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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 324, de 13/05/2025
cve: DSCD-15-CO-324
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 324
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA CARMEN CASTILLA ÁLVAREZ
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
13 de mayo de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Para que el Gobierno garantice la seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia Civil en el rural español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001148) ... (Página2)
- Relativa a la constitución del consejo general de colegios oficiales de detectives privados de España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001699) ...
- Relativa a la problemática de los menores extranjeros no acompañados, MENA, y el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de
menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/001936) ... (Página8)
- Relativa a la inclusión de una variable que permita determinar si se ha utilizado simbología fascista en vandalizaciones de sedes de organizaciones políticas. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de
expediente 161/001845) ... (Página12)
- Relativa a la lucha contra el narcotráfico en la comarca de la Costa da Morte, A Coruña. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001968) ... (Página15)
- Relativa a los sabotajes de los trabajos en la Sierra de Aralar para decidir el trazado de la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001740)
... (Página18)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página22)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.
Comenzamos la sesión. Antes de empezar pongo en consideración de la comisión una petición de cambio del orden del día. ¿Tienen todos y todas ustedes el orden del día por delante para que podáis ver los cambios? La propuesta es: la PNL
uno se quedaría la primera; la dos se quedaría la segunda; la cinco sería la tercera; la cuatro, la cuarta; la seis, la quinta y la tres, la sexta. Repito: uno, dos, cinco, cuatro, seis y tres. ¿Lo aprueba la comisión? (Asentimiento).
Muchísimas gracias por la consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA QUE EL GOBIERNO GARANTICE LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS RURALES COMO DERECHO SOCIAL BÁSICO Y PARALICE EL PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN EL RURAL ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001148).
La señora PRESIDENTA: Sin más dilación, pasamos a tratar el orden del día. Empezamos con el debate y votación de proposiciones no de ley.
Primera proposición no de ley, para que el Gobierno garantice la seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia Civil en el rural español.
El autor es el Grupo Parlamentario Popular y tiene el uso de la palabra para su defensa la señora Vázquez, por un tiempo de cinco minutos.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Los españoles de la España rural y la España vaciada nos levantamos viendo estos carteles en los cuarteles de la Guardia Civil. Como pueden ver, es algo habitual. Este es de mi pueblo (muestra una fotografía) y este es de un pueblo de mi
comarca. (Muestra otra fotografía). Se nos dice que para poner una denuncia tenemos que ir lunes, miércoles o viernes, de 9 a 2. Y, si no, que lo podemos hacer por AlertCops o Internet, sin conocer ni tan siquiera la media de edad que tenemos en
la España rural, en la España vaciada. Estos carteles, sin lugar a duda, significan desmantelamiento, sí, porque los que vivimos en los pueblos tenemos el mismo derecho a vivir seguros que los de las ciudades. Pagamos impuestos y tenemos que tener
los mismos derechos. Le pongo un ejemplo, el de este cuartel. (Muestra una fotografía). Un señor lleva en la UCI tres meses y la patrulla que estaba más cerca tardó casi una hora cuarenta en llegar; en toda la comarca había tres cuarteles y no
había ningún guardia civil. Es Lovios, provincia de Orense.
Quiero decirles que, lógicamente, no somos ciudadanos de segunda, que merecemos la misma consideración que el resto de los ciudadanos españoles. (Rumores).
Señora presidenta, si me ayuda un poquito podré continuar.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, vamos a guardar silencio y así tendremos una comisión más ágil y eficiente. Así que, si son tan amables, guarden silencio.
La señora VÁZQUEZ BLLANCO: Gracias, señora presidenta.
Es bienestar social también el vivir seguros. Por eso, reivindicamos una mayor seguridad y que se nos abran los cuarteles que nos han cerrado desde hace dos años. De 2370 cuarteles solo están abiertos 24
horas, según el Gobierno, 314; los otros están todos cerrados, son un 13 %. El 30 % están en estado inhabitable. Después, cuando miramos la ejecución de los presupuestos en inversiones, vemos que, en 2024, de 614 millones de euros el
Gobierno solo ejecutó 372, ni el 50 %. O, en 2023, de 702 millones de euros en inversiones solo ejecutó 378 millones, mientras los cuarteles se caen a pedazos.
Dirán que no se van a cerrar los cuarteles, pero el 2 de enero de 2024 salía una orden -disposición transitoria primera- en la que ya anuncian en cinco años el cierre de todos los puestos auxiliares de la Guardia Civil. Aquí tienen el
listado para que puedan comprobar los que se van cerrando, según las asociaciones de la Guardia Civil. Por otra parte, crean unidades fantasmas, como denuncian todas las asociaciones de la Guardia Civil, sin ampliar las plantillas. Es decir, un
guardia civil en una provincia puede estar en el cuartel de Bande -como está uno- y, al mismo tiempo, resulta que está en Carballiño. Es decir, se duplican, se crean milagros, como el de los panes y los peces. Igual ocurre aquí, que los guardias
civiles aparecen en dos, tres o hasta en cuatro destinos diferentes.
Después, tenemos el desmantelamiento del SEPRONA. Aquí está la respuesta del Gobierno que nos dio al Partido Popular: no obstante, no se puede determinar en estos momentos qué unidades resultarían, pero sí se está analizando el caso para
ser más operativos, etcétera. A día de hoy, 1000 plazas sin cubrir. Le pongo dos ejemplos, Ribadeo y Lugo. En estos momentos, para 760 kilómetros cuadrados, esa unidad tiene un cabo y una guardia civil. Y si vamos al sur, a Garrucha, Almería, al
Parque Natural de Cabo de Gata, para 1400 kilómetros cuadrados hay un guardia civil y un cabo. Esto es el SEPRONA, desmantelamiento total y absoluto. Son 1000 plazas que había que cubrir en abril y que quedan sin cubrir. En el SEPROSE, por
ponerle otro ejemplo, en enero de 2024, 930 vacantes; en enero de este año, 1633 vacantes.
Si a esto le sumamos el absentismo... ¿Saben ustedes que el año pasado, según el informe de absentismo de la Guardia Civil que ha presentado el Consejo de la Guardia Civil, de 77 427 agentes no trabajan de media cada día 21 237? Eso es una
auténtica barbaridad. Y si ahora le suman las bajas -que nos acaba de facilitar el Gobierno-, imagínense, en un día fijo, 31 de enero, por ejemplo, según el Gobierno más de 3000 guardias civiles están de baja. Y nos lo dio por provincias. Por
ejemplo, en el caso de Galicia faltan cada día 1000 agentes. Al día, a pesar de que ustedes los ponen y, ya digo, los multiplican.
¿Qué queremos con esto? Que se mantengan los cuarteles, porque no somos ciudadanos de segunda. Que se incentive a los agentes para ir al rural, tanto económicamente como con incentivo profesional. Que se mantengan los SEPRONA. Que se
incluyan las vacantes del personal de reserva, para poder también así cobrar la equiparación salarial. Que se abran los cuarteles. Que no sean cuarteles fantasmas, como las unidades fantasmas. Y, por supuesto, para hacer esto, se tienen que
duplicar las plazas. No vale que nos vengan a decir que vamos aumentando.
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señorías, seamos realistas. Tenemos el mismo derecho que los demás a vivir y a sentirnos seguros.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
En las dos últimas sesiones del Pleno de la Cámara, mi grupo ha planteado el problema de la inseguridad. Desde que Sánchez gobierna, la delincuencia se ha incrementado un 12 %. Crece, por tanto, la inseguridad en amplios sectores de la
sociedad española. Crece entre las mujeres porque las violaciones se han triplicado. Crece en los barrios más populosos, en los que hay unos mayores asentamientos de migración ilegal, con lo que tal circunstancia conlleva también en cuanto al
incremento de la delincuencia. Y crece en la España rural, como dijimos en la interpelación a la que estoy haciendo referencia. Crece en ese ámbito porque se ha perdido la presencia permanente de la Guardia civil en sus pueblos.
La semana pasada, en la moción consecuencia de la referida interpelación, planteamos un conjunto de recomendaciones y medidas para hacer frente a ese deterioro de la seguridad ciudadana y a otras amenazas conexas. Entre ellas,
específicamente, solicitamos un nuevo despliegue de la Guardia Civil en
el ámbito rural que garantice la presencia efectiva, próxima y permanente de esta en los pueblos, a fin de garantizar el efecto disuasorio que esta implica frente a los delincuentes e, igualmente, la respuesta inmediata cuando el hecho
delictivo se ha producido, realidad que hoy no sucede. Por ejemplo, en alguna región solo dos patrullas cubren una demarcación de 90 kilómetros cuadrados y en otra la respuesta media supera el tiempo de espera.
Esta moción, incidiendo en este punto específico, fue rechazada por el conjunto de la izquierda de esta Cámara con la abstención del Grupo Popular. En esa petición de un nuevo despliegue de la Guardia Civil en el ámbito rural incluíamos una
mención expresa a que dicho plan de despliegue incluya también un plan de mejoras y obras nuevas a efectos de dotar de viviendas dignas a los agentes destinados en esos destinos rurales para favorecer la permanencia y el arraigo de estos en dichas
zonas. Esta es la enmienda de adición que proponemos a esta proposición no de ley, porque consideramos que esta mención expresa a la necesidad de dotar a los agentes de viviendas dignas en el ámbito rural a fin de garantizar y favorecer su arraigo
y permanencia en dichas zonas refuerza el sentido positivo de la iniciativa que ahora estamos debatiendo.
Por lo demás, creemos que esta iniciativa que propone el Grupo Parlamentario Popular responde a los mismos planteamientos y exigencias que mi grupo ha venido reiteradamente presentando en los últimos años en pro de preservar la importante
función que corresponde a la Guardia Civil en la garantía de la seguridad de los pueblos y comarcas de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, es el turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Alonso por un tiempo de tres minutos.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, presidenta.
Primero, datos. La Guardia Civil cuenta con 2200 puestos en toda España, con una cobertura del 98 % en los municipios rurales. El plan de modernización de la Guardia Civil ya incluye refuerzos en las zonas despobladas, con 500 nuevas
plazas, como he dicho antes. El plan de infraestructuras de la Guardia Civil destina 120 millones de euros a reformar 150 cuarteles, prioritariamente en zonas rurales. Un informe de la Intervención General del Estado señala que el 85 % de los
cuarteles están en condiciones adecuadas. El catálogo de puestos de la Guardia Civil de 2024 reconoce 1200 vacantes, pero el Gobierno ha convocado 2500 plazas, según el BOE número 123 de mayo del 2024. El personal en reserva se usa según las
necesidades y no siempre es asignable a zonas rurales.
El cierre de algunos puestos, como los denunciados, obedece a reorganizaciones por eficiencia, no a recortes, según un informe del Defensor del Pueblo. Y hemos de recordar que el establecimiento de los servicios de atención al ciudadano en
los propios cuarteles tiene un horario variado en algunos sitios de 24 horas; en otros no es necesario. Atención telefónica con el número 062, que conecta directamente con los COS de la Guardia Civil o con el 112. Durante la prestación de
servicios de prevención también por parte de las unidades uniformadas de la Guardia Civil, lógicamente. Y, como bien decía la diputada, señoría del Partido Popular, con la aplicación AlertCops, que permite la atención y gestión de servicios y
alertas geoposicionadas y mensajería instantánea. Por tanto, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX.
Señorías, hablemos con rigor sobre la seguridad ciudadana. Eso va referido, lógicamente, a su otra señoría, en este caso del Grupo Parlamentario VOX. Mientras algunos alimentan el miedo con relatos falsos, los datos demuestran que España
ocupa el lugar veintitrés entre los países más seguros del mundo. Por delante, por cierto, de Italia -el 33-, Argentina -el 47- y Estados Unidos -el 132-. El 97 % de los españoles no considera la seguridad un problema prioritario. ¿Por qué
insistir tanto en un problema que la ciudadanía no percibe? La respuesta para nosotros es muy clara: porque prefieren el alarmismo reiterado que construye su propio relato y hace que la gente compre mucho miedo. El ejemplo lo tenemos con las
alarmas en las viviendas, de las que los seguidores de Trump en esta Cámara parecen comerciales.
Analicemos tres elementos básicos en los que en estos momentos actúa la Guardia Civil. En primer lugar, el narcotráfico. Se habla de narcotráfico, pero se oculta que se han realizado más de 36 000 operaciones desde 2018, se han detenido 26
000 personas y hay más medios, con 1000 millones invertidos. ¿La razón? Porque se han recuperado los 16 000 agentes que el PP recortó. Como ocurre con
el crimen organizado, no hay milagros, hay inversión. En segundo lugar, en cuanto a la violencia machista, también se necesita mejorar, lógicamente, no solo en aspectos policiales, sino también en protección a las víctimas. Nos preocupa lo
que está pasando en el juzgado número 2 de violencia machista de Barcelona, que debe solucionar el Poder Judicial. Y, por último, con respecto a la criminalidad, en estos momentos tenemos 80 000 efectivos, que son lo que estructuran el país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Poblador.
La señora POBLADOR PACHECO: Buenos días, presidenta.
Lamento sinceramente, señora Vázquez, que en esta comisión el Grupo Popular, como siempre, no sepa estar a la altura del trabajo que realizan los cuerpos policiales. Ustedes vuelven a esta comisión con la misma música, la misma sintonía de
siempre, haciendo un uso partidista de la Guardia Civil con la única finalidad de erosionar al Gobierno. Conozco de primerísima mano cómo trabaja la Guardia Civil -cinco años en la subdelegación de Gobierno- y les aseguro que pueden estar
tranquilos en cada rincón de este país que visiten, con la certeza de que tenemos agentes repartidos por toda la geografía española. Su intervención, señoría, no aporta absolutamente nada. La España real, la que vivimos en todos nuestros
municipios, la realidad que se palpa es que la seguridad ciudadana es un problema para tan solo el 2,6 de las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Pero hablemos de desmantelamiento, señora Vázquez. Cuando gobernaban ustedes perdimos más de 13 000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre 2012 y 2018 los perdíamos a un ritmo de 1800 agentes por año. ¡Eso sí
que es desmantelar los cuarteles de la Guardia Civil! Porque, como han dicho antes, y no lo voy a repetir, más de 2200 puestos, más de 140 millones en infraestructuras y más del 85 % está en perfectas condiciones. Por lo tanto, desde 2018, desde
que llegó el Partido Socialista al Gobierno, se han publicado ofertas de empleo del 115 %, del 130 %, del 125 % y, la última reposición de la Guardia Civil, del 125 %. ¿Alguna vez hicieron ustedes una oferta de empleo de ese calibre? Búsquelo,
hágaselo ver.
Señoría, esto es cuidar a la Guardia Civil. Se ha invertido la tendencia negativa que ustedes tenían. Estamos incrementando el número de agentes, mejorando la dotación de plantillas y modificando los catálogos de la Guardia Civil. Y de
verdad que hay algo muy importante, y esto también se lo digo de primera mano: hemos mejorado algo fundamental, que es la coordinación con los municipios a través de las juntas de seguridad que ustedes tenían abandonadas. Asimismo, hemos
desplegado oficinas de atención al ciudadano fijas incluso en instalaciones que no son de la Guardia Civil en los ayuntamientos, o también movilidad de oficinas para acercarnos al ciudadano. No voy a repetir todo el despliegue de lo que hemos
potenciado, como la aplicación AlertCops, los equipos ROCA del robo en el campo y en la agricultura, los equipos Arroba o los equipos VioGén.
¿Qué quiero decir con esto? Que la atención ciudadana no reside exclusivamente en la apertura de determinadas oficinas en horarios concretos, sino que dicha atención lo es de manera integral, multicanal y permanente durante las 24 horas del
día, que tenemos al menos una patrulla permanente de servicio.
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.
La señora POBLADOR PACHECO: Voy terminando.
En relación con las unidades del SEPRONA, nosotros buscamos la optimización de los recursos de sus unidades periféricas, que sean más eficientes y con la premisa de mantener invariable el número total de puestos de trabajo.
Señorías, de verdad -y voy terminando-, tienen ustedes un grave problema con la política de seguridad. Carecen de proyectos alternativos ...
La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.
La señora POBLADOR PACHECO: ... al que ahora mismo tiene este Gobierno. Y, además, su iniciativa parte de un profundo desconocimiento de la situación en la que se encuentra actualmente la Guardia Civil. España es mucho más segura con este
Gobierno y no hemos desmantelado absolutamente ningún cuartel. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora Vázquez, ¿acepta usted la enmienda?
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Después me acerco a hablar con el diputado de VOX y ya le traigo la misma.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Recuerden que antes de terminar la sesión la Mesa tiene que tener el texto de la enmienda para ver cómo queda la proposición.
- RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001699).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la Proposición no de ley relativa a la constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España.
Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el señor De Rosa.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley con el propósito de exponer una necesidad largamente demandada, pero aún no atendida, por el colectivo de detectives privados de España: la constitución del Consejo General de
Colegios Oficiales de Detectives Privados, como corporación de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de los fines conforme a la ley.
El detective privado es una profesión cuya actividad está reconocida, regulada y supervisada por el Ministerio del Interior. Su labor se rige por la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, que define su marco de actuación, obligaciones y límites.
Estos profesionales desempeñan funciones de investigación en el ámbito privado que tienen impacto directo en la seguridad jurídica, económica y social de nuestra ciudadanía. No hablamos de una figura marginal o secundaria; hablamos de un eslabón
más en el sistema integral de seguridad, colaborando en los ámbitos de la lucha contra el fraude laboral, el espionaje industrial, la localización de personas desaparecidas y la obtención de pruebas válidas en procesos judiciales.
Señorías, estamos hablando de colaboradores tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad como de la Administración de Justicia. Y, sin embargo, pese a esta relevancia, el colectivo carece aún de una estructura colegial de carácter estatal
que permita su representación unificada ante la Administración, el legislador y la propia sociedad civil. Existen colegios profesionales autonómicos en comunidades como Galicia, Murcia, Cataluña o la Comunidad Valenciana que cumplen una función
fundamental, pero su alcance es limitado y sus actuaciones carecen de coordinación supraterritorial. La ausencia de un consejo general impide avanzar hacia una auténtica profesionalización.
No podemos olvidar que, en virtud del artículo 4 de la Ley sobre Colegios Profesionales, cuando existan varios colegios de una misma profesión distribuidos por el territorio nacional procede y tienen derecho a la creación de un consejo
general que los agrupe. Esta norma no solamente lo permite, sino que lo contempla como un mecanismo de organización profesional fundamental. El consejo general sería una entidad con personalidad jurídica, autonomía funcional, con la capacidad de
elaborar estatutos, coordinar la actividad de los colegios autonómicos, pero, sobre todo, establecer criterios comunes deontológicos, técnicos y formativos.
Además, su constitución resolvería una serie de problemas actuales. Primero, la falta de criterios homogéneos en materia disciplinaria y ética. Cada colegio puede tener unos códigos diferentes, lo que puede poner en riesgo la coherencia y
la equidad profesional. Segundo, la inexistencia de una voz unificada para proponer mejoras legislativas o normativas en el ámbito de la seguridad, protección de datos, ciberinvestigación y derechos fundamentales. Tercero, la desprotección
jurídica del ciudadano frente a actuaciones profesionales de carácter irregular. Cuarto, la dificultad para establecer estándares comunes de formación y reciclaje profesional.
Por otro lado, la constitución del consejo general también tiene beneficios directos para el Estado, ya que facilitaría la coordinación institucional, permitiría establecer colaboraciones más efectivas en la lucha contra el crimen
organizado, el fraude fiscal y financiero. Y, sobre todo, aportaría información y experiencia
técnica al legislador en la elaboración de leyes que afecten a la investigación privada. Pero lo que es más importante, contribuiría a la dignificación de esta profesión. Porque dignificar no es solo proteger los intereses de quienes la
ejercen, sino también garantizar a la sociedad que quienes desempeñen esta función lo harán con calidad, con ética y con una supervisión adecuada.
Señorías, no estamos pidiendo un privilegio, sino la constitución de una estructura jurídica y administrativa que ya existe en muchísimas otras profesiones. ¿Por qué no para los detectives privados, que también están regulados, habilitados
y sometidos al control público? Es por ello que solicitamos al Gobierno de España y al Ministerio del Interior que active los mecanismos necesarios para su creación formal, que se constituya una corporación de derecho público, que represente,
coordine, supervise al conjunto de colegios y actúe como garante. Con ello no solamente se reforzaría el sector profesional, sino que se contribuiría a una mayor transparencia y eficacia en el ejercicio de una profesión clave en el marco del Estado
de derecho.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Al no haberse presentado ninguna enmienda, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos una proposición que, más allá de su apariencia técnica, abre cuestiones de fondo sobre el papel de los colegios profesionales, sobre la seguridad privada y sobre los límites del ejercicio de funciones con relevancia pública, con
impacto público, pero desde el ámbito privado.
La propuesta del Grupo Popular para constituir el consejo general de colegios oficiales de detectives privados se apoya en una realidad jurídica: ya existen varios colegios autonómicos y la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales -por
cierto, preconstitucional-, establece que, cuando hay varios colegios de una misma profesión a nivel autonómico, se puede crear un consejo de ámbito estatal. Desde una perspectiva jurídica y organizativa, desde luego, la petición tiene base
normativa, pero lo relevante es no solo si puede hacerse, sino si es conveniente que se haga y, sobre todo, en qué condiciones.
Los detectives privados, como parte de la seguridad privada, operan en una zona delicada donde confluyen derechos fundamentales, como la intimidad o la protección de datos, con necesidades legítimas de investigación o, en otros casos, no tan
legítimas, como son, por ejemplo, los seguimientos a trabajadores en situaciones de incapacidad temporal. Desde luego, la Ley de Seguridad Privada establece que la actividad debe ser complementaria, subordinada y colaboradora de la seguridad
pública, y esto es clave. ¿Tiene sentido promover una organización estatal de carácter corporativo para un sector que, si bien profesional, requeriría un control público estricto? ¿Con qué garantías? ¿Se evitarán conflictos de interés, prácticas
abusivas o vulneraciones de derechos, si se potencia la capacidad corporativa? La dignificación de la profesión, la mejora del control deontológico o la protección de los usuarios son fines loables, pero, para que no sea simplemente una cortina de
humo, es necesario asegurar mecanismos de transparencia, supervisión pública y rendición de cuentas. Si vamos a apoyar la creación de este consejo, debería ser con unas condiciones claras: en primer lugar, que no implique blindaje corporativo
frente a sanciones o responsabilidades; en segundo lugar, que no sirva para erosionar competencias de la Administración pública en materia de inspección o control y, sobre todo, que no contribuya a ampliar funciones de la seguridad privada que
corresponden únicamente a los cuerpos de seguridad del Estado.
Por eso, creemos que este debate es una oportunidad para abrir una reflexión más amplia sobre la seguridad privada en España y su papel en un contexto democrático. Efectivamente, esta propuesta debe ser vinculada a un marco regulatorio
garantista, transparente y subordinado siempre a la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve. Ya hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos con los colectivos de detectives; hemos recogido sus reivindicaciones; hemos comprobado que lo que ha presentado el Grupo Popular va
en la línea que vienen reclamando durante años y, nuevamente, vemos como la seguridad privada continúa quedándose atrás sin renovarse en materia legislativa. Este colegio tiene la oportunidad de poder aunar y hacer de trampolín para que
esas actualizaciones y esas reivindicaciones que viene reclamando este colectivo durante años se llevan a término.
Quiero aprovechar mi intervención para recalcar y dar gracias por el servicio que realizan no solamente los detectives privados, sino todo el sector de la seguridad privada en España. Son siempre punta de lanza, la primera defensa que
tienen los ciudadanos, y muchas veces son a los que pueden acudir los ciudadanos cuando tienen algún problema o necesitan auxilio. La seguridad privada, los detectives privados prestan un gran servicio a la patria. Hay que estar a su lado y no
vamos a ser nosotros los que votemos en contra de esta iniciativa. Tanto en la Comunidad Valenciana como aquí, vamos a apoyar esta decisión que han tomado después de años de lucha para sacar adelante el colegio y vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.
El señor JEREZ ANTEQUERA: Buenos días.
En primer lugar, quiero recordar que ya se trabajó esta cuestión en la pasada legislatura, con el objetivo de alcanzar esta meta para la profesión de detectives privados. Como recoge la propuesta, la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales,
establece en su artículo 4.4 la necesidad de crear un consejo general de colegios cuando existan varios colegios de la misma profesión a nivel nacional. En el caso de los detectives privados existen en España los colegios de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia y Murcia, y están en tramitación los de Andalucía y Madrid. La profesión de detective privado ha evolucionado significativamente desde la inclusión de estos profesionales en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, y su posterior
regulación en la Ley 5/2014. Estas normativas han reconocido la importancia de los detectives privados como personal habilitado en seguridad privada, subrayando la necesidad de una regulación más amplia y de un régimen sancionador adecuado.
¿Cuáles serían los beneficios de la creación de un consejo general? La dignificación y autorregulación de la profesión: este organismo contribuiría a la dignificación de la profesión y permitiría una autorregulación más efectiva,
garantizando que los detectives privados mantengan altos estándares éticos y profesionales. Calidad y garantía de los servicios: un consejo general fortalecería la capacidad de los colegios para ofrecer servicios de calidad y garantía a la
ciudadanía. Esto incluiría una mayor defensa de los derechos de los ciudadanos en sus interacciones con los detectives privados y un mayor control deontológico. Defensa de los derechos profesionales: la creación de un consejo general facilitaría
una mejor defensa de los derechos de los detectives privados como colectivo profesional. Esto incluiría una mayor coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la Administración de Justicia, esencial para el desempeño eficaz
de sus funciones. Adaptación a los cambios sociales y tecnológicos y protección de los derechos de los usuarios: es fundamental salvaguardar los derechos de los usuarios de los servicios de detectives privados frente a actuaciones que puedan ser
poco diligentes o carentes de ética. Un consejo general tendría la capacidad de tutelar estos derechos de manera más efectiva.
Por todo ello, el Grupo Socialista votará a favor de esta propuesta.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS, MENA, Y EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE
MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO, HECHO EN RABAT EL 6 DE MARZO DE 2007. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/001936).
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la problemática de los menores extranjeros no acompañados y el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre
la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración
ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Para defender esta iniciativa, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, presidenta.
El 6 de marzo de 2007 el Reino de España y el Reino de Marruecos firmaron un acuerdo que tenía como principal razón de ser la prevención del tráfico de menores y su protección, con el objetivo del retorno a su país de origen, o sea,
Marruecos. Esto no lo firmó VOX, esto lo firmó el Gobierno de España. Es un acuerdo basado en el derecho internacional de menores, precisamente, para su protección, y que parte del principio de que con quienes deben estar los menores es con sus
familias y, en caso de que, por circunstancias sociales no tengan una familia, que estén con los servicios sociales de su país. Esto no lo dice VOX, esto lo dice el derecho internacional. Y aquí podría terminar mi intervención, porque bastaría con
decirles: cúmplase el acuerdo de una vez por todas.
Sin embargo, resulta que este acuerdo, a pesar de que se ratificó en el año 2013, no se ha cumplido, ni un solo menor ha sido devuelto a su país, pero, eso sí, se les llena la boca a unos y a otros, a otros y a unos, hablando siempre de que
hay que ser humanitarios y generosos. Y digo yo: Y quienes firmaron ese acuerdo, ¿qué eran? ¿Eran unos fascistas, violentos, inhumanos, gentuza de malvivir, o eran personas que entendían que no se podía estar favoreciendo un tráfico ilegal de
menores, porque esto es ir, precisamente, en contra del interés principal de protección, que son los menores?
Miren, les pongo un ejemplo. Desde el año 2019 han entrado en España más de 20 332 supuestos menores. Digo lo de supuestos, porque ni siquiera eran menores. En el año 2023 se hicieron 7400 expedientes para comprobar la edad. El 33 % de
esos expedientes -que no los hizo VOX-, 2436, resultaron ser mayores de edad -¡anda!-; un 33 %, uno de cada tres era un fraude, no eran menores, y a 1700 ni siquiera se les pudieron hacer las pruebas porque desaparecieron de los centros. se
fugaron, se esfumaron, probablemente, porque no eran menores. La realidad ante la que nos encontramos -les guste o no les guste a la progresía y a quienes les bailan el agua- es que esto es un terrible negocio de las mafias del tráfico de las
personas, que negocian miserablemente incluso con la vida y la seguridad de los menores, que acaban en redes de prostitución, de tráfico de drogas o de abuso de menores en el ámbito laboral. Seudooenegés tienen montado un negocio millonario con los
menores. Es un fraude institucionalizado, con servicios sociales en España que se encuentran colapsados y jóvenes españoles -sí, jóvenes españoles- que deberíamos proteger, que se encuentran abandonados y que deciden marcharse de España, porque
aquí nadie se acuerda de ellos.
Eso sí, lo que nosotros decimos es que, ante este fraude, ante este incumplimiento flagrante del derecho internacional y de los propios acuerdos suscritos por España, se exija la repatriación inmediata de todos los menas que hay en España.
Sí, esos menas que se han repartido con el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, esos menas que luego los golpistas de Esquerra Republicana no quieren ni ver en Cataluña, pero que sí tenemos que acoger el resto de las regiones de
España, donde deben estar es con sus familias, donde deben estar es con los servicios sociales de sus países de origen, especialmente, de Marruecos, de Argelia, etcétera. Por tanto, lo que hay que hacer es repatriarlos a su lugar de origen. Y,
además, hay que hacer otra cosa, y es expulsar a esos falsos menores. Todos esos que son detectados que son adultos, que no son menores, deben devolverse a sus países de origen. Deben cumplirse los acuerdos internacionales, especialmente, el
acuerdo del año 2007, ratificado en el año 2013, con el reino alauita. Debe haber un control efectivo de fronteras. Por último, y no menos importante, debe terminarse con ese falso relato del humanitarismo y del buenismo, que lo pagan precisamente
los menores y, después, los españoles que ven sus barrios amenazados por falta de seguridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, como no se ha presentado ninguna enmienda a esta iniciativa, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
No me extraña en absoluto ni me sorprende la nueva edición hoy de este discurso racista, xenófobo y descalificatorio contra los más vulnerables entre los vulnerables, los niños y niñas sin acompañamiento familiar. (Rumores). Por favor,
silencio.
La señora PRESIDENTA: Mantengan silencio.
El señor SANTIAGO ROMERO: Es la estrategia de la ultraderecha de crear miedo, zozobra y preocupación. Entre lo más disparatado que he oído nunca -hasta ahora este argumento no se lo había oído a la extrema derecha- está lo de que los
jóvenes emigrantes españoles emigran no para mejorar sus condiciones de vida, sino expulsados por los niños y niñas de otras nacionalidades que se encuentran desamparados en España. Desde luego, ese argumento es para nota. En todo caso, en
situaciones de desamparo o crisis humanitaria, hay una obligación, recogida en el derecho internacional, de acoger a las personas que se encuentran desprotegidas, especialmente, si son menores. Y esta obligación recogida en el derecho internacional
no es una práctica actual. En la guerra española, provocada por el alzamiento fascista, más de 40 000 niños y niñas españoles desamparados fueron acogidos en países como Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, México, Dinamarca o la Unión Soviética,
y en muchos casos -y así lo han relatado en muchas obras y testimonios- sufrieron el mismo racismo y desprecio que ahora la extrema derecha difunde abiertamente contra los menores que en situación similar están en nuestro país. Pero lo que ya llega
a una situación de una gravedad inusitada son las acusaciones de fraude y tráfico de personas hechas a Cruz Roja Española, que es lo que se incluye en esta proposición no de la ley, a Cruz Roja Española. Si VOX está en contra de que el Estado
financie a Cruz Roja Española, que es parte de la sociedad internacional de Cruz Roja, debería decirlo abiertamente. Y, sobre todo, si tiene datos -datos sobre ese discurso que tanto repite- de que las ONG, por ejemplo, Cruz Roja, colaboran con
mafias del tráfico de personas, ya les está faltando tiempo para ir a la Policía o a la Guardia Civil a denunciar esos hechos, que desconocemos, evidentemente.
La ultraderecha sabe perfectamente que el procedimiento de determinación de la edad es complejo, que se mueve siempre en márgenes no precisos, no es una ciencia exacta, y que el retorno de menores se hace siempre atendiendo al interés
superior del menor, con intervención de la Fiscalía y control judicial, en su caso. Y, sobre todo, creo que tienen un error en su PNL, un grave error, y es que se han confundido, porque a quien deben instar no es al Gobierno de España, sino al
Gobierno de Marruecos, si creen que no cumple el acuerdo bilateral.
Muchas gracias. Por supuesto, votaremos en contra de esta repugnante propuesta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Canelo.
La señora CANELO MATITO: Buenos días.
Señorías de VOX, muy buen trabajo como delegación trumpista, pero aquí no gobiernan ni lo van a hacer. ¿Qué clase de país seríamos si hiciéramos lo que ustedes proponen? Hace unas semanas se lo dije en el Pleno, y hoy se repiten con una
propuesta tan breve, tan hueca, tan cruel. Quieren echar a los niños y a las niñas que han llegado a nuestro país jugándose la vida, solos, huyendo del hambre, de la guerra o de la crueldad de los países que no respetan los derechos humanos ni
tampoco los derechos de la infancia. Una vergüenza. (Rumores). Porque eso es lo que proponen, sin matices, ni una medida de protección, ni una propuesta de mejora, ni una referencia al interés superior del menor -ojo, señor Ortega Smith-, solo
deportación, solo expulsión, solo castigo, sin sensibilidad, sin decencia y sin humanidad. Y lo más preocupante es que lo hacen sin disimulo. Sus señorías de VOX creen que debemos... (El señor Ortega Smith-Molina, dirigiéndose al señor Santiago
Romero: Te veo nervioso.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio, porque con el murmullo es muy difícil seguir el hilo conductor de la persona que está hablando. (El señor Santiago Romero: Que seas educado, ¡hombre!).
Por favor. Lo pido por favor. Guarden silencio.
La señora CANELO MATITO: Gracias, presidenta.
Decía que lo más preocupante es que lo dicen sin disimulo. Sus señorías de VOX creen que tenemos que imitar a Trump, con su política de jaulas, de vuelos nocturnos, de identificación de ADN, de menores deportados. Su única solución es
calcar el modelo más inhumano posible. Y no solo quieren debilitar los cimientos de nuestro país, sino que también quieren destruir Europa desde dentro. Les molesta la solidaridad, la democracia y la igualdad. Y el Partido Popular calla.
Continúan de la mano, entendiéndose, votando junto a quienes desprotegen a los menores. No se puede hablar de centralidad mientras se alimenta a la ultraderecha y se pacta con quienes atacan los pilares de la convivencia.
Se lo dije, España no es una colonia de Trump, pero está claro que ustedes ansían ser su embajada de pacotilla. La semana pasada votaron en contra del real decreto antiaranceles, que protege a nuestras empresas frente a los ataques
comerciales de Estados Unidos. Así entienden ese patriotismo: defender a Trump antes que a nuestras empresas; sucumbir al dinero antes que a la humanidad; atacar a menores antes que a los aranceles. Frente a ese modelo de odio, este Gobierno ha
cerrado un acuerdo de distribución solidario de menores entre todas las comunidades autónomas, un acuerdo que garantiza la acogida y la responsabilidad compartida, que evita la saturación en territorios y que cumple con lo que somos como país, un
Estado serio, solidario y humano. Por cierto, Cataluña volvió a dar ejemplo. Se lo dijo el ministro Bolaños: Les prefiero dormidos que diciendo sandeces y mentiras. Ustedes sigan señalando a los vulnerables, sigan rindiendo pleitesía a Trump,
que nosotros seguiremos defendiendo lo que es justo.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Acedo.
La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidenta.
Empiezo anunciando nuestro apoyo a esta iniciativa, entre otras cuestiones, por ser coherente con lo que llevamos defendiendo durante muchísimos años, tantos -como mínimo- como desde el año 2013, cuando durante el Gobierno del presidente
Rajoy se ratificó este acuerdo firmado entre España y Marruecos para el retorno concertado, con todas las garantías, de aquellos menores extranjeros que se encuentran no acompañados en nuestro país. Y continúo haciendo algunas reflexiones que
considero necesarias y que me permiten poner a algunos grupos -los que sostienen al Gobierno hoy y los que lo sostuvieron en algún momento, como Podemos- frente al espejo de su hipocresía. Este acuerdo de retorno concertado de los menores a
Marruecos se firmó en la época del señor Zapatero, un sospechoso y peligroso fascista, ultraderechista y racista, ¿verdad, señorías socialistas? Eso sí, entonces no se ratificó por parte del país vecino, que sí lo hizo con la llegada del presidente
Rajoy al Gobierno de España. Lo que se evidenciaba entonces es que ya se había detectado en nuestro país un nuevo fenómeno migratorio de menores extranjeros no acompañados al que había que hacer frente. A la portavoz socialista que acaba de
afirmar que Marruecos no respeta los derechos humanos, le pregunto: ¿se ha despistado? Porque en su Gobierno se van a poner muy contentos con su afirmación, cuando hablan de que mantenemos las mejores relaciones de la historia.
Señorías, no contemplar la opción del retorno es un error siempre, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque no se puede inhabilitar uno de los instrumentos jurídicos necesarios en la política migratoria, la devolución y el
retorno. En segundo lugar, porque se naturalizan las vías irregulares de acceso a nuestro país, exponiendo a los menores a todo tipo de riesgos, incluido su integridad física, a la vez que se incentiva la llegada irregular a España. Este fenómeno
con los años ha ido a más y, si no se adoptan medidas, se incrementarán por mil en la llegada, señorías socialistas. Lo que tienen que hacer las delegaciones del Gobierno es dar salida a todos los expedientes que ya se han tramitado en este sentido
y no pararlos, como lo están haciendo.
Como melillense, esto ya lo viví en mi tierra hace muchos años. En el año 2018 llegamos a tener, en 12 kilómetros cuadrados y con 86 000 habitantes, a casi 2000 menores extranjeros no acompañados. Fue entonces cuando solicitamos al
Gobierno socialista de Sánchez ayuda, y la contestación de la entonces secretaria de Estado del ministro Marlaska nos contestó por escrito que, efectivamente, nos iba a ayudar, de acuerdo con su homólogo marroquí, para el retorno concertado de los
menores. Pero, aunque esa ayuda nunca llegó, díganme: ¿también entonces el Gobierno del PSOE y Podemos, de Sánchez y de Iglesias, eran unos peligrosos racistas? Por cierto, en esos años la mayoría de los Gobiernos autonómicos también eran del
PSOE y de SUMAR. ¿Sabe a cuántos menores aceptaron acoger? Ocho; ocho menores, señoría. Esta es la realidad y todo lo demás es hipocresía y relato. Hipocresía como la que vemos estos días, cuando el Gobierno de España obliga a las comunidades
autónomas y a Melilla a acoger a menores extranjeros, mientras ellos se niegan a acoger a los solicitantes de protección internacional o, directamente, están dejando a esos solicitantes de protección internacional en la calle, fuera del CETI de
Melilla, negados de agua. Y tiene que ser un Gobierno del PP -el presidente Imbroda- el que por humanidad les ofrezca un techo provisional. Ustedes acostumbran a abrir las puertas a la inmigración irregular, dando cartas de naturaleza a las vías
irregulares de entrada a España, como hicieron con el Aquarius. Se hicieron fotos...
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora ACEDO REYES: Sí, termino, presidenta.
Se hicieron fotos y, entre tanto flas, se olvidaron de las personas, abocándolas a la más absoluta vulnerabilidad. ¿Son ustedes mejores que quién? Porque nosotros sí decimos la verdad. La burbuja de impunidad, ante tanta hipocresía,
termina por desvanecerse. Ya no engañan a nadie.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE UNA VARIABLE QUE PERMITA DETERMINAR SI SE HA UTILIZADO SIMBOLOGÍA FASCISTA EN VANDALIZACIONES DE SEDES DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de
expediente 161/001845).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la relativa a la inclusión de una variable que permita determinar si se ha utilizado simbología fascista en vandalizaciones de sedes de organizaciones políticas. Autor:
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Para defender la iniciativa, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
El discurso violento, de enfrentamiento, de odio, difundido permanentemente por la ultraderecha ha ido seguido -claro, a nadie le debería extrañar, son las consecuencias lógicas- de ataques a sedes de organizaciones y a colectivos de
izquierdas o progresistas, perpetrados por organizaciones criminales de extrema derecha. Estos ataques se han convertido en habituales y frecuentes en ciudades como León, en Murcia, en Madrid, también en ciudades de Andalucía. El salto cualitativo
se produjo hace apenas dos semanas con un ataque con cócteles molotov a una sede del Partido Socialista en Cantabria, mientras se realizaba en el interior un acto sobre memoria democrática. Está claro que son prácticas que tratan de desmovilizar a
colectivos o a organizaciones a través de amenazas, miedo e intimidación.
Sin embargo, no existen cifras o datos exactos sobre esta cuestión, debido a que el organismo encargado de contabilizar estas agresiones no dispone de variables concretas de obligada utilización que diferencien entre los distintos supuestos
de estos ataques, que son delito. El sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, que es el encargado de contabilizar estos delitos cometidos en España, no cuenta con esas herramientas de obligada ejecución necesarias para
enumerar las infracciones o delitos penales en los que se utilizan simbologías fascistas. Las sedes de partidos políticos, también de asociaciones, han sido atacadas por su ideología y por los valores que defienden, y estas agresiones siempre van
acompañadas por simbologías fascistas, franquistas, incluso nazis, como las esvásticas, por ejemplo. Esta laguna técnica de las variables existentes en el sistema permite que en dichas agresiones se pueda enaltecer esta simbología sin que se tomen
todas las medidas que habría que tomar, porque la utilización de este tipo de simbología es un delito, pero se tiene que enumerar y clasificar correctamente. La exaltación de simbología fascista o nazi es un delito reconocido en el ordenamiento
jurídico y es imprescindible activar un mecanismo eficaz.
El informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en el año 2023 recogió que más del 15 % de los delitos de odio cometidos fueron ideológicos, pero el Ministerio del Interior no ha realizado una enumeración concreta que permita
identificar los que se cometen en el ámbito de la extrema derecha. En este mismo año, en 2023, los delitos de odio en el ámbito ideológico en las redes sociales se incrementaron un 71 %. Las redes son espacios desde los que la extrema derecha
puede cometer delitos de odio contra colectivos o asociaciones democráticas y progresistas con total impunidad y sin ningún tipo de sanción, recurriendo al anonimato. Desde que formulamos una pregunta escrita al Gobierno el 20 de agosto de 2024,
sobre el número de locales, sedes, organizaciones y partidos atacados con simbología fascista, no se han hecho los esfuerzos necesarios, a través de las instituciones competentes, para comenzar a contabilizar este tipo de ataques, lo que supondría
un avance democrático. El artículo 35 de la Ley 20/2022 establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática aquellos símbolos que exaltan personal o colectivamente la sublevación militar, la dictadura o a sus dirigentes,
especialmente, aunque no únicamente, si participaron en el sistema represivo de las organizaciones que sustentaron la Dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje. A pesar de ser
ilegal portar y exaltar este tipo de simbologías, la extrema derecha
las utiliza, por ejemplo, en sus concentraciones habituales desde el año 2023 frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz.
En definitiva, es necesaria la creación de un archivo, una variable dentro del sistema estadístico de criminalidad, en el que se especifique si en la infracción o delito cometido se ha empleado simbología fascista o nazi, para poder
contabilizar este tipo de infracciones y delitos. Con la creación de esta variable que contabilice el enaltecimiento de la simbología nazi o fascista se podrán elaborar informes estadísticos más concretos. Y no hablamos de la posibilidad de
incluir esta variable, sino de la obligación de hacerlo. Por, eso presentamos esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Como no se ha presentado ninguna enmienda a esta iniciativa, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor García Gomis.
El señor GARCÍA GOMIS: Muchas gracias, presidenta.
Primero, e importante, desde VOX condenamos cualquier acto vandálico, sea a una sede política o no. SUMAR solo quiere que se remarquen aquellas acciones bajo simbología fascista o -eso es lo que pone en su papel, porque ahora dice 'o', en
vez de 'y', porque no es lo mismo- nacionalsocialista. No pide comunista, no pide estalinista, como remarca la Unión Europea, ni anarquista ni nacionalsocialista ni cualquier otra cosa o corriente política, no, solo la fascista. El problema es que
para SUMAR todo es fascismo, demostrando una ignorancia supina. El uso peyorativo que hacen actualmente del fascismo o de la palabra fascista desvirtúa totalmente su significado. Todo lo que no les gusta es fascismo, todo aquel que no les gusta es
fascista. De hecho, ahora mismo el único partido que existe en el arco parlamentario español con representación es Esquerra Republicana, su actual socio, es decir, ustedes gobiernan con fascistas. De hecho, no lo digo yo, lo dijeron ustedes cuando
estaban en Podemos y señalaron a Esquerra Republicana como un partido fascista. Y por una vez, hay que darle la razón. Efectivamente, Esquerra Republicana, en sus orígenes, era un partido separatista, racista y que quiso verse reflejado en un
partido de Mussolini, o más bien imitarlo llegando incluso a crear sus propias escuadras catalanas, como fueron los escamots o las JEREC, auténticas juventudes paramilitares que tenían hasta su primavera incluida. Pero otro día le doy lecciones de
historia, porque ya que ha centrado el debate en los ataques a sedes políticas, el partido que más ataques ha sufrido desde su fundación es VOX, con diferencia, y usted siempre ha callado. Más de cincuenta ataques recogidos y tiene usted un hilo
para comprobarlo. Es más, es usted la hipocresía hecha partido. SUMAR nació de Podemos, el partido en el que usted militaba, y con diputados presentes ha protagonizado muchas de las páginas más negras de la democracia reciente, llegando a ejercer
la violencia contra otros diputados o partidos políticos como, por ejemplo, cuando los cachorros y los escoltas de Pablo Iglesias reventaron y atacaron un mitin de VOX en Vallecas, hiriendo a un diputado de este Congreso y a varios simpatizantes de
VOX que asistieron, fueron actos violentos e incluso patearon a policías. Y, repito, había escoltas de Pablo Iglesias y miembros radicales de extrema izquierda de la órbita de Podemos, y ustedes -usted era diputado de Podemos por aquel entonces- se
callaron. Bueno, es que no sé si es mejor que se calle, señor Santiago, porque la única vez que ustedes abrieron la boca fue cuando a nuestra diputada Rocío de Meer le abrieron la ceja y, ante la imagen sangrando de la diputada, su portavoz
Echenique dijo que era kétchup. Eso sí que da asco, señor.
Pero no hace falta irse a Podemos porque ahora mismo, bajo las mismas siglas de SUMAR, para aquellos que han sido recientemente condenados por la justicia por reventar una carpa de VOX mientras ejercía su libertad política ustedes piden su
libertad desde la tribuna. Eso es no respetar la libertad de expresión, ni la pluralidad política, ni a un partido al que han votado más de 3 millones de personas. Por cierto, más votos que al suyo.
El fascismo en España es residual y no es un problema que preocupe a los españoles. Y que les quede claro: la violencia política es patrimonio de la izquierda. Prim, Cánovas del Castillo, Canalejas, Dato, Calvo Sotelo o Carrero Blanco,
presidentes y de derecho, todos ellos fueron asesinados por la extrema izquierda a la que usted representa. Menos querer dar lecciones, que quienes amparan a los violentos y los alientan son ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Serrada.
El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, presidenta.
Desde luego que si alguien sabe de fascismo y de violencia política en los últimos años en este país es VOX. Agradecemos la lección de historia que nos acaban de dar, porque parten de un absoluto conocimiento y praxis de esta.
Pero, centrándome en esta proposición de ley, vamos a votar a favor y lo vamos a hacer con una convicción y es que, aunque desde el punto de vista técnico no sea necesario, creemos que esta proposición de ley representa un paso adelante
necesario en la defensa de la democracia frente al acoso organizado de la extrema derecha, de estos señores que acaban de hablar aquí. Esta iniciativa tiene un valor social, político y simbólico incuestionable. Vivimos tiempos en los que la
extrema derecha ejecuta sin complejos lo que la derecha tradicional del PP piensa pero dice con la boca pequeña, y lo hace con una violencia verbal y física que busca sembrar el miedo y desmovilizar a quienes defendemos la convivencia y el respeto
institucional.
Quiero recordar aquí los ataques sufridos en la sede del PSOE en Ferraz. Decenas de noches consecutivas de acoso, amenazas y coacciones a militantes y a trabajadores de nuestra sede. Un escenario que algunos han preferido blanquear por
intereses partidistas y que otros, directamente, han alentado. Pero esta violencia no se queda en Madrid, el Partido Popular ha impulsado en redes sociales vídeos señalando a diputadas y diputados socialistas, animando a su señalamiento en las
provincias de origen. Señalamientos públicos de representantes democráticos, como si ejercer su voto libremente fuera un delito. Señorías, sé de lo que hablo, en mi provincia, dos de nuestras sedes han sido atacadas de forma reiterada en casi una
veintena de ocasiones: Salamanca y Béjar. Pintadas, pegatinas, cerraduras bloqueadas con silicona. Los mensajes: 'aquí no sois bienvenidos', 'hijos de puta' o 'casa de putas y sus hijos'. Y sí, frente a esto, el silencio o, peor, la
justificación de los ataques a nuestras sedes por parte del Partido Popular. Escuchen estas declaraciones del alcalde de Béjar, del PP -entrecomillo-: 'La crispación social no podemos controlarla; a lo mejor, el problema no lo tienen ustedes en
Béjar y sí el Partido Socialista en Madrid y que esa crispación se puede trasladar'. Es decir, que la culpa de que ataquen nuestras sedes la tenemos nosotros. Lo decimos alto y claro: vamos a seguir trabajando en nuestros barrios, en nuestros
pueblos y en las instituciones. Más de 150 ataques a sedes del PSOE en los dos últimos años. En Santander, hace solo unos días, una persona lanzó explosivos caseros a nuestra sede cuando había dentro más de setenta personas. Antes fueron Zamora,
Almendralejo, Utiel, Monzón, Lugo, Cuenca, Ávila, Manacor, Ponferrada, San Sebastián de los Reyes. ¿Cuántas más hacen falta para actuar? Por eso apoyamos esta propuesta, porque frente a quienes pretenden imponerse desde la amenaza, nosotros
respondemos con más democracia, porque en esta Cámara tenemos la obligación de proteger los valores que nos trajeron hasta aquí: la libertad, el respeto y la convivencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sánchez Torregrosa.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, presidenta.
Señor Santiago, en esta iniciativa vemos cómo están obsesionados en separarse del nazismo. Pero, como comunistas que son, le digo que tanto el nazismo como el comunismo han sido condenados por el Parlamento Europeo por los crímenes del
siglo XX. Así pues, al mismo nivel, señor Santiago, apúnteselo.
Esta iniciativa es una iniciativa sectaria, hipócrita y que falta el respeto a miles de familias y miles de españoles que fueron asesinados con un tiro en la nuca solo y exclusivamente por ser del Partido Popular o del Partido Socialista.
Lástima me dan los diputados socialistas, que no han hecho mención, que lo único que han hecho es aplaudir (aplaude al mismo tiempo que habla) esta iniciativa populista y sectaria. Tanto comunistas como socialistas están demostrando en esta
exposición que tienen la piel muy fina y la memoria muy corta. Miren, miren los señalamientos (muestra un papel con una imagen). Esto es verdad que es de hace unos años: Ordóñez, fascista. A los dos días le pegaron un tiro en la nuca y lo
asesinaron en un restaurante. Y ya hoy, pasando por toda esa etapa en la que fueron asesinadas 853 personas y que 379 de esos asesinatos aún están sin resolver; en la que dos compañeros míos aquí a uno, a Félix de las Cuevas, le pusieron un
paquete bomba en su sede en Cantabria y otro compañero mío, Pedro Samuel, fue víctima de un atentado de ETA; en la que un compañero suyo, guardia civil, murió. (Aplausos). SUMAR y usted, señor Santiago, para traer iniciativas de este color
político lo primero que
tenían que haber hecho es condenar esos asesinatos y decirlo alto y claro, pero todavía no hay ningunas declaraciones donde usted condene esos asesinatos. Cuando traigan iniciativas a esta casa que condenen los delitos de odio de izquierdas
y derechas contarán con el apoyo y el voto a favor del Grupo Popular. Cuando traigan iniciativas a esta casa que vengan a reforzar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros juzgados para que esos delitos de odio en esas sedes
de las que usted habla, señor Santiago, se juzguen más rápido y los culpables paguen -cosa con la que nuestro grupo parlamentario está a favor- contarán con el voto del Grupo Popular. Pero iniciativas que incitan al odio, a crear muros y a crear
buenos y malos y que vienen a crear un relato falso, no.
Señor Santiago, tenía una oportunidad perfecta para demostrar la altura de un partido que quiere ser democrático, que lo ha sido, que lo ha sido con nuestra democracia desde que se puso en marcha en el año 1978, y que esté a la altura de
aquellos grandes políticos y no caiga en la parte más oscura del comunismo. Denos menos lecciones con iniciativas de este tipo.
¿Se acuerdan del lema 'Rodea el Congreso'? ¿Se acuerdan de aquello del 'jarabe democrático'? Eso es de hace dos días. ¿Se acuerdan de los escraches a mis compañeros, aquí sentados, compañeros que fueron perseguidos por pensar diferente?
Eso es de hace dos días. ¿A la presidenta Ayuso? Día sí y día también, señores. Incluso, son perseguidos por la izquierda los hijos de asesinados por ETA, a día de hoy todavía se ven noticias de ese estilo.
Por lo tanto, deja mucho que desear una iniciativa tan sectaria y tan radicalizada y que intenta poner un relato que no es real. Si ustedes hubiesen venido aquí hablando de izquierdas y de derechas, de que condenan los delitos de odio de un
lado y de otro, habrían dejado a la altura una institución y una casa y un partido político que es democrático desde el año 1978. De esta manera, demuestran lo que hay, que quieren...
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.
La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: ... que quieren dividir y que quieren solamente crear muros e inventar un relato que desde el Partido Popular nunca lo vamos a permitir y lo vamos a gritar a viva voz.
Gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
- RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LA COMARCA DE LA COSTA DA MORTE, A CORUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001968).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley (rumores). Los veo a ustedes animados hoy para ser temprano; están animados.
Como decía, pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la lucha contra el narcotráfico en la comarca de la Costa da Morte, A Coruña.
El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias.
Señorías, la iniciativa que presentamos hoy desde el Grupo Parlamentario Popular nace del incremento progresivo de actividades delictivas vinculadas al narcotráfico en Galicia y, muy especialmente, en la costa de A Coruña y de Pontevedra.
Esta comunidad autónoma nos preocupa precisamente por su aislamiento y por la mayor falta de operativos terrestres y marítimos en la Costa da Morte, una comarca de diecisiete ayuntamientos -desde Muros al sur hasta Arteixo al norte- bastante alejada
de la capital de la provincia y de las otras dos ciudades: Ferrol y Santiago de Compostela.
Mientras el Gobierno retira a la Guardia Civil de Cataluña, el País Vasco y Navarra, y plantea su progresiva desaparición de las comarcas rurales, desde el Grupo Parlamentario Popular exigimos su presencia en todo el territorio y, en
concreto, en la Costa da Morte. Mientras el Gobierno atiende las exigencias de sus socios de gobierno, nosotros pedimos más efectivos. Y por esta razón creemos que el Ministerio del Interior debe atender nuestra petición.
Todas las cifras y estudios señalan un aumento récord de la producción de cocaína desde el fin de la pandemia. Como señala un informe de la ONU de 2023, Galicia se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de droga en España
por sus casi 1500 kilómetros de costa, su compleja orografía y los difíciles accesos por carretera. Una vez cargada la cocaína en puertos de Ecuador, Colombia, Venezuela o Brasil, los barcos se dirigen a las costas gallegas, andaluzas o canarias o
a puertos europeos como el
de Róterdam o Amberes y aproximadamente a medio camino, en el entorno de las Azores, se transborda a narcosubmarinos, pesqueros o lanchas rápidas, que son menos visibles y más ágiles, que desembarcan en playas gallegas aisladas
-mayoritariamente de noche, aunque también incluso a plena luz del día- con total impunidad.
De aquí la importancia de la comarca de la Costa da Morte, donde el difícil acceso por tierra a playas y acantilados facilita las descargas. La ría de Camariñas, en particular, es una de las zonas más utilizadas debido también a la escasa
presencia de agentes tanto de Aduanas como de la Guardia Civil. El hallazgo de un tercer narcosubmarino a la deriva en la ría de Camariñas el pasado mes de enero, tras otros dos localizados en la ría de Arousa y en la de Pontevedra, así lo indica.
Ante la gran preocupación de la comarca entera por el aumento de esta actividad y las demandas del Sindicato Unificado de Policía y de las autoridades, el ministro Grande-Marlaska anunció en febrero que el Gobierno estaba estudiando
establecer una base de vigilancia en la Costa da Morte. Pues bien, precisamente esto es lo que esta iniciativa exige al Gobierno, lo que el Gobierno ya ha anunciado que está evaluando: atención específica a esta comarca, estableciendo como puestos
principales de la Guardia Civil los de Vimianzo y Corcubión, para que se produzca un aumento de los efectivos y se pueda proteger de manera más eficaz la costa, modernizando y reforzando los medios materiales y tecnológicos de la Guardia Civil con
embarcaciones más potentes, más maniobrables y un mejor equipamiento tecnológico.
Señorías, precisamente anteayer, cuando preparábamos esta intervención se produjeron nuevas detenciones en la comarca, en esta ocasión siete personas en el Concello de Carballo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles volvió a reclamar
anteayer una ampliación del personal y de los medios materiales destinados a la lucha contra el narcotráfico en la Costa da Morte. Actualmente no se dispone de suficientes radares para detectar y controlar las embarcaciones que introducen la droga
ni suficiente número de efectivos. Y en verano la situación se agrava aún más, ya que el aumento de la población en los núcleos turísticos incrementa notablemente la carga de trabajo ordinaria de los pocos agentes que se encuentran sobre el
territorio.
Señorías, el narcotráfico no es solo una actividad criminal, sino que es una grave amenaza para la salud y la seguridad ciudadana, que puede ir, además, acompañada de corrupción y del aumento del consumo local de drogas, lo que genera, a su
vez, una mayor delincuencia asociada. Por todo ello, estamos completamente seguros de que contaremos con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios puesto que el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de reforzar la dotación policial
en la comarca para garantizar una mejor protección frente a uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos y que amenaza, además, con ganarnos la partida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Ha llegado una enmienda del Grupo VOX y tiene usted tres minutos, señor Gil Lázaro, para defenderla.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
El narcotráfico es un peligro grave para la seguridad ciudadana y una amenaza para la seguridad del Estado. Además, la acción última del narcotráfico en lo que afecta a su pequeña ya manifestación cotidiana sobre barrios, pueblos y comarcas
es que multiplica también una variada gama de delitos cotidianos conexos: hurtos, robos callejeros, atracos, okupaciones; es decir, inseguridad y deterioro de los espacios de convivencia social.
El narcotráfico en Galicia ha tenido una presencia constante a partir de la sustitución, en un momento histórico dado, de las tramas del contrabando de tabaco por las de la coca proveniente de Sudamérica. Este hecho ha generado durante
décadas muerte y dolor en la sociedad gallega y sigue golpeando la realidad de aquella región. Corresponde, pues, no perder el pulso en la lucha contra las redes del narcotráfico en Galicia, por más que en la actualidad parezca que estas redes
están actuando con mayor virulencia en la zona del Estrecho y en determinadas provincias de Andalucía. Como señalé la pasada semana ante el Pleno de la Cámara, es alarmante comprobar la conversión del río Guadalquivir en una vía de penetración
fluvial de las narcolanchas, que han llegado hasta la propia ciudad de Sevilla.
La presente proposición no de ley solicita medidas de refuerzo policial en puntos muy concretos de la geografía gallega y, desde luego, apoyaremos esa solicitud. Sin embargo, más allá de necesidades puntuales, creemos que hay que tomar
medidas estructurales que aborden a fondo y con una visión de conjunto esta lucha contra el narcotráfico en Galicia. Por eso hemos presentado una enmienda de adición al texto de la proposición no de ley reclamando que se adopten las disposiciones
previas necesarias con
el fin de constituir un órgano de coordinación del narcotráfico en Galicia, como unidad especial de lucha proyectada sobre el conjunto de las cuatro provincias gallegas y articulada en términos de estructura, medios humanos y materiales con
las mismas características que se dio en su momento a la llamada unidad OCON-Sur, que mientras estuvo operativa como tal logró prácticamente desmantelar la acción del narcotráfico en el sur de España. Una unidad que, a pesar de sus éxitos
decisivos, fue inexplicablemente desmembrada por el ministro del Interior y repartidos sus miembros entre las distintas unidades de Policía Judicial de Andalucía.
En definitiva, señorías, frente al narcotráfico en Galicia no cabe bajar la guardia, y de ahí que nuestra enmienda plantee una propuesta útil para plantar cara reforzada a este inquietante fenómeno criminal.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario SUMAR, el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
El Partido Popular, partido fundado por siete dirigentes franquistas que reprimieron durante cuarenta años la democracia y que todavía no ha condenado los ataques a la democracia... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Santiago.
Silencio, guarden silencio. Si no, es imposible.
Cuando usted quiera.
El señor SANTIAGO ROMERO: Decía que el Partido Popular, fundado por siete dirigentes franquistas que reprimieron durante cuarenta años la democracia en España, partido que todavía no ha condenado el golpe de Estado que acabó con la
democracia en 1936 y que hoy no reconoce a las instituciones cuando no las controla, ese Partido Popular nos trae una propuesta para darnos lecciones sobre el combate al narcotráfico, a pesar de la cercanía histórica de los caciques políticos del
Partido Popular con los caciques del contrabando en Galicia, una proximidad histórica de todos y todas conocida.
El narcotráfico es una grave lacra, sobre todo porque destruye la democracia y el Estado de derecho. El narcotráfico corrompe instituciones y Gobiernos y hay que combatirlo duramente. Pero no deja de ser sorprendente que el Grupo Popular
dé lecciones sobre cómo combatirlo cuando no lo hizo eficazmente cuando gobernaba y, sin embargo, ahora lo exige.
Nosotros damos no solamente todo el apoyo a la Guardia Civil y al resto de funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tienen que combatir el narcotráfico, sino que damos todo nuestro apoyo a las instituciones
encargadas de hacerlo, concretamente al Ministerio del Interior.
Y claro que hay que reforzar los medios. Pero, claro, para reforzar los medios hay que recaudar impuestos, y la cuadratura del círculo es absolutamente imposible. Es poco creíble que un partido que siempre se opone a que el Estado tenga
los suficientes recursos para abordar todas sus necesidades pretenda dar lecciones operativas a nadie de cómo combatir el narcotráfico.
Por eso esta propuesta no es más que un esfuerzo más por confundir a la opinión pública.
Nuestro grupo parlamentario va a seguir trabajando con el Ministerio del Interior y apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pidiendo más recursos. Y para eso hace falta, por ejemplo, que se aprueben unos presupuestos
generales del Estado, donde haya suficientes recursos para abordar esas necesidades tan imperiosas.
Por eso no damos ninguna credibilidad ni a esta propuesta ni al grupo que la propone y por eso no vamos a apoyar esta PNL.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Taboadela.
La señora TABOADELA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
(Comienza su intervención sin que el micrófono esté activado, lo que impide recoger parte de sus palabras). Así que lo primero que tengo que decir es que me alegro de que compartan con nosotros
la defensa de los servicios públicos. En la defensa de unos servicios públicos de calidad, señorías -y también en la seguridad pública- siempre ha estado el Partido Socialista, no como ustedes.
Podrían decir que fue cosa del señor Aznar y su obsesión por adelgazar el Estado y los servicios públicos, pero mira por dónde, no. En la siguiente ocasión que tuvieron ustedes oportunidad de gobernar, el señor Mariano Rajoy hizo lo mismo:
reducir las plantillas de Policía y Guardia Civil, dejando de nuevo el catálogo en mínimos históricos, sin medios personales ni materiales.
Así que asisto algo estupefacta a esta iniciativa sobre el narcotráfico porque muchos de ustedes ya eran diputados del PP en esa etapa, aquí y en Galicia, señoría, y tienen por fuerza que recordar el maltrato al que sometieron a las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. Entre los años 2012 y 2018 se perdieron en España más de 13 000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Fíjese, miren por dónde, 13 000 plazas son precisamente las que solo de Guardia Civil ha
convocado el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2019. Por tanto, nada que decir a nuestro esfuerzo para garantizar la seguridad pública de los españoles y de los gallegos y gallegas. Galicia alcanzó a finales de 2023 el mayor número de efectivos de
Policía Nacional y de Guardia Civil de su historia, llegando a casi 9000 agentes en ambos cuerpos.
En lo que respecta a la Guardia Civil, tenemos más de 5000 agentes desplegados en toda Galicia. La tasa de reposición es del 125 %, la tasa más alta de todo el colectivo de empleados públicos. Galicia, además, es hoy la tercera comunidad
más segura de España, y lo es con este Gobierno, que ha reducido los delitos y mantiene esa reducción año tras año. Por lo que sube también la eficacia policial.
Y hablemos de lucha contra el narcotráfico, señorías. Para el Partido Socialista y el Gobierno de España es una prioridad. Por eso, los esfuerzos de la seguridad pública van a seguir orientados a perseguir y poner a disposición de la
justicia a los delincuentes y también, de forma singular, al desmantelamiento de redes internacionales de narcotráfico que tanto daño han causado en nuestra comunidad autónoma, como todos ustedes saben. Es ya una costumbre, ya se ha vuelto
costumbre, que ustedes reclamen en Madrid lo que no hacen donde gobiernan. ¿Por qué no cumplen su parte del acuerdo de financiación para cubrir las vacantes de la Policía Autonómica Gallega? La Xunta está incumpliendo esa parte de financiación del
50 % y eso impide que se repongan efectivos en la policía autónoma gallega. Así que empiecen por hacer los deberes en su Gobierno autónomo. Les recuerdo que los alcaldes y, sobre todo, las alcaldesas -por cierto, todas socialistas- de la Costa de
la Morte trabajan en constante coordinación con la Delegación y Subdelegación del Gobierno. Dejemos a los profesionales decidir dónde tienen que estar y cómo tienen que trabajar, que para eso son profesionales. Y los partidos políticos,
dediquémonos a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde aquí, aprovecho para felicitar su excelente trabajo y, singularmente, a la Guardia Civil de la Costa de la Morte.
Moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señora González, ¿acepta usted la enmienda?
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: En sus términos.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
- RELATIVA A LOS SABOTAJES DE LOS TRABAJOS EN LA SIERRA DE ARALAR PARA DECIDIR EL TRAZADO DE LA CONEXIÓN DEL CORREDOR NAVARRO DE ALTA VELOCIDAD CON LA Y VASCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001740).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ya a la última proposición no de ley relativa a los sabotajes de los trabajos en la Sierra de Aralar para decidir el trazado de la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca. Autor...
(Rumores). Ya es la última, un poquito de paciencia, que estamos terminando.
El autor es el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra para defender la iniciativa el señor Catalán.
El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenos días.
En este mes de mayo se han cumplido treinta años desde que se produjo la apertura al tráfico de la autovía A-15 en el tramo que comunica y conecta Pamplona y San Sebastián, vía que permite la comunicación rápida y fluida de los más de 13 000
vehículos que circulan por ella cada día. Una
infraestructura cuya construcción tampoco fue nada fácil. Los atentados y sabotajes fueron una triste realidad: ETA asesinó a cuatro personas, se llevaron a cabo más de 200 ataques y sabotajes mientras que la izquierda radical vasca -en
este caso liderada por Herri Batasuna- fue la oposición a dicha infraestructura y no condenó ningún tipo de sabotaje ni asesinato. Lamentablemente, también se descubrió una trama de corrupción, en este caso, por parte del entonces presidente
socialista del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu.
Señorías, en los próximos meses se licitarán las obras de la segunda y última fase del Canal de Navarra, otra infraestructura vital para el desarrollo de nuestra comunidad. El Canal de Navarra tiene su origen en el pantano de Itoiz, en el
Pirineo navarro, que también ha sufrido los sabotajes y el rechazo por parte de la izquierda radical vasca. Por otro lado, es evidente que este tipo de oposición también se ha padecido en otro tipo de infraestructuras desarrolladas en la Comunidad
Foral de Navarra. Eso sí, entonces en contra, hoy disfrutando de ellas. Hipocresía pura y dura. ¿A favor de este tipo de infraestructuras? La inmensa mayoría de la sociedad navarra y de las formaciones políticas que la representan.
Las coordinadoras del no, aquellas que se oponen a este tipo de infraestructuras, siguen siendo una triste realidad en la Comunidad Foral de Navarra, también en relación con el corredor navarro de alta velocidad, corredor que, por cierto,
lleva demasiados años de retraso y la conexión de dicho corredor con la denominada Y vasca, acumulando también declaraciones públicas, informes y más retrasos.
El Gobierno de España sigue sin decidirse por ninguna de las tres alternativas posibles, y la excusa que se pone es que están pendientes los informes correspondientes y con ellos los estudios geológicos que se están realizando en la Sierra
de Aralar porque son fundamentales para comprobar la idoneidad de una de las posibilidades, concretamente de la que tiene que ver con el paso por Ezkio. Algunos dirán que no son ciertos esos sabotajes o, incluso, otros afirmarán que no hay
denuncias ante los cuerpos policiales. Pues bien, han sido los propios responsables del Ministerio de Transportes los que han denunciado sabotajes, presiones y oposición por parte de entidades locales. El propio secretario de Estado, en febrero de
este año, manifestaba que se habían sufrido sabotajes y decía literalmente: 'No hemos podido evitar algunos sabotajes que han retrasado y han hecho daño al trabajo que se venía realizando'. Y ha afirmado también la negativa de algunos
ayuntamientos a la hora de realizar este tipo de catas en el suelo. Y lo que ha afirmado también el secretario de Estado es que en la medida en que sigan adelante este tipo de prohibiciones en suelos públicos y privados, no le quedará más remedio
que establecer las medidas legales pertinentes -en este caso, las expropiaciones temporales forzosas- para llevar a cabo dichas catas.
También el anterior portavoz del Partido Nacionalista Vasco en este Congreso de los Diputados, el señor Esteban, declaraba en diciembre del año 2024 que: 'Se están retrasando las catas porque hay sabotajes' y, decía, que hay maquinaria que
se ha saboteado y estropeado. Afirmaba: Aquí ya conocemos actitudes de este tipo que ocurrían en el pasado; en este momento se siguen haciendo sin mucho ruido, están sucediendo también.
La oposición al tren de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma vasca por parte de la izquierda radical vasca no es nueva. La documentación incautada en su día a la propia ETA evidenció los contactos de la
banda terrorista con el entonces Herri Batasuna en 1993 para fijar la postura violenta contra el proyecto de esta infraestructura. Ahí estuvieron, como digo, los atentados y los asesinatos en la Comunidad Autónoma vasca. Ahora, ya sin ETA -menos
mal-, sigue la oposición. Ahí está, por ejemplo, la iniciativa 'STOP Sondeos al TAV' liderada por la izquierda radical vasca. En este caso es la izquierda abertzale, con Bildu a la cabeza -por cierto, los socios más fieles del Gobierno socialista
tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en Madrid-, los que se siguen oponiendo y ralentizando la construcción de esta infraestructura.
Desde nuestro punto de vista no puede quedar impune que cada vez que se plantea una infraestructura de futuro para la Comunidad Foral de Navarra los de siempre se coordinen para boicotearla. Hay instrumentos legales y democráticos para
defender las posturas que se consideren oportunas, pero en ningún caso recurrir al boicot, la presión, el amedrentamiento y la intimidación. Desde Unión del Pueblo Navarro consideramos que desde las formaciones políticas democráticas y que
representan a la voluntad mayoritaria no solo del pueblo de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma vasca, sino del resto de España, no podemos permanecer al margen, no podemos justificar y callar ante este comportamiento y, por lo
tanto, debemos denunciar este tipo de sabotajes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Como no se ha presentado ninguna enmienda, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones por los diferentes grupos.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Legarda, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Simplemente intervengo para manifestar que nuestro grupo parlamentario y el Partido Nacionalista Vasco estamos a favor de la conexión ferroviaria por alta velocidad entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y
también, y lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, estamos en contra de cualquier acto delictivo contra infraestructuras públicas o sus estudios preparatorios, pero también queremos matizar que no toda obstaculización a los trabajos de catas
geológicas preparatorios del futuro corredor ferroviario País Vasco-Navarra son hechos constitutivos de delito, en cuanto que acontecen en terrenos privados y sus titulares normalmente no dan la autorización para hacer estas prospecciones
geológicas. Prueba de ello es que, según parece, y como el ministerio no tiene título, este ya viene declarando reiteradamente que tendrán que proceder a una expropiación forzosa temporal para que estos trabajos de catas en terrenos privados puedan
hacerse, incluso, sin el consentimiento de sus titulares.
Por tanto, y concluyo, estamos a favor de las conexiones ferroviarias por alta velocidad entre el País Vasco y Navarra, y estamos en contra de cualquier acto delictivo, pero no todo lo que está aconteciendo alrededor de los trabajos
preparatorios de ese corredor constituyen actos delictivos. Por tanto, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Creemos que esta iniciativa parte de una premisa confusa, intencionadamente confusa, que criminaliza de forma generalizada a vecinos y cargos públicos locales que expresan su oposición a un proyecto de infraestructuras, pero mostrar la
oposición a un proyecto de infraestructuras es legítimo. Se habla de sabotajes, actos coercitivos, amedrentamientos, que deben ser denunciados y perseguidos, y nos consta que es así en los casos en los que se han producido. Sin embargo, la
iniciativa no presenta ninguna prueba ni -lo que es más peligroso- se establece una diferenciación clara entre protestas legítimas amparadas por el derecho de reunión y de expresión y lo que pudieran ser conductas delictivas, que desde luego cuando
existieran contarían con los cauces legales para ser investigadas y sancionadas. Es decir, no podemos aceptar que se utilicen términos penales para desacreditar discrepancias políticas o sociales y menos aún que se inste a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado a actuar sin más, como si hubiera que reprimir cualquier forma de oposición vecinal.
Queremos dejar claro que nosotros sí defendemos otro modelo de tren, uno que sea vertebrador, accesible, que mejore las conexiones regionales y sirva para la mayoría social. Pero la derecha intenta instalar la idea de que el tren de alta
velocidad no avanza por culpa de quienes se oponen al proyecto, pero la realidad es distinta. Nunca ha habido una mayoría parlamentaria que permitiera frenar el proyecto y si el tren no ha avanzado ha sido por otras razones. No se puede permitir
un intento de criminalizar a la población de los entornos donde se hacen esas obras y de acusarla de unos retrasos que no tienen que ver con ellos. Los retrasos responden en muchos casos a problemas administrativos, a falta de acuerdos políticos y
económicos, a debates como el trazado por Ezkio, por Vitoria, que siguen abiertos. Nos parece profundamente simplista e irresponsable querer reducir todo a una teoría de sabotaje. Por cierto, cuando Unión del Pueblo Navarro gobernaba en Navarra y
el PP lo hacía en el Estado el tren tampoco avanzó como podría haber avanzado, así que sería bueno que no vinieran ahora a reclamar lo que ni siquiera hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Llama también la atención que esta PNL inste a las Administraciones a exigir a sus vecinos -dice literalmente- que cesen en las protestas. ¿Y cómo tienen las Administraciones públicas que exigir el cese de las protestas? ¿Prohibiendo las
manifestaciones? ¿Eliminando la libertad de expresión? ¿Encarcelando a quienes se manifiestan? ¿Desde cuándo las instituciones instan a actuar para silenciar a sus propios ciudadanos? Quien hace estas propuestas en estos términos no muestra un
talante muy democrático.
Por todo ello, vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo VOX, tiene la palabra el señor Ortega Smith-Molina.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta proposición nos trae el triste recuerdo de épocas en las que los actuales socios del Gobierno, los bilduetarras, tomaban la sartén por el mango y llevaban a cabo toda esa kale borroka, ese terrorismo callejero, para imponer siempre su
discurso amenazante y de odio. Ese discurso de la estrategia de la extrema izquierda, como hemos podido escuchar hoy; un discurso absolutamente sectario, un discurso fanático, un discurso que, como se les ha dicho, todo lo que no sea plegarse a
sus intereses es calificado de fascista, extrema derecha, nacionalsocialista. Y les molesta cuando se les recuerda la historia y se les dice que el fascismo y el nacionalsocialismo no son otra cosa que las variantes en Alemania y en Italia del
socialismo.
Pero, en cualquier caso, hoy hablamos de sabotajes, de coacciones, de amenazas a los que algunos, como acabamos de escuchar, pretenden siempre darles la cobertura de actos legítimos de protesta democrática. Y no, no lo son, no van a engañar
a nadie. Esto ocurrió cuando se construían las autopistas; unos de los objetivos de ETA era impedir la Y vasca, impedir cualquier conexión de tierras vascas y navarras -y por ello doblemente españolas, como decía Unamuno- con el resto de las
infraestructuras vitales del Estado. ¿Al servicio de qué? Al servicio de un proyecto nacional que habla de soberanía nacional y de infraestructuras nacionales.
Por tanto, claro que vamos a apoyarla, y además vamos a hacerle una enmienda in voce al proponente diciéndole que debería añadir un punto quinto para que ciertamente se consideren delitos de odio y delitos de terrorismo todas esas amenazas,
coacciones, daños y retrasos que nada tienen que ver, como digo, con el legítimo derecho democrático a no estar de acuerdo con una infraestructura. Eso se hace de otra manera, no amenazando a los trabajadores, a los técnicos o boicoteando las catas
que están haciendo los ingenieros o los geólogos. Por tanto, claro que deben actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: deben investigar, deben buscar las conexiones con determinados grupúsculos de la extrema izquierda y deben, por
supuesto, si hay algún cargo público ponerlos a disposición judicial. Eso es de lo que estamos hablando; estamos hablando una vez más de la amenaza del terrorismo callejero, legitimado siempre por las opciones políticas de la extrema izquierda.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Maldonado.
La señora MALDONADO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Este tema ya se ha debatido y se han dado explicaciones por parte de todas las partes implicadas tanto en el Parlamento de Navarra como en el Gobierno de Navarra. Yo, de verdad, esto que hace Unión del Pueblo Navarro últimamente no lo
comprendo. Están más interesados en generar una sensación de caos -esto no es un debate en la sociedad navarra; esto no abre portadas hoy en día en la prensa navarra- y en ese seguidismo que vienen haciendo del Partido Popular durante los últimos
años. Si el Partido Popular dice 'quien puede hacer que haga', ellos están intentando crear esa sensación de caos en una comunidad foral que crea empleo y que crea riqueza. Lo que les molesta de verdad a Unión del Pueblo Navarro es que va a ser un
Gobierno socialista en Navarra y en España quien traiga por fin y después de treinta años -y ahí sí que coincidimos- el tren de alta velocidad a nuestra tierra.
Son 350 millones de euros lo que ha invertido ya y ha ejecutado el Gobierno socialista de España en el tren de altas prestaciones en nuestra comunidad; el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro y el Gobierno de Mariano Rajoy, 60 millones de
euros. Yo creo que con esos datos se demuestra la implicación de los socialistas en el desarrollo y las infraestructuras de nuestra tierra. No voy a entrar prácticamente a valorar esta proposición no de ley, porque ya la delegada del Gobierno
manifestó que en ningún momento la Guardia Civil en Navarra había recibido ninguna denuncia. Es cierto que hay ciertas poblaciones, ciertos grupos vecinales que siempre han manifestado su oposición al tren de altas prestaciones, pero creo que
tenemos que trabajar y que esta Comisión de Interior se merece ese respeto con rigor. Una cosa es no facilitar y otra cosa es sabotear. Es verdad que hay muchos municipios y parcelas privadas que no están facilitando el trabajo del ministerio para
ese estudio técnico de geolocalización para ver por dónde tiene que ir el tren de altas prestaciones, pero de ahí a hablar de sabotaje me parece impropio. Por lo tanto, como ya dijo la consejera, señora presidenta, simplemente hablemos con
responsabilidad, tanto desde lo
público como desde lo privado. El tren de altas prestaciones llegará a nuestra comunidad más pronto que tarde y será gracias a dos Gobiernos socialistas.
También quiero que quede de manifiesto en esta Comisión de Interior la petición al Partido Popular de Navarra y a Unión del Pueblo Navarro para que dejen de crear esta imagen en Madrid de una Navarra gris, de una Navarra oscura, porque
nosotros miramos al futuro mientras está claro que ellos miran al pasado. Siento la imagen que se está creando de nuestra tierra aquí, pero el tren de altas prestaciones es una vía de desarrollo para nuestra tierra. No es cierto ese sabotaje
puntual al que hace referencia esta proposición no de ley en la sierra de Aralar y el mismo proponente lo sabe. Por lo tanto, el Grupo Socialista, lógicamente, va a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor García Adanero.
El señor GARCÍA ADANERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Aprovecho esta Comisión de Interior para felicitar hoy, en su 181.º aniversario, a la Guardia Civil, que tan buen papel realiza para la libertad de todos los españoles. (Aplausos).
La Navarra gris es tener en Pamplona un alcalde de Bildu. Eso es Navarra gris, eso es Pamplona gris. (Aplausos). Eso sí, sin condenar un acto terrorista y el asesinato de un compañero de corporación. Eso sí que es gris y oscuro. Y una
Navarra gris es tener un Gobierno apoyado por Bildu. Eso es muy gris. Que SUMAR y el Partido Socialista, miembros del Gobierno, no sean capaces de condenar el sabotaje de una obra que están haciendo ellos mismos deja claro cuál es el sometimiento
a Bildu, su socio más leal, y eso hoy ha quedado aquí superacreditado. ¡Qué miedo le tienen, que no son capaces ni de una cosa tan normal como decir que hay que condenar un sabotaje a una obra pública del conjunto de los españoles y miran para otro
lado! El otro día, la portavoz de Bildu en el Congreso se afanaba y decía: Nosotros ya paramos, ya estamos en contra de las nucleares, etcétera. ¿Cómo estaban en contra? Asesinando a dos ingenieros de las nucleares. (Aplausos). ¿Cómo pararon
las obras públicas? Lo han dicho: matando a cuatro personas quisieron tapar una autovía. Boicotearon Itoiz y el Canal de Navarra, boicotean todas las obras y ustedes vienen aquí y miran para otro lado.
Nos decía antes el señor Santiago: Hay que condenar. ¿Y estos sabotajes no hay que condenarlos, que son contra el propio Gobierno y contra el conjunto de los españoles? Esto no, esto como igual Bildu se mosquea vamos a mirar para otro
lado. ¡Es una vergüenza! El Gobierno no está haciendo todo lo que puede hacer para que eso no se produzca, y al final dice: No, es que no hay una denuncia. ¡Si saben ustedes que no se pueden estar realizando las obras porque no dejan hacer todo
lo que se tiene que hacer previamente para poder realizarlas! Lo más lamentable es que ustedes están ahí colaborando activamente, porque dependen de los votos que dependen, y cuando uno está pillado por un partido como Bildu, evidentemente, luego
uno entiende cuando sus gentes le dicen a Otegi: Oye, ¿qué hacemos apoyando al corrupto ese? Porque eso le dicen, y con el corrupto se refieren a Sánchez y se lo dice su gente. ¿Qué contesta Otegi?: ¡Hombre, por favor! ¡Que un chollo como este
no lo vamos a encontrar nunca! ¡Un presidente que haga todo lo que está haciendo por nosotros no lo vamos a encontrar nunca! (Aplausos). O sea, vamos a mirar para otro lado y vamos a seguir apoyando al Partido Socialista, que mirad todo lo que
sacamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
La señora PRESIDENTA: A continuación, vamos a pasar a las votaciones.
Les recuerdo que vamos a seguir el orden que viene en el orden del día, valga la redundancia. ¿Tienen ustedes el orden del día por delante? No hay problema porque yo voy a leer el enunciado como siempre hago, pero es para que no nos
despistemos. ¿Estamos preparados? (Asentimiento).
Votación de la primera proposición no de ley, para que el Gobierno garantice la seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia Civil en el rural español
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Proposición no de ley relativa a la constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de Detectives Privados de España.
Se vota en sus propios términos, porque no ha habido ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Proposición no de ley relativa a los sabotajes de los trabajos en la sierra de Aralar para decidir el trazado de la conexión del Corredor Navarro de Alta Velocidad con la Y Vasca.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Proposición no de ley relativa a la inclusión de una variable que permita determinar si se ha utilizado simbología fascista en vandalizaciones de sedes de organizaciones políticas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos).
Lo celebran ustedes todo, por lo que veo.
Proposición no de ley relativa a la problemática de los menores extranjeros no acompañados y el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración
ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Proposición no de ley relativa a la lucha contra el narcotráfico en la comarca de la Costa da Morte, A Coruña.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.
Eran las once y cincuenta y un minutos de la mañana.