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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 343, de 22/05/2025
cve: DSCD-15-CO-343
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 343
POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Sesión núm. 13
celebrada el jueves,
22 de mayo de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre impulso de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000662) ... (Página2)
- Sobre la atención integral de las personas con enfermedades raras en situación de discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000736) ... (Página6)
- Para el desarrollo de la figura del experto facilitador judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001462) ... (Página11)
- Relativa al estudio de las necesidades de las familias con hijos a cargo con discapacidad intelectual. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001487) ... (Página15)
- Para la regulación laboral de la figura de la persona asistente personal. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001574) ... (Página18)
- Para impulsar de manera urgente la transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de
Estacionamiento para personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001669) ... (Página23)
- Relativa a la adopción de políticas destinadas a garantizar la plena inclusión en condiciones de igualdad y respeto para las personas con enanismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente
161/001878) ... (Página27)
- Relativa a la creación de un sistema único de autorización para el acceso de personas con discapacidad y movilidad reducida a las zonas de bajas emisiones en todo el territorio nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001914) ... (Página32)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página37)
Cuestión fuera del orden del día ... (Página38)
Se abre la sesión a las nueve y un minuto de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE IMPULSO DE LA ASISTENCIA PERSONAL PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000662).
La señora PRESIDENTA: Si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión a las nueve horas, conforme al orden del día que sus señorías han recibido y que ha sido formalmente notificado.
En primer término, debate y votación de la Proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la asistencia personal para las personas en situación de dependencia, a la que hay presentada una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la PNL, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.
La señora MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Hoy traemos a esta comisión un tema que para el Grupo Parlamentario Socialista es un tema central en la agenda del bienestar social: la asistencia personal para las personas con dependencia, porque nos parece fundamental que como sociedad
se entienda que el bienestar de las personas con discapacidad o con dependencia no es solo una cuestión de equidad, sino de derechos humanos. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir con dignidad, a participar activamente en la sociedad y a
decidir cómo quieren vivir, y en ese sentido, la asistencia personal es un pilar fundamental para garantizar la autonomía de estas personas, porque no es un servicio más, es una cuestión de igualdad de derechos. Las personas con dependencia deben
poder ejercer sus derechos de manera plena y para ello necesitamos asegurar que su acceso a la asistencia personal esté garantizado, para que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, tengan las mismas oportunidades para desarrollar
sus vidas de la manera que deseen, y para ello, la asistencia personal es un derecho esencial que no podemos dejar de fortalecer.
Como todos saben, el servicio de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la vida independiente para conseguir la inclusión en la comunidad de personas en situación de dependencia. Consiste en la prestación de apoyos a
través de profesionales conforme a un plan personal en el que se concreten las actividades de la vida diaria que permitan a la persona desarrollar su proyecto de vida. Por tanto, una de las medidas fundamentales para la promoción de las personas
con discapacidad, máxime si son dependientes, es que cuenten con la colaboración de una figura profesional que les preste asistencia personal.
El artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, recoge que la asistencia personal es un derecho de las
personas con discapacidad, reconocido como una vía para hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, define la asistencia personal y establece una prestación económica para su contratación. En este sentido y con la idea de seguir avanzando en este servicio, la regulación de la figura de asistente personal fue
incorporada como uno de los objetivos del Plan de choque en materia de dependencia, aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Y después de haberse debatido en diferentes foros, contando con la participación no solo de las Administraciones públicas, comunidades autónomas y entidades locales a través de la FEMP, sino también de entidades empresariales y
organizaciones sindicales, el Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó, en la reunión de 12 de mayo de 2023, el acuerdo por el que se definen y establecen las condiciones específicas del acceso a la asistencia personal en el Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Ese acuerdo supuso un avance significativo para este servicio, porque redefine el modelo de cuidados, primero, estableciendo un marco común de condiciones específicas de acceso a la asistencia personal; segundo, promoviendo un servicio que
potencia la independencia y la autodeterminación de las personas en situación de dependencia; y, tercero, mejorando las condiciones de acceso a la prestación: edad mínima de 3 años y existencia de un proyecto de vida que no solo permita a la
persona beneficiaria la participación plena en los ámbitos educativo y laboral, sino también en los de ocio y participación social o cualquier otro ámbito previsto en dicho proyecto.
No obstante el acuerdo alcanzado por el Consejo Territorial, el Gobierno ha estimado necesario seguir profundizando en la memoria de la prestación de asistencia personal a través de una modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por lo que, en febrero de este año, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por el que se modifica la ley de discapacidad y dependencia, que
garantiza más derechos y más servicios. Este anteproyecto tiene como finalidad garantizar vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal. Este cambio normativo en cuanto a
la asistencia personal elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlos a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona, y elimina el artículo 25, que establece
la incompatibilidad de la prestación de asistencia personal con otras prestaciones. Además, incluye en el anteproyecto un servicio -antes era una prestación, a partir de ahora, si se aprueba el anteproyecto, será un servicio y una prestación- de
asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustadas a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente aquellas que tienen mayores
necesidades de apoyo.
Este grupo parlamentario considera que para seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y dependencia es necesario seguir mejorando la asistencia personal, afrontando los retos pendientes que demandan
especialmente las organizaciones que velan por las personas con discapacidad, con una mayor y mejor información sobre la prestación de asistente personal a las personas beneficiarias del Sistema para la autonomía y atención a las personas
dependientes, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ofertan esta prestación de una forma muy restringida, lo que deriva en que la asistencia personal representa una proporción muy reducida dentro del conjunto de prestaciones reconocidas por
la ley de dependencia en España. Según datos del Sistema para la autonomía y atención a las personas con dependencia correspondientes a finales de 2024, solo el 0,55 % de todas las prestaciones reconocidas son de asistencia personal. Esto
significa que, de las más de 1 400 000 personas con dependencia reconocida, apenas 7700 cuentan con este tipo de apoyo. Organizaciones como la COCEMFE han denunciado que, a pesar de estar contemplada en la legislación desde hace más de una década,
la asistencia personal sigue siendo una prestación prácticamente inexistente en muchas comunidades autónomas.
Por último, la asistencia personal no es solo una forma de apoyo, es una expresión del derecho a decidir cómo queremos vivir. Y no es una cuestión de más financiación, es más costoso mantener una plaza pública que financiar un servicio de
asistencia personal. Apostar por este modelo es apostar por la dignidad y por una buena gestión más eficiente y más humana de los recursos públicos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín.
A esta iniciativa hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y, para su defensa, tiene la palabra el señor Parra.
El señor PARRA GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy comparezco aquí en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, para defender nuestras enmiendas a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista sobre el impulso de la figura de la
asistencia personal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia; figura que apoyamos específica y explícitamente, que incluso está incorporada en el
último programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones generales. Pero les voy a hablar con absoluta claridad: no vamos a aceptar que un derecho esencial como es el apoyo a las personas en situación de dependencia se
convierta en una herramienta más de confrontación política o de favoritismo territorial. Estamos hablando de un sistema que afecta a más de 1 300 000 personas beneficiarias en España, muchas de las cuales todavía están a la espera de poder acceder
a prestaciones fundamentales, como la asistencia personal, que hoy por hoy sigue siendo residual en buena parte del país, y no por falta de voluntad de las comunidades autónomas, sino por falta de recursos y liderazgo por parte del Gobierno.
En el Grupo Popular hemos presentado dos enmiendas que no son ideológicas, son de justicia, porque no se puede hablar de ampliar derechos sin garantizar la financiación necesaria para hacerlos posibles, ni se puede hablar de cohesión cuando
el Gobierno rompe con cada paso que da la equidad del sistema. La primera enmienda que hemos presentado exige el despliegue efectivo y consensuado con las comunidades autónomas del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales del 24 de
mayo de 2023, que fija las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal. Es un acuerdo aprobado por todas las partes, pero abandonado por el Gobierno a la hora de implementarlo. Esto, señorías, es faltar a la palabra dada y dejar en
papel mojado un consenso técnico y político imprescindible en esta cuestión.
La segunda enmienda va al núcleo del problema: exigir al Gobierno que cumpla de una vez por todas el artículo 32 de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y garantice que
la Administración General del Estado aporte al menos el 50 % del coste efectivo del sistema. ¿Saben sus señorías cuál es la realidad? Que hoy el Estado apenas cubre el 23 % del gasto total en dependencia; el 77 % lo soportan las comunidades
autónomas. Esto no es un incumplimiento legal, es una injusticia fiscal y territorial que penaliza a los Gobiernos autonómicos que sí están comprometidos con sus ciudadanos y les obliga a hacer malabares para mantener los servicios básicos cada
mes. Lo más grave es que el Gobierno no solo incumple, sino que además premia con financiación adicional a unos territorios frente a otros en función de sus intereses partidistas. Ahí tiene el acuerdo bilateral que permite a Euskadi recibir una
financiación específica para dependencia fuera del marco común. ¿Qué les decimos entonces a los ciudadanos de Andalucía, de Castilla y León, de Aragón, de Murcia, de Madrid o de Galicia? ¿Valen menos estos ciudadanos? ¿Que su acceso a la
asistencia personal depende de con quién pacte el presidente del Gobierno? Esto, señorías, no es política social, es clientelismo institucionalizado. Lo decimos alto y claro: todas las comunidades autónomas deben ser tratadas con equidad, sin
privilegios, sin chantajes y sin favoritismo. Lo contrario no solo vulnera el principio de igualdad, sino que rompe el pacto de confianza que debe existir entre las Administraciones.
Por eso, les pedimos el apoyo a nuestras enmiendas, porque no queremos más anuncios vacíos ni más titulares sin respaldo presupuestario. Queremos un sistema de dependencia sólido, equitativo y garantista en el que el lugar donde uno viva no
determine el nivel de apoyo que recibe. Hoy no se votan unas enmiendas del Grupo Popular, hoy se vota si ustedes están con un modelo común para todos o con uno a medida de los socios parlamentarios del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Parra.
Una vez que ha sido defendida la única enmienda presentada a esta proposición no de ley, iniciamos el turno de portavoces para la fijación de posiciones.
En primer lugar, tendría la palabra el Grupo Mixto, pero el señor Rego ha manifestado a la Mesa que solo intervendrá en su iniciativa, que figura en el orden del día.
A continuación, es el turno de la señora Renteria.
La señora RENTERIA LASANTA: No voy a intervenir.
La señora PRESIDENTA: No va a intervenir.
A continuación, es el turno de Euskal Herria Bildu. (Pausa). No está en la sala.
Junts per Catalunya tampoco está presente en la sala.
El Grupo Parlamentario Republicano tampoco.
Por tanto, es el turno del Grupo Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra el señor Cofiño, en su condición de portavoz. Adelante.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenos días.
Es bien conocida la historia del Movimiento de Vida Independiente que surge de los movimientos sociales en América Latina y de Estados Unidos a finales de los años sesenta, al calor de las luchas sociales antirracistas y feministas. Se
considera a Ed Roberts como uno de los padres del Movimiento de Vida Independiente con un lema que nunca está de más recordar, sobre todo, en esta comisión. El lema es 'Nada sobre nosotros sin nosotros'. En 1972, en la Universidad de Berkeley,
donde asistía Ed Roberts, se creó el primer Centro de Vida Independiente, que fue un hito fundamental en la batalla de las personas con discapacidad por su reconocimiento social e institucional. Como es bien sabido, la filosofía de la vida
independiente enfatiza aspectos como la desinstitucionalización, la autodeterminación, la no discriminación, la plena participación y la vida comunitaria. Esta filosofía, que tardó algunos años en llegar a Europa, ya a finales de los setenta se
expandió en un concepto compartido en la lucha por los derechos para las personas con discapacidad. Otro hito en nuestro ámbito europeo es la incorporación de la figura de asistencia personal como derecho subjetivo en Suecia con la ley de apoyo y
servicio de 1994.
El repaso de la historia es importante para ver el marco de los avances sociales en los que nos movemos y tener en cuenta cómo los avances institucionales siempre llegan tarde, pero siempre llegan de la mano de los movimientos sociales.
Esto lo estamos viendo en lo que hoy nos atañe o en otros elementos que hemos trabajado hace muy poco y seguimos trabajando, como es el tema de la ley ELA. Por cada avance social hay infinitas militancias políticas, pero también resistencias de
personas. Hablamos mucho de leyes, y es necesario hablar de leyes porque este es nuestro mandato, pero nunca hay que olvidar a los verdaderos protagonistas.
La figura de asistencia personal fue mencionada claramente por algunas personas cuando trabajamos el borrador del proceso de la ley ELA+. Concretamente, José Luis Capitán, Teresa Pérez, Unzué o Cristian Lago y María Luisa Nogueiro nos
insistían en la importancia de incorporar -y así se incorporó en uno de los párrafos cuando trabajamos el borrador de consenso de la ley- el párrafo que habla de adaptar los servicios prestados de la prestación de asistencia personal y de servicio
de ayuda a domicilio, previstos en los artículos 19 y 23 de la Ley 39/2006, a las personas en situación de dependencia y a las necesidades de las personas destinatarias de esta ley. Y anteriormente, se ha mencionado el 11 de febrero de 2025, cuando
se aprueba el anteproyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y también que
la reforma pretende incorporar nuevos servicios que tengan en cuenta el entorno comunitario y ampliar las prestaciones para cuidados.
Estamos de acuerdo con las intervenciones que se han realizado en el sentido de que no ha lugar a la confrontación política, sino a la mejora de la calidad de vida de las personas. En nuestro grupo parlamentario, siempre lo hemos expresado
claramente: nunca vamos a estar satisfechos con las políticas que tengamos, siempre vamos a querer más y siempre vamos a ir con retraso. Este es un ejemplo de que las Administraciones públicas y la sociedad tenemos un compromiso y una deuda con
las personas con discapacidad. Se trata de un tema presupuestario, pero también se trata de un problema de gestión en las comunidades autónomas, lo hemos contado varias veces. Yo vengo de trabajar veinticinco años en gestión en una consejería y
sabemos que incluso teniendo presupuestos holgados nuestra gestión es muy deficiente, yo diría que en todas las comunidades autónomas. Tenemos ejemplos de buena gestión en diferentes comunidades autónomas, pero es muy mejorable. Entonces, no
tenemos que olvidarnos de este tándem: mejores presupuestos y una mejor gestión eficiente de ellos con un criterio que compartimos totalmente, que es el de equidad.
Las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones de referencia se han pasado décadas impulsando cambios normativos y apoyo institucional, nos toca corresponder a ese esfuerzo de generaciones. En este sentido, es
imprescindible poner en valor el gran trabajo normativo, económico, societario y de toda índole que también está realizando nuestro Ministerio de Derechos Sociales. Consideramos que la presente iniciativa invita a dar continuidad y a profundizar en
este trabajo, por ello, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño.
Para finalizar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario. Adelante.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Buenos días, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista nos propone modificar la Ley 39/2006 para aumentar la cartera de prestaciones para las personas en situación de dependencia. Como bien se expone en la ley, señorías, la atención a las personas en situación de dependencia
y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, es alcanzar también una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Al mismo tiempo, el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia responde a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Pero el artículo 8.2 de la ley, en su apartado c) dice muy claramente: Acordar las condiciones y
cuantías de las prestaciones económicas previstas en el artículo 20 es competencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistemas para la Autonomía y Atención de la Dependencia, consejo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cuya presidenta es la señora ministra de Sanidad, es decir, la señora Mónica García. Y es este Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia el que establece los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el catálogo y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos para su aprobación por el
Gobierno mediante real decreto. ¡Anda, mediante real decreto!
En definitiva, traer a esta comisión una iniciativa que como Gobierno pueden ejecutar es una broma de muy mal gusto; pero no para los parlamentarios, que ya conocemos las artimañas del Partido Socialista, no, sino para todas las personas
que estando en situación de dependencia les han votado a ustedes, señorías del Grupo Socialista, y esperaban que se pusieran a trabajar por los derechos de estas personas, y del resto de los españoles claro. Pero no se le puede pedir peras al olmo,
¿verdad? Porque ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo al partido que ni siquiera cumple con los enfermos de ELA?
Y el Grupo Popular, además, ha presentado una enmienda que reconoce perfectamente que no pueden las comunidades autónomas soportar el cien por cien de la financiación y, por lo menos, deciden que el Gobierno las apoye con un 50 %. Es decir,
que el Partido Popular, por fin, reconoce que la gestión por comunidades autónomas no es equitativa y no es igualitaria. Pues, bienvenidos, señorías del Grupo Popular, por fin reconocen el sentido común que en VOX llevamos demandando tanto, dado
que la gestión por comunidades autónomas no es igualitaria con todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. Además, su señoría del Grupo Popular, por fin, también reconoce que este Gobierno atiende a intereses
para financiar a las comunidades autónomas. Más claro, agua.
Por lo tanto, nosotros, a pesar de esa enmienda que ha propuesto el Grupo Popular a la iniciativa del Grupo Socialista, como ustedes comprenderán, el bipartidismo siempre está en las mismas y nosotros vamos a votar que no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Armario, ha quedado clarísima su postura.
Queda por preguntar al Grupo Parlamentario Socialista -así me lo indica nuestro eficaz letrado- si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora MARTÍN RODRÍGUEZ: No, no la aceptamos.
La señora PRESIDENTA: No se acepta la enmienda, por tanto, se someterá a votación en sus términos.
- SOBRE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000736).
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el punto número 2 del orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, y figura en el orden del día con la siguiente denominación: Proposición no de Ley sobre la atención integral de las personas
con enfermedades raras en situación de discapacidad.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Paniagua. Adelante.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Las enfermedades raras son un conjunto de entre 5000 y 7000 patologías distintas que afectan a menos de 5 de cada 10 000 habitantes y para las que se cuenta con pocas alternativas terapéuticas. En total, se calcula que en el Estado español
el 5,9 % de la población padece una enfermedad rara. En su gran mayoría se trata, además, de enfermedades graves, crónicas, degenerativas, potencialmente discapacitantes y/o mortales, que comprometen tanto la calidad de vida como la autonomía
personal. Se caracterizan con un comienzo precoz en la vida: dos de cada tres aparecen antes de los dos años, también por dolores crónicos o por el desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos.
No obstante, uno de los principales problemas a los que se enfrentan estos pacientes es la demora en la obtención de un diagnóstico certero. Según la Federación Española de Enfermedades Raras, un paciente con una enfermedad rara espera una
media de cuatro años hasta obtener un diagnóstico, y en el 20 % de los casos, transcurren diez o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Durante este proceso hasta la obtención del diagnóstico, el desarrollo de la enfermedad produce daños
irreversibles en la salud de las personas afectadas, que, en muchos casos, acaban sufriendo una discapacidad. En total, más del 70 % de las personas con estas patologías posee el certificado de discapacidad, de las cuales, el 35 % aseguran no estar
satisfechas con el grado de discapacidad reconocido.
El Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, es el que regula el procedimiento por el cual a una persona se le reconoce un determinado grado
de discapacidad. Debe adaptarse a las necesidades de estas patologías e incluso incluir alguna, como en el caso del síndrome de Ehlers-Danlos, que no está incluido en este procedimiento. Dependiendo de dicho grado, esta persona podrá o no acceder
a determinadas ayudas o prestaciones, por lo que es de gran importancia que el reconocimiento del grado de discapacidad corresponda con la mayor precisión posible a la situación real en la que se encuentran los pacientes.
Por otra parte, existen carencias en la atención a todos estos pacientes. Las personas con enfermedades raras precisan de una atención sociosanitaria integral que los acompañe desde el momento del diagnóstico y durante todo el desarrollo de
su enfermedad. Para ello, es preciso una mayor coordinación entre las Administraciones sanitarias y de derechos sociales, así como un mayor conocimiento de los profesionales de ambos departamentos sobre las características de las enfermedades raras
y sus consecuencias en la vida cotidiana de quienes las padecen.
Junto a todo lo expuesto anteriormente, debe destacarse también que la falta de profesionales sanitarios especializados en estas patologías y de centros, servicios y unidades de referencia, en muchas ocasiones obliga a los pacientes a
desplazarse fuera de su provincia o incluso de su comunidad autónoma para recibir un diagnóstico adecuado o acceder a un tratamiento, provocando una grave situación de inequidad.
Preocupados por estos españoles y su situación, presentamos la siguiente proposición no de ley en la que instamos al Gobierno, en primer lugar, a promover en colaboración con las comunidades autónomas medidas para garantizar la atención
sociosanitaria integral personalizada de las enfermedades raras; que contemplen, por un lado, la coordinación entre los departamentos de sanidad y de derechos sociales; también la mejora de los circuitos de comunicación y de colaboración entre los
profesionales sociosanitarios y las asociaciones de pacientes; y, por último, la promoción de la formación en enfermedades raras de los profesionales sanitarios, especialmente en la atención primaria.
En segundo lugar, pedimos reforzar la asistencia y la dispensación de tratamientos domiciliarios, considerando en todo momento las situaciones de discapacidad que afectan a buena parte de las personas con enfermedades raras y otros factores
como puede ser la situación socioeconómica del paciente, la distancia del domicilio del paciente al centro o unidad de referencia más cercano o la distancia del domicilio al centro dispensador de sus tratamientos farmacológicos más cercano.
En tercer lugar, pedimos garantizar la equidad en el acceso a los métodos de diagnóstico precoz, la atención médica y a los tratamientos existentes de los pacientes con enfermedades raras, independientemente de su lugar de residencia.
En cuarto lugar, pedimos también modificar el Real Decreto que les comentaba antes, 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y garantizar así el
reconocimiento adecuado a las personas afectadas por una enfermedad rara a fin de compensar las particularidades, las dificultades y las necesidades diarias que genera el curso de estas enfermedades.
Por último, solicitamos impulsar campañas de información para la ciudadanía sobre enfermedades raras para luchar contra el estigma social que en muchas ocasiones acompaña a este tipo de patologías.
Y por supuesto, señorías, aunque no está en la PNL -y como hizo ayer nuestra vicesecretaria nacional, Esther Muñoz-, pedimos al Gobierno que de una vez aporte el dinero previsto a los enfermos de ELA. Se lo pedimos por favor, como hizo ella
ayer. Es inaceptable que a estas alturas aún no se haya hecho y es inadmisible, teniendo en cuenta las circunstancias de esta enfermedad. No hay ninguna excusa posible, ni la falta de presupuestos ni otros compromisos del Estado. La situación de
los enfermos de ELA no admite más demoras. Espero que no tengamos que volver a pedírselo.
Sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista, no podemos aceptarla como está, pero intentaremos negociar una transaccional durante el transcurso de la sesión.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Paniagua.
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, doña Esther Rodríguez tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
La atención integral a las personas con enfermedades raras es crucial debido a la complejidad y singularidad de sus condiciones. Estas enfermedades, que afectan a un número reducido de personas, requieren de un enfoque multidisciplinar que
incluya diagnósticos precisos, pues muchas son difíciles de diagnosticar. Los tratamientos adecuados son costosos y no siempre disponibles; por ello, es necesario el acceso a medicamentos y terapias innovadoras; también, el apoyo emocional por el
impacto que tienen pacientes y familias para ayudarles a manejar el estrés y ansiedad que les genera; así como apoyo social para educar a pacientes y sociedad, reducir el estigma y fomentar la empatía. La investigación en enfermedades raras es
vital para descubrir nuevas terapias y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Señorías del Grupo Popular, con esta PNL ustedes vienen a demandar unas actuaciones por parte del Gobierno que ya se están llevando a cabo y que se están poniendo en funcionamiento o aplicando en distintos niveles de implementación. Por
tanto, en su proposición no de ley, en lugar de promover, garantizar o impulsar, lo correcto sería instar al Gobierno a seguir promoviendo, a seguir aplicando, a seguir llevando a cabo, a seguir legislando, como, de hecho, se está haciendo, y su
grupo debería estar ahí para apoyarlo.
Voy a enumerar, por ello, algunas de las acciones que se están llevando a cabo. Actualmente, se está tramitando el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla la constitución de órganos de coordinación
sociosanitaria en las comunidades autónomas, que faciliten la cooperación entre el ámbito social y el sanitario para responder de forma integral, coordinada y eficiente a las necesidades de atención de las personas en situaciones de dependencia, con
discapacidad o con enfermedades crónicas o de salud mental, entre otras. Asimismo, se dispondrá de un sistema de información compartido que permita la gestión y el seguimiento de los planes de atención individualizados. Actualmente se encuentra en
periodo de enmiendas.
Hay que destacar el proyecto de centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Estas unidades han mejorado la equidad en el acceso a los centros de mayor experiencia y proporcionan atención integral en equipos
multidisciplinares. Se está desarrollando la plataforma en red de atención al paciente, con la que se pretende evitar desplazamientos innecesarios de pacientes, mejorando la atención y fomentando la comunicación y coordinación entre profesionales
de los distintos niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
El Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, ha identificado una necesidad manifiesta de consolidación de la medicina personalizada para garantizar la implantación de la medicina de precisión de forma planificada, ordenada
y equitativa. En paralelo, se ha desarrollado una herramienta informática que da soporte al catálogo de pruebas genéticas, de manera que sea accesible a la ciudadanía, a profesionales, a Administraciones sanitarias y a grupos de interés.
Conviene destacar el Plan de inversión para la mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes con enfermedades raras, como parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la Salud de Vanguardia, con el
que se pretende reforzar la cohesión territorial. Uno de los principales objetivos es ayudar a los pacientes a mantener su independencia y superar sus limitaciones para llevar a cabo tareas diarias y participar en actividades sociales. Dicho plan
tiene un importe de 34 millones de euros, correspondientes al ejercicio presupuestario 2023, para su distribución a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con objetivos definidos como: facilitar el diagnóstico
precoz con los programas de cribado neonatal; la implementación homogénea y completa
de la cartera común del Sistema Nacional de Salud; mejorar la accesibilidad, comodidad y humanización de los espacios de los centros sanitarios, e impulsar el tratamiento rehabilitador mediante ortoprótesis.
En materia de prestación farmacéutica, el Ministerio de Sanidad valora que la colaboración entre las farmacias comunitarias, el Sistema Nacional de Salud y la atención primaria es esencial para ofrecer una atención integral y eficiente a los
pacientes. Por último, el Ministerio de Sanidad está comprometido con la actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, que se llevará a cabo durante este año 2025 con la participación de las comunidades
autónomas, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y otros actores que pueden ser relevantes. Además, está previsto contemplar acciones de sensibilización social sobre las enfermedades raras.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, como ya bien ha comentado su señoría del Grupo Popular, que esperamos que consideren y acepten.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.
Iniciamos el turno de portavoces para fijación de posiciones.
Como quedó dicho, el señor Rego no hará uso de la palabra, pese a estar presente en la sala.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) no hará uso de la palabra, aunque está en la sala.
Euskal Herria Bildu no hará uso de la palabra porque no está presente en la sala.
Junts per Catalunya tampoco hará uso de la palabra porque no está presente en la sala.
El Grupo Parlamentario Republicano tampoco hará uso de la palabra al no estar presente en la reunión.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal.
Adelante.
El señor VIDAL MATAS: Muchas gracias, presidenta.
Estaremos todos de acuerdo con que el diagnóstico de las enfermedades raras siempre llega tarde porque siempre, por muy pronto que sea, es tarde. Las familias empiezan un itinerario confuso de centros de salud, hospitales y mezclas, con
informes, de aquí para allá; se convierten de golpe en especialistas sin querer serlo, en gestores de subvenciones, en gestores de medicamentos, con unos conocimientos sobre enfermedades que nunca pensaban tener, incluso intercambiando información
entre profesionales. Por tanto, el punto primero es importante: seguir avanzando en poner las cosas más fáciles a estas superfamilias, como a veces las llamamos, porque no tienen que ser superfamilias. Hay que garantizar esta atención
sociosanitaria personalizada a las personas con enfermedades raras y una adaptación y un acceso adecuados a su grado de discapacidad.
Antes hablábamos también, en la iniciativa del Grupo Popular, de equidad -es un concepto en el que me querría detener-, equidad para el diagnóstico precoz y para la atención médica. Pero equidad no quiere decir que todos seamos iguales, no
quiere decir que nos igualen a todos; equidad es que tengamos las mismas oportunidades todos; equidad es que a los diferentes se les dé más apoyo para llegar al mismo nivel que todo el mundo. Eso es equidad. Por tanto, cuando hablamos de
financiación, según qué expresiones que se han utilizado en la anterior PNL, hay cosas que no son admisibles, porque, por ejemplo, para mantener la equidad entre un paciente de Formentera y un paciente de Mallorca, tendremos que gastar más dinero en
el primero para garantizar su igualdad de oportunidades. Eso es la equidad: no simplemente distribuir los recursos, sino hacerlo en función de las necesidades y con la intensidad adecuada.
Evidentemente, tenemos que mejorar -no puede ser de otra manera- cómo se diagnostica, cómo se da el grado de discapacidad, la agilidad en todos los trámites e informar a la ciudadanía, pero eso depende también de los recursos; como decía mi
compañero Cofiño, de los recursos económicos y de la buena gestión de estos. Por tanto, les emplazo a todos a que revisemos nuestro modelo de financiación, que está generando desigualdades y tensiones en muchos territorios, porque la sanidad es
probablemente la competencia más importante y los servicios sociales de las comunidades autónomas no están financiados de forma adecuada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vidal.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora Ruiz Solás.
Adelante.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias, presidenta.
El sufrimiento que supone para un enfermo, para una familia, la llegada de una enfermedad grave siempre es duro, pero si al menos se sabe de qué enfermedad se trata, qué tratamiento hay que seguir, por dónde hay que empezar, qué expectativas
de vida y de calidad de vida se van a tener, siempre es más fácil de aceptar y de sobrellevar. Sin embargo, cuando el diagnóstico no llega, cuando pasan los meses y los años sin saber qué enfermedad padecen ni cómo combatirla, cuando no tener un
diagnóstico rápido y claro impide acceder a las ayudas o a un certificado adecuado de discapacidad, ese sufrimiento puede terminar convirtiéndose en un auténtico calvario. Por tanto, que se propongan medidas, iniciativas o posibles soluciones para
avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades raras siempre nos parecerá acertado y necesario, pero el problema no es ese.
El Registro de esta casa y los del resto de los Parlamentos está lleno de propuestas que se acumulan, que se repiten, pero que nunca llegan a materializarse. Nos estamos acostumbrando a pensar que, por el hecho de presentar aquí propuestas
bienintencionadas, ya hemos cumplido, aunque esas propuestas solo sirvan para engordar la estadística de proposiciones aprobadas por el partido de turno. Sin embargo, cada vez que aprobamos mejoras para los afectados por enfermedades y
discapacidades y no cumplimos, no solo no estamos cumpliendo nuestro compromiso, sino que estamos generando cruelmente falsas expectativas de mejora en los que sufren en sus carnes esta desgracia. Deberíamos empezar a plantearnos de una vez si lo
que proponemos en esta casa es verdaderamente ejecutable o si simplemente se trata de un brindis al sol.
Señorías, las deficiencias que se denuncian en esta PNL son las mismas de siempre, las mismas que se denuncian una y otra vez: la demora en la obtención de un diagnóstico -una media, como se ha dicho ya, de cuatro años; en el 20 % de los
casos hasta de diez-; certificados de discapacidad que llegan tarde y mal y que no reconocen adecuadamente el nivel de discapacidad, lo que impide acceder con justicia a las ayudas y a las prestaciones a las que tienen derecho, y, como siempre, la
grandísima injusticia de la desigualdad que hay entre enfermos dependiendo del lugar en el que les haya tocado vivir.
Piden ustedes coordinación, colaboración entre los distintos departamentos de las distintas comunidades autónomas, denuncian la situación de inequidad, pero no se dan cuenta de que, mientras no tengamos un sistema de sanidad único y
centralizado, jamás cambiaremos las cosas. Piden prestaciones y ayudas que nunca llegan porque sobra dinero para todo menos para los enfermos y los discapacitados y porque la maraña de administraciones y de burocracia impide gestionar
eficientemente el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad. Señorías, todos sabemos ya lo que hace falta para aliviar el drama de las enfermedades raras: más recursos para la investigación y el desarrollo de
tratamientos, menos burocracia y menos administraciones incapaces de coordinarse entre sí para favorecer y acelerar el diagnóstico, para conceder el grado de discapacidad adecuado y para establecer una prestación justa y más dinero para que los
tratamientos de estas enfermedades, que son tan costosos, sean accesibles a quienes las padecen.
La pregunta es si este Gobierno y los Gobiernos que les sucedan están dispuestos a poner en el centro a quienes verdaderamente tienen la urgencia de ser ayudados -los enfermos y los discapacitados-, si verdaderamente es prioritario para
ustedes -los que gobiernan ahora y los que ya han gobernado otras veces- invertir recursos en salvar vidas y en mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos. Para nosotros, desde luego, sí lo es, porque viendo lo que está ocurriendo con la
financiación de la ley ELA, viendo como la mejor solución que han encontrado para acabar con la discapacidad y la enfermedad unos y otros es impedir que los discapacitados y los enfermos nazcan o que puedan vivir sin sufrimiento hasta el final, con
el fantasma del aborto y de la eutanasia siempre sobrevolando como buitres sobre la carroña, mucho me temo que, por muchas proposiciones que aprobemos, poco o nada van a cambiar las cosas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz Solás.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su intervención dijo que no aceptaría la enmienda del Grupo Socialista en los términos en los que está redactada, pero que, a lo largo de la sesión, se buscaría una transaccional.
¿Interpretamos correctamente en la Mesa sus palabras?
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Sí, correcto. Así es. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- PARA EL DESARROLLO DE LA FIGURA DEL EXPERTO FACILITADOR JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001462).
La señora PRESIDENTA: Avanzamos en el orden del día y pasamos al punto número 3, que figura con la redacción: Proposición no de ley para el desarrollo de la figura del experto facilitador judicial.
Su autor es el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra doña Eugenia Carballedo.
Adelante.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: Buenos días.
Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular trae una iniciativa que se pone en los zapatos de las personas que se ven en la tesitura de relacionarse con los órganos judiciales donde se dan de bruces con un lenguaje técnico de difícil comprensión; se sienten perdidos
en un entorno, el judicial, que les es ajeno; se ven formando parte de procedimientos judiciales desconocidos hasta entonces, y no hay derecho, señorías, no hay derecho. La democracia debe garantizar la plena participación en igualdad de
condiciones de las personas con discapacidad también en el sistema judicial. No sirve absolutamente de nada aprobar leyes para apoyar el ejercicio de su capacitación judicial si luego estas leyes no se cumplen, y no sirve de nada aprobar una ley,
como se hizo aquí hace tres años, en la que se crea la figura del facilitador judicial -que viene, en definitiva, a prestar asistencia y acompañamiento a estas personas durante todo el procedimiento judicial-, si tres años después el Gobierno de
España, en los territorios donde tiene la competencia, no aprueba la normativa. Es necesario aprobarla para determinar sus funciones, su alcance, sus requisitos técnicos y la financiación, señores socialistas.
Nos proponen en su enmienda que eliminemos esta exigencia. De ningún modo. El Gobierno de Sánchez no es de fiar. El Gobierno de Sánchez no está financiando la ley ELA, el Gobierno de Sánchez sigue debiendo un dineral a las comunidades
autónomas respecto a la dependencia. ¿Y la financiación necesaria para desarrollar esta figura del facilitador judicial? Por eso presentamos esta iniciativa aquí, en el Congreso, para que el ministro Bolaños se ocupe de lo importante; para que
deje ya de una santa vez de atacar a los jueces y de amenazar su independencia y se ponga a garantizar la participación equitativa de las personas con discapacidad en los procesos judiciales. Fíjense, para hacerlo no se tiene que esforzar
prácticamente nada, solo tiene que emular a las comunidades autónomas que sí se han ocupado, que sí han puesto en marcha la figura del facilitador judicial.
Mire, la Comunidad de Madrid cuenta ya con 158 profesionales que actúan como facilitadores judiciales. Lo hacen bajo estrictos requisitos formativos, y lo hacen conformando un servicio público completamente gratuito para las personas con
discapacidad que se ven inmersas en procedimientos que tienen lugar en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid: en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia, en todas las jurisdiccionales. Es un servicio que el señor
Bolaños debe replicar allí donde tiene competencia. Debe poner a disposición de las personas con discapacidad este personal experto facilitador que evalúe las particularidades específicas de estas personas para así determinar cuáles son los ajustes
necesarios que van a permitir su participación con todas las garantías en el procedimiento judicial.
¿Cómo lo hacen en la Comunidad de Madrid? Pues, mire, este personal cualificado adapta las explicaciones sobre el procedimiento judicial a las necesidades de las personas; clarifica el contenido, el asunto, el lugar donde se va a
desarrollar, quiénes están presentes, es decir, garantiza que las personas con discapacidad comprendan en qué proceso judicial están inmersos. Elaboran un informe detallado muy importante, un informe que dirigen a los órganos judiciales, a los
operadores jurídicos, en el que indican cuáles son las necesidades de apoyo individualizadas y las adaptaciones precisas, necesarias, y proponen -fíjense, esto es importante- la mejor manera para realizar la práctica de las pruebas, especialmente
las testificales, que son, digamos, las más comprometidas. Con lo cual acompañan y asisten durante esas diligencias de prueba y ajustan las preguntas de acuerdo con las circunstancias individualizadas y personales de quién se ve interrogado. Otra
cosa importante también es que adaptan el contenido de las resoluciones judiciales y toda la documentación ingente que se genera en un procedimiento judicial para facilitar su plena comprensión y, por lo tanto, para garantizar sus derechos.
Todo esto es lo que ocurre en Madrid y todo esto es lo que no sucede en las regiones donde el ministro de Justicia tiene competencias en esta materia: las dos Castillas, Extremadura y Murcia. Por eso está aquí el Grupo Popular para exigir
al Gobierno de España que se ocupe de lo importante, que el ministro Bolaños deje de insultar a los jueces, deje de amenazar al Poder Judicial, dedique su tiempo a tomar conciencia y, de una vez, se comprometa con los derechos de las personas con
discapacidad también en el ámbito de la justicia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carballedo, por su intervención.
A esta iniciativa se ha formulado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa y en su nombre, intervendrá su portavoz en esta ocasión.
Adelante.
La señora ALMODÓVAR SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
El derecho de acceso a la justicia constituye un principio básico y elemental de todo Estado de derecho que está recogido en la Constitución española. La democracia debe garantizar que todas las personas, independientemente de sus
circunstancias, puedan acudir a los órganos judiciales para obtener tutela de sus derechos.
Dicho esto, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, que velan por la democracia, son conscientes de esto, y así trabajan y se esfuerzan en poner todas las medidas suficientes, dentro de los servicios públicos de justicia, para las
personas que encuentran dificultades cuando se relacionan con los órganos judiciales, que se encuentran perdidas en estos procedimientos desconocidos ante un lenguaje técnico que no se suele usar habitualmente. Y cuando pisas un juzgado en estas
circunstancias, la situación se puede agravar si la persona tiene alguna discapacidad.
Esta PNL tiene mucha relación con una ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia que ustedes, señorías del Grupo Popular, votaron en contra en el Congreso. Votáis en contra de esta ley, que tiene mucha relación con
facilitar los procesos judiciales a las personas que lo necesitan y con facilitar el procedimiento judicial con todas sus garantías. Aunque el Partido Popular no lo vea y no lo crea -porque no creáis en ella-, la mediación sí facilita bastante
estas adaptaciones a estos procesos. No voy a gritar para decir al Grupo Popular que no se puede soplar y beber al mismo tiempo. Esforzaos un poco más en la elaboración de estas proposiciones para que puedan ser un poquito más coherentes y no
estén descoordinadas con lo que soléis votar en el Pleno, porque realmente vosotros no apoyáis los facilitadores judiciales.
Además, es necesario señalar, señorías, que llegáis tarde, pues el Gobierno ya está trabajando en ello conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, además, con el Ministerio de Derechos Sociales,
Consumo y Agenda 2030; está trabajando y elaborando la normativa que regule el desarrollo de la figura de la persona facilitadora. Es más, el ministerio es parte del comité de expertos sobre la persona facilitadora, que está auspiciado por el Real
Patronato sobre Discapacidad e, insisto, ya estamos elaborando dicha regulación. Señorías, céntrense y dejen la estela de VOX de insultar y de aprovechar cualquier intervención para meterse en temas que no tienen nada que ver.
Para terminar, resalto que estamos plenamente comprometidos en promover y garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Un ejemplo de ello son las normas que se han realizado y que conocéis, como la Ley 8/2021, que
modificó el enjuiciamiento civil y la jurisdicción voluntaria. El experto facilitador evalúa las necesidades específicas de las personas que llegan, elabora informes detallados, indica las necesidades de apoyo y, además, acompaña durante las
diligencias. Por lo tanto, no pongan el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que lo que hace es proclamar voluntarios en malas condiciones para realizar este trabajo tan minucioso. Vamos a ser serios con las iniciativas, vamos a ser serios con lo
que importa. Los expertos facilitadores judiciales deben estar regulados adecuadamente por todas las comunidades autónomas, no solamente por alguna, como Madrid, que se aprovecha de estas personas que tienen éticas y valores para realizar este
trabajo; deben estar reguladas adecuadamente, como he señalado antes, con normas que regulen su desarrollo.
Este grupo parlamentario ha realizado una enmienda a vuestra proposición no de ley, pero, como este Grupo Popular no acepta ni quiere negociar últimamente ningún tipo de enmienda que venga del Grupo Parlamentario Socialista -son rechazadas
por ustedes, porque saben que tienen el apoyo de sus amigos
de VOX para aprobarlas-, ni siquiera han querido hablar. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Almodóvar. Ha quedado perfectamente clara la postura de su grupo parlamentario.
A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor y por un tiempo de cinco minutos, para quien quiera hacer uso de la palabra, sin ser obligatorio agotar el tiempo referido.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego hará uso de la palabra en su iniciativa.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) no hará uso de la palabra aun encontrándose en la sala.
Euskal Herria Bildu no hará uso de la palabra porque no está en la sala.
Junts per Catalunya, igualmente, no se encuentra en la sala y no hará uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario Republicano sí está en la sala, pero el señor Salvador no hará uso de la palabra.
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, entiendo que el señor Cofiño sí hará uso de la palabra (asentimiento) y la tiene desde este momento.
Adelante.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Hay un pensador actual que menciona que las civilizaciones son el origen entre la colusión de las mitologías y las burocracias, y hemos hablado mucho de burocracias en lo que llevamos de comisión. Seguramente, todos nos hemos enfrentado en
algún momento al tema de las burocracias, siendo tan importantes y necesarias para el ordenamiento de los trabajos de nuestras Administraciones. No sé si se acuerdan de la anécdota que conté en alguna comisión de mi tía Ana y cómo su padre -mi
abuelo- hacía las madreñas. Pues les diré que mi tía Ana, que tiene una pensión no contributiva, todos los años recibía el informe de la pensión no contributiva y tenía que justificar que seguía viva, y si en quince días no justificaba que seguía
viva, se quedaba sin pensión no contributiva, según un texto jurídico que no entendía ni yo, que me tenía que sentar con el texto y un subrayador para entender qué significaba aquello.
El lenguaje es un tema fundamental para facilitar el acceso a nuestros ciudadanos. Lo decía antes: es fundamental tener buenos presupuestos, pero es fundamental tener un sistema ágil que facilite la gestión y que ponga las cosas fáciles a
las personas para acceder a las ayudas. Por eso, nuestra Administración es fundamental, aunque hemos hablado muy pocas veces de la importancia de tener buenas Administraciones, con buenas dotaciones y con un buen funcionariado.
En el caso de la justicia, los problemas de los juzgados son claros en cuanto a temas económicos, precariedad de medios y saturación en el trabajo, aparte de lo que hoy hablamos sobre el problema del lenguaje. En la Ilustración ya se
mencionaba que una democracia legítima necesita claridad en sus textos legales. En España, en 2002, en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, se defendió una justicia transparente y accesible, y en el informe de la Comisión de
Modernización del Lenguaje Jurídico, impulsada por el Ministerio de Justicia en 2011, se encontraron múltiples barreras en el discurso jurídico y vio la importancia de simplificarlo. Por tanto, las barreras que se encuentran las personas con
discapacidad en su relación con la justicia son un caso particular de un problema general de la población de nuestro país.
En una conferencia realizada por la Confederación ASPACE, en el año 2023, se pusieron sobre la mesa algunos datos clave: 650 000 personas con discapacidad encontraban barreras comunicativas para acceder a la justicia, de las cuales 120 000
tenían parálisis cerebral. En un informe del año 2022, Plena Inclusión aludía al desconocimiento de lo que supone la discapacidad intelectual como una de las principales barreras de acceso a la justicia. Según este informe de Plena Inclusión, la
falta de contacto de los operadores jurídicos con las personas con discapacidad intelectual y la falta de formación dificultaban ser conscientes de las necesidades que tenían los usuarios. El informe hablaba de entornos hostiles, de complejidad, de
rigidez en los procedimientos judiciales y de otros factores que dificultan la accesibilidad cognitiva. Esto es aplicable a diferentes tipos de discapacidad -personas con ceguera, sordoceguera, etcétera- donde las problemáticas serían similares.
La necesidad de que la justicia sea plenamente accesible es, por tanto, urgente, no solamente para las personas con discapacidad, pero especialmente en su caso, y es de lo que hoy estamos hablando. Sin embargo, hay que reconocer que se
lleva mucho tiempo trabajando en ello; en este sentido, el artículo 9 de la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa supuso un hito al consagrar el derecho al
lenguaje como un principio jurídico y establecer que el lenguaje debe ser claro y universalmente accesible. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la de Enjuiciamiento Criminal han sido modificadas para reconocer el derecho de todas las
personas mayores o con discapacidad a que se realicen las adaptaciones necesarias, facilitando todos los apoyos para que la justicia sea universalmente accesible, y eso incluye la figura del facilitador judicial. A este respecto, los ministerios de
este Gobierno ya forman parte del comité de expertos sobre las personas facilitadoras auspiciado por el Real Patronato sobre Discapacidad.
En conclusión, se debe garantizar el derecho de las personas con discapacidad al acceso sin barreras a la justicia. Con este proceso de mejora se va a beneficiar a toda la población y, aunque siempre vamos a estar insatisfechos porque
podríamos tener mejores avances, debemos reconocer de forma importante los que en los últimos años ha realizado el Gobierno en este sentido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño.
A continuación, y para finalizar este turno, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Armario. (Denegación). No, la señora Ruiz Solás. (La señora De Meer Méndez: No, yo). Doña Rocío De Meer. Como ustedes no me
facilitan nunca el nombre, tengo que hacer una especie de adivinación. (Risas).
Adelante.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta figura es imprescindible, evidentemente. Es imprescindible que todas las personas que tengan dificultades tengan un mejor acceso a los procedimientos judiciales y que su participación en ellos sea lo más fácil posible. No es algo que
podamos decir aquí los diputados en sesión de comisión o en sesión de pleno. Lo que estamos debatiendo aquí es un mandato constitucional. Ese mandato no es más que la remoción de obstáculos que establece el artículo 9.2 de la Constitución. Por
tanto, la figura a la que se alude en esta proposición no de ley es imprescindible.
Otra cosa es cómo se haya desarrollado esta figura parlamentaria, otra cosa es ese texto que de cuatro años hasta ahora no se ha llegado a desarrollar y otra cosa es cómo ese texto plantea una aprobación de una figura que, evidentemente, va
a generar asimetrías por el sistema autonómico. Nosotros nos abstuvimos, en su caso, no por la esencia de la figura, que consideramos que es imprescindible, sino por las asimetrías que va a suponer, como siempre, esa dispersión autonómica. Hay
personas con discapacidad de primera o de segunda, en función de cuál sea la autonomía que les haya tocado, de cuál sea su código postal, y esto lo denunciaremos siempre; nos parece discriminatorio y nos parece intolerable. Y, en tercer lugar, han
pasado cuatro años y esta figura no se ha llegado a desarrollar, aunque ya sabemos que el ministro Bolaños está a otras cositas, está a hacer bromitas en las sesiones de control, está a las supuestas manipulaciones de resoluciones judiciales que ha
mandatado investigar la Audiencia de Madrid o a cargarse el acceso a la judicatura, en un absoluto delirio que estamos viendo en los últimos días en los titulares.
Por tanto, nosotros abogamos por esta iniciativa y votaremos a favor porque -insisto- consideramos que es un mandato del 9.2. No obstante, somos bastante reacios a cómo se desarrollaría en función de las eventuales asimetrías que pueda
producir el sistema autonómico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora De Meer.
Finalmente, y a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a dicha proposición no de ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Eugenia Carballedo.
La señora CARBALLEDO BERLANGA: La llevamos a votación en sus términos, por favor.
La señora PRESIDENTA: Se va a votar en sus términos. Por tanto, la enmienda no se acepta por el grupo parlamentario.
Muchas gracias, señoría.
- RELATIVA AL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS CON HIJOS A CARGO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001487).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día, Proposición no de ley relativa al estudio de las necesidades de las familias con hijos a cargo con discapacidades intelectuales.
Su autor es el Grupo Parlamentario VOX y para su defensa tiene la palabra la señora Armario. Adelante.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, saben que para VOX la familia es una institución sobre la que deben girar todas las políticas públicas. Nuestra Constitución la reconoce como principio rector para la protección social, económica y jurídica y, de entre todas las
familias, son las que cuentan con personas con discapacidad intelectual a su cargo las que merecen una atención y un reconocimiento especial; merecen reconocimiento y todo el apoyo por parte de todas las instituciones y fuerzas políticas.
En España hay casi trescientas mil personas con una discapacidad intelectual igual o superior a un grado del 33 %, es decir, un 8,75 % del total. Estas familias sufren un sobreesfuerzo que, según el Informe sobre el sobreesfuerzo económico
que la discapacidad intelectual o de desarrollo ocasiona en la familia en España, publicado en 2014 y elaborado por Plena Inclusión, tiene un impacto de más de 25 000 euros anuales y de más de 50 000 euros para familias con miembros de tercer grado
que viven en su domicilio. Como consecuencia, es evidente que estas familias sufren en cuanto a su poder adquisitivo, incluso las afecta a la hora de recibir pensiones contributivas, ya que muchas de ellas tienen que renunciar a trabajar, o lo
hacen pero en una jornada que les permita cuidar a una persona con discapacidad intelectual.
Hoy traemos a esta comisión una iniciativa que esperamos que aprueben y que lo hagan, como les decía al principio de la intervención, porque merecen todo nuestro compromiso. Solicitamos, por lo tanto, que se elabore un estudio oficial por
parte del Gobierno sobre las familias con hijos con discapacidad intelectual para que posteriormente sea remitido a la Comisión de Derechos Sociales. Queremos que se pueda conocer el número de familias, su composición, su nivel de renta, el
porcentaje de discapacidad reconocida y su tipología, el grado de dependencia reconocido, el gasto de medios de estas familias en terapia, en gastos farmacológicos, maquinaria y alimentación específica, entre otros muchos gastos que tienen; que
haya transparencia sobre las ayudas que reciben, para saber así si son suficientes y con ellas cubren todas sus necesidades, y, además, queremos que exista igualdad en todo el territorio español en cuestión de las circunstancias y necesidades de
cada persona con discapacidad intelectual y de sus familias.
Señorías, decía la madre Teresa de Calcuta que cada vida y cada relación familiar tienen que ser vividas honestamente. Eso presupone muchos sacrificios y mucho amor, pero, al mismo tiempo, estos sufrimientos se ven acompañados siempre por
un gran sentido de paz. Cuando en una casa reina la paz, allí se encuentran también la alegría, la unión y el amor. Por lo tanto, señorías, reconozcamos todos sus sacrificios a estas familias y acompañémoslas con el voto a favor.
Señora presidenta, no vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, la votaremos en sus términos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Queda muy clara la postura de su grupo parlamentario.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pese a no ser aceptada por los autores de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bartolomé Madrid. Adelante.
El señor MADRID OLMO: Gracias, presidenta.
VOX presenta una proposición que valoramos positivamente por su enfoque en el conocimiento riguroso como paso previo a la acción política para garantizar el bienestar y la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias en la sociedad. Así, nuestro respeto hacia la propuesta presentada, porque es cierto que las familias y las unidades de convivencia que cuidan a personas con discapacidad intelectual se enfrentan a múltiples barreras y soportan una carga
económica, social y emocional importante, que deben ser reconocidas y atendidas.
También es cierto que las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a múltiples dificultades para acceder a los servicios esenciales, lo que se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a situaciones
de abuso, maltrato, discriminación y exclusión social. Por tanto, valoramos la propuesta de elaborar un informe diagnóstico por parte del Gobierno como un primer paso útil, pero creemos que la situación de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias exige respuestas concretas y urgentes. Por ello, para el Partido Popular esta iniciativa no se debe limitar a la solicitud de un estudio y a una declaración de buenas intenciones. Señorías, se hace indispensable la
articulación de un sistema de protección robusto, porque el problema no es solo de falta de diagnóstico, sino de falta de acción política, una acción política en consonancia con lo que se promete, con lo que se firma y con aquello que se propone en
estrategias internacionales y nacionales, que quedan en papel mojado en manos de un Gobierno que presume hasta el hartazgo de progresista pero que incumple sistemáticamente lo necesario para avanzar en derechos, bienestar y dignidad de las personas
más vulnerables y de quienes tienen a su alrededor, y a la ley ELA me remito.
En este sentido, es más que evidente que el esfuerzo económico del Gobierno con las personas con discapacidad no se ajusta de forma realista al coste de vida, sus necesidades específicas y a las de quiénes les cuidan, y mucho menos dentro de
un contexto inflacionario, una carga impositiva brutal y uno de los indicadores de riesgo de pobreza más altos de Europa. Igualmente, no podemos estar más de acuerdo en que las familias que tienen en su seno personas con discapacidad intelectual
merecen una atención especial, pero todas las familias residentes en España, señorías de VOX. No se entiende muy bien que se abogue por hacer un recorrido hacia la inclusión y el apoyo a los más vulnerables y se plantee excluyendo, y digo esto
porque es importante conocer el número total de familias o unidades de convivencia que se pueden beneficiar de todo aquello que las administraciones públicas articulen para ayudar a las personas con discapacidad intelectual. No queremos más muros,
señorías, ya tenemos suficientes con los que a diario construyen el Gobierno y sus socios.
Por tanto, creo que esta proposición carece de una perspectiva integral inclusiva y coherente con el marco de derechos reconocidos tanto por la legislación española como por los tratados internacionales suscritos por España. Una verdadera
preocupación por la discapacidad intelectual no puede derivar en propuestas limitadas, que dejen a personas del colectivo fuera, porque la realidad, señorías, es compleja. Hoy no todas las personas con discapacidad intelectual tienen como
cuidadores a sus padres, ya que algunas viven con otros familiares o en unidades de convivencia no tradicionales. Así, entendemos que la proposición debería incluir a todos los cuidadores principales de personas con discapacidad intelectual a
cargo, e, igualmente, que ha de alcanzar a todas las personas que residen legalmente en nuestro país.
Creo que es necesaria una visión mucho más amplia e inclusiva, que recoja todas estas realidades y ponga el foco no solo en el análisis, sino también en la acción concreta y transformadora. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular
reafirmamos nuestro compromiso con una política de discapacidad centrada en la persona, respetuosa con la diversidad familiar, inclusiva y dotada de las medidas concretas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
su entorno. Proteger a las personas con discapacidad intelectual y a quienes conviven con ellas debe tener la dimensión que merece en la agenda política y ha de concebirse como un imperativo democrático y de justicia social, en consonancia con el
artículo 49 de la Constitución, sin excluir a nadie por su nacionalidad o el tipo de vínculo legal con la persona con discapacidad.
Bajo esta perspectiva hemos presentado una enmienda a esta proposición y lamentamos que no se acepte. Estamos de acuerdo con la elaboración de ese estudio oficial integral, pero complementado con medidas en materia económica, educativa,
sanitaria, laboral o de apoyo a la vida independiente que atiendan las necesidades reales de estas personas y de las que conviven con ellas. Y todo en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales y el movimiento asociativo
de la discapacidad. Así, señorías, presupuestos del Estado, financiación adecuada de las autonomías, voluntad política y mucho sentido común se hacen imprescindibles para apoyar a este colectivo. Se trata de algo tan claro como resolver problemas
con eficacia y eficiencia mediante estrategias articuladas sobre la realidad de la situación y cimentadas en la búsqueda del diálogo y del consenso para avanzar en derechos, bienestar y calidad de vida de las personas más vulnerables.
Lamentablemente, nada de lo anterior define ni caracteriza a este Gobierno y, por tanto, los apoyos estructurales siguen siendo insuficientes, fragmentados y las personas con discapacidad intelectual y quienes les cuidan continúan cargando con un
peso desproporcionado, muy difícil de sobrellevar sin el respaldo institucional adecuado a sus necesidades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madrid Olmo.
A continuación, una vez que se ha defendido la enmienda, que, por lo que dijeron sus autores, no prosperará, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Mixto, no hará uso de la palabra el señor Rego.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, no hará uso de la palabra la señora Renteria.
Euskal Herria Bildu no se encuentra en la sala.
Junts no se encuentra en la sala.
El Grupo Parlamentario Republicano sí se encuentra en la sala, pero el señor Salvador no hará uso de la palabra.
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra su portavoz, el señor Vidal. Adelante.
El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.
Adelanto que nuestro voto será negativo, y lo voy a comentar de forma muy muy rápida.
Un argumento sencillo es que, respecto al informe que se pide, ya está casi terminado, a punto de salir, un informe sobre las familias de las personas con discapacidad en el que se analizan sus necesidades, las medidas de apoyo, las
condiciones de bienestar y todo lo necesario, y les pido a las señorías de VOX que con los datos no hagan demagogia. Para hacer política necesitamos datos y, por tanto, este informe va a ser muy importante, pero, como en otros casos, no hagan
demagogia.
Y también vamos a votar que en contra básicamente por nuestro concepto diferente de familia, que, como el de persona que cuida a quienes tienen discapacidad, es mucho más amplio, y, evidentemente, no excluimos nacionalidades.
Por tanto, como es lógico, no podríamos estar de acuerdo con ese texto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vidal, por sus palabras y su brevedad.
Finalmente, hará uso de la palabra doña Inés Plaza, por el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
La señora PLAZA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Hoy VOX trae a esta Cámara una proposición no de ley sobre familias con hijos con discapacidad intelectual, y tengo que confesar que, cuando vi el título de la PNL y que era de VOX, pensé que sería un error, porque me cuesta mucho trabajo
creer que VOX traiga una iniciativa a favor de las familias con hijos con discapacidad intelectual después de llevar años atacando los derechos de estas familias. Hoy pretenden erigirse como los defensores, pero, cuando menos, resulta sorprendente,
y es que la ultraderecha viene a hablarnos de ayudas como si fueran los grandes protectores de las familias, como si no fueran ellos los que han votado en contra de cada ley que han mejorado los derechos de las personas con discapacidad y como si no
fueran ellos quienes donde gobiernan o donde influyen recortan recursos, desmontan servicios públicos y abandonan a quienes más apoyo necesitan.
¿De verdad pretenden que les compremos el disfraz de salvadores, señorías de VOX? Digan la verdad, porque a ustedes no les preocupan las condiciones de vida de estas familias en absoluto. A ustedes lo que les preocupa es la foto, el
titular, la oportunidad de presentarse como solidarios, mientras debilitan todo, mientras debilitan el acceso universal, la igualdad de oportunidades y los derechos sociales. Y esto no es algo ideológico, es práctico también, porque ustedes tienen
una hoja de ruta muy clara, que es desmantelar los servicios públicos, suplantar los derechos con cheques, sustituir la justicia social por el asistencialismo, aunque, eso sí, todo muy patriótico.
Y ahí es donde también entra su cómplice necesario. En Andalucía, con el señor Moreno Bonilla, no podemos pasar por alto que los primeros recortes en políticas sociales llegaron justo cuando el PP y VOX firmaron el primer pacto de gobierno;
y aquello no fue un gesto simbólico, fue un punto de partida para debilitar el sistema de apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias. Desde entonces los servicios sociales se han debilitado, los recursos para la discapacidad se han
congelado y las listas de espera se han disparado. El Partido Popular de Andalucía fue el primero en blanquear a VOX, y eso no lo podemos olvidar.
Y lo más grave es que hoy Moreno Bonilla ya no necesita a VOX para recortar, se siente cómodo en ese modelo. Ha asumido su postulado con tanta naturalidad que hasta se ha mimetizado. Mientras se vende como un presidente moderado, actúa
como uno más de la ultraderecha; eso sí, lo hace con una sonrisa que oculta miles de expedientes sin resolver, miles de diagnósticos sin llegar y miles de familias que no pueden más. No podemos olvidar que las políticas de atención temprana,
dependencia y valoración
del grado de discapacidad son competencias autonómicas, y, sencillamente, la gestión es escandalosa en Andalucía. Hay familias que esperan hasta dos años para que su hijo o hija reciba atención temprana, y, cuando por fin se les atienden,
reciben sesiones insuficientes en centros colapsados y con profesionales desbordados.
Y esto solamente es la punta del iceberg. El Gobierno de Andalucía esconde las listas de espera que existen para que se reconozca el grado y revisión de discapacidad. Hay familias esperando hasta dieciocho meses para una valoración, y
otras siguen esperando una revisión de grado, imprescindible para acceder a los recursos, prestaciones y adaptaciones escolares. Mientras tanto, la Junta de Andalucía calla, no da datos y no asume responsabilidades. Llevan siete años ocultando las
listas de espera de pruebas diagnósticas, y sabemos que tardan más de dos años porque nos lo cuentan los ciudadanos; dos años sin diagnóstico, sin acceso a una ayuda, sin recursos especializados; dos años que para una niña o un niño de 3 o 4 años
es una vida entera. Y no se puede gobernar mirando para otro lado, ignorando a quien más lo necesita.
Y, cuando la ultraderecha hace su trabajo, cuando confronta con la sociedad de la manera que lo hace, da lugar a que haya personas como el obispo emérito de Alcalá de Henares, quien relaciona la discapacidad física, intelectual y psíquica
con una herencia del pecado. Esto es muy grave, y no sé si son conscientes de la gravedad de este asunto. Se suponía que esto ya estaba superado, pero las manifestaciones de la extrema derecha dan lugar a esto. Y nosotros tenemos que denunciarlo,
es nuestra obligación hacerlo, y también aquí, en esta comisión.
Mientras tanto, VOX aparece con una PNL cargada de demagogia en el papel y vacía de compromiso real. Lo que propone no es garantizar derechos, sino repartir ayudas puntuales, sin reforzar el sistema público, sin mejorar la atención y sin
escuchar a las familias. Y, además, no una propuesta seria ni fundamentada. Como ha dicho el compañero de SUMAR, el Observatorio Estatal de la Discapacidad está a punto de finalizar un estudio riguroso sobre las necesidades, demandas, apoyos y
condiciones para el bienestar de las familias y las personas con discapacidad en España; un trabajo que ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España que a ustedes no les interesa, pero, claro, no hace falta tener mucha malicia
para entender por qué a ustedes no les interesa. Señorías de VOX, esta iniciativa no está pensada para mejorar la vida de nadie, está pensada para confrontar, para blanquear su historial y para disfrazarse de lo que no son.
Por eso nosotros vamos a votar en contra, porque la dignidad de las personas con discapacidad no se defiende con cheques ni con discursos vacíos, y mucho menos por quienes niegan los derechos que hoy pretenden enarbolar. El PSOE estará
siempre al lado de quienes los acompañan y de quienes luchan para que sus hijos o hijas con discapacidad tengan una vida mejor, y lo haremos como lo venimos haciendo hasta ahora, con leyes, recursos, derechos y, sobre todo, con compromiso real.
Señorías de VOX, donde ustedes levantan odio nosotros construiremos futuro.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Inés Plaza.
Finalmente, aunque creo que ha quedado reflejado a lo largo del debate, porque reglamentariamente hemos de hacerlo así y a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada a la proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario
VOX, su portavoz nos dirá si la acepta o la rechaza.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: No aceptamos la enmienda, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No se acepta la enmienda, y, por tanto, la iniciativa será votada en sus propios términos.
Muchas gracias.
- PARA LA REGULACIÓN LABORAL DE LA FIGURA DE LA PERSONA ASISTENTE PERSONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001574).
La señora PRESIDENTA: A continuación, avanzamos en el orden del día con el punto quinto, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto y que lleva el título de Proposición no de ley para la regulación laboral de la figura de la persona
asistente personal.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rego. Adelante.
El señor REGO CANDAMIL: Obrigado, señora presidenta.
Esta proposición non de lei do BNG ten un obxectivo que é facilitar e impulsar a figura da persoa asistente persoal para as persoas con discapacidade. Sabemos que esta é unha figura que non só está prevista na lei 39/2006 de promoción da
autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, senón que a prestación económica que se prevé nesa lei tamén está, tamén ten o obxectivo de contribuír á contratación dunha persoa asistente persoal.
A primeira proposición non de lei que debatemos hoxe ía precisamente no sentido de impulsar esa figura que até agora, pois aínda é minoritaria en relación co número de persoas con discapacidade que precisarían desa asistente persoal.
Concordamos na necesidade de que isto se faga porque é un paso decisivo para garantir a vida independente, para garantir a autonomía persoal en todos os ámbitos. Mais constatamos que tamén existe unha dificultade para que isto poida ser así e é que
non hai unha regulación específica da persoa asistente persoal.
É evidente que non encaixan na figura da persoa que traballa no fogar, do traballo doméstico. Non encaixa. As características son moi diferentes. No traballo doméstico, normalmente con algunha excepción, como pode ser a de chofer, pois
realízase dentro do fogar. No caso da asistente persoal, non necesariamente só dentro do fogar, senón acompañamento ao traballo, aos estudos, a calquera tipo de xestión. Pero mesmo por unha razón máis importante, mentres as persoas traballadoras
do fogar realizan as tarefas, o asistente ou a asistente persoal non debe realizar as tarefas, en todo caso, debe facilitar que a persoa as poida realizar adecuadamente. Por tanto, estamos falando de apoio, dunha persoa que facilita precisamente
esa autonomía persoal da persoa con discapacidade.
Tampouco encaixa -é evidente- na figura do traballo autónomo. Para alén dunha cuestión que do punto de vista xurídico tamén é chave, como o feito de que se é o único traballo que desempeña, pois encaixala aquí estariamos incorrendo nunha
figura de falso autónomo. Isto sería irregular. Hai tamén unha diferenza conceptual importante e é que un traballador autónomo, unha traballadora autónoma ten a autonomía para definir como é o seu traballo. No caso de un asistente persoal é
evidente que isto non é así porque debe adaptarse á necesidade da persoa á que axuda ou á que acompaña.
Por tanto, parece necesario que haxa unha regulación específica que facilite que esta figura de asistente persoal tamén poida estenderse coas axudas económicas necesarias, coa contribución que o Estado deba facer no que marca a lei do 50 % á
atención á dependencia, coas melloras que deben ser incorporadas. Esta é a razón pola que o BNG fai esta proposta que entendemos que é de sentido común e polo tanto esperamos que poida ser aprobada.
Nós non estamos dicindo como debe ser esa regulación, senón simplemente que é absolutamente necesaria para que, do punto de vista xurídico, non haxa ningunha dúbida de que se pode facer un contrato a unha persoa asistente persoal que non
incorra en ningún tipo de irregularidade ou de ilegalidade e, polo tanto, que haxa absoluta seguranza xurídica. Hai presentada unha emenda do Partido Popular que non vamos aceptar, pero non por nada, senón porque entendemos que non achega nada
substancial ao que a propia proposición non de lei do BNG indica. E nesa medida, pois a nós non nos parece procedente, pero como digo, como non entramos en cal debe ser o contido, este é un proceso posterior, pois cremos que loxicamente pode ser
aceptada por todos os grupos desta comisión e esperamos que así sexa.
Moitísimo obrigado.
Gracias, señora presidenta.
Esta proposición no de ley del BNG tiene un objetivo, que es facilitar e impulsar la figura de la persona asistente personal para las personas con discapacidad. Sabemos que esta es una figura que no solo está prevista en la Ley 39/2006, de
Promoción a la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Situación de Dependencia, sino que la prestación económica que se prevé en esta ley también tiene el objetivo de contribuir a la contratación de una persona asistente personal.
La primera proposición no de ley que debatíamos hoy está centrada en impulsar esta figura, que hasta ahora todavía es minoritaria en relación con el número de personas con discapacidad que necesitarían a este asistente personal. Estamos de
acuerdo con la necesidad de que esto se haga, porque es un paso decisivo para garantizar la vida independiente y para garantizar la autonomía personal en todos los ámbitos, pero constatamos que también existe una dificultad para que pueda ser así, y
es que no existe una regulación específica de la persona asistente personal.
Es evidente que no encaja en la figura de persona que trabaja en el hogar o en la figura de persona de trabajo doméstico. Las figuras son diferentes, ya que este trabajo se realiza dentro del hogar y, en el
caso del asistente personal, no se realiza necesariamente solo dentro del hogar, sino también con el acompañamiento al trabajo, en los estudios o cualquier tipo de gestión.
Pero incluso por una razón más importante, porque, mientras que las personas trabajadoras del hogar realizan esas tareas, el asistente o asistente personal no debe realizar las tareas del hogar, sino facilitar que la persona las pueda
realizar adecuadamente. Por lo tanto, estamos hablando de un apoyo de una persona que facilita precisamente esta autonomía personal de la persona con discapacidad.
Y tampoco encaja, evidentemente, en la figura del trabajo autónomo, además de que, desde el punto de vista jurídico es clave, ya que es el único trabajo que desempeña, así que encajarla ahí incurriría en tratarse de una figura de falso
autónomo, y eso sería irregular. Pero también existe una diferencia conceptual importante, y es que un trabajador autónomo o una trabajadora autónoma tiene autonomía para definir cómo va a realizar su trabajo. En el caso de un asistente personal,
es evidente que no es así, porque se debe adaptar a las necesidades de la persona a la que ayuda o a la que acompaña.
Por lo tanto, parece necesario que haya una regulación específica que facilite que esta figura de persona asistente personal también pueda extenderse con las ayudas económicas necesarias, con la contribución que el Estado deba hacer, en lo
que defina la ley sobre el 50 % de atención a la dependencia, con las mejoras que se deban incorporar. Esta es la razón por la que el BNG presenta esta propuesta, que entendemos que es de sentido común y esperamos que pueda ser aprobada. No
estamos diciendo cómo debe ser esa regulación, sino simplemente que es absolutamente necesaria para que, desde el punto de vista jurídico, no haya ninguna duda de que se puede hacer un contrato a una persona asistente personal que no incurra en
ningún tipo de irregularidad o ilegalidad y, por lo tanto, que haya una seguridad jurídica absoluta.
Hay presentada una enmienda por parte del Partido Popular que no vamos a aceptar, pero no por nada, sino porque entendemos que no llega a nada sustancial, no está relacionada con lo que indica la propia proposición no de ley del BNG, así que
esa medida no nos parece procedente. Pero, como no entramos en cuál debe ser el contenido, que es un proceso posterior, creemos que, lógicamente, es una proposición que puede ser aceptada por todos los grupos de esta comisión y esperamos que así
sea.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rego, por sus explicaciones.
Para la defensa de la enmienda, aunque parece que no va a ser aceptada por su autor, tiene la palabra doña Gema Pérez. Adelante.
La señora PÉREZ RECUERDA: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Hoy debatimos una cuestión de vital importancia para miles de personas en situación de dependencia y para quienes les prestan apoyo como asistentes personales, y lo hacemos porque el Gobierno una vez más ha demostrado su absoluta incapacidad
para dar respuestas claras a los problemas reales de los ciudadanos. La figura del asistente personal es, sin duda, un elemento clave para avanzar en el modelo de vida independiente que tanto reclamamos desde hace años en el ámbito de la
discapacidad. La ley de promoción de la autonomía personal estableció la figura del asistente personal, pero casi dos décadas después seguimos sin un marco jurídico adecuado. La inseguridad legal que sufren tanto las personas beneficiarias como
los asistentes personales es inaceptable. ¿Cómo es posible que en el año 2024 no sepamos aún si la relación laboral de estos trabajadores debe regirse por el régimen general, por el del hogar familiar o si deben darse de alta como autónomos? La
realidad es que este vacío normativo genera precariedad, inseguridad y limita el acceso a un servicio fundamental para la autonomía de muchas personas con discapacidad o dependencia.
Desde el Grupo Popular llevamos tiempo trabajando en propuestas serias para fortalecer la asistencia personal: apoyamos su expansión, pedimos más financiación en los presupuestos generales del Estado y hemos planteado y seguiremos
planteando que el acceso a esta figura esté garantizado en condiciones de equidad en todo el territorio nacional. Por ello, estando de acuerdo en el contenido de esta proposición no de ley, hemos presentado una enmienda para que la regulación de la
relación jurídica referente a las personas que ejercen funciones de asistentes personales sea con todas aquellas personas con discapacidad que lo precisen.
El Gobierno ha tenido años para solucionar este problema y no ha hecho absolutamente nada, y, mientras tanto, las familias y los propios asistentes personales están a merced de interpretaciones jurídicas contradictorias, encorsetados en
normativas que no se ajustan a la realidad de su labor. ¿Van a
seguir mirando hacia otro lado o van a asumir de una vez por todas su responsabilidad? En mi tierra, Andalucía, desde que está el señor Moreno Bonilla nunca antes se había atendido a tantos andaluces en situación de dependencia -casi 300
000 personas y más de 447 000 prestaciones en el mes anterior, una cifra récord-, ya que cuando llegó el señor Moreno Bonilla se encontró con que los expedientes de dependencia estaban guardados en un cajón.
Señorías, no estamos hablando de un capricho, sino del derecho de muchas personas que llevan una vida autónoma y digna. Basta ya de improvisaciones y parches. Es hora de legislar con responsabilidad y dar respuesta a quienes más lo
necesitan.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Gema Pérez, por su intervención.
Pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por un tiempo no obligatorio pero sí máximo de cinco minutos.
Tendría la palabra el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La señora Renteria está presente, pero no hará uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, no encontrándose en la sala, no pueden hacer uso de la palabra.
El Grupo Parlamentario Junts tampoco se encuentra en la sala; luego, no puede intervenir.
El Grupo Parlamentario Republicano sí se encuentra en la sala, pero el señor Salvador me hace signos negativos acerca de su intervención.
Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra su portavoz, el señor Cofiño. Adelante.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Ya se debatía en la primera iniciativa que presentaba el Grupo Socialista, en la que se invitaba a respaldar al Ministerio de Derechos Sociales y profundizar en los principios para realizar avances legislativos en el ámbito de la promoción
de la autonomía personal y del apoyo a las personas con discapacidad. Mencionábamos también los avances legislativos que se habían incluido, por ejemplo, en la ley ELA+ que aprobamos en octubre del año pasado, así como la necesidad de seguir
avanzando, junto a la importancia de los avances que, desde el Ejecutivo, desde el propio ministerio, se han venido realizando en los últimos meses. Y estábamos de acuerdo en la importancia de la figura del asistente personal como un elemento
diferencial a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Hemos hablado varias veces ya de la importancia de la atención integrada sociosanitaria y de que, por muy buenos dispositivos sanitarios que
tengamos, si el cuidado de la vida diaria no se facilita, se dificulta de forma fundamental la calidad de vida de las personas afectadas.
Se habla de un aspecto más laboral en esta proposición no de ley, y estamos de acuerdo en que el camino hasta llegar a normalizar en nuestro país la profesión de la asistencia personal puede ser aún largo, pero hay que recordar que hace poco
menos de veinte años activistas del Movimiento de Vida Independiente se encerraron en el Imserso para reivindicar que la naciente ley de promoción de la autonomía personal incluyera, entre otros aspectos, la figura del asistente personal.
Es cierto que hay una figura en construcción, pensamos -y en este sentido también somos positivos- que se han dado pasos, y uno fundamental que se tiene que dar es el referente a combatir la vulnerabilidad laboral, y, como decíamos, nos
consta que es una de las prioridades de nuestro Ministerio de Derechos Sociales, que ha definido la asistencia personal como la figura más empoderante de todo el sistema de dependencia, además de ser un elemento clave para que haya una estrategia de
desinstitucionalización digna de tal nombre.
Por ello, es pertinente insistir y apoyar los trabajos de los ministerios y de todos los actores competentes en la regulación de esta figura. Lógicamente, algunos estudios destacan problemáticas entre los trabajadores de asistencia personal
relacionados con la inseguridad, incertidumbre jurídica, precariedad laboral o la dificultad para acceder a formaciones adecuadas. Y aquí quiero insistir de nuevo en el párrafo que antes mencionaba en relación con la ley ELA+, de la importancia de
la asistencia personal no solamente para personas con ELA, sino para personas con otros procesos neurodegenerativos o no neurodegenerativos en situaciones similares.
Es preciso ofrecer un marco de seguridad jurídico-laboral para la asistencia personal y que sea clara la relación de estabilidad y de mutua confianza entre las personas afectadas y la persona trabajadora. Entendemos que esta iniciativa se
une a los esfuerzos para lograrlo y, por ello, nuestro grupo votará a favor de ella.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Ruiz Solás. Adelante.
La señora RUIZ SOLÁS: Muchas gracias.
La primera consideración respecto de esta propuesta es que de nada sirve ponerse a plantear una nueva regulación de la relación jurídica para que las personas con una discapacidad puedan contratar a un asistente con seguridad para ambas
partes cuando lo que no está garantizado aún es que las personas con discapacidad puedan plantearse siquiera la contratación de un asistente. Señorías, lo urgente no es regular una relación jurídica que ya está regulada en nuestro ordenamiento
jurídico, lo urgente es que esas ayudas lleguen y, para que eso ocurra, tiene que haber recursos suficientes y una tramitación lo más sencilla posible. Sin embargo, todos sabemos muy bien lo que está pasando. Podríamos volver a entrar una vez más
en las espeluznantes cifras de cuántos solicitantes de ayudas mueren cada día sin que la prestación que solicitaron les sea concedida. En 2024 más de 34 000 personas murieron sin haber recibido las ayudas o los servicios a los que tenían derecho,
más de 270 000 personas siguen en lista de espera y la realidad que se impone es que, desde que fue aprobada esta ley, más de 900 000 personas han muerto sin ser atendidas. Podríamos decir también que, cuando por fin llegan estas ayudas, no solo
son irrisorias, sino que llegan tan tarde que quedan desfasadas, obligando a sus preceptores a iniciar otra vez el tedioso e interminable proceso de una nueva solicitud. Por no hablar de la desigualdad que existe entre españoles por comunidades, de
cómo manda el código postal en el colmo de la injusticia y de la inequidad.
Señorías, la ley de dependencia -como tantas de las de este Gobierno sostenido, por cierto, por el partido proponente- que se ha puesto en marcha no funciona, es un auténtico fiasco, entre otras cosas, porque no está dotada de los recursos
suficientes, porque quienes nos gobiernan prefieren gastarlos en lo que les proporciona mayor rédito político o, lo que es peor, en alimentar su propia corrupción.
Señorías, la reforma que tiene que llegar de una forma urgente no es tanto la regulación de esta relación jurídica -insisto, ya está regulada, aunque no sea como al proponente le gustaría, aunque tampoco sabemos cómo porque ni siquiera nos
hace una propuesta concreta-, sino la reforma de la propia ley, porque es una ley que no está garantizando que las personas dependientes puedan acceder a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ruiz Solás.
A continuación, y para finalizar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Carmen Andrés. Adelante.
La señora ANDRÉS AÑÓN: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Quiero agradecer al señor Rego su proposición. El Grupo Parlamentario Socialista y nuestro Gobierno comparten la preocupación por mejorar la vida independiente de las personas con discapacidad y que éstas puedan desarrollar su proyecto de
vida en las mejores condiciones. Nuestro grupo y nuestro Gobierno nos ocupamos de ello no solamente ahora, sino desde la aprobación de la ley 39/2006, de promoción de autonomía personal y atención a las personas con dependencia, y hasta el pasado
mes de febrero, cuando se aprobó el anteproyecto de ley para la reforma tanto de la ley de autonomía personal y la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para garantizar más derechos y ampliar más el
catálogo de servicios.
Además, esta modificación también servirá para revertir dos recortes importantes que practicó el Gobierno de Rajoy. El primero, suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del sistema para la autonomía y atención de la
dependencia que introdujo el Gobierno del PP en 2012 y, el segundo, eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años de las prestaciones económicas para cuidadores en el entorno familiar. Recordemos que se estima que entre 2013 y 2018 el Gobierno de
Rajoy recortó en dependencia más de 5400 millones. Y en contestación a una alusión que se ha hecho sobre el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, quiero decir que el tiempo de espera hoy en día para la valoración de
dependencia en Andalucía duplica la media nacional, según el último informe de gerentes de servicios sociales. Más de 5700 andaluces y andaluzas murieron en 2024 esperando ser valoradas o atendidas en dependencia, según el Observatorio Estatal de
la Dependencia.
Esta reforma, a través del anteproyecto que aprobó el Gobierno de España en el pasado mes de febrero, intentará también reorganizar servicios para actualizarlos a las necesidades actuales y reales. Así, el anteproyecto incluye la figura del
asistente personal como un servicio para proporcionar apoyos y cuidados personalizados, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y a las preferencias de cada persona, especialmente de las personas mayores. La figura del asistente
personal ya se recogió como uno de los objetivos del plan de choque en materia de dependencia aprobado por el consejo territorial de servicios sociales y de servicios de atención a la autonomía y la dependencia el 15 de enero de 2021, y en el
acuerdo del consejo territorial de mayo de 2023 se definió y se estableció un marco común de condiciones específicas de acceso a la asistencia personal y de las características que esta debe tener en el marco de la Ley 39/2006. En mayo de 2023, el
consejo territorial estableció en este acuerdo el carácter de la modalidad contractual, que debe entenderse siempre como una relación laboral común, es decir, régimen general a través de empresas o entidades privadas. También la persona con
discapacidad puede contratar directamente a una persona dada de alta en la Seguridad Social, prohibiendo en este acuerdo expresamente la relación especial de servicio del hogar familiar.
El anteproyecto para la reforma de la ley de promoción de la autonomía personal pretende contribuir a la contratación de este servicio, incluyendo además una prestación económica, como ha dicho mi compañera en la exposición de la proposición
de ley que presenta también hoy nuestro grupo. Así que estamos absolutamente alineados con el contenido de la proposición de ley que presenta el Grupo Mixto, el BNG, y votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, doña Carmen Andrés, por su intervención.
Señor Rego, ha quedado claro a lo largo de la intervención, pero reglamentariamente yo tengo por costumbre formular la pregunta para que en las actas se recoja con claridad. ¿Acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular a su iniciativa?
El señor REGO CANDAMIL: No, no la aceptamos.
La señora PRESIDENTA: No se acepta y, por tanto, se votará en sus términos.
Muchas gracias, señor Rego.
- PARA IMPULSAR DE MANERA URGENTE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2024/2841 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 23 DE OCTUBRE DE 2024 POR LA QUE SE ESTABLECEN LA TARJETA EUROPEA DE DISCAPACIDAD Y LA TARJETA EUROPEA DE
ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001669).
La señora PRESIDENTA: Vamos al punto número 6, iniciativa para impulsar de manera urgente la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2024/2841 del Parlamento, de octubre de 2024, por la que se establece la tarjeta europea de
discapacidad y la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Violante Tomás. Adelante.
La señora TOMÁS OLIVARES: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días.
La aprobación de la directiva europea que regula la tarjeta europea de discapacidad y actualiza la tarjeta de estacionamiento reservado para personas con discapacidad en toda la Unión Europea llevada a cabo el pasado 24 de abril de 2024 por
una amplia mayoría marca un hito en la legislación europea en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad. Esta nueva regulación crea un Estatuto Europeo aplicable a todas las personas con discapacidad que hasta ahora dependían, en gran
medida, de las normativas específicas de cada Estado miembro. La introducción de esta legislación es un avance significativo hacia la construcción de una Europa más social y accesible que incluya a las personas con discapacidad.
En términos generales, la nueva normativa representa un paso importante en la mejora de la movilidad y la integración de las personas con discapacidad en toda la Unión Europea. Hasta la fecha, las personas con discapacidad que viajaban o
residían en otros países europeos se encontraban con dificultades debido a la falta de uniformidad en los servicios, apoyo y acompañamiento
que recibían. Por ejemplo, muchos de los servicios o apoyos que las personas con discapacidad tienen en su país de origen no se reconocían en otros Estados miembros de la Unión Europea, lo cual limitaba la libre circulación y desincentivaba
a las personas con discapacidad a plantearse estancias prolongadas en el extranjero, ya fuera para estudiar, trabajar o disfrutar de actividades culturales o de ocio.
Con la nueva regulación, las personas con discapacidad tendrán garantizada una mayor movilidad, dado que sus derechos y servicios serán reconocidos y respetados a nivel europeo, independientemente del país en el que se encuentren. La
tarjeta europea de discapacidad es uno de los instrumentos principales de esta nueva legislación. Esta tarjeta será complementaria a las tarjetas nacionales de discapacidad que cada Estado miembro seguirá concediendo a sus ciudadanos, conforme a
sus propios criterios. Esto significa que, aunque las personas con discapacidad seguirán contando con sus tarjetas nacionales, la tarjeta europea de discapacidad garantizará que esos derechos sean reconocidos y válidos en todos los países de la
Unión Europea. Este reconocimiento mutuo de los derechos de las personas con discapacidad facilitará la movilidad de los ciudadanos europeos y les permitirá acceder a los mismos servicios y apoyos, sin importar en qué parte de Europa se encuentren.
Por otro lado, la nueva normativa también incluye una actualización significativa de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad. Esta tarjeta es una versión mejorada de las actuales tarjetas de estacionamiento
nacionales y su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad puedan utilizar las plazas de aparcamiento reservadas para ellas en todos los países de la Unión Europea. De esta forma, se elimina la disparidad entre las normativas de cada
país en relación con las plazas de aparcamiento accesibles y se garantiza que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los mismos derechos y facilidades, independientemente de su ubicación geográfica dentro de la Unión Europea. Al ser una
tarjeta europea, se asegurará que la persona con discapacidad que viaje o resida temporalmente en otro Estado miembro pueda acceder a estos espacios, sin que se vean limitados por las regulaciones nacionales.
Aunque la aprobación de esta directiva es un paso positivo, representantes del CERMI han señalado que aún quedan cuestiones por resolver, ya que, aunque la directiva supone avances significativos, no recoge todas las demandas del movimiento
social de la discapacidad, tanto a nivel europeo como a nivel nacional; y el progreso hacia una verdadera igualdad de oportunidades sigue siendo un proceso lento. La implementación efectiva de la normativa en todos los Estados miembros de la Unión
Europea será fundamental para garantizar que sus beneficios se materialicen de manera efectiva.
La trasposición de la directiva a la legislación nacional en cada país es crucial para asegurar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos que la normativa promete y para que, tanto las personas con discapacidad españolas
como las europeas que nos visiten, puedan beneficiarse de las ventajas prácticas que la normativa europea traerá consigo. Esto incluye, no solo el acceso a los servicios de movilidad y estacionamiento, sino también la mejora de la calidad de vida y
la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, facilitando su acceso a la educación, al empleo y a la cultura, entre otros aspectos.
El pasado 12 de junio de 2024 el Grupo Parlamentario Socialista trajo a esta Comisión una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la implantación de la tarjeta europea de
discapacidad. Nosotros votamos a favor de aquella iniciativa, con la aceptación por parte del Grupo Socialista de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para incluir también la tarjeta europea de estacionamiento, pero es ahora cuando tiene
más sentido solicitarlo, porque fue el pasado 23 de octubre de 2024 -fecha posterior a la presentación de la PNL por parte del Grupo Socialista- cuando se aprobó estas iniciativas en el Parlamento Europeo.
Yo creo que es importante insistir en este tema porque el Gobierno de España tiene 87 infracciones abiertas ante la Comisión Europea por no transponer directivas o por hacerlo mal, ocupando el segundo puesto de países con más infracciones,
solo por detrás de Polonia. Así que, señorías, nuestro objetivo con esta PNL es que el Gobierno no se duerma en los laureles y trasponga esta importante directiva lo antes posible, no solo para cumplir con los plazos establecidos por la Unión
Europea, sino también, y lo más importante, para que las personas con discapacidad puedan empezar a disfrutar de las ventajas prácticas de la nueva normativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Violante Tomás, por su intervención y por sus palabras. No ha concitado su iniciativa enmienda alguna, luego, parece que el sentir de la comisión pudiera ser favorable. (Risas).
Por tanto, iniciamos el turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por un tiempo máximo, no obligado, de cinco minutos.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. (Denegaciones). No interviene.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). Tampoco interviene.
Euskal Herria Bildu no está.
El Grupo Parlamentario Junts no está.
El Grupo Parlamentario Republicano sí está, pero no hará uso de la palabra.
Por tanto, por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL MATAS: Seré breve, presidenta, como normalmente.
Como decía la compañera diputada, hemos tenido varios debates sobre el tema de la tarjeta y, en uno de esos debates, se suscitó que el hecho de que fueran expedidas las tarjetas por las comunidades autónomas significaba, a veces, un
problema. Cuando surgió ese debate, fui a buscar la tarjeta para ver qué posible problema de entendimiento generaba en el sistema. (Muestra una tarjeta). Targeta d'acreditació de la discapacitat, tarjeta de acreditación de la discapacidad. Por
tanto, creo que se entiende fácilmente y está en las dos lenguas, bilingüe en el caso de las Illes Balears. Lo digo porque, a veces, se hace demagogia sobre las tarjetas, sobre las acreditaciones o sobre la dispersión normativa de las comunidades
autónomas, cuando, con un poquito de voluntad, se puede entender perfectamente.
Nosotros vamos a dar apoyo a la tarjeta europea, faltaría más, creemos que es una buena iniciativa que facilita la vida. Estaremos en todo lo que se haga para ser más inclusivos: facilitar que las personas con discapacidad puedan tener sus
mismos derechos reconocidos a nivel europeo, faltaría más, que se puedan tener tarjetas de estacionamiento a nivel europeo, faltaría más. El Gobierno ya está trabajando en la trasposición, nos indican que está previstos que los trabajos finalicen
en 2026, antes de que sea de obligado cumplimiento su aplicación, como bien sabe la diputada, que es en junio de 2028.
Creo que es un tema que no genera discusión política y, por tanto, no la generemos artificialmente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vidal, por su intervención.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, vaya por delante, pero sí quisiera hacer tres puntualizaciones, si se me permite.
En primer lugar, vamos a apoyar que haya una tarjeta de discapacidad europea, pero no porque lo diga la Unión Europea, sino porque es de sentido común. Es de sentido común facilitar las cosas a las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de su vida: en su movilidad, en sus entornos más frecuentes, que no tengan ningún problema en ese sentido, ni ningún problema de aval de sus tarjetas por parte de otras Administraciones de las naciones a las que se tengan que desplazar. En
segundo lugar, quiero también señalar el hecho de que, llega aquí un mandato de instituciones europeas, por el cual tenemos que desarrollar esta eventual tarjeta de discapacidad a nivel europeo, y a todo el mundo le parece una buena idea, a esos
mismos que decidieron que tenía que haber diecisiete tarjetas distintas, porque teníamos diecisiete microestados en nuestro país. Y, en tercer lugar, quiero señalar ese acto de hipocresía por parte de muchas señorías en esta Cámara, pero en
particular de su señoría de SUMAR, que dice que va a apoyar esa tarjeta europea, pero que, al mismo tiempo, dice que no hay ningún problema con que haya diecisiete tarjetas distintas.
El hecho cierto es que el problema fundamental no es que haya diecisiete tarjetas distintas, es lo que conllevan esas diecisiete tarjetas distintas, es que tendríamos que plantearnos en nuestro país si ha sido beneficioso para las personas
que más lo necesitan, que son precisamente aquellas personas que tienen una discapacidad, el hecho de que la valoración de la discapacidad sea una competencia transferida a las comunidades autónomas, las diferencias que se han producido en la
expedición de esas diecisiete tarjetitas por esos diecisiete microestados, que lo que generan son diferencias, insisto, y discriminación entre las personas que más deberían necesitar nuestra unanimidad.
Sin más y señalando de nuevo esa hipocresía de algunos que, cuando lo mandatan los superpoderes de la Unión Europea les parece buena idea, pero antes no les aparecía buena idea, sino todo lo contrario
y apoyaron esas diecisiete micro regulaciones distintas, apoyaremos esto, insisto, porque es beneficioso para las personas con discapacidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Meer, por su intervención.
A continuación, y para cerrar el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la vicepresidenta primera de la comisión, doña Olvido de la Rosa. Adelante.
La señora DE LA ROSA BAENA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Antes de todo, quiero expresar un poco mi malestar porque la señora De Meer hacía referencia a esas 'tarjetitas', y esas 'tarjetitas' son derechos que le hemos dado a la ciudadanía (aplausos), con lo cual hablar de esa manera tan
despreciable de un derecho que en su momento se les dio a las personas con discapacidad con esas tarjetas de discapacidad creo que queda mal.
El Grupo Popular trae aquí una iniciativa a esta comisión que viene a decir lo mismo que la PNL que se aprobó en junio del pasado año, presentada por el Grupo Socialista, como bien ha comentado la propia portavoz del Grupo Popular, que
instaba al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la implantación en nuestro país en el plazo más breve posible de la tarjeta europea de discapacidad, que permitirá a las personas con discapacidad de España disfrutar de las
ventajas a las que tengan derecho en otros países de la Unión Europea, así como a las personas con discapacidad procedentes de otros Estados miembros acogerse a las ventajas en determinados servicios ofrecidos por las autoridades españolas. Como
ustedes saben, y si no se lo recuerdo, la efectividad de esta directiva de la tarjeta europea de discapacidad viene marcada por la propia norma europea. Así, en el párrafo segundo del artículo 21.1 de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2024, al cual hacía referencia, por la que se establece la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad se establece que las disposiciones de la citada directiva
que se traspongan a nuestro ordenamiento se aplicarán a partir de junio de 2028. El mismo artículo añade que los Estados miembros tienen que adoptar y publicar, a más tardar el 5 de junio de 2027, las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente directiva. Somos conscientes de que estos trabajos de trasposición de esta directiva por parte del Parlamento Europeo y del Consejo ya se están iniciando por parte de
la dirección general de discapacidad y se prevé que estén culminados dichos trabajos a lo largo del año 2026. De hecho, esta adaptación, como saben, se ha incorporado en el anteproyecto de ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con discapacidad y de su Inclusión Social, y también de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para la extensión y refuerzo de los derechos de
las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, conforme al artículo 49 de la Constitución española, donde se incluye la creación de un registro estatal de tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad.
Esta iniciativa en la que confluimos y estamos totalmente de acuerdo no puede eximirles de su gestión allá donde gobiernan. Ustedes se llenan la boca aquí de medidas de atención a las personas con discapacidad, pero allá donde gobiernan,
por desgracia, hacen una cosa bien distinta. Porque en mi tierra, Andalucía, las entidades y asociaciones que atienden a las personas con discapacidad están en una situación crítica porque han tenido que asumir la subida salarial del 10 % que
impone el convenio a sus profesionales y, en cambio, la Junta no ha subido el coste por plaza de los centros de día, de los centros residenciales y de los centros especiales de empleo. Entonces, ¿a qué esperan? ¿Cuándo van a instar a Moreno
Bonilla a que cumpla con las personas con discapacidad y así darles dignidad? Yo me lo pregunto.
Esta tarjeta es una petición que llevan realizando las organizaciones que representan a las personas con discapacidad desde hace tiempo y que se ha comprobado con el proyecto piloto de la tarjeta europea de discapacidad que se puso en marcha
en el año 2016 en ocho Estados miembros, que facilita y mejora la vida de las personas con discapacidad, además de promover su circulación transfronteriza. Impulsar esta trasposición para nosotros es importante y, de hecho, es una prioridad. Así
que, como ya demostramos hace un año, cuando presentamos nuestra iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista votará también a favor de esta proposición no de ley.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Olvido de la Rosa, por su intervención.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DESTINADAS A GARANTIZAR LA PLENA INCLUSIÓN EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y RESPETO PARA LAS PERSONAS CON ENANISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente
161/001878).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto número 7 del orden del día, Proposición no de ley relativa a la adopción de políticas destinadas a garantizar la plena inclusión en condiciones de igualdad y respeto para las personas
con enanismo.
El autor es el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, y para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Cofiño. Adelante.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, se mencionaba, por enmarcar un poco también el tema, en alguna reflexión interesante que hacía alguna persona de otros grupos la importancia que deben tener las proposiciones no de ley. Hemos sido críticos muchas veces en otras
comisiones preguntándonos para qué sirven las proposiciones no de ley. A veces, si estamos en la oposición, sirven para luchar contra el Gobierno; si estamos en el Gobierno, para alentarlo en cosas que a lo mejor ya está haciendo. Hemos tenido
reuniones en diferentes comisiones con colectivos que habían presentado distintas PNL a lo largo de los años, a veces presentadas por un grupo parlamentario y luego presentadas por otro y demás. Yo creo que esto es importante tenerlo claro para
saber también qué pretendemos.
Algo importante en este tipo de iniciativas legislativas es el tema de poner el foco, lo decíamos también antes, en las propuestas que hace la sociedad civil al respecto. Y hoy la proposición que presentamos, con necesidades de mejora,
viene de una de estas entidades, que es la Fundación Alpe Acondroplasia, que hizo una intervención hace unas semanas en esta comisión. Me gustaría recuperar la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea del año 2019 en la
que se señalaba que todos los grupos parlamentarios afirmaron que espectáculos como el bombero torero incumplían diversas normativas de rango comunitario, incluyendo los artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con diversidad funcional y discapacidad referentes a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero, a pesar de este consenso político, la trasposición de la normativa europea a nuestro
ordenamiento jurídico no fue inmediata, y las entidades que representan y defienden a las personas con discapacidad tuvieron que presionar a los gobiernos para que se cumpliera con el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Y, finalmente, en el año 2023, se reformó la ley de discapacidad para reforzar la prohibición de espectáculos que resulten denigrantes para las personas con discapacidad. Fue un gran avance, pero en España, todavía en este año 2025, se
siguen viendo espectáculos cómicos taurinos con personas con discapacidad y se sigue alquilando a personas enanas para despedidas de soltero, personas con enanismo que circulan esposadas por la calle para divertir a los presentes, como nos
mencionaron en la intervención. Y algo que suelen decir las entidades de personas con enanismo es que el enanismo es la única discapacidad que provoca risa. Lo oímos en esa comisión cuando Felipe Orviz, asesor legal de la Fundación Alpe
Acondroplasia, compareció y lo hizo junto a Susana Noval, directora de la fundación, a los que agradecemos especialmente su trabajo y su sensibilidad en el apoyo en la elaboración de esta proposición. Hablaron del alquiler de personas enanas para
despedidas de solteras y se preguntaron y nos preguntaron qué pasaría si alguien alquilase a personas con discapacidad intelectual para animar una fiesta. También podríamos preguntarnos cuál sería la respuesta de la sociedad si se hicieran
espectáculos taurinos con personas con ceguera o con movilidad reducida. Es una situación, por supuesto, impensable y que genera dolor y agravio por parte de todas las personas que estamos en esta comisión.
En aquella comparecencia con la Fundación Alpe nos alegró que tuviéramos un acuerdo unánime con lo que plantearon los comparecientes, tal y como sucedió en la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea del año 2019,
donde los grupos parlamentarios entendimos que, por encima de las discrepancias, nos debe unir el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad.
En la proposición que presentamos señalamos otro punto importante que es que la desaparición de estos espectáculos supone garantizar los derechos de las personas afectadas, pero también es necesario mantener los derechos laborales de las
personas que siguen trabajando en estos espectáculos, por lo que se prioriza su inserción laboral. Es decir, no podemos dejar sin una opción laboral a personas que ahora mismo estén trabajando en estas prácticas.
Se contempla otro elemento importante, que es la integración sociosanitaria, la importancia de que haya integración de los servicios sociales y sanitarios y la atención a personas con acondroplasia y con displasia ósea. Es necesario tener
un centro de referencia asignado, sea cual sea el epígrafe que determinen nuestros ministerios, para personas con acondroplasia y displasia ósea, y tener una correcta coordinación entre centros, unidades clínicas sanitarias y unidades sociales en
nuestro sistema.
Agradecemos a todos los grupos parlamentarios las propuestas que nos han hecho llegar para mejorar el texto, que pensamos que así ha sido y así se ha logrado mejorar. Las hemos tenido en cuenta y las hemos incorporado en una enmienda
transaccional con la que esperamos que estén de acuerdo.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño, por su intervención y sus palabras.
Ha llegado a la Mesa, como acaba de anunciar el portavoz autor de la iniciativa, una enmienda transaccional a esta iniciativa, que está firmada por sus autores: el Grupo Parlamentario SUMAR, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista. No obstante, y de acuerdo con el Reglamento, daré la palabra a quienes habían presentado enmiendas parciales para su defensa, con independencia de la suerte que corran luego y que se refundan en la enmienda transaccional.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Mercè Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta proposición no de ley relativa a garantizar la plena inclusión en condiciones de igualdad y respeto para las personas con acondroplasia y otras displasias.
El texto que finalmente se propone, tras la inclusión de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y transaccionada con los grupos Popular y SUMAR, es un paso para garantizar, como dice el encabezamiento de esta proposición no de ley,
su plena inclusión social y para dar respuesta, por tanto, a los requerimientos del colectivo. Es cierto que los poderes públicos no vamos a la velocidad de los requerimientos de la ciudadanía; en ocasiones vamos demasiado lentos, y este es uno de
los casos. Hay que ponerse, por tanto, del lado de la ciudadanía y ayudarles y apoyarles en sus necesidades. Por eso creo, y creemos en el Grupo Parlamentario Socialista, que esta proposición no de ley es un paso para colmar las exigencias de las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan cada día incansablemente para que estas personas vivan con dignidad, con esta capacidad de vivir independiente y que puedan elegir su presente y su futuro; podríamos hablar de Alpe o también de la
ONCE, que tiene un programa específico.
Entendemos, como Grupo Parlamentario Socialista, con la debida prudencia, por cuanto nunca se da respuesta completa a las pretensiones de la sociedad civil, que se inicia un camino que requiere que se convierta en pasos ciertos -insisto, en
pasos ciertos-. En primer lugar, la realización de estudios e investigaciones necesarias, incorporando los datos que permitan una radiografía cierta de la situación de estas personas, con políticas transversales de todos los poderes públicos. La
investigación es clave para favorecer, por ejemplo, el crecimiento óseo. En segundo lugar, dar una respuesta a lo largo del ciclo vital, desde la óptica sanitaria y asistencial, para que tengan una atención integral. En tercer lugar, garantizar
los cuidados específicos tanto de la población infantil como de la población adulta. En cuarto lugar, reformar el artículo 9 del Real Decreto 145/1996 para que se prohíba definitivamente la indignidad de que estas personas participen en
espectáculos humillantes, siempre y cuando garanticemos su inclusión laboral real y efectiva. Y, en quinto lugar, instar tantas reformas legales como sean necesarias para impedir las prácticas denigrantes de personas con discapacidad, tal y como
indican las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, sobre todo, que estas personas puedan desarrollar su proyecto vital, y
para ello necesitan un empleo y condiciones laborales dignas que les permitan una pensión suficiente cuando lleguen a la jubilación.
Y aquí tenemos que alegrarnos de que el Grupo Popular haya querido transaccionar, añadiendo la palabra 'promover'; es decir, promover políticas públicas que permitan el fomento del empleo de las personas con discapacidad. ¿Y por qué digo
promover? Porque, efectivamente, hay una evidencia constatada con datos que pueden comprobarse y que son de dominio público de que las políticas de inclusión laboral de todos los colectivos son una prioridad para el Gobierno.
Tenemos que decir que hay récord de personas con discapacidad con empleo -se ha incrementado un 55 % más que hace una década-, el paro se ha situado en menos del 20 % y, por tanto, tenemos que
felicitarnos, entre comillas, con prudencia, evidentemente, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué nos alegramos? Porque, por primera vez, el Partido Popular habla de promover, es decir, son ellos los que tienen que llevar a cabo estas
políticas de empleo inclusivas. El Gobierno ha incrementado las subvenciones de forma exponencial desde 2018 y son los Gobiernos autonómicos los que tienen que implementarlas y llevarlas a cabo. Tenemos nuestras dudas, y me remito a los datos del
anterior ponente de la anterior iniciativa, según los cuales, evidentemente, por ejemplo, el Gobierno de Moreno Bonilla no apuesta definitivamente por las personas con discapacidad, pero vamos a dar un voto de confianza al Partido Popular.
Por todo ello, y como afirmó el portavoz socialista señor Sáez en la comparecencia de noviembre de 2004, donde intervino Alpe Acondroplasia, vamos a apoyar, como socialistas, todas aquellas medidas que lleven al empoderamiento de las
personas con discapacidad y, especialmente, a las personas con acondroplasia y otras displasias que causan enanismo, a fin de que les permitan desarrollar su proyecto vital.
Y, por último, me remito a las palabras del compareciente, señor Orviz, quien, haciendo referencia a Javier Romañach, decía textualmente: Si construimos una sociedad solo para los capaces, se nos está olvidando cómo fuimos, se nos olvida
cómo seremos y se nos olvida cómo y con quién vivimos. Es el momento de diseñar un nuevo modelo de sociedad en el que todos seamos bienvenidos, aceptados como iguales y como personas que aportamos nuestra diversidad. Por tanto, transformar para
mejorar la vida de estas personas es el objetivo principal que tiene que guiarnos, y en eso está el Grupo Socialista.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención, doña Mercè Perea.
A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra para defensa de la enmienda -que, por lo que oímos, será transaccionada-, doña María Cuesta. Adelante.
La señora CUESTA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular compartimos el objetivo de esta iniciativa para que avancemos hacia una sociedad más inclusiva, más justa y plenamente comprometida con la dignidad y los derechos de todas las personas, también, y
por supuesto, con aquellas que tienen acondroplasia y otras displasias esqueléticas, cuya realidad ha sido históricamente invisibilizada, tratada desde el desconocimiento, el estigma o incluso la burla. No podemos permitir que en pleno siglo XXI se
sigan perpetuando prejuicios, estereotipos o prácticas que deshumanizan a quienes solo quieren vivir con plena autonomía y dignidad.
Las instituciones, señorías, tenemos el deber de dar respuesta seria, responsable y eficaz a sus demandas. Ahora bien, esta respuesta también empieza por algo tan básico como el lenguaje, como le he comentado antes al señor Cofiño. En el
texto original de esta iniciativa se empleaba el término 'personas enanas' y yo creo que, con claridad, ese término no es adecuado ni tampoco aceptable, puesto que hay que respetar y tener un enfoque más inclusivo en las políticas públicas. Por
eso, creemos en avanzar en una terminología respetuosa, centrada en las personas y coherente con la perspectiva de derechos.
Dicho esto, queremos detenernos en el contenido de la iniciativa. Una cuestión significativa ha sido que el propio Grupo SUMAR presentó una enmienda a la exposición de motivos eliminando buena parte de ese tono crítico y de denuncia
institucional que contenía el texto original. Han suprimido valoraciones políticas referentes a la inacción del Gobierno y menciones a la discriminación sistemática, y lo que era un relato combativo se ha convertido más en un discurso técnico y
neutro, en buena medida casi aséptico. No es un detalle menor, es un síntoma de cierta debilidad en el enfoque y de una voluntad de rebajar el contenido político de esta propuesta.
Pero, señorías, las personas con displasias óseas no necesitan edulcorantes en el diagnóstico, necesitan que actuemos con convicción, con valentía y con claridad.
Tampoco en el fondo esta iniciativa estaba del todo a la altura, se quedaba en generalidades, en buenas intenciones, en declaraciones simbólicas, sin trazar una hoja de ruta clara ni medible. Por eso, el Grupo Popular ha presentado unas
enmiendas con la voluntad de mejorar el texto; enmiendas que aportaban realismo a soluciones concretas y un enfoque respetuoso y serio ajustado al marco; enmiendas que respondían a una necesidad real, con propuestas que podrían marcar una
diferencia. También queremos dejar claro nuestro rechazo a las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista porque siguen en la misma línea de siempre, con fórmulas vacías como 'seguir trabajando' o 'fomentar lo que
ya se hace'. Eso no es compromiso, eso, señores del Grupo Socialista, es inercia, y la inercia no resuelve los problemas de quienes viven día a día con barreras reales.
Este colectivo no necesita gestos, necesita hechos y políticas que transformen. Por eso, queremos manifestar que, fruto del trabajo parlamentario, del diálogo y de la voluntad de construir consensos, hemos alcanzado un acuerdo en esta
transaccional, que incorpora algunas de las propuestas y mejoras que ha presentado este Grupo Popular. Lo hemos hecho con responsabilidad y con coherencia, porque creemos que cada paso que se da en la buena dirección cuenta.
Aceptamos esta transaccional porque recoge elementos esenciales, como un lenguaje más inclusivo, el enfoque centrado en las personas y el compromiso con medidas reales que pueden tener impacto. Eso no significa que renunciemos a ser
exigentes; al contrario, seguiremos defendiendo una política seria, respetuosa y útil, porque no se trata solo de aprobar textos, se trata de transformar realidades. Por ello, señorías, necesitamos voluntad política, compromiso institucional y
sensibilidad social.
En el Grupo Popular vamos a seguir trabajando con rigor, con empatía y con responsabilidad. Estamos aquí para dar respuesta, para corregir injusticias, para garantizar derechos, y eso solo se consigue si ponemos el foco donde debe estar:
en las personas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención, doña María Cuesta.
Iniciamos el turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rego, presente, no hará uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), su portavoz, que está presente, tampoco hará uso de la palabra.
Euskal Herria Bildu no está presente y, por tanto, no podrá hablar.
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya no está presente y no puede intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Republicano, el señor Salvador hace movimientos afirmativos, luego entiendo que hará uso de la palabra. Adelante.
El señor SALVADOR I DUCH: Sí, hago movimientos afirmativos y haré uso de la palabra, como todo el mundo.
A veure, per mi, la veritat és que he pensat molt sobre aquesta iniciativa. És una iniciativa recurrent. Ha sortit més d'una vegada i evidentment votarem a favor. Crec que qualsevol iniciativa a favor de la inclusió i de la dignitat crec
que per principi no es pot votar en contra.
Ara bé, el dilema, he estat moltes hores i porto anys parlant amb diferents col·lectius, i el dilema existeix, el dilema de garantir la dignitat i la igualtat de les persones amb acondroplàsia i altres formes d'enanisme, sense limitar
injustament les seves opcions laborals. I hem de dir-ho clarament: no podem tolerar que cap mena d'humiliació ni explotació, que quedi ben clar, cap situació que vulneri la dignitat d'una persona. De cap persona, sigui la qui sigui, tingui
discapacitat o no tingui discapacitat. De fet, tots som una mica discapacitats perquè tots hi ha moltes coses que no les sabem fer, o no les podem fer.
És a dir, en certa manera, és un concepte que a vegades penso que és aplicable a tothom, però alhora hem de defensar la llibertat individual, la llibertat de persones adultes amb plenes capacitats per decidir el seu futur laboral. Algunes
delles trien dedicar-se al món artístic. I he parlat amb elles: el circ, lhumor, lespectacle de lhumor televisiu i algunes persones tenen condicions laborals molt millors, molt millors de les que tenen altres persones i molt millors que seria
caure en la beneficència. I ho fan lliurement, igual com a esportistes o actors que utilitzen el seu cos. Esportistes que parlo daquells que no guanyen grans sous, que quan acaba la seva carrera esportista passen a ser discapacitats, lògicament.
Ara bé, i per això votarem que sí, és fonamental, i aquí està la clau de tot, penso jo, que ningú triï aquestes activitats per manca d'alternatives. Que ningú triï aquestes activitats per manca d'alternatives. Moltes vegades, des de la
superioritat moral o el judici sobre certes pràctiques laborals, són causades per aquelles persones que realment sí poden escollir. Però si puc escollir la moralitat és molt fàcil. Poden escollir com guanyar-se la vida. Jo no m'atreveixo a
fer-ho. La veritat, no m'atreveixo a jutjar a ningú i sobretot si no té cap alternativa real. Cada persona afectada sap la seva situació, i per això és un dilema per mi.
Per tant, és molt important que no hi hagi com a única alternativa, com a única sortida acabar rebent un subsidi de beneficència. I aquí crec que és la clau una altra vegada: necessitem polítiques públiques actives i ad hoc. Inserció
laboral i formació adaptada i oportunitats reals. Dic oportunitats reals perquè el
bla, bla, bla o les PNL a vegades queden en això. I llavors, des de la superioritat moral, hem de dir 'vostè no faci això que és denigrant'. Em sembla molt bé. No ho faig per gust, a vegades. Jo diria que quasi mai.
Llavors el que animem els proponents, sobretot si aquests proponents són partits de govern que legisli per clarificar i precisar molt millor aquesta proposta de nova llei. En qualsevol cas, senyories, la dignitat humana, la llibertat no són
incompatibles en cap moment. I és la nostra obligació, i això és important garantir que totes les persones puguin decidir amb autonomia, dignitat i respecte, però per a tothom. Tothom ha de poder escollir.
En definitiva, votarem que sí. Ara bé, seria més interessant puntualitzar quines propostes reals hi ha perquè realment aquesta elecció sigui feta en llibertat o no en llibertat. Res més. Moltes gràcies i espero que m'hagi explicat en un
tema bastant complex.
Moltes gràcies.
La verdad es que he pensado mucho sobre esta iniciativa. Es una iniciativa recurrente, ha salido más de una vez, y, evidentemente, vamos a votar a favor. Creo que cualquier iniciativa a favor de la inclusión, de la dignidad, por principio,
no se puede votar en contra.
Le he dedicado muchas horas y llevo años hablando con diferentes colectivos y el dilema existe, el de garantizar la dignidad e igualdad de las personas con acondroplasia y otras formas de enanismo sin limitar injustamente sus opciones
laborales. Tenemos que decirlo claramente: no podemos tolerar ningún tipo de humillación y explotación -que quede claro-, ninguna situación que vulnere la dignidad de una persona, de ninguna persona, sea cual sea, tenga discapacidad o no la tenga.
De hecho, todos somos un poco discapacitados porque hay muchas cosas que no sabemos hacer o no podemos hacer. En cierto modo, es un concepto que a veces creo que es aplicable a todos.
Pero tenemos que defender también la libertad individual de personas adultas con plenas capacidades para decidir su futuro laboral. Algunas de ellas deciden dedicarse al mundo artístico -y he hablado con ellas-: al circo, al humor, al
espectáculo televisivo; y algunas personas tienen condiciones laborales mucho mejores de las que tienen otras personas y mucho mejores de lo que sería caer en la beneficencia. Y lo hacen libremente, igual que los deportistas o actores que utilizan
su cuerpo. Y hablo de los que no ganan grandes sueldos, que para acabar su carrera de deporte pasan a ser discapacitados, lógicamente. Por eso, vamos a votar que sí.
Es fundamental -y ahí está la clave de todo, creo yo- que nadie escoja estas actividades por falta de alternativas. Muchas veces, la superioridad moral y el juicio sobre prácticas laborales vienen causadas por aquellas personas que sí
pueden escoger. Si puedo escoger, la moralidad es muy fácil. Pueden escoger cómo ganarse la vida. Yo no me atrevo a juzgar a nadie y, sobre todo, si no tiene alternativa real. Cada persona afectada conoce su situación, y por eso es un dilema
para mí.
Por lo tanto, es muy importante que no haya como única alternativa, como única salida, acabar recibiendo un subsidio de beneficencia. Y aquí creo que esta es la clave, de nuevo: políticas públicas activas y ad hoc, inserción laboral,
formación adaptada y oportunidades reales, reales; porque el blablablá, las PNL, a veces quedan en eso. Y, entonces, con superioridad moral tenemos que decir: No haga esto que es denigrante. Y dirán: Vale, me parece muy bien, no lo hago por
gusto muchas veces, diría que casi nunca.
Entonces, animamos a los proponentes, sobre todo si estos proponentes son partidos del Gobierno, a que legislen para clarificar esta propuesta de ley. En todo caso, señorías, la dignidad humana y la libertad no son incompatibles en ningún
momento. Y es nuestra obligación -y eso es importante- garantizar que todas las personas puedan decidir con autonomía, dignidad y respeto para todos. Todos tienen que poder escoger.
En definitiva, vamos a votar que sí, pero sería más interesante puntualizar qué propuestas reales tenemos para que esta elección se haga en libertad o sin libertad.
Espero haberme explicado en un tema bastante complejo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Salvador, por su intervención.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra doña Blanca Armario. Adelante.
La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En VOX afirmamos con rotundidad que ninguna persona necesita que el Estado le diga en qué puede o en qué no puede trabajar si lo hace en condiciones de libertad, de legalidad y de seguridad. Las personas con enanismo tienen tanto derecho
como cualquier otra a elegir su forma de vida, y nadie, por más progresista que se proclame, tiene autoridad moral para imponer límites disfrazados de protección. Ustedes quieren legislar contra el empleo que ellos mismos pueden o no elegir, ya
sean espectáculos, cine, publicidad o en cualquier otro ámbito, simplemente porque no encaja en el marco de la izquierda de ideologizarlo todo. Actores como Peter Dinklage o el actor de Nerja Rubén Jiménez son ejemplos de libertad de empleo. Nadie
les dijo dónde sí y dónde no podían trabajar. Al contrario que ustedes, yo, por ejemplo, no me imagino sus personajes sin que hubiesen sido interpretados por una persona con acondroplasia o displasia.
En VOX defendemos el derecho de cada individuo a construir un proyecto de vida sin que otras personas hablen por ellas ni decidan por ellas. Es profundamente irrespetuoso que se anulen las decisiones personales bajo el argumento de que
alguien externo sabe mejor lo que es digno o no para otro ser humano que goza de facultades plenas. Eso no es protección, eso es paternalismo, es ingeniería social y es extirpar la libre elección de empleo, de opinión o de expresión de cada
individuo.
En lugar de crear normativas que prohíban a las personas con enanismo ejercer ciertas profesiones, lo que se debería garantizar es que estas personas puedan trabajar en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos derechos, a la misma
seguridad laboral y al mismo reconocimiento que cualquier otro ciudadano. Además, parten ustedes de una base errónea en su iniciativa: que todos los españoles son irrespetuosos y que discriminan a este tipo de personas, y eso no es así. No
dudamos de que aún existan personas que lo sean, pero es esa conducta, la de las personas irrespetuosas con las personas con algún tipo de discapacidad o de vulnerabilidad, la que hay que cortar de cuajo, pero no la libertad de empleo, no la
libertad de cada uno a ejercer su derecho a desarrollar sus cualidades cómicas, artísticas o cualquier otra cualidad que quiera desarrollar.
Su idea de libertad, señorías de SUMAR, viene siempre con la imposición de regulaciones y de normas, a través de lo que se ve con esas gafas de su ideología, pero la idea de libertad para VOX está intrínsecamente ligada a la defensa de la
libertad individual y a la libertad de expresión. La idea de libertad de SUMAR es prohibir, y nuestra idea, la de VOX, es siempre la de elegir.
En la enmienda transaccional entre el Grupo SUMAR, el Grupo Popular y el Grupo Socialista aparecen las palabras 'impedir' y 'prohibir', y VOX no le va a impedir ni prohibir a nadie que elija dónde quiere trabajar; al contrario, va a poner
todo su esfuerzo y todos los recursos posibles para que las personas con discapacidad puedan elegir lo que quieren hacer con su vida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención, doña Blanca Armario.
No sé si aquí hacer la pregunta reglamentaria, porque, por omisión, no dije que el propio autor de la iniciativa, el Grupo SUMAR, había autoenmendado su propia iniciativa y, por tanto, puede transaccionar; y con el Grupo Parlamentario
Popular y el Grupo Parlamentario Socialista hicieron una enmienda transaccional que aúna las pretensiones de los tres grupos parlamentarios.
Me dice el letrado -y les agradezco que me eximan de la lectura pormenorizada, por extensa- que todos los grupos parlamentarios disponen de la enmienda transaccional correspondiente y, por tanto, que han podido proceder a la lectura de esta
para estar en condiciones, cuando proceda, de emitir la votación con absoluto conocimiento de causa.
Por tanto, así finalizaríamos, si al señor Cofiño le parece bien, el punto número 7 del orden del día.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN SISTEMA ÚNICO DE AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA A LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001914).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto número 8, que es el último de nuestro orden del día, y que figura con la siguiente redacción: Proposición no de ley relativa a la creación de un sistema único de autorización para el acceso de
personas con discapacidad y movilidad reducida a las zonas de bajas emisiones en todo el territorio nacional.
Para su defensa, puesto que su autor es el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Ana Cobo.
La señora COBO CARMONA: Gracias, presidenta.
Quiero decir, en primer lugar, que la proposición no de ley que defiendo hoy surge de una petición expresa de las personas con movilidad reducida porque, en uno de los encuentros que hemos mantenido con personas con discapacidad, así nos lo
han pedido.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, con efectos directos sobre la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. En este contexto, la aprobación de la Ley del Cambio
Climático y Transición Energética fue un paso imprescindible para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus medidas, se incluye la obligación de implantar
zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50 000 habitantes y en aquellos de más de 20 000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación. Estas zonas de bajas emisiones son fundamentales para reducir la contaminación del aire
en las ciudades, disminuir los niveles de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública. No obstante, su implantación puede generar alguna dificultad para ciertos colectivos, en especial para las personas con movilidad reducida, que
dependen del vehículo privado para sus desplazamientos.
En España 148 municipios cuentan con más de 50 000 habitantes, lo que significa que en todos ellos ya existe o se está implantando una zona de bajas emisiones. Sin embargo, la regulación actual permite que cada ayuntamiento establezca sus
propias excepciones y procedimientos para el acceso de vehículos de personas con discapacidad. Esto ha dado lugar a una fragmentación normativa que les perjudica, ya que la mayoría de las autorizaciones solo son válidas para el municipio donde se
conceden. En la práctica esto significa que una persona con movilidad reducida autorizada a circular por la zona de bajas emisiones de su ciudad de residencia puede verse sancionada si, por razones médicas, laborales, personales o de ocio, viaja a
otra ciudad que también cuente con una zona de bajas emisiones.
Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España residen más de 3,8 millones de personas con discapacidad y un número significativo de ellas presenta movilidad reducida. Muchas de esas personas requieren vehículos adaptados
que, en la mayoría de los casos, son de combustión interna debido a la escasez y el alto coste de opciones eléctricas accesibles. A esto se suma que el transporte público no siempre garantiza las condiciones necesarias de accesibilidad, lo que hace
que el vehículo privado sea una necesidad y no una elección. Para solucionar esta discriminación es imprescindible establecer un sistema único y centralizado a nivel estatal que permita el reconocimiento automático de los vehículos autorizados en
todas las zonas de bajas emisiones de España.
El compromiso del Partido Socialista y del Gobierno progresista con los derechos de las personas con discapacidad ha sido constante en los últimos años en cuestiones tan importantes como: la reforma del artículo 49 de la Constitución,
eliminando el término 'disminuido' con el apoyo de todos los grupos excepto VOX, que, como hoy mismo hemos escuchado aquí, sigue llamando discapacitados a las personas con discapacidad; la aprobación de la ley de accesibilidad cognitiva y el
incremento de la financiación para la ley de dependencia, aunque es cierto que no todas las comunidades han sabido aprovechar estos recursos, estos fondos, para reducir las listas de espera y para mejorar la atención. En Andalucía, yo también soy
andaluza, son ya más de seiscientos días los tiene que esperar una familia para recibir esta ayuda a la dependencia.
Señorías del PP, nos repiten permanentemente que en la actualidad se atienden más personas que hace siete años. El envejecimiento de la población lleva a que haya más personas que la han solicitado y ustedes no dan respuesta. También hay
más personas mayores en España y el Gobierno paga a todas y cada una de ellas la pensión.
También hemos reforzado la inclusión laboral -se ha dicho hoy aquí-, y ya hay un 55 % más de personas con discapacidad empleadas que hace una década. Se han ampliado derechos en el transporte, como la gratuidad de los trenes de cercanía y
media distancia. También algo que era muy demandado: la gratuidad para acompañantes de personas con discapacidad severa. Y se ha garantizado que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al sufragio sin barreras.
Estos avances reflejan un compromiso real del Partido Socialista con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario seguir impulsando medidas que garanticen su plena inclusión en los nuevos
escenarios que se vayan presentando y en todo el territorio nacional. Por eso, planteamos utilizar el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico como sistema único y centralizado a nivel estatal y herramienta que permita a las
Administraciones competentes en las zonas de bajas emisiones la identificación y el reconocimiento automático de los vehículos vinculados a una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida; facilitar la interoperabilidad de las
tarjetas de
estacionamiento para personas con discapacidad; encomendar a la Dirección General de Tráfico incorporar en el Registro de Vehículos los datos básicos de los vehículos asociados a tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida, de modo que permita que los ayuntamientos reconozcan automáticamente los vehículos con derecho a acceso a las zonas de bajas emisiones. En definitiva, garantizar que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse sin restricciones
en todo el territorio nacional, asegurando su derecho a la accesibilidad y a la igualdad en el uso del transporte privado. Para no confundir -antes hemos estado hablando de la tarjeta europea- no estamos hablando de tarjetas de estacionamiento,
sino de acceso a las zonas de bajas emisiones, que suelen estar en los centros de las ciudades. Así nos lo solicitaron en los términos que acabo de defender, por lo que hoy, señorías del PP, si esta propuesta no se aprueba, no se anoten en su
contador un tanto al PSOE, sino a las personas con discapacidad.
Señorías de VOX, las personas con discapacidad no piden eliminar las zonas de bajas emisiones. Al contrario, las 1064 intervenciones que se han llevado a cabo en 196 ayuntamientos con los más de 1500 millones de euros que el Estado ha
aportado para este fin han sido muy bien valoradas al convertir los centros de las ciudades en espacios plenamente accesibles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Ana Cobo, por su intervención.
A continuación, a esta iniciativa se han presentado dos enmiendas: una por el Grupo Parlamentario VOX y otra por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, en el Grupo Parlamentario VOX no vamos a tolerar que ustedes colectivicen a las personas con discapacidad. Usted no sabe si las personas con discapacidad quieren o no eliminar las zonas de bajas emisiones. Así que le
pedimos que no hable en nombre de todas las personas con discapacidad porque tienen opinión por sí mismas.
En segundo lugar, no vamos a tolerar tampoco el rollito de superioridad moral. Lo iba a hacer antes con la señora Plaza por el 71.3, pero lo hago ahora como cuestión previa. No vamos a tolerar el rollito superior por parte del Partido
Socialista, ese partido que no está pagando la ley ELA y está dejando en la cuneta a miles de españoles que los necesitan: ese Partido Socialista que gobierna, que, con el apagón masivo de hace unas semanas, ha facilitado y ha permitido dejar
tiradas a miles de personas en nuestro país -en el apagón murieron personas electrodependientes-; ese mismo PSOE que aprobó hace unos años la esterilización forzosa de las personas con discapacidad y que tuvimos que revertir hace poco en esta
Cámara; ese mismo PSOE que ataca los centros de educación especial; ese mismo PSOE que no facilita que los centros de educación ordinaria tengan los medios para poder atender a las personas con discapacidad. Así que ni una sola lección ni
superioridad moral por parte de un Partido Socialista que ha dejado tiradas a las personas con discapacidad en nuestro país. (Aplausos). Ni una sola ocasión más.
Por otro lado, desde luego, yo vengo aquí a defender una enmienda; una enmienda de absoluto sentido común que voy a leer ahora mismo: Derogar toda la legislación relacionada con las zonas de bajas emisiones al conllevar una restricción de
la libertad de circulación, así como un enorme perjuicio a la capacidad económica de los españoles. Si ustedes aceptaran esta enmienda, tendríamos la ocasión de poder instar al Gobierno a terminar con las zonas de bajas emisiones en nuestro país,
como ya han solicitado, por cierto, tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que sería una ocasión perfecta para que ustedes acepten esta enmienda y otros grupos como, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular puedan
aprobar esta proposición no de ley e instar a que se acabe con las zonas de bajas emisiones y que se cumplan las demandas no de los colectivos ni de las personas que ustedes colectivizan, sino de algunos tribunales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias por su intervención, señora De Meer.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra doña Esther Llamazares. Adelante.
La señora LLAMAZARES DOMINGO: Gracias, presidenta.
Me gustaría empezar diciendo que he contado como cuatro o cinco intervenciones en las que percibo que hay una cierta animadversión hacia las políticas andaluzas o un cierto trauma, creo yo, que se deduce
de sus intervenciones. Entonces, mientras intervenían, me he molestado en buscar algunos datos y quiero decirles, para la información de todos, que desde que Juanma Moreno Bonilla llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía, las listas
de espera se han reducido en un 44,7 % en cuanto a la valoración. (Rumores). Dicen que hay un mínimo de 600 días de media en listas de espera para valoración, pero les puedo decir que se han incorporado 71 profesionales. También me gustaría dejar
claro que yo vengo de una tierra, Asturias, gobernada por el Partido Socialista, con sus políticas por supuesto, donde tenemos una lista de espera para valoración de 1095 días. Vengo además de un municipio -también gobernado por ustedes, que saben
mucho de esto- que tiene 36 meses de lista de espera, con lo cual yo creo que, cuando estudien, deberían hacer los estudios completos y las valoraciones completas, porque da un poco de miedo. Podríamos seguir con más datos, pero voy a ceñirme a lo
que tiene que ver con esta proposición no de ley.
Para mi sorpresa, en la exposición que acaba de hacer la proponente del Grupo Socialista detalla el propio argumentario de qué es lo que falla en esta PNL. Hablaba precisamente de las zonas de bajas emisiones y de la ley de cambio climático
que implementaron ustedes. Realmente, no se puede hacer una cosa y la contraria. Es decir, llevaron a cabo una ley, como suelen hacer siempre, sin el consenso necesario, sin implicar a las comunidades autónomas y sin implicar a los ayuntamientos,
que son a los que finalmente ustedes van a exigir que implementen las zonas de bajas emisiones y, desde luego, sin un consenso con ellos sobre las necesidades, las dificultades, la financiación, etcétera. Ahora sí que tienen que enmendarse a
ustedes mismos y realmente ver qué es lo que falla. Y este es uno de los grandes asuntos que falla: el tema que tiene que ver con las personas con discapacidad.
Decía usted que son 148 los ayuntamientos obligados por tener más de 50 000 habitantes, a los que sumamos alguno más, que son ayuntamientos con más de 20 000 habitantes, pero que, efectivamente, tienen un componente más alto de
contaminación. Realmente, lo que deberían mirar y plantearse es que solo 24 de todos estos ayuntamientos han ejecutado y han puesto a funcionar las zonas de bajas emisiones en su totalidad, primero, por la complejidad que supone, después, porque
además no tienen ninguna norma específica que les ayude a que esas zonas de bajas emisiones sean homogéneas. Con lo cual, cada municipio está haciendo lo que le sale de las narices, lo que le parece oportuno o lo que puede implementar de acuerdo
con su medio de financiación. Además, debemos recordar que esto es una competencia autonómica.
Parece que ustedes pretenden poner en común ese acuerdo para el acceso a todas estas zonas, pero no sé por qué dejan otras fuera, porque la accesibilidad es complicada en muchos municipios que no llegan a esas cifras o que no tienen zonas de
bajas emisiones. Igualmente, ¿qué es lo que plantean? ¿Han hablado con las comunidades autónomas? Ustedes son Gobierno y no han hablado con las comunidades autónomas, no saben cómo se puede desarrollar esto, no reflejan en su PNL si quieren hacer
algún cambio legislativo en alguna ley, no sabemos en cuál están pensando, no hablan de financiación, no hablan de quién va a dirigir todo esto. Supongo que esto podría concluirse en un correo electrónico a las comunidades autónomas. Pónganse
ustedes de acuerdo en todo esto, porque realmente entendemos, desde nuestro punto de vista, que es muy necesario facilitar lo que plantean aquí. Es muy necesario, precisamente, por las grandísimas dificultades que tienen todas las personas que
sufren esta discapacidad, pero les podemos asegurar que no es tan sencillo como descolgar un teléfono. ¿Cómo lo van a hacer? Aquellos que ya han ejecutado o que ya tienen reguladas sus zonas de bajas emisiones, ¿quieren poner en común esos
procedimientos de actuación? No sabemos si hablamos de digitalización, no sabemos si hablamos de una normativa específica por desarrollar, no sabemos si estamos hablando de tarjetas, no sabemos de qué estamos hablando, pero lo peor es que ustedes
no lo saben. E insisto, son Gobierno; si lo saben, igual lo tenían que haber contado. En cualquier caso, yo le puedo asegurar, porque además soy concejal en un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, que poco o nada van a poder hacer
con todo esto, salvo que esto venga financiado desde el Gobierno y dirigido y regulado por un Gobierno central. No sé cómo tienen pensado hacerlo, pero realmente yo les digo que cuesta muchísimo trabajo poner de acuerdo a los ayuntamientos entre
sí.
En Asturias tenemos tres grandes ciudades y la dificultad es amplia. Es más, no tenemos regulada una misma forma de estacionamiento regulado por el servicio hora, por ejemplo, porque no tenemos ni las mismas aplicaciones. Ya no entremos en
dispositivos específicos para personas con discapacidad. Hay zonas de bajas emisiones reguladas con cámaras, hay otras que siguen estando con los bolardos clásicos de toda la vida. Es decir, esto es un brindis al sol.
Las buenas intenciones entiendo que todos las materializamos de alguna forma, pero hay que recordar que un planteamiento de estas características, que viene del Partido Socialista, que está gobernando en este caso en el Gobierno central,
pero también en algunas comunidades y en muchos ayuntamientos, yo
creo que bien podría haber venido con un contenido más afinado, más documentado, más regulado y, sobre todo, con una claridad expresa de quién va a implementar esto, con qué financiación y cómo se va a regular. Y, sobre todo y muy
importante: qué pretensiones tienen y qué tiempos tienen para implementar todo esto, porque habitualmente ustedes presentan este tipo de PNL diciendo: 'haremos, llegaremos, seguiremos, proponemos, propondremos', pero no hay forma de fiscalizar
todo eso, no hay forma de hacer un seguimiento. ¿Vamos a trabajar seriamente en esto? Pues vamos a ver cómo se va a hacer y, desde luego, plantéenlo en sus iniciativas.
Hemos presentado todo esto en una enmienda que esperemos que acepten.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Llamazares, por su intervención.
A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por un tiempo máximo de cinco minutos.
El Grupo Parlamentario Mixto no hará uso de la palabra, aun estando en la sala.
El Grupo Parlamentario Vasco, estando en la sala, tampoco hará uso de la palabra.
Euskal Herria Bildu no está presente.
Junts no está presente.
El Grupo Parlamentario Republicano sí está presente, pero el señor Salvador no intervendrá.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Vidal. Adelante.
El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.
También seré bastante breve, dos ideas básicas.
Los del negacionismo climático ya nos tiene acostumbrados a sus intervenciones, pero creo que tenemos que explicar bien las zonas de bajas emisiones. Tienen un objetivo, evidentemente, de lucha contra el cambio climático, pero también
tienen un enfoque de salud, porque mejoran la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades. Si ustedes niegan el cambio climático, que es negar la mayor, pueden pensar que gestionar qué tipo de vehículos y qué tipo de emisiones se producen
cerca de las personas va a mejorar su salud. Porque después ustedes sí que van a presentar seguro proposiciones no de ley de apoyo a las personas que tienen enfermedades pulmonares o afecciones respiratorias o lo que corresponda, pero en el momento
de dar apoyo a las medidas de salud pública, como puede ser una zona de bajas emisiones, ustedes no están ni les esperamos. Siguen negando el cambio climático, siguen negando la salud pública, y así no avanzamos. Evidentemente, ya les hemos
contestado muchas veces, lo hemos debatido, pero no hay manera de convencerles con la ciencia. Por tanto, no debatiremos más este tema con ustedes.
En cuanto a la segunda parte, el Grupo Popular se ha preocupado de la técnica. La PNL marca un objetivo, yo creo que es noble. Yo creo que cuando la iniciativa del Grupo Popular establecía la tarjeta europea no establecía la técnica
informática que iba a enlazar todas las tarjetas que existen y cómo iban a confluir las pasarelas informáticas para pasar la información de las comunidades autónomas a un sistema central. Yo creo que no planteábamos esa tecnología ni estábamos
planteando o debatiendo si la tarjeta tenía que ser azul, verde o morada porque en Europa era, en lugar de azul, de otro color. Perdón por el ejemplo tan burdo.
Por tanto, yo creo que aquí lo que marca esta iniciativa es un objetivo claro: que un tema como son las zonas de bajas emisiones, que tienen objetivos de salud pública y ambientales, evidentemente, no generen un perjuicio sobre las personas
con discapacidad. Creo que es muy sencillo, fácil de entender y fácil de apoyar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención, señor Vidal.
Finalmente, y a los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por VOX y por el Grupo Popular, nos tendrá que decir la portavoz doña Ana Cobo si las acepta o no.
La señora COBO GARCÍA: No.
La señora PRESIDENTA: No las acepta y, por tanto, el punto número 8 se votará en sus propios términos. Muchas gracias.
¿Necesitan sus señorías un minuto o estamos en condiciones de votar? (El señor Cofiño Fernández: Un minuto). De acuerdo, pues hacemos una pausa de un minuto. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: El señor Cofiño dice que el minuto ha finalizado y yo no puedo estar más de acuerdo. (Risas). Por tanto, si a sus señorías les parece, vamos a dar comienzo a las votaciones, pero voy a hacerles una consideración
previa muy breve: todas las iniciativas se votarán en sus propios términos, excepción hecha del punto número 2 y del punto número 7, pues lo que se someterá a votación serán las enmiendas transaccionales que han sido fruto del acuerdo y del
consenso de los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
Por tanto, empezamos con la votación del punto número 1 del orden del día, en sus propios términos. Se trata de la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el impulso de la asistencia personal para las personas en
situación de dependencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Enhorabuena a sus autores.
Punto número 2, Proposición no de ley sobre la atención integral de las personas con enfermedades raras en situación de discapacidad, el autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Ha sido objeto de una enmienda transaccional entre el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Socialista y ello es lo que se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias y enhorabuena a los autores.
Punto número 3 del orden del día, Proposición no de ley para el desarrollo de la figura del experto facilitador judicial.
Su autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Enhorabuena a sus autores.
Punto número 4, Proposición no de ley relativa al estudio de las necesidades de las familias con hijos a cargo con discapacidad intelectual. Su autor es el Grupo Parlamentario VOX.
Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto número 5, Proposición no de ley para la regulación laboral de la figura de la persona asistente personal. Su autor es el Grupo Parlamentario Mixto y ha sido defendida por el señor Rego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 3; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Felicito a su autor, aunque no lo veo. (Risas).
Punto número 6, Proposición no de ley para impulsar de manera urgente la trasposición de la Directiva de la Unión Europea 24/2841 del Parlamento Europeo, por la que se establecen la tarjeta europea de discapacidad y la tarjeta europea de
estacionamiento.
Se somete a votación en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. Felicito a su autora.
Punto número 7, Proposición no de ley relativa a la adopción de políticas destinadas a garantizar la plena inclusión en condiciones de igualdad para las personas con enanismo. El autor es el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR.
Lo que se somete a votación es la enmienda transaccional firmada por SUMAR, el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Felicito a su autor.
Punto número 8, Proposición no de ley relativa a la creación de un sistema único de autorización para el acceso de personas con discapacidad en zonas de bajas emisiones en todo el territorio nacional. Autor, Grupo Parlamentario Socialista.
Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 3; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. Felicito a sus autores. (El señor Sáez Cruz pide la palabra).
CUESTIÓN FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Ha finalizado el orden del día y, por tanto, las votaciones correspondientes, pero, por el Grupo Parlamentario Socialista, me pide la palabra su portavoz y yo se la concedo.
Adelante.
El señor SÁEZ CRUZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
El pasado 11 de mayo, el señor obispo emérito de Alcalá, don Juan Antonio Reig Pla, dijo en una homilía en un pueblo de Salamanca -leo textualmente- que las personas con discapacidad son herencia del pecado y del desorden de la naturaleza.
Es cierto que este prelado ya ha protagonizado otras polémicas, pero su desorden verbal no debe quedar sin respuesta, al menos por este Grupo Parlamentario Socialista en esta que es la comisión de atención a las personas con discapacidad, y también
a propuesta de las propias asociaciones y colectivos de personas con discapacidad, que nos pedían que nos manifestáramos al respecto.
El Grupo Parlamentario Socialista condena estas declaraciones y exigimos a la Conferencia Episcopal Española que se posicione y exija a este prelado que se retracte de estas declaraciones. Y desde nuestro punto de vista, no solo debería ser
el Grupo Parlamentario Socialista, sino que queremos que la comisión se posicione al respecto y que conste en el Diario de Sesiones nuestra repulsa a dichas declaraciones. Como digo, el sector de la discapacidad ya se ha manifestado en contra y
también está exigiendo esa retractación.
Repito las palabras que hace un rato pronunciaba la señora Armario, que decía que cada vida tiene que ser vivida honestamente, refiriéndose a las palabras de Santa Teresa de Calcuta. En esta ocasión sí estoy de acuerdo con esa
manifestación. Creo que cada persona tiene que vivir la vida honestamente, incluido el señor obispo emérito de Alcalá. Aunque yo como persona con discapacidad sea herencia del pecado -según el señor obispo emérito de Alcalá-, también en sus
manifestaciones me concede el derecho a ser llamado por Dios. Con Dios estoy en paz, con el señor obispo lo estaré cuando se retracte. Como hoy es el día de Santa Rita, como dice el lema: lo que se da no se quita. Y como viene bien reflejado en
el artículo 49 de la Constitución, las personas con discapacidad deben tener un tratamiento de igualdad plena en todas las manifestaciones, no solo públicas, sino también privadas.
Nada más y muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos.-La señora Tomás Olivares pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Doña Violante Tomás me indica que quiere hacer uso de la palabra y yo, por supuesto, se la doy.
La señora TOMÁS OLIVARES: Muchas gracias, presidenta.
Por supuesto que causan repulsión las palabras dichas por el señor obispo emérito. Creo que solo se representa a sí mismo, porque la Iglesia cuenta en España con 126 obispos que solamente tienen palabras de cariño, aceptación y cercanía
hacia las personas con discapacidad. Cuenta también con casi 16 000 sacerdotes que trabajan todos los días y que están al lado de las personas con discapacidad, con 8000 monjas y monjes que también lo hacen y con más de 83 000 catequistas. La
Iglesia cuenta con un número tremendo -porque es así- de personas que están junto a las personas con discapacidad. Por eso, unas declaraciones tan desafortunadas como las hechas por el señor obispo emérito en absoluto representan a la Iglesia y,
desde luego, solamente pueden tener la condena también por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: ¿Algún parlamentario presente en la sala quiere hacer uso de la palabra? (La señora De Meer Méndez pide la palabra). La señora De Meer la pide y, por supuesto, se la concedo.
La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que me causa repulsa que el pasado 28 de abril -de este mismo año 2025- se produjera un apagón responsabilidad del Gobierno de España, que tenía conocimiento, y que haya dos personas fallecidas porque fallaron sus soportes
vitales dado que eran personas electrodependientes. Me causa repulsa que el Grupo Socialista intente ir con esa superioridad moral cuando es precisamente responsable de que tantas personas con discapacidad lo pasen mal en España.
Dicho esto, y sobre el tema que ha traído a colación, pienso que este no es el foro para discutir ningún tema teológico que, además, probablemente no importe a muchas señorías de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Meer. (El señor Rego Candamil pide la palabra).
El señor Rego, por el Grupo Parlamentario Mixto, pide la palabra y, por supuesto, se la concedo.
El señor REGO CANDAMIL: Moitas grazas, señora presidenta.
O que acabamos de escoitar creo que é revelador da inmundicia moral que representa esa forza de ultradereita.
Eu en todo caso, súmome á condena das palabras do bispo emérito de Alcalá, que me parecen absolutamente reprobables e rexeitables.
Moito obrigado.
Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que lo que acabamos de escuchar es revelador de la inmundicia moral que representa la ultraderecha.
Me sumo a la condena a las palabras del obispo emérito de Alcalá, que me parecen completamente reprobables y las rechazo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rego. (El señor Cofiño Fernández pide la palabra).
A continuación, pide la palabra el señor Cofiño, por SUMAR, y se la concedo, claro.
El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Nos sumamos a las intervenciones del Grupo Socialista y del Grupo Popular, y agradecemos la intervención que ha hecho el Grupo Socialista en defensa de las personas con discapacidad y recriminando las deplorables
declaraciones del obispo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cofiño.
Esto no es susceptible de ninguna votación. Simplemente, son intervenciones que se han producido por parte de los portavoces. Así constarán en el Diario de Sesiones de nuestra comisión.
Y, ahora sí, damos por finalizada la misma y les agradezco el trabajo a sus señorías.
Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.
En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.