CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 375

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LÍDIA GUINART MORENO

Sesión núm. 9

celebrada el jueves,

26 de junio de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Minuto de silencio ... (Página2)


Ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las siguientes solicitudes de comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Martínez Perza), a efectos del artículo 44 del Reglamento:


- Para dar cuenta de la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Administraciones competentes. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000541) ... (Página2)


- Para dar cuenta de los objetivos del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/000466) ... (Página2)


Celebración, en su caso, de las comparecencias votadas favorablemente por la comisión ... (Página3)

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Comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Martínez Perza), a efectos del artículo 44 del Reglamento:


- Para dar cuenta de la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Administraciones competentes. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000541) ... (Página3)


- Para dar cuenta de los objetivos del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A petición del Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 212/000466) ... (Página3)


Se abre la sesión a las doce y tres minutos del mediodía.


MINUTO DE SILENCIO.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Muy buenas tardes a todas.


Junio suele serlo y, lamentablemente, este junio también está siendo un mes negro -muy negro y muy negativo- para la violencia machista. En tres días de Pleno hemos tenido que hacer tres minutos de silencio. Alejandra y su bebé Samuel
fueron asesinados ayer en Algemesí, en Valencia, y recientemente hemos tenido que lamentar y condenar los asesinatos de Maritza, Zunilda, Susana, Marisa... Son solo algunas de un total de 1311 mujeres asesinadas y de un total de 65 menores
asesinados. Esto, claro, desde que se contabilizan en España los asesinatos machistas por violencia de género y por violencia vicaria. Solo esta semana, un niño de corta edad y seis mujeres, a falta de confirmación de los últimos asesinatos. Una
de esas mujeres asesinada en el mes de mayo fue confirmada justo ayer como víctima mortal por violencia de género. Este drama, estos asesinatos no deben hacernos olvidar que se salvan muchas vidas gracias al sistema de protección, a las leyes y al
Pacto de Estado contra la Violencia de Género vigentes. Por todas ellas, y también por todos los menores asesinados, les pido que antes de comenzar guardemos un minuto de silencio. (La comisión, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).


Muchas gracias.


Antes de dar comienzo a la comparecencia y dar la palabra a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a la que agradecemos su presencia, quería dejar constancia de la indignación que como feminista y como
mujer me invade -y creo que puedo hablar por la mayoría de las aquí presentes- ante el conocimiento de comportamientos absolutamente reprochables, comportamientos y comentarios machistas que, vengan de quien vengan, deben ser siempre repudiados,
pero todavía más si provienen de quienes son o han sido representantes de la ciudadanía. Creo que, bien sea desde el abolicionismo de la prostitución o incluso desde otros posicionamientos políticos e ideológicos, este tipo de comportamientos deben
ser condenados, porque son intolerables en un sistema democrático basado en los derechos humanos y en la igualdad entre mujeres y hombres. Considero que es mi deber pronunciarme al respecto como presidenta de esta comisión que lucha contra todo
tipo de violencia machista.


RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA SOBRE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MARTÍNEZ PERZA), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA DAR CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADMINISTRACIONES COMPETENTES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000541).


- PARA DAR CUENTA DE LOS OBJETIVOS DEL NUEVO PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/000466).

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La señora PRESIDENTA: Y ahora sí, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la ratificación del acuerdo de la Mesa sobre las solicitudes de comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a efectos
del artículo 44 del Reglamento.


Les recuerdo que es una comparecencia a petición propia, a petición del Gobierno, y también a petición del Grupo Parlamentario VOX. ¿Se puede ratificar el acuerdo por asentimiento? (Asentimiento). De acuerdo.


CELEBRACIÓN, EN SU CASO, DE LAS COMPARECENCIAS VOTADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN.


COMPARECENCIA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MARTÍNEZ PERZA), A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO:


- PARA DAR CUENTA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADMINISTRACIONES COMPETENTES. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000541).


- PARA DAR CUENTA DE LOS OBJETIVOS DEL NUEVO PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 212/000466).


La señora PRESIDENTA: Pues pasamos al punto número 2, que es la celebración de estas comparecencias.


Tiene la palabra la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, doña Carmen Martínez Perza. Delegada, cuando quiera.


Gracias.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Martínez Perza): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias a la Mesa y a los asistentes a esta comisión.


Permítanme que yo también tenga un recuerdo para estas víctimas. Estamos destrozadas, como me imagino que estarán todas ustedes, por los asesinatos terribles que estos últimos días se han producido. Algunos los hemos podido confirmar y
otros están en proceso de confirmación; estamos recabando la última información necesaria para que todo sea correcto. Muertes que desde luego jamás tendrían que haberse producido; sufrimiento que seguramente ha habido tras estas muertes y en
periodos anteriores a ellas, el sufrimiento de estas mujeres y de este niño pequeñito de 3 años. Desde luego, esto que sucede, esta violencia machista, nos tiene que animar y dar fuerza para seguir trabajando con plena convicción en que tenemos que
ir de la mano todas las instituciones, todos los grupos parlamentarios, toda la sociedad para erradicar esta violencia.


Comparezco hoy ante esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género -les advierto que tengo mucho que contarles, porque mucho hemos trabajado- en cumplimiento del mandato
parlamentario de dar cuenta del estado de implementación del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se aprobó por el Pleno del Congreso a finales de febrero, así como de las distintas Administraciones que serán competentes en su
impulso y desarrollo. Esta era la primera tarea importante que teníamos para organizar cómo se va a ejecutar este pacto que recoge tantas medidas tan importantes.


En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a todos los grupos parlamentarios y también trasladar a todos los que han impulsado y apoyado este acuerdo el reconocimiento del Gobierno al trabajo legislativo y al amplio
consenso institucional que ha permitido su aprobación. Como decía, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección y reparación frente a las violencias machistas es una responsabilidad colectiva, y esta comparecencia es una muestra
más del ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno ante la Cámara, que fortalece la transparencia democrática, y en eso estamos.


Permítanme también expresar, en nombre de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, nuestro firme compromiso en la aplicación efectiva de las 461 medidas que contiene este pacto, que constituyen una hoja de ruta
importantísima, ambiciosa y necesaria para avanzar hacia lo que queremos, que es una sociedad libre de violencia contra las mujeres.

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A continuación, voy a detallar la información requerida sobre las Administraciones competentes en la ejecución del pacto, que son muchas -somos todas-, y también las líneas prioritarias de actuación para estos próximos meses. Asimismo,
quiero compartir con ustedes lo que estamos haciendo en este momento, sobre todo en las cuestiones más importantes. Y debo incidir también en que todo este trabajo lo hacemos en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, con las entidades
locales y con el conjunto del tejido institucional y social implicado.


Como saben, pues fueron ustedes protagonistas, se aprobó en el Congreso la renovación del pacto de Estado el 26 de febrero, con el respaldo de todos los grupos a excepción de VOX. Este acuerdo amplía el pacto de 2017 de 290 a 461 medidas,
esta vez destinadas a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia económica, la violencia digital, la violencia vicaria, la violencia sexual, la pornografía y la trata con fines de explotación sexual. Se trata
de una hoja de ruta renovada, que refuerza el compromiso del Estado y de todos los agentes implicados en la igualdad y en erradicar la violencia machista; y, en definitiva, refleja la voluntad institucional de poner todos los recursos del Estado al
servicio de la libertad y de la dignidad de las mujeres.


El pacto se estructura en diez ejes. Voy a hacer un repaso rápido. El primer eje es Sensibilización y prevención, que contiene 79 medidas, de la 1 a la 79, incluye apartados específicos de educación, campañas, comunicación y medios, y
sanidad. El segundo eje, Respuesta institucional: coordinación y trabajo en red, medidas de la 80 a la 207, incluye un apartado genérico, otro internacional, laboral, de seguridad, otro referido a sectores vulnerables y otro a justicia. El tercer
eje, Asistencia, ayuda y protección a las víctimas, comprende las medidas de la 208 a la 280, contiene también apartados específicos de justicia y seguridad, Administración, medidas en el ámbito laboral, rural, sanidad y discapacidad. El cuarto
eje, Asistencia y protección de menores, medidas de la 281 a la 330, incluye apartados específicos de violencia vicaria y protección de menores y de prevención de la violencia sexual, el acceso a la pornografía y otros contenidos no apropiados para
su edad. El quinto eje, Formación, contiene las medidas de la 331 a la 345. El sexto eje, Estudios y seguimiento estadístico, incluye las medidas de la 346 a la 368. El séptimo eje, Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y
otras instituciones, contiene las medidas de la 369 a la 384. Ya voy a ir terminando con los ejes. El octavo eje, Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres, medidas de la 385 a la 433, incluye los siguientes
apartados: genérico, violencia económica y violencia digital. El noveno eje, Compromiso económico, contiene las medidas de la 434 a la 450. Y el décimo eje, Seguimiento y evaluación del pacto, incluye las medidas de la 451 a la 461.


Durante el debate parlamentario se puso en valor la capacidad de diálogo entre los distintos grupos para alcanzar acuerdos, a pesar de las diferencias ideológicas, y creemos que esto refleja la importancia de la materia y nos impulsa a
trabajar en su ejecución. Este pacto renovado, que tiene una vigencia de cinco años y una dotación mínima de 1500 millones de euros, compromete a todas las Administraciones públicas, a la sociedad civil y a los demás agentes implicados en nuestro
objetivo común, que es la implementación de políticas de prevención, atención y reparación. Por tanto, el primer paso es hacer una primera aproximación al reparto de responsabilidades, a lo cual voy a proceder. De las 461 medidas del pacto, 256
son completamente nuevas, 128 han sido modificadas y actualizadas respecto al texto anterior y 77 se mantienen en los mismos términos que en 2017. Estamos ante un nuevo marco de acción estatal más amplio, más preciso y exigente; por tanto, también
había que hacer este nuevo reparto de responsabilidades. Se incorporan nuevos ámbitos de actuación que ya he mencionado: la erradicación de la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia digital y la pornografía. Se refuerza la lucha
contra otras formas ya contempladas, como la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual. Y se incluyen medidas relacionadas con el acoso sexual, el matrimonio forzado o la mutilación genital femenina. Asimismo, se presta especial
atención a la interseccionalidad y a los colectivos vulnerables, como, por ejemplo, las mujeres rurales, aquellas que tienen problemas de salud mental o de adicciones, mujeres con discapacidad, mujeres mayores o mujeres racializadas. Como saben, el
pacto se articula en estos diez ejes a los que me he referido y va acompañado de un compromiso económico. En definitiva, este pacto no se queda en palabras; este pacto concreta, aterriza y pone dinero para que se haga todo lo que está previsto.


Cada una de las 461 medidas cuenta con agentes responsables definidos para su impulso, porque nuestro objetivo es uno, utilizar todos los recursos del Estado para erradicar la violencia y para que las mujeres puedan rehacer su vida en
igualdad de condiciones, en libertad y libres de violencias, incidiendo también en la prevención. Precisamente, la medida 461 dice que la delegación del Gobierno tiene que

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concretar estas responsabilidades. Hemos estado haciéndolo, porque no es tan fácil hacer esto, pues son muchas medidas, pero hemos cumplido con el plazo previsto y hemos identificado Administraciones y entidades responsables. El documento
detalla en cada una de las medidas la Administración competente, sea la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales o los órganos constitucionales que no sean ninguno de los anteriores. La delegación del
Gobierno, aparte de detallar la entidad responsable de su desarrollo, también detalla los agentes que pueden estar implicados en su implementación, aunque no sean los responsables, ya sean ministerios, Administraciones territoriales o entidades
públicas. Esta concreción es clave y entendemos que será garantía de que haya resultados reales.


De las citadas 461 medidas, el Ministerio de Igualdad tiene competencia en 347 medidas. Concretamente, es corresponsable de 211 medidas y responsable exclusivo de 56 medidas. De todo esto van a poder tener información al detalle, porque
hemos puesto a disposición de todos ustedes el documento que ya hemos enviado. Este dato no es menor y representa un compromiso institucional claro. Que el Ministerio de Igualdad tenga competencia en 347 medidas y exclusivamente en 211 es un
compromiso muy importante. De estas medidas, 180 están asignadas directamente a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Dentro del ministerio también hemos desglosado: 9 son responsabilidad del Instituto de las Mujeres y 21
están asignadas de forma compartida a ambos departamentos, es decir, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y al Instituto de las Mujeres. Esta distribución evidencia el carácter operativo y transversal de los organismos
dependientes del Ministerio de Igualdad, cuya acción está concentrada especialmente en los ejes 1, 2 y 3 del pacto, es decir, en prevención, atención integral a las víctimas y protección. Es en estos ejes donde el ministerio ejerce sin ambigüedad
alguna su máxima responsabilidad política e institucional.


La necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y construir el cambio cultural hacia una sociedad plenamente democrática, plenamente igualitaria y no violenta nos interpela desde el renovado Pacto de Estado a todas las
Administraciones, a la sociedad civil y a la ciudadanía, pero lo hace de manera especial al Gobierno de España y a sus ministerios, también a las comunidades autónomas. Trabajar de manera coordinada, implicada y proactiva por la protección de las
víctimas salva vidas. Asegurar la atención integral con recursos suficientes, perspectiva de género y formación adecuada garantiza vidas recuperadas. Toda actuación que no suponga un posicionamiento sin flaquezas contra la violencia machista, por
la igualdad real entre hombres y mujeres, todo posicionamiento político que no enfrente de manera valiente el negacionismo y las posiciones reaccionarias, que ponga en duda la transformación social de hombres y mujeres por la igualdad y la no
violencia, pone en peligro vidas. Lo tenemos muy claro.


Señorías, las comunidades autónomas desempeñan un papel fundamental para llevar a cabo las políticas públicas que protejan a las víctimas. Reflejo de ello es el hecho de que figuren como corresponsables en 215 medidas y como responsables
exclusivas en 9 medidas, y ello en base a las competencias que tienen asignadas por sus propios Estatutos de Autonomía. Por ejemplo, deben garantizar que la formación del profesorado incluya competencias en igualdad, prevención de la violencia y
resolución pacífica de conflictos, tal y como establece la medida 15; así como impulsar planes de estudio especializados y materias sobre prevención desde la Educación Infantil y Primaria, medida 16, además de asegurar que el máster de acceso a la
docencia de Secundaria contemple un módulo obligatorio sobre esta materia, medida 17. En el ámbito de la coordinación judicial, corresponde a las comunidades autónomas velar por el cumplimiento efectivo de la prohibición de la coordinación parental
para proteger a las víctimas, medida 191; por supuesto, en las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia. Asimismo, deben facilitar el acceso a recursos especializados, incluso fuera del municipio de residencia,
garantizando la atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia, medida 252. En la protección y rehabilitación de los agresores menores de edad, las comunidades autónomas deben implementar programas con perspectiva de género y sistemas de
evaluación rigurosos, medida 320, al tiempo que impulsar la formación especializada de profesionales jurídicos, especialmente en pruebas periciales, medida 336. También es competencia de las comunidades autónomas revisar y actualizar periódicamente
protocolos y normativas para que respondan a las necesidades actuales, medida 378, y para reforzar la protección de las víctimas de trata en sus territorios, medida 395.


Por su parte, es en el nivel local donde se materializan las acciones más cercanas y efectivas para prevenir, atender y proteger a las víctimas. Las entidades locales desempeñan un papel fundamental y decisivo en la implementación de las
políticas públicas contra esta grave vulneración de derechos

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humanos. Están al lado de las víctimas y las víctimas tienen un mejor acceso a las entidades locales. Aparecen como corresponsables en 98 medidas y como responsables exclusivas en 4, a las que me voy a referir. La medida 72 contempla la
elaboración de un modelo de ordenanza municipal de publicidad no sexista para que todos los ayuntamientos cuenten con una herramienta que elimine la representación sexista en los espacios públicos. La medida 249 establece la creación y
fortalecimiento de comisiones y consejos locales y comarcales de igualdad, con un enfoque interseccional que garantice la participación plural y la representación de todas las realidades. La medida 250 se detalla de la siguiente manera:
constitución de mesas de coordinación permanentes para facilitar el seguimiento, la evaluación de los protocolos y la mejora continua de la prevención. Es importantísimo el papel de las entidades locales aquí. Por último, la medida 381 exige
ofrecer a la Policía Local una formación específica y continua en la intervención con víctimas de todas las formas de violencia machista. Como decíamos, esto pone de manifiesto el carácter multilateral del pacto, pero también la necesidad de una
coordinación interinstitucional eficaz que, como saben, lideramos también desde el ministerio. Tenemos esa encomienda de realizar la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno.


Ahora me voy a referir al resto de ministerios que no son el Ministerio de Igualdad. Destaca el papel del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que actúa como corresponsable en 64 medidas y como responsable
exclusivo en 20 medidas. Asume también, por tanto, un papel central, un papel comprometido, impulsando una serie de medidas legislativas y organizativas esenciales para proteger a las víctimas y garantizar la justicia efectiva en estos casos. A
modo de ejemplo, entre las medidas que asume en exclusiva está la de garantizar la asistencia jurídica gratuita para víctimas de violencia sexual, medida 173; proteger a las personas menores de edad para evitar que declaren en situaciones
traumáticas, medida 175; incorporar la convivencia como agravante en delitos de violencia de género y doméstica, medida 177; y reforzar la obligación de los Juzgados de Familia de detectar casos de violencia de género para proteger a niños, niñas
y adolescentes, medida 179. Mejorar la protección judicial para víctimas de trata y ampliar su asistencia legal durante todo el proceso judicial son las medidas 192 y 194 que también competen a Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Establecer prohibiciones claras para que los agresores no puedan acercarse ni comunicarse con sus víctimas ni en persona ni por ningún medio digital, medidas 201 a 204. Y también son los responsables de incorporar la violencia digital de género en
la legislación, sancionando la difusión ilícita de imágenes y deepfakes, medidas 322, 411 y 424.


Pasamos a otro ministerio muy importante en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, que es el Ministerio del Interior. Asume la responsabilidad exclusiva en 18 medidas para fortalecer tanto el marco institucional y operativo
como los sistemas de protección y prevención. Paso a señalar algunas de estas medidas, como extender las Unidades de Atención a la Familia y Mujer, UFAM, de la Policía Nacional y los Equipos Mujer-Menor, EMUME, de la Guardia Civil a todo el
territorio nacional, asegurando la atención especializada, especialmente en el medio rural y en municipios que no sean capitales, que es la medida 141. Incrementar y dotar de recursos a las unidades policiales especializadas en violencia de género,
que deben prestar atención 24/7, contando con herramientas necesarias para la protección efectiva. Estas son las medidas 208 y 214 de Interior. Incrementar la protección de las víctimas en momentos de especial riesgo, como en procesos de
separación, custodia o problemas de acceso a la vivienda, así como situaciones de vulnerabilidad, como discapacidad o problemas de salud mental, medida 215. Ampliar y formar a efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación,
protección y asistencia especializada, especialmente para mujeres y personas menores de edad con discapacidad víctimas de trata, explotación y matrimonio forzado. Son las medidas 223 y 224. Fortalecer la colaboración con entidades especializadas
en la lucha contra la trata y mejorar la recogida de datos, seguimiento policial -incluyendo el uso de dispositivos telemáticos para alerta y control-, medidas 228 y 231. El Ministerio del Interior tiene también un papel importante en otras medidas
de las que son corresponsables.


Le siguen con cifras también relevantes otros ministerios como el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; el Ministerio de Trabajo y Economía Social, o el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Asimismo,
le siguen otros órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, que es corresponsable en 20 medidas; el Congreso y el Senado, con 23 medidas, y la Fiscalía General del Estado, que aparece en este caso como responsable de una única
medida, que es la medida 59.

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En cuanto a los agentes ya no responsables, pero sí implicados -decía al principio que también hemos concretado aquellos otros agentes implicados en el cumplimiento y en el desarrollo de las medidas del pacto-, conviene volver a destacar el
Ministerio de Igualdad. Tenemos responsabilidad directa en una serie de medidas a las que me he referido, pero también tenemos implicación en otras medidas. El Ministerio de Igualdad figura como implicado en 136 medidas adicionales, además de las
referidas al principio, de las cuales en 31 aparece como único agente implicado. Este dato refuerza aún más el papel estructural del Ministerio de Igualdad en todo el despliegue del pacto de Estado. Por último, en lo relativo a la implicación de
otras administraciones, las comunidades autónomas y las entidades locales además de ser responsables de una serie de medidas tienen implicaciones en otras: las comunidades autónomas en 223 medidas y las entidades locales en 130 medidas, en algunos
casos como únicos agentes implicados también. Entre otros ministerios destacados como implicados, está Interior, implicado en 57 medidas; Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con 86 medidas en las que está implicado además de las que
es responsable; Derechos Sociales, 23 medidas; Educación, 20 medidas. Como ven, el pacto es una responsabilidad compartida entre todas las Administraciones e instituciones. Se trata de una hoja de ruta exigente, una herramienta para la acción
política, para la coordinación institucional, para la rendición de cuentas y, sobre todo, para cambiar vidas, que es lo importante.


Medidas de la delegación del Gobierno. Voy a entrar en detalle en las medidas que nos corresponden porque ya estamos trabajando mucho en ellas. El Ministerio de Igualdad no solo lidera el desarrollo del pacto, sino que también ejerce, como
decía, la responsabilidad directa y exclusiva en un número sustancial de medidas, en 48, principalmente a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como es lógico también. Se trata de actuaciones estratégicas que
-entendemos- consolidarán el liderazgo del ministerio en esta materia desde una perspectiva feminista interseccional e -importante- de derechos humanos. En el eje de sensibilización y prevención estamos ya impulsando -y seguiremos haciéndolo-
campañas institucionales específicamente dirigidas al entorno laboral, en coordinación con patronales, sindicatos y empresas. Asimismo, se trabajará conjuntamente para reforzar la actuación del Observatorio de Igualdad en Radio Televisión Española,
que es la medida 62, garantizando la participación de Administraciones, organizaciones feministas y entidades del ámbito social con el impulso político y técnico del ministerio. En materia de respuesta institucional reconocemos el papel fundamental
del tejido feminista y social en situaciones de emergencia, en todas las situaciones: en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, pero también en situaciones de emergencia, medida 95. Las medidas de emergencia son importantes,
cuando ocurrió la emergencia de la dana pudimos comprobar que el tejido social es importantísimo. Estamos ya impulsando la elaboración de protocolos integrales para la atención a víctimas de violencia de género en contextos de catástrofes -es la
medida 101- a través de iniciativas normativas que aseguren una respuesta, por ejemplo, ante emergencias energéticas, porque lo que queremos y vamos a conseguir es que no afecten a los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia
de género. ¿Qué servicios son? El 016, ATENPRO, dispositivo COMETA y los centros de crisis veinticuatro horas. Sobre ellos ya estamos trabajando en el Gobierno para garantizar que siempre estén funcionando a disposición de las víctimas. En el
plano internacional promoveremos la inclusión de mujeres españolas en el exterior en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer -que es la medida 119- y vamos a asegurar la continuidad del seguimiento del protocolo para facilitar la
movilidad de funcionarias víctimas de violencia; que es la medida 126.


Respecto a la protección y asistencia a las víctimas, avanzamos en el refuerzo tecnológico del sistema con mejoras en los dispositivos telemáticos de control y otros recursos de protección. Aquí me estoy refiriendo a COMETA, pero no solo
-medida 210-, así como en la interoperabilidad entre los sistemas VioGén y COMETA, medidas 218 y 219. Es una línea de trabajo que es prioritaria para el Gobierno y, por supuesto, para el ministerio. También hemos asegurado ya la participación de
mujeres rurales en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer -medida de un 254-, ampliando de esta manera la representatividad de colectivos de mujeres históricamente invisibilizados. Uno de los ejes prioritarios para el Ministerio de
Igualdad es la protección de la infancia y la adolescencia, de las y los menores de edad y la erradicación de la violencia vicaria. En este marco, coordinaremos la elaboración del Plan Nacional Contra la Violencia Vicaria -la medida 281- en
cumplimiento de la Directiva Europea 2024/1385. Y estamos ya trabajando intensamente en esta materia para consolidar el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de violencia de género -medida 282- y desplegaremos la
formación especializada para profesionales de justicia, sanidad y educación -medida 283- a través del programa marco de formación en el que ya se está trabajando. Impulsamos el establecimiento de sistemas

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de seguimiento específico en los casos de violencia vicaria -medida 298-, facilitaremos la acreditación de víctimas menores de edad mediante informes técnicos especializados -medida 313- y se impulsará el trabajo junto con las comunidades
autónomas para la coordinación de un grupo de trabajo que aborde la violencia sexual en contextos de tutela institucional; medida 319. En el eje de formación quiero destacar que vamos a reforzar la capacitación profesional mediante la integración,
por poner un ejemplo, de los colegios oficiales de farmacéuticos en las acciones formativas, medida 341, considerando su papel como agentes comunitarios clave.


En el eje de estudios, estadísticas y conocimiento, con este pacto avanzamos para asegurar la recogida y publicación de datos por todas las Administraciones implicadas, conforme al Convenio de Estambul, medida 346, incluyendo variables como
edad, discapacidad y situación de la infancia a cargo, medidas 347 y 350. Incorporamos indicadores sobre la implementación de planes de igualdad en los centros educativos, medida 352. Promoveremos estudios cualitativos sobre violencia sexual y
estudios sobre el efecto acumulativo de diferentes formas de violencia, medida 354, así como el análisis del uso de dispositivos de protección y su efectividad, medida 355. Estas investigaciones y estudios se realizarán bajo la supervisión del
ministerio. Además, trabajamos ya en la adaptación de la metodología de la macroencuesta nacional a los estándares europeos, a la que me voy a referir después, medida 360.


En lo relativo a las recomendaciones a otras Administraciones, propondremos la promoción de un pacto europeo sobre medios de comunicación con perspectiva de género, medida 369, una iniciativa que España impulsará desde el Ministerio de
Igualdad. Coordinaremos también la asistencia técnica a municipios en la tramitación de las ayudas económicas de los fondos transferidos del pacto de Estado mediante la cooperación con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias,
medida 377. Promoveremos el intercambio de buenas prácticas entre iniciativas de entidades locales, medida 380. Asimismo, solicitaremos al Consejo General del Poder Judicial la creación de una unidad específica para el análisis de datos
provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados, aunque no sean específicos de violencia, medida 384.


Respecto a otras formas de violencia contra las mujeres, se formalizará mediante real decreto la creación de la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencias Sexuales -queremos hacerlo en este 2025-, medida 386. Y se trabajará en un
repositorio digital de protocolos institucionales -hay muchos protocolos, pero queremos recogerlos todos-, medida 388. Además, desde el ministerio estamos impulsando ya la tramitación de la futura ley integral contra la trata y la explotación
sexual de mujeres, niñas y niños, y promovemos investigaciones sobre las condiciones de vida de las mujeres en contextos de prostitución, medidas 389 y 397, actuaciones que forman parte del compromiso estratégico del ministerio con la abolición de
la prostitución, en cuyo anteproyecto de ley estamos trabajando, también en el ministerio, para su impulso en septiembre, como ha anunciado la ministra y yo quiero subrayar aquí.


En el eje de compromiso económico, el Ministerio de Igualdad trabajará para garantizar la financiación estable de las organizaciones especializadas -me estoy refiriendo a la sociedad civil-, medida 439. Trabajaremos para mejorar los
mecanismos de control y seguimiento del gasto de los fondos finalistas del pacto, medidas 442 y 445, y para permitir su aplicación a personal e infraestructuras, aunque no siempre se puede con estos fondos. Evaluaremos el cumplimiento de buenas
prácticas municipales en el buen uso de los fondos -me he referido ya a ello antes- y revisaremos los criterios de distribución de estos fondos entre los ayuntamientos y entidades locales para adaptarlos a todas las realidades, revisando las
exigencias en el cumplimiento de los criterios para asegurar un mejor reparto de los fondos a nivel local más eficaz, y todo ello a través de una planificación interna de seguimiento para asegurar una mejor implementación, medidas 447 y 448. En el
eje de seguimiento y evaluación del propio pacto, como decíamos, estamos dando cumplimiento a esta medida 461, por lo menos a una parte.


Señorías, estas son las medidas resumidas que son competencias propias del Ministerio de Igualdad, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se ejecutan y continuarán ejecutándose con la máxima responsabilidad técnica y
política.


Ahora quiero referirme a medidas muy concretas en las que estamos trabajando con mucho ímpetu en este momento. Respecto al eje de sensibilización y prevención, el eje 1, me quiero referir a varios temas. En primer lugar, me voy a referir a
los puntos violeta. Estos puntos se instauraron en 2021 como parte del catálogo de medidas urgentes del plan de mejora y modernización. Los puntos violeta se impulsaron por distintos ministerios en el contexto de aquel momento de aumento de la
violencia machista. El control de esta política pública corresponde al Ministerio de Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que corresponde más concretamente el control de la implementación

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de los puntos violeta que se instalen en el ámbito competencial de la Administración General del Estado, así como los que se instalen fruto de un convenio específico de la institución, organismo, Administración o asociación que quiera poner
en marcha un punto violeta o un convenio con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos son los puntos violeta que controlamos. Además, hemos desplegado todo un sistema. Los puntos violeta que se instalan en fiestas
populares, por ejemplo, entran en el ámbito competencial local, al ser ayuntamientos y entidades locales quienes conceden los permisos, que muchas veces gestionan directamente, y conocen los contextos


Como ejemplo de puntos violeta que surgen en el marco de un convenio suscrito con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género podemos mencionar la iniciativa, con el Consejo General de Farmacéuticos, de puntos violeta en las
farmacias. Gracias a esto ya están identificadas las farmacias que se han constituido como puntos violeta, que son miles, y están aumentando. El informe del Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica, que se actualiza anualmente, ha registrado
casi seis mil farmacias en toda España, el 26,9 % del total. Las farmacias son puntos importantísimos para prevenir, detectar casos y proteger y orientar a las mujeres y a las niñas que están sufriendo violencias.


También quiero referirme a unos protocolos que hemos firmado con determinados organismos de la Administración General del Estado, AGE. Hemos firmado con la Red de Paradores Nacionales; con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana; con el Ministerio de Igualdad, ADIF, AENA, Puertos del Estado y Renfe para la difusión de la campaña de los puntos violeta -es un convenio único con todos estos organismos-; con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el
Ministerio de Hacienda; con el SEPE -todo esto es a nivel estatal, con independencia de que anteriormente había convenios provinciales-; otro con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, la Dirección General de Administración del Estado en el Territorio -que es el Ministerio de Política Territorial- y Muface. Estos son ahora mismo los convenios que tenemos de ámbito estatal, con Administración General del
Estado. Se trata de una política pública que está avanzando y de manera rápida. Recientemente, se han recibido muchas solicitudes de formación para implementar puntos violeta. Por ejemplo, el pasado 27 de marzo se celebró un curso de formación en
el Ministerio de Igualdad para los organismos de la AGE interesados en constituir puntos violeta y se ha establecido un procedimiento para la puesta en marcha de puntos violeta a través de firmas de protocolos generales.


También quisiera mencionar que actualmente se está trabajando en una campaña institucional contra la violencia machista digital y que vamos a sacar en verano. Más adelante haremos otra campaña que se centre en la violencia vicaria, siendo
estas dos formas de violencia contra las mujeres prioritarias en este momento. Asimismo, vamos a profundizar en esfuerzos en lo que respecta a la evaluación de las campañas institucionales, aprovechando que se está tramitando un nuevo contrato para
campañas con el Ministerio de Hacienda.


En el ámbito internacional, la respuesta institucional es el compromiso compartido de proteger a todas las víctimas de violencia, estén dentro o no de nuestras fronteras. El pacto garantiza que las víctimas de violencia de género tengan un
conocimiento claro sobre su derecho a la protección internacional y las facilita el acceso al asilo, especialmente a quienes sufren matrimonios forzados. Se están destinando recursos para ello. Se destinarán recursos asimismo para combatir la
violencia machista en campos de refugiados, y se condiciona la financiación internacional a la adopción de códigos éticos que prevengan estas violencias. El pacto impulsa a trabajar en colaboración con las sedes diplomáticas para fortalecer y
mejorar la atención a las víctimas españolas de cara a denunciar los hechos, y también promueve que las víctimas de cualquier forma de violencia contra mujeres, incluida la vicaria, que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos los
mismos derechos que se les han reconocido aquí en territorio español. Hay muchas más acciones relativas a Exteriores, pero no voy a referirme a ellas para seguir avanzando.


El pacto de Estado fortalece el Sistema VioGén para mejorar la protección de las víctimas, y se está trabajando en este fortalecimiento. Se va a continuar avanzando para esta mejor valoración del riesgo -tenemos VioGén 2- y se va a integrar
la inteligencia artificial para evitar sesgos y garantizar la perspectiva interseccional. Se restringirá el acceso a VioGén a agentes implicados en violencia, y esto es muy importante; no puede acceder a esa información cualquiera. Los juzgados
de Familia -esto es crucial en relación con la violencia vicaria- deberán consultar los antecedentes -estamos avanzando para que puedan acceder a ellos- en casos de infancia y violencia y tendrán acceso al VioGén. La nueva versión de VioGén
corresponde a Interior, pero como Gobierno puedo subrayar que incorpora una serie

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de mejoras, como nuevos indicadores en formularios de valoración del riesgo y una mejor calibración de los algoritmos. Recoge también mejoras de interconexión e interoperabilidad con otros sistemas, etcétera.


Paso a otro tema. Casos complejos. Bueno, todos los casos son complejos, porque esto no es fácil, pero para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género tenemos que abordar y estudiar especialmente casos complejos, que son
aquellos protagonizados por agresores reincidentes y también aquellos en los que hay personas menores de edad en peligro. Esto se va a abordar en el marco de las comisiones provinciales de coordinación, con especial detalle y especial interés.
También se trabajará en la revisión y actualización de los protocolos en oficinas y ventanillas únicas para garantizar la atención adecuada y específica en todos los casos.


La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya está manteniendo reuniones con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para abordar muchos temas y, en concreto, cuestiones para mejorar la coordinación y
cooperación entre la red nacional de Unidades de Coordinación y Violencia sobre la Mujer en el territorio, que dependen funcionalmente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y organismos que tienen que ver con Justicia, como
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el territorio. En eso estamos trabajando ya. Aquí están implicadas las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de
justicia.


La accesibilidad de las personas con discapacidad está asegurada ya en todos los servicios responsabilidad de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Esos servicios son el 016, ATENPRO y el sistema de seguimiento para el
control telemático de medidas de alejamiento para víctimas de violencia de género y violencia sexual. En relación con otros grupos vulnerables, hay algo que ya estamos haciendo desde hace tiempo, pero que estamos mejorando y vamos a garantizar su
continuidad, y es el convenio entre la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Fundación ANAR para que se pueda ofrecer la atención lo más especializada posible a las personas menores de edad que son víctimas de esta violencia.
Por ejemplo, a través de la derivación desde el 016 al teléfono de ANAR, cuando detectamos que es una persona menor de edad, ANAR le va a ofrecer esta atención especializada. Para ello tenemos este convenio. Y con la Fundación A LA PAR tenemos un
convenio también para desarrollar acciones conjuntas y poder atender mejor a las mujeres con discapacidad.


Paso a tratar el tema de la violencia vicaria, porque sobre él últimamente hemos hablado bastante en el ministerio. Además, el pacto de Estado recoge especialmente medidas relativas a este tipo de violencia. Es una de las formas más
crueles y devastadoras de violencia de género contra las mujeres, porque se dirige hacia sus seres queridos, a sus allegados. Como más daño se les hace a las mujeres es haciéndoselo a sus hijos e hijas. Ya sabemos que estos señores son capaces de
esto, y lo hacen, y por eso tenemos que estar trabajando con mucha intensidad en esta materia. Estamos trabajando, de hecho, en un paquete normativo, en un anteproyecto de ley orgánica integral de medidas para abordar la violencia vicaria. Estamos
trabajando en esta ley, que tenemos muy muy avanzada. Se trata, en primer lugar, de reconocer legalmente, de ponerle nombre a la violencia vicaria, de definirla, de recoger esta definición en aquellos textos legales donde se recoge la violencia de
género, como mínimo en esos. ¿Cuáles son? Pues la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Penal. La violencia vicaria tiene que castigarse y tiene que definirse bien, y en eso estamos
trabajando. Y tenemos que reconocer también a las víctimas de violencia vicaria como víctimas de violencia de género para poder garantizarles todos los derechos que tiene ya garantizados cualquier víctima de violencia de género y en todos los
casos.


También estamos tratando algunas otras cuestiones como, por ejemplo, cuando se siguen vulnerando, contrariando o desobedeciendo normas o leyes orgánicas, como la Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, o cuando se sigue haciendo uso del falso síndrome de alienación parental u otras figuras similares a las que se les puede -de hecho, se hace- cambiar el nombre. Estamos trabajando en esta ley de violencia vicaria para que se pueda
castigar de alguna manera el uso de este tipo de mecanismos contra la ley. Esto no puede ser, porque se está usando todavía mucho por servicios que tienen que informar a los órganos judiciales, servicios distintos, como equipos multidisciplinares
de juzgados, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etcétera. No voy a detallar estos servicios, pero siguen usando esta figura y figuras similares. También se siguen dictando resoluciones judiciales amparadas en
informes que han usado esta figura que está en contra de la ley.

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Para terminar, quisiera manifestar algo importante, y así lo queremos recoger en esta futura ley y lo tenemos trabajado en este anteproyecto, y es que los niños y las niñas y los y las adolescentes, las personas menores de edad, tienen
derecho a ser oídas siempre siempre que las decisiones judiciales o administrativas vayan a afectar a sus vidas; siempre siempre. Eso lo queremos dejar recogido y en esa línea estamos trabajando.


También queremos que la violencia vicaria, como he dicho, se castigue más fuerte cuando es más grave el daño que se le hace a la víctima, es decir, esa violencia extrema que llega a asesinar a los niños y a las niñas para dañar a sus madres.
Esa es la violencia vicaria más extrema y, desde luego, en la que el pacto ha puesto más énfasis, y nosotras también. Con todo esto, con la justicia, está en juego la dignidad de las víctimas también. Con estas medidas legislativas tenemos que
hacer todo lo posible para proteger a las víctimas y su dignidad y para no revictimizarlas. Con ello, una última medida que quiero mencionar relativa a violencia vicaria es que queremos recoger que, en determinados supuestos en los que se quiera
atacar la dignidad de las víctimas o se quiera seguir revictimizándolas una vez que ya se las había dañado, se puedan incorporar a las penas medidas recogidas en el Código Penal y relativas a la protección de las víctimas; queremos recoger que se
pueda prohibir la difusión, la publicación de contenidos que tengan por finalidad seguir dañando a las víctimas, revictimizarlas. Para que me entiendan ustedes, el caso Bretón. Esto lo queremos recoger aquí. No es que se pueda imponer siempre
esta medida o esta pena, pero se trata de que los órganos judiciales la tengan a su disposición cuando vean que la publicación o la difusión de contenidos en concreto va dirigida a dañar a la víctima o esté causando un daño añadido. Esto lo
queremos recoger aquí.


Medidas de formación. Es muy importante -y no quiero dejarlo atrás- que el pacto pone mucho énfasis en la formación de todos los y las profesionales que intervienen de alguna manera en la violencia, y por eso tiene sesenta y ocho medidas
específicas sobre formación, sesenta y una de ellas dirigidas a profesionales y personal que trabaja en atención directa con las víctimas, y diez medidas dedicadas a la formación de las propias víctimas y de sus entornos. El ámbito judicial -esto
es clave para la protección y para la justicia, para una justicia en mayúsculas, para una justicia efectiva- tiene diecisiete medidas que se enfocan a profesionales de este sector, no solo en el eje de justicia, sino que están repartidas, pero
tenemos también otras medidas dirigidas a profesionales de educación, comunicación, publicidad, sanidad, etcétera. La formación es importante y aquí vamos a poner también todas las energías y todos los esfuerzos posibles. También en violencia
digital -me estoy refiriendo en cuanto a formación- tiene previstas cuatro medidas que abordan esta nueva forma de violencia. Como digo, la formación de la judicatura es un pilar fundamental del pacto, que lo atraviesa de manera transversal. Por
tanto, tenemos que incidir en la formación. No podemos hablar de justicia sin reconocer y enfrentar las desigualdades estructurales que afectan de forma persistente y particular a las mujeres, y esta visión tiene que trasladarse a la justicia. La
perspectiva de género no es una moda ni una imposición externa, es una herramienta esencial. La perspectiva de género, junto con la perspectiva de infancia, la perspectiva interseccional, incluyendo aquí la discapacidad, nos permiten entender la
realidad social con mayor profundidad y sensibilidad con todos sus matices, y la justicia también tiene que verlo. Esta mirada nos ayuda a detectar sesgos, estereotipos, dinámicas de poder que, consciente o inconscientemente, pueden influir en las
decisiones judiciales.


La formación aquí es, como digo, muy importante y estamos trabajando ya en mejorar la formación de la carrera judicial -que ya se está haciendo mucho- en violencia de género, violencia vicaria, violencia sexual y por supuesto las
perspectivas a las que antes me he referido, perspectiva de género, perspectiva de infancia y perspectiva interseccional. Esto no significa renunciar a la imparcialidad, de ninguna de las maneras. Formarse no significa renunciar a la
imparcialidad, sino muy al contrario, la fortalece, la enriquece, la dota de una mayor calidad; por tanto, dota de una mayor calidad al servicio público de justicia. En este sentido, por ejemplo, el informe anual del Observatorio de Violencias
Institucionales Machistas -esto es una plataforma de la sociedad civil- muy recientemente presentó un estudio en el que señalaba que la judicatura y el ministerio fiscal son, con diferencia, las instituciones más cuestionadas por las usuarias de
estos servicios, por las usuarias que llevan alguna cuestión de violencia a estos servicios, apareciendo en más de la mitad de los casos denunciados por este Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, que, insisto, es una plataforma de la
sociedad civil, pero que de alguna manera ofrece luz en este ámbito. Tenemos que mejorar la formación. El Gobierno está trabajando, como digo, en esto y estamos trabajando con el Consejo General del Poder Judicial. Estamos manteniendo un diálogo
y hemos mantenido reuniones con la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y con la del

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Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que han mostrado plena disposición a ir adaptando su formación, que hay que decir que tienen competencia para organizarla ellos, y además estamos
trabajando desde el Ministerio de Igualdad en la Delegación del Gobierno para firmar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y trabajar de manera coordinada en esta formación específica para jueces y juezas, magistrados y magistradas
de todas las especialidades, para mejorar esa formación en perspectiva de género e infancia, así como medidas específicas de formación, como decía, de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Esto en cuanto a la carrera judicial. Tenemos
un texto de convenio sobre el que estamos trabajando las dos partes en este momento y que pienso que no tardemos en poder firmar.


En cuanto a la formación a otros profesionales, también está prevista en el pacto. Por ejemplo, por avanzar algunas de las cosas que ya hemos hecho, en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad -siempre que se habla de Conferencia
Sectorial de Igualdad tenemos que hablar de competencias autonómicas, del marco competencial autonómico- se ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de que todos los sectores profesionales que intervienen en la atención a víctimas de violencia
contra las mujeres, de violencia de género -ámbito educativo, sanitario, sociosanitario, servicios sociales, personal de la Administración de Justicia, abogacía, servicios forenses, etcétera-, reciban formación específica y permanente en perspectiva
de género y de violencias. Lo que queremos es construir un marco general que después puedan adaptar las comunidades autónomas, y en este grupo de trabajo que ya se ha creado lo vamos a hacer. De forma paralela y complementaria, se va a crear un
grupo de trabajo interministerial para abordar las medidas del pacto que tienen que ver con formación pero que afectan al ámbito competencial de la Administración General del Estado.


En cuanto a estudios y seguimiento estadístico, voy a referirme a algunas cuestiones en las que estamos ya trabajando. En relación con las medidas del eje del pacto de estudio y seguimiento estadístico relativas a ampliar ciertos
indicadores, me gustaría señalar que en la actualidad todos los datos de los indicadores de los que disponemos están accesibles de forma gratuita para toda la ciudadanía en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Contamos con datos de registro de nuestros servicios del 016, de ATENPRO, dispositivos, ayudas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, estadísticas -DERA es nuestro sistema-, encuestas... Para cualquier consulta tienen ustedes accesible toda la
información ahí. Toda la ciudadanía tiene a su disposición los resultados de nuestra macroencuesta y el de las encuestas europeas en lo que respecta a España porque las hacemos también desde la delegación. Es importante también subrayar que todos
estos datos cumplen con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, es decir, que cumplen los más altos estándares de calidad en cuanto a encuestas y estadísticas. Hay que tener en cuenta también que los datos de la encuesta europea
de noviembre de 2023 son pioneros y España fue uno de los diecisiete países que participaron voluntariamente en su realización; no todos los países europeos participaron. Además, a finales de este año se van a publicar los datos de la
macroencuesta que se ha realizado en 2024 y que además ha incorporado bastantes mejoras sobre las que, si les interesan, les puedo informar después, pero quiero avanzar. Bueno, voy a señalar algunas. Por ejemplo, la encuesta tiene mejoras técnicas
que facilitan una mayor precisión de la información. Se han incluido aspectos claves y novedosos en el cuestionario, como los relativos a violencia digital, medición de forma más exhaustiva de las violencias sexuales y también sobre discapacidad.
Por terminar con la macroencuesta, estamos llegando a muchas mujeres, a más mujeres. En la macroencuesta de 2019 se entrevistaron 9568 mujeres, en la encuesta europea de 2022 se pudo entrevistar a 6465 mujeres y en esta macroencuesta de 2024, en la
segunda mitad del año, después del verano, se ha conseguido entrevistar a 11 940 mujeres; más mujeres, más calidad de la información que se obtiene. España participa activamente en el grupo de trabajo del Instituto Europeo de Igualdad de Género
para implementar el artículo 44 de la Directiva 2024/1385, que sirve para trasponer al ordenamiento jurídico nacional lo requerido en el Convenio de Estambul. En concreto, el artículo 44 habla sobre indicadores estadísticos mínimos y España es
líder en disponer de ellos y participa en este grupo de trabajo del Instituto Europeo de Igualdad.


En cuanto a violencia digital, quiero resaltar que el Gobierno está trabajando en el Proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Ya se ha iniciado su tramitación en el Congreso. Es
una ley integral pionera a nivel europeo que incorpora muchas de las medidas recogidas en el pacto, por eso quería traerla en este momento hoy aquí. En materia de violencia digital busca proteger a niños, niñas y adolescentes del acceso sin control
y también de otros espacios digitales potencialmente inseguros. Entre las medidas, es muy importante destacar la lucha contra las

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deepfakes, incluyendo sanciones no solo por la creación de perfiles falsos o anuncios utilizando la imagen de otra persona, cosa que está ocurriendo muy comúnmente en estos momentos, sino también por el uso indebido de datos personales y
contenido audiovisual generado o manipulado mediante inteligencia artificial. No voy a referirme más a esta ley en la que se está trabajando.


En cuanto a violencia económica, estamos trabajando también en cómo trasladar las previsiones del pacto a nuestra legislación. Hay que trasladarlo al Código Penal, hay que ponerle nombre a la violencia económica que muchas mujeres están
sufriendo, así lo prevé el pacto, y estamos trabajando ya en ello. Pero, desde luego, lo que les quiero transmitir es que lo más adelantado que tenemos en este momento es el texto sobre violencia vicaria al que me he referido y también el texto de
la ley de trata. En cuanto a la ley de trata, por señalar algunas cuestiones importantes a las que la ministra se ha referido en la última comparecencia, quiere ser una ley victimocéntrica. Eso no significa que no vayamos a perseguir a las redes
de trata ni muchísimo menos, al contrario, pero también que fijemos la mirada en las víctimas de trata porque hasta ahora en este país no lo hemos hecho; no lo hemos hecho, desde luego, de la manera que se requiere, y esta ley quiere ser
victimocéntrica. Algún aspecto importante del texto que estamos trabajando es que cuando se detecta a las víctimas -y en la detección tienen un papel muy importante las entidades sociales que están cerca de las víctimas que están siendo tratadas-
ya tengan derechos muy básicos, derechos que nadie cuestione; eso lo queremos dejar ahí recogido, es una condición para que sea una ley victimocéntrica. Y hay muchas otras cuestiones que ya tendremos oportunidad de trasladar, pero queremos que sea
muy pronto, tanto la ley de trata como la ley de violencia vicaria.


Quiero señalar también que estamos terminando de poner en marcha algunas de las cuestiones que aún no se habían puesto en marcha de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual; por ejemplo, las ayudas económicas para víctimas
de violencias sexuales. Se dictó ya un real decreto de ayudas en julio del año pasado y ahora estamos a punto de finalizar con el procedimiento común de acreditaciones de la situación de víctimas de violencia sexual con las comunidades autónomas,
para que ya ellas puedan tramitar estas ayudas a las víctimas en concreto. Estamos finalizando este proceso a través de un grupo de trabajo que se creó en diciembre, un trabajo muy intenso, y esta es una de las cuestiones que es muy necesario ya
que finalice. En cuanto al Programa Marco de Formación también previsto en la Ley Orgánica 10/2022, la que llamamos LOGILS, se firmó un acuerdo de conferencia sectorial el 23 de mayo pasado por el que se crea un grupo de trabajo que abordará el
programa Marco de Formación en materia de violencias contra las mujeres, siempre, insisto, en lo que respecta a competencias autonómicas.


Vamos a seguir trabajando en toda la ejecución de las medidas del pacto, aquí tengo más para contarles. Advertí al principio de que era mucho sobre lo que tenía que hablar, pero quiero referirme a algunas cuestiones que creemos que son
principios y elementos clave para que toda política pública sea efectiva y de verdad funcione para la ciudadanía y para los objetivos que pretendemos, sobre todo para este del que estamos hablando, que es la lucha contra la violencia de género,
contra las violencias machistas: Colaboración, coordinación y cooperación entre todas las instituciones en todos los niveles territoriales competentes, con todas las Administraciones y con los agentes sociales también; evaluación continua y
análisis permanente para seguir mejorando -ahora les comentaré una cuestión de los comités de crisis-; sensibilización y acercamiento de los recursos a las víctimas, como puntos violetas, evaluación, etcétera; accesibilidad universal de los
recursos; interseccionalidad y perspectiva de infancia. Estos son los elementos que debemos tener en el despliegue de esta política en todas las instituciones.


En cuanto a los comités de crisis, desgraciadamente voy a terminar con el mismo tema con el que hemos empezado, que es el de los asesinatos, todos los asesinatos, pero sobre todo y desgraciadamente los últimos asesinatos. Vamos a tener que
convocar un comité de crisis a principios de julio que va a ser muy largo porque, desgraciadamente, en estas últimas semanas hemos tenido muchos asesinatos, y se lo quería anunciar.


Quiero terminar recordando a todas estas mujeres y niños víctimas, todas las medidas de las que he hablado y de las que no he podido hablar porque no hay tiempo para comentarlas todas y todo el trabajo que hay detrás y que tenemos que seguir
haciendo. Todas las personas implicadas en la lucha contra la violencia de género demuestran que somos conscientes de la importancia de esta tarea porque hablamos de vidas que son sesgadas por el sinsentido del machismo, un sinsentido cruel. Sé
que ustedes también son conscientes de ello y que por eso trabajaron en que fuera posible aprobar este pacto. Todas ustedes trabajaron con ahínco para sacar adelante la renovación del pacto. Nos queda mucho por delante, muchísimo. Nos ilusiona,
nos ilusiona caminar pensando en que evitaremos sufrimiento. Evitar el

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sufrimiento de una mujer creo que ya merece la pena. Evitar una muerte de una mujer, de un niño o de una niña creo que merece la pena. Sobre todo, nos ilusiona pensar que evitaremos muertes, que ayudaremos a muchas mujeres y a sus hijos y
a sus hijas a disfrutar de sus derechos más básicos y de una vida libre de violencia machista.


Muchas gracias por su atención y perdón porque he ocupado mucho de su tiempo, que ya sé que están cansadas y cansados.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, delegada, por esta primera intervención.


Vamos a iniciar el primer turno de intervenciones. Saben ustedes que cada grupo tiene siete minutos en este primer turno. Luego, en un segundo turno, después de que responda la delegada, tienen tres minutos más, pero les pediría que, si
hay algún grupo que quiera acumular los dos turnos en una sola intervención de diez minutos, simplemente lo comunique a la Mesa previamente.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario VOX, en tanto que ha solicitado la comparecencia de la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.


Tiene la palabra la señora Aguirre Gil de Biedma. Cuando quiera.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias, señora Martínez Perza, por su intervención. Mi grupo parlamentario ha pedido su comparecencia para que nos explicara cuáles son los objetivos que tienen previsto para este renovado pacto, porque ustedes dicen todo el rato
que van a erradicar la violencia de género, pero, a la vista de los resultados, no lo están consiguiendo. Desde el primer pacto, aquí tienen ustedes las cifras de mujeres asesinadas (muestra un gráfico) que, como verá, desde 2018 hasta ahora son
prácticamente iguales. Y aquí están todas ustedes muy compungidas y pidiendo mucho perdón porque resulta que en el PSOE tienen a unos machistas de libro que eligen prostitutas por catálogo, pero es que el problema es que la persona que los ha
elegido, Pedro Sánchez, sigue de presidente del Gobierno de España. Sobre eso sí que deberían ustedes hacer algo, pero no lo hacen.


Nos ha explicado usted todos los organismos que van a ocuparse de que se cumplan las 460 medidas, pero, como le digo, nos gustaría que nos explicara cuáles son los objetivos reales de este pacto, aparte de lo que ustedes dicen de erradicar,
que ya vemos que no. Porque, si no lo están consiguiendo, lo que están haciendo es estafar a los españoles. Ya se lo dije a la ministra de Igualdad, pero se lo vuelvo a decir: este pacto no ha conseguido absolutamente nada desde que se firmó en
2018. Bueno, miento, sí que ha conseguido: ha conseguido que se apruebe el reparto de otros 1500 millones de euros del dinero de los españoles a todo tipo de asociaciones, fundaciones y entidades para promover su ideología y comprar votos. La
Delegación del Gobierno que usted dirige se ha gastado 79,5 millones de euros en 2024 -¡que se dice pronto, 79 millones!-, de los cuales tienen ustedes 2,5 millones de euros en gastos de personal; 6,6 millones de euros en material y suministros,
que me gustaría que me explicara en qué se gastan esos casi 7 millones de euros, y 53,6 millones en subvenciones. Aquí tengo el listado de algunas de las subvenciones que han recibido (muestra un documento), cientos y cientos de entidades, pero le
voy a leer algunas para que los españoles sepan a dónde va su dinero. Por ejemplo, tenemos la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que ha recibido una subvención de 46 000 euros para que se los gaste en un programa que se llama
'La Palabra y la Música: Herramientas contra la Violencia hacia las Mujeres'. Los del podcast de El Buen Querer siguen recibiendo dinero, esta vez 7300 euros. La Asociación Cultural Calatea ha recibido 20 700 euros para un proyecto llamado Piel
con Piel. La Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz ha recibido 170 000 euros para hacer campañas de adoctrinamiento, como por ejemplo una que se llama 'Mamá está castigada'. Hay otra entidad, que se llama Justicia Alimentaria, que ha recibido
47 600 euros para un proyecto que se llama 'Desgranando la violencia alimentaria hacia las mujeres desde una perspectiva interseccional'. Señora Martínez Perza, todo esto hay que fiscalizarlo. Y, por supuesto, tenemos los puntos violeta, que usted
dice que han aumentado muchísimo las peticiones y que hay miles de puntos violeta. Ya sabemos lo que pasó con los puntos violeta y a dónde fue el dinero de los puntos violeta, pero, como este Gobierno está anegado en la corrupción, a ustedes a lo
mejor no les importa. ¿Y sabe por qué ha aumentado la petición de puntos violeta? Porque a todos los que piden un punto violeta les dan dinero. Eso es así. Y así, cientos y cientos de chiringuitos a los que la delegación ha entregado 53 millones
de euros del dinero de los impuestos de los españoles sin que tengan ningún beneficio para nadie porque, como le decía, los asesinatos son prácticamente iguales desde 2018. Y, además, no se fiscaliza a dónde va ese dinero y pasan cosas como

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pasó con los puntos violeta y muchas más que estoy segura de que pasan. Entonces, yo le pregunto: ¿usted cree que ha sido eficaz y eficiente este gasto de la delegación del Gobierno de 79 millones de euros en 2024?


En su comparecencia ante la subcomisión del pacto de Estado el pasado 9 de julio, usted dijo que el Pacto de Estado conta la Violencia de Género sirve para financiar recursos y actuaciones de protección, acompañamiento y atención a las
víctimas y también dijo que el 85 % de las mujeres asesinadas no había denunciado, por lo que no se hallaban en el sistema de protección. ¿Estas últimas a las que han matado habían denunciado? ¿Qué le parece a usted la cifra de que solo el 15 % de
las mujeres denuncie? ¿Está usted satisfecha con esa cifra tan pequeña? ¿Por qué las mujeres que sufren violencia no denuncian? La realidad, señora Martínez Perza, es que ustedes no están protegiendo a las mujeres, por mucho que usted lo diga.
Ustedes lo que han hecho es montar un negocio con el dinero de los españoles que utilizan para crear una densa maraña de protocolos, guías de actuación, observatorios, informes, evaluaciones, anteproyectos, campañas de publicidad, conferencias
sectoriales y encuestas que, si miramos los datos, no están sirviendo para proteger a ninguna mujer, por mucho que ustedes digan que si no lo hicieran habría más, porque eso es un argumento infantil e imposible de demostrar. El informe anual sobre
la violencia de género dice que en 2024 hubo 199 000 denuncias por violencia de género. De esas 199 000, 62 000 fueron a juicio; es decir, solo el 30 %. Entonces, le pregunto a usted otra vez: las 140 000 denuncias que no han llegado a juicio,
¿qué ha pasado con ellas? Todo el mundo sabe, señora Martínez Perza, que hay muchas mujeres que utilizan la Ley Orgánica 1/2004 en casos de divorcio para conseguir la custodia de sus hijos y los beneficios económicos que esto les proporciona.
Entonces, no me vengan ustedes con la cifra esa de que hay un 0,01 % de denuncias, porque está sacado de una muestra de 500 casos. A ustedes estos datos no les importan, aunque les deberían importar porque son muy importantes. ¿Por qué no
denuncian y qué pasa con las denuncias falsas? Todos sabemos que hay muchos abogados que aconsejan a sus clientas que denuncien por violencia de género. ¿O me lo va a negar usted? Pues no me lo niegue. Porque en su comparecencia en la
subcomisión usted dijo, y cito literalmente, que es contradictorio que en casos de condena por violencia de género se puedan cerrar divorcios de mutuo acuerdo. ¿Y por qué cree usted que pasa eso? ¿Cómo es posible que una mujer que supuestamente ha
sufrido maltrato por parte de su pareja o expareja llegue a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos? ¿No le parece que quizás se está cometiendo fraude por parte de las mujeres que, entre otras cosas, lo que hace es atascar los juzgados
llenándolos de casos que no son realmente importantes y que matan a las que no denuncian?


En fin, señora Martínez Perza, espero que me conteste a alguna de mis preguntas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aguirre Gil de Biedma.


Vamos ahora a dar la palabra al resto de grupos parlamentarios por orden de menor a mayor y por un tiempo de siete minutos.


Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa). No veo en la sala a la señora Santana Perera.


Grupo Parlamentario Vasco. (Pausa). He visto antes en la sala al señor Agirretxea Urresti, pero creo que ahora no está.


Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. (Pausa). Tampoco está la señora Fullaondo.


Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. (Pausa). La señora Calvo Gómez ha estado, pero creo que en estos momentos tampoco está.


Grupo Parlamentario Republicano. (Pausa). He visto entrar y salir a la señora Estrems Fayos.


Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Señora Boada Danés, tiene la palabra.


La señora BOADA DANÉS: Gracias, presidenta.


No voy a utilizar los diez minutos de la intervención. Me interesan más las respuestas que pueda dar la delegada del Gobierno, aunque me excuso anticipadamente porque dudo que pueda quedarme hasta el final.


En primer lugar, muchas gracias, señora Martínez, delegada del Gobierno, por este resumen exhaustivo del informe. Cuando lo tengamos, lo podremos valorar con más profundidad. Entendemos que en la Delegación del Gobierno es esencial este
trabajo de operacionalizar todas estas medidas que trabajamos durante tantos meses aquí, de concretar y distribuir, pero la sensación de urgencia es total y absoluta. De hecho, esta semana trágica, totalmente negra, triste, que comentaba la
presidenta al abrir la

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sesión nos interpela para actuar de manera urgente y clara. Por eso, tenemos algunas preguntas más relacionadas con la concreción y también con los tempos.


Usted ha mencionado muchas medidas, por ejemplo, ha mencionado la tramitación de la futura ley contra la trata. Hace más de un año o año y medio que se está trabajando en esta ley en el ministerio. A ver si nos puede concretar un poco
cuándo llegará al Congreso para así poder aprobarla cuanto antes.


Ha puesto énfasis también en el proyecto de ley de abolición de la prostitución. Esto no forma parte de las medidas del pacto, así que entendemos que las demás leyes y medidas pasan un poco por delante, en el sentido de la urgencia de
articular todas aquellas que están consensuadas. También, ha hablado mucho de la actualización de protocolos de atención integral en todos los casos. Le agradecería que nos diera más detalle de cuándo nos van a presentar estos protocolos.


Ha hablado de VioGén, uno de los pilares fundamentales para mejorar la protección de las víctimas. De hecho, destinamos mucho tiempo de nuestro trabajo parlamentario a mejorar la valoración del riesgo. Asimismo, ha hablado también de
integrar la inteligencia artificial para evitar sesgos, para incorporar la perspectiva interseccional. A ver si nos puede comentar cómo se traduce esto.


Ha hablado de grupos vulnerables y ha mencionado convenios, sobre todo, por ofrecer atención a menores de edad y también a mujeres con discapacidad. Nos gustaría saber si también han articulado otros convenios o medidas que fueran
destinadas a otros grupos vulnerables, como son las mujeres rurales, las de etnia gitana o las mujeres migrantes, a las que usted no las ha mencionado. A ver si también están en su radar como receptoras de medidas prioritarias.


Celebramos el anuncio que nos ha hecho del anteproyecto de ley integral para abordar la violencia vicaria. Nos ha parecido que pone el foco en la importancia de castigar, esta deriva un poco punitivista que pone el foco en castigar una vez
el mal o el daño ha sido causado.


Nos gustaría saber qué otras medidas se incluyen en este anteproyecto. Usted ha hablado de que se escuchará más a los niños y las niñas. Esto es fundamental. Pero entendemos que los protocolos de ámbito sanitario y educativo y, sobre
todo, de formación para todos los profesionales que trabajan o que tienen contacto habitual con niños y niñas y adolescentes, y especialmente de todo el personal de la Administración de Justicia, es clave en este anteproyecto de ley. A ver si nos
puede explicar un poco más esta perspectiva.


Celebramos esta relación fluida con el Consejo General del Poder Judicial para poner el foco en la formación de la judicatura, que es un pilar fundamental. Usted lo ha dicho, que se esté cooperando. ¿Y en qué se concreta? Porque no
solamente se trata de formar a los nuevos jueces y juezas que entran en el sistema, sino sobre todo a aquellos que ya ejercen y que sabemos que están dictando sentencias, en muchos casos, desde la ignorancia más absoluta.


Entendemos que el rol de esta comisión es este seguimiento, es esta evaluación, pero sobre todo el control de la ejecución de las medidas recae en la Delegación del Gobierno, especialmente en el ministerio. ¿Cómo se va a garantizar en el
ministerio el cumplimiento por parte de las comunidades autónomas? Usted ha mencionado 215 medidas en las que las comunidades autónomas son corresponsables, y usted sabe que hay muchas comunidades autónomas que no están por la labor, que no están
destinando el tiempo y los recursos a luchar contra la violencia machista. Un ejemplo muy concreto que estamos cansadas de utilizar es la cuestión de los centros de crisis. Cada provincia debería tener uno, pero más de la mitad aún no lo tienen,
aunque ya se haya determinado el plazo. Es decir, qué mecanismos se están diseñando para conseguir que estas medidas, que no recaen directamente en el Ministerio de Igualdad, se ejecuten también. Ocurre lo mismo en las entidades locales, que usted
ha mencionado que son corresponsables de noventa y ocho medidas, en el ámbito judicial, etcétera.


Usted ha hablado mucho de la importancia de la coordinación, colaboración y cooperación entre los distintos actores. Así pues, le deseamos mucha fuerza y suerte con esto y queremos preguntarle cómo lo van a garantizar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Boada.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sainz Martín.


La señora SAINZ MARTÍN: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero hacer un recordatorio, porque la sociedad española vive con horror, indignación y desasosiego el goteo continuo de asesinatos machistas y de violencia de género por parte de aquellos varones que siguen en la
creencia de ser superiores a las mujeres, ya que estas les deben

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sumisión y obediencia. Hay que recordar una y otra vez que el machismo es la creencia en la superioridad del varón sobre la mujer, incluso sobre los hijos y animales de compañía, desde el derecho romano, por la patria potestas.


Desgraciadamente, tenemos que seguir anotando porque en 2025, efectivamente, hemos contabilizado casi veinte mujeres asesinadas. Y desde 2003, cuando se empezó a contabilizar, a 2025, 1311 mujeres. Debemos insistir de nuevo en este
Parlamento que el grito de 'El machismo mata' de las mujeres feministas y de las feministas socialistas es una realidad. Negarlo es tan irreal como decir que la Tierra es plana o que los virus no enferman ni matan. Por eso, nos preocupa mucho el
activismo negacionista del Grupo VOX.


Los informes oficiales nos indican que la violencia de género no cesa, que, por el contrario, aunque sean décimas, sigue creciendo. Y esos datos los podemos interpretar de muchas maneras. Probablemente, desde mi visión profesional, como un
problema macro de salud pública. Ese cáncer social existe y no podemos negarlo. Podemos no diagnosticarlo, podemos no prevenirlo, podemos no actuar sobre ello, pero los órganos judiciales nos dicen que más de 11 000 peticiones de órdenes de
protección son indicadores claros de la conveniencia de la atención asistencial, social y jurídica que tenemos en nuestro país para atender a esas mujeres que piden socorro.


Cada día, en España, hay 532 denuncias. Lo podemos analizar como una sensibilización, como una conciencia clara de que estas mujeres ya se atreven a hacerlo. También sabemos que lo hacen el 17 % de cada 10 000 mujeres en toda España; es
decir, lo hacen muy pocas. Denuncian porque se atreven a ir a pedir ese SOS. También es verdad que la protección se da a siete de cada diez personas que lo solicitan. Es muy importante decir una y otra vez que más del 61 % de las que reclaman ese
auxilio son mujeres españolas. Hay más de 13 000 medidas judiciales penales de protección a las víctimas, a las mujeres y a los varones.


Son tantos y tantos los datos que oficialmente podemos observar, datos reconocidos, conocidos y factibles de analizar que, señorías, debiéramos de estar muy orgullosas en esta comisión por haber conseguido hacer de nuevo este Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. Todas nosotras y todos nosotros, los grupos parlamentarios, representamos a más de 48 millones de habitantes, y hemos conseguido, junto con los colectivos, trabajar en un pacto de Estado que protege a más de la mitad
de la población, que está formada por mujeres. Ayer estuve en la Puerta del Sol, al lado de muchas otras entidades que se organizan a través de los ayuntamientos y las asociaciones locales, al grito de 'Si tocan a una, nos tocan a todas'.


Hay que reclamar de nuevo justicia. Los ejes que afortunadamente están en el pacto de Estado, que son la sensibilización y la prevención, hay que reclamarlos un año tras otro, porque la nuestra es una sociedad que crece, que está sometida,
desgraciadamente, a ese ideario del machismo, de la estructura patriarcal. Y no basta con ocultarlo, con decir que no existe o no contarlo. Yo espero que de la reunión de esta comisión se hagan eco los medios de comunicación, porque es una manera
de llegar a tantas y tantas mujeres que podrán decir que, efectivamente, hay una respuesta institucional en el segundo apartado del pacto de Estado y que, además, hay asistencia y protección a las víctimas, hay asistencia y protección a menores y
hay formación. Porque es verdad que se necesita formación, y usted ha ido contando muy bien los avances que se están haciendo en este ámbito.


El estudio y seguimiento estadístico nos da luz de nuevo para saber que estamos atendiendo esa demanda real y sostenida en el tiempo. Por supuesto, la responsabilidad es compartida del Estado con las comunidades autónomas, con las entidades
locales y otras muchas instituciones. Estamos todos y todas convocados a ese grito de 'Respondemos todas'.


Por supuesto, hay que visualizar todas las formas de violencia, como hace el pacto de Estado. Efectivamente, como las feministas socialistas hemos reclamado siempre y todas juntas, sin dinero no avanzamos. Aunque no sea todo el que se
necesita, hay que seguir apoyando todas estas medidas y a todas esas organizaciones de apoyo.


Agradecemos enormemente que en ese punto 10 de seguimiento del pacto de Estado hoy venga a contarnos que la medida 461 ya está cumplida. Usted nos está diciendo cuál es el armazón, cuáles son las corresponsabilidades, y así podremos fijar
una a una y punto por punto todas aquellas que en verdad vamos a poder evaluar y valorar adecuadamente. Gracias, delegada del Gobierno, por venir a contarnos esa estructura, ese armazón que en esta comisión analizaremos punto por punto. Tenemos
que saber que nuestra encomienda es para todas las mujeres españolas, incluidas aquellas que todavía piensan que no existe o que es mejor taparlo dentro de las casas.

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Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.


Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Cantalapiedra Álvarez.


La señora CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señora Martínez, gracias por comparecer en esta comisión, que evidentemente es de vital importancia.


Visto los datos que conocemos de este año 2025, es lamentable que, Pleno tras Pleno, en esta Cámara tengamos que guardar un minuto de silencio, precisamente como se ha dicho en un principio, por esas víctimas, por esos asesinatos de mujeres
y de menores.


Aunque la música parece que suena bien, creo que la partitura no acompaña para nada por todo lo que nos ha relatado. Hoy no estamos ante una comparecencia más. Hoy hablamos de una responsabilidad muy importante que debe de asumir usted,
que debe de asumir su Gobierno, la de proteger la vida de las mujeres y de los menores. Estamos ante un verano negro, estamos ante un año negro: si se confirman los datos, más de veinte mujeres asesinadas por violencia de género en el año 2025 y
tres menores por violencia vicaria. Como bien ha dicho, me imagino que con cinco víctimas en un mes convocarán ustedes el comité de crisis. Hay que convocarlo ya, no a primeros de julio, tenía que estar ya convocado. Estamos jugando con la vida
de las mujeres y con la vida de los menores. Ante esta situación, ¿va a hacer el Gobierno algún tipo de campaña especial o va a tomar alguna medida excepcional? Porque, desde luego, la situación es excepcional.


Ahora mismo ya no caben eslóganes ni declaraciones bienintencionadas. Los datos, los retrasos y la opacidad de su departamento exigen respuestas inmediatas. Señora Martínez, permítame que le diga que ha venido usted aquí a contarnos lo que
hemos hecho nosotras mismas a lo largo de todo el trabajo de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ha utilizado parte de su intervención para contarnos lo que nosotros hemos hecho. Lo que le pedimos, por favor, es que
sea concreta. Este pacto de Estado no ha nacido hace cuatro meses, nació en el 2017. Entonces, hay medidas que se han ido desarrollando y que se han contemplado. Concrete, por favor, qué es lo que se ha hecho en estos últimos cuatro meses desde
que se ha puesto en vigor la renovación del pacto de Estado.


Usted sustituye a la señora Rosell, artífice de la nefasta ley solo sí es sí, que puso en la calle a centenares de agresores sexuales, de pederastas y de violadores. Lo hace no como un giro, sino como una continuidad. Usted misma participó
en los trabajos jurídicos previos a esta norma como miembro de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia. Dijo usted textualmente: Todo lo que viene en el anteproyecto no me parece bien del todo. Pero lo apoyó, y las consecuencias
han sido terribles. ¿Me puede hacer algún tipo de valoración a este respecto?


Ha hablado usted de los fondos. Señora Martínez, usted sabe igual que yo que la política sin presupuestos es pura propaganda, y es lo que está ocurriendo ahora mismo con este Gobierno. El Tribunal de Cuentas ya denunció que los fondos del
pacto se asignaban sin criterios eficientes, con resultados mediocres y total opacidad. Tuvo que publicarse una guía de buenas prácticas en el año 2025, hace cuatro días, seis años después de que se empezaran a repartir esos fondos. Mientras
tanto, una directora general dimite por una trama de corrupción vinculada a los puntos violeta, de los que usted tanto ha hablado, en municipios gobernados por el Partido Socialista. Y llega un documento a la FEMP para que sea una guía de buenas
prácticas cuando ya se han cometido los errores. Siempre vamos un poquito tarde. ¿Puede explicarnos ahora mismo qué mecanismo han implantado para evitar que ocurran esos nuevos escándalos que hicieron alcaldes y esta directora general del Partido
Socialista? ¿Con qué piensan financiar este nuevo pacto si no hay presupuestos generales?


Ha hablado usted también de la macroencuesta, que lleva su tiempo. Decía que en septiembre, ahora ha anunciado usted que a finales de año. Ha hablado usted de los problemas de las personas con discapacidad, cuando ustedes precisamente han
comentado que es lo que más problemas metodológicos les está dando. Entonces, ¿cómo van a resolver este tema? ¿Por qué no hay datos, señora Martínez? Lo único que tenemos son cifras sueltas: suben las denuncias, bajan las órdenes de protección y
aumentan las dispensas para no declarar. Ha hablado usted de víctimas y de fracasos del sistema. ¡Claro que cada asesinato machista es un fracaso del sistema! Y esto es lo que está ocurriendo, por desgracia, en estos últimos años. En el año 2024
hemos alcanzado cifras récord en violencia vicaria. ¿Qué medidas concretas se están aplicando? ¿Qué seguimiento se hace del nuevo pacto? No podemos esperar ni un día más. Los

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comités de crisis reflejan precisamente ese fracaso. ¿Qué me puede decir también del funcionamiento del sistema VioGén 2?


Termino recordando que el pacto renovado no es un logro de su Gobierno, sino que es el trabajo de todos los grupos que conformamos esta Cámara. Al Gobierno lo que le corresponde es hacerlo funcionar, dotarlo de presupuesto y rendir cuentas
con rigor. No podemos permitir que ocurra lo mismo que en la legislatura pasada.


Si hablamos de trata y de prostitución, que es un tema de rabiosa actualidad, los comportamientos absolutamente inaceptables de miembros de su Gobierno lo dicen todo. Los casos de corrupción que los rodean son ya parte del paisaje, España
es noticia internacional por los escándalos que le salpican. Les recuerdo que el pacto renovado incluye un apartado específico sobre nuevas formas de violencia contra las mujeres, y ahí se menciona, como bien ha dicho, la prostitución. Mientras
tanto, lo que sabemos es que miembros del Ejecutivo han estado involucrados en escándalos de prostitución pagados con dinero público. No basta con mostrar vergüenza ni con pedir perdón, seguimos esperando una ley de trata que, según ustedes, estaba
casi lista hace un año y no ha salido adelante, cuando el anteproyecto se aprobó en marzo del año 2024. Seguimos esperando. Ahora anuncian una nueva ley abolicionista para después del verano. ¿Va a integrarse en la ley de trata o es simplemente
un lavado de cara ante los escándalos que estamos viviendo?


No puedo evitar recordar el caso de Adriana Lastra, expresidenta de la comisión que ha llevado a cabo el trabajo en la subcomisión para el pacto de Estado. Es lamentable y triste lo que hemos tenido que oír, lo que ella misma ha denunciado
públicamente, los abusos sufridos por parte del señor Cerdán. Su testimonio es demoledor. 'Me hizo de todo hasta que dimití, enferma y embarazada; lo sabe todo el partido'. Señora Martínez, permítame que le diga que su Gobierno no tiene ninguna
credibilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Tomás Olivares: ¡Muy bien!).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cantalapiedra Álvarez.


Para responder a los grupos que han intervenido, tiene la palabra la señora delegada del Gobierno.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Martínez Perza): Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias por sus intervenciones.


Señora Aguirre, de verdad que me alegro de que ni usted ni su entorno tengan problemas de violencia, no los sufran y vivan en un entorno feliz. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Si estuviera en el PSOE...-La señora Romero Vilches: ¿Qué
sabe si lo sufren o no?). Déjeme expresarme, que yo a usted la he escuchado con mucha atención. Por sus declaraciones aquí, por su intervención, entiendo que no los tiene, por eso lo he dicho. Entiendo que vive tranquila en ese sentido y me
alegro de que no tenga que conocer este sufrimiento; pero también me entristece enormemente esta insensibilidad suya con las mujeres, los niños y las niñas que lo sufren. Me entristece como persona, como mujer, como profesional que conoce de cerca
estos problemas y estos sufrimientos y, desde luego, como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. De verdad que se lo digo con el máximo respeto, porque a lo mejor usted, por lo que sea, no lo conoce o no ha tenido la oportunidad de
conocerlo, pero su posición y esta defensa a ultranza del negacionismo, el negar que existen estas violencias hace mucho daño socialmente, muchísimo. A la vista está que entre los varones jóvenes están aumentando su posición machista y sus
actitudes de poco respeto hacia las mujeres y las chicas. Me preocupa muchísimo -y, desde luego, nos preocupa como Gobierno- el efecto dañino del negacionismo.


En cuanto a las cuestiones que me plantea, le voy a contestar a algunas, porque no creo que me dé tiempo de responder a todas. Sobre las denuncias falsas, usted siempre dice lo mismo, que las mujeres mienten y presentan denuncias falsas.
Si fueran tan mentirosas, no las tendríamos asesinadas ni habría tantos partes de lesiones en los juzgados y en los hospitales, de manera que no serán tan mentirosas. De hecho, las denuncias falsas no llegan ni al 0,009 %, son el 0,008 %.


Porque, señora Aguirre, una denuncia falsa no es la que se pone y después no llega a ser enjuiciada; denuncia falsa es cuando se demuestra que se ha mentido y hay una sentencia que lo dice. Cuando la denuncia que se ha puesto en un momento
dado no continúa, las razones son múltiples. Muchas veces es la propia víctima la que, por miedo, por distintas circunstancias, se echa atrás, o porque no ha habido pruebas suficientes; pero eso no equivale a denuncia falsa. Usted siempre lo
dice, pero yo le voy a responder para que quede bien claro.

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En cuanto a los puntos violeta, quiero dejar algo claro -la señora Cantalapiedra también se ha referido a ellos-: los puntos violeta no los financia el Gobierno, ni un euro ha ido a ningún punto violeta, de manera que quien gestione estos
puntos violeta es quien tiene que poner el dinero y quien sabe cómo lo tiene que gestionar, si lo tiene que hacer limpiamente o no. Cada organismo, cada institución, cada ayuntamiento, cada servicio concreto lo sabe. (Rumores). Desde luego, es
una iniciativa muy positiva; que conste que hay muchos puntos violeta con una función estupenda, que son la mayoría. Lo que hacemos como Gobierno y estamos haciendo nosotras en esta legislatura es ordenar los puntos violeta de la propia
Administración General del Estado documentando con protocolos concretos los que la propia Administración General del Estado pone en marcha, así como otros con otras entidades, como he mencionado antes, con las que tenemos convenios de colaboración a
coste cero. Es importante decirlo: ni un solo euro aquí.


Señora Aguirre, no estoy de acuerdo ni con que gastamos mucho dinero ni con respecto al personal al que se ha referido, el de la propia delegación. Sé que usted no apoyó el pacto, pero yo le voy a hacer referencia a la medida 134 del pacto.
La medida 134 precisamente viene a decir lo contrario de lo que usted manifiesta, que hay que reforzar la estructura de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para asegurar la dotación de personal económica necesaria. Y esto se
dice porque además está amparado en un informe del Tribunal de Cuentas. Es al contrario de lo que usted señala.


En cuanto a la financiación del tejido asociativo, el tejido asociativo feminista se financia e, incluso, se podría financiar más, porque su trabajo es muy necesario, ya que conoce lo que es la violencia de género, la violencia contra las
mujeres, está a su lado, ayuda a sensibilizar, está en los entornos cercanos y actúa en la comunidad. Es muy importante apoyar el movimiento asociativo especializado que atiende a las mujeres, que hace incidencia en sensibilización social y que
ayuda en formación e investigación; desde luego, no con los millones a los que usted se ha referido, porque tenemos dos convocatorias de subvenciones. Si se refiere a las del año pasado, cada una tenía 7 millones de euros, no tenía más. Este año
la de trata ha aumentado, pero, desde luego, el año pasado no.


También discrepo de que gastemos mucho dinero y no consigamos mejorar la situación, señora Cantalapiedra. No solo estamos mejorando la situación, sino que estamos mucho mejor que la mayoría de los países europeos, que tienen peores cifras
de violencia machista que España. De hecho, recibimos varias delegaciones de Europa al mes y, además, algunos países repiten, porque el sistema que tenemos en este país después de la Ley 1/2004 es complejo, no es fácil de replicar, y en ocasiones
vienen del mismo país continuamente para aprender porque quiere mejorar la atención que prestan a las mujeres víctimas de violencia. Por tanto, sí se consigue. Y tan es así que desde 2003 hasta ahora el número de mujeres asesinadas ha disminuido
aproximadamente un 31 % y, desde 2023, el 17 %. De hecho, el año pasado, 2024, con 48 mujeres asesinadas -a mí no me gusta hablar de cifras, pero ha salido el tema-, fue el año con menos víctimas desde que comenzó el recuento. Es decir, de algo
sirve. Y, sobre todo, lo más importante es que las mujeres se están salvando, están siendo salvadas, rescatadas y protegidas. Las que tenemos en nuestro Sistema VioGén están protegidas, las que tenemos con los dispositivos COMETA están protegidas,
las que tenemos con el sistema ATENPRO, junto con la FEMP y las entidades locales, están siendo protegidas a través, también, de los servicios sociales y los servicios específicos de las entidades locales. Es decir, esto es lo importante, que
muchas mujeres, muchos niños y muchas niñas están siendo salvados y protegidos. Precisamente porque el sistema funciona, los asesinatos normalmente tienen más incidencia en aquellas mujeres que no se han acercado al sistema para pedir ayuda por el
motivo que sea. Están más desprotegidas porque no han acudido al sistema y son, precisamente, aquellas las que -usted se ha referido a esto- en mayor medida han sido asesinadas. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Es lo importante). Las que acuden
al sistema están más protegidas. El sistema funciona. Ahí están las cifras.


La señora Cantalapiedra se ha referido a que el pacto ha sido fruto del trabajo de los grupos. Sí; de hecho, creo que lo he dicho, pero, por si no ha quedado claro, sé perfectamente que ha sido fruto del trabajo de ustedes. Creo que se lo
he agradecido; si no, se lo agradezco ahora. Los objetivos del pacto están en el propio pacto, pero si me pregunta por los objetivos que tiene el Gobierno, tanto al principio, cuando propuso el primer texto, como ahora, en su ejecución, son muy
claros: trabajar por la erradicación de la violencia contra las mujeres, conseguir que las mujeres estén cada día más protegidas, conseguir que la sociedad no sea negacionista y que sea consciente de esta violencia, que los entornos apoyen a las
víctimas y que entre todos y todas consigamos poner freno a esto. Estos son los objetivos que tenemos

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y esto implica que trabajemos muchísimo todas las instituciones. Por eso es tan complejo este pacto, por eso no es fácil ponerse hoy aquí con cada una de las medidas. Como comprenderán, no me puedo poner a detallar 461 medidas en este
momento.


En cuanto a la portavoz de SUMAR -que ya había avisado que se tenía que marchar-, ha mencionado a mujeres rurales, a mujeres migrantes. Yo sí las he mencionado, porque la perspectiva interseccional -que también mencioné- es fundamental. Me
he referido a que ya las mujeres rurales van a estar integradas en el observatorio, que no lo estaban. Las mujeres migrantes sí lo están. Tenemos especialmente puesta la mirada hacia ellas en las convocatorias de subvenciones, para que puedan
trabajar esta interseccionalidad en sus proyectos, en sus servicios y en sus investigaciones. De hecho, en años anteriores hemos financiado iniciativas muy interesantes, por lo que, por supuesto, el compromiso es total.


Querría puntualizar que el planteamiento que hacía de violencia vicaria no es un planteamiento punitivista. Yo he empezado diciendo que hay que ponerle nombre y que hay que reconocer a las víctimas para que puedan acceder a todos los
derechos. Eso es lo básico para las víctimas de violencia vicaria. Pero, claro, hay que recogerlo en el Código Penal porque no está recogido. También me he referido a la formación cada vez que he hablado de violencia vicaria.


La señora Aguirre ha mencionado que, cuando estuve en la subcomisión, yo dije algo así como que era una incongruencia que un caso estuviera en un juzgado de violencia y, al mismo tiempo, se tramitara un divorcio de mutuo acuerdo. Usted esto
lo interpreta como que la mujer ha podido poner una denuncia falsa porque lo que quiere es un divorcio de mutuo acuerdo. No, yo no dije eso. Lo que dije es que hay un caso de violencia en un juzgado de violencia, con sentencia judicial que condena
a un agresor. Se condena a un agresor. Por tanto, no hay denuncia falsa, sino que está probada la violencia. Y ahí, que está aprobada la violencia, que está probado el desequilibrio, que está probado el sistema de sumisión y dominación -que es el
que está detrás de la violencia y del machismo- no es posible mediar, hacer mediación, hacer conciliación. De hecho, está prohibido. El divorcio de mutuo acuerdo yo entiendo que puede ser algo similar a la mediación, a la conciliación. Entiendo
que en supuestos de violencia -es lo que yo trasladaba aquel día- no es lo mejor, porque después en los acuerdos alcanzados, la mujer no está equilibrada en la toma de decisiones. Después, en algún caso, hemos llegado a ser testigos de asesinatos
de niños y niñas que estaban bajo la custodia de un progenitor maltratador. A eso me refería y no a la denuncia falsa a la que usted ha hecho referencia.


Por mi parte me parece que ya es suficiente.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez Perza.


Vamos a iniciar el turno de réplica de las portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de tres minutos, comenzando, como en el primer turno, por el grupo peticionario de la comparecencia, el Grupo Parlamentario VOX.


Señora Aguirre Gil de Biedma, cuando quiera.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Usted pertenece al Gobierno de España y debería tener un poco más de respeto a las palabras, porque usted me ha insultado, que es lo que suelen hacer ustedes, porque no me sabe decir dónde están las 140 000 denuncias. ¿Por qué hay tantas
denuncias? Conozco perfectamente casos de mujeres maltratadas, los conozco. ¿Sabe qué pasa con ellas? Que nadie les ayuda. Ese es el problema, que ustedes no están invirtiendo el dinero realmente donde hace falta que vaya. Ustedes lo están
repartiendo a sus amiguitos para comprar votos. Eso es así. También conozco a muchos hombres a los que estas leyes les han destrozado la vida. Sí, hombres a los que se les han destrozado la vida, y no solo a ellos, sino a sus hijos, a sus madres
y a toda su familia, porque son víctimas de denuncias falsas. Entonces, usted puede decir lo que quiera, hablar del 0,01 %, pero eso no es verdad. Y sé perfectamente por qué no se cuentan como denuncias falsas: porque un pobre hombre que lleva
cinco o seis años teniendo que ver a su hijo en un PEF, ya no tiene ganas, cuando archivan su caso, de denunciar a su expareja o pareja.


¿Sabe lo que pasa? Que nosotros tenemos muchas ideas para, realmente, proteger a las mujeres, cosa que a ustedes parece que no les interesa. Tampoco parece que les interesen los niños, porque ustedes también tienen la ley trans que lo que
hace es destrozar la vida a muchos niños. Entonces, vienen ustedes con la violencia vicaria, pero resulta que su Gobierno tiene en marcha la ley trans que mutila y

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destroza las vidas de muchos niños. Acabarán ustedes siendo denunciados, como ya ha pasado en un caso, que han denunciado a Sanidad por haber hecho la transición a otro sexo.


Nosotros tenemos muchas ideas sobre qué podríamos hacer con ese dinero que, encima, a usted le parece poco. Usted quiere más dinero. ¿Sabe lo que creemos nosotros? Imagínese que esos 79 millones que tiene su delegación -y que usted dice
que necesita más- se gastaran, por ejemplo, en reforzar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se pudiera poner protección a todas las mujeres. Eso estaría muy bien. También estaría muy bien que ese dinero se gastara, por
ejemplo, en hacer unas viviendas sociales solo para estas mujeres. ¿Que por qué no se atreven a denunciar? Por favor, no me ha contestado usted. ¿Por qué cree que el 85 % de las mujeres no denuncian? ¿No cree que les da miedo? ¿No ve que van a
ir a denunciar y tienen que volver a casa con su marido maltratador?


Por cierto, no somos negacionistas. O sea, dejen ustedes de decir esto. Ustedes sí que son negacionistas de la realidad, porque este es un hecho muy importante: el 85 % de las mujeres asesinadas no ha denunciado porque les da miedo.
Entonces, ustedes tendrían que ponerse al servicio de esas mujeres que han denunciado, y de las que no también, deberían proveerles de medidas para que se atrevan a denunciar, porque lo que tienen es miedo, porque saben que, si denuncian, van a
volver otra vez con el marido maltratador, y no les da seguridad lo que ustedes les ofrecen. Lo siento, no les da seguridad. Por eso no denuncian. Lo que tienen que hacer ustedes es fiscalizar todo el gasto que están gestionando y realmente
utilizarlo para que las mujeres denuncien y no haya casos de hombres a los que denuncian falsamente. Y eso es así, señora Martínez.


La señora PRESIDENTA: Vaya usted terminando, por favor, señora Aguirre.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Me puede usted insultar lo que quiera, pero esa es la verdad. Y ustedes son negacionistas de la verdad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aguirre.


Es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. La señora Boada ha tenido que marcharse. ¿Va usted a intervenir, señora Ogou?


La señora OGOU I CORBI: Pasamos turno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Entonces, es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Sainz Martín.


La señora SAINZ MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Muchas de las medidas que aquí se han mencionado están en el pacto. La cuestión está en que, afortunadamente, marchemos con ese segundo pacto de Estado que, gracias a la mayoría de los grupos parlamentarios que estamos aquí, en el Congreso
de los Diputados y de las diputadas, hemos conseguido. Desde hace muchísimos años, las mujeres hemos sabido pactar en aras, precisamente, de defender y proteger a todas esas ciudadanas que confían en nosotras y en los grupos que realmente entienden
que debemos defenderlas. Pero no solamente eso, sino que tenemos que educar a toda una población que -insisto- sigue teniendo un sistema patriarcal.


Yo creo que VOX llegará también a ser juzgado por ese negacionismo a través del voto. (Rumores). Espero que muchas mujeres y muchos varones españoles nos den de nuevo la confianza no solamente al Grupo Parlamentario Socialista, sino a
muchos de los grupos que hemos conseguido un segundo pacto para seguir evolucionando en nuestra sociedad, en una sociedad del siglo XXI, en la que defendemos que hombres y mujeres tengan igualdad de derechos, y no la superioridad del varón sobre la
mujer y el sometimiento de la mujer, que hacen, además, que las mujeres y las familias lleguen a sufrir esa gran lacra que ya debemos tipificar y llevar al Código Penal, que es la violencia vicaria. Negar una realidad sociológica que sufren las
mujeres no ya en España, en todos los países del mundo, en relación con una cultura que está en las raíces de todos los países, es algo que realmente duele. No somos solamente las mujeres feministas las que tenemos que estar en esa lucha, tiene que
haber una sociedad concienciada, y muchos varones ya están diciendo que no lo soportan. Lo único que necesitamos es que sean valientes y que lo demuestren diciéndolo verbalmente; no tenemos que ser solamente las mujeres las que acudimos, una y
otra vez, contando a nuestras asesinadas. Porque no son fallecidas, son asesinadas por un prejuicio que tiene unas raíces profundas en el patriarcado. Eso no se supera de un año a otro, de una década a otra. Además, estamos en un país abierto, la
transcultura existe. Por lo tanto, una y otra vez, hay que

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seguir abordando el tema. Tenemos que atender a las mujeres que están en situación de necesidad, a las mujeres con una alta discapacidad, a las mujeres racializadas, a las mujeres que por su propia cultura no se atreven o que piensan que,
si se atrevieran a hacerlo, no las ayudaría nadie. Por eso es tan importante fomentar las asociaciones de mujeres que están trabajando en la calle, que están organizadas, que están informando a las mujeres de que tienen derechos y de que pueden ser
atendidas a muchos niveles.


Desde luego, agradecemos la redistribución y la corresponsabilidad, porque no es solamente una tarea del Estado, sino también de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de la sociedad entera. Por lo tanto, no neguemos la
realidad, atendámosla entre todos y todas, que es lo que desde este Parlamento tenemos que hacer: el seguimiento adecuado y correcto de lo que hoy se nos ha expuesto, en esta estructura que nos ha comentado esta mañana.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz Martín.


Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora Cantalapiedra Álvarez, cuando quiera.


La señora CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ: Me parece muy triste que, en una situación como en la que estamos ahora mismo, con este número tan elevado de asesinatos de mujeres y de menores, los socios de gobierno del Partido Socialista, excepto SUMAR,
no hayan tenido ni el más mínimo decoro y no hayan venido a esta comisión, que es de vital importancia. Tienen tristes socios de gobierno.


Permítame que dude de cómo se está utilizando el dinero público. Lo que sí parece que está claro es que se ha destinado a pagar prostitutas. Le pregunto una cosa: ¿con qué se financian los puntos violeta? Con el dinero del pacto, ¿no?
Alguna responsabilidad tendrá que tener usted sobre ello, porque la directora general era la que malversó ese dinero y fue cesada porque lo malversaba con ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. La ministra Redondo, la única
responsable. Algo tendrá que decir al respecto.


Le he preguntado por los comités de crisis. Le he preguntado qué valoración hacía de esos comités y por qué no había transparencia. No me ha contestado. ¿Me puede decir exactamente para qué sirven, qué medidas se ponen en marcha o qué
conclusiones ha habido desde el último comité?


Ustedes prometen una ley de trata que no llega; prometen políticas abolicionistas mientras callan ante los escándalos; prometen transparencia, pero no rinden cuentas sobre estadísticas ni fondos o el fracaso de sus medidas; ponen en
marcha una ley trans de la que las feministas clásicas del PSOE dicen que atenta directamente a los derechos de las mujeres y que desprotege a la infancia. Justo todo lo contrario de lo que ustedes predican. Dicen que esa ley trans es un torpedo a
la línea de flotación contra la violencia de género. Hay mujeres -como en el caso Candy- que siguen siendo maltratadas por exparejas que se cambian de sexo para sortear las leyes que las protegen. O, por ejemplo, como dijo la señora Redondo, la
ministra, no hay forma de evitar el fraude de ley. También lo ha comentado el ministro Bolaños.


Pero los datos son tozudos: aumentan las denuncias judiciales; bajan las órdenes de protección; seguimos sin macroencuestas; los fondos se reparten tarde, mal y entre escándalos y, lo peor de todo, las víctimas de violencia de género ahí
están -los datos son escalofriantes-, mujeres y menores que se siguen asesinando.


Usted hablaba también de la medida 461, de la coordinación entre las comunidades autónomas. Pues, fíjese, a mí me dicen desde Castilla y León, desde mi comunidad, que se percibe una gran indefinición en la implementación del nuevo pacto.
No hay directrices claras ni instrumentos eficaces de coordinación. Hay dudas sobre el reparto competencial.


Yo lo que le puedo decir es que, en apenas seis meses de Gobierno del Partido Popular, cuando se aprobó el primer pacto de Estado, se dejó un plan completo: grupos de trabajo, anteproyectos, reformas legislativas y coordinación con las
comunidades autónomas. En seis meses. Ustedes llevan casi ocho años y la situación cada vez es peor.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cantalapiedra.


Tiene la palabra la señora delegada del Gobierno para contestar estas últimas intervenciones.


La señora DELEGADA DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Martínez Perza): Muchas gracias, señora Sainz, por sus palabras. Creo que pueden ser un buen cierre. Muchísimas gracias por sus reflexiones.

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Es verdad que no le había respondido a la cuestión de los comités de crisis; eran muchas cuestiones. Los comités de crisis se celebran para, entre todas las instituciones, poder analizar cada caso de asesinato e intentar ver qué ha podido
fallar en cada caso para mejorar. Para eso se hacen. No he escuchado nunca a ninguna de estas instituciones decir que no sirvan para nada.


¿Conclusiones? Las conclusiones no las he traído aquí, no se publican, pero sí le puedo adelantar las que recuerdo, porque en la conferencia sectorial, hace una o dos semanas, se compartieron. Sí se vuelven a repetir casos de mujeres
asesinadas que no han denunciado, de mujeres que están pensando o han comunicado que se quieren separar, o sea, en momentos de ruptura de la pareja. Esos son dos elementos que se repiten mucho. Y algunas otras vulnerabilidades añadidas en las
mujeres como, ?por ejemplo, la situación de ser migrante y estar más sola aquí, en este país, o la situación de tener algún problema de adicción. Esas son las conclusiones que me vienen ahora a la cabeza de las últimas que hemos trabajado. Los
comités de crisis sirven. De hecho, vamos a procurar hacerlos haya o no cinco asesinatos en un mes -aprovecho para decirlo-; vamos a hacerlos para analizar todos los casos.


¿Los puntos violeta se financian con el pacto de Estado? Si estamos hablando de entidades locales, los fondos del pacto de Estado no tienen que financiar todo lo que hacen las entidades locales; son financiación complementaria. Las
competencias las tiene cada uno y cada uno tiene que poner dinero. Si usan el pacto de Estado para financiar puntos violeta y lo usan bien, estupendo, y, si lo usan mal, cada uno es responsable de lo que hace. Yo aquí, ¿qué les puedo decir,
señorías? Yo no decido adónde va el dinero de cada entidad local ni de cada comunidad autónoma. También ahí estamos vigilantes y, cuando no se gaste bien el dinero, se les tiene que detraer. ¿Y cómo controlamos que se apliquen bien los fondos,
que se ejecuten bien los fondos del pacto? Trabajando en coordinación con la FEMP, haciendo formación con los ayuntamientos, dando ideas -porque algunos ayuntamientos pequeños tienen dificultades para tener ideas-; además, vamos a facilitar que se
puedan unir varios para que puedan hacer actuaciones; estamos trabajando en buenas prácticas para que sirvan de ejemplo a otros, y, por supuesto, cuando se detecta un mal uso, se le retira el dinero de inmediato, previa investigación. En fin, esto
es lo que hacemos.


Y me decía usted antes -se me había pasado, perdone, y me parece importante- que tenemos un verano negro y me preguntaba qué vamos a hacer. Tenemos un verano negro y, desde luego, vamos a garantizar que todos los servicios de la delegación
estén reforzados; estén, como digo, al cien por cien en los periodos festivos, en los días festivos y en los meses de julio y agosto. Y también, como Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad se han reunido ante esta
situación. La ministra Ana Redondo y el ministro Fernando Marlaska se han reunido para, entre ambos ministerios, coordinarnos en estos momentos tan complicados, y el Ministerio del Interior también ha anunciado un refuerzo de VioGén. Nosotros
vamos a hacer también un refuerzo en nuestros servicios y en VioGén y, por supuesto, vamos a hacer llamamientos, mandar cartas, todo lo que haga falta para llamar la atención sobre todo a los entornos, porque en estos momentos pueden ser
fundamentales para evitar las muertes, para ponerlos en alerta de que pueden salvar una vida. Los entornos no solo son las familias; es cualquier persona conocida, son los compañeros de trabajo, son las vecinas o es la dependienta de la farmacia,
como antes me refería. En fin, esto es lo que vamos a hacer.


Por lo demás, yo creo que ya es suficiente, que ya es tarde.


Muchísimas gracias a todas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, delegada.


Con esta última intervención, levantamos la sesión.


Eran las dos y veintitrés minutos de la tarde.