CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 354

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA MERCÈ PEREA I CONILLAS

Sesión núm. 4

celebrada el lunes,

9 de junio de 2025

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes en la Mesa de la comisión:


- Elección de la Vicepresidencia Primera de la comisión. (Número de expediente 041/000036) ... (Página2)


Comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Saiz Delgado):


- A petición propia, con motivo del informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050, elaborado
por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000075) ... (Página2)


- Para explicar las medidas que piensa adoptar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000316) ... (Página3)


- Para informar sobre el previsible anticipo de la edad ordinaria de jubilación a algunas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. A petición
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000332) ... (Página3)

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- Para dar cuenta del motivo e intención perseguida con el desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la
reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que limita y dirige la actuación a desarrollar por la AIReF en su evaluación de las reformas de la Seguridad Social
implementadas por el Gobierno. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000626) ... (Página3)


- Para dar cuenta e informar sobre las conclusiones que se desprenden para el sistema de pensiones del informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones, así como de la segunda edición de la Opinión sobre la Sostenibilidad de las
Administraciones Públicas, emitidos por la AIReF el día 31 de marzo de 2025. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000672) ... (Página3)


Se abre la sesión a las cinco y ocho minutos de la tarde.


ELECCIÓN DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000036).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.


Bienvenidos todos y todas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.


En relación con el primer punto del orden del día, se ha hecho llegar a esta Presidencia una propuesta con objeto de que la Vicepresidencia Primera de la comisión pueda ser elegida por asentimiento. (Los miembros de la comisión del Grupo
Parlamentario VOX abandonan la sala).


El candidato propuesto es don Manuel Lago Peñas, diputado por A Coruña. Si no hay ningún inconveniente, votaríamos por asentimiento, haciendo constar expresamente en el Diario de Sesiones el abandono de la sala por parte de los miembros de
VOX. (Pausa).


Entendiendo, pues, que no existe oposición a la elección del vicepresidente primero, que ningún diputado y diputada se opone, someto la aprobación a la comisión por asentimiento. (Asentimiento). Muchas gracias. Queda, por tanto...


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Presidenta, ¿no debería estar presente?


La señora PRESIDENTA: Pues es que no está presente.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: No, pregunto, pregunto.


La señora PRESIDENTA: ¿No debería estar? Pues no está presente. No es objeto de. (Un señor diputado: Debería estar y no está.-Rumores). No es objeto de. Gracias por el comentario.


Por tanto, queda elegido don Manuel Lago Peñas como vicepresidente primero de la comisión. Se le dará la enhorabuena cuando tenga a bien comparecer. (Rumores).


Y sin más dilación, pasamos a la comparecencia de la ministra. ¿Pueden solicitar que entre en la sala? (Pausa.-Los miembros de la comisión del Grupo Parlamentario VOX entran en la sala).


COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (SAIZ DELGADO):


- A PETICIÓN PROPIA, CON MOTIVO DEL INFORME DE EVALUACIÓN CON LAS PROYECCIONES DEL IMPACTO ESTIMADO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS A PARTIR DE 2020 PARA FORTALECER LOS INGRESOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN EL PERIODO 2022-2050, ELABORADO
POR LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AIREF. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 214/000075).

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- PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000316).


- PARA INFORMAR SOBRE EL PREVISIBLE ANTICIPO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN A ALGUNAS PROFESIONES DE NATURALEZA EXCEPCIONALMENTE PENOSA, TÓXICA, PELIGROSA O INSALUBRE Y QUE ACUSEN ELEVADOS ÍNDICES DE MORBILIDAD O MORTALIDAD. A PETICIÓN
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000332).


- PARA DAR CUENTA DEL MOTIVO E INTENCIÓN PERSEGUIDA CON EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL REAL DECRETO LEY 2/2023, DE 16 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS DE LOS PENSIONISTAS, LA
REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MARCO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES, QUE LIMITA Y DIRIGE LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR POR LA AIREF EN SU EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000626).


- PARA DAR CUENTA E INFORMAR SOBRE LAS CONCLUSIONES QUE SE DESPRENDEN PARA EL SISTEMA DE PENSIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA REGLA DE GASTO DE PENSIONES, ASÍ COMO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA OPINIÓN SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EMITIDOS POR LA AIREF EL DÍA 31 DE MARZO DE 2025. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000672).


La señora PRESIDENTA: Paso a leer el punto número 2 del orden del día: celebración de la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.


Bienvenida, ministra.


En primer lugar, a petición propia, con motivo del informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo
20222050, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En segundo lugar, para explicar las medidas que piensa adoptar para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Y, en tercer lugar, para informar sobre el previsible
anticipo de la edad ordinaria de jubilación a algunas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.


Por otra parte, si no hay ningún inconveniente, acumularemos la petición de comparecencia del Grupo Popular, solicitada para dar cuenta del motivo e intención perseguida con el desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda del
Real Decreto 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que limita y
dirige la actuación a desarrollar por la AIReF en su evaluación de las reformas de la Seguridad Social implementadas por el Gobierno. Y también para dar cuenta e informar sobre las conclusiones que se desprenden para el sistema de pensiones del
informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones, así como de la segunda edición de la Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas, emitidos por la AIReF el 31 de marzo de 2025.


Sin más dilación, doy la palabra a la ministra, señora Saiz.


La señora MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Saiz Delgado): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, comparezco ante esta comisión a petición propia y dando respuesta a varias peticiones de comparecencia para informarles de los resultados de la primera evaluación de nuestro sistema de pensiones producida en el marco del mecanismo
de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones, diseñado como parte de la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura. Igualmente, abordaré en esta comparecencia dos asuntos adicionales. Dando respuesta a una
solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular, les informaré sobre la normativa, recién aprobada,

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relativa al previsible anticipo de la edad ordinaria de jubilación a determinadas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Y les daré cuenta,
por su enorme interés, del primer proceso de regularización del nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos por rendimientos reales, recientemente finalizado.


Quiero comenzar dedicando unas primeras líneas a resaltar la importancia del sistema de pensiones para nuestro país y para nuestra concepción del estado del bienestar. Desde su creación en el siglo XIX, los sistemas de pensiones de reparto
han sido la piedra angular de la protección social. El sistema de pensiones en nuestro país es el resultado de un largo y complejo proceso de reformas iniciado a principios del siglo XX que se prolonga hasta hoy, como atestiguan los cambios
introducidos para mejorar la compatibilidad del trabajo y la pensión aprobados por una amplísima mayoría en esta Cámara el año pasado a través del Real Decreto Ley 11/2024. Esto se debe a que los procesos de transformación de la sociedad y del
mercado de trabajo ponen de manifiesto la necesidad de concebir el sistema de Seguridad Social como un organismo vivo en constante cambio y reforma para dar respuesta a una realidad que es variable. Hoy en España más de 11 millones de personas
perciben una pensión, esto es, casi uno de cada cinco ciudadanos, una población que supera por mucho la de cualquier comunidad autónoma de nuestro país. El sistema público de pensiones y el conjunto del sistema de Seguridad Social constituyen, como
les decía, la piedra angular de nuestra política social. No obstante, su rol como política vertebradora del Estado no radica solo en su magnitud, sino que se desprende de su centralidad y de su estrecha vinculación con la política laboral,
económica e incluso con la política fiscal de nuestro país.


Asimismo, me gustaría también poner en valor en esta comisión la misión tan relevante que tienen encomendadas ustedes, señorías. Como saben, este año se cumplen treinta años del Pacto de Toledo, uno de los grandes acuerdos de nuestra
democracia y, en mi opinión, una de las grandes fortalezas de la Seguridad Social. Este pacto fue germen de la construcción de un lugar en el que Gobierno, partidos políticos y agentes sociales nos encontramos para debatir y, sobre todo, para
construir los consensos necesarios para acometer reformas estructurales en nuestro país, un espacio que debe mirar a largo plazo frente al cortoplacismo que domina otras muchas áreas de nuestro debate público, un espacio que busque construir puentes
y alejarse de la polarización y la confrontación política; en definitiva, señorías, un ámbito que tiene en esta comisión su mejor representante. En un contexto de crecientes retos demográficos, derivados de los desafíos que nos plantea el
envejecimiento de la generación del baby boom y en una era marcada por las rápidas transformaciones que están experimentando nuestras sociedades, el trabajo de esta comisión es más importante que nunca. Esta comisión tiene la tarea, nada sencilla,
de apoyarse en el hoy para pensar en el mañana. Así lo hizo cuando en el año 2020 elaboró y aprobó por cuarta vez las recomendaciones del Pacto de Toledo con un amplio consenso, y estoy segura de que así va a volver a ser cuando en noviembre de
este año tenga que iniciar la elaboración de nuevas recomendaciones al cumplirse cinco años de la aprobación de las que están en vigor.


Desde esta perspectiva, y con el objetivo de contribuir a un debate profundo e informativo sobre la situación del sistema de pensiones, voy a estructurar mi intervención en las siguientes partes. En primer lugar, explicaré el mecanismo de
evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones introducido por la reforma del año 2023. En segundo lugar, repasaré las proyecciones de gasto publicadas recientemente y sus implicaciones en la cláusula de cierre. En tercer
lugar, trataré el impacto estimado de las medidas de ingresos, que permite completar la imagen del sistema, y la evaluación de la regla de gasto que ha hecho la AIReF. También les informaré sobre la reciente normativa relativa a la aplicación de
coeficientes reductores a determinadas profesiones. Y, por último, les daré cuenta sobre la marcha del nuevo sistema de cotización de autónomos por rendimientos reales.


En el marco de la reforma de pensiones llevada a cabo entre los años 2021 y 2023, el Real Decreto Ley 2/2023 estableció la llamada cláusula de cierre. Esta cláusula es un mecanismo de evaluación trienal del gasto neto en pensiones y, en
última instancia, un instrumento pensado para ofrecer una garantía adicional sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, una sostenibilidad que pasa a ser definida de manera explícita a través de un indicador y evaluada de forma regular
con base en análisis de instituciones independientes. Más concretamente, la cláusula encarga a la AIReF la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto esos ingresos como el nivel de gasto
en pensiones, en el promedio 20222050, estimado por el escenario del Ageing Report, estén bajo ciertos umbrales. La cláusula fija como umbral de referencia un gasto medio neto de medidas de ingresos de 13,3 puntos porcentuales del PIB para el
periodo 20222050. Nótese que enfatizo el término neto, porque, como les detallaré más adelante, a efectos del mecanismo de evaluación de la

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reforma, es necesario tener en cuenta tanto la dimensión del gasto como la de los ingresos. Por último, la cláusula también establece que, si se detectase un exceso de gasto, entendido este como un nivel de gasto neto por encima de ese
umbral del 13,3 %, el Gobierno debe proponer nuevas medidas cuyo impacto corrector será evaluado nuevamente por la AIReF. Estas medidas se discutirán en el marco del Pacto de Toledo y en la Mesa de Diálogo Social, abriendo una nueva oportunidad
para consensuar políticas. Solo en ese caso -en el caso de que no se aprobasen medidas adicionales-, la cláusula de cierre prevé una subida gradual automática en las cotizaciones del MEI, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, para cerrar la
brecha de exceso de gasto.


Como todos ustedes saben, la primera evaluación fue superada con éxito tan solo hace unos meses, confirmándose que no era necesario tomar medidas adicionales. De esta manera, la AIReF constató que el nivel del gasto neto promedio para el
periodo 20222050, obtenido a partir de las proyecciones de gasto en pensiones del Ageing Report y del impacto de las medidas de ingresos estimado por la propia AIReF, se situaba en 13,2 puntos porcentuales: 14,6 puntos porcentuales de gasto menos
1,4 puntos porcentuales de medidas de ingresos. Esto es, el 13,2, una décima por debajo del umbral de referencia fijado por la cláusula de cierre. Y no solo eso, sino que, utilizando las estimaciones de gasto de la propia autoridad fiscal, el
nivel de gasto promedio en el periodo 2022-2050 sería incluso inferior: 14,4 puntos porcentuales frente al 14,6 del Ageing Report. Por tanto, el gasto neto estaría en 13 puntos porcentuales, es decir, 3 décimas por debajo del umbral de referencia
de la cláusula.


Con estos resultados en la cabeza, me gustaría reflexionar brevemente sobre el indicador utilizado a la hora de valorar la sostenibilidad de la reforma. Como ya he mencionado, la cláusula fija como referencia un nivel de gasto del 13,3 en
ese promedio que les decía 2022-2050. Sin embargo, dada la novedad que supone esta cláusula, quisiera explicar la lógica que hay detrás de este indicador y cómo se ha llegado a él.


Antes de nada, conviene aclarar que no existe un número mágico de sostenibilidad, es decir, no hay una cifra a partir de la cual alguien pueda concluir que un sistema de pensiones es sostenible o no. En ese sentido, una buena evaluación de
nuestro sistema implica analizar una multitud de elementos y de indicadores, como la evolución macroeconómica, demográfica o parámetros del sistema, entre otros. Sin embargo, es común, y hasta cierto punto necesario -les diría-, que haya que
establecer algún umbral o algún nivel de referencia a la hora de establecer una regla fiscal. En ese sentido, podemos tomar como ejemplo los conocidos umbrales de las reglas europeas, que fijan como valores de referencia el 3 % para el déficit o el
60 % para la deuda pública. No obstante, el uso de este indicador no implica que el Gobierno ignore el resto o que no preste atención a otras dimensiones.


Aclarado este aspecto, podemos entrar a analizar el umbral que se ha seleccionado para ver las razones que justifican ese nivel, y las razones que lo justifican son múltiples en este caso. Al fijarse el nivel de gasto neto para el promedio
2022-2050 similar al nivel de gasto en pensiones que se tiene al inicio de ese periodo, se está poniendo de manifiesto que la evolución o dinámica del gasto neto debe estar contenida para que no crezca en exceso con respecto al nivel de partida. En
paralelo, se está tomando como referencia el nivel de gasto que la sociedad ha juzgado sostenible y aceptable.


Dado el reto del envejecimiento, en las próximas décadas nuestro país va a experimentar tensiones demográficas inevitables, el grueso de cuyo efecto se va a concentrar entre 2030 y mediados del año 2040. En consecuencia, la regla lo refleja
fijando como límite del periodo de referencia un año, el 2050, en el que la tensión demográfica empezará a disminuir según las distintas proyecciones, permitiendo un crecimiento moderado del gasto promedio con respecto al nivel de partida para
reflejar ese envejecimiento. Así, dado que el gasto en pensiones en 2022 fue 12,7 puntos porcentuales del PIB, la cláusula implica que el gasto promedio de todo el periodo solo podría crecer en algo menos de un punto del PIB. Este incremento era
incluso menor en el momento en el que se aprobó el Real Decreto 2/2023 y previo a la revisión del PIB que vino a confirmar el buen desempeño de la economía española.


Como es evidente, el uso de un promedio implica que habrá años en los que el nivel de gasto esté por encima del umbral de referencia y años en que esté por debajo. No obstante, esto no es una señal de alarma. No debe entenderse como una
señal de alarma ni tampoco con un optimismo desenfrenado; debe servir para informar y monitorizar la evolución del indicador de referencia. Además, al utilizarse un criterio de gasto neto, como les decía, se reconoce que se pueden hacer ajustes al
sistema tanto por la vía del gasto como por la vía del ingreso, sin interferir en las decisiones de futuros Gobiernos. Esto supone un cambio de paradigma con respecto a reformas anteriores que se concentraban en recortes de gastos.

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Por último, de cara a su aplicación y al debate público, conviene que las reglas sean claras y sencillas. La cláusula de cierre cumple este requisito al contar con un indicador de fácil interpretación y con un procedimiento transparente y
automático en el que participan instituciones independientes.


Una vez explicados el funcionamiento y la lógica de la cláusula de cierre, me gustaría detenerme un momento para poner en valor este mecanismo y qué es lo que aporta a nuestro sistema. En primer lugar, creo que hay que destacar la propia
existencia de este instrumento, que no estaba presente en nuestro sistema y que promueve que estemos hablando sobre cómo medir la sostenibilidad. Aunque ahora lo demos por sentado y podamos discutir mejoras sobre el indicador seleccionado, la
reforma supuso un cambio significativo respecto del enfoque dado a la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.


Las reformas anteriores aplicaban un enfoque puramente estático y daban por sentado que resolvían el problema y los retos que pretendían abordar en el momento en el que se aprobaban, algo que, incluso siendo así en ese momento, como era algo
estático, podía dejar de serlo pasado algo de tiempo. Dicho de otro modo, no se desarrollaba un marco de evaluación y seguimiento de las medidas tomadas y mucho menos un mecanismo de corrección automática en caso de que se detectaran
desequilibrios. Por el contrario, era necesario esperar hasta que el momento político, las demandas sociales, la existencia de desequilibrios evidentes o algún otro motivo llevase a nuevas reformas. En cambio, la cláusula de cierre busca poner de
manifiesto la importancia de entender la sostenibilidad de las pensiones de una forma dinámica, que evoluciona con el paso del tiempo al disponer de nueva información y que debe ser calibrada según vaya evolucionando el escenario. Y esto es
esencial, porque hay que tener en cuenta la extraordinaria complejidad y el elevado grado de incertidumbre con el que se trabaja cuando se proyecta un gasto a tan largo plazo, pues esto implica hacer un gran número de supuestos sobre población,
mercado de trabajo, crecimiento, productividad o cualesquiera otros, una tarea que se vuelve incluso más difícil cuando la economía se encuentra en un profundo proceso de transformación a raíz de las reformas realizadas y los cambios estructurales a
nivel global.


También me gustaría poner en valor que la cláusula define de forma explícita qué se entiende por sostenibilidad. Esto es fundamental, porque permite clarificar los términos del debate y realizar una evaluación sobre estos términos. Cierto
es que tanto sus señorías como otros actores o instituciones pueden discrepar con respecto al indicador seleccionado o preferir otras opciones, pero este debate siempre es bienvenido. Explicitar una definición es en sí mismo un avance, precisamente
porque permite su crítica y aporta transparencia. Igualmente, implica que aquellos que encuentran el indicador insuficiente o mejorable deban ser igual de explícitos en su definición y medición de la sostenibilidad. Clarificar a qué nos referimos
cuando hablamos de sostenibilidad es esencial, ya que cuando los ciudadanos escuchan que el sistema no es sostenible, lo que entienden es que no cobrarán su pensión el próximo mes. En cambio, cuando los expertos hablan de sostenibilidad se refieren
generalmente a una discusión sobre la dinámica de gasto, si es óptimo dedicar recursos a pensiones frente a otras partidas o las características de los diseños de los sistemas de pensiones y sus fuentes de financiación. Todos estos debates son
importantes y muy enriquecedores, pero no explicitar a qué nos referimos y no explicarlos en términos simples puede generar, de manera injusta, ansiedad e incertidumbre a la ciudadanía.


Por último, la cláusula presenta una serie de ventajas para el proceso de toma de decisiones que no deben ser subestimadas. Así, el diseño de la cláusula genera incentivos para que los responsables políticos nos pongamos de acuerdo en la
mejor manera de tomar medidas. Además, en caso de no llegar a un acuerdo, se prevé un mecanismo automático que impide que la situación se descontrole. La cláusula no prescribe ni limita la política de ningún Gobierno futuro, que podrán adoptar
tanto medidas de gasto como de ingreso si así lo consideran necesario. Además, el nivel de gasto es evaluado con base en un informe de referencia a nivel europeo, como bien conocen, el Ageing Report, y las medidas por un actor independiente, la
AIReF. De este modo, no se puede acusar al Gobierno de jugar con las cifras y además se refuerza la confianza en el sistema. La propia reforma les da a sus señorías las herramientas para objetivar la necesidad de medidas adicionales, controlar la
acción del Gobierno y, llegado el caso, cambiar la política y adoptar una nueva.


En conclusión y sin perjuicio de las mejoras que se puedan plantear, la cláusula ha sido reconocida por diversas instituciones nacionales e internacionales como un instrumento útil para realizar un seguimiento regular del sistema de
pensiones y promover el debate público. Debemos ser conscientes de que este es el primer año de aplicación de la cláusula. Hay que tener en cuenta que era una novedad en el sistema y que solo estaba contenida en una disposición adicional del Real
Decreto Ley 2/2023.

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Conviene recordar que se produjeron cambios importantes con respecto al momento de aprobación de la cláusula y que se ha visto que podían tener un impacto significativo sobre ella. Sirvan como ejemplo las revisiones estadísticas que se
dieron en los años 2023 y 2024, a las que me referiré más adelante. Todo ello ha hecho que los actores implicados hayamos ido detectando situaciones y elementos relevantes para la aplicación de la cláusula prácticamente sobre la marcha.


En este proceso de aproximación, durante los trabajos de ejecución de la cláusula quedó patente que era necesario clarificar algunos aspectos para dotar de una mayor seguridad jurídica al trabajo de la propia AIReF y se procedió a realizar
un desarrollo reglamentario por vía del Real Decreto 100/2025. Como sus señorías conocen, un desarrollo reglamentario no puede alterar ni contravenir lo dispuesto en una norma de orden superior, pero se consideró necesario para aclarar algunas
cuestiones técnicas. Permítanme que les dé un ejemplo de lo más simple: era necesario definir a qué se refería la cláusula de cierre por sistema público de pensiones, de modo que fuese computada la suma del gasto en pensiones contributivas, no
contributivas y clases pasivas. Y, de forma análoga, una vez completada esta primera evaluación, también hemos aprendido valiosas lecciones y se han vuelto a producir cambios significativos, que pueden requerir algunos ajustes adicionales. Por
ejemplo, en el momento de la aprobación de la reforma del año 2023, la cláusula de cierre de la nueva regla de gasto en pensiones venía a complementar la regla de gasto nacional, que no computaba los fondos de Seguridad Social. La aprobación del
nuevo marco de gobernanza fiscal europeo en el año 2024 supuso la introducción de una regla de gasto europea que sí computa el coste del envejecimiento, incluido el gasto en pensiones. Si bien la existencia de dos reglas no es per se un problema,
pues una afecta al conjunto del gasto público y la otra a un subsector, se pueden producir ciertos desajustes en la aplicación o en los tiempos de esta. Así, entre las recomendaciones que realiza la AIReF en su informe de evaluación, se encuentra
la de integrar y ajustar más las distintas reglas fiscales.


En este contexto y teniendo en cuenta esta primera experiencia, el Gobierno ha dado un primer paso, efectuando algunas modificaciones respecto al Real Decreto 100/2025 para promover un mejor encaje. Además, el Gobierno es el primer
interesado en la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Por eso y porque la coyuntura geopolítica y económica internacional hacen necesario estar muy al tanto de los datos sobre crecimiento y empleo, hemos incluido en la modificación del
Real Decreto 100/2025 una disposición para que, en lugar de esperar hasta el año 2028 para disponer de un nuevo informe trienal, como establece el Real Decreto Ley 2/2023, la AIReF realice un informe adicional antes del 1 de junio del año 2026 para
tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.


Concluyo este primer apartado diciéndoles que es comprensible que surjan dudas o que haya aspectos que aún son desconocidos sobre la cláusula, a la luz de la novedad que supone en nuestro sistema. Por eso, debemos seguir trabajando
conjuntamente en difundir y explicar el funcionamiento de este mecanismo. También entiendo que haya críticas o propuestas de mejora a la cláusula, las cuales el Gobierno está abierto a escuchar y les garantizo que las analizaremos con detenimiento.
En ese sentido, les manifiesto nuestro compromiso de seguir trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales en este tema y espero que el debate de hoy sirva también a este propósito.


Una vez explicado el mecanismo de evaluación y tras haber planteado su utilidad, pasaré a abordar las dos dimensiones que componen el indicador de la cláusula de cierre: el gasto y los ingresos. Recordarán sus señorías que en septiembre
del año pasado comparecí en el Pleno de esta cámara con ocasión de la publicación de los resultados del informe del Ageing Report. En aquel momento les ofrecí un análisis detallado de sus resultados y metodología y concluí recordándoles que el
Informe sobre Envejecimiento nos mostraba solo una parte del diagnóstico. Ahora, que hemos conocido el informe de evaluación de la cláusula de cierre y la opinión de la AIReF, podemos hacer una valoración completa de la situación. El Ageing Report
es un informe elaborado por la Comisión Europea y el grupo de envejecimiento. Este último es un grupo de trabajo dependiente del Ecofin y conformado por la Comisión y los Estados miembros. El informe, que se hace cada tres años, presenta una serie
de proyecciones, mostrando el impacto económico y presupuestario que pueden tener los costes derivados por el envejecimiento de la población en el muy largo plazo en los países europeos, para lo que se utiliza una metodología común en todos los
países. Entre esos gastos por envejecimiento se incluyen el gasto en pensiones, la sanidad, la educación y el gasto por cuidados. Para poder hacer este ejercicio, el informe hace una serie de supuestos, de los que derivan sus estimaciones sobre la
evolución hasta 2070 de un conjunto de variables demográficas, macroeconómicas y del mercado de trabajo. De esta manera, el

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cuadro macroeconómico utilizado es el aprobado por el Comité de Política Económica y el escenario demográfico viene dado por las proyecciones EUROPOP de Eurostat.


La importancia de este informe en lo relativo a la aplicación de la cláusula de cierre está en que las proyecciones de gasto en pensiones que se utilizan en el ejercicio son las derivadas de dicho informe. De este modo, la decisión de
utilizar unas proyecciones de gasto y el escenario macroeconómico y demográfico de una fuente externa es una muestra del compromiso que tenemos con un análisis sólido y riguroso de la sostenibilidad del sistema de pensiones. El informe y la ficha
país de España, publicados en abril del año 2024, presentaban dos escenarios: uno, con las proyecciones realizadas con base en el PIB proyectado en la primavera de 2023, esto es, con un PIB sin actualizar, y el otro, con un PIB actualizado por el
INE en septiembre de 2023. En ambos casos, los resultados muestran un aumento del gasto en pensiones en España, pero con magnitudes sensiblemente diferentes. En el escenario base, con el PIB sin actualizar, el gasto en pensiones se eleva de 13,1
puntos porcentuales en 2022 hasta un gasto promedio de 15,4 puntos porcentuales en el período 20222050. Tras incorporar los datos más recientes del PIB después de la corrección efectuada por el INE en 2023, que recogía números más actualizados y
precisos del momento, el gasto en pensiones pasaría de ser de 12,9 puntos porcentuales en el año 2022 a un gasto promedio en el período 20222050 de 15,1 puntos porcentuales del PIB, es decir, el promedio se reducía en 0,3 puntos porcentuales del
PIB.


Llegados a este punto, cabe preguntarse qué está detrás del incremento de gasto. En última instancia, el gran reto al que apunta el Ageing Report es el relativo a cómo hacer frente al envejecimiento de la población. El incremento del gasto
se deriva básicamente del empeoramiento de la ratio de dependencia, esto es, la relación que existe entre la población inactiva de 65 años o más y la población empleada entre 20 y 64 años, es decir, del mayor número de personas mayores sobre la
población en edad de trabajar. Así, bajo el escenario del Ageing Report, pasaríamos de tener una población en la que una de cada cinco personas tiene más de 65 años a otra en la que sea uno de cada tres en 2050. En este contexto, es indudable que
el gasto en pensiones crecerá de forma natural. Si tenemos un mayor segmento de población en ese grupo de edad, es entendible y lógico que destinemos más recursos. Además, este envejecimiento no es un fenómeno que afecta solamente a España, sino
que hay un empeoramiento de la ratio de dependencia en todo el continente. De hecho, hasta siete países de la Unión Europea experimentan un deterioro de la ratio de dependencia económica entre 2022 y 2070 incluso mayor que en España. No obstante,
un baby boom más tardío que en el resto del continente y algunas características específicas hacen que el tensionamiento demográfico se concentre en nuestro país entre los años 2030 y 2050.


Hasta este momento de la exposición me he limitado a comentar resultados disponibles en el momento de elaborar el Informe sobre Envejecimiento, que ya tuvimos ocasión de discutir en el pasado. Sin embargo, desde su publicación se ha venido
produciendo una serie de revisiones estadísticas importantes, que, junto con el buen desempeño de la economía, tiene un impacto muy significativo en el componente de gasto. En septiembre del año 2024 se produjo una revisión estadística quinquenal,
que de forma periódica realiza el INE en el marco de lo dispuesto por Eurostat. Esta revisión se sumó a la ya realizada en 2023 y supuso elevar, entre otras, las cifras de PIB para los años 2022 y 2023. En consecuencia, el gasto observado medido
en relación con el PIB se ve aún más reducido. Asimismo, esta revisión estadística reflejaba importantes cambios en las estadísticas de censo y empleo. En paralelo, la buena marcha de la economía de nuestro país ha propiciado un crecimiento
económico por encima de lo esperado en las proyecciones, mientras que las cifras de gasto han evolucionado en línea con lo previsto, lo cual también ha contribuido a que el gasto, medido en términos de PIB, estuviese por debajo de lo esperado
inicialmente por el Ageing Report.


El resultado de este conjunto de informaciones, utilizando los últimos datos disponibles y siguiendo el procedimiento establecido en la ficha país de España en el Ageing Report, es que el gasto en pensiones promedio para el periodo 20222050
cae hasta los 14,6 puntos porcentuales del PIB, como constata la AIReF en su informe, una cifra casi un punto menos que la del escenario sin actualizar, basado en cifras de proyecciones de la primavera utilizados en el momento de elaborar el Informe
sobre Envejecimiento. Por tanto, esta cifra final de 14,6 puntos porcentuales es la relevante a efectos de la aplicación de la cláusula y se situaría en 4 décimas por debajo de la cifra de referencia fijada para el gasto en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 2/2023, que completó la reforma de pensiones, que les recuerdo que establecía 15 puntos porcentuales.

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En este momento quisiera detenerme brevemente para resaltar la importancia de trabajar con los últimos datos observados disponibles como forma de reaccionar a la incertidumbre y hacer frente a escenarios cambiantes. Como se ha puesto de
manifiesto al comentar cómo las proyecciones de gasto se han ido reduciendo simplemente al disponerse de datos definitivos, trabajar con datos definitivos más actualizados resulta esencial. De esta manera, es vital disponer de una imagen fiel y
representativa de la situación en el momento de hacer el análisis. La toma de decisiones debe realizarse con base en esta información, y no en contrafácticos o datos que estén desfasados. Si bien este es un principio de aplicación general, se
vuelve un elemento incluso más relevante en un contexto de importantes revisiones derivadas del shock que supuso la pandemia sobre estadísticas económicas en distintos países.


En paralelo, las revisiones a la baja en el gasto ponen de manifiesto la buena marcha de la economía, que de forma consistente ha venido superando las predicciones realizadas y el elevado grado de incertidumbre sobre las predicciones futuras
que son susceptibles de cambios significativos en un corto periodo de tiempo. Además, las revisiones estadísticas y la publicación de nuevos datos son un elemento recurrente que todas las futuras evaluaciones de la sostenibilidad de las pensiones
deberán manejar, dada la diferencia entre plazos de publicación del Ageing Report y la evaluación de la AIReF. En cualquier caso, quisiera señalar que el proceso de actualización de los datos no sesga de ninguna manera el ejercicio ni es un
criterio unidireccional, pues también reflejaría si el gasto creciese a un mayor ritmo que el previsto originalmente o si se hubiese producido un crecimiento inferior al proyectado durante los años observados. Y otro punto importante que tener en
cuenta es que la actualización de los datos solo se ve parcialmente reflejada en los resultados por la vía del gasto. De este modo, el ejercicio no tiene en cuenta ni la actualización de las predicciones demográficas, donde se incluyen flujos
migratorios -publicadas por diversas fuentes- ni tampoco los efectos indirectos sobre proyecciones de gasto derivadas de unos datos sobre empleo que, como saben, son muy positivos en España, superiores a los recogidos en las predicciones del Ageing
Report. El uso de estos datos arrojaría un escenario con un gasto aún menor que el proyectado.


En relación con el primer tema, en septiembre del año 2024, EUROPOP publicó una actualización de sus proyecciones para una serie de indicadores demográficos, entre las que destacan fundamentalmente los flujos migratorios y la población
total. La importancia de las proyecciones demográficas de EUROPOP radica en que son las que se utilizan para elaborar el Ageing Report. Esta actualización incorpora los últimos datos publicados por Eurostat hasta septiembre del año pasado, así
como algunos cambios metodológicos, y hace uso de estadísticas revisadas de censo y también de mortalidad. Los resultados suponen una importante revisión al alza en la población y el flujo migratorio. En concreto, el flujo migratorio neto
proyectado en la actualización de EUROPOP 2024 supera en más de un 30 % -insisto, un 30 %- el que fue utilizado con el Informe sobre Envejecimiento. Además, la magnitud y el perfil de la revisión son prácticamente idénticos al ejercicio de
sensibilidad realizado por el Ageing Report, en el que se estimaba el gasto en pensiones en un escenario con un 33 % más de migraciones. El resultado de este escenario alternativo era una reducción del gasto promedio en el periodo 2022-2050 de unas
6 décimas. Por tanto, las proyecciones demográficas actualizadas rebajarían el gasto en pensiones de forma considerable.


Estos resultados son consistentes con los de otras fuentes. Así, la revisión producida por EUROPOP dista de ser la única, ya que tanto el INE como la AIReF han publicado sendas revisiones en sus proyecciones migratorias que van en la misma
línea, lo cual nos deja una horquilla de revisiones al alza entre un 26 % y un 33 %. Por otra parte, la buena marcha de la economía ha permitido superar las cifras proyectadas en el escenario macroeconómico del Ageing Report, lo que solo se recoge
parcialmente al tomar los datos observados de PIB. Esto se debe a que no estamos teniendo en cuenta los potenciales efectos indirectos sobre las proyecciones que tendrían datos como los del mercado de trabajo, que superan con creces los recogidos
por el Ageing Report. Por poner solo algunos ejemplos con el ánimo de ilustrar mi exposición, el nivel de empleo con el que hemos cerrado el año 2024 supera el total previsto por el informe en medio millón de ocupados, y, además, la tasa de empleo
de 20 a 64 años se elevaría en más de un punto, lo que se corresponde con el nivel que se esperaba alcanzar en 2026. De forma análoga, la tasa de desempleo para el mismo grupo de edad se situó en 2024 en un 11 %, un punto por debajo del nivel
proyectado por el informe, y todo ello en un contexto de creación de empleo de mayor calidad tanto por la vía de la composición sectorial como respecto a las condiciones contractuales.


No quisiera terminar esta valoración por el lado del gasto sin referirme a las estimaciones de la AIReF, y, en este sentido, la opinión sobre la sostenibilidad de la AIREF, publicada también el pasado 31 de marzo, nos ofrece una valiosa
perspectiva adicional. Así, aunque el nivel de gasto en pensiones de

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referencia para la cláusula es el estimado por el Ageing Report 2024, es interesante remarcar que la proyección de gasto de la AIReF es incluso inferior a la de este. La opinión de 2025 presenta una estimación actualizada basada en el
modelo de esta institución y sus propios supuestos macroeconómicos y demográficos. En ella la AIReF revisa a la baja la proyección del gasto de forma muy significativa tanto respecto al Ageing Report como a su anterior opinión, que publicó en 2023.
Esta revisión está impulsada por la mejora en las condiciones económicas de partida, es decir, por el uso de los últimos datos disponibles y una revisión al alza de las cifras migratorias. De este modo, el gasto medio proyectado en el periodo
2022-2050 es de 14,4 puntos porcentuales del PIB, 0,7 puntos porcentuales más bajo que la anterior opinión y 0,2 puntos porcentuales más bajo que el escenario del Ageing Report actualizado con los últimos datos disponibles. Como es natural, dada la
función encomendada a la institución de la AIReF, esta ha adoptado una actitud prudente y avisa sobre potenciales riesgos futuros relacionados con la evolución del gasto. El Gobierno no es ajeno a estos riesgos y al elevado grado de incertidumbre
con el que se trabaja en esta materia, especialmente en el contexto actual. Es por ello por lo que tenemos el firme compromiso de seguir monitorizando la evaluación de un amplio conjunto de indicadores y colaborando con otras instituciones en la
realización de análisis. Si bien los resultados hasta el momento son positivos en cuanto a la evolución de las proyecciones de gasto y el efecto de las medidas implementadas, creemos que es menos probable que estos riesgos se materialicen, como se
podía pensar hace unos años, y que, en caso de suceder, la cláusula es un instrumento útil para capturarlos.


Concluido el análisis por el lado del gasto, pasaré a comentar brevemente los resultados de la evaluación que ha realizado la AIReF sobre el impacto de las medidas de ingresos, según la tarea encomendada a esta institución por el Real
Decreto Ley 2/2023. Como ya he explicado en la sección anterior, el gasto promedio proyectado para los años 2022-2050 según el escenario del Ageing Report es 14,6 puntos porcentuales del PIB, lo que implica que las medidas de ingresos deberían
aportar 1,3 puntos porcentuales, en promedio, para evitar que se activara la cláusula. En su Informe sobre la Regla de Gasto en Pensiones, publicado el 1 de abril, la AIReF estimó un impacto promedio para las medidas de ingresos de 1,4 puntos
porcentuales, esto es, una décima más de lo requerido para alcanzar el umbral de gasto neto establecido y, por tanto, supuso que la cláusula no se activase. Si vemos el desagregado de las distintas medidas, la AIReF estima un impacto promedio de
0,4 puntos porcentuales en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI, 0,1 puntos porcentuales para la cuota de solidaridad, 0,3 puntos porcentuales para la subida de bases máximas, 0,2 puntos porcentuales para la introducción del nuevo
sistema de cotización de autónomos, 0,1 puntos porcentuales por la subida de la base máxima ligada al SMI y 0,3 puntos porcentuales por las transferencias del Estado.


En conjunto, estamos satisfechos con las estimaciones de la AIReF. Sin embargo, creemos, y así también lo reconoce la institución en su informe, que han sido conservadores en dos aspectos: en primer lugar, en el nuevo sistema de protección
para autónomos, y, en segundo lugar, en la reforma del mercado de trabajo. Cierto es que parte de este enfoque se explica por el poco tiempo transcurrido entre la aplicación de las reformas y la información disponible para la institución en el
momento en que tenía que hacer la propia AIReF su análisis. En el caso del nuevo sistema de cotización de autónomos, la AIReF utiliza una aproximación conservadora en relación con la evolución de la base mínima, motivada por un periodo transitorio
dispuesto en la norma ante la falta de información. Además, también es interesante señalar que debido a la metodología utilizada por la AIReF la institución también estima un impacto por la vía del aumento de la recaudación impositiva que, aunque
no se compute a efectos de la cláusula, reforzaría los ingresos del Estado en su conjunto. En cualquier caso, los datos de la primera regularización, que les detallaré más adelante en mi intervención, han superado nuestras expectativas, si bien no
han podido ser tenidos en cuenta por la institución al haberse cerrado unos meses después. No obstante, estamos convencidos de que en futuras evaluaciones reflejarán este elemento y que el impacto estimado de esta medida podría ser revisado al
alza.


Por su parte, el análisis de la reforma laboral realizado por la AIReF encuentra efectos positivos en el empleo, la actividad y los ingresos. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos por cotización se ve neutralizado por un incremento
paralelo del PIB, de acuerdo con la metodología que ha utilizado la AIReF. Cabe destacar que esta estimación adopta una aproximación prudente y ve un impacto limitado por la información con la que trabaja la AIReF. Adicionalmente, consideramos que
la estimación no tiene en cuenta algunos aspectos importantes, como pueden ser los cambios en la calidad en el empleo tanto por la vía de la composición sectorial, reflejada en un mayor crecimiento del empleo en sectores de alto valor añadido, como
por la vía de la reducción de la temporalidad y, por supuesto, en el incremento de la

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duración de los contratos de trabajo. En el ministerio tenemos algunas diferencias técnicas con la aproximación utilizada. No obstante, también esperamos que este número se revise al alza en futuras evaluaciones, a medida que la AIReF vaya
disponiendo de más datos para completar y actualizar su análisis.


Por último, paso a referirme a la cuestión de las transferencias, un tema que ha generado interés y dudas entre algunos de ustedes y polémicas incomprensibles por parte de otros. La cláusula de cierre estipula que corresponde a la AIReF
identificar qué medidas refuerzan la sostenibilidad a través de las medidas de impacto. Como veremos, AIReF solo ha incluido un pequeño grupo de transferencias, 0,3 puntos porcentuales sobre el total, y coincidimos en que las seleccionadas
refuerzan la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como referencia, recordemos que el conjunto de transferencias supone 2,4 puntos porcentuales. En concreto, en esos 0,3 puntos porcentuales que ha tenido en cuenta, la AIReF solo ha incluido dos
tipos de transferencias: en primer lugar, las relativas a financiar gastos no contributivos incluidos en la reforma de pensiones, que suponen una décima, y, en segundo lugar, aquellas dedicadas a financiar las reducciones de cotizaciones, como la
reducción de cotizaciones y subvenciones implícitas del REM o los contratos de formación que forman parte de las transferencias, en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, que suponen las otras 2 décimas del PIB restantes. La
AIReF ha explicado de forma clara los motivos que fundamentan la selección de estas transferencias. Este razonamiento quedó plasmado tanto en el informe de evaluación como en la comparecencia de su presidenta en esta Cámara en el pasado mes de
mayo, quien explicó que están plenamente convencidos de que tiene toda la lógica incluir estas 3 décimas. En el caso de la décima de pensiones no contributivas, como bien apuntaba la presidenta de la AIReF, parece evidente que debe computarse la
transferencia desde el momento en el que se computa el gasto en pensiones no contributivas en la regla de gasto en pensiones. Cabe recordar que las pensiones no contributivas no están financiadas por cotizaciones, sino por transferencias. Por
tanto, desde el momento en el que entran por la vía del gasto, deben entrar por la vía de los ingresos, para hacer consistente el ejercicio. En cuanto a las transferencias destinadas a financiar la reducción de cotizaciones, estas también tienen
una vinculación evidente con los ingresos del sistema porque son cotizaciones que se dejan de ingresar debido a la implementación de una política de empleo y por la que la Seguridad Social es compensada por el Estado. De no computarse, bastaría con
modificar el diseño de la política para que, en lugar de subvencionarse a la empresa con una reducción de cotizaciones, se hiciese con una subvención o una transferencia directa. Eso tendría un impacto nulo sobre el gasto público y la cantidad
recibida por los beneficiarios, pero incrementaría los ingresos por cotizaciones. El motivo por el que la política está diseñada de esta manera es porque, al tratarse de una medida relacionada con el mercado de trabajo, es más sencillo a través de
la Seguridad Social. Por tanto, en ambos casos es una financiación permanente y de conceptos financiados de forma íntegra y automática por el Estado. Además, en ambos casos están vinculados a cotizaciones y/o al gasto en pensiones de forma clara y
directa.


Quisiera concluir que el Real Decreto Ley 2/2023 asigna a la AIReF el rol de valorar y estimar el impacto de las medidas de ingresos. AIReF es una institución independiente y, en consecuencia, le corresponde diseñar su propia metodología
para valorar los impactos, incluido el gasto de las transferencias. Por tanto, el Gobierno y sus señorías podemos discrepar sobre los impactos estimados o la metodología utilizada por la institución, pero debemos respetar el rol asignado a la
misma. En esta misma dirección, quisiera aclarar que el Real Decreto 100/2025 no condiciona en ningún caso el ejercicio realizado por la AIReF. Al tratarse de un desarrollo reglamentario, no puede contravenir lo dispuesto en normas superiores,
como son el Real Decreto Ley 2/2023 o la propia Ley General de Seguridad Social. Aún más importante, el informe de la AIReF y la exposición de su presidenta ponen de manifiesto que esta institución ha seleccionado un conjunto de transferencias
porque están convencidos de que tienen un impacto sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. La estimación de la AIReF podría haber sido mayor, al existir una gran cantidad de conceptos no computados, o haber derivado en un impacto nulo si
la institución considerara que ninguna de ellas cumplía el cometido de reforzar los ingresos del sistema. El hecho de que solo un subconjunto de conceptos muy específico haya sido valorado es una muestra clara de que el decreto no interfiere de
ninguna manera con el trabajo de la AIReF.


A continuación, paso a informales y a dar respuesta respecto a una solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular acerca de la normativa recién aprobada relativa al previsible anticipo de la edad ordinaria de jubilación en
algunas profesiones de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusan elevados índices de morbilidad o mortalidad.

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Como bien conocen sus señorías, con fecha a 19 de noviembre del año 2020, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, y, en consecuencia, se aprobó la Ley 21/2021, de 28 de diciembre,
que marca el inicio de un proceso de grandes cambios para garantizar la suficiencia de pensiones, reforzar la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad del sistema. Entre otros preceptos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, se modifica el artículo 206, relativo a la jubilación anticipada por razón de la actividad, que prevé que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos
sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acusan elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que las personas trabajadoras afectadas acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad
que se establezca.


Siempre hemos sido conscientes de la necesidad de establecer excepciones a la exigencia de la edad ordinaria mínima de retiro para permitir en determinados sectores adelantar el acceso a la jubilación contributiva. Tan es así que los
incentivos a la demora de la jubilación nunca estuvieron pensados para aquellas personas que durante su vida laboral hagan actividades que requieran un gran esfuerzo. Nuestro sistema, a lo largo de su historia y como pieza esencial de la política
de salud laboral, ya había establecido edades de jubilación anticipadas sin penalización para determinados colectivos que hicieran actividades marcadas por la peligrosidad, toxicidad, penosidad o insalubridad, precisamente por las circunstancias en
las que se desarrolla el trabajo, con una alta tensión no solo física, sino también mental, que justifican el anticipo de la jubilación como medida de protección. Fíjense, señorías, esta es la clave del éxito del sistema, permitir enfoques
complementarios para que nuestros trabajadores puedan decidir cómo y cuándo pasar a un retiro digno, ya sea con mejoras clave en la flexibilidad de la jubilación, prolongando su vida laboral o compatibilizándola con la pensión, o ya sea permitiendo
en determinados sectores adelantar el acceso a la jubilación contributiva. En estos casos concretos, aunque el trabajador cese en su actividad laboral antes de haber cumplido la edad legal de jubilación, conservará su derecho a percibir íntegra la
pensión de jubilación que le habría correspondido si el cese se hubiera producido una vez cumplida aquella edad, considerándose los años de bonificación de la edad hasta la edad ordinaria como tiempo cotizado. Por eso, siguiendo la recomendación 12
del Pacto de Toledo, teníamos pendiente el necesario desarrollo reglamentario para establecer un procedimiento efectivo, que sustituyese al aprobado en el año 2011, que estaba resultando fallido por problemas en su diseño. De ahí la aprobación del
Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes
correctores.


Lógicamente, el contenido de esta norma cuenta -como tiene que ser, en mi opinión- con el consenso de los agentes sociales, tal y como ha quedado reflejado en el acuerdo de la mesa de diálogo social que alcanzó el Gobierno con los agentes
sociales el 31 de julio del año 2024. Esta nueva norma tiene como punto de partida una premisa clave en esta materia, y es que el establecimiento de estos coeficientes reductores en la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la
modificación en las condiciones de trabajo. Por tanto, la reducción de esta edad está vinculada a la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, pero siempre con un carácter sustitutivo, esto es, solo si se demuestra que no se pueden modificar
las condiciones laborales. Con ello se pretende incidir en la necesidad de afrontar los problemas de siniestralidad laboral desde el ámbito de la prevención con un mensaje muy claro, y es que hay que reforzar los servicios de prevención para
garantizar que los trabajos se desempeñen en las óptimas condiciones de laboralidad.


Uno de los avances que este nuevo procedimiento plantea gravita en la definición más exhaustiva de la naturaleza de las actividades profesionales que pueden acceder a estos coeficientes. Dentro de los criterios para determinar la penosidad
se encuentran, por ejemplo, estar expuesto o expuesta a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física; la exposición a agentes químicos o biológicos... En cuanto a la toxicidad, estarían bajo esta condición
trabajos con exposición a agentes físicos agresivos o nocivos. La peligrosidad contempla actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional al trabajador con un mayor grado de incidencia o mayor frecuencia que en otros
trabajos. Por último, la insalubridad se refiere a actividades con exposición a un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador.


En cuanto a los indicadores objetivos, cuentan tanto las contingencias profesionales como las comunes -una novedad respecto al anterior procedimiento-, cuenta también la edad de la persona

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trabajadora y, por supuesto, la perspectiva de género. Sí, señorías, por primera vez estos indicadores tendrán una perspectiva de género; de hecho, la norma prevé la creación de un grupo de trabajo a fin de analizar y evaluar la dimensión
de género a la hora de fijar coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia femenina.


Lógicamente, la aplicación de coeficientes llevará ligado un incremento en la cotización de la Seguridad Social para el colectivo, que se fijará en la ley de presupuestos generales del Estado para cada año. Este incremento consistirá en
aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes tanto a cargo de la empresa como a cargo de la persona trabajadora. Quiero dejar claro que en ningún caso la aplicación de los correspondientes
coeficientes reductores podrá anticipar la edad de jubilación de los trabajadores a una edad inferior a los 52 años.


En cuanto al procedimiento administrativo, se introducen mejoras significativas, haciéndolo más garantista y claro, para lo cual se refuerza el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se enriquece el análisis con la posibilidad
de aportar informes epidemiológicos y, como ya he señalado, se incorporan indicadores objetivos que corrigen sesgos derivados de la parcialidad o de otras cuestiones.


En definitiva, y como ya he señalado, esta medida enlaza con las últimas reformas aprobadas en materia de Seguridad Social, que tratan de favorecer que la jubilación se adapte a las diferentes condiciones y perfiles de las personas
trabajadoras. Además, este cambio normativo nos acerca a políticas que ya tienen aprobadas países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Austria, que contemplan procedimientos parecidos para determinar la posibilidad de jubilación anticipada de
los trabajadores por razón de su actividad profesional.


Para finalizar, y por su enorme interés, les informo del primer proceso de regularización, recientemente finalizado, para la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos por sus rendimientos reales. Como
bien conocen, los autónomos tienen un peso cada vez mayor en nuestro mercado laboral. En la actualidad son más de 3,4 millones de personas trabajadoras, dentro de las cuales destacaría dos colectivos fundamentales: en primer lugar, las mujeres,
1,3 millones dedicadas en España al trabajo autónomo, lo cual demuestra que la participación femenina ha alcanzado cifras históricamente altas; en segundo lugar, atendiendo a la nacionalidad, las personas trabajadoras autónomas procedentes de otros
países, que ya son más de 480 000. El trabajo autónomo es un buen ejemplo de la mejora de la calidad del empleo, al tener, además, un peso cada vez mayor en actividades de alto valor añadido, como las actividades profesionales, científicas y
técnicas o de información y comunicación, que son las que experimentan más de la mitad de los nuevos empleos en el último año.


Voy a contextualizar este cambio normativo y la necesidad de su implementación. Fruto de las ya comentadas recomendaciones que surgieron de los acuerdos del Pacto de Toledo del año 2020 para garantizar la sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social, la recomendación cuarta aboga por articular un sistema en únicamente dos regímenes de encuadramiento -trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos-, y la recomendación quinta, por aproximar bases de cotización de los
trabajadores autónomos a los rendimientos efectivamente obtenidos. Recomendaciones cuarta y quinta. Con ello se pretende mejorar la protección social de los trabajadores autónomos, aproximando cada vez más ambos regímenes del sistema. De esta
forma, tras el acuerdo social y a partir de un amplio consenso político, se da luz verde al Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos o por cuenta propia y se
mejora la protección por cese de actividad. El sistema vigente hasta entonces se caracterizaba por la elección de la base de cotización por el autónomo, lo que solía conducir a una elección de la base mínima de cotización y, consecuentemente, a
prestaciones y pensiones de jubilación más bajas. En concreto, más del 80 % de las personas trabajadoras autónomas cotizaban por la base mínima, por lo que sus pensiones eran casi un 37 % más bajas, lo cual implicaba que casi un 36 % necesitara ser
complementada a mínimos.


El nuevo sistema, que entró en vigor en el año 2023, tiene como objetivos mejorar el grado de suficiencia de las prestaciones futuras de las personas trabajadoras autónomas y homogeneizar la cotización de estas con las de los trabajadores
por cuenta ajena, tomando como referencia los ingresos reales y, por tanto, el rendimiento fiscal neto, que es el equivalente a los rendimientos del trabajo. Como saben, este nuevo sistema se está implantando, según lo previsto, de manera gradual
hasta el año 2032, cuando ya estará plenamente operativo. Hasta entonces, se irá aplicando progresivamente durante ciclos de tres años y será evaluado por el Gobierno y por los interlocutores sociales. El primer ciclo trienal abarca periodos que
van desde el año 2023 hasta el año 2025. Por eso, les quiero informar de los trabajos que

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se están desarrollando en este proceso de regularización y de cuál está siendo su resultado. En el año 2023 los trabajadores autónomos ya empezaron a cotizar por ingresos reales, estimando cuáles serían estos en el ejercicio y eligiendo
unas bases de cotización provisionales según esos ingresos. Según los datos disponibles de 2023, del total de 3,7 millones de trabajadores autónomos incluidos en este nuevo sistema de cotización, unos 316 191 modificaron su base de cotización a una
superior y unos 145 764 lo hicieron a una base de cotización inferior.


Al tratarse de una estimación de ingresos reales y unas bases provisionales de cotización, una vez se cierra la campaña del IRPF del año 2023 y se dispone de datos fiscales definitivos sobre los ingresos reales de ese año, la Tesorería
General de la Seguridad Social debe proceder a la regularización de las cotizaciones sociales ingresadas por los autónomos, bien procediendo a su devolución cuando se ha pagado de más o bien reclamando diferencias cuando se ha pagado de menos. Este
proceso de regularización de cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos se inició en octubre del pasado año 2024 y ya está prácticamente terminado. Quiero anticiparles que el proceso no ha sido sencillo, sino más bien al contrario, ya que
ha sido un procedimiento administrativo de gestión muy complejo por un doble motivo: en primer lugar, porque afecta a un colectivo muy amplio -casi 4 millones de trabajadores autónomos- y, en segundo lugar, porque es la primera vez que se hace.
También les garantizo que, a pesar de esta complejidad, el proceso se está desarrollando con normalidad y sin incidencias significativas. Para desarrollar este proceso, la Tesorería ha debido recabar datos de forma masiva de otras entidades, como
la Agencia Tributaria, las haciendas forales vasca y navarra -Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, los territorios históricos-, del INSS, del SEPE y también de las mutuas de accidentes de trabajo. Ello no hubiera sido posible sin los instrumentos que nos
ofrece hoy en día una Administración totalmente digitalizada y modernizada.


Una vez disponibles todos estos datos, la Tesorería ha calculado los ingresos reales de los autónomos, determinando su base de cotización definitiva, y ha comunicado los resultados obtenidos a las personas trabajadoras autónomas, para lo
cual se ha desarrollado toda una intensa labor de divulgación y se han reforzado todos los canales de información y atención a los ciudadanos. Quiero ponerles cifras para ilustrar lo que les acabo de decir. Del total de trabajadores autónomos 2,12
millones han cotizado dentro de su tramo -de hecho, 1,3 millones acertaron en la elección- y casi 800 000 no han experimentado cambios con la regularización, mientras que solo 1,58 millones de autónomos han estado sujetos a cambios en la
regularización y, de estos, 796 000 han cotizado por debajo del tramo que les correspondía, 461 000 han cotizado por encima y de casi 324 000 no constan rendimientos computables debido a cuestiones como, por ejemplo, la tarifa plana, que saben que
está en marcha en la cotización del colectivo. El proceso concluyó con la remisión de 765 985 resoluciones a autónomos que cotizaron por debajo del tramo que les correspondía y 543 162 expedientes que han cotizado por encima, con un importe
promedio de 473 euros en el caso del ingreso y 523 euros en el caso de la devolución. La diferencia entre ingresos y devoluciones asciende a una cifra de 62,5 millones positivos para la Seguridad Social. Antes del 15 de junio se habrán realizado
las devoluciones a los autónomos que estaban en pluriactividad y que han sobrecotizado.


Quiero insistir en que se trata de un proceso complejo, que implica a varias Administraciones, distintas fuentes, que se desarrolla por primera vez y que afectaba a un número elevado de trabajadores y trabajadoras. Todas estas dificultades
se han superado con nota y podemos concluir que ha sido un rotundo éxito. Parte de ese éxito ha estado basado en un plan de comunicación constante para acompañar a los trabajadores autónomos y a los autorizados RED antes y durante el proceso,
facilitando herramientas sencillas para llevar a cabo este trámite. Hemos fomentado la publicación de información actualizada sobre el proceso, así como un calendario de notificaciones a través del portal y de la app de la Tesorería, Import@ss, que
ha contado con una sección diferenciada, específica para trabajadores autónomos, que ha permitido acercarles y facilitarles la información, así como hacer los trámites a quienes se iban a ver afectados por estos cambios. Les puedo avanzar que más
de un millón de personas ya la tienen en su móvil. También se ha reforzado la información a través de canales oficiales, atención presencial y telefónica, con líneas específicas establecidas al efecto.


Por último, señorías, como titular del ministerio que ha llevado a cabo esta reforma estructural tan complicada, termino mi intervención felicitando a todos los empleados públicos que con diligencia y dedicación han intervenido en este
proceso de regularización con eficacia y eficiencia, y, por supuesto, a todas las personas trabajadoras autónomas, quienes, a pesar de lo novedoso del proceso, han confiado en el sistema público contribuyendo a que sea más sostenible y garantista.

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Solo me queda recordarles, señorías, que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convocará este mes la mesa para negociar con los agentes sociales la nueva escala de tramos de cotización para el periodo 20262028, con la
mirada puesta en cerrar una nueva senda antes de que finalice este año.


Les agradezco de corazón su atención. Quedo a su disposición para atender cualquier duda o aclaración que consideren oportuna, así como para atender las críticas razonadas que permitan continuar fortaleciendo nuestro sistema público de
pensiones, pilar esencial de nuestro estado de bienestar. Es el mejor instrumento que tenemos para proteger, para ayudar a una ciudadanía que demanda de todos nosotros y nosotras entendimiento y acuerdos para seguir avanzando en lo económico, pero
también para seguir avanzando en la cohesión social y en la mejora de nuestra convivencia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, ministra.


Antes de que se me olvide, doy la bienvenida también a los miembros del ministerio que acompañan a la ministra, al secretario de Estado, evidentemente, y a Daniel Jiménez, así como al resto.


Pasaríamos así a la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo de siete más tres minutos. No hace falta agotarlos. Es una sugerencia. (Risas). En cualquier caso, saben que esta Presidencia no tiene
inconveniente en dar margen a los portavoces. Empezaríamos de menor a mayor.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego Candamil tiene la palabra.


Muchas gracias.


El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.


Obrigado tamén, señora ministra, pola súa exposición.


Vostede dedicou moitísimo tempo a explicar o criterio de sustentabilidade e mesmo a importancia de garantir a sustentabilidade do sistema de pensións. Non é que o BNG minusvalore a importancia de que un sistema público de pensións sexa,
deba ser, sustentábel, o que acontece é que probabelmente partimos de criterios diferentes e, por tanto, parécenos estupendo que pasase o exame da AIReF mais, en todo caso, nós avaliamos que é fundamental tomar en consideración a sustentabilidade
social e o efecto, o papel que debe ter un sistema de reparto na distribución da riqueza e na xustiza social. O papel que debe ter para garantir o benestar de traballadores e traballadoras após toda unha vida de traballo e, por tanto, tamén
partimos da idea de que non só nas non contributivas, cremos que se nalgún momento fora preciso realizar achegas dos orzamentos do Estado ao sistema público de pensións esa debe ser unha vía perfectamente válida e perfectamente contemplada, porque,
no caso contrario, estariamos xa limitando esa capacidade do propio sistema público para xerar benestar social.


Vostede falaba de que co Partido Socialista no Goberno mudou o criterio de actuar pola vía do recorte de gastos e pasar a actuar pola vía do incremento de ingresos. Nós temos que dicir que, infelizmente, non foi ben así. Houbo tres
reformas de pensións con este goberno do PSOE e Unidas Podemos, PSOE e Sumar, tres reformas que consolidaron os recortes anteriores iniciados polo Partido Socialista en 2011 e continuados polo Partido Popular no ano 2013. Por exemplo, a xubilación
aos 65 anos, a penalización da xubilación anticipada mesmo con 40 anos cotizados, a supresión da parcial aos 61, salvo na industria manufactureira até agora, ademais de incorporar outros. Pasou, por exemplo, de aumentar de 10 a 15 o período de
cálculo e máis recentemente, nunha desas reformas, aumentalo até o, perdón de 15 a 25 e unha desas reformas aumentalo até 29 anos.


A maiores vostedes destinan recursos a incentivar o que denominan xubilación demorada, recursos públicos en vez de facelo coa xubilación anticipada. Isto, nun contexto en que o desemprego xuvenil no Estado español supera o 25 % e é o máis
alto da Unión Europea. Apostar nos ingresos, no aumento dos ingresos en vez de apostar na redución dos gastos, implicaría mellorar os salarios, tamén nun contexto en que continúan crecendo máis as rendas, as rendas do capital que as do traballo e,
por tanto, aumentar os ingresos implicaría maior redistribución e maior xustiza social; subir o salario mínimo interprofesional até 60 % do salario medio para cumprir coa Carta Social Europea e cos datos de Eurostat, non facendo trampa como viñeron
facendo até agora. Segundo isto, o salario medio no Estado español estaría situado sobre 1320 euros, por tanto, estamos aínda lonxe de que o salario mínimo se sitúe nese 60 % do salario medio.


Implicaría destinar máis esforzos e recursos a fomentar o emprego xuvenil, a dar oportunidades á mocidade e frear a emigración xuvenil moi importante, por exemplo, no meu país, na Galiza, e deter a fuga de talentos, implicaría reducir a
xornada semanal, non a 37,5, senón a 35 horas como primeiro paso no horizonte das 32 para repartir tamén o traballo, para que traballe máis xente e para que cotice, por tanto,

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máis xente. E tamén lle compete a vostede no seu ministerio poderían actuar pola vía de producir, como está reclamado nunha iniciativa lexislativa popular en tramitación neste Congreso, de regularizar máis de medio millón de persoas hoxe en
situación irregular para que poidan saír da economía somerxida e da sobreexplotación que se encontran, para que poidan traballar con contrato regular e, por tanto, tamén cotizar á Seguridade Social. E para alén das razóns de carácter humanitario,
esta de carácter económico e fiscal non deixa de ser tamén importante, e aínda así vostedes parece que non se deciden a sacar adiante medidas que procedan a esa regularización de máis de medio millón de persoas.


É verdade, é verdade e é innegábel, que co seu goberno o aumento das pensións mudou desde a conxelación ou 0,25 anual dos gobernos do Partido Popular -só faltaría- e tamén é verdade que, tal e como estaba recollido distintos acordos para,
entre outros, no acordo de investidura asinado polo BNG, as pensións mínimas e non contributivas subiron máis que o resto das pensións, para 2025, 6 e 9 %, máis do punto de vista do BNG isto é, aínda insuficiente, porque igual que falaba con
anterioridade do salario medio, nós apostamos tamén porque as pensións mínimas se sitúen en 60 % do salario medio. Isto sería fundamental para reducir as dúas fendas, as dúas brechas que existen na actualidade. A fenda de xénero que sigue sendo
moi relevante, moi relevante, e hai que actuar para acabar con ela dunha vez por todas e tamén a territorial. Vostede sabe que no que no noso país na Galiza temos as segundas pensións máis baixas do Estado español mais se miramos do punto de vista
provincial temos as máis baixas en termos absolutos. Estamos falando de que Ourense ten as pensións máis baixas de todo o Estado Español e Lugo as segundas máis baixas de todo o Estado español, non só moi por debaixo da media, senón a distancia
sideral da pensión, por exemplo, media de Madrid ou das pensións do País Vasco, que son as de Biscaia e Guipúscoa, as máis altas. Polo tanto, reducir esas fendas debe ser tamén un obxectivo público que só se pode conseguir pola vía de subir as
pensións mínimas. E aumentar ingresos en vez de reducir gasto é o que diferencia de verdade as políticas realmente de esquerda fronte á dereita.


Vostedes, como dicía, mantiveron e consolidaron recortes e insistiron mesmo na vía da privatización do sistema por medio dos chamados plans de pensións de empresa, aos que destinan recursos públicos e fan ademais que sexan xestionados por
entidades bancarias ou aseguradoras privadas, cando mesmo existindo eses plans de pensións de empresa e non, non estamos de acordo con que existan, poderían ser directamente xestionados pola Seguridade Social. Por certo, polos datos que coñecemos
este modelo está a fracasar, non avanza. No seu día, ben, eu xa sei que tiveron que optar por esta vía intermedia porque os plans privados, a pesar dos cuantiosos incentivos públicos que é de que os dotou, por exemplo os gobernos do Partido
Popular, non conseguiron enganchar e non conseguiron, digamos, xerar ese negocio á banca e ás aseguradoras privadas que no fondo era o que pretendían as políticas do Partido Popular, facendo que ese fose o sistema fundamental, o privado, e que o
público quedase complementario. Vostedes optaron por este intermedio e polo que nós sabemos tampouco está funcionando, polo tanto, pois se cadra non é aínda tarde para rectificar e para destinar eses recursos públicos a fortalecer o sistema público
de pensións que entendemos que é do que se trata. Polo menos é polo que aposta decididamente o Bloque Nacionalista Galego e apostamos tamén por recuperar dereitos pola xubilación ordinaria aos 65 anos, a parcial aos 61, a anticipada con 40, mesmo
no horizonte dos 35 anos cotizados, a redución do período de cálculo a 10 anos e igualar como dicía a pensión mínima co salario mínimo interprofesional.


E por último, en relación cos coeficientes redutores e co RD 402/2025, a verdade é que polo menos do punto de vista do BNG foi unha decepción. Vostedes en vez de avanzar no establecemento de coeficientes redutores en sectores en que é
evidente que son necesarios pola súa penosidade, perigosidade, morbilidade, etcétera., o que fixeron foi establecer procedementos, no noso punto de vista excesivamente burocráticos, que máis parecen pensados para disuadir e impedir que para
facilitar que aqueles sectores en que é necesario, porque estamos de acordo en que se debe actuar na mellora das condicións laborais, pero onde non é posíbel facelo é normal que se establezan eses coeficientes redutores e que as persoas poidan
acceder a unha xubilación antes da idade establecida. Pero ademais fixérono -eu teño que dicilo, máis unha vez claro- dunha forma creo que pouco transparente e pouco democrática. Fixérono, entre outras cousas, excluíndo á pluralidade sindical que
existe no Estado español, excluíndo por exemplo, pois a central sindical maioritaria na Galiza, exactamente igual que exclúen a maioría sindical conformada por dúas centrais no País Vasco. Vostedes estabelecen, igual que xa fixeron, pois excluíndo
ou sacando a Confederación Intersindical Galega e ELA que facían parte da Comisión de seguimento do Fondo de Pensións fixeron o propio neste decreto tanto coa Comisión de avaliación como co grupo de traballo. E a nós e que non nos parece nin lóxico
nin aceptábel e, por tanto, pedímoslles que

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rectifiquen porque estamos a falar do recoñecemento da pluralidade sindical. E se na Galicia central maioritaria a CIG ten a condición legal con forza na Lei Orgánica de Liberdade Sindical de máis representativa e por tanto, está no
Consello Económico e Social, porque está, tamén debe estar en todos os organismos que se creen exactamente igual coas centrais do País Vasco.


Finalizo. Non ten moito pase democrático que vostedes negocien só con dous sindicatos para que despois, como consecuencia desa negociación nos organismos representativos só estean eses dous sindicatos de ámbito estatal. Falar do
recoñecemento da pluralidade e da plurinacionalidade non serve se despois na práctica non se aplica. Vostedes teñen a oportunidade aínda de facelo e sinceramente eu espero que o faga.


Moito obrigado.


Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora ministra, por su exposición.


Usted dedicó mucho tiempo a explicar el criterio de sostenibilidad y también la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. No es que el BNG minusvalore la importancia de que un sistema público de pensiones haya de
ser sostenible. Lo que pasa es que, probablemente, partimos de criterios distintos y, por tanto, nos parece estupendo que pasase el examen de la AIReF, pero, en todo caso, nosotros evaluamos que es fundamental tomar en consideración la
sostenibilidad social y el efecto, el papel que debe tener el sistema de reparto en la distribución de la riqueza y en la justicia social; el papel que debe tener para garantizar el bienestar de trabajadores y trabajadoras después de toda una vida
de trabajo. Por tanto, partimos también de la idea de que no solo las no contributivas. Creemos que, si en algún momento fuese necesario realizar aportaciones del presupuesto del Estado al sistema público de pensiones, debe ser esta una vía
perfectamente válida, perfectamente contemplada, porque, en caso contrario, estaríamos limitando ya la capacidad del propio sistema público para aportar bienestar social.


Hablaba usted de que con el Partido Socialista en el Gobierno cambió el criterio de actuar por la vía del recorte de gastos y pasar a actuar por la vía de incremento de ingresos. Hemos de decir que, desgraciadamente, no fue del todo así.
Hubo reformas de pensiones con estos Gobiernos de PSOEUnidas Podemos, PSOESUMAR, tres reformas que consolidaron los recortes anteriores iniciados por el Partido Socialista en 2011 y continuados por el Partido Popular en 2013. La jubilación a los 65
años, por ejemplo; penalización de la jubilación anticipada, incluso con 40 años cotizados; la supresión de la parcial a los 61, salvo en la industria manufacturera hasta ahora, además de incorporar otros. Por ejemplo, pasó de aumentar de 15 a 25
el periodo de cálculo y, más recientemente, en una de esas reformas, hasta 29 años. La mayoría de ustedes destinan recursos a incentivar lo que llaman jubilación demorada, recursos públicos, en lugar de hacerlo con la jubilación anticipada; esto,
en un contexto en el que el desempleo juvenil en el Estado español supera el 25 % y es el más alto de la Unión Europea.


Apostar por el aumento de los ingresos en lugar de por la reducción de los gastos implicaría mejorar salarios también en un contexto en que siguen creciendo más las rentas del capital que las del trabajo. Por tanto, aumentar los ingresos
implicaría mayor redistribución, mayor justicia social, subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60 % del salario medio para cumplir con la Carta Social Europea y también con los datos de Eurostat, sin hacer trampa, como se ha hecho hasta
ahora. Según esto, el salario medio en el Estado español estaría situado sobre unos 1320 euros. Por tanto, estamos aún lejos de que el salario mínimo se sitúe en ese 60 % del salario medio. Implicaría destinar más esfuerzos y recursos a fomentar
el empleo juvenil. Además de dar oportunidades a la juventud, frenar la inmigración juvenil -la inmigración, que es muy importante en mi país, en Galicia- y detener la fuga de talentos, implicaría reducir la jornada semanal no a 37,5, sino a 35
horas como primer paso en ese horizonte de las 32, para repartir también el trabajo, para que trabaje más gente y para que cotice, por tanto, más gente.


También, y le compete a usted en su ministerio, podrían actuar por la vía de producir, como se ha reclamado en una iniciativa legislativa popular en tramitación en este Congreso, de regularizar más de medio millón de personas, hoy en
situación irregular, para que puedan salir de la economía sumergida y de la sobreexplotación en la que se encuentran, para que puedan trabajar con contrato regular y, por tanto, también cotizar a la Seguridad Social. Además de las razones de
carácter humanitario, esta, que es de carácter económico y fiscal, no deja de ser también importante. Aun así, ustedes parece que no se deciden a sacar adelante medidas que procedan a esa regularización de más de medio millón de personas. Es
verdad, es innegable que con su Gobierno el aumento de las pensiones cambió desde aquella congelación

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o 0,25 anual de los Gobiernos del Partido Popular. Solo faltaría. También es verdad que, tal y como estaba recogido en distintos acuerdos -entre otros en el de investidura firmado por el BNG-, las pensiones mínimas y no contributivas
subieron más que el resto de las pensiones: en 2025, 6 y 9 %. Pero, desde el punto de vista del BNG, esto aún es insuficiente, porque igual que hablaba antes del salario medio, apostamos también por que las pensiones mínimas se sitúen en el 60 %
del salario medio. Esto sería fundamental para reducir las dos brechas que existen en la actualidad: la brecha de género, que sigue siendo muy relevante y hay que actuar para acabar con ella de una vez por todas, y también la territorial. Usted
sabe que, en nuestro país, en Galicia, tenemos las segundas pensiones más bajas del Estado español, pero, si lo miramos desde las provincias, las más bajas en términos absolutos. Hablamos de que Orense tiene las pensiones más bajas de todo el
Estado español y Lugo las segundas más bajas de todo el Estado español; no solo muy por debajo de la media, sino a distancia sideral de la pensión, por ejemplo, media de Madrid o las pensiones del País Vasco, las de Vizcaya y Guipúzcoa, que son las
más altas. Por tanto, reducir esas brechas debe ser un objetivo público que solo se puede conseguir por la vía de subir las pensiones mínimas.


Aumentar ingreso y reducir gasto es lo que diferencia de verdad las políticas realmente de izquierdas frente a las de derechas. Ustedes, como decía, mantuvieron, consolidaron recortes, insistieron incluso en la vía de la privatización del
sistema por medio de los llamados planes de pensiones de empresa, a los que destinan recursos públicos y además hacen que sean gestionados por entidades bancarias o aseguradoras privadas cuando, aun existiendo esos planes de empresa de pensiones,
que no estamos de acuerdo con que existan, pero, aun así, podrían ser gestionados directamente por la Seguridad Social. Por cierto, por los datos que conocemos, este modelo está fracasando, no avanza. En su día yo ya sé que tuvieron que optar por
esa vía intermedia porque los planes privados, a pesar de los cuantiosos incentivos públicos de los que los dotaron, por ejemplo, los Gobiernos del Partido Popular, no consiguieron enganchar, no consiguieron generar ese negocio para la banca y
aseguradoras privadas, que en el fondo era lo que pretendían las políticas del Partido Popular, haciendo que ese fuese el sistema fundamental, el privado, y que el público quedase como complementario. Ustedes optaron por ese intermedio y, por lo
que nosotros sabemos, tampoco está funcionando. Por tanto, no es tarde aún para rectificar y destinar esos recursos públicos a fortalecer el sistema público de pensiones, que entendemos que es de lo que se trata, o por lo menos es por lo que
apuesta decididamente el Bloque Nacionalista Galego. Apostamos también por recuperar derechos: la jubilación ordinaria a los 65 años, parcial a los 61, anticipada con 40; el horizonte de los 35 años cotizado, la reducción del periodo de cálculo a
diez años, e igualar, como decía, la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional.


Por último, en relación con los coeficientes reductores y el Real Decreto 402/2025, la verdad es que, por lo menos desde el punto de vista del BNG, fue una decepción que ustedes, en lugar de avanzar en los coeficientes reductores en sectores
en los que es evidente que son necesarios por su penosidad, peligrosidad, morbilidad, etcétera, lo que hicieron fue establecer procedimientos, desde nuestro punto de vista, excesivamente burocráticos, que parecen más pensados para disuadir e impedir
que para facilitar a aquellos sectores en los que es necesario, porque estamos de acuerdo en que hay que actuar en la mejora de las condiciones laborales, pero en donde no es posible hacerlo es normal que se establezcan estos coeficientes reductores
y que las personas puedan acceder a una jubilación antes de la edad establecida.


Además, lo han hecho, tengo que decirlo una vez más, de una forma creo que poco transparente y poco democrática; lo han hecho excluyendo, entre otras cosas, la pluralidad sindical que existe en el Estado español; excluyendo, por ejemplo, a
la central sindical mayoritaria en Galicia, exactamente igual que excluyen a la mayoría sindical conformada por dos centrales en el País Vasco. Ustedes lo establecen, igual que ya lo hicieron, sacando a la Confederación Intersindical Galega y a
ELA, que formaban parte de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Pensiones, e hicieron lo propio en este decreto, tanto con la Comisión de Evaluación como con el grupo de trabajo. A nosotros no nos parece ni lógico ni aceptable y, por tanto, les
pedimos que rectifiquen, porque estamos hablando del reconocimiento de la pluralidad sindical y, si en Galicia la central mayoritaria es la CIG y tiene la condición legal, conforme a la Ley de Libertad Sindical, de ser la más representativa, y por
tanto está en el Consejo Económico y Social, porque está, también debe estar en todos los organismos que se creen, exactamente igual que las centrales del País Vasco.


Finalizo. No tiene mucho pase democrático que negocien ustedes solo con dos sindicatos para que después, como consecuencia de esa negociación, en los organismos representativos solo estén esos dos

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sindicatos de ámbito estatal. Hablar de reconocimiento de la pluralidad y de la plurinacionalidad no sirve si luego en la práctica no se aplica. Ustedes tienen la oportunidad aún de hacerlo y, sinceramente, espero que lo hagan.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


Por error, esta presidenta le ha dado la palabra al Grupo Mixto, cuando debería haber sido el turno del Grupo Parlamentario Popular al haber solicitado él la comparecencia. Así pues, sin ningún problema, señor Paniagua, tiene usted la
palabra.


Gracias.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta. No hay problema.


Señora ministra, buenas tardes.


Usted tiene que modificar, cuatro meses después de su aprobación, el real decreto que regulaba el examen de pensiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF. Lo hace para añadir algunas de las recomendaciones del
organismo independiente y de las exigencias de Bruselas -seguramente, también ante presiones de sus socios, como hemos escuchado y escucharemos durante esta tarde- y para pedir a la institución que elabore un nuevo informe en junio de 2026. A pesar
de incluir alguna de las sugerencias, deja fuera la más importante para la AIReF, que es modificar la regla de gasto. Esta regla es el límite que actualmente exige que el gasto neto promedio no supere, entre 2020 y 2050, el 13,3 % del PIB. Para
cambiarlo y adaptarlo a lo que pide la AIReF, el ministerio tendría que haber elaborado una norma con rango de ley, no un real decreto, que se limita a desarrollar la norma, y le pregunto por qué no lo hacen. ¿Es por no tener que hacer pagos a sus
socios de legislatura, por lo que les cuesta sacar adelante cualquier proyecto de ley en esta legislatura o porque no están de acuerdo con lo que les plantea la AIReF?


Nosotros creemos que ustedes hacen una reforma definiendo una evaluación a la carta para evitar los ajustes. No creemos que estén pensando en el sistema de pensiones, yo creo que están pensando en su credibilidad sin más, en su venta
política. Aun así, pocas semanas antes del plazo han tenido que dictar un real decreto porque algunas de las previsiones no les gustaban y quizá no pudieran cumplir su objetivo -y todos pudimos escuchar las críticas de la AIReF-, y, ahora, de
vuelta a modificarlo. Parece realmente algo un poco chapucero.


Ustedes dicen que hay que ir adaptándose a los tiempos o a los momentos. No lo tenemos tan claro. Usted incluso ha dicho hoy que nadie puede decir que se puede jugar con las cifras. Yo creo que sí se puede. La AIReF pide que en el
proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo integre la regla de gasto de pensiones, alineándola con los objetivos y plazos del marco fiscal tanto europeo como nacional, y en su documento nos dice que la principal ventaja
de la medida es que limita el incremento del gasto en pensiones. Sin embargo, su cumplimiento -nos dice expresamente- puede transmitir una percepción equivocada: depende de manera crucial del momento en que se evalúe, ofrece una visión parcial y
es sensible a los cambios. Está muy claro, la regla europea establece una limitación general del crecimiento del gasto primario del 3 % entre 2025 y 2031, con un perfil decreciente en el tiempo, mientras que la regla de gasto en pensiones, aun
cumpliéndose, permite incrementos del gasto en pensiones del 4 % durante todo ese periodo, una cuestión que condiciona claramente la tasa a la que pueden crecer el resto de los gastos para cumplir con los compromisos. No podemos separar las
pensiones del resto de los gastos teniendo en cuenta que son el principal componente del gasto del Estado, y más aún en una situación como en la que estamos, con un déficit público excesivo y un endeudamiento altísimo, componentes ambos que ponen en
riesgo al país a corto plazo, y en riesgo extremo en caso de una nueva crisis económica. Por tanto, resumiendo, la AIReF constata una mejora del sistema de pensiones, la regla de gasto no puede considerarse un indicador adecuado sobre la
sostenibilidad y merma la supervisión e independencia de la AIReF y se cumple con la regla de gasto en pensiones acordada con la Unión Europea, pero no mejora la sostenibilidad del sistema y necesitará del incremento de transferencias del resto de
fondos de la Seguridad Social o de la Administración central en 2,4 puntos del PIB, con la consecuencia clara de minoración de recursos para otras políticas.


Pero no solo es Bruselas, también el FMI nos avisa de que, con las últimas reformas del sistema de pensiones, se ha abierto una brecha entre el desembolso para las prestaciones y las contribuciones a la Seguridad Social y de que ve esta
brecha creciente en las proyecciones para las próximas décadas. Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea también nos decían que el gasto relacionado con la

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edad, especialmente por las pensiones, aumentará del 24,5 del PIB, en 2024, al 29, en 2070; en ese año seremos el segundo país de la Unión Europea con mayor gasto bruto en pensiones y no somos el segundo país en tamaño de la Unión Europea.
Y también nos decían que fomentar los planes de pensiones contribuiría positivamente, entre otras cuestiones, a la sostenibilidad del sistema y en este momento está ocurriendo justo lo contrario, se esta reduciendo el ahorro en planes de pensiones.
La mayoría de los españoles lo fía todo al sistema público, y esto creo que es un riesgo que debemos solucionar. Además, el déficit del sistema que mantenemos ocurre incluso cuando los impuestos sobre el trabajo y las cotizaciones se incrementaron
en España, mientras que en el conjunto de la Unión Europea de los Veintisiete se mantuvieron o se redujeron. ¿Qué ocurrirá, señora ministra, cuando haya una crisis y baje la recaudación? Que la brecha creciente de la que hablaba el FMI crecerá aún
más e impactará negativamente en la sostenibilidad del sistema. Nosotros pensamos que ustedes están poniendo en riesgo nuestro sistema de pensiones.


En relación con el tema del complemento y su anulación por el TJUE, quería preguntarle si se plantean aprovechar la oportunidad para convocar a expertos en esta comisión. Sobre las jubilaciones anticipadas, nos alegramos de que por fin se
haya aprobado el nuevo reglamento, aunque hayan tardado casi un año. Y quería preguntarle por la negativa del Gobierno a reconocerlo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. ¿Cuál es la razón, señora ministra? ¿Por qué no han cumplido la
sentencia del Tribunal Supremo ante la demanda de JUPOL?


También quería preguntarle, señora ministra, si han escuchado a algunas asociaciones, como la que pide una auditoría de la Seguridad Social, como establece la ley, o la de los jubilados anticipados con más de cuarenta años de cotización,
porque creo que hacen aportaciones y peticiones bastante razonables.


Y ya que ha hablado de los trabajadores autónomos, me gustaría saber cómo va el tema de las mutualidades, la solución para el problema de las mutualidades. Aquí tenemos una proposición de ley, pero no tenemos informes económicos ni ningún
dato. No tenemos absolutamente nada y no sabemos si se ha reunido con las asociaciones o no, a qué acuerdos han llegado y qué es lo que pretende sobre todo este tema. A ver si nos lo puede aclarar.


Termino, presidenta. En el Grupo Popular estamos muy preocupados por el Pacto de Toledo, un pacto que, por un lado, asegura diversos valores de las pensiones y, por otro, aporta tranquilidad a los pensionistas actuales y a los futuros.
Usted ha destacado la importancia, pero son palabras, porque después los hechos son distintos. Por un lado, la utilización del Partido Socialista de las pensiones como una de sus banderas políticas hace peligrar de forma clara este acuerdo tan
importante para España. Y esta utilización del PSOE hace que se ataque constantemente al Partido Popular -uno de los pilares del Pacto de Toledo, se lo recuerdo-, en algunos casos con mentiras y con insidias. Lo estamos viendo en esta legislatura.
Se lo hemos escuchado a usted, señora ministra, y a los portavoces socialistas, incluyendo a la portavoz en esta comisión. Y también lo vemos en la acción de esta comisión, parada totalmente, salvo para sus comparecencias. Se suspendieron las
comparecencias previstas el año pasado por sindicatos y patronal y se suspendió el plan que tenía que presentar la comisión para realizar el seguimiento de las recomendaciones y el planteamiento de otras nuevas, también desde el año pasado, y
creemos que la responsabilidad no es de la Mesa o de la presidenta de la comisión, porque tenemos claro que aquí no se hace nada sin su aprobación.


Sé que es difícil, señora ministra, desde que el señor Sánchez decidió construir un muro, pero creo que podemos hacerlo y si no lo conseguimos será su responsabilidad. Hasta ahora, los movimientos en contra del acuerdo han venido todos del
Partido Socialista, y espero que no tenga que ser recordada por eso.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, ministra, por su comparecencia y explicaciones en un tema un tanto tenso, el de la sostenibilidad de las pensiones -creo que todas y todos queremos vivir una vejez tranquila, sin sobresaltos-, en el que variables como la
demografía, la economía y el empleo, desde luego, tienen mucho que decir. Se trata de un sistema que quizá tiene muchos parches. Fue diseñado en una época en la que había muchas más personas trabajando que jubiladas; sin embargo, ahora, con los
cambios demográficos y el no repunte de la productividad, porque lo cierto es que la renta del trabajo pierde peso

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en el PIB porque se cotiza menos en proporción al crecimiento económico, el sistema parece que se puede tambalear por ese desajuste entre ingresos futuros por cotizaciones y gastos en pensiones. Yo creo que es aquí donde hemos tenido los
principales problemas -déficits y transferencias del Estado a lo largo del tiempo- y creo que también se les ha dado respuesta a través de distintas medidas bienintencionadas, medidas que parecen suficientes a corto plazo -aumento progresivo de la
edad de jubilación, incremento de los años de cotización, revalorización de pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional-, pero que quizá no abordan la viabilidad financiera del sistema a largo plazo. En este contexto, es cierto que usted
nos ha dado hoy unas explicaciones y ha hecho un análisis exhaustivo de la sostenibilidad, de las predicciones de gasto, impacto e ingresos, y una valoración de la regla de gasto, sobre todo para dar una respuesta a la AIReF y a Bruselas, pero lo
cierto es que tampoco nos ha hablado de medidas concretas.


Sabemos que hay un decreto para incluir determinadas recomendaciones de la AIReF. Ha hablado de las transferencias y es cierto que la AIReF solo asume 3 décimas del PIB de transferencias, siendo rigurosos, pero parece que en el decreto no
va a haber obligación de incluir esas transferencias. No sé si esto es así, porque no me ha quedado claro.


Es verdad que la AIReF ha examinado si el nivel de gasto en pensiones es el adecuado, pero, a pesar del informe favorable, porque ha dicho que el nivel de gasto está dentro de los límites establecidos -lo cierto es que por muy poquito-, creo
que eso puede plantear dudas en cuanto a la sostenibilidad futura. Porque también dice que la sostenibilidad del sistema sigue sin mejorar, y esto resulta preocupante si tenemos en cuenta que la AIReF es quien también da solvencia técnica a las
medidas del Pacto de Toledo. En este sentido, no sé si han considerado la posibilidad de calcular, quizá anualmente, el compromiso por pensiones en términos de valores actuales para poder adoptar medidas concretas, porque usted sí que nos ha
hablado de datos actualizados.


Yo no sé muy bien lo que tendríamos que hacer, pero, por precaución, igual deberíamos conocer y trabajar en las reformas realmente necesarias para evitar la activación de la cláusula de cierre que supone aumentar esas cotizaciones. En ese
sentido, ¿no sería necesario quizá invertir más en medidas para aumentar la población activa, aumentar la productividad o aumentar los salarios? Incluso me gustaría saber si se están analizando medidas a implementar en el mercado de trabajo que
inciden en la sostenibilidad de las pensiones. Fíjese que acabo de estar en la comparecencia del gobernador del Banco de España y, en este sentido, ha dicho que hay que abordar reformas en el mercado de trabajo. Además, ha hablado de un repunte
del absentismo laboral, de un repunte generalizado de las bajas por IT, cuyo coste ha crecido un 78,5 % desde el año 2019, algo más de 15 000 millones de euros.


Dado que el futuro del sistema de pensiones va a depender del crecimiento económico y de cómo evolucione el mercado laboral, y también de decisiones políticas que vayamos tomando, me gustaría saber si se está evaluando o valorando tomar
medidas como las que están adoptando algunos países europeos: retrasar la jubilación, factores de sostenibilidad o transitar hacia un modelo mixto de pensiones donde el sistema de reparto público es complementado por pilares de capitalización
individual incentivados por el Estado y apoyados por el sector privado.


Al hilo de esto, también me gustaría conocer la evolución -o la involución, diría- de la recomendación 16 del Pacto de Toledo, en la que se establece el desarrollo de sistemas complementarios de carácter voluntario que, en línea con los
países de nuestro entorno europeo, se articulan como mecanismos de naturaleza mixta. Me estoy refiriendo a los fondos de promoción pública de empleo y me gustaría saber qué ha pasado con ese macrofondo que no ha arrancado, si se va a hacer algo.
Porque la Comisión Europea apunta a que fomentar los regímenes de pensión complementarios contribuye a la sostenibilidad y, desde luego, a la aceleración y a la adecuación de las pensiones, a la inversión en capital, al crecimiento y a la
innovación.


En cuanto a la anticipación de la edad ordinaria de jubilación, de la que nos ha hablado usted, estamos de acuerdo. Resulta evidente que se trata de mejorar el procedimiento y de hacerlo accesible a un mayor número de profesiones, lo que
supondrá un incremento en el número de colectivos que se van a poder beneficiar de todas estas medidas. Es un decreto que responde a una demanda social y sindical, pero también contradice un tanto la tendencia del sistema de retrasar ese momento de
abandonar el mercado de trabajo como la medida más efectiva para la sostenibilidad financiera. Es una reforma que valoramos positivamente, como le he dicho, pero que volvemos a criticar, y aquí coincido con el señor Rego. Se vuelve a recuperar el
requisito del sindicato más representativo para poder iniciar un proceso, excluyendo, por tanto, la realidad, en este caso la sindical vasca. En 2013 hubo una demanda del sindicato USO y

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precisamente se anuló este requisito porque era contrario al derecho fundamental de la libertad sindical en relación con el principio de igualdad. Hablaba de limitar a los sindicatos más representativos a nivel estatal la iniciativa para
incoar la fase previa del procedimiento, la recepción de los estudios e informes y la comunicación sobre la necesidad de modificar las condiciones de trabajo.


Con respecto a las pensiones de jubilación anticipada, me gustaría saber si se van a abordar las jubilaciones anticipadas de aquellos pensionistas con largas carreras cotizadas que tienen coeficientes reductores, no sé si un tanto injustos,
ya que sus jubilaciones respondían a situaciones involuntarias. No sé si hay algún adelanto en este sentido.


Y en relación con las cotizaciones por ingresos reales, desde luego, creo que es un avance, y no solo para las personas autónomas. Se va a tener la certeza de lo que se debe cotizar. Yo vengo del mundo del emprendimiento y era lo que usted
decía, se cotizaba a las cotizaciones mínimas; sin embargo, ahora, sabiendo todo lo que se ingresa, se puede adecuar muchísimo mejor. Y creo que es bueno porque se sabe cuánto se debe cotizar, pero también para la sostenibilidad del sistema. Es
el momento de consolidar este proceso para poder definir de forma segura el sistema que va a operar ya en 2026.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizábal.


Ahora, pel Grup Parlamentari Junts per Catalunya, el senyor Cervera té la paraula.


El señor CERVERA PINART: Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Bona tarda, ministra, i moltes gràcies per la seva compareixença i per les seves explicacions.


Però deixi'm dir-li que, malgrat el to tranquil·litzador del seu discurs, des de Junts creiem que no es poden obviar els dubtes sobre la sostenibilitat del sistema públic de pensions espanyol, especialment si ho fem fixant l'horitzó al 2050.
Perquè, malgrat el seu cant a les virtuts de la clàusula de cierre, a l'establiment d'un indicador, malgrat les reformes impulsades els darrers anys, com l'increment de les cotitzacions, el nou mecanisme d'equitat intergeneracional o la reforma del
règim d'autònoms, malgrat tot això, que representa, reconeixem, una aportació important al sistema i també representa un esforç gran pels treballadors i les empreses, però malgrat tot això, el que queda clar és que la dinàmica del creixement de la
despesa ni es frena ni es frenarà. La realitat és que el sistema segueix tensionat i es manté només gràcies a l'increment constant d'ingressos de l'actualitat. Però el que li deia, si posem les llums llargues, què ens espera, ministra? Fins quan
es podran modular les cotitzacions laborals sense afectar l'ocupació, la productivitat, la competitivitat? Fins...? Com viuran les generacions del futur les decisions preses avui? Aguantaran la càrrega de les decisions de les mesures actuals?
Què els pot suposar?


Miri, vostè feia referència a les darreres projeccions de la Comissió Europea, que ja revisaven i corregien parcialment les fetes pel govern espanyol, que per cert, les previsions i les projeccions del govern espanyol les titllaven en
aquells moments de poc realistes i massa optimistes i advertien que les reformes fetes fins ara podrien afectar negativament les finances públiques. Europa, si ho recorda, li deia que l'augment continuat de la despesa en pensions públiques només
tindran un efecte limitat. Li deia igualment que es preveu que el dèficit continuat en el sistema de pensions públiques empitjoraria. I això, el que acabaria comportant és un augment de la pressió fiscal. També li deia que el sistema de pensions
espanyols, ja hi ha fet referència algun altre portaveu, té una dependència excessiva del règim general, fent que les seves variacions tinguin un impacte desproporcionat en la sostenibilitat del sistema. Ressaltava també, i vostè hi ha fet
referència que hi ha un envelliment accelerat de la població. Un envelliment que augmentarà la pressió del sistema de pensions fent necessari plantejar-se com mantenir un sistema sostenible amb una població activa més reduïda. I feia evident
l'informe europeu, i vostè també s'hi ha referit, que la immigració és i serà un factor clau, perquè és i serà de les poques fonts de creixement que tindrà la població. Però aquest creixement, també li deien des d'Europa, sigui el percentatge que
sigui, que vostè l'ha fet créixer a l'alça, té dues cares. La A, que alleugerirà la pressió a curt termini i la B, a mitjà i llarg termini quan la jubilació d'aquests immigrants el que crearà és una nova onada de pressió al sistema.


També es mostrava preocupació per si les pensions futures serien suficients per garantir el nivell de vida digne, per garantir el benestar dels jubilats. I, finalment, destacaven el paper marginal a l'Estat espanyol de les pensions
privades, fet que contrasta amb altres països europeus, on aquests tenen una major contribució al suport financer dels jubilats.


Per tot això, ministra, m'ha semblat molt optimista la seva intervenció, perquè que avui es compleixi amb la llei no vol dir que el sistema sigui sostenible. Cal que ho sigui, com li deia, a llarg termini. I d'això

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tots plegats, tots els que som aquí, en tenim la responsabilitat. Però vostè, a més, en té l'obligació. Per això, pensem que hauria de ser més crítica amb l'anàlisi de les dades, per poder corregir quan encara s'hi és a temps i no xutar
endavant la pilota, perquè s'ho trobin els que vinguin.


Deixi'm abordar un altre tema recurrent per nosaltres. Des de Junts per Catalunya sap que advoquem per un salari mínim i unes pensions territorialitzades, perquè estem cansats de sentir parlar de la igualtat dels habitants de l'Estat
espanyol, una igualtat que es fa desigualtat per a molts catalans davant la justícia. Encara més quan parlem del que paguem i del que se'ns torna; quan parlem de l'execució de pressupostos, d'inversió, de finançament, d'infraestructures, etcètera,
etcètera, etcètera. També quan parlem de pensions. Ens diuen que el sistema de pensions ha de ser sostenible, just i equitatiu. I nosaltres diem que no pot ser just i equitatiu si no es tenen en compte les disparitats econòmiques entre
territoris, el cost de la vida. L'impacte d'una mateixa pensió a Catalunya queda gairebé un 8 % per sota de la mitjana de la resta dels territoris de l'Estat quan s'ha materialitzat. Són conscients vostès d'aquesta situació? Troba que és una
situació justa pels pensionistes catalans? ¿Tenen previst abordar aquesta situació perquè els pensionistes catalans, especialment aquells que reben pensions més minses, tinguin el mateix poder adquisitiu que la resta de l'Estat?


Una altra de les nostres prioritats o una altra de les prioritats de l'acció política nostra són els autònoms. Junts per Catalunya defensa un sistema de pensions que protegeixi especialment els autònoms. Vostè ja ha posat en valor el pes
de treballadors autònoms registrats, al voltant del 16 % de la força laboral catalana. Aquest s'enfronta a reptes específics com la inestabilitat d'ingressos en alguns sectors com el del turisme, el comerç minorista, l'agricultura, els artesans,
les indústries culturals. També de sectors vinculats a la innovació i la creativitat, que tots són pilars de l'economia del nostre país.


Vostè feia referència a què el 2023 van començar a aplicar el sistema progressiu de cotització per trams d'ingressos reals. Suposo que no se li escapa que aquest ha generat controvèrsia. Ens trobem que els que guanyen poc poden cotitzar
menys. Això és un benefici a curt termini, però acumulen drets molt baixos per a la jubilació. Els que guanyen més veuen com les seves cotitzacions augmenten de forma significativa, però no tenen cap certesa que el sistema els compensi
suficientment en futures prestacions. I a tot això, cal afegir-hi la complexitat administrativa d'aquest nou sistema, que crec que vostè hi feia referència. Com tenen pensat reduir la burocràcia? Com acabaran amb la incertesa fiscal que en
aquests moments genera el sistema?


És evident que hi ha molts temes per tractar. A nosaltres ens agradaria parlar de com pujar la pensió màxima per compensar quan s'han cotitzat continuadament per sobre del màxim. O legislar de forma favorable perquè els plans de pensions
personals no tributin com a rendiment del treball quan es rescaten i tantes altres coses. Però com que el temps és limitat, jo, finalment, però no menys important, una referència que també l'han fet altres portaveus a les 200 000 persones que a
Catalunya, moltes més a la resta de l'Estat, malgrat haver cotitzat quaranta anys o més, han vist aplicat un coeficient reductor de per vida a la seva pensió per a una jubilació anticipada, sovint no volguda, però aquest crec que és un tema menor.
I en aquest cas jo el que li voldria preguntar és, ministra: Quina resposta té vostè per revertir la situació de totes aquestes persones? Res més.


I moltes gràcies.


Muchísimas gracias, señorías.


Ministra, muchísimas gracias por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado. Permítame decirle, no obstante, que, a pesar del tono tranquilizador de su discurso, por parte de Junts continuamos teniendo dudas sobre la
sostenibilidad del sistema público de pensiones del Estado español, particularmente si nos fijamos en el horizonte 2050. Porque, aparte de que usted nos ha entonado una loanza de la cláusula de cierre, a pesar de las reformas impulsadas en los
últimos años, como el aumento de cotizaciones, el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional o la reforma del régimen de los autónomos, que supone -y lo reconocemos- una aportación importante al sistema y supone también un esfuerzo importante para
los trabajadores y las empresas, a pesar de todo esto, lo que queda claro es que la dinámica del crecimiento del gasto ni se frena ni se va a frenar en el futuro. La realidad es que el sistema sigue presentando una situación de tensión y exige un
incremento constante de ingresos en la actualidad. Pero, como decía, si fijamos la vista en el largo plazo, ¿qué es lo que tenemos por delante, ministra? ¿Hasta cuándo podremos actuar sin afectar a la ocupación, a la productividad, a la
competitividad? Es decir, ¿cómo van a vivir las futuras generaciones las decisiones tomadas hoy? ¿Podrán aguantar esa carga de las decisiones de esas medidas actuales? ¿Qué les puede suponer?

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Hacía referencia a las últimas proyecciones de la Comisión Europea, que ya revisaban o corregían parcialmente las previsiones realizadas por el Gobierno español, unas previsiones que en aquel momento fueron calificadas de poco realistas, de
excesivamente optimistas, y que decían que las reformas que se habían hecho podrían afectar negativamente a las finanzas públicas. Europa nos decía que el aumento continuado del gasto en pensiones públicas -quizá lo recordarán- solo va a tener un
efecto limitado. También se preveía que el déficit continuado en el sistema público de pensiones iría a más, empeoraría, y eso se iba a traducir en algún momento en un aumento de la presión fiscal. También decía que el sistema de pensiones
español, tal y como ya ha dicho otro portavoz, depende excesivamente del régimen general, haciendo que haya un impacto desproporcionado en la sostenibilidad del sistema en caso de variación. Usted también nos decía que el envejecimiento de la
población es acelerado. Es un envejecimiento que va a aumentar la presión del sistema de pensiones y nos obligará a plantearnos cómo mantener un sistema sostenible con una población activa menguante. El informe europeo decía -y usted también se ha
referido a esto, dicho sea de paso- que la inmigración va a ser un factor clave porque es una de las pocas fuentes, y va a serlo también en el futuro, de crecimiento poblacional, pero ese crecimiento -así lo decía Europa-, independientemente de a
qué porcentaje equivalga, usted lo presentaba como un porcentaje al alza. Y decía Europa que esto tendría dos caras: primero, crecimiento a corto plazo; y después, cuando se produzca la jubilación de estos inmigrantes, se va a producir una nueva
oleada de presión sobre el sistema.


Usted mostraba una preocupación sobre si las pensiones futuras van a ser suficientes para garantizar una vida digna a los jubilados o un buen nivel a los jubilados. Eso lo decía Europa. Y también se destaca el papel marginal en España de
las pensiones privadas, cosa que contrasta con otros países europeos, donde este tipo de pensión contribuye más al sostén financiero de los jubilados.


Por todo ello, señora ministra, me ha parecido que la intervención que hemos oído hoy de su boca ha sido muy optimista. El hecho de que hoy se cumpla la ley no significa que el sistema sea sostenible. El sistema tiene que ser sostenible a
largo plazo y eso es algo cuya responsabilidad recae en todos los que estamos aquí, y es algo de lo que usted tiene la obligación de ocuparse. Yo creo que tiene que ser más crítica en el análisis de los datos para intentar corregir el tiro cuando
aún se está a tiempo y no echar balones fuera, hacia adelante, para que se encuentren con el problema los que vengan más adelante.


Permítame también que aborde otro tema recurrente para nosotros. Junts aboga por un salario mínimo y unas pensiones territorializadas, ya lo sabe usted, porque estamos hartos de oír hablar de la igualdad de los habitantes del Estado
español, algo que aboca a la desigualdad para muchos catalanes ante la justicia, y aún más cuando hablamos de lo que pagamos y de lo que recibimos, cuando hablamos de la ejecución de presupuestos, de inversión, de financiación, de infraestructuras,
etcétera. Y también cuando hablamos de pensiones. Nos dicen que el sistema de pensiones tiene que ser sostenible, justo y equitativo y nosotros lo que respondemos es que no puede ser justo y equitativo si no se tienen en cuenta las disparidades
económicas entre territorios, el coste de la vida. El impacto de una misma pensión en Cataluña está casi en un 8 % de diferencia con respecto al resto de los territorios del Estado una vez se ha materializado. ¿Ustedes son conscientes de esta
situación? ¿Opina que es una situación justa para los pensionistas catalanes? ¿Tienen ustedes previsto abordar esta situación para que los jubilados, los pensionistas catalanes, particularmente los que reciben pensiones más reducidas, puedan tener
el mismo poder adquisitivo que los pensionistas del resto del Estado?


Otra prioridad nuestra, en nuestra acción política, son los autónomos. Junts per Catalunya defiende un sistema de pensiones que se traduzca en una protección muy especial para los autónomos. Usted ha subrayado el peso que tienen los
trabajadores autónomos registrados. Estamos hablando del 16 % de la fuerza laboral catalana, por ejemplo. Es un colectivo que se enfrenta a retos específicos, una inestabilidad de ingresos en el turismo, comercio minorista, agricultura, los
artesanos, industrias culturales, por ejemplo, también en otros sectores vinculados a la creatividad y a la innovación, sectores todos ellos que son pilares de la economía de nuestro país.


Se refería a usted a que en 2023 empezaron a aplicar el sistema de cotización por tramos de ingresos reales. No se le escapará, sin duda, que esto ha sido algo que ha generado controversia, porque vemos que los que ganan poco pueden cotizar
menos y es un beneficio a corto plazo, pero sus derechos de jubilación también son más reducidos. Aquellos que ganan más ven cómo sus cotizaciones aumentan notablemente, pero no tienen ningún tipo de certidumbre sobre la compensación que el sistema
pueda darles en futuras prestaciones. Y a todo ello hay que añadir, además, la complejidad administrativa de este nuevo sistema. También a esto se refería usted.

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¿Cómo tienen previsto ustedes reducir la burocracia? ¿Cómo van a acabar con la incertidumbre fiscal que en este momento genera este sistema?


Es evidente que hay muchos temas que podríamos poner aquí sobre el tapete. Por ejemplo, nos gustaría que se hablara de cómo se puede aumentar la pensión máxima cuando se ha cotizado de forma continuada por encima del máximo; de cómo
legislamos para que los planes de pensiones personales no tributen como rendimiento del trabajo en el momento de su rescate y de otras muchas cosas, pero no tengo tiempo. Por lo tanto, voy a acabar con una referencia que es importante y que repito
de boca de otros portavoces: doscientas mil personas en Cataluña y muchísimas más en todo el Estado, a pesar de haber cotizado cuarenta o más años, han visto aplicárseles un coeficiente reductor de por vida en sus pensiones por una jubilación
anticipada, a menudo que ellos no querían, y yo quisiera preguntarle, ministra: ¿qué respuesta tiene usted para revertir la situación de todas estas personas?


Es todo. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gràcies, senyor Cervera.


Veo que muchos portavoces están acumulando tiempo. La segunda vuelta la ajustaremos un poquito más.


Té la paraula, pel Grup Parlamentari Republicà, el senyor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Gràcies, presidenta. Bona tarda, ministra.


Primer de tot, suposo que ja saben què serà el primer que preguntaré, perquè és recurrent. És l'auditoria i la Seguretat Social.


Gracias, presidenta.


Buenas tardes, ministra.


Ya saben ustedes qué es lo primero que voy a preguntar, porque es un tema recurrente: la auditoría a la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley el Gobierno encargará la elaboración de un informe de
autoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva a la Seguridad Social. Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses, comprenderá la
cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.


Sostenibilidad del sistema de pensions. Si aquesta auditoria estigués feta, s'ha acabat. S'ha acabat el discurs de les dretes. S'ha acabat, perquè el problema no és el sistema de pensions. El problema és la fiscalitat de l'Estat i el
model productiu. Amb un model productiu que funcioni amb treball digne, que funcioni, les pensions estan assegurades. I amb el tema de la fiscalitat, si no hi hagués tanta evasió fiscal, economia submergida, etcètera, etcètera, doncs també.
Llavors crec que és urgent que ja sigui el Tribunal de Comptes... Que recordo el Tribunal de Cuentas, sense anar més lluny, del 22 de març del 2022 que la fiscalitat de l'Estat devia, devia a la caixa de la Seguretat Social 103 000 milions d'euros.
Imagini's vostè si tindríem un fons de reserva magnífic. El mateix Escrivà, un any després, ja augmentava a 140 000 milions d'euros el que la fiscalitat de l'Estat havia d'haver pagat i, en canvi, ho han pagat amb les cotitzacions dels
treballadors, que no són impostos. Hi ha gent que això encara no ho entén, que és salari diferit. És nostre salari i amb aquest salari no es poden pagar coses que s'han de pagar amb la fiscalitat general de l'Estat. Amb això d'aquí, la dreta
callaria. Per això, reitero perquè va ser un compromís per al qual vam aprovar la llei per part d'una esmena d'Esquerra Republicana i els compromisos s'han de complir, sobretot si són llei.


La segona part que volia dir, la veritat és que la llei aquesta de les anticipades des de l'any 2011 volíem aquesta actualització i estàvem molt expectants. Han passat catorze anys i molts col·lectius esperaven veure el seu nom crec que
justament en una llista de professions que poguessin entrar a les anticipades. I voldria que donés resposta a col·lectius que ens han vingut a veure, suposo que a tots plegats, per veure quina resposta té. Treballadors i treballadores de la
indústria química i de refino. Aquest sector suporta una exposició constant a substàncies tòxiques, com el benzè. Treballa rotatiu a torns, soroll intens, risc d'explosions, condicions físiques extremes. A França i Alemanya, aquests col·lectius
ja estan inclosos en un sistema de coeficients reductors per a la jubilació anticipada. Quina justificació tècnica o política dona el Govern per no incloure'ls ja entre els col·lectius protegits? Quan pensa el ministeri aprovar el decret específic
per reconèixer-los aquest dret?

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Segon col·lectiu que em preocupa moltíssim, perquè crec que és el col·lectiu més precari que hi ha en aquests moments a l'Estat, les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAD, subcontractats, mal pagats. Aquestes treballadores
exerceixen tasques físiques i psicoemocionals molt penoses, molt feminitzades i amb molta precarietat laboral. Molt sovint, igual que les cambreres de pis, van empastillades a treballar, perquè no poden aguantar les condicions de treball en segons
quines edats. Per què no estan inclosos aquests col*lectius en la reforma de jubilació anticipada, tot considerant la duresa de la seva feina? Quines mesures concretes i en quin termini planteja el Govern garantir que aquestes treballadores puguin
escollir-se..., acollir-se, perdó, a la jubilació anticipada en condicions justes i equiparables a altres col·lectius penosos?


A vegades veig en el sistema de pensions és que hi ha col·lectius que no tenen la capacitat de pressió que tenen altres col·lectius, ja sigui per raons sindicals o per la seva força social. I aquests col·lectius, normalment, que són els més
precaris i els més vulnerables, tenint moltes raons per tindre l'anticipada, doncs no la tenen. I entre els quals, com deia ara, les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària, moltes dones i molts migrants en aquest sector. També es podria
aplicar a les persones cuidadores en residències i a domicili, personal de centres geriàtrics, cuidadors de persones dependents, etcètera, etcètera. També podríem dir el mateix en professionals sanitaris, infermeres, auxiliars i sector sanitari que
està exposat a torns extremadament durs, malalties professionals i estrès crònic. I no obstant això, la reforma no els inclou expressament dins dels col·lectius amb coeficients reductors. Què respon al Govern a les reiterades peticions d'aquests
col·lectius? I voldria saber si ara, ara sí, després de molts anys es podran acollir-se a la jubilació anticipada.


Un altre tema o un altre col·lectiu que crec jo que no es pot ajornar més la millora de la seva jubilació anticipada són els treballadors del transport. Camioners, conductors d'autobús i tren, pilots de vehicles pesants, etcètera, no?
Penso que això és tremendament importantíssim que ja quedi clar, perquè sembla que sempre arriba, que arriba, que arriba, que arriba, però no arriba. I aquí, aquí penso que hi ha una doble condició. No només és que molts treballadors no poden
continuar portant vehicles d'aquestes característiques per la seva pròpia salut, sinó que hi ha una altra cosa molt important, que és la seguretat de tots els ciutadans. Portant transport, com els camioners, conductors d'autobusos o trens, pilots
de vehicles pesants, a segons quines determinades edats, quan sabem que a partir de certes edats, certes capacitats físiques i mentals, a vegades, a vegades minven, doncs jo crec que és un col·lectiu que ja hauria d'estar en el tema de coeficients
reductors, però d'immediat, no? Treballadors de la construcció sí tenen aquestes anticipades, però aquest sector ens ha comunicat que està preocupat per l'augment de cotitzacions previstes en la reforma. Concretament el que ells hauran de pagar
més. Si partim de la base que les pensions és salari diferit, està a la nòmina, si han de pagar més els treballadors vol dir que perdin poder adquisitiu. Vol dir que perden salari. En qualsevol cas, creiem que no haurien de pagar més els
treballadors per poder accedir a la jubilació aquestes, no?


I després un tema local, però no per això de ser local... Diré una població, encara que passa a altres poblacions, i crec que ja que està vostè aquí, crec que es pot solucionar fàcilment o s'hauria de solucionar fàcilment. Li posaré un
exemple. Comarca del Solsonès, de Catalunya, 15 000 habitants i una important activitat industrial i de serveis. No disposa d'una oficina de l'INSS. No disposa d'una oficina de l'INSS pròpia i estable. L'oficina més propera de l'INSS està a
cinquanta quilòmetres, a cinquanta kilòmetres i sense combinació de transport públic i sense combinació de transport públic que permeti anar i tornar el mateix dia. Després d'un pla es va fer que hi hauria servei prestat, posant el local el Consell
Comarcal, hauria de servei un dia a la setmana, un dia a la setmana. Però darrerament, des de l'INSS, aquest mes de juny s'ha reduït a un dia cada dos setmanes i ara s'ha complicat més el tema, perquè aquest dia cada dos setmanes serà telefònic.
Crec que realment fa falta una oficina en llocs que tenen aquesta densitat i aquesta llunyania a altres edificis de la societat social. Però en qualsevol cas, creiem que el tema de l'atenció als cotitzants de les oficines de l'INSS, crec que aquí
s'ha de fer un esforç més contundent del que es fa, per tema de cites i el tema d'oficines i d'atenció perquè la gent pugui realment anar precisament a ser atès presencialment a una oficina de l'INSS. I crec que l'exemple de la comarca de Solsona
és prou clar per intentar fer un esforç, perquè realment tothom i a tot arreu pugui ser atès en una oficina de l'INSS.


De moment, ho deixem aquí.


Moltes gràcies.


La sostenibilidad del sistema de pensiones, si esta auditoría estuviera hecha, se acabó. Se acabó el discurso de las derechas, porque el problema que tenemos no es el sistema de pensiones, es la fiscalidad

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del Estado y el modelo productivo. Con un modelo productivo que funcione, con un trabajo que funcione, las pensiones están aseguradas. Y con el tema de la fiscalidad, si no hubiera tanta evasión, economía sumergida, etcétera, pues también.
Con lo cual me parece urgente que el Tribunal de Cuentas, tribunal que recuerdo que el 22 de marzo de 2022 -veo aquí- dijo que la fiscalidad del Estado debía 103 000 millones de euros a la caja de la Seguridad Social. Ahí tenemos un fondo de
reserva estupendo. Un año más tarde estábamos ya en 140 000 millones de euros en esa deuda que debe la fiscalidad del Estado y que, sin embargo, se ha pagado con las cotizaciones de los trabajadores, que no son impuestos. Algunos no lo entienden.
Es un salario diferido. Es nuestro salario y con ese salario no se pueden sufragar cosas que hay que pagar con la fiscalidad general del Estado. Si se hiciera esto, la derecha tendría que callar. Y por ello -repito- fue un compromiso a cambio del
cual aprobamos la ley con una enmienda de Esquerra Republicana, y los compromisos hay que cumplirlos, particularmente si son ley.


Segunda cosa que quería decir. La verdad es que la ley esta de las anticipadas, desde el año 2011 estamos pidiendo esta actualización y estábamos a la expectativa. Esperando, han pasado ya catorce años y muchos colectivos esperaban ver su
nombre justamente en una lista de profesiones que pudieran entrar en esas jubilaciones anticipadas. Me gustaría dar respuesta a colectivos que nos han visitado -imagino que a todos- y le remito a usted, le reboto la pregunta: ¿cuál es su respuesta
a trabajadores de la industria química y refinado? Los trabajadores están expuestos al benceno, por ejemplo, trabajan por turnos, trabajo intenso, condiciones físicas extremas, riesgo de explosión. En Alemania y Francia estos colectivos están
incluidos en un sistema de coeficiente reductor para la jubilación anticipada. ¿Qué justificación técnica o política da el Gobierno para no incluirles ya en los colectivos protegidos? ¿El ministerio cuándo tiene la intención de aprobar su derecho
específico?


Segundo colectivo que me preocupa muchísimo, porque es el colectivo que tenemos más precarizado en este momento en el Estado: las trabajadoras de atención domiciliaria, el SAD. Trabajadoras y trabajadores subcontratados, mal pagados;
trabajadoras que normalmente viven en una gran precariedad laboral, con presión psicológica. Van empastilladas a trabajar muchas veces porque no pueden aguantar sus condiciones de trabajo a según qué edades. ¿Por qué estos colectivos no están
incluidos en la reforma de jubilación anticipada, habida cuenta del tipo de trabajo que hacen? ¿Qué término, qué plazo plantea el Gobierno para que estas trabajadoras puedan acogerse a la jubilación anticipada en condiciones justas y equitativas
con respecto a otros colectivos?


Vemos que hay colectivos en el sistema de pensiones que no tienen capacidad de ejercer presión por su fuerza social, por su respaldo sindical. Este tipo de colectivos, los más vulnerables, los más precarios, tienen muchas razones para
beneficiarse de una jubilación anticipada y no tienen derecho. Por ejemplo, el servicio de trabajadoras de atención domiciliaria, con muchos inmigrantes, muchas mujeres en ese sector. También otro tipo de servicios a domicilio, cuidado de personas
dependientes, centros psiquiátricos, por ejemplo, geriátricos, etcétera. Y podríamos decir lo mismo de profesionales sanitarios: enfermeras, auxiliares, un sector sanitario con turnos realmente muy duros, con enfermedades profesionales, estrés
crónico; no obstante, no se les incluye en la lista de colectivos para coeficientes reductores. ¿Qué dice el Gobierno a las reiteradas peticiones de este tipo de colectivos? Queremos saber si ahora -ahora sí-, y después de tantos años, también
ellos podrán acogerse a una jubilación anticipada.


Otro tema, otro colectivo que a mi modo de ver no se puede aplazar más. Me refiero a la mejora de la jubilación anticipada de los trabajadores del transporte: conductores de tren, de camiones, de vehículos pesados de todo tipo, etcétera.
Es importantísimo que esto quede claro de una vez, porque parece que estamos a puntito, a puntito, pero no acaba de llegar este momento. Yo aquí veo una doble condición. Por una parte, muchos trabajadores no pueden continuar conduciendo este tipo
de vehículos por su propia salud. Y, por otra parte, otro tema importantísimo, que es la seguridad de todos los ciudadanos. Los pilotos de vehículos pesados, conductores de tren, de camiones, etcétera, sabemos que a partir de cierta edad hay
capacidades físicas y mentales que a veces menguan, y yo creo que es un colectivo que debería beneficiarse de coeficientes reductores. Y después los trabajadores de la construcción. Ellos sí tienen estas anticipadas, pero este es un sector que nos
ha comunicado su preocupación por el aumento de las cotizaciones que prevé la reforma. Ellos tendrán que pagar más. Si partimos de la base de que las pensiones son un salario diferido, forman parte de la nómina, si tienen que pagar más los
trabajadores, significa que pierden salario, pierden poder adquisitivo. En cualquier caso, creemos que no deberían pagar más los trabajadores para poder acceder a estas jubilaciones.


Y después está un tema local que también se reproduce en otras poblaciones, y yo creo que es un tema que se tendría que poder solucionar con facilidad. Hablemos de la comarca de El Solsonès, 15 000

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habitantes. Importante actividad de servicios e industrial. No tienen una oficina del INSS propia. La oficina de la Seguridad Social más cercana está a 50 kilómetros -50- y sin combinación de transporte público que permita ir y volver el
mismo día. En un momento dado se dijo que habría un servicio un día a la semana en un local puesto a disposición por el Consell Comarcal, un día a la semana, pero últimamente el INSS ha reducido ese servicio a un día cada dos semanas. Dando otra
vuelta de tuerca, además, este día cada dos semanas ahora ha pasado a ser de atención telefónica. Francamente, considero que en lugares con una densidad como esta y con esa lejanía respecto de cualquier oficina de la Seguridad Social tendría que
hacerse de otra forma. Y, sea como sea, nos parece que en el tema de la atención a los cotizantes en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en este ámbito, hay que hacer un esfuerzo redoblado en citas, en oficinas, en atención,
para que la gente pueda desplazarse y ser atendida presencialmente en una oficina. Y me parece que este ejemplo de la comarca del Solsonès es clarísimo y nos tiene que empujar a hacer un esfuerzo para que todo el mundo pueda ser atendido en una
oficina presencialmente.


Lo dejamos aquí de momento.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gràcies, senyor Salvador.


Ahora, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer.


Gracias.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.


Bienvenida de nuevo, señora ministra, a esta Cámara; y gracias por su comparecencia y exposición.


Señora ministra, si usted cree en la independencia de los jueces del Tribunal Supremo y en la credibilidad de las instituciones, entonces el fiscal general debe dimitir o ser cesado inmediatamente.


Señora ministra, un Gobierno debe tener credibilidad y gestionar con responsabilidad, y ustedes ni una cosa ni la otra. Le daré una serie de evidencias. Primera, no tienen credibilidad ante los organismos internacionales, como se ha puesto
de manifiesto con la exigencia de Bruselas de volver a pasar el examen de la AIReF sobre las pensiones. Al parecer, en la Comisión Europea están molestos porque formaran parte del examen las transferencias de impuestos a la Seguridad Social.
Señora ministra, nuestros socios, la AIReF y todos los organismos que analizan el sistema de pensiones español son conscientes de que es absurdo mirar solo las cuentas de la Seguridad Social para saber si son necesarios nuevos ajustes o si nuestro
gasto es más sostenible. Hay que mirar el conjunto de las finanzas públicas. Todos los que hayan analizado las cuentas públicas, que hayan revisado la cuenta general del Estado, saben que no se pueden realizar artificios contables que escondan en
una cuenta del presupuesto lo que escapa de otra.


En todas nuestras intervenciones, el Grupo Parlamentario VOX ha mencionado que la única ficción contable es considerar que tenemos dos cajas, la de la Seguridad Social y la de la Administración central. Hemos repetido hasta la extenuación
que una persona sensata debería estar preocupada por la sostenibilidad de las Administraciones públicas en su conjunto. Hemos advertido que en un escenario de déficit continuado y elevado nivel de deuda mantener en el futuro este nivel de
transferencias a la Seguridad Social sin reducir otros gastos es sencillamente una ingenuidad o simplemente una irresponsabilidad.


Con independencia de las exigencias de Bruselas, hemos de indicar cómo este Gobierno quería obviar una serie de afirmaciones de la AIReF incluidas en el Informe de evaluación de la regla de gasto de pensiones. Destacamos dos. En primer
lugar, la AIReF dice que mantener un gasto neto en torno al nivel del 13,3 % de referencia no constituye un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones y, ni mucho menos, del conjunto del sector público -palabras de la AIReF-.
En segundo lugar, menciona que en el horizonte de proyección será necesario aumentar en 2,4 puntos del PIB las transferencias del resto de los fondos de la Seguridad Social o de la Administración central. Es un informe que se publicaba junto con
otros sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo. Una persona sensata debería preocuparse al leer este último informe, porque el informe menciona que el proceso de envejecimiento de la población impone una elevada
presión sobre las finanzas públicas, lo que situaría la deuda en un escenario base, sin medidas adicionales, en el 186 % del PIB en el año 2070 -186 % del PIB en el año 2070-.


Preguntaba usted sobre cuál es el concepto de sostenibilidad. Señora ministra, la sostenibilidad que se debe analizar es la sostenibilidad de la totalidad de las Administraciones públicas. Las transferencias suponen cada vez un mayor
porcentaje de los ingresos por operaciones corrientes de la Seguridad Social. Lo repito: no hay dos cajas, no hay dos presupuestos, no hay dos cuentas generales del Estado. Y la

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sostenibilidad de las Administraciones públicas, señora ministra, pasa por equilibrar las cuentas públicas, pasa por obtener superávits que permitan reducir el monto total de la deuda pública. Para ello es necesario reducir gasto público
superfluo, eliminar duplicidades y corregir ineficiencias de las diferentes Administraciones, buscando y aplicando las mejores prácticas.


Segunda, no tienen credibilidad en sus estimaciones. A este respecto, recordamos la intención de incentivar los planes de pensiones de empleo en detrimento de los planes de pensiones del sistema individual. Se llevó a cabo una licitación
que fue adjudicada a BBVA, Caser, VidaCaixa, Santander e Ibercaja. A cada una de dichas entidades le correspondía la creación de tres fondos para que respondiesen al distinto perfil de participantes, y se esperaba que, al cabo de tres años, estos
vehículos cosechasen 2500 millones de euros. Sin embargo, dichos fondos no han terminado de arrancar y constituirse en una vía de ahorro para las empresas y sus preceptivos planes de pensiones.


Tercera, no tienen credibilidad en sus proyecciones. Recordamos las comparecencias del entonces ministro, señor Escrivá, en 2020 y 2021, en las que mencionaba que la asunción completa por el Estado de los gastos impropios supondría la
eliminación del déficit presupuestario en el año 2023. No solo eso, se calculaba en 2600 millones de euros el sobrante entre gastos impropios y déficit. No obstante, 2023 cerró con déficit, y en 2024 el déficit ascendió a 9833 millones de euros.


Cuarta, no tienen credibilidad en cuanto a la capacidad de gestión. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la deuda de la Seguridad Social se ha disparado un 272 %, pasando de 34 000 millones de euros en 2018 a 126 177 millones de
euros en 2024, según datos del Banco de España. A pesar de los récords de recaudación por cotizaciones y de las reformas implementadas, el sistema sigue en números rojos y depende de transferencias estatales extraordinarias, que han sumado 328 000
millones de euros desde el año 2018.


Quinta, no tienen credibilidad ante organismos internacionales expertos en materia de pensiones, como Mercer y el CFA Institute, que en el estudio Global Pension Index 2024 sitúan a España en la posición cuarenta y cinco de cuarenta y ocho
en la evaluación de las ratios de sostenibilidad.


Sexta, son unos irresponsables cuando presumen del crecimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, un fondo que, desde la llegada de los socialistas al poder, ha pasado de 5043 millones de euros a 9377 millones de euros. Esto
supone un incremento de 4334 millones de euros. No obstante, la deuda de la Seguridad Social en ese mismo periodo de tiempo se ha incrementado en 92 177 millones de euros. Por tanto, por cada euro que se ha incrementado el Fondo de Reserva, la
deuda se ha incrementado en 21,27 euros -por cada euro que se ha incrementado el Fondo de Reserva, la deuda se ha incrementado en 21,27 euros-. Señora ministra, esta es la realidad, y presumir por el aumento del Fondo de Reserva es una completa
irresponsabilidad.


Séptima, son unos irresponsables cuando hablan de la evolución del déficit de la Seguridad Social. Señora ministra, en términos absolutos, el déficit contributivo ha alcanzado su máximo en 2024, con más de 31 400 millones de euros. El
déficit por operaciones no financieras en el año 2024 ascendió a 9833 millones de euros, a pesar de recibir un importe mayor que nunca de transferencias del Estado; un importe de transferencias de 43 082 millones de euros que provienen de impuestos
o de una mayor deuda.


Octava, son unos irresponsables al no escuchar las opiniones de quienes les decimos que subir las cotizaciones sociales es perjudicial para el empleo. En el Grupo Parlamentario VOX se lo decimos continuamente, como también se lo ha dicho
BBVA Research, que estimaba que cada punto de PIB de aumento de cotizaciones sociales para poder aumentar los ingresos del sistema significaba un punto menos de empleo; y el Banco de España, en abril de 2024, que calculaba que subir un punto
porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25 % en el número de ocupados al cabo de cuatro años, lo que equivale a más de 50 000 puestos de trabajo. Son opiniones
que mantiene el señor Gavilán, anterior director general de Economía del Banco de España y que, desafortunadamente, ya no forma parte de esa institución.


Señora ministra, el Grupo Parlamentario VOX lo ha repetido hasta la saciedad: es una completa irresponsabilidad aumentar los costes al empleo en un país con una tasa de paro del 10,9 %, la más alta de la Unión Europea, en un país con una
productividad laboral por hora que se sitúa en torno al 80 % de la media de la Unión Europea. Teniendo el récord de paro de la Unión Europea, es una irresponsabilidad que desde el año 2018 y hasta el año 2024 el Gobierno haya elevado las bases
máximas un 25,84 % y las mínimas en más del 43 %. Si tomamos el año 2025, las bases máximas se han elevado un 30,9 % y las mínimas un 50,1 %.

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Termino planteándole dos temas. Le recuerdo que el Estado lleva catorce años sin realizar aportaciones al plan de pensiones de los funcionarios. Y le recuerdo que, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, para conseguir la
situación de jubilación activa con el 100 % de pensión que un autónomo con un empleado lograba automáticamente al llegar a la edad de jubilación ordinaria serán necesarios cinco años y además se requiere que la contratación del trabajador tenga
cierta antigüedad -dieciocho meses- para poder compatibilizar la pensión con el trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sáez.


Por último, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cobo.


La señora COBO CARMONA: Gracias, presidenta.


Gracias, ministra, bienvenida de nuevo y gracias por la información, porque, aun tratándose de un tema bastante técnico, creo que lo ha traído de una forma muy clara para que ahora podamos estar debatiendo de todas estas cuestiones.


En primer lugar, en el Grupo Parlamentario Socialista queremos unirnos también a su reconocimiento al trabajo riguroso y comprometido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el proceso de reforma de las pensiones que
se inició en el año 2021. Es un proceso que no solo ha respondido a los retos estructurales del sistema, sino que lo ha hecho desde una óptica de justicia social, equidad y sostenibilidad, tal como recoge el Informe de Evaluación y Reforma del
Pacto de Toledo. Las reformas impulsadas, tanto en la anterior legislatura como en esta, representan un auténtico cambio de paradigma -ya lo ha dicho usted también-, frente a las recetas del pasado -parece ser que al Partido Popular le molesta que
se las recuerden, pero eso es lo que ellos hicieron-, que solo entendían de ajustes por la vía de los recortes. Hoy hablamos de un modelo que protege, que reconoce la diversidad de las trayectorias laborales y que garantiza la viabilidad del
sistema tanto por la vía del gasto como por la vía del ingreso.


Iba a decir que a estas alturas nadie duda -VOX, sí- del éxito de las medidas de este Gobierno en materia de empleo y de seguridad, del impacto que han tenido en el sistema público de pensiones. El informe publicado por la AIReF ahora,
justo en marzo de 2025, confirma que, gracias a la reforma implementada en 2021, el gasto en pensiones se mantiene dentro de los límites que se acordaron -porque así se pactó- con la Unión Europea, como ya se ha explicado. Hay que tener en cuenta
que hemos vivido una crisis inflacionaria como nunca y que en solo cuatro años las pensiones han acumulado una revalorización del 17,6 %. Es verdad que han surgido algunas críticas con respecto a la inclusión de ciertas transferencias estatales
como ingresos del sistema, pero la propia AIReF ha señalado que estas transferencias deben considerarse ingresos legítimos al formar parte del diseño estructural del sistema y estar amparadas por la legislación vigente. Y, sí, ha dicho que no
debemos bajar la guardia y que es fundamental continuar con el seguimiento y la evaluación periódica del sistema para garantizar su viabilidad a largo plazo y así mantener la confianza de la ciudadanía en este pilar esencial del estado del
bienestar. Y es muy importante mantener la confianza de la ciudadanía para dar tranquilidad, pero también porque estamos convencidas de que la seguridad que un ciudadano tiene de que va a percibir una renta, una pensión adecuada en la vejez, es un
elemento fundamental de la España social y de derecho en la que cree el Partido Socialista, que además tiene un efecto muy positivo en la marcha de la economía.


Lo voy a plantear de otra manera: ¿qué impacto tendría en el consumo interno de este país que la gente pensara que no va a tener garantizada una pensión digna, una pensión suficiente? Pues, mire, en el consumo interno tendría un impacto
nefasto. Obviamente, todo el mundo se dedicaría a guardar todo lo posible y a no hacer ningún gasto, pero tendría un impacto excelente en los grandes fondos que venden planes de pensiones, a quienes ustedes representan y a nadie más. Están cada
día intentando meter miedo y asustando a la gente, haciendo dudar sobre el sistema público de pensiones. Por eso decimos siempre que nuestro modelo es otro.


La reciente aprobación del Real Decreto 402/2025 es una muestra clara de este enfoque. Por fin damos respuesta a una reivindicación histórica de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en condiciones excepcionalmente
duras, tóxicas, peligrosas e insalubres. Celebramos que esta norma no solo permita anticipar la edad de jubilación en los casos justificados, sino que lo haga con un enfoque profundamente humano y progresista, porque reconoce que no todos los
trabajos son iguales, que no todos los cuerpos llegan del mismo modo a los 65 años y que el sistema público de pensiones tiene que ser también una herramienta más del Estado en la salud laboral y en la dignidad del empleo.

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Además, ministra, valoramos especialmente la incorporación de la perspectiva de género en la evaluación de los coeficientes reductores, porque durante demasiado tiempo muchos trabajos muy feminizados y el impacto que han tenido en las
mujeres han sido totalmente invisibles.


En cuanto a la implantación del nuevo sistema de cotización para trabajadores y trabajadoras autónomas basado en los rendimientos reales, pensamos que estamos ante una reforma profunda, ambiciosa y necesaria, que da respuesta a una anomalía
histórica en nuestro sistema de protección social. Con esta transformación no solo estamos modernizando el sistema de cotización, estamos también dignificando la figura del autónomo y de la autónoma y estamos reconociendo el papel esencial que esta
figura tiene en nuestro modelo económico y social. Más de 3,4 millones de personas forman hoy el colectivo autónomo en España; un colectivo diverso, dinámico, cada vez más feminizado y multicultural, pero también con una creciente presencia en
sectores de alto valor añadido. Vemos que últimamente se están incorporando a profesiones tecnológicas y, como digo, profesionales de muy alto valor añadido que lo hacen con el modelo de autónomo.


Este nuevo modelo parte de una premisa que es de justicia social: quien más gana, más cotiza; quien menos gana, no queda desprotegido. Se rompe con un sistema regresivo que llevaba a la mayoría de los autónomos a cotizar por la base
mínima, condenándolos a pensiones y prestaciones muy por debajo de lo que merecen.


Queremos destacar, de nuevo, otro elemento fundamental: la confianza que ha demostrado el colectivo de los autónomos en este sistema. Han entendido -y así lo han mostrado- que este paso no es una carga, sino una inversión en protección, en
seguridad y en dignidad futura. El colectivo de los autónomos demuestra, de nuevo, y se une a tantos otros, que están planteando cada vez más confianza en el sistema público de pensiones.


En el Partido Socialista creemos que apoyar el emprendimiento y la actividad empresarial no es incompatible, sino complementario con garantizar derechos. ¿Queremos una economía dinámica? Sí, pero también una economía justa e inclusiva,
donde quien emprende no se vea abocado a la precariedad ni a la incertidumbre permanente. Y, de nuevo, ministra, con perspectiva de género, que empieza a reconocerse también en el mundo autónomo. Más de 1,3 millones de mujeres sostienen hoy la
actividad por cuenta propia y necesitamos que este modelo les garantice protección efectiva, conciliación y pensiones dignas.


Como decía al principio y como hemos tenido la oportunidad de escuchar a los distintos grupos, queda claro que nuestro modelo es otro. Es un modelo de izquierdas, un modelo para un sistema público de pensiones que apuesta por financiarlas,
aumentando los ingresos, si fuera necesario, en lugar de recortarlas y, de esta forma, hacerlo sostenible. Algo que jamás hubiera hecho la derecha. (Rumores). Así que la animamos a seguir trabajando en la misma línea.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cobo.


Finalizadas las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la ministra, señora Saiz.


La señora MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Saiz Delgado): Muchas gracias, señora presidenta.


Si les parece, voy a ir contestando por orden. Ha habido una alteración, pero, si no les importa, voy a contestar en el orden en el que han hecho sus intervenciones.


Empiezo por el señor Rego. Quiero ser muy clara: este Gobierno tiene un compromiso con lo público. Por eso, asemejarlo a épocas anteriores de recortes, le digo rotundamente que no. Además, sabe usted que hacemos un esfuerzo por exigir a
quien más tiene, aparte, evidentemente, de todas las políticas que se llevan a cabo, como la subida del salario mínimo interprofesional; la cotización de los becarios por las prácticas no remuneradas, ese más de millón y medio de jóvenes que ya
están generando derechos; la revalorización que ha hecho este Gobierno de las pensiones conforme a la ley en un 19 % en siete años -un 19 %-; también de las no contributivas en un 9 % en el último año; todo lo que tiene que ver con las PNC; con
el ingreso mínimo vital; con las pensiones de viudedad con hijo o hija a cargo; con las personas con más vulnerabilidad... Ese es el modus operandi de este Gobierno, que está dando oportunidades a los jóvenes, reduciendo de manera histórica la
temporalidad, dando oportunidades a los menores de 30 años con cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social que mes a mes hacen ver cuál es nuestra receta, cuál es la hoja de ruta. Además, evidentemente, muchas de esas medidas han

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contado con su apoyo y con su voto favorable. Esa es una hoja de ruta bien distinta a la de épocas pasadas, en las que las cosas no se hacían de esta manera.


En lo que tiene que ver con la pluralidad sindical, está recogida en el decreto que regula los coeficientes, en la posibilidad de iniciar el procedimiento. Está reconocida y respetada. Además, conoce bien mi compromiso con esa pluralidad
sindical y con un procedimiento que está encima de la mesa y que quiere ser objetivo, que quiere ser un procedimiento claro y que tiene que dar un mensaje absolutamente contundente, poniendo la salud de los trabajadores, la prevención de riesgos
laborales y el trabajar en unas condiciones óptimas de salud psicosocial en el centro de la política laboral.


Señores del Partido Popular, nadie se apropia de la dignidad de los pensionistas cuando se revalorizan sus pensiones; lo que saben los pensionistas es qué hacen unas fuerzas políticas y qué hacen otras cuando se someten a votación leyes que
garantizan la revalorización de sus pensiones. Y cada vez que el Partido Popular ha tenido ocasión de pronunciarse, de votar, que es la regla esencial de la democracia y para lo que nos han elegido los ciudadanos -en este caso, para la que les han
elegido los ciudadanos, porque yo no soy diputada-, para manifestar esa voluntad; cada vez que el Partido Popular ha tenido que manifestarse en todas las medidas que están dando buenos resultados, que están haciendo que seamos un país que crece, el
voto ha sido no. Así que yo les pregunto si lo hacen porque, queriendo erosionar al Gobierno, juegan con la tranquilidad de pensionistas y ponen en riesgo reforma laboral, la subida del SMI, de los fondos europeos y de todas las medidas. Porque
quiero recordar que la reforma de las pensiones es una de las reformas comprometidas con Europa, con esos fondos europeos a los que ustedes, cada vez que han tenido la oportunidad, han puesto palos en la rueda. Y digo yo que será porque quieren
erosionar al Gobierno y son ustedes los que construyen un muro o porque tienen otro modelo. Es que igual ustedes tienen otro modelo distinto al de fortalecer lo público; igual su modelo es otro y por eso votan en contra de todas las medidas que
hacen que se fortalezca precisamente nuestro sistema público de pensiones. Por eso me llama la atención que hable usted de muros y que hable de sectarismos. Si tienen otro modelo, explíquenlo; si no, expliquen a la ciudadanía por qué cada vez que
han tenido oportunidad de posicionarse en todas las medidas que están corrigiendo las fallas que estaban muy arraigadas en nuestro mercado laboral, como la temporalidad de los jóvenes, no lo han hecho. ¿Me habla usted de brecha de género? ¿Se
preocupa usted por la brecha de género? ¿Sabe usted que, precisamente, gracias a la reforma laboral hay más de diez millones de mujeres trabajando, incrementándose las bases de cotización por encima de las de los hombres, y esa es la mejor
herramienta contra las brechas de género? Pues esas medidas han tenido siempre su voto en contra.


Señoría, yo le pido un poco de coherencia. Si no, díganle a la ciudadanía que el ejercicio que hacen ustedes desde la oposición es simplemente erosionar al Gobierno, que es para lo que ustedes están ejerciendo la oposición. Si es así, que
por lo menos la ciudadanía lo sepa y, cuando llegue el momento, en 2027, de saber quién da respuesta a sus problemas y a sus desafíos, podrán elegir con toda la información. Pero no tomen el pelo a la ciudadanía, porque ha habido muchas ocasiones,
son treinta y cinco leyes las que este Gobierno ha llevado al Boletín Oficial del Estado; leyes que precisamente van en la línea de lo que le digo. Les recuerdo que lo que he venido a explicar hoy es fruto del cuarto acuerdo en materia de
pensiones con sindicatos y patronal. A pesar de eso, yo sigo hablándole de diálogo, de acuerdo, de mano tendida. Este Gobierno trabaja; trabaja con el Pacto de Toledo, con el diálogo social y con el acuerdo y el consenso como bandera. Sean
ustedes bienvenidos el día que quieran ejercer una oposición que esté a la altura de los desafíos que enfrenta este país, señor Paniagua.


En relación con la sentencia por la que me preguntaba, que tiene que ver con la equiparación de la Policía con Mossos y con Policía Foral, la estamos estudiando y próximamente daremos los pasos necesarios.


Varios de los portavoces han planteado alguna cuestión en relación con la cláusula de cierre, y esto que voy a desarrollar va dirigido a usted, señora Sagastizabal, y al señor Rego, y creo que también se ha preguntado por parte de Esquerra
Republicana. La reforma de las pensiones tiene una cláusula de cierre, que es un mecanismo de evaluación cada tres años. Se encarga la AIReF; es la AIReF la que decide la inclusión o no de las transferencias, como explicaba en mi primera
intervención. En el decreto anterior, así como en el desarrollo actual -y, además, saben ustedes cuál es la pirámide normativa de nuestro país, una norma reglamentaria no puede contravenir una norma con rango de ley-, la AIReF se encarga de evaluar
este nivel de gasto en pensiones 2022-2050 y el impacto que puedan tener los ingresos. La cláusula es uno de los mecanismos que se han introducido para garantizar a largo plazo la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ya les he explicado
y he compartido que, si se detecta un exceso de gasto, el Gobierno debe proponer nuevas medidas y aprobarlas, en su caso, con las mayorías suficientes,

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cuyo impacto corrector será evaluado por la AIReF. Las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto está en niveles razonables -la AIReF, organismo independiente-, y las medidas están teniendo buenos resultados.
Por eso, podemos decir que la primera evaluación a la que nos hemos sometido por parte de la AIReF ha sido superada con éxito, constatando que el gasto neto está una décima por debajo del nivel establecido.


El escenario macroeconómico, como ustedes van viendo día a día, especialmente en empleo, es mejor que el que se pronosticaba en 2023. Diferentes organismos internacionales siguen revisando al alza las previsiones, los datos macroeconómicos
de PIB, de deuda, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales de reconocido prestigio. No obstante, debemos entender que esas previsiones económicas tienen un elevado grado de incertidumbre a 2050 -todos estaremos de acuerdo- y pequeñas
variaciones pueden tener un impacto importante. Por tanto, no debemos ver, en caso de que así fuera, la activación de la cláusula como algo catastrófico. La cláusula, señorías, está precisamente para dar certidumbres, no para generar miedo. Eso
es lo que tenemos que dar a la ciudadanía y es lo que hemos consensuado entre todos, que esa cláusula dé certidumbres, que esté ahí vigilante. Y creo que debemos tener un respeto por la ciudadanía y no generar miedos infundados, precisamente,
teniendo unos elementos tan novedosos como nuestra cláusula.


Esas ventajas de las que les hablo generan incentivos para que los que tenemos que tomar decisiones nos pongamos de acuerdo para tomar medidas si son necesarias. Y si no se llega a un acuerdo, que haya un mecanismo automático -insisto- en
aras de garantizar la certidumbre y la seguridad de la ciudadanía. Y no prescribe la política de ningún Gobierno. Las medidas pueden ser de gasto o de ingreso. Los cambios del Real Decreto 100/2025 no modifican la cláusula, no la modifican. Es
un reglamento destinado a desarrollar aspectos que no estaban lo suficientemente claros, pero que en modo alguno contravienen lo establecido por la ley. El reglamento no puede ni alterar ni contradecir. Y bien lo saben, señorías. La solicitud de
un informe adicional en 2026 busca precisamente dar tranquilidad en un periodo de incertidumbre económica, con revisiones estadísticas o con posibles shocks, como pueden suponer los aranceles injustos del presidente Trump. Y también se pretende
alinear con las distintas reglas fiscales y con los plazos en línea de la recomendación de la propia AIReF y de organismos internacionales.


La señora Sagastizabal ha preguntado -y creo que también otros portavoces- por los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. En lo que tiene que ver con los planes de pensiones de empleo, el número de partícipes se ha incrementado
notablemente, pasando de 2 millones a 2,9 millones. Y en lo que tiene que ver con los fondos de promoción pública, estamos trabajando intensamente para que vayan tomando cuerpo. En la actualidad, estamos trabajando para nombrar a los seis nuevos
miembros de la Comisión de Control Especial. Se acaba de cerrar el plazo para las candidaturas. Ese órgano supervisa los fondos de pensiones de empleo de promoción pública a propuesta del ministerio, en una etapa en la que estamos trabajando, como
les digo, de despliegue y de consolidación.


También preguntaba la señora Sagastizabal por las largas carreras. Eso fue abordado en el año 2021. Como saben, nuestro sistema se basa en la contributividad, pero también en la solidaridad. Por eso hay mecanismos garantistas, como los
complementos a mínimos.


Paso a la intervención del señor Cervera. A mi modo de ver, lo que es injusto en este país es que los pensionistas y la revalorización de sus pensiones estén al albur de decisiones políticas; por eso es de justicia social garantizar por
ley que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Y lo mismo le digo en relación con el salario mínimo interprofesional. Por eso es de justicia social que el salario mínimo interprofesional se haya incrementado un 61 % en nuestro país en los
últimos siete años. Hablando en los mismos términos que ha utilizado en su intervención, esas son decisiones de justicia social.


Estamos a punto de iniciar la reforma de la jubilación flexible. Venimos de todo lo que tiene que ver con la jubilación activa y parcial para esas favorecer esas salidas graduales del mercado de trabajo y para acabar con esa regulación tan
abrupta entre ser jubilado, ser pensionista o ser trabajador. Debería ser siempre voluntariamente. Ya lo dije en mi anterior comparecencia, que nunca sea por una insuficiencia de pensión, sino que la decisión de prolongar la vida laboral sea por
una decisión voluntaria, personal, o por una decisión de compartir talento sénior con talento júnior. Por tanto, por una decisión voluntaria y nunca por insuficiencia de la pensión.


En relación con la auditoría, el señor Salvador sabe que el compromiso de este Gobierno con la transparencia es absolutamente inequívoco. En ese sentido, sabe que se remitió recientemente un informe de la Intervención General de la
Seguridad Social y también que en nuestro presupuesto hay una aportación del Estado para compensar esos gastos que asume la Seguridad Social para hacer otras

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políticas de Estado. Señor Salvador, por supuesto, nuestra razón de ser es la atención a la ciudadanía, así que le aseguro que voy a revisar lo que ha referido en torno a la atención en esa comarca. No recuerdo el nombre, discúlpeme. (El
señor Salvador i Duch: Solsona). Solsona, gracias. Como le digo, la atención a la ciudadanía es nuestra razón de ser. No han sido pocos los desafíos que hemos afrontado y, por supuesto, no solamente a nivel de recursos humanos, sino también en
otros canales. Es importante que las políticas que son efectivas lleguen a la gente, porque, si no, no haríamos nada.


Usted ha hablado de diferentes profesiones. Sabe que para mí es importante la salud de los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, con esa perspectiva de género que incorpora el procedimiento. El procedimiento está encima de la mesa
y creo que es una buena noticia. Ahora es el momento de trabajar y, evidentemente, analizar con el rigor de los datos las diferentes profesiones. Creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar a la ciudadanía. El objetivo era llegar a este
punto, a un procedimiento clarificador y que fuera objetivo.


Señor Sáez Alonso, no voy a aceptar ninguna lección de una fuerza política como VOX, que ha tenido una sanción del Tribunal de Cuentas de 862 000 euros por financiación irregular, en lo que tiene que ver con el compromiso con la
transparencia y con el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, al prestigio de los organismos internacionales y la cantidad de instituciones a las que nos sometemos, nos debemos y con las que trabajamos de manera transparente,
haciendo un país cada día mejor para el conjunto de la ciudadanía. Y, fíjese, hoy tiene especial trascendencia su intervención, porque hemos celebrado los cinco años del ingreso mínimo vital, una política viva que salió con un amplio consenso en un
contexto muy complicado, salvo por una fuerza política, porque, si no me falla la memoria, creo que ustedes se abstuvieron en esa votación. Sin embargo, tienen ustedes el cuajo de acusar de retrasos en el pago de la prestación, cuando son ustedes
unos negacionistas de la pobreza infantil, unos negacionistas de la violencia de género y unos negacionistas de lo público. Han votado sistemáticamente que no a todas las políticas que están haciendo mejorar los datos. No sé si usted está al
corriente de los datos de empleo, de afiliación, de deuda, de déficit y de cómo estamos día a día siendo revisados al alza en lo macro, a la vez que reducimos al máximo de la serie histórica las tasas de pobreza y de pobreza infantil. (Rumores).
En todos aquellos momentos que tienen oportunidad, ustedes venden derechos por presupuestos en diferentes comunidades autónomas. Ustedes son negacionistas de todo lo que nos ha llevado hoy a tener más de 21,7 millones de afiliados. Tenemos los
mejores datos de temporalidad de los jóvenes en la serie I2 histórica, así como el mayor número de mujeres trabajando y el mayor número de autónomos. Son negacionistas del aporte de la población migrante, que forma parte de este análisis
absolutamente riguroso. Lo que hacen ustedes constantemente es denostar a la población migrante y celebrar pactos de la vergüenza que hablan de expulsiones de los niños y las niñas que vienen en situación de vulnerabilidad a nuestro país en busca
de una vida y un futuro mejor. Por tanto, señorías de VOX, mientras ustedes votan permanentemente en contra de España, me van a permitir hoy que mi contestación se limite simplemente a esto que les acabo de decir.


Por cierto, para aportar más certidumbre, les daré un dato del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un mensaje de absoluta certidumbre para la ciudadanía, que es a quien nos debemos. Señorías del Partido Popular y de VOX, la
hucha de las pensiones tiene ahora 11 165 millones de euros y comenzará la próxima legislatura en torno a 27 000 millones de euros. El Partido Popular lo encontró con 66 815 millones y en 2018 lo dejó en 5043 millones. Es decir, dilapidó más de 60
000 millones de euros. (Rumores.-Risas.-El señor Sancho Íñiguez: No es para reírse). Por tanto, frente a la desinformación, rigor. Tenemos que seguir haciendo de nuestro sistema nuestra espina dorsal, seguir contribuyendo, seguir avanzando en
justicia social y seguir demostrando que se puede ser motor de crecimiento económico sin dar un solo paso atrás en derechos y en protección social. Esa es la labor de este Gobierno, siempre buscando el consenso y siendo muy conscientes de que somos
un país plural y que necesitamos buscar acuerdos que nos hagan avanzar como país. Eso para mí siempre es algo positivo. Por tanto, esa es mi actitud, tener siempre la mano tendida para seguir mejorando la vida de la ciudadanía. Hablando de
pensiones, creo que ha merecido la pena poder seguir insistiendo en esa búsqueda de consensos.


Señora Cobo, le agradezco todo lo que dice, porque sabe que comparto al cien por cien sus reflexiones. (Rumores). Básicamente, hablamos de valores y de maneras de entender la política, la política útil, aquella que da respuesta a los
desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía. Muchas gracias, señora Cobo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra.


Han sobrepasado el tiempo de los siete minutos casi todos los portavoces, menos la portavoz socialista, que se ha ceñido estrictamente a él. (Rumores). Les daré un minuto y medio a todos los portavoces para que concluyan sus
intervenciones, pero a la portavoz socialista le tengo que dar tres. Es de justicia y creemos que así lo tenemos que hacer.


Esta vez empezaremos con el portavoz del Grupo Popular, el señor Paniagua, que tiene la palabra.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Señora ministra, parece que usted es la portavoz del tema laboral de la parte socialista del Gobierno, porque nos habla mucho de temas laborales, aunque no sean de su competencia. Esta comisión es sobre los acuerdos del Pacto de Toledo.
(La señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz Delgado: Pero sí de Seguridad Social). De Seguridad Social, sí, pero no de reforma laboral o de cómo va el mercado de empleo. (Rumores). Esta es una comisión sobre el Pacto
de Toledo, no una en la que nos dediquemos a analizar su gestión como ministra. Es sobre el Pacto de Toledo, y en el Pacto de Toledo nos preocupamos de algunas cosas. Por eso, una de las razones de mi intervención es la preocupación que tenemos
por la sostenibilidad del sistema de pensiones y, en segundo lugar, mostramos nuestra preocupación por el futuro del propio Pacto de Toledo. Si eso le molesta, no lo entiendo, porque nos lanza mensajes que vendrían bien para un mitin, algunos de
populismo fiscal, y nos dice que no hemos apoyado... ¿Qué no hemos apoyado?, ¿unas medidas que vienen en un decreto ómnibus, junto a otras treinta o treinta y cinco medidas?, ¿o la revalorización de las pensiones en los presupuestos generales del
Estado? ¿De verdad eso le parece una crítica? O sea, ¿tenemos que aprobar los presupuestos generales del Estado para que no digan que no estamos a favor de la revalorización de las pensiones? Por favor, un poco de seriedad, ministra. (Rumores).


Con respecto al tema de la hucha de las pensiones, esta se utilizó, lógicamente, porque el fondo estaba constituido para el caso de que el sistema fuera deficitario, como reconoció un secretario de Estado del Partido Socialista en una
comparecencia en este Congreso de los Diputados hace unos años.


La señora PRESIDENTA: Señor Paniagua, le agradecería que finalizara.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Ya acabo.


En relación con la hucha de las pensiones, cuando se aporta dinero al Fondo de Reserva a través de endeudamiento no veo qué aporta eso al futuro del país o de las pensiones.


Dice todo esto y luego nos pide consenso, es un poco complicado. El muro lo creó el señor Sánchez, lo dijo aquí el día de la investidura, aunque creo que no estaba usted, y desde entonces estamos donde estamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.


Señora ministra, só unha puntualización en relación coa cuestión do respecto ao pluralismo sindical. Efectivamente recupérase a capacidade de todas as organizacións máis representativas conforme a Lei Orgánica de Liberdade Sindical para
iniciar un procedemento e iso está ben. Eu estaba facendo referencia aos dous organismos que se crean nese decreto que son a comisión de valoración e o grupo de traballo da dimensión de xénero. Neses dous casos vostedes introduciron o elemento
restritivo máis representativas a nivel estatal. Non sabemos moi ben por que esa diferenza entre uns artigos e outros do mesmo Real Decreto porque efectivamente creo que non se sostería dadas os precedentes que excluísen as organizacións sindicais
máis representativas da capacidade de iniciar un procedemento para o establecemento de coeficientes redutores pero cando crean os organismos, pois limitándonos a aqueles cos que vostedes negociaron o conxunto do acordo no chamado diálogo social, que
son os sindicatos de ámbito estatal -como dicía, moi pouco democrático isto de eu escollo negociar só con estes dous- e en consecuencia, nos organismos que se crean só van estar estes dous. Creo que se pode avanzar no recoñecemento dunha realidade
sindical que de facto existe no Estado español, polo menos no caso da Galiza e no caso de Euskadi e que sería bo facelo simplemente iso.


Moito obrigado.

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Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra solo una puntualización en relación con la cuestión del respeto al pluralismo sindical. Se recupera la capacidad de todas las organizaciones más representativas, conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para iniciar
un procedimiento. Eso se recupera y está bien. Yo hacía referencia a los organismos que se crean en ese decreto, que son la comisión de evaluación y el grupo de trabajo de la dimensión de género. En esos dos casos, ustedes han introducido el
elemento restrictivo: más representativas a nivel estatal. Y no sabemos muy bien por qué esa diferencia entre unos artículos y otros del mismo real decreto. Porque, efectivamente, creo que no se sostendría, dados los precedentes, que excluyesen a
organizaciones sindicales más representativas de la capacidad de iniciar un procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores y, en cambio, cuando creamos organismos, los limitan ustedes a aquellos con los que negociaron el conjunto
del acuerdo, el llamado diálogo social. Eso, en los sindicatos de ámbito estatal, como decía, me parece muy poco democrático. Yo escojo negociar solo con estos dos y, en consecuencia, en los organismos que se crean solo van a estar estos dos.
Creo que se puede avanzar en el reconocimiento de una realidad sindical que, de facto, existe en el Estado español, menos en el caso de Galicia y de Euskadi. Sería bueno hacerlo, sencillamente eso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego.


A continuación, el señor Cervera.


El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies presidenta.


Molt, molt, molt breument. No he entès que em contestés cap de les preguntes que li he fet, ministra. M'ha semblat que em feia un retret a una cosa que jo no havia posat en qüestió. Si té oportunitat me'ls contesta i si no, doncs ja ho
trobarem.


I només un comentari, un comentari i desconec si hi ha una raó de força major perquè avui no hi hagi cap portaveu del grup que dona suport al seu govern, ni tan sols ha vingut el que hem anomenat de vicepresident primer. No sé si això
respon a una raó de força major -que si és el cas, doncs ja els demano disculpes per anomenar-ho- o si respon a un episodi més d'aquestes tensions internes que vostès tenen i que vostè ha viscut en primera persona.


Res més. I moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Seré muy breve. No he visto que la ministra me contestara a ninguna de mis preguntas. Creo que me ha hecho un reproche sobre un tema que yo no había cuestionado. Si puede, me responde usted a mis preguntas y, si no, en otro momento será.


Por lo demás, quiero hacer un comentario. Desconozco si hay algún tipo de fuerza mayor, porque aquí no veo a ningún portavoz del grupo que apoya a su Gobierno. Nuestro nuevo vicepresidente primero ni siquiera ha venido, yo no sé si aquí
estamos ante una situación de fuerza mayor -y si es el caso, me disculpo por haberlo mencionado- o acaso estamos ante un episodio más de estas tensiones internas que tienen ustedes y que habrá vivido usted en primera persona.


Es todo. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cervera.


A continuación, el señor Salvador, del Grupo Republicano.


El señor SALVADOR I DUCH: Molt breument.


És una reivindicació que ja han fet altres companys i companyes i que voldria fer jo també, que és el tema de la jubilació anticipada per a aquelles persones que tenen una carrera de cotització de més de quaranta anys i que, sobretot aquell
conjunt de persones que no siguin penalitzats, sobretot quan han sortit del mercat de treball perquè han estat acomiadades, etcètera, etcètera, no? Creiem que persones que han treballat més de quaranta anys, doncs, si han hagut de sortir del mercat
de treball per raons involuntàries sobretot, repeteixo, crec que no haurien d'estar penalitzades.


Gràcies.


Una reivindicación que ya han formulado otros compañeros y que retomo: la jubilación anticipada para aquellas personas que tienen una carrera de cotización de más de cuarenta años y, particularmente, aquellas personas que no deben verse
penalizadas cuando han salido del mercado laboral porque se las

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ha despedido. Creemos que unas personas que han trabajado más de cuarenta años, si han tenido que abandonar el mercado laboral en contra de su voluntad, no deberían verse penalizadas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, señor Salvador.


A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ ALONSO-MUÑUMER: Gracias, señora presidenta.


Vamos a recordar: caso Filesa, caso Flick, caso Hacienda, caso Rumasa, caso Aller, caso Seat, caso AVE, caso Arcos, caso Guerra, caso Roldán, caso GAL -terrorismo de Estado-, caso ERE de Andalucía -680 millones de euros estafados a los
parados andaluces-, caso Asesores, caso Ciempozuelos, cursos de formación, caso Campeón, caso Mallén, caso Comercio, caso Matsa, caso ACM, caso Alhambra, caso Feval, operación Madeja, caso Delcy, Tito Berni... Y el fiscal general del Estado debe
dimitir o ser cesado inmediatamente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sáez.


Para finalizar, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cobo, tiene la palabra.


La señora COBO CARMONA: Muchas gracias.


Para cerrar también quiero decir que estamos viviendo un momento muy interesante. Estamos viviendo una revolución tecnológica que, bien dirigida, se traducirá en una mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Para eso está
trabajando este Gobierno.


Estas reformas han reforzado la suficiencia de las pensiones y la viabilidad del sistema. También se han ampliado derechos con incentivos a quienes deseen prolongar su vida laboral -como se ha dicho siempre, de forma voluntaria- gracias a
fórmulas que permiten compatibilizar trabajo y pensión, y se ha hecho un modelo más justo de reparto del esfuerzo contributivo.


Por alusiones. Nos decía el Partido Popular que hemos utilizado el tema de las pensiones de forma partidista. Nosotros lo único que hemos hecho, creo que de forma muy clara, es contar cuál es nuestro modelo. (La señora Fernández González:
Once). Eso se contrapone con el suyo y no les gusta lo que ven en el espejo. Al final, nosotros somos muy conscientes de lo que hacemos, lo contamos y decimos por qué. La ministra lo ha explicado perfectamente y esto se lleva haciendo muchos
años. Pero ustedes quieren contarle a la gente una cosa, porque si supieran las personas que se beneficiarían -por supuesto nadie- de las políticas que el Partido Popular lleva a cabo cuando gobierna, a la hora de la verdad les votaría muy poquita
gente. Hacen creer a las personas que ustedes defienden las pensiones y la revalorización conforme al IPC, pero lo cierto es que no lo hacen. La prueba es la última votación, en la que solo votaron a favor cuando su voto se convirtió en
irrelevante, porque priorizaron tumbar al Gobierno, en ese marcador que llevan ustedes semana a semana, y en el que les sale muy mal la cuenta porque ni una de cada diez veces ganan la votación. Esa fue su prioridad en aquel momento.


Además, están todo el día intentando denostar las políticas de este Gobierno permanentemente -ayer tuvimos una prueba de ello- y creo que es para tapar los enormes resultados en gestión que está teniendo este Gobierno. Fíjense, en el año
2004, que España crecía en torno a un 3 %, se batió un récord de afiliación con 16,8 millones de afiliados a la Seguridad Social. En aquel momento España iba bien, yo salí de España y me decían por la calle: España va bien, el mantra que montaron
en aquel momento. Entonces, ¿cómo estamos hoy, con 21,7 millones de afiliados y creciendo por encima del 3 % (Aplausos). Por cierto, en aquella época también entraron 4 millones de personas de otros países a trabajar en España y no había tanto
ruido. Tenemos una balanza por cuenta corriente con un superávit de 4100 millones de euros, la inflación en el 1,9 %, una economía perfectamente controlada y una gestión que da resultados. Eso es lo que el Partido Popular no puede soportar, y de
ahí esta oposición peligrosa, tóxica, penosa e insalubre que llevan a cabo.


A la señoría de VOX, que ha hecho también muchas referencias, no tengo tiempo hoy para desmontar las mentiras que llevan tantos años contando sobre Andalucía, pero sí le diré una cosa. Como persona sensata que me considero -ha dicho usted
que una persona sensata debería estar preocupada-, como mujer y como demócrata, a mí lo que realmente me preocupa es que ustedes algún día toquen, aunque sea de lejos, el poder. Espero que nunca lleguen.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cobo.


A continuación, y para finalizar, tiene la palabra la ministra, señora Saiz.


La señora MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (Saiz Delgado): Sí, seré breve para agradecer las intervenciones. Pero comentaré alguna cuestión.


Señor Rego, como sabe, la comisión de evaluación es algo que viene mandatado por la ley, así que podremos avanzar en el grupo de trabajo.


Señorías, en relación con las carreras largas de cotización, si no me falla la memoria, en el verano del año 2021 se remitió un documento que sirvió para complementar, precisamente, estas carreras de larga cotización. Como saben, venimos de
hacer importantes reformas, modernizando y rompiendo ese abrupto salto que había en nuestro país entre la condición de jubilado y trabajador. Creo que tenemos que cuidar entre todos esta isla, como nos referimos a veces al Pacto de Toledo, y esas
recomendaciones y ese trabajo de consensos.


Señor Paniagua, la relación entre el trabajo y las pensiones es muy directa. Fíjese: a mejores salarios hoy, mejores pensiones mañana. Fíjese si tienen relación ambos ministerios. Por eso, señorías, se hacen absolutamente dolorosos sus
votos en contra de revalorizar pensiones, e incluso han llegado a interponer una enmienda a la totalidad a esa regulación garantizada por ley. Por eso se hace especialmente incomprensible votar en contra de subir el salario mínimo interprofesional
porque, como le digo, a mejores salarios hoy -en un país que crece en calidad y cantidad en empleo-, mejores pensiones mañana.


Así pues, les agradezco que hayamos tenido este espacio de debate en algo verdaderamente importante para la ciudadanía y tiendo mi mano para seguir avanzando en fortalecer nuestro sistema público de pensiones.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, ministra.


Antes de finalizar, dos cuestiones. Respondiendo al señor Cervera, tampoco ha venido el portavoz de Bildu. Lo que ha ocurrido es un tema personal. Le agradezco el comentario y le contesto. Cualquier consulta al respecto, no duden en
preguntármela directamente.


En segundo lugar, invito a los portavoces a que realicen su plan de trabajo para llevarlo a cabo en el segundo periodo de este ejercicio 2025. Un plan de trabajo que permita a esta comisión continuar profundizando en las reformas,
explicando, pidiendo respuestas o comparecencias. Bien, lo que se acostumbra a hacer en esta comisión, que es especialmente sensible a reformas como la de las pensiones. Insisto, les agradezco a todos su presencia hoy lunes y les emplazo para
cuando consideren oportuno los portavoces.


Añado: este año -lo ha dicho la ministra- es el 30.º Aniversario del Pacto de Toledo. Se celebrará en breve, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, una semana dedicada expresamente a este Pacto de Toledo que tanto dice de
nosotros como país, que es un referente y que ha ido más allá de nuestras fronteras. Invito a los portavoces a que vengan y podamos compartir una semana en Santander que puede ser muy intensa e interesante.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta y dos minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.