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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 267, de 18/02/2025
cve: DSCD-15-CO-267
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2025 XV LEGISLATURA Núm. 267
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª SUSANA ROS MARTÍNEZ
Sesión núm. 11
celebrada el martes,
18 de febrero de 2025
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias para informar sobre el objeto de la Subcomisión relativa a la Lucha contra los Discursos de Odio. (número de expediente 154/0000006):
- De la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y condiciones de trabajo de CCOO (Vidal López). (Número de expediente 219/000263) ... (Página2)
- De la señora Serra Perelló, abogada penalista experta en delitos de odio. Por acuerdo de la Comisión de Igualdad. (Número de expediente 219/000264) ... (Página11)
- De la señora Martín García, representante de la Coordinadora estatal de VIH y sida, CESIDA. Por acuerdo de la Comisión de Igualdad. (Número de expediente 219/000265) ... (Página22)
- Del vicesecretario general de Política Sindical del Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, UGT (Luján de Frías). Por acuerdo de la Comisión de Igualdad. (Número de expediente 219/000266) ...
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS PARA INFORMAR SOBRE EL OBJETO DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LOS DISCURSOS DE ODIO. (número de expediente 154/0000006):
- DE LA SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (VIDAL LÓPEZ). (Número de expediente 219/000263).
La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos y a todas, señorías.
Se abre la sesión para la celebración de las comparecencias sobre el objeto de la Subcomisión relativa a la Lucha contra los Discursos de Odio.
Les recuerdo que los tiempos de intervención para la formulación de preguntas y observaciones serán de quince minutos para los comparecientes y las comparecientes y de cinco minutos para cada grupo parlamentario; posteriormente, tendrán
diez minutos de respuesta y aclaraciones las comparecientes y los comparecientes.
La primera compareciente es doña Carolina Vidal López, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras, a la que damos la bienvenida y agradecemos su presencia hoy aquí entre nosotras y nosotros.
Tiene la palabra la señora Vidal López para informar sobre el objeto de la subcomisión.
La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (Vidal López): Buenos días, presidenta.
Gracias, compañeras de la Mesa, donde todas somos mujeres. Gracias, señorías, y buenos días.
Quiero empezar agradeciendo a los grupos parlamentarios su invitación para comparecer en esta subcomisión y felicitándoles por incluir la perspectiva del mundo del trabajo y el sindicalismo de clase en la lucha contra los discursos de odio.
Para nosotras, para las Comisiones Obreras, esto es fundamental.
Hoy tengo el honor de comparecer como representante de las Comisiones Obreras, principal organización sociopolítica del país -un millón de personas afiliadas- y tengo también el compromiso, el orgullo y la responsabilidad de mostrarnos como
uno de los principales agentes de igualdad de nuestro país. Tenemos claro que en nuestro ADN fundacional estar el ser antifascistas y, por eso, combatimos los discursos de odio no solo con grandes frases y grandes discursos, sino también a través
de la acción sindical realizada día a día en cada uno de los centros de trabajo en los que estamos presentes y a través de la organización colectiva de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por eso, en las Comisiones Obreras tuvimos
claro desde el inicio que íbamos a formar parte del grupo promotor que ponía en marcha este pacto social contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora les toca a ustedes, y permítanme que les pida, que les
ruegue altura de miras, porque lo que viene es a caballo, y no lo hace despacio. Por eso, les pedimos compromisos, iniciativas, normativas, medidas. Ahora toca, y se lo debemos a quienes sufren.
El odio a quienes son diferentes, el mismo que se caracteriza por su cobardía, el que se crece precisamente cuando se encuentra con situaciones de vulnerabilidad, es un viejo conocido también para las Comisiones Obreras y es una amenaza para
la convivencia y, como advirtió Umberto Eco, un fascismo eterno. En este momento se manifiesta exponiendo alguno de los ejes que a ustedes les sonarán: el miedo a la diferencia, el populismo selectivo, el uso de una neolengua -llaman menas a esos
pobres niños y niñas que cruzan a nuestro país, a nuestra Europa, buscando una vida distinta-. Es la disputa por el poder -nada nuevo bajo el sol-, es la disputa por el reparto de la democracia, por el reparto de los derechos, que no quieren
compartir, es ni más ni menos que la búsqueda del poder para mantener situaciones de privilegio. Lo que sí ha cambiado en el odio es que -como decimos, es largo, como ya mencionaba Umberto Eco- se manifiesta de maneras muy distintas.
Desgraciadamente, en este momento puede que tenga una propagación más agresiva, xenófoba, más rápida, con nuevos instrumentos y herramientas a través de las redes sociales. No lo decimos nosotras, las Comisiones Obreras, lo dicen investigadores de
Berkeley: han subido los discursos de odio en Twitter un 50 % desde que Elon Musk se dedica a lo que se dedica.
Pero los discursos de odio terminan concretándose en algo mucho más grave, los delitos de odio. Quienes propagan los discursos de odio solo apuntan a su diana para que al final terminen, como decimos, concretándose en esos delitos. Aunque
no vamos a hablar las Comisiones Obreras de esto, porque ya
han intervenido aquí otras personas mucho más solventes en esta materia: el fiscal general contra los Delitos de Odio, la directora general para la Igualdad de Trato o la presidenta de la FELGTB+.
Nosotras, las Comisiones Obreras, venimos a explicar aquí que los discursos de odio, que a veces, desgraciadamente, se concretan en delitos, también se desarrollan en los centros de trabajo: en primer lugar, porque no es más que la
reproducción de lo que sucede socialmente; en segundo lugar, porque las personas estamos mucho tiempo y muchas horas compartiendo en los centros de trabajo espacios con compañeros, compañeras, superiores de todo tipo; en tercer lugar, porque la
centralidad del trabajo es la vertebración de nuestra sociedad, y por eso es importante que tengamos todas y todos un trabajo decente.
Sin embargo, para tener un trabajo decente no podemos estar señalados y señaladas por los discursos de odio. No nos equivoquemos: somos mucho más vulnerables todos y todas en el centro de trabajo, porque todos y todas vivimos de lo que
comemos y podemos ser presas de esos discursos. El trabajo es importante para que desarrollemos nuestra autonomía, para ser iguales, y ser iguales es absolutamente clave para poder ser libres y poder elegir. ¡Qué vamos a decir de las mujeres! Para
las mujeres nada hay más cruel que no poder escapar de la violencia machista por no tener autonomía económica e independencia para poder escapar de ella. Por eso es importante tener un trabajo decente, y en esos trabajos no podemos estar sometidas
y sometidos a ningún discurso de odio.
El odio en los centros de trabajo empieza manifestándose en barreras discriminatorias en el acceso al empleo. Voy a pasar muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, pero ¡qué decir de las personas trans, cuya tasa de desempleo es
escandalosa su tasa de desempleo!, ¡qué decir de las personas con discapacidad, cuya tasa de desempleo está 8,6 puntos por encima de las personas sin discapacidad!¡ y ¡qué decir del discurso misógino! Sí, porque las mujeres sufrimos discriminaciones
al acceder al empleo y dentro de nuestras relaciones laborales como consecuencia de ese discurso misógino. Vamos a hacer referencia a tres o cuatro cuestiones. Las mujeres tenemos más tiempo parcial que los hombres. Las mujeres seguimos estando
más en paro que los hombres -de cada diez personas en paro, seis seguimos siendo mujeres-. Las mujeres somos las más afectadas por la temporalidad. Pero es que, además, somos más las mujeres que tenemos salarios precarios. Miren, hace pocos días
sacábamos a la luz ese informe que la Secretaría de Mujeres, junto con el gabinete económico, de las Comisiones Obreras elabora anualmente donde se manifiesta que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 19,6 % y que son los cuidados los
que han hecho que la brecha este último año no haya descendido.
Pero quiero mencionar especialmente a quienes sufren una discriminación por dos vías, a las mujeres migrantes, que sufren discriminaciones y discursos de odio por ser mujeres, sufriendo la misoginia, y por ser migrantes. Para ello, firmamos
las Comisiones Obreras, junto con UGT, con el Gobierno -una lástima que no se uniera la patronal en aquel momento- el desarrollo de los planes de igualdad. En este momento tenemos activos ni más ni menos que 18 000 planes de igualdad. Están siendo
una herramienta, un instrumento útil y poderoso para localizar las fuentes de desigualdad y, de manera diagnosticada y concreta, las discriminaciones, con el fin de buscar soluciones y poner objetivos y medidas que nos hagan iguales.
La mejor forma de combatir el odio, el racismo, la xenofobia la LGTBI-fobia, la misoginia es que seamos iguales, y para ser iguales necesitamos políticas públicas. En primer lugar, necesitamos normas, necesitamos discriminaciones positivas
para poder ser libres de elegir si queremos denunciar un acoso sexual, si queremos irnos de un empleo o si no queremos soportar determinadas cuestiones. Y hablamos del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Miren, en España, hasta 1,4
millones de mujeres españolas dicen que han sido acosadas en algún momento de sus relaciones laborales por un compañero o por su jefe. Sin embargo, las estadísticas y nuestra propia experiencia en la acción sindical nos dicen que estas mujeres
denuncian muy poco. El acoso sexual es una realidad invisible o invisibilizada. Les invito a que lean las actas de la Inspección de Trabajo, las denuncias, para que vean la infradenuncia laboral. Pero si van ustedes a los datos penales, a los
datos de los juzgados, verán que lo que dicen las mujeres no tiene nada que ver con sus actuaciones, porque tenemos miedo a sentirnos señaladas y a ser invisibilizadas o a huir de nuestros puestos de trabajo. Créanme, he sido abogada laboralista
durante muchos años -más de veinticinco- y he constatado que detrás de muchas bajas voluntarias de muchas mujeres se esconden acosos sexuales y acosos por razón de sexo que se invisibilizan, contra los que nos sentimos realmente impotentes.
Vamos a hablar de las personas del colectivo LGTBI+. Apenas un 30 % son visibles en los centros de trabajo. Es verdad que no son muy habituales los datos ni las estadísticas, pero sí hay encuestas de la federación española que nos dicen, y
cualquiera de nosotros y nosotras podemos verlo y conocer a amigos, amigas, compañeros y compañeras, que se vuelven a 'armarizar' cuando acuden a los centros de
trabajo, que esconden quiénes son sus familias, que esconden quiénes son sus parejas, que esconden quiénes son sus hijos y sus hijas, que no hablan de su vida en la sociedad del mundo del trabajo. Cuando alguien se esconde y esconde su vida
personal es porque tiene miedo. Con lo cual, es difícil que alguien pueda argumentar que no existe el odio. Fíjense si es importante y si esto es claro y evidente que la patronal, también en el diálogo social, llegó al acuerdo con la UGT, con las
mismas Comisiones Obreras y con el Ministerio de Trabajo, con el Gobierno, para establecer y desarrollar una serie de medidas planificadas en la negociación colectiva que formarán parte de los 1300 convenios colectivos sectoriales que afectarán a
quince millones de personas trabajadoras. Son medidas que solo tienen un objetivo: luchar contra la LGTBI-fobia. Tengan en cuenta que la tasa de cobertura de los convenios colectivos es de más del 90 %. Fíjense en la importancia que contra el
odio tiene la implantación de estas medidas en la negociación colectiva.
Nos quedan muchas cosas por hacer, pero vamos a señalar desde las Comisiones Obreras tres que serán claves en la lucha contra el odio. Si algo hemos aprendido desde el feminismo es que hay que poner las cosas, si me permiten la expresión,
en la agenda, y para poner las cosas en la agenda hay que hablar de ello. Por eso es tan importante que en esta comisión hablemos de la existencia del odio, de los sufrimientos de esas personas que no están aquí y que van a sus centros de trabajo
con una ropa distinta a la que usan cada día. En nombre de esas personas tenemos que dar la batalla y adoptar soluciones. Alguna de ellas puede pasar, efectivamente, por el desarrollo de la Ley 15/2022, para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación. Tenemos que hacer avanzar esta ley. Pero hay otra, el Convenio 190 de la OIT, absolutamente clave. Es una norma internacional que ha ampliado los márgenes del acoso en el mundo del trabajo, del sufrimiento de la violencia en el
mundo de trabajo, y pasa por ampliar la definición de quién es persona acosadora, dónde se sucede el acoso o qué es acoso. Es verdad que España, que ya suscribió este convenio, ha implementado algunas normas, algunas referenciadas en la ley del
solo sí es sí, por ejemplo, y en otras muchas. Pero nos queda hacerla aterrizar, y tal vez deberíamos plantearnos, por qué no, una ley que en España desarrolle el Convenio 190 y así tener claro dónde y a qué artículo acudir cuando queramos buscar
una definición de qué es acoso laboral y no acudir solo y exclusivamente al desarrollo jurisprudencial que la lucha en los juzgados con el paso de los años nos ha ido otorgando.
Nos quedan más medios y más herramientas para la Inspección de Trabajo para que efectivamente sea garante de que los derechos fundamentales no se queden en las puertas de los centros de trabajo. Y nos queda, atendiendo a las transiciones,
atendiendo a lo que los algoritmos nos traen, el control humano de los mismos. Es verdad que fue un avance la ley rider, es verdad que a través de la ley rider podemos conocer el contenido de esos algoritmos, pero nadie nos asegura que no sean
sectarios, nadie nos asegura que no puedan estar algún día cargados de odio, nadie nos asegura que no integren fobias, nadie nos asegura que la persona que programa el big data del futuro no sea una persona misógina. Por eso no nos basta con la ley
rider. Tenemos que controlar los algoritmos para el mundo del trabajo en todas las plataformas a través de las que en este momento se puede organizar el mundo del trabajo. El desarrollo tecnológico y civilizatorio debe estar al servicio de las
personas y las sociedades, y no al contrario. Es necesario hacer pedagogía con la sociedad, y, aunque suene muy clasicón, permítanme enunciar a Gramsci, que decía que, cuando un mundo muere y nace otro nuevo y ese nuevo tarda mucho en llegar, por
el camino nacen monstruos. Esos monstruos están acosando y haciendo sufrir a mujeres, a migrantes, a personas con discapacidad, a personas del colectivo LGTBI, a personas de etnia gitana, a personas diferentes, distintas, y a personas diversas.
Voy a terminar diciendo que las Comisiones Obreras hemos estado siempre luchando por las libertades y vamos a seguir estándolo. Quiero anunciar desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, que esta organización que tiene un millón de
personas afiliadas -la organización social, le pese a quien le pese, más grande de este país, la organización sindical que tiene más de cien mil delegados y delegadas, con 224 puntos de atención-, que nuestro activo sindical está al servicio de
quienes sufren y al servicio de la lucha contra el odio. Señorías, las Comisiones Obreras estaremos siempre a disposición de este Congreso, a disposición de los grupos parlamentarios que quieren luchar por las libertades. La democracia la trajeron
el pueblo y la gente en la calle, y la democracia y las libertades son también de quienes sufren.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal López.
La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (Vidal López): ¿Me he pasado?
La señora PRESIDENTA: Dos minutos. Se ha acoplado muy bien al tiempo establecido.
La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (Vidal López): Para una sindicalista, pasarse dos minutos es muy poco tiempo.
La señora PRESIDENTA: Muy poco tiempo, efectivamente. Muchas gracias.
A continuación, tienen la palabra las portavoces y los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Buenos días a todas.
Agradezco su intervención. Ha sido importante, sin duda, y enriquecedora.
No tengo mucho que plantear, pero sí que al escucharla me he quedado con el déficit de los medios y las herramientas para la Inspección del Trabajo, que son unas herramientas que sin duda pueden aportar muchísimo a la hora del control y
también a la hora de fomentar realidades que sean no discriminatorias. Asimismo, pueden aportar ayuda y sostén a estas personas que sienten que están en un entorno totalmente discriminatorio. Por otra parte, se ha comentado la realidad de los
diferentes colectivos que viven discriminación o una situación de odio. Es verdad que en el ámbito del trabajo invertimos tantas horas que es ese el caldo de cultivo donde podemos vivir también esas realidades, pero me queda la siguiente duda.
Poner normas, sí, pero, como al final se ha hablado de la pedagogía y me parece muy importante hacer pedagogía diariamente, ¿qué posibilidades hay para realizar esa pedagogía en los puestos de trabajo, cuando cada vez se está quitando más tiempo
para el descanso o para invertir en otros ámbitos que no sea el propio puesto de trabajo?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta Fernández.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Gil de Reboleño Lastortres.
La señora GIL DE REBOLEÑO LASTORTRES: Gracias, presidenta.
Buenos días.
Gracias, señora Carolina Vidal, por comparecer en este foro, donde estamos escuchando testimonios fundamentales para abordar el problema de los discursos de odio en nuestro país. Estos discursos de odio, como usted bien sabe, están
erosionando nuestra democracia y nuestra convivencia y causando un daño irreparable a muchísimas personas que tendrían derecho a vivir su diversidad con absoluta tranquilidad.
En SUMAR estamos preocupadísimas por el incremento de los discursos del odio: según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 1606 incidentes relacionados con estos delitos de odio en España, lo que representa un 33,1 % más
respecto al año anterior. Para nosotras son datos alarmantes. Como usted ha explicado muy bien, el ámbito laboral no es ajeno a esta situación: trabajadores y trabajadoras se enfrentan diariamente a discriminación y hostigamiento basados en su
identidad sexual, su identidad de género, su origen étnico o creencia religiosa. Para nosotras es preocupante observar cómo ciertos discursos políticos, especialmente los de la extrema derecha, han contribuido a legitimar y amplificar estos
discursos de odio, y esta tendencia, como todas sabemos, polariza el debate público y crea un caldo de cultivo propicio para que la discriminación se infiltre en los centros de trabajo. Un ejemplo reciente es el caso de Daniela, una mujer
transgénero que fue despedida el primer día de su incorporación a una entidad bancaria elitista por no llevar la indumentaria que ellos consideraban que era la más apropiada cuando ella se incorporó a su puesto de trabajo. Daniela se presentó en
dicha entidad con una americana y con un pantalón y pasó ocho horas sentada en una mesa mirando a una pared. Ese mismo día, cuando llegó a su casa, recibió una carta de despido por WhatsApp. Esta situación es realmente inaceptable y, señorías,
creemos que estos comportamientos deben tener un coste para estas entidades.
En este marco, señora Vidal, me gustaría hacerle tres consultas, y de antemano me disculpo porque mis responsabilidades en la Mesa del Congreso van a hacer que tenga que abandonar la sala; escucharé sus respuestas después en el vídeo.
La primera cuestión que le quiero plantear, por su experiencia en Comisiones Obreras, se basa en qué estrategias considera más efectivas para identificar y erradicar los discursos de odio en los centros de trabajo. En segundo lugar, es
importante señalar no solo los aspectos negativos, sino las medidas que el Gobierno progresista en la actual legislatura ha puesto en marcha. En concreto, no olvidemos que el Ministerio de Trabajo ha aprobado recientemente un real decreto que
obliga a las empresas con más de cincuenta trabajadores y trabajadoras a implementar medidas que garanticen la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBIQ+. En relación con esas medidas, quería consultarle cómo las valora y qué papel
desempeñará el sindicato en su implementación y seguimiento. Y, por último, qué iniciativas propone Comisiones Obreras para fomentar una colaboración efectiva entre sindicatos y empresas en la creación de entornos laborales inclusivos que prevengan
y combatan los discursos de odio y la discriminación en todas sus formas.
Muchísimas gracias por su intervención, ha sido muy inspiradora. No debemos olvidar, como usted bien ha dicho, que en los centros de trabajo hay muchísima discriminación y muchísimos discursos de odio en este sentido y que, actualmente, los
que afectan a las mujeres están totalmente invisibilizados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gil de Reboleño.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches.
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.
Señora Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras, enhorabuena por el discurso de odio que nos ha dado aquí en su comparecencia. La verdad es que no está mal para empezar precisamente
aquí, en una comisión sobre el mal llamado discurso de odio.
Señora Vidal, en VOX nos tomamos muy en serio lo que dice el artículo 14 de la Constitución: Los españoles son iguales ante la ley, y este artículo lo hacemos compatible con lo que leemos en el artículo 9.2 sobre remover los obstáculos que
impidan o dificulten la igualdad. En este sentido, quiero preguntarle si ustedes en Comisiones Obreras consideran en serio que hoy en día el hecho de ser mujer constituye un obstáculo, una traba o un inconveniente a la hora de desarrollar
plenamente la vida laboral o personal de una mujer, porque nos da la impresión de que ustedes lo que pretenden es salvar a las mujeres de las profesiones que nosotras mismas hemos elegido, como si fuéramos menores de edad o personas desvalidas que
no sabemos optar por lo que más nos interesa. Suponemos que tendrá claro que en España la gente elige profesión de forma autónoma y que no hay una autoridad central o un patriarcado en la sombra que condene a nadie por trabajar en sectores que no
quiere. Pero como tengo claro que explicar estas evidencias en este auditorio es predicar en el desierto, quiero hacerle algunas preguntas a ver si usted misma reflexiona y comprueba hasta qué punto es absurdo poner pegas a las decisiones
espontáneas que la gente toma en su vida privada.
Cuando ustedes comparan las estadísticas del nivel salarial de hombres y mujeres, en su obsesión por conseguir la paridad, ¿consideran que el salario bruto es el único elemento que hay que valorar a la hora de elegir trabajo? Para
determinar si un trabajo interesa o no a una persona concreta, ¿no ven ustedes lógico que esa persona tenga en cuenta también otras circunstancias como el horario, la disponibilidad para viajar, el estrés o la fatiga física? Si un hombre o una
mujer elige una profesión que supone más trato humano o tiene más vacaciones, ¿necesariamente está tomando una decisión errónea? ¿Quiénes son ustedes para estar todo el día cuestionando lo que elegimos las mujeres o los varones, como si fuéramos
colectivos homogéneos? ¿No comprende que las circunstancias de cada persona son totalmente distintas y que no hay dos personas que sean exactamente iguales en el mundo?
Las estadísticas nos dicen que la mujer es hoy ampliamente dominante en profesiones como el cuidado de la salud, incluyendo la profesión médica; la educación desde los niveles infantiles hasta los superiores; el funcionariado e incluso en
el mundo de la Administración de Justicia, donde tenemos juezas, letradas, abogadas o procuradoras, todas mujeres. ¿Piensa usted que las mujeres se equivocan así, en masa, cuando eligen esas profesiones? ¿Se plantean ustedes que en estas
estadísticas hay implícita una desigualdad contra los varones que les legitimaría igualmente a actuar? Según las estadísticas, que ustedes conocerán perfectamente, los varones son predominantes en profesiones como policías, bomberos, mineros,
empresarios, camioneros o pilotos. ¿Considera usted que estas profesiones
son mejores que otras y, por tanto, deberían ser elegidas por más mujeres, aunque todavía ellas no se hayan dado cuenta de eso? ¿Usted misma o las afiliadas a su sindicato se deberían sentir incompletas o frustradas por haber elegido una
profesión en la que abundan mayoritariamente varones?
Francamente, señora Vidal, en VOX creemos que el sindicato al que usted representa, Comisiones Obreras, es uno de los responsables del paro estructural que existe en España desde hace más de cincuenta años, así como del deterioro de los
derechos sociales que estamos padeciendo. También son responsables de las escasas perspectivas de emancipación que tienen hoy los jóvenes españoles. En un país libre hay que respetar todos los puntos de vista, pero permítame que haga uso de mi
libertad de expresión y le diga que un sindicato financiado, que vive a cuerpo de rey a costa de los impuestos de los españoles, no es un verdadero sindicato, sino una organización parasitaria que tiene la corrupción en su propio ADN. Por tanto, no
tienen ustedes ninguna autoridad moral para seguir dando la matraca con eso que llaman brecha salarial o techo de cristal. Todos esos conceptos victimistas y engañosos lo único que pretenden es discriminar a los españoles y poner más trabas y
obstáculos al verdadero progreso de la sociedad española, así que no me vengan ustedes con que lo que les he dicho es un discurso de odio porque es lo que pensamos la mayoría de los españoles. (El señor Azorín Salar pronuncia palabras que no se
perciben).
Y, por cierto, la veo a usted ya muy crecidita para que a estas alturas no sepa que mena significa 'menor extranjero no acompañado', no es ninguna palabra que demuestre odio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martín Rodríguez.
La señora MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias presidenta.
Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la señora Vidal López a esta Subcomisión relativa a la Lucha contra los Discursos de Odio. Quiero agradecer su presencia y,
sobre todo, su intervención.
Me gustaría empezar expresando nuestro reconocimiento a las organizaciones sindicales -en este caso, Comisiones Obreras-, porque son organizaciones básicas en la promoción de los valores democráticos. Su existencia es fundamental por su
trabajo en favor de la justicia social, la igualdad y la dignidad, de ahí que consideremos que son una pieza fundamental en la lucha contra los delitos de odio. La lucha contra el odio es una tarea colectiva de toda la sociedad que requiere el
esfuerzo de todos y de todas para asumir un papel activo que incluye no solo denunciar, sino también crear las condiciones para promover la empatía y la convivencia, y en este esfuerzo encontramos a las organizaciones sindicales.
Son muchas las horas que pasamos en los centros de trabajo y los derechos humanos no pueden quedarse fuera. Es imprescindible crear espacios de trabajo seguros y esto es responsabilidad de las empresas y de las administraciones públicas,
pero también es responsabilidad de los sindicatos dotar de los instrumentos necesarios a los representantes de las personas trabajadoras y también al resto de personas trabajadoras para saber exigir centros de trabajo libres de cualquier tipo de
discriminación o situación de odio. Sabemos que están en ello, señora Vidal López.
Entender que el avance en derechos humanos e igualdad es esencial para tener una sociedad más cohesionada, más justa y pacífica es un elemento político, pero también social, pues todos los datos señalan a nuestro país como uno de los que más
valora la diversidad y rechaza la discriminación a estos colectivos en sus diversas formas. En este contexto, la labor de las organizaciones sindicales resulta esencial para lograr entornos laborables inclusivos, donde todas las personas
desarrollen libremente su personalidad y se sientan seguras. Como decíamos, la sociedad española es una de las más abiertas y respetuosas con la diversidad. Los discursos de odio ponen en juego la convivencia social y son contrarios al modelo de
inclusión y respeto que siempre se ha ejemplarizado en la sociedad española.
Usted decía que debemos tener políticas públicas para luchar contra los delitos de odio, pero es cierto también que en nuestro país se han hecho grandes avances en materia de políticas de igualdad. Somos un referente internacional en la
lucha contra los derechos y libertades del colectivo LGTBI y contra el racismo y la xenofobia y en la protección a las minorías y colectivos vulnerables; pero la realidad es que, en nuestro país igual que en el resto del mundo, la proliferación de
los discursos de odio amenaza estas grandes conquistas en derechos y libertades y representa una seria amenaza a la convivencia pacífica y a los derechos humanos.
UGT realizó una encuesta en el año 2023 que ya había realizado en el año 2020 para estudiar la discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral y proponer medidas para erradicar la LGTBI-fobia de los entornos laborales. De este
estudio se concluye, entre otras cosas, que las violencias contra las personas trans y LGTBI en los centros de trabajo están muy extendidas y son normalizadas tanto por las personas agredidas como por las personas que son testigos de esas
agresiones. Está extendida también la percepción de que ser LGTBI es un inconveniente y penaliza en la carrera profesional. El 40 % de las personas LGTBI vuelven al armario en sus trabajos, a pesar de estar fuera de él en su ámbito familiar y
social. Y en el ámbito laboral tres de cada diez personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales.
Sabemos, señora Vidal López, de la apuesta de Comisiones Obreras por la sensibilización y la formación en materia de diversidad sexual en las empresas por incluir la LGTBI-fobia y los riesgos psicosociales que conlleva en las políticas de
prevención y en la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y también por protocolos específicos en materia de acoso LGTBI-fóbico para dar seguridad, respuesta y protección a las posibles víctimas. En este sentido, me gustaría plantearle una
cuestión: ¿qué otras medidas o herramientas se deberían adoptar para luchar contra los delitos de odio en el entorno laboral y así lograr lugares de trabajo inclusivos donde todas las personas desarrollen libremente su personalidad y se sientan
seguras?
Nada más y muchísimas gracias. De nuevo, quiero agradecerle su intervención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De los Santos González.
El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, presidenta.
Perdone que nos hayamos mostrado ruidosos porque, si le soy sincero, yo traía una intervención preparada muy diferente a la que me veo obligado a hacer y necesitaba comentarlo con todas mis compañeras mujeres -por cierto- para no ir a pecho
descubierto ante las reflexiones de la señora compareciente.
Antes de nada, y sin que sirva de precedente, me gustaría reconocer que, después de siete años de gobierno de Pedro Sánchez -y mira que se ha empeñado en hacer las cosas mal-, somos un país cojonudo. Y digo cojonudo porque es un concepto
además propiamente castizo que describe a la perfección lo que somos, lo que hemos construido y de lo que nos deberíamos sentir profundamente agradecidos: cuarenta y cinco años de democracia, ser un ejemplo internacional y ser un espejo en el que
otras democracias se siguen mirando. Y digo democracias porque, en materia de igualdad, países con tradiciones tan longevas en lo que a democracia se refiere como el Reino Unido o Francia están por debajo de lo que España representa. Por eso, me
entristece profundamente que la señora Vidal haya hecho una especie de visión apocalíptica que es absolutamente falsa. Somos un país excepcional en el que, en cuarenta y cinco años de democracia, hemos sabido transitar de una dictadura insoportable
a un ejemplo en todos los sentidos en lo que a igualdad se refiere. Y esto se le debe a los Gobiernos -de todos los signos políticos- que se han concatenado en sus responsabilidades, pero, sobre todo, a los hombres y mujeres libres que supieron lo
que era la democracia, yo me atrevería a decir que incluso de forma intuitiva porque habían sido precisamente educados en el miedo y en la falta de libertades.
Por eso, reconozcamos que, por ejemplo, ni siquiera el Ministerio del Interior, cuyo titular es el señor Grande-Marlaska desde hace siete años, en sus informes anuales sobre delitos de odio habla de delitos de odio en el espacio laboral. No
hay un dato en todos los estudios que -insisto- el Ministerio del Interior recoge sobre ello. Otra cosa es que nosotros queramos sacar nuestras conclusiones sobre cada uno de los tipos de delito de odio que pueden tener su reflejo en el espacio
laboral. Por cierto, dice la OCDE que no hay nada más que fomente la igualdad que el empleo. Y como soy el portavoz de igualdad va a entenderme. Después de siete años de gobierno del Partido Socialista y SUMAR -y, perdóneme, escuchándola y
recordándome en muchas de sus declaraciones a doña Yolanda Díaz-, ¿se ha planteado pedir responsabilidades por ser hoy el segundo peor país de toda la Unión Europea en tasa de empleabilidad femenina? Mientras que en Europa la media de desempleo en
mujeres es del 6,4 %, en España es del 13,1 %. Oiga, usted, como representante del sindicato, quizá -digo yo- tendría que haber empezado por ahí.
Hay algo que, como mis compañeros y compañeras saben, me preocupa, y en tanto en cuanto usted ha hablado de los trabajos decentes se lo quiero preguntar para saber dónde se sitúa, porque no todos en esta casa lo tenemos muy claro. ¿Para
usted la prostitución es un trabajo decente cuando no es resultado
de la trata de seres humanos? Para mi grupo, no, pero me gustaría saber cuál es su opinión. Sabe que no hace muchos años un falso sindicato de mujeres prostituidas se presentó en el Ministerio de Empleo y la entonces ministra -lo dijo
ella- reconoció que la habían metido un gol.
¿Qué opina sobre la medida, que se publicó en enero de 2023 en el Boletín Oficial del Estado, de que la SEPE tiene que reservar puestos de trabajo para el colectivo LGTBI como colectivo vulnerable? Me pregunto, ¿me van ustedes a marcar como
al ganado para poder demostrar que soy del colectivo LGTBI o esta es una medida que directamente lleva al fraude? ¿O va a ser porque tenga más o menos pluma o porque yo reconozca no sé qué relaciones sexuales en el pasado, en el presente o en el
futuro? Es cierto, por supuesto que hay que proteger al colectivo trans y por supuesto que hay que salvar esa brecha insoportable que les aleja de los puestos de trabajo, pero a las personas verdaderamente trans. Le pregunto, representante del
sindicato mayoritario, cuando los nacidos varones que se autoperciben como mujeres y que ni siquiera han modificado en nada su aspecto vayan a solicitar un empleo porque se consideren -así lo dice el registro con esta insoportable ley trans- dentro
de los porcentajes que las mujeres deben tener, ¿les va a parecer bien o les va a parecer mal? ¿La ley trans está haciendo bien su trabajo a este respecto o, como dice la relatora de la Organización de las Naciones Unidas contra la violencia
machista, esta es una ley que a quien pone en peligro es a las mujeres?
Usted ha empezado su exposición hablando de fascismos y de redes sociales, que a mí me parecen escandalosas porque permiten precisamente que los delitos de odio se expandan, pero, entiéndame, siete años después de un Gobierno presuntamente
progresista y no han presentado ni una proposición de ley para poner coto a esta realidad. Oiga, en Brasil se hizo y, además, lo hizo un presidente de ideología de izquierdas. ¿Por qué digo esto? Porque está muy bien venir aquí a sacar los debes,
a hacer listas con las propuestas para mejorar nuestro país, pero ¿y al Gobierno se le piden las mismas cuestiones? Porque está muy bien señalar a los fascistas. Por cierto, las ultraortodoxias vienen de ambos lados, y son tan peligrosas las que
dicen una cosa como la que dicen la contraria. Por eso, España, que no es un país odiador, España, que es precisamente un país heterodoxo, es ejemplar, ejemplar a pesar de determinados delitos de odio. Según los informes del Ministerio del
Interior, hay 4,2 de cada 100 000 habitantes que podrían padecer delitos de odio.
Voy acabando. Ha dicho usted tantas cosas que se me han ido despertando las ganas no solo de responder, sino de plantearle preguntas. Y acabo con esta. Hablaba usted de la violencia sexual, la violencia de género ejercida sobre las
mujeres, porque eso es la violencia de género, la que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el Partido Popular lo tenemos clarísimo -créame-, de hecho, aprovecho para felicitar a mis compañeras y a todas las componentes
de la Subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la violencia machista porque han hecho un trabajo excepcional. Como lo tenemos claro, sí me gustaría preguntarle qué sienten en Comisiones Obreras cuando surge una denuncia por parte
de una mujer hacia un político que, en esta casa además, ostentaba la representación de un partido -hablo del señor Errejón- y que, desde diferentes espacios, se pretende no solamente pasar por bueno, sino incluso -dicen- ocultar lo que había
ocurrido. ¿Qué sienten cuando uno de los representantes que en los últimos años había defendido en gran medida lo que usted representa -por eso me interesa su opinión- parece que no solamente ejerció abuso contra mujeres, sino también de poder?
¿Qué siente cuando ve que ahora su estrategia de defensa es la que tanto han criticado: la del presunto heteropatriarcado, la del machismo insufrible, la que pretende hacer pasar a la mujer por una mentirosa y por una peligrosa fascista?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De los Santos.
Por último, tiene la palabra para contestar a las cuestiones planteadas por los y las portavoces de los grupos parlamentarios la señora Vidal López por diez minutos.
La señora SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (Vidal López): Muchas gracias.
Me alegro profundamente de que mi intervención le haya despertado muchas preguntas. (El señor De los Santos González: Eso está muy bien). Aquí el propósito de quien comparece es, efectivamente, fomentar el diálogo y que podamos discutir
sobre esto.
Varias de las señorías que han intervenido preguntaban qué hacer en los puestos de trabajo. Pues hacer pedagogía, y hacer pedagogía es hablar de ello. Vaya por delante que aquí no solamente estamos hablando de los delitos de odio, no
confundamos; estamos hablando de discursos de odio. (El señor
De los Santos: No, no, es que es la comisión). El pacto de Estado es contra los discursos de odio que señalan los delitos, pero voy a otra cosa. Las estadísticas no las pone Comisiones Obreras, las pone el Ministerio del Interior, y,
efectivamente, en el último año -por fortuna- los delitos han sido mínimos. Comparto con usted que la sociedad española ha evolucionado, que la sociedad española es diversa y que la sociedad española hoy no toleraría, por ejemplo, que se tocaran el
aborto o el matrimonio igualitario. Pero también le digo que, en los últimos tiempos, según los datos -los tenía yo aquí, pero los ha compartido la diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR-, los delitos han crecido en el último año un
33 %. No lo dice Comisiones Obreras, lo dice el Ministerio del Interior. Algo pasa cuando esos delitos van in crescendo.
Si en algo nos hemos caracterizado en Comisiones Obreras es en no ser apocalípticos, sino al contrario: utilizar siempre el desarrollo y el avance democrático para mirar hacia delante. Sí que le voy a decir que son tan necesarias las
estrategias y que en la negociación colectiva luchemos contra la LGTBI-fobia que fue la propia patronal en la mesa de negociación -y yo estaba presente- quien entendió desde el minuto cero que había la necesidad de frenar el acoso a quienes quieren
mostrarse. Porque no estamos hablando de obligar a nadie -como usted ha dicho- a ser señalado como miembro del colectivo LGTBI; de lo que sí hablamos es de que cada persona pueda decidir si quiere mostrarse o no.
Respecto a la ley de políticas activas, está todavía por desarrollar. No puedo decirle cómo va a hacerse porque está por desarrollar. Lo que sí sabemos es que las políticas positivas son clave para activar el empleo. Es verdad que las
mujeres estamos peor en empleabilidad que los hombres. ¿Sabe por qué? Porque venimos de la reforma del Partido Popular que dejó la brecha entre mujeres y hombres en el 30 %. (Rumores). La brecha salarial más grande que este país ha tenido ha
sido con Gobiernos del Partido Popular con la reforma laboral. ¡En el 30 %! (La señora Rodríguez Calleja: Eso es falso. Eso es mentira). Decía la diputada de VOX que Comisiones Obreras es responsable de la tasa de desempleo. Mire usted, acudan
a los datos. Tenemos en este momento más personas trabajando como población activa que nunca, pero es que tenemos más mujeres trabajando que nunca y más mujeres indefinidas que nunca. (Rumores). ¿Saben en cuánto está la brecha en este momento?
(El señor De los Santos González: Sí). En un 19,6 %. ¿Saben ustedes de dónde veníamos? De un 30 % de brecha. (La señora Rodríguez Calleja: El que más redujo la brecha fue Mariano Rajoy). Con la reforma del Partido Popular las mujeres fuimos
más temporales que nunca y hubo más mujeres en desempleo que nunca. (Rumores). De ahí veníamos, estamos en un 19,6 % y Comisiones Obreras ha dicho ya que necesitamos abordar otras cosas -por ejemplo, los cuidados- para que las mujeres y la tasa de
empleabilidad siga funcionando.
Las Comisiones Obreras somos un agente de igualdad -lo hemos dicho al principio de nuestra intervención- y jamás vamos a amparar fraudes. Yo vengo del derecho administrativo, los fraudes legales hay que combatirlos. ¿Cómo? Con nulidad de
actuaciones, con nulidad de actos administrativos, ahí es donde tenemos que ir. Pero, desde luego, la nulidad de actos administrativos no puede invalidar una ley que no es otra cosa que el fomento de la igualdad.
Me preguntaba, señoría, cómo se siente esta mujer sindicalista feminista de las Comisiones Obreras cuando he visto que un antiguo diputado tenía un posible comportamiento misógino que está en los tribunales. Mire, pues igual que me siento
cuando veo cómo un juez interroga a esta mujer, igual que cuando veo a un presidente de la FIFA -creo que era, perdónenme, que no entiendo nada de fútbol- al que están enjuiciando por besar. Así se siente una mujer feminista, sabiendo que las
heroicidades no nos sirven y que solo trabajar de manera colectiva nos va a ayudar a hacer frente a las actuaciones patriarcales. Doy las gracias al Partido Popular y le felicito por enfrentarse a la posición de la ultraderecha en el Pacto de
Estado contra la violencia machista. (El señor De los Santos González: ¡Pero si es nuestro!). Digo que les felicito -que les fe-li-ci-to- por enfrentarse a la posición de la ultraderecha que lo niega.
En cuanto a lo que ha manifestado VOX, no voy a enfangarme demasiado en su discurso, que no sé si es de odio -permítame-, pero es bastante faltón. (La señora Romero Vilches: Libertad de expresión). ¡Déjeme que termine! Es bastante faltón.
Le voy a decir una cosa, sinceramente, esta organización a la que usted ha llamado 'subvencionada', a la que usted ha llamado no sé cuántas cosas, como que somos una organización parasitaria, esta organización que ha firmado el diálogo social y que
ha hecho que haya más población activa que nunca -cargándonos, afortunadamente, la reforma del Partido Popular-, esta organización -no porque lo digamos nosotras, sino porque lo dicen las auditorías, vayan ustedes a los papeles e infórmense- se
financia en más de un 83 % con las cuotas de sus afiliados y afiliadas y de lo que obtiene a través de sus asesorías jurídicas. Y permítame un exceso: ni tan mal, porque, si la ultraderecha, que hace cuarenta y cinco años nos estaba pegando de
tiros (rumores), lo que
está proponiendo es que nos quiten las subvenciones cuando nos autofinanciamos en un 83 %, si no terminamos entonces, no vamos a terminar ahora. Vamos a resistir. ¡Resistimos entonces y vamos a resistir ahora! Ni tan mal. No nos parece
tanto. ¿Me explico? No necesitamos las subvenciones (la señora Romero Vilches pronuncia palabras que no se perciben), nos financiamos con más de un millón de afiliadas y afiliados -por cierto, con los que su partido ni soñaría-, porque somos la
organización social más importante de este país.
Y le voy a terminar diciendo una cosa: me da usted pena. (La señora Romero Vilches: Pues no tenga pena de mi). Sí, me da pena que, siendo usted mujer, haya votado en contra del pacto de Estado contra la violencia machista. Y me
gustaría, de verdad, ahora que tengo la oportunidad de decírselo, que miraran a la cara a todos los niños y niñas que han perdido a sus madres, que miraran a la cara a todas las madres y padres que han perdido a sus hijas, a las cuatro mujeres que
diariamente denuncian una violación en España, me gustaría que les dijera que eso no les sucede por ser mujeres.
En España no elegimos la profesión que queremos. Le voy a decir una cosa de calado económico. Efectivamente, en este país, las mujeres que han tenido dinero es probable que hayan podido romper esos techos de cristal y elegir la profesión
-aunque, no se equivoque, hemos tenido otras discriminaciones estructurales-, pero quienes están en un suelo pegajoso no pueden elegir nada, y las mujeres que no tienen dinero no pueden elegir nada. Por eso hemos de tener políticas positivas que
les ayuden. Y, efectivamente, me da pena -permítame- que, siendo mujer, sea capaz de decir que la violencia contra las mujeres no existe. (La señora Romero Vilches: Sí existe, pero no porque sean mujeres).
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.
LA SEÑORA SECRETARIA CONFEDERAL DE MUJERES, IGUALDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO DE CCOO (Vidal López): Termino con otra cuestión, y pido perdón si he podido tener un exceso verbal, pero es verdad que siento pena ante una manifestación
efectivamente clara y evidente. Es decir, esta organización no se siente compelida porque alguien venga a decirnos que somos absolutamente parasitarios. Cualquier persona que sea capaz de ir a un libro sabe perfectamente que las Comisiones
Obreras, como la otra organización sindical mayoritaria, que es la UGT, jugamos un papel importante para que usted y todos los y las que estamos aquí vengamos hoy para poder discutir y hablar contra los discursos de odio. A lo mejor, usted sí que
podría, yo no, y muchos y muchas de las que estamos aquí tampoco. Por tanto, quiero simplemente decirles que los discursos de odio señalan frente a los delitos, que efectivamente necesitamos políticas públicas que apuesten por la igualdad, porque
solo siendo iguales podemos ser libres para poder elegir. No sé quién decía antes que la mejor fórmula contra el odio es, efectivamente, la igualdad. Le agradezco esta expresión.
Termino, de nuevo, diciendo que las Comisiones Obreras estaremos siempre con las libertades y con la democracia, y que nuestro activo sindical estará formando un cordón sanitario frente a las palabras que acabamos de oír aquí.
Estaremos siempre a disposición de este Congreso. Muchas gracias y buena mañana. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vidal López.
Despedimos a la primera compareciente, la señora Vidal López, y rápidamente empezamos con la segunda comparecencia, señorías. (Pausa).
- DE LA SEÑORA SERRA PERELLÓ, ABOGADA PENALISTA EXPERTA EN DELITOS DE ODIO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD. (Número de expediente 219/000264).
La señora PRESIDENTA: A continuación, damos la bienvenida a la señora Serra Perelló, a quien agradecemos su presencia hoy aquí.
Tiene usted la palabra por quince minutos.
La señora SERRA PERELLÓ (abogada penalista experta en delitos de odio): Gracias.
Buenos días, señorías, agradezco la invitación y, antes de empezar mi intervención, quiero dar una pequeña pincelada para que se entienda desde donde hablo. Yo soy abogada penalista desde hace veintidós años y mi vinculación con los delitos
de odio es porque he sido la asesora legal del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña desde 2008 hasta 2024, es decir, que he podido intervenir en distintos procedimientos legales sobre ataques de odio y discursos de odio, y hemos hecho este
recorrido junto con la fiscalía de delitos de odio de Cataluña, que, como todos y todas saben, fue pionera en Cataluña y que
luego fue, digamos, creciendo. Muchos de los protocolos policiales, muchas de las iniciativas de este engranaje de todos los actores sociales precisamente nacieron en nuestra comunidad autónoma. Dicho esto, el abordaje de los delitos
-sobre todo de los discursos de odio- permitía muchos elementos para aportar hoy en esta sala. Yo me voy a centrar en el elemento tecnológico, pero, antes de entrar a los dos aspectos específicos tecnológicos que quería abordar hoy, me permitirán
que dé tres o cuatro titulares de cuestiones que me parecen sumamente relevantes.
La primera es que, en general, y no solo hablo del Estado español, sino también a nivel europeo, siempre, ha habido una carencia manifiesta de la misoginia y del sexismo dentro del concepto de discursos de incitación al odio. Vemos cómo
iniciativas de 2016, como el código de conducta, que aglutinó por primera vez a nivel europeo a las grandes plataformas tecnológicas para erradicar los discursos de odio, se centró en el antisemitismo, en la xenofobia, en la LGTBI-fobia, etcétera,
pero siempre la misoginia y el sexismo, que, al final, afectan a la mitad de la población, quedaron fuera. Eso es importante y, si miramos la evolución en el Estado español, veremos que el agravante de género, artículo 22.4.ª del Código Penal,
brilla por su ausencia a nivel de discursos. Se empezó a aplicar hace cuatro, cinco o seis años en lesiones graves y se está aplicando también en los homicidios y en los asesinatos para calificar como feminicidios estas muertes, pero en los
discursos de incitación al odio, y ustedes podrán consultar las bases de datos, está absolutamente ausente, no hay ningún precedente sobre ello, y me parece relevante señalarlo.
Otro aspecto que quisiera mencionar y que también me parece relevante es que los delitos de odio, los discursos de incitación al odio atacan a víctimas estructuralmente fragilizadas y, por lo tanto, no podemos dejar solo a cargo de las
directamente perjudicadas las iniciativas en la intervención de los procedimientos judiciales. Me explico: en los grandes procesos judiciales del Estado español sobre LGBTI-fobia o sobre racismo siempre ha habido entidades como SOS Racismo,
FELGTBI+, etcétera, pero también hay ayuntamientos y Gobiernos de comunidades autónomas que se han personado como acusaciones populares. Esta figura es absolutamente clave no solo porque arropa a las víctimas de procesos judiciales muy muy
desgastantes y que generan precedentes jurídicos útiles para toda la colectividad, sino porque el mensaje institucional que se lanza a las víctimas y al resto de la sociedad es que esto es importante. Cuando hemos intervenido mano a mano
ayuntamientos, comunidades autónomas y asociaciones, todos juntos y juntas en estos procedimientos judiciales, hemos tenido no solo resultados jurídicos loables, sino un mensaje social e institucional necesario, porque la consulta de cualquier
estadística de cualquier organismo en el Estado español, pero también internacional -y podemos consultar los informes y recomendaciones de la ILGA, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales-, apunta a la infradenuncia. Por lo tanto, cuidemos
a las víctimas y cuidemos los procesos. El boca a boca es nuestra mejor herramienta para acabar con la infradenuncia.
También quisiera manifestar un elemento que me parece relevante y que no podemos dejar de mencionar en esta casa, y es que determinados discursos políticos -y esto sucede a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico y local- sobre
cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, sobre la diversidad sexual o sobre la migración son discursos que se están realizando muy a menudo en clave electoral y que están agitando pánicos morales que legitiman que luego haya más delitos
de odio. No podemos no mencionar esto, es un vínculo directo y esto está sucediendo de una manera directa. Antes se refería a los menores no acompañados y ha habido ya casos de agresiones y concentraciones frente a centros de menores no
acompañados, etcétera. Por lo tanto, pido encarecidamente que en el debate legítimo político se tenga en consideración la capacidad de altavoz que tienen los diputados y diputadas y todas las fuerzas políticas, porque tienen la capacidad de incidir
en la sociedad y porque dentro de la sociedad hay quien va a comprender el mensaje político y hay quien va a actuar de una manera visceral y puede llevar a cabo actos de hostilidad, de discriminación y de agresión física directa.
Quiero también añadir que, en relación con el elemento tecnológico, sucede igual que sucedió en su día con la perspectiva de género, que en su día no existía y luego fue un champiñón, para que me entiendan; es decir, que primero fue un
articulito en algunas leyes y luego se entendió que la perspectiva de género debía tener una presencia transversal en todas las legislaciones que se aprobaran y estamos avanzando hacia la perspectiva interseccional. Vengo a decir lo mismo con el
componente tecnológico. El componente tecnológico en las leyes de igualdad, antidiscriminatorias o de violencias de género ha brillado por su ausencia. Ahora estamos en la fase de algún articulito, porque es evidente que esto es relevante, pero
tenemos que empezar a incorporar la perspectiva tecnológica de una manera transversal, porque todos y todas hoy en día tenemos una identidad y una vida en lo virtual y fuera de lo virtual en nuestras relaciones, en nuestro espacio laboral, en el
acceso a la formación y en los discursos políticos. Por lo tanto,
insisto, es relevante y vemos que incluso nuevas leyes con alto potencial que han sido aprobadas recientemente a nivel estatal y a nivel autonómico siguen, desde mi punto de vista, teniendo esta carencia.
Termino con el último titular antes de entrar en los elementos tecnológicos, otro aspecto que me parece muy importante, y voy a poner otro ejemplo para ser gráfica en mi explicación. Hoy en día ninguna violencia puede ser correctamente
abordada sin la implicación y el compromiso del sector privado. Es indiferente si hablamos de violencia de género o si hablamos de discriminaciones en general o de delitos de odio, y más hoy en día cuando las empresas tecnológicas tienen un
elemento tan relevante. Como digo, voy a poner un ejemplo gráfico. En su día no se comprendía que la política empresarial y que las empresas podían tener una responsabilidad corporativa respecto del territorio y de las personas. Luego empezamos a
entender que cuando hay un vertido en el río o cuando hay un desplazamiento de una empresa de una comunidad esas empresas tienen esta responsabilidad social. ¿Por qué en 2025 nadie está planteando a las empresas tecnológicas cuál es su vinculación
respecto de los derechos fundamentales de todos en general y de las mujeres y otros colectivos minoritarios en particular? Es inaudito que no haya una rendición de cuentas y un diálogo a este nivel de una cuestión evidentemente democrática y, por
lo tanto, el desarrollo de la responsabilidad corporativa es un aspecto clave. En este sentido, quisiera poner como ejemplo la buena práctica que ha llevado a cabo la fiscalía de delitos de odio al iniciar, como he dicho, su recorrido en Cataluña.
La fiscalía de delitos de odio tuvo la virtud por primera vez de escuchar. Convocó a todas las entidades; convocó a las entidades gitanas, a las entidades LGTBI, convocó a todos los colectivos que están enfrentando discursos de incitación al odio
para preguntar, para tomar la temperatura, para, ya que existía esta infradenuncia, comprender los patrones de violencia, qué se podía mejorar, qué déficits había en las intervenciones de todo el engranaje estatal -cuerpos policiales, médicos,
médicas, forenses, etcétera-. Ahora estamos en un momento clave en el que tenemos la aprobación de la Ley de Servicios Digitales europea, que ya está en marcha, y tenemos una figura en el Estado español, que es el Coordinador de Servicios
Digitales, que está radicado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Apelamos a que actores institucionales de este calado, que son los destinatarios para implementar esta responsabilidad corporativa de las tecnológicas, sigan
este mismo proceso, devenguen actores puente, escuchen y convoquen a la sociedad civil y a las fuerzas parlamentarias, que son quienes tienen ahora mismo la potestad para evaluar los patrones de violencia que se dan en el ámbito tecnológico. Se
tienen que establecer estos canales de denuncia para poder reportar no solo las víctimas, sino también las entidades, los patrones de violencia que vamos detectando, porque si no la distancia entre el sufrimiento, la vivencia de las víctimas
directas y la activación de los mecanismos institucionales es tan etérea, tan lejana que hace que frente a un fenómeno social creciente no haya un diálogo posible, no haya una activación de los mecanismos institucionales.
Ya me he adentrado en la cuestión tecnológica y voy, en los minutos que me quedan, a desglosar los dos elementos clave que quería plantear hoy. El primero es el de la discriminación algorítmica. Evidentemente, los criterios de moderación
de contenidos, los algoritmos de todas estas empresas están generando una jerarquización de contenidos en lo que es visible en las redes sociales, en lo que tiene más o menos impacto. Si nosotras vamos a judicializar al tuitero o los tuiteros de
turno que están realizando este discurso de odio, pero al mismo tiempo el algoritmo de cada una de las plataformas es el que da impacto a esos contenidos, estamos abordando uno de los elementos de la ecuación, porque sin estos algoritmos el tuit que
publica menganito o menganita tendría un recorrido muy limitado y no la propagación y la escalación que tienen estos contenidos. Desde este punto de vista, es muy importante que tengamos en cuenta también -y quiero citarlo- lo que sucedió con el
protocolo del Ministerio del Interior, que, junto con una universidad -en este caso, además catalana-, hicieron una prueba piloto de un algoritmo de detección de discursos de incitación al odio y dentro del banco de palabras sobre el que se entrenó
el algoritmo había palabras como nazi o frontera, entre muchas otras. Nos podemos imaginar que, por ejemplo, si se entrena al algoritmo para detectar estos discursos, un discurso antirracista de un colectivo cuando diga algo de la frontera va a ser
considerado, leído o interpretado por el algoritmo como un discurso de incitación al odio cuando precisamente pretende lo contrario. Entonces, seamos muy conscientes de que hoy en día ningún Estado europeo, tampoco el español -de hecho, ningún
Estado europeo, solo China tiene soberanía real tecnológica-, está invirtiendo en herramientas tecnológicas y, por lo tanto, como no tenemos esta capacidad de intervención directa tenemos que ir a interpelar a las tecnológicas para que de alguna
manera se ajusten a los estándares democráticos a nivel de discurso. Tenemos jurisprudencia suficiente del Tribunal Supremo, del Constitucional y de Estrasburgo como para tener los balizamientos claros en este sentido. Y en relación con esa
discriminación algorítmica, como
digo, hay que tener en cuenta y escuchar a los colectivos, porque hay muchos términos que a veces se utilizan como, digamos, reapropiación política. Recuerdo un caso real de un colectivo de aquí, de Madrid, que convocó una manifestación y
en el texto o en el cartel convocaba el colectivo 'marica' de no sé dónde. Este cartel, que era un cartel LGTBI que llamaba una manifestación, fue sistemáticamente baneado por el algoritmo porque lo consideró discurso de incitación al odio, y es
que hoy en día el nivel técnico en cuanto al procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial todavía es context blindness, que en castellano sería ciego al contexto, para que nos entendamos.
Voy a tratar el último elemento para ajustarme escrupulosamente a los tiempos que me han sido concedidos. Voy a hablar de otro elemento grave que está sucediendo hoy en día: los ataques colectivos de odio no están teniendo la posibilidad
de ser investigados y juzgados en el Estado español. Y me explico: el criterio de competencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el criterio de conexidad delictiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, junto con la interpretación que hace de
estos artículos el Tribunal Supremo, en la práctica genera que cuando hay un ataque de odio colectivo con víctima concreta se trate en diferentes procedimientos. Vamos a poner el ejemplo de diez tuiteros. Pues estos diez mensajes, que forman parte
de un ataque definido, acotado en el tiempo contra la misma persona, con los perfiles con gráfica similar, con un lenguaje similar -es decir, objetivamente un ataque colectivo, para que nos entendamos-, el sistema judicial está haciendo que haya un
procedimiento por cada tuit. Por lo tanto, esta víctima va a tener que ir a declarar diez veces en instrucción y en el juicio; esta víctima va a tener que ser peritada por médicos y médicas forenses diez veces y nunca vamos a poder visibilizar la
gravedad de ese conjunto porque los términos de concierto delictivo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están redactados y están siendo interpretados de una manera previa a la era tecnológica. Y hoy en día sí habrá ataques planificados en redes
sociales, pero son minoritarios, lo que hay son ataques adhesivos en tiempo real, eso es lo que está sucediendo, este elemento de adhesión, y este concierto debe ser interpretado con esta realidad.
Acabo. El último titular que quiero compartir es que las herramientas legales que tenemos están y que tenemos un país realmente muy avanzado respecto de otras realidades jurídicas, pero hay herramientas que están siendo todavía
interpretadas con otras visiones y que se tienen que adaptar necesariamente y con urgencia al campo tecnológico, porque ahí es donde se dan el 99 % de los discursos de incitación al odio.
Termino con esto. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Serra Perelló.
Seguidamente, tienen la palabra las y los portavoces de los grupos parlamentarios, como ya saben ustedes, de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
La señora POZUETA FERNÁNDEZ: Quiero comenzar agradeciendo tremendamente su exposición, que ha sido corta pero realmente muy enriquecedora y asentada en la realidad que estamos viviendo.
Voy a comentar solamente tres cosas. Respecto a la infradenuncia, sabemos que los delitos de odio sufren una gran infradenuncia. Paradójicamente, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Navarra son de los territorios del Estado español
donde más denuncias hay. Algunos están en la idea de que realmente hay más denuncias porque hay más delitos; lo que estamos planteando otros es que hay mayor sensibilización y más pedagogía para que las personas que realmente están viviendo esa
realidad se animen a denunciar. Pero también ha comentado la importancia de no dejar solas a las personas que están viviendo esa realidad porque precisamente la mayoría son víctimas estructuralmente fragilizadas, y planteaba la necesidad de
acompañamiento por entidades e instituciones porque esto muestra también que este es un tema serio y eso es lo que tenemos que mostrar y eso hace pedagogía. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que recoger claramente en lo que nos toca y
extender esta idea de que tenemos que apoyar y aparecer como instituciones mostrando claramente la importancia que tiene este tema.
Ha comentado también determinados discursos en clave electoral sobre migración y el daño que están haciendo. Esta también es una de las realidades que estamos viviendo un día sí y otro día también. Estos pasados días que ha habido partidos
de fútbol, hemos visto cómo en algún momento se ha tenido que detener el partido por delitos de odio hacia alguno de los jugadores, pero vuelvo otra vez a lo que previamente he comentado, que echo en falta que la Federación de Fútbol y los entes que
están relacionados tomen medidas realmente serias, impactantes, para que las personas que acuden a estos eventos deportivos tengan en cuenta que no todo vale. Porque estamos viendo que se paran los partidos,
que hay denuncias, pero los fines de semana volvemos a lo mismo y se vuelve a amplificar además por los medios de comunicación.
Y, para terminar, con respecto a la discriminación algorítmica y al planteamiento tecnológico, comparto totalmente la necesidad de poner límite a las empresas tecnológicas, por el poder que tienen y porque estamos viendo que va más allá de
los Estados, porque están condicionando momentos políticos e ideas con una intencionalidad clara y porque ya es momento de poner límites. Si queremos, podemos organizarnos y podemos plantear como Estados poner límites; exigir mejor dicho, más que
plantear, exigir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozueta Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días a todas, a todos y a 'todes'.
Primero, quería agradecer la comparecencia de la señora Laia Serra, su exposición, que ha sido muy muy clarificadora, al menos a mi entender. Me quedo con unas cuantas cuestiones porque, a la hora de que tengamos que elaborar un dictamen de
esta subcomisión, ha aportado visiones que son muy importantes.
Empezando por la cuestión que mencionaba sobre la misoginia y la ausencia del concepto de misoginia en la calificación de los discursos de odio y de los delitos de odio, este aspecto es un debe. Ahora, que acabamos de aprobar el pacto
contra la violencia, quizá se ha quedado en el tintero; pero, como habrá que volver a actualizarlo o tendremos que iniciar otro tipo de modificaciones legislativas, lo suyo sería tenerlo en cuenta de alguna manera.
Asimismo, nos preocupa muchísimo la infradenuncia. Cuando estuvo aquí el fiscal encargado de la Oficina contra Delitos de Odio hablamos largo y tendido sobre la infradenuncia y sobre qué medidas se podrían tomar para combatirla. Usted ha
adelantado algunas, pero nos gustaría que nos aportase alguna más, sobre todo para que pudiera plasmarse no solamente lo que nos ha explicado, sino para que tenga un impacto legislativo, que podamos ir un poquito más allá.
Siendo usted una abogada penalista experta en delitos de odio, me gustaría preguntarle cuáles cree que son los elementos que distinguen los discursos de odio que pueden perseguirse penalmente de los que no; es decir -según usted, y también
según la jurisprudencia-, dónde está el límite entre ambos y en qué necesitaríamos avanzar en ese sentido.
Nosotros no somos punitivistas, intentamos ser lo menos punitivistas posible, pero entendemos que es necesario establecer penas para esos discursos, y nos gustaría saber su opinión sobre la actual legislación, sobre las penas que se pueden
imponer ante un delito de odio. También, querríamos saber si usted entiende que hoy en día los recursos legales y de apoyo que existen para las víctimas de discursos de odio son efectivos, y, si no lo son, qué podríamos hacer para que sean más
efectivas esas herramientas de protección y de apoyo a las víctimas.
Por otro lado -esta es una pregunta adecuada para una abogada-, nos gustaría saber qué déficit ha detectado usted en la Administración de Justicia a la hora de acompañar y atender a las víctimas de discursos de odio. Creemos que es muy
importante conocer la realidad que se da en nuestros juzgados día a día, porque, si no la conocemos bien, difícilmente podremos modificarla y transformarla para mejor.
Le hago otra pregunta -basada en una opinión- sobre cuál es el papel que, según usted, juegan los estereotipos y los prejuicios -si es que juegan alguno- en la creación y difusión de los discursos de odio, y cómo cree que se pueden combatir
desde el punto de vista legal.
Tengo otra pregunta muy concreta, no solo referente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también a la Fiscalía y a la magistratura, y es si usted considera que los actores e instituciones involucradas en los procesos de
denuncia de discursos de odio están libres de prejuicio al abordar los casos, si tenemos un déficit de formación en ese ámbito que haya que afrontar. Nos gustaría conocer su opinión sobre todo esto, porque creemos que es importante.
También le quiero preguntar si considera que existen dificultades prácticas para investigar y enjuiciar los delitos de odio y cómo se pueden superar. Usted ha avanzado algunas que a mí me parece muy interesantes: la cuestión del desarrollo
de la responsabilidad corporativa, el control del algoritmo, que las empresas privadas se involucren en la lucha contra los discursos de odio, por tanto, el tema de la generación de delitos de odio en nuestra sociedad.
Por último, desearía saber si tiene usted alguna recomendación concreta para mejorar la legislación actual en materia de discursos de odio y hacerla más efectiva en la protección de las víctimas.
Le agradezco muchísimo su intervención. Ya he acabado, ya no tengo más preguntas -se las puedo pasar por escrito-. Es verdad que traía una batería de preguntas muy seguidas, porque para nosotros este tema, ahora mismo, es verdaderamente
crucial. Además, su última afirmación me ha llegado -iba a decir a la patata-, y es que las herramientas legales, aunque sean válidas, se están viendo desde una perspectiva muy antigua, muy alejada, pretecnológica. Me parece muy importante, y pone
en su lugar la realidad que muchas veces estamos viviendo.
Muchísimas gracias por su exposición y por sus futuras respuestas.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Rivera Arias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ZABALA: Gracias, presidenta.
En VOX creemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, un derecho que les permite opinar en público sin miedo, expresar su ideología en libertad y defenderse de los abusos del poder político sin ser
perseguidos por ello.
Como todo derecho, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, y nuestro ordenamiento jurídico establece límites a las calumnias, las injurias, las amenazas o a informaciones que pueden poner en peligro la privacidad de los
menores. Sin embargo, vemos con preocupación cómo desde el Gobierno se están impulsando límites a la libertad de expresión con criterios totalmente arbitrarios e ideológicos que más bien lo que tratan es de censurar a las personas que tienen
opiniones y convicciones ideológicas diferentes a las del Gobierno. Por eso, el Grupo Parlamentario VOX votó en contra de la creación de esta subcomisión, porque sabemos que el Grupo Socialista, los grupos separatistas y el Grupo Popular están
utilizando estas sesiones para normalizar la censura de las opiniones de millones de españoles. Lo hace mediante la exposición de sus invitados -como acaba de ocurrir-, y mediante las intervenciones de sus portavoces, donde repiten incansablemente
que hay que perseguir lo que ellos denominan discursos del odio.
Pero ¿qué son los discursos del odio para estos grupos? Millones de españoles piensan que el islam es incompatible con nuestros valores occidentales y nuestra manera de entender el mundo, la religión y la igualdad entre hombres y mujeres;
para los grupos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es discurso de odio. Millones de españoles piensan que la inmigración masiva que estamos sufriendo perjudica a nuestra seguridad, a nuestra economía y a nuestra identidad; para
los grupos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es discurso de odio. Millones de españoles piensan que los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados; para los grupos que han creado esta subcomisión, decir esto en
público es discurso de odio. Millones de españoles quieren prescindir del Ministerio de Igualdad porque saben que no protege a las mujeres; para los grupos que han creado esta subcomisión, decir esto en público es machismo y discurso de odio.
Los dueños de las plataformas de redes sociales han reconocido que el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea les obligaron a perjudicar la visibilidad de mensajes similares a los que acabo de citar; es decir, han reconocido que,
durante años, millones de ciudadanos han sido censurados; es decir, el algoritmo que ha citado usted durante muchos años ha dado más visibilidad a las ideas progresistas. ¿Qué está ocurriendo ahora? Los dueños de Meta y de X han anunciado que
devolverán la libertad de expresión a sus usuarios, algo que está provocando que los Gobiernos progresistas que aún están en el poder, como es el caso de España, quieran perseguir de nuevo la libertad de expresión en las plataformas de redes
sociales.
Pedro Sánchez ha anunciado que perseguirá a las personas que difundan desinformación en las redes sociales, pero ¿qué es la desinformación para este Gobierno? Hace años, decir que los jóvenes no iban a tener posibilidad de tener un hogar,
ni siquiera cobrando el salario mínimo, como sí pudieron hacer sus padres, era populismo y desinformación, hoy es ya una realidad. Hace años, hablar de sustitución demográfica era hablar de una conspiración de la extrema derecha y una
desinformación, hoy es ya una realidad. Hace unos años, hablar de que algunas españolas podrían ser obligadas por sus parejas a llevar velo o a no comer jamón era islamofobia y una desinformación, y hoy es ya una realidad.
Nos gustaría preguntarle a la compareciente qué le parecen los delitos sexuales que se están cometiendo en nuestro país. Le voy a dar un dato que ha salido publicado hoy: las denuncias por violación han aumentado un 500 % durante la última
década en el País Vasco, seis a la semana. Y, según la Fiscalía
en Vizcaya, el 64 % de los detenidos por delitos sexuales son extranjeros; y las violaciones en los centros de menas crecen un 93 %.
En VOX nunca nos cansaremos de decir la verdad. Afortunadamente, hoy vemos cómo la verdad se abre camino en todo el mundo, y, por eso, ustedes cada vez están más nerviosos y, por eso, quieren acabar con la libertad de expresión. Prueba de
ello es la intervención que acabamos de escuchar de la persona que ha sido invitada por Bildu a esta sesión. Y, aprovechando su presencia, nos gustaría conocer si usted considera que en el País Vasco existe libertad de expresión para aquellos
españoles que defienden la unidad de España; es decir, si los españoles que defienden los valores constitucionales y la unidad de España lo pueden hacer en libertad sin sufrir amenazas ni agresiones físicas o verbales.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Otero Rodríguez.
La señora OTERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días.
Muchas gracias, señora Serra, por venir hoy a esta sesión de la subcomisión contra los discursos de odio tan necesaria, porque creamos esta subcomisión para analizar las causas, para ver la evolución de estos discursos de odio y, desde
luego, también para ver cuáles serían las medidas que podríamos implementar para luchar contra estos discursos de odio; y vemos incluso en esta Cámara que es tan necesario después de la intervención del representante de VOX. Llevamos escuchando
perlitas -permítanme la expresión- toda la mañana por parte de VOX: que estamos obsesionadas por conseguir la paridad, la matraca de la brecha salarial -estoy haciendo referencia a la anterior intervención de la representante de Comisiones
Obreras-; y ahora nos están atacando diciendo que queremos perseguir la libertad de expresión; algo de lo que también la están acusando a usted. También vuelven con sus perlitas de equiparar esos delitos sexuales y dicen que los cometen los
extranjeros. Aquí estamos siempre con el discurso de VOX. (La señora vicepresidenta, Boada Danés, ocupa la Presidencia).
Su exposición no ha podido ser más clara, además dada su experiencia jurídica. Agradecemos las ideas que ha avanzado, sobre todo en tema de herramientas legales. Yo no le voy a plantear muchas preguntas porque la compañera de SUMAR
prácticamente ya las ha formulado todas, y yo las doy por reproducidas.
Uno de los mensajes que usted ha lanzado ha sido que nosotros como representantes políticos, como diputados y diputadas de esta Cámara, tenemos la capacidad de ser altavoces de muchas de las cosas que aquí se dicen y corremos el riesgo -es
verdad, lo tengo que decir-, con la extrema derecha aquí, en estas instituciones, de que ellos vayan expandiendo esos discursos de odio, que son la antesala de lo que después son los delitos de odio. Desde luego, tenemos la responsabilidad de
intentar, como representantes políticos, que esto no se dé. Tenemos una responsabilidad también con la sociedad para luchar contra la incitación al odio y a la intolerancia, y vemos cómo cada vez más -no solo aquí, en nuestro país, sino en el
mundo- el auge de la extrema derecha está creando las situaciones que hoy vivimos.
Asimismo, me parece muy importante algo que ha dicho usted y que conoce sobre todo por su experiencia, que es la necesidad también de arropar a las víctimas en esos procesos judiciales, que son tan difíciles para ellas. Hablábamos antes
también del tema de la infradenuncia, por ejemplo, en el ámbito laboral; mucha gente no puede dar ese paso para denunciar. Debemos, y es obligación de todos y todas, acompañarlas en esos procesos. Me parece fundamental lo que usted decía de
arropar a las víctimas, de que sean también las propias asociaciones y las instituciones las que las acompañen en este duro camino. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Es verdad que ahora los discursos de odio se mantienen en otras plataformas, en otros ámbitos que no son los que anteriormente a lo mejor recogía nuestra propia normativa. Usted hablaba, por ejemplo, del tema de la LECrim y de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y yo quería preguntarle también, en ese sentido, cuáles cree usted que son las propuestas normativas que ayudarían a acompañar a estas víctimas, a apoyarlas; que mejorarían, en definitiva, este largo camino que
tienen que recorrer cuando deciden denunciar. En resumen, usted hoy ha hecho su intervención poniendo en el eje central sobre todo el elemento tecnológico, que es en el que ahora estamos viendo que mayoritariamente -no digo que única, pero
mayoritariamente- se desarrollan estos discursos de odio. Con sus respuestas a algunas de las preguntas de SUMAR, nos daremos por contestadas en el Grupo Socialista.
Le quiero agradecer de nuevo la intervención que ha tenido hoy en esta Cámara, porque es tan necesaria en estos momentos y, sobre todo, porque la ha focalizado en algo en lo que nos queda mucho
por trabajar, que es algo nuevo. Y otra cuestión que me parece fundamental es lo que usted señalaba sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas, cómo la responsabilidad de las empresas se ha ido desarrollando en otros ámbitos y
creemos muy necesario que las tecnológicas la asuman también. No es normal que en el año 2025 no se dé una rendición de cuentas por parte de estas empresas de lo que están haciendo y de lo que permiten.
Por lo tanto, una vez más, en el Grupo Parlamentario Socialista queremos agradecérselo. Es trabajo de todos y todas fomentar que los discursos de odio no se propaguen y que no sean la antesala de los delitos de odio.
Por mi parte, nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Otero.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Acedo Reyes.
La señora ACEDO REYES: Gracias, señora presidente.
Muy buenos días, señora Serra. Bienvenida a la sesión de esta subcomisión que creamos en el marco de la Comisión de Igualdad precisamente para elaborar un informe que pueda servir en la toma de decisiones para luchar contra los discursos de
odio. Quiero agradecerle especialmente el tono y el contenido de su exposición, porque permite que podamos cumplir con el objetivo para el que fuimos convocados. Esto es lo que se espera de una compareciente, y yo quiero agradecérselo
especialmente en nombre de mi grupo parlamentario.
Como usted es penalista y viene trabajando en este ámbito -como también ha demostrado en su exposición-, nos gustaría conocer, desde el punto de vista jurídico, en qué medida cree usted que el derecho penal debe intervenir en los discursos
de odio, sin que se produzca una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Porque dibujar ese límite es normalmente una complicación para los que somos juristas a la hora de determinar cuándo se produce un peligro real, más aún ahora con
la incorporación de las redes sociales -como ha dicho usted, en el ámbito tecnológico- a nuestra vida diaria, ya que están siendo un espacio de cierta impunidad, en la medida en que no siempre se conoce la identidad de quien pronuncia, escribe o
promueve ese discurso de odio, y también por cuestiones de jurisdicción y de regulación tecnológica.
Los delitos de odio normalmente vienen precedidos por discursos tendentes al señalamiento e incitación a la violencia. Por ello, me gustaría conocer su opinión sobre cómo podemos garantizar la proporcionalidad de la intervención legal para
que no límite indebidamente la libertad de expresión.
¿Y cómo definimos el odio de forma objetiva para que no nos lleve a interpretaciones arbitrarias? Creo que ahí está en gran parte la clave, porque convendrá conmigo en que cuando todo es discurso de odio, nada es discurso de odio y
merecedor de una atención especial. En nuestro grupo parlamentario consideramos que esa tendencia es preocupante y no puede ir condicionada por modas. Tampoco podemos caer en la tentación de usar abusivamente el discurso de odio para censurar la
crítica política, y usted también se ha referido a ello. De ahí la importancia de los límites. La política no deja de ser el reflejo de la sociedad que tenemos. ¿Qué correlación cree que tienen determinados discursos políticos con la comisión de
delitos de odio? ¿Hay una correlación directa?
Por otro lado, me gustaría saber su opinión como jurista sobre la propuesta que está defendiendo el Gobierno de España de eliminar la acusación particular y qué afectación práctica pudiera tener esto en los delitos contra las mujeres, en la
violencia machista. Respecto al agravante de género en los discursos de odio, ¿por qué considera que no se pondera?, porque, como ha dicho, afecta a la mitad de la población española.
Con respecto a la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia en la era tecnológica -a la que ha hecho referencia-, ¿permitiría ser más efectivos a la hora de perseguir y juzgar los delitos de odio? ¿La dificultad
procesal a la que ahora se somete a la víctima desincentiva la denuncia? Me gustaría que profundizarse algo más en este sentido, así como conocer si hay alguna propuesta al respecto.
Más allá de la vía penal, señora Serra, me consta que viene trabajando en un ámbito concreto y defiende medidas preventivas y educativas para combatir el discurso de odio. También forman parte de la clave. Aparte de la vía penal, la
educación y la prevención son básicas. Los colegios e institutos son espacios donde el señalamiento, odiar a otro compañero por el hecho de considerarlo diferente, y también, en muchas ocasiones o en su mayoría, por el desconocimiento o la falta de
madurez del menor, claramente puede derivar en consecuencias irreversibles. ¿Cree que se hace lo suficiente en este sentido en nuestro
país? ¿Hasta qué punto hay una verdadera sensibilización y qué más considera usted que se podría hacer en este sentido?
Y, ya por último, me gustaría que nos trasladase su punto de vista, por su experiencia laboral, sobre si ha detectado un incremento de los discursos de odio en nuestro país o si considera que siempre han existido en la medida actual y, al
haber una mayor sensibilización por parte de la sociedad, hay más denuncias. ¿Cree que se trabaja bien en este sentido en nuestro país? ¿Qué propondría concretamente a esta subcomisión? ¿Y dónde hay poco estudiado y trabajado y es ahí donde
deberíamos dirigir nuestros trabajos?
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Acedo Reyes.
Ahora, para contestar a las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra nuevamente la señora Serra Perelló.
Ya sé que solo tiene diez minutos y le han planteado muchísimas preguntas muy productivas y muy interesantes para esta subcomisión, pero le rogaría que conteste por e-mail a los grupos sobre las que no le dé tiempo, porque para nosotros será
muy interesante.
La señora SERRA PERELLÓ (abogada penalista experta en delitos de odio): Voy a intentar dar respuesta a las preguntas que se me han formulado, muy atinadas la mayoría de ellas, aunque supongo que no pretenderían que yo resolviera la
problemática de los discursos de odio en diez minutos en esta sala. Dicho esto, con humildad, voy a intentar agrupar las cuestiones que me han sido formuladas.
En primer lugar, abordando los límites entre la libertad de expresión, la censura que se manifestaba, la proporcionalidad y demás, tengo que decir que tenemos mucho recorrido, en el sentido de que hace muchos años que el Constitucional, el
Supremo y Estrasburgo han venido dando una serie de pautas. Efectivamente, el límite siempre va a ser casuístico, pero que sea casuístico no quiere decir que no haya unos criterios objetivos que conocemos plenamente y que de hecho se están
aplicando en los tribunales cada día. Permítanme dar una respuesta más amplia.
Hoy en día, el porcentaje de discursos de incitación al odio que acaban judicializándose -esto es estadística casera, eh- debe de ser de un 0,00001 %. Es decir, si tuviéramos que hacer un diagnóstico, diría que el problema no está en si
ponemos la frontera en unos decibelios o en otros, sino que el problema es que está habiendo una impunidad total. Entonces, daré respuesta a su pregunta sobre dónde poner este límite, pero preocupémonos también del fenómeno de la prácticamente
total impunidad. Como decía, está Estrasburgo, la ECRI, la OHCHR, hay unos estándares internacionales que hace muchos años que han venido trabajando, también está el Plan de Acción de Rabat. Es decir, hay una serie de referencias consolidadas que
tienen en cuenta el contexto social y político, que tienen que ver con el hecho de si la persona atacada forma parte de un colectivo vulnerabilizado estructuralmente, con el potencial del emisor, con el tipo de lenguaje, con la propagación del
discurso y con términos democráticos. Al final, Estrasburgo tiene unos criterios muy claros y determina que para censurar y restringir la libertad de expresión tiene que haber, primero, una previsión legal; segundo, que esa previsión legal tiene
que perseguir un objetivo legítimo; tercero, tiene que haber -evidentemente- proporcionalidad, donde la vía penal -luego me referiré a ello- está reservada para los casos más extremos; y, cuarto, hay un último criterio acuñado por Estrasburgo, que
todo el mundo olvida, pero que es de los más potentes en términos democráticos, y es que, al final, cuando se dilucida un contenido concreto, hay que pensar en términos generales no solo en la persona víctima concreta, sino en términos democráticos,
ver si censurar ese contenido aporta derechos o resta derechos. Si la ecuación es que censurar ese contenido aporta, fomenta o expande derechos no solo por la cuestión victimológica de esa persona, sino en términos generales, ese contenido tiene
que ser respetado. Estamos hablando del nivel macro, pero aterrizando al nivel micro es una ecuación compleja, aunque la estamos haciendo cada día en los tribunales. Si lo podemos hacer nosotras y lo puede hacer la fiscalía de delitos de odio...
Me explico, a veces se generan interrogantes sobre una cuestión que, insisto, venimos resolviendo cada día en los tribunales.
Asimismo, efectivamente, hay que tener en cuenta que en el fondo también hay una cuestión de modelo. En Estados Unidos hay una visión liberal, donde la libertad de expresión se considera que es el libre mercado de las ideas y se considera
que todo el mundo tiene altavoz y tiene la capacidad de decir una cosa, y tu idea se contrarresta con la mía, etcétera. Esta es una óptica liberal. En la óptica europea, evidentemente el enfoque es otro y se tiene muy claro que la libertad de
expresión es una cuestión de poder social, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de altavoz y no todo el mundo tiene la
capacidad de contrarrestar discursos. Es decir, puede que un determinado discurso ataque al colectivo trans, y el colectivo trans no está en la misma posición social ni tiene la misma capacidad de altavoz que, por ejemplo, un grupo político
o un sector social que en términos de estructura esté situado en un lugar muy diferente. Por tanto, hay que tener en cuenta que precisamente los discursos de odio ya atacan a quien tiene menos capacidad de contrarrespuesta.
Aquí voy a retomar el hecho de la intervención del derecho penal. Ya se aplica el principio de intervención mínima del derecho penal en cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión. Ya se aplica, se ha aplicado siempre. Es
manifiestamente falso que exista una censura expansiva de contenidos. Es absolutamente al revés, hay una impunidad general a nivel de contenidos, porque no se denuncia, porque las plataformas no atienden y también -no nos engañemos- porque los
contenidos de odio tienen un calado tan enorme que ni el Estado español ni los cuerpos policiales ni la fiscalía ni las entidades tenemos ahora mismo una red capaz de capturar tantos peces en el mar.
Para responder a las cuestiones planteadas por VOX a nivel de límites, de ponderación, hay que tener en cuenta -y esto lo dicen los estándares internacionales, no es cosecha mía- que dentro de los discursos de incitación al odio hay unos
discursos intolerantes que tienen que ser respetados en el libre juego democrático, hay otro tramo que son discursos que pueden o deben ser abordados desde la jurisdicción civil o desde la legislación antidiscriminatoria que tenemos a nivel estatal
y también a nivel autonómico, y hay una vía penal reservada para los casos más extremos. Entonces, para dar una última pincelada sobre estos decibelios y la ponderación, hay que tener en cuenta que la Fiscalía y, por ejemplo, en Cataluña, los
Mossos d'Esquadra ya tienen todos los ítems para valorar discursos y ver qué queda dentro y qué queda fuera a nivel de reincidencia de contenidos y del tipo de lenguaje, si este es explícito o es menos explícito. O sea, para que nos entendamos,
esto ya está funcionando.
Otra cosa es que la problemática mayor que tenemos hoy en día es que no se hace denuncia de estos contenidos, y también -y aquí retomo la intervención del Grupo Socialista- que la colaboración de las plataformas es prácticamente nula -de
todas las plataformas, no de unas sí y de otras no-, y tenemos procedimientos muy serios y muy graves en los que las empresas tecnológicas, a requerimiento judicial, no aportan los datos. Aquí permítanme que aproveche para hacer una cierta crítica,
porque cuando se ha aprobado la DSA, la ley de servicios digitales a nivel europeo -que evidentemente celebro que exista-, dentro de las obligaciones contraídas por las plataformas, hay una que brilla por su ausencia, y es la colaboración con las
investigaciones judiciales no solo del Estado español, sino de todos los Estados miembros. Esto es relevante.
Por ejemplo, en Cataluña hace tiempo que estamos interpelando y trabajando para fomentar el uso de la legislación administrativa, las infracciones administrativas son una herramienta potente. Además, estos procedimientos incorporan también
otros espacios en que no solo puede intervenir la víctima directamente agraviada, sino también las entidades, y se puede hacer trabajo de justicia restaurativa o incluso, en determinados casos, una resolución alternativa de conflictos, porque es
evidente que habrá casos que sean tremendamente claros y habrá otros que no lo sean. Insisto, no es solo una cuestión de barómetro, sino que los delitos de odio deben tener en cuenta que hay una realidad social en la que a veces interactúan ejes de
opresión. Voy a poner un ejemplo claro, me lo invento: ¿qué pasa cuando un señor de origen marroquí de alguna manera emite un discurso de odio contra una mujer trans o una mujer trans emite un discurso de odio contra una señora negra? Esto
también sucede. Por lo tanto, no tenemos solo que analizar los discursos de incitación al odio desde ejes de poder, de infrapoder o de estatus social, que son la mayoría, porque también hay otros casos tremendamente complejos que tenemos que
dirimir cada día en los tribunales.
En relación con propuestas -se me preguntaba sobre jurisprudencia, cuerpos policiales y demás-, es evidente que la formación siempre es necesaria con carácter permanente, porque, efectivamente, tenemos una fiscalía de delitos de odio
absolutamente pro, puntera y que sin duda destaca a nivel internacional, pero la fiscalía también se encuentra con juzgados a lo largo del territorio que no comprenden, que no quieren comprender, que siguen minusvalorando o que siguen ofreciendo una
respuesta inadecuada. Entonces, como decía, junto con la falta de colaboración de las plataformas tenemos una situación muy precaria a nivel de respuesta judicial. La legislación es adecuada, hay elementos del Código Penal que evidentemente yo
mejoraría, como por ejemplo la horquilla de inhabilitación profesional asociada al 510 del Código Penal, que es un elemento que dificulta enormemente en términos prácticos la aplicación y la gestión de estos procedimientos, pero esto ya está
recogido
también en las propuestas legislativas de la fiscalía de delitos de odio, y me consta reiteradamente a lo largo de los años, por lo que no es cosecha propia.
Frente a ello está la prácticamente imposibilidad de enjuiciar los ataques colectivos a los que antes me he referido. Yo ya estoy trabajando en una propuesta, porque no se trata solo de denunciar o de poner de relieve carencias, sino de
hacer una propuesta solvente desde la práctica jurídica para modificar algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Insisto, al final el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal son las herramientas, pero lo que resuelve -y eso
pasa con violencia de género y con todo en general- es la cultura judicial, porque si con las herramientas que tenemos la judicatura -y, sobre todo, los altos tribunales que marcan línea- interpreta de una manera adecuada y adaptada a los tiempos
estos enunciados legales, podemos tener resultados positivos ya con lo que tenemos. Lo digo porque sistemáticamente, cuando hago comparecencias en parlamentos autonómicos o aquí, en el Congreso, se me pregunta qué modificaría de la ley. Vuelvo a
decir que siempre podemos modificar la legislación, pero la cultura jurídica es la que determina esta resolución.
Voy terminando. Dentro de la cultura jurídica entran todos los operadores jurídicos. Si una persona se acerca a una comisaría y no recibe un trato amable a lo mejor esa persona se va a ir, y esa persona va a hablar con su vecina y se
disuade la denuncia. Si cuando esa persona, al final, ha traspasado el umbral de la comisaria y de la denuncia y es evaluada por un médico o médica forense y no sabe comprender la magnitud del impacto de esa violencia en su realidad, esa persona
puede abandonar el procedimiento judicial; o frente a hechos que puedan ser muy graves, a lo mejor la compensación económica va a ser de 500 euros. Ya sabemos lo que no funciona en todos los eslabones de la cadena, porque trabajamos cada día en
los tribunales. Responder a esto en diez minutos es complejo, pero hacer un diagnóstico de qué es lo que no está funcionando a nivel jurídico lo puede hacer cualquier persona que tenga una práctica jurídica arraigada. Insisto, entidades como la
FELGTBI+, SOS Racismo, Secretariado Gitano, todas tienen su cuerpo de abogados y abogadas que pisan cada día los tribunales. Si nos pusieran a todas juntas en una sala y nos dieran dos horas para hacer un diagnóstico, les aseguro que el diagnóstico
sería consensuado, de común acuerdo y apuntaríamos a las mismas fallas en general.
Por lo tanto, cultura jurídica y un mensaje institucional. Vuelvo a lo que me refería antes, no tenemos que poner los límites y estar discutiendo si esto es legal o ilegal, tenemos que apelar a la responsabilidad discursiva. El límite de
los discursos no lo tiene que poner solo la fiscalía de delitos de odio o una resolución judicial, estamos hablando de una cultura democrática en la que la expresión de las ideas, incluso en los disensos, tenga un apego a pensar que hay otras
personas sobre las que esta manera de expresar las ideas va a tener un impacto muy grave, y en la mayoría de los casos se va a poder decir lo mismo de otra forma menos lesiva.
Insisto, podemos estar hablando de jurisprudencia, de tribunales, pero creo -permítanme la franqueza- que una responsabilidad muy importante está en los parlamentos y en quienes tienen esta capacidad de altavoz porque, al final, en la manera
de abordar cuestiones medioambientales, violencia de género, migración, etcétera, etcétera, siempre se van a poder expresar las ideas formulándolas de manera que se tengan en cuenta los impactos que van a tener. Antes se me preguntaba, entre otras
cuestiones, si el tipo de discursos tiene un efecto práctico en la calle. Efectivamente, puede haber un efecto legitimante de determinados discursos. Estoy hablando de personas referentes, y dentro de las personas referentes podemos hablar de
diputados y diputadas, pero podemos hablar también de youtubers, podemos hablar de cargos eclesiásticos o podemos hablar también de líderes sindicales. Las personas que tienen una capacidad de altavoz, y que intervienen como auténticos agentes
sociales en la sociedad, tienen que tener esta responsabilidad, porque delegarlo todo a lo que es legal, lo que no es legal y estos decibelios de la censura... Insisto, la intervención legal es un porcentaje nimio, hay que abordar por la
prevención, pero eso sucede como con cualquier violencia. La violencia de género, los delitos de odio y la violencia sexual, en todas -y podemos predicar esta misma conclusión-, la prevención y la cultura social son las que determinan si se cometen
estos delitos o no.
Permítanme medio segundo. Repasaré que no haya ningún elemento especialmente relevante que haya quedado sin responder. Sí, desde el Grupo Popular se me pregunta específicamente por la figura de la acusación popular. Evidentemente, la
acusación popular es una figura de la que se ha hecho a menudo un mal uso en este país, pero es una figura contemplada desde la Constitución, con un arraigo democrático innegable e, insisto, en violencia de género y delitos de odio ha sido un
vehículo excepcionalmente relevante para apoyar a las víctimas y que se consiguieran precedentes jurídicos que han cambiado el rumbo del derecho en cuanto a delitos de odio. Yo misma he actuado como acusación popular en
procedimientos relevantes, algunas veces defendiendo a víctimas y otras como acusación popular, y sí, hay que realizar una reflexión general, porque para todas las víctimas de violencias de distinto orden atravesar solas los procedimientos
es muy duro. Al final, el mensaje institucional que conlleva el decir que esto es importante, que estamos destinando recursos para ello tiene efecto. Por ejemplo, recuerdo el procedimiento del 'pilla-pilla' en Cataluña, con un grupo que hacía
emboscadas a personas homosexuales. Voy terminando. Que en ese momento estuviéramos la representación de las víctimas, la representación de todas las entidades LGTBI del Estado español, junto con la fiscalía de delitos de odio, generó un mensaje
social tremendo. Eso fue tremendamente reparador para las víctimas y para todo el colectivo, porque eso estaba siendo importante, estábamos trabajando codo a codo, e incluso tiene mucho más valor que el fallo del procedimiento judicial, que
evidentemente fue un proceso exitoso. En un momento en el que muchas víctimas se sienten cuestionadas, se sienten que no son importantes para sus representantes políticos, y de colisión de ideas, de confrontación y de tensión social -perdón, que
estoy pisando el tiempo de otra compareciente, termino ya-, cuanto más respaldo institucional haya cuando alguien es agredido en términos discursivos, menos necesario es judicializar ese contenido. Ahí es cuando socialmente hay que tener una
posición, y no solo de las entidades, sino de todas las instituciones. Si esa víctima se siente respaldada y siente que ese discurso está siendo confrontado, porque ella no tiene el poder discursivo de hacerlo, probablemente el derecho penal
seguirá cumpliendo su función de última ratio.
Espero haber dado respuesta a todas las preguntas. Termino aquí y lo dicho: si quieren ampliar para propuestas prácticas, nos convocan a todos los letrados y letradas que trabajamos en discursos de incitación al odio, nos ponen una sala y
produciremos resultados rápido.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Laia Serra Perelló, abogada penalista experta en delitos de odio. Le tengo que decir, por las caras de sus señorías, que de verdad hemos aprendido muchísimo. Muy agradecida. (Pausa).
- DE LA SEÑORA MARTÍN GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA ESTATAL DE VIH Y SIDA, CESIDA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD. (Número de expediente 219/000265).
La señora PRESIDENTA: La tercera compareciente del día de hoy es doña María del Carmen Martín García, representante de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA. Le damos la bienvenida, señora Martín García, a quien agradecemos hoy
aquí su presencia. La palabra es suya por un tiempo de quince minutos.
Muchas gracias.
La señora MARTÍN GARCÍA (representante de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA): Muchas gracias.
Muy buenos días.
En primer lugar, agradezco en nombre de CESIDA la oportunidad de comparecer ante ustedes para abordar los discursos de odio relacionados con el estado serológico que sufrimos las personas que vivimos con VIH.
La pandemia del VIH, sin duda, ha estado marcada desde los inicios por el estigma, la desinformación y la discriminación. En las características de los discursos de odio se presentan las personas como una amenaza, se las desacredita y se
las deshumaniza, lo que ha marcado notablemente la respuesta al VIH, al sida y a nuestras vidas. Hemos sido percibidas como amenaza y se nos ha desacreditado, juzgado y deshumanizado. En nuestro país se estima que en torno a unas 150 000 personas
vivimos con VIH, y muchas de nosotras a menudo enfrentamos múltiples formas de discriminación. Esta discriminación puede estar basada en la identidad o en la orientación sexual, y en muchos casos el estado serológico se utiliza como un agravante
adicional.
Muchas personas con VIH pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, que ya enfrentan un alto nivel de estigmatización y discriminación en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, el educativo y el sanitario. La combinación de la identidad sexual y
el estado serológico puede aumentar significativamente la discriminación. Por ejemplo, las mujeres transexuales que viven con VIH enfrentan una serie de desafíos interseccionales. Estas mujeres pueden vivir experiencias de violencia, estigma y
discriminación que afectan a su salud mental y física; además, muchas de ellas enfrentan dificultades de acceso al sistema
sanitario y a una atención médica adecuada. Sabemos que la discriminación múltiple es una realidad para muchas mujeres de la comunidad con VIH y que, además, se enfrentan a discursos de xenofobia, transfobia, lesbofobia y serofobia.
También los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que viven con VIH enfrentan actitudes homofóbicas y serofóbicas simultáneamente. En definitiva, la comunidad se enfrenta a diferentes formas de estigmatización que afectan
notablemente a su salud física y mental.
Los avances científicos en el tratamiento del VIH han logrado que más del 90 % de las personas que viven con VIH hayan alcanzado la indetectabilidad, y con esto no pueden transmitir el VIH a otras personas, ni en una exposición accidental,
ni incluso en las relaciones sexuales no protegidas. Pues bien, todavía se reproducen mensajes estigmatizantes hacia las personas que vivimos con VIH y se siguen perpetuando falsas creencias con respecto a la transmisión, culpando a las personas
afectadas. Este estigma supone además una barrera para la prevención y para el diagnóstico de nuevas infecciones.
Muchas personas evitan hacerse la prueba del VIH o buscar información sobre prevención por temor a ser juzgadas y estigmatizadas. El miedo a etiquetas impide que las personas tomen medidas preventivas. Temer recibir un diagnóstico positivo
puede evitar hacer la prueba del VIH ante el riesgo de ser rechazados por su entorno. La discriminación en el ámbito laboral y social puede llevar a la exclusión y al aislamiento, lo que disuade a las personas de buscar atención médica. El estigma
asociado al VIH puede llevar a altos niveles de ansiedad y depresión; este impacto en la salud mental puede hacer que las personas evitemos pensar en la salud sexual y, por ende, no tomemos medidas para prevenir la transmisión o hacernos pruebas
diagnósticas. El estigma también perpetúa la desinformación, dificulta hablar abiertamente sobre el VIH y aprender sobre sus métodos de prevención y tratamiento; esto crea un ciclo en el que la falta de conocimiento y de rigor aumenta el miedo y
el prejuicio, y favorece el odio y el rechazo.
No podemos avanzar en los derechos de las personas que vivimos con VIH mientras en nuestra sociedad se siga utilizando el término 'sidosa' como forma de violencia. Además, el VIH y la violencia de género están estrechamente relacionados y
afectan de manera significativa a las mujeres que vivimos con VIH, que tenemos un 50 % más de probabilidades de sufrir violencia de género en comparación con aquellas que no tienen el virus. Esta violencia puede ser física, psicológica o sexual, y
agrava las consecuencias de ambas problemáticas. Muchas mujeres con VIH, además, reciben el diagnóstico cuando su sistema inmunológico ya está gravemente comprometido porque sufrimos un importante retraso diagnóstico. Además, las mujeres con VIH
tenemos un riesgo 3,45 veces mayor de desarrollar problemas de salud mental tras el diagnóstico; además, la violencia de género contribuye significativamente a este riesgo, afectando a nuestro bienestar emocional y psicológico. Además, las mujeres
migrantes con VIH a menudo enfrentan barreras adicionales debido a su estatus migratorio; esto puede incluir dificultades para acceder a servicios de salud, empleo y vivienda, así como el miedo a la deportación, y en muchos casos son víctimas de
explotación laboral.
Algunas personas que viven con VIH internalizan el estigma y se excluyen de situaciones sociales donde podrían recibir apoyo y atención adecuada. El hecho de vivir con VIH añade una capa adicional de estigmatización y discriminación.
Muchas personas con VIH enfrentan prejuicios y suposiciones erróneas sobre su propio comportamiento y su propia salud. La combinación de estos factores de discriminación puede tener un impacto profundo en la salud mental y en el bienestar social de
las personas que viven con VIH. La ansiedad, la depresión y el aislamiento social son comunes entre aquellos que experimentan múltiples formas de discriminación. El miedo puede llevar a algunas personas a evitar buscar atención médica y ocultar el
estado serológico, lo que puede afectar negativamente a su salud y a su calidad de vida. El estigma hace que la población no sea tratada con dignidad y respeto, y que se vulneren los derechos humanos. En definitiva, el miedo y la ignorancia acerca
del VIH y los modos de transmisión del virus o los prejuicios y tabúes en torno a la sexualidad y los hábitos de vida de aquellas personas que son percibidos como diferentes o inferiores son algunos de los mimbres con los que se entretejen el
estigma, la discriminación y el odio alrededor del VIH.
Combatir el estigma es fundamental para mejorar los esfuerzos de prevención y diagnóstico de VIH. La educación pública, la sensibilización, la promoción de actitudes inclusivas de defensa de derechos de apoyo son esenciales para romper
estas barreras. Porque, además, también las personas con VIH en el ámbito sanitario muchas veces percibimos un trato diferente o ser objeto de prácticas discriminatorias como la evitación del contacto físico o la toma de precauciones innecesarias.
Es crucial implementar políticas que aborden de manera integral la discriminación múltiple que enfrentan las personas con VIH; esto incluye la educación, la sensibilización pública, la promoción de estos marcos legales que protejan a
las personas contra la discriminación por situación de género, origen, identidad, orientación sexual, estado serológico. Debemos abordar específicamente los prejuicios y estigmas asociados a las personas con VIH que, como hemos expuesto, es
diversa, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa, y no podemos seguir normalizando actitudes discriminatorias en las instituciones ni compartirlas en los medios de comunicación, ya que fomentan la estigmatización y el rechazo generando
un impacto negativo en la vida y en el bienestar de toda la ciudadanía.
La existencia de grupos neonazis que vociferan proclamas como 'Fuera sidosos y maricas de Madrid', en pleno barrio de Chueca, evidencia cómo el discurso de odio en todas sus formas se materializa en forma de violencia verbal. No podemos
olvidar que el discurso de odio es la antesala del delito de odio.
Quería terminar con una frase de Reyes Velayos en unas declaraciones, precisamente, tras estas proclamas: 'Desde CESIDA vamos a trabajar sin descanso para promover la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad de la persona y el
respeto de los derechos fundamentales, que son los valores recogidos en nuestra Constitución, para crear una sociedad más inclusiva, libre de violencia y discriminación'.
Pedimos a todos los partidos -a todos, sin excepción- que asuman su responsabilidad y condenen de una forma contundente cualquier forma de violencia o discurso de odio dirigido hacia cualquier persona con discapacidad, pobre, migrante,
homosexual, transexual, lesbiana, VIH, y necesitamos educar para erradicar estos discursos de nuestra sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señora Martín García, por la exposición.
Seguidamente tienen la palabra las y los portavoces de los grupos parlamentarios, como saben ustedes, de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, la señora Rivera Arias.
La señora RIVERA ARIAS: Muy buenos días.
Bienvenida, señora Martín García. Es un gusto haberla escuchado y yo quiero empezar situando que usted representa a CESIDA, que es la entidad más representativa de todo el movimiento ciudadano de VIH y sida en el Estado español, que
aglutina setenta y seis entidades que representan a más de ciento veinte organizaciones de todo el territorio español, y llevan ya veintitrés años funcionando y trabajando en defensa de la dignidad de las personas con VIH.
Primero de todo, queremos darle la bienvenida. La hemos escuchado muy atentamente. Ha sido muy interesante su exposición. Y yo traigo aquí preparadas unas cuantas preguntas. Empiezo por la primera. Hemos visto que, según el último
informe sobre evolución de delitos de odio, en 2023 aumentaron los delitos e incidentes de odio registrados en España, excepto los relacionados con la discriminación por enfermedad, que se mantuvieron sin cambios. Sin embargo, creemos que esto no
implica necesariamente que los discursos de odio hacia personas con VIH o con otras enfermedades no hayan variado. De hecho, el informe 'Discurso de Odio por LGTBI-fobia y serofobia en redes sociales' del colectivo Lambda, que también se realizó
con datos de 2023, concluyó que el 7 % del discurso de odio estaba dirigido a personas con VIH, lo que indica que la serofobia está cogiendo fuerza en redes sociales. ¿Vosotros habéis notado como entidad un aumento, una disminución o creéis que se
han mantenido igual esos discursos de odio dirigidos a personas con VIH?
Es verdad que hay cierto discurso de odio que muchas veces se da más en el ámbito digital, a través de las redes sociales, en Internet, más que en la calle o presencial. También nos gustaría saber si en el caso de las personas afectadas por
VIH realmente perciben mayores discursos de odio o mayor odio de manera presencial o a través de redes sociales. Yo creo que ha quedado claro que esos discursos de odio sí que afectan a la vida y a la calidad de vida de las personas que lo están
sufriendo, pero nos gustaría saber cuáles cree usted y su entidad que son las principales repercusiones que los discursos de odio tienen en las personas con VIH o sida.
Ha hablado usted mucho de los estereotipos y la estigmatización, y está claro que esos discursos de odio lo que hacen es reforzar esos estereotipos. Nos gustaría saber si ustedes conocen casos en los que los discursos de odio han
dificultado a las personas con sida que consigan empleo, que establezcan relaciones sociales y -eso sí lo ha dicho- la dificultad para el contacto físico por los prejuicios y la ignorancia. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para combatir esa
ignorancia y todos esos estereotipos que estigmatizan a personas que, al fin y al cabo, simplemente están enfermas?
¿Dónde creen ustedes que se originan estos discursos de odio? ¿Creen que es a través de redes sociales, que son los medios de comunicación, que somos las políticas y los políticos lo que lo hacemos, si es el ámbito religioso? ¿Dónde cree
usted que coge más fuerza el nacimiento de esos discursos de odio que tanto afecta a las personas afectadas por sida?
También, en el caso concreto del VIH, ¿tienen ustedes propuestas de qué medidas se deberían tomar para combatir esos discursos de odio que están sufriendo? Y nos gustaría saber cuál ha sido su trabajo, si han realizado algún tipo de trabajo
como organización desde CESIDA para desmontar los discursos de odio y poder denunciarlos. ¿Y qué recursos y herramientas les tendríamos que proporcionar, como legisladoras que somos, para que la lucha contra esos discursos de odio sea más útil? Y
ya, por último, en el mismo sentido: ¿qué tipo de apoyo o recursos adicionales creen ustedes que serían útiles para las personas con VIH que han sido afectadas por discursos de odio, que yo creo que serán la gran mayoría?
Quería agradecerle nuevamente su comparecencia y su exposición, y decirle que estamos a su disposición para ayudarles y para acompañarlos en lo que consideren necesario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera Arias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Romero Vilches.
La señora ROMERO VILCHES: Gracias, señora presidenta.
Señora María del Carmen Martín García, representante de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA, VOX es un firme defensor de la libertad de expresión y, por tanto, no estamos de acuerdo con la creación de esa categoría liberticida
llamada 'discursos de odio', que lo único que pretende es tapar la boca de quienes pensamos de una forma diferente. No hace falta tener mucha formación en derecho para saber que el odio es un sentimiento realmente nada recomendable, pero que debe
estar fuera del mundo jurídico mientras no se traduzca en acciones concretas que sean punibles. Nuestro Código Penal ya contempla de manera muy clara el castigo de las amenazas, las injurias, las difamaciones y las calumnias que atacan la
integridad moral o la seguridad de las personas concretas. No es necesario que nadie venga a fingir que está muy apesadumbrado u ofendido como pretexto para censurar las opiniones que no le gustan. A nosotros también nos parecen muy dañinas muchas
cosas que oímos aquí o en los medios de comunicación. Aquí, en el Congreso, hoy hemos oído un mitin de la señora de Comisiones Obreras, que ha proferido insultos de todo tipo, y no por eso queremos meter en la cárcel a nadie porque no compartan
nuestro punto de vista.
Si tuviéramos que descalificar ideologías en función de la capacidad de generar odio, pues a lo mejor tendrían ustedes que mirarse en el espejo y tomar un poco de distancia, por ejemplo, hacia esos que hablan de Estado español en vez de
España, porque les produce sarpullido la palabra 'España'. Hay una frase muy conocida, pronunciada por una mujer revolucionaria de los tiempos antiguos, cuando los izquierdistas todavía decían algunas cosas coherentes, que dice que la libertad es
siempre la libertad del que piensa diferente. Rosa Luxemburgo, autora de esta frase, que no es santa de nuestra devoción, sabía que cuando se habla de libertad tenemos que entenderla en el sentido más amplio posible, porque, si no, no es libertad,
sino imposición autoritaria.
Según veo en la página web de la entidad a la que usted representa, se consideran la entidad más representativa del movimiento ciudadano de VIH y sida no de España, sino del Estado español, y dicen que son una coordinadora que agrupa a 120
organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH y el sida, lo cual, créame que nos parece estupendo. Nos parece muy bien que desde la sociedad civil -no tiene por qué ser un organismo subvencionado que viva del presupuesto público- se defienda la
dignidad humana en cualquier circunstancia y condición. Para nosotros, los de VOX, la dignidad humana no debería sufrir ningún menoscabo porque alguien tenga virus de inmunodeficiencia o síndromes o trastornos o enfermedades o como lo podamos
llamar, porque también en esto hay que tener mucho cuidado, porque últimamente cualquier expresión podría ser considerada discurso de odio. Pero, créame, acerca de las circunstancias que acabo de mencionar, el hecho de tener problemas de salud,
estar en situación de vulnerabilidad o sentirse estigmatizado tampoco les da ninguna autoridad moral ni crédito ni mérito especial para mirar por encima del hombro a los demás ni para descalificar a los que tenemos otros puntos de vista distintos
acerca de cómo debe ser la convivencia pública.
Conforme a esa superioridad moral que se arrogan injustificadamente, se sienten ustedes legitimados para hablar de bulos cuando las noticias no les gustan. Leo textualmente en su página web que quieren 'reducir, limitar, acabar con los
discursos que se salen de la corrección'. ¿De qué corrección nos habla,
señora Marín? Será la corrección que ustedes decidan. Y eso se parece muchísimo a eso que llaman fascismo, una de sus palabras favoritas.
También dicen -y, de nuevo, leo literalmente en su página web- que están a favor de los discursos que apuestan por la empatía, la convivencia, la moderación y la tolerancia. En ese caso, ya podrían empezar por tolerar a VOX. Se han
convertido ustedes en juez y parte del debate público, como si estuvieran en posesión exclusiva de la verdad. Su organización está a la caza y captura de opiniones disidentes para establecer una verdad oficial que condena como herejes a los que
vamos por libre. Pues sepan que a nosotros no nos van a callar ni llamándonos ultraderecha ni 'megaderecha' ni 'megamaxiturbo' ultraderecha ni amenazándonos con multas o sanciones de ningún tipo, porque todavía vivimos en un Estado de derecho y a
fecha de hoy, de momento, no han conseguido derogar el artículo 20 de la Constitución.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez Santiago.
El señor GUTIÉRREZ SANTIAGO: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecerle su presencia, señora Martín García, pero me gustaría hacer un breve apunte a la portavoz de VOX, porque resulta agotador en esta comisión estar explicando constantemente a la ultraderecha qué son los
discursos de odio. Usted no se tiene que sentar con sus padres para decirles que es español, ni va a dejar de encontrar un trabajo por ser español o por ser española, ni va a sufrir acoso o discriminación en el colegio. Entonces, basta ya de
disfrazar de libertad de expresión lo que, en realidad, es querer que siga habiendo barra libre para esos discursos tan dañinos. Y, sinceramente, el discurso que ha soltado a CESIDA, que es una entidad importantísima, que trabaja por y para
personas con VIH, demuestra que usted conoce muy poquito lo que ha supuesto la pandemia del VIH no solo en este país, sino en todo el mundo, con la cantidad de millones de muertos que ha dejado. Así pues, aunque usted cada vez que intervenga en
esta comisión diga que están en contra de los discursos de odio, vamos a seguir recordando que es muy diferente defender los discursos de odio a lo que hacen ustedes, que es defender la barra libre para que siga habiendo esos discursos contra los
colectivos y minorías vulnerables.
Dicho esto, gracias por su intervención. Quiero poner en valor que CESIDA ha sido un pilar fundamental en la respuesta al VIH en nuestro país, promoviendo la prevención, garantizando la asistencia a las personas afectadas y defendiendo sus
derechos. Además, ustedes han conseguido hitos clave, como la eliminación de restricciones injustificadas que también sufrían las personas con VIH en este país, porque recordemos que en este país se podía despedir a alguien de su trabajo por tener
VIH. Por tanto, esa eliminación de restricciones injustificadas, como en el acceso al empleo público o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por el que ustedes han luchado y trabajado, me parece que es muy importante que la reconozcamos.
También han sido impulsores de campañas que han contribuido a romper el silencio y el estigma -ahora hablaremos un poco también sobre ello- que persiste en esta sociedad. Y, como digo, ya que desde la ultraderecha -con un discurso a veces
comprado por la derecha- se hace un dibujo del activismo de entidades tan fundamentales como CESIDA como si fuesen chiringuitos, como lo llaman, ¿para qué sirve el asociacionismo? ¿Para qué sirven entidades como CESIDA? Para establecer puntos de
información, para desarrollar actividades educativas y culturales, para formar a profesionales, para poner en marcha pruebas rápidas de diagnóstico y detección, prevención de violencias y acoso, asesoramiento jurídico en caso de agresión,
elaboración de estudios, acompañamiento a las víctimas, asistencia psicológica, atención especializada a personas con VIH, a personas LGTBI, migrantes, jóvenes y mujeres. ¿Para qué sirve el tejido asociativo? Para salvar vidas, que es lo que
hacen; entidades como el CESIDA lo que hacen es salvar vidas. Y el Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista comparten plenamente ese compromiso y por eso hemos seguido avanzando en políticas que refuerzan la respuesta al VIH y el
sida garantizando, por ejemplo, el acceso universal a la prevención, al diagnóstico precoz y al tratamiento. Y uno de nuestros mayores orgullos en la actualidad es la consolidación de la dispensación gratuita de la PrEP en todo el territorio
nacional, que ha sido un avance crucial en la prevención del virus, y seguimos impulsando campañas de sensibilización para acabar con la discriminación y los prejuicios que siguen afectando a muchas personas con VIH.Y en esta lucha tampoco podemos
dejar de mencionar una ley fundamental, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación, la ley Zerolo, que estableció un marco legal claro para prevenir y sancionar cualquier forma de discriminación y gracias a la cual se ha reconocido expresamente la prohibición de despedir a una persona por su estado
serológico.
Afortunadamente, en nuestro país, gracias a los esfuerzos del activismo y las políticas sociales y sanitarias puestas en marcha, el diagnóstico de VIH hoy en día no es una sentencia de muerte, como sí lo era antaño, aunque en muchos casos,
tristemente, es sinónimo de sentencia de muerte social, y por eso queda muchísimo por hacer. Los discursos de odio contra las personas con VIH, como bien ha comentado en su intervención, no han desaparecido. Sabemos que el estigma es una de las
principales barreras para que muchas personas accedan a los diagnósticos y el tratamiento. Además, ha mencionado violencias específicas que sufren las personas del colectivo LGTBI, muy concretamente las personas trans, y la dificultad añadida
cuando se produce la discriminación cruzada, como en el caso de mujeres migrantes. Por eso me gustaría ponerlo encima de la mesa y que usted pueda contarnos, porque, a pesar de todos los avances que vemos que se van produciendo, la palabra estigma
es bastante recurrente. Avanzamos en todos los ámbitos, pero parece que el estigma es algo que constantemente se denuncia desde el asociacionismo. De hecho, hablaba usted de los esfuerzos que se han llevado a cabo para informar de la realidad de
las personas que viven con VIH, del mensaje tan importante de que indetectable es igual a intransmisible, pero sigue habiendo mucha desinformación. Ese mensaje, incluso en la comunidad LGTBI, que está especialmente sensibilizada con estas
cuestiones, tampoco termina de calar y hay muchísima desinformación incluso dentro del propio colectivo. Por ello, nos gustaría conocer qué medidas consideran más urgentes en CESIDA para seguir combatiendo la estigmatización del VIH en el ámbito
laboral y sanitario.
También hablaba usted, y me ha parecido muy interesante, del estigma institucional. Si nos puede responder, ¿qué papel cree que deben jugar las administraciones públicas en la sensibilización y educación de la sociedad para erradicar estos
prejuicios?
Y termino, presidenta, reiterando de nuevo nuestro reconocimiento por su labor, su compromiso firme con la igualdad, la salud pública y los derechos de todas las personas. Vamos a seguir trabajando juntos para erradicar el VIH/sida y, sobre
todo, para que ninguna persona sufra discriminación por este motivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señora presidenta.
Señora compareciente y representante de CESIDA, en primer lugar, quiero expresar que el tono de la intervención del Partido Popular va a ser siempre de respeto al compareciente. Podemos discrepar o no, pero será de absoluto respeto con el
que tiene una opinión, sea la misma diferente o igual, porque tampoco voy a atacar a ningún otro grupo político porque opine de manera distinta. Creo que tenemos que abandonar esas prácticas en el Parlamento, para demostrar que realmente estamos en
tratar de solucionar los problemas del ciudadano. Por eso me produce tristeza que hagamos ataques a unos u otros, cuando precisamente estamos en una comisión para tratar de disminuir la discriminación o el odio que puedan sufrir determinados
colectivos o personas.
Quiero agradecer su presencia hoy en esta comisión para abordar un asunto que creo que tiene una relevancia social y sanitaria: el estigma que siempre ha rodeado al paciente con VIH, a la persona que sufre esta infección o enfermedad. Yo
soy médico y he tenido mucho contacto con pacientes de VIH a lo largo de mi vida profesional; soy representante del Partido Popular y soy consciente de la evolución de esta enfermedad, que conocía ya en los años ochenta, precisamente cuando morían
casi todos los pacientes que contraían la infección VIH y desarrollaban la enfermedad. Hemos pasado de una lucha desesperada por la supervivencia a una estrategia centrada en la calidad de vida de los pacientes gracias a los avances en los
tratamientos farmacológicos y en la investigación. Eso nos hace pensar que hoy posiblemente pudiéramos estar en el final de la pandemia, ojalá estuviéramos en este punto. No obstante, soy consciente también, como usted ha expuesto, de que, aunque
hemos logrado importantes avances biomédicos, la carga del estigma sigue siendo un obstáculo significativo para muchas personas que viven con el VIH.
Quiero centrar mi intervención en algo que usted ha apuntado y volver a preguntarle sobre ello, porque muchas veces se mezcla la estigmatización por los hábitos, los comportamientos o las conductas con la transmisibilidad de la enfermedad,
es decir, la discriminación que pueda sufrir alguna persona por el hecho de tener una infección o desarrollar una enfermedad como esta. Quiero preguntarle si usted considera que
esa discriminación o esos discursos de odio que manifiesta que sufren las personas con VIH suceden por la condición de tener esta enfermedad o si es por los hábitos, comportamientos o conductas -como lo quieran llamar- que favorecen la
transmisión de esta infección. Como han manifestado otras personas en esta comisión, una persona con VIH con un tratamiento efectivo y carga viral indetectable no transmite el virus, pero, sin duda, persisten temores y prejuicios infundados en la
sociedad. Y, posiblemente, estas creencias pueden afectar a la vida laboral, social y personal. Por eso, insisto, ¿considera usted que es por la infección de VIH? Respecto a cuando hablaba del colectivo LGTBI -no lo ha mencionado, pero lo
anticipo, porque era el primer colectivo, en los años ochenta, con personas adictas a drogas por vía parenteral, y algunos casos de personas infectadas por transfusión o hemoderivados, aunque eran los menos frecuentes, pero existieron en un inicio-,
¿por qué es la discriminación o el discurso de odio, por la enfermedad o, realmente, por otras conductas? ¿Cómo valoran ustedes la evolución de la percepción social sobre la transmisibilidad del VIH? ¿Ha mejorado? Alguna de las compañeras ha dado
algún dato diciendo que el discurso de odio por razones de enfermedad ha disminuido. ¿Quizás ha disminuido esa percepción hacia el VIH, pero se mantiene hacia colectivos trans, colectivos LGTBI o con otras características? No sé si usted maneja
datos reales sobre estas circunstancias.
Desde su origen, el Partido Popular siempre se ha manifestado en contra de cualquier discriminación; a favor de la igualdad y en contra de la discriminación y de cualquier desprecio hacia las personas. Creo que la persona está en el centro
de nuestra actividad política y el respeto a la tolerancia es seña de identidad del Partido Popular -espero que de todos los partidos también, pero de mi partido en este caso-. Por eso me llama la atención cuando dice que los llaman sidosos en
manifestaciones, igual que me sorprendía cuando antes a una persona se la insultaba llamándola tísico porque había tenido una enfermedad, o tuberculoso o enano o gafotas. Es decir, estas son discriminaciones y discursos de odio que nuestra sociedad
ha tenido muy interiorizados, y han sido desprecios a otras personas por una condición física y mi Grupo Parlamentario lucha siempre por erradicar cualquier desprecio a otra persona.
Ha centrado parte de su intervención en el problema de salud mental que tienen los pacientes con VIH y que únicamente relaciona con este discurso de odio. También hay otras cosas que me sorprenden -como le digo, por mi experiencia
profesional, he estado muy cerca de los pacientes con VIH-, porque hablaba de migrafobia, de la explotación laboral, de violencia de género y de la consideración de VIH. La verdad es que no conozco estudios en este sentido y me gustaría que los
pudiera aportar a esta comisión, porque sería enriquecedor. Creo que en este caso no tiene relación con la propia enfermedad, sino con las condiciones individuales de las personas. Pero, en cualquier caso, si eso es así, resulta absolutamente
despreciable.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Román.
Para contestar a las cuestiones planteadas por las y los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene nuevamente la palabra la señora Martín García por un tiempo de diez minutos aproximadamente.
La señora MARTÍN GARCÍA (representante de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA): A ver si puedo responder a todas las preguntas y si lo he apuntado más o menos todo; me gustaría.
En cuanto a las experiencias sobre estigma de las personas con VIH en España, sí se recogen en diversos estudios. Hay uno publicado en el año 2024 por la división de control del Ministerio de Sanidad que trata sobre la percepción de estigma
hacia las personas con VIH e indica que sí es cierto que en el año 2008 el número de personas de nuestro país que consideraba que quienes vivimos con VIH deberíamos estar aisladas del resto de los ciudadanos alcanzaba un 20 % de la población en
España; en 2012 era un 13 % de la población la que pensaba que las personas con VIH debemos estar apartadas, y que incluso que se deben conocer nuestros nombres, y en el año 2021 era un 8 %, lo que implica que en nuestro país más de 3 700 000
personas son intolerantes con las personas que vivimos con VIH. Eso lo dicen los estudios, así como que el 32,2 % ha sufrido rechazo por su pareja sexual y que un 27,4 % ha recibido comentarios discriminatorios de personas que no son familiares. Y
una de cada diez personas encuestadas -hablamos de abril de 2024- lo ha sufrido en el último año. El 63,2 % de las personas participantes en el estudio han sufrido estigma a lo largo de su vida y el 26 % en el último año. Y otra de las cuestiones
que señala el estudio es que se producen frecuentes agresiones verbales por parte de familiares, que son odio y estigma en estado puro.
Es verdad que en muchos casos estas situaciones no se denuncian. Denunciar que me discriminan porque soy una mujer que vivo con VIH implica visibilizarme, implica decir que soy Carmen Martín García
y que vivo con VIH. Yo vivo en una ciudad pequeña, y visibilizarme en una ciudad de 170 000 habitantes no es lo mismo que hacerlo en Madrid. En un pueblo es diferente, en el ámbito rural es diferente, y depende de en qué contexto se
produzca. Si yo me visibilizo en mi empleo, puedo perderlo, y, precisamente, esa es otra consecuencia: el miedo a la pérdida de empleo. Y el miedo a perder el empleo y la ocultación del propio VIH suponen un estrés mantenido en el tiempo. La
ocultación, por si van a conocerlo, si me van a despedir, si voy a dejar de tener ingresos, si me van a aislar, si mis hijos van a sufrir algún tipo de estigmatización, a la larga supone problemas demostrados de ansiedad, depresión e incluso
intentos autolíticos. También hay estudios que dicen que las personas que vivimos con VIH tenemos un porcentaje significativamente mayor de intentos de suicidio que otras personas, exactamente igual que ocurre en el colectivo LGTBI, donde también
sucede.
Evidentemente, los discursos en redes sociales se incrementan. Además, ocultar la identidad de las personas a través de las redes sociales favorece y es caldo de cultivo de esos discursos de odio. No obstante, estar presente en una red
social que permite visibilizarse a una persona que es activista, como yo, en la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH, también ocasiona momentos en los que se sufre mucha ansiedad, Y en otras personas que no tienen las
facilidades que he podido tener yo para hacerse visible, con un entorno social que favoreciera poder hacerlo, genera un aislamiento social y una soledad no deseada y, como ya he dicho, ansiedad, depresión y otros problemas relacionados con la salud
mental. Sí, tener VIH dificulta el acceso al empleo. Sí, ser mujer y vivir con VIH dificulta el acceso al empleo; y también tener empleos en precario, y muchas veces empleos que no están regulados. Se establecen relaciones de cuidado, están
internas en casas y sí hay explotación laboral si no hay contrato laboral; pero dependen de esos 600, 700 u 800 euros para poder subsistir. (La señora vicepresidenta, Boada Danés, ocupa la Presidencia).
Además, las redes sociales no solo favorecen el odio, también la desinformación. La sociedad a través de las redes también está desinformada. Pensar diferente no es vulnerar los derechos de las personas que viven con VIH, y me dirijo
directamente a usted, como representante de VOX. Las personas que vivimos con VIH no fingimos, y los estudios dicen que así sucede. En el trabajo que vengo desarrollando desde hace más de veinticinco años he visto sufrir a las personas, y eso no
se discute. Cómo se siente un discurso, cómo hace daño o se agrede verbalmente, eso no es fingir. Es más, CESIDA es la entidad de España que representa a más organizaciones en este ámbito, a más de setenta, y tiene ya casi veinticinco años, pero
estamos representadas en ella muchas entidades de España -como en mi caso, la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida- que tenemos una trayectoria de muchos más años, porque CESIDA surge para que las organizaciones pudiéramos hacer un trabajo de
incidencia política. Y el 27,4 % de las personas que vimos con VIH hemos sufrido comentarios discriminatorios y frecuentes agresiones verbales por parte de muchas personas, lo cual es odio en estado puro. Con mucho respeto, pero que me diga que
tengo en muchos espacios una inmunodeficiencia moral por promover el uso del preservativo, cuando es un método preventivo eficaz... Nosotras, en CESIDA, basamos nuestras intervenciones en la evidencia científica. El virus no entiende de derechas
ni de izquierdas, y los discursos de odio vienen de todos los sitios.
Las propuestas de CESIDA son integradoras. Las entidades de CESIDA son apolíticas. La organización es apolítica. Otra cosa es que nuestras propuestas y nuestras políticas sean desde el respeto y la diversidad. Pero nuestras
organizaciones promueven políticas inclusivas, en defensa de todos los derechos y todas las personas.
Creo que el respeto es la base de la educación que la sociedad necesita, y la sociedad necesita educación, información y sensibilización. Respecto a la discriminación por VIH y si directamente era por el VIH, muchas veces es por miedo a la
transmisión, por miedo a que me puedan infectar; ese miedo se percibe. Pero otras veces también ha sido una coartada para enjuiciar estilos de vida, identidad, orientación u origen; sí, es así. El miedo y el estigma social están vinculados
estrechamente a la transmisión del VIH, aunque es verdad que hay información acerca de que indetectable es igual a intransmisible que no se conoce. No disminuyen los discursos de odio, no disminuye la discriminación, disminuye el número de personas
que denuncian, porque en muchos casos supone un escarnio público. CESIDA tiene una clínica legal que colabora con la Universidad de Alcalá y año tras año recibe discriminaciones, estigma y discursos de odio en el ámbito familiar, en el ámbito
laboral, en el ámbito sanitario, en cuanto al acceso a derechos, recursos, seguros, vivienda o prestaciones sanitarias; y eso es una realidad, es así. Existen estudios sobre violencia hacia las mujeres y sobre violencia hacia las mujeres con VIH.
Recuerdo uno en el Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia -que ahora mismo no encuentro-, que deja meridianamente claro que
en torno al 60 % de esas mujeres habían sufrido violencia en el último año. Entonces, creo que sí está directamente relacionado.
Respecto a las medidas que serían necesarias, se trata de la formación, de los recursos, de un marco de derechos. Tenerlo podría suponer, para alegría de muchas personas que consideran que nuestras organizaciones son chiringuitos, que no
tuviéramos razón de ser. ¡Ojalá! Si los poderes públicos en España pudieran garantizar nuestros derechos, muchas de nuestras organizaciones no tendrían que estar aquí. Pero para que eso suceda tiene que haber una atención psicosocial, tienen que
cubrirse las necesidades básicas de las personas que viven con VIH, han de tener una atención psicológica, han de poder afrontar la situación en la que se encuentran. Es necesario incidir en la inserción sociolaboral de las personas que viven con
VIH, en el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones; en el área de prevención, seguir trasladando a la población, en general, que indetectable es igual a intransmisible. Nuestras organizaciones no tienen necesidad de hacer test rápidos
de VIH, pero sí estamos preparadas para hacerlo, y precisamente lo estamos haciendo porque muchas veces no se llega desde el ámbito sanitario público y hay que explorar todas las estrategias de prevención. Las entidades de CESIDA no necesitan
impartir talleres de educación afectivo-sexual porque les apetezca hacerlo. Si la población en España estuviera bien educada sexualmente, no necesitaríamos impartir educación afectivo-sexual en los centros. Si no existiera una discriminación
relacionada con la identidad de género, si no existiera una violencia de género, si no existiera la necesidad real de abordar todos aquellos factores que favorecen la transmisión del VIH en las relaciones sexuales que pueden ser tóxicas o desterrar
mitos como el amor romántico, etcétera, y, si no creyéramos que fuera necesario hacer una intervención desde un enfoque relativo a derechos sexuales y reproductivos, las entidades de España en CESIDA no necesitarían hacer este tipo de
intervenciones.
Creo haber respondido un poco a todas las cuestiones. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Boada Danés): Muchísimas gracias, señora Martín García.
Le reiteramos las gracias por su trabajo y por comparecer ante la Cámara.
La señora MARTÍN GARCÍA (representante de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA): Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Boada Danés): Si les parece bien, damos un minuto o dos para que entre el último compareciente. (Pausa).
- DEL VICESECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SINDICAL DEL SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA, UGT (LUJÁN DE FRÍAS). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD. (Número de expediente 219/000266).
La señora VICEPRESIDENTA (Boada Danés): Señorías, retomamos y acabamos la sesión con el último compareciente.
Agradecemos la presencia de don Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical del Sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España.
Tiene usted la palabra por un tiempo de quince minutos.
El señor VICESECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SINDICAL DEL SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA, UGT (Luján de Frías): Buenos días.
Es la primera vez que comparezco ante el Congreso de los Diputados, ante la soberanía popular, por lo tanto, he hecho unas notas sobre mi intervención.
Comparezco hoy en la sede de la soberanía popular para hablar de un problema que amenaza los pilares mismos de nuestra convivencia democrática: los discursos de odio y la discriminación; un fenómeno que, lejos de atenuarse, se ha expandido
con fuerza en la era digital, haciendo de las redes sociales, y en particular de plataformas como X -la antigua Twitter-, un estercolero donde proliferan la violencia verbal, la estigmatización y la deshumanización de colectivos vulnerables.
En los últimos años hemos sido testigos de un alarmante incremento de ataques contra la dignidad de las personas, ataques que no solo afectan a individuos, sino que erosionan la cohesión social y los valores democráticos que tanto esfuerzo
nos ha costado construir. Las agresiones verbales y físicas contra colectivos vulnerables han encontrado en Internet un altavoz sin precedentes, donde la impunidad y la viralización de discursos de odio han generado un clima de hostilidad que no
nos podemos permitir.
España cuenta con un marco jurídico que ha avanzado en la protección de derechos fundamentales, pero sigue habiendo lagunas en la aplicación efectiva de la legislación. La Fiscalía General del Estado y las fuerzas de seguridad han
intensificado su labor de persecución de este tipo de delitos, pero se necesita una respuesta firme y coordinada por parte de todas las instituciones. No se trata solo de castigar a quienes incitan al odio, sino de prevenir que estas conductas se
arraiguen y se conviertan en una amenaza estructural para nuestra democracia.
No exagero si digo que estamos viviendo tiempos que evocan de manera inquietante los años treinta del siglo pasado. En aquel entonces, un hábil propagandista supo manipular a un pueblo culto con mentiras y falsedades hasta desencadenar la
mayor tragedia de la historia. Hoy los métodos han cambiado -tenemos Twitter y las plataformas digitales-, pero el peligro sigue siendo el mismo: bajo la excusa de la libertad de expresión, se permite la expansión de discursos que no solo incitan
al odio, sino que erosionan la esencia misma del ser humano, su dignidad, su libertad, sus derechos fundamentales y su esencia.
Es nuestra responsabilidad actuar con determinación no solo para evitar que estos discursos proliferen sin control, sino para garantizar que ninguna persona en nuestro país tenga que vivir con miedo por su origen, su orientación sexual, su
identidad de género, su discapacidad o cualquier otra condición personal. La defensa de los derechos humanos y de la igualdad no es negociable. No podemos permitir que el odio se normalice en nuestra sociedad.
Nuestro Código Penal ha sido reformado en múltiples ocasiones para dotar de mayor eficacia a la lucha contra los delitos de odio. En este sentido, el artículo 510 del Código Penal establece la tipificación y sanción de estas conductas con
el objetivo de proteger la dignidad y la seguridad de los colectivos más vulnerables frente a ataques discriminatorios. La última reforma del Código Penal de 2022 ha fortalecido la respuesta jurídica contra este tipo de delitos. El nuevo artículo
510 castiga con penas de prisión de hasta cuatro años a quienes inciten públicamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o persona por razón de su origen racial, su religión, su ideología, su orientación sexual,
su género, su discapacidad o cualquier otra condición. Además, se penaliza la difusión de mensajes que fomenten o promuevan esas actitudes a través de cualquier medio, incluyendo Internet y las redes sociales, con penas agravadas para quien use
estas plataformas para propagar discursos de odio. De este modo, se refuerzan la idea de que la libertad de expresión no puede ser utilizada como protesta para deshumanizar o discriminar a determinados colectivos. La jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo ha establecido que la interpretación de este artículo debe tener en cuenta no solo el contexto del mensaje, sino también su impacto social y la capacidad real de incitación a la violencia. En este sentido, los jueces han enfatizado
que la libertad de expresión encuentra su límite cuando se usa para socavar la convivencia y la dignidad de las personas. Además, nuestro nuevo Código Penal prevé el decomiso de los medios empleados para la comisión de estos delitos, como las
páginas web o perfiles en redes sociales desde los cuales se difunden mensajes de odio. También, se contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de modo que aquellas empresas que faciliten o permitan la difusión de este tipo de
mensajes puedan ser sancionadas con multas y la prohibición de operar en determinados sectores.
A pesar de estos avances normativos, en el sindicato que represento, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, consideramos que es imprescindible seguir reforzando la formación de los jueces, de los fiscales y de los cuerpos de
seguridad en la identificación y persecución de este tipo de delitos. La correcta aplicación de la legislación es clave para garantizar la protección efectiva de las víctimas y evitar que los discursos de odio se normalicen en nuestra sociedad.
También es urgente, a nuestro entender, una mayor cooperación internacional, ya que muchas de estas expresiones de odio son difundidas desde servidores ubicados fuera de España, lo que dificulta su eliminación y la persecución de sus autores. Por
ello, es necesario que la Unión Europea y otros organismos multilaterales adopten estrategias conjuntas para combatir el discurso de odio en línea y establecer mecanismos de cooperación judicial más eficaces.
En definitiva, la respuesta penal es una herramienta fundamental para frenar la expansión del odio, pero debe ir acompañada de medidas preventivas, educativas y sociales que refuercen una cultura de tolerancia y respeto en nuestra sociedad.
En la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado se establecieron pautas para la interpretación de los delitos de odio, haciendo hincapié en que la libertad de expresión no ampara discursos que inciten a la discriminación y a la
violencia. Es importante destacar que esta circular, aunque útil, necesita una actualización para alinearse con la reforma operada a nuestro Código Penal en 2022 y adaptarse a las nuevas dinámicas digitales del odio.
En 2023 la Fiscalía General del Estado consolidó su especialización en la persecución de los delitos de odio con la creación de una unidad de delitos de odio y discriminación, que coordina el trabajo de cincuenta fiscales delegados en todo
el territorio nacional. Según su última memoria, presentada en 2024, el número de diligencias de investigación en 2023 alcanzó las 511, frente a las 166 del año anterior, reflejando un aumento del 300 %. De estas, 218 fueron por delitos de fomento
o incitación al odio y 210 por delitos contra la dignidad de las personas. Asimismo, se interpusieron 204 denuncias y querellas con el racismo y la xenofobia como principales motivos de discriminación, seguidos de los de orientación sexual. Un
dato alarmante es que el 37 % de los delitos se cometieron a través de Internet o de las redes sociales, lo que refuerza la urgencia de una regulación más estricta del entorno digital.
Sabemos, por la memoria de la Fiscalía General del Estado, que desde la entrada en vigor de estas reformas se han intensificado las relaciones institucionales de la fiscalía con diferentes organismos públicos y entidades sociales. En 2023
se llevaron a cabo más de ochenta reuniones con asociaciones y colectivos afectados por los delitos de odio, reforzando los canales de denuncia y de protección de las víctimas. Además, la fiscalía ha colaborado con el Ministerio del Interior en la
implementación del II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2022-2024, que establece ocho líneas estratégicas para mejorar la detección, la investigación y el enjuiciamiento de este tipo de delitos.
Un aspecto clave para la mejora de la recopilación de datos sobre estos delitos, a pesar de las limitaciones en los sistemas de gestión procesal, es que se ha avanzado en la unificación de registros en las fiscalías provinciales para lograr
estadísticas mucho más precisas. En este sentido, el 45 % de las víctimas registradas en 2023 fueron extranjeras, lo que refleja una sobrerrepresentación preocupante en comparación con su peso demográfico en España, que es del 13,4 %.
Las redes sociales han transformado radicalmente la comunicación y la forma en la que interactuamos, pero también han abierto la puerta a la proliferación del discurso de odio. La facilidad para difundir contenido anónimo, sin apenas
regulación efectiva, ha convertido estos espacios en entornos donde la discriminación y la violencia verbal se han normalizado. Los delitos de odio en redes sociales representan ya el 37 % del total registrado en España. La Fiscalía ha alertado
sobre la dificultad de perseguir estos delitos cuando los servidores están ubicados fuera de nuestro país, lo que refuerza la necesidad de la cooperación internacional a la que antes me he referido. Es urgente establecer controles más estrictos,
exigir responsabilidades a las plataformas digitales y reforzar las herramientas legales, para frenar la impunidad en Internet. Las redes sociales no pueden convertirse en un refugio para quienes atacan la convivencia democrática y los derechos
humanos. El auge de las redes sociales ha sido catalizador del odio. Plataformas como X se han convertido en espacios donde... ¿Cuánto tiempo llevo?
La señora VICEPRESIDENTA (Boada Danés): Le quedan cinco minutos.
El señor VICESECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SINDICAL DEL SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA, UGT (Luján de Frías): Repito, plataformas como X se han convertido en espacios donde con impunidad se ataca a
inmigrantes, a minorías étnicas, a colectivos LGTBI, a personas con discapacidad, a personas en situación de pobreza y, últimamente, también a nosotros, a los sindicalistas. Se les criminaliza, se les acusa de ser una amenaza para el bienestar
social, se fomenta un clima de miedo y enfrentamiento, se intenta influir -y, desgraciadamente, se consigue- en los resultados de las elecciones democráticas de los países más avanzados. Es hora de actuar coordinadamente entre los países europeos
en defensa de la democracia y del estado de bienestar de los que nos hemos dotado. Los algoritmos de las redes sociales amplifican estos mensajes, priorizando contenidos que generan interacción, muchas veces sin ningún tipo de control ni
responsabilidad por parte de las plataformas. La viralización de los bulos y las noticias falsas ha incrementado la discriminación, reforzando estereotipos que afectan a colectivos ya vulnerables.
En la Unión General de Trabajadores consideramos que la lucha contra estos delitos de odio y contra la discriminación no puede limitarse únicamente al ámbito penal. Es imprescindible una respuesta integral, que combine medidas legislativas,
políticas públicas, educación y fortalecimiento de la negociación colectiva en el ámbito laboral. Proponemos una serie de acciones, claves a nuestro entender para abordar esta problemática de manera eficaz y estructural, que podemos resumir en diez
medidas que ahora paso a relatar.
La primera, refuerzo de la regulación en las redes sociales. Las plataformas digitales deben asumir una responsabilidad activa en la eliminación del contenido de odio. No es admisible que las empresas tecnológicas se amparen en una
supuesta imposibilidad de regular los contenidos, cuando su modelo de
negocio se basa en maximizar la interacción, incluso a costa de fomentar el enfrentamiento y la radicalización. UGT propone la creación de mecanismos de supervisión obligatoria para que las plataformas identifiquen y eliminen el contenido
de odio de manera inmediata, con sanciones efectivas en caso de incumplimiento.
La segunda, una mayor dotación de recursos a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad. El aumento de los delitos de odio exige, a nuestro entender, una respuesta eficaz de las instituciones encargadas de su persecución. Es necesario
fortalecer las unidades especializadas en delitos de odio y ciberdelincuencia, dotándolas de más personal y recursos tecnológicos.
La tercera, una protección y apoyo específico a las personas inmigrantes y a los menores no acompañados. La criminalización de la inmigración es una de las estrategias más utilizadas por los discursos de odio. Ya conocemos sentencias de
alguna audiencia provincial que ha castigado este tipo de conductas. Los inmigrantes son presentados como una amenaza económica y social, lo que fomenta la discriminación y la exclusión. En el caso de los menores no acompañados, la situación es
aún más grave, ya que se los estigmatiza y se los convierte en blanco de campañas de odio en redes sociales y de discursos políticos irresponsables. En UGT proponemos la ampliación de los programas de protección, un mayor control sobre los
discursos de odio dirigidos a estos colectivos y la garantía de una protección especial para los menores no acompañados, además del fomento de la integración laboral y social de este colectivo.
Cuarta, proponemos luchar contra la pobreza como estrategia para erradicar el odio y la discriminación. La pobreza y la exclusión social generan contextos de vulnerabilidad que favorecen la proliferación de los discursos de odio y la
discriminación. Las personas en situación de pobreza son señaladas injustamente como responsables de problemas sociales, lo que alimenta la xenofobia, el clasismo y otras formas de intolerancia. En UGT proponemos garantizar una renta mínima
suficiente, asegurar el acceso a una vivienda digna, fomentar el empleo digno y estable, y campañas de sensibilización para desmontar mitos y perjuicios sobre la pobreza, promoviendo una visión solidaria y justa de la realidad social.
Quinta, proponemos la formación obligatoria en los centros educativos. La educación es una herramienta fundamental para prevenir el odio y la discriminación. UGT propone incluir en el currículo escolar contenidos específicos sobre derechos
humanos, igualdad y convivencia democrática, con programas dirigidos a la formación del alumnado y también del personal docente.
Como sexta medida proponemos el endurecimiento de las sanciones para quienes difundan odio en las redes sociales. La impunidad con la que operan algunos individuos y grupos organizados debe acabar. Es necesario que quienes propaguen odio
enfrenten consecuencias legales proporcionales al daño que causan.
La séptima medida es la protección reforzada de los colectivos vulnerables. La octava medida es la aplicación efectiva del reglamento LGTBI, que entró en vigor hace ahora un año. Como novena medida, muy propia de un sindicato como el que
represento, proponemos el impulso de la negociación colectiva para garantizar la igualdad y la no discriminación. Y la décima medida es la creación de un observatorio con participación sindical contra los delitos de odio.
Señorías, quiero acabar señalando que no podemos ser testigos pasivos de la expansión del odio, que estamos en un momento decisivo en el que debemos establecer mecanismos fuertes y firmes para garantizar nuestra convivencia democrática, y
que la impunidad en la que operan quienes fomentan el odio en redes sociales, en la política y en las calles es un síntoma preocupante de una sociedad en riesgo de fractura. Si permitimos que el miedo y la mentira destruyan los valores de igualdad
y respeto, estaremos allanando el camino a la intolerancia y a la regresión social. Estamos en un momento crucial. La ola de odio ha puesto sus huevos y empiezan a eclosionar. Si no actuamos ahora y si no establecemos límites claros, llegará el
día en que lamentemos nuestra inacción. No podemos permitir que la historia se repita. No podemos consentir que, en nombre de una libertad de expresión malentendida, se erosione la convivencia y se menoscabe la dignidad de las personas. Ya lo
decía Bertolt Brecht: 'Primero vinieron a por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron a por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista'. No esperemos a que sea demasiado tarde. Las
instituciones, los agentes sociales y la sociedad civil debemos actuar con determinación. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Es imperativo que reforcemos el marco jurídico, dotemos de recursos a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad,
impulsemos la negociación colectiva, el papel que a los sindicatos nos reserva al artículo 7 de la Constitución española para erradicar la discriminación en el ámbito laboral y exijamos a las plataformas digitales responsabilidad sobre los
contenidos que alojan.
UGT estará en la primera línea de esta batalla, defendiendo la democracia, la igualdad y los derechos humanos, porque el odio no es una opinión; el odio es un delito y no lo vamos a tolerar. La historia nos ha enseñado que el odio no se
combate con inacción, sino con firmeza y determinación, y ahora es el momento de actuar.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Luján de Frías.
A continuación, tienen la palabra las y los portavoces de los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ZABALA: Gracias, presidenta.
En VOX creemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, un derecho que les permite opinar en público sin miedo, expresar su ideología en libertad y defenderse de los abusos del poder político sin ser
perseguidos por ello. La libertad de expresión es una herramienta que utilizan cada vez más los trabajadores de España, especialmente a través de las redes sociales, ante la necesidad de defenderse de las decisiones políticas que les perjudican en
su día a día.
En los últimos años los trabajadores de España han visto cómo el bipartidismo ha defendido el globalismo con un modelo económico y político necesario y bueno para los ciudadanos. Sin embargo, cada vez más trabajadores ven cómo en realidad
ese modelo ha generado problemas económicos, como la falta de trabajos estables o el fin de puestos de trabajo en el sector primario e industrial; problemas demográficos, como la despoblación en las zonas rurales o la masificación en las ciudades;
la pérdida de la posibilidad de tener un hogar y un coche en propiedad, especialmente para los más jóvenes, o la pérdida de seguridad en sus barrios y de identidad cultural en sus pueblos, por la emigración descontrolada.
En España vemos cómo el Gobierno toma las medidas más radicales del modelo globalista y estamos viendo cómo, mientras esto sucede, el Gobierno a su vez está trabajando para limitar la libertad de expresión, la legítima defensa que ejercen
los trabajadores mediante las redes sociales. Se pretende identificar la crítica a las medidas políticas de este Gobierno en particular y del globalismo en general como discursos de odio, discursos del fango, desinformación o bulos. En España hay
millones de trabajadores que son acusados de ser racistas por pedir que se expulsen de sus barrios a extranjeros que cometen delitos. En España hay millones de trabajadores que son acusados de ser egoístas por no querer que el dinero de sus
impuestos se destine a un conglomerado de asociaciones ideológicas. En España hay millones de trabajadores que son acusados de ser fachas o fascistas por sentirse orgullosos de ser españoles y mostrarlo con la bandera que nos representa a todos.
En España hay millones de trabajadores que son acusados de machistas por rechazar las políticas de cuota para conseguir un trabajo, en lugar de utilizar criterios de mérito y capacidad.
Los trabajadores de España ya saben que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no son aliados de su causa y que ya no son perros guardianes de sus derechos, sino perros domesticados por el poder político. Hoy los sindicatos ladran contra
los trabajadores y no contra los políticos, que abusan de ellos.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martín Rodríguez.
La señora MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo, señorías.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida al señor Luján de Frías a esta subcomisión relativa a la lucha contra los discursos de odio. También quiero agradecer su presencia y su intervención.
Me gustaría empezar expresando nuestro reconocimiento a las organizaciones sindicales, en este caso a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, porque son organizaciones básicas para la promoción y la defensa de los valores
democráticos. Su existencia es fundamental por su trabajo y en favor de la justicia social, de la igualdad y de la dignidad. De ahí que consideremos que son una pieza fundamental en la lucha contra los discursos de odio. La lucha contra el odio
es una tarea colectiva de toda la sociedad, que requiere del esfuerzo de todos y de todas para asumir un papel activo que incluye no solo denunciar, sino también crear las condiciones para promover la empatía y la convivencia; y en este esfuerzo
debemos encontrar y encontramos a las organizaciones sindicales.
Son muchas las horas que pasamos en los centros de trabajo y los derechos humanos no pueden quedarse fuera. Es imprescindible crear espacios de trabajo seguros, y esto es responsabilidad de las
empresas y de las Administraciones públicas, pero también es responsabilidad de los sindicatos dotar de instrumentos necesarios a los representantes de las personas trabajadoras y también al resto de personas trabajadoras para saber exigir
centros de trabajo libres de cualquier tipo de discriminación o situación de odio.
Entender que el avance en derechos humanos e igualdad es esencial para tener una sociedad más cohesionada, justa y pacífica es un elemento político, pero también social, pues todos los datos señalan a nuestro país como uno de los que más
valoran la diversidad y rechazan la discriminación a estos colectivos en sus diversas formas. En este contexto, la labor de las organizaciones sindicales resulta esencial para lograr entornos laborales inclusivos, donde todas las personas
desarrollen libremente su personalidad y se sientan seguras. Como decíamos, la sociedad española es una de las más abiertas y respetuosas con la diversidad. Los discursos de odio ponen en juego la convivencia social y son contrarios al modelo de
inclusión y respeto que siempre ha ejemplarizado la sociedad española. A pesar de que en nuestro país se han dado grandes avances en materia de políticas de igualdad y de que somos un referente internacional en la defensa de los derechos y
libertades del colectivo LGTBI, de la lucha contra el racismo y la xenofobia y de la protección de las minorías y colectivos vulnerables, la realidad es que en nuestro país, igual que en el resto del mundo, la proliferación de los discursos de odio
amenaza esas grandes conquistas en derechos y libertades y representa una seria amenaza a la convivencia pacífica y a los derechos humanos.
La organización que usted representa, la UGT, realizó en el año 2023 una encuesta, que ya había realizado en el año 2020, para estudiar la discriminación de las personas en el ámbito laboral y proponer medidas para erradicar la LGTBI-fobia
de los entornos laborales. De este estudio se concluye, entre otras cosas, que las violencias contra las personas trans y LGTBI en los centros de trabajo están muy extendidas y son normalizadas tanto por las personas agredidas como por las personas
que son testigos de esas agresiones. Además, está extendida la percepción de que ser LGTBI es un inconveniente y penaliza en la carrera profesional. También dice que el 40 % de las personas LGTBI vuelven al armario en sus trabajos, a pesar de
estar fuera de él en su ámbito familiar y social; y que en el ámbito laboral tres de cada diez personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales.
Sabemos, señor Luján de Frías, de la apuesta de UGT por la sensibilización y la formación en materia de diversidad sexual en las empresas, por incluir la LGTBI-fobia y los riesgos psicosociales que esta conlleva en las políticas de
prevención y en la evaluación de los riesgos de puestos de trabajo, así como el desarrollo de protocolos específicos en materia de acoso LGTBI-fóbico para dar seguridad, respuesta y protección a las posibles víctimas, como, por ejemplo, los
protocolos de acompañamiento a personas trans o los protocolos contra la LGTBI-fobia. En este sentido, señor Luján de Frías, me gustaría plantearle dos cuestiones: la primera, si consideran continuar con estos estudios sobre violencias en el
entorno familiar y si piensan ampliarlos más allá del colectivo LGTBI y, la segunda, qué otras herramientas considera usted que se deberían adoptar para luchar contra los delitos de odio en el entorno laboral y para lograr lugares de trabajo
inclusivos donde todas las personas desarrollen libremente su personalidad y se sientan seguras.
Nada más. Quiero agradecerle de nuevo su presencia aquí y su intervención en esta comisión que para nosotros es tan importante y que evalúa todas las aportaciones que se puedan dar y las que usted ha dado en el día de hoy.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández González.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero dar las gracias al compareciente, don Fernando Luján de Frías, por haber venido a esta subcomisión para dar su impresión sobre los discursos de odio y las manifestaciones que en nuestra sociedad se producen y sobre cómo se podrían
combatir, cómo se podrían erradicar y cómo, en definitiva, se podría luchar contra estos discursos de odio. Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Popular no solamente lo compartimos, sino que tratamos de poner todas las herramientas
democráticas, didácticas, pedagógicas y educativas que a nuestro juicio sean convenientes para tratar de erradicar los discursos de odio en nuestra sociedad.
Me voy a permitir hacer alguna consideración respecto a la intervención que acabamos de escuchar, y voy a formularle algunas preguntas en nombre de nuestro grupo parlamentario.
El compareciente se ha referido con bastante profusión a lo establecido y determinado en el Código Penal español. Siendo sin duda una herramienta importante el carácter punitivo y el carácter sancionador, nos sorprende, nos extraña y
echamos en falta que no haya hecho ninguna referencia a lo preceptuado en el Estatuto de los Trabajadores, toda vez que el compareciente lo es por formar parte de uno de los sindicatos más representativos en el Estado español. Por tanto, nos
gustaría conocer, en su opinión, desde su observatorio sindical, qué arma normativa nos ofrece el Estatuto de los Trabajadores para evitar que en el ámbito laboral se produzcan discursos y comportamientos que puedan llevar a discursos de odio.
Luego, hacía referencia a una serie de estrategias o de compromisos -enumeró hasta diez, si la memoria no me falla- de la Unión General de Trabajadores para tratar de erradicar los discursos de odio. Coincidimos en muchas de las premisas
que aquí se han expuesto. No sé si el orden es el jerárquicamente establecido o si, por el contrario, ha utilizado un orden dentro del desorden, valga la expresión, porque realmente nos parece que la formación obligatoria y la formación en los
centros educativos debería ser uno de los primeros argumentos, uno de los primeros compromisos para reforzar en todos los demás lugares que no se produzcan estos discursos de odio. Por tanto, para nosotros la formación y la educación son sin duda
una premisa inexcusable.
Negociación colectiva. No entendí muy bien qué es lo que quiso decir con reforzar la negociación colectiva. Por supuesto, reforzar la negociación colectiva, siempre; reforzar y respaldar la labor sindical, siempre, al amparo del artículo
7 de la Constitución española de 1978. Naturalmente que sí.
Hablaba el compareciente de hacer un observatorio para los delitos de odio con participación de los sindicatos, luego entiendo que no se refiere única y exclusivamente a un observatorio laboral. De todos los ámbitos transversales que se han
ido estudiando y que se han ido contrastando en el ámbito de esta comisión, quizás sea en el ámbito laboral donde se ha profundizado menos. No es que a nosotros nos lo parezca, es que los españoles pasan muchas horas de su tiempo en los ámbitos
laborales y, por tanto, en los espacios y lugares de trabajo, cuestión por la cual creemos que es fundamental reforzar allí. Si me lo permite, ustedes tienen un observatorio privilegiado, a través de su sindicato, para poder aclararnos, para poder
incidir en aquellos comportamientos que se producen en el ámbito laboral y decirnos si resulta o no suficiente el ámbito normativo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, tantas veces reformado, pero que sigue siendo la norma básica que
ha de regir las relaciones laborales en este país.
Esas son, por tanto, las cuestiones que nosotros le queríamos plantear al señor Luján de Frías y a las que esperamos que nos dé respuesta en su segundo turno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández González.
A continuación, para contestar a las cuestiones planteadas por los portavoces parlamentarios, tiene la palabra nuevamente, por aproximadamente diez minutos, el señor Luján de Frías.
El señor VICESECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA SINDICAL DEL SINDICATO UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ESPAÑA, UGT (Luján de Frías): Agradezco el tono y todas las intervenciones que se han hecho porque, además, nos permiten
también reafirmar la posición que ya suponíamos de cada uno de los grupos.
Una de las cuestiones que me llama la atención, que no he adelantado en mi intervención inicial, pero en la que ahora quisiera profundizar, es la libertad de expresión, que es uno de los derechos fundamentales y que, además, nosotros
defendemos. Es absolutamente necesario, en un país con una sana cultura democrática, con salud democrática, reforzar la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es la libertad de delinquir; la libertad de expresión no es la libertad
de odiar; la libertad de expresión no es la libertad de calumniar, no es la libertad de injuriar, no es la libertad de intervenir o incumplir nuestro Código Penal. Cómo funciona la libertad de expresión lo dicen nuestros tribunales de justicia.
La sentencia del 18 de julio del año 2023 -según el informe de la Fiscalía para este año, para 2023-, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga y la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona han condenado al titular de cuentas de
redes sociales por difundir noticias falsas o fake news contra menores sin referentes familiares, estigmatizándolos o difamándolos. A esto es a lo que nosotros nos referíamos. Entendemos que nadie piensa que las audiencias provinciales, que los
jueces están a favor de la Unión General de Trabajadores o que condenando a quien difunde bulos o a quien viola la libertad de expresión para difundir delitos están cometiendo algún tipo de prevaricación.
Me llama la atención la fijación que alguna vez se tiene con nuestra representación o a quién representamos. Nosotros nos medimos cada uno de los días del año en elecciones sindicales que son
reforzadas por el voto libre y secreto en cada urna de las personas trabajadoras que hacen que tengamos la representación que tenemos y que tengamos también la posibilidad de comparecer en esta sede, en este edificio donde se residencia la
soberanía popular en función de este respaldo que nos dan las personas trabajadoras cada uno de los días. Esto es fácil. Cada uno se mide. Hay organizaciones sindicales vinculadas a otros partidos políticos que también han tenido la oportunidad
de medirse y que tienen la representación que tienen. Por lo tanto, la legitimidad de lo que hacemos y el respaldo a lo que hacemos es medible día a día, hora a hora, jornada a jornada y año a año.
Me decía también la representante del Partido Socialista Obrero Español que si podía contestar a alguna de las cuestiones que se me plantean sobre considerar ampliar los estudios que hacemos en la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras
y la posibilidad de hablar de trabajos más inclusivos. Iba en mi intervención, que he tenido que acortar cuando he preguntado a la presidenta, pues he visto que podía hacerse demasiado extensa. Obviamente, claro que nosotros queremos incidir,
queremos ampliar los estudios, queremos hacer de los centros de trabajo unos lugares mucho más inclusivos, mucho más amables, mucho más seguros. Además, para esto, afortunadamente contamos con la complicidad de las organizaciones empresariales que,
efectivamente, han acordado con nosotros el reglamento LGTBI, que han acordado con nosotros el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva para fomentar unos centros de trabajo mucho más inclusivos, en los que se erradiquen estas conductas
contrarias a nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto.
Con esto también contesto a la representante del Grupo Popular. Claro que he hecho una mayor incidencia en nuestro Código Penal que en el Estatuto de los Trabajadores, porque he empezado y he acabado diciendo que el odio es un delito, y si
nos vamos a meter en algo que debe ser, a nuestro juicio, reprimido por el Código Penal de la manera que acabo de señalar, me tengo que referir obligatoriamente al Código Penal, me tengo que referir, obviamente, a las circulares de la Fiscalía, me
tengo que referir a cuál es la situación de algo que se tiene que reprimir o de algo sobre lo que se tiene que actuar.
Es verdad que el Estatuto de los Trabajadores, que está desde el año 1980 -estamos pendientes de una reforma, del famoso estatuto del siglo XXI-, contiene disposiciones que pueden proteger a aquellas personas susceptibles de ver vulnerados
sus derechos en cuanto a discriminaciones, en cuanto a desigualdades, pero no reprimir conductas que, a nuestro juicio, están recogidas en el Código Penal. Es verdad que el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores ya habla de la igualdad a la
hora de prestar servicios. Por eso nosotros hablábamos de la negociación colectiva, porque es posible armar unos centros de trabajo en los que también se incida en la educación, en los que se forme a las personas para ser más inclusivas, para
tolerar al diferente y para hacer los centros de trabajo mucho más amables. Pero como estábamos hablando de una conducta absolutamente reprochable para nosotros, una conducta que debe ser erradicada, he hecho mayor incidencia en el Código Penal y
en la Fiscalía. Eso es lo que nosotros señalábamos.
Por último, en contestación a la representante del Grupo Popular, cuya exposición agradezco expresamente; tengo que decirle que las he ordenado de manera anárquica. Cuando estaba preparando la intervención. lo del decálogo, lo de los diez
mandamientos quedaba muy bien. Efectivamente, he ido relacionándolas, pero no por un orden de importancia. A nuestro juicio, y en eso coincido con la representante del Grupo Popular, la educación es probablemente una de las piezas angulares, antes
que la represión. Preferimos educar, preferimos convencer, preferimos concienciar; ese es el motivo por el cual intervengo esta mañana y por el cual queremos trasladar a la negociación colectiva y a los centros de trabajo este discurso que he
intentado esbozar esta mañana y que, ahora, con esto concluyo.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, UGT. Estoy convencida de que serán muy útiles todas sus
propuestas para que esta subcomisión emita un dictamen que ayude a avanzar y a mejorar la convivencia en nuestro país.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:45.
Muchas gracias.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.