CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 154

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO LUCAS AYALA

Sesión núm. 6 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

17 de julio de 2024

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la Ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa:


- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000118) ... (Página2)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la Ponencia sobre:


- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 122/000118) ... (Página2)


- Votación ... (Página8)

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Se abre la sesión a las tres y cuarenta minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO Y EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000118).


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías, iniciamos la sesión.


En cumplimiento del orden del día, procedemos a la ratificación de la ponencia designada para informar de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de reforma de la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.


Lo que les propongo en este punto, señorías, como es habitual, es la ratificación por asentimiento de la ponencia designada. ¿Están ustedes de acuerdo? (Asentimiento). Queda por tanto ratificada la ponencia.


Gracias, señorías.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DE REFORMA DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO Y EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000118).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, relativo al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Se abrirá un único turno de intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, ya sea para la defensa de enmiendas como para la fijación de posiciones de siete minutos
cada uno en orden de menor a mayor. Por tanto, comienza el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Tiene la palabra el señor Cervera. Cuando quiera.


El señor CERVERA PINART: Sí, gràcies, president. Bona tarda, senyories. Molt breument, perquè ja hem tingut oportunitat de posicionar-nos en relació amb aquesta iniciativa, fruit de l'acord entre el Partit Popular i el Partit Socialista,
els dos partits sistèmics de l'Estat. Hem tingut, deia, oportunitat de posicionar-nos, tant en la seva presa en consideració, com en el debat a la totalitat sobre aquest acord que preveia, a més de reformar aquesta norma, també la renovació del
Consell del Poder Judicial. Nosaltres estem convençuts que aquesta reforma, ni tal com la van acordar ni fetes les correccions ni si s'incorporessin les esmenes que proposen els altres grups, solucionaria el problema de fons dels òrgans de govern
del poder judicial. I, per tant, nosaltres no l'avalarem i tindrem temps d'aprofundir en allò que és el problema estructural, que és, evidentment, la seva falta no només d'independència, sinó també d'imparcialitat i, com deia, tindrem oportunitat
d'aprofundir-hi en el debat de la setmana que ve en el ple. Res més. Gràcies.


Gracias, presidente.


Buenas tardes, señorías.


Muy breve, porque ya hemos tenido oportunidad de posicionarnos en relación con esta iniciativa, fruto del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos sistémicos del Estado. Decía que hemos tenido oportunidad
de posicionarnos tanto en su toma en consideración como en el debate a la totalidad sobre este acuerdo que prevé reformar el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros creemos que con esta reforma -vital tal y como la acordaron y hechas las
correcciones- y si se incorporasen las enmiendas de los otros grupos solucionaríamos el problema de fondo que tienen los órganos de Gobierno del Poder Judicial. Por lo tanto, nosotros no la avalaremos y tendremos tiempo de profundizar en lo que es
el problema estructural, que sin duda es su falta no solo de independencia sino también de imparcialidad. Como decía, tendremos oportunidad de profundizar en el debate de la semana que viene en el Pleno.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. Tiene la palabra el señor Santiago. Cuando quiera.


El señor SANTIAGO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario no va a perder la ocasión de renovar el Consejo General del Poder Judicial, de acabar con este secuestro prolongado. Además, vemos que para liberar al secuestrado ha habido que pagar rescate, en este caso el
rescate parece que es una PL pactada, que no admite ningún tipo de modificación, no admite enmiendas y sobre todo ha supuesto renunciar -al menos por el momento- a abordar las reformas profundas que necesita el Poder Judicial. Creo que se ha
desaprovechado una ocasión única de comenzar a abordar esas reformas, porque lo cierto es que el Partido Popular es muy refractario a llevar adelante esas reformas profundas, se opone porque, de hecho, controla el Poder Judicial, su control del
Poder Judicial es total. Es importante que la sociedad conozca que estos años de bloqueo en la renovación no han sido por casualidad, se han utilizado por el Partido Popular para introducir a los miembros del consejo del Poder Judicial más
conservadores en las altas cortes del Estado y en las altas responsabilidades cuyo nombramiento decide el Consejo General del Poder Judicial. Ese era el interés de bloquear durante estos años y se ha hecho sin respetar ni siquiera el escalafón. Es
bueno poner de manifiesto que los nombramientos en el Tribunal Supremo son vitalicios y cada nombramiento de esos que se han hecho por decenas, invirtiendo la normal proporcionalidad entre las distintas percepciones y sensibilidades sociales que hay
en cualquier carrera profesional lo que han evitado es que generaciones de jueces de juezas, y magistrados y magistradas hayan podido de una forma normal concluir su carrera profesional aspirando a formar parte de esas altas cortes. Esa ha sido una
realidad que se ha ido diseñando por este bloqueo prolongado.


No tiene lógica no aceptar enmiendas. Aun sabiendo que esta es una proposición de ley de reforma muy limitada, no tiene lógica ninguna no aceptar esas enmiendas, salvo la de cobrarse el Partido Popular ese rescate y salvar la cara al
Partido Popular. Digo salvar la cara porque lo que también tiene que quedar claro es que, frente a lo que nos han repetido hasta la saciedad, los jueces no van a elegir a los jueces; los jueces van a acceder a la carrera judicial mediante un
sistema reglado de oposición o de méritos, de concurso en todo caso -según la forma de acceso de las distintas que prevé la ley-, pero en ningún caso van a elegir los jueces a los jueces, como decía el Partido Popular.


Si cuando el Partido Popular decía que los jueces han de elegir a los jueces se refería a la elección de los órganos de Gobierno del consejo, tampoco va a ocurrir esto, ni muchísimo menos. Esto, que era esa condición del Partido Popular
para poder renovar el consejo, no se ha incluido en esta reforma; debido a las presiones fundamentalmente externas de la Unión Europea y a las tensiones dentro de su partido, han tenido que ceder en este bloqueo permanente y olvidarse de una tan
poco democrática exigencia como era, ni más ni menos, la de que el 0,001 de la población de este país se permitiera el lujo de elegir el gobierno de un poder del Estado, cuando es evidente que en una democracia es la soberanía nacional, la soberanía
popular en donde reside la legitimidad para la elección de los poderes del Estado. Eso es lo que actualmente está en vigor en nuestro país y eso es lo que va a seguir ocurriendo.


En todo caso se ha perdido la ocasión de aceptar unas enmiendas que, modestamente, ¿qué pretendían? Pues voy a explicar lo que pretendían precisamente y lo voy a decir bien alto para que lo conozcan los miembros de la carrera judicial, para
que no se confundan pensando que la derecha política defiende sus intereses, porque la derecha política no defiende los intereses de la carrera judicial ni del Poder Judicial, defiende sus propios intereses partidarios. Se ha perdido la ocasión,
por ejemplo -al no admitirnos la enmienda que habíamos presentado al artículo primero, uno, de modificación del artículo 343 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, de que no se obstruya o entorpezca el acceso al Tribunal Supremo, en esas plazas que
son vitalicias, a las siguientes promociones de magistrados y magistradas. Es decir, se ha perdido la oportunidad de establecer un mecanismo para que no se anquilosara el órgano. También se ha impedido que levantáremos las limitaciones a los
magistrados y magistradas procedentes del cuarto turno, que ingresan en la carrera judicial con edades superiores a los del turno libre y que en muchos casos no van a poder completar los veinte años mínimos que exige la proposición de ley
presentada, pero no por falta de experiencia jurídica, porque son personas que proceden de otras carreras jurídicas, de la academia o incluso de otras carreras jurídicas del Estado y que acceden por esa vía. Debería no ser discriminatorio acceder
por esa vía, pero la realidad es que con esta formulación va a existir una discriminación evidente, una discriminación injustificada porque el Tribunal Constitucional

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entiende que pueden existir normas discriminatorias cuando hay una justificación, pero en este caso no existe ninguna justificación; es desaprovechar talento clarísimamente.


Igual que también se ha desaprovechado la ocasión de que los jueces miembros de la carrera judicial que realizan tareas de representación política, al volver a incorporarse a la carrera judicial, puedan ocuparse por ejemplo en funciones no
jurisdiccionales, de formación específicamente.


O también se ha perdido la ocasión de establecer un sistema mucho más sensato para que los distintos candidatos a vocales, una vez elegidos, tengan su propio suplente en el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, son enmiendas que
podían haberse incorporado en el dictamen, pero no ha ocurrido y las vamos a mantener vivas para pasar ahora mismo a votación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Es el turno del Grupo Parlamentario VOX. Tiene la palabra el señor Ortega.


El señor ORTEGA SMITH-MOLINA: Muchísimas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario ha sido muy claro desde el primer momento en que no íbamos a contribuir a darle ninguna veracidad a lo que no es otra cosa que un teatro, una pantomima que representa -eso sí, muy profesionalmente- el bipartidismo
de siempre, el que ha gobernado durante décadas en España, desde que se aprobó la Constitución, y que es su esencia, aunque sus discursos de conveniencia tanto en Comisión, como en Pleno o en campañas electorales, les hagan decir otra cosa en
algunos momentos. Digo que su discurso en el fondo es nada más que apariencia, porque la realidad es que -tanto monta, monta tanto, el PP como el PSOE- han estado cómodos, convencidos y absolutamente en perfecta coordinación a la hora de dinamitar
cualquier división de poderes, cualquier verdadera independencia en los órganos de dirección del Poder Judicial. No han querido nunca -y las razones creo que son sobradamente conocidas por sus señorías, pero, más importante que ello, por todos los
españoles-un Poder Judicial como tal, ni con la independencia a la hora de nombrar a las altas magistraturas ni con los presupuestos necesarios ni con los medios humanos y materiales que lo hicieran un poder realmente eficaz, un contrapoder -como
tantas veces ha dicho la doctrina- frente a los desmanes de un Poder Ejecutivo o de un Poder Legislativo. Y no han querido porque se han sentido siempre muy cómodos controlando el Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose -eso sí, casi
siempre de la mano o con el acompañamiento de los socios separatistas- el órgano de dirección del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial.


Poco duró -solo cinco años, de 1980 a 1985- esa ley orgánica del Poder Judicial que lo que hizo no fue otra cosa que trasladar el espíritu de la Constitución cuando dejó bien claro que el origen de ocho de esos veinte vocales sería
ciertamente un origen político, un origen del Legislativo, del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero dejó bien claro que habría doce -y por tanto una voluntad de que fuese la mayoría- cuyo origen no fuese por votación en las Cortes, que no
fuese por una decisión entre los partidos, sino que su origen fuese del propio Poder Judicial, por y entre magistrados de todas las categorías. Hay quien dice que eso no es así y que hay una supuesta legitimidad democrática que obliga a que veinte
-y por tanto el 100 %- de los vocales tengan origen partidista. Pero, si eso fuera así, ¿por qué el constituyente no dijo simplemente: habrá veinte vocales, diez que los elegirá el Congreso y diez que los elegirá el Senado? Si precisamente derivó
esos doce vocales a lo que habría de establecer una ley orgánica -como, por cierto, así estableció la ley de 1980- es porque en el fondo en el espíritu de la Constitución -la que aprobamos la inmensa mayoría de los españoles- no se quería que
ocurriera lo que por cierto luego advirtió el Tribunal Constitucional, ese manoseo por cuotas partidistas. Y esto hoy es un capítulo más en el que, a pesar de que el Partido Popular lleva cinco años engañando a los españoles y diciéndoles que nunca
procederían a la renovación de los vocales hasta que no se cambiase por ley el sistema de elección de los doce vocales que deben venir de elección judicial -no solo formado por jueces, sino elegidos entre jueces y magistrados-, hoy ha venido a hacer
justo lo contrario. Además, ha venido a hacerlo en el peor momento, en el momento en que España está sufriendo los azotes de un Gobierno tirano, de un Gobierno autocráta, de un Gobierno cómplice de las mayores delincuencias. Porque quien amnistía
a delincuentes se convierte en cómplice de delincuentes, como ha ocurrido con la ley de amnistía, como ha ocurrido con los indultos, y como está ocurriendo con las sentencias del Tribunal Constitucional, puesto precisamente para derogar aquellas
sentencias condenatorias de presidentes del Tribunal Supremo. Y de eso tiene mucha culpa el Partido Popular, que permitió la modificación rápida de las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando se encontraba este órgano en funciones.

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Así que, ante esta pantomima, lo único que nos corresponde es seguir levantando la voz y denunciando a todos aquellos -especialmente al Partido Socialista y al Partido Popular- que no creen en la independencia de la justicia, que siguen
creyéndose por encima del Poder Judicial. Seguiremos denunciando mientras sigan siendo ellos quienes decidan poner a sus peones, peones que, como se ha definido en más de una ocasión, se convierten tristemente en comisarios políticos togados, que
son quienes van a actuar como auténtica correa de transmisión de los intereses de los partidos políticos.


Se dirá lo que se quiera, pero estoy convencido, estamos convencidos en nuestro grupo, de que si los españoles tuvieran la oportunidad en un referéndum de opinar sobre esta cuestión serían abrumadoramente mayoritario el rechazo absoluto a
las injerencias de los partidos políticos en la justicia. Lo que deseamos es que cuando cualquier español acuda a un órgano judicial no tenga que estar pensando cuántos magistrados son conservadores, cuántos son progresistas, cuántos vienen de
origen de un partido y cuántos de otro. Deseamos que acuda pensando únicamente en su capacidad, en su profesionalidad y sobre todo en su independencia.


Lo mismo decimos respecto al Ministerio Fiscal, que no se ha querido darle los instrumentos necesarios a su estatuto para que este no tenga ninguna dependencia en su funcionamiento del Gobierno de turno, para evitar que pueda ser cesado
-como proponíamos en nuestra enmienda- o que pueda ser nombrado si no tiene un informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, para que sea realmente independiente.


Dicho lo cual -y con eso termino, presidente-, es muy triste volver a tener que ver cómo se consolida lo que llevamos sufriendo desde hace décadas y es ese desprecio absoluto a la división de poderes, a la independencia judicial, que es lo
mismo que despreciar realmente el Estado de derecho y la democracia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Aranda, cuando quiera.


El señor ARANDA VARGAS: Gracias, señor presidente.


Uno, que lleva aquí ya algún trienio en justicia escuchando sesión tras sesión de la Comisión las soflamas del portavoz de la ultraderecha y cómo insulta constantemente a mi grupo -hoy al Gobierno, llamándole tirano-, a veces uno piensa que
deben de tener un procesador de textos en casa y que van poniendo palabras aleatorias y les sale el discurso que van repitiendo en cada sesión de la Comisión, van diciendo las mismas -no sé cómo calificarlo- palabras, sin ningún tipo de sentido, y
vamos escuchando siempre lo que nos tiene que decir. Por suerte, en el Poder Legislativo tenemos otra función y hoy estamos para eso. Pero mientras tanto hemos de aguantar este tipo de insultos y de descalificaciones al que estamos muy
acostumbrados ya.


Señor presidente, señorías, hoy damos cumplimiento a un nuevo paso en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. Una ley que viene acompañada del proceso de nombramientos de los
vocales no judiciales para el Consejo General del Poder Judicial en el que estamos inmersos, tanto el Congreso como en el Senado. Es decir, estamos dando cumplimiento, desde el Poder Legislativo, a un mandato constitucional y legal. Uno llega a
este punto con una sensación extraña, porque, ciertamente, por un lado, no me importa reconocerlo, es una gran noticia que los dos principales partidos de esta Cámara nos pongamos de acuerdo y traigamos a la Cámara una ley como la que aprobamos hoy
en esta Comisión, pero, por otro lado, tengo una sensación de llegar tarde por la certeza de que este pacto, este acuerdo o este proceso podría haber llegado hace cinco años o en cualquiera de los meses que hemos tenido de retraso y es una sensación
que genera algo de tristeza y de desasosiego por el tiempo perdido, por las excusas acumuladas y por las oportunidades que hemos perdido por el camino. Sinceramente, algo está fallando cuando durante estos cinco años se ha podido tergiversar el
objeto constitucional del refuerzo de las mayorías para aprobar según qué leyes y retardar los consensos necesarios que necesitan todas las democracia, porque los tres quintos no es un parapeto, sino que es un refuerzo democrático y constitucional.


Dicho esto, permítame, desde el respeto, la única licencia que me permitiré hoy para el disenso, para fijar, de manera justa, la posición de mi partido ante el proceso que nos ha llevado hasta aquí. Señorías, siempre es una noticia buena
que en esta Cámara se produzcan acuerdos. Mi grupo lleva haciendo esto mucho tiempo en esta Comisión y es nuestra divisa parlamentaria. El acuerdo suma, nos hace avanzar, nos hace mejores y, señorías, eleva nuestra democracia. La semana pasada
tuvimos un ejemplo con la Ley del Derecho a la Defensa, una ley que ha sido enviada al Senado sin ningún voto en contra y con un

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trabajo encomiable de muchos de los ponentes encargados. Por cierto, señor Cervera, este partido que usted califica de sistémico no tuvo reparos en pactar con el suyo la Ley del Derecho a la Defensa, con lo cual tan malos no seremos. Por
eso, también hago, una vez más, un llamamiento a los grupos parlamentarios a seguir saltando barreras, a seguir salvando obstáculos para aquellos que quieran hacerlo y a seguir trabajando sin descanso para encontrar nuevos lugares de encuentro -si
me permiten la palabra- y de acuerdo que nos permitan desplegar una agenda legislativa en el ámbito de la justicia, y créanme que hay espacio para ello; una agenda que redunde en un mejor servicio público, en la mejora de las condiciones de los
operadores jurídicos y para que los destinatarios últimos de la justicia, los ciudadanos, tengan la mejor justicia posible.


Señorías, centrándome en la ley que queremos aprobar hoy diré que la ley supone un refuerzo inequívoco a la independencia e integridad del sistema judicial y se hace a través de una serie de acuerdos destinados a reforzar los requisitos para
el nombramiento de magistrados y magistradas en las salas del Tribunal Supremo, entre ellos, por ejemplo, el aumento a veinte años de ejercicio o, por ejemplo, la clarificación de las situaciones de excedencia y servicios especiales de aquellos que
quieran ejercer una actividad política, fijando que los jueces y magistrados no podrán reingresar al servicio activo hasta dos años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria. En otro orden de cosas, la reforma también
establece un código de incompatibilidades para los miembros del Consejo y el establecimiento de los tres quintos para según qué acuerdos que hayan de tomar dentro del Consejo. Estoy convencido de que los veinte miembros que puedan tomar posesión en
breve serán capaces de llegar a esos acuerdos y a esas mayorías. Por cierto, mi grupo sigue defendiendo la participación de las Cortes Generales, ese vínculo con el pueblo, en la elección de los vocales del Consejo. Nuestra postura, que la hemos
defendido siempre y así seguirá siendo, es que las Cortes Generales tengan un papel importante en la elección de los miembros del Consejo. Por cierto, en este momento también quiero romper una lanza en favor de la independencia de estos miembros
que se puedan incorporar en breve. Mi grupo hizo ayer esta reflexión a los miembros que asistieron a la Comisión de Nombramientos, les preguntamos si sentían mermada su capacidad y su independencia por el hecho de haber sido elegidos por el
Congreso y, evidentemente, ninguno citó ninguna merma, como no podía ser de otra manera. Así que, señorías, mi grupo desea que este nuevo Consejo, cuando se forme, inicie, desarrolle, cumpla y finalice su mandato de cinco años en plena normalidad
institucional. Finalmente, esta ley presenta tres acuerdos que también quisiera mencionar hoy. En primer lugar, el régimen de incompatibilidades para la Fiscalía General del Estado; en segundo lugar, la previsión de que el nuevo Consejo, en un
plazo de seis meses, remita a las Cortes Generales y al Gobierno un estudio que sea aprobado por tres quintos del Consejo sobre los sistemas de nombramiento en otras partes de nuestro entorno jurídico, y, en tercer lugar, la previsión de la
adecuación de la estructura de la plantilla judicial y fiscal mediante la provisión de 200 plazas cada año, de tal forma que en cinco años se produzca un incremento de 1000 jueces y fiscales.


Señorías, acabo como empecé, hay que felicitarse por un buen acuerdo y con el regusto a veces en la boca del tiempo perdido hasta ahora, pero con la esperanza de que el futuro sea mejor y de que las renovaciones de los órganos
constitucionales no dependan de quién está en el Gobierno o en la oposición, sino de la lealtad institucional, independientemente de qué lugar ocupas, y no pierdo la esperanza.


Muchas gracias, señor presidente gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Es el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Rosa.


Cuando quiera.


El señor DE ROSA TORNER: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, permítanme agradecer a mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, haberme confiado la defensa de la posición de nuestro grupo en esta proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es una gran satisfacción por el profundo respeto que tengo al Poder Judicial por razones obvias. Esta proposición de ley es fruto de un gran pacto efectuado de forma detallada, exhaustiva y responsable
entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Pacto que no ha sido, de ninguna manera, excluyente para el resto de los grupos que tienen hoy la oportunidad de adherirse. Hay que agradecer también la labor de los letrados de la Comisión que han
contribuido a la mejora del texto. La presente reforma es fruto de un deseo siempre manifestado por el Grupo Popular de trabajar por la independencia del órgano de gobierno de los jueces, porque, señorías, el Poder Judicial en España es
absolutamente independiente y este acuerdo ha servido para

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ponerlo de manifiesto, ya que se profundiza en la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. La obsesión del Grupo SUMAR, y en especial del Partido Comunista que lo conforma, por el control del Poder Judicial ha quedado
manifestado hoy de nuevo. Por tanto, hemos logrado bloquear esa idea de secuestro que querían para evitar que podamos determinar esa independencia. Este acuerdo está acompañado de una lista de candidatos a vocales que pone de manifiesto que en la
diversidad de pensamiento existe una unidad en la defensa de un Poder Judicial plenamente independiente, como pudimos comprobar en la Comisión de Nombramientos de ayer. La proposición de ley tiene como eje vertebrador el encargo al nuevo Consejo
General Poder Judicial para que efectúen una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el plazo de seis meses, que será remitida al Congreso, al Senado y al Gobierno para un nuevo sistema de elección de los futuros vocales del
Consejo General del Poder Judicial. Es una propuesta -una propuesta- en la que se va a tener en cuenta la mayor participación de la carrera judicial en su elección, como así lo ha establecido el informe del Estado de Derecho de la Comisión de
Europa y de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. Por tanto, hemos conseguido que el grupo del Gobierno acepte esta propuesta. También es fundamental la regulación sobre los servicios especiales y excedencia voluntaria
de los jueces y magistrados que hayan tenido participación política, que no podrán reingresar a la actividad jurisdiccional hasta dos años después dejar su actividad política, lo cual es una garantía para esa despolitización. Igualmente, es
destacable que la proposición de ley incrementa los requisitos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo requiriendo veinte años de servicio, lo cual también es una garantía. También se exige la mayoría de tres quintos para la
elección de cargos gubernativos, tanto del presidente de la Audiencia Provincial como del magistrado del Tribunal Supremo para conocer la actividad del CNI, igualándose a los requisitos exigidos para el resto de los nombramientos, lo que supone una
nueva garantía. También es destacable la previsión de la creación de la comisión de calificación, que es una garantía de transparencia máxima y de objetivización en los nombramientos que va a efectuar el Consejo General del Poder Judicial.


Señorías, también tenemos que alegrarnos de que en el acuerdo existe una apuesta para la creación de 200 plazas anuales, 1000 plazas de jueces y fiscales en los próximos cinco años, con la que se intentará paliar el aumento de la
litigiosidad, el incremento de la justicia interina y la previsión de jubilaciones, lo cual tiene que satisfacernos. Otra cuestión fundamental es que se presta y se apoya el sistema actual de acceso a la carrera judicial por el sistema de
oposición. Hay una apuesta por el sistema de oposición para entrar en la escuela judicial basada, como dice el propio texto, en la objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y la búsqueda de
excelencia. Por tanto, es toda una apuesta por seguir desarrollando y mejorando el actual sistema, pero abandonando esos viejos cantos de sirena que, bajo términos engañosos como la democratización del acceso a la carrera judicial, con ello se
pretendía menoscabar la independencia de los jueces y magistrados. Por tanto, hemos conseguido parar ese ataque que se estaba efectuando al acceso a la carrera judicial desde determinados grupos. Por último, hay una propuesta regeneradora que
establece un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento de fiscal general del Estado, lo cual también es una garantía absoluta. No podrá ser propuesto para el cargo quien, en los cinco años anteriores, haya tenido actividad política,
ya no habrá más Dolores Delgado. Eso es una satisfacción para el Grupo Popular. También se aclaran las causas de abstención y de recusación, que serán resueltas por la Junta de Fiscales de Sala, presididas por el teniente fiscal del Tribunal
Supremo, una nueva garantía de despolitización de la figura del fiscal general del Estado. Señorías, seguimos avanzando para que nunca haya más Álvaro García Ortiz en la fiscalía. Ese es el compromiso con la ciudadanía del Grupo Popular: no habrá
más Dolores Delgado ni más Álvaro García Ortiz.


Para terminar, el Grupo Popular no solamente defiende la independencia del Poder Judicial con palabras, sino también utilizando el Boletín Oficial del Estado. Como ahora, utilizamos el BOE para frenar los ataques a la independencia del
Poder Judicial, porque, como dice el refranero español, una cosa es predicar y otra dar trigo, y el Grupo Popular predica, no solamente se queda en palabras y en soflamas, sino que da trigo, porque estamos haciendo que, una vez aprobado este texto
en el BOE, ya se estará garantizando y poniendo todo lo que es de nuestra parte para evitar esa politización. Hemos conseguido bloquear los intentos de determinados sectores para el asalto y colonización del Poder Judicial. Hay grupos que no
pueden decir lo mismo, que se quedan en la soflama y no en el trabajo que hay que realizar en el articulado y en el Boletín Oficial del Estado. Damos pasos fundamentales en la regeneración democrática, como lo es la presente proposición de ley.

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Señorías, no se puede insultar a la carrera judicial, no como lo ha realizado el señor Ortega Smith. No se puede llamar pantomima a este proyecto por el cual ha apostado gran parte de la carrera judicial y llamar también pantomima al
trabajo de los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial. Eso es utilizar la misma terminología que los independentistas y aquellos radicales que están usando contra el Poder Judicial. Por tanto, mírense los términos utilizados que,
efectivamente, pueden estar ustedes usando los mismos términos que esos independentistas que ustedes dicen que quieren rechazar. Por cierto, el Grupo Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la privación de competencia del nombramiento del
Consejo del Poder Judicial, por favor, no falten a la verdad.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señorías, concluye el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios


- VOTACIÓN.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación. En primer lugar, procedemos a la votación de las enmiendas. Será a mano alzada.


En primer lugar, comenzamos con la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


El señor SANTIAGO ROMERO: ¿Todas a la vez?


El señor PRESIDENTE: Se votan en bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 29.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Por último, procedemos a la votación del texto del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 4; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, les recuerdo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 del Reglamento, y al ser la tramitación de la presente iniciativa por la vía de urgencia, el plazo para la presentación de escritos de mantenimiento de enmiendas,
enmiendas transaccionales y votos particulares es de veinticuatro horas desde este mismo momento. Dichos escritos deben presentarse, como es habitual, en el Registro de Comisiones.


El señor SANTIAGO ROMERO: ¿Y las correcciones técnicas?


El señor ARANDA VARGAS: ¿Y las correcciones técnicas?


El señor PRESIDENTE: Perdón.


Las correcciones técnicas estaban incluidas, señorías. En el dictamen que se ha votado ya están incluidas las correcciones técnicas.


Por tanto, como he dicho, los escritos deben presentarse, como es habitual, en el Registro de Comisiones.


Se levanta la sesión.


Gracias.


Eran las cuatro y veinte minutos de la tarde.


En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al
castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción.