gustaría al Grupo Popular que usted nos diera luz sobre unas cuestiones que consideramos esenciales en este
debate. Por ejemplo, si considera necesario restringir ciertos servicios digitales para proteger al menor. También nos gustaría saber si es necesario fomentar el tema de la formación, no solamente la formación en los menores, en esa
autoprotección, sino también en las familias, para poder colaborar e incardinarnos en lo que es la protección del menor. Usted lo ha puesto de manifiesto, el bullying digital, la sextorsión, la humillación pública son las causas frecuentes de
situaciones gravísimas que pueden afectar a nuestros menores. Por eso es necesario que usted nos ayude a hacer esta reflexión, sobre todo en las reformas que debemos llevar no solamente en el ámbito del Código Penal, sino también en otras leyes que
también abarcan todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico.
También nos gustaría que usted reflexionara con nosotros sobre la idea de un canal de denuncia claro al que los menores o las familias puedan acceder. ¿Cómo podríamos articular ese canal de denuncia? Usted ha hablado de esa disfunción que
ha creado la ley de eficiencia procesal en el ámbito. Nos ha parecido muy interesante esa reflexión, y sobre todo es verdad que la justicia gratuita ha desprotegido en este sentido al menor en determinados delitos. Por eso es muy interesante, y
nosotros también reflexionaremos, junto con usted, sobre esta materia.
También se ha debatido durante la tarde una idea sobre la que me gustaría que usted nos arrojara luz en el sentido de la posibilidad de una autoridad independiente que pueda determinar y efectuar esa regulación o autorregulación que tienen
que tener las plataformas. ¿Usted es partidaria de la existencia de esa autoridad independiente o considera que la propia Fiscalía ya tiene actuación concreta en esta materia?
Queremos que usted nos diga si es necesario hacer protocolos de actuación rápida en plataformas y en los centros educativos, si hay que trabajar también en el ámbito de los centros educativos, posibilitar y utilizar herramientas de reporte
fácil y anonimato para los testigos de acoso, porque sabe usted mejor que
nadie que muchas veces no solamente es el menor involucrado, sino también su entorno. El entorno puede convertirse en testigos de esa actuación y pueden también convertirse en sujeto activo a la hora de denunciar esta situación en la que a
lo mejor el menor se puede encontrar bloqueado. Por tanto, esa formación que puede existir en los colegios, no solamente de autoprotección, sino también con carácter colaborativo de los otros menores, de los compañeros, de los amigos, del círculo
que pueda tener, no solamente en el ámbito más estricto, sino también más amplio de amistades, así como la posibilidad de realizar medidas en esos centros educativos. Para terminar, ¿considera usted que es necesario, repito, un protocolo claro de
denuncia inmediata y de colaboración con los cuerpos policiales y la propia Administración de Justicia y, sobre todo, esa autoformación y autoprotección que deben tener nuestros menores?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Rosa.
Tiene la palabra, para terminar, la señora compareciente.
La señora SUBDIRECTORA DEL ÁREA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN ANAR (Fresnillo Iglesias): Muchas gracias.
Voy a intentar sintetizar y responder a todo, aunque va a ser un poco complicado. Empezamos por el Grupo SUMAR. Ha destacado un tema que nos preocupa muchísimo. Evidentemente, nosotros no nos podemos pronunciar sobre ningún caso, no lo
hacemos nunca, porque además no tenemos información suficiente, pero sí tenemos información de la cantidad de acosos escolares que se agravan por el hecho del mal uso de las tecnologías. Realmente al menor le queda poca escapatoria cuando, aparte
del acoso escolar que recibe en el propio centro escolar, aquello se traslada también a la vida de fuera. ¿Por qué? Porque las redes y los teléfonos están en todas partes. Por tanto, el acoso se intensifica.
En cuanto al daño psicológico que puede hacer, me ha hablado usted de personas adultas a las que realmente les ha sido muy difícil continuar cuando se ha producido ese mal uso y cuando han sufrido ese acoso a través de la tecnología. Pues
un menor está realmente mucho más indefenso y tenemos la obligación de protegerle por todos los medios.
Hemos hablado de los compañeros, por supuesto, hay que concienciar, hay que educar en que ese tipo de comportamientos no se pueden producir ni en centros escolares ni en ninguna parte. En los colegios también hay que estar atentos y ver qué
está ocurriendo, qué está pasando y tratar de poner unas medidas preventivas. En la propia casa, en la propia familia hay que hablar con nuestros menores, conocerlos, saber esos cambios de comportamiento, qué les está pasando cuando se encierran,
cuando se quedan solos con el móvil. Y también la ayuda profesional, la ayuda psicológica. Hace falta, como hemos dicho antes, aunar todos los frentes, por supuesto.
Por cierto, muchas gracias por los agradecimientos.
Hemos hablado de un mayor control parental. Nosotros desde hace ya muchos años venimos hablando del control parental en los móviles. Hablamos en un primer momento de crear un pacto con los menores cuando se les entrega -y con eso también
respondo a otra de las preguntas-. Cuando al menor se le entrega un móvil, hay una frase que me encanta de Mar España, la anterior presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos: no podemos darle un móvil con barra libre porque lo que le
estamos dando es una puerta abierta a un montón de posibilidades. No les vamos a dejar conducir un coche si no tienen carné de conducir, si no tienen la edad para hacerlo, pues lo mismo ocurre con el móvil. Tenemos que aplicar ciertos controles y
ciertas limitaciones, porque de lo que se trata, en definitiva, es de protegerles y de que no accedan. Es fácil, lo hemos comentado también hoy, que los menores las burlen porque van muy por delante de nosotros. Probablemente, burlan esos sistemas
y consiguen entrar en información que no les corresponde. En eso, es verdad que es difícil, un riesgo cero no existe, como no lo existe en nada, pero sí que podemos intentar limitarlo a través de los controles parentales y de muchas otras medidas,
como la educación, la concienciación o, como también se ha dicho hoy, decirles: lo hago para protegerte, si no te dejo el móvil a determinadas horas o tienes una sobreexposición, la limito precisamente para poder protegerte.
El esfuerzo tiene que ser de todos, tiene que ser a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel de comunidad autónoma porque el problema está en todas partes y lo tenemos todos, por tanto, lo que hace falta es que haya mucha cohesión y mucha
coordinación entre todos los poderes públicos para poder defender a los niños, que son los que nos traen aquí, los niños y adolescentes.
En cuanto al Grupo Socialista, hemos hablado de recortar los derechos de creadores de contenido. Nosotros, en Fundación ANAR, tenemos varias recomendaciones. No sabemos si se trata de recortes o no, pero sí de poner los etiquetados
suficientes para que se conozcan los riesgos, para que se pueda elegir, igual que pasa con todo -con las películas, con el tabaco, con determinados productos alimentarios-, para que conozcamos esos productos y podamos ver si realmente nuestros
hijos, nuestros menores, nuestros ciudadanos, al fin y al cabo, están totalmente preparados para acceder a ellos o no.
Hemos hablado -y también se ha incorporado, por supuesto- de que se va a hacer un control de la edad, de los sistemas de verificación de edad. Nosotros no sabemos cuál es el adecuado, lo que sí sabemos es que hace falta, que es
absolutamente necesario. ¿Que eso choca con otros derechos? Por supuesto que sí. Habrá formas y para eso hay grandes expertos, para que vean y analicen cuál es la mejor forma de hacerlo, pero que es necesario lo tenemos absolutamente claro.
Vemos cómo hay menores que ya con 8 años, incluso diría yo que más pequeños, están accediendo a la pornografía y se están educando no de una forma afectivosexual con sus padres, tutores o profesores, no, sino a través del porno, a través de las
conductas de dominación, de unas conductas en las que la mujer queda absolutamente discriminada, y luego vemos en las llamadas cómo ellos replican esas conductas. No hemos hablado, porque no da tiempo a todo, de lo alarmante que son las llamadas en
las que se producen agresiones o conductas sexuales inadecuadas, porque a veces los niños son muy pequeñitos, tienen 7 u 8 años. Son conductas en grupo absolutamente inadecuadas para su edad y solo las han visto ahí, accediendo a lo que no deberían
acceder. Es difícil limitarlo, pero para eso estamos aquí, para intentar conseguirlo.
En cuanto a VOX, nos hablaba usted de las líneas. Nosotros trasladamos nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos y cómo nos funcionan las líneas, que funcionan desde el año 1994. Va en aumento el número de casos, como hemos visto, que
son enormes, con más de doscientas mil llamadas y, probablemente, el año que viene serán más. Nos gustaría que fueran menos, pero no si es para ocultar un problema, porque lo que queremos es que el problema salga a la luz y podamos detectarlo.
Nosotros tenemos un sistema que funciona, a través de psicólogos orientadores que son los que atienden las llamadas y crean ese espacio seguro con un menor porque, lo hemos dicho antes, a un menor le cuesta mucho ir a denunciar, ¿cómo va a
ir un menor a denunciar? Aparte que tiene a veces muchas trabas. La LOPIVI ha reconocido que los menores pueden ir a denunciar, otra cosa es que realmente al final lo puedan hacer, lo hagan y, además, cuenten con la orientación jurídica
suficiente.
Nosotros la llamada la recibimos a través de psicólogos orientadores que van a ayudar al niño a que pueda gestionar esas emociones, a que le pueda contar cuáles son los problemas y, a partir de ahí, tenemos también un grupo de abogados y de
trabajadores sociales que son los que le van a dar la orientación, entendemos que más adecuada, para que pueda solucionar sus problemas, con una llamada, con cinco o con las que hagan falta. Y, como hemos dicho, tiene que ser ilimitado, tiene que
ser todos los días del año.
Se me olvidan cosas, pero es que son un montón. Lo siento mucho, de verdad. Con el Grupo Popular hemos hablado de los riesgos que hay y de la formación. La formación en todos los ámbitos y en todas las esferas es fundamental. Los adultos
vamos por detrás de la tecnología, nos supera, nos ha superado. Muchos de nosotros hemos nacido sin ella, no la tenemos y nos está superando: nos supera día a día. Ahora mismo tenemos la inteligencia artificial y no conocemos ni un 5 % de las
cosas que puede hacer, y, probablemente, nuestros menores ya conozcan más de un 10 % de lo que puede hacer. Por lo tanto, necesitamos formación. Primero, para las familias, porque son las que tienen a los menores en casa, las que pueden ver los
cambios evolutivos de ese menor y los problemas que se puedan plantear. Segundo, formación en los colegios, donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo. No podemos pedirles a los profesores y al entorno educativo que lo sepan absolutamente
todo; tenemos que formarlos y hacer esas dotaciones presupuestarias para que realmente esto se lleve a cabo y se puedan formar. Y necesitamos también a los poderes públicos, incluso antes me ha hablado usted de la Fiscalía. Por supuesto que los
jueces y los fiscales también deben conocer cómo es el entorno digital, cómo se producen estos delitos y cómo se pueden probar. Sabemos que ahora tenemos el mundo jurídico lleno de pruebas digitales, de pruebas manipulables, en las cuales ya no
sabemos qué es real y qué no, y no sabemos a qué atenernos. Por lo tanto, cuanta mayor formación tengamos, más sencillo será proteger a los menores y saber qué están haciendo, porque muchas veces llevan una doble vida de la cual nosotros no tenemos
ni idea ni como padres ni como profesores ni como nada.
¿Canales de reporte automático? Pues sí, sería deseable. Existen algunos canales, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, el canal prioritario. Nosotros, en Fundación ANAR, lo damos bastante cuando nos cuentan que ha
habido un sexting no consentido, unas imágenes vejatorias; rápidamente intentamos que esta familia, que esos menores se muevan y actúen rápidamente porque sabemos cómo son las redes, porque en un minuto se mueve absolutamente como la pólvora y
aquello no hay quien lo pare. Nos gustaría que hubiera unos canales ágiles, no sabemos exactamente cuáles son -nuestra competencia no llega a tanto-, pero también lo solicitamos porque creemos que son absolutamente importantes y porque la
tecnología va tan rápido que la justicia va lenta. Entonces, si buscamos un remedio rápido que pare esos problemas, necesitamos canales rápidos.
Del recorte de derechos ya hemos hablado. ¿Quién me falta? No sé si tengo alguno más. No sé si tienen alguna cuestión más que me quieran plantear. No sé si entretenerles más o consideran que es suficiente. Les dirijo, eso sí, a nuestra
página web y a que puedan consultar nuestra forma de trabajar y nuestras propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Fresnillo, por su participación en esta comisión.
Antes de terminar, permítanme una licencia. Primero, quiero agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios las propuestas de comparecientes que han traído a esta comisión. Creo que ha sido suficientemente enriquecedor para los que
tenemos la labor legislativa traer a expertos en diferentes materias y considero que enriquece nuestro trabajo no solo por el comportamiento de todos los portavoces, la manera de actuar, sino porque creo que es una de las principales funciones que
tenemos.
Cómo no, me gustaría agradecer también a los letrados y al personal de la Cámara que, pese a las horas, aquí estén todos trabajando. Nos vemos mañana a las nueve.
Buenas noches.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta y un minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.