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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 384, de 08/07/2025
cve: DSCD-15-CO-384
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 384
TRABAJO, ECONOMÍA SOCIAL, INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª AINA VIDAL SÁEZ
Sesión núm. 19 (extraordinaria)
celebrada el martes,
8 de julio de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones (Suárez Corujo):
- Para informar del primer proceso de regularización del nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000591) ... (Página4)
- Para informar de la evaluación de las recientes medidas adoptadas en materia de compatibilidad de trabajo y pensión. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000594) ... (Página4)
- Para dar cuenta y valorar el impacto de las reformas implementadas hasta la fecha, así como para informar a la Cámara de las actuaciones y reformas que va a desarrollar el Gobierno en el ámbito del Sistema Nacional de la Seguridad Social,
especialmente tras el acuerdo adoptado en julio de este año con el diálogo social, y su incidencia en la sostenibilidad del mismo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000364) ...
Preguntas:
- Medidas previstas para contrarrestar el aumento del déficit presupuestario en materia de pensiones que sea distinta de incrementar las cotizaciones o de establecer mecanismos tributarios de recaudación ...
Autor: Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
García Gomis, David (GVOX)
(Número de expediente 181/000832).
- Situación en la que quedarían las mutualidades alternativas de previsión social en caso de aprobarse la proposición de ley impulsada por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno de modo principal ...
Autor: Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
De Meer Méndez, Rocío (GVOX)
García Gomis, David (GVOX)
(Número de expediente 181/000833).
Retirada del orden del día:
Preguntas:
- Valoración del Ministerio de Trabajo y Economía Social del efecto negativo y significativo sobre la afiliación y sobre el mercado laboral del incremento del SMI en los años 2019 y 2023, según el informe de la AIReF del día 31/03/2025 en su
'Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas' ... (Página44)
Autor: Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Teniente Sánchez, Cristina (GP)
Romaní Cantera, José Ignacio (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Torres Tejada, María (GP)
Hoyo Juliá, Belén (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001092).
Modificación del orden del día ... (Página45)
Preguntas. (Continuación):
- Previsiones acerca del acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con largas carreras de cotización, 40 o más años cotizados ... (Página45)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
(Número de expediente 181/000379).
- Previsiones con respecto a la regulación con efecto retroactivo del cómputo como tiempo cotizado de los periodos de prácticas o programas de formación investigadora y próximas medidas a tomar ... (Página45)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
(Número de expediente 181/000429).
- Medidas adoptadas para que se reduzca la tasa de non take-up y se llegue a porcentajes aceptables de los hogares elegibles que soliciten la prestación del ingreso mínimo vital ... (Página46)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
(Número de expediente 181/000420).
- Medidas que afectan a la necesaria mejora de diseño de la prestación del ingreso mínimo vital ... (Página47)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
(Número de expediente 181/000421).
- Medidas para impulsar y generalizar desde el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, nuevas actuaciones que refuercen los itinerarios de inclusión social vinculados al ingreso mínimo vital ...
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
(Número de expediente 181/000274).
- Previsiones acerca de introducir ajustes o mejoras en el sistema de cotización por ingresos reales en función de los resultados obtenidos en el tiempo que lleva implantado ... (Página48)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001266).
- Plazo medio de tiempo de devolución a los autónomos de las cantidades resultado de sobrecotizaciones por pluriactividad y, en el caso de sobrecotización por pago de cuotas a la Seguridad Social, previsiones del Gobierno acerca de
implementar algún sistema que agilice la devolución al cotizante ... (Página49)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001265).
- Evaluación preliminar sobre el impacto del nuevo sistema en la formalización de la actividad económica y en la lucha contra el fraude ... (Página49)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001264).
- Valoración del impacto de la medida de compatibilidad de ingresos procedentes de rentas, de trabajo o de actividad económica por cuenta propia con la percepción del ingreso mínimo vital ... (Página50)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
(Número de expediente 181/000273).
- Número de trabajadores autónomos que han visto reducida e incrementada su cuota respecto al sistema anterior ... (Página52)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001263).
- Recaudación total obtenida por la Seguridad Social en los ejercicios 2023 y 2024 derivada del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos ... (Página52)
Autor: Garrido Valenzuela, Irene (GP)
Prieto Serrano, María Isabel (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Alfonso Silvestre, Alma (GP)
Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP)
Garre Murcia, Cristóbal (GP)
Pérez Recuerda, Isabel Gema (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
(Número de expediente 181/001262)
Se abre la sesión a las doce y seis minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (SUÁREZ CORUJO):
- PARA INFORMAR DEL PRIMER PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000591).
- PARA INFORMAR DE LA EVALUACIÓN DE LAS RECIENTES MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD DE TRABAJO Y PENSIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000594).
- PARA DAR CUENTA Y VALORAR EL IMPACTO DE LAS REFORMAS IMPLEMENTADAS HASTA LA FECHA, ASÍ COMO PARA INFORMAR A LA CÁMARA DE LAS ACTUACIONES Y REFORMAS QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
ESPECIALMENTE TRAS EL ACUERDO ADOPTADO EN JULIO DE ESTE AÑO CON EL DIÁLOGO SOCIAL, Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD DEL MISMO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000364).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la sesión extraordinaria de esta comisión. Nos acompaña el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, el señor Suárez Corujo, en este caso para
tratar las siguientes temáticas: para informar del primer proceso de regularización del nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos, en este caso a petición del Gobierno; para informar de la evolución de las recientes medidas adoptadas
en materia de compatibilidad de trabajo y pensión, también a iniciativa del Gobierno, y para dar cuenta y valorar el impacto de las reformas implementadas hasta la fecha, así como para informar a la Cámara de las actuaciones y reformas que va a
desarrollar el Gobierno en el ámbito del Sistema Nacional de la Seguridad Social, especialmente tras el acuerdo adoptado en julio de este año con el diálogo social, y su incidencia en la sostenibilidad del sistema, a petición del Grupo Popular.
Quiero darle las gracias al secretario de Estado por su presencia. Está en su casa y, por tanto, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias y muy buenos días.
Para mí es un gran honor estar en esta casa y comparecer ante esta comisión. Me acompaña buena parte de mi equipo: la directora general del INSS, el director general de la Tesorería y una representación del magnífico equipo que tengo en el
ministerio.
Son dos los asuntos sobre los que voy a tratar de dar cuenta hoy aquí a lo largo de esta primera exposición y después estaré a su disposición para resolver todas las cuestiones que ustedes quieran plantearme.
Con carácter previo me gustaría hacer una consideración sobre estos dos asuntos que vamos a abordar aquí (apoya su intervención en una presentación digital), estas dos reformas a las que me voy a referir a lo largo de mi intervención, porque
es muy importante resaltar que no son reformas ni actuaciones aisladas, sino que forman parte de un conjunto de reformas y de actuaciones que venimos desarrollando a lo largo de los últimos años. Por tanto, hay un hilo conductor que da coherencia a
todo esto, que da consistencia al conjunto de las iniciativas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo y que buscan, han buscado y siguen buscando dos objetivos fundamentales. El primero, lógicamente, es mejorar la acción protectora de
nuestro sistema de Seguridad Social y el segundo es, lógicamente también, reforzar la sostenibilidad en el corto, en el medio y en el largo plazo. En ese sentido es muy importante decir, y quiero resaltarlo aquí, que este conjunto de reformas que
estamos desarrollando a lo largo de esta década se enmarca en algo que para nosotros -para el ministerio, para el Gobierno- ha sido una referencia fundamental: las recomendaciones del Pacto de Toledo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo, que
se renovaron por última vez en noviembre del año 2020, nos han delimitado el perímetro en el que hemos encajado estas reformas a las que me voy a referir y otras a las que, evidentemente, no me voy a referir hoy por cuestiones de tiempo. Y quiero
decir algo más, y es que esta vinculación a las recomendaciones del Pacto de Toledo viene acompañada de otro elemento que es seña de identidad de todo el trabajo que venimos desarrollando desde el ministerio: que estas dos reformas de las que hemos
hablado han sido negociadas y acordadas en el ámbito del diálogo social. Esto es absolutamente fundamental, también para nosotros, porque consideramos que de esta manera, combinando la legitimación política, que tiene su origen en el marco del
Pacto de Toledo, con la legitimación social, que deriva de que estas medidas se hayan negociado y se hayan acordado en el marco del diálogo social, la combinación de esa doble legitimación política y social, social y política, hace que se conviertan
en reformas con una vocación de perdurabilidad en el tiempo mayor que otras reformas que se puedan aplicar que no responden a ese doble planteamiento, a ese doble compromiso con el ámbito político y social.
Dicho esto, la primera cuestión a la que me voy a referir es justamente la que tiene que ver con una reforma que fue aprobada en el mes de julio del año 2022, hace ahora tres años, y que vino a establecer
un nuevo sistema de cotización para las y los trabajadores autónomos. Este nuevo sistema de cotización para el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, venía a responder -permítanme que eche un momento la vista atrás- a algunos
problemas o algunas reivindicaciones históricas, que tenían que ver con los problemas de desequilibrio y de desprotección que derivaban de un sistema de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que se basaba en la voluntariedad. La
voluntariedad tiene un mal encaje dentro de un sistema de reparto como el nuestro, y la prueba de ello es que esto se traducía en que la inmensa mayoría de los trabajadores en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, más del 80 %,
cotizaban por la base mínima de cotización. Claro, esto no es simplemente un problema en el momento de la cotización, el problema aflora después, cuando esos trabajadores y esas trabajadoras acceden a la pensión. Ahí nos encontramos con que las
pensiones en el RETA, las pensiones de los autónomos, son un 37 % inferiores a las del Régimen General, y en esa línea nos encontramos también con que un 36 % de esas pensiones de los trabajadores autónomos necesitan un complemento a mínimos por su
limitada o insuficiente cuantía. Esto era lo que tratábamos de resolver en el marco, primero, de las recomendaciones cuarta y quinta del Pacto de Toledo, donde había un mandato muy claro de establecer un nuevo sistema de cotización, como veremos
ahora, basado en los ingresos del sistema. Esto decían las recomendaciones del Pacto de Toledo y esta reforma era uno de los compromisos incluidos dentro del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, a lo largo
del año 2022 y culminado en el mes de julio de ese año, ahora hace tres años, cerramos un acuerdo en el marco del diálogo social, lo que a alguno le gusta llamar el diálogo social ampliado, porque eran patronal, sindicatos y asociaciones de
autónomos. Con todos esos actores llegamos a un gran acuerdo que se tradujo después en un decreto ley, el Decreto Ley 13/2022, que ustedes conocen, que fue convalidado por esta Cámara en septiembre de ese año. Por tanto, teníamos -y este es un
elemento fundamental para entender en buena medida lo que creo que es un gran éxito colectivo- un punto de partida: ese consenso muy amplio, que daba confianza a los actores, daba confianza a la Administración en el desarrollo de las reformas y
daba confianza, como veremos también ahora, a los propios autónomos. Esta reforma -y aquí voy a pasar muy deprisa porque ustedes esto lo conocen bien- tiene como elemento vertebrador la preservación de la contributividad, en el sentido de que se va
a establecer una cotización en función de los ingresos de cada una de las personas afiliadas en este régimen especial, que va a servir para ir mejorando de una manera progresiva esas bases de cotización y, por tanto, ir mejorando la acción
protectora del sistema, algo que además se hace de una manera prudente, de una manera equilibrada, estableciendo un despliegue progresivo de la reforma en el tiempo, con un período transitorio largo, hasta 2032, que permita ir acomodando la reforma
y, sobre todo, que permita a los autónomos adaptarse a ese nuevo marco de una manera suave, de una manera sencilla, de forma que el cambio profundo, el cambio estructural que supone esta reforma no perjudique a nadie.
Voy a repasar muy brevemente -me parece que es importante para entender el resultado de este proceso de regularización- todo el trabajo previo, todo el trabajo silencioso, vamos a decirlo así, que se hizo desde el minuto uno de la aprobación
de ese decreto ley con la previsión de que entrara en vigor el 1 de enero de 2023 y qué es lo que ha sucedido hasta que hemos culminado este primer proceso de regularización recientemente. Lo primero que ofrece este nuevo esquema de cotización es
un margen de actuación, un margen de flexibilidad amplio a los autónomos para que a lo largo del año puedan ir variando, puedan ir modificando su base de cotización en función de cuáles son sus resultados y sus previsiones para los meses futuros.
Esto supuso en el año 2023 que un número importante, casi medio millón, de trabajadores autónomos modificaran su base a lo largo del año, con un elemento que es significativo y coherente con lo que vamos a ver después, y es que la mayoría de esos
cambios se produjeron al alza, con el fin de incrementar la base de cotización de la que se partía. Este comportamiento del año 2023 luego lo hemos visto en los años 2024 y 2025 con la misma tendencia. Los cambios en las bases de cotización -y
esto es consecuente con la propia marcha de la afiliación en general y del RETA específicamente- se producen mayoritariamente, de una manera muy clara, para revisar al alza esas bases de cotización. A lo largo del año se producían estos ajustes,
existía esa posibilidad, y una vez que se completaba ese año 2023, se cerraba el ejercicio y entraba ya con una mayor intensidad la Tesorería General de la Seguridad Social para establecer el modo o verificar cuál había sido el esfuerzo de
cotización realizado y en qué medida ese esfuerzo de cotización se correspondía o no con los ingresos fiscales, con los rendimientos obtenidos a lo largo de ese año. Y aquí no voy a entrar en detalle, simplemente quiero con estas dos diapositivas
-evidentemente, esta presentación la ponemos a su disposición si les resulta de interés- poner de manifiesto la complejidad de este proceso. Este es un proceso que no se había
hecho nunca, en el que se intercambiaban un volumen de datos extraordinariamente grande con otros organismos, como la Agencia Tributaria, pero también con las haciendas forales: las tres vascas y la navarra. Era realmente un proceso muy
complicado y es, cronológicamente, el momento en el que empieza el proceso de regularización. Para hacer esa regularización del año 2023 necesitábamos la información fiscal definitiva de ese año y eso, lógicamente, nos llevaba a después del verano
de 2023. A partir de ese momento empezó un trabajo silencioso, pero intenso, muy intenso, por parte de la Seguridad Social y, en particular, de la Tesorería, para ir probando que la información que se recibía era una información consistente con lo
que estaba establecido. En fin, fue un proceso, insisto, muy complicado el que se desarrolló a lo largo de esos meses de 2024, de manera que en un momento determinado y ya en la última parte del año -finales de noviembre y en el mes de diciembre-
empezamos a comunicar con los trabajadores autónomos, empezamos a comunicar esos resultados, con un papel también muy destacado de todos los gestores administrativos -ahora diré algo sobre ello-, empezando por aquellos que, a la vista de sus
resultados del ejercicio 2023, habían cotizado por encima de lo que les correspondía. Empezando por ese colectivo, a lo largo de los primeros meses del año 2025 fuimos comunicando al resto de colectivos, los que habían cotizado dentro del tramo que
les correspondía y los que habían cotizado por debajo de lo que les correspondía.
A lo largo de todo este periodo se ha hecho un trabajo, insisto, de enorme complejidad, un trabajo donde -y quiero decirlo públicamente- realmente los funcionarios y las funcionarias de la Tesorería General de la Seguridad Social han hecho
un esfuerzo extraordinario, con muchas incidencias, evidentemente, porque en un proceso tan complejo como este ha habido muchas incidencias, pero habrán visto ustedes que esas incidencias han tenido poca repercusión práctica, y eso lo que pone de
manifiesto es que se ha trabajado muy intensamente y se han hecho las cosas bien. Y, entre otras cosas, se han hecho las cosas bien porque -y esto simplemente quiero mencionarlo por reconocimiento y por poner en valor el trabajo que hace la
Administración, que es una Administración de todos- con carácter previo a la aplicación de esta reforma se hizo un trabajo de divulgación muy intenso entre todos los actores que participan de una manera u otra en este proceso: los propios
autónomos, pero también los colegios profesionales, las asociaciones de trabajadores autónomos, los interlocutores sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales, los autorizados RED; a todos estos colectivos se les dio la
atención que considerábamos necesaria para concienciar a todo el mundo de las implicaciones e ir resolviendo todas esas dudas con anticipación, con un elemento adicional que quisiera resaltar porque me parece que es una muestra de que la
Administración de la Seguridad Social está muy preocupada por llegar lo mejor posible, de la forma más efectiva posible a los ciudadanos: la aplicación de la Seguridad Social denominada Importass, que permitía, desde el móvil, no solo acceder a
toda la información relativa a este proceso de regularización, sino incluso realizar las correspondientes gestiones. Realmente, esta posibilidad ha sido muy importante, ya que esta aplicación hoy la tienen descargada más de 1,3 millones personas en
su teléfono móvil, y no solo autónomos. Hay un volumen creciente de personas que ya tienen en su móvil esta aplicación, con todas las posibilidades que esto abre ya y que seguirá abriendo en el futuro.
Y volviendo al proceso de regularización y pasando a la parte relativa a los resultados de ese proceso, lo que en esta diapositiva ponemos de manifiesto o queremos recoger es que el proceso de regularización ha sido un proceso masivo. A lo
largo del año 2023, más de 3 700 000 personas estuvieron al menos un día en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y con todos ellos había que realizar un proceso de verificación de si lo que habían cotizado a la Seguridad Social se
correspondía, de acuerdo con los tramos que habíamos acordado en el año 2022, con los ingresos recibidos. Y lo que nos encontramos es que hay un 58 %, algo más de 2 100 000 personas -luego, si quieren, podemos entrar en ello- que o bien tenían
periodos no regularizables o habían cotizado dentro del tramo que les correspondía y, por tanto, veían convalidada la cotización que habían hecho a lo largo del año 2023. Y después tenemos un 42 %, un millón y medio largo de personas, que se
encontraban en alguno de estas otras tres categorías: las que habían cotizado por debajo de lo que les correspondía, las que habían cotizado por encima de lo que les correspondía o las que no habían declarado rendimientos, que tenía también una
solución dentro del Decreto Ley 13/2022 que habíamos acordado. Y estos datos globales, cuando entramos en más detalle y los analizamos con atención, ponen de manifiesto algunas cosas que son muy relevantes, muy significativas en mi opinión, porque
una de las cuestiones que se planteaba, una de las opciones que se ofrecía a los trabajadores autónomos que ya estuvieran de alta en el RETA a 31 de diciembre del año 2022, justo antes de que entrara en vigor este nuevo sistema, era la posibilidad
de mantener su base de cotización si sus ingresos quedaban por debajo de esa base de cotización que se correspondía con la que tenían en diciembre del año 2022. En esa situación se encontraban 729 000 personas, y esto ha sido, creo, una
noticia positiva, una noticia esperanzadora en el sentido de reforzar algo en lo que luego insistiré más, que es la idea de confianza, la confianza que merece el sistema. Nos encontramos con que, de esas 729 000 personas, el 59 %, 429 000, optaron
por mantener la base de cotización que tenían en su momento. Es decir, que 729 000 habían cotizado, en teoría, por encima de lo que correspondía, pero 429 000 renunciaron a esa devolución. Esto es, sobre todo, muy llamativo y también positivo,
lógicamente, por esa confianza que despierta el sistema, cuando, además, vemos cómo se distribuye esta realidad de quienes renuncian a la devolución. Saben que la tabla de tramos de cotización está dividida en dos: la tabla de tramos reducidos,
por debajo de lo que era entonces la base mínima de cotización en el RETA; y una tabla general, por encima de ese umbral. Y nos encontramos con que el grueso de estos autónomos, prácticamente el 96 %, se encuentran en esa tabla reducida y con que,
a pesar de tener unos ingresos por debajo de lo que corresponde al esfuerzo de cotización que habían hecho, deciden mantener la base de cotización.
En cuanto a la composición -tenemos mucha información a este respecto y aquí simplemente quiero señalar o ilustrar algunos de estos aspectos-, casi el 12 % de quienes optaron por mantener la base son trabajadores societarios, frente al 23 %
en el caso del resto de autónomos. La mayoría -y esto es importante también- son trabajadores autónomos que, por razón de edad, se encuentran ya más próximos a la jubilación, tienen entre 50 y 64 años, y en algunos CNAE, en algunos sectores de
actividad concretos, principalmente la agricultura o el transporte en particular. De los autónomos dentro del transporte que tenían derecho a la devolución, que representaban un 32 % de ese colectivo, más de dos tercios, el 70 %, decidió mantener
la base de cotización. Estos son algunos resultados, pero, lógicamente, en el análisis que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo tenemos mucha más información que yo quisiera, aunque sea a modo de píldoras, compartir con ustedes. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).
Quiero empezar por las personas afiliadas al RETA que se han visto afectadas por la regularización. Como decía, el 58 % habían cotizado dentro del tramo que les correspondía. Dentro de ese 42 % que ha visto regularizada, reajustada su
cotización, nos encontramos con que, si miramos el colectivo de personas físicas, que son 2,2 millones, 970 000 se han visto afectadas por la regularización, y de los autónomos societarios, que son en torno a un millón, han sido 350 000 los que se
han visto afectados. De esta manera, vemos que ha habido más regularizaciones entre los trabajadores por cuenta propia, persona física, frente a la situación de los societarios, que ya estaban situados en mayor proporción en el tramo
correspondiente.
Otro elemento importante que siempre nos preocupa mucho, lógicamente, es el análisis desde la perspectiva de género. Vemos que, a esos efectos, el proceso de regularización ha afectado de forma más o menos equivalente a hombres y mujeres:
40 % hombres y 42 % mujeres. Y vemos también que, de acuerdo con la propia realidad de este régimen especial de trabajadores autónomos -que sigue siendo un régimen masculinizado del que luego veremos alguna información más al respecto-, la posición
de los hombres es mejor que la de las mujeres, y esto se ve en la cuota media de la regularización. En el caso de los ingresos, los varones han tenido que ingresar un poco más, 490 frente a los 419 de las mujeres; y en el supuesto de la
devolución, algo equivalente: a los varones se les ha devuelto de media 570 euros, y a las mujeres, 521. Después, por sectores de actividad -y esto es interesante-, me gustaría destacar la proporción de regularizaciones en la agricultura, en la
hostelería y en las actividades sanitarias, científicas, profesionales y técnicas.
Culminado este proceso el 30 de junio -lógicamente, sigue habiendo incidencias y reclamaciones, pero todo en volúmenes razonablemente normales-, quisiera enlazar los resultados de este proceso de regularización con la evolución de la
afiliación en este régimen especial de trabajadores autónomos. Porque, como ven ustedes en esta diapositiva, si miramos para atrás y buscamos un antecedente de una gran crisis, que es la crisis del año 2008 y siguientes, vemos que hubo una caída
continuada durante un larguísimo periodo de tiempo: cincuenta y ocho meses de caída de la afiliación en el régimen de autónomos que se prolonga durante un periodo largo. Luego empieza una recuperación y, en el momento en el que esa recuperación
iba ganando un poco de intensidad, llega la crisis del COVID y se produce una caída, pero una caída que es mucho más reducida y que tiene que ver con la protección que tuvieron los autónomos en ese momento, las prestaciones por cese de actividad,
que permitieron una recuperación de los niveles de cotización que se ha consolidado en el tiempo.
En un momento en el que este régimen especial está experimentando una transformación realmente estructural en el sistema de cotización, y lo está desarrollando de una manera suave y tranquila, me parece muy relevante señalar -y lo hago no
por casualidad, sino porque creo que está íntimamente relacionado con ese proceso de regularización- que la evolución de la afiliación en el RETA a lo largo de los últimos años refleja algo que antes apuntaba, y es la confianza que tienen los
autónomos en el sistema de Seguridad Social. Eso explica que, si vemos la evolución, después de la crisis del COVID hay una caída de la afiliación en el RETA y la situación se estabiliza. Cuando se acaban las prestaciones extraordinarias de
autónomos hay una leve caída, pero enseguida empieza un crecimiento que viene prolongándose en el tiempo y que, desde el último año, en datos interanuales, supone un crecimiento de más del 1 % de la afiliación. No son cambios radicales, pero sí es
una tendencia continuada que, insisto, con todo este proceso y todo este cambio tan estructural, tan profundo, refleja, a mi juicio, la confianza que genera el sistema en el colectivo.
Dicho esto, quedan muchas cosas por hacer y es evidente también que hay problemas, que hay dificultades, pero me parece que es importante, en un momento como este, dar un paso atrás y ver una fotografía más amplia del sistema. Porque, si
rascamos un poco más y analizamos esta realidad de la afiliación en el RETA, vemos lo que decía hace un momento, la evolución que ha experimentado el RETA desde la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización en enero del año 2023. Vemos que ha
habido un crecimiento continuo que, como digo, se ha intensificado en el último año, pero que ha supuesto una ganancia importante en el número de afiliados, que se sitúan por encima de cualquier registro anterior. En el año 2008, se habían superado
ligeramente los 3,4 millones y, ahora, estamos en 3,421, que es el punto más alto de toda la serie histórica y con esa dinámica positiva a la que me refiero.
Además -y esto me parece muy relevante también-, no es simplemente que la afiliación esté evolucionando de una manera muy positiva, sino que vemos que los principales problemas estructurales que tenía el régimen especial de trabajadores
autónomos se están corrigiendo a una velocidad muy significativa. Estoy pensando, primero, en las actividades que componen este régimen especial de trabajadores autónomos. Este gráfico tiene dos partes, a la izquierda se refleja la distribución de
los afiliados al RETA, donde se ve que el mayor peso se concentra en la actividad de comercio, después en construcción y después -y esto es muy relevante también-, en las actividades profesionales, científicas y técnicas, uno de los sectores de más
alto valor añadido. En el gráfico de la derecha queremos reflejar cómo están evolucionando las secciones de actividad de más alto valor añadido, que son, esta, a la que me refería, actividades profesionales, científicas y técnicas, y las de
información y comunicación. Podríamos irnos más atrás y veríamos esa evolución positiva, pero esto es particularmente intenso en los últimos años. Si comparamos el mes de junio de 2024 con junio de 2025, vemos que del crecimiento de la afiliación
al RETA, acumulado en este último año, más de dos tercios se concentra en esas dos actividades de más alto valor añadido. Esto supone un cambio.
Quiero llamarles la atención también sobre algo que seguramente resulta contraintuitivo. Uno tendería a pensar -por lo menos así lo pensaba yo hace muy poco- que hay más autónomos en la hostelería que en una actividad de alto valor añadido,
como las actividades profesionales, científicas y técnicas; pues es al revés. Así era en el año 2019 y ahora lo que vemos es que hay más autónomos en esa actividad de más valor añadido y, además, esa tendencia es creciente.
Quisiera resaltar un par de aspectos más, antes de acabar con esta parte y pasar a la segunda. Tiene que ver con uno de los problemas estructurales a los que antes me refería, relacionado con la escasa presencia de mujeres en este régimen
especial de autónomos. Y, efectivamente, hay mucho recorrido por hacer todavía. Nos encontramos ahora mismo ligeramente por encima del 37 %. Esa es la proporción de mujeres dentro del total de afiliados al RETA. Pero venimos de porcentajes que
estaban claramente por debajo y, esto es lo relevante, la tendencia es positiva, al alza. De la misma manera, nos encontramos también con cómo la presencia de trabajadores extranjeros en este régimen especial, que ha sido limitada históricamente,
experimenta también una tendencia expansiva positiva, que viene a reforzar la estabilidad y las proyecciones de crecimiento de este régimen especial.
Con todo ello, y por concluir esta primera parte, una vez que hemos culminado ese proceso de regularización del año 2023, estamos ya lógicamente preparando el proceso de regularización correspondiente al año 2024, a la espera de la
información fiscal y, en esta ocasión, como no puede ser de otra manera, y después de todo lo que hemos aprendido a lo largo de este primer proceso de regularización, vamos a acelerar significativamente los ritmos. Hemos engrasado, hemos aprendido,
hemos articulado de una manera más efectiva todos esos intercambios que hay que hacer y esto nos permitirá acabar todo el proceso de regularización en un periodo significativamente más corto.
Con esto, no hago más que referirme a lo que ya, de forma rutinaria, se va a producir todos los años. Hay muchas más cosas por hacer, y en particular, porque así nos emplazamos, tenemos que seguir concretando cómo avanzamos hacia ese modelo
de cotización por ingresos reales, puro, pleno, que alcanzaremos en 2032. En el año 2022, en el Real Decreto Ley 13/2022, que contó con un amplio apoyo por parte de esta Cámara, se establecían los tramos de cotización correspondientes a los años
2023, 2024 y 2025. El año 2026 no está a la vuelta de la esquina, pero no está tan lejos como puede parecer, y tenemos que seguir trabajando y concretando y la próxima semana vamos a convocar a quienes participaron en todo ese proceso de diálogo
social ampliado al que me refería al principio, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales y a las asociaciones de autónomos, para empezar a trabajar en el diseño de esos nuevos tramos de cotización para años sucesivos y
para algo adicional muy relevante también, como es lógico, para introducir mejoras y corregir los problemas que hayamos detectado ahora. Con el mismo espíritu que lo hicimos en el año 2022, se trata de mantener ese proceso de interlocución fluida y
fructífera que esperamos poder concluir antes de final de año.
Dicho esto, paso a la segunda cuestión que quisiera abordar en esta primera intervención, respondiendo a los asuntos que se identificaban como objeto de la comparecencia y que tienen que ver con la compatibilidad del trabajo y de la pensión.
El 23 de diciembre del año pasado se aprobó el Real Decreto Ley 11/2024, donde se introducían modificaciones en la regulación de aquellas fórmulas de compatibilidad de la pensión con el trabajo. Allí se aprobó una reforma que entró en vigor el 1 de
abril de este año, que venía a completar las reformas que se habían ido adoptando en años anteriores. Y quiero resaltar -y este es el primer aspecto que me parece relevante- el orden en el que se desarrolla este proceso de reformas y lo que explica
que esta reforma sobre la compatibilidad de la pensión con el trabajo haya llegado en 2024, por cierto, dentro del marco del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social, después de un acuerdo tripartito con patronal y sindicatos.
Lo que quiero resaltar en relación con el orden es que considerábamos que primero había que hacer algunas cosas, debíamos actuar para garantizar la suficiencia, la adecuación de las pensiones, reforzar las fuentes de financiación del sistema
y, una vez que habíamos culminado esas reformas, entonces era el momento de fijarnos en otros aspectos mejorables. Y este lo es, porque tradicionalmente -lo saben ustedes- España ha tenido una regulación de la compatibilidad de la pensión con el
trabajo muy restrictiva. Podríamos detenernos aquí y reflexionar por qué esta restricción, pero ese era nuestro punto de partida. Y aunque se habían venido haciendo algunas cosas en los últimos años, el margen de mejora era importante. Nosotros
ahora considerábamos oportuno dar una respuesta distinta, impulsar cambios en esta materia partiendo de algunos aspectos que quiero ilustrar aquí. Primero, la evolución de la esperanza de vida que ustedes conocen perfectamente -saben que con el
COVID se resintió, pero que, afortunadamente, ha vuelto a recuperar el nivel en el que se encontraba antes del COVID-, que evoluciona al alza y que, por tanto, refleja -algo que se ilustra en el gráfico de la derecha- que no simplemente la gente
vive más, sino que vive más en mejores condiciones y que la percepción del estado de salud es cada vez más positiva.
En ese sentido, cuando analizamos la realidad del mercado de trabajo y comparamos cuál es nuestra situación en términos de tasa de actividad, de personas que están dispuestas a trabajar, cuando ponemos el foco en la tasa de actividad y vemos
cómo ha evolucionado en estos últimos años, vemos que en términos generales la tasa de actividad total está más o menos estable, ligeramente por debajo de la media europea, pero que está estable. Y cuando rascamos un poco más, nos vamos al detalle
y vemos cómo evoluciona entre los que se encuentran entre 55 y 59 años o entre 60 y 64, vemos que esa tasa de actividad va creciendo. Esto -luego diré algo sobre ello- tiene que ver con algo fundamental: un presupuesto para que esto sea posible es
tener un mejor mercado de trabajo. Pero a lo que voy ahora y lo que quiero resaltar es esa tendencia al alza que, cuando ponemos el foco específicamente entre quienes se encuentran entre 65 y 69, está creciendo de una manera particularmente
intensa. Yéndonos al gráfico de la derecha, si tomamos como referencia el año 2019, vemos que el crecimiento de la tasa de actividad entre este colectivo es muy significativo y que las salidas anticipadas del mercado de trabajo, como veremos ahora
también, son cada vez más excepcionales. Los trabajadores y las trabajadoras tienen la oportunidad de completar sus carreras de cotización hasta la edad de jubilación.
Esto lo ilustramos también en estos gráficos que ponen de manifiesto cómo están evolucionando en los últimos años las tres grandes modalidades de jubilación: la ordinaria, la anticipada y la demorada.
Ha habido un cambio muy significativo -y esto es muy relevante- en la proporción de jubilaciones anticipadas. Venimos de cifras no muy lejanas del 50 % de las altas en jubilación, el 44,5 % en el año 2016, y ahora nos encontramos en el 29
%. Ha habido una caída muy importante que, sobre todo, se ha intensificado en estos últimos años, después de la reforma que se aprobó, de la Ley 21/2021. Pero, además, vemos -de forma particularmente clara en el gráfico de la derecha- esa barra
verde que refleja el crecimiento de las jubilaciones demoradas, que refleja el impacto de los incentivos para la prolongación de la vida laboral. Vemos que los ritmos de crecimiento son realmente importantes, casi del 50 % en el año 2023, en torno
al 25 % en 2024 y cifras muy parecidas en lo que llevamos del año 2025.
Todo eso es posible, como decía antes, por el presupuesto necesario para que haya oportunidades de mantenerse en el mercado de trabajo e incluso voluntariamente prolongar la vida profesional. Y esto se refleja en un dato general, que es el
total de la población afiliada -estos son datos desestacionalizados- donde se ve esta tendencia imparable al alza, desde el punto más bajo que se produce a mediados del año 2020, en pleno COVID, y a partir de ese momento se inicia un proceso de
crecimiento imparable de la afiliación, que nos sitúa en los niveles récord que ustedes conocen.
Pero no es aquí donde quiero poner mi atención, sino en la afiliación de los trabajadores mayores de 55 años. Vemos que es una tendencia al alza. Las barras del gráfico reflejan el volumen de afiliados mayores de 55 años, si nos vamos
atrás en el tiempo, en 2012 era el 14,5 %, en el 2019 era el 17,8 % y hoy es el 21,7 % del total. Es un crecimiento muy importante que tiene que ver -esto es importante señalarlo- con el propio envejecimiento de la población, pero tiene que ver
también con lo que mostraba hace un momento y es el extraordinario comportamiento de la afiliación en nuestro país.
Además, si ponemos el foco específicamente en ese colectivo de trabajadores mayores de 55 años, que tradicionalmente ha sido un colectivo que ha tenido particulares dificultades para mantener su puesto de trabajo, digamos que había dos
extremos que no funcionaban bien en nuestro mercado de trabajo. Si miramos para atrás los últimos treinta o cuarenta años, que eran los más jóvenes y los mayores, vemos que esta fotografía relacionada con los mayores de 55 años está cambiando de
una manera importante. Vemos que crece el volumen de trabajadores entre 55 y 59, crece también el volumen de trabajadores entre 60 y 64 y crecen de forma particularmente intensa quienes pertenecen al tramo de 65 años en adelante. Esto viene a
poner de manifiesto que hay más oportunidades en el mercado de trabajo.
Toda esta introducción me sirve para enlazar con el contenido específico de ese Real Decreto Ley 11/2024 y la compatibilidad de pensión y trabajo. Porque una de las cuestiones que analizábamos el año pasado, y que se ilustra muy bien en
estos gráficos, es que España tenía una anomalía en su mercado de trabajo en cuanto a la forma en la que se producía la salida del mercado de trabajo. Si se fijan en el gráfico de la izquierda -que es mucho más sencillo de lo que parece-, hay un
cuadrado y un rombo que, si lo ven ustedes, en la mayor parte de los países y de la media de la Unión Europea tienen una distancia entre uno y otro importante, salvo en el caso que se encuentra marcado en la derecha de ese gráfico, que es el caso
español. ¿Qué está reflejando esto? El número de horas trabajadas. Está comparando el número de horas trabajadas entre 55 y 64 años y el número de horas trabajadas de los que tienen 65 años y más. Lo que se ve aquí es que en otros países la
salida del mercado de trabajo es una salida más gradual. No hay una salida abrupta del mercado de trabajo, sino que, a medida que los trabajadores y las trabajadoras se aproximan a la edad de jubilación, empiezan a reducir progresivamente su tiempo
de dedicación al trabajo. En España no ocurre eso. En España se produce una salida abrupta, y esto es lo que pretendemos cambiar ahora. Queremos que este problema de salida abrupta se corrija, de forma que lo que hoy constituye la regla general,
que es que las trabajadoras y los trabajadores trabajen de forma plena hasta que ya no trabajan nada, se corrija y se parezca más a lo que sucede en otros países del entorno europeo donde esa salida es gradual. Entre otras cuestiones, con esto
vamos a ofrecer más oportunidades para que cada uno, de acuerdo con sus preferencias, pueda ajustar el acceso a la jubilación y, propiamente, el paso a una vida de pleno jubilado.
Con esta reforma, con las medidas contenidas en este Decreto Ley 11/2024, tratamos de favorecer esa salida gradual, ofreciendo más flexibilidad y más oportunidades, pero entendemos que también favorecemos algo que es importante en un momento
como en el que nos encontramos ahora, cuando empezamos a notar ya el efecto, el impacto de la jubilación de la macrogeneración del baby boom. Esto nos exige mejorar nuestro mercado de trabajo para que esos problemas estructurales, esas anomalías
que teníamos hasta hace muy poco -y que seguimos teniendo por mucho que se reduzcan- se vayan corrigiendo con el tiempo. En concreto, en ese decreto ley hemos introducido tres medidas fundamentales: las que tienen que ver con la jubilación
parcial, las que tienen que ver con la mejora de los incentivos a la
jubilación demorada y, por último, un cambio más profundo de la regulación de lo que denominamos jubilación activa.
Para no extenderme mucho más, me voy a referir brevemente a la primera de estas cuestiones: la jubilación parcial. Es una modalidad de jubilación en la que teníamos dos preocupaciones fundamentales. La primera, en coherencia con toda la
política laboral que se ha desarrollado a lo largo de estos años, era mejorar la calidad del empleo de los relevistas. Esto es fundamental. Los relevistas podían vincularse a la empresa, a su empleador, a través de un contrato indefinido o de un
contrato temporal, pero en muchos casos ese contrato era temporal. En coherencia con todas las medidas adoptadas para reducir esa temporalidad, se establece en este caso la previsión de que el contrato de relevo tiene que ser indefinido, y no solo
eso, sino que tiene que ser un contrato indefinido con una garantía de permanencia de dos años después de la salida definitiva del jubilado parcial. Además, para buscar un equilibrio y hacer efectiva esa gradualidad, introdujimos una medida
ambiciosa, en el sentido de ampliar la posibilidad -ahora diré algo de la manufactura- de anticipar hasta tres años esa jubilación parcial respecto de la edad ordinaria de jubilación, con un elemento muy importante para mantener el equilibrio de
todo este entramado, y es que durante el primer año esa reducción de la jornada del jubilado parcial debe ser limitada, una reducción que se ubique entre un 20 % y un 33 %. Con esta nueva regulación, hemos ampliado las posibilidades de una manera
equilibrada, y lo hemos hecho, además, preservando y reforzando la calidad del empleo.
También me gustaría resaltar un elemento adicional, como es la modalidad singular, dentro de la jubilación parcial, que se aplica al sector de la manufactura. Recordarán ustedes que esta regulación viene del año 2018 y que tenía una
vigencia de cuatro años. Tras este tiempo, cada año existía la incertidumbre de si esta regulación singular se iba a prolongar o no. Después de encadenar varios años de prórroga por un año, hemos rehecho el calendario y hemos fijado un horizonte
en 2030 para favorecer una progresiva convergencia de esa regulación singular -que está ofreciendo resultados positivos- con la regulación general, todo ello con un aspecto muy importante, que es preservar el equilibrio del sistema, esto es, la
regulación de las cotizaciones sociales en ese supuesto de la manufactura. Como ven ustedes en el gráfico de la derecha, es muy pronto para apreciar grandes cambios. Los datos que reflejamos aquí son de los primeros cinco años. Lo que tenemos que
hacer ahora, porque no tenemos nueva información ni ningún elemento novedoso al respecto, es un seguimiento exhaustivo de cómo evoluciona esta figura y de los problemas o de las fortalezas que vayan aflorando.
Quiero señalar, muy brevemente también, que, en línea con esta orientación, que tiene su origen en el año 2021, tenemos que favorecer un alineamiento de la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria de jubilación con incentivos. No
tenemos que obligar a la gente a trabajar más, sino ofrecer posibilidades para que quienes quieran hacerlo lo hagan. En el tiempo transcurrido desde 2022, hemos detectado que estos incentivos para la demora de la jubilación están dando muy buen
resultado. Hemos pasado de una proporción de jubilaciones demoradas del 4,5 % a situarnos prácticamente en el 11,5 %. Además, para introducir más flexibilidad y ofrecer más posibilidades, hemos introducido un elemento novedoso, y es que, a partir
de los dos años de demora, como premio, el reconocimiento del porcentaje adicional no evolucione de año completo en año completo, sino que lo haga cada seis meses, de manera que el resultado después de demorar dos años y medio sea más positivo que
los dos años, sin necesidad de culminar ese tercer año.
Afronto el último punto de mi intervención, en el que quiero detenerme un poco más. A pesar de que estas medidas entraron en vigor el 1 de abril, ya estamos viendo cambios significativos en la jubilación activa. Aquí hemos hecho un
replanteamiento más profundo de la configuración, en el sentido, primero y fundamental, de pensar que, hasta ahora, para poder acogerse a esa jubilación activa, había que haber acumulado una carrera de cotización completa; solo quienes tenían una
carrera de cotización completa podían acceder a la jubilación activa. Esto dejaba fuera a una parte importante de trabajadores, fundamentalmente mujeres, que no tenía esa carrera de jubilación completa. Les recuerdo que el periodo de cotización
media de los hombres es de casi 41 años y en el caso de las mujeres no llega a los 35 años. Esto se traducía en que muchas mujeres no podían acceder a esta jubilación activa. Además, nos parecía que los incentivos que se establecían podían
enriquecerse, y establecimos un diseño más sofisticado que tuviera en cuenta cuánto tiempo se ha demorado. Aquí me quiero detener para resaltar algo que es muy relevante y es la otra gran novedad de esta jubilación activa: hasta la aprobación de
este Decreto Ley 11/2024, la jubilación activa no era compatible con los incentivos de demora, pero desde abril de este año sí lo es. En función de eso, se establece un porcentaje de compatibilidad de la pensión con el trabajo que, además, se va
incrementando por cada año que se mantiene la actividad. Todos ellos son elementos
que, en su conjunto, vienen a favorecer esta modalidad de jubilación que permite la compatibilidad del trabajo con la pensión.
Si miramos la realidad de la jubilación activa del momento inmediatamente anterior a la aprobación de este decreto ley, nos encontramos con que el grueso de estos supuestos de jubilación activa se concentra en el trabajo autónomo: son
trabajadores por cuenta propia el 86 %. Ahora, en este tiempo que ha transcurrido, ya estamos viendo un cambio de comportamiento, y es que esa concentración entre los autónomos, que sigue siendo muy importante, se ha reducido al 75 %. Nos
encontramos también con que, en la situación previa a esta nueva regulación, el 81 % de los jubilados activos eran hombres; en el poco tiempo transcurrido, vemos que esto también está cambiando, y ahora, aunque siguen siendo mayoritariamente
hombres, son el 75 %. Otro elemento -que, lógicamente, todavía no hemos tenido tiempo de contrastar- es que la mitad de quienes demoran lo hacen por un periodo de entre dos y cinco años. Así, vemos una tendencia importante a que esas situaciones
de jubilación activa -donde se compatibiliza, insisto, una parte de la pensión o incluso el cien por cien de la pensión- se conviertan en una realidad cada vez más atractiva.
Quisiera destacar también un último punto. Veamos los datos de estos últimos meses. Aquí se refleja muy bien esta subida. Este es el crecimiento que se ha producido del número de altas de jubilación activa en estos últimos tres meses. Lo
que vemos, y esto es muy relevante también, es que un tercio de esas nuevas jubilaciones activas corresponde a trabajadores y, sobre todo, a trabajadoras que no tienen la carrera de cotización completa, carrera completa que antes se exigía para
acceder a esta jubilación.
Concluyo. Con este repaso, creo que las medidas adoptadas en este decreto ley vienen a completar uno de los aspectos pendientes de la articulación de nuestro sistema de pensiones, un aspecto que exigía un replanteamiento. De esta manera,
venimos a favorecer que el acceso a la jubilación sea una situación más fácilmente compatible con el mantenimiento de la actividad. Un aspecto que quiero resaltar es que hemos hecho los deberes -creo- para garantizar que quien llega a la jubilación
y decide no volver a trabajar nunca más lo pueda hacer en condiciones dignas, pero también hemos atendido a una realidad que está cambiando, una realidad en la que cada vez hay más gente que llega a la edad de jubilación en buenas condiciones
físicas y quiere seguir desarrollando su actividad. Para hacer eso, hemos establecido un conjunto amplio de oportunidades que en este momento tenemos que seguir evaluando, esto es, tenemos que poner el foco en estas medidas, tenemos que analizar el
impacto que tienen y seguir mejorando en esos aspectos. En ese sentido, más allá, lógicamente, de la evaluación, quisiera resaltar la disposición adicional de ese Decreto Ley 11/2024, en la que se incluía un mandato al Gobierno para establecer una
nueva regulación de lo que ahora mismo se denomina todavía, en virtud de un real decreto del año 2002, jubilación flexible. Vamos a iniciar la tramitación -teníamos un plazo de seis meses y nos hemos retrasado unos días- de un texto que hemos
llevado al diálogo social sobre lo que vamos a rebautizar como jubilación reversible, en el que vamos a regular esas situaciones en las que creemos que hay un potencial de crecimiento y en las que personas que están jubiladas, que han parado, en
principio, definitivamente su actividad profesional, deciden, transcurrido un tiempo, volver a trabajar. Esas situaciones de reenganche tienen ahora mismo una regulación -la que viene del año 2002- muy restrictiva y muy poco atractiva, y creemos
que hay un margen importante para establecer incentivos que permitan, insisto, que personas que se han jubilado, que han dejado su actividad de forma, en principio, definitiva, en un momento determinado decidan volver al mercado de trabajo como
trabajadores asalariados o por cuenta propia.
Me he extendido seguramente más de la cuenta, ya lo siento. Espero que les hayan resultado de interés estas cuestiones que he planteado. A partir de este momento, estoy, lógicamente, a su disposición.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Vamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios.
Saben ustedes que el Grupo Parlamentario Popular también registró una comparecencia. Empezará, por tanto, en este caso, la señora Garrido Valenzuela.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidenta.
Bienvenido, secretario de Estado, a esta comisión.
Permítame comenzar poniendo de relieve la magnitud y trascendencia de las materias por las que comparece hoy aquí: el nuevo sistema de cotización de autónomos y la compatibilidad trabajo-pensión. Además, no se olvide de que en nuestra
comparecencia le pedíamos también que incidiera sobre la
sostenibilidad de las pensiones. Todo ello exigiría un debate amplio, pero disponemos de poco tiempo, por lo que voy a tratar de resumir los aspectos que más preocupan en este momento.
En cuanto a la sostenibilidad del sistema, señor Suárez, usted conoce mejor que nadie los informes recientes en los que se alerta de las tensiones que están por venir. Son informes de la AIReF, que no constata una mejora del sistema de
pensiones, con un crecimiento medio del gasto de 3,4 puntos de PIB hasta 2050 frente a los 3 puntos que señalaba hace dos años; de la Comisión Europea, que señala que somos el país que más aumenta el gasto en pensiones sobre el PIB y el que más
esfuerzo de recaudación tendrá que destinar al pago de pensiones; del Fondo Monetario Internacional, y de la OCDE. Todos ellos reflejan que, lejos de fortalecerse, el sistema de pensiones en España está empeorando. La propia Comisión Europea les
ha exigido rectificar en tiempo récord, y en 2026 la AIReF tendrá que emitir un nuevo informe sobre la sostenibilidad del sistema. La anterior opinión de la AIReF no fue totalmente halagüeña. ¿Cuál cree que será la conclusión de este nuevo
informe? (El señor vicepresidente, Gómez Piña, ocupa la Presidencia).
Esta situación no es buena para nadie; no es buena para los que hoy perciben la pensión ni para los que están próximos a percibirla, que viven con una incertidumbre sobre cuáles serán las consecuencias de sus políticas. Tampoco es buena
para los que hoy están trabajando, los que mantienen el modelo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, porque creen que a ellos no les llegará. De hecho, en enero de 2025 se ha publicado una encuesta que dice que la mitad de los jóvenes creen que no
van a percibir pensión alguna y que tres de cada diez españoles entre 30 y 44 años -solo tres de cada de cada diez- esperan tenerla en el futuro.
Esta percepción pone de manifiesto la creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y, tristemente, señor Suárez, la opinión empieza a generalizarse. Le recuerdo el vergonzoso dato de que somos líderes en
desempleo, y hace apenas unos días conocíamos que, por las políticas de este Gobierno, nuestros jóvenes van a tener que retrasar su jubilación a los 71 años y, además, van a tener que hacer un esfuerzo contributivo mucho más fuerte si quieren tener
unas pensiones similares a las actuales. Nos gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué medidas piensan adoptar para facilitar que se alarguen las carreras cotizadas de los jóvenes? Es un tema enormemente preocupante, porque es necesario
facilitar la entrada temprana de los menores de 30 años en el mercado laboral. Entiendo que alguien tendrá que decir algo, porque, para que nuestro modelo social funcione, tiene que ser suficiente, tiene que garantizar su sostenibilidad y, además,
debe ser ágil y eficaz, como exigen nuestra Constitución y nuestras leyes. Sin embargo, a pesar de contar -como usted ha señalado en relación con su equipo y con la Tesorería General de la Seguridad Social- con un excelente staff de empleados
públicos a su servicio, la Seguridad Social atraviesa un momento crítico, y no creo que se limite solo, como usted ha dicho, a incidencias de poca repercusión práctica. Tenemos cientos de miles de prestaciones por incapacidad que permanecen
pendientes de tramitación, colapsando un sistema ya al borde del límite; el ingreso mínimo vital, tras cinco años, se encuentra inmerso en un caos administrativo, con demoras en los pagos, que continúa reclamando a las familias vulnerables las
rentas pagadas de forma errónea desde 2020 y, además, está en el punto de mira de Europa. A esto se le suma la huelga de los funcionarios, motivada por la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y la escasa reposición de personal, con unas
plantillas cada vez más reducidas y envejecidas por el baby boom, al que usted se ha referido también, y sin relevo generacional. Este panorama evidencia no solo una crisis de gestión, sino también la urgencia de una reforma estructural que
garantice la sostenibilidad y la eficiencia del sistema público.
En relación con los autónomos, efectivamente, usted ha mencionado el acuerdo al que llegaron las principales asociaciones de autónomos con el Gobierno en el año 2022 para establecer este nuevo sistema que hoy usted nos ha explicado y que
veremos con detenimiento -por cierto, yo no sé si he sido yo, pero a mí me ha costado visualizar desde aquí muchos de los cuadros que ha puesto; dice que nos los va a hacer llegar, pero la pena es no haberlos tenido antes, ya que lo hubiéramos
seguido mejor, porque costaba verlo, eran números muy pequeños; desde luego, a mí a veces me costaba identificar lo que estaba diciendo-. Sin embargo -usted también lo ha mencionado-, el acuerdo solo logró cerrar las pautas para 2023, 2024 y 2025,
por lo que el debate se debe reabrir para fijar el sistema a partir de 2026. El presidente de ATA, una de las asociaciones, ha dejado claro que su asociación no negociará nada con la Seguridad Social mientras no se solucionen las incidencias de
regularización de cuotas, concretamente de las que están produciéndose con los trabajadores en pluriactividad y con los autónomos societarios, porque de los casi 270 000 autónomos que están en situación de pluriactividad, 40 000 llevan esperando
desde 2023 la devolución del exceso de cuotas; incluso acabando el periodo de regularización, a 17 de junio, había personas esperando. Tampoco podemos olvidar a los societarios, que crecen día a día hasta el punto de que los nuevos
autónomos -tres de cada cuatro- adoptan la forma societaria, fundamentalmente, por sentirse más amparados. ¿Qué opina el secretario de Estado al respecto?
Consideramos absolutamente necesario negociar con los representantes de los trabajadores autónomos y presentar la valoración del nuevo sistema. ¿Para cuándo esa reunión que ha anunciado? Porque hoy la ha anunciado, pero tampoco ha
concretado fechas. ¿Sabe ya cuándo será? ¿La semana que viene, en las próximas semanas? ¿La semana que viene se va a producir esta reunión?, porque es necesario cumplir con lo previsto en la ley, concretamente, en la disposición transitoria
primera del Real Decreto Ley 13/2022.
En cuanto al balance de este sistema, ha sido extenso en su intervención. Repito, lo masticaremos un poco más tarde, cuando veamos efectivamente los datos.
También me quiero referir a las mutualidades. Señor Suárez, ¿qué va a hacer el Gobierno con los mutualistas? Me gustaría, sinceramente, que nos diese información y respuestas concretas desde un doble prisma. Por un lado, ¿van a
proporcionar los datos y la información que mi grupo -usted lo sabe- ha solicitado en muchas ocasiones sobre afectados, impacto, valoraciones, cálculos, proyecciones y soluciones? No lo han hecho, a pesar de nuestra solicitud. Por otro lado, ¿van
a dar a este colectivo las respuestas que desde hace tanto tiempo están esperando? Desde su ministerio llevan tiempo prometiendo soluciones que nunca llegan, y no vale esconderse tras una proposición de ley del Grupo Socialista que no satisface a
nadie. No hay más que ver cómo se han movilizado las plataformas afectadas al conocer hoy su comparecencia en la comisión para mostrar su descontento con el contenido de esa proposición de ley. El pasado 9 de junio, en la Comisión del Pacto de
Toledo, le preguntamos a la ministra en torno a este tema -usted también estaba presente- y no respondió.
Para terminar esta primera intervención, me voy a referir al acuerdo de compatibilidad entre pensión y trabajo -al que también ha dedicado tiempo en su exposición- entre sindicatos, patronal y Gobierno, que, tal y como está tomando por
costumbre este Gobierno, se hizo al margen del Pacto de Toledo. Además, los puntos incluidos en este acuerdo que necesitaban un cambio legislativo para su aprobación -jubilación demorada, parcial, activa y contrato de relevo- fueron aprobados como
real decreto ley en el Consejo de Ministros en lugar de como proyecto de ley, como habló algunas veces el Grupo Popular con usted, con lo que hubieran dejado que el poder legislativo, que les recuerdo está en las Cámaras, cumpliese con su función.
También quiero señalar que, transcurrido un año, seguimos sin saber qué van a hacer con el punto relativo a la mejora de la incapacidad temporal, poniendo especialmente el foco en la recuperación de la salud de los trabajadores. Es evidente
que existe un problema de absentismo cuando el año pasado hubo casi 9 millones de bajas con un coste de 29 000 millones de euros. Termino ya. De nada sirve firmar acuerdos autonómicos para que las mutuas asuman la asistencia sanitaria de los
accidentes traumatológicos procedentes de contingencias comunes si se encuentran, cuando proponen el alta, con un Instituto Nacional de la Seguridad Social colapsado.
Concluyo, decía. Es evidente que son numerosos los retos que afronta hoy el sistema de pensiones. También es evidente que las reformas de este Gobierno no han mejorado el futuro de los pensionistas; al contrario, lo han empeorado. Y es
evidente que, si el Gobierno no es capaz de mejorar ni el presente ni el futuro de las pensiones, debería dar un paso al lado. Lo acabarán dando, pero mientras tanto, al menos, dialoguen con el principal partido de España para que, entre todos,
reforcemos ese modelo de bienestar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría, el señor Cervera Pinart, por el Grupo Parlamentario Junts, por un tiempo de diez minutos.
El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Benvingut, secretari d'Estat, i moltes gràcies per les seves explicacions.
Jo, a risc de fer-me pesat i cansar alguns diputats que, en la darrera comissió del Pacte de Toledo, es van fer un tip de gesticular durant la meva intervenció i no centrant-me de sortida en els temes que han substanciat aquesta
compareixença, voldria tornar a posar sobre la taula una de les nostres recurrents demandes sempre que parlem de pensions i que és la necessitat d'aplicar un factor corrector del cost de la vida a les pensions, com també el proposem pel salari mínim
interprofessional. Un factor corrector que
ajusti les pensions al cost real de la vida a cada territori. Per nosaltres aquesta és una mesura imprescindible per combatre la desigualtat territorial i garantir una vida digna a tots els ciutadans de Catalunya, on el cost de la vida és
gairebé un 8 % superior a la mitjana estatal.
Aquesta desigualtat territorial, al nostre entendre, penalitza els pensionistes catalans i agreuja la precarietat a Catalunya, perquè el poder adquisitiu d'aquest col·lectiu queda per sota de la mitjana estatal. Per nosaltres, per Junts per
Catalunya, ajustar el salari mínim interprofessional i les pensions al cost de la vida real és una mesura de justícia social prioritària, que també entenem que ho hauria de ser per al seu govern si vol garantir la igualtat i uns estàndards de
qualitat de vida entre tots els ciutadans de l'Estat. Per bé que a nosaltres ens preocupa aquesta situació amb relació a Catalunya, aquesta és una realitat que, en major o menor mesura, també afecta a altres territoris de l'Estat, fet que al nostre
entendre, justificaria una reforma estructural per acabar amb aquesta desigualtat sistèmica. Sabem que els diferents governs i els agents socials espanyols sempre han tirat coces a la nostra proposta i diuen que és inviable. Però aquesta és una
mesura que ja s'aplica en altres estats com Alemanya, on les pensions s'ajusten al cost de la vida regional. No creu, secretari, que valdria la pena realitzar almenys un estudi tècnic i econòmic liderat per institucions independents, per conèixer
la viabilitat i els efectes econòmics i socials de la territorialització de les pensions?
I ara sí, em centro en el tema que han substanciat la seva compareixença i amb relació a la regularització del sistema de cotització dels treballadors autònoms que, com ens deia vostè, es va aprovar l'estiu del 2022, s'ha implementat
progressivament entre el 2023 i el 2025 i que s'estendrà fins al 2032, amb la finalitat d'adaptar les quotes a la Seguretat Social i als ingressos reals nets dels autònoms, per poder així garantir la sostenibilitat del sistema i la suficiència de
les seves pensions. Malgrat la seva necessitat, que podem compartir i totes les virtuts que vostès o que vostè, en aquest cas, ens ha explicat, a ningú se li escapa que la seva aplicació encara genera controvèrsia. I així doncs, continua sent
evident que els que guanyen poc poden cotitzar menys, que això és un innegable benefici a curt termini, però que continuen tenint la sensació que acumulen drets molts baixos de cara a la seva jubilació. I els que guanyen més veuen com les seves
cotitzacions augmenten de forma significativa, però no tenen cap certesa que el sistema els compensi suficientment en les prestacions futures. I a tot això cal afegir-hi la complexitat administrativa del nou sistema, que, malgrat la bateria
d'informació i de mesures que vostè aplicava, doncs nosaltres pensem que continua sent necessari reduir la burocràcia. I ens agradaria saber com. Com preveuen fer-ho? Com pensen també acabar amb la incertesa fiscal que genera aquest sistema? I
si saber quin és l'impacte previst de les funcions futures dels autònoms que han incrementat les seves bases de cotització. Quan li sembla a vostè que podran veure resultats tangibles?
En l'altre tema que plantejàvem i tenint el segon tema de la seva compareixença, sap, secretari, que la jubilació parcial havia estat fins ara una eina fonamental per facilitar el relleu generacional a diversos sectors. En un de molt
concret és en l'àmbit educatiu. Aquí hi havia permès una transició progressiva cap a la inactivitat laboral i garantia, doncs, la incorporació de nous professionals. Aquesta modalitat havia permès equilibrar la continuïtat del servei educatiu,
sobretot en l'àmbit concertat, amb la planificació de la carrera professional del personal docent i d'altres persones, també treballadores del sector privat.
Tanmateix, les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 11/2024 alteren substancialment les condicions d'accés a aquesta modalitat de jubilació, generant un escenari d'incertesa per a les persones treballadores i per les empreses,
especialment en aquells sectors amb una estructura laboral específica, com ho és i com li deia, el cas de l'ensenyament concertat, on l'obligació d'establir en tots els casos contractes de relleu a jornada completa... Que, per cert, vostè ha obviat
aquest fet quan en parlava en la seva intervenció. No ha dit que els contractes han de ser a jornada completa. Només s'ha posat el focus en què havia de ser indefinit i el que és evident és que això genera un cost addicional en les jornades i les
cotitzacions per a aquestes empreses, però també per a les administracions públiques, i això també dificulta, doncs, que el seu personal hi pugui accedir, perquè hi ha unes càrregues econòmiques que molts cops el que acaben fent és desincentivar les
empreses, però també les administracions públiques a facilitar aquestes jubilacions parcials, provocant una retenció forçada de treballadors que en altres condicions podrien optar a aquesta modalitat.
Davant aquestes conseqüències adverses, i entenent que la mesura s'inscriu dins la recomanació 12 sobre l'edat de jubilació del Pacte de Toledo i que s'alinea amb totes les reformes iniciades per apropar l'edat efectiva de jubilació a l'edat
ordinària, jo li pregunto si tenen previst revaluar la situació per flexibilitzar els contractes de relleu i permetre que aquests puguin ser a temps parcial, completant una jornada de treball entre jubilat parcial i rellevista, tal com era possible
fins ara.
Podríem també parlar de si són prou atractives per a tots els sectors i perfils laborals, aquestes mesures. Ho són per l'agricultura, ho són pel sector serveis, ho són pels treballadors autònoms. És evident que són molts els temes que hi
ha entorn de l'impacte de les reformes implementades i les actuacions futures en el sistema de Seguretat Social i poc el temps que nosaltres tenim. A nosaltres ens agradaria també poder parlar del futur de les mutualitats i de les solucions que
tenen per als mutualistes. Ens agradaria parlar de com pujar la pensió màxima per compensar les cotitzacions continuades per sobre del màxim. O com legislar de forma favorable perquè els plans de pensions personals no tributin com a rendiment del
treball quan es rescaten. I tantes altres coses.
Però com que el temps deia és limitat, acabarem amb una bateria de preguntes i un prec que li haig de dir que quan preparava aquesta intervenció eren dos els precs. Les preguntes, li voldria preguntar quin és l'impacte real de les reformes
implementades fins al 2025 en la sostenibilitat financera del sistema de Seguretat Social i quines dades avalen la projecció d'un superàvit a partir del 2026. També voldria preguntar com es garantirà l'ampliació del període del còmput a 29 anys
perquè no penalitzi els treballadors amb carreres laborals irregulars, especialment dones i autònoms. Quines reformes concretes preveu el seu Govern per abordar la sentència del TJUE sobre la discriminació en el complement de pensions i la bretxa
de gènere? I finalment, com s'està gestionant l'impacte de la quota de solidaritat a les empreses i als treballadors d'alts ingressos? I quines mesures preveuen per evitar la pèrdua de competitivitat?
I acabo ràpidament amb el prec, un prec que li deia que eren dos quan preparava aquesta intervenció, però que en aquests moments és un, perquè el representant d'Asjubi40 m'ha confirmat que, després de molts intents, avui han establert
finalment una data de visita que, des de Junts per Catalunya, esperem serveixi per posar les bases per resoldre definitivament la situació de les més de 200 000 persones que a Catalunya, moltes més a la resta de l'Estat, malgrat haver cotitzat 40
anys o més, han vist aplicat un coeficient reductor de per vida per a una jubilació anticipada.
I el prec és per a aquells que no han tingut tanta sort. Són els representants d'ATEAVA, l'Associació de Treballadors Essencials afectats per la vacuna AstraZeneca, que reclamen l'origen laboral de les seves dolències, que des de Junts per
Catalunya entenem que també mereixen que l'administració els doni una solució a les seves demandes, però que, sobretot, el que mereixen és que no sigui tan complicat que vostè els rebi i els escolti.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente.
Bienvenido, secretario de Estado, y muchas gracias por sus explicaciones.
Yo, a riesgo de hacerme pesado y de cansar a algunos diputados, que en la última gestión del Pacto de Toledo se cansaron de gesticular en mi intervención, y no centrándome de plano en los temas que han sustanciado esta comparecencia,
quisiera poner sobre la mesa una de nuestras demandas recurrentes cada vez que hablamos de pensiones, que es la necesidad de aplicar un factor corrector del coste de la vida a las pensiones, igual que lo proponemos también para el salario mínimo
interprofesional, un factor corrector que ajuste esas pensiones a la realidad de la carestía de la vida del territorio. Creemos que es necesario para combatir la desigualdad territorial y para garantizar la igualdad a todos los ciudadanos de
Cataluña, una vida digna donde el coste es superior a la media estatal.
Esta desigualdad territorial paraliza, en nuestra opinión, a los pensionistas catalanes y agrava la precariedad de Cataluña, porque el poder adquisitivo de este colectivo se queda por debajo de la media estatal. Para nosotros, para Junts
per Catalunya, ajustar el salario mínimo interprofesional y las pensiones al coste de la vida real es una medida de justicia social y es prioritaria, y entendemos que también debería serlo para su Gobierno, si quiere garantizar la igualdad y unos
estándares de calidad de vida entre todos los ciudadanos del Estado. Si bien a nosotros nos preocupa esta situación en relación con Cataluña, esta es una realidad que, en mayor o menor medida, también afecta a otros territorios del Estado, hecho
que, en nuestra opinión, justificaría una reforma estructural para acabar con esta desigualdad sistémica. Sabemos que los diferentes Gobiernos y agentes sociales españoles siempre han echado por tierra nuestra propuesta diciendo que es inviable,
pero esta medida ya se aplica en otros Estados, como Alemania, donde las jubilaciones se ajustan a las realidades territoriales. ¿No cree, señor secretario, que merecería la pena que instituciones independientes hicieran un estudio económico para
conocer la viabilidad y los efectos económicos y sociales de la territorialización de las pensiones?
Me voy a centrar, ahora sí, en el tema que ha sustanciado su comparecencia. En relación con la regularización del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, usted decía que se aprobó en el
año 2022, en verano, y que se ha ido adaptando progresivamente entre los años 2023 y 2025 y que se extenderá hasta el año 2032 para adaptar las cuotas de la Seguridad Social y los ingresos reales netos de los autónomos para así poder
garantizar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de sus pensiones. A pesar de que compartimos esa necesidad y todas las virtudes que usted nos ha explicado, a nadie se le escapa que su aplicación aún genera controversias. Se sigue
poniendo de manifiesto que los que ganan poco pueden cotizar menos -es un beneficio innegable a corto plazo-, pero continúan teniendo la sensación de que acumulan unos derechos muy bajos de cara a su jubilación, y que los que ganan más ven como sus
cotizaciones aumentan de forma significativa, sin que tengan por ello la certeza de que el sistema luego les vaya a compensar de forma suficiente en las prestaciones futuras. Y a todo esto hay que añadir también la complejidad administrativa del
nuevo sistema: a pesar de la batería de información y de medidas que usted nos ha explicado, nosotros creemos que sigue siendo necesario que se reduzca la burocracia. Nos gustaría saber cómo tienen previsto hacerlo, cómo va esa incertidumbre
fiscal que genera el sistema y cuál es el impacto previsto, en cuanto a las funciones de los autónomos, del aumento de sus bases de cotización y cuándo creen ustedes que van a empezar a ver resultados tangibles de esto.
Luego hay otro tema que hemos planteado, al hilo del segundo tema de su comparecencia. Sabe usted que la jubilación parcial hasta ahora había sido una herramienta fundamental para facilitar el relevo generacional en diversos sectores. Uno
muy concreto es el del ámbito educativo. Aquí se había permitido una transición progresiva hacia la inactividad laboral, garantizando la incorporación de nuevos profesionales. Esta modalidad permitía equilibrar la continuidad del servicio
educativo, sobre todo en el ámbito de la concertada, con la aplicación de la carrera del plan docente de las personas y los trabajadores del sector privado. De la misma manera, las modificaciones del Real Decreto 11/2024 alteran sustancialmente las
condiciones de acceso a esta modalidad de jubilación, con lo que se genera un escenario de incertidumbre para los trabajadores y para las empresas, especialmente en aquellos sectores que tienen una estructura laboral específica, como en el caso,
como le decía, de la enseñanza concertada, donde la obligación de establecer contratos de relevo a jornada completa -por cierto, usted ha obviado este hecho cuando hablaba en su intervención; no ha dicho que los contratos tienen que ser de jornada
completa, solamente se ha puesto el foco en que tenía que ser indefinido- es evidente que genera un coste adicional en las jornadas y las cotizaciones para estas empresas, pero también lo genera para las Administraciones públicas. Esto crea
dificultades, porque hay una serie de cargas económicas que no facilitan esas jubilaciones parciales, provocando una retención forzada de trabajadores que, en otras condiciones, podrían optar a esta modalidad.
Ante estas consecuencias adversas y entendiendo que la medida se inscribe en la recomendación de la recuperación del Pacto de Toledo y que tendría que incluirse en las reformas iniciadas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad
ordinaria, yo le pregunto si han previsto reevaluar la situación para que se flexibilicen los contratos de relevo y que estos puedan ser a tiempo parcial, completando una jornada laboral entre el jubilado parcial y el relevo, como era posible hasta
hace poco.
También podríamos hablar de si estas medidas son lo suficientemente atractivas para todos los sectores y perfiles laborales, si lo son para el sector de la cultura, el de servicios, el de los trabajadores autónomos. Hay muchos temas en
torno al impacto de las reformas que se han aplicado y su aplicación y su repercusión futura en el sistema de Seguridad Social, y tenemos poco tiempo para hablar de ello. A nosotros nos gustaría también poder hablar del futuro de las mutualidades y
de las soluciones que se han previsto para los mutualistas; de cómo aumentar la pensión máxima para compensar las contribuciones continuas por encima del máximo; o de cómo se puede favorecer que los planes privados no tributen como rendimientos
del trabajo cuando se rescatan. Podríamos hablar de muchas otras cuestiones, pero como tengo poco tiempo voy a hacer una batería de preguntas y un ruego. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué impacto real tiene las reformas que se han aplicado
hasta el año 2025 en sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social? ¿Qué datos avalan la proyección de un superávit a partir del año 2026? También quisiera preguntarle cómo se va a garantizar la ampliación del periodo del cómputo de
veintinueve años para que no penalice a los trabajadores con carreras laborales irregulares, sobre todo a mujeres y a autónomos; qué reformas concretas se han previsto en su Gobierno para abordar la sentencia sobre la discriminación en el
complemento de pensiones y la brecha de género; y, finalmente, cómo se está gestionando el impacto de la cuota de solidaridad en las empresas y los trabajadores de los ingresos y qué medidas se han previsto para evitar la pérdida de competitividad.
Acabo rápidamente con mi ruego. Tengo que decirle que cuando preparaba esta intervención eran dos ruegos, pero en estos momentos es uno, porque el representante me ha dicho que después de muchos
intentos han establecido por fin una fecha de visita, que Junts per Catalunya espera que sirva para sentar las bases que permitan resolver definitivamente la situación de las más de doscientas mil personas que en Cataluña, muchas más en el
resto del Estado, a pesar de haber cotizado cuarenta años o más, han visto aplicado un coeficiente reductor de por vida por una jubilación anticipada. Mi ruego es respecto a aquellos que no han tenido tanta suerte, los representantes de ATEAVA, la
Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, que reclaman el origen laboral de sus dolencias. En Junts per Catalunya entendemos que también merecen que la Administración les dé una solución a sus demandas, pero lo que
sobre todo merecen es que no sea tan complicado que usted les reciba y los escuche.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría, el señor Salvador i Duch, del Grupo Republicano, por un tiempo de diez minutos.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda ja.
Senyor Borja, gràcies per la seva exhaustiva presentació, com sempre, i molt agraït.
Senyores i senyors diputats, jo em centraré en la meva intervenció en una pregunta que volia fer en el torn de preguntes, però per un error meu burocràtic no l'he pogut fer. Però aprofito la compareixença que està vostè aquí per fer-la. És
concretament sobre jubilacions anticipades per raó de l'activitat i concretament la Llei de la General de la Seguretat Social va establir que es poden aplicar coeficients reductors a l'edat de jubilació en els grups professionals que s'anomenen
activitats excepcionalment penoses, tòxiques, perilloses o insalubres, amb alts índexs de morbiditat o mortalitat. És a dir, la legislació reconeix amb rigor jurídic que certes feines han de permetre als treballadors avançar la jubilació per les
condicions dures de la seva activitat. No obstant això, alertem que el Reial Decret 402/2025, del 27 de maig de 2025, no concreta cap nou col·lectiu, sinó que només fixa un procediment genèric, molt genèric, per sol·licitar la jubilació anticipada
per aquests motius. I això ens preocupa perquè fins ara potser hi ha gent que mereix tenir aquestes jubilacions anticipades, però degut a la seva poca capacitat de pressió, doncs a vegades no ho ha aconseguit i crec que això no hauria de ser motiu
perquè no les tinguin.
Aquest Reial Decret nou no incorpora cap grup addicional, com deia, ni reforça cap catàleg preexistent. En resum, aquesta norma només defineix com han d'iniciar-se els tràmits sindicats i patronals conjuntament amb informe sobre morbiditat
i sinistralitat, però no fa res més que delegar la decisió a una comissió d'avaluació sense atorgar beneficis nous de manera automàtica. I és el que deia abans: gent que sí que ho mereix, però no té capacitat de pressió, doncs, està on està. Un
cop més, els treballadors de serveis essencials se'ls deixa pendents i voldríem saber, no? Sectors com atenció domiciliària, el SAD, cambreres de pis, residències assistencials, indústria química, personal sanitari i transport i construcció
continuen vigents condicions laborals extremadament dures, però fins ara no han estat incorporats explícitament. Concretament, i crida l'atenció l'absència del servei d'Atenció domiciliària i el personal de residències, col·lectius majoritàriament
feminitzats, que pateixen càrregues físiques intenses i risc sanitari, que fa que sigui difícil treballar en aquestes condicions i sovint han de treballar amb medicaments o medicines per poder aguantar aquestes jornades de treball. Aquests
treballadors no surten esmentats enlloc de la nova normativa, la qual cosa demanem que s'aclareixi si això pot ser resolt o no, perquè creiem que seria un acte de justícia. Llavors preguntem de manera explícita: El Govern té intenció d'incloure en
aquests coeficients reductors col·lectius com les treballadores del SAD, les cambreres de pis, els professionals de la indústria química, el personal de residències geriàtriques, el personal sanitari, els transportistes de viatgers i mercaderies i
els transports i els treballadors de la construcció? Si la resposta és afirmativa, cal saber com i quan. I si és negativa, caldria una explicació detallada, perquè creiem que és de justícia. No podem acceptar més dilacions, perquè durant aquests
anys que jo he estat aquí com a diputat, doncs potser he rebut desenes i desenes de col·lectius que es pensen que estan afectats per aquesta situació i, com la llei del 2011 no ho explicitava, aquest problema no el resolia, doncs, estem al 2025 i
encara estem amb aquest problema sense resoldre.
Res més. Que voldríem saber els calendaris d'aplicació i quines solucions podem dir a tots aquests col·lectius que ens venen a veure reiteradament i quines respostes podem donar. Calendari, transparència completa i explicacions de si sí o
si no.
Moltes gràcies.
Buenas tardes.
Señor Suárez Corujo, muchas gracias por su exhaustiva presentación, como siempre. Muy agradecido.
Señorías, me voy a centrar en mi intervención en la pregunta que quería hacer en el turno de preguntas pero que por un error mío no lo he podido hacer. Aprovecho esta comparecencia para hacerla. Se trata de las jubilaciones anticipadas por
falta de actividad. La ley de la Seguridad Social dice que se pueden aplicar coeficientes reductores a los profesionales de actividades excepcionalmente penosas, tóxicas o insalubres con índices de muerte o morbilidad altos. Es decir, la
legislación reconoce, con rigor jurídico, que algunos trabajos tienen que permitir a los trabajadores adelantar su jubilación por las duras condiciones del desempeño de su actividad. No obstante, alertamos de que el decreto de 25 de marzo de 2025
no concreta ningún nuevo colectivo, sino que únicamente fija un procedimiento genérico, muy genérico, para la solicitud de jubilación anticipada por esos motivos, y eso nos preocupa porque, aunque hay personas que merecen tener esa jubilación
anticipada, a veces no lo han conseguido debido a su poca capacidad de presión. Creemos que eso no tendría que ser motivo para que no la tengan.
Este real decreto nuevo no refuerza ningún catálogo preexistente y, por tanto, esta norma solo define como fecha de iniciación de los trámites con sindicatos la siniestralidad y la comorbilidad, pero no se incluyen beneficios nuevos de forma
automática. Como decía antes, hay personas que quizás lo merecen, pero no tienen capacidad de presión, y están donde están. Una vez más, los trabajadores de servicios esenciales se quedan pendientes. Quisiéramos saber qué pasa con la atención
domiciliaria, las residencias asistenciales, la industria química, el personal sanitario, el transporte y la construcción, sectores en los que se siguen viviendo unas condiciones extremadamente duras, pero no se han visto incorporados
específicamente en el real decreto. Tememos, además, la ausencia de atención domiciliaria, del personal de residencias, que están muy feminizados, que sufren cargas físicas intensas y riesgo sanitario, cosa que hace que sea muy difícil trabajar en
esas condiciones, y muchas veces tienen que trabajar con medicación o medicinas para poder aguantar esas jornadas de trabajo. Estos trabajadores no aparecen mencionados en ningún lugar de la nueva normativa, algo que les pedimos que se aclare para
ver si esto se puede solventar o no, porque nos parece que debería ser esto un acto de justicia. Nos preguntamos de forma explícita si el Gobierno tiene intención de incluir estos coeficientes reductores a colectivos como las trabajadoras del SAR,
las camareras de piso, los profesionales de la industria química, el personal de residencias geriátricas, el personal sanitario, los transportistas de viajeros y mercancías y los trabajadores de la construcción. Si la respuesta es afirmativa,
queremos saber cómo y cuándo y, si es negativa, haría falta una explicación más detallada y más clara, porque creemos que es de justicia. No podemos aceptar más retrasos. Durante los años que llevo aquí de diputado he recibido a decenas y decenas
de colectivos que se ven afectados por esta situación. La ley de 2011 no explicitaba este problema y no lo solventó y ahora estamos en 2025 y seguimos con ese problema sin resolver.
Queremos saber qué calendarios de aplicación va a haber, qué soluciones podemos dar a esos colectivos que se reúnen con nosotros reiteradamente y qué respuestas les podemos dar. Calendario, transparencia completa y explicaciones de si sí o
si no.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría, la señora Vidal Sáez, por un tiempo de diez minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Buenos días, secretario de Estado. Agradezco su comparecencia y su dedicación, su minuciosidad, por decirlo, así, con los datos.
Voy a empezar por la parte de autónomos y autónomas, porque no me cabe duda de que compartimos -creo que hoy más que nunca- que los autónomos y autónomas necesitan hechos, no solo palabras. Lo digo porque la mayoría -una gran mayoría- lleva
décadas soportando una carga que no se ajusta a su realidad económica. Los avances que hemos impulsado en los últimos años yo creo que son muy valiosos -usted los destacaba y nosotras también-. El sistema de cotización por ingresos reales se ha
puesto en marcha tras décadas de injusticia y, además, se empieza a abandonar ese modelo obsoleto que obligaba a muchos autónomos y autónomas a pagar lo mismo, aunque ganaran 300, 600, 1800 o 6000 al mes, para que nos entendamos. También queremos
destacar en este caso la prestación por cese de actividad y la cobertura durante la pandemia. Pero en este caso no podemos permitirnos ser triunfalistas -tenemos que ser críticos, no solo porque sí, sino con espíritu permanente-. Este Gobierno
tiene el compromiso de avanzar hacia una mayor protección social del colectivo, que es también lo que nos están reclamando desde hace décadas y décadas los autónomos y las autónomas.
Yo creo que es importante que todos conozcamos algunos datos, como el de que más del 80 % de los autónomos no llega a día de hoy al salario mínimo interprofesional. La reciente reforma del sistema de cotización por ingresos reales fue, sin
duda, un paso en la muy buena dirección, pero necesitamos, a nuestro entender, que se aplique con rigor, con transparencia y también con justicia, y allí creo que nos quedan muchos pasos por dar aún. El nuevo sistema aún no está llegando a todos y
todas con claridad, tampoco con equidad; de hecho, muchas trabajadoras y muchos trabajadores por cuenta propia siguen encontrando enormes dificultades administrativas, tanto para cambiar esos tramos como para ver sus ingresos o para acogerse a las
nuevas fórmulas. El problema está sobre todo en la base y, como usted en algún momento ha dicho también, en los bajos ingresos, en la precariedad estructural del trabajo autónomo y en la falta de protección real ante la enfermedad, la jubilación o
el cese involuntario. El RETA debe ser progresivo y además también flexible y debe ir acompañado de medidas de simplificación y acompañamiento, literalmente acompañamiento, en el ámbito administrativo y también de protección social real.
Yo también quiero hablarle de las mujeres autónomas, especialmente en sectores como el comercio, los cuidados o la hostelería. La brecha de género no se escapa de ningún ámbito, tampoco de este: las mujeres autónomas declaran ingresos más
bajos, tienen más discontinuidad en su actividad y menos capacidad de ahorro. Le quería preguntar qué políticas específicas prevé o está desarrollando su ministerio para ir cerrando esta brecha. Le quiero hablar también de los jóvenes, que hoy se
encuentran un mercado lleno de falsas cooperativas, de falsos autónomos y de plataformas digitales que externalizan los riesgos y precarizan aún más esta figura. Sabe perfectamente que hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo para ir regulando
este mercado, pero nos queda muchísimo sin duda por trabajar.
Nos preocupa, además, y se lo queríamos trasladar, la tarifa plana, porque creemos que puede haber dejado de ser una herramienta eficaz de activación y haberse convertido en muchos casos en un incentivo opaco e incluso regresivo. Como hemos
dicho en repetidas ocasiones, hay que repensarla para que llegue realmente a quienes más lo necesitan y que no se convierta en un coladero para el abuso o el fraude. Sin duda creemos que esto es compartido con el ministerio, pero queremos volver a
trasladar nuestra preocupación, puesto que estamos viendo la mala utilización que se está haciendo de esta herramienta, y no en pocos casos.
Yo creo que es evidente que los autónomos y las autónomas no nos están pidiendo privilegios, lo que nos están exigiendo son derechos: poder ponerse enfermos sin miedo a perderlo todo o sin miedo a quedarse a cero durante meses o poder
jubilarse con dignidad. Yo creo que hay que partir de una afirmación, que es que son parte de la economía real y, además, una parte esencial de nuestro tejido productivo y social de nuestro país. Por eso le quiero preguntar cómo garantizar que los
tramos más bajos del sistema de cotización no queden desprotegidos, porque esto es lo que estamos viendo también hoy en día. Le quiero preguntar también si puede comprometerse a que nadie pagará por encima de lo que realmente gana, porque hoy en
día también está sucediendo. Si no corregimos esto, estaríamos perpetuando -creo que lo compartimos- una injusticia o una desigualdad que es estructural y que este ministerio sin duda pretende combatir. También le quería preguntar si tienen
previsto impulsar medidas de cotización o de fiscalidad progresiva que tengan en cuenta no solo los ingresos, sino también los gastos reales de autónomos y autónomas, especialmente en actividades con los márgenes reducidos.
Creo que es evidente que los autónomos de este país no quieren ser héroes ni tampoco sujetos de relatos vigorizantes, sino que pretenden algo tan sencillo como poder tener derechos sociales, y creo que es aquí donde tenemos un largo
recorrido como Gobierno, pese a que hemos avanzado muchísimo.
Me quiero referir rápidamente a la cuestión de la compatibilidad del trabajo y la pensión. Saben ustedes que en nuestro grupo somos extremadamente cautelosos en esta materia, porque, como bien sabemos y hemos podido observar en muchos
países de nuestro entorno, a menudo se vende un elemento de libertad o de elección que esconde una oscura realidad: la pobreza, la desigualdad y la desesperación empujan a las personas -por cierto, también entre autónomos y autónomas, como no se le
escapa a nadie- a seguir trabajando y compatibilizando su pensión con otro trabajo, y esto nos preocupa muchísimo. Cuando hay pobreza y desigualdad la libertad de acción o de elección simplemente no existen, y hay un elemento de clase muy fuerte en
ello. Por eso, queríamos empezar por aquí, porque nos preocupa que el ministerio lo pierda de vista en algún momento y porque creemos que es algo realmente importante.
Entro ya en materia. Queda pendiente el real decreto que desarrolle la nueva regulación de la jubilación flexible. Tenemos dudas de que vaya a tener el mismo resultado que la jubilación demorada o
que la jubilación anticipada voluntaria; de hecho, sabemos que ha caído por debajo del 4 %, y es, entre otras cosas, gracias al escudo social que construimos conjuntamente durante la pandemia. Al fin y al cabo, el hecho de no haber
expulsado masivamente a personas del mercado de trabajo, como cuando gobernaba el Partido Popular o lo hacía el Partido Socialista en solitario, los trabajadores no han tenido la necesidad de jubilarse con cuatro años de adelanto, y en eso el
sistema se ha visto beneficiado. Queremos preguntarle, por tanto, por aspectos pendientes relacionados con la extensión a funcionarios públicos del acceso a la jubilación parcial, algo que nos preocupa, y sobre las medidas para paliar la lentitud
en la aplicación de la reforma y mejorar la calidad del empleo. Aquí sí hacía usted referencia a los relevistas en jubilación parcial del personal del sector público, que creemos que es fundamental abordarlo.
Y entro en el tercer ámbito. Esperábamos que usted hiciera más referencia a este ámbito, pero entiendo que lo hará sin duda en la réplica. Queríamos hablar, obviamente, de pensiones. Está en juego garantizar el derecho a una jubilación
digna de millones -literalmente millones- de personas. Creo que hay que reconocer que este Gobierno ha hecho avances absolutamente indiscutibles en este sentido, y voy a ir rápida porque se me acaba el tiempo. Hablamos de derogar el injusto factor
de sostenibilidad, de la recuperación de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real y la subida de mínimas y no contributivas por encima, como debe ser, para ir alcanzando, en este caso, un sistema de equidad y de igualdad real.
Hablamos del esfuerzo que se ha hecho tanto vía presupuestos generales del Estado como por otras vías como puedan ser el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la cuota de solidaridad, para ir recaptando más ingresos en el sistema, que es lo que
hacía falta. Recuerdo una y mil veces que este sistema nunca ha tenido un problema de gasto, siempre ha tenido un problema endémico, o algunos pretendían decirlo -nosotros creíamos que era político y así lo hemos demostrado en este caso-, de
ingresos.
Quiero hablar, por ejemplo, de la brecha de género que, pese a que la hemos reducido muchísimo, sigue siendo escandalosa. Las mujeres trabajadoras reciben pensiones un 33 % más bajas que los hombres, y ya decía antes también que con las
autónomas pasa exactamente lo mismo. Creo que no podemos seguir aceptando que quienes hacemos una doble, triple y cuádruple jornada -además de la laboral, la de los cuidados-, interrumpiendo además en este caso nuestros periodos de cotización,
seamos las peor remuneradas o peor cotizadas, por decirlo así, y con una jubilación peor. Así que le queríamos preguntar muy específicamente por esto, por las medidas concretas que vaya a tomar su secretaría de Estado para reconocer, por ejemplo,
los cuidados y cerrar esta brecha. Y cuando digo reconocer los cuidados me refiero evidentemente a la posibilidad de reconocer las cotizaciones que, en este caso, representan los cuidados para millones de mujeres en este país. También le quería
preguntar cómo va a responder su ministerio a la sentencia -no sé si llamarla sorprendente- del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que cuestiona el complemento previsto para reducción de la brecha que habíamos trabajado en el
Gobierno.
Creo que es evidente que hemos mejorado muchísimo, pero me quiero referir al hecho de que más de un millón de pensionistas viven hoy en día por debajo del umbral de la pobreza, la mayoría mujeres, evidentemente, y muchas además viviendo en
situación de soledad en muchos casos no deseada. Así pues, le queríamos preguntar cuáles van a ser las medidas que tome este ministerio para cumplir con ese acuerdo de gobierno en el que nos comprometimos a que las pensiones llegaran a ser dignas,
suficientes y con un impacto especialmente destacado en el ámbito de género.
Le quería hablar también de la ILP de regularización de personas. Hemos oído declaraciones en las últimas semanas y también silencios ensordecedores. Esta Cámara debe revalidar y aprobar esta ILP. Creo que en materia de pensiones usted
puede dar un largo y extenso argumentario a su favor de la oportunidad, la necesidad y la urgencia de aprobar esta regulación de personas migrantes.
Y también me quiero referir al colectivo ASJUBI40.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Vaya concluyendo.
La señora VIDAL SÁEZ: Voy terminando.
Hace mucho que le preguntamos a su ministerio por este colectivo y aún no hemos obtenido respuesta al respecto. Que se reúnan está bien, pero sin duda tienen ustedes que dar soluciones y respuestas a este colectivo, que hace decenas,
decenas y decenas de años lo están reclamando y parece que algunos estén esperando a que desaparezca, literalmente, para no tener este problema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría el señor Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, por un tiempo de diez minutos.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente en funciones.
Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia, presencia y explicaciones.
Empecemos por la primera de las cuestiones que ha tratado el secretario de Estado, el señor compareciente: la situación de los autónomos y el impacto real del nuevo sistema de cotización por ingresos reales y la necesidad de una reforma
coherente, sencilla y justa. La teoría suena bien, efectivamente, incluso quizás es justo: que cada uno cotice en función de lo que ingresa. Pero en la práctica se ha trasladado al autónomo una carga de incertidumbre, previsión y ajustes
constantes que poco tienen que ver con una planificación razonable. Se les pide que adivinen lo que van a facturar, que modifiquen su base de cotización varias veces al año, que vivan con miedo a que Hacienda, la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social crucen datos y concluyan a posteriori que no han cotizado lo suficiente. Este sistema, tal y como está ahora, entendemos que penaliza la seguridad necesaria de cualquier actividad económica y aumenta la incertidumbre propia de toda
actividad. Los autónomos, además de sacar adelante sus negocios, se han convertido en auxiliares administrativos del Estado. No solo facturan, sino que también tienen que estar calculando, estimando y revisando constantemente lo que supuestamente
van a ingresar. Mientras que en países como Portugal, Irlanda o incluso Francia el sistema es más flexible, aquí se sigue penalizando al autónomo con recargos automáticos por un solo día de retraso en el pago de la cuota. Eso sí, pocos avisos
recibirán sobre la necesidad de cotizar lo correcto para tener derecho a una pensión suficiente. Subsidiariedad, señor secretario de Estado, subsidiariedad y acompañamiento, como también se lo han dicho otros grupos. El Estado parece estar más
interesado en vigilar y sancionar que en informar y acompañar, y aquí es donde debería actuar, no como un agente omnipresente que controla cada declaración, sino como verdadero apoyo subsidiario, facilitando información, orientando sobre la
cotización adecuada y ofreciendo margen para que los autónomos puedan centrarse en lo importante, facturar y generar empleo; eso es lo importante.
El sistema español está lejos de lo que ofrecen otros países de la OCDE. En muchos de ellos los autónomos pueden elegir libremente su base de cotización y adaptarla a su situación personal, y no viven bajo la amenaza constante de un cruce
de datos, con el IRPF que determinará a posteriori si cotizaron o no lo correcto. Esta inseguridad jurídica, como hemos dicho, es un problema estructural: nadie puede organizar su actividad sin saber con certeza desde el principio cuánto le va a
costar la cotización. Además, tal y como está hoy, el sistema impide que muchos autónomos puedan elegir cotizar por la base máxima. Si alguien quiere contribuir más para garantizarse una pensión mejor, ¿por qué se le impide? Esto desincentiva el
ahorro y la mejora de las prestaciones futuras, y tampoco ocurre en otros países europeos. Es necesario que haya menos controles y carga burocrática y más seguridad y estabilidad. Es absurdo que los autónomos puedan ser sancionados al minuto por
un retraso en la cuota por desajustes pero que tengan que esperar meses o años para recibir una devolución. Sería más razonable que el propio sistema ofreciera simulaciones automáticas, actualizaciones realistas y una información continua, que
permita planificar con tranquilidad.
Respecto al segundo punto que ha tratado el señor secretario de Estado, efectivamente, la compatibilidad entre trabajo y pensión se ha mejorado, pero seguimos anclados en esquemas restrictivos, como ha dicho el propio señor compareciente.
En Reino Unido, Suecia y Alemania se permite que los jubilados sigan trabajando sin penalizaciones, mientras que aquí seguimos poniendo trabas. Es evidente que las capacidades en esas edades han cambiado, como también ha dicho usted, pero penalizar
la actividad de los jubilados, cuando otros países la fomentan, es un lujo que España no se puede permitir. Esta compatibilidad mejora el poder adquisitivo, reduce la dependencia y aumenta los ingresos del sistema. Muchos jubilados quieren seguir
aportando experiencia y mantener una actividad profesional, y bloquearlos el acceso al mercado o penalizarlos es un error económico y social. Por eso, toda medida que vaya en la línea de flexibilizar esta compatibilidad merece apoyo, si bien debe
hacerse de forma decidida, sin complejos ni miedo a reconocer que los mayores son parte activa y valiosa del tejido productivo.
Sobre la jubilación flexible y demorada, es justo reconocer que también se ha avanzado algo. El Gobierno ha introducido incentivos, ha comenzado a corregir parte del problema, pero lo hace -nos tememos- no por convicción, sino por
necesidad, porque el sistema no se sostiene, dado que se necesitan cotizantes, de modo que ese avance, que llega a cuentagotas, sigue siendo insuficiente.
Mientras que en Alemania y Países Bajos la mejora en la pensión por prolongación de la vida laboral se aplica de oficio, en España se obliga al trabajador a conocer, a tramitar, a solicitar y acreditar su derecho. A veces convertimos cada
mejora en una carrera de obstáculos: el incentivo por jubilarse más tarde debería aplicarse de forma automática y, además, debería eliminarse la edad límite para cotizar, especialmente en un contexto en el que cada vez más jóvenes acceden más tarde
al mercado laboral. Si entran a los 30 años, ¿por qué les impedimos seguir cotizando después de los 67, incluso para mejorar las pensiones de forma normal? En esta materia también se han anunciado nuevos desarrollos normativos, pero siguen sin
aplicarse con la agilidad y la claridad que requieren los trabajadores. Faltan instrucciones claras, herramientas ágiles y compromiso real a pesar de que el secretario de Estado haya manifestado algunas, y el resultado es que muchos trabajadores,
por puro desconocimiento o por miedo a perder derechos, no se benefician de lo que ya les correspondería.
Y, señor secretario de Estado, no puedo eludir una cuestión importante y que no puede quedar sin respuesta: me refiero a la llamada pasarela RETA y la situación en la que quedarían miles de mutualistas si se aprueba la proposición de ley
impulsada por el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno. El texto presentado por el Grupo Socialista, cuyo padre intelectual es precisamente usted, el compareciente de hoy, el señor secretario de Estado de Trabajo, deja fuera a muchos, y, en
especial, a quienes más justicia merecen, esto es, a los mutualistas pasivos y aquellos que están cerca de esa situación, de modo que aquellos que cuando estuvieron obligados a cotizar lo hicieron en el sistema alternativo sin posibilidad de
elección, aquellos que cumplieron fielmente con lo que se les impuso, hoy son descartados, ignorados y marginados. La proposición del Grupo Socialista no contempla una verdadera pasarela porque no hay conversión uno por uno ni en tiempo ni en
derechos. Se trata de un mecanismo estrecho, restrictivo, hecho para salvar la cara, sin solucionar el problema incluso de compra de cotizaciones, lo cual es tremendo.
Por eso nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad, porque hablamos de un mandato constitucional, el de la igualdad, artículo 14; una Seguridad Social justa, artículo 41; pensiones dignas, artículo 50, y seguridad jurídica,
artículo 9.3, claramente vulnerados. No puede tolerarse que desde alguna mutualidad se diga que no hay capital acumulado, cuando las cotizaciones fueron gestionadas, recomendadas y asesoradas por mutualidades vinculadas a colegios profesionales que
ofrecieron servicios sin previsión finalista y aquellas integraron en sus propios fondos todo aquello que se cotizó, incluso por riesgos, sin acumular capital, aunque sí para la propia mutualidad. Y, para más inri, algunas de esas mutualidades
ahora incluso se niegan a certificar que recibieron esas cotizaciones porque lo desconocen. Si una mutualidad no puede o no quiere certificar lo que recibió, debería ser intervenida de inmediato. No hay mayor fraude que negar al mutualista el
rastro de su contribución. Y, aun con esta situación, el Gobierno no ha asumido su responsabilidad, ya que fue el propio Estado el que exigió esa cotización alternativa. Fue el propio Estado el que no fiscalizó adecuadamente a las mutualidades,
como previsión social, porque después se cambiaron las reglas del juego y ahora pretende lavarse las manos, dejando fuera a muchos mutualistas, con la creación de verdaderos e injustos agujeros negros de cotización. Esta exclusión no solo es
injusta, también es inconstitucional. La pasarela debe ser clara: conversión uno por uno en tiempo y en derechos, reconocimiento íntegro de lo cotizado, y, por supuesto, que suponga una oportunidad de refuerzo para el propio sistema, ya que
quienes entren en el RETA a través de esta vía serán nuevos contribuyentes, es decir, la justicia que pedimos también significa sostenibilidad financiera. No hay excusas.
Y termino con una pregunta directa al señor secretario de Estado: ¿Va a seguir avalando usted un texto que excluye a los que cumplieron con lo que se les exigió o va a tener el valor de corregir una injusticia que usted mismo ayudó a
redactar? Cada día que pasa sin que se corrija esta situación hay más profesionales abandonados, más vidas truncadas y más confianza rota. Ya lo dijimos en su momento: esto no va de parches, sino de justicia, y los derechos, señor secretario de
Estado, no son ningún lujo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su señoría, el señor Mayoral de Lamo, por tiempo de diez minutos
El señor MAYORAL DE LAMO: Muchas gracias, presidente.
Viene fuerte la respuesta a la comparecencia. Escucho a las derechas en sus intervenciones y la verdad es que, como mínimo, esperaba el reconocimiento acerca de la revolución que se somete al BOE
y que hoy nos diga un secretario de Estado de Seguridad Social que, cuando se analiza el mercado de los autónomos, ha aumentado el científico-tecnológico por encima del de la hostelería. La verdad es que me parece que es digno reconocernos
como país que evoluciona y revoluciona su mercado laboral de manera muy significativa. Me quedo con esa frase porque me ha llamado profundamente la atención y porque, sin duda, esta reforma significa sembrar futuro.
Además, esta comparecencia hoy ha levantado mucha expectación. Parece que algunos medios conservadores y la bancada de la derecha han descubierto que las bajas laborales tienen coste, que las pensiones cuestan dinero y que hay
transferencias. Me sorprende mucho, porque el escándalo al que aluden la derecha y la extrema derecha fundamentalmente supone proteger a las personas de nuestro país. De eso va, pero constantemente repiten el mantra de que la Seguridad Social está
en crisis. Sin embargo, lo que vemos acerca de los datos -y ahora hablaremos de ellos- es que la Seguridad Social está en transformación, que la única crisis es la del modelo de recortes y regresión que supusieron sus Gobiernos. Eso sí está en
crisis, se lo confirmo, porque, efectivamente, ese modelo no era sostenible.
Cuando se habla de titulares grandilocuentes relativos a cómo está la Seguridad Social, a mí me gusta analizar la cuestión en torno a los datos, que no aparecen en esos titulares y que realmente quisiera poner a debate hoy, porque no nos
hace perder autenticidad ideológica reconocer que determinadas cuestiones van mejor. Por el contrario, creo que eso permite ver, en el reconocimiento político tanto respecto al Partido Popular como a VOX, cuál es realmente su proyecto de país.
Efectivamente, estamos hablando de un superávit contable de más de tres mil millones de euros, y, sin embargo, se alude a datos ficticios. Bien, hablemos entonces de datos, porque ¿a qué tipo de país aspirábamos hace unos años? Yo sí aspiraba a un
país con 21,6 millones de cotizantes a la Seguridad Social y un 7 % más este año. Y, si ustedes no aspiraban a este modelo de país, cuéntenme a cuál aspiraban. Y, además, desde el año 2019, momento desde el que estamos en el Gobierno, hay un 42 %
de aumento, con mayor calidad en el empleo, entre los cotizantes a la Seguridad Social.
Esos datos son aplastantes, pero, cuando no se quiere hablar de economía, de cómo va el empleo, que, además se dibuja con más derechos, derechos respecto de los que, por otra parte, votaron en contra, como sucedió con la reforma laboral, y
ahora me referiré a ella, y lo primero que dice aquí el Grupo Popular es que tiene preocupación por la sostenibilidad -por eso decía que vienen muy fuertes, porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero salió con 66 000 millones de euros para
pensiones y ustedes vaciaron la hucha-; por eso, si la vaciaron y dicen hoy que no hay sostenibilidad, yo les pregunto que, cuando vaciaban la hucha de las pensiones para rescatar bancos, en qué sostenibilidad exactamente estaban pensando. Sin
duda, si hoy podemos presumir de algo es de ese mecanismo de equidad que deja 8000 millones de euros, frente a sus 2000 millones. Además, lo hacemos con derechos, y aquí vuelvo a mi mantra, que me van a escuchar en todas las sesiones tanto del
Pleno como de esta comisión, porque ustedes hablan de sostenibilidad, pero nunca acaban mojándose. ¿Van ustedes a apoyar la revalorización de pensiones? ¿Sí o no? Se lo voy a preguntar de nuevo, porque la respuesta siempre se encuentra en la
ambigüedad, pero, cuando llega el momento de votar, dicen ustedes a los pensionistas de España que no, que no piensan que ese sea el modelo, que el modelo es el de vaciar la hucha de las pensiones y el de no revalorizarla.
También hacía alusión la portavoz del Partido Popular a su preocupación por las mutuas. Yo sé que su modelo laboral es aquel en el que el trabajador enfermo va a la mutua y le dan un ibuprofeno y cuando llega a su puesto de trabajo, la
carta de despido. Ese es el modelo de la derecha en este país, el que hemos tenido antes de la reforma laboral. Pero, claro, es que ha cambiado; por suerte, este país ha cambiado en estos siete años, y hoy ya no tienes que ir a la mutua, y los
costes de esas bajas laborales fundamentalmente se traducen en protección y derechos. Ese es el modelo que nosotros estamos extrapolando, el de seguridad que damos a los trabajadores y a las trabajadoras.
Y quisiera destacar esos conceptos que modernizan, el de la compatibilidad de pensión y trabajo, que además uniría al de autónomos -ahora hablaremos del trabajo autónomo-, muchos de los cuales quieren dar el relevo en su negocio, en su
modelo de trabajo, pero necesitan ese margen para poder compatibilizar, esa transición flexible, esa jubilación activa. En definitiva, se trata de un país moderno, de un país que avanza, y me gustaría que esa realidad justa, sostenible y equitativa
se pudiera visualizar, entendiendo que, cuando hemos hecho la reforma de las cotizaciones de los autónomos, ha sido contando con algo de lo que no he oído hablar a las derechas, que es el diálogo social. Su señoría hablaba de ATA, y podemos
hacerlo, y también de UPTA, pero, claro, ustedes son capaces de decir que ATA no se va a sentar más con este Gobierno y, a renglón seguido, preguntar que cuándo te vas a sentar con ellos.
¿En qué quedamos, señoría? ¿Qué piensa el Partido Popular? ¿Respeta el diálogo social o no? ¿Está de acuerdo en que esta reforma fue consensuada por todos los agentes sociales? Lo terrible de esto es que, cuando se muestran los datos,
nos ponen frente al espejo, frente al espejo de lo que significa un Gobierno de derechas y un Gobierno progresista. Cuando vemos esas cifras sobre autónomos, sobre esos que dicen que no están protegidos por esta reforma y que durante su Gobierno en
el pico más bajo se iban a 2,9 millones, pero que ahora, cuando no están protegidos, no tienen derechos y todo es un desastre, están en 3,4 millones, ¿no se dan cuenta de que su discurso no se sostiene? ¿No se dan cuenta de que, cuando realmente
las cifras hablan, están referidas a más derechos, más cotizantes y más futuro? El problema es ese, que cuando uno se siente aquí lo haga con los datos y con la fuerza suficiente para entender que el diálogo social es capaz de transformar y que lo
hemos hecho a través del diálogo social.
Me ha llamado también la atención la cuestión referida a que los jóvenes se van a tener que jubilar a los 71 años. He leído el informe del BBVA -vamos a decirlo todo claro-, que dice que los jóvenes tendrían que jubilarse a los 71 años, y
es casi como un anuncio de alarmas de Securitas Direct cuando te dice que van a entrar a robarte. Oigan, no, un folleto de un banco no es un estudio. Vender planes de pensiones privados a los jóvenes no es un estudio serio, es intentar asustar a
una generación que sí se asusta de determinados discursos. Y quiero hacerles esa pregunta: ¿Saben ustedes de qué se asustan los jóvenes cuando se habla de sostenibilidad del sistema? Se asustan de la contrarreforma laboral, de esa que supondría
que los primeros contratos laborales a los que se accede no cotizan para la pensión, que su modelo de precariedad lleva a que no sea sostenible el sistema. ¿Saben de qué se asustan los jóvenes? De escuchar al Señor Feijóo decir que el salario
mínimo interprofesional ha subido de manera desproporcionada. De eso se asustan, de los discursos del señor Feijóo. Ahora bien, dos folios del BBVA, dos, que dicen que los jóvenes se hagan una pensión privada, me van a perdonar, pero serio es
poco.
Si hablamos de comparativas -me gusta que la derecha saque a relucir datos-, de revalorización y de lo que ustedes hicieron, cuando gobernaban ustedes fue del 0,25 %. Eso es lo que les decían a los pensionistas de este país. Las cartas que
les mandaban casi costaban más dinero que lo que pagaban a los pensionistas mes a mes. ¿Saben cuánto supone en 2023? El 8,5 %, este Gobierno hizo una revaloración del 8,5 % para los pensionistas. Eso realmente es apostar por los pensionistas en
este país. Y eso sí es contestar a las preguntas y ante la incertidumbre. Pero ¿saben lo que le da incertidumbre al sistema de pensiones? Que su principal socio, aquel respecto del que el señor Feijóo dice que no le va a poner un cordón
sanitario, acabe de anunciar que quiere deportar a más de ocho millones de personas de este país que son necesarios para la sostenibilidad del sistema del mercado laboral. Eso realmente da incertidumbre a este país, saber que, si, por desgracia,
ustedes llegaran otra vez al Gobierno, eso supondría una merma en el sistema de pensiones y en el mercado laboral.
Señor secretario de Estado, siga en su empeño, porque si hay algo que creo que diferencia a la bancada de la derecha de este Gobierno es, fundamentalmente, entender que la Seguridad Social no son las mutuas, que la Seguridad Social no es un
negocio, que la Seguridad Social tiene que servir para esa sostenibilidad y dar futuro al país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias por el aluvión de cuestiones que se han planteado; la verdad es que estoy un poco abrumado por la cantidad. Voy a tratar de ser todo lo
sintético que pueda, porque, realmente, todas las que se han puesto encima de la mesa resultan muy interesantes y merecen un comentario. Trataré de seguir el orden de su exposición, aunque, como hay asuntos que se han planteado por parte de varios
intervinientes, los agruparé.
Hay una primera cuestión fundamental que no tengo ningún problema en afrontar directamente, la relativa a todo lo relacionado con la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y, en particular, del sistema público de pensiones. Voy a
intentar sintetizar en pocas ideas qué ha pasado a lo largo de estos últimos años, es decir, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque, efectivamente, si miramos hacia atrás respecto a esta pieza fundamental de nuestro estado de
bienestar, que es tanto como decir de nuestro estado democrático, que es el sistema de Seguridad Social, diré que veníamos de una década llena de nubarrones y preocupaciones. En 2018, hace ahora siete años, nos encontrábamos en una situación
realmente crítica, con un déficit verdaderamente preocupante, no solo por su magnitud,
que entonces estaba en por encima del 1,5 %, sino por la perspectiva de lo que venía a continuación, porque -creo que este es uno de los grandes avances que se han producido en los últimos años- vamos siendo conscientes del gran reto que
supone para nuestro sistema la jubilación de la macrogeneración del baby boom. Este es un gran reto, va a jubilarse muchísima gente y el gasto en pensiones va a subir todos los meses, como no puede ser de otra manera, porque garantizamos el derecho
a una pensión digna, y cada vez, por razones puramente demográficas, va a haber más pensionistas. Por eso, a partir de 2018, con una situación muy complicada, hemos aplicado una política en esta materia dirigida a preservar la sostenibilidad del
sistema en el corto, en el medio y en el largo plazo, pero, sobre todo, a garantizar la sostenibilidad no solo financiera del sistema, sino también social, y, en definitiva, la sostenibilidad política de nuestro de nuestro sistema, que estaba
fuertemente cuestionada, ya que había sido zarandeada -permítanme que lo diga así- por la reforma de 2013, que vino a actuar de forma unilateral y a cuestionar algunos de los pilares fundamentales sobre los que se basa nuestro sistema, y, en
particular, el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Así pues, a lo largo de estos últimos años hemos llevado a cabo un conjunto de reformas, y, aunque no soy nada amigo de la grandilocuencia, creo que, desde una perspectiva técnica, podríamos decir que se ha producido un cambio de paradigma a
la hora de afrontar la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque hasta ahora y si repasamos todo lo que se ha hecho en Europa a lo largo de los últimos treinta y cinco años, desde los años noventa, las reformas se han orientado
fundamentalmente hacia la reducción o la contención del crecimiento del gasto. ¿Cuál es el cambio que se produce en estos últimos años? Se trata de que la forma de afrontar la sostenibilidad la hemos abordado de manera distinta, y, en primer
lugar, no hemos dicho que no hubiera que hacer cosas en el ámbito el gasto; claro que las hemos hecho, pero desde una perspectiva de extensión de los derechos, que, desde luego, parte de una cuestión absolutamente fundamental, puesto que no se
puede generar incertidumbre a un colectivo tan sensible como el de los pensionistas en referencia a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de sus pensiones, que estaba en cuestión, dado que las pensiones se encontraban congeladas o, si
somos absolutamente rigurosos, semicongeladas al 0,25 %. (La señora Rodríguez Calleja: ¿Quién las congeló?). Esto se ha corregido y en la negociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo ya se recogía este punto. El mismo partido que
planteó esa reforma reconoció que esto debía garantizarse. En definitiva, este es un elemento fundamental, relacionado con el gasto y vinculado a la revalorización, y, además, no solo hemos garantizado las pensiones, sino que, desde la perspectiva
del gasto, somos conscientes de que, dado que estamos ante un desafío mayúsculo, el que supone la jubilación de esa macrogeneración, necesitamos adoptar medidas que, preservando y extendiendo derechos, ofrezcan más posibilidades y, por tanto, se
puedan incentivar determinados comportamientos. Efectivamente, somos conscientes de que es bueno que la gente trabaje, que es bueno que la gente que quiere trabajar más allá de la edad de jubilación pueda hacerlo en buenas condiciones, y
fundamentalmente en 2021 adoptamos un conjunto de incentivos para reforzar esa prolongación, ese alineamiento de la edad efectiva con la edad ordinaria de jubilación.
Pero, junto a esto que hemos hecho por el lado del gasto, la gran novedad que se produce en estos últimos años es que por primera vez, o, al menos, por primer vez de una forma tan sistemática, se ha adoptado un conjunto de medidas para
reforzar los ingresos del sistema. Y esto resulta fundamental entenderlo así, porque el mensaje, la lectura política es que, a juicio del Gobierno, la sostenibilidad no se persigue solo por el lado del gasto, sino también por el de los ingresos y
que, desde esa perspectiva -y esto es lo que hemos hecho-, es necesario que quienes tienen algo más de capacidad contribuyan un poco más. Y ese elemento redistributivo está presente en todas las piezas que componen ese refuerzo de los ingresos del
sistema que hemos adoptado a través de dos grandes medidas o actuaciones: por una parte, mediante el refuerzo de la financiación del sistema en la medida en que hasta ahora asumía el coste de unas políticas que correspondían al Estado y que se
sufragaban con cotizaciones sociales y, por otra, apurando los márgenes -que los había, porque teníamos una de las bases de cotización máxima más bajas de toda la Unión Europea- e introduciendo algunos ajustes en la cotización que han permitido que
el ritmo de crecimiento de los ingresos se mantenga de forma realmente intensa, al tiempo que se hace de forma compatible con un comportamiento realmente notable y extraordinario del mercado de trabajo.
Y todo esto lo hemos hecho, y vuelvo al principio de mi intervención, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Por cierto, hace dos semanas estuvimos en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, conmemorando
los treinta años desde la aprobación del
Pacto de Toledo, que realmente es un intangible de enorme valía para la sociedad española. Pero, como decía, todo ello lo hemos hecho en el perímetro delimitado por las recomendaciones del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social,
porque esto es absolutamente fundamental para nosotros, es una seña de identidad. Y todo ello nos ha servido para mejorar sustancialmente la situación que teníamos hace siete años, con un déficit por encima del 1,5 %, cuando el año pasado cerramos
con un déficit de cinco décimas, lo cual nos permite afrontar con confianza y en mejores condiciones los retos, por un lado, demográficos, pero, desde luego, también económicos respecto a todas las transformaciones que se están produciendo, que
merecen una respuesta permanente y respecto de las cuales, con el conjunto de medidas que hemos adoptado, nos situamos en una posición mucho más confortable para afrontar el futuro.
A esto se añade un elemento sobre el que quisiera incidir. Lo he hecho en mi intervención, pero quiero insistir en la idea de que no hemos actuado aisladamente, sino que todo lo que se ha hecho está unido. Hay un vínculo en la actuación
que no se circunscribe solo al ámbito de la Seguridad Social, al ámbito de las pensiones, sino que tiene que ver también fundamentalmente con el mercado de trabajo. Todo lo que hemos hecho no tendría la credibilidad ni la solidez que tiene si no
viniera acompañado de la gran transformación de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo ha cambiado, y lo ha hecho para siempre, porque hemos corregido unas anomalías históricas que hacían imposible explicar los niveles de desempleo
y de temporalidad que teníamos en España en comparación con el resto de los países europeos. Era imposible explicarlo. Gracias a una política en materia de empleo acertada, todo esto ha cambiado. Desde ese punto de vista, el presupuesto necesario
para un sistema de Seguridad Social fuerte está garantizado. La representante del Grupo Popular señalaba los niveles de desempleo. Claro que esos niveles de desempleo siguen siendo muy altos, pero son mucho menos altos de lo que podíamos anticipar
hasta hace muy poco. La tendencia es muy clara, y no es puro voluntarismo apuntar a que dentro de muy pocos trimestres vamos a estar en unos niveles de desempleo que van a empezar a parecerse ya a los países de nuestro entorno, van a ser niveles de
desempleo por debajo del 10 %. Esto es una realidad y es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, porque es un gran éxito colectivo.
Dicho eso, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, si es de lo que hablamos, debe realizarse de la forma más honesta posible y con toda la información posible. Ustedes se han referido en varias de sus intervenciones a esa
publicación reciente de la Fundación BBVA con el Ivie. Es un análisis, un informe -en realidad es un análisis breve-, realmente desconcertante. Lo digo con toda honestidad, como persona que lleva muchas décadas dedicada a analizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones. En ese sentido, me parece desconcertante no solo la publicación y el contenido de lo que publican quienes lo publican, sino que los medios de comunicación lo hayan acogido de forma absolutamente acrítica.
(Aplausos). De verdad, no lo puedo entender. En mi opinión, sobre este asunto concreto, que me parece que es crucial, porque estamos hablando de los jóvenes y de la confianza en el sistema, todo el planteamiento que se recoge en ese informe me
resulta difícil no pensar que lo que busca es avivar un conflicto entre generaciones. (Aplausos). Esto es gravísimo en términos de convivencia democrática. Y al mismo tiempo, busca -y esto es legítimo, que cada uno busque su propio interés- el
desarrollo, el impulso de pensiones privadas alternativas a lo público.
El informe es interesante, pero es realmente sorprendente, por quien hace las propuestas y la crítica. A mi juicio, en él hay dos grandes falacias sobre las que se construye toda esa argumentación. La primera es que los jóvenes están
condenados a carreras profesionales cada vez más precarias, cada vez más cortas. Realmente, quien hace esa afirmación no ha analizado lo que está sucediendo en nuestro mercado de trabajo desde hace unos pocos años. Es verdad que no hace mucho
tiempo, porque la reforma laboral se aprueba en diciembre del año 2021, pero el cambio que se ha producido en el mercado de trabajo es extraordinario. Y el cambio que se ha producido, en particular, en el empleo de los más jóvenes, de los menores
de 30 años, es espectacular. En términos de afiliación, es el colectivo de edad que más intensamente está creciendo. Con lo cual, esto resulta sorprendente. Más sorprendente es que esa misma publicación diga que estamos quince puntos por debajo
de la tasa de actividad de los jóvenes en el año 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando los chavales, en lugar de estudiar, se iban a la obra porque allí conseguían un dinero con 18, 20 o 21 años, que era pan para hoy y hambre para mañana.
(Aplausos). Realmente es sorprendente. Lo que nos interesa es que los jóvenes se formen. Por cierto, en relación con los jóvenes, ya que nos preocupan, quisiera poner en valor otra de las medidas que hemos aplicado, que nos ha costado mucho, pero
estamos muy satisfechos con el resultado, que es la cotización por las prácticas formativas de los estudiantes. Estas prácticas formativas han permitido ya que un millón y medio de estudiantes hayan estado al menos un día dado de alta por esas
prácticas formativas
que hasta ahora no cotizaban. En realidad, esto no tiene importancia a efectos de su pensión futura, porque son periodos muy cortos, pero lo relevante -y este es un elemento que vuelve a aparecer en mi intervención- es que esos estudiantes
tienen la oportunidad de tomar conciencia de lo importante que es estar dentro del sistema, con derechos y obligaciones, porque esto es estar dentro del sistema.
Vuelvo al informe BBVA-Ivie. Esa era la primera de las falacias. La segunda es que las reformas que se han adoptado en los últimos años han recortado la generosidad de las pensiones. Por cierto, abro un paréntesis. Señala el año 2065.
Llama la atención que, siendo una publicación que está analizando la sostenibilidad del sistema, no ponga en cuestión en absoluto lo que en otras muchas ocasiones las entidades financieras cuestionan, que es la sostenibilidad del sistema, no ya en
2065, sino mucho antes. Volviendo a esa segunda falacia del recorte de la generosidad, esas reformas lo que han hecho -lo decían antes y lo apuntaban en alguna de las intervenciones- es recuperar el derecho a la revalorización, al mantenimiento del
poder adquisitivo de los pensionistas, que ha supuesto que en el año 2023 las pensiones subieran un 8,5 %. Evidentemente, el impacto que esto tiene en términos de generosidad es irrelevante, son cálculos muy técnicos que se hacen. Dice el informe:
No, es que va a caer dos puntos, va a pasar del 77 al 75. Esto, sinceramente, con el reto mayúsculo que tenemos por delante, a mí no me parece relevante en absoluto. Más bien, si fuéramos rigurosos, tendríamos que decir que, efectivamente, la
generosidad del sistema se preserva, y se preserva en términos razonables. Pero, además, luego se incita a los jóvenes a que se rebelen contra el sistema y se dice: es que el sistema exprime a los más jóvenes. Bueno, yo sinceramente creo que esto
no es así. Lo compartiré con ustedes en cuanto tenga oportunidad. Si hacemos un análisis de cómo se aplica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, veremos que los que menos aportan son precisamente los jóvenes. Esto es lógico, porque tienen
unos salarios más bajos. Los mayores, los que están más cerca de la edad de jubilación, son los que hacen un esfuerzo mayor. Pero, en cualquier caso, ese esfuerzo de cotización adicional que supone para los trabajadores y para las empresas lo que
será en 2029 esos 1,2 puntos adicionales de cotización, lo que al final va a implicar para los trabajadores es un esfuerzo adicional del 0,2. Hombre, pues, sinceramente, dada la magnitud del reto que tenemos por delante, me parece que pedir un
esfuerzo adicional a través del MEI, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, de esa magnitud es una cosa bastante razonable. Y, junto a ello, el que esas bases máximas, que eran las segundas más bajas de la Unión Europea, se incrementen y que
lo hagan de una manera paulatina -no de forma brusca, sino de una manera que permita acompasar el despliegue de la medida- no me parece, desde luego, nada exagerado. Y no me parece tampoco que esa cuota de solidaridad para los ingresos que están
por encima de la base máxima, que se despliega de forma pausada en el tiempo hasta 2045, sea un esfuerzo excesivo, me parece que es algo razonable. En ese sentido, se pone de manifiesto la orientación con la que hemos abordado el refuerzo de los
ingresos del sistema.
Remato este punto relacionado con el informe del BBVA y el Ivie. Lo que ya resulta desconcertante, lo tengo que decir así, desconcertante desde un punto de vista intelectual, es que quienes han abogado siempre por medidas alineadas con los
cambios que se hicieron en la década pasada, en el año 2013, vengan a plantear que las reformas que suenan por ahí, que hay o que se están llevando a cabo en otros países de la Unión Europea, tres reformas que aquí no solo no se han llevado a cabo,
sino que justamente se ha hecho lo contrario, pues dan por hecho que esas reformas se van a aplicar. Esto resulta desconcertante. Por señalar solo una y no extenderme más en este punto, vienen a plantear que lo que se va a aplicar es un mecanismo
corrector de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida. Vienen a cuestionar -como si ese fuera el plan del mismo Gobierno que derogó expresamente el factor de sostenibilidad- el impacto que esto va a tener. No nos tienen que
convencer de ello, ya se ha hecho, ya se hizo en el año 2021 y, por tanto, desde ese punto de vista, esas medidas que plantean quienes hasta hace nada defendían lo contrario, a mí me causan, de verdad, perplejidad, y me llevan -y con esto ya acabo
este punto- a hacer una reflexión sobre la necesidad de que el debate sobre una cuestión tan extraordinariamente sensible como son las pensiones tiene que hacerse de una forma sosegada, bien informada, fundamentada, donde cada uno sepamos dónde
estamos. En ese sentido, me parece una contribución, y quiero compartirlo con ustedes -lo presentamos en el curso de la Universidad Menéndez Pelayo hace un par de semanas-, que hemos trabajado a lo largo del último año en la Seguridad Social para
elaborar una herramienta para la realización de proyecciones de gasto en pensiones que no es comparable con ninguna otra de las que existen, y hay entidades muy solventes que tienen muy buenos modelos de pensiones para hacer ese tipo de
proyecciones. Lo que nosotros hemos presentado recientemente, con mucho esfuerzo -y seguiremos compartiendo con la opinión pública, con los actores
que participan en esta materia-, es una herramienta más precisa que cualquier otra para hacer este tipo de proyecciones, y esta es la actitud, a mi juicio, que hay que tener en este debate; tenemos que hablar de forma informada, corrigiendo
los sesgos y sabiendo de dónde parte cada uno.
En relación con el resto de cuestiones que planteaba la portavoz del Grupo Popular, ha hablado de los problemas de gestión. En el ámbito de Seguridad Social nunca negamos los problemas de gestión, siempre tratamos de resolverlos. Lo único
que hacemos es tratar de evitar los problemas que surgen, inevitablemente, cuando se tiene relación directa con millones de ciudadanos. También es verdad que hay que mirar para atrás y recordar qué pasó la década pasada con las incorporaciones o,
más bien, con las no incorporaciones de personal a las plantillas de Seguridad Social. En un momento determinado, esto parecía que era un alivio para las cuentas públicas, pero, en realidad, lo que se estaba generando ahí era una bola gigantesca
que, con ocasión del estallido de la pandemia, llegó y nos situó en una posición realmente complicada. Yo tengo que hablar -porque lo hemos sufrido más que nadie y cada vez que visito una dirección provincial o una oficina de la Seguridad Social es
lo que realmente me transmiten- del dolor que tenían los funcionarios de Seguridad Social al verse tan señalados ante la denuncia de los problemas de gestión. Yo no niego que hubiera problemas, y los hubo en el año 2021, en el año 2022 y en parte
del año 2023. A partir de ese momento, hicimos un esfuerzo extraordinario de incorporación de nuevos efectivos. Evidentemente, seguimos teniendo una carga de trabajo extraordinaria, entre otras cuestiones porque cada vez asumimos más funciones,
cada vez asumimos más responsabilidades, pero la situación es, con toda la prudencia, con toda la cautela, de normalidad, aunque, desde luego, no nos debe llevar a bajar la guardia. Ahora mismo, en las próximas semanas, en los próximos meses, se
van a incorporar 2500 funcionarios del Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social a nuestra Administración. Esto es fundamental, estamos viendo ya en las oficinas un progresivo rejuvenecimiento de los funcionarios y esto es muy relevante,
porque si la pandemia ha servido para algo positivo -yo creo que ha servido para algunas cosas positivas- desde luego ha sido para que la ciudadanía tome más conciencia, si cabe, de la importancia que tiene la Seguridad Social.
En relación con los problemas de gestión, creo que he sido honesto al reconocer los problemas que ha habido en otros momentos y la situación actual que tenemos. Mi impresión es que hay cierta inercia en las críticas relacionadas con la
gestión, inercia relacionada específicamente con el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una prestación extraordinariamente compleja en su gestión, porque trata de afrontar los problemas que encuentran las familias que están en una muy
difícil situación de vulnerabilidad, esto hace complicada su gestión y ha supuesto un esfuerzo mayúsculo para nuestra organización. Se produjeron graves problemas al principio, pero, sinceramente, ahora estamos hablando de una situación -insisto-
de normalidad, donde todos los meses pagamos más de 700 000 prestaciones a los correspondientes hogares familiares, la mayor parte de ellos -dos tercios- con niños pequeños. Desde luego, no es suficiente, pero parémonos un momento y pensemos qué
sería de esas familias si no existiera el ingreso mínimo vital.
Paso a comentar alguna cuestión que se ha planteado sobre el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y sobre el proceso de negociación. Lamento que no se vieran bien las cifras, pero creo que en la última diapositiva de esa parte
sí se decía expresamente que el próximo lunes hemos convocado una reunión con todos los actores que participaron en el gran acuerdo de julio del año 2022 -sindicatos, patronal, asociaciones de autónomos- con el espíritu que he tratado de transmitir
durante este tiempo. Creo que ese fue un gran acuerdo, creo que lo que la experiencia ha puesto de manifiesto en el tiempo que ha recorrido ya este nuevo sistema es realmente positivo. De lo que se trata ahora es de que sigamos mejorando y
concretemos cómo vamos a llegar a 2032. Ahí yo introduciría un matiz: Lo que pactamos en 2022 fueron los años 2023, 2024 y 2025, y también el 2032. No concretamos, porque parecía prudente decir: vamos a ver cómo se despliega el sistema, vamos a
dar un primer paso que nos lleve a los tres primeros años y, luego, en función de eso, vemos cómo llegamos al punto final. Eso está dos veces en el Decreto Ley 13/2022, y es que, a partir del año 2032, la cotización de los autónomos sea una
cotización por ingresos reales.
Voy a contestar al portavoz de Junts en relación con el RETA, sobre la carga burocrática, sobre las certezas -también había una crítica ahí por parte del representante de VOX de que cada vez hay una carga burocrática mayor sobre los
autónomos-. Lógicamente, la realidad cada uno la ve de una forma distinta. Realmente, voy a hablar del sistema que tenemos citando a las fuentes más autorizadas, a los grandes expertos, a los grandes académicos y estudiosos del ámbito de Seguridad
Social y, en particular, de autónomos. El profesor Paul Schoukens, que es un catedrático de la Universidad de Lovaina y el
máximo experto mundial en la Seguridad Social de los autónomos, reconoce, con todo entusiasmo y toda expresividad, que lo que se ha hecho estos últimos años en materia de pensiones no tiene parangón, no tiene comparación con ningún otro
país; que, realmente, en protección social de los autónomos, estamos en la vanguardia europea. Y esto no significa -lejos de la autocomplacencia- que no haya cosas por hacer. Claro que hay cosas por hacer; claro que tenemos que seguir
desarrollando un sistema donde ya hemos identificado muchos aspectos que se pueden mejorar, que podemos acortar mucho más los plazos, dar mayores facilidades. Si ustedes utilizan la aplicación Importass, verán que el avance que se ha producido es
realmente espectacular. Que hay mucho por hacer es indiscutible, pero señalar que hay una carga burocrática creciente, es una afirmación, sinceramente, que yo no puedo compartir. Más bien lo que hemos hecho ha sido establecer un sistema que
combina una mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, ofrece mayores garantías. Esto se va a traducir en que esos problemas de acción protectora que teníamos y que señalaba al principio de mi intervención se van a corregir con el tiempo; vamos a
tener una integración de los autónomos dentro del sistema para que su situación realmente converja con la situación de los asalariados.
También hablaba la representante de SUMAR de que sigue existiendo precariedad en el trabajo autónomo. Estamos de acuerdo. Claro que siguen existiendo problemas de precariedad; claro que siguen existiendo actividades por cuenta propia que
generan beneficios muy pequeños, pero, desde luego, lo que estamos viendo es un cambio radical en la calidad de las condiciones en las que se desarrolla la actividad por cuenta propia. Dicho de otra manera: no sólo se está produciendo una mejora
sustancial de la calidad del empleo asalariado, sino que -como he tratado de acreditar o de fundamentar en mi exposición- la calidad de la actividad por cuenta propia está mejorando muy sustancialmente también. Y ahí, desde luego, hay que seguir
actuando. Creo que se ha avanzado mucho en la detección de las situaciones de falsos autónomos, pero sigue siendo necesaria -y cuando así ocurre actúa- la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El tema de las mutualidades es un asunto que también se ha planteado y que, como saben ustedes mucho mejor que yo, está siendo objeto de atención particular por parte de esta Cámara, con la tramitación de esa proposición de ley que presentó
el Grupo Socialista. Sobre este asunto, en el ministerio hemos tratado, desde el principio, de identificar cuál es el colectivo por el que estamos preocupados realmente. Y, en esto, mi impresión -y he tenido alguna reunión muy reciente con alguno
de los colectivos- es que esto va cambiando y que nos estamos acercando a un punto donde al menos muchos de los que participamos directa o indirectamente en este debate empezamos a estar un poco más cómodos, y es en la necesidad de identificar qué
es lo que queremos proteger. Lo que queremos proteger -creo yo- no es que quienes optaron en un momento determinado por una solución -porque es verdad que el sistema ofrecía esa oportunidad de elegir una cosa u otra y algunos eligieron un camino en
lugar del otro-, ahora, mucho tiempo después, puedan volver atrás y elegir la fórmula que les resulte más atractiva. Se trata de que quienes se vieron perjudicados por esto tengan la oportunidad de acceder a una pensión digna. Desde el principio,
esa ha sido nuestra preocupación. Y las propuestas que nosotros hemos manejado, que hemos impulsado y que se recogen en esa proposición de ley son una solución que entendemos que es equilibrada y que yo concentraría en dos ideas sintéticas, por no
extenderme excesivamente en este punto. La primera es que la configuración de las mutualidades alternativas al sistema de la Seguridad Social es una solución del siglo XX, y está ya bien entrado el siglo XXI. Tenemos que ir a un modelo en el que
toda la actividad profesional esté dentro del sistema de Seguridad Social, que cotice a la Seguridad Social, y, en este caso, dentro del régimen de autónomos. A partir de ahí, eso sí -y esto no nos produce ningún problema, al contrario-, que, para
aquellas actividades en las que se generan recursos que permiten un ahorro, se establezcan sistemas complementarios para mejorar esas prestaciones o para dar un sentido concreto a ese ahorro. Este es el planteamiento general. Y, con este
planteamiento, tenemos que encajar la reivindicación que tenemos ahora encima de la mesa. Nosotros no queremos generar un problema a las mutualidades originando un caos o una situación de desequilibrio financiero. Sería una imprudencia, sería una
torpeza por nuestra parte. No vamos a generar un problema por arreglar otro. Hay que hacerlo de manera equilibrada y, como se hacen las reformas -creo yo- en materia de Seguridad Social, de una manera pausada lo que decimos es: Bueno, buscamos un
horizonte temporal, relativamente cercano, para que los nuevos que se incorporen puedan ir haciéndolo ya en el RETA y que, a partir de ahí, esos nuevos, los que se incorporen en los próximos años, puedan, en su caso, a través de la mutualidad,
beneficiarse de sistemas complementarios. Por otro lado, tenemos la situación de quienes se acercan a la edad de jubilación y se ven abocados a pensiones insuficientes. Para esto lo que hemos planteado es
una pasarela. Yo también hago autocrítica y pienso que quizá no hemos sido suficientemente capaces -desde luego, yo no he sido suficientemente capaz- de explicar la generosidad de la fórmula que estamos planteando a la hora de hacer una
conversión de los recursos que tiene acumulado cada mutualista en ese sistema de mutualidad alternativa, es decir, cómo se hace la transición al sistema de Seguridad Social. Pero con números; si el problema son los números, compartiremos los
números. Lo que ponen claramente de manifiesto los números es que esa conversión se puede hacer de una manera que -desde luego, esto es lo que nosotros hemos reflejado en el texto y no hay que perderlo de vista, porque hay que preservar la equidad
del sistema-, sin generar ese agravio comparativo, garantice la adecuación de aquellos que decidan pasarse al sistema de Seguridad Social.
En cuanto al Real Decreto Ley 11/2024 y la nueva regulación de la compatibilidad, puedo señalar varias cosas. En primer lugar, me llama un poco la atención la crítica del Grupo Popular, que votó la convalidación de ese real decreto ley.
Sin duda, el hecho de que esa reforma fuera el resultado de un acuerdo con los sindicatos y la patronal explica buena parte, o mucho, de ese comportamiento. Más allá de que esto se podía haber tramitado como proyecto de ley, el hecho de que se haya
aprobado, se esté aplicando y esté ofreciendo ya resultados interesantes, realmente esperanzadores, es una muy buena noticia que nos da confianza para seguir trabajando y profundizando en este tipo de reformas. También me interesa resaltar -lo ha
apuntado la portavoz de SUMAR y yo he insistido mucho antes- el orden cronológico de las reformas. Esta reforma de la compatibilidad, esta mejora de la compatibilidad se ha producido en un momento muy concreto, y el momento concreto ha sido después
de haber hecho todo lo que era necesario para garantizar unas pensiones adecuadas, suficientes, y para reforzar la capacidad financiera del sistema. Todo eso se ha hecho primero y, una vez que lo hemos hecho, al observar cuál es la realidad
sociológica, hemos llegado a la conclusión de que realmente había margen de actuación y que las medidas que pusimos encima de la mesa eran aceptadas, apoyadas y bien acogidas por los interlocutores sociales, por la patronal y los sindicatos, y que,
en ese sentido, lo que estábamos haciendo era extender derechos y dar más oportunidades para que la forma en la que nos jubilamos se inspire en lo que sucede en otros países del entorno europeo de referencia.
Aquí hay un punto concreto que ha señalado el portavoz de Junts, y es verdad -y lo lamento- que he omitido la referencia a que no solo deben ser contratos indefinidos, sino que tienen que ser contratos indefinidos a tiempo completo. Esto no
es casualidad, esto apunta al hecho de que, para nosotros, como no puede ser de otra manera, el contrato indefinido a tiempo completo es la mejor forma de estar y participar en el mercado de trabajo. A la vista de lo que sucede, a la vista de lo
que aprendemos de la experiencia, este elemento, si no se ataba bien en esos términos, exigiendo el tiempo completo, podía dar lugar a una utilización no óptima -vamos a decirlo así- de una figura que, por otro lado -y quiero resaltarlo también-, se
inspira en el compromiso, en la voluntad de relevo intergeneracional, que está íntimamente relacionado con algo que inspira nuestro sistema, que es el compromiso y la solidaridad entre generaciones.
Esto me lleva también a señalar otro aspecto que ha apuntado el portavoz de Junts, la propuesta de corregir la revalorización en función del coste de la vida de cada territorio. Aquí hay una cuestión de principios, en el sentido de que un
sistema de Seguridad Social como el nuestro se basa en tres elementos fundamentales: uno -lo decía ahora mismo- es la solidaridad intergeneracional, porque los jóvenes pagan las pensiones de los de los viejos -si se me permite decirlo así-; otro
es la solidaridad interpersonal, porque los que están en activo pagan las prestaciones de los que no pueden trabajar porque están enfermos o no tienen empleo; y tercero, hay un elemento muy importante para la homogeneidad, para la fortaleza del
sistema, que es la solidaridad interterritorial porque, si empezamos a hacer este tipo de disquisiciones territoriales, nos vamos a encontrar con problemas indeseados, nos vamos a encontrar con que hay territorios donde la población está más
envejecida y, a lo mejor, desde ese punto de vista, su contribución al sistema es más limitada, simplemente, por esa evolución demográfica. La fortaleza de nuestro sistema pasa por que todo esté integrado y, después, evidentemente, porque así lo
recoge la Constitución, hay un espacio de actuación de las comunidades autónomas, con un título competencial explícito, el 148.1.20.ª, la asistencia social, donde se puede completar, se puede mejorar esa acción protectora o atender otras situaciones
de esas características. Pero me parece muy importante que, por preservar la homogeneidad del sistema, no introduzcamos estos elementos. Y esto, además, me lleva a hacer un comentario que es importante para poner en valor la relevancia que tiene
este asunto de la revalorización de las pensiones. Esto se resolvió -esperemos que ya definitivamente- después de la aprobación de la Ley 21/2021, recogiendo explícitamente ese derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo. A mi juicio, esto no debería volver a la refriega política, porque es una pieza cada vez más importante de nuestro sistema de pensiones, porque cada vez hay más pensionistas y porque esos pensionistas cada vez viven más años y
son, por tanto, más dependientes y sufren más la incertidumbre de no tener garantizado un aspecto como este.
Hay más cuestiones relacionadas -las ha señalado el señor Cervera-, por ejemplo, la ampliación de las carreras de cotización y cómo la nueva regulación del periodo de cómputo afectaba a las pensiones futuras y a las lagunas que existen y que
tienen muchos trabajadores, sobre todo, muchas trabajadoras. Esto lo afrontamos en el año 2023 de una manera -me atrevería a decir- ambiciosa, en el sentido de que, primero, establecimos un despliegue progresivo de una fórmula que lo que viene es a
tener en cuenta, a la hora de tomar el periodo de cómputo de referencia, aquella de las dos fórmulas de cálculo de la base reguladora que resulte más beneficiosa para quien se jubila, y hacerlo -y esto es muy importante también- con una fórmula
específica dirigida a la mejor cobertura de las lagunas que afectan, fundamentalmente, a las mujeres, porque ahí hay un claro sesgo de género.
En ese sentido -y porque ha salido también en alguna otra intervención-, me quiero detener en los problemas derivados de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que la regulación que se estableció
en el año 2021, en relación con el complemento para la reducción de la brecha de género, es discriminatoria para los hombres. La verdad es que esto es un revés y un disgusto importante. Sinceramente, es poco comprensible y tiene que ver con algo
que, a estas alturas, queda claramente identificado y que nosotros, desde el ministerio, como Gobierno, hemos planteado ya en el ámbito de la Unión Europea, que es la directiva que regula la igualdad en materia de Seguridad Social entre hombres y
mujeres. Es una directiva del año 1979, de hace cuarenta y seis años, que es la que utiliza el Tribunal de Justicia para fundamentar la regulación que establecemos, que está orientada, fundamentalmente, a mejorar la pensión de las mujeres por la
situación de discriminación estructural que sufren y, sobre todo, que han sufrido durante décadas. Esto lleva al Tribunal de Justicia a una sentencia que, realmente, nos desconcierta. Pero lo importante -y es el mensaje que quiero transmitir en
relación con este asunto- es que nosotros seguimos considerando que un principio fundamental de la actuación de la política en materia de Seguridad Social tiene que seguir siendo la reducción de la brecha de género o, dicho de otra manera, el
principal problema de nuestro sistema de Seguridad Social y de nuestro sistema de pensiones, en términos de acción protectora, es la brecha de género. Por tanto, con los límites y las dificultades que suponen este tipo de sentencias, tenemos que
seguir trabajando por reducir esa brecha.
Voy acabando ya, aunque son muchas las cuestiones que me han planteado. Hay un punto que también ha señalado la portavoz de SUMAR en relación con la tarifa plana. Me alegra que se suscite este asunto. Ahora mismo, después de este primer
proceso de regularización, evidentemente, estamos enfrascados en ello y es lo que queremos abordar la próxima semana con los interlocutores sociales y con las asociaciones de autónomos. Tenemos que analizar toda esa información. Hay información
muy valiosa, y uno de los aspectos que hay que analizar es cómo está funcionando esa tarifa plana que se reconfiguró, que son ochenta años el primer año y, luego, en función de cuál sea el nivel de ingresos, se dobla o no. Este es un elemento
importante que, como otros, es fundamental, porque se han hecho muchas cosas, se han llevado a cabo muchas reformas y todas estas reformas hay que valorarlas, hay que analizarlas para ver si dan buenos resultados o no.
Y un comentario sobre la jubilación parcial, en el ámbito de la función pública, en particular, en el ámbito del personal laboral, que también ha hecho la portavoz de SUMAR. Aquí hay un elemento importante que, visto en perspectiva, nos
puede hacer llegar a conclusiones en relación con las soluciones que se han dado que no nos resulten plenamente satisfactorias. De lo que estamos hablando es de una pieza fundamental de la reforma de la jubilación parcial y, en particular, del
compromiso de mejora de la calidad del empleo de los relevistas. Por tanto, si en el sector público estamos exigiendo la máxima calidad, en términos de contrato indefinido a tiempo completo, no podemos ofrecer una solución distinta en el ámbito
público. En ese sentido, se están dando pasos en esa dirección. La Secretaría de Estado de Función Pública dictó una resolución hace algunas semanas donde establece la posibilidad de incorporar, de encajar esta nueva exigencia a través de una tasa
de reposición adicional que permita seguir utilizando esa figura. Creo que ese es el camino y, por ahí, desde luego, siempre con la máxima disposición al diálogo, hay que seguir trabajando.
También se ha hecho referencia a la reivindicación del colectivo ASJUBI40, con los que, efectivamente, voy a reunirme próximamente. También ha apuntado el señor Cervera a otro colectivo que no tengo
identificado. No me consta tener ninguna reunión pendiente con el colectivo de afectados por la vacuna de AstraZeneca, pero por parte de la secretaría de Estado, por parte del ministerio, siempre estamos dispuestos a escuchar a todo el
mundo. Esto muchas veces no lo hacemos con la celeridad que nos gustaría, pero siempre estamos dispuestos a escuchar y a explicar las cosas que se hacen. En relación con la reivindicación de ASJUBI40, quisiera recordar que ya en el año 2021
-porque esta no es una reivindicación nueva-, a principios de esta década, el colectivo nos trasladó una reivindicación al ministerio. Había una preocupación y se trató de resolver esa preocupación. Probablemente, no sea una solución óptima, pero
no le restemos importancia. Se estableció la previsión de que, en aquellas jubilaciones anticipadas involuntarias -pero también en las voluntarias que tuvieran determinadas características, por tratarse de carreras muy largas de cotización, de más
de cuarenta y cuatro años, o por la cuantía de las pensiones-, esas pensiones se iban a ajustar o se les iba a aplicar los coeficientes que se aplican ahora, que se reformaron en el año 2021 y que permiten que 104 000 pensionistas estén recibiendo
un complemento de mejora de esa pensión de jubilación anticipada, que es justamente lo que plantea este colectivo. Por tanto, evidentemente, trataremos las cuestiones que quiere abordar el colectivo, pero me parece que es importante recordar lo que
ya se ha hecho al respecto.
Hay una cuestión que ha suscitado el portavoz de Esquerra Republicana, en relación -y esta es una pieza importante también, porque todas las reformas tienen un hilo conductor- con las medidas que hemos adoptado dirigidas a alinear la edad
efectiva con la edad ordinaria de jubilación, aunque parece que eso es incompatible con el Real Decreto 402/2025, donde se regula el procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en supuestos de penosidad,
peligrosidad y otros. Lo que hemos hecho ha sido cumplir el mandato que teníamos establecido en la Ley 21/2021, donde se reformó el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el que regula esta materia y contempla este supuesto
concreto de anticipación de la edad de jubilación por razones de penosidad. En ese mandato no se establecía: Haga usted, Gobierno, un listado de cuáles son los colectivos, sino establezca un procedimiento objetivo para la identificación de ese
colectivo. Y eso es lo que hemos hecho, hemos establecido un procedimiento -brevemente, hago dos comentarios al respecto- que, primero, lo que establece -porque lo dice la ley, lo dice el artículo 206- es que este mecanismo, estos coeficientes
reductores deben poder aplicarse siempre que no sea posible la mejora de las condiciones de trabajo -porque ese es un elemento fundamental de política de prevención de riesgos laborales-, y luego -porque es así-, una vez que hay actividades que
tienen una penosidad inherente, en las que no se puede mejorar esas condiciones, poder aplicar unos elementos, unos indicadores objetivos, indicadores vinculados a niveles de siniestralidad que han incorporado -y ahora no me voy a detener en ello-
elementos que no estaban reflejados antes y que, entre otras cuestiones, incorporan o tienen en cuenta la dimensión de género que existe en muchas de estas situaciones. Con todo eso lo que se establece es un procedimiento donde ahora los sujetos
legitimados tienen la facultad de iniciar ese procedimiento, y en los próximos meses iremos viendo cuál es el resultado. Desde luego, la voluntad es aplicar esto cuanto antes de la forma más precisa posible y, por supuesto, si es necesario
introducir revisiones, esto ya se plantará en un momento posterior, pero este no es el momento todavía, o así lo entendemos nosotros.
Acabo ya, y perdónenme por la extensión de las cuestiones suscitadas. De las consideraciones y cuestiones planteadas por el representante de VOX, permítanme que incida en dos aspectos muy concretos. Uno es sobre el RETA y sobre las
dificultades para el autónomo. Cuando usted me ha planteado esto, se me han venido a la cabeza todos los elementos que se han introducido y que existen ahora en esa aplicación, los simuladores para hacer el cálculo de las cotizaciones. Realmente,
existen, y quizá tengamos que incidir en profundizar en las vías para que esa información llegue de la mejor manera posible a los autónomos, pero estamos abriendo las posibilidades y estamos facilitando la realización de la actividad por cuenta
propia. En ese sentido, desde luego, la experiencia comparada lo que pone de manifiesto es que el sistema que tenemos es un sistema que no tiene nada que envidiar a ningún otro.
También quisiera comentar -el resto de las cuestiones creo que las he ido contestando en las respuestas anteriores- lo que ha dicho en relación con la compatibilidad, y vuelvo un momento a la compatibilidad, porque he olvidado mencionarlo
antes. Usted ha dicho: No nos parece mal, pero hay que apostar por la compatibilidad sin complejos. Más que sin complejos, yo soy partidario de apostar por la compatibilidad con garantías. Para nosotros las garantías, los derechos son
fundamentales, y tenemos que hacerlo de una manera equilibrada para garantizar que realmente quien compatibiliza no es quien
tiene la necesidad imperiosa de hacerlo porque su pensión no es suficiente, sino porque realmente es una opción vital en un momento determinado.
Por último -y acabo con esto-, de la intervención del portavoz del Grupo Socialista quiero señalar, al menos, telegráficamente, tres aspectos muy concretos. Primero, compartimos, como no puede ser de otra manera, la reivindicación del
proceso de reformas, del proceso de modernización y -yo diría- de transformación de nuestro sistema de Seguridad Social y de nuestro entramado de instituciones sociolaborales. Lo que estamos viviendo a lo largo de estos últimos años en el ámbito
laboral, en el ámbito de la Seguridad Social, es de una gran intensidad y hace que nuestro país, desde esa perspectiva, sea mucho más fuerte y que también tenga una mayor capacidad para afrontar los retos del futuro. El segundo comentario
telegráfico es que hacer esto, afrontar los retos del futuro, debe hacerse, como hemos hecho estos últimos años -lógicamente, compartimos esta apreciación-, reivindicando el papel de los interlocutores sociales, reivindicando el papel del diálogo
social. Casi todo se ha pactado en el ámbito del diálogo social y, lo que no se ha pactado en ese ámbito, ha sido previamente negociado y, al menos, pactado con una parte de los interlocutores sociales, con la parte sindical. Pero llevar las
propuestas a la mesa de diálogo social y discutirlas hasta la extenuación es una seña de identidad que tenemos que seguir reivindicando.
Por último, simplemente un apunte sobre algo que ha señalado usted y sobre lo que ha habido alguna otra intervención al respecto, sobre las migraciones y su papel. No tengo tiempo ahora de entrar en este asunto, pero, desde luego, en el
debate sobre sostenibilidad, es algo absolutamente trascendental. Si miramos al futuro, precisamente por el impacto que va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, aunque no sea más que por puro pragmatismo -ya no hablo de las
convicciones ideológicas que cada uno pueda tener-, esto debería hacernos mucho más prudentes a la hora de afrontar una materia como esta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias, señor secretario de Estado.
En un turno de réplica, tiene la palabra su señoría, la señora Garrido Valenzuela, por un tiempo de tres minutos.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Intervengo brevemente. Ha hablado prolijamente de sostenibilidad y le doy las gracias por las respuestas tan extensas y concretas que nos ha permitido escuchar. Simplemente, en el tema de sostenibilidad, me gustaría traer a colación la
respuesta dada por el Gobierno a una pregunta planteada por mi grupo, que se puede sintetizar en que la deuda de la Seguridad Social con el Estado es de 126 000 millones de euros, un 7,8 % del PIB. Ya el Tribunal de Cuentas advirtió de un
patrimonio neto negativo de cerca de 100 000 millones de euros de la Seguridad Social entre 2017 y 2023. Sabemos que han cambiado la consideración de los préstamos por transferencias y, de esta forma, la Seguridad Social estaría utilizando otra
forma de contabilidad, pero lo que no se puede ni se debe ocultar es la situación real de las cuentas de la Seguridad Social. Me gustaría que señalase alguna medida de tipo estructural que estén tomando para asegurar esta fundamental y necesaria
sostenibilidad.
Y sé que usted ha sido el compareciente, pero resulta que el portavoz del Grupo Socialista ha dedicado prácticamente toda su intervención a contestarme a mí, a mi intervención. (La señora Rodríguez Calleja: Muy bien.-Aplausos). Y esto me
obliga a decirle que, por supuesto, desde el Grupo Popular tenemos total respeto por los acuerdos sociales, concretamente, por este último, del Gobierno, sindicatos y patronal, pero siempre dentro del marco del Pacto de Toledo. Y no me refiero solo
a seguir las normas o recomendaciones del Pacto de Toledo, sino también a discutir las normas en el marco del Pacto de Toledo, y no obviando tampoco al Poder Legislativo. Obviamente, sé que, si se aprueban las normas por real decreto ley, después,
si se convalidan, entran en vigor al día siguiente, y ya el Gobierno tiene la prisa que desee tener, puesto que están en vigor. Pero nosotros tenemos que pedir que las normas se tramiten como proyectos de ley, con todos los informes pertinentes,
más que nada porque somos el Poder Legislativo. Eso es lo que quería aclararle.
En cuanto a la revalorización de las pensiones, la respuesta creo que ya la tienen en un argumentario y la ponen en todo, porque en abril de este año José Luis Escrivá reconoció en una entrevista en televisión que hemos apoyado la
revalorización de las pensiones. Y me voy a la página del PSOE, de un PSOE en concreto, el de Córdoba, y ya en 2022 reconoce que la apoyamos, reconoce nuestro voto a favor de la
revalorización de las pensiones conforme al IPC. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos). Pero bueno, si quiere, sigan metiendo esa respuesta en todo y así estará mejor.
También me gustaría referirme a lo último que usted acaba de señalar en su intervención en torno a las profesiones de riesgo, a ese punto 5 -creo que era- del acuerdo del Gobierno, sindicatos y patronal. Se refiere a los coeficientes
reductores para ocupaciones con especial penosidad o peligrosidad. Con respecto a esto, en el Grupo Popular ya habíamos registrado con anterioridad una proposición de ley procedente del Senado, que ha tenido exactamente -creo que fueron- treinta y
ocho ampliaciones. De hecho, ahora ya se ha ampliado el periodo de enmiendas hasta el mes de septiembre. Posteriormente, el 27 de mayo de 2025, se aprobó de nuevo en Consejo de Ministros un real decreto, el 402/2025, que establece el procedimiento
para aplicar coeficientes. La iniciativa a la que me estaba refiriendo era para conseguir que fueran consideradas como profesión de riesgo la Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de vigilancia aduanera. Sé que ya se lo preguntamos a la
ministra -creo que fue el 9 de junio- cuando compareció en Pacto de Toledo, y dijo que estaban en ello, que estaba cercano. Pero como ha pasado un tiempo, se lo vuelvo a preguntar: ¿cuándo tiene previsto el Gobierno atender la legítima
reivindicación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los agentes de servicio de vigilancia aduanera para ser reconocidos como profesión de riesgo, a efectos de la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, tal y como ocurre
con otras fuerzas policiales autonómicas y locales?
También tengo que insistir en los jóvenes. Por la calidad de vida que tenemos ahora, porque los que ya se han jubilado tienen una esperanza de vida mayor, por supuesto, nos tenemos que preocupar por aquellas personas que quieren volver a
trabajar, nos tenemos que preocupar por el paro de los mayores de 55 años. Pero tomando los datos de la EPA del primer trimestre de 2025...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Señoría, vaya concluyendo.
La señora GARRIDO VALENZUELA: ¿Qué me dice? (Risas.-Rumores).
Bueno, pues solamente voy a decir que en el primer trimestre del año el paro de los menores de 25 se situó en un 26,5 %. Me sigue preocupando porque sigue subiendo. No sé, qué mostrará la EPA del segundo trimestre...
Y también le pediría si nos puede decir algo de los bonus, que es otro de los puntos del acuerdo... Simplemente se lo digo así, pero usted ya sabe a qué me refiero, porque no ha sido tocado ese punto -que se recuperó- y me gustaría que nos
lo explicara.
Gracias y disculpe, no me he dado cuenta. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
No sé si el Grupo Vasco quiere intervenir. (Pausa).
Tiene la palabra su señoría, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Quisiera disculparme ante el secretario de Estado porque me he tenido que ausentar. Muchas de las cuestiones creo que ya las ha comentado. Y tuvimos también ocasión de hablar en Santander sobre sostenibilidad y equidad, donde hubo grandes
aportaciones por parte de todo el mundo y el encuentro tuvo lugar en un ambiente totalmente distendido, que creo que también ayuda a tener ese diálogo productivo.
Quería hacerle una pregunta porque no pude estar presente cuando ha hablado del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia según ingresos reales. Nosotros lo vemos positivo, pero nos ha llegado una preocupación por
parte de aquellos autónomos que cobran la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave porque la base de cotización que ha servido para calcular la prestación no queda excluida de la regularización anual,
ya que este supuesto no está recogido en el artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social que, en resumen, viene a decir que si durante un periodo determinado un trabajador autónomo ha cotizado sobre una base que luego ha servido para
calcular la prestación, esa base de cotización específica queda excluida de esa regularización anual, manteniendo el valor original y no siendo afectada por los ajustes que se hagan en la cotización.
Como nos ha llegado que se están regularizando todas estas cuestiones y tiene una afectación negativa, nos gustaría saber si se va a incluir o si sabe algo acerca de este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Muchas gracias.
Entiendo que, al no estar algunos portavoces, declinan su turno de intervención.
Por tanto, tiene la palabra su señoría la señora Vidal Sáez, por un tiempo de tres minutos.
La señora VIDAL SÁEZ: Gracias.
Quiero celebrar el hecho de que tengamos un secretario de Estado de Seguridad Social que haya dedicado una buena parte del tiempo de réplica a desmontar argumentos y pseudodatos que emiten entidades bancarias claramente interesadas en hacer
negocio y no en informar. Creo que es algo importante y que así debería ser siempre, en realidad.
Sus señorías del Grupo Popular se retratan cuando abonan esta lógica de pensiones privadas o de más competencias para las mutuas, que dan una muy buena imagen de cuál es su concepción sobre lo público, que se deduce de ella; lo entienden
como un espacio donde repartir sobres y como un nicho de negocio donde regalar lo común a sus amigotes, cuando no a ustedes mismos. Así que quiero agradecer tener por fin un secretario de Estado que le dé a lo público el valor que tiene.
Quería remitirme otra vez a los autónomos, porque hay algunas cuestiones que no ha respondido y de forma sintética quería insistir en el hecho de que nos preocupa mucho que los tramos más bajos del sistema de cotización -y en este caso
estamos hablando de los autónomos con menos ingresos- queden desprotegidos y terminen pagando por encima de lo que realmente ganan. Insistimos por lo tanto en la necesidad de impulsar medidas de cotización y de fiscalidad progresiva que tengan en
cuenta no solo los ingresos, sino también los gastos reales de los autónomos.
Creo -y así lo he planteado- que es fundamental que tengamos el debate sobre los cuidados, entendiendo que puede ser también una forma de abordar la brecha de género. Lo hemos dicho muchas veces. Es decir, las mujeres trabajan; otra cosa
es que, muchas veces, no cotizan por el trabajo que hacen. Y creo que este país se debe un debate en torno a sobre si deben o no cotizar, sobre si deben entenderse como cotizaciones o no, y sobre si tiene que ser, por lo tanto, un elemento en el
que entre todos y todas les demos ese reconocimiento. Entiendo que estamos verdes en esto, pero quiero ponerlo sobre la mesa porque creo que es algo muy importante.
Sobre la formulación del sistema de coeficientes reductores -que es uno de los temas que quería tratar antes y aprovecho este poco espacio que me queda ahora para hablar de ello-, hace mucho tiempo que nosotras estamos insistiendo muchísimo
en esta reevaluación y en este nuevo sistema.
Sin duda, se nos pidió reformular este sistema de coeficientes reductores, pero creo que lo que en ningún caso se nos pidió fue que lo bloqueáramos y no saliéramos adelante con muchos de los que ahora mismo están paralizados desde hace
muchos, demasiados años, y en algunos casos de forma inexplicable. Lo digo, por ejemplo -y lo debatimos y se aprobó en la Comisión de Trabajo-, respecto del coeficiente reductor que se tendría que implementar en el sector de los buzos
profesionales. Estamos hablando, ni más ni menos, del colectivo que acumula un porcentaje más salvaje de accidentalidad y de mortalidad en España, y es bastante inexplicable porque es imposible evitar la penosidad y la peligrosidad que ese trabajo
conlleva, imposible. Y yo creo que al menos eso tendría que ser resuelto de forma inmediata porque los muertos siguen acumulándose en nuestras playas y, además, en instalaciones que son fundamentales para nuestra industria o para nuestras
infraestructuras. Y creo que es de deber.
Termino simplemente con unas reflexiones. Creo que este Gobierno ha respondido bien a la necesidad de corregir los destrozos que hicieron los Gobiernos previos, especialmente el del Partido Popular. Poco hemos hablado de ello porque
estamos más centrados en el futuro, pero sí quería dejar constancia. Al fin y al cabo creo que este Gobierno tiene por delante un reto incluso más importante, que es el de corregir y el de ir adelante hacia un sistema mucho más justo, mucho más
restaurativo en algunas situaciones muy concretas y que dé respuesta, por lo tanto, a los dos retos más importantes, que a mi entender no son ni las mutuas ni por supuesto las pensiones privadas, sino que son la suficiencia -es decir, la pobreza- y
la brecha de género.
Gracias por esta comparecencia. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría, el señor Aizcorbe Torra, por el Grupo VOX, por un tiempo de tres minutos.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve.
Señor secretario de Estado, señor Suárez, he de decirle que la primera intervención me ha sorprendido muy gratamente. Me ha parecido una intervención clara, una intervención bien explicada y me he llevado una grata impresión. Se lo digo
con absoluta sinceridad.
Ahora, esta segunda intervención, creo que la ha enturbiado un poco al hablar de lo que se considera un panfleto de un banco -el BBVA- en el cual yo no entro ni salgo, pero le ha dedicado mucho tiempo a la discusión sobre lo que dice ese
panfleto de propaganda para los planes de pensiones, y no ha entrado en cosas importantes.
Celebro que comparta conmigo que efectivamente hay ciertas dificultades en todo el tema de la declaración de los autónomos, del RETA, de ir justificando las cuotas que han de ir pagando, y que ahí se producen ciertas disensiones.
Sobre el tema de las pensiones y compatibilizarlas con el trabajo, ya le he dicho que íbamos avanzando, que se va por buen camino, pero hay que seguir avanzando más, primero porque, afortunadamente, la calidad de vida de todos nosotros hace
que la vida sea cada vez más larga, y en segundo lugar porque la capacidad de poder seguir aportando y trabajando no solo complementa a veces déficits en según qué carreras, sino que también ayuda a un ciclo vital necesario para mucha gente.
Sin embargo, ha habido dos cosas que me han sorprendido negativamente. Primero, usted ha asumido como propia la propuesta de la pasarela RETA que había propuesto el Partido Socialista, la ha asumido como propia desde su posición de
secretario de Estado. Es usted Poder Ejecutivo. Entonces, si se asume como propia una propuesta que presenta el Partido Socialista, ¿por qué si la considera usted ha dicho equilibrada -que es lo que me ha asustado y sorprendido- no se ha
presentado un proyecto de ley en tal sentido por parte del Gobierno? ¿Por qué hemos tenido que actuar a través de una proposición para evitar dictámenes y para evitar opiniones de entidades legales?
Y una segunda cuestión que me ha preocupado es que ha dicho que el tema de las mutualidades a la pasarela del RETA viene o deviene de un problema de elección, de alternatividad. Lo ha dicho así, que alguien había elegido seguir en la
mutualidad y no pasar al RETA. Lo ha dicho así expresamente. Claro, eso me confunde y me perturba, porque usted sabe perfectamente que era del siglo pasado el tema de las mutualidades -evidentemente viene del siglo pasado-, pero mucha gente no
tuvo esa capacidad de alternatividad, sino que era un sistema obligatorio que iba muy ligado a los colegios profesionales respectivos. No obstante, esa alternatividad vino muy posteriormente, ya que antes muchos mutualistas que pasaron al régimen
general perdieron todos los derechos que tenían en las mutualidades, que sí pasaron a formar parte de los fondos propios.
Seguiré insistiendo después en la pregunta que formularemos sobre esto para conocer su posición de forma clara, pero ha de tener en cuenta -y lo ha dicho usted- que es un tema de justicia. Usted ya sabe que en la justicia romana se hablaba
de dar a cada uno lo suyo y lo que en justicia corresponde a cada uno. Y lo que usted ha comentado parece que no va en esa dirección.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene la palabra su señoría, el señor Mayoral de Lamo, por el Grupo Socialista, por un tiempo de tres minutos.
El señor MAYORAL DE LAMO: Sigo escuchando la preocupación por la sostenibilidad.
Este fin de semana se hablaba mucho de tomar partido por España. Por ello, yo quiero saber y decirles a los españoles: ¿qué España quiere el Partido Popular? Porque cuando los escucho en estas comparecencias me surgen muchas dudas que hoy
le planteo también al secretario de Estado. ¿Va a ser sostenible el sistema de pensiones si se abarata el salario mínimo interprofesional, como propone el señor Rajoy? ¿Sí o no? ¿Es sostenible para los pensionistas tener subidas de un 0,25 %, que
es lo que hacen cuando ustedes gobiernan? ¿Sí o no? ¿Vamos a hacer un planteamiento donde la incertidumbre y la duda en torno a las cuestiones de cotización de los autónomos supongan que el pescadero, el frutero o el carnicero paguen lo mismo
tanto si facturan 600 como si facturan 6000 euros? ¿Sí o no? Como va eso de tomar partido por España, no sé qué España es realmente la que plantean y me surgen dudas sobre esa sostenibilidad de la que hablan.
Cuando se habla de mercado laboral y se habla de sostenibilidad por parte del Partido Popular, y tienen a su derecha a aquellos a los que no pretenden hacer cordón sanitario y que quieren expulsar a 8 millones de personas de nuestro país, yo
me pregunto: ¿es sostenible el sistema con 8 millones de personas fuera de nuestro mercado laboral? ¿Sí o no, señor secretario de Estado? ¿Van a volver a vaciar
la hucha de las pensiones? Porque entonces -ya se lo respondo yo- no va a ser sostenible el sistema de pensiones con las políticas que plantea el Partido Popular. ¿Volveremos al sistema de precariedad con los jóvenes? ¿Van a plantear una
nueva reforma laboral? ¿Sí o no? Porque si su duda es sobre la sostenibilidad, tienen que responder estas preguntas en torno a tomar partido por España. Porque si tomar partido por España es volver a precarizar los contratos de los jóvenes, me
parece que el camino no va a ser el de la sostenibilidad. Si volver al 0,25 % con los pensionistas va a ser tomar partido por España, ya les estamos diciendo a los pensionistas el futuro que quieren para ellos. Si les van a decir a los autónomos
que la incertidumbre es que cotice de la misma manera aquel que factura 600 euros que el que factura 6000, ya les digo yo que el sistema no va a ser sostenible.
La respuesta a todo este problema de la sostenibilidad se la tienen que plantear ustedes cuando vienen aquí. Tienen que plantear realmente que el modelo que quieren llevar a nuestro país no lleve precariedad, sino derechos. Y que, cuando
vengan al Congreso de los Diputados y tengan que votar, no se avalen en informes, sino que lo hagan cuando se necesita realmente, y no cuando ya no es necesario, que fue lo que ocurrió cuando ustedes votaron la actualización y la revalorización de
las pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Gracias.
Tiene turno de intervención el señor secretario de Estado, que cierra esta comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias a todos también por las cuestiones que se han suscitado. Me he dado cuenta al escucharlos de que ha habido alguna cuestión que no he contestado o
que no he contestado con suficiente atención.
Empezando por el asunto de la sostenibilidad, es verdad que me he centrado mucho en él porque me ha resultado de alguna manera perturbador ese informe con esa aproximación al problema, al desafío de la sostenibilidad y a lo que esto supone
para los jóvenes. Me ha preocupado -lo digo de verdad, me ha preocupado mucho- y me ha preocupado mucho la reacción de muchos medios de comunicación que, acríticamente, lo que han hecho ha sido reproducir sin más algo que sinceramente me sorprende
por su escaso rigor, como he tratado de señalar antes.
Pero, más allá de eso, hay una cuestión que no he abordado en la réplica en relación con la sostenibilidad y que, desde luego, no quiero dejar de tratar ahora. Tiene que ver -lo señalaba la portavoz del Grupo Popular- con las proyecciones
que hacen otros y, en particular, con el informe sobre la aplicación de lo que la AIReF ha denominado la regla de gasto en pensiones, que se publicó el 31 de marzo.
Por completar lo que decía antes en relación con el proceso de reformas que se ha llevado a cabo en estos últimos años en materia de pensiones, hay un elemento -otro de los elementos novedosos- y es un elemento novedoso también en el
panorama comparado. Me refiero a establecer una cláusula de seguimiento que nos obligue a todos cada tres años, cualquiera que sea el color del Gobierno, a hacer una evaluación de cómo van las cosas. Y fíjense si tiene importancia lo que decía
antes de esa aproximación novedosa a la sostenibilidad, integrando o teniendo en cuenta gastos e ingresos, que lo que se toma como referencia es el nivel de gasto neto. Esa disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 2/2023, donde se regula
este instrumento, esta cláusula, este mecanismo -que además fue desarrollado después por el Decreto 100/2025-, como decía, lo que viene a establecer es que cada tres años, tomando como referencia el nivel de gasto medio en el periodo 2022-2050 -de
acuerdo con el Informe sobre Envejecimiento, el Ageing Report de la Comisión Europea-, la AIReF va a hacer una evaluación de las medidas de refuerzo de los ingresos para determinar cuál es el nivel de gasto neto.
El primer examen se concluyó el 31 de marzo con la conclusión de que el gasto se sitúa en unos niveles adecuados, por debajo del umbral que, de acuerdo con esa cláusula, se consideraba que exigía medidas adicionales. Yo creo que lo
relevante de esta actuación, de la elaboración y publicación del informe de la AIREF, no es solo -que lo es, desde luego- el resultado, y un resultado que confirma que vamos por el buen camino, sino sobre todo que tenemos un instrumento que nos
permite evaluar cada muy poco tiempo -cada tres años, cuando hablamos de pensiones es un plazo de tiempo muy razonable, es un plazo de tiempo breve- en qué punto nos encontramos y si el camino por el que transitamos, si las medidas que se han
adoptado para hacer frente a ese gran reto que supone la jubilación del baby boom están dando resultados o no.
Lo que pone de manifiesto ese informe es que vamos por el buen camino porque las medidas que se han adoptado, tanto en la parte de gasto como las que ha evaluado la AIReF en materia de ingresos, dan un resultado positivo. Si dentro de tres
años el resultado es distinto, habrá que adoptar nuevas medidas. Por cierto, habrá que hacerlo de acuerdo con el procedimiento que se establece en esa disposición, que es un procedimiento absolutamente comprometido con la legitimación política y
social de las reformas en materia de Seguridad Social y, en particular, de pensiones; es decir, con la participación directa del Pacto de Toledo y de los interlocutores sociales. Con lo cual, yo creo que cuando se habla de sostenibilidad,
seguramente no hemos puesto suficiente énfasis en destacar la relevancia, la importancia que tiene un instrumento de estas características que, de alguna manera, lo que viene a hacer es tratar de objetivar cuál es la senda, en qué punto se encuentra
el sistema y hacia dónde va. Y a partir de ahí, evidentemente, cada organismo, cada entidad puede hacer sus consideraciones y puede reflejar sus preferencias. Pero cuando esta disposición se aprobó, nadie criticó el criterio que se había
establecido de exigencia de un nivel de gasto neto del 13,3, con un nivel de gasto del 15 y un nivel de las medidas de ingresos del 1,7. Nadie lo criticó. Lo hemos aplicado y ha salido bien porque ha puesto de manifiesto que las medidas adoptadas
van por el buen camino. Por lo tanto, felicitémonos por ello y preparémonos para lo que viene más adelante.
En todo este proceso y después de la publicación de ese informe ha habido elementos, ha habido aportaciones que -lo decía usted también- nos han llevado a incorporar ya en ese instrumento algún elemento adicional. Y son elementos
secundarios, porque la regulación está en la ley y el reglamento no puede hacer otra cosa que respetar lo que dice la ley, pero hay elementos que nos parecía interesante incorporar ya, precisamente para dar credibilidad y para expresar el compromiso
del Gobierno con esta cláusula.
Esa es una magnífica noticia para todos, que me permite enlazar con la relevancia que tienen en esta materia los debates bien fundamentados. Y por eso es tan importante también -y discúlpenme que insista en ello- que la Seguridad Social
tenga ahora un instrumento que es realmente una pieza de orfebrería para hacer los análisis de proyección de gasto más precisos de nuestro sistema de pensiones. Esto es muy relevante y es una contribución extraordinariamente positiva al debate que
hay que tener sobre una cuestión que es tan sensible como esta.
Me preguntaba usted también por las medidas de tipo estructural. Antes mencionaba el tema de la deuda y de cómo está evolucionando la deuda. Quienes nos dedicamos al ámbito de la Seguridad Social, quienes nos preocupamos por la
sostenibilidad del sistema de pensiones, sabemos que hay otros indicadores mucho más precisos, mucho más expresivos sobre la salud del sistema que el de la deuda de la Seguridad Social con otra parte de la Administración, que es el Estado. Como
decía, me preguntaba usted qué medidas de tipo estructural estamos pensando adoptar. Hemos adoptado medidas muy importantes al respecto, medidas de refuerzo de los ingresos que están dando muy buen resultado. Está dando un muy buen resultado toda
la mejora de la cotización, todos los ajustes que hemos hecho en materia de cotización, que nos permiten mantener un ritmo de crecimiento de los ingresos por cotización por encima del 7 %, sin que eso afecte en nada -todo lo contrario- a la
intensidad del ritmo de crecimiento del empleo. Y esto responde a un elemento muy importante y es que esas medidas se han adoptado introduciendo un aspecto que es fundamental cuando hablamos de Seguridad Social: la progresividad en el tiempo, el
despliegue paulatino de esas medidas. Las medidas se están desplegando, se están subiendo las bases máximas, se está aplicando la cuota de solidaridad, se está aplicando el mecanismo de equidad intergeneracional y esto no afecta en nada a la
fortaleza y al ritmo de crecimiento de nuestro mercado de trabajo. Con lo cual, este es un camino que hemos puesto en marcha hace muy poco tiempo y tenemos que seguir desplegando esas medidas, la cuota de solidaridad no alcanzará su punto final
hasta 2045, la subida a la base máxima hasta 2050. Todo esto sirve para reforzar la sostenibilidad de un sistema que hoy es más sostenible, entre otras razones porque estamos, como muy bien saben, muy cerca de los 22 millones de afiliados,
concretamente 21,861 si nos vamos al último dato.
Preguntaba usted también por el Real Decreto 402/2025, el que regula el procedimiento para el reconocimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas, y hablaba de algunos colectivos. Más allá de que
hay alguna sentencia reciente que afecta a uno de esos colectivos -que lógicamente ha dado lugar a la correspondiente actuación-, nosotros creemos -y esto se aplica a los colectivos que ha mencionado usted y a todos los demás- que hemos dado el gran
paso pendiente, establecer un sistema, un procedimiento que objetiva el reconocimiento de estos coeficientes. Lo hemos hecho porque creemos que no es buena solución lo que hemos vivido hasta ahora; había un procedimiento
que venía de 2011, que era un procedimiento muy bienintencionado, pero que enseguida se puso de manifiesto que tenía algunos problemas estructurales de funcionamiento. En ese sentido creemos -y esto se aplica también al colectivo de buzos-
que lo que hemos establecido ahora es un procedimiento que delimita bien cómo se articulan los distintos pasos de ese procedimiento y objetiva bien los indicadores que se deben utilizar para acreditar que efectivamente se produce esa mayor penosidad
y, por tanto, que dé lugar a la aplicación de ese coeficiente reductor. Ese tiene que ser el camino y no simplemente dejarlo a la capacidad de presión que tienen unos colectivos y que otros no tienen, porque creo que al final lo que genera son
desigualdades.
Dos cosas muy breves más que señalaba usted sobre los jóvenes y el 26 % de desempleo. Bueno, vamos a ver la EPA de segundo trimestre, que probablemente -por el momento en el que nos encontramos- sea una EPA positiva; pero, sobre todo,
viendo cuál es la tendencia y el comportamiento del empleo a lo largo de estos meses y de estos últimos años, realmente creo que va a ser positiva. Más allá de eso, usted señala que tenemos problemas en el mercado de trabajo. Claro que los
tenemos, nadie ha dicho que no los haya, pero lo que digo es que hemos enfilado ya un camino que nos lleva a algo que es perfectamente realizable, porque decir que podemos parecernos a los países de nuestro entorno, del entorno europeo, en términos
de desempleo, en términos de empleo, o como queramos formularlo, yo creo que es algo perfectamente asequible y que este país ha hecho en estos últimos años un conjunto de medidas tremendamente ambiciosos que están ofreciendo resultados muy
positivos. Como señalaba hace un momento, habla usted del 26 % de desempleo de los jóvenes. Ese 26 % era el doble hace muy poco tiempo. Y sucede lo mismo con la temporalidad. La temporalidad de los jóvenes estaba el mes anterior, en el mes de
mayo, por debajo del 20 % la proporción de jóvenes con un contrato temporal. Esa temporalidad -y hablo de los jóvenes menores de 30 años- era del 55 % hace unos pocos años. Evidentemente, la situación de los jóvenes, el empleo de los jóvenes y la
forma de ingresar en el mercado de trabajo, nos preocupan; seguimos trabajando en ello, pero creo que es incuestionable que se ha producido un avance espectacular en esta materia y que esta es la línea por la que tenemos que seguir avanzando.
Por último, me ha preguntado usted por otro de los elementos acordados en ese acuerdo social tripartito, de septiembre del año pasado, que tiene que ver con un elemento vinculado a una política también muy importante desde la perspectiva
sociolaboral, la política de prevención de riesgos laborales -tenía un instrumento que se introdujo en el año 2011, pero luego, en su práctica y con alguna modificación posterior del año 2017, se desvirtuó-, que es el bonus en la cotización por
contingencias profesionales para premiar a aquellas empresas que reducen la siniestralidad por accidente de trabajo. Sobre este compromiso, en los próximos días vamos a iniciar también la tramitación del decreto que reforma esa regulación de 2017
que ahora mismo está vigente y que estaba suspendida.
En relación con la cuestión que ha suscitado la portavoz del PNV sobre los autónomos y cómo afecta a lo que conocemos como CUME, la prestación para el cuidado de hijos con enfermedades graves, el aspecto concreto que me ha señalado no lo
tengo identificado. Para que se entienda, sí hay en elemento importante: a la hora de hacer todo este proceso de regularización, un criterio que se estableció por convencimiento de todos los que participamos de alguna manera en esa negociación era
que, en los supuesto en que durante el año se hubiera percibido una prestación del sistema -una prestación de incapacidad temporal, una prestación de nacimiento y cuidado o cualquier otra-, las bases de cotización tenían que darse por definitivas
porque, si no, íbamos a entrar en un bucle donde íbamos a revisar la base de cotización de ese año, eso nos debería hacer revisar la cuantía de las prestaciones, y esto era imposible. Dicho lo cual, evidentemente, tomamos muy buena nota de este
aspecto concreto y es una de las cuestiones que ahora tendremos que abordar en el nuevo proceso de negociación que abrimos para -insisto- determinar cómo vamos a seguir en los años 2026 y siguientes en el despliegue del sistema de cotización y, por
otro lado, mejorar todos aquellos aspectos, que ya algunos hemos detectado y que seguro que el resto de los actores identificará también.
En relación con la intervención de la portavoz de SUMAR, aparte de la referencia que hacía al debate y la necesidad de la calidad del debate en materia de pensiones, he señalado ya también el tema de los coeficientes reductores. Sobre el
RETA, evidentemente, para nosotros es una preocupación, y fue una preocupación en 2022 la cotización de aquellos autónomos con ingresos más bajos, hasta el punto de que establecimos algo que en aquel momento era -si se me permite el término-
realmente audaz, porque había una base mínima de cotización que llevamos mucho más abajo, y pasamos de los 294 que se pagaban entonces a los 200 que se pagan ahora, cuando se tiene un nivel de ingresos muy bajo. Ese es un elemento que está
claramente identificado, que se ha incorporado al modelo, y ahora de lo que se trata
es de ver cómo lo desarrollamos, en el bien entendido de que lo que no es satisfactorio es encontrarnos con un volumen de trabajadores autónomos que tengan ingresos muy bajos. Esto hay que cambiarlo, y lo que trataba de reflejar también en
mi intervención es que está cambiando porque la calidad de la actividad por cuenta propia también está mejorando. Desde luego, sigue habiendo mucho por hacer, pero vamos en la línea correcta.
Después, ha hablado también de los cuidados y de su protección. Sobre esto, claro que se puede seguir avanzando, pero ya hemos hecho cosas y es bueno también recordarlo. He mencionado antes la mejora de la cobertura de lagunas que
establecimos en el año 2023, que tiene un impacto de género fundamental, pero en esa misma iniciativa normativa, en ese Real Decreto Ley 2/2023, mejoramos también la cobertura de las excedencias por cuidado de hijos y por la reducción de jornada por
cuidado de hijos y de familiares. Son medidas que lo que tratan es de incidir en este problema, y en esto estamos -lo sabe perfectamente la portavoz de SUMAR- absolutamente alineados con la máxima preocupación y la máxima priorización de las
políticas dirigidas a garantizar la suficiencia de las pensiones y del conjunto de prestaciones y, desde luego, con la reducción de la brecha de género.
Entre las aportaciones, comentarios y cuestiones que ha planteado el portavoz de VOX, ha señalado el RETA. Quedan claras las posiciones. No sé si he sido suficientemente claro -siempre tengo espíritu crítico-, pero, realmente, decir que la
carga que tienen ahora los autónomos es excesiva o que ha crecido, sinceramente, creo que es justo al revés. Y pongo énfasis sobre todo en una cuestión que me parece fundamental desde la perspectiva de la Administración. Estamos manejando recursos
públicos y, por tanto, tenemos que ser absolutamente escrupulosos en la buena utilización de los recursos públicos. Esto a veces genera rigideces que, por parte de los ciudadanos, de primeras puede ser difícil de entender, pero, cuando se da un
paso atrás y se ve en su conjunto, se entiende mucho mejor.
En relación con el tema de las mutualidades alternativas, desde luego, no soy yo quien para restringir, limitar o condicionar de alguna manera la capacidad de iniciativa que tiene un grupo parlamentario, aunque sea el Grupo Parlamentario
Socialista que, a la vista de cómo estaba este asunto, al que hemos estado dando vueltas mucho tiempo, ha decidido presentar esa proposición de ley. Pero, más allá de eso, desde luego, en ningún momento -y lo subrayo y esto quiero aclarárselo- se
ha pretendido con ello ocultar o evitar trámites incómodos, todo lo contrario. Por supuesto, todo lo que sea necesario para mejorar la transparencia con la que se desarrolla y se produce este debate lo vamos a hacer, vistas las aportaciones o los
comentarios que se han hecho. Pero usted ha señalado el problema de elección. No sé exactamente en qué términos lo he dicho, pero lo que es evidente es que sí, hay personas que entraron antes del año 1995 que en su momento no pudieron elegir;
esto es indiscutible. No pudieron elegir durante un tiempo, mientras sus sistemas alternativos eran sistemas de capitalización colectiva. Cuando pasaron a los sistemas de capitalización individual -y eso, en el caso de la abogacía, fue en el año
2005-, a partir de ese momento cada uno de los mutualistas tenía identificada individualmente cuál era la cuantía de su prestación. Estamos hablando de algo que sucedió hace veinticinco años. Por tanto, decir que se arriesgaron durante todo ese
periodo, durante todos esos años a perder lo que habían acumulado a lo largo de sus años previos de participación en la mutualidad, sinceramente, me parece exagerado. Lo que hemos tratado de plantear es una solución equilibrada, donde hay que
pensar también -y esto no debemos perderlo de vista- que mucha gente -muchos abogados, muchos procuradores y muchos arquitectos- optó por estar dentro de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y que hicieron un
esfuerzo de contribución mayor. Esto no podemos perderlo de vista y, en ese sentido, creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por concentrarnos en ofrecer una solución que atienda realmente esas situaciones donde el perjuicio sea más evidente y
no simplemente un cálculo de lo que resulta más interesante.
En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, todas las preguntas que usted ha formulado se responden por sí mismas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Piña): Queremos darle las gracias al señor Suárez Corujo, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, por su comparecencia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Gracias a ustedes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
PREGUNTAS:
- MEDIDAS PREVISTAS PARA CONTRARRESTAR EL AUMENTO DEL DÉFICIT PRESUPUESTARIO EN MATERIA DE PENSIONES QUE SEA DISTINTA DE INCREMENTAR LAS COTIZACIONES O DE ESTABLECER MECANISMOS TRIBUTARIOS DE RECAUDACIÓN.
AUTOR: AIZCORBE TORRA, JUAN JOSÉ (GVOX)
DE MEER MÉNDEZ, ROCÍO (GVOX)
GARCÍA GOMIS, DAVID (GVOX)
(Número de expediente 181/000832).
- SITUACIÓN EN LA QUE QUEDARÍAN LAS MUTUALIDADES ALTERNATIVAS DE PREVISIÓN SOCIAL EN CASO DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN DE LEY IMPULSADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO QUE APOYA AL GOBIERNO DE MODO PRINCIPAL.
AUTOR: AIZCORBE TORRA, JUAN JOSÉ (GVOX)
DE MEER MÉNDEZ, ROCÍO (GVOX)
GARCÍA GOMIS, DAVID (GVOX)
(Número de expediente 181/000833).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a las preguntas de control.
Tenemos dos preguntas de VOX. No sé si el diputado quiere reformularlas y hacer solo una.
El señor AIZCORBE TORRA: La primera prácticamente ha quedado resuelta en la comparecencia, así que paso directamente a la segunda.
La señora PRESIDENTA: Perfecto.
El señor AIZCORBE TORRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Suárez Corujo, me asusta más lo que acaba de decir en la última parte de su intervención, que no perdían capitales. Me asusta muchísimo. Usted ha marcado la fecha del año 2005. Hay una fecha previa prevista antes, que es
importantísima, el año 1996, donde se produce un cambio esencial. Hay gente que lleva cotizando ya en las mutualidades veinte o veinticinco años. Si al cabo de unos años han pasado al régimen general o al régimen RETA, aquellos que hayan cotizado
únicamente por riesgos sin acumular capital, que era como en muchas ocasiones se les pedía en las mutualidades, han perdido todo el dinero, y hay comunicaciones de todas las mutualidades en tal sentido. Son casos concretos, son casos reales y,
cuando quiera, señor Suárez, se los enseño. Hay decenas, centenares de casos así, de personas que estuvieron cotizando y a las que todo eso no ha servido para nada. Hay mucha gente activa anterior al año 2005 que no tuvo esa oportunidad. Esta
deriva, hasta que no acabe todo el ciclo de situaciones que vienen desde entonces, no va a acabar y, por eso, hay que mantener la posibilidad de no quebrar el sistema y que las mutualidades puedan atender también sus obligaciones.
De ahí la pregunta y, por eso, se la reitero, porque así se me ha rogado. La pregunta versa sobre la situación de las mutualidades alternativas. Queremos saber cómo van a quedar, si la posición del Gobierno respecto a la pasarela RETA se
mantiene tal como está, porque ya sabe que la proposición deja a mucha gente fuera de ese reconocimiento. ¿Va a reconocer que hubo miles de profesionales, que cotizaron conforme a lo que se les exigió, que hoy están desamparados? Además, esa
proposición del Grupo Socialista, que usted impulsa, incluso apadrina, deja fuera a mutualistas pasivos y a aquellos que están cercanos a la edad de jubilación, tal y como le he dicho en mis palabras previas. ¿Va a reconocer que algunas
mutualidades gestionaron como fondos propios lo que recibieron como cotizaciones para cubrir riesgos, que es lo que se les pedía? ¿Va a aceptar que hay mutualidades que ni siquiera certifican lo que recibieron o los años cotizados en qué conceptos
por no tener documentación y que eso es sencillamente inadmisible? ¿Está dispuesto a asumir que el Estado tiene responsabilidad directa, porque fue quien impuso esa cotización, primero, obligatoria y, luego, alternativa, y que no fiscalizó
adecuadamente? ¿Va usted a defender una pasarela que garantice la conversión, uno por uno, en tiempo y en derechos? La respuesta es muy fácil, es sí o no.
Tenía más preguntas, pero se me acaba el tiempo, así que con estas ya tengo suficiente.
Muchas gracias, señor secretario de Estado.
La señora PRESIDENTA: Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias por plantear este asunto que, efectivamente, a todos nos interesa y sobre el que es muy importante que tengamos claro cómo hemos llegado hasta
aquí y en qué posición se encuentra cada uno.
Permítame que mire hacia atrás y recuerde cómo ha sido la secuencia. Efectivamente, en el año 1995 se aprueba una modificación de esta regulación de las mutualidades alternativas, que es una manifestación del recorrido limitado que tenía
nuestro sistema de Seguridad Social y nuestro sistema público de pensiones entonces. Esta no es cuestión menor por lo que luego diré. A partir de ese momento, los que estaban ya podían tener acumulados ciertos fondos. Si se iban, los perdían
-esto es indiscutible-, pero quienes entraban ya podían optar por una cosa u otra, por una solución u otra, mutualidad o RETA; eso hasta el año 2005. En el año 2005, si hablamos de los abogados, la mutualidad pasa de un sistema de capitalización
colectiva a un sistema de capitalización individual que, en este caso, supone la consolidación individual de los derechos de cada uno de los mutualistas. Por tanto, a partir de ese momento los mutualistas tenían unos fondos acumulados, los que
hubieran acumulado hasta ese momento de las aportaciones que hubieran hecho y de la rentabilidad de esas aportaciones. Han pasado veinte años desde entonces y, por ejemplo, quienes en el año 2010 decidieron que la mutualidad no les convencía y
pensaron que el sistema de Seguridad Social era mejor, que les interesaba más, pudieron hacerlo y lo hicieron, no perdiendo nada de lo que tuvieran acumulado en la mutualidad. Sus derechos estaban consolidados en la mutualidad y, aparte, tenían una
carrera de cotización en la Seguridad Social.
A la hora de buscar una solución equilibrada, nosotros lo que hemos establecido es que la posibilidad de acogerse a esa pasarela no sea una posibilidad o una facultad universal, sino que se dirija a aquellos -no digo que estén próximos a la
edad de jubilación- que no estén muy lejos de la edad de jubilación, porque lo que hemos dicho es que pueden acogerse a esta solución todos aquellos que se hayan adscrito a una mutualidad antes del 1 de enero de 2013.
La señora PRESIDENTA: Se le ha acabado el tiempo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): ¿Es que yo también tengo marcado el tiempo?
La señora PRESIDENTA: Sí, claro, de ahí el marcador.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Perdón, discúlpeme.
La señora PRESIDENTA: No pasa nada.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Esto es, claramente, por novato.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA:
PREGUNTAS:
- VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL DEL EFECTO NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO SOBRE LA AFILIACIÓN Y SOBRE EL MERCADO LABORAL DEL INCREMENTO DEL SMI EN LOS AÑOS 2019 Y 2023, SEGÚN EL INFORME DE LA AIREF DEL DÍA 31/03/2025 EN SU
'OPINIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS'.
AUTOR: PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
TENIENTE SÁNCHEZ, CRISTINA (GP)
ROMANÍ CANTERA, JOSÉ IGNACIO (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
TORRES TEJADA, MARÍA (GP)
HOYO JULIÁ, BELÉN (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001092).
La señora PRESIDENTA: El Gobierno ha solicitado la retirada del orden del día de la pregunta 181/001092, que figura como punto número 6 del orden del día. Se ha hablado con el grupo responsable.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Hay una modificación del orden del día. Si les parece, les hago la nueva agrupación de las preguntas que se van a hacer, para que conste en acta. En primer lugar, estamos hablando de la pregunta 181/000429 y de la
181/000379. En segundo lugar, la 181/000274, la 181/000421 y la 181/000420. En tercer lugar, la 181/001266, 181/001265 y 181/001264. En cuarto lugar, la 181/000273. Y, en quinto y último lugar, la 181/001263 y la 181/001262
Si les parece, ¿lo aprobamos por asentimiento? (Asentimiento).
PREGUNTAS. (CONTINUACIÓN):
- PREVISIONES ACERCA DEL ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA TRABAJADORES CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN, 40 O MÁS AÑOS COTIZADOS.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
(Número de expediente 181/000379).
- PREVISIONES CON RESPECTO A LA REGULACIÓN CON EFECTO RETROACTIVO DEL CÓMPUTO COMO TIEMPO COTIZADO DE LOS PERIODOS DE PRÁCTICAS O PROGRAMAS DE FORMACIÓN INVESTIGADORA Y PRÓXIMAS MEDIDAS A TOMAR.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
(Número de expediente 181/000429).
La señora PRESIDENTA: En este caso, le damos la palabra a don Pablo Pérez para formular las preguntas.
El señor PÉREZ CORONADO: Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Señor secretario de Estado, durante años miles de personas con contratos de investigación predoctoral y también posdoctoral trabajaron en universidades, hospitales, centros públicos y privados sin cotizar a la Seguridad Social. No hablamos
de estudiantes en prácticas, hablamos de personal contratado con dedicación plena, que desarrollaba tareas reales y muchas veces esenciales para el funcionamiento del sistema científico, pero su cotización fue cero, no por voluntad propia, sino
porque el marco legal de entonces era así. Y conviene recordar algo: no eran perfiles cualesquiera, en muchos casos eran los expedientes más brillantes de su promoción. Esto lo digo porque luego nos echamos las manos a la cabeza por la fuga de
talento. Cuando por fin se reconoció esa injusticia, ustedes, el Gobierno, respondieron con un decreto de regularización completamente inaceptable, que cargaba un coste enorme de la reparación sobre los propios afectados. Tres meses después se
corrigió algo, pero no fue una rectificación voluntaria, fue una reacción forzada por la presión pública, por las redes, por las quejas colectivas y por el trabajo incansable de plataformas como Afectados por las Becas o la COSCE. No es aceptable
que en España los investigadores tengan que hacerse virales para ser escuchados, merecen algo más de respeto, secretario de Estado. Señorías, entonces se aprobó un convenio especial, y es justo reconocer que se ha mejorado: se han bajado los
costes, se han ampliado plazos y se ha permitido mayor flexibilidad, pero sigue siendo una reparación a medias.
Por eso, señor secretario de Estado, le formulo tres preguntas concretas: ¿cuántas personas se han acogido al convenio especial desde su entrada en vigor? ¿Cuántas solicitudes siguen en trámite? ¿Y cuántas han sido rechazadas o devueltas
por falta de documentación?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchísimas gracias por la pregunta, porque me da pie a recordar de dónde viene esta medida.
Esta es una medida que trata de reparar una situación de injusticia -estamos absolutamente de acuerdo- con un colectivo que en el pasado había sido injustamente tratado y al que se le dio una respuesta que no fue una respuesta completa, pero
sí una primera respuesta en el año 2011, con el presidente Zapatero. El Real Decreto 1493/2011 ya estableció la posibilidad, a través de un convenio especial suscrito con la Seguridad Social, de recuperar, entonces eran dos años, de esos periodos
formativos que no daban lugar a la cotización. Esto se ha reparado ya de forma definitiva no solo para esos investigadores, no solo para los más brillantes -que me alegro mucho por ellos-, sino también para todos los estudiantes que realizan
prácticas formativas. Y esto ha supuesto -y ahora voy al convenio especial y a quienes han suscrito ese convenio especial- que un millón y medio -repito, un millón y medio, lo he dicho antes en mi intervención- de estudiantes que han realizado
prácticas formativas, curriculares o extracurriculares a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero del año pasado y el 30 de junio de este año hayan estado en alta en la Seguridad Social. Esto es extraordinariamente positivo. Pero,
además, precisamente para dar respuesta a la situación -que le puedo garantizar que yo conozco muy bien- de investigadores y de profesores universitarios que estuvieron durante muchos años en situaciones de máxima precariedad, sin cotizar a la
Seguridad Social y haciendo un esfuerzo extraordinario en sostener y en impulsar la universidad pública, a este colectivo, el año pasado, a través de la Orden ISM/386/2024, se les dio la posibilidad de rescatar esos periodos formativos que no se
habían rescatado, de manera que en esas situaciones concretas a las que usted se ha referido no solo se permitían rescatar los cinco años que se aplican a todo el mundo, sino también los dos años adicionales para llegar a siete, en el caso de que no
se hubieran acogido a ello en el año 2011 o en los años posteriores. Esto, con una regulación más generosa, ha beneficiado a 14 000 investigadores.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor Pérez Coronado pide la palabra).
Sí, dígame.
El señor PÉREZ CORONADO: Señora presidenta, me queda un minuto de tiempo.
La señora PRESIDENTA: Pues se ha borrado el programa, pero no hay problema. Te doy la palabra.
El señor PÉREZ CORONADO: Gracias.
Señor secretario de Estado, sinceramente, me sorprende que no me haya dado respuesta, porque está mezclando churras con merinas. Nosotros estamos preguntando por aquellos investigadores predoctorales y posdoctorales que fueron contratados
sin el aporte a la Seguridad Social a cargo del trabajador y con cargo a la empresa. Porque no basta con anunciar una medida en el Boletín Oficial del Estado, hay que hacer un seguimiento de la medida para ver si es efectiva, si está teniendo éxito
entre el colectivo o no, porque es un colectivo suficientemente importante en este país como para tenerles satisfechos y atendidos. Porque luego se nos llena la boca con lo de la fuga de talentos, cuando ustedes, desde el Gobierno, los están
maltratando.
Muchas gracias. (Aplausos).
- MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE SE REDUZCA LA TASA DE NON TAKE-UP Y SE LLEGUE A PORCENTAJES ACEPTABLES DE LOS HOGARES ELEGIBLES QUE SOLICITEN LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
(Número de expediente 181/000420).
- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA NECESARIA MEJORA DE DISEÑO DE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
(Número de expediente 181/000421).
- MEDIDAS PARA IMPULSAR Y GENERALIZAR DESDE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, NUEVAS ACTUACIONES QUE REFUERCEN LOS ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL VINCULADOS AL INGRESO MÍNIMO VITAL.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
(Número de expediente 181/000274).
La señora PRESIDENTA: Vamos con las preguntas 181/000420, la 181/000421 y la 181/000274, relativas mayoritariamente al ingreso mínimo vital.
Las formula la diputada Patricia Rodríguez Calleja.
La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias, señor secretario de Estado.
Vamos a hablar hoy del ingreso mínimo vital, una medida que ustedes anunciaron a bombo y platillo como un gran avance. Pertenecía a ese escudo social progresista del que tanto presumen, pero ni escudo ni social ni mucho menos progresista,
porque cinco años después se ha convertido en el ejemplo más claro de una política mal diseñada, mal gestionada y absolutamente ineficaz, que lo único que consigue es cronificar la pobreza. Y, si no, mire cómo España se ha convertido en líder de
pobreza infantil en Europa; no le digo más.
Le pregunto directamente: ¿qué va a hacer su Gobierno para mejorar el diseño del ingreso mínimo vital y reducir de una vez por todas la altísima tasa de hogares que, siendo elegibles, no solicitan el conocido como non take-up? Dígame, ¿qué
medidas están tomando para corregir este fallo estructural y evitar que más de la mitad de los hogares en situación de pobreza severa sigan quedándose fuera? En su primera intervención ha hablado usted de la inercia sobre las críticas al ingreso
mínimo vital. Y, dígame, si funciona tan bien, ¿por qué pretenden modificarlo vía enmiendas intrusas a la ley de impulso de la economía social? ¿De verdad creen que un mal diseño se puede solucionar con un parche camuflado en una ley que no tiene
nada que ver?
Espero sus respuestas. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene el turno el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias por la pregunta, que me permite poner en valor una política extraordinariamente positiva, extraordinariamente relevante en términos de acción
protectora y de culminación de nuestra acción protectora pública, que es el ingreso mínimo vital. Llevábamos mucho tiempo, muchos años con recomendaciones de la Unión Europea, que nos decía que teníamos un sistema de rentas mínimas en nuestro país
muy deficiente. Y lo que se hizo en 2020, en un momento extraordinariamente complicado -porque estamos hablando del mes de mayo de 2020, en el periodo en el que la pandemia golpeaba de forma más dura-, fue poner en marcha un sistema, y lo único que
hemos hecho desde entonces ha sido mejorar. Es -lo he dicho antes- una prestación extraordinariamente compleja de gestionar por las propias características de las situaciones que trata de proteger, por esa situación de especial vulnerabilidad de
las personas a las que trata de proteger. Pero me resulta increíble que no tengamos la capacidad de poner en valor el hecho de que, ahora mismo, esta última nómina del mes de junio haya llegado a más de 730 000 familias, a más de 730 000 hogares
que antes no tenían nada, que se encontraban en una situación de máxima desprotección.
Evidentemente queda mucho por hacer y tenemos que seguir actuando. Uno de los elementos en los que se ha trabajado durante estos cinco años de aplicación de esta medida ha sido la evaluación constante de los resultados y la identificación
permanente de las mejoras en la gestión que se pueden introducir. Y con ese espíritu de mejora seguimos trabajando. Evidentemente hay que llegar más lejos, pero pensar
que con 730 000 prestaciones abonadas este último mes esto es un fracaso me parece una exageración, sinceramente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Turno de réplica, señoría.
La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias.
Esto no es una opinión política, lo ha dicho claramente el Tribunal de Cuentas en un informe demoledor: la gestión del ingreso mínimo vital es deficiente, falta planificación, sobran errores administrativos y no hay control eficaz del
gasto. Lo ha dicho también el Defensor del Pueblo.
Ustedes han reclamado ya más de 500 millones de euros a familias vulnerables por supuestos cobros indebidos. Familias que apenas llegan a fin de mes y que ahora, además, tienen que enfrentarse a deudas con la Seguridad Social con
inasumibles intereses de demora por errores que en muchos casos son responsabilidad exclusiva de su Administración. Señoría, ¿de verdad creen que una familia en situación de pobreza extrema puede devolver 2000, 3000, 4000 o 5000 euros por un error
en una ayuda que se supone que era precisamente para garantizar su subsistencia? ¿Han hablado con la plataforma de afectados por el IMV? Espero que sí, porque este grupo parlamentario ha solicitado su comparecencia y la Mesa del Congreso -donde
PSOE y SUMAR tienen mayoría- la han vetado. Me parece una bonita forma de escuchar los verdaderos problemas de los que más difícil lo tienen.
Y, mientras tanto, los pagos llegan tarde, se suspenden sin justificación, los expedientes se retrasan meses y muchas personas ni siquiera entienden cómo acceder a la prestación. Todo esto pone el IMV en el punto de mira de Europa, que ya
ha cuestionado su eficacia real para combatir la pobreza.
La señora PRESIDENTA: Termine, portavoz.
La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Asuman su responsabilidad, señor secretario de Estado...
La señora PRESIDENTA: Se le termina el tiempo, portavoz.
Voy a ser muy estricta en las preguntas, y lo saben.
La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: ... y el problema no son los beneficiarios.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias.
Telegráficamente. Lecciones de sensibilidad con las personas que están en situación de vulnerabilidad no podemos aceptar.
Segundo, el diseño en el plano europeo es pionero y no hay más que ir por Europa y ver el reconocimiento que hay de esta política.
Y llamaría la atención también sobre las comunidades autónomas que han retirado sus rentas mínimas aprovechándose del ingreso mínimo vital.
- PREVISIONES ACERCA DE INTRODUCIR AJUSTES O MEJORAS EN EL SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TIEMPO QUE LLEVA IMPLANTADO.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001266).
- PLAZO MEDIO DE TIEMPO DE DEVOLUCIÓN A LOS AUTÓNOMOS DE LAS CANTIDADES RESULTADO DE SOBRECOTIZACIONES POR PLURIACTIVIDAD Y, EN EL CASO DE SOBRECOTIZACIÓN POR PAGO DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, PREVISIONES DEL GOBIERNO ACERCA DE
IMPLEMENTAR ALGÚN SISTEMA QUE AGILICE LA DEVOLUCIÓN AL COTIZANTE.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001265).
- EVALUACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL IMPACTO DEL NUEVO SISTEMA EN LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001264).
La señora PRESIDENTA: Vamos con las preguntas 1266, 1265 y 1264. ¿Se me escucha? (Pausa). ¿Sí?
Las formula la diputada Alma Alfonso. ¿Correcto? (Pausa).
La señora ALFONSO SILVESTRE: Gracias, presidenta.
Señor secretario de Estado, le planteo varias preguntas que preocupan mucho a los trabajadores autónomos.
Han pasado ya más de treinta meses desde que entró en vigor el sistema de cotización por ingresos reales. ¿Tiene previsto el Gobierno introducir ajustes o mejoras? ¿Puede decirme cuál es el plazo medio de devolución a los autónomos de las
cantidades pagadas en exceso por pluriactividad? ¿Dispone el Gobierno de una evaluación del impacto real del nuevo sistema en la formalización de la actividad y en la lucha contra el fraude? Y, por último, ¿el Gobierno va a atender las
reclamaciones de los afectados por la DANA?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias, señoría.
Evidentemente, estamos trabajando permanentemente en la mejora del sistema. Creo que -lo he tratado de exponer en mi intervención previa, en la comparecencia- se ha hecho un enorme trabajo con un resultado francamente positivo a la hora de
aplicar todo el proceso de regularización.
Pero sobre todo estamos emplazados y la próxima semana vamos a reunirnos con las asociaciones de autónomos, con los sindicatos y la patronal para abrir un proceso de diálogo que nos permita no solo encaminar el sistema en los próximos años
en el despliegue de los tramos de cotización, sino también introducir todas las mejoras que se consideren necesarias. Punto primero.
Punto segundo. Sobre la pluriactividad. La situación de pluriactividad en esta ocasión -y este es uno de los elementos que ya tenemos identificados y que vamos a mejorar para próximos ejercicios de regularización- ya se ha culminado a lo
largo del mes de junio. En este caso ha habido que acabar primero todo el proceso de regularización correspondiente al año 2023 y, tal y como estaba previsto en la normativa, una vez acabado ese proceso de regularización, se ha llevado a cabo la
devolución de aquellas situaciones de pluriactividad, que, por otro lado, son autónomos que tienen una mayor capacidad y por tanto es razonable que prioricemos por qué punto empezamos.
Sobre el impacto que esto tiene en todos los sentidos -de lucha contra el fraude y de la propia marcha de la actividad por cuenta propia- estamos analizando exhaustivamente toda esa información y hemos tenido en los últimos meses sucesivas
reuniones con los interlocutores, con los actores en esta materia, para compartir esa información. Y lo vamos a hacer, vamos a profundizar en ello en las próximas reuniones que tengamos en este proceso que iniciamos ahora.
Y, respecto de los afectados por la DANA, quiero recordar que esa reforma del año 2022 establecía una nueva regulación del cese de actividad que contemplaba, entre otras -y esto era una novedad-, precisamente las situaciones de fuerza mayor.
Para mejorar algún aspecto que había que era mejorable, se introdujeron medidas que se aplicaron durante los primeros meses para atender esas situaciones de necesidad. Y con esto constatamos que vamos por la buena dirección, en la dirección
correcta, y, desde luego, en este proceso de negociación llegaremos más lejos.
La señora PRESIDENTA: Es el turno de Alma.
La señora ALFONSO SILVESTRE: Señor secretario de Estado, estas preguntas no se las hago solo yo como representante del Grupo Popular; estas preguntas se las hacen los trabajadores autónomos, que lo están pasando muy mal. Y escuchándole
estarán todavía peor, porque sus respuestas son una vergüenza.
El sistema de cotización por ingresos reales implantado por su Gobierno es una vergüenza, ha creado injusticia e inseguridad jurídica. ¿De verdad no van a hacer nada para mejorarlo? Miles de autónomos han sobrecotizado y siguen esperando
que les devuelvan su dinero. Mientras que a ellos se les exige que paguen al día, ustedes, en cambio, están tardando hasta catorce meses en devolverles su dinero. Otra vergüenza.
Y siguen sin informar de los efectos reales del nuevo sistema de cotización porque su Gobierno ha abandonado a los autónomos españoles. El sistema de cotización por ingresos reales impulsado por su Gobierno es una vergüenza. Y, hablando
del abandono a los autónomos, Valencia se lleva la peor parte. En Valencia, los autónomos afectados por la DANA siguen esperando unas ayudas que anunciaron ustedes a bombo y platillo, pero no han llegado. Y siguen esperando a que prorroguen las
ayudas por cese de actividad. En Valencia, los autónomos afectados por la riada están sufriendo un castigo fiscal. Le pongo un ejemplo real: Rafa tiene una pastelería en Aldaya. Ha reabierto el negocio gracias a ayudas privadas, pero resulta que
de los 100 000 euros que ha recibido de ayudas privadas tiene que devolver 23 000 euros en impuestos públicos. ¿Así ayuda su Gobierno a los autónomos? Es una vergüenza, no se me ocurre otra palabra.
El Partido Popular les propone medidas para ayudar de verdad a los autónomos españoles: menos trabas, menos burocracia y más seguridad jurídica. Revisen el sistema de cotización; devuelvan automáticamente las cuotas a los autónomos en
treinta días como máximo; apoyen de verdad a los autónomos en zonas catastróficas como Valencia, con un plan específico, con ayudas reales. Los autónomos les están pidiendo ayuda. Los españoles les estamos pidiendo que tengan vergüenza y actúen
en consecuencia.
Desgraciadamente, también sabemos que, en su caso, es demasiado pedirle.
Gracias. (Aplausos).
- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA MEDIDA DE COMPATIBILIDAD DE INGRESOS PROCEDENTES DE RENTAS, DE TRABAJO O DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA CON LA PERCEPCIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
(Número de expediente 181/000273).
La señora PRESIDENTA: Vamos a por la pregunta 273.
En este caso, es la diputada Isabel Gema Pérez quien la formula.
La señora PÉREZ RECUERDA: Gracias, presidenta.
Gracias, señor secretario de Estado, y bienvenido a esta Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Permítame decirle que acudimos a esta comparecencia con muchas dudas y con muy pocas certezas respecto de la gestión que el Gobierno está haciendo del ingreso mínimo vital. Venimos a esta comisión con una sensación que, desgraciadamente, se
repite demasiado: muchas promesas, muchos anuncios y pocos resultados. Según el Tribunal de Cuentas, el efecto non take-up podría situarse en el 60,17 %, y solo estaría llegando al 20,78 % de las personas en situación de pobreza severa. También
dice que el 68,38 % de los solicitantes no logró acceder a la prestación, un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta los altos niveles de non take-up.
Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos defendido la necesidad de articular políticas sociales eficaces, justas y orientadas a la inclusión real de las personas en situación de vulnerabilidad. Queremos centrarnos en una cuestión
concreta: la compatibilidad del ingreso mínimo vital con los ingresos del trabajo. Una medida que sobre el papel suena bien porque busca que las personas no tengan que elegir entre tener un empleo o seguir cobrando una prestación, pero que, en la
práctica, está plagada de obstáculos burocráticos, falta de información y, lo que es más grave, un impacto real muy por debajo de lo prometido. ¿Creen ustedes que, con esta compatibilidad, se está incentivando el empleo o, por el contrario, está
cronificando la dependencia del sistema?
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos en una política social seria, con resultados y que ofrezca oportunidades reales. Por eso, exigimos claridad, transparencia y voluntad de mejora.
Señor secretario de Estado, le preguntamos: ¿cuál es su valoración real del impacto de esta medida? ¿Cuántas personas se han beneficiado? ¿En qué condiciones y con qué resultado? ¿Está funcionando como un incentivo al empleo o, como nos
tememos, se ha convertido en otra promesa incumplida?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias.
Yo, más que hablar de promesas, voy a hablar de hechos y voy a hablar de datos concretos. Me pedía usted datos al final de su intervención.
Han sido, decía antes, 736 000 las prestaciones abonadas en la última nómina del mes de junio. 736 000 hogares que han percibido el ingreso mínimo vital, hogares donde viven 2 253 000 personas. Más datos. La cuantía media de esta
prestación ha sido de 522 euros. Le ofrezco algún dato más. Tomando como referencia todo el periodo de despliegue de esta medida, en estos cinco últimos años ha habido casi 1 050 000 hogares que se han beneficiado de esta prestación. Y esto ha
llegado a más de 3 120 000 personas, de los cuales una parte muy importante -más de un 43 %- son niños. Estos datos no significan que no haya problemas, pero, desde luego, la magnitud del problema si esta prestación no existiera, puede usted estar
segura de que sería mucho mayor.
A eso hay que añadir también que, evidentemente -y lo he dicho antes-, hemos tenido problemas de gestión en el inicio, que fue muy complicado en mitad de la pandemia, pero esos problemas de gestión se han ido resolviendo, se ha ido
mejorando. Y seguimos trabajando día a día para lograr una mejor atención, una mejor información y atención de los beneficiarios. Tenemos un teléfono específico, el 020, para cubrir este tipo de situaciones. Y, además, hemos introducido un
mecanismo que lo que busca es favorecer que aquellas personas que tienen la posibilidad vuelvan al mercado de trabajo. Se trata de favorecer la inclusión social y la inclusión laboral. Y para eso tenemos un diseño, un mecanismo dirigido a
favorecer esa integración en el mercado de trabajo, que es el incentivo para el empleo. Y esto supone, entre otras cuestiones, que más de 50 000 personas estén realizando una actividad por cuenta propia en el RETA y sean beneficiarios del ingreso
mínimo vital.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada.
La señora PÉREZ RECUERDA: Gracias, señor secretario de Estado.
Tras escuchar su intervención y su respuesta lamentamos constatar, una vez más, que este Gobierno sigue más preocupado por defender su relato que por corregir sus errores. La compatibilidad del ingreso mínimo vital con ingresos del trabajo
era y sigue siendo una buena idea, pero está mal ejecutada, mal comunicada y tiene un impacto real muy por debajo de lo que ustedes prometieron.
Desde el Grupo Parlamentario Popular lo decimos alto y claro: hay que reforzar el acompañamiento, simplificar los trámites, dar seguridad jurídica a los preceptores y, sobre todo, hacer que trabajar siempre compense más que depender de una
prestación. Este país necesita una política social seria, eficaz y orientada a sus resultados. Y si ustedes no están dispuestos a hacerlo, no se preocupe, que nosotros lo haremos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias.
En relación con las situaciones de compatibilidad de los preceptores del IMV con el trabajo, tenemos ese instrumento al que me refería antes, el incentivo al empleo, que es un instrumento que ha beneficiado a 250 000 hogares en el año 2024 y
que ha permitido que esos hogares dispongan ahora de un mayor nivel de ingresos del que habrían dispuesto sin la existencia de ese mecanismo.
- NÚMERO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAN VISTO REDUCIDA E INCREMENTADA SU CUOTA RESPECTO AL SISTEMA ANTERIOR.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001263).
- RECAUDACIÓN TOTAL OBTENIDA POR LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024 DERIVADA DEL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
AUTOR: GARRIDO VALENZUELA, IRENE (GP)
PRIETO SERRANO, MARÍA ISABEL (GP)
ACEDO REYES, SOFÍA (GP)
ALFONSO SILVESTRE, ALMA (GP)
BELMONTE GÓMEZ, RAFAEL BENIGNO (GP)
GARRE MURCIA, CRISTÓBAL (GP)
PÉREZ RECUERDA, ISABEL GEMA (GP)
SÁNCHEZ TORREGROSA, MARIBEL (GP)
OLANO VELA, JAIME EDUARDO DE (GP)
VÁZQUEZ BLANCO, ANA BELÉN (GP)
(Número de expediente 181/001262).
La señora PRESIDENTA: Vamos con las preguntas 1263 y 1262 agrupadas.
Es a don Cristóbal Garre Murcia a quien le toca formularla.
El señor GARRE MURCIA: Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señor secretario de Estado, por su intervención, que no compartimos, lógicamente en muchos de los aspectos, sobre todo en lo que coinciden mis compañeros, en la ejecución. La idea es buena; la ejecución es nefasta. Sobre todo,
también en el trato que debe recibir un autónomo en nuestro país.
He mirado un poco su currículum. Tiene un currículum académico impresionante, también algo práctico. Veo que usted fue asesor de ministro y de Ministerio de Seguridad Social y de Trabajo en la época de Zapatero, con lo cual les debo esto a
los autónomos -porque yo llevo veinticinco años cotizando y esto me lo han preguntado mucho-: ¿qué pasó que no llegaron esos brotes verdes? ¿Y qué pasó en aquella época en la que usted estaba en primera fila? Espero que nos dé unas pinceladas de
qué pudo pasar en aquel momento. Sé que no hay mucho tiempo, pero me gustaría debatir un poquito eso con usted.
Los autónomos son personas que exponen su patrimonio, no son personas que están explotando a trabajadores. Son personas que exponen su patrimonio, su vida, su familia, y puede que esto les vaya bien o no les vaya bien. Solamente me voy a
intentar ceñir a las preguntas, porque no hay mucho tiempo, y referirme sobre todo al tema de Seguridad Social y coordinación con Hacienda en este sistema nuevo de implantación de la cotización por ingresos reales. Esa coordinación no está siendo
todo lo que debería y es la clave para que funcione el sistema, esa coordinación entre Seguridad Social y Agencia Tributaria. ¿Tienen previsto de alguna forma mejorar este sistema para que los datos se obtengan mucho antes y las prestaciones o las
devoluciones pudieran llegar a tiempo a sus preceptores?
Tenemos dos tipos de personas: los que han pagado de más y los que han pagado de menos. Los que han pagado de menos no pueden tener un solo mes de plazo para pagarlo de golpe, por todo este tiempo acumulado. ¿Han previsto algún sistema
específico distinto de los que recoge la normativa para poder acogerse a él? Y en cuanto a los que han pagado de más, ¿para cuándo esa devolución? Esas 500 000 personas que reconocen que no han tenido ni siquiera la solicitud de esta devolución.
¿Puede ser que haya fallado el sistema? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Le insisto, los autónomos necesitan transparencia y responsabilidad, y lo mínimo que se puede hacer por parte de la Administración es estar a la altura.
Me gustaría, en los treinta y seis segundos que me quedan quiero decirles, sobre todo a sus compañeros socialistas, que en la época en la que usted estaba de asesor se obtuvieron -a través de la inercia- los peores datos de desempleo de la
historia. Basta del relato de que en la época de Rajoy llegamos a 6,5 millones de desempleados. Por favor, aclárele eso a sus compañeros, para que dejen de mentir a la población y dejen de engañar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES (Suárez Corujo): Muchas gracias, señoría.
Por partes. Los dos bloques que ha abordado, voy a empezar primero por lo que me parece más neutro y más técnico. Voy a tratar de darle una respuesta lo más precisa posible en relación con la coordinación, que es una preocupación que hemos
tenido desde el principio: la coordinación de la Agencia Tributaria con las Haciendas forales. Se ha trabajado y se han celebrado múltiples reuniones durante todos estos meses, y esas reuniones y esos contactos siguen siendo permanentes.
Sinceramente, el proceso que se ha llevado a cabo es un proceso muy complejo y, sí, incidencias, claro que ha habido. Pero ustedes saben perfectamente que, si hubiera habido graves problemas esto habría sido un asunto que hubiera saltado a la
opinión pública, y no lo ha hecho. Y, sinceramente, creo que debemos felicitarnos de ello, porque realmente la Administración -al margen del color político del Gobierno- ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer, y lo ha hecho muy bien. Esta
es una gran noticia para todos. Esto, por un lado.
Por otro lado, me habla usted de las devoluciones. Quienes cotizaron de más ya han recibido -puede haber incidencias puntuales- esas devoluciones, respetando escrupulosamente el calendario que estaba establecido en ese Real Decreto Ley
13/2022, que ustedes también apoyaron. Con lo cual, me desconcierta un poco esa apreciación.
Y luego, en relación con la situación del año 2008. Puestos a mirar atrás, yo recordaría que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo se aprobó en el año 2007 con el Gobierno de Zapatero; que, en el año 2008 o un poquito antes, estalló una
crisis que no afectó solo a España, sino que afectó a todo el mundo. Y fue
una crisis de una envergadura sin precedentes desde el crac del 29. Además de eso le recordaría, con respecto a los datos de desempleo a los que se refería cuando interpelaba a los miembros del Grupo Socialista, por ser escrupuloso -que
creo que hay que serlo en estos debates-, que la tasa de desempleo más alta no se produjo durante los años del Gobierno de Zapatero, sino durante los años del Gobierno de Rajoy.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señoría, le quedan diez segundos, si quiere utilizarlos.
El señor GARRE MURCIA: Solo quiero darle las gracias por su intervención, por la comparecencia y por la respuesta que nos ha dado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, portavoz.
Por siete minutos no podemos decir aquello de: 'son las cinco y no hemos comido'.
Quería dar las gracias primero a los servicios de la Cámara. Gracias por asistirnos en una comisión que no ha sido corta precisamente.
He de agradecer también la comparecencia del secretario de Estado.
Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las cuatro y cincuenta y tres minutos de la tarde.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.