CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 317

IGUALDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA ROS MARTÍNEZ

Sesión núm. 15

celebrada el martes,

6 de mayo de 2025

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora Verdugo Moreno como candidata propuesta por el Gobierno a ocupar la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, A.A.I. A propuesta del Gobierno. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 276/000019 y número de expediente del Senado 729/000007) ... (Página2)


Aprobación, en su caso, de la propuesta a los efectos previstos en el artículo 41.4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 276/000019 y número de expediente del Senado 729/000007) ... (Página14)

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Se abre la sesión a las doce y siete minutos del mediodía.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VERDUGO MORENO COMO CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO A OCUPAR LA PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN, A.A.I. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 276/000019 y número de expediente del Senado 729/000007).


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.


Bienvenidos a todos y a todas.


Se abre la sesión con el orden del día consistente en la celebración de la comparecencia de doña María Teresa Verdugo Moreno como candidata propuesta por el Gobierno a ocupar la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de
Trato y la No Discriminación.


Les anuncio, como ya conocen ustedes, que el debate tendrá el siguiente orden: en primer lugar, comparecerá doña María Teresa Verdugo con una intervención de quince minutos; posteriormente, habrá una intervención de los grupos
parlamentarios, en orden de menor a mayor, por un tiempo de ocho minutos cada uno, y, finalmente, se cerrará la comparecencia con el turno de contestación de la compareciente.


Por lo tanto, damos hoy una cordial bienvenida a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y diputadas, reunida en esta sesión para recibirla a usted, a la fiscal doña María Teresa Verdugo, propuesta por el Gobierno de España
como candidata para ocupar la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Bienvenida. Tiene usted la palabra por tiempo de quince minutos.


La señora VERDUGO MORENO (candidata propuesta por el Gobierno a la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación): Muchas gracias.


Señora presidenta, señoras letradas, excelentísimas señorías, es un honor para mí comparecer para que puedan valorar mi adecuación al cargo de presidenta de la autoridad independiente, para el que, como ha dicho la señora presidenta, se me
propuso el 1 de abril por el Consejo de Ministros. Intentaré en esta breve comparecencia resumir las líneas fundamentales de mi currículum que entiendo que puedan ser relevantes, así como también plantear, para el caso de que fuera elegida, las
líneas maestras de mi proyecto para la autoridad independiente.


Soy fiscal por oposición desde el año 2003 y desde el año 2006 trabajo en la Fiscalía Provincial de Málaga, mi ciudad natal. Allí dirijo la Sección de Delitos Económicos, pero es mi designación en 2011 la que me hace ser una de las más
veteranas como fiscal de delitos de odio, lo que entiendo que me trae hoy aquí. En esos catorce años de trabajo al servicio de la Fiscalía y como especialista en delitos de odio, he procurado siempre que la efectiva tramitación de las causas
judiciales se desarrolle con arreglo al impulso procesal, trabajando con rigor, con empatía y con responsabilidad, y tratando de proteger los derechos de las víctimas; un trabajo diario que me ha ayudado a conocer la realidad del fenómeno de la
discriminación en España.


En la tramitación de las diligencias de investigación que se incoaban a raíz de denuncias recibidas en Fiscalía, especialmente las relacionadas con discurso de odio, he procurado siempre ponderar los legítimos intereses en presencia,
especialmente priorizando el derecho a la libertad de expresión, de manera que solamente en aquellos casos en los que entendía que podía haber un peligro para la pacífica convivencia o una grave lesión para la dignidad de las personas afectadas he
optado por formular acusación. Siempre me he conducido con arreglo a los principios de legalidad y de imparcialidad, con independencia del color político de denunciantes o de denunciados y argumentando de forma motivada mis resoluciones.


Desde el principio tomé conciencia de que el problema de la discriminación en España era mucho más que los delitos de odio, que son solo la punta del iceberg, así como también de que había que acometer el desafío de la infradenuncia.
Comencé entonces a desarrollar, de manera concurrente con mi trabajo como fiscal, una intensa labor de formación no desde una perspectiva académica o doctrinal, sino con vistas a conseguir que los distintos agentes que intervenían en la lucha contra
la discriminación tuvieran mejores herramientas para trabajar y mejor conciencia de cómo funcionaba el sistema penal. Así, vengo impartiendo la capacitación inicial a jueces y fiscales en sus respectivas escuelas, también colaboro en la

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formación continua de estos cuerpos; de la misma forma, intervengo en la formación de Guardia Civil, de Policía Nacional y de Policía local de forma periódica; y, en paralelo y a instancias de las asociaciones que iban contactando conmigo,
también fui desarrollando talleres para que las personas que trabajaban allí pudiesen saber -no solamente los juristas, sino también los trabajadores sociales, los educadores, los psicólogos- qué circunstancias o qué hechos se podían catalogar como
delitos de odio y cuáles no. De la misma forma, también he colaborado en esa capacitación para colegios de abogados cuyos responsables querían atender a las víctimas de forma eficaz y con Administraciones autonómicas o locales que se dirigieron a
mí para que impartiera seminarios o conferencias de forma que el personal de estas pudiese dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.


Siempre que uno se implica en actividades de docencia acaba comprobando que aprende mucho más de lo que enseña. Fue, sin duda, mi caso en el trabajo con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que, además, tengo que decir que
están especialmente sensibilizados y formados en esta materia. Obtenía información relevante para entender las dificultades prácticas y también podía darles orientación sobre la elaboración de los atestados, cómo interrogar a las víctimas, qué
elementos había que recoger para que aflorara la motivación discriminatoria de los ilícitos. Tanto la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que se me otorgó hace escasos meses, como la Cruz al Mérito Policial de la Policía Nacional se
deben precisamente a esa colaboración constante con los grupos policiales en base a ese enfoque de trabajo en red que ha resultado notablemente eficaz.


De forma análoga, ese contacto con asociaciones y con profesionales que se dedicaban a la defensa de los derechos de las personas que con más frecuencia sufrían discriminación también me permitió tomar mejor conciencia del problema, de la
realidad a la que se enfrentaban y de las dificultades prácticas en un proceso que me ha enriquecido profesional y personalmente y me ha ayudado a reforzar mi compromiso y también a superar mis propios prejuicios. En definitiva, yo valoraría de
esta actividad como divulgadora que me ha permitido establecer canales ágiles de comunicación entre los distintos actores relevantes en la lucha contra los delitos de odio para ayudar a generar sinergias, identificar solapamientos y lagunas en el
abordaje de los problemas, buscar formas eficaces de trabajar y tomar mejor conciencia del estado de la cuestión y de las posibles soluciones.


A nivel internacional, he trabajado con la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea en un proyecto dirigido, precisamente, a abordar la cuestión de la cifra sumergida y del registro estadístico dirigiendo el grupo dedicado a la
colaboración entre agencias. También he tenido el honor de formar parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, analizando la adecuación de las instituciones, prácticas, normas y políticas de todos los Estados
que se presentaban a examen a la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta perspectiva holística multifacética me ayudó a aprender mucho sobre las distintas formas que pueda optar el trato discriminatorio, qué dinámicas o
soluciones son más eficaces y qué mecanismos permiten valorar dicha eficacia. Además, desde 2015 vengo colaborando con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Corporación en Europa,
formando sobre todo a fiscales pero también a jueces y policías, lo que me ha permitido conocer sistemas normativos y judiciales de países como Polonia, Bulgaria, Montenegro o Islandia. En paralelo, también he trabajado como consultora para la
elaboración de sus guías y de sus recomendaciones. Finalmente, también han requerido mi intervención en eventos de alto nivel de sensibilización para las autoridades de países como Italia, República Checa o Albania.


Me gustaría decir en este punto que, con independencia de mi mayor o menor talento, si se ha requerido mi participación en estos organismos es porque soy una fiscal española, ya que nuestro país es puntero en la lucha contra los delitos de
odio desde que Miguel Ángel Aguilar empezara en 2007, en Barcelona, con una sección especializada. Tenemos de los mejores sistemas legislativos penales de todo el mundo y eso es gracias a Gobiernos de distinto signo que han ido desarrollando y
consolidando una muy buena legislación; hay una red de fiscales especializados y hay, además, una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio para sensibilizar y formar a policías. Todos estos ejemplos se intentan replicar en otros
países, incluso a nivel supranacional, y creo que tendríamos que sentirnos orgullosos de ellos.


Pero si España es pionera en la lucha contra los delitos de odio, vamos con retraso en la implantación de un marco normativo integral y también de un organismo de igualdad de trato y de promoción, tal y como exige la normativa internacional.
Ya se lo dijo a España la CERD en 2016 y se lo ha dicho también la ECRI, del Consejo de Europa, en la Recomendación 22 en 2018. No obstante, haciendo de la necesidad virtud, yo creo que esta tardanza presenta ciertas ventajas. Podemos aprender de
los ejemplos tanto de

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otros países como, incluso, de organismos que ya existen a nivel autonómico para replicar las mejores prácticas y comprobar o conocer mejor la realidad de cómo funciona este tipo de organismos. Además, el año pasado se promulgaron las
directivas 2024/1499 y 2024/1500, que se refieren precisamente a los organismos y se hacen eco de las desigualdades con las que se han ido implementando en los distintos países de la Unión Europea tanto en cuanto a su mandato como en cuanto a su
estructura y funcionamiento, y establecen una serie de guías e indicadores para valorar cómo tienen que funcionar, de acuerdo con recursos suficientes, con independencia y con competencias.


Es, en definitiva, una oportunidad idónea para diseñar la autoridad con esa guía o para que, con excelencia, responda a esas exigencias. La autoridad independiente también tiene que garantizar la prestación independiente de servicios
especializados de asistencia y orientación a las personas que hayan sufrido discriminación, recibiendo y tramitando las quejas, reclamaciones y denuncias. Este servicio lo ha venido desarrollando el CEDRE a lo largo de estos años, me consta que con
excelente desempeño y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, pero solamente en relación con dos circunstancias de discriminación: el origen racial y étnico. Teniendo en cuenta que la ley prevé ahora catorce y, además, en una
lista que es numerus apertus y que la autoridad independiente se configuraría como una autoridad administrativa, lógicamente, habría que contar con técnicos de la Administración, pero, por supuesto, sin perder de vista la imprescindible colaboración
con personas expertas de la sociedad civil organizada no solamente porque lo exige así el artículo 43 de la ley, sino porque, además, pueden aportar los recursos derivados de sus conocimientos, herramientas y contactos adquiridos en el ejercicio de
esa actividad. Por tanto, serían de gran utilidad para hacer más accesibles y más operativas esas oficinas que, lógicamente, tendrían que tener presencia física para que esa labor de asistencia y apoyo fuera más eficaz.


La ley prevé igualmente que la autoridad independiente se constituya en órgano de mediación y de conciliación, de resolución amistosa de controversias. Yo soy muy defensora de estos mecanismos amistosos de solución de conflictos. Entiendo
que son efectivos, que son ágiles, que permiten que la víctima se sienta reparada y también que el perpetrador tome conciencia del error cometido -si efectivamente se acredita que lo hay- y también pueda corregir su conducta. En esta línea, la
previsión de la ley de que la autoridad independiente se pueda personar en acciones judiciales, que es importante y que habría que ejercer con seriedad, en mi opinión se haría de forma limitada o de forma residual para aquellos casos, de acuerdo con
un enfoque de litigación estratégica, en los que, por la gravedad del asunto o porque afecta intereses generales, se entienda que es importante para ayudar también a consolidar una jurisprudencia en materia de derecho antidiscriminatorio.


La ley integral, como venía diciendo, tiene un ámbito extraordinariamente amplio, tanto en lo subjetivo, con esas causas posibles de discriminación, como en cuanto a que pretende aplicarse a todos los ámbitos de la vida social, cultural,
política y económica del país. Al tiempo, coexiste con una profusa legislación sectorial y territorial que, por tanto, sería necesario ordenar y sistematizar de forma idónea para que pueda ser accesible. Por tanto, mi visión no supondría en ningún
caso ni la invasión ni la injerencia en competencias ajenas; bien al contrario, había que poner en valor todo lo que las distintas Administraciones han creado, buscando fórmulas de colaboración, evitando redundancias o solapamientos y con vistas a
procurar una respuesta operativa y coordinada a las demandas sociales. En la misma línea, esas funciones que la ley encomienda a la autoridad de elaboración de dictámenes, de recomendaciones, de informes, pero también de estudios, encuestas o
estadísticas, en ese doble enfoque de ayudar a las víctimas como órgano de asesoramiento a las víctimas y también como órgano de sensibilización y promoción de la igualdad de trato, este enfoque colaborativo entiendo que sería muy eficaz para
aprovechar los recursos existentes y utilizar o unificar tanto los datos que nos puede dar el Instituto Nacional de Estadística como los distintos observatorios que ya vienen funcionando en nuestro país.


Para que este papel de referente, de repositorio del derecho y resoluciones de interés, de órgano consultivo y de asesoramiento y de asistencia a las víctimas sea plenamente eficaz, creo que la autoridad independiente debería contar con vías
de comunicación digital de calidad que pudieran hacer accesible la información a todos los agentes interesados y especialmente a las víctimas. Si la autoridad quiere ser realmente útil y aspiramos a la plena eficacia de los mandatos de la ley,
tiene que contar con una presencia relevante en los principales canales digitales que le permita conectarse con su público objetivo y disponer al menos de un portal web de referencia fácilmente navegable, accesible, bien posicionado en los
buscadores, que la configure como la puerta de entrada para cualquier persona o entidad que se plantea una cuestión en relación con la discriminación en España. De la misma forma, también sería preciso la realización de campañas de sensibilización
y de comunicación en redes sociales. Para el desarrollo de

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todas estas misiones, entiendo que es imprescindible que la autoridad independiente cuente con un equipo solvente, multidisciplinar y experto en las distintas áreas, que tenga un alto nivel técnico y que deberá ser seleccionado con arreglo a
procedimientos transparentes y objetivos que garanticen, además, la auténtica independencia e imparcialidad de todos los miembros del equipo, con especial atención a la diversidad y a la aportación de la sociedad civil.


Entiendo que el Estado tiene recursos finitos y que tiene que atender las necesidades de los ciudadanos, las previsibles y las imprevistas, que son prácticamente infinitas, sobre todo en un Estado que pretenda ser social. Por eso, de la
misma forma que, de ser elegida presidenta de la autoridad independiente, reclamaría la dotación de medios materiales y personales suficientes para que pueda responder de forma eficaz, de forma plena, dignamente, a esas exigencias o esas misiones
que le confiere la ley, también me comprometería a tratar de que en ese trabajo se responda a principios de eficiencia y de eficacia, teniendo como finalidad la consecución real de esos fines, priorizando soluciones ágiles, funcionales y prácticas.


En línea con este propósito, tampoco entendería un diseño de la autoridad independiente sin la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación de su gestión, tanto a nivel interno, para que de la forma más veloz posible
se pudieran ir corrigiendo las disfunciones que vayan apareciendo y que se pueda ir adaptando a las necesidades que se planteen, como, sobre todo, a nivel externo, no solo de conformidad con lo que prevé la propia ley de responsabilidad
institucional, sino también de una forma que sea permeable a los inputs de todos los agentes involucrados y que no pierda de vista la consecución de esos fines y la necesaria responsabilidad de cumplir con estos al servicio de la sociedad.


Con eso termino mi comparecencia y quedo, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que me quieran plantear.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña María Teresa Verdugo Moreno.


A continuación, tienen la palabra los y las portavoces de los grupos parlamentarios, como ya les he anunciado anteriormente, de menor a mayor, por un tiempo de ocho minutos.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Solamente quería agradecer a la señora Verdugo su intervención y decirle que, en caso de que sea elegida, tenga la suerte que necesita en ese puesto y ejerza la función, tal y como ella ha indicado -y como no dudo que lo hará-, con la mayor
independencia posible y la mayor profesionalidad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra... (La señora Vallugera Balañà pide la palabra). ¡Ah, perdón! Havíem entès que no volies prendre la paraula.


Pel Grup Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Vallugera.


Habíamos entendido que no querías tomar la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Vallugera.


La señora VALLUGERA BALAÑÀ: Gràcies, presidenta.


Hi ha servei de traducció, oi? Sí? Moltes gràcies.


Doncs, ara quan funcioni... no, no, tranquil·la.


Gracias, presidenta.


Hay servicio de traducción, ¿verdad? (Asentimiento). Sí, muy bien, muchas gracias.


Tranquila, no hay problema. (Se dirige a la señora Verdugo Moreno, candidata propuesta por el Gobierno a la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que está colocándose los auriculares
para escuchar la interpretación al castellano).


¿No funciona bien? Si no funciona, me adapto.


Visto que lo pide la candidata propuesta, no tengo ningún problema en esta sede en hablar en castellano en este momento.


En primer lugar, felicidades por haber sido propuesta. En segundo lugar, su currículum nos parece bastante interesante. En tercer lugar, usted sabrá responder algunas preguntas sobre el desempeño de su futuro trabajo, en caso de superar la
votación de hoy.

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La primera: ¿qué requerimientos cree usted que debe tener esta autoridad independiente para ser efectivamente independiente? ¿Y le han garantizado que dispondrá de todos los medios materiales, humanos y recursos a su disposición para
ejercer este trabajo con plena independencia y sin sujeción a ninguna instrucción política del Gobierno de turno?


La segunda. Usted sabe que en la configuración de los delitos de odio ha habido bastantes discusiones doctrinales respecto de qué grupos pueden ser o no objeto de esos delitos de odio. Perdone, yo soy de Esquerra Republicana de Catalunya,
por tanto, rápidamente comprenderá mi posicionamiento en esta cuestión. Visto que usted ha recibido las medallas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, yo he empezado a temblar un poco, y quisiera preguntarle si usted cree que las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado pueden ser receptoras de delitos de odio. Porque desde la configuración que entiendo que los delitos de odio tenían en el planteamiento del legislador y, de hecho, del sentido común, difícilmente lo pueden ser; y,
en cambio, hemos visto casos en los que se ha sostenido que ha habido un delito de odio contra ellas.


Por otro lado, usted, que conoce bien el mundo de la discriminación, entiendo que debe hacer un análisis interseccional de las diferentes discriminaciones y de los distintos motivos de odio que pueden sufrir determinados colectivos y
determinadas personas. Entonces, querría preguntarle si ustedes incorporan, en su manera de ver esa legislación, la aporofobia entre una de las condiciones que hacen especialmente vulnerable un colectivo de personas, cuando, además, se incardina en
términos como discapacidad, raza, origen y nacionalidad.


Y, finalmente, quería preguntarle si usted cree que algunos de los grupos minoritarios en el Estado español, como catalanes y vascos, pueden ser objeto de delitos de odio. No sujeto porque no lo realizan, sino objeto porque son los
destinatarios. Es decir, en otros términos, ¿usted cree que podría hablarse de catalanofobia en términos del sentir general de la población del Estado o en algunos sitios concretos de este Estado? ¿Podría verse eso, por ejemplo, en determinados
partidos de fútbol, en determinadas competiciones deportivas? Y, vistas las caras de mis compañeros cuando hago este tipo de declaraciones, quisiera preguntarle si usted también trabajará para que determinados bulos desaparezcan del imaginario o
del relato de determinados partidos, haciendo algún tipo de advertimiento o de advertencia sobre ellos; por ejemplo, lo que se ha establecido como relato común a varios partidos, y es que existe la exclusión del español en Cataluña, cuando es el
idioma más utilizado y presente en todas partes. En todo caso, lo que hay es la exclusión del catalán.


Esas son las preguntas que quería realizar, teniendo en cuenta el difícil papel que va a jugar en este Estado y en este momento.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies.


Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Gil de Reboleño.


La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Buenos días, señora Verdugo. Lo primero, enhorabuena por el cargo que asume y la responsabilidad que ello conlleva.


Hoy es un día importante. Hoy damos un paso adelante para continuar con nuestra lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato real en nuestra sociedad. Fíjese qué curioso que hace cuarenta y siete años aprobamos nuestra
Constitución y en ella recogimos el derecho a ser todas y todos iguales y a no sufrir discriminación por ningún motivo. Sin embargo, basta darse un paseo por la calle o atender a nuestros medios de comunicación para comprobar que eso está muy lejos
de suceder. Su presencia hoy aquí, señora Verdugo, es precisamente una prueba de ello. Ya han pasado cuarenta y siete años desde aquel acuerdo esperanzador. Entenderán ustedes que durante estas cinco décadas muchas personas, especialmente
aquellas que han sufrido violencia, discriminación, pobreza o exclusión por el simple hecho de ser diferentes, hayan perdido la confianza en que una frase escrita pueda mejorar sus vidas.


Nos jactamos de que España es un país solidario, de acogida, de respeto, de valores, y creo que lo es, pero hay un discurso sobrevolando, muy peligroso, basado en el individualismo y en el sálvese quien pueda, y eso está transformando
rápidamente nuestras costumbres y convirtiendo a España en un lugar hostil para el diferente. Por suerte, algunas personas no nos rendimos, y el Gobierno de coalición consideró en la pasada legislatura la aprobación de una Autoridad Independiente
para la Igualdad de Trato

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y la No Discriminación, que pudiera hacerse cargo y responsabilizarse exclusivamente de este problema, el cual, por desgracia, lejos de disminuir, aumenta cada día.


Y, por fin, aquí está usted. La esperábamos como agua de mayo. Para nosotras, en SUMAR, su presencia en esta comisión hoy significa muchas cosas, si bien principalmente una muy importante, y es que los derechos recogidos en la ley y la
Constitución tienen que traducirse en hechos, de una vez por todas. Como vulgarmente se dice, el papel lo aguanta todo, y ha llegado la hora de que esto cambie de forma drástica. En SUMAR valoramos positivamente su candidatura, señora Verdugo.
Conocemos su trayectoria, su experiencia en la administración pública y su compromiso con los derechos fundamentales. Confiamos en que sabrá construir una institución útil y práctica, con criterio propio y sensibilidad democrática, que no se pierda
en la burocracia y contribuya a lograr transformaciones reales. Por eso apoyaremos su nombramiento, con la expectativa de que su presencia esté a la altura del momento que vivimos. Tiene usted un trabajo difícil por delante, pero, si lo afronta
con determinación, puede contar con todo nuestro apoyo.


Ahora bien -conviene decirlo con claridad-, lo que está en juego no es solo el nombramiento, sino el futuro de una institución que debe ser eficaz, autónoma y respetada. Esto exige compromiso político, medios suficientes y, sobre todo, una
mirada amplia sobre las distintas formas de discriminación que persisten en nuestra sociedad. Y quiero detenerme aquí un momento, porque esta comisión está siendo también escenario de otra iniciativa importante, la subcomisión para abordar los
discursos de odio. No sé si ha podido seguir usted los debates que llevamos hechos desde hace ya casi seis meses, y, si no ha podido hacerlo, le recomiendo, de verdad, que entre en la web de Congreso y pueda ver los vídeos disponibles, porque
durante todo este tiempo hemos escuchado en sesiones muy intensas a personas y colectivos que han venido a contarnos lo que supone vivir día tras día bajo la amenaza del desprecio, la violencia o la exclusión simplemente por ser diferente. Hemos
escuchado a personas racializadas, a personas LGTBIQA+, a personas con discapacidad, a activistas que han sufrido acoso y amenazas por defender derechos básicos, y en todos los casos hay un mismo hilo conductor: la desprotección, el silencio
institucional, la sensación de que nadie reacciona, de que denunciar no sirve de nada, de que el odio se tolera si no se hace demasiado ruido. Y esto tiene que cambiar, porque detrás de cada testimonio hay una historia de dolor, pero también una
exigencia democrática. No basta con expresar solidaridad, con condenar; hace falta actuar, y actuar de manera contundente, y para eso la existencia de una autoridad como la que hoy estamos eligiendo resulta fundamental.


Pero también queremos ser claras en algo más, y es que no podemos reducir el concepto de discriminación solo a las formas más conocidas de estos delitos de odio o a las más mediáticas. Hay violencias invisibilizadas que también merecen
atención y respuestas. Me refiero a la gordofobia, por poner un ejemplo, que transversalmente afecta a miles de personas y que en muchas ocasiones ni siquiera es reconocida como discriminación, o a la que sucede por edad, que puede condicionar
gravemente el acceso al empleo, a la vivienda o a servicios básicos, especialmente en el caso de personas mayores o jóvenes emancipados sin red, lo que también está generando una epidemia de soledad que institucionalmente todavía no hemos empezado a
afrontar. También hay muchas discriminaciones por origen territorial, por situación administrativa, por vivir en la calle, por haber pasado por una institución de salud mental, y tenemos que abordar todas y cada una de ellas. No podemos construir
una autoridad eficaz si no somos capaces de mirar hacia todas esas realidades de frente y con valentía. Queremos una institución que no hable solo desde los despachos, sino que escuche la verdad, la que está en la calle, que se comunique con la
sociedad civil y con tantas organizaciones que hacen un trabajo espectacular y son las que han ido dándonos esperanzas durante estos últimos años; una autoridad que esté cerca de quienes no encuentran una puerta a la que llamar cuando se vulneran
sus derechos, que trabaje desde la prevención pero también desde la sanción cuando sea necesario, que actúe con justicia pero también con ternura y humanidad.


Para que esto ocurra, señora Verdugo, necesitará algo fundamental, que no podemos pasar por alto, y es que se cuente -esperamos que lo defienda con firmeza- con recursos suficientes, es decir, con personal, estructura y presupuesto.
Nosotras vamos a pelear por ello, pero también necesitamos el apoyo de todos los grupos aquí presentes. Por eso quiero aprovechar este momento para lanzar un llamamiento, porque España necesita aprobar unos presupuestos generales del Estado cuanto
antes. Nos urge contar con cuentas públicas que permitan a esta y otras figuras cumplir con su mandato legal. En muchas ocasiones España ha sido un país que ha marcado el paso en Europa, y en este caso no podemos pasar por alto que esperamos de
toda su infraestructura y su persona que actúe con firmeza. Necesitamos todos

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estos recursos porque debemos seguir siendo un faro también en tiempos difíciles, ya que, cuando las instituciones responden, la democracia se fortalece.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gil de Reboleño.


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer.


La señora DE MEER MÉNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora compareciente.


Estamos aquí para valorar su idoneidad para este cargo en la Autoridad Independiente de Igualdad y No Discriminación. Ha sido usted propuesta por el Consejo de Ministros para prevenir y combatir la discriminación en todas sus formas, y a
nosotros nos surge una duda fundamental, porque, si verdaderamente es real su compromiso con la igualdad y la no discriminación y una de sus funciones va a ser la de promover cambios legislativos, querríamos saber si usted estaría dispuesta a
promover uno de los cambios legislativos que resultan básicos en nuestro país precisamente para acabar con una discriminación fundamental, la relativa a la derogación de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
una ley infame, que atenta contra las garantías procesales de la mitad de la población, los hombres, exclusivamente por el hecho de haber nacido varones. Por eso, nosotros nos sentimos bastante inquietos por lo que se refiere a conocer cuál es su
compromiso real respecto a esta ley, que tanto preocupa a muchísimas personas en nuestro país. Es una ley que adolece de asimetría penal por razón de sexo. Tiene algunas figuras delictivas que son penadas con sanciones más graves cuando el delito
es cometido por un varón y pensamos que esta es una forma de discriminación bastante evidente, razón por la que -insisto- creo que muchas personas en nuestro país quieren conocer la opinión de la Autoridad Independiente para la No Discriminación.
Si verdaderamente usted va a ser una autoridad independiente, insisto en que creo que merecen conocer su opinión y su propuesta en referencia a este eventual cambio legislativo.


En segundo lugar, además es una ley que atenta contra la presunción de inocencia de los varones y pisotea garantías procesales elementales, como es el caso de la inversión de la carga de la prueba o la presunción de la veracidad del
testimonio de la víctima; en principio, presunción de inocencia protegida por nuestra Constitución, en su artículo 24.2.


También nos preocupa muchísimo la constitución de los juzgados de violencia sobre la mujer, que lo son exclusivamente para hombres, y eso tiene un nombre, es decir, son tribunales de excepción, que, además, están taxativamente prohibidos por
nuestra Constitución, en su artículo 117.6. Están prohibidos expresamente los tribunales de excepción, y creo que todo el mundo sabe lo que suponen, y, sin embargo, en nuestro país existen desde hace exactamente veintiún años gracias a esta Ley
1/2004, que -insisto-, por el bien de la igualdad real en nuestro país, nosotros abogamos por que sea derogada lo antes posible.


Por último, respecto a otra duda que quiere plantearle mi grupo parlamentario, querríamos conocer cuál va a ser la asignación presupuestaria para esta autoridad independiente, si es que usted puede facilitar esa información para que la
puedan conocer los españoles.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señora Verdugo.


En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a esta Comisión de Igualdad. Para mi grupo parlamentario es un honor que esté hoy aquí no solo por su evidente cualificación y valía profesional, sino también porque ello significa la
consecución de uno de los hitos más importantes que nos dimos la mayoría parlamentaria en la pasada legislatura con esta ley, que rubricaron todos los grupos, pero impulsó el Grupo Parlamentario Socialista, y, además, contiene objetivos muy
ambiciosos en esta materia.


Se trata de una ley que acoge como punto de partida los artículos 10 y 14 de la Constitución española y busca aportar una visión omnicomprensiva de la discriminación. Además, actúa como aglutinadora del corpus del derecho
antidiscriminatorio de nuestro país y pretende ser garantista con la protección frente a este fenómeno, porque no podemos conformarnos con identificarlo, sino que tenemos que proteger y amparar a las víctimas. Y lo hace así, además, siguiendo la
estela de toda la normativa nacional e

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internacional que ya ha caminado en este sentido. Desde mi punto de vista, cabe destacar el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enmarcados, como usted sabe, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948; además, ambos pactos se entroncan con otros acuerdos en materia de tolerancia y discriminación racial o discapacidad, entre otras muchas formas de
discriminación existentes. Igualmente, esta ley nació a consecuencia también del informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, publicado en 2010, en una de cuyas recomendaciones se insta a España a aprobar legislación general
en materia de discriminación. Y, a mayor abundamiento, este marco se ha visto reforzado por dos directivas relativas a estándares mínimos de los organismos en materia de igualdad. Ambas exigen a los Estados que adopten medidas específicas y
concretas para garantizar la independencia de los organismos de igualdad y asegurar su eficacia en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad.


En fin, podría continuar, pero creo que usted ya ha hecho buena referencia al marco legislativo y se ha explicado suficientemente como candidata a la autoridad independiente en este sentido. Por tanto, dicho todo lo anterior, me remito al
artículo 40 de la ley que apuesta por la creación de esta autoridad independiente, dedicada a proteger y a promover la igualdad de trato y la no discriminación tanto en el sector público como en el privado. Entre sus funciones se encuentran la
asesoría, la mediación, la investigación de posibles casos de discriminación, la iniciativa judicial, la emisión de dictámenes y la colaboración con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para estos asuntos, todas ellas recogidas en su artículo 14.
Este organismo nació con la vocación de aglutinar consenso con el objetivo de trabajar para toda la ciudadanía en colaboración con todas las instituciones del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad, operadores jurídicos y, por supuesto, de forma
especialmente remarcable, con la sociedad civil. Además, se trata de una institución de derecho público, que debe actuar, como bien ha dicho la candidata, con independencia y autonomía.


Expuesto esto y tras examinar con detenimiento su currículum, señora Verdugo, desde mi grupo afirmamos que usted es una candidata más que preparada y ajustada a la exigencia del cargo para el que hoy se nos presenta. Su condición de fiscal
y la profesionalidad que se trasluce de su discurso, en mi opinión, garantizan completamente su independencia, y los conocimientos que ha expuesto aquí atestiguan que va a ser usted una autoridad que trabajará desde la total autonomía. Me resulta
especialmente interesante su abultada carrera en el ámbito de la no discriminación, especialmente en su vis más internacional, también en relación con toda la normativa a la que me he referido previamente. En mi opinión, destaca su paso por el
grupo de trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, formado por los veintisiete países, para alentar la denuncia y mejorar el registro estadístico de los delitos de odio. Asimismo, me parece especialmente relevante su
papel como coordinadora del subgrupo relativo a la cooperación entre agencias para mejorar las sinergias entre los operadores jurídicos, las fuerzas policiales, los organismos administrativos y la sociedad civil. Y también me parece especialmente
relevante para el puesto que aspira a ocupar su calidad de miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, en el que se examinan nada menos que políticas y legislaciones de todos los países miembros. Además,
considero especialmente interesante su vis como docente, la cual ha explicado, y se ha detenido mucho en ello. En este sentido, me ha gustado mucho eso que ha comentado sobre que ha podido superar incluso sus propios prejuicios, porque, desde
luego, eso demuestra una humildad en la aproximación a la materia que no solo es necesaria, sino que -insisto- vuelve a demostrar su profesionalidad y seriedad.


Señorías, debo decirles que, desde nuestro punto de vista, no existe ningún motivo objetivo, si nos atenemos a criterios estrictamente técnicos, para oponerse a la elección de la señora Verdugo como autoridad independiente. No creo que en
este país haya muchos más perfiles como el suyo para ostentar este puesto y creo que quienes se opongan tendrán muy complicado explicar por qué lo hacen. Consideramos que está usted muy a la altura y tendrá la confianza de mi grupo parlamentario.
El derecho antidiscriminatorio resulta fundamental para seguir ahondando en una sociedad democrática, igualitaria y que garantice el bienestar de toda la ciudadanía. Y, de igual modo, la institución que usted aspira a representar es indispensable
para el correcto cumplimiento de la ley que la contiene. Además, así nos lo demandan distintos colectivos dedicados a esta cuestión. Diseñamos esta institución como un revulsivo para seguir avanzando en esta dirección y por ello también somos
exigentes. Esperamos de usted solvencia y mucho trabajo, y no dudamos de que así será.


Gracias, señora Verdugo.


Gracias, presidenta. (Aplausos).

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De los Santos.


El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, presidenta.


Como en mi grupo ya habíamos leído su currículum y también conocemos la ley, aunque agradecemos que nos hayan vuelto a repetir cuestiones que nos habíamos estudiado, entiendo que aquí estamos para hablar de política y creo que es justo dar
respuesta a la portavoz del Grupo Socialista y empezar explicando por qué vamos a votar en contra. Y no votamos que no a la señora Verdugo, sino a un organismo respecto del que no compartimos ni su naturaleza ni la ley que lo sostiene.


Y le diría más, señora Verdugo, usted es una anomalía en este Gobierno, y le voy a decir por qué, porque su currículum, efectivamente, se corresponde a las necesidades de un puesto que debería haber sido creado con consenso, como fue lo que
aupó en 2004 a aquella ley que ha hecho que a las mujeres se les reconozca una problemática que sí tienen por el simple hecho de ser mujeres, que es la violencia machista. Pero, como desde que llegó el señor Pedro Sánchez al Gobierno de España lo
de los consensos es anatema -le recuerdo lo del muro-, estamos en una comisión en la que, insisto, no estamos la juzgando a usted -repito, su currículum responde a las expectativas-, sino a un organismo que está trufado de irresponsabilidades. Y le
podría hablar, por ejemplo, de esa inversión de la carga de la prueba, que, en cualquier caso, resta garantías en un Estado de derecho, porque, después de escuchar -entiéndame- a la vicepresidenta primera decir, exactamente -qué vergüenza que en
este país se diga-, que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes que deciden denunciar, mi grupo no puede bendecir, bajo ningún concepto, un organismo respecto del que ya en su ley se habla una vez más de la
inversión de la carga de la prueba. Supongo que usted, como fiscal, al igual que todas las asociaciones de fiscales y jueces, estaría totalmente en contra de aquellas declaraciones de la vicepresidenta primera. Y también entiendo que usted tendrá
sus problemas con el artículo 46. 4, que ponen en tela de juicio la separación de poderes o, incluso, el principio de las causas juzgadas.


¿Qué ocurre? Que esta ley iba a llamarse la ley Zerolo, pero llegó Irene Montero y la hizo suya, y, por más que desde el Gobierno se pretenda deslizar que leyes tan nefastas como la del sí es sí o esta que hoy nos trae a esta comisión
fueron responsabilidad única de la señora Montero, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, presidido por don Pedro Sánchez, y, por tanto, todas estas barbaridades tienen el sello de todos los partidos que llevan a cabo la labor ejecutiva. Y
digo esto porque la Ley 15/2022, que, efectivamente, llega tres años tarde, está llena de sombras, que, desde el punto de vista de mi grupo, ponen en tela de juicio el Estado de derecho. Fueron sesenta y tres las enmiendas que presentó mi compañera
Patricia Rodríguez a esta ley, y no se atendió ni a una sola, y por eso mi grupo va a votar en contra.


Y le decía que usted es una anomalía, y espero que me entienda, porque hace menos de un mes en esta misma casa, para nada más y nada menos que nombrar nuevos puestos en el Consejo de Seguridad Nuclear, no solamente se trajo a una candidata
que nada sabe de energía nuclear y que su último puesto de relumbrón fue ser consejera de Igualdad en Extremadura, sino que quien pretendía defender su candidatura, como hoy lo ha hecho muy bien mi compañera del Grupo Socialista respecto a la suya,
dijo lo siguiente -lo digo para que usted se piense dónde se está metiendo-: 'Tener demasiados conocimientos es contraproducente'. Y esto se dijo cuando lo que se pretendía era mejorar el Consejo de Seguridad Nuclear. Visto lo visto -y me refiero
al apagón de hace ocho días-, quizá habría que tener un poco en cuenta la necesidad de que en cada puesto haya personas responsables y conocedoras en profundidad de las cuestiones a las que se van a enfrentar. Y no voy a hablar de si Beatriz
Corredor sabe mucho o poco sobre energía, porque vuelvo a mirar a quien tiene la responsabilidad última, que es el Gobierno de España, que es el que diseña la estrategia energética; o si el maestro Ábalos estaba capacitado para ser ministro de
Transportes, que, visto lo visto, presuntamente se lo llevó crudo y lo que hizo, desatendiendo una vez más a los currículums de las candidatas, fue colocar en puestos de responsabilidad en empresas públicas a mujeres que, desgraciadamente, todo
apunta a que eran prostituidas y, por tanto, víctimas de un delito de odio, que espero que usted, en sus responsabilidades, sean cuales sean, denuncie y quiera poner coto.


¿Hay discriminación cuando un ministro del Gobierno de España se atreve a decir -y también abro comillas- que una instrucción -que, por cierto, sigue en curso- es miserable, burda y una nulidad de cabo a rabo? Esto lo ha dicho el señor
Puente respecto a la instrucción que el juez Peinado lleva en estos momentos. Y esto nos coloca en la situación de que el partido principal de la oposición reclame

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responsabilidad al Gobierno, a los cargos que ocupan cada una de las carteras, y, de ahí, a todas las empresas públicas y demás dependencias, y a usted incluso una reflexión -insisto- acerca de en donde se está metiendo, porque, claro, la
independencia es algo que, por supuesto, yo le presupongo a usted. Pero ¿es consciente de que, con el Gobierno de España, en tanto en cuanto lo lidera Pedro Sánchez, la independencia se ha convertido en una absoluta -y digo absoluta- realidad que
nadie encuentra? Lo digo porque las utopías están muy bien. De hecho, de la utopía surge incluso la defensa de los derechos individuales, su trabajo, el acabar con los delitos de odio. Pero, si pensamos, por ejemplo, en el fiscal general del
Estado o -se me ocurre- en los secretarios generales de las diferentes federaciones autonómicas que son ministros y que lo que demuestran es que no hay ninguna independencia, como a la hora de incluso nombrar al hermano del presidente del Gobierno
en un cargo público, haciendo una vez más uso de todo menos de la independencia, me pregunto si usted está segura de que quiere formar parte de este conglomerado. ¿Usted está segura de que a su currículum brillante quiere sumar una línea más, y es
formar parte de este colectivo de personas muy mejorables en lo ejecutivo y, desde mi perspectiva, en lo ético, que es lo que nos tendría que llevar a todos a querer hacer de la política nuestra vida, porque, en definitiva, la política es intentar
mejorar la vida de todos, y no dividir a españoles de un lado y de otro para, construyendo muros, intentar cazar algún voto? En esta ley, por ejemplo, no se habla de antisemitismo. ¿Usted cree que esto es un delito de odio? ¿Usted cree que hay
discriminación cuando se señala a un colectivo que, por su fe o lugar de nacimiento, padece verdaderos delitos, en contra incluso de su vida? ¿O respecto a las familias que reclaman que sus hijos puedan estudiar en castellano en el porcentaje que
marca el Tribunal Supremo y también la Constitución?


Dicho todo esto, creo que he sido muy claro en todos los porqués del no del Grupo Parlamentario Popular, insisto, no a usted, sino a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que, ojalá, como esa ley de 2004 o
el pacto de Estado que hace nada se ha reeditado, hubiera surgido del consenso, el diálogo y el respeto, porque usted ya es un ejemplo de cómo hacer respetar. Pero quién mejor que usted para explicarnos cómo hay que respetar la ley y también
hacérsela respetar a los españoles y a las españolas. Y, a ese respecto, el Gobierno de España tiene mucho mucho que aprender.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De los Santos.


Después del turno de palabra de los y las portavoces, para concluir esta comparecencia tiene la palabra la señora Verdugo Moreno para contestar a los y las portavoces de los grupos parlamentarios.


La señora VERDUGO MORENO (candidata propuesta por el Gobierno a la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación): Con la venia, señora presidente.


Muchas gracias a todos. La verdad es que han sido muy amables y muy generosos. También han mostrado cierta compasión con la posición de la compareciente, que está en un foro que no es el suyo, así que de verdad que les agradezco la
educación y la generosidad.


En cuanto al señor Agirretxea, le doy las gracias por sus palabras. No sé si saldré elegida. Si lo soy, intentaré, como usted ha demandado, trabajar con independencia y profesionalidad.


Es una pena que la señora Vallugera haya tenido que marcharse, aunque entiendo que lo podrá ver, porque ha planteado cuestiones muy interesantes, así como alguna que además es transversal, porque se ha planteado por varios grupos, la que se
refiere a si la autoridad será efectivamente independiente. Comprendan ustedes, y aquí voy a ser totalmente honesta, que mi posición es un poco complicada precisamente porque nunca he estado en política y ni siquiera estoy asociada. La persona que
me llamó del Ministerio de Igualdad tuvo que pedir mi teléfono porque no me conocía, o sea que, efectivamente, se buscó un perfil profesional. Y, precisamente porque no solo hay que serlo, sino también parecerlo, y para salvaguardar esa
independencia -entendía que ese cero o prácticamente nulo contacto con el ministerio era también necesario-, yo he hecho muy pocas preguntas o he planteado muy pocas cuestiones; o, por lo menos, las conversaciones que he tenido, lógicamente, no han
podido ser de fondo, ya que la situación a día de hoy es un poco difícil. Como ustedes saben, el diseño institucional prevé que el estatuto, la estructura y la organización de la autoridad independiente se hagan a posteriori del nombramiento y,
precisamente que, por ser independiente, no dependa del Gobierno ni, por tanto, del ministerio. Por eso, cuando se me presentó la posibilidad, me planteé cuestiones de orden práctico y si va a haber suficiente presupuesto para trabajar, y ya he
dicho que, por supuesto, lo demandaré porque hace falta, pero también

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que sería responsable con la ejecución de ese presupuesto. Lo han planteado todos; tienen muchas misiones, muy ambiciosas, y faltan medios, pero no puedo decir que conozca el detalle del presupuesto ni su configuración porque no lo sé,
porque, como digo, no he estado en ningún tipo de conversación ni de reunión ni de planificación, ya que a día de hoy solo soy candidata y, de verdad, auténticamente independiente en el fondo y en la forma.


Como decía, las preguntas de la señora Vallugera eran muy interesantes. Yo hablaría de delitos de odio horas y horas porque es un tema que me apasiona, pero, acerca de lo que ha planteado sobre si las personas que pertenecen a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado pueden ser víctimas de delitos de odio, hay que contestar tajantemente que no. Me plantean esa misma pregunta siempre los policías cuando doy talleres y seminarios. ¿Por qué? Me refiero a delitos de odio, no de
discriminación, y es así porque la lista tanto del artículo 22.4 del Código Penal, sobre el agravante de discriminación, como del artículo 510, para el delito de discurso de odio, es numerus clausus y la profesión no está dentro de esas categorías,
por lo que no lo pueden ser. Tienen otra protección distinta porque son sujetos pasivos del delito de atentado, porque son sujetos del delito de injurias a fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no tienen esa especial protección; luego, nunca pueden
ser víctimas de delitos de odio. Y lo ha dicho también el Tribunal de Derechos Humanos y la sentencia Savva Terentyev. Pero, como digo, eso no quita que no puedan ser puntualmente víctimas de discriminación.


En cuanto a esa pregunta que planteaba sobre si las personas por ser catalanas o por ser vascas podían ser víctimas, ahí hay que contestar en sentido afirmativo, porque la ley sí habla de origen nacional. La configuración de los delitos de
odio, y en general de la discriminación, parte de la base del respeto no tanto a la igualdad como un valor formal, que lógicamente debe respetarse, señora Vallugera... No sé si lo pronuncio bien, pero estaba atendiendo a su demanda.


La señora PRESIDENTA: Sí, sí, lo ha pronunciado bien.


La señora VERDUGO MORENO (candidata propuesta por el Gobierno a la Presidencia de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación): Le decía que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no
pueden ser víctimas de delitos de odio, la profesión no está incluida, pero sí lo pueden ser las personas que, por ser catalanas, por ser españolas o por ser vascas, sean maltratadas, porque no se trata solo de respetar la igualdad, sino también la
dignidad, como un derecho al libre desarrollo de la personalidad; es decir, que yo plenamente pueda manifestarme y vivir con arreglo a mi religión o a mi origen nacional o a mi etnia. Cuando se lesiona esa dignidad con insultos, con agresiones o
con amenazas basándose en el origen nacional, no me importa que seas Pepe o que seas Juan, sino que precisamente es el hecho de ser gitano o de ser gay o de ser catalán lo que lo motiva; por supuesto es posible, como digo, porque así lo prevé la
ley. Y en cuanto a la legislación, quitando la sentencia del caso Alsasua, que al final ha quedado, como sabe, corregida, entiendo que esa cuestión sí que está solucionada.


En cuanto a la señora Gil de Reboleño, quería señalar que he atendido con mucho interés a sus palabras. Efectivamente, España es un país solidario en respeto, en valores, pero es verdad que el problema de la lucha contra la discriminación
va en aumento. También tenemos la gran suerte de tener un país cada vez más diverso, lo que a su vez ocasiona una serie de tensiones. A mí también me gustaría, y así lo pretendo, que la autoridad sea auténticamente autónoma, como usted planteaba,
respetada y que tenga medios suficientes. Ya les decía que hoy en día no los conozco; lógicamente, si soy nombrada, como soy muy respetuosa de los trámites parlamentarios, porque lo soy de la ley, haré lo posible para que así sea, porque, además,
yo tengo la suerte de que vengo de una carrera profesional dilatada, que además me encanta, y no he dejado de pertenecer ni dejaría de pertenecer a ella.


En cuanto a lo que planteaba la señora De Meer, es cierto que la ley integral, tanto en el artículo 153 como en el 171 y el 172, como, si no recuerdo mal, en el agravante del 148, prevé, como bien ha manifestado, una asimetría. Yo tengo la
suerte de que en estos veintidós años he trabajado mucho, todos los meses veo víctimas de violencia de género, y creo que está justificada por la existencia de esa dominación histórica del hombre contra la mujer, que ha dado origen a un tipo de
violencia que no tiene su réplica en el sentido inverso, lo que no quiere decir que todas las mujeres, por serlo, sean seres de luz ni que todos los hombres sean malos, pero es verdad que esa dinámica y esa violencia, que es propia de nuestra
cultura y de muchas, sí que se ha manifestado de una forma especial y distinta y, por tanto, requiere un ataque especial y distinto. En cualquier caso, es una cuestión que ha

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sido ya resuelta por el Tribunal Constitucional, es una ley que fue votada por mayoría absoluta, como bien ponía de manifiesto el señor De los Santos, y hay un pacto de Estado, que también entiendo que goza de ese consenso de todas las
fuerzas, con lo que de todos los objetivos que se plantearía la autoridad independiente quizá no sería el prioritario. Ahora, le digo una cosa, y así enlazo también con el planteamiento del señor De los Santos en relación con la preocupación por el
tema de la inversión de la carga de la prueba. Porque decía usted, y yo ahí a lo mejor estoy equivocada, pero no me consta que sea así, y me preocuparía si lo fuera, que en esa ley ahora también hay una merma de las garantías procesales para el
hombre. No es cierto, no existe. Las reglas para la valoración del testimonio de la víctima, con independencia del género o del sexo de la víctima, son las que son en derecho penal. Lógicamente, cuando una víctima de un delito, el que sea, lo
refiere y lo hace de una forma consistente, coherente y persistente a lo largo de la instrucción, ese testimonio -sea hombre, sea mujer, le hayan robado el bolso o la hayan violado-, con arreglo a esas reglas, puede enervar la presunción de
inocencia, lo que es muy distinto que invertir la carga de la prueba. En derecho penal no existe esa inversión; se respeta el derecho a la presunción de inocencia y, si eso cambiara, mi opinión realmente no sería relevante, porque quien fuera
nombrada presidenta de la autoridad tendría que someterse a la ley. Pero ya le digo que, efectivamente, entiendo que sería contrario al derecho fundamental. No es el caso.


Contesto al señor De los Santos, ya que me da pena que no me vaya a votar, porque la verdad es que esas sesenta y tres enmiendas seguro que responden a un trabajo serio y seguro que son interesantes, y yo, como he dicho, por suerte o por
desgracia soy de verdad independiente y no tengo conexiones y tengo ilusión por el trabajo si efectivamente se me encomendara, aunque soy consciente del reto imposible que es. Ese reto, si no cuento con toda la ayuda posible, va a ser todavía más
complicado. Y, efectivamente, todo lo que se haya estudiado, analizado y ponderado seguro que es de interés. Al final, ya digo, ni he estado en política ni quiero estar y no me meto en ningún sitio, no me meto en el Gobierno, se supone que es una
autoridad independiente y, si no se consigue así, no seguiría en ese cargo, pero, si hay una ley que ya está acordada y es derecho aplicable y hay un organismo que debemos tener porque lo pide la Unión Europea, pues vamos a tenerlo y vamos a
intentar que se ajuste lo mejor posible a sus reclamaciones. Pero ya digo que yo no me meto en política ni me voy a meter, así que respeto su intención. Pero, en cuanto a la inversión de la carga de la prueba, es verdad que la ley integral
modifica el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, frente a esa norma que es la que rige siempre en derecho, que es que el actor que tenga su pretensión es el que tiene que probar los hechos que fundan la demanda o el demandado
reconviniente, establece una excepción cuando es derecho discriminatorio. Pero fíjese que esta norma de inversión, y ya termino -antes me faltó un minuto, lo voy a tomar ahora-, rige también tanto en derecho internacional, en Naciones Unidas está
totalmente incorporado, como incluso en derecho social, y en derecho laboral no he visto que nadie ponga pegas a que rija esa inversión (el señor De los Santos González: No es verdad), porque se entiende, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, que
esa prioridad que tiene el empresario respecto del trabajador o ese medio de control lo habilita. Lo que sí le digo para su tranquilidad, porque, si no, yo tampoco lo entendería como jurista que soy, es que para que funcione esa regla hay que
probar el hecho base. Yo tengo que probar el hecho discriminatorio con los medios de prueba que existen, y solamente cuando se prueba, cuando yo pruebo que, mire usted, por el mismo trabajo yo estoy cobrando 150 euros menos que mis compañeros
varones, y aquí tengo las nóminas, aquí tengo los turnos, aquí tengo toda la información, yo he agotado todas mis posibilidades de probar el hecho discriminatorio, entonces ya, lógicamente, será la otra persona la que tendrá que decir: No, mira,
esto es porque esas personas venían de otra empresa y les hemos reconocido la antigüedad, y por eso tienen ese plus, y aquí no ha pasado nada. (El señor De los Santos González: No es comparable. No es comparable). Por tanto, es una cuestión de
lógica que en la práctica jurídica no va a mermar los derechos de nadie, y en ningún caso el de presunción de inocencia, que, como digo, opera en el derecho penal, por lo que yo creo que, abordada siempre con respeto, no planteará mayores problemas
y servirá para la lucha contra la discriminación.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a usted.

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APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41.4 DE LA LEY 15/2022, DE 12 DE JULIO, INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente del Congreso
de los Diputados 276/000019 y número de expediente del Senado 729/000007).


La señora PRESIDENTA: A continuación, vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de nombramiento como presidenta de la autoridad independiente de la señora doña María Teresa Verdugo Moreno, a la que felicitamos y deseamos mucha suerte en su nueva tarea, que será la
suerte de todos y todas nosotras. Estamos convencidas de que, por el bien de la ciudadanía, va a desarrollar un papel fundamental. Muchas felicidades y enhorabuena. (Aplausos).


Muchas gracias, señorías.


Se levanta la sesión.


Eran la una y diez minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.