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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 304, de 27/03/2025
cve: DSCD-15-CO-304 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 304

JUVENTUD E INFANCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª PILAR VALLUGERA BALAÑÀ

Sesión núm. 13

celebrada el jueves,

27 de marzo de 2025



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la directora general del Instituto de la Juventud (Guerrero Calderón):


- Para exponer las líneas generales de la dirección general, así como los objetivos establecidos para el próximo periodo. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000426) ... (Página2)


- Para que explique las políticas y acciones que va a desarrollar en su labor al frente de este organismo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000013) ... (Página2)


Comparecencia de la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia (Gómez de Garmendia Cuetos):


- Para exponer las líneas generales de la dirección general y sus objetivos para el próximo periodo. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000396) ... (Página24)


- Para informar sobre los avances y resultados de la aplicación de la Garantía Infantil Europea, el presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha y las medidas previstas para el siguiente periodo. A petición del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000323) ... (Página24)



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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (GUERRERO CALDERÓN):


- PARA EXPONER LAS LÍNEAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000426).


- PARA QUE EXPLIQUE LAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE VA A DESARROLLAR EN SU LABOR AL FRENTE DE ESTE ORGANISMO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000013).


La señora PRESIDENTA: Bon dia, diputades y diputats. Buenos días, diputadas y diputados.


Abrimos la sesión y procederemos a tramitar el orden del día que, como todos ustedes saben, consiste en la celebración de comparecencias. La primera a la que vamos a dar paso es la de la directora general del Instituto de la Juventud,
INJUVE, para exponer las líneas generales de la dirección general. Esta comparecencia ha sido solicitada tanto por el propio Gobierno como por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. La solicitud por parte del Gobierno es para exponer las
líneas generales de la dirección general, así como los objetivos establecidos para el próximo periodo. La solicitud por parte del Grupo Parlamentario Popular es para que explique las políticas y acciones que va a desarrollar en su labor al frente
de este organismo.


Debo recordarles los tiempos de intervención que tienen los grupos. Saben bien que el compareciente proveniente del Gobierno tiene un turno por tiempo indeterminado, lo que le haga falta. En primer lugar, interviene el compareciente. A
continuación, los grupos parlamentarios por un turno de siete minutos. Después habrá un turno para la contestación de la compareciente, si es que lo cree oportuno; y, si ustedes lo consideran así, un turno de réplica de tres minutos. Respecto a
esto, como saben los portavoces, la portavoz del Grupo Mixto, Cristina Valido, ha solicitado que le permitamos acumular su tiempo en el turno de réplica. Por parte de esta Mesa no hay problema, entendemos que por parte de los portavoces tampoco.
(Asentimiento).


Por tanto, si les parece, vamos a dar paso ya a la primera compareciente de esta mañana, que es la presidenta del Instituto de Juventud, doña Margarita Guerrero Calderón. Cuando usted quiera.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Guerrero Calderón): Señorías, buenos días, bos días, egun on, bon dia.


Comparezco ante esta comisión para exponer las prioridades de la dirección general. Como ustedes saben, el Instituto de la Juventud es un organismo autónomo regulado por el Real Decreto 486/2005 y adscrito al Ministerio de Juventud e
Infancia.


Antes de hablar de las actuaciones de este organismo, permítanme situar el contexto de las personas jóvenes en nuestro país. Si bien para nadie es desconocido, creo que es importante situar esto de manera inicial. Señorías, la juventud
española nacida con el cambio de milenio hemos sufrido varias crisis sistémicas consecutivas que han marcado nuestras vidas: la financiera inmobiliaria de 2008, la crisis del coronavirus y, posteriormente, la guerra de Ucrania. Todas ellas -aunque
a través de mecanismos diferentes- han profundizado una dualidad socioeconómica de carácter etario, en la que las nuevas generaciones sistemáticamente resultan discriminadas en el acceso efectivo a derechos económicos, laborales y emancipatorios.
Así, una de las consecuencias de estas crisis prolongadas en el tiempo ha sido la precarización del empleo joven. Por otro lado, habría que recordar que esta cuestión del desempleo juvenil en este país es un problema estructural como consecuencia
de nuestro modelo productivo, y que lo arrastramos desde los años ochenta. No obstante, las políticas implementadas por este Gobierno, especialmente la reforma laboral, han supuesto una mejora notable en la calidad del empleo juvenil, reduciendo la
parcialidad y la temporalidad que afectaba de manera especial a las personas jóvenes, hasta situar -según la encuesta de la EPA- en el cuarto trimestre de 2024 en un 19,15 % el paro entre los jóvenes de 16 a 29 años. Asimismo, los aumentos del
salario mínimo interprofesional han beneficiado especialmente a las personas jóvenes y a las mujeres. Evidentemente, seguimos teniendo muchos desafíos en relación con la parcialidad juvenil, que sigue siendo elevada a pesar de esa importante
reducción de la temporalidad, o del carácter precario de la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral. La segunda consecuencia de estas crisis ha sido el incremento de la mercantilización y



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la especulación con los bienes y servicios de primera necesidad. Para nadie es sorpresa la situación de la vivienda en nuestro país.


Como consecuencia de todo esto, tenemos que nuestra juventud se emancipa más allá de los 30 años, es decir, cuando ya no son jóvenes -son datos del Consejo de la Juventud de España-. Esto es lo que ha venido a considerarse como generación
inquilina. Además de este importante condicionamiento, los dos ejes seguramente que más condicionan nuestra vida -el empleo y la vivienda-, vemos que el encarecimiento del costo de vida suma una tormenta perfecta en la que no nos permiten construir
nuestros proyectos vitales. Sin una posibilidad efectiva de ahorrar, sin la posibilidad de formar una familia independiente o de desarrollar nuestras propias trayectorias sociales y profesionales, la juventud constituye un nuevo precariado. Ese
precariado es muy consciente de la injusticia etaria y de la imposibilidad de desarrollar con dignidad sus proyectos vitales. Y, en consecuencia, se muestra reactivo a un sistema que -como denunciaba el cineasta Jonás Trueba- le impide jugar un
papel de sostén y de desarrollo de la sociedad que le atribuye el artículo 48 de nuestra carta magna. Pero a estas crisis hay que sumar otras de carácter internacional que tienen que ver con la crisis de intermediación y a la que, evidentemente, no
es ajena a nuestra juventud. Y, por supuesto, también se muestra reactiva contra un sistema político que no es capaz de resolver sus necesidades.


A pesar de esta desafección hacia una realidad que la discrimina, nuestra juventud no renuncia a contribuir a una sociedad y a unas relaciones económicas más justas; al revés, cuando critica las instituciones y las políticas es porque
demanda entrar en ellas para operar en ellas transformaciones que las personas jóvenes consideran imprescindibles. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque el Instituto de la Juventud trabaja continua y estrechamente con todos los colectivos de
juventud. Desde el año 2020 se han realizado más de veinte procesos de consultas a asociaciones, entidades, secciones juveniles de sindicatos, agentes sociales, diálogo social con la juventud, los diálogos de la juventud con la Unión Europea,
consultas sectoriales o territoriales. Y de todas ellas se desprende un consenso: la juventud española nos propone un cambio transversal en las políticas de educación, empleo, vivienda, emancipación, protección social y medio ambiente, y esto
también lo tenemos en la documentación estratégica aprobada por este Gobierno.


Sin embargo, hay que decir que la juventud de nuestro país es heterogénea y seguramente el código postal lo cambia todo, lo determina todo. Y hay que recordar que esta diversidad en nuestro país está presente en muchos ámbitos de nuestra
vida. Y si bien los datos que hemos mencionado nos arrojan una fotografía preocupante de inequidad generacional, también vemos que las personas jóvenes están abriendo debates de época. Si las generaciones que nos precedieron lucharon por tener una
jornada laboral de ocho horas y unas condiciones laborales dignas, la juventud de hoy nos está diciendo que no quiere vivir para trabajar. Quiere trabajar, sí, por supuesto, con condiciones dignas, con salarios justos y sin dejarse la salud mental
por el camino. Es decir, queremos trabajos compatibles con la vida. Y también lo que nos dice es que queremos tiempo para vivir. Esta reformulación de estos planteamientos, sin duda, tiene que ver también con un cambio de época.


También han roto el tabú sobre la importancia de hablar de salud mental, aunque la sociedad no siempre les ha respondido de forma empática y muchas veces les ha puesto la etiqueta injusta de generación de cristal. La preocupación por la
crisis climática y el ecologismo, la implicación en causas como las acampadas universitarias contra el genocidio en Palestina, la preocupación por la igualdad de género y el feminismo, son otros elementos de vanguardia en la juventud de nuestro
país. En las próximas semanas presentaremos el informe de la Juventud en España, que en esta edición cumple cuarenta años, y eso nos permitirá poder tener una visión con perspectiva histórica para entender cómo han cambiado las condiciones de las
personas jóvenes en estos cuarenta años y cómo es la juventud hoy. Lejos de clichés, lejos de etiquetas, tendremos datos para analizar y, sobre todo, para actuar. Más adelante -si así lo consideran- por supuesto estaremos encantadas de volver a
comparecer en relación con este informe.


Y, ahora sí, entrando en materia, al hablar de las actuaciones del organismo me voy a referir al menos a cuatro elementos. El primero tiene que ver con las líneas estratégicas del Ministerio de Juventud e Infancia. El segundo tiene que ver
con la Estrategia de Juventud, un documento que rige nuestras políticas públicas en materia de juventud hasta el año 2030. El tercero tiene que ver con el Plan de actuación anual del INJUVE, que por nuestro reglamento tenemos que aprobarlo
anualmente por el consejo rector y lo pueden consultar en la página web del organismo. Y en el cuarto hablaremos de los programas europeos a través de la Agencia Nacional Española.



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En primer lugar, comenzaremos con las prioridades políticas del INJUVE en el marco estratégico del Ministerio de Juventud e Infancia, esto es, los trabajos relacionados con la ley de juventud y los derechos de las generaciones futuras. En
esta misma sala compareció nuestra ministra, Sira Rego, para anunciar el compromiso de este ministerio de reciente creación de desarrollar de manera plena -y por primera vez- una ley de carácter estatal que desarrollara el artículo 48 de la
Constitución española, que dice que 'los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural'. Hasta ahora hemos desplegado el proceso participativo
para que la elaboración de este texto parta de las prioridades de las personas jóvenes, cumpliendo así con el compromiso anunciado por la ministra en esta comisión para que sean las personas jóvenes quienes redacten este documento y saldar así una
deuda con las personas jóvenes en relación con su participación en los procesos de elaboración de normativa o de políticas públicas. Con esto hemos querido acercarnos a los territorios y hemos desplegado encuentros territoriales de la mano del
Consejo de la Juventud de España y los consejos autónomos, y aquí aprovechamos para agradecer también la participación de todas las secciones juveniles, de las organizaciones políticas que se han acercado, de los sindicatos, de las asociaciones y de
las entidades que sostienen el tejido asociativo juvenil a lo largo y ancho de nuestro país. Como decía, estos instrumentos de participación se han desarrollado de la siguiente manera. Hemos ampliado el tiempo que nos exige la normativa en
relación con la consulta pública previa para facilitar los procesos de participación justamente. A la par, hemos desarrollado estos encuentros territoriales a los que me he referido con anterioridad, pero también encuentros sectoriales con el
objetivo de recoger las particularidades, las especificidades y las cuestiones relacionadas con la diversidad de la juventud de la que hablábamos antes. Tienen que ver con encuentros con el ámbito socioeconómico, salud mental, mujeres jóvenes,
jóvenes migrantes, jóvenes y discapacidad, juventud autista, juventud LGTBI, reuniones bilaterales con colectivos de enfermedades raras, encuentros con jóvenes ecologistas -que han elaborado parte de este texto-, además de contar con un grupo de
trabajo permanente, siguiendo la estrategia de minipúblicos adaptada para que tengamos una muestra representativa de la juventud en España. Y, por supuesto, también hemos contado con la visión de las asociaciones de los profesionales de juventud.
Como resultado de este proceso, estamos trabajando en el borrador del anteproyecto que recoge y da forma legal a las demandas de la juventud de nuestro país. Aquí quizá cabe aclarar que el planteamiento siempre ha sido y es respetar nuestro marco
competencial, es decir, entender que, si bien las comunidades autónomas son las que tienen las competencias exclusivas, esto no excluye el deber del Estado de desarrollar un marco general que ampare y dé soporte a los procesos de participación y de
los derechos de las personas jóvenes.


El segundo punto tiene que ver con el refuerzo y la promoción de la participación de la juventud. En este caso, estamos hablando de la subvención nominativa que damos desde el Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Juventud
e Infancia, a la Federación de Municipios y Provincias. Este año lo hemos alineado para la promoción de la participación juvenil en el ámbito local coherente con los planteamientos anteriores. Como consecuencia de esto, 180 000 euros se
distribuirán entre los treinta proyectos locales en todo el territorio para promocionar la participación. Por supuesto, esto no es suficiente, hay mucha demanda en los territorios y, coherentes con el planteamiento de la suficiencia de recursos
para desarrollar estas políticas públicas, desde este ministerio hemos hecho los trabajos y en el borrador de presupuestos hemos incluido incrementos importantes para las partidas que tienen que ver con el apoyo al Consejo de la Juventud de España,
pero también con el mantenimiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud, hemos propuesto hasta duplicar la partida, una partida que está congelada desde hace diez años en nuestro país
-entenderán que hace diez años la vida no costaba lo mismo-. Hoy las entidades y las asociaciones juveniles siguen infradotadas y siguen haciendo esfuerzos increíbles para poder desplegar trabajo con pocos recursos.


Por otro lado -y quizás esto es más una política de nuestro ministerio-, debemos incluir y reforzar la interseccionalidad en los espacios propios de trabajo del ministerio y del instituto para que reflejen la diversidad de la juventud de
nuestro país. Nuestro país ya es diverso y nuestras instituciones también deben serlo, así como sus foros, espacios y actividades. Por otro lado, el CEULAJ, el Centro Eurolatinoamericano de Juventud -que se encuentra en Mollina y que también
depende de este instituto- es un espacio de gestión directa y pública que nos permite acoger y dar a las asociaciones un espacio amable para la juventud. Anualmente pasan por allí más de 12 000 personas.



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Otro elemento que consideramos fundamental son las guías de derechos de la juventud. Y aquí, antes de entrar en la materia, permítanme hacer alguna reflexión. Con frecuencia se habla de la desafección de la juventud con las instituciones.
A mí me gusta cambiar este marco y preguntarnos: ¿qué no estamos haciendo bien para que las personas jóvenes no se sientan cerca de las instituciones? En ese sentido, este año y tres meses al frente del INJUVE, he podido conocer realidades
territoriales diversas, pero con elementos comunes. Uno de ellos es que la falta de información accesible es una barrera de acceso a los derechos y servicios públicos. Esto, en la juventud, se traduce en una pérdida de oportunidades, pero también
en una vulneración de derechos. Por eso, desde el Ministerio de Juventud e Infancia y el INJUVE, hemos considerado que estas guías son una herramienta indispensable para tener una juventud con derechos. Pero también somos conscientes de que las
Administraciones deben mejorar su comunicación con la ciudadanía. En este sentido, las Administraciones tenemos el deber de informar sobre lo que hacemos, esto es, concebir la información como un servicio público y clave en el acceso a derechos.
Por eso, trabajamos desde el instituto para mejorar los canales de comunicación con las personas jóvenes, pero también para adaptar el lenguaje para que sea amigable con la juventud, generando fórmulas de comunicación entre pares, jóvenes para
jóvenes. Así, en las próximas semanas se publicarán las primeras guías. Empezaremos por la de vivienda, puesto que es una de las temáticas de mayor preocupación para las personas jóvenes y para el resto de la población -pero en este caso nos ocupa
la juventud-.


Otro ámbito al que me referiré de actuación prioritaria tiene que ver con el desarrollo del convenio entre el INJUVE y la inspección de trabajo. La preocupación por la precariedad laboral juvenil es una de nuestras prioridades. En ese
sentido, estamos desplegando -junto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social- este convenio, que es una herramienta que nos permite desarrollar actuaciones específicas dirigidas a comprobar el cumplimiento de las condiciones laborales de los
jóvenes trabajadores en el marco de las diferentes campañas de inspección. De este modo, en las próximas semanas tendremos la primera actuación en relación con los exbecarios. Como ustedes saben, son uno de los colectivos con más derechos
vulnerados. Es una forma de vinculación inicial -antes incluso de la laboralidad-, pero desde una vulnerabilidad y desde un déficit de derechos que necesitamos solventar.


Por otro lado, parte de nuestro trabajo dentro del Gobierno es trabajar con otros ministerios para garantizar la transversalidad de la juventud en las políticas públicas. Trabajamos junto con el Comisionado de Salud Mental, por ser la salud
mental una prioridad para nuestro ministerio. También hemos creado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Juventud y el Ministerio de Sanidad para abordar la salud sexual de jóvenes y adolescentes. Y estamos aportando a múltiples estrategias
relacionadas con el reto demográfico, la estrategia contra la pobreza del transporte, entre otras a las que me puedo referir más adelante si es de vuestro interés.


Asimismo, desde el INJUVE hemos colaborado desde el año 2022 en la redacción, seguimiento y ejecución de hasta veintisiete planes y estrategias de otros organismos ministeriales, actualmente en vigor y con incidencia en la juventud. Y el
ámbito de la investigación -este último al que me referiré- para nosotras es de una importancia capital, pues entendemos que las políticas públicas deben ser elaboradas con evidencia científica y partiendo de un diagnóstico que nos permita actuar de
manera certera. El INJUVE colabora con el INE, con el servicio estatal del empleo, con el Observatorio Permanente de la Inmigración, con el OBERAXE, con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, con el Observatorio Estatal de
Voluntariado, con el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada y con el Observatorio de la Infancia.


El otro documento estratégico al que hacía alusión tiene que ver con la estrategia de juventud. (Muestra un libro que lleva por título Estrategia Juventud 2030). Es importante destacar que también fue elaborada con un importante proceso de
participación y que en ella se recogen las demandas de las personas jóvenes. Y lo aterrizamos en el primer plan de acción 2022-2024 (muestra un libro titulado Plan de Acción 2022-2024), que recoge más de 200 medidas de la Administración General del
Estado con más de 33 300 millones de euros hasta el año 2024. Estamos en 2025, por lo que entenderán que nos encontramos evaluando la ejecución de este primer plan de acción a través de una serie de indicadores adaptados a cada eje de actuación.


Permítanme aquí hacer un parón porque entendemos que el desarrollo de indicadores es un trabajo fundamental para tener capacidad real de medir el impacto de nuestras políticas públicas y en ese sentido también es una demanda histórica de los
colectivos y entidades que trabajan con jóvenes, con el Consejo de la Juventud de España y con el consejo de la juventud de Europa -el European Youth Forum-, que



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sitúan incorporaciones como el Youth Test como una medida necesaria para medir el impacto. Estamos trabajando en esto y también en la elaboración del siguiente plan de acción.


El siguiente documento al que me referiré es el plan de actuación del INJUVE. (Muestra un dosier titulado Plan de Actuación Anual INJUVE 2025). Como les decía, cumpliendo nuestra normativa, este es un documento que aprobamos anualmente en
el consejo rector, consejo rector del que también forma parte el Consejo de la Juventud de España y, en este sentido -para tranquilidad de todo el mundo no voy a leer las no sé cuántas páginas que tiene este plan de actuación-, solamente me referiré
a algunas actuaciones que pueden ser de especial relevancia por el contenido, relacionadas con la educación y la formación; por ejemplo, el Congreso de Jóvenes Investigadores, que nos permite despertar vocaciones investigadoras en jóvenes
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y FP, que lo trabajamos junto con el Ministerio de Ciencia, la Ruta al Exilio, la alianza estratégica Reconoce -un sistema de reconocimiento de competencias adquiridas en el ámbito de la educación no formal y
el voluntariado para mejorar la empleabilidad de jóvenes-, la adhesión a la Alianza por la Formación Profesional.


En las líneas de fomento de empleo juvenil y emprendimiento me referiré a la subvención del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, que nos permite contratar anualmente a cuarenta y dos jóvenes de hasta 30 años, que trabajan durante nueve
meses en el INJUVE, con un contrato digno, con unas condiciones dignas y que les permite tener su primera experiencia en la Administración pública. También trabajamos en la renovación del convenio del SEPE y el INJUVE que incluye los elementos del
Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027; asimismo desarrollamos el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para apoyar -en este caso se trata de ayudas económicas de 20 000 euros- hasta diez proyectos innovadores liderados por personas jóvenes.
Estos programas son anuales y de esa manera contribuimos también a consolidar iniciativas empresariales desarrolladas por personas jóvenes. También trabajamos en las convocatorias de Ayudas para la Creación Joven, que permiten la profesionalización
de los jóvenes artistas, entre otros a los que me puedo referir más adelante.


En el ámbito de la igualdad el organismo autónomo Instituto de la Juventud tiene atribuidas destacadas funciones en el ámbito de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres jóvenes. Desarrollamos el trabajo junto con el Instituto de
las Mujeres y con el Consejo de la Juventud de España, pero también estamos en algunos foros que nos permiten aportar el trabajo -como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer-, participando activamente en los grupos de trabajo dedicados
a estadística, violencias digitales, violencias sexuales, violencia institucional, infancia, juventud y falso SAP.


Y paso a referirme al último elemento, el cuarto, que tiene que ver con la agencia nacional española de los programas europeos Erasmus en el ámbito de la juventud y el deporte y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es una de las principales
tareas del organismo. En este punto recuerdo que esta agencia nacional está integrada por el Instituto de la Juventud, está presidida por la subdirección de internacional, forman parte de ella los organismos de juventud de las comunidades autónomas
y el consejo de la Juventud de España; es decir, estamos hablando de una gobernanza multinivel. Por situar algunas cifras de estos programas Erasmus y CES, las cifras avalan que España tiene una posición de liderazgo a nivel europeo. En este
caso, hemos obtenido un aumento de las partidas presupuestarias que se utilizan para la implementación de este programa, casi un 40 % entre el 2019 y 2025, pasando de 27 millones a casi 45 millones, incluyendo los gastos de funcionamiento de la
agencia y la Red Eurodesk. Esto es importante porque nos permite apoyar más de ochocientos proyectos anuales a lo largo y ancho de todo el país, lo que muchas veces es el único soporte para desarrollar actividad.


Asimismo, haré alusión al porcentaje de uso de los fondos en nuestro país, que se ha situado por encima de la media del resto de países europeos: un 92 % en el caso de Erasmus+ -frente al 89 % de la media- y un 91 % en el caso del Cuerpo
Europeo de Solidaridad -frente al 80 % de media-, lo cual es un signo de solidez en la implementación de nuestro programa. Además, la juventud de nuestro país es una de las juventudes europeas más motivadas en temas de movilidad. Somos el segundo
país en envío de participantes del programa Erasmus+, con más de 20 000 participantes anuales, tan solo por detrás de Italia, y también el segundo para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, con más de 2000 voluntarios y voluntarias al año, solo por
detrás de Italia. En 2024 fuimos el tercer país en participantes y proyectos solicitados en el DiscoverEU, tan solo por detrás de Turquía y Rumanía, y España es el cuarto país más solicitado por la población joven a participar en Erasmus Juventud,
por detrás de Italia, Polonia y Alemania.


El Cuerpo Europeo de Solidaridad es otro de los programas europeos. En este caso, vamos a hablar de algo de lo que nos sentimos particularmente orgullosas: del ejemplo de inclusión que representa este programa, con un 45,18 % de sus
participantes pertenecientes a alguno de los colectivos con menos



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oportunidades, así como el fomento de la sostenibilidad, con un 45,88 % de sus proyectos tratando objetivos climáticos. Creo que esto también da buena cuenta de las preocupaciones de las personas jóvenes; no se quedan únicamente en el
plano de la demanda o la reivindicación, sino en la capacidad de generar proyectos para buscar soluciones de impacto en su ámbito, desde lo local hasta lo supranacional. A pesar de la pandemia, se ha conseguido en tiempo récord recuperar las cifras
de proyectos y participantes, duplicando en apenas dos años el número de participantes; hemos pasado de 12 000 participantes en 2021 a casi 23 000 en 2024. Hay un gran número de participantes gracias a la excelente comunicación que se coordina
desde el INJUVE con las comunidades autónomas y con el Consejo de la Juventud de España, y a la existencia de potentes redes de puntos Eurodesk. Como decía al inicio de mi intervención, la información es una barrera de acceso, pero también es una
oportunidad cuando se gestiona bien. Estamos entre los cinco primeros países en número de puntos multiplicadores, con 73 puntos por todo el territorio nacional.


Hay que decir que la agencia ha experimentado un crecimiento exponencial en los números de solicitudes presentadas. Esto también tiene efectos. Hemos pasado de 666 solicitudes recibidas para el programa Erasmus en 2021 a 1968 solicitudes
en 2024. En el caso del Cuerpo Europeo de Solidaridad, hemos pasado de 264 solicitudes en 2021 a 538 en 2024. Con este importante aumento de solicitudes observamos también una mayor competición y, evidentemente, el porcentaje de proyectos que
finalmente son aprobados es menor, lo que no significa que se apoyen menos proyectos, sino que hemos aumentado la cantidad de personas que demandan apoyo para estos proyectos. A pesar de que hemos hablado de un aumento de estas partidas, siguen
siendo insuficientes para cubrir toda la demanda.


Con estos datos que hemos mencionado, llegamos a usar casi el 100 % de los fondos asignados por la Comisión Europea, situando a España como uno de los países europeos que mejor aprovechamiento de los fondos realiza. Quizás es oportuno decir
en este momento, antes de situar la importancia de este marco financiero plurianual, recordar que el pasado 24 de febrero se organizó por primera vez en la historia de la agencia un acto de reconocimiento a las buenas prácticas de estos programas de
todas las comunidades autónomas con representación de la Comisión, asociaciones, organizaciones y de los directores y directoras generales de Juventud, dando una muestra de cogobernanza y de coordinación para generar oportunidades para las personas
jóvenes.


Evidentemente, si nuestros programas son un éxito de gestión y ejecución, es posible gracias al trabajo y la implicación de los servidores públicos, y al trabajo coordinado y constante de las distintas comunidades autónomas y del Consejo de
la Juventud de España. Este es un elemento diferencial que nos debe hacer sentir orgullo. El Consejo de la Juventud de España forma parte de la Agencia Nacional, siendo pionero en Europa en la implicación de la gobernanza de la juventud en estos
programas europeos.


Antes de cerrar este bloque, hay que recordar la necesidad imperiosa de contar con más recursos en el próximo marco financiero plurianual para, ya lo han visto, no morir de éxito. En cuanto suenan los tambores de guerra, cuando aflora la
carrera belicista, nos deberíamos preguntar por qué escasean los recursos para programas de este tipo, incluyendo los de educación, los de educación no formal, como Erasmus+ y CES. Nosotras apostamos por una visión de seguridad que garantice
derechos a nuestra juventud y potencie programas como estos, que han hecho más por el sentido de pertenencia a la UE que cualquier amenaza exterior.


Debo referirme, antes de finalizar este bloque, a otras acciones de cooperación bilateral y multilateral que se trabajan también desde el Instituto de la Juventud. Pasaré brevemente, también para dar espacio a la conversación posterior y
poder responder sus preguntas, por las que tienen que ver con el campo de voluntariado, que se gestionan también desde el INJUVE. El número de voluntarios extranjeros que ha disfrutado de nuestros campos ha sido de 308 en 2022 y de 246 en 2024.
Esto obedece a que cada vez las comunidades autónomas ofrecen menos plazas en sus campos de voluntariado para personas jóvenes extranjeras. Sin embargo, ha aumentado el número de jóvenes españoles que han viajado al extranjero, pasando de 125 en
2022 a 479 en 2024, gracias a la nueva política de intercambio de plazas con los organismos de la alianza. Además, en los tres últimos años, el INJUVE ha adquirido la licencia de la plataforma de gestión integral de plazas de Campos
Internacionales, lo cual facilita que los jóvenes españoles puedan inscribirse con más agilidad a los mejores campos internacionales.


Por otro lado, en cuanto al Carné Joven Europeo, el área de cooperación es la interlocución con la European Youth Card Association, EYCA, asociación internacional que gestiona el Carné Joven a nivel europeo. Recientemente ha pasado por el
Consejo de Ministros la aprobación de la cuota para este año y a finales de 2024 se materializó la firma de acuerdos para lograr descuentos con los principales centros



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de idiomas, al objeto de que las personas jóvenes puedan disfrutar de importantes reducciones. Son acuerdos alcanzados con el British Council, el Instituto Francés, la Casa Árabe, el GoetheInstitut, el Instituto Cervantes o la Alianza
Francesa. Estamos en conversaciones para ampliar estos acuerdos, cuyos descuentos generalmente se gestionan a través de las comunidades autónomas. Los acuerdos marcos que se generan a nivel estatal también dan cobertura a todas las comunidades
autónomas y, de esta manera, avanzamos en una cartera común de derechos mínima para los y las jóvenes en nuestro país.


Es importante destacar que, gracias a su coordinación con las comunidades autónomas, de los nueve millones de carnés jóvenes europeos existen más de dos millones y medio que son españoles, lo que posiciona a nuestro país con un notable
liderazgo en esta materia. Nos queda todavía avanzar en la utilización de esta herramienta para la promoción de la participación, siguiendo los modelos nórdicos de promoción de la participación a través de los carnés de juventud. Son ámbitos en
los que se puede ir mejorando a nivel de las comunidades autónomas, pero también a nivel estatal. En cuanto a cooperación bilateral y multilateral, desde el área de cooperación, el INJUVE ostenta también la representación española en el Consejo de
Europa. Los temas abordados en estos documentos van desde el empleo juvenil o el clima hasta la defensa de los derechos de la juventud gitana. En este contexto, el INJUVE se ofreció voluntario ante el Comité Director Europeo para la Juventud para
redactar, junto a otros miembros, la recomendación del Consejo de Europa sobre Juventud Rural.


En el ámbito de la promoción del talento joven, también tenemos que destacar el programa de jóvenes delegados de las Naciones Unidas, que desarrollamos junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el Consejo de
la Juventud, en el que España seleccionará cuatro jóvenes que destaquen por su formación política internacional y que podrán participar en los foros de las Naciones Unidas. Hasta el momento no disponemos de esta herramienta.


Asimismo, se ha trabajado en la promoción de las políticas de juventud españolas en reuniones de alto nivel con otros organismos internacionales, como la OCDE o la Unión por el Mediterráneo, y se han iniciado sendos proyectos de cooperación
con la FIIAPP enfocados a fortalecer la juventud tunecina y angoleña, y con la AECID en el marco de la cooperación triangular con Chile y con Perú. En el ámbito bilateral, estamos pendientes del desarrollo del marco de cooperación con la creación
del consejo de juventud hispanofrancés, tal como recoge el Tratado de Amistad y Cooperación celebrado en enero de 2023 entre los presidentes Sánchez y Macron. En los últimos meses, hemos venido reforzando los marcos de cooperación bilateral en el
intercambio de políticas y buenas prácticas con otros Gobiernos como Brasil o Portugal. En abril de 2024, retomamos nuestra presencia en el ECOSOC Youth Forum de las Naciones Unidas, lo que nos ha permitido mejorar la interlocución con los
organismos internacionales para la juventud. Quizás el momento más álgido sea la presencia de nuestra ministra en la Asamblea del Pacto del Futuro en Nueva York. Asimismo, trabajamos para un fortalecimiento de la OIJ en el marco de las prioridades
estratégicas del país, situando a la juventud como un elemento crucial en esta materia.


Antes de acabar, voy a referirme muy brevemente a un elemento sin el cual no sería posible desarrollar ninguno de los elementos anteriores. Estoy hablando, en este caso, del equipo humano que forma parte del Instituto de la Juventud, un
equipo comprometido con los derechos de las personas jóvenes y que es el que posibilita que podamos desarrollar todos estos programas y oportunidades para las personas jóvenes. Quizás, en cuanto al personal del INJUVE, debería hacer, además de este
agradecimiento más genérico, una breve mención y una reflexión -para finalizar esta primera intervención- que tiene que ver con la precarización de los organismos de juventud. En nuestro caso, estamos hablando de que se ha reducido el porcentaje de
personal temporal con respecto al total de la plantilla. En 2020 era de un 38 % y ahora estamos en un 26 %, pero evidentemente queda muchísimo trabajo por hacer. En los últimos cuatro años se ha mejorado sensiblemente la gestión, lográndose una
ejecución cercana al 100 % de presupuesto nacional. Evidentemente, esto implica también la necesidad de contar con más personal, con un personal más estable que nos permita trabajar más y mejor en favor de la juventud.


Quiero referirme a este punto y decir que este elemento de precarización de quien presta servicios a la juventud no tiene que ver solo con el ámbito estatal y que se extiende por todo el territorio nacional. Quizá la consideración final
sería, antes de dar paso a sus inquietudes y a sus preguntas, que deberíamos ser capaces de llegar a un gran consenso para dotar de forma suficiente las políticas de juventud; políticas que en contextos de crisis han sido las primeras en sufrir
recortes y, como consecuencia de ellos, se ha producido el empeoramiento en la situación de las personas jóvenes.


Acabo diciendo que la situación de las personas jóvenes no debería ser una preocupación solo para los departamentos de juventud; tiene que ser una tarea de todas las Administraciones, de todos los niveles



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de la Administración, de las competencias estatales, autonómicas y locales. Solo trabajando de esta forma seremos capaces de resolver la inequidad generacional que no solo lastra el presente de las generaciones jóvenes, sino el futuro de
nuestro país.


Gracias. (Aplausos).


El señor SECRETARIO (Cofiño Fernández): Muchas gracias, directora, por la intervención.


Pasamos al turno de intervenciones de los portavoces.


Empezamos por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Ogou i Corbi.


La señora OGOU I CORBI: Buenos días, directora.


Muchísimas gracias por comparecer ante la comisión y por traernos información tan detallada sobre el trabajo que están desarrollando desde el Instituto de la Juventud. Como sabe, yo me he incorporado hace poco a este Congreso, precisamente
gracias a las políticas de juventud y a la participación juvenil, y he podido entender la importancia de la democracia, la importancia de la participación institucional en la que también...


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Un momentito, ¿por qué el primer turno es de SUMAR?


El señor SECRETARIO (Cofiño Fernández): Intervenimos de menor a mayor. El resto de grupos no los he nombrado, pero...


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Ah, perdón, que se ha ido. Es que he visto a ...


El señor SECRETARIO (Cofiño Fernández): Sí, pero no está.


La señora OGOU I CORBI: Muchas gracias por la interrupción. No pasa nada.


Como decía, yo me he incorporado hace poco a este Congreso y lo he hecho gracias a las políticas de participación juvenil, gracias a las organizaciones de participación juvenil en las que he participado desde que tenía 14 años y en las que
he podido aprender, precisamente, la importancia de la participación democrática, del respeto a las instituciones y de los canales para poder hacer llegar las demandas y las necesidades de la juventud, algo que no es fácil y que, como usted bien ha
dicho, no es accesible para gran parte de nuestra ciudadanía. Desafortunadamente, creo que estamos en un momento histórico en el que nuestra generación se está encontrando con más desafección política que nunca.


Si queremos que las personas jóvenes se interesen por la democracia, que sean buenas patriotas, preocupadas por el país, que puedan contribuir al mismo, la formación desde jóvenes y el acceso a oportunidades, toda esa información es
fundamental. E, independientemente de que quieran o no quieran hacer esta participación juvenil, también es clave que tengamos presente cuáles son las necesidades de una colectividad que a veces se ve infrarrepresentada también en el porcentaje de
voto. Por tanto, creo que muchas veces ha habido esta crítica desde los movimientos juveniles: que no se nos escucha.


La generación milenial, la generación Z, crecimos tras la crisis de 2008 viendo cómo los que eran un poco más mayores se veían obligados a emigrar; oyendo hablar de los ninis; pensando que nosotros también tendríamos esta falta de
oportunidades. Somos una generación que se ha esforzado mucho. Como usted decía, nos llaman la generación de cristal, pero tenemos de las mayores tasas de acceso a la educación superior; de las mayores tasas de jóvenes que estudian, trabajan o
las dos cosas -prácticamente el 80 %, según una encuesta de esta semana en un periódico español-. Son unas cifras muy elevadas, pero al mismo tiempo también, como usted decía, seguimos con los desafíos de la parcialidad en ese trabajo o -el reto
mayor- del acceso a la vivienda. En este sentido, creo que es fundamental que se esté haciendo todo este trabajo.


A mí me ha parecido muy interesante que sigan desarrollando todas estas consultas públicas, que hayan hecho esta gira para escuchar cuáles son las necesidades territoriales y sectoriales. Somos un país diverso y, por tanto, también hay
diversidad en las necesidades que se puede encontrar la juventud y las organizaciones juveniles en diferentes territorios. Ha dicho que están generando un consejo permanente también para la representatividad de la diversidad de la juventud española
y me pregunto si han sido capaces de incluir también a jóvenes que no estén organizados, a jóvenes que quizás no cumplan con esos perfiles de un joven normal, que no forma parte de una entidad y que dedica su tiempo libre a otras cuestiones. Me
gustaría saber si han podido contactar con ellos y escuchar sus necesidades para esta ley de juventud.



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Me parece muy interesante el carácter crítico de su propia intervención hacia nosotros mismos. Usted se preguntaba qué es lo que no estamos haciendo bien para que las personas jóvenes no se sientan representadas y era clara con los retos
que tiene la dirección y pueden tener las instituciones a la hora de llegar a todas las colectividades, de informar, pero también de recoger esa información y el impacto que tiene no solamente de pérdida de oportunidades, sino también de vulneración
de derechos.


Celebramos que estén trabajando en la cuestión de los becarios, una demanda histórica del movimiento joven, de la juventud de nuestro país, y tengo ganas de ver cómo desarrollan este trabajo. También es muy interesante que estén escuchando
las recomendaciones del European Youth Forum, que estén incorporando estos indicadores para estudiar bien cuál es el impacto de todos los programas que se están desarrollando en la juventud española. También celebramos este incremento de la
participación en los programas internacionales. Nos da apertura de miras, nos hace más grandes como generación y también hace que podamos aprender del talento de otros países y devolverlo al nuestro, que siempre es importante.


No me voy a extender más. Tenía algunas preguntas para usted, aparte de la que ya le he hecho, directora, y son muy concretas, para un nicho muy concreto de la juventud española y de la juventud que vive en España, que para mí también es
española. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Quería preguntarle si cree que la juventud española racializada y la juventud residente en España cuentan con suficiente representación en los espacios institucionales. También, ¿qué retos se
están encontrando para llegar a este grupo de población? Vemos que hay muchos discursos de odio, mucho rechazo a personas que, además, trabajan en condiciones a veces incluso muy duras. Por tanto, es fundamental escuchar no solo a los que somos
españoles, a pesar de ser racializados, sino también a aquellas personas que estén en España, independientemente de su situación administrativa. ¿Qué está haciendo el INJUVE para abordarlo?


La señora PRESIDENTA: Moltes gràcies, diputada.


A continuación, tiene la palabra la diputada Aguirre Gil de Biedma. Rocío, por favor, cuando quieras.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señora Calderón, y gracias por su presencia en el Congreso de los Diputados.


Usted comparece aquí a petición propia y a petición del Grupo Popular para informarnos de las líneas generales de su dirección general y los objetivos que tiene para el próximo periodo. Ambos quieren que explique lo que usted va a hacer el
año que viene o este año, pero nosotros lo que queremos es que nos cuente lo que ha hecho hasta ahora. Porque usted fue nombrada en diciembre de 2023 y ya lleva más de un año al frente del INJUVE, organismo que tiene un presupuesto anual de 54 931
000 euros. Nosotros queremos que nos explique y explique a los españoles a dónde va todo este dinero, porque mirando sus cuentas yo tengo muchas dudas que le quiero preguntar.


Lo primero es por qué no está publicada la memoria anual de cuentas de 2023 -la última que tiene usted publicada es la de 2022- y por qué no ha publicado las cuentas ni de 2023 ni de 2024. Sobre las cuentas auditadas de 2022 que usted ha
presentado, le quiero hacer unas cuantas preguntas. Usted dice, o dice la memoria, que el INJUVE posee -la palabra es 'posee'- cuatro edificios valorados en más de 20 millones de euros en los mejores barrios de Madrid. Ustedes tienen un edificio
en la calle Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca, valorado en 7 millones de euros; otro en Marqués de Riscal, valorado en 3 millones de euros, y uno en Málaga, del que ha hablado usted, valorado en 10 millones de euros. El mantenimiento
de estos edificios está costando a los españoles medio millón de euros. No sé si esto cree usted que es muy útil para ayudar a la juventud.


En 2022 el INJUVE tenía 183 empleados; no sabemos ahora cuántos tiene, dice usted que está un poco precarizado. Me gustaría que nos dijera cuántos empleados tiene ahora mismo el INJUVE. En el presupuesto de 2023 se recoge que estos
empleados les costaron a los españoles 9,5 millones de euros, incluyendo 75 000 euros en comedores y 16 000 euros en acción social. ¿Qué es acción social? Por favor, ¿me lo puede decir? También le quiero preguntar a qué corresponde el gasto de
las siguientes partidas del INJUVE: 72 000 euros en maquinaria y utillaje. ¿Para qué necesita el INJUVE maquinaria y utillaje? ¿Me lo puede decir, por favor? Se han gastado también 40 000 euros en mobiliario. ¿Qué mobiliario es ese? ¿Por
favor, me lo puede decir? Y en la partida de gastos corrientes en bienes y servicios se han gastado ustedes en 2023 -que es una barbaridad- 9 174 000 euros. En esta partida sí que hay unas cantidades que quiero que nos explique con detalle. Se
han gastado ustedes 110 000 euros en combustible. ¿Combustible de qué? ¿Qué pasa, le pagamos la gasolina a los empleados? No lo sé. También se han



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gastado 12 000 euros en vestuario. Entonces, yo me pregunto, porque el convenio dice que los pagos de vestuario tienen que ser uniformes o ropa de trabajo, ¿va de uniforme el personal del INJUVE? ¿O para qué son estos 12 000 euros en ropa?
Y ya lo más increíble es que el INJUVE se gasta 2000 euros del dinero de los españoles en productos farmacéuticos. ¿Me puede decir, por favor, por qué se gasta 2000 euros en productos farmacéuticos? Yo lo que le pregunto es: ¿están los españoles
pagando con su dinero, el dinero que pagan de sus impuestos, la ropa, la gasolina y las medicinas de los 183 empleados del INJUVE? ¿Me lo puede decir, por favor?


Como he dicho, ustedes tenían en 2022, porque no hay memoria de 2023, 183 empleados, que como he dicho nos cuestan casi 10 millones. Entonces, ¿por qué se gasta el INJUVE otros 10 millones de euros en trabajos realizados por otras empresas?
¿Qué trabajos son esos que los 183 empleados no pueden realizar? También usted ha otorgado, y ya nos lo ha contado, en 2022 -porque no sé cuánto ha otorgado este año y me gustaría saberlo- 1 362 000 euros a sesenta y una entidades o chiringuitos.
¿Me puede decir, por favor, el resultado de estas subvenciones? ¿Cuál es el resultado real? ¿De qué ha servido a los españoles y a los jóvenes españoles el dinero que usted está dando a estas sesenta y una entidades, que dice que ahora va a
duplicar?


En cuanto a actividades que tiene publicadas en la web, como bien ha contado, ha dicho que en el programa de emprendimiento ha dado 20 000 euros a diez empresas. Con 55 millones de euros de presupuesto que tiene usted, 20 000 euros a un
joven emprendedor no le dan ni para empezar, es la quinta parte de lo que se gasta el INJUVE en gasolina. También tiene unas actividades que a mí me han llamado muchísimo la atención, que me gustaría que me explicara y me dijera lo que han costado,
que son: hackathon en Albacete, 'Findes a tu rollo' en Getafe, 'Tardeo joven' en Baeza. Señora Calderón, ¿qué pasa? ¿Que le estamos pagando también las copas a los jóvenes con el dinero de los españoles? ¿Me puede explicar estas actividades? Es
como de risa, de verdad se lo digo.


Yo lo que veo es que ustedes están hablando todo el rato de que se reúnen en foros, en reuniones, pero ¿cuál es el resultado de todo esto, señora Calderón? Que el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 12 y 29
años. Ustedes lo que tendrían que enseñar a los jóvenes -no a escucharlos que no quieren trabajar, que se lo quieren pasar bien- es el mérito, el esfuerzo, ayudarles a conseguir tener una vida digna, una vivienda, un trabajo. Porque usted dice que
está todo fatal: el trabajo precario, la vivienda, pero llevan ustedes gobernando ocho años. ¡Cómo que es una cosa estructural! Por favor, hagan ustedes algo que de verdad ayude a los jóvenes y no todas estas reuniones que hacen todo el rato y
escuchen a los jóvenes porque, como bien indican los datos del empleo precario, de la vivienda, no tienen posibilidades. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchos suicidios; de hecho, es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Yo lo que le
aconsejaría es que dedicaran el dinero de los españoles a cosas más útiles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


A continuación, tiene la palabra el señor Quintero Hernández, por parte del Grupo Socialista.


El señor QUINTERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.


Buenos días, señorías.


Señoría de VOX, parece que solo se preocupa por las cantidades económicas y no por la repercusión positiva que tienen estas iniciativas en la vida de los jóvenes de nuestro país.


Dicho esto, en primer lugar, agradezco a la directora general del Instituto de la Juventud su exposición sobre las principales líneas de acción y los objetivos establecidos para el próximo periodo. Primero, respecto a las líneas
estratégicas del Ministerio de Juventud e Infancia, en este punto destaca la ley de juventud, que busca renovar el contrato social con la juventud mediante su participación activa y el reconocimiento de sus derechos en educación, empleo, vivienda,
igualdad y conciliación, siendo su objetivo principal establecer un marco justo y sostenible que garantice el desarrollo de los derechos del Estado social para los jóvenes, asegurando su participación en la transformación política y social. El
refuerzo y la promoción de la participación juvenil garantiza que los jóvenes tengan voz en la toma de decisiones, a través de las asociaciones juveniles y de los espacios de diálogo, incluyendo y fortaleciendo la interseccionalidad en estas zonas
para que se refleje la diversidad de la juventud en nuestro país. El Gobierno también trabaja para garantizar los derechos de la juventud, promoviendo su participación, acceso a la educación, empleo digno y bienestar integral mediante políticas
públicas, programas de apoyo y marcos normativos, que buscan asegurar que todos los jóvenes tengan oportunidades para desarrollarse



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plenamente y construir su futuro en igualdad de condiciones. Asimismo, se avanzará en el desarrollo del convenio entre el INJUVE y la Inspección de Trabajo, con el objetivo de continuar mejorando las condiciones laborales de la juventud.
De igual manera, se reforzará la colaboración con otras áreas del Gobierno para garantizar la transversalidad de la juventud en las políticas públicas. Segundo, la Estrategia de Juventud 2030 proporciona un marco a largo plazo para enfrentar los
desafíos juveniles, alineándose con los ODS y asegurando que las políticas sostenibles y equitativas estén en áreas claves. Tercero, el plan anual del INJUVE establece las prioridades y proyectos anuales para la juventud, permitiendo una
implementación efectiva y un seguimiento continuo de las políticas públicas juveniles. Cuarto, la Agencia Nacional Española del programa Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad gestiona oportunidades internacionales para los jóvenes,
promoviendo la movilidad y el voluntariado.


Desde el Gobierno de España se han impulsado diversas medidas que no solo responden a las necesidades actuales, sino que también están pensadas para contribuir al progreso social y económico del país. Estas políticas son necesarias y
vitales para permitir a los jóvenes avanzar en áreas cruciales como el empleo, la vivienda y la educación. Como comentaba la directora, gracias a la reforma laboral, se ha reducido la temporalidad y la precariedad en el empleo juvenil, logrando una
reducción del paro juvenil que ha alcanzado niveles mínimos históricos. Esto es un claro ejemplo de cómo la acción política puede transformar una situación tan complicada en una realidad que garantiza que todos los jóvenes tengan igualdad de
oportunidades, independientemente de su origen o condición económica. Políticas como las becas permiten que jóvenes de escasos recursos puedan sentarse al lado de jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas en una clase de cualquier facultad de
Derecho o Medicina; que el hijo de un trabajador compita con el hijo del jefe, porque todos los jóvenes se merecen las mismas oportunidades, sea cual sea su procedencia. Asimismo, debemos destacar que el Gobierno ha abordado, de forma estructural,
cuestiones como la diversidad de género y el cambio climático, que afectan directamente a la juventud, aunque muchos no lo crean. Estos desafíos globales requieren una respuesta rápida y las políticas enfocadas en la protección del medio ambiente y
la promoción de la diversidad son indispensables para garantizar un futuro justo y sostenible. En definitiva, desde el Gobierno hemos defendido políticas que permiten que los jóvenes tengan un presente y un futuro más prometedor. La defensa de los
derechos y las oportunidades para la juventud seguirán siendo una prioridad y es nuestro deber continuar impulsando estas medidas para que cada joven tenga las herramientas necesarias para avanzar. Efectivamente, los jóvenes no queremos vivir para
trabajar, queremos más tiempo para vivir, aspiramos a una vida plena en la que nuestro bienestar y nuestra salud mental también sean una prioridad.


Para terminar, me gustaría saber, directora, si considera si existen los canales suficientes para que las políticas públicas que se implementan desde el Gobierno llegan a la juventud de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


Para finalizar el primer turno, por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el diputado Sastre Uyá.


El señor SASTRE UYÁ: Gracias, presidenta.


Muchísimas gracias, señora Guerrero, por venir hoy a comparecer. Tuvimos que registrar su comparecencia en diciembre de este 2024, porque casi un año después del nombramiento no sabíamos prácticamente nada del INJUVE por esta Cámara. En
realidad, tampoco sabíamos mucho del ministerio, porque estuvieron ustedes casi un año sin página web. Se ve que a este Gobierno lo de venir al Congreso de los Diputados no es lo que más le gusta del mundo. Más vale tarde que nunca y, básicamente,
como he escrito en la petición de comparecencia, nosotros lo que buscamos hoy aquí es que usted nos cuente, que de alguna manera ya lo ha hecho, qué han estado haciendo, qué hacen en este momento y qué van a hacer en el organismo que usted dirige.
En ese sentido, es verdad que usted ha tratado, sobre todo en la primera parte de su intervención, los retos a los que se enfrentan los jóvenes. Pero, como creo que ya le ha dicho también algún otro grupo, parece que ustedes no están en el
Gobierno. Parece que ustedes son un ente aparte, que no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que ocurre. Es cierto que este ministerio lleva prácticamente un año, pero lo que son los partidos que conforman el Gobierno, de alguna manera,
llevan ya siete años gobernando en España, por lo que digo yo que algo de responsabilidad tendrán. Usted reconoce que España no es país para jóvenes, algo en lo que coincidimos casi todos los grupos en esta comisión, pero parece que no están
haciendo nada por ellos para solucionarlo. Aquí hay datos que son incontestables. Desde el año 2008 hasta ahora, los jóvenes han perdido un 20 % de poder



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adquisitivo. Es decir, tienen un 20 % menos de posibilidad de hacer, con el dinero que tienen, cosas en su vida y poder emprender proyectos de vida. Eso es un drama, porque esos jóvenes, como ustedes bien saben, no tienen posibilidad de
prosperar en la vida. Pero, como le vuelvo a repetir, ustedes están dentro del Gobierno y son quienes tendrían que estar poniendo soluciones a este reto. Decía el portavoz del Grupo Socialista: El problema no es el dinero que se gaste o no, sino
que las acciones que se están haciendo son buenas. Yo es que no las veo por ningún lado, creo que nadie las ve. Estamos en una rueda de hámster en la que nos quejamos de los problemas. Ustedes dicen que hacen cosas por los jóvenes, pero esas
cosas no se ven por ningún lado.


No estoy hablando de cuestiones que son intangibles, sino de datos concretos, y vamos a ir a los datos. Como ya les decía, el poder adquisitivo ha bajado un 20 % desde 2018. En el último tiempo, esa caída se ha multiplicado todavía más.
Aparte, si vamos entrando en cada una de las temáticas que afectan a los jóvenes, por un lado, tenemos el modelo formativo que ustedes están proponiendo, desde el Gobierno al que pertenece, es un modelo formativo en el que el mérito y el esfuerzo no
tienen ningún tipo de premio, sino que se basa en igualar suspensos y aprobados. Con eso, ¿qué provocan? Que ese ascensor social, que supuestamente debería ser la educación, no exista. Porque si el suspenso y el aprobado son lo mismo, la
educación deja de tener sentido. El problema es que las leyes que ustedes están impulsando, en vez de formar, lo que hacen es ideologizar y, cuando eso ocurre, el resultado es desastroso, y lo están viendo.


Seguimos. En el ámbito del empleo, decía usted que la reforma laboral ha servido para que los jóvenes mejoren su situación. Yo tampoco lo veo y nosotros eso no lo vemos en ningún lado. Porque, como le decía, el poder adquisitivo ha
bajado. Pero, encima, si nos vamos a los datos, el 45 % de los contratos fijos discontinuos que se firman en España los firman jóvenes. Es decir, a los 30 años es el 45 % y si ampliamos hasta los 35 años es el 57 % de los contratos fijos
discontinuos. La situación de los jóvenes a nivel laboral, como ven ustedes, es desastrosa. Si vamos al ámbito de la vivienda, todas las leyes que ustedes han impulsado lo que están haciendo es empeorar la situación en vez de mejorarla. Medidas
como la de los avales, incluso en respuestas escritas a este grupo parlamentario se reconoce que todavía no se pueden valorar, porque, un año después de anuncios repetidos, no se han puesto en marcha. La vivienda, en el año 2018, no estaba ni entre
los diez problemas de los españoles y ha pasado a ser el primer problema. Por tanto, algo mal están haciendo.


Si seguimos con el ámbito de la movilidad y del transporte, la empresa pública en el ámbito del transporte, que depende del Gobierno, que es Renfe, solo da retrasos; averías; trenes que van llenos y no se pueden coger, porque no hay
billetes, y precios desorbitados, cuando las tarifas son dinámicas. ¿Cómo los jóvenes van a poder utilizar el transporte público? Creo que ustedes se piensan, como dijeron en esa campaña, que todos los jóvenes tienen un Lamborghini, pero eso no es
así. En ese ámbito tampoco están haciendo nada. Si vamos a la posibilidad de formar una familia, ocho de cada diez jóvenes consideran que es muy difícil formar una familia en este país, cuando debería ser una de las prioridades también de este
Gobierno, porque es lo que hace que la sociedad funcione bien. El remate de todo esto es una fiscalidad que no favorece en absoluto que los jóvenes ahorren. De hecho, en España soportamos un 14 % más de esfuerzo fiscal que en otros países del
entorno europeo. Es decir, un joven que en España ahorra mil euros, en otro país europeo tiene muchas veces hasta 140 euros más. En España el Estado se queda con 140 euros más que en esos países. Por tanto, el esfuerzo que hacen los jóvenes para
ahorrar no tiene ningún tipo de repercusión. Lo que nosotros venimos a preguntar hoy aquí es: ¿dónde está el INJUVE en todo esto? Porque ustedes sí que reconocen que la situación de los jóvenes está mal, pero, como les decía, parece que son un
ente externo y que el responsable de esta situación es como una especie de animal mitológico, pero no es en absoluto el Gobierno. Ahí es donde nosotros queremos que estén, que además de quejarse de los retos que tienen los jóvenes españoles,
profundicen en las soluciones y vean cuáles son los problemas que están llevando a que esos retos no se terminen de solucionar.


Antes de finalizar esta primera parte de las intervenciones, le quiero hacer alguna que otra pregunta. En primer lugar, si nos puede detallar un poco más cuál va a ser el contenido de esa ley de juventud, porque más allá de esas más de
cuatrocientas propuestas que les ha dado la sociedad civil, queremos saber un poco más cuál es el enfoque por parte del Gobierno. Después también quiero preguntarle por cuestiones concretas sobre el ámbito de la educación. ¿Cree usted que es
posible que la educación prospere con un sistema que no premia el mérito y el esfuerzo y que no es un sistema exigente? Por otro lado: ¿qué cree que está fallando en el mercado laboral? Y también: ¿cómo valora la política de vivienda de este
Gobierno? Por último, dos preguntas más. Por un lado: ¿considera usted que empresas públicas



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como Renfe están favoreciendo que los jóvenes apuesten por el transporte público? La última de las preguntas: ¿considera que su Gobierno protege a las familias jóvenes y da la posibilidad a los jóvenes -si quieren- de que formen una
familia?


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


Tiene la palabra la compareciente para responder a este primer turno.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Guerrero Calderón): Muchas gracias por sus aportaciones, algunas más constructivas que otras.


Voy a empezar respondiendo a la compañera del Grupo Parlamentario de SUMAR. Efectivamente, estamos haciendo esfuerzos más allá de la cuestión de la Ley de Juventud y de los procesos participativos. Somos muy conscientes de que los cauces
actuales para recoger la participación no son suficientes y que tenemos que desplegar estrategias para llegar a otros grupos. En ese sentido, podemos decir también, con cierto orgullo, que hemos hecho un esfuerzo importante para contar con las
opiniones de aquellas personas jóvenes cuyas voces no son escuchadas de forma tradicional y recurrente. Esos sectoriales, en este caso de migraciones, por ejemplo, que es un componente fundamental para entender la juventud de nuestro país, se
desarrolló con personas jóvenes de muchísimas procedencias. Para nosotros ese es un requisito fundamental, porque contar con la diversidad de miradas de la juventud de nuestro país es imprescindible para construir el país diverso que somos y las
políticas públicas. Obviamente, seguimos trabajando en esas causas. Próximamente sabremos algunos elementos que desarrollaremos desde el instituto y desde la propia ley.


En cuanto a la ampliación de derechos, sí que es importante referirnos en este foro, evidentemente, a una propuesta con la que este ministerio y el instituto han estado siempre del mismo lado, y es del lado de la ampliación de derechos.
Estamos hablando de lo que supondría ampliar el derecho al voto a los 16 años, ampliar los derechos políticos para un millón de personas en nuestro país. No es una cuestión baladí, es más, es una cuestión democrática de ampliación de derechos, y,
por supuesto, seguiremos trabajando en este sentido para avanzar en esto. También hacía alusión usted a la infrarrepresentación de la diversidad en nuestro país, de la juventud emigrante o racializada, creo que es importante que recordemos una
pregunta de Broncano sobre si este país es más machista o más racista. Creo que este país es más racista, nítidamente, y hay que partir de ese reconocimiento para entender que existen situaciones de racismo estructural, tanto a nivel institucional
como social, y que, solo partiendo desde el reconocimiento de esto, podremos trabajar para resolverlo. En ese sentido, estamos desplegando, por supuesto, estrategias en alianzas con entidades que son de personas migrantes y antirracistas para
trabajar contra estos discursos de odio. Por cierto, el racismo y la xenofobia son el principal delito de odio en nuestro país. Esto no se entendería sin los altavoces privilegiados que cuentan con partidos que son antiderechos y que también se
encuentran en esta Cámara. Evidentemente, esa infrarrepresentación no es baladí y también, en la construcción social del imaginario en nuestro país, las personas migradas o migrantes ocupan los lugares de la escala social que sostienen, desde la
invisibilidad, por ejemplo, los cuidados, el sector del campo o el sector de la hostelería y de los servicios. Sin embargo, lo que vemos es que la historia de este país no se entendería sin la migración, tanto la interna, con andaluces, extremeños,
murcianos en Cataluña -en la película de El 47-, o cualquier elemento de movilidad externa, en este caso, la migración que viene de fuera. Nuestro país ya es multicultural hace mucho tiempo. Lo que necesitamos es desplegar políticas
interculturales que promuevan ese intercambio, esa diversidad y esa pluralidad étnico-racial, y que no tiene que asustar. Es más, solo quienes agitan la bandera del miedo al diferente son aquellos que tienen un patriotismo frágil y que tienen una
concepción, desde hace muchos años en nuestro país, que ya no existe.


El país de hoy, la España de hoy, es de distintos colores, de distintos acentos y de distintas procedencias. Eso, lejos de debilitarnos, nos fortalece como sociedad. En ese sentido, estamos trabajando en todos los espacios, en todos los
foros y en todas las políticas públicas para que, efectivamente, contemos con esas miradas. Esta misma semana estábamos en un encuentro para promover una mayor participación de la juventud gitana de nuestro país en los programas europeos. Creo
que, en este año, el pueblo gitano es una asignatura pendiente para profundizar en los trabajos que garanticen una igualdad de oportunidades y una erradicación de elementos que tienen que ver con el antigitanismo, que es una forma de discriminación
específica que vulnera los derechos fundamentales del pueblo gitano. Esto es solo por poner algunos ejemplos. Quiero agradecerle el tono de su intervención y, por supuesto, nos



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encontramos en los mismos espacios construyendo una sociedad mejor desde una plena participación de las personas jóvenes.


Antes de entrar con el siguiente bloque de intervenciones, me había dejado un dato muy importante en la primera intervención que creo que es fundamental reflejar. Hablaba de la desconfianza de los jóvenes ante las instituciones y creo que
este espacio, en el Congreso, no se debería de perder de vista este dato y es que un 65,8 % de los jóvenes desconfían del Congreso de los Diputados. Señorías, cuando yo me preguntaba qué estamos haciendo mal las instituciones, no era una pregunta
solo para mí. Por supuesto, como Gobierno, vengo a comparecer encantada con ustedes, pero, al final, quiero que entiendan que ustedes y nosotros somos leídos de la misma forma por las personas que están ahí fuera. Somos el conjunto de
instituciones y la desafección... (La señora Aguirre Gil de Biedma: Institucional). Sí, sí. (La señora Armario González: No lo vamos a aceptar). ¿Les guste o no? Sí. (La señora Armario González: Eso no es verdad). Ya le digo yo... (La
señora Ogou i Corbi pronuncia palabras que no se perciben).


La señora PRESIDENTA: No entre en discusión, por favor.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Guerrero Calderón): Ya le digo yo que, aunque ustedes se vendan de antisistema, son más prosistema que el mismo sistema. No se exasperen por esto, porque somos leídos como el
conjunto de instituciones y por eso favorecería, para ese nivel de desconfianza de las personas jóvenes en el Congreso, que el debate fuese un debate sobre los datos y no sobre los prejuicios. Porque, además, cuando estamos hablando sobre
cuestiones relacionadas con las personas jóvenes, esto tiene un tufillo a adultocentrismo y la verdad es que eso no nos anima a acercarnos a las instituciones.


Para intentar responderle a sus preocupaciones, entiendo que la ignorancia es atrevida, pero es que nosotros respondemos de forma sistemática -sistemática- a sus preguntas y a sus PNL, a las del Grupo Parlamentario VOX, con un nivel de
detalle exhaustivo, pero exhaustivo. Me voy a referir un poco a su preocupación por el estado de las cuentas. Entiendo que usted, siendo diputada de VOX, tenga una preocupación por este sentido. Nuestras cuentas están correctamente auditadas y
estamos absolutamente tranquilas; no desde que llegué yo, sino desde que existe el Instituto de la Juventud, que es un organismo que tiene más de cuarenta años de vida. Ustedes juegan a desprestigiar lo público para destruirlo desde dentro, pero
nosotras trabajamos para que se fortalezca la transparencia y para generar confianza en las instituciones. Por eso necesitamos rebatir esos bulos que acaban de soltar en este foro. Nosotros tenemos que decirle que, si a usted lo que le preocupa es
el tema de los chiringuitos, no sé, debería preocuparse porque el Tribunal de Cuentas sancionó por graves irregularidades al partido en el que usted está en el año 2024. Nosotros tenemos absoluta tranquilidad por la cuestión de las cuentas.


En cuanto a algunos elementos que ha planteado de preocupación, quiero invitarle a que visite el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, el CEULAJ. He dicho antes que por ese lugar pasaban 12 000 personas. Entiendo que a quien no lo
conozca puede resultarle extraño que un centro que alberga a personas jóvenes tenga calefacción. Evidentemente, los gastos de biomasa hay que imputarlos en algún lugar. ¿A usted esto le resulta sorprendente? Pero a mí me resulta de sentido común.
Al contrario, si nuestras instalaciones no estuviesen correctamente climatizadas, sería un motivo de escándalo. ¿No le parece? A mí sí me lo parece. Por otro lado, quiero decirle que ustedes tienen una especial fijación por la cuestión de los
chiringuitos. Entiendo que siendo de VOX, evidentemente tiendan a pensar que todo el mundo es de su condición. Pero las subvenciones que nosotros sacamos, no las hemos sacado nosotros ahora, vienen desde hace mucho tiempo, son por concurrencia
competitiva y, entre otras cuestiones, se benefician de ellas entidades de todo tipo; de todo tipo. Además, son públicas, las pueden revisar. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Sí). Efectivamente, usted podrá comprobar que son públicas.


Señor Sastre, si necesita cualquier tipo de aclaración adicional, nosotras, por supuesto, estaremos encantadas de responderles a cuantas preguntas tengan, pero queríamos apelar al sentido común y retomar la senda del diálogo. Se puede tener
diferencias, pero creo que es importante hablar desde los datos y no desde los bulos.


Señor Quintero, nos planteaba algunas cuestiones en relación con qué elementos vamos a seguir trabajando. Creo que la senda de este Gobierno es clara y nítida: avanzar en derechos es una agenda común. Nos encontramos con una serie de
barreras increíbles -y también voy a unirlo con la pregunta siguiente- en la cuestión de la vivienda, creo que esa no es una cuestión que nos preocupe solo al Gobierno central. Es más, aquí hay que recordar que existe una insumisión -una
insumisión- por parte



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de los Gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular a aplicar la ley de vivienda. (La señora Armario González: ¿Insumisión?) Efectivamente, insumisión deliberada. Es más, han recurrido esta ley y no les han dado la razón,
porque es una ley que, en el marco de sus competencias, pretende limitar la especulación de los precios de la vivienda. Evidentemente, cuando yo les decía que ustedes son sistema es que ustedes defienden el rentismo, mientras nosotros defendemos la
vivienda como un derecho. Seguramente esa sea la principal diferencia entre ustedes y nosotros.


Creo que me dejo alguna pregunta más en relación con el Grupo Popular. En este foro he escuchado varias veces el tema de la meritocracia y la verdad es que es una cuestión que no deja de indignarme, porque bien se sabe en los foros
populares que la meritocracia son los padres. Creo que este elemento no hay que quitarlo de la ecuación: la meritocracia son los padres. Cuando ustedes hablan de meritocracia en relación con la educación, lo que están queriendo decir es que a
ustedes les gustaría que la educación fuese un privilegio que solo pudiesen permitírselo quienes tienen la capacidad de pagarlo. (Risas del señor Bayón Rolo). A ustedes lo que les molesta es que la educación pública permita a personas, como yo,
romper el círculo de la pobreza. A ustedes lo que les molesta es que la educación pública sirva para romper esos círculos de exclusión. En ese sentido, creo que necesitamos seguir haciendo más, mucho más. Porque, ¿saben qué pasa? Que no hemos
recuperado la capacidad de la educación pública tras los numerosos recortes de los Gobiernos anteriores. Seguimos reforzando, como Gobierno, esta línea de trabajo y actuación, por supuesto. Faltan más becas y falta más inversión. Esto sí que es
preocupante. Los sistemas de calefacción de los colegios que pasan frío en invierno y calor en verano, esto sí que es una preocupación. Vayan a mirar las competencias de quiénes son y quiénes son los que impiden que se aprovechen fondos europeos
para mejorar las situaciones. (El señor Bayón Rolo: ¿De quiénes son?) Estos elementos sí que deberían ser de preocupación. Evidentemente, trascienden a este foro, porque, como les decía al principio, las cuestiones de juventud no se van a
resolver solo desde aquí, pero sí me gustaría que seamos absolutamente claros en que necesitamos una educación pública más fuerte que nos permita atender, entre otras cuestiones, la diversidad que existe en nuestras aulas y generar una igualdad de
oportunidades real. Creo que lo voy a dejar aquí.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, directora del INJUVE.


Acto seguido, en el turno de réplica, en el segundo turno de intervención, señora Vaquero, ¿quiere usted intervenir? (Denegación).


Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la diputada Ogou i Corbi.


La señora OGOU I CORBI: Señora directora, muchas gracias por responder a la cuestión que le he planteado. Realmente es esperanzador ver que en nuestras instituciones hay personas y que hay instituciones, precisamente como el Instituto de
la Juventud, que tienen esa mirada a largo plazo, que tienen esa mirada para las futuras generaciones y que, en parte, tienen encomendado asegurar que todas las instituciones de nuestro país conozcan los retos y las necesidades de la juventud y lo
tengan presente. En este sentido, le agradezco la explicación que ha trasladado también a esta sala y quiero felicitarla por ese trabajo.


Quiero disculparme, directora, porque es que a mí me han sorprendido algunas cosas que han dicho mis compañeros, sus señorías, y voy a utilizar unos segundos para responderles. Porque me ha dado la impresión, justo cuando la directora
estaba respondiéndole, que ha dicho que si sabe usted de quiénes eran las competencias de la cuestión de la calefacción; usted (dirigiéndose al señor Bayón Rolo) ha preguntado: ¿de quiénes son? Eso es algo que me ha sorprendido, porque, ostras,
el Instituto de la Juventud está desarrollando programas muy concretos, pero viene a preguntar por competencias de otros ministerios y por competencias autonómicas. Es como si le preguntara a usted por la patronal, pero no es su competencia,
¿verdad?


Señorías de VOX, a mí también me preocupa mucho su voluntad de cuestionar y de desmantelar los servicios a la ciudadanía. Así empezó en Valencia, que empezaron a cuestionar la necesidad de que hubiera recursos para las catástrofes
climáticas y hemos terminado con la crisis que hemos visto en nuestro país y con el dolor que hemos visto de todas estas familias. En cuanto al Instituto de la Juventud, yo le digo que he visto a muchas entidades jóvenes en todo nuestro país
-entidades de izquierdas y de derechas- beneficiarse de esa participación. Por tanto, me ha sorprendido.


La última cosa que quería preguntarle, antes de que se me acabe el tiempo, directora -y discúlpeme-, es precisamente sobre la cuestión del incremento de las solicitudes de Erasmus+, que usted ha dicho que ha habido un incremento del
presupuesto de 27 millones a casi 45 millones y hemos



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pasado de 12 000 a 23 000. En este sentido, quería preguntarle si va a haber un incremento también de las plazas para todas estas personas que quieren salir a aprender fuera de nuestro país, a participar de proyectos de intercambio fuera de
nuestro país y qué sería necesario para ello.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.


El turno siguiente es para el Grupo Parlamentario VOX.


La diputada Aguirre Gil de Viedma tiene la palabra.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Muchas gracias, presidenta.


Señora directora general, usted viene aquí a comparecer como parte del Gobierno, como bien ha dicho usted, y lo que ha hecho es insultar a todos los españoles llamándonos racistas; usted, que ha venido de un país de fuera, que la hemos
acogido y que, como bien ha dicho, es parte del Gobierno. Así que, señora Calderón, retráctese de lo que ha dicho acerca de que España es un país racista, porque eso no es cierto.


Yo le he planteado una serie de preguntas, porque me parece importante que la labor que hace el INJUVE tenga unos resultados concretos, pero usted no me ha contestado absolutamente a ninguna pregunta. Lo único que me ha contestado es que
ustedes necesitan poner la calefacción en un centro donde reciben a 12 000 personas. ¿Y qué pasa con las calefacciones de la gente y de los jóvenes? Los jóvenes no tienen ni casa, por lo que tampoco tienen calefacción. A ver si usted me contesta
a las preguntas. Yo le he preguntado: ¿cuál es el resultado de todas las subvenciones que da usted? Es lo único que le he preguntado, que me diga qué beneficio tienen los jóvenes de todo el dinero que usted se gasta, aparte de irse de viaje de
Erasmus, que me parece muy bien. ¿Me puede usted decir, por favor, qué resultado tiene todo el dinero, todo lo que usted hace y todos los foros? ¿Qué resultado tiene? Porque, como bien ha dicho mi compañero Miguel Ángel, los jóvenes en España
están muy mal, muy mal. Le vuelvo a repetir, el suicidio es la primera causa de muerte, y usted se supone que ha venido aquí a contarnos lo que usted ha hecho, pero es que no nos ha contado nada, absolutamente nada.


Señorías del PSOE, el dinero es muy importante porque a los españoles les importa mucho dónde va el dinero que están pagando con su esfuerzo. Les importa muchísimo. Pero, como ustedes se creen que el dinero es suyo, se creen que ustedes lo
pueden gastar en lo que quieran. No, señoría, los españoles tiene que saber a dónde va su dinero.


Y la señoría de SUMAR parece que ha venido aquí a una terapia de grupo. Yo comprendo que está usted muy contenta aquí y me alegro muchísimo de que esté usted en España; me parece muy bien, y la raza de la que usted sea me da exactamente
igual. Esa es la diferencia entre usted y yo, y usted (dirigiéndose a la señora Ogou i Corbi) me mira con cara de odio; y usted igual, señora directora general. Usted tiene que tener un respeto porque yo represento a tres millones de españoles,
¿vale? Entonces, usted no me puede hablar así.


La señora PRESIDENTA: Diputada, el respeto debe ser mutuo, por favor. Le ruego que respete a la compareciente.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: ¡Hombre, es que nos está llamando racistas!


La señora OGOU I CORBI: Presidenta, a mí me ha dicho esta señora que le parece bien que yo esté en España. O sea, está cuestionando... No, creo que esto es algo sancionable.


La señora PRESIDENTA: Sí, pero vamos a intentar...


La señora OGOU I CORBI: Es algo sancionable; o sea, esto es racismo.


La señora PRESIDENTA: Ya está, ya me han liado...


La señora OGOU I CORBI: Por favor, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Oído su comentario, no tiene en este momento la palabra. Lo hablaremos luego en Mesa.


Puede acabar su intervención, por favor.



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La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: No, ya he terminado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Vamos a mantener el turno y luego, en todo caso, volvemos a hablarlo.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista ¿el mismo diputado que antes o varían? (Asentimiento). Perfecto, entonces el diputado Quintero Hernández, por favor.


El señor QUINTERO HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Señorías de la derecha, me da la sensación de que ustedes viven en un mundo paralelo. Además, la señoría de VOX habla de odio cuando son el partido que más odio genera en nuestro país. A modo de alarma también me gustaría hacer alusión a
las políticas que afectan negativamente a la juventud y que suponen una barrera en el camino de muchos jóvenes. Primer ejemplo: VOX, expertos en recortar en todas las áreas disminuyendo así la igualdad de oportunidades para los jóvenes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, a esto se suma su rechazo a las leyes de igualdad y de protección del colectivo LGTBIQ+ y su postura restrictiva hacia las personas migrantes, generando un ambiente de exclusión para los jóvenes,
que se enfrentan a discriminaciones continuas.


Segundo ejemplo: el reciente pacto de El Ventorro entre el PP y VOX en la Comunidad Valenciana, que afecta y amenaza los derechos y valores conquistados por las generaciones de jóvenes anteriores, especialmente de las mujeres que
lamentablemente sufren su negacionismo. Este pacto miserable no solo pone en riesgo avances fundamentales, sino que también compromete el futuro de muchos jóvenes que ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre su bienestar y derechos.


Tercer ejemplo: tanto el PP como VOX votaron en contra de las ayudas al transporte público que tanto han beneficiado a las personas jóvenes de nuestro país. Tampoco aplican la ley de vivienda en las comunidades autónomas en las que
gobiernan, dificultando el acceso a la vivienda de las personas jóvenes. Somos conscientes de que la inflación acumulada desde 2018 ha sido de un 23 %; sin embargo, este Gobierno ha aumentado el salario mínimo interprofesional en un 61 % -repito,
en un 61 %-, lo que ha impactado especialmente en la gente joven, mejorando claramente su poder adquisitivo. Es evidente que en la actualidad la juventud en España continúa teniendo diferentes problemas, pero les puedo asegurar que con un Gobierno
de derechas tendrían muchos más, y la prueba está en su continuo no a todas las políticas que se han traído a este Congreso para mejorar las condiciones de vida de las personas jóvenes. Por tanto, señorías de la derecha, lecciones, ninguna.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecer nuevamente a la directora del INJUVE su comparecencia en esta Comisión de Juventud e Infancia. Su compromiso con la juventud es más que evidente al mismo tiempo que fundamental para
seguir avanzando en políticas que promuevan el bienestar, la participación y el desarrollo de los jóvenes de nuestro país. Confiamos en que a través del diálogo y la colaboración lograremos impulsar más iniciativas que respondan a las necesidades
reales de la juventud. Le reitero mi reconocimiento y quedamos a su disposición para seguir trabajando en esta dirección.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


Para terminar este turno de réplicas tiene la palabra, por el Grupo Popular en el Congreso, el señor Sastre Uyá.


El señor SASTRE UYÁ: Gracias de nuevo, presidenta.


Señora Guerrero, me hubiese gustado que aprovechase que tiene tiempo ilimitado para contestar todas las preguntas que le he hecho; creo que no ha contestado ninguna. Ya me gustaría a mí tener tiempo ilimitado -que solo tengo tres minutos-
para responder a todo lo que se ha dicho aquí, porque la verdad es que nos llevaría bastante tiempo.


Quiero decirle una cosa: lecciones en el ámbito de educación, ninguna. Porque, si usted se va a los datos, las únicas comunidades homologables en el informe de PISA a los países europeos que tienen las mejores ratios de educación son
aquellas donde ha gobernado el Partido Popular durante más tiempo. Por tanto, algo bien hará el Partido Popular donde gobierna en materia de educación y algo bien hará cuando se preocupa de la educación porque los datos lo avalan. Así que mírese
usted bien los datos.



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Me ha llamado la atención una cosa que ha dicho usted relacionada con que la sociedad española nos mira igual a quienes están en el Gobierno y a quienes estamos en la oposición. Yo le diría que no es lo mismo porque el Partido Popular
tiene, a lo largo y ancho del territorio, cientos de alcaldes que pueden pisar la calle. Su Gobierno no está mucho en la calle, está sobre todo en los despachos. Por tanto, creo que nosotros algo bien haremos y ustedes, no.


Pero es que además ustedes siguen con ese mantra de 'qué mal gobierna la oposición', que es en lo que están permanentemente. No se preocupe porque yo le voy a dar una serie de medidas que hemos aprobado en esta Cámara, que han venido del
Partido Popular y que ustedes desde el Gobierno no están cumpliendo, unas medidas que afectan directamente a todos esos retos que los jóvenes tienen y que he mencionado en mi intervención anterior. Por un lado, en cuanto al eje fiscal, nosotros
hemos aprobado en esta Cámara -y su Gobierno no lo está cumpliendo- que se hagan reducciones en el IRPF de tal forma que los jóvenes puedan ahorrar en cuatro años hasta 10 000 euros, algo que vendría muy bien para que los jóvenes emprendan su
proyecto de vida. Por otro lado, en el ámbito de la educación, hemos impulsado desde temas de educación financiera para que los jóvenes puedan ahorrar hasta que la educación de 0 a 3 años sea gratuita; también que en el medio rural se impulsen
modelos como el de las casas nidos de Galicia que sirvan para que los jóvenes puedan formar una familia y puedan conciliar su vida laboral y personal. En el ámbito de la vivienda, hemos sido el único partido que ha traído un plan de vivienda a este
Congreso de los Diputados y en la Comisión de Vivienda se han aprobado específicamente una serie de medidas directamente enfocadas a los jóvenes.


Por tanto, le decía que lecciones en materia de educación, ninguna, pero lecciones en materia de propuestas por parte de otros partidos, ninguna, porque está impulsando muchas más propuestas el partido que está en la oposición que el propio
Gobierno. Les debería dar vergüenza. Pero eso hace que la sociedad no nos vea igual y por eso cada vez que se abren las urnas los resultados no son los mismos. Y ahí es donde está de verdad lo que piensa la gente, no en lo que ustedes puedan
decir aquí en esta comisión.


Con esto termino. Le doy las gracias por venir y espero que en el turno que le queda responda a esas preguntas que le he hecho en la intervención anterior. Se lo agradecería. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


La señora OGU I CORBI: Presidenta, perdone. Quería comentarle que, de acuerdo con el artículo 71...


La señora PRESIDENTA: L'he llegit. L'he llegit l'article 71. Hem demanat les paraules a la taquígrafa per averiguar si realment hi hagut o no hi hagut. Si n'hi hagut, quan acabem aquest últim torn li donaré la paraula.


He leído el artículo 71. Tenemos que ver la transcripción de la taquígrafa para ver si ha habido o no alusiones. Si fuera así, cuando terminemos este turno le voy a dar la palabra.


Muchas gracias, señoría.


La señora OGU I CORBI: Muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Me pide la palabra por atentado a su dignidad. Hemos pedido la transcripción a la taquígrafa, porque no lo hemos entendido igual todos. Por tanto, en función de lo que diga la transcripción, cuando termine la señora
directora del INJUVE abriremos en todo caso un turno.


Muchas gracias.


Tiene la palabra la señora directora del INJUVE por un tiempo ilimitado porque es contestación de réplica y es Gobierno.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Guerrero Calderón): Muchas gracias.


En este turno intentaré responder a todas las cuestiones planteadas, incluso a aquellas que me he dejado en la primera vuelta, no se preocupen.


Voy a empezar con la pregunta del Grupo Parlamentario SUMAR sobre la situación del aumento de solicitudes. Creo que aquí se están solapando dos cuestiones fundamentales. Primero, una mayor actividad de las personas jóvenes y un mayor
interés en este tipo de proyectos. Y, segundo, nos encontramos con un déficit de apoyo a las políticas públicas en los distintos niveles de la Administración,



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lo que significa que están viendo en los programas europeos una oportunidad para poder desarrollar sus proyectos, que -insisto en esto- son proyectos de muchos tipos y son desarrollados por los propios jóvenes, por lo tanto, son sus
preocupaciones. Hay que recordar que este tipo de proyectos son de concurrencia competitiva, tienen que pasar unos baremos para ser aprobados, tienen que justificar hasta el mínimo céntimo de gasto, pasan auditorías, no solo por ser proyectos, sino
porque el conjunto de gastos pasa un sistema de auditorías, porque el dinero europeo hay que justificarlo muy bien y el dinero público se justifica muy bien. Por eso le decía que hablamos desde la tranquilidad porque nosotros podemos decir que
tenemos un sistema de auditación de cuentas; no solo nosotros como Instituto de la Juventud, sino el sistema de auditorías del gasto público.


En ese sentido, volviendo al elemento relacionado con la insuficiencia de recursos, nosotros tenemos los topes que nos marcan el dinero de Europa. Evidentemente, se está negociando un nuevo marco plurianual presupuestario y ahí todos,
absolutamente todos -los partidos también-, tienen representación en el ámbito europeo, por lo que tenemos que empujar cada uno desde nuestro ámbito. Nosotros lo haremos a nivel de Gobierno, pero ustedes háganlo también a nivel de partidos
políticos en Europa y sitúen donde están esas preocupaciones y prioridades para avanzar en el mismo sentido, para tener más recursos con los que dar cobertura a toda esa demanda. Hay mucha demanda que todavía no se es capaz de cubrir con los
recursos que hay, son proyectos que están condicionados por el dinero que llega de Europa.


Por situar algunos de los elementos relacionados con su preocupación por la vivienda, señor Sastre, cuando yo hablaba de la insumisión de las comunidades autónomas a aplicar la ley de vivienda, me refería que hay ayuntamientos como Rivas,
Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada o Coslada, que están solicitando que se active esta ley de vivienda en comunidades como Madrid y no hay una voluntad política de aplicarla. Es más, el alquiler ha bajado un 6,4 % en Barcelona y un 3,7 % en el conjunto
de Cataluña aplicando la ley de vivienda, mientras que en Madrid -que no aplica la ley de vivienda- ha subido un 8 %. Evidentemente queda mucho por hacer porque en este país lo que ha ocurrido también es que la vivienda pública se ha ido
transfiriendo a manos privadas y no tenemos un parque público de vivienda fuerte. Pero efectivamente para eso hay paquetes de políticas públicas para el corto plazo, para el medio plazo, pero también para el largo plazo, pero este problema por
supuesto no se va a resolver si no somos capaces de atajar la especulación de la vivienda.


En ese sentido hay una reforma clave que está en este Congreso y que es responsabilidad de sus señorías sacarla adelante: la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ustedes saben que una de las formas de emancipación de las
personas jóvenes es compartiendo habitaciones; estas habitaciones tienen unos precios desorbitados. Da igual el dinero que subamos en el salario mínimo interprofesional porque lo absorben los alquileres. Por ello es una responsabilidad
compartida; el Congreso tiene que aprobar esa reforma para que el alquiler de habitaciones deje de ser una ley de la selva y que salga de la especulación y pase al rentismo y garanticemos así las posibilidades de emancipación.


Entre otros elementos que se han planteado como una preocupación -creo que por parte de la señora Aguirre- estaba el tema del suicidio. Yo le animaría a preguntarles a los compañeros de la bancada del Grupo Popular por qué las comunidades
autónomas del Partido Popular tumbaron el plan nacional de salud mental, que estaba acordado con técnicos autonómicos y listo para su votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Mental. ¿Saben qué ocurrió cuando tumbaron
ese plan? Que imposibilitaron que el Gobierno central destinara una cantidad de recursos a todas las comunidades autónomas para promoción del bienestar emocional y para programas de atención y de prevención del suicidio en este caso. El Plan de
Prevención del Suicidio sí salió adelante, pero el plan nacional de salud mental, no. Evidentemente estos comportamientos partidistas que supeditan a los intereses del propio partido los intereses generales son los que le hacen daño a nuestra
juventud. Está bien que ustedes me puedan plantear aquí a mí qué hacemos por el tema del suicidio, pero si nuestro sistema de gobernanza -que es el sistema de que nos hemos dotado-, si el sistema competencial que tenemos tiene instrumentos como
este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Mental, donde están todas las comunidades autónomas, donde se ha hecho un trabajo técnico consensuado con las comunidades autónomas, y llega al Partido Popular y tumba el instrumento que
nos permite financiar la atención en salud mental en las comunidades autónomas, díganme, señorías, cómo vamos a poder mejorar la situación de la salud mental si ustedes nos están impidiendo desarrollar las políticas públicas en beneficio de las
personas jóvenes.



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Entiendo, señora Aguirre, que cuando se habla de si España es un país racista exista una inercia natural a defenderse como si le estuviésemos diciendo que son buenas o malas personas. Y esto no se ha planteado en ningún momento, yo en
ningún momento le he faltado el respeto. En todo caso a lo que he hecho alusión es a un sistema de opresión... (Rumores). Sí, sí, efectivamente. Bueno, claro, es que tampoco tengo que sorprenderme porque si ustedes niegan la violencia machista,
también van a negar el racismo, por supuesto. Pero el racismo existe, y no es mi opinión personal. Aunque también digo que, si ustedes sienten cierta incomodidad por tenerme aquí enfrente compareciendo, eso ya indica cosas, ya indica cosas. (La
señora Armario González: Pero ¿quién ha dicho eso?). Sí, sí, sí, ustedes lo han dicho. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Es alucinante. Por favor, taquígrafa). En cualquier caso, vamos a hablar de informes y el informe de Provivienda, que ha
publicado recientemente, dice que en el 99 % de los casos para alquilar una vivienda las personas extranjeras han encontrado problemas o que a las personas de origen español les ofrecen un 30 % más de viviendas. Cuando hablamos de racismo, hablamos
de la imposibilidad de acceder a derechos que condicionan la vida de las personas jóvenes. Pero voy a profundizar un poco más y voy a referirme quizás a que en este caso el partido VOX hace una instrumentalización terrible, terrible, de la infancia
y de la juventud migrante. Y, seamos claros, a ustedes no les molesta la migración; a ustedes lo que les molesta es que los migrantes sean considerados ciudadanos de pleno derecho, tengan derechos y no sean tratados como ciudadanos de segunda.
Porque, señorías, seamos claros: ¿quiénes no tienen a una persona cuidadora de sus familiares de origen migrante? Seamos claros, porque si ustedes buscan en Google van a encontrar un montón de noticias que relacionan... (Protestas). Que sí, que
sí, que relacionan a sus entornos políticos y empresariales con la vulneración de los derechos de las personas migrantes en el campo, por ejemplo. A ustedes lo que les molesta es que las personas migrantes en este país también tengan derechos, y
nosotros -lo decimos de forma nítida- no hacemos distinción y vamos a seguir trabajando por la ampliación de derechos, porque es la única forma de cohesionar la sociedad. Solo si avanzamos todos -ya lo decía el filósofo Thomas Reid-, la sociedad
será tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Por eso, seguimos avanzando en la ampliación de derechos para todos y todas.


Volviendo al diputado Sastre, le pido disculpas porque en la primera intervención no he respondido a una de sus preguntas. Entiendo su preocupación por la educación y la comparto, pero usted debería preguntarles en los lugares donde
gobiernan. En este caso, vamos a hablar de la Junta de Andalucía, que devolvió 112 millones de fondos europeos que iban destinados a escuelas infantiles. Y usted me dice: ¿el Gobierno se preocupa por las familias jóvenes? El Gobierno sí; de
hecho, nosotros estamos trabajando desde el ministerio para que exista una prestación universal por crianza. Lo que ocurre es que si ustedes donde gobiernan no son capaces de aprovechar los fondos europeos para reforzar la red pública de escuelas
infantiles -pública, insisto en esto porque es importante-, si ustedes no quieren aprovechar esos 112 millones, no es por una cuestión baladí, es porque su apuesta nítida por la concertada antepone el negocio con la educación al derecho a la
educación. ¿Y por qué es clave el acceso a la educación de 0 a 3 años? Porque está muy vinculado con la pobreza infantil y porque es un motor de igualdad de oportunidades, y por eso a nosotros nos preocupa que hayan devuelto 112 millones de euros.
En este sentido, como les digo, nosotros avanzamos en este planteamiento, y después comparecerá mi compañera de la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y seguro que podrán profundizar en los otros elementos que estamos
planteando para resolver estas cuestiones tan importantes.


No me gustaría pasar por alto la cuestión de los impuestos. Creo que es muy preocupante la actitud que tienen ciertos partidos con la cuestión de la fiscalidad, porque no es una cuestión menor. La fiscalidad es superimportante para poder
tener un sistema, un estado del bienestar y poder contar con recursos suficientes. Lo que ocurre es que aquí hay una especie de competición a la baja en algunas comunidades autónomas que juegan a hacer el dumping fiscal, y esto tiene unas
consecuencias de detraer recursos y capacidad del Estado -en este caso, de los servicios públicos- que podrían generar protección. En todo caso ni están los jóvenes en un infierno fiscal ni el Gobierno se forra. La revisión del PIB al alza
realizada por el INE muestra que la presión fiscal se redujo en 1,5 puntos durante el año 2023, y son datos ya cerrados. Estos datos son publicados por la Intervención General de la Administración del Estado y los pueden comprobar. Seguimos
teniendo cuatro puntos porcentuales de diferencia de recaudación fiscal con respecto al producto interior bruto del promedio de la Unión Europea, y acabar con esa diferencia es esencial para las personas jóvenes y para poder desplegar políticas
públicas que les faciliten la vida; en todo caso, como les decía, las políticas que se despliegan desde este Gobierno, por supuesto. Usted también se interesaba en el bloque anterior de preguntas por el tema del transporte, y el bono joven de



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transporte promovido por el Ministerio de Transportes ha tenido un impacto muy beneficioso, pero no nos conformamos y, por supuesto, queremos avanzar hacia esa tarjeta única de transporte que nos permita conectar más y mejor a las personas
por el territorio. Quiero insistir en esta consideración que tiene que ver con que no todas las situaciones de las personas jóvenes van a poder ser resueltas desde el nivel estatal, por lo que la colaboración entre los distintos niveles de la
Administración es fundamental para resolver estas ecuaciones. Actuar en vivienda desde lo estatal no es suficiente si no se actúa con contundencia desde los niveles autonómicos, y ustedes son Gobierno en la gran mayoría de comunidades autónomas.


No recuerdo ahora mismo si me dejo alguna de las preguntas. Me gustaría cerrar con alguna con alguna reflexión. Si la señora Aguirre tiene dudas o si le preocupa la cuestión del impacto de las subvenciones yo la animo a que pregunte al
listado de entidades que son beneficiarias de esas partidas de subvenciones a qué destinan los recursos para ver si considera que son de utilidad o no. Entiendo que no todos los partidos políticos tienen las mismas posiciones políticas en relación
con la promoción de la participación. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se cerró un consejo de la juventud recientemente. Por ejemplo, allí donde ustedes apoyan Gobiernos no les interesa que la juventud sea una juventud participativa y
crítica, pero nuestra apuesta es clara: nosotras vamos a seguir avanzando en la generación de espacios de participación que nos permitan tener una juventud crítica, una juventud movilizada y una juventud capaz de reivindicar y defender sus
derechos, gobierne quien gobierne. Porque esto es fundamental, esta es una de las claves de la construcción de una sociedad democrática. La participación es una llave para poder construir una sociedad democrática, y por eso nosotras y nosotros
defendemos la ampliación de derechos con medidas como el voto a los 16 años, la ampliación de apoyo a estas entidades, la promoción de la participación de los grupos no organizados, etcétera.


En todo caso, quería agradecer el haber podido comparecer ante ustedes para hablar de todos estos temas y también aprovecho para ofrecernos a comparecer sobre temas concretos que sean de su preocupación, así como para invitarlos a que puedan
comparecer en este foro más entidades jóvenes, más personas jóvenes, y que sean ellas y ellos mismos quienes les trasladen a sus señorías sus preocupaciones. Ustedes forman parte de un montón de comisiones del Congreso, donde se están produciendo
múltiples debates importantes y reformas que son necesarias para mejorar la situación de las personas jóvenes en nuestro país. En consecuencia, les interpelo a trabajar juntos y juntas para resolver la cuestión de la inequidad generacional en
nuestro país, no solo por las generaciones presentes también por las generaciones futuras. Sin eso no tendremos una democracia sostenible.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a la compareciente.


Como he anunciado, una vez terminado, voy a dar dos minutos la palabra a la diputada Ogou porque, después de analizar la transcripción, efectivamente tiene derecho a esa explicación. Y a ver si me aclaro yo, un momentito.


La señora OGOU I CORBI: Gracias, presidenta.


Gràcies, presidenta. Jo el que li demanaria és que quedi constància d'aquestes paraules discriminatòries en acta, d'acord amb aquest article 71.3.


Yo lo que le pediría es que quede constancia de estas palabras discriminatorias en el Diario de Sesiones, de acuerdo con el artículo 71.3.


Diputada, yo me quedo sorprendida de que hoy comparezca una directora general del Gobierno y que usted se tome la libertad de cuestionar su procedencia y se tome también usted la libertad de cuestionar la mía. Es importante tratar a todas
las personas como iguales, y creo que con nuestros compañeros ustedes esto no lo harían. No quiero alargarme mucho, solo les voy a pedir, por favor, que nos tengan un poco de respeto y, en particular, a la directora, que ha hecho una gran
exposición y que ha venido a comparecer aquí para dar explicaciones sobre su gestión.


La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada. (La señora Aguirre Gil de Biedma pide la palabra). Por un minuto, por favor.



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La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Yo creo que no he faltado al... La directora general ha venido a comparecer, a explicar su gestión. Yo en ningún momento he cuestionado nada, ha sido ella la que ha dicho... (La señora Ogou i Corbi
pronuncia palabras que no se perciben)... No, no, no, ella ha dicho...


La señora PRESIDENTA: No entren en discusión porque precisamente este turno sirve para aclarar las cosas.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Es que estoy hablando yo.


La señora PRESIDENTA: Vale. Pero ¿quiere usted disculparse por las palabras emitidas? En todo caso constarán en el Diario de Sesiones.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Yo no sé cuáles son las palabras que he dicho, pero lo único que quiero decir es que se malinterpreta; todo lo que nosotros decimos se malinterpreta. Yo no tengo ningún problema. Lo que quería decir es
que estoy encantada que esté usted aquí en el Congreso...


La señora OGOU I CORBI: Pero es que yo soy catalana, no sé por qué tiene que estar encantada.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Por favor, que me da igual. Es que no me deja hablar.


La señora PRESIDENTA: No entrem en discussió. Em sembla que ha quedat clara la seva posició, diputada,


No entremos en discusión. A mí me parece que ha quedado clara su posición, diputada.


La señora OGOU I CORBI: No, no, la frase es que 'estamos en terapia de grupo'.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Ah, que 'estamos en terapia de grupo' es la frase.


La señora PRESIDENTA: No, no, no. A ver si nos entendemos, hemos dado la palabra a la diputada Ogou... (Rumores.-Protestas). Un momento. A ver, hemos dado la palabra a la diputada Ogou por el comentario de 'estamos muy contentas de que
usted pueda estar aquí en España'. Nos ha parecido altamente insultante -al menos a la Presidencia de esta Mesa- porque ella es catalana, tanto como yo, y tiene el mismo origen.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Bueno pues es lo que quiero decir. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no he hablado de la terapia de grupo, yo lo que quiero decir es que estoy encantada de que usted esté aquí, en el Congreso. He dicho
en España, pero yo quería decir que usted esté aquí de diputada: por mujer, por joven, por catalana...


La señora PRESIDENTA: Ha quedado claro.


La señora AGUIRRE GIL DE BIEDMA: Y siento haber dicho que usted esté aquí en España; lo que yo quería decir es que usted esté aquí en el Congreso. Y, si le ha molestado, le pido perdón. Lo siento. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Sí, hombre, sí. Por eso he pedido la transcripción; si no, no le hubiera dado la palabra.


Quedan clarísimas sus disculpas. Constará todo en el Diario de Sesiones. Por tanto, tranquilos, si queréis las recuperamos y, entonces, sí nos convocamos a una terapia de grupo; pero esto es la comisión, o sea que seguimos, por favor.


Muchas gracias por su comparecencia.


Paramos dos minutos y empezamos con la siguiente comparecencia, de la directora general de Atención a la Infancia y a la Juventud.


Gracias, diputados y diputadas. (Pausa).



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COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (GÓMEZ DE GARMENDIA CUETOS):


- PARA EXPONER LAS LÍNEAS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y SUS OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000396).


- PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA INFANTIL EUROPEA, EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO HASTA LA FECHA Y LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000323).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a retomar la sesión.


Saben ustedes que tenemos la comparecencia de doña Sandra Gómez de Garmendia Cuetos, que es la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Esta comparecencia ha sido solicitada para exponer las líneas generales de la
dirección general y sus objetivos para el próximo período, por parte del Gobierno, y para informar de los avances y resultados de la aplicación de la Garantía Infantil Europea, el presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha y las medidas
previstas para el siguiente periodo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Por tanto, damos la bienvenida a la directora general y le vamos a dar la palabra, como ustedes saben, por tiempo indefinido.


Muchas gracias.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Gómez de Garmendia Cuetos): Muchas gracias, presidenta.


Muchísimas gracias también a la comisión por la oportunidad de poder comparecer aquí ante todos vosotros y vosotras.


Desde la Dirección General de Infancia, evidentemente, el principal objetivo que tenemos es siempre garantizar el interés superior del menor en nuestro país y desarrollar todos los derechos relacionados con la infancia y la adolescencia. Es
este el espíritu con el que trabaja la dirección, todo el equipo funcionarial bajo mi responsabilidad. Si me permitís, es verdad que dentro de la Dirección General de Infancia y Adolescencia hay varios programas, y yo me voy a remitir ahora en esta
sesión quizá a los que sean más de actualidad, no a todos. Esto no quiere decir que, evidentemente, si hay alguno que consideráis que es importante abordar o del que os podamos mandar información, por supuesto, pero principalmente quería abordar
hoy todas las cuestiones que están relacionadas con violencias contra la infancia, con pobreza infantil y también infancia migrante. Quizá también alguna pincelada sobre entornos digitales seguros. Sé que en esta comisión se ha trabajado ya mucho,
que se ha debatido un montón sobre entornos digitales seguros y que el secretario de Estado de Juventud e Infancia estuvo aquí haciendo un monográfico al respecto. Yo, si me permitís, no tenía intención de meterme tanto en detalle en ello, pero si
hace falta tampoco hay ningún problema. Quizá alguna pincelada superrápida de adopciones internacionales, porque también es la dirección general quien lleva las adopciones internacionales del país. Pero, como os digo, si no tenéis inconveniente -y
si no, lo debatimos después- sería sobre todo centrarnos en los tres bloques: violencia contra la infancia, pobreza infantil e infancia migrante.


Por empezar con las cuestiones de violencia contra la infancia, evidentemente, yo aquí no puedo no basarme en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI. Saben ustedes que se
aprobó en 2021, año desde el que estamos con su desarrollo, con su implementación y también con la sensibilización, que es una tarea que tenemos pendiente. Porque al final muchas veces las violencias contra la infancia -creo que lo compartiremos
muchas de nosotras- se quedan como un ámbito privado. Es verdad que muchas violencias contra la infancia suceden en los hogares, pero no solo, y tenemos una labor aquí de visibilizar estas violencias también. Estamos en esta tarea de continuar con
el desarrollo y de generar conciencia, como así nos lo mandata, además, por cierto, la LOPIVI. Cuando tengamos sospecha de algún caso de violencia es el deber de toda la sociedad en general, es un deber generalizado, comunicarlo; es un deber
exigido, aún más, para aquellos profesionales, sean mujeres u hombres, que trabajen directamente con niños y niñas.


Queremos sacar próximamente el estudio de prevalencia. Creo que la ministra alguna vez ya lo ha mencionado. A mí me hubiese gustado venir hoy aquí con los datos ya de este estudio; los tenemos, pero



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todavía los estamos tratando. Será un estudio que salga previsiblemente antes del verano y, evidentemente, sin ningún problema podríamos venir aquí solo para hablar de este macroestudio. Desde el año 1994 la Administración General del
Estado no hace uno así, es decir, llevamos prácticamente treinta años sin que la Administración General del Estado haya hecho un macroestudio de prevalencias en la infancia. Es verdad que hay muchas universidades que han trabajado y que han
realizado estudios, y hay expertos, académicas, que también lo han abordado durante estos últimos años, a veces centrándose en violencias muy específicas, sobre todo -como os imaginaréis-, la violencia sexual.


Con este estudio de prevalencia lo que queríamos era: uno, ponernos al día, porque como Estado necesitamos tener las cifras, no solo las universidades, no solo los académicos; el Estado tiene que tener las cifras. Dos, tener una idea de
todas las violencias, no solo una: la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia en los entornos digitales, la violencia por negligencia también, cuando no se cuida de manera correcta a un
niño o a una niña. Esto es un poco lo que hemos intentado abordar con este estudio. Para que conozcáis la dimensión, se han hecho unas diez mil encuestas, o sea, que realmente es un macroestudio; luego, por una cuestión de calidad de las
encuestas, seguramente queden un poquito menos, nueve mil y pico, pero en todo caso sigue siendo un estudio muy amplio. Se ha estado preguntando a jóvenes de 18 a 30 años sobre su recuerdo autodeclarado de las violencias que sufrieron en la
infancia. Este estudio lo estábamos realizando también, por cierto, con Sigma Dos.


Las cifras van a ser malas. No puedo traer aquí todavía las cifras -en unos meses lo podremos tratar-, pero sí que podemos avanzar que las cifras son muy malas, existe muchísima violencia contra la infancia en nuestro país. No va tampoco
desencaminado de lo que ya estima el Consejo de Europa, que dice que, aproximadamente, uno de cada cinco niños y niñas pueda sufrir algún tipo de abuso o agresión sexual antes de los 18 años. Por ejemplo, Unicef España ha estado sacando también
informes sobre la problemática -como ya saben ustedes- del bullying, del ciberbullying, etcétera. Con este macroestudio también quiero añadir una última cosa. Lo que queremos estudiar es la violencia que ejerce la sociedad, es decir, los adultos
sobre los niños, niñas y adolescentes, pero también se va a estudiar entre pares, la violencia que se puede ejercer entre adolescentes, por ejemplo. Esto en cuanto al estudio de prevalencia.


En esta legislatura hemos activado la comisión interministerial de la LOPIVI, justamente para dar seguimiento a la implementación. Sabéis que al final la LOPIVI es muy transversal a muchísimos ministerios y, por lo tanto, para nosotros era
importante activar esta comisión para ir también preguntando a cada ministerio los avances dentro de su campo al respecto de la implementación de la LOPIVI. Hasta ahora, en estos tres años de implementación, desde el año 2021, se ha desarrollado el
71 % de los artículos, el 20 % de las disposiciones adicionales y el 60 % de las disposiciones finales. Yo creo que esos porcentajes realmente sí que es cierto que demuestran la voluntad de las instituciones de avanzar hacia una protección real,
pero, evidentemente, todavía queda por hacer y por implementar.


Si me permitís, aquí sí que quiero hacer mención de dos hitos que para la Dirección General de Infancia y para el ministerio es importante tener este año. No me quiero bajar a lo muy técnico, pero sí al menos señalar el mensaje a
transmitir. Tenemos dos registros que desarrollar este año. Uno es el RUSSVI, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia, y otro es el Registro Central. ¿Por qué dos registros? Porque es superimportante tener
una línea de base y datos de cuál es la fotografía de violencias contra la infancia. No quiere decir que no los tengamos ahora; sí quiere decir que tenemos mucho que mejorar. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos el RUMI, que es el Registro
Unificado de Maltrato Infantil -igual alguno de vosotros lo conocéis-, pero lo que nos mandata la LOPIVI es mejorar los registros y lo que nos está pidiendo con el RUSSVI, el Registro Unificado de Servicios Sociales que vendría a superar el actual
registro, es que necesitamos, uno, que no se aborde solo la violencia dentro del ámbito de la casa, porque es verdad que sabemos que hay mucha violencia dentro de los hogares, pero también fuera. Por eso la necesidad de lo que recojan los servicios
sociales en general. Y, dos, para tener más detalle del agresor y de la víctima, de qué relación hay entre ellos y de qué intervención hemos hecho a nivel autonómico con los servicios sociales, cuál es el grado de intervención.


Necesitamos información más detallada; no podemos sacar buenas políticas públicas, no podemos orientar las políticas públicas para atajar la violencia contra la infancia si no tenemos una línea de base mínima, si no tenemos una fotografía
de violencia en el país. Este registro es muy importante por esto. El otro que nos mandata la LOPIVI es el Registro Central, que busca compartir la información -apela más a los ministerios- entre los ministerios para obtener un conocimiento
uniforme de esto. ¿Por qué? Porque cada ministerio registra de una manera la violencia contra la infancia. Es decir, no es lo mismo cómo le



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pueden llegar al Ministerio de Justicia, por ejemplo, casos de violencia contra la infancia, que seguramente sea ya cuando están judicializados; cómo le pueden llegar al Ministerio del Interior, que será vía la policía; cómo le pueden
llegar a Sanidad, que será cuando en los ambulatorios y en los hospitales se activen sus protocolos a partir de lesiones, etcétera. No tiene nada que ver una manera de recoger un tipo de violencia u otra; no tiene nada que ver cómo recoge Sanidad
la violencia con cómo la recoge Justicia a través de casos judicializados. Pero sí necesitamos tener este conocimiento uniformado. Para eso son estos dos registros. Yo lo dejo aquí porque no quiero ser demasiado técnica, pero era para mostrar la
importancia que tiene para mí. Ahora mismo siento que, así como en otros ámbitos -por ejemplo, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres- se ha avanzado muchísimo -tenemos datos como Estado-, en infancia vamos siempre un pasito para atrás,
si me permitís. Necesitamos ponernos a punto; necesitamos que los estudios de prevalencia no sean cada treinta años, sino de manera mucho más regular para poder ver la evolución y para poder atinar en las políticas públicas; necesitamos registros
punteros para saber realmente la fotografía de las violencias en la infancia.


Por ir cerrando la parte de violencias, como sabéis ahora estamos en un momento de ampliación de la LOPIVI. Seguimos diciendo que es una ley pionera; nos lo creemos. Hay muchísimos países que se han reflejado en esta ley. Sin embargo,
también es cierto que a medida que vas implementándola, que escuchas a víctimas, que escuchas a expertas o a académicas, evidentemente siempre hay margen de mejora. Por eso también, de la mano de las recomendaciones del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, hemos decidido ampliar la LOPIVI en un vacío que detectábamos quizá mayoritario: el relativo a la violencia vicaria. Por cierto, justo esta semana -creo que antes de ayer- el Defensor del Pueblo sacó su informe y también puso
el foco en la violencia vicaria, y en la importancia de que las mamás protectoras puedan ser consideradas víctimas de género. Aquí nosotras diríamos que los niños y las niñas también lo son.


Este es el marco en el que queremos mejorar. Igual alguna pincelada para que podáis también saber por dónde iría este impulso: La exclusión efectiva del falso síndrome de alienación parental, que como sabéis no tiene ningún aval
científico, pero sin embargo se sigue aplicando. La ampliación del plazo de prescripción de delitos sexuales, es decir, elevar la edad y que empiece a contar el plazo de prescripción a partir de los 45 años, porque todos los estudios nos indican
que el relato de contar una violencia cuesta mucho y se hace con cada vez más edad. De hecho, una cuestión. Cuando hablaba del estudio de prevalencia, os comentaba que hemos preguntado a chavales de entre 18 y 30 años; la mayor parte de la gente
joven que ha respondido estaba cerca de los 30 años, es decir, hay más gente de 27 a 30 años que ha respondido que casi de 18 o 19. Es un reflejo, cuesta mucho contar una historia de violencia.


Impulsar también medidas de desinstitucionalización y de planes de transición a la vida adulta. Porque, evidentemente, cuando un niño o una niña a los 18 años se queda en situación de calle, le estamos abocando a sinhogarismo, a abandono,
etcétera. Impulsar todo lo que tenga que ver con desinstitucionalización y transición a la vida adulta. Otra de las modificaciones que estamos observando es inhabilitar a personas condenadas por delitos de género, por maltrato físico, psicológico
o por abandono de menores de edad para trabajar con menores de edad, pero también la obligación de presentar certificados de antecedentes penales y sexuales. Es decir, que ninguna persona con algún tipo de delito, tampoco sexual, pueda estar
trabajando con niños y con niñas. También queremos avanzar en el reconocimiento de víctimas de abusos sexuales, ya sea de la Iglesia católica o de otras confesiones religiosas, y mejorar el estatuto de la víctima. Es decir, reconocer de manera
específica la condición jurídica de víctima, reparar el daño causado, darles asistencia individual, pero también asistencia colectiva y construir memoria. No son víctimas de segunda, son víctimas también. Construir memoria con ellas, memoria
democrática y darles voz y, por supuesto, garantizar el cumplimiento de verdad, justicia y reparación para estas personas. Por último, permitir a la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia poder personarse ante órganos
judiciales, así como también puede suceder con el Ministerio de Igualdad; es decir, que desde el Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la dirección general, nos podamos personar ante casos graves de violencia contra la infancia.


Algún matiz -y ya con esto cierro- sobre Barnahus. Yo creo que en esta comisión prácticamente todo el mundo conocemos el Programa Barnahus, así que no quiero aquí extenderme mucho. Pensamos que se ha dado un paso muy importante para tener
una justicia adaptada a la infancia con la aprobación recientemente de la ley de eficiencia organizativa del sistema judicial, porque permite que se puedan crear las secciones de infancia, familia y capacidad, y también las de violencia contra la
infancia, que para nosotras era un punto muy importante. Tener una justicia adaptada, tener profesionales con perspectiva



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de infancia. Recoger el testimonio de un niño o una niña que ha sido víctima de una agresión sexual es muy delicado realmente y corremos a veces muchísimo riesgo de revictimizarlos. Tener estas secciones de violencia contra la infancia y
personal especializado para saber cómo hay que abordar estas cuestiones tan delicadas con niños y niñas para nosotras es importante. Aquí sabemos que el Ministerio de Justicia tiene un reto enorme para adaptar la justicia, pero nosotras, desde la
Dirección General de Infancia, evidentemente no podemos más que instar a que la implementación sea lo más rápida y efectiva posible, por supuesto.


Desde la dirección estamos coordinando el impulso al modelo Barnahus. Como ya sabéis, desde el año 2022 España cuenta con el proyecto de fortalecimiento de la justicia adaptada a la infancia y a la adolescencia. Es un proyecto de la mano
con el Consejo de Europa y con la Comisión Europea con DG REFORM. Lo que hicimos durante la primera fase, que duró treinta meses y concluyó en octubre del año pasado, fue un mapeo, ver cómo están los recursos en todo el país, en todos los
territorios; ver qué necesidades formativas puede tener cada territorio. De ahí han salido dos hojas de ruta: una hoja de ruta nacional en la que los ministerios tenemos cada uno nuestros deberes para poder avanzar en esta justicia adaptada y
otra de ruta autonómica, porque hubo tres comunidades autónomas -Extremadura, Cantabria y Navarra- que se ofrecieron a este proyecto piloto y ha salido una hoja de ruta también autonómica. Ahora estamos ya con la segunda fase, que también va a
durar otros treinta meses. Esta segunda fase la colideramos junto con el Ministerio de Justicia, porque se ha visto que es muy importante poder dar formación con perspectiva de infancia a los agentes judiciales. Esta segunda fase acaba de empezar
realmente.


Como resumen a nivel estatal, Cataluña cuenta con trece Barnahus funcionando; próximamente, porque todavía están en obras, vamos a tener Barnahus en Vitoria, en Pamplona, en Albacete y en Santander, y en otras comunidades autónomas. La
verdad es que prácticamente casi todas las comunidades autónomas están haciendo muchísimos esfuerzos para poder adaptarse y tener su Barnahus. Lo que pasa es que también aquí la realidad es tozuda, no hay recetas únicas para que cada comunidad
pueda implementar su Barnahus, porque no todas tienen las mismas competencias. Hay algunas que tienen más competencias en justicia, otras menos. Esto es complejo, la verdad.


Cierro aquí el apartado de violencias contra la infancia y empiezo con el apartado de pobreza infantil y con un dato: 34,7 % de pobreza infantil en el año 2024. Es una tasa de pobreza insoportable para un país que es la cuarta potencia
económica de la Unión Europea. Desde el Gobierno español se pusieron en marcha algunas medidas -ya lo sabéis-: el ingreso mínimo vital; el complemento de ayuda a la infancia, el CAPI; también los sucesivos incrementos del salario mínimo
interprofesional. Evidentemente, todo esto sí ha ayudado a reducir la pobreza entre la población general, pero, sin embargo, la pobreza infantil persiste. ¿Por qué persiste? Seguramente aquí podamos hacer distintos análisis. Uno va a ser la
situación laboral de algunos padres y madres. Cuando hicimos el diagnóstico para proponer e impulsar un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil ya lo decíamos: hay bolsas de pobreza infantil muy grandes en determinados grupos, como
puede ser, por ejemplo, en familias migrantes, en familias monomarentales o en familias con personas a su cargo con discapacidad. Esto también va a tener sin duda su reflejo en la tasa de pobreza infantil. También hay grandísimas disparidades
entre comunidades autónomas.


Asimismo, está el coste de la crianza. Decía recientemente, hace unos meses, Save the Children que el coste de la crianza en nuestro país asciende a 758 euros al mes y, además, por supuesto, hay altos niveles de no adhesión. Es decir, hay
prestaciones económicas, pero por distintos motivos no están llegando al 100 % de la población. Puede ser por una cuestión de estigma, porque si yo quiero pedir el ingreso mínimo vital se va a percibir como que soy una persona pobre- y hay ahí un
estigma-; puede ser por falta de información -muchísima gente no sabe que existe el CAPI, por ejemplo, el complemento de ayuda a la infancia-, pero también por trámites complejos realmente. Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia
coordinamos la Garantía Infantil Europea. El Grupo del Partido Popular ha solicitado información a este respecto. La Garantía Infantil Europea es una recomendación de la Unión Europea desde el año 2021; a partir del año 2022 tenemos nuestro plan
de acción estatal propio.


Yo resumo en cinco los pilares básicos en los que la Garantía Infantil Europea quiere hacer hincapié. En primer lugar, en el ciclo de primera infancia y atención temprana; en segundo lugar, en todas las cuestiones de educación y
actividades extraescolares, es decir, aquí entran educación, actividades extraescolares, comedores sociales, por ejemplo; en tercer lugar, la alimentación saludable; en cuarto lugar, la asistencia sanitaria donde también juegan un papel todas las
cuestiones de servicios ópticos,



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bucodentales, etcétera y, en último lugar, la vivienda para erradicar las situaciones de chabolismo, de infravivienda, etcétera. El plan estatal o la Garantía Infantil en España busca que a 2030 se haya conseguido sacar de la pobreza a
aproximadamente 700 000 niños y niñas. Sobre la financiación de la Garantía Infantil Europea, se financian de varias maneras. Evidentemente, la parte más conocida es el Fondo Social Europeo Plus y lo que nos solicita la Unión Europea a través de
estos fondos es que al menos el 5 % se destine a combatir la pobreza infantil.


España ha programado, tanto en las comunidades autónomas como en la Administración General del Estado, en el presupuesto plurianual 2021-2027 más de 1200 millones. Esto quiere decir que es el 11,28 %, que es más del doble de lo que nos
solicita Europa, que nos pide al menos el 5 %, y lo que tenemos programado en 2027, entre comunidades autónomas y Estado, es poder utilizar el 11,28 % del Fondo Social Europeo Plus para erradicar la pobreza infantil. No puedo traer aquí el gasto de
ejecución, porque la primera declaración de gasto va a ser en 2025. O sea, la primera declaración de gasto va a ser seguramente en diciembre de 2025 y ahí vamos a tener la ejecución hasta ahora. Lo que os puedo trasladar es lo que está programado,
pero en diciembre de 2025 sabremos el nivel de ejecución hasta ahora. Evidentemente, ya lo hemos dicho en distintos foros, nuestro compromiso aquí es con dos cuestiones fundamentales. Una, subir la inversión en políticas de infancia. Tenemos que
estar a la altura de Europa. No puede ser que España esté al 1,5 % de inversión en pobreza infantil y necesitamos llegar a la media europea del 2,4 %. Dos, también hay una cuestión muy importante que es la prestación universal por crianza, somos
una anomalía en la Unión Europea por no tener la prestación universal por crianza; somos una anomalía. De hecho, si la tuviésemos, automáticamente la inversión en infancia subiría. Por tanto, estos son dos de los objetivos que, desde el
Ministerio de Juventud e Infancia, nos encantaría que se pudiesen conseguir en esta legislatura. Asimismo, lo hemos puesto en el borrador del diagnóstico que hicimos para un Pacto de Estado contra la pobreza infantil. Quisiera añadir aquí que nos
alegramos muchísimo, por cierto, que la mayoría de los grupos hayan decidido poner en marcha una subcomisión propia para este pacto de Estado y que, por supuesto, cuenten con la Dirección General de Infancia como una aliada en este camino.


Sobre infancia migrante, para cerrar ya el bloque de pobreza infantil, desde este ministerio, desde el día uno, hemos venido trabajando en que a la cuestión de los menores no acompañados en nuestro país se le dé una solución estructural. Se
le dé una solución estructural, porque lo que siempre hemos entendido es que, más que una crisis migratoria, lo que tenemos es una crisis de acogida y, al tener una crisis de acogida, automáticamente se da una crisis humanitaria, como la que estamos
viendo en Canarias. Pero la migración existe, la migración ha existido y la migración existirá. Por tanto, no hablamos de crisis migratoria, hablamos de crisis de acogida, porque está claro que nuestro sistema de protección tiene que mejorar,
tiene que adaptarse y tiene que dimensionarse a la realidad actual. En el momento en el que lo haga, evidentemente, no estaremos viendo las situaciones que estamos viendo en Canarias y en Ceuta. La solución estructural la hemos intentado por la
vía de la conferencia sectorial y también la hemos intentado por la vía de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que la trajimos en julio a este Congreso y fue rechazada. Esto no ha evitado que, desde el ministerio, hayamos
seguido intentando fortalecer al menos los sistemas de protección de los territorios frontera, como son Canarias, Ceuta y Melilla. A través de la conferencia sectorial se dio 15 millones a estos territorios: 4,5 a Melilla, 4,5 a Ceuta y 6 a
Canarias. También el año pasado se hizo un esfuerzo de 50 millones para Canarias, precisamente para su sistema de protección por la presión que está sufriendo actualmente. Esto no puede seguir así, porque estos son parches. No se puede seguir
dando dinero a Canarias o dando dinero a Ceuta, porque esto realmente requiere una solución estructural y porque 4400 menores no acompañados, en un país de casi 50 millones, no me digan que no podemos acogerlos. Por eso, el 18 de marzo, se aprobó
en el Consejo de Ministros, ya lo saben, el Real Decreto Ley 2/2025, de medidas urgentes, que da una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en determinados
territorios. Lo que viene a introducir este nuevo real decreto ley son algunas regulaciones en la ley de extranjería para gestionar la acogida en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. No sé si han tenido ocasión de leérselo o no,
pero, un breve resumen de los hitos más importantes sería: el artículo 35 bis va a permitir activar una contingencia si se supera la triple capacidad de acogida; el artículo 35 ter va a establecer unos criterios objetivos para distribuir a los
menores de edad entre comunidades autónomas; el artículo 35 quáter fijará un plan de respuesta solidaria y va a obligar al Estado a proponer traslados en un máximo de quince días y el artículo 35 quinquies regulará la reasignación territorial y la
custodia, y para ello se va a asignar al Ministerio de Juventud e



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Infancia un fondo de 100 millones de euros. El espíritu de este real decreto es, evidentemente, proteger a los menores de edad en situación de desamparo. Es muy difícil que se cumplan los derechos de un menor de edad si está en una
situación de hacinamiento. Por eso, vamos a facilitar: uno, que se cumplan sus derechos con garantías; dos, que se cumpla su integración en sociedad y tres, evidentemente, no dejar a Canarias y a Ceuta atrás en este caso, porque no podemos
permitir tampoco que los servicios sociales estén bajo presión.


Dicho esto, con respecto al real decreto de estándares, que igual también ya lo conocen, el real decreto de estándares mínimos para el sistema de protección viene a raíz de nuestra preocupación sobre las condiciones de los sistemas de
protección. Evidentemente, los centros de protección son una competencia autonómica. Hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo junto con las entidades del tercer sector, con los sindicatos, con las organizaciones de infancia y con los
colegios de profesionales. Hemos estado dando seguimiento también a las denuncias que nos han llegado sobre algunos centros de protección. En este marco es en el que, amparándonos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, amparándonos
en la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la LOPIVI, y también en la modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, proponemos este real decreto que, básicamente, va a
intentar fomentar unos mínimos de calidad para todos los sistemas de protección, que luego cada comunidad autónoma, en el ejercicio de sus competencias, pueda desarrollar más o menos. Entendemos que los centros de protección es un servicio que
vincula derechos y, como cualquier servicio que vincula derechos, debe de tener un marco estatal mínimo para que luego las comunidades autónomas, por supuesto, desarrollen sus competencias. Lo que se busca también -y lo enlazo con la Estrategia
Estatal de Desinstitucionalización- es, por una parte, impulsar la desinstitucionalización, es decir, fomentar el acogimiento familiar; pero para aquellos casos de niños y niñas y adolescentes que sabemos que en muchas situaciones no hay opción de
acogimiento familiar y que tienen que estar en una institución, al menos que la institución sea lo menos institución posible. Me explico: que un niño o una niña, si le duele la cabeza y pide una aspirina, no tenga que esperar cuatro horas a que le
llegue esa aspirina, porque ya no le dolerá la cabeza. Justo lo que buscamos es que los centros sean lo más hogar posible para ellos y para ellas, y así lo recoge la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. Otro objetivo importante es
dimensionar bien el número de plazas óptimas para el acogimiento. Ahora mismo cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de protección y hay mucha opacidad al respecto de esto. No sabemos las plazas que tenemos como país. Necesitamos
dimensionar bien la capacidad que tenemos para poder abordar y dar una solución a los niños y niñas en situación de desamparo, vengan de donde vengan, y también a los nacionales. Evidentemente, hay que blindar los derechos de los menores de edad.
Es decir, garantizar que tengan su asistencia social, jurídica, y psicológica; el derecho a la intimidad, que es superimportante cuando estás en un centro de protección y una vida autónoma. ¿Esto por qué? Muchas veces nos encontramos que, cuando
cumplen los 18 años, hay niños y adolescentes que igual no tienen competencias a la hora de cocinar, porque no han tenido programas de vida autónoma en los centros de protección. O sea, hay muchas cosas que tenemos que empezar a los 16 años, no
solo programas autónomos, sino también, por supuesto, de transición a la vida adulta e inserción sociolaboral, para que no lleguen con 18 años sin estas habilidades y para que se puedan insertar de manera correcta precisamente en el mundo laboral.
Finalmente, derechos del personal, esto es algo que creo que con las últimas noticias ha quedado de relieve tras el asesinato de una educadora social en Badajoz. Las condiciones en las que están las educadoras y los educadores sociales en los
centros de protección distan mucho de ser buenas y hay que mejorarlas. Queremos que se blinden los derechos del personal. Queremos regular las ratios y los turnos, que tengan formación continua y que las comunidades autónomas puedan inspeccionar
sus centros de protección en el marco de sus competencias y compartir los resultados con el ministerio. Como ven, son cosas superbásicas realmente, son cosas de sentido común. En el momento en el que estamos recibiendo noticias de cómo están
algunos centros de protección y en el que acabamos de tener un asesinato en uno de los centros de protección en Extremadura es muy difícil no poder justificar que necesitamos mejorar los estándares de calidad del sistema de protección.


Por ir cerrando y pasarles la palabra, quiero mencionar simplemente algunas pinceladas sobre los entornos digitales. Como he dicho, sé que en la comisión lo habéis hablado muchísimo, pero el martes aprobamos en segunda vuelta en el Consejo
de Ministros este anteproyecto de ley que ahora vendrá para su trámite parlamentario aquí. Realmente es un anteproyecto de ley pionero, ya lo hemos dicho muchas veces. Era necesario regular esta esfera también porque, al final, la esfera digital
es igual de real que esta.



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A través de ahí tenemos nuestras relaciones laborales muchas veces, educativas, personales, hablamos por wasap, hablamos por redes sociales, al final, tenemos también nuestra vida ahí y, evidentemente, también tiene que estar regulada. Así
como yo aquí ahora no puedo hacer lo que me dé la gana, en el ámbito digital tampoco podríamos hacer lo que nos dé la gana, pero, sobre todo, para regular nuestros derechos y para blindar los derechos que tenemos también ahí y para que no sean
vulnerados. Se ha hecho con el espíritu de que la esfera digital no sea la ley de la selva y sobre todo también por la necesidad de regular al sector. Ha habido algunas exigencias a la industria, por ejemplo, la obligación de que los dispositivos
digitales tengan control parental por defecto, es decir, que cuando se inicie un dispositivo ya te aparezca en la configuración inicial. También el etiquetado entendible en estos productos, para que se vean y se puedan explicar los peligros y los
riesgos de un mal uso. Para los fabricantes es importante asumir la responsabilidad, pero también el impacto que pueden tener sus productos sobre los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito sanitario, se ha puesto sobre la mesa toda la cuestión
de los programas de prevención en atención primaria e identificar también los usos problemáticos de dichas tecnologías. Por ejemplo, una detección precoz de un cambio de conducta, problemas de salud física de cualquier tipo que puedan venir
derivados de un mal uso de los dispositivos, etcétera. En el entorno educativo, toda la cuestión de la alfabetización digital, para que tengamos competencias ahí. También algo muy importante es la modificación en el Código Penal para que se puedan
contemplar los delitos de ciberbullying y que se pueda contemplar una utilización delictiva de la inteligencia artificial, porque todo el mundo hemos visto cómo se envían fotografías de menores de edad, que han sido manipuladas a través de la IA.
También que se pueda contemplar el engaño sobre la identidad propia fingiendo ser una persona menor de edad. Todas estas cuestiones van a ser abordadas y modificadas en el Código Penal.


Por finalizar con algún tip de adopción internacional, porque es algo que casi nunca se aborda, por dar dos pinceladas sobre adopción internacional, en el año 2023 tuvimos un ligero ascenso de las adopciones internacionales en nuestro país,
concretamente fueron 192. Han subido con respecto a los años anteriores, porque los años anteriores fueron de pandemia, es decir, que muchos países cerraron sus departamentos de adopción y muchas familias tuvieron problemas o directamente no
pudieron viajar. Es normal que, antes del 2023, hubiese un poco menos de adopciones internacionales y en el 2023 la cifra alcanzó las 192. El país que ocupa el primer lugar de adopciones en España es Vietnam, seguido de la India, de Hungría y de
Colombia. Con gran diferencia Asia es el continente con más adopciones internacionales -de lejos-, seguido después de América. En cuanto a las adopciones constituidas en nuestro país a nivel de comunidades autónomas, estarían: Cataluña, la
Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia y Andalucía. Sobre la situación de China, también lo quiero decir, porque hay veces que lo preguntan, ya cerró la tramitación de adopciones internacionales. Por mi parte, lo dejaría aquí. Escucho sus
comentarios y seguimos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, directora.


Seguidamente, tienen la palabra los grupos parlamentarios.


Empezaremos por el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Valido García tiene la palabra por un tiempo de siete minutos.


La señora VALIDO GARCÍA: Buenos días, directora.


Bienvenida. Voy a empezar casi en el orden en el que usted ha ido detallando los programas. En cuanto a las violencias, cuando hablamos de violencias usted nos habla de un macroestudio y de la importancia de tener unos registros punteros
que nos hagan la fotografía real de lo que ocurre. Quiero preguntarle si, en ese macroestudio en el que se quiere profundizar y con el que quieren tener una fotografía real, se van a tener en cuenta las violencias que sufren los menores migrantes.
No solo desde el punto de vista institucional, que ahora hablaré de esto, sino desde el punto de vista de los medios de comunicación, de los entornos digitales y de los discursos mediáticos y políticos desde la misma tribuna del propio Congreso.
¿Eso se va a estudiar, se va a ver o se va a recoger? Porque este tipo de violencias no afectan solo a menores nacionales nacidos en este país, sino a menores que vienen de fuera. No voy a repetir cómo se les señala o qué se dice, cómo se
generaliza y de todos los crímenes y delitos de los que se les culpa. Me gustaría saber si esto está dentro del macroestudio que ustedes pretenden elaborar. También me gustaría saber si, cuando hablamos de violencia sexual, en ese macroestudio se
contempla valorar la violencia sexual que sufren también esos menores migrantes a veces en el trayecto de la huida, otras veces durante el viaje y en otras ocasiones ya aquí en el Estado español. Voy a esperar a su respuesta, pero creo que es
importante que miremos de frente a una realidad que, por dolorosa que



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parezca, cuanto más se dé a conocer, más nos ayudará a que la sociedad comprenda que no se puede actuar ni se puede hablar de determinadas maneras de estos menores. También hay que tener en cuenta el maltrato físico y psicológico que, por
supuesto, incluyo como importante en la valoración de ese macroestudio.


Hablando de la violencia institucional, es cierto que estamos a pocos días de que se traiga al Congreso para su debate y se pida la aprobación de ese decreto. Usted coincidirá conmigo en que han pasado muchos años de hacinamiento y de
abandono. Esto es una violencia institucional que espero que también se valore en los macroestudios que se van a hacer. Acabamos de conocer una sentencia del Tribunal Supremo que le dice al Estado que ya vale, porque llevamos muchos años
reclamando que el Estado se haga cargo de los menores que tienen derecho al asilo y a la protección internacional. Me gustaría saber, si puede, porque han pasado apenas veinticuatro horas, si tiene usted información de cómo se va a cumplir con esta
exigencia del tribunal, cuántos son y cómo se va a hacer el traslado de estos menores que tienen derecho al asilo y a la protección internacional.


Cuando hablamos de pobreza infantil, tengo que acudir al debate presupuestario, porque una de las cuestiones clave, como usted bien ha dicho, es la inversión en políticas de la infancia. No tenemos presupuesto ni tenemos previsión de
tenerlo pronto, por lo que me pregunto si nos vamos a morir de melancolía diciendo cuánto nos hace falta, pero si no está el presupuesto, no tenemos unas cuentas actualizadas y los trabajos y los estudios que se están haciendo necesitan una
respuesta financiera, porque, si no, estamos estudiando y proponiendo aquí cosas que no se van a poder ejecutar. Me gustaría saber si en algún momento usted, como directora general, ha hecho alguna propuesta presupuestaria en algún trabajo, aunque
sea previo, de confección de la estructura del propio presupuesto general y si ya está sobre la mesa la petición de su departamento para la inversión en políticas de infancia, si esto ya lo conoce el Ministerio de Hacienda y si está clara cuál es la
cantidad que ustedes aspiran a que se recoja para las políticas de infancia.


Voy a enlazar directamente con los programas de preparación para la vida independiente, que me parecen fundamentales -fundamentales- para todos y todas, para todos los territorios, y para todos los orígenes, nacionales y migrantes. Esto es
fundamental. Estamos en un mundo en el que los menores, cuando cumplen la mayoría de edad, deben enfrentarse a multitud de dificultades, cada vez más, y creo que es una buena oportunidad que aquellos, que no tienen un hogar donde se les pueda
preparar, tengan también los apoyos necesarios para enfrentarse a la vida independiente. Usted habla de la situación precaria de muchos educadores y educadoras en los centros, pero esto depende directamente también del presupuesto, directora. Las
comunidades autónomas tenemos el presupuesto que tenemos y recibimos las transferencias que recibimos. Si los presupuestos no se actualizan y resulta que tenemos que enfrentar nuevas situaciones laborales, a través de convenios que se van mejorando
con los años, llega un momento en que ya no se corresponde. Ni siquiera los concursos para la gestión de recursos responden a lo que hoy habría que pagarles. Esta es una reclamación no solo de los profesionales del sector de la infancia, sino
también de los profesionales de violencia de género. Hace muy poco tiempo hemos escuchado a todas esas trabajadoras que trabajan en entidades, que gestionan centros y cuya financiación no responde a la actualidad y que tienen una financiación con
la que no pueden, de ninguna manera, responder al coste de los nuevos convenios y a los nuevos derechos laborales. Todo está bastante unido. Podemos tener la mayor voluntad del mundo, pero si uno saca a concurso la gestión de un recurso -me da
igual que sea de menores, de mujeres víctimas de violencia o de menores migrantes- a un precio, no pueden pasar los años, ver cómo suben los precios, cómo mejoran las situaciones laborales y pretender que se siga financiando con el mismo importe.
Por eso, es muy importante conocer cuál es la expectativa que tiene usted de que contemos con unos presupuestos actualizados que respondan a los derechos que tienen hoy los trabajadores.


Termino. Espero que en el próximo Pleno consigamos la aprobación de ese decreto. No me voy a extender ahora a dar los argumentos por los que considero que es lo que toca, pero ha hecho un comentario que quiero matizar. Usted ha dicho que
no podemos seguir dando dinero a Canarias y lo tengo que corregir, porque Canarias tiene un coste conocido de más de 160 millones de euros y no ha recibido más de 50 en el año 2024. Decir que no podemos seguirle dando dinero a Canarias puede dar la
sensación de que ustedes financian el coste, y no es así porque están muy lejos de llegar a ese coste. No se lo pretendo recriminar ahora, pero hay frases que usted entenderá que, cuando tenemos una pelea de muchos años para que se comparta y se
asuma esta responsabilidad, llaman la atención y tengo que corregirlas obligatoriamente. Estoy muy de acuerdo con usted en que estamos ante una cuestión que



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requiere de una solución estructural. La migración no va a acabar. La situación en África es cada vez peor y van a seguir llegando personas buscando auxilio. Lo podemos negar mil veces, pero la realidad está ahí y seguirá estando. Esto
suda y no hay otra vía. Quien conozca un poquito lo que está ocurriendo en África sabe que es muy difícil que esto acabe en un futuro cercano.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada Valido.


El siguiente turno es para la diputada Vaquero, por el Grupo Parlamentario Vasco.


La señora VAQUERO MONTERO: Mila esker.


Egun on eta ongi etorriak.


Voy a ser muy breve, por lo que voy a compensar un poco, y luego en la réplica, Cristina tendrá más tiempo. Me voy a tener que ir, ya lo siento, por lo que voy a intervenir y seguiré el Diario de Sesiones en aquello que tenga que contestar.


Usted se ha centrado en los temas de violencia, ha hablado de la LOPIVI y de lo que se ha hecho, pero me gustaría saber y que nos diga aquello que no se ha hecho, qué es lo que queda pendiente y, sobre todo, en qué se va a incidir en lo que
queda de legislatura. Vamos a ponernos unos objetivos y unas metas. Queremos saber qué es lo que falta y qué es lo más prioritario sacar adelante para el Gobierno. Me llama mucho la atención que este ministerio -y creo que voy a coincidir con
algún grupo-, entre las funciones, el presupuesto y las competencias, se mete en las competencias de las comunidades autónomas, y con el presupuesto que tiene y las funciones que tiene difícilmente puede impulsar todo aquello que dice que quiere
impulsar. Usted ha hablado de la necesidad de contar con datos. A nosotros nos parece que los datos son muy importantes, pero, cuando hablamos de datos, tenemos que saber de qué datos estamos hablando. Por ejemplo, en la Subcomisión de Pobreza
Infantil, que se va a crear o se acaba de crear, ¿qué es pobreza infantil? ¿Cómo medimos la pobreza infantil? Porque nos tendremos que poner de acuerdo en cómo se mide, cuáles son los índices, sobre todo para hacer un buen diagnóstico y saber qué
políticas hay que hacer y quiénes tienen que llevarlas a cabo. Porque aquí muchas veces se intentan marcar unas líneas de actuación, unas bases que se dicen que son bases, pero van mucho más allá de las bases y se les dice a las comunidades
autónomas qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Evidentemente, primero, sin financiación, que no aporta el Gobierno, porque con los números que va a tener o que tiene el ministerio difícilmente se va a poder aportar nada.
Incluso, tal vez, con aquellas medidas que se estén planteando, con aquellos mínimos que se dicen que se tienen que aplicar en las comunidades autónomas, lo que hagan es trastocar de tal manera el funcionamiento de esas comunidades autónomas que,
aquello que se está haciendo bien, pueda acabar haciéndose peor. Porque igual en esa comunidad autónoma -y estoy hablando de Euskadi-, aquello ya se está haciendo y tiene un resultado que, si no es el óptimo, sí va en una buena dirección. Por
tanto, muchas veces se dice que se habla con muchos sectores, con el tercer sector y con el otro, y se omite que se esté hablando con las comunidades autónomas. Me gustaría saber de qué se está hablando con las comunidades autónomas y si hay un
acuerdo, en todos los temas que usted ha planteado, con las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia en la gran mayoría de lo que usted ha planteado. Creo que el respeto institucional también es muy importante, saber de lo que
estamos hablando y quién tiene la competencia. Porque decir que se va a impulsar y que se va a hacer, queda bien, pero, verdaderamente, luego quien tiene que llevar todo ese impulso a la práctica, porque es de su competencia, son las comunidades
autónomas.


Me gustaría hablar del acogimiento familiar especializado. Ya hemos hablado antes del acogimiento y creo que estamos de acuerdo en lo que ha dicho del acogimiento y las familias. Tenemos que intentar que sean las familias las que acojan y
no que no sea una institución, en eso estamos completamente de acuerdo. En su día, en la LOPIVI, intentamos introducir una enmienda sobre este tema para que en esas familias que tenían una especie especialización, el padre, la madre o uno de los
dos, pudiera dedicarse no solo en exclusividad, sino también en una media jornada, porque tal vez aquel profesional quiera mantener su trabajo en una media jornada o en un tercio de jornada para que, cuando esos niños que acogen sean más mayores,
puedan seguir en la vida laboral, porque normalmente son las mujeres, y puedan volver sin ningún problema, es decir, que se introdujera también aquella figura. Me gustaría saber qué opina, qué medidas y cómo lo podemos hacer para que los niños sean
acogidos en las mejores condiciones.



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Sobre infancia migrante no voy a hablar, porque Cristina ya le ha planteado las preguntas. Escucharemos lo que tenga que decir.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada Vaquero.


El siguiente turno es para el Grupo Plurinacional SUMAR, en la voz de su diputado Cofiño Fernández.


Tiene la palabra.


El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Buenos días, directora.


Muchas gracias por la presentación y por la información. Un excurso pequeñito antes de empezar, por algún debate que hubo antes con el tema de los datos, la exposición de los datos y cuándo se dan datos para la gente y las audiencias que
nos estén siguiendo desde casa: no nos vamos a poner nunca de acuerdo con los datos, porque este no es un espacio de debate técnico, sino que es un espacio de debate. Por dos cosas: una, porque es un debate político y no técnico, por lo que según
quién de los datos va a haber siempre un debate que en otro espacio técnico sería más calmado, y, dos, ya lo comentamos alguna vez, porque hay cámaras y en las cámaras la escenificación de este debate se magnifica. Si el espacio fuera más calmado,
posiblemente sí que habría más acuerdo. En el Pleno, sobre todo cuando son plenos muy largos como el de ayer, tengo muchas ensoñaciones y, a veces, tengo una ensoñación de qué ocurriría -como cuando las series llegan a la cuarta temporada y a los
guionistas se les acaban los recursos y, de repente, en un capítulo todo era un sueño-, un sueño de qué pasaría si de repente el Partido Popular estuviera ahora mismo en el Gobierno y el señor Feijóo tuviera exactamente los mismos datos económicos y
sociales que tenemos ahora. ¿Cuál sería el discurso? ¿Cuál sería el discurso -y soy siempre muy sincero- del Gobierno -en ese caso, del señor Feijóo- y también cuál sería el discurso de la oposición? Porque posiblemente diríamos lo mismo, pero,
al revés, cuestionando. Aquí creo que tenemos que ser sinceros sobre lo que hacemos. Hay que ser sinceros con un tema que es que estamos mejorando. Hay datos que no son buenos y datos que son mejorables. Por supuesto, que hay dos formas de hacer
política: una es la política del 2014 y otra es la política de la crisis COVID. Hay políticas que mejoran la vida de unas personas, de unas oligarquías, o políticas que quieren mejorar la vida de todas las personas, y creo que eso es así.


Estamos en un proceso histórico y cualquier tipo de planificación -el ministerio está recién llegado y algunas políticas todavía son muy recientes- requiere una proyección que no vamos a ver en cuatro años; habrá resultados a corto plazo, a
medio plazo y otros que son a largo plazo. Con todo esto quiero mencionar -como ya le comentábamos a la ministra cuando vino- la importancia que tiene su ministerio. No es un ministerio menor solamente porque sea de menores, sino que es un
ministerio clave, pese a que tenga las debilidades presupuestarias que pueda tener y pese a que sea un ministerio incipiente. Hace muchos años ya hubo un informe de desigualdades mítico en el Reino Unido, el informe de desigualdades de Michael
Marmot, que hablaba de unos temas clave y hablaba de la infancia. Nos sorprendía por qué se mencionaba la infancia en otros sectores y es que la infancia es siempre una oportunidad. Entonces, que tengamos un ministerio que ponga políticas de
infancia y políticas de juventud es clave.


Algunas otras cuestiones. Llevamos también unos días con el tema de los eufemismos en relación con el rearme europeo. Parece que, de repente, en cuestión de dos semanas se ha cambiado totalmente el discurso de lo que está pasando en Europa
y hay un eufemismo de qué término utilizamos para no hablar de rearme, si hablamos de seguridad, si hablamos de defensa... Y creo que la directora ha dado perfectamente con la clave sobre qué término podemos utilizar. Es la palabra 'protección',
una palabra que se utiliza mucho al hablar de derechos de infancia. Por tanto, proponemos hablar de eso, de protección social y de protección del bienestar, y que la infancia sea centro estratégico y presupuestario en políticas de protección de
nuestro espacio europeo. Proponemos que cuando hablemos de la protección que merece Europa, sea de esa protección centrada también en la infancia y en la juventud, pero sobre todo en la infancia por su vulnerabilidad. Necesitamos garantizar
políticas de protección en términos de vivienda, en términos de protección económica a familias, en términos de incremento del salario mínimo, en términos de mejorar las condiciones laborales o de reducir la jornada laboral manteniendo el salario.
Protección significa poner las cosas fáciles para que las personas, vivan donde vivan y sea cual sea su origen, podamos tener igualdad de oportunidades.


Yo nací en una casa que no tenía ni un solo libro cuando nací y el empeño de mis padres -y posiblemente lo que también les hizo llegar a tener una mortalidad prematura- fue que la casa se llenara de libros a medida que yo iba creciendo y
ellos se acercaban a su fallecimiento. Pero esto no tiene que



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ser un tema de voluntades épicas de las familias, como fue el caso de mi familia o posiblemente de otras familias de diputados y diputadas y de otras personas de este país, no tiene que ser un elemento épico de las familias, sino que tiene
que ser un elemento de protección del Estado a las personas, a las familias y a la infancia, como muy bien ha reflejado la directora en su presentación.


Necesitamos políticas universales, las políticas para pobres son pobres políticas. Y tenemos evidencia científica suficiente de que las políticas universales mejoran la vida de las personas y además suponen una inversión, un ahorro
económico, una eficiencia económica a nuestro Estado. Esto lo sabemos y se apoya en estudios claramente mostrados en sanidad universal, en educación, en prestaciones sociales o en una prestación que consideramos clave y se ha apuntado, que es la
prestación universal por crianza, un elemento fundamental para poder mejorar las condiciones donde están las familias y donde crecen los niños y las niñas. De la misma forma que para operarse de una cadera lo mismo da que uno sea el alto ejecutivo
de una empresa multimillonaria en este país que una persona que tiene una pequeña tienda en un barrio, porque no se les pide que pasen por caja antes de operarse de la cadera, también pensamos que prestaciones universales en este sentido son
fundamentales.


El filtro que tenemos que poner posteriormente viene en cómo pagamos impuestos. Lógicamente queremos que paguen más impuestos y que tengan cierto purgatorio fiscal -no un infierno fiscal, pero sí un cierto purgatorio fiscal- las grandes
multinacionales y las grandes empresas energéticas, y no los pequeños empresarios o las clases trabajadoras de este país.


En relación con políticas migratorias, creo que lo han mencionado perfectamente, la infancia nunca es un problema, la infancia es una oportunidad, y la sociedad que no es capaz de aprovechar estas oportunidades es una sociedad que está
enferma o que va a enfermar en breve tiempo. Desde luego que es muy complejo el proceso migratorio y hay que analizar los problemas y hay que ver las causas de las causas; en ese sentido apuntamos que su ministerio tiene un papel clave también al
poder incidir en que el Gobierno tenga una política integral de migración que aborde con una visión amplia qué responsabilidades tienen todos los ministerios en temas migratorios. Pero quiero resaltar que con la inmigración hay un problema de
inmigración selectiva, ya que no nos genera sarpullido la inmigración blanca, rubia, de clase social alta y que tenga buenos ingresos, pero sí que nos ponemos nerviosos cuando la inmigración tiene color de piel diferente y una clase social distinta.
Eso es un tema de desigualdades; como muy bien dice Manuel Vilas en su libro Ordesa: Si hueles a limpio, es porque otros están sucios, no lo olvides.


Una pregunta. Hay diferentes tipos de prestaciones en marcha, hay temas a veces de arquitectura funcional, de cómo estas prestaciones llegan a las personas, y ahí sabemos que a veces es una cuestión de maquinaria o de fontanería, es decir,
que estas prestaciones como por ejemplo el ingreso mínimo vital lleguen de forma correcta. Aquí claramente también hay competencias autonómicas, pero puede haber una función del ministerio. ¿Cuáles serían sus propuestas para poder ordenar mejor
estas prestaciones y para que lleguen a la población de forma más eficiente?


Muchísimas gracias por su trabajo.


La señora SECRETARIA (Jiménez Linuesa): Gracias, señoría.


A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario VOX, la señora Armario González.


La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora directora, bienvenida. Encantada de conocerla. No la había visto nunca antes por aquí. Seguro que es porque acaba de aceptar el cargo hace algunos meses. Usted comparece en esta comisión para exponer las líneas generales de su
dirección general y sus objetivos para ese próximo periodo, para informar sobre los avances y los resultados de la aplicación de la Garantía Infantil Europea y sobre los presupuestos que se han podido ejecutar hasta la fecha. Me gustaría
preguntarle -porque no he entendido bien- por qué todavía no tienen ustedes las cuentas al día. Porque ya llevan dos años en el Gobierno y me gustaría saber por qué van a tardar un poco más en darnos lo que hayan podido ejecutar. Si me lo puede
aclarar, se lo agradecería.


Luego volveremos a hablar -avanzando en la comparecencia- sobre Garantía Infantil Europea y sobre el presupuesto, pero ahora yo quisiera comenzar señalando que cualquier comparecencia debemos comenzarla teniendo como punto de partida los
datos que desde el ministerio se nos ofrezcan, en este caso a través del portal de transparencia primordial de un ministerio, que es su página web. En el apartado del Observatorio de la Infancia, señora directora, nos encontramos con el boletín
número 25 de datos estadísticos y me sorprendía que deberíamos encontrar los datos del 2024; sin embargo, hacen ustedes



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referencia al año 2022, con lo cual entiendo que el ministerio no ofrece datos de este último año. Entonces, entendemos que no han hecho los deberes y no podemos saber realmente con qué datos contamos en materia de menores sobre acogimiento
familiar, que usted decía que iban a hacer determinados estudios. Pero es que llevan ocho años en el Gobierno, no sé cuánto tiempo van a dedicar a hacer estudios, aunque esto es algo primordial. Tampoco encontramos en el boletín datos recientes
sobre el maltrato infantil, que usted comentaba antes.


Quiero que hablemos también sobre estudios e informes que ha realizado su ministerio, porque recogen un informe de la infancia en cifras -no sé si se sabe a cuál me refiero-, una información detallada acerca de la situación de los niños, de
las niñas y los adolescentes, que cuenta con una recogida de datos con carácter sistemático. Pero es que este informe es del año 2009 y yo me pregunto si existe alguno más reciente (la señora presidenta ocupa la Presidencia), datos recientes sobre
características demográficas de los niños en España, formas de convivencia de los niños, los niños españoles y su entorno, la salud de la infancia, los niños en el sistema educativo, protección social y pobreza infantil, participación social, acceso
a la información y estilos de vida, infancia en riesgo, protección y reinserción, pero, como les digo, del año 2024. Me imagino, señora directora, que para establecer objetivos y líneas de trabajo y para aplicar esas medidas usted ha tenido que
contar con algunos datos como punto de partida, y no solo con unos últimos datos. Llevan ocho años, supongo que tendrán incluso datos comparativos de cómo ha ido progresando la infancia en este país.


Encontramos también un informe sobre la violencia digital de menores y adolescentes del año 2019. Si ustedes cuentan con informes más recientes creo que deberían aplicar aquí la transparencia y ponerlos en las páginas del ministerio para
que todos aquellos españoles e inmigrantes que han venido de manera legal, ordenada y que vienen a contribuir a España y a integrarse en nuestra cultura sepan, porque tienen derecho, dónde va el dinero de los impuestos que utiliza y que gestiona el
Gobierno.


En resumen, los últimos cinco años puede ser que ustedes hayan estado estudiando la situación de los menores en España y la hayan recogido a través de informes, pero también puede ser que su web esté obsoleta porque aparecen documentos que
no se han actualizado desde el año 2018. Tampoco encuentro memorias anuales del ministerio, porque ponen 'pendientes de elaboración'. Entonces, ya les digo que los españoles no tienen acceso a esa información y a esa autoevaluación, y creo que es
bueno que se haga por parte del ministerio.


Sobre infancia vulnerable, es decir, menores en situaciones de riesgo, solo aparecen datos hasta 2020. En cuanto a menores y víctimas de maltrato y violencia solo recogen datos desde 2018. En cuanto a población de 11 a 18 años que es
víctima de maltrato físico entre iguales, es decir, en el colegio y en el instituto -que me parece que ya es un término un poco obsoleto el de colegio-, alguna vez en los dos últimos meses aparecen datos hasta el año 2018. Y contamos con datos
hasta 2021 sobre delitos informáticos. Y también la misma fecha para datos que se recogen sobre población de menores de 18 años que son víctimas de violencia familiar. Podría darle más datos de más informes que me parece que están un poco
obsoletos -que ya les digo que no sé si es que no han realizado estudios por parte del ministerio y solamente cuentan con datos que han ido recopilando de otras entidades-, pero me gustaría en los dos últimos minutos que me quedan hablarles de
presupuesto.


Estuve mirando el anexo 1 de descripción de las líneas de subvención del Ministerio de Juventud e Infancia -que es usted quien gestiona esas transferencias a las comunidades autónomas-; en concreto, me fijé en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2024-2026 y, en su línea de subvención número 7 -que habla de la subvención para el Plan de Garantía Infantil de la Unión Europea -para que los españoles lo sepan, va destinado a comedores infantiles, universalización de la educación,
es decir, la gratuidad de 0 a 3, el derecho a la salud, incluida la salud mental o incluso vivienda- al que ustedes destinan un millón de euros. Un millón de euros; comparen esta cifra con la de la línea número 10 de subvención -que es para
atención a niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados- a la que han destinado en el año 2024, 35 millones; en 2025, 50 millones, y en 2026 pretenden ustedes destinar otros 50 millones, es decir, un total de 135 millones. Compárenlo con
ese millón de euros.


Y, por último, en la línea número 13, la línea de subvención para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social -que va a ser la materia de la subcomisión que haremos próximamente-, ustedes destinan tan solo 250 000 euros.
Señora directora, cuando vemos estas cantidades, no nos extraña que en España siga existiendo pobreza infantil. Y aquí no se trata de culpabilizar a los ayuntamientos -como recogen en su línea 7-, de los que dicen que no saben gestionar los fondos.
Quizás deberían mirarse un poco más y ver que son ustedes los que gestionan el dinero de todos los españoles. A nuestro grupo



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parlamentario nos queda muy claro que no es a los españoles ni aquellos que han venido a contribuir a España y a integrarse en nuestra nación a quienes van destinados esos fondos públicos, unos fondos que deberían ser para aquellos que
sufren sus políticas, es decir, las familias más vulnerables, los menores y, en definitiva, todos aquellos españoles que necesitan que el dinero de todos los contribuyentes llegue a sus casas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Seguidamente, el turno de palabra es para el Grupo Socialista.


Tiene la palabra la diputada Almodóvar Sánchez.


La diputada ALMODÓVAR SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.


Buenas tardes, señorías.


Directora, estoy encantada de tenerla con nosotros y agradecida de la comparecencia tan extensa y detallada que nos ha prestado.


Voy a ir por bloques, como lo ha ido haciendo usted. La LOPIVI, que todos sabemos que ha sido un hito en nuestro ordenamiento jurídico en protección a la infancia, es evidente que no puede ser una ley estática, sino que debe ser una ley
dinámica que se pueda ir ampliando y adaptando a las necesidades que la sociedad demanda o al rumbo hacia el que los ministerios y el Gobierno detectan que tenemos que avanzar. Ha hecho hincapié en la necesidad de que, con esta ampliación, pueda
ser una ley más efectiva, que se adapte mejor a la realidad y que plasme esas alarmas sociales que se vienen mostrando, sobre todo en relación con el fenómeno binomio madre-hijo que a través de la violencia machista sufre la violencia vicaria,
porque estas mujeres se encuentran con un muro institucional a la hora de proteger a sus hijos de esta violencia. Reconocemos que es importante que se puedan corregir los fallos e implementar medidas nuevas para que tengan un acceso a la justicia
más merecido. Incorporar estas medidas es un nuevo progreso social; solamente unas políticas narcisistas e inhumanas podrían querer eliminarlas o no estarían de acuerdo con estos nuevos avances.


Con respecto a la pobreza infantil y a la garantía, el objetivo de la garantía infantil es prevenir y combatir esa pobreza, romper el ciclo de la transmisión intergeneracional y fomentar la igualdad de oportunidades. Son muchos los
servicios que un menor, que un niño, que un adolescente debe tener para garantizar que no esté en la pobreza infantil: la educación, la sanidad, el cuidado, la asistencia sanitaria, actividades extraescolares y una vivienda adecuada. El Gobierno
tiene su mirada política fijada en toda la infancia y la adolescencia para que cuenten con condiciones, con medios y servicios básicos que les permitan ejercer sus derechos y disfrutar del bienestar. Por ese motivo el Gobierno, a través del
ministerio, ha desarrollado una serie de medidas para poder ir paliando la pobreza infantil. En primer lugar, lo que hace el Gobierno es posicionar a España entre las mejores economías mundiales. En segundo lugar, se refuerzan las rentas de los
hogares. ¿Cómo se refuerzan estas rentas? Con la subida continua del salario mínimo interprofesional, subiendo el salario hasta el 61 % en la actualidad y reduciendo la brecha salarial. Una medida que se destina a prevenir esta pobreza infantil y
la exclusión en los hogares vulnerables, junto con otra medida que ya ha mencionado algún otro partido político, como es el ingreso mínimo vital. Se ha creado y puesto en marcha el complemento de la ayuda a la infancia. Se han subido las pensiones
cada año con arreglo al IPC. Y se ha conseguido un récord de empleo en la afiliación a la Seguridad Social. Son las mejores cifras desde hace años en la bajada de la tasa de paro. Todo esto influye en los hogares de la sociedad y todo esto
influye en esos hogares donde también están la infancia y la adolescencia, con lo cual estas medidas y sus resultados impactan directamente en la infancia y se garantiza y repercute en los derechos a través de sus hogares y, por consiguiente, en el
desarrollo de su vida.


Todas estas medidas se llaman avances o escudos sociales, es decir, un conjunto de medidas que aumentan la cobertura para garantizar los derechos de la infancia y reducir el riesgo de pobreza. Es de reconocer el paso de consenso que esta
comisión ha realizado, uniendo a todos los grupos parlamentarios para la creación de la subcomisión para promover el pacto de Estado y erradicar la pobreza infantil -bueno, excepto uno-, extraer un informe, un diagnóstico que sea lo más minucioso
posible para ir avanzando y reducir, a través de las nuevas medidas que se detecte que influyan, la pobreza infantil. Un diagnóstico para que los datos sigan dando buenos resultados. Estos datos han bajado en general en la población y no se incide
en la pobreza infantil, pero para eso estamos aquí, para seguir trabajando. No estamos conformes, a pesar de tener los mejores resultados en la actualidad de pobreza, no nos es



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suficiente, y este Grupo Parlamentario Socialista va a contribuir en esta subcomisión para sacar las mejores medidas posibles.


Respecto a la infancia inmigrante también quisiera hacer, si me da tiempo, algunas anotaciones. Es cierto que se ha estado trabajando desde el ministerio desde el inicio. Es cierto también -y Cristina lo sabe- que no se han dado los
mejores resultados porque no hemos sido capaces de llegar a los acuerdos cuando se tenía que haber llegado. Es cierto también que muchas comunidades autónomas gobernadas entre Partido Popular y VOX han estado marcando desde el principio unas líneas
y dando unos ultimátums al Gobierno de tal modo que fue imposible conseguir una solución rápida. Es ahora cuando se ha aprobado el real decreto de las medidas urgentes, con la modificación al artículo 35, que se dará una solución reglada a la
acogida entre las comunidades autónomas, bajo unos criterios justos que se pueden leer. Aun así, lamentamos que haya comunidades como Madrid que sigue dando la nota y amenazando con no cumplir este tipo de legislación.


No quiero terminar sin hablar del sistema de protección de menores. Yo soy extremeña, represento a Cáceres, soy trabajadora social y quiero expresar que lamentamos en Extremadura lo que ha ocurrido con nuestra compañera Belén. Todos los
profesionales han salido a la calle porque ellos están preocupados, porque tienen que reivindicar su situación, están pidiendo que, por favor, se escuche a este sector dentro del sistema de protección. El real decreto de los estándares mínimos de
calidad que ha mencionado, señoría, nos parece que es una oportunidad que se tiene que aprovechar para evaluar y pensar si el modelo del sistema de menores debe seguir así o necesita una reforma. Necesitamos pensar, sentarnos y velar por que este
sistema de menores se adapte a lo que los niños y los menores necesitan actualmente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a apoyar que este cambio de modelo en el sistema de la protección de menores sea algo que se pueda empezar a
realizar lo antes posible. Y esperamos contar con el ministerio.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Y para terminar el turno de los grupos parlamentarios tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Abades Martínez. Diputada, cuando quiera.


La señora ABADES MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenida, directora general. Agradecemos su comparecencia. La felicitamos por su nombramiento y le deseamos suerte. Por encima de las diferencias políticas, creo que si algo tenemos en común todos los grupos aquí representados es que
para todos nosotros la infancia es una prioridad. Antes de que usted tomara posesión, nuestro grupo solicitó la comparecencia de la anterior directora general para conocer tres cuestiones fundamentales: los avances y resultados de la Garantía
Infantil Europea, el presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha, y las medidas previstas para el siguiente periodo. Nuestro grupo, como todos saben, lleva desde el comienzo de la legislatura reclamando al Gobierno medidas para abordar la
pobreza infantil porque entendemos que no hay un minuto que perder con las cifras tan altas que tenemos en nuestro país. Hace un mes conocimos un dato preocupante: la infancia registró la peor tasa de pobreza de los últimos diez años. Ante la
gravedad de estos datos, solicitamos la comparecencia de la ministra de Juventud e Infancia para conocer si ha sido capaz de identificar las razones del incremento de la pobreza infantil. No le voy a negar que nos hubiera gustado que la señora Rego
fuese quien respondiese hoy a nuestras preguntas, porque es la máxima responsable y debería ser también la primera interpelada por estos malos datos, y porque la propia ministra en su primera comparecencia se comprometió a venir cuantas veces fueran
necesarias para tratar los temas que los miembros de la comisión consideráramos oportunos. En cualquier caso, esta mañana usted comparece ante la comisión y agradecemos su intervención.


Directora, centraré mi exposición y mis preguntas en tres temas especialmente sensibles para el Grupo Parlamentario Popular: la pobreza infantil, la protección de los menores en el entorno digital, y la protección y atención a la infancia.
Garantizar la protección de los menores y responder a sus verdaderas necesidades es el objetivo de la acción política del Partido Popular. Señora Gómez de Garmendia, la primera iniciativa que nuestro grupo presentó en esta comisión fue una
proposición no de ley para abordar la pobreza infantil, iniciativa que tenía tres peticiones: la primera, crear una subcomisión para luchar contra la pobreza infantil; la segunda, aumentar la inversión en políticas de protección social a la
infancia y, la tercera, coordinar el despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea. La primera medida se acaba de poner en marcha, la subcomisión se ha creado. Nos alegramos de que, aunque llegan tarde, la



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subcomisión empiece a funcionar. Y el Grupo Parlamentario Popular se compromete a trabajar de un modo constructivo con propuestas en positivo para reducir los elevados niveles de pobreza de nuestro país.


La segunda petición que hicimos es que aumenten la inversión en políticas de protección social a la infancia. La directora, en su intervención, dijo que van a aumentar la inversión. Pero la semana pasada el Gobierno, a una pregunta que le
hicimos, nos contestó que van a mantener el crédito que destinan al programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil en 2025, es decir, no van a aumentar la inversión. Esta pregunta la hicimos, nada más conocer que España
registró en 2024 la peor tasa de pobreza infantil en los últimos diez años. Directora, si ustedes no tienen presupuesto, ¿cómo van a aumentar esta inversión? ¿Nos puede explicar el mecanismo, de dónde van a sacar las partidas presupuestarias para
ampliar y para aumentar la inversión en infancia?


Señora Gómez de Garmendia, también me gustaría saber qué valoración hace el ministerio de los datos de la encuesta de condiciones de vida, que refleja que la tasa AROPE subió 0,4 puntos entre los menores de 16 años. Los datos indican que el
34,7 % de los menores de 16 años está en riesgo de pobreza, por encima del 34,3 % registrado en 2023. La pobreza está castigando con mayor dureza a los niños y adolescentes; es el grupo de edad que experimenta un mayor repunte respecto a un año
antes y registra, como ya hemos dicho todos, la mayor tasa de los últimos diez años. Y esta no es solo una cifra. Los datos del Instituto Nacional de Estadística recogen que también aumenta la pobreza severa infantil del 13,7 % de 2023 al 14,1 %,
alrededor de un millón de menores. Señora Gómez de Garmendia, los escudos sociales y el ingreso mínimo vital, las dos medidas estrella de este Gobierno, no están funcionando como deberían, ni permitiendo que España abandone los puestos de cola de
la Unión Europea en tasa AROPE, lo que exige analizar por qué las políticas de este Gobierno no son eficaces.


La tercera medida que planteamos fue que coordinaran el despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea para no perder las ayudas que vienen de Europa -ayudas dirigidas a romper el ciclo de pobreza infantil-, garantizando el acceso de
los niños en riesgo de pobreza a derechos y servicios básicos. Para ello, el Gobierno aprobó, como bien dijo usted, un plan de acción estatal y fijó como objetivo que 700 000 niños dejen de vivir en situación de pobreza en 2030. Difícilmente
España va a cumplir este objetivo cuando cada año pulverizamos el récord histórico en pobreza infantil. Algo está fallando en su Gobierno, el plan de acción estatal que diseñaron no se ha desarrollado adecuadamente y las políticas de apoyo a las
familias con menores no están siendo efectivas, en algunos casos debido a su diseño y configuración.


Señora Gómez de Garmendia, el Gobierno también se comprometió a presentar el primer informe bienal del plan de acción estatal en 2024. Estamos en 2025. ¿Tienen listo el informe? Si es así, ¿puede explicarnos las conclusiones de dicho
informe? Y les recuerdo también que nuestro grupo solicitó su comparecencia para que nos explique el presupuesto asignado y ejecutado hasta la fecha, pero usted nos dice que no puede darnos estos datos. Nos gustaría que nos indicara, si no nos lo
puede decir hasta la fecha, los últimos datos que tengan del presupuesto asignado y ejecutado de la Garantía Infantil Europea.


El segundo tema que queremos abordar es la protección de los menores en el entorno digital. Al comienzo de la legislatura, nuestro grupo solicitó la creación de una subcomisión para proteger a los menores online. En este caso, votaron en
contra, impidiendo a los grupos parlamentarios trabajar juntos para garantizar a los más pequeños un entorno digital seguro. El Ministerio de Juventud e Infancia nombró un comité de expertos y, antes de conocer el informe, el señor Bolaños aprobó
el anteproyecto, demostrando una falta de respeto por el trabajo del comité de expertos. Sorprende mucho la urgencia de aprobar este anteproyecto antes de las elecciones europeas, cuando después ustedes tardan nueve meses en aprobar el proyecto de
ley. Señora Gómez de Garmendia, ¿podría detallarnos si las recomendaciones del comité se han incluido en el proyecto de ley? O, al menos, ¿qué recomendaciones del comité han incluido? Un proyecto de ley que también, como usted dijo, ha modificado
el Código Penal. Nos gustaría también que nos detallara un poquito estas reformas del Código Penal.


Y, por último, hablaré de la infancia de todos los menores, nacionales o migrantes. En los últimos años, la presión migratoria se ha descontrolado hasta convertirse en una emergencia nacional. Y, señora Gómez de Garmendia, recuerdo que el
Partido Popular propuso un plan integral para afrontar la crisis migratoria. El Gobierno ha ignorado nuestras propuestas y está creando un problema con la migración. La semana pasada, el señor Sánchez optó por romper el modelo de convivencia y
cedió el reparto de los menores migrantes a las exigencias de Puigdemont. Directora, ¿la ministra de Juventud e Infancia comparte esta forma de gobernar? ¿Considera acertado que el Gobierno no informe a las comunidades autónomas del reparto de
menores? ¿Nos puede explicar los criterios del Gobierno para este reparto?



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¿Cómo es posible que trasladen veintiséis menores a Cataluña y a Melilla treinta y cuatro? ¿Le parecen criterios objetivos? Señora Gómez de Garmendia, ayer conocimos un auto del Tribunal Supremo -que la diputada Valido también mencionó-
que da diez días al Gobierno para que se haga cargo de mil menores migrantes en Canarias que han pedido asilo. ¿Qué van a hacer? ¿Va a cumplir el Gobierno el auto del Tribunal Supremo? Directora, necesitamos garantías para los menores y no
trasladarlos, como paquetes, de un territorio a otro sin una planificación adecuada. Le pedimos al Gobierno que rectifique y que se esfuerce en buscar acuerdos con las comunidades autónomas. Necesitamos crear espacios de consenso y no de
imposición, porque estamos hablando de menores y tenemos que proporcionarles la mejor calidad de vida.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


En este momento cedo la palabra a la compareciente para que responda a sus intervenciones. Recuerden que hay un segundo turno de réplica por tres minutos. Muchas gracias.


Tiene usted la palabra.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Gómez de Garmendia Cuetos): Gracias.


Empiezo con Coalición Canaria. Respecto a las preguntas que me hacía, empiezo con el macroestudio y si hay algo específico de menores migrantes. Realmente las entrevistas han sido a jóvenes residiendo en España. También hay una parte de
nacionalidad, pero no vamos a tener un apartado específico de violencias a la infancia migrante, aunque entre las personas encuestadas sí habrá jóvenes migrantes, eso sí, y contabilizará en el cómputo total de las violencias. Lo que previsiblemente
no vamos a tener es justo a un niño o una niña migrante, qué tipo de violencias ha sufrido, eso no. Pero entre los 10 000 encuestados sí que se ha preguntado también a personas que, aunque no tengan la nacionalidad española, residen aquí. En el
informe anual o en el informe que saque el INJUVE sí hay preguntas específicas sobre cuestiones de juventud migrante, etcétera, con más detalle. Este estaba mucho más orientado a las violencias como tal, independientemente de dónde, y el informe
que saque el INJUVE sí que tiene una línea un poco más clara de juventud migrante.


Sobre el auto del Tribunal Supremo que acaba de salir, evidentemente, yo le puedo decir cuál es la postura de nuestro ministerio, y es que el de los menores no acompañados es un grupo especialmente vulnerable y, como tal y para enmarcarnos
en el derecho internacional, deben poder acceder a la protección internacional de manera prioritaria. De hecho, nosotras tenemos un convenio firmado con la Agencia Europea de Asilo desde el año 2023 y aquí lo que estamos haciendo es trabajar junto
con la Agencia Europea de Asilo en dar formación a trabajadores, funcionarios de las entidades de protección a la infancia y de los centros de protección en materia de protección internacional para que sepan identificar cuándo un menor necesita o es
directamente potencial solicitante de asilo. Estamos haciendo este trabajo de formación, aunque también es cierto, como usted sabe, que hay muchísima rotación de personal en los centros de protección. Pero sí estamos haciendo este trabajo de
formación sobre protección internacional para que los adultos que trabajen con ellos puedan identificar si están ante situaciones de derecho al asilo. Algunas son obvias, otras dependen de los países de los que procedan, etcétera. Nuestra postura
política es que es un grupo de especial vulnerabilidad y, por lo tanto, tiene prioridad a la hora de solicitar la protección internacional.


Sobre pobreza infantil y si hemos hecho una petición de presupuesto, sí, por supuesto. Nosotras hemos solicitado a nivel presupuestario que España cuente con una prestación universal por crianza. Eso lo hemos dicho, pero también lo hemos
puesto sobre el papel. Cuando solicitamos el aumento de inversión en políticas de infancia estas dos han sido las principales demandas y la prestación universal por crianza la hemos solicitado en todos los foros donde hemos podido presentar los
presupuestos del ministerio.


Con respecto a alguna mención que hacía usted a los programas de transición a la vida adulta -no puedo estar más de acuerdo en que son fundamentales- creo que es uno de los grandes agujeros que tenemos ahora como país. No puede ser que en
unos centros de protección haya estos programas y en otros no los haya. También hay una disparidad muy grande. Durante mi intervención mencionaba que alguna de las modificaciones de la LOPIVI que queríamos hacer era poner una coletilla -no hace
falta profundizar más, pero sí poner negro sobre blanco- con cuestiones de desinstitucionalización y de programas de transición a la vida adulta. También lo hemos puesto así en el real decreto de estándares, justo para que se blinde de alguna
manera esta política pública, para que conste que esto es importante



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en el nuevo modelo de los sistemas de protección. Porque si no lo pones en ningún sitio, sí, se sabe que es un programa que tiene sus resultados, pero lo que queríamos es que al menos a nivel estatal podamos garantizarlo como política
pública, independientemente luego de que en el marco de las competencias de cada uno cada comunidad lo puede desarrollar más o menos.


Sobre la cuestión de dar dinero a Canarias, no lo quería decir así. La crítica que quería hacer como Gobierno es que no nos podemos limitar a eso, la solución no va por ahí, la solución es más estructural. Está muy bien la transferencia
económica, es el deber cuando un territorio está con una presión muy fuerte, pero más allá de transferencias económicas creo que hace falta otro tipo de medidas, hace falta medidas legislativas u otras. Mi comentario iba más por ahí. Perdón si me
dejo algo; si no, retomamos después.


Maribel no está.


La señora PRESIDENTA: Ha dicho que tenía que irse, pero lo mirará en el Diario de Sesiones. Contéstale, por favor.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Gómez de Garmendia Cuetos): Vale.


Me hacía una pregunta el Grupo Vasco (PNV) sobre qué queda pendiente de la LOPIVI. Alguna de las cosas que he comentado quedan pendientes y para el Ministerio de Infancia son superurgentes. Cuando he hablado de la necesidad de tener
registros punteros es porque todavía no están y para nosotros es superimportante lo que acabo de mencionar, tanto el RUSSVI como el registro central; es una prioridad tener esta fotografía como país. Pero todavía estamos en proceso, por ejemplo,
con el RUSSVI, con el Registro Unificado de Servicios Sociales; estamos en un momento piloto con las comunidades autónomas. Sí, se tienen en cuenta a las comunidades autónomas. Aquí estamos trabajando con ellas y tenemos ya desarrollada una
plataforma para ver cómo recoger los nuevos datos de violencia contra la infancia. Con las comunidades autónomas que han querido participar se está dando forma a esta plataforma, en función también de lo que las comunidades autónomas están
recogiendo. Esto es un gran tema pendiente que tenemos como país y espero que se pueda lograr en el año 2025. Estamos en ello. También el anteproyecto de determinación de la edad, que ahora mismo está en esta Cámara, es otro gran pendiente de la
LOPIVI. La LOPIVI nos mandataba haberlo tenido ya al año de su aprobación y todavía no lo tenemos. Y la importancia de que el anteproyecto de ley de determinación de la edad esté en el ámbito judicial y no en el ámbito de la Fiscalía, precisamente
porque está regulando deberes y derechos.


Más temas pendientes que tenemos y que serían prioritarios se refieren a toda la cuestión de la Seguridad Social a las familias de dedicación exclusiva. Hay personas de acogida de niños o niñas que tienen unas necesidades muy especiales,
que para poder atenderles tienen que dejar de trabajar y es importante que puedan estar cotizando a la Seguridad Social. Este es uno de los temas pendientes que todavía tenemos y que estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión.


Y, evidentemente -me dirijo al Grupo Socialista porque lo habéis mencionado más en profundidad-, también otro de los grandes temas pendientes es abordar la violencia vicaria. La LOPIVI es una maravillosa ley de violencia contra la infancia,
pero no se logró meter quizá de manera más nítida toda esta cuestión de la violencia vicaria. Teniendo en cuenta que el año pasado, 2024, tuvimos los peores registros de violencia vicaria desde que se cuenta con ellos, junto con el año 2015, no
podemos ahora mirar de lado y no abordarlo de alguna manera. Esto como cuestiones pendientes.


Cómo medir la pobreza infantil, preguntaban. También a veces nosotras nos lo preguntábamos: la tasa AROPE, cogemos otra... Yo creo que estaremos muy atentas también al debate que salga de la Subcomisión del Pacto de Estado de Erradicación
de la Pobreza Infantil sobre cómo queremos medir la pobreza infantil. Pero, evidentemente, hemos solicitado a las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial sus buenas prácticas también. No todas las comunidades han respondido,
pero muchas sí lo han hecho; a partir de esta interlocución y de lo que ellas nos han aportado de lecciones aprendidas y buenas prácticas nosotras podemos construir. El próximo 11 de abril, de hecho, iremos a Euskadi, justo para hablar con las
diputaciones forales y con el Gobierno. Este será uno de los temas.


El real decreto de estándares. Yo he mencionado algunas leyes orgánicas en las que nos basamos, pero también se ha basado en las diputaciones forales vascas y en Navarra. Es decir, que no es que se haga todo desde un marco estatal, sino
que también la idea es aprender de las buenas prácticas, ya sea en pobreza infantil, ya sea en otra cuestión, allá donde un territorio sea puntero, independientemente del color. Es importante aprender de las buenas prácticas para luego fortalecer
nosotras nuestra acción estatal.



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El compañero de SUMAR comentaba darle otro sentido a la situación de defensa y de rearme. Totalmente de acuerdo. Como lo planteamos desde el ministerio, al menos por la parte de infancia, las amenazas reales a la infancia seguramente
vienen por situaciones de pobreza; las amenazas reales a la infancia vienen por la inseguridad que sufren en los entornos digitales, que les abocan muchas veces a tasas de suicidio, autolesiones, problemas de salud, problemas de conductas, malos
resultados educativos. Esto, por cierto, va a hacer que si tienes unos bajos niveles de educación luego tienes unos ingresos más bajos, dependiendo del trabajo que encuentres. Si ya desde pequeño tienes problemas de salud, esto se va a continuar
en la edad adulta, y sociedades con una alta tasa de pobreza, evidentemente, luego lo pagamos con un alto costo social. Entonces, las amenazas para nosotras, desde un enfoque de infancia, vienen por ahí, evidentemente, y por ello la protección a la
infancia en todos estos ámbitos. Totalmente de acuerdo.


Una pregunta más concreta que nos hacías sobre las prestaciones económicas. Es cierto, compartimos que el ingreso mínimo vital y el CAPI no tienen una alta tasa de adhesión. A nosotras, cuando lo hemos podido abordar en la comisión
competente o en distintos foros, hay una cuestión que nos preocupa y es que el ingreso mínimo vital se puede solicitar a partir de los 23 años. No entendemos esto. Para nosotras, como ministerio, se debería poder solicitar a partir de los 18 años.
De momento no es así, y más aún, cuando, por ejemplo, en los sistemas de protección, un adolescente que sale a los 18 años necesita estas ayudas, porque es un chaval que a los 18 años se queda en situación de sinhogarismo. Como acaba de decir mi
compañera, la directora general del INJUVE, la media de emancipación en España es a más de los 30 años, ya no se es joven, pero a un extutelado se la exigimos con 18 años. Es importante que el ingreso mínimo vital lo puedan solicitar ya desde los
18 y no esperar a los 23, no entendemos esta desigualdad.


También queremos que se pueda solicitar el CAPI, el complemento de ayuda a la infancia, de manera individualizada. Es verdad que está el IMV y ya se sabe que el CAPI puede ser independiente al ingreso mínimo vital, pero ahora mismo para
poder acceder al CAPI, al complemento de ayuda a la infancia, todavía hay que hacerlo mediante el ingreso mínimo vital, todavía es muy complejo. Lo que estamos solicitando para que más familias puedan acceder a él es que sean formularios distintos.


Y también cómo definimos la unidad de convivencia, porque esto es importante. Sabemos que en España existe una realidad y es que en muchas viviendas vive más de una familia. Si la unidad de convivencia es el hogar, igual la ayuda del
complemento a la infancia le va a una familia, pero no a la otra. Lo que para nosotros es importante ante esta realidad, que no podemos voltear, de que hay muchas familias que comparten vivienda, es que la unidad de convivencia se adscriba al
progenitor o a los progenitores, para asegurar que en el caso de que más de una familia vivan bajo de un mismo techo ambas puedan percibir el CAPI. Son algunas cuestiones en las que para nosotras, como Ministerio de Juventud e Infancia, sería
importante avanzar.


A las señorías de VOX, sobre las cuestiones presupuestarias. El ejercicio de la Dirección General de Infancia al año 2024 está ya cerrado. Si yo no estoy mal, hoy el Ministerio de Hacienda va a presentar las cuentas, va a presentar los
resultados, y a partir de ahí nosotras podremos sacar la publicación del Ministerio de Juventud e Infancia. Pero hasta que no los presente Hacienda nosotras no lo podemos hacer. Lo que sí le puedo decir es que el ejercicio presupuestario 2024 ya
está cerrado. Decía que las transferencias o no transferencias que tenemos se dedican mucho a infancia migrante. Claro, una gran parte de las transferencias que tenemos son las acordadas en conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Y,
evidentemente, es para los sistemas de protección de las comunidades autónomas. Es gran parte del presupuesto del ministerio, pero es un acuerdo de conferencia sectorial.


Con respecto a pobreza infantil, evidentemente, tenemos una subvención para abordar temas de pobreza infantil con la que consideramos que es la organización de referencia en este país en materia de infancia y es la Plataforma de Infancia.
Dentro de la Plataforma de Infancia existen más de setenta organizaciones. Están Save the Children, Unicef, Cáritas, la Fundación Secretariado Gitano... Con ellas es con quien tenemos esta subvención directamente para abordar estas cuestiones de
pobreza infantil, etcétera.


Me preguntaba por el boletín. El que tenemos publicado es el boletín 2023. Esto es porque va siempre un año por detrás. Está el boletín 2023, que es, de hecho, el que han consultado algunas de las comunidades autónomas ahora mismo. El
boletín va un año por detrás y seguramente a mediados de año se abra el boletín 2024, donde las comunidades autónomas son las que tienen que volcar los datos. Hasta que las comunidades autónomas no vuelquen los datos yo no tengo los datos que son
competencia



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autonómica, evidentemente; hasta que las comunidades autónomas no vuelquen estos datos, el boletín no se cierra. Por lo tanto, se abre ahora y a finales del año que viene, cuando ya tengamos todos los datos, tendremos el boletín 2024.
Estamos en 2025. Va siempre un año por detrás.


Me preguntaba también por los datos del RUMI. Bueno, toda la materia de notificaciones de sospecha de maltrato infantil, que básicamente es lo que recoge el RUMI, está en el boletín. Por ejemplo, en el boletín 2023 lo tenemos en la página
156; ahí puede ver desglosada toda esta información. De todas formas, lo que compartimos es la necesidad de datos más actualizados. Yo cuando pongo sobre la mesa la necesidad de tener el RUSSVI y el registro central es precisamente porque me
apremia tener datos reales, fotografías reales de violencia contra la infancia, que muchas veces están en manos de las comunidades autónomas. Necesitamos ya esta información estatal.


En cuanto al Grupo Socialista, no puedo estar más de acuerdo con toda la primera intervención sobre violencia vicaria, por supuesto. Es algo que queremos incorporar. Creo que todos los ministerios estamos dando pasos hacia ello. También
el Ministerio de Igualdad ahora, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, va a incorporar todo un capítulo de violencia vicaria. Estamos coordinados con ellas, evidentemente, para ir de la mano. Quizá hay muchas recomendaciones que ya
recoge el pacto en este apartado de violencia vicaria que podamos aprovechar nosotras también, y viceversa. Al final tenemos que estar supercoordinadas para ello.


En cuanto a los sistemas de protección no puedo estar más de acuerdo. Yo también creo que estamos en un momento en el que el sistema está demostrando sus límites. Esto va por fases. Hace unos años los sistemas de protección eran de otra
manera; se mejoraron a lo que tenemos. Yo creo que la evidencia, las noticias que recibimos cada día, nos demuestran que lo que tenemos tampoco es suficiente. Tenemos que darle una vuelta al modelo. Creo que la estrategia de
desinstitucionalización va por el buen camino, pero hay que implementarla. El real decreto de estándares va en ese ánimo también, en poner unos marcos mínimos de unos sistemas de protección con derechos, sobre todo.


Y, por último, al Grupo Popular, sobre los avances de la Garantía Infantil Europea, está el informe bienal, que se remitió en diciembre de 2024, o sea, en diciembre de este año, a la Comisión Europea. Era el deadline que teníamos y que
cumplimos, y lo publicaremos, claro que sí. Tengo una duda aquí. No me acuerdo si está ya en la web o no, pero, independientemente de eso, sí lo podemos compartir y lo compartiremos, y se remitió en diciembre del año pasado.


En cuanto al presupuesto, es el que le he dicho: 1200 millones que se van a destinar entre comunidades autónomas y Gobierno central. Lo que pasa es que hasta diciembre de este año no sabemos la ejecución, es cuando se pide. Este año ya
podremos saber la ejecución y a partir de ahí sabremos los siguientes cortes. Ahora mismo esta es una información de la que no disponemos en el ministerio, pero, evidentemente, a finales de año ya contaremos con ella.


El informe bienal recoge, más o menos, los programas de las comunidades autónomas a los que se están destinando y también los del Gobierno central. La mayor parte -se lo compartiré personalmente si así lo quiere- está destinada a educación
y atención. A nivel territorial es muy difícil hacerle un mapeo, porque cada comunidad autónoma lo ha destinado a cosas distintas. Evidentemente, hay comunidades autónomas que lo han destinado mucho más a atención temprana, hay gran parte que es a
educación, también mucho a educación en población gitana, por ejemplo, de cómo hacer este acompañamiento por el alto abandono escolar. Y no solo el acompañamiento a los niños y las niñas, sino también a las familias, con programas de acompañamiento
para ellas. Muchas pueden estar englobadas en programas de educación. A nivel estatal también. Gran parte del presupuesto está en el EFESO y otra en inclusión. De todas formas, seguramente hay medidas que se salen de estos ejes, evidentemente,
pero digo un poco a brocha gorda para que sepa dónde estamos invirtiendo más. En diciembre de este año, cuando tengamos el nivel de ejecución, también vamos a poder evaluar cómo está yendo la Garantía Infantil Europea.


Pero más allá de eso, ahora una de las cosas que queremos poner en marcha desde la dirección general, precisamente para dar un buen seguimiento, porque es dinero al que tenemos que darle seguimiento, es la creación de una comisión
interministerial. Estamos ya en ello. La empezamos hace un mes y yo creo que verá la luz dentro de un par de meses o así, porque también sigue todo un procedimiento interno dentro del Gobierno. Hay que solicitar informes, etcétera. Pero el
objetivo es crear una interministerial de la Garantía Infantil Europea, donde estén todos los ministerios implicados, donde también esté, por ejemplo, la UAFSE para cuestiones de Fondo Social Europeo Plus, etcétera. Esto es por el lado más de nivel
político, si me permite. Por el lado más operativo, una comisión en la que están también algunos ministerios implicados, pero también las comunidades autónomas. Esta comisión va a



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tener reunión el próximo lunes. Sí comparto la necesidad y la preocupación de querer saber cómo estamos ejecutando el dinero de la Garantía Infantil Europea Plus.


Sobre la inversión, ya lo he dicho, nosotras lo hemos puesto en todos los papeles de presupuestos generales del Estado y en más lugares: la necesidad de contar con la prestación universal por crianza. Para nosotros esto elevaría de manera
directa la inversión en la infancia. Lo que pasa es que también ustedes en el Parlamento Europeo votaron en contra de la ampliación de la Garantía Infantil Europea. Estas contradicciones hay que manejarlas. Nosotros apostamos a esto,
evidentemente. La ministra Rego se ofreció a venir y vendrá. Creo que quiere abordar distintos temas, no solo pobreza infantil. De todas formas, si hay necesidad de tener un monográfico con ella de pobreza infantil también se lo podemos
trasladar. Pero creo que la siguiente vez que venga será para abordar otras cuestiones, porque creo que también tiene cuestiones respecto a infancia migrante.


Y, finalmente, entornos digitales seguros. En cuanto al informe del Comité de Expertos, aproximadamente el 30 o 40 % de las recomendaciones que hace el Comité de Expertos están recogidos en el APLO, en el anteproyecto de ley orgánica.
Otras acciones no, porque son de carácter europeo y de carácter municipal, para llevar a cabo, por ejemplo, con la FEMP. Pero, aproximadamente, el 30 o 40 % de las recomendaciones del informe sí están recogidas en este anteproyecto de ley.


Con respecto a infancia migrante y los criterios. Realmente no hemos inventado la rueda, son criterios que estaban aprobados en la conferencia sectorial desde hace muchos años, desde 2022. Son criterios de población, de renta, de tasa de
desempleo, de dispersión. Son criterios que, por un lado, han estado aprobados por unanimidad en la conferencia sectorial y, por otro, también son criterios avalados académicamente. Claro, se puede utilizar un único criterio, como muchas otras
cosas: el de la población. Coges el criterio de la población y en función a la población de una comunidad autónoma tienes ciertos niños y niñas que acoger y que atender. Pero entendíamos también que esto no es justo para aquellos lugares donde ya
llevan muchos años acogiendo, incluyendo Melilla, Ceuta, etcétera. Los criterios que se han puesto sobre la mesa son los aprobados por unanimidad en conferencia sectorial. Son criterios también avalados académicamente.


Es más, quizá la novedad son dos criterios: el criterio frontera y el criterio de insularidad, precisamente porque consideramos que hay zonas como Melilla o Baleares que están en una situación frontera muy compleja. Pero estos criterios de
insularidad y de frontera justo les puede beneficiar a aquellos lugares en los que ustedes gobiernan, como Melilla, Ceuta, Baleares o Canarias. O sea, realmente los criterios no se hacen con una perspectiva de dónde gobierna nadie, sino que son
criterios consensuados; unos criterios de frontera e insularidad donde están ustedes gobernando.


De momento aquí lo dejo y seguimos la siguiente ronda.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Seguidamente tiene la palabra la representante del Grupo Mixto, de Coalición Canaria, la diputada Valido.


La señora VALIDO GARCÍA: Lo primero que quiero es agradecerle el tono y la actitud. Hace usted muy difícil que podamos establecer discrepancias duras cuando el diálogo es fluido y tan educado como el que usted está planteando.


Entiendo que ustedes no saben qué van a hacer con la sentencia del Supremo, porque yo le he preguntado qué van a hacer, cuándo van a empezar a asumir, a responsabilizarse de todos esos menores que están en Canarias -de los que venimos
advirtiendo hace mucho tiempo-, con derecho a asilo, a protección, que son competencia de ustedes y que ha tenido que ser el Supremo el que les dé diez días para que los asuman. Usted me ha contestado a todo lo que están haciendo en materia de
formación de trabajadores para prepararse para la gestión de la solicitud de asilo, de la protección, pero no a lo que yo le he preguntado. También puedo entender que han pasado veinticuatro horas y que su ministerio no tenga todavía una hoja de
ruta. Lo entiendo perfectamente.


Termino diciendo que me alegra mucho -vamos a tenerlo que repetir muchísimo- que haya recordado que los criterios de distribución están aprobados por unanimidad en conferencia sectorial desde el año 2022, porque cuando uno sigue oyendo día
tras día, día tras día, que el acuerdo que pretendemos que salga adelante por justicia con los menores inmigrantes es un acuerdo cerrado con Puigdemont o firmado con Junts o que ha sido Puigdemont quien ha decidido los criterios de reparto yo me
pregunto cómo se puede seguir mintiendo, mintiendo, mintiendo, diciendo lo mismo, lo mismo; que además los medios lo repliquen, que los lleven a titulares, cuando esto es absolutamente falso. No solo están



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aprobados por unanimidad en la sectorial desde el año 2022, sino que, además, en las distintas reuniones que el presidente del Gobierno autonómico canario, Fernando Clavijo, tuvo con todos los grupos de la Cámara antes de que se votara la
modificación del artículo 35, expuso sobre la mesa la propuesta de esos criterios que ya habían sido aceptados por la sectorial. No hay ninguna modificación a ese respecto. Y el señor Puigdemont no ha tenido nada que ver en este asunto.


¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Coalición Canaria ha negociado, ha explicado, ha trabajado con un grupo que, cuando se votó la modificación del artículo 35 nos decía que con ellos nadie había negociado y que nadie les
había explicado nada, y que habían votado en contra por ese motivo. Y esta vez han cambiado de posición una vez han visto que el criterio es un criterio justo de reparto que, además, atiende a los menores presentes en las distintas comunidades, con
lo cual vamos a tener que seguirlo repitiendo mucho, señora directora, porque creo que, con todas las pruebas del mundo, algunos van a insistir en repetir lo mismo y lo oiremos en el próximo Pleno de la Cámara.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, diputado Cofiño.


El señor COFIÑO FERNÁNDEZ: Sí, nada en específico, simplemente quiero agradecer la intervención, poner en valor otras políticas que también se desarrollan desde otros ministerios que son fundamentales en términos de infancia.


Se ha mencionado, de alguna forma, directa o indirectamente, el tema educación, del que a veces hablamos poco. Bueno, en su comisión se hablará, lógicamente, pero en el hemiciclo es verdad que hemos hablado poco de las maestras y los
maestros de este país. De los dos factores que influyen más en la salud de la población y el bienestar, uno es la edad -lógicamente, más población mayor más problemas de enfermedad- y el otro es la educación que pueda tener un país. Y en infancia
es un tema clave.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.


Acto seguido tiene la palabra, por el Grupo VOX, la diputada Armario González.


Gracias.


La señora ARMARIO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora directora, a mí, tras escuchar su intervención, me quedan tres cosas claras. La primera, que el Gobierno central le echa la culpa a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas le echan la culpa al Gobierno. Uno que si no
gestiona; el otro que si no atiende a sus súplicas. Al final, quienes pagan esta pelea de ping-pong, si lo decimos así, son los ciudadanos. Por tanto, aún me reafirmo más en lo que nuestro grupo parlamentario, nuestra fuerza política, viene
diciendo desde el principio: que el sistema de financiación y de gestión de las comunidades autónomas crea desigualdades y, al final, las pagan los ciudadanos sin ver resultados que les favorezcan en ninguna de las políticas públicas.


La segunda cosa que me queda clara es que, después de ocho años, los españoles ya hemos tenido suficiente, porque llevan dándonos largas para obtener datos y que veamos buenos resultados de sus políticas socialistas y comunistas. Pero no
hay buenos resultados, no han hecho ustedes los deberes. Al final, ya hemos tenido suficiente.


Por último, la tercera cosa es que a nosotros nos queda muy claro que ustedes son los que generan la pobreza un día, pero es que la multiplican por tres al día siguiente. Van así: generándola y multiplicándola, generándola y
multiplicándola. Porque ustedes son el Gobierno más caro de toda la historia de la democracia, que se paga con las subidas continuas de impuestos que pagan los ciudadanos. No se paga de otra manera, porque aquí el dinero no cae del cielo, como
dijo una vez una ministra socialista. Además, es el segundo Gobierno que tiene más ministerios de la Unión Europea. Por si fuera poco, le vamos a sumar el gasto de este Gobierno en asesores, que tienen ustedes un gasto récord en asesores: 1263
asesores y personal de confianza. Es decir, mientras que ustedes despilfarran el dinero, que tanto les cuesta ganar a todos los españoles y -repito- a todos los inmigrantes que han entrado de manera legal, ordenada, que contribuyen a las arcas
públicas y que vienen a integrarse, casi 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de pobreza. Por tanto, vuelvo a reiterar que nosotros no vamos a participar en ese circo que tienen ustedes de que parece que hay consenso, cuando en realidad
lo que hay aquí es una



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falsa moral de querer acabar con la pobreza infantil, cuando todos sabemos que es el Gobierno el que genera esta pobreza infantil y, además, el que genera la mala situación por la que pasan todos nuestros jóvenes y todos los españoles. Así
que, de verdad, con ocho años ya hemos tenido suficiente y están ustedes tardando para coger la puerta y cerrarla al salir.


Muchas gracias, señora presidenta. (La señora Aguirre Gil de Biedma: Muy bien.-Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada.


Tomamos nota de cerrar la puerta.


A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la diputada Almodóvar Sánchez.


La señora ALMODÓVAR SÁNCHEZ: No iba a intervenir. Iba a dar las gracias a la directora, pero oyendo las palabras del Grupo Parlamentario VOX, sí me gustaría decirle unas palabras. No tienen suficiente, claro que no tienen suficiente (La
señora Armario González levanta las manos mostrando ocho dedos), y le voy a poner dos ejemplos de por qué no tienen suficiente. Las comunidades autónomas y el Gobierno están para colaborar, para coordinar y para ser solidarios. Pero cuando las
comunidades autónomas, depende del color político, se enfrentan, políticamente hablando, con el Gobierno en ciertas políticas sociales... (La señora Armario González: Lo suelen hacer con todas). Déjenme terminar, por favor.


En Extremadura, el Grupo VOX está paralizando continuamente las políticas sociales al Partido Popular, que es el que gobierna. Nos paralizan las políticas sociales de inmigración con los inmigrantes. Tenemos a la presidenta, que no puede
realizar sus políticas, porque VOX no le deja. (Rumores). Tenemos la cooperación internacional paralizando las políticas sociales; en violencia de género paralizando las políticas sociales y anulando las aulas gratuitas de 0 a 3. Eso es que no
tenéis suficiente. (La señora Armario González: ¡Qué barbaridad!)


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, diputada.


Seguidamente, para finalizar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la diputada Abades Martínez, Cristina.


La señora ABADES MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.


Directora, queremos agradecerle su intervención. Ha intentado contestar a nuestras preguntas y agradecemos el tono en el que se ha dirigido a los grupos. Simplemente haré tres reflexiones. Mientras otros países del entorno logran reducir
la pobreza infantil, España la incrementa. Tanto es así que la Comisión Europea puso el foco en España, señalando que el ingreso mínimo vital y el nuevo complemento por hijo a cargo, el CAPI, únicamente alcanza al 20 % de la población en riesgo de
pobreza. Directora, si ven que el ingreso mínimo vital no funciona y que no está bien planteado, ustedes son los que están en el Gobierno. El Grupo Popular agradece la creación de esta subcomisión para que empiece sus trabajos y que todos los
grupos estemos en disposición de abordar este problema.


La segunda reflexión es que necesitamos medidas para que los menores usen adecuadamente la tecnología. Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y ahora comienza el trámite parlamentario. Nuestro grupo analizará el
documento con el objetivo de mejorar el proyecto de ley y conseguir que los menores se sientan protegidos.


La tercera reflexión: el Gobierno central no asume responsabilidades en materia de inmigración. Les sacan los colores continuamente desde la justicia. El auto del Tribunal Supremo, que conocimos ayer, da diez días al Gobierno para que se
haga cargo de los mil menores migrantes en Canarias que han pedido asilo; auto que señala que la Administración del Estado no ha puesto a disposición de los menores los recursos, los programas y los mecanismos propios de este sistema. Le
recordamos que las competencias de inmigración son del Gobierno central. Directora, dice usted que la postura de su ministerio es que los menores solicitantes de asilo tienen prioridad, pero forman parte del Gobierno, y su Gobierno no asume
responsabilidades. Lo que pretenden es repartir los menores en función del color político que gobierna en cada comunidad autónoma. Lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez es una falta de respeto a los menores al tratarlos como un número y una
falta de respeto a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad. Por eso, le pedimos al ministerio que rectifique y procure acuerdos con las comunidades autónomas y no practique imposiciones, porque hablamos de menores. Tenemos que
darles garantías y oportunidades y para eso deben darse las condiciones y contar con los medios necesarios.



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Los desafíos de los niños son muchos, pero urge priorizar la protección y el bienestar de la infancia en todas las decisiones legislativas, pero no con incorporaciones irrealizables de cara a la galería. Directora, estaremos muy vigilantes
con las medidas que adopte el Ministerio de Juventud e Infancia, porque hasta ahora -lamento decirlo- nos han parecido decepcionantes. El Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en esta Cámara, trabajará para conseguir que los menores se sientan
protegidos, no lo duden.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.


Para finalizar, tiene la palabra, si lo considera oportuno, la compareciente.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Gómez de Garmendia Cuetos): Muchas gracias.


Sobre el Tribunal Supremo y Canarias, efectivamente, lo estamos analizando con la Abogacía General del Estado, esto apenas fue ayer. Realmente estamos en pleno análisis con la Abogacía General del Estado. Le puedo decir cuál es la postura
como ministerio, pero todavía necesitamos unos días más de estudio. Estoy totalmente de acuerdo en que los criterios son consensuados. ¿Lo vamos a tener que decir continuamente? Pues lo diremos.


Al compañero de SUMAR, de acuerdo, al final las competencias de infancia están supertransversalizadas. Nosotras estamos continuamente haciendo aportaciones a todos los ministerios. No se imaginan cuánto de transversal son hasta que no te
toca aportar perspectivas de infancia a las estrategias de, prácticamente, todos los ministerios, incluido transportes también, o sea, donde no te lo esperas hay que dar la perspectiva de infancia. Es algo supertransversal. Evidentemente aquí
podemos liderar algunas cuestiones, pero tenemos muchísimo trabajo conjunto con otros ministerios de manera indudable.


Señoría de VOX, respecto a que el Gobierno central echa la culpa a las comunidades autónomas, y viceversa, no, realmente esto se llama respeto a las competencias de cada quién. Es decir, yo no me puedo meter en las competencias autonómicas
ni al contrario. (La señora Armario González pronuncia palabras que no se perciben). Creo que no ha escuchado la intervención realmente. Cuando da los datos de pobreza infantil, sí, el escudo social evitó que 1,5 millones de personas cayesen en
la pobreza, lo hemos dicho. Ese es el escudo social. Lo que pasa es que persiste la pobreza infantil, claro que persiste y es lo que hemos estado intentando analizar en el día de hoy. ¿Por qué persiste? Porque hay grupos que tienen unas bolsas
de pobreza enormes -lo hemos dicho-: la infancia inmigrante, la infancia gitana, las familias con personas con discapacidad y las familias monoparentales, por supuesto. (La señora Armario González levanta los brazos en cruz y con el dedo índice de
la mano derecha señala al Grupo Parlamentario Socialista y con el dedo índice de la mano izquierda señala al Grupo Parlamentario Popular). Tenemos un problema para sacar a los niños de la pobreza infantil, pero el escudo social ha funcionado.
Hemos evitado que 1,5 millones de personas caigan en la pobreza. (La señora Armario González hace gestos negativos). ¿Para mí cuál es la apuesta? Evidentemente, la prestación universal por crianza. No tengo ninguna duda.


Respecto a lo que comentaba el Grupo Popular, cuando digo que España es una anomalía respecto a la Unión Europea, es que somos una anomalía. No quiero ser pesada, pero vuelvo con lo mismo, hay políticas clave que debemos de tener para dejar
de ser esta anomalía. En cuanto tengamos esta prestación universal por crianza, la situación en el ranking de pobreza infantil de España va a subir de manera directa y la inversión en política de infancia también. Aquí hay un matiz: ya no vale
solo invertir en familia, lo digo por algunos debates que hemos tenido de no inversión en familia. La inversión en familia está bien, pero si entendemos al niño y a la niña como sujeto de derechos es inversión en infancia. Estoy de acuerdo en ese
sentido de que somos una anomalía en la UE. Pero considero que tenemos superidentificado realmente qué tenemos que hacer. Si, realmente, tanto desde el Gobierno como desde el Congreso nos ponemos de acuerdo, creo que esto se podría solucionar con
relativa claridad. Porque además estamos viendo que en otros países de la Unión Europea está funcionando.


El anteproyecto de ley de entornos digitales seguros llegará al Congreso y me alegro de su disposición para poder trabajar. Consideramos que no va a ser uno de los anteproyectos más complejos. Creo que genera bastante consenso entre todos
los partidos políticos. Es de sentido común que tenemos que regular esto, que tenemos que blindar los derechos ahí, y, por supuesto, contad también con el Ministerio de Juventud e Infancia para todo lo que pueda hacer falta. Evidentemente, no
puedo compartir que el Gobierno tenga esa política migratoria. Evidentemente, no lo puedo compartir. Nuestra política migratoria no es la de externalizar fronteras, no es la de poner más seguridad en las fronteras, no es esa. Nuestra



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política migratoria es que los chavales que lleguen aquí puedan insertarse en la sociedad de la manera más rápida posible. Quiero decir que, justo esta semana, salieron los datos del informe de FEPA, en el que decía que el 89 % de los
extutelados estaban trabajando, estudiando o las dos cosas. Eso es un éxito también y eso también es política migratoria. No todos los extutelados son migrantes, ya lo sabemos, muchos sí, pero no todos. Eso es un éxito. La mayor parte de estos
chavales, de este 89 % que está estudiando, trabajando o ambas cosas, se han puesto a estudiar grados medios o formación básica, porque su urgencia es entrar en el mercado laboral lo más rápido posible y poder costearse la vida. Para mí eso es una
situación de éxito. Me siento orgullosa de que se les dé esta oportunidad de inserción sociolaboral a los adolescentes migrantes, realmente. Para mí eso también es política migratoria. Está muy dispar con tener que poner más militarización en las
fronteras, definitivamente. Para mí, evidentemente, son modelos opuestos. Lo que tenemos que hacer es garantizar vías legales y seguras. Garantizar vías legales y seguras para que la gente pueda llegar aquí de manera ordenada, que es algo que sé
que les preocupa mucho a VOX, con las reagrupaciones y de manera ordenada pudiendo pedir la solicitud de asilo en el consulado en los lugares de origen. Tenemos que dar más vías legales y seguras. Los chavales que llegan aquí tienen muchísimas
ganas de trabajar y creo que los datos así lo recogen. Tienen una inserción sociolaboral muy alta y una cotización a la Seguridad Social muy alta. Eso también es política migratoria.


Por mi parte, nada más. Lo único que quería era agradecer a todos los partidos políticos el tono y también ponerme a disposición, por si queréis profundizar en algún tema más. Por ejemplo, cuando saquemos el macroestudio, que podamos
abordar un poquito más en profundidad las cifras, ya que hace treinta años que España no tiene un estudio así, por lo que podría merecer la pena.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a la compareciente.


En cualquier caso, cuando tengan este estudio, nos lo envían a todos los diputados. Esta es una solicitud que creo que podemos asumir. Quiero darle las gracias a la señora, perdón, a doña -es que en Cataluña se utiliza el término señora-
Sandra Gómez de Garmendia Cuetos por su comparecencia esta mañana aquí.


Muchas gracias.


La señora DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA (Gómez de Garmendia Cuetos): Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Podemos dar ya por acabada la sesión, diputados.


Era la una y cuarenta y tres minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.