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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 315, de 06/05/2025
cve: DSCD-15-CO-315
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 315
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO LUCAS AYALA
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
6 de mayo de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los acuerdos para modificar sus estatutos por parte de las comunidades de vecinos relativos a la limitación del uso turístico de viviendas residenciales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/001790) ... (Página2)
- Relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos en el mundo rural y a la aprobación urgente del reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001799) ... (Página6)
- Para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001863) ... (Página6)
- Para garantizar la independencia del Poder Judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000816) ... (Página10)
- Por la que se insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la criminología. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001864) ... (Página14)
- Sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001898) ... (Página16)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página19)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión para tramitar los puntos del orden del día consistentes en el debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley.
Hemos alterado el orden del debate por acuerdo de los diferentes portavoces. Por tanto, la proposición no de ley número 1 será la 2; la número 2, la 3; la número 3, la 4; la número 4, la 1, y la quinta y la sexta se quedan como están.
(El señor Ortega Smith-Molina pide la palabra). ¿Sí, señoría?
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Perdone, presidente, creo que hay un error. Lo que le habíamos explicado a la letrada era que los puntos 2, 3 y 4 fueran juntos, porque los defiende el diputado Carlos Flores, que se tiene que marchar a la
Comisión de Exteriores; 2, 3 y 4, en el orden que están, no que se cambiara. Y la 1, en todo caso, a continuación de la 4 o en el punto que se quiera poner. Pero el problema está en que en las proposiciones no de ley 2, 3 y 4 es el mismo diputado
el que va a intervenir.
El señor PRESIDENTE: Sí, en parte es lo que acabo de explicar. La número 2, es la primera; la número 3, la segunda; la número 4, la tercera.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Ah, perfecto.
El señor PRESIDENTE: La nueva segunda y tercera se van a debatir de forma acumulada, pero la primera, que es la segunda, se tiene que debatir por separado.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: O sea, para entendernos, la del Poder Judicial se debatiría después de la que actualmente figura en el orden del día como 4, que sería sobre los nacimientos; sería la nueva 4.
El señor PRESIDENTE: Quedaría, en primer lugar, la proposición no de ley sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los acuerdos para modificar sus estatutos. Esa sería la primera.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Eso es, la primera.
El señor PRESIDENTE: La segunda, relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos, que se va a debatir de forma acumulada con la tercera, que es para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Perfecto.
¿Y la cuarta sería?
El señor PRESIDENTE: La cuarta sería para garantizar la independencia del Poder Judicial.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Ahora queda aclarado.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: De nada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LOS TRÁMITES PARA REGISTRAR LOS ACUERDOS PARA MODIFICAR SUS ESTATUTOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES DE VECINOS RELATIVOS A LA LIMITACIÓN DEL USO TURÍSTICO DE VIVIENDAS RESIDENCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/001790).
El señor PRESIDENTE: Procedemos con el debate de la primera proposición no de ley, sobre medidas para facilitar los trámites para registrar los acuerdos para modificar sus estatutos por parte de las comunidades de vecinos relativos a la
limitación del uso turístico de viviendas residenciales.
En primer lugar, interviene, para la defensa de su iniciativa, el portador del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, por un tiempo de cinco minutos. Tiene la palabra el señor Valero.
Cuando quiera.
El señor VALERO MORALES: Gracias, presidente.
Uno de los problemas más graves para la mayoría social de nuestro país, sin duda, es el acceso a la vivienda. Muchas ciudades están sufriendo hoy una auténtica crisis habitacional, con una situación dramática en particular para las familias
trabajadoras y para la juventud. Esto es así porque se ha puesto el negocio por delante de la vida de la gente. Los fondos de inversión ya controlan el mercado inmobiliario a través de BlackRock, y Blackstone, que es un fondo norteamericano, ya es
el principal casero en nuestro país. Por tanto, hay que hacer lo contrario, hay que anteponer los intereses de la mayoría social a esos beneficios de unos pocos y hay que recordar que el derecho a la vivienda es un derecho humano que también está
recogido en la Constitución española. Por eso estamos aquí, para hacer que los poderes públicos hagan efectivo ese derecho. También la falta de intervención de los gobiernos municipales y autonómicos, en manos de la derecha, para garantizar este
derecho a la vivienda es un auténtico colaboracionismo con la especulación. Nosotros y nosotras creemos que hay que intervenir en todos los frentes. La vulneración del derecho a la vivienda se ha agravado con esa proliferación descontrolada de
pisos turísticos que se extienden por pueblos y ciudades como una auténtica mancha de aceite. Las ciudades se han convertido en tableros del monopolio en los que unos pocos se van apoderando de las calles de la ciudad. Una plaga de pisos
turísticos que impone un modelo turístico e inmobiliario depredador, que destruye ciudades, identidades, culturas y formas de vida; se come recursos públicos y recursos naturales; acaba con nuestra forma de vida expulsando a la gente de sus
barrios, generando problemas de convivencia, convirtiendo los centros históricos en parques temáticos llenos de franquicias y de locales de comida rápida y, además, se come los salarios de la clase trabajadora, porque a más pisos turísticos, más
inflación y más aumento del precio de la vivienda. Los pisos turísticos nos encarecen la vida a todos y a todas. Hay escasez de vivienda asequible, porque las familias y la juventud no pueden competir con fondos de inversión que acaparan viviendas
como modo de inversión y porque la oferta de vivienda en alquiler a largo plazo se ha reducido en favor de los pisos turísticos. Por tanto, en nuestras ciudades se está dando un desplazamiento forzoso de la población por la invasión de pisos
turísticos.
Las comunidades de vecinos también sufren estas consecuencias, porque se altera la tranquilidad, la convivencia y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Por eso, en este sentido, las comunidades de vecinos se han convertido en una
línea de defensa frente a alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular que no cumplen la ley de vivienda y que entregan nuestros barrios y centros históricos a los pisos turísticos. Ante esta pasividad de la derecha al no actuar contra la
invasión de pisos turísticos, la gente es la que está actuando. Las comunidades de vecinos cuentan con una herramienta para limitar la expansión de los pisos turísticos, el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo. Un real decreto ley que establece
que para limitar los pisos turísticos se requiere una mayoría cualificada de tres quintos del total de vecinos. Sin embargo, esta voluntad no se cumple si no se modifican los estatutos de la comunidad en el Registro de la Propiedad. Aquí hay una
segunda complicación. No solo hay que conseguir esa mayoría de tres quintos, sino que también hay que modificar los estatutos. Dicha inscripción en el Registro de la Propiedad tiene un coste para los vecinos y vecinas. Primero, tienen que pagar a
un notario para que levante acta de la junta de propietarios, ahí va el primer arancel correspondiente, y después tienen que volver a pagar en el Registro de la Propiedad para registrar la modificación de los estatutos, otro segundo arancel que
puede llegar a ser bastante alto. Este arancel se calcula en función de diferentes variables. Por tanto, es difícil para las comunidades de vecinos conocer el coste real que tendrá que soportar cada vecino y vecina para poder hacer efectiva su
decisión de limitar los pisos turísticos. A pesar de que formalmente se ha otorgado a las comunidades de vecinos mayor poder de decisión sobre el uso que se hace de sus viviendas, en la práctica existen impedimentos que están limitando e
imposibilitando que muchas comunidades de vecinos adopten limitaciones a los pisos turísticos.
Con esta proposición no de ley, nosotros y nosotras consideramos fundamental que se aprueben medidas para garantizar el derecho de las comunidades de vecinos a decidir sobre el uso de sus edificios e instamos, con esta proposición no de ley,
a facilitar los trámites a las comunidades de vecinos que quieran limitar los pisos turísticos, a evitar las tarifas desproporcionadas y a aligerar la carga económica a los vecinos y vecinas que así quieren limitar estos pisos turísticos. También
quiero expresar que aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley, a la que seguro que sus señorías tienen acceso.
Nada más. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Seguidamente interviene por un tiempo... (Rumores). Guarden silencio, señorías. Gracias.
Seguidamente interviene por un tiempo de tres minutos el portavoz del grupo parlamentario que ha presentado la enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Perea.
Cuando quiera.
La señora PEREA I CONILLAS: (Problemas técnicos impiden escuchar el principio de la intervención). No se oye. ¿Empiezo otra vez?
El señor PRESIDENTE: Sí, señoría.
Gracias.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
Decía que el acceso a la vivienda es un problema de primer orden en nuestra sociedad. La necesidad de que las personas, en su legítimo derecho a desarrollar su proyecto vital, tengan acceso a una vivienda digna y asequible, tiene que ser
hoy un derecho sustantivo y directamente exigible. Efectivamente, esta necesidad ha situado la vivienda en uno de los retos a solucionar y que no admite demoras, como tampoco las admiten las consecuencias derivadas de determinadas actividades
económicas que van dirigidas a la especulación, como lo son en muchos casos los pisos turísticos, cuando los gestionan fondos de inversión. Fondos totalmente impersonales, que no atienden al equilibrio y a las reglas de juego entre las partes, sino
que únicamente pretenden enriquecerse en perjuicio de la parte más débil. Un modelo de negocio que se basa en la pura especulación habitacional por estos fondos de inversión, expulsando de los barrios a los vecinos y las vecinas al encarecer los
precios de las viviendas, de alquiler o de compra, y que acaba causando verdaderos problemas de convivencia en pueblos y ciudades. Precisamente, quiero poner de relevancia a alcaldes como el de Hospitalet, David Quirós, mi ciudad, que ya han
adoptado medidas para frenar el desarrollo descontrolado y aprobando ya moratorias que impiden acceder a estas y conceder licencias para esta actividad. Por ello, esta derivada de actividades nocivas en muchos lugares es lo que exige ya una
regulación hoy que permita el equilibrio entre propietario e inquilino, cuyo fin último sea el interés general.
El Parlamento de Cataluña, también en vivienda, aprobó recientemente una ley que limita el alquiler de las viviendas de temporada. Una acción más para proteger el derecho a la vivienda. Efectivamente, como decía el ponente del Grupo SUMAR,
el Real Decreto Ley 7/2019 urgió mecanismos para canalizar el ejercicio de esta actividad económica de forma ordenada y justa, entre ellos la posibilidad de que las comunidades de propietarios tuvieran capacidad para limitarla con la adopción del
acuerdo de la junta, y así viene ocurriendo desde entonces. Sin embargo, como decía el ponente, para que tenga efecto a terceros es imprescindible la elevación a público por parte de los fedatarios públicos y su posterior inscripción registral, lo
que acarrea unos gastos que en ocasiones pueden ser muy importantes para la comunidad de vecinos. Evidentemente, queremos dar apoyo a esta iniciativa. Si bien hemos presentado una enmienda que mejora el redactado a los efectos de que se pueda
agilizar la inscripción en los registros de la propiedad y que el coste no sea elevado para los vecinos y vecinas. Los socialistas entendemos que avanzar hacia un progreso colectivo y compartido es nuestra seña de identidad, de los Gobiernos
socialistas, como os decía, del de Hospitalet, del Gobierno de la Generalitat o de este propio Gobierno de coalición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Posteriormente, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por tres minutos, y por orden de menor a mayor.
Por tanto, es el turno del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Tiene la palabra el señor Pagès.
El señor PAGÈS I MASSÓ: No vamos a intervenir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Republicano.
Tiene la palabra su portavoz, Salvador. (Pausa). Se acaba de ir.
Por tanto, continuamos con el turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES JUBERÍAS: Con la venia, señor presidente.
La propuesta del Grupo Parlamentario SUMAR requiere al Gobierno de la nación para que, en coordinación con las Administraciones públicas autonómicas, emprenda las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites para la inscripción
registral de los acuerdos que adopten las comunidades de vecinos al objeto de limitar la conversión de viviendas residenciales en pisos turísticos. En concreto, determinando de manera más precisa los aranceles registrales precisos a fin de evitar
interpretaciones subjetivas y aplicaciones de tarifas desproporcionadas o incluso limitar o bonificar esos aranceles de modo que se aligere la carga económica que supone ese trámite para las comunidades. Dentro de esta Cámara, nuestro grupo ha
venido apostando por todas aquellas medidas que refuercen el derecho de propiedad. Del mismo modo que, fuera de ella, nuestro partido ha hecho bandera de la protección de las comunidades arraigadas en nuestros pueblos, barrios y ciudades como
manera idónea de proteger a familias e individuos, en general, y, por tanto, a proyectos de vida de los españoles arraigados en los lugares en donde los vieron nacer. Una y otra reivindicación coinciden a la hora de subrayar la protección que
merecen las comunidades de vecinos de las áreas urbanas, cuya convivencia cotidiana se ve a menudo interrumpida por el establecimiento en sus casas de pisos turísticos.
Añadamos a todo eso que VOX ha reivindicado también todo cuanto implique la simplificación administrativa y la reducción de tasas, impuestos y presión fiscal en general. Justo lo contrario que el partido proponente y que el Partido
Socialista, de los que no se conoce un solo impuesto que no quisieran imponer a los ciudadanos ni un solo trámite administrativo en el que no trataran de meter su nariz. La ley ya contempla la posibilidad de que estas comunidades de vecinos se
opongan al establecimiento de viviendas turísticas y lo que plantea esta PNL no es otra cosa que simplificar los trámites para que se pueda formalizar esa voluntad. De modo y manera que, en principio, no habría ninguna objeción para apoyarla. La
objeción viene de quienes la proponen y se duplica o triplica después de haber escuchado el delirante discurso de uno y otro grupo. Sus invectivas respecto del mercado, respecto del capitalismo y respecto de la propia propiedad privada a la que, en
todo caso, esta PNL tendría que defender. Las políticas en materia de vivienda de SUMAR y del Partido Socialista, que son las responsables directísimas de la crisis de la vivienda, del hecho de que cada vez más ciudadanos y, sobre todo, cada vez
más jóvenes se vean imposibilitados de iniciar sus propios proyectos vitales por carecer de un lugar en donde albergarlos, obligan a maximizar la desconfianza respecto de sus propuestas y a proporcionarles la más mínima señal de aliento que les
permita sacudirse la grave responsabilidad que el actual Gobierno tiene en dicha crisis y a los prejuicios generados por las leyes aprobadas y la necesidad de reformas legislativas que den seguridad a los propietarios. Por ese motivo, nuestro voto
en esta PNL será el de abstención. La propuesta es razonable, pero viene de quienes han ideado las políticas de vivienda más torpes de las últimas décadas en nuestro país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Noriega.
El señor NORIEGA GÓMEZ: Buenos días, presidente.
¿Se oye? Vale.
La propuesta realizada por el Grupo Parlamentario SUMAR no tiene ningún sentido y debería ser retirada de manera inmediata. Admitiendo y teniendo claro nuestro grupo que deben regularse los pisos turísticos, también sabemos que el problema
de la vivienda es más complejo y no se resuelve con sus obsesiones intervencionistas, salvo si se trata de acabar con la ocupación. Debieran ser más autocríticos y darse cuenta del obstáculo que supone su ley de vivienda para generar confianza y
que se incremente el número de viviendas en el mercado de alquiler.
Entrando en la materia de propiedad horizontal y tras la aprobación de la nefasta Ley 1/2025 de eficiencia y la modificación operada en la Ley de Propiedad Horizontal por la ley de eficiencia, me veo obligado a recordar que todos los
operadores jurídicos se han quejado y están en su contra. Esta misma semana la Asociación de Jueces para la Democracia o ayer mismo la Asociación Española de Abogados de Familia solicitan al ministro Bolaños la suspensión inmediata de la ley en los
procesos con menores. Decía que, tras la aprobación de la Ley 1/2025 ya no es requisito sine qua non la modificación estatutaria para poder prohibir los usos turísticos, por lo que su PNL carece de todo sentido racional y lógico. Estúdienlos, por
favor. Estudien los artículos que se han modificado con la ley de eficiencia. Por otro lado, y con independencia de que ya no sea necesario modificar los estatutos para prohibir los usos turísticos, lo cierto es que aplicar un tratamiento
registral favorable exclusivamente a una actividad concreta, como
es este caso del uso turístico de los pisos residenciales, genera un agravio comparativo respecto a otros supuestos que también pueden motivar modificaciones estatutarias, como, por ejemplo, los cambios de uso de local a vivienda, que están
aumentando considerablemente en los últimos tiempos en nuestras ciudades para suplir la falta de vivienda. ¿Por qué uno sí y el otro no? No existe una sola razón jurídica objetiva y razonable para otorgar un beneficio a un único supuesto, en este
caso a los pisos turísticos, sin hacerlo extensivo al resto de situaciones. Otro ejemplo: ¿qué ocurre con los graves problemas de convivencia, incluso de salud pública, que se derivan de la asistencia de narcopisos en las comunidades de
propietarios? ¿No merecen estas situaciones abominables una reducción de los costes judiciales, en este caso, que suponen a la comunidad y a sus ocupantes para terminar con un problema tan grave?
Por último, presidente, no se entiende qué se quiere decir con respecto a establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales, pues los mismos ya están fijados y predeterminados en el Real Decreto
1427/1989, de 17 de noviembre. Ayer vimos que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para incluir también los aranceles notariales en su iniciativa, pero, insistimos, lo que deben hacer es retirarla y estudiar la reforma de la Ley
sobre Propiedad Horizontal operada por la Ley 1/2025. Nos preocupa ver que ambos grupos de gobierno no saben las enmiendas que proponen y aprueban en la tramitación de las leyes. Claro, luego pasa lo que pasa.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Valero, como autor de la iniciativa, ¿se deduce de su intervención que acepta la enmienda?
El señor VALERO MORALES: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, que así conste.
- RELATIVA A DAR SOLUCIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS EN EL MUNDO RURAL Y A LA APROBACIÓN URGENTE DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001799).
- PARA FACILITAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN LUGAR DIFERENTE AL DE RESIDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001863).
El señor PRESIDENTE: Debate acumulado de las PNL 2 y 3, Proposición no de ley relativa a dar solución a la inscripción de nacimientos en el mundo rural y a la aprobación urgente del reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011, de 21 de
julio, del Registro Civil y Proposición no de ley para facilitar la inscripción de los nacimientos en lugar diferente al de residencia.
En primer lugar, intervienen, para la defensa de las diferentes iniciativas, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por un tiempo máximo de ocho minutos, el señor Pérez y la señora Lorente.
Cuando quieran.
El señor PÉREZ OSMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy vengo ante ustedes no solo como diputado nacional del Partido Popular, sino como alcalde de un municipio situado en extrema despoblación de Cuenca, que es Las Valeras. También vengo a dar voz a esos centenares de alcaldes que,
día a día, luchan por el futuro de sus vecinos y de sus ciudadanos. Asimismo, vengo a dar voz a esos vecinos que no quieren abandonar su lugar de residencia, pero a los que cada día se les está complicando más. Cuando hablamos del trasfondo...
(Problemas técnicos con el audio de la sala).
El señor PRESIDENTE: Puede continuar, señoría.
El señor PÉREZ OSMA: Cuando hablamos del trasfondo de esta ley, ustedes, señorías, saben, tan bien como yo, que no es ni una opinión mía ni solamente de este grupo. Estoy seguro de que este malestar, que compartimos centenares de
alcaldes... (Problemas técnicos con el audio de la sala).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría, que parece que se va el audio.
El señor PÉREZ OSMA: El micrófono se está escuchando en la sala.
El señor PRESIDENTE: Parece que estamos teniendo problemas técnicos.
Vamos a comprobarlo y reanudamos ahora la sesión. (Pausa).
El señor PÉREZ OSMA: Vaya estreno en Justicia que he tenido. (Risas). ¿Entonces empiezo o cómo lo hacemos? ¿Continúo?
El señor PRESIDENTE: Señoría, si le parece, comience usted de nuevo.
El señor PÉREZ OSMA: Se lo agradezco, presidente.
Hoy vengo ante ustedes no solo como diputado del Partido Popular, sino también como alcalde de un municipio situado en zona de extrema despoblación de la provincia de Cuenca, de Las Valeras. Asimismo, vengo a dar voz a esos centenares de
alcaldes que, día a día, están luchando por sus vecinos y por el futuro de sus municipios de forma desinteresada. También a esos vecinos de los municipios que están luchando y que quieren seguir en su municipio, día a día, pero que cada vez lo
tienen más difícil. Cuando hablo del trasfondo de esta ley, ustedes saben, tan bien como nosotros, que no es una opinión ni solamente mía ni de este grupo. Estoy seguro de que este malestar que compartimos centenares de alcaldes y funcionarios de
todo el país les ha llegado, y es que es un clamor. La ley de 2011 entró en vigor de forma parcial, muy parcial, en el año 2015. Se aplicaron ajustes en el 2017 y en el 2018 y no fue hasta el 2021, diez años después, cuando se aplicó de forma
plena esta ley con una reforma final, la Ley 6/2021. En esa fecha es donde comenzó a aplicarse, pero se aplicó a dos velocidades, sin un criterio uniforme, sin medios, sin recursos y sin personal suficiente ni formación oportuna. Hoy nos
encontramos con una ley aplicada de forma desigual y sin unidad de criterios. ¿Por qué? Porque falta algo tan básico y necesario como es el desarrollo reglamentario. Un reglamento que dé a los responsables del registro y a los ciudadanos
claridad, seguridad jurídica y unidad de criterios. Porque no se olviden, el Registro Civil es una competencia del Estado y, por ende, del ministerio, y sin un reglamento claro, entre otras cosas, todo son dificultades para que hoy puedan aparecer
como lugar de nacimiento el domicilio de los padres, si así lo solicitan. Además, persiste una doble vía: en unos casos, la comunicación de nacimiento llega únicamente al Registro Civil del municipio del centro sanitario y, en otros, los
ayuntamientos pequeños exigen certificados en papel y parte facultativo para inscribir un nacimiento. Esa disparidad procedural provoca desplazamientos innecesarios de las familias, retrasos de días o semanas de alta en el padrón municipal y
criterios distintos, según la tecnología y los recursos de cada oficina, con territorios que aplican el reglamento de la antigua ley de 1957, otros que siguen las instrucciones técnicas y otros que aplican la actual ley a rajatabla, y esto es un
caos. Muchos recién nacidos que deberían de nacer en municipios donde no hay hospitales pierden la posibilidad de que figuren como nacido en el pueblo de sus progenitores. Municipios que no tendrán natalidad, aunque salgan del hospital, para vivir
allí. Cada inscripción que no se hace resta posibilidad de financiación y falsea datos estadísticos. Cada inscripción que se fuga resta financiación para escuelas, para transporte, para atención sanitaria y local y alimenta la despoblación.
Por ello, pedimos hoy al Gobierno que apruebe, con la máxima urgencia, el reglamento de desarrollo de la Ley 20/2011, dando cumplimiento así a su disposición final y solventando los problemas prácticos que arrastra desde la entrada en vigor.
También hay que facilitar fórmulas para que los progenitores puedan inscribir el nacimiento de sus hijos en la oficina del Registro Civil correspondiente a su domicilio, aunque el parto se produzca en otra localidad. Implementar también plenamente
el modelo electrónico interoperable, previsto en la Ley 20/2011, facilitando que los centros sanitarios y las oficinas del Registro Civil puedan intercambiar datos y comunicaciones en tiempo real con especial apoyo técnico y presupuestario para
zonas rurales o con menos recursos. Informar también adecuadamente al personal de las oficinas del Registro Civil y dotarlo de los medios necesarios para la implantación del nuevo modelo, de modo que la ciudadanía reciba un criterio homogéneo y
moderno acorde con los fines de la Ley 20/2011.
Sí, señorías, les hablo con conocimiento de causa. Sé lo que es la falta de medios y también sé lo que es la falta de formación suficiente. Desde el medio rural pedimos un trato igual al de las ciudades, ni más ni menos. Señorías, miren,
esto es DICIREG (señala un montón de folios que tiene encima de su mesa). Este es el temario que funcionarios y también trabajadores de los ayuntamientos en nuestras zonas, en las zonas rurales, se tienen que aprender. Pero no con una formación
presencial, tampoco con una formación de forma directa por vídeo y a través de Internet. No, con vídeos en diferido y también a través de temarios
colgados en páginas web y con un examen final. Esto (hojea los folios del montón que tiene encima de la mesa), que son miles de folios a doble cara, son las dificultades que enfrentamos día a día en el medio rural. No creo ni que sea justo
ni eficiente. Por tanto, lo crucial es un desarrollo reglamentario de la ley en la que se permita hacer constar como municipio de nacimiento cualquiera que sea la oficina ante la que se promueva la inscripción, el del domicilio del progenitor o
progenitores si así lo solicitan.
Señorías, concluyo. De ustedes depende solucionarlo en los próximos meses o seguir permitiendo este caos normativo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora Lorente.
La señora LORENTE ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos la importancia de modernizar la Administración y facilitar la institución de los nacimientos, especialmente cuando hablamos de zonas rurales o de contextos donde los trámites pueden ser más complejos. Pero hoy el Grupo
Socialista nos trae una PNL que se limita a instar al Gobierno a facilitar mecanismos legales y a pedir que se estudie una reforma, sin explicar cómo se garantizará la seguridad jurídica o la interoperabilidad entre registros. Una PNL, con un buen
título, pero que podría quedar en una mera declaración de intenciones. No se habla de medios que piden los alcaldes y los letrados de la Administración de Justicia; no se habla de la formación del personal de los registros civiles y, lo más grave,
señorías, no se menciona ni una sola vez la clave de todo este asunto, que es el desarrollo del reglamento de la Ley 20/2011. Un reglamento que, según la disposición final décima de la propia ley, debería haberse aprobado hace años y cuyo retraso
es el principal obstáculo para modernizar, con garantías e igualdad de criterio, el Registro Civil. En todo el tiempo que llevan en el Gobierno ni se ha aprobado ni se ha mencionado. No se pueden resolver los problemas estructurales del Registro
Civil sin aplicar la ley que supuestamente le da soporte. Lo que aquí falta no es voluntad política, sino el desarrollo de un reglamento, la plena ejecución. Los ciudadanos no necesitan que se estudien las cosas indefinidamente, necesitan que se
cumpla la ley y que se trabaje y se actúe con eficacia. Por ello, desde el Grupo Popular no solo compartimos la necesidad de facilitar los trámites, como hemos defendido en nuestra proposición no de ley registrada previamente, sino que ofrecemos
soluciones reales y propuestas claras. Proponemos una hoja de ruta basada en la intención real de solucionar el problema y el cumplimiento de la ley. Es necesario afrontar la cuestión con seriedad, legalidad y, sobre todo, con un compromiso real
con los ciudadanos. En definitiva, creemos que el acuerdo al que se va a llegar permite dar solución a este problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Seguidamente intervienen, por un tiempo de ocho minutos, los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista para la defensa de la enmienda y de su PNL. Por un lado, la señora Adrio y, por otro lado, el señor Martínez.
Cuando quieran.
La señora ADRIO TARACIDO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero felicitarme por haber llegado, parece ser, a un acuerdo, porque, con diálogo y en beneficio de la demanda social, podemos acordar una transaccional en beneficio de los ciudadanos. La Ley del Registro Civil de 2011,
aprobada por un Gobierno socialista, supuso un avance y una reforma total al sustituir el sistema tradicional basado en libros por un nuevo modelo de registro individual para cada persona, único, informatizado y electrónico, con una estructura
organizativa que tiene presentes a las comunidades autónomas. Fue una verdadera revolución y modernización del sistema, ajustada tanto a los valores de la Constitución de 1978 como a la realidad social. Con la reforma de 2015, se abrió la
posibilidad de inscribir al recién nacido en el registro civil correspondiente a los hospitales públicos o privados donde se había producido el nacimiento si estaban dados de alta en el Sistema de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública. Excepto en la zona común, las competencias en materia de justicia y, por tanto, del registro civil están transferidas a las comunidades autónomas. Los y las socialistas y este Gobierno están comprometidos con la digitalización y con
incentivar políticas para afrontar el reto demográfico. Al poner en práctica las leyes es cuando se pueden observar ciertas carencias como que, al adoptar lo de la inscripción a través de los hospitales públicos o privados para simplificar trámites
y agilizar las inscripciones, las personas opten por ello por comodidad o por no plantearse otra opción. Pero tanto los ayuntamientos de
zonas rurales y urbanas como sus habitantes se han dado cuenta del perjuicio que puede ocasionarles el no inscribir el nacimiento de los recién nacidos que van a residir desde el momento en que abandonan el hospital en dicho municipio,
domicilio de su progenitor o progenitores legalmente conocidos.
Atendiendo a una demanda social a favor de la inscripción de los progenitores y en aras de facilitar la vida de los ciudadanos en todos los municipios, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular con la que propone habilitar mecanismos legales que permitan realizar la inscripción del nacimiento en el registro civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos, así como
estudiar la necesidad de reforma legal de la Ley 20/2011, de 21 de julio, para evitar disfuncionalidades o criterios diferentes según la localidad o el territorio. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez, cuando quiera.
El señor MARTÍNEZ SALMERÓN: Muchas gracias, presidente.
Intervendré muy brevemente. Creo que, por los que me han precedido la palabra, se ha hecho un estudio y un relato acerca de cuál era el propósito fundamental de la Ley 20/2011 y la evolución de la ley hasta octubre de 2021. Creo que todos
somos conscientes de que se han generado evidentes mejoras en el Registro Civil que benefician a los ciudadanos y ciudadanas, como ha sido la posibilidad de realizar las inscripciones registrales en los centros sanitarios. También es verdad y somos
conscientes desde el Grupo Socialista -y así lo hemos trasladado en nuestra propuesta no de ley- de que la implantación progresiva y transitoria ha evidenciado que ha surgido también una demanda social porque, frente a la comodidad de realizar las
inscripciones en los hospitales, se generan también por los diferentes criterios en los diferentes municipios o en los diferentes partidos judiciales disfunciones a la hora de llevar a cabo la inscripción, no en el hospital, sino en el domicilio de
nacimiento, en el domicilio donde va a residir el nacido -hay un error en el título de nuestra PNL, donde dice lugar diferente de residencia, debe decir lugar de nacimiento. Todos somos conscientes, como decía, de que es necesario arbitrar los
mecanismos para intentar paliar esas dificultades que los padres tienen sin que ello cause un perjuicio para aquellos municipios que ven cómo descienden el número de inscritos en el Registro Civil de los nacidos en esos municipios.
Por lo tanto, desde el Gobierno hemos propuesto una transaccional en el sentido de manifestar que se continúen los trabajos de la elaboración del reglamento del Registro Civil que está llevando a cabo el Gobierno, así como que se estudie la
necesidad de una reforma legal de la Ley 20/2011, una vez que se están viendo cuáles son los defectos o los déficits que se están produciendo a la hora de aplicarla. En la transaccional también se establece que se habiliten los mecanismos legales o
reglamentarios que permitan la inscripción del nacimiento en el Registro Civil correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores, así como continuar con la formación procedimental y tecnológica del personal en todas las oficinas del
Registro Civil. Todo ello dentro de la voluntad manifestada y demostrada con las reformas que se están llevando a cabo por este Gobierno en la justicia de este país, en aras de crear una justicia del siglo XXI, en aras de modernizar y hacer una
justicia más cercana, más accesible y, sobre todo, igualitaria para todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del territorio al que pertenezcan.
Por ello, vamos a apoyar la transaccional que hemos elaborado, junto con nuestra PNL y la PNL presentada por el Grupo Popular, y aprovecho la ocasión para pedir el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en esta comisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por un tiempo de tres minutos y por orden de menor a mayor.
Es el turno del grupo parlamentario Just per Catalunya. Tienen la palabra el señor Pagès. (Pausa). No va a intervenir. Gracias.
Es el turno del grupo parlamentario multinacional SUMAR. (Pausa). Tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, presidente.
España es un buen sitio para nacer, posiblemente el mejor, por su gente, su clima, su geografía. No siempre fue así y puede que en el futuro no sea así, si los que nos gobiernan vuelven a la España del NO-DO y se adhieren al neofascismo.
Hoy España es un buen sitio para nacer -también Cataluña, Extremadura o Andalucía- porque crece cuatro veces más que el conjunto de la economía europea,
porque tenemos la energía más barata gracias a las renovables (el señor Conde Bajén: ¡Cuando llega!), porque el paro sigue descendiendo, porque tenemos el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, más de 21,5 millones, porque -a
diferencia de otros países y a pesar de la ineptitud, negligencia y el ataque a los servicios públicos de la mayoría de los gobiernos autonómicos- nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos y los avances sociales son espejo para
muchos países. También porque vivimos en una democracia muy avanzada, cuando esta -la democracia- está atacada por Gobiernos de tinte fascista, como Estados Unidos, Rusia o Israel, y cuando los lanzadores de bulos, de fake news, estarían deseosos
de que nos matáramos en el lunes de apagón.
Pero no todo es perfecto, por cierto, la mayoría de la gente no tiene acceso a la vivienda y los salarios siguen siendo muy bajos. Como decía justo ayer, Luca de Meo, el CEO de Renault, hace cien años -justo ahora un siglo- un trabajador de
la Ford podía comprar un Ford TT. Hoy -decía él- un trabajador de la Renault -pero también podríamos decir de SEAT- no puede comprar un vehículo de su fábrica.
También existen fuerzas que se resisten a los tiempos, jugando del lado de la cuna de los poderosos, de los más poderosos de turno, los explotadores y abusadores, ya sea para no rebajar la jornada laboral, ya sea haciendo de lobby de las
eléctricas para no cerrar las nucleares, ya sea no regularizando a los migrantes que cuidan a nuestros padres, a nuestros hijos y nuestras casas, y que nos atienden en el bar y en el centro de salud.
Esta iniciativa que hoy discutimos -y otra PNL que nosotros también tenemos registrada- intenta resolver un error normativo. Les quería decir que sí, que Cataluña también tiene esa situación. De hecho, en Ulldecona, en Tarragona, hicieron
una opción para sacar adelante esta solución. Sí, Cataluña y España en general siguen siendo buen sitio para nacer, pero nosotros, nuestra gente, tiene que decidir allí donde quiere inscribirse, y sobre todo también la ciudadanía, pero no
únicamente la que ha nacido aquí -que muchas veces es un hecho casual-, sino aquellos que han decidido venir a España a vivir, a hacerla grande, a trabajar por ella, a hacerla crecer, aquellos que han venido a hacer una España diversa, rica, justa y
arraigada en fuertes raíces democráticas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario VOX e interviene su portavoz, el señor Ortega.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Lo primero que quiero es pedir disculpas de parte de nuestro compañero el diputado Carlos Flores, que ha tenido que marchar de forma urgente porque, a pesar del cambio en el orden del día, le han cambiado en la Comisión de Asuntos Exteriores
y tiene que intervenir allí en una proposición nuestra.
De manera breve y con respecto a estas dos PNL acumuladas, que vemos en el punto 2 y 3, quiero reiterar que nuestro grupo tiene un compromiso claro y nada ambiguo con respecto al apoyo al mundo rural, en la lucha contra la despoblación de
ese mundo rural, a favor de la natalidad, a favor de la vida, a favor de la familia y a favor de la permanente simplificación administrativa. Por ello, vamos a apoyar esta iniciativa, que, en definitiva, lo que permite es la posibilidad de elección
por parte de los padres de la inscripción del nacimiento de sus hijos en el lugar que decidan: o bien en el lugar donde tengan su residencia o bien en el lugar de nacimiento, es decir, donde esté la clínica o el centro hospitalario en el que hayan
dado a luz. Creemos que con esto facilitamos las dificultades que muchas veces se encuentran en el mundo rural, en cuanto a los desplazamientos, en cuanto a los tiempos, y una vez más reivindicamos ese papel de las Administraciones que han de estar
al servicio del ciudadano, no poniéndole trabas, sino facilitándole la vida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000816).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley para garantizar la independencia del Poder Judicial.
En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, por un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la palabra el señor Ortega.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Es sobre este mismo punto, ¿no? Lo doy por finalizado, perdón.
El señor PRESIDENTE: No, señoría, estamos ya en la Proposición no de ley para garantizar la independencia del Poder Judicial.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Perdón, perdóneme.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señoría.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: VOX presenta esta iniciativa para luchar por la defensa de la independencia del Poder Judicial. Y lo hacemos porque creemos que es una de las cuestiones que, de alguna manera, resultan fundamentales para poder
hablar de un Estado de derecho y de una democracia. Lamentablemente -y lo hemos dicho en muchas ocasiones-, en España actualmente no puede hablarse de que exista un sistema que favorezca la independencia judicial. Eso no quiere decir que no haya
una inmensa mayoría de jueces que en el ejercicio de su labor profesional actúen con independencia; quiere decir que existe un sistema que favorece la injerencia política, que es tanto como decir la falta de independencia judicial.
El Partido Popular y el Partido Socialista han dinamitado -en sus diferentes pactos en sus diferentes gobiernos, en ese perverso bipartidismo- el principio constitucional de la separación de poderes y, por tanto, de la independencia
judicial. No han querido mantener ese principio constitucional que tenía la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1980, por el cual esa mayoría del Consejo General del Poder Judicial, esos doce vocales, eran elegidos por y entre jueces y magistrados.
Y esa perversa reforma del año 1985, de la que fue autor el Partido Socialista, no la ha modificado nunca en lo sustancial el Partido Popular cuando ha gobernado, tampoco cuando ha gobernado con mayoría absoluta. Por tanto, se ha mantenido que esos
doce vocales también fueran elegidos directamente en los acuerdos de los partidos políticos. De tal manera que doce y ocho -al final, los veinte vocales del Consejo General- dependen de las cuotas partidistas y, por tanto, de la elección del
criterio político de los partidos políticos. En definitiva, es una tremenda farsa del reparto de las cuotas que está viciando que el órgano de dirección y de poder del Poder Judicial -un poder fundamental en cualquier Estado democrático- pueda
tener esa independencia. Se ha promovido por los sectores de la izquierda y de la extrema izquierda ese falso eslogan de que el Poder Judicial, si no tuviera este sistema de elección por los partidos políticos, no sería democrático. Pero eso es
una farsa porque parte de un principio, y es que la legitimidad democrática de los vocales del Consejo General del Poder Judicial se la dan los partidos políticos. Es una aberración porque en un sistema democrático la legitimidad democrática de un
órgano como es el Consejo General del Poder Judicial, y a su vez del propio Poder Judicial, se la da que aplica normas, leyes y reglamentos democráticos. Es decir, la legitimidad de origen está en los ciudadanos que votan a aquellos que aprueban
las leyes que obligatoriamente han de aplicar los jueces, no la elección de los jueces o de los representantes del Consejo General del Poder Judicial por los partidos políticos. Eso es un malabarismo dialéctico y político, pero no deja de ser una
gran mentira. Repito, la legitimidad democrática está en que las leyes sean democráticas, hechas por quienes son elegidos democráticamente, y no en la dirección de los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial.
Esto nos lleva a criticar una vez más esa colonización permanente de las instituciones, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial, que ha traspasado un término que en el ámbito político no se usa con demasiada frecuencia, pero que hay
que rescatar, que ha convertido una democracia en una partidocracia, es decir, en el poder absoluto de los partidos políticos sobre todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Nosotros creemos que ese término que se aplicó de
convertir a los que debieran ser vocales independientes en -abro comillas- 'comisarios políticos con toga', tenía mucho que ver. Ha sido la propia Comisión Europea, y no solo VOX, quien ha instado a la modificación de este sistema de elección, pero
ese pacto entre el PP y el PSOE de que en seis meses nos alumbrarían una propuesta no termina de verse hecho efectivo.
Termino diciendo que evidentemente la independencia del Poder Judicial es una condición necesaria para un Estado de derecho, una condición necesaria para que exista una democracia verdadera y una condición necesaria para evitar la
colonización y la injerencia permanente de los partidos políticos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
No habiéndose presentado enmiendas, a continuación, harán uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por tres minutos y por orden de menor a mayor.
Es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra el señor Santiago.
El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente
VOX nos trae un panfleto en vez de una proposición no de ley, con una falta absoluta de rigor técnico. Incluso se permite hacer referencia en la Comisión de Justicia al maligno bloque sanchista y repite los bulos, consignas y soflamas
habituales a las que nos tiene acostumbrados con el objetivo de erosionar las instituciones democráticas.
El colmo ha sido esta soflama de defensa del Estado corporativo -el Estado corporativo, para el que lo ignore, es el Estado franquista o fascista- frente a la democracia de partidos políticos. Probablemente VOX con esto lo que pretende es
que olvidemos que, como partido político que es, lleva camino de superar al PP como partido más corrupto de Europa. Acabamos de conocer la segunda sanción por financiación ilegal a VOX, casi un millón de euros, sanción muy grave, la segunda en
menos de un año y correspondiente a los ejercicios económicos 2018, 2019 y 2020. Y falta por auditar por el Tribunal de Cuentas las cuentas de VOX entre 2021 y 2024.
La concepción de la justicia de VOX está al servicio de su ideario y, desde luego, a la ultraderecha no le preocupan ni la división de poderes ni la independencia judicial ni la autonomía del Ministerio Fiscal. Para nuestro grupo
parlamentario sí es un objetivo fundamental la consecución de una efectiva independencia judicial y el desempeño por la justicia de un papel ajustado al orden constitucional.
Que la justicia es independiente en España lo ve toda la ciudadanía. Hace lo que considera sin ningún tipo de impedimento. Quizás la justicia no sea tan ciega como debería, ciega en el sentido de imparcial, porque en España la justicia
solo parece tuerta, solo tiene ojo derecho -muy desarrollado, por cierto- con el que vigila intensamente hacia la izquierda. Y ve delito en cuanta actividad profesional realice un familiar del presidente del Gobierno, por ejemplo; ve delito en la
actividad de la Fiscalía General del Estado cuando persigue los delitos de Alberto, el de Quirón, aunque los miles de mensajes de WhatsApp que ha examinado la Guardia Civil no acrediten nada de nada, pero nunca ve delito en los negocios del rey
comisionista, por ejemplo. Otro de los misterios de la justicia española.
VOX nos pide que la justicia se transforme para mejorar y para que carezca de recursos, de retrasos y dilaciones, pero votó en contra de la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, con la que se pretende
precisamente eso. Es evidente que la única propuesta que realiza es mantener un Consejo del Poder Judicial elegido de forma corporativa por los propios jueces y sustraído al control democrático y ciudadano. Por supuesto, vamos a votar en contra de
esta visión de Estado corporativo franquista que siempre defiende VOX. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ DE DIEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para manifestar nuestra posición absolutamente contraria a la proposición no de ley del grupo VOX, por la que se propone, entre otras-y como bien ha dicho mi compañero de SUMAR-, una
serie de cosas que casi me resisto a leer.
Como bien ha dicho en anteriores ocasiones un portavoz del Grupo Popular, yo también vengo del mundo local, y en el mundo local cuando un grupo parlamentario presenta una moción si ve que queda desfasada normalmente se retira. Y yo, que
vengo del mundo local al mundo parlamentario de las Cortes Generales, veo que una proposición no de ley registrada el 16 de mayo de 2024 se tramita un año después, y el grupo proponente -con catorce folios por delante- es incapaz de retirarla, de
modificarla o de enmendarla. De tal manera que buena parte de los argumentos que se establecen en ella han quedado absolutamente desfasados. Por poner un pequeño ejemplo, la página 8 dice: 'Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial
lleva años con su mandato caducado'. Señorías de VOX, estamos en 2025 y en julio de 2024 tuvimos la oportunidad de determinar que este párrafo de esta PNL quedaba absolutamente desfasado. Podrían ustedes haberlo retirado. Pero, si vamos ya a la
literatura de la PNL, lamentablemente tendremos que leer en los libros de actas de este Congreso cosas como: 'La amenaza es real. El bloque sanchista, que constituye un conglomerado ideológico profundamente totalitario, antinacional y disolvente,
parece haber lanzado la consigna para cruzar todos los límites y acabar con los últimos controles que contra el peligro de la tiranía levanta el Estado de derecho'. Eso es lo que tenemos que leer, cuando realmente lo que se suponía que teníamos que
leer en estos catorce folios era una proposición no de ley para garantizar la independencia del Poder Judicial. Si leemos los catorce folios, ¿qué es lo que propone VOX? Absolutamente nada más que, por supuesto, arengas para poder salir en sus
tres minutos de gloria en los vídeos, para poder difundirlos en las redes sociales.
Frente a eso, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de España y el grupo que le sustenta, el Grupo Socialista? Firmar un acuerdo con el Grupo Popular que viene a desmentir absoluta y tajantemente lo que aquí se dice por parte de VOX. Se
refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional. Se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de
la justicia. Y, por supuesto, la reforma que estamos proponiendo deberá ser debatida en su momento, tanto la ampliación como el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, en sede parlamentaria y, por supuesto, será enriquecida con las
aportaciones de los diversos grupos parlamentarios. De tal manera que tanto la independencia judicial está debidamente acreditada como el funcionamiento de las instituciones españolas, por supuesto, no corre ningún peligro.
Y, finalmente, en cuanto a la retórica relativa a la figura del fiscal general del Estado he de decir que, según las últimas medidas que incluye la PNL, el cese del fiscal general del Estado solo procede cuando concurra alguna de las causas
reguladas en el Estatuto del Ministerio Fiscal y, en este momento -y afortunadamente-, no se aprecia la concurrencia de ninguna de ellas.
Por todo lo expuesto, votaremos en contra de la PNL de VOX.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el portavoz, señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX. En primer lugar, porque los cinco puntos de la parte dispositiva de la proposición no de ley son perfectamente compartidos por el
Grupo Popular y, de una u otra forma, en uno u otro ámbito, ya han sido propuestos por nosotros. En segundo lugar, porque el análisis que hace -con algunas excepciones que ahora diré- lo compartimos plenamente. España vive ante una emergencia
democrática por culpa de un Gobierno como el del Partido Socialista y SUMAR y el resto de sus socios, que está provocando una mutación constitucional. La democracia española está en serio peligro y lo está por culpa de un Gobierno que ha decidido
asaltar sistemáticamente todas las instituciones, romper con cualquier barrera al poder omnímodo de Pedro Sánchez e impulsar una agenda de transformación de nuestro país al margen de cualquier procedimiento. El último valladar que se enfrenta a
esta pretensión es exactamente el Poder Judicial. Una vez que el Gobierno ha decidido prácticamente anular las competencias de este Parlamento; una vez que decidieron asaltar el Tribunal Constitucional, nombrando a exministros y altos cargos de su
propio partido; una vez que han decidido transformar nuestro Estado, unitario pero compuesto, en una especie de confederación absurda; una vez que se ha decidido que el poder se compra a costa de lo que sea y pagando cualquier precio a los
enemigos de España, es evidente que solo queda una barrera, es la del Poder Judicial.
Por eso el Grupo Popular impulsó un acuerdo del que estamos extraordinariamente satisfechos porque impedimos el último asalto que quedaba por dar, el asalto al Poder Judicial, con la pretensión perfectamente conocida por VOX -el grupo
proponente- de haberse hecho con la totalidad de los vocales del consejo y desde ahí haber destruido cualquier atisbo de independencia judicial. Ese pacto es el que ha permitido que, por primera vez, tengamos un consejo donde el presidente no está
pactado y donde se está procediendo a nombramientos de las muchas vacantes existentes con criterios de estricta profesionalidad. Un consejo que ha permitido -y tengo que contradecir al portavoz de VOX- que, con fecha de 20 de marzo de este mismo
año, sí se haya remitido dentro del plazo marcado por la disposición adicional una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales que es perfectamente democrática, donde solo los jueces eligen a los jueces, a los doce vocales del
consejo, y que esperamos poder materializar antes que tarde.
Evidentemente, lo que no compartimos son los constantes pellizcos de monja que el partido VOX se dedica a dirigir al Partido Popular cuando tiene ocasión. El enemigo, señor portavoz de VOX, no es el Partido Popular; quien pretende destruir
la España del régimen del 78 no es el Partido Popular. Y sería muy deseable -seguro que sus electores se lo agradecerían- que dirigiese sus críticas a quien realmente supone una amenaza a la democracia española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA CRIMINOLOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001864).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la criminología.
En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO POZO: Muchísimas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar -si han tenido oportunidad de conectarse- al Instituto de Criminología, que ha perseguido mucho el inicio de este camino legislativo para la regulación del ejercicio profesional de la criminología. También
quisiera hacer una referencia especial a mi portavoz de Justicia, Paco Aranda, que nos acompaña en lo público y lo privado en cuanto al logro de este camino legislativo que hoy iniciamos: la profesionalización de la criminología, con sus funciones
definidas y con un estatus jurídico claro. Como se ha afirmado muchas veces, de esta forma la sociedad podrá beneficiarse de la criminología en ámbitos tan diversos como necesarios: el de la protección de las víctimas, la prevención del delito y
el diseño de unas políticas públicas eficaces. Porque, sí, la eficiencia en las políticas públicas es uno de los mejores condimentos de la buena política, esa que sí transforma y mejora la vida de la gente.
Señorías, a nadie se le escapa que vivimos en tiempos de profundos desafíos e incertidumbres, no solo en materia de justicia, sino también en materia de cohesión y fortaleza social, de convivencia y -¿por qué no decirlo?- de seguridad.
Frente a los que quieren agitar odio y caos, frente a todos aquellos, yo creo que nuestra obligación como diputados y diputadas es intentar garantizar la convivencia, facilitar la negociación y conseguir los consensos necesarios para mejorar la
legislación. En este escenario, insisto, de incertidumbre, la criminología no puede seguir siendo ignorada en el sistema de justicia de España. Hablar hoy de justicia en el siglo XXI sin contar con la criminología es legislar con los ojos
vendados. La criminología aporta conocimiento y solución para desarrollar una labor preventiva imprescindible, desde los operadores jurídicos hasta los penitenciarios y, concretamente, a los juzgados de menores. Pero no solamente en esos ámbitos,
sino que también despliega sus efectos más enriquecedores en el estudio del comportamiento ciudadano, del comportamiento antisocial y de los problemas de convivencia. Porque, sí, señoría, se lo puedo decir por experiencia: a convivir, si se
quiere, también se aprende. Y para eso debemos optimizar los datos y los informes de la criminología. Es lo que queremos hacer, optimizar esta ciencia para desarrollar los aspectos preventivos y mejorar la convivencia y la seguridad, también
nuestra convivencia en la normalización política. Sí, la ley que proponemos al Gobierno es una ley que pretendemos que regule la profesión para que mejore la convivencia en estos tiempos de tensión continuada, de enfrentamientos e incertidumbre.
Sin embargo, señorías, cuando hablamos de criminología no se trata solo de estudiar al delincuente o al delito o simplemente al mal, la criminología moderna estudia especialmente a la víctima y de forma determinante en los entornos
vulnerables, porque de su estudio acertado no solo haremos mejores las políticas de prevención, sino que acertaremos mejor en la protección y atención de las víctimas, y aquí quiero recordar tanto a las del terrorismo como a las del machismo, a las
que la criminología con ese estudio previo de las afecciones a las víctimas puede ayudar de una manera muy muy eficiente. La criminología en los tiempos actuales es la mejor inteligencia material que podemos dar, porque son políticas públicas las
que conseguiremos con un enfoque integral, preventivo y eficaz. No podemos seguir desperdiciando tanto talento de tantas personas, criminólogos y criminólogas, que pueden estar en los juzgados y en sus equipos técnicos o con aquellos que hacemos la
legislación. Señorías, esta no es una demanda corporativa, es una exigencia de sentido común y de buena política. Hablamos de una justicia mejor, de un refuerzo de la seguridad, de eficacia en las leyes y de dignidad para los destinatarios y las
destinatarias del sistema de justicia. Para todo ello queremos incorporar el conocimiento criminológico al corazón de las políticas públicas. La sociedad no se improvisa; la justicia, señorías, no se improvisa y la ciencia menos aún. A todos nos
toca dejar la improvisación, sobre todo a nosotros y a nosotras, y hacer una buena legislación que cumpla con las mejores condiciones de la buena política en las políticas públicas esenciales. La criminología no sustituye a la justicia, la mejora;
no resta autoridad, añade criterio; no cuestiona las leyes, las hace eficaces y las hace mejores. Como decía Cicero: 'Legum servi sumus ut liberi esse possimus'. Somos siervos de las leyes para poder ser libres. Pues bien, cambiando un poco el
dicho, vamos a servirnos del conocimiento para ser una sociedad mejor e impartir una mejor justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Se me ha olvidado comentar la transacción, pero mi compañera del Grupo Popular va a presentarla.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Seguidamente interviene, por un tiempo de tres minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que ha presentado la enmienda, la señora Franco.
Cuando quiera.
La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, permítanme iniciar mi intervención recalcando el apoyo incondicional del Grupo Parlamentario Popular a los colegios profesionales de criminología que durante años han defendido y han sido los auténticos motores de la dignidad y del
reconocimiento de la profesión de criminólogo. Unos colegiados que ya suman más de 40 000 en España. Hoy abordamos en esta comisión la que ha sido su principal reivindicación, una regulación legal del ejercicio de la profesión de criminólogo que
les permita ejercer plenamente su labor. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos trabajado durante años en esta dirección conscientes de la necesidad de dotar a la criminología de un marco jurídico claro y estable. En este sentido, hemos
presentado una enmienda a esta proposición no de ley con el objetivo de enriquecer y fortalecer la proposición no de ley del grupo proponente y siguiendo además en línea con el trabajo riguroso que hemos hecho desde el Grupo Popular en la pasada
legislatura y en esta, tanto en esta Comisión de Justicia como en la Comisión de Interior.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, permítanme la ironía, celebramos que el Grupo Socialista se sume ahora, tras años de escudarse en la ausencia de un Consejo General de los Colegios de Criminólogos, para avanzar en esta
regulación. Así que, bienvenidos, aunque sea tarde, bienvenidos. Nuestra enmienda es clara y nuestra propuesta es clara. Instamos a que la titulación del Grado en Criminología sea considerada como mérito o requisito para el acceso al servicio de
las administraciones públicas donde las funciones públicas así lo requieran. Esta medida ha sido largamente reclamada por los colegios profesionales de criminología y va a permitir que el conocimiento de los criminólogos sume valor real a la
modernización de los servicios públicos y también, sobre todo, a garantizar la seguridad ciudadana. En definitiva, nuestra enmienda no solo refuerza la iniciativa presentada por el grupo proponente, sino que aporta soluciones concretas a demandas
históricas de los colegios profesionales de criminología. Regular el ejercicio profesional de la criminología no es una cuestión meramente técnica. Es una apuesta decidida por una sociedad más segura y mejor preparada para afrontar los retos a los
que nos enfrentamos. No olvidemos que, según los datos del propio Ministerio del Interior, desde el año 2018 hay un ascenso, especialmente grave, de la criminalidad motivado sobre todo por la ciberdelincuencia y los delitos sexuales. Creemos que
la evidencia científica y el conocimiento técnico que pueden aportar los criminólogos son claves para diseñar políticas públicas eficaces y tomar también mejores decisiones en materia de seguridad y de protección de los ciudadanos. Por todas estas
razones, pedimos al grupo proponente que aceptase nuestra enmienda y, después de haber visto la transaccional y dado que recoge su espíritu, vamos a firmarla. Pero queremos poner de manifiesto que nuestra intención es que se aborde esta regulación
con ambición y con rigor y, dado el paso que damos, esperamos que también con consenso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Posteriormente hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por tres minutos y por orden de menor a mayor.
Es el turno del Grupo Parlamentario SUMAR, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidente.
Es importante, así lo consideramos en mi grupo, que en esta Comisión de Justicia se hable hoy de criminología, sobre todo de criminología crítica, es decir, de aquella comprometida con la defensa de los derechos humanos y con la denuncia de
los poderes salvajes e incontrolados del Estado y del mercado. Creo necesario destacar el papel de las mujeres de esta escuela crítica de la criminología, mujeres que han liderado investigaciones, debates y luchas fundamentales para la emancipación
de género, que han ampliado la mirada de la criminología para incluir las violencias machistas o la racialización del castigo. Hoy es un buen día para reclamar el reconocimiento de la criminología no solo como una disciplina académica, sino como
una profesión con responsabilidad pública, capaz de diagnosticar críticamente el sistema penal, de evaluar políticas de seguridad, de trabajar con víctimas y personas privadas de libertad
y de aportar alternativas más justas al castigo. No podemos seguir cediendo todo el poder de interpretación del conflicto social a miradas policiales, punitivas o puramente tecnocráticas. Que este debate sirva para que la criminología
crítica, comprometida, humanista y de inspiración marxista, tenga el papel central que merece en cualquier sociedad que se precie de democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Ortega.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Es indudable la necesidad de regular la profesión de la criminología, desde los aspectos de la formación, por supuesto de la colegiación, de sus funciones o del acceso a la administración. Es una demanda histórica de quienes ya ejercen y de
quienes están en su periodo de formación. Esto ha de hacerse con un encaje profesional, dentro de un marco institucional, con criterios técnicos y de utilidad real, no ideológica o de intereses electorales de partidos políticos. Por ejemplo,
pretender incluir cuestiones de soslayo de violencia de género, violencia machista y menas no tiene ningún sentido. La criminología, como toda ciencia, lo que requiere es rigor, objetividad y profesionalidad.
Por tanto, la proposición que se nos plantea es acertada en cuanto a la necesidad de la sociedad y, especialmente, de un sector de profesionales que requiere esa regulación para poder ejercer toda su potencialidad dentro de los muchos
ámbitos que la misma proposición establece y que sería largo repetir. Lo que nos preocupa, como tantas veces, es que cuando la izquierda -y, en este caso, el Grupo Socialista- nos trae una proposición que, desde un punto de vista social, tiene una
necesidad y una utilidad, lo que parece sensato, terminan convirtiéndolo, a través de su permanente fanatismo ideológico, en una herramienta al servicio de la ideología y al servicio de intereses ajenos a los profesionales. Quiero decir que,
llegado el momento, si tuviéramos la oportunidad de poder tramitar una reforma legislativa correspondiente a la aprobación de un estatuto, seguro que nos íbamos a encontrar con toda esa injerencia ideológica que desvirtúa las buenas intenciones que
tiene el proyecto y que no son otras que las que esperan de nosotros quienes van a recibir el acierto o el desacierto de esas reformas legislativas. En cualquier caso, consideramos que la iniciativa abre un camino y abre una oportunidad para
quienes están demandando desde hace tiempo una regulación de la criminología y esperamos que en ningún caso se convierta, como digo, en un trampolín para introducir otro tipo de ideología que nada tiene que ver con la profesión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- SOBRE LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001898).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por un tiempo máximo de cinco minutos. Tiene la palabra el señor De Rosa.
Cuando quiera.
El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en democracia las formas son esenciales. Se empieza despreciando lo formal y se acaba atropellando la calidad de las instituciones. La insostenible e incomprensible situación de un fiscal general del Estado investigado por el
Tribunal Supremo, aferrado al cargo, está generando un daño reputacional en una institución clave para el funcionamiento de la justicia, como es el Ministerio Fiscal. Sin embargo, en este contexto, el Gobierno ha manifestado su intención de
acometer una trascendental reforma del proceso penal. Este debate va a producirse en un momento en que la situación procesal del máximo responsable de la fiscalía contamina la credibilidad del debate. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la
carrera fiscal, ha denunciado que es muy preocupante que se vincule la fiscalía al Gobierno debido a la negativa imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por eso, añaden, es necesaria una reforma del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal dirigida a profundizar en la independencia de la fiscalía respecto del Poder Ejecutivo. Las desafortunadas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
al referirse al fiscal general del Estado como su fiscal, así como la frase proferida ante un medio de comunicación: '¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso', está minando el trabajo de los 2704 fiscales que trabajan de forma ejemplar
ante los juzgados y tribunales españoles, cumpliendo rigurosamente los artículos primero y segundo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La carrera fiscal, de forma ejemplar, trabaja promoviendo la acción de la justicia, defendiendo la
legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. La conducta del fiscal general del Estado investigado por gravísimos delitos supone una anomalía democrática, por lo que es necesario resolver la misma con las
modificaciones legislativas oportunas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que evite la percepción de que el Ministerio Fiscal y el fiscal general del Estado son una pieza más del engranaje del Gobierno.
El Consejo de Europa ha destacado que para la confianza pública es fundamental que la labor de la fiscalía sea y parezca imparcial, sea objetiva y parezca libre de cualquier influencia de naturaleza política. Así pues, el dictamen, de
noviembre del año 2024, del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa ha venido a establecer una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre la independencia y la imparcialidad de sus representantes máximos en la
Fiscalía. También el informe GRECO de países que luchan contra la corrupción, que el Gobierno ha ocultado desde hace más de un año, deja claro que es necesario un fiscal general independiente. Entre estas recomendaciones del informe GRECO se
establece que hay que evitar cualquier influencia del fiscal general del Estado y que sea regulado de una forma exhaustiva. Por eso es necesaria una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para eso el Grupo Parlamentario
Popular considera prioritario que se modifique el estatuto orgánico y que sea previo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar credibilidad a esta reforma.
Desde el Grupo Popular también pretendemos establecer un procedimiento de designación que garantice la idoneidad del candidato a fiscal general del Estado y mejore la regulación de las causas de su cese, garantizando su plena independencia
para evitar bochornos como a los que estamos sometidos españoles con este fiscal general del Estado. También deben actualizarse y mejorar las reglas de funcionamiento de la Fiscalía garantizando la transparencia, reforzando la autonomía y haciendo
que sea totalmente ajena al poder político. En definitiva, para dar mayor peso al Consejo Fiscal en la toma de decisiones, en la promoción de la acción de la justicia, en la defensa de la legalidad, en la defensa de los derechos de los ciudadanos y
el interés público tutelado por la ley y, en todo caso, en lo referente a que se eviten nombramientos como el de Álvaro García Ortiz.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Seguidamente interviene, por un tiempo de tres minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario VOX, que ha presentado una enmienda. Tiene la palabra el señor Ortega.
Cuando quiera.
El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Es indudable la necesidad de la independencia del Ministerio Fiscal de todos los Gobiernos, de todos los colores, absolutamente imprescindible. Debe ser un Ministerio Fiscal que, en ese ámbito de defensa de la legalidad y en el principio de
jerarquía de quienes dependen de él, actúe siempre con el rigor y el sometimiento único y exclusivo a la ley. Por eso es muy importante -y lo hemos defendido hasta la saciedad- que la elección de ese fiscal general del Estado no dependa del
Gobierno, aunque algunos se vanaglorian de ello, como ya se ha manifestado, sino que dependan de un Consejo General del Poder Judicial que necesariamente habrá de ser elegido mayoritariamente por jueces, por y entre jueces y magistrados, como he
dicho en la intervención anterior. Lo que para algunos de la extrema izquierda comunista no es más que corporativismo, para nosotros se llama independencia de los partidos políticos.
Ahora bien, resulta hipócrita que el Grupo Popular nos presente esta iniciativa y lo hace siempre que está en la oposición y no gobierna. Es ese Partido Popular que nada tiene que ver con las campañas electorales y que nada tiene que ver
cuando está en el Gobierno. Algunos se enfadan y dicen: no se confunda de enemigo. No, es que están los que destruyen la independencia del Poder Judicial y los cooperadores necesarios, y ahí es donde está el Partido Popular. Por tanto, no es
equivocarse de enemigo, es tener claro el objetivo. El objetivo es la independencia del Poder Judicial, pero verdaderamente, realmente y de contenido. No solo de campaña y de eslogan, porque ya sabemos lo que va a hacer luego el Partido Popular,
no es una presunción, no es una estimación, es una realidad. Llegará al Gobierno y no lo hará, porque no lo hizo cuando tuvo mayoría absoluta, porque siempre está al reparto de las cuotas del Consejo General del Poder Judicial con el Partido
Socialista, como hemos podido ver en el último reparto,
porque la injerencia de los partidos políticos dentro de la Fiscalía General del Estado o del Consejo General del Poder Judicial no es una anomalía coyuntural. No es una anomalía coyuntural, no es Sánchez, es parte de esa coalición del
sistema consolidado del bipartidismo entre el PP y el PSOE. Por eso metemos siempre al PSOE y al PP en el mismo cajón, porque siempre terminan pactando por lo mismo. Por tanto, VOX no viene -y esto se lo dirigimos al proponente, al Grupo Popular,
y al Grupo Socialista- a maquillar un sistema politizado, viene a sustituir un sistema mediatizado por los partidos para lograr que, de una vez por todas, haya un fiscal general del Estado que solo esté sometido a la legalidad y solo esté sometido a
los criterios de necesidad de defensa de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por tres minutos y por orden de menor a mayor.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario SUMAR, la señora Martínez.
Cuando quiera.
La señora MARTÍNEZ BARBERO: Muchas gracias, presidente.
En democracia las formas son esenciales. Se empieza despreciando lo formal y se acaba atropellando la calidad de las instituciones. Esto es lo que dice la proposición no de ley que el Grupo Popular somete a la consideración de esta
Comisión de Justicia. A estas alturas lo cierto es que no hay que ser muy perspicaz para advertir que nada de lo que dice el Partido Popular sobre el papel de la Fiscalía General del Estado obedece a una preocupación sobre su independencia o sobre
el ajuste de dicha institución a la Constitución. Por el contrario, lo que hay es una persistencia obscena de una vieja manía: dinamitar, por cualquier medio, cualquier institución que la derecha no controle, que no pueda poner a su servicio, al
de la destrucción del adversario o al ocultamiento de su propia corrupción. Porque, seamos sinceras, ¿cuál fue la gran contribución a la independencia de la Fiscalía General del Estado de Jesús Cardenal, nombrado por Aznar? ¿Amenazar a cualquier
fiscal que criticase al Gobierno? ¿Oponerse a la entrega a España de un acusado de delitos de lesa humanidad como Augusto Pinochet? ¿Cuál fue la gran aportación a la independencia de los fiscales Maza y Moix, nombrados por Rajoy, y reprobados por
amplísima mayoría de esta Cámara por proteger al Partido Popular en sus casos de corrupción? Ninguna. Sorprendería, si no estuviéramos acostumbrados a ello, el rostro de cemento armado que el Grupo Popular exhibe al presentar esta proposición. La
autonomía del fiscal general del Estado se ejerce en la medida en que el Gobierno lo permita. Esto lo dijo Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Gobierno del Partido Popular, que terminó dimitiendo harto de las directrices políticas suicidas
recibidas durante el proceso de Cataluña. Porque el problema para ustedes no es que la justicia esté politizada. El problema es que no la puedan controlar plenamente y por la puerta de atrás, como dijo Cosidó. Porque al Partido Popular no le
molesta que haya jueces afines, le molesta que algunos ya no les obedezcan como antes. Por eso, señorías del Partido Popular permítanme que se lo diga, siempre con respeto, pero de manera muy clara: la regeneración institucional no vendrá de la
mano de quienes han hecho del Estado una red clientelar ni de quienes han cubierto con toga y placa su corrupción económica, política y policial. Porque, a estas alturas, si alguien, por mérito propio, se ha quedado sin autoridad para defender la
legalidad constitucional o la independencia judicial ese es el Partido Popular que, desde Aznar o Ayuso pasando por Rajoy, la ha pisoteado cuantas veces ha podido. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez.
Cuando quiera.
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Nada nuevo, hoy asistimos a un nuevo ataque del Grupo Popular al Ministerio Fiscal disfrazado esta vez de propuesta. Por cierto, un ataque que vemos que va quedando en nada, un acoso sin precedentes, que hacen porque
creen que atacando al fiscal general del Estado menoscaban al Gobierno, que equivocados están sus señorías. Están equivocados, pues al Gobierno no es a quien dañan, ustedes lo que socavan es un pilar fundamental de nuestro sistema judicial,
dinamitan toda una institución, porque desprestigiar, como hacen, al fiscal general del Estado es atacar a toda la fiscalía. Señorías, si hablamos de su propuesta -y les digo que yo sí que quiero hablar de su propuesta, no como ustedes que
lo traen a modo de excusa para dedicarle apenas treinta segundos- quisiera decirles que estamos de acuerdo, que mi grupo está de acuerdo, no en su propuesta, por supuesto que no, que es una bomba de humo, sino en tratar de mejorar el
Ministerio Fiscal con pequeñas actualizaciones, como ya está haciendo el Gobierno con la reforma para el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, pero con el objetivo de hacer la justicia más ágil y más justa. Es decir, una regulación
real para tener mayor eficiencia en la cobertura de las plazas vacantes, por ejemplo, o en cualquier mejora que realmente impacte en la vida de la ciudadanía. Porque nosotros legislamos para mejorar la vida de las personas, en cambio parece que
ustedes solo legislan para mejorarse la vida a sí mismos. Hoy votaremos en contra de este paripé, porque exactamente es eso: un paripé. En su propuesta no hay nada nuevo ni nada que aporte, en ella reconocen -y cito textualmente- que se está
generando un daño reputacional a una institución clave. A ver, señorías del Partido Popular, el enorme daño que se produce no lo ocasiona el sistema de nombramiento, lo produce el ataque que ustedes realizan. Si quieren detener esto no tienen más
que dejar de hacer lo que hacen. Díganme, señorías del Partido Popular, ¿acaso ustedes acusan también a países como Alemania, Portugal o Francia de tener un Ministerio Fiscal súbdito del Gobierno? Pues en estos tres países, por citar los tres más
próximos territorialmente hablando, existe un sistema similar tanto de elección como también en la organización o en cuanto al presupuesto que ustedes proponen modificar hoy en su proposición.
Señorías, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución española garantizan la independencia. El problema no es la norma, el problema son ustedes cuando la aplican, porque ustedes siempre
que han gobernado han intentado influir en todas y cada una de las instituciones y creen que todos somos iguales. ¿Les suena aquello de 'controlaremos la sala segunda desde detrás'? También han influido en el Ministerio Fiscal, Maza o Moix -¿les
suenan?-, fiscales nombrados por Aznar, pero también les sonarán a lo mejor Torres Dulce o Consuelo Madrigal, fiscales muy profesionales que dimitieron hartos de las presiones de sus ministros, nombrados por M. Rajoy. Ahora nos señalan, porque se
cree el ladrón que todos son de su condición, creen ustedes que todos actuamos igual y se equivocan. No sé si es para debilitar al Gobierno, si es porque el actual fiscal general de Estado fue fiscal muchos años en Galicia e hizo muy bien su
trabajo y se la tienen guardada y no lo perdonan o porque pretenden lanzar una bomba de humo para que no se hable de quien se tiene que hablar, de un cierto delincuente confeso, pareja de cierta presidenta autonómica del Partido Popular. Señorías
del Partido Popular, ustedes son una anomalía democrática que, allí donde pueden, van en contra de nuestro país. En cambio, este grupo defiende la democracia y siempre va a estar a favor de la verdad la diga quien la diga, a favor de la justicia, a
favor o en contra de quien sea. Recapaciten, señorías, en estos años podemos hacer un gran trabajo por la justicia de nuestro país y en ese camino, ahí sí, de verdad, nos vamos a encontrar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor De Rosa, como autor de la iniciativa, debe manifestar si acepta o no la enmienda presentada. (Denegación).
Gracias.
Señorías, procedemos a hacer un breve receso para ordenar la votación. Gracias. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Procedemos a la votación según el orden del día inicial. Por tanto, empezamos con la proposición no de ley número 161/816.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 161/1790.
Se vota con la enmienda del Grupo Socialista incorporada. (El señor Iñarritu García entra en la sala y procede a participar en la votación.-Rumores). Un momento, señorías, guarden silencio. Usted no puede votar porque se ha incorporado a
mitad de la votación. (Rumores). Señorías, si me permiten, conozco el Reglamento. Podrá usted votar a partir de la siguiente proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se votan de forma conjunta la proposición no de ley número 161/1799 y la número 161/1863.
Se votan conjuntamente en los términos de la transaccional presentada por los grupos Socialista y Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 161/1864.
Se vota con la enmienda transaccional del apartado 1 incorporada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley 161/1898.
Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar... (La señora Moro Almaraz pide la palabra). ¿Sí, señoría?
La señora MORO ALMARAZ: Pido una aclaración porque las cantidades de los votos son las mismas y, sin embargo, se ha incorporado el señor Iñarritu en las últimas votaciones. (Una señora diputada: Tuvimos 17-18 cuando él no estaba, pero
ahora hay una abstención: 17-18-1).
El señor PRESIDENTE: ¿Queda aclarado, señora Moro? (Asentimiento).
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Gracias.
Eran las doce y cincuenta y seis minutos del mediodía.