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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 131, de 17/06/2024
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 131
ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PEDRO PUY FRAGA
Sesión núm. 7
celebrada el lunes,
17 de junio de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Decaída del orden del día:
- Proposiciones no de ley:
- Sobre plataformas digitales de trabajo, relaciones laborales y traducción del algoritmo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000942) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Para mejorar la gestión y eficacia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000044) ... (Página2)
- Para reducir los niveles de inflación en nuestro país y evitar una crisis alimentaria. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000128) ... (Página6)
- Relativa al impulso de la industria de data centers en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000187) ... (Página9)
- Para combatir el tráfico de productos falsificados. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000743) ... (Página13)
- Sobre la concentración bancaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano. (Número de expediente 161/000811) ... (Página16)
- Sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con la novación y subrogación de préstamos hipotecarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. (Número de expediente 161/000950) ...
- Sobre información de la sostenibilidad en las empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000964) ... (Página25)
Votaciones ... (Página27)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
DECAÍDA DEL ORDEN DEL DÍA:
- PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE PLATAFORMAS DIGITALES DE TRABAJO, RELACIONES LABORALES Y TRADUCCIÓN DEL ALGORITMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000942).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Si les parece, comenzamos el desarrollo de la sesión de la Comisión.
Como saben, la Comisión de hoy ha sido convocada con un orden del día centrado en el debate de diversas proposiciones no de ley y, justo antes de iniciar la sesión, el Grupo Socialista nos ha informado de que está registrando la petición de
retirada de la que figura como punto 6.º del orden del día, con el número 161/000942. Por tanto, esta no será debatida.
Recordamos que, tal y como se había hablado en la reunión con los portavoces y la Mesa, los proponentes de cada una de las iniciativas tendrán cinco minutos, para el posicionamiento tendrán tres minutos y tres minutos con posibilidad de tres
y medio o cuatro los que tengan una enmienda que defender.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y EFICACIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000044).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, procedemos con la primera proposición no de ley, que es la presentada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la mejora de la gestión y eficacia del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Para su defensa, tiene, por cinco minutos, la palabra don Jaime de Olano.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, presidente.
Muy buenas tardes, señorías. El 21 de julio de 2020 la Unión Europea, bajo el liderazgo de mi partido, el Partido Popular Europeo, aprobó la creación del programa Next Generation. Se trata de la herramienta más potente para transformar y
modernizar las economías europeas, preparándolas para ser más resilientes ante futuras crisis y posibilitando un futuro más próspero para la siguiente generación. Por desgracia, en España la realidad es muy diferente a lo que podría haber sido de
haberse gestionado adecuadamente semejante caudal de fondos, pero aquí, pese a la oposición del Partido Popular, se aprobó, y sorprendentemente con el beneplácito de VOX, el mecanismo de gestión de los fondos, un mecanismo farragoso, escasamente
útil y utilizado de forma sectaria por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El volumen de fondos del plan español asciende ahora mismo a 163 000 millones de euros, por lo que entre 2021 y 2026 habremos dispuesto de fondos equivalentes al 12 % de nuestro PIB. Tratándose de una gran noticia para nuestro país, la
capacidad de gestión del Gobierno para ejecutar los fondos de manera eficaz y eficiente cada vez está más puesta en duda, tal y como demuestran la experiencia acumulada durante estos tres años, los datos de ejecución, la falta de transparencia en la
información o la ausencia
de una cogobernanza real y efectiva con las comunidades autónomas. En el caso de la ejecución de los fondos del MRR, se van acumulando fondos sin ejecutar, sin que el Gobierno pueda darles las finalidades más eficaces y eficientes para
lograr el objetivo último del programa europeo, que debería ser incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo estable a largo plazo.
Señorías, crecemos, sí, España crece, pero crecemos básicamente gracias al turismo y a la deuda pública, y esto no es ir como un cohete, esto es ir mal, señorías; vamos mal. El pasado mes de septiembre, la propia Comisión Europea mostraba
su preocupación por la incapacidad del Gobierno para absorber y gastar correctamente los fondos Next, y advertía sobre la necesidad de reforzar la gestión administrativa. La evaluación de la adenda ha confirmado que no existía velocidad de crucero,
sino retrasos y problemas en la ejecución del plan, es decir, que el Gobierno nos mintió. Ninguna novedad, señorías. Tanto es así, que la Comisión Europea ha tenido que validar la modificación nada menos que de 69 hitos del plan inicial. Al
Gobierno le está llegando el dinero de la Unión Europea, pero ese dinero no está llegando a la economía real, y esa es precisamente la función que tiene encomendada el Gobierno y que está fracasando. Según la AIReF y la Comisión Europea, hemos
ejecutado realmente solo 20 000 de los 163 000 millones disponibles; esto es, poco más del 12 %. El portavoz del Grupo Socialista probablemente nos dirá que los fondos han llegado a seiscientas mil empresas, la mayoría de ellas a través del Kit
Digital gestionado por Red.es, pero ¡ojo!, porque parece que esto de Red.es no es para presumir. La UCO, la Guardia Civil, ha entrado en sus oficinas por orden de la Fiscalía Europea para requisar discos duros y otra documentación, porque parece
ser que hay diversos escándalos en la gestión de esos fondos por parte de la empresa pública. Además, se han bloqueado 158 millones de euros por incumplimientos en el Kit Digital, encargado, como les decía, a Red.es.
Por todo ello, señorías, consideramos imprescindible adoptar algunas de estas medidas: crear un órgano asesor independiente, plantear de manera urgente amplios incentivos y bonificaciones fiscales aplicables a familias y empresas, diseñar
los PERTE territorializados colaborando con las comunidades autónomas y los sectores, adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se está financiando gasto corriente con cargo al mecanismo e incurriendo en más gasto estructural, pues esto
sería un fraude en toda regla y nadie puede asegurar a día de hoy que no se esté produciendo, y facilitar, en último caso, el acceso de pymes y autónomos. Se trata, señorías, de reformar lo que no funciona en lugar de insultar al que denuncia el
fracaso. Se trata, en definitiva, de gestionar de la mano de los sectores y del resto de administraciones públicas y no usar los fondos como un instrumento de propaganda y un arma para el chantaje a las administraciones públicas o a los sectores
productivos. Se trata de no volver a sentir el bochorno que todos sentimos al leer la carta del presidente de los fabricantes de vehículos, ANFAC, que resume a la perfección todo lo que viene denunciando el Partido Popular desde hace años. Y no
tachen de oportunista esta proposición no de ley, pues la hemos registrado hace más de ocho meses.
Decía el presidente de ANFAC: El pasado mes de febrero, el presidente del Gobierno también se comprometió a revisar el Plan MOVES y a impulsar la infraestructura de recarga. Estas medidas no han llegado y estoy decepcionado; por eso,
ahora toca acelerar y no frenar. España tiene que mejorar la infraestructura pública de recarga -continuaba- y facilitar la compra de coches eléctricos con un verdadero plan de incentivos fiscales que permita cobrar la ayuda en el momento de la
compra. Y añadía: España no está progresando a la velocidad que tendría que hacerlo. El objetivo de que España esté por encima del 25 % de cuota de vehículos electrificados está más lejos ahora que hace un año. Y concluía: En lugar de ir hacia
adelante, vamos hacia atrás.
Señorías, si no queremos ir hacia atrás ahora, si lo que queremos es avanzar, aprobar esta PNL sería un buen comienzo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No hay ningún representante del Grupo Mixto, ni del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), ni del Grupo Parlamentario EH Bildu, ni del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
Por tanto, tiene la palabra la señora Granollers por el Grupo Parlamentario Republicano.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Intervendré muy brevemente.
Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley. Hay algunos puntos que sí nos gustan. Los vamos a guardar porque si algún día gobiernan ustedes, veremos con qué facilidad van a querer territorializar los PERTE, y más si estos
PERTE tienen que ir a Cataluña. De todas maneras, celebro que en algunos puntos estemos de acuerdo. Todos sabemos que territorializando los PERTE conseguiríamos
poder dotar de estos recursos a las empresas, recursos que tanta falta les hacen, pero bajando impuestos, lo que no nos gusta. Por eso, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra don Carlos Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias, presidente.
Nosotros nos congratulamos de leer en la PNL presentada por el Grupo Popular que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son una gran noticia para nuestro país, sobre todo después de haber escuchado al señor Feijóo la
oposición a estos, a este esfuerzo mancomunado europeo, aunque es verdad que la de las europeas ha sido una campaña con mucha cacofonía donde, en cambio, la líderesa, la cabeza de cartel en las europeas del Partido Popular, Dolors Montserrat,
atribuye el logro de haber conseguido los fondos europeos al Partido Popular.
Dicho esto, nosotros pensamos que, efectivamente, hay algunos objetivos que no se están logrando alcanzar a los previamente señalados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El motivo es que hay falta de demanda. Frente a
una oferta de fondos muy jugosa y sustanciosa, no hay capacidad por el tejido productivo patrio para asimilarla a los ritmos que tenemos establecidos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por eso, nosotros pensamos que en el sector
público tiene que haber también una planificación indicativa de esa demanda para aumentar la capacidad de absorción, y que tiene que ver también con la activación de las empresas públicas a través de la SEPI para ampliar las posibilidades de
ejecución de esa cantidad ingente de fondos en tan corto espacio de tiempo. Es verdad que en algún apartado se habilitan los fondos europeos a través del mecanismo de deducciones fiscales, que es un mecanismo muy utilizado en Estados Unidos, pero
nosotros creemos que, por experiencias pasadas que tenemos con las deducciones fiscales, esta vía es peligrosa y que vamos a tener que rendir cuentas de estos fondos a nivel europeo.
Entendemos que los PERTE son, sobre todo, palancas nacionales, aunque luego tienen un aterrizaje territorial. Obviamente, los fondos no se pueden utilizar, salvo excepciones, para financiar gasto corriente. En el Kit Digital y en otros es
donde están participando fundamentalmente la pequeña y la mediana empresa. Pero nosotros sí pensamos en cuanto a los fondos, por lo menos los de la agenda, que es donde vamos más retrasados en su ejecución, que posiblemente este Gobierno tiene que
repensarlos y tiene que plantearse utilizar esos créditos, a un interés y a unos plazos ventajosos, por ejemplo, en construir un gran parque de viviendas públicas de alquiler asequible. O sea, entendemos que se abre la oportunidad, sobre todo en
cuanto a esos fondos que, si no lo gastamos, posiblemente el 26 de agosto del año que viene los perdamos, de abrir un espacio para la reflexión y para redefinir los fondos, por lo menos de la adenda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Pablo Sáez.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Se insta en esta PNL al Gobierno a tomar medidas para que los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no pierdan su capacidad transformadora y el impacto que se esperaba sobre el crecimiento y la creación de empleo.
Entendemos perfectamente que se inste ante la realidad de una constatada lentitud en la gestión de los fondos; datos que no son de VOX, datos de la propia Intervención General de la Administración del Estado.
Sobre los fondos Next Generation, del importe de los créditos totales correspondientes a España, tan solo se reconocieron obligaciones en un porcentaje del 82,8 % en el año 2021, 69 % en el año 2022 y el 57,3 en el año 2023. Y, ojo, de
enero a abril tan solo se han reconocido obligaciones por un porcentaje del 2,6 % de los créditos totales. Datos del mismo programa. Del importe de los créditos totales correspondientes a España, tan solo se pagaron el 45,5 % en el año 2021, el
39,6 % en el año 2022 y el 27,3 % en el año 2023. Y, ojo, de enero a abril llevamos solo un 1,5 % de pagos realizados sobre el total de créditos.
En resumen, del montante total presupuestado en estos años más las modificaciones presupuestarias discrecionales del Gobierno, que suman 122 475 millones de euros a disposición para desplegar inversiones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, tan solo se han desembolsado 32 629 millones hasta el mes de abril del año 2024, un 26,3 % del total según la Intervención General de la
Administración del Estado. O sea, una demostración clara de la poca competencia y la falta de eficiencia por parte de este Gobierno.
Entendemos que se inste ante la falta de información y de transparencia. No existe información de lo que realmente ha llegado a la economía. Los informes de evaluación de impacto económico de los fondos no son reales y no los comparten ni
la AIReF ni el Banco de España, ni incluyen la creación de empleo ni ningún otro multiplicador de rentabilidad. Falta de transparencia que ponen de manifiesto empresarios, Funcas o la propia AIReF. Entendemos que se inste ante la falta de
información en cuanto a conocer el destino de los fondos por parte de entes y empresas públicas. No se conoce nada sobre la ejecución real de los organismos autónomos, sociedades públicas ni de ningún otro ente del Estado. Además, recientemente la
AIReF ha tenido que desarrollar su propio Observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de superar las limitaciones de información existentes e incorporar el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en su labor de supervisión. Son palabras de la propia AIReF. Entendemos perfectamente que se inste, ya que, si bien el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se planteaba como una política transformadora desde el lado de la
oferta, se ha constatado que no es así. Desde el año 2019, la formación bruta de capital fijo -esto es, la inversión- se ha reducido un 2,2 % en términos reales. En este sentido, el Gobierno ha constatado en su lista de los cien principales
preceptores que ha sido la Administración pública, sus entes y empresas públicas quienes abarcan el 80 % del presupuesto. Esto se ve con los datos de la contabilidad nacional, donde vemos que el gasto de las administraciones públicas ha crecido en
el mismo periodo un 11,3 %.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Termino.
Por tanto, entendemos perfectamente que se inste, porque estamos ante un Gobierno que no es consciente de la importancia de gestionar eficientemente las cuentas públicas ni es capaz de impulsar la inversión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Pedro Casares.
El señor CASARES ONTAÑÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, España está liderando en la Unión Europea todos los indicadores económicos. Fuimos, de las grandes economías, la que más creció en 2023, cinco veces más que la media de la zona euro, y en 2024 sabemos que también va a ser así.
Por ejemplo, el Gobierno de España ha anunciado hoy mismo que elevará las previsiones de crecimiento económico al 2,5 % tras haberlo hecho todos los organismos nacionales e internacionales. También estamos batiendo récords de empleo. Ya hay más de
21,3 millones de personas que están trabajando en este país. Y hoy mismo conocemos que las exportaciones están en récords históricos en el mejor mes de abril de toda la serie histórica, con un incremento interanual del 15 %.
Señorías, todos estos buenos datos económicos en buena medida no serían posibles sin el plan de recuperación, sin los fondos europeos, que son, desde el principio lo dijimos, una oportunidad de país. Y esto, a pesar del Partido Popular,
porque, señorías, hicieron todo lo posible para que el plan de recuperación no se aprobase, para que los fondos europeos no llegasen a España. Fueron incluso a hablar mal de su país ante los organismos europeos y en esta casa, en este Congreso de
los Diputados, cada vez que hubo una oportunidad para votar a favor de los fondos europeos ustedes votaron que no. Votaron que no al real decreto que agilizaba los fondos y han votado que no sistemáticamente en todos los presupuestos generales del
Estado que los vehiculaban. Así pues, señorías, hoy vuelven a tratar de ir en esa misma línea, a sembrar más dudas y a la desinformación continua en la que está instalado el Partido Popular. Pero, claro, lo hacen justo después de saber que la
semana pasada la Comisión Europea volvía a aprobar el cuarto desembolso, otros 10 000 millones de euros para España tras alcanzar nuestro país sesenta de los sesenta y un hitos y objetivos. Por tanto, cumplimos, somos los primeros, somos excelentes
en la ejecución del plan de recuperación, como certifica no el Gobierno de España, sino la Unión Europea. Y, claro, hoy no podía ser de otra manera, siguen con esa desinformación. Hablan de que estos fondos son solo para las grandes empresas
cuando la realidad y los datos dicen que el 38 % de los fondos han llegado a las microempresas y a las pymes. Hablan de que estos fondos no llegan a la
economía cuando la realidad dice con datos que más de 37 000 millones de euros ya han llegado a la economía real. Pregúntenles a las empresas, pregúntenles a las universidades y a los centros de investigación que hoy se están beneficiando
de estos fondos con los que, por cierto, estamos transformando nuestro tejido productivo y empresarial.
También dicen que no se cuenta con las comunidades autónomas, pero los datos, señorías, les vuelven a desmentir, porque el 40 % del total de los fondos del plan de recuperación precisamente ha ido a parar a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos de este país. O, por ejemplo, cuando en la adenda se contempla el fondo de resiliencia autonómico. Y podríamos seguir con muchos más ejemplos de lo que va a las comunidades autónomas. O piden hoy incentivos fiscales, cuando la
adenda, señorías del Grupo Popular, contempla un plan de incentivos fiscales de 480 millones de euros en clave verde y social.
En fin, frente a su estrategia de la desinformación, las mentiras y el bulo, el Gobierno de España sigue trabajando, como ocurre con los fondos europeos, que están permitiendo que España avance y se modernice. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Me recuerda el letrado que, como es habitual y ya todos suponen, la votación se hará de forma acumulada al concluir el debate de todas las proposiciones no de ley.
- PARA REDUCIR LOS NIVELES DE INFLACIÓN EN NUESTRO PAÍS Y EVITAR UNA CRISIS ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000128).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la segunda proposición no de ley, para reducir los niveles de inflación en nuestro país y evitar una crisis alimentaria, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
Tiene la palabra para su defensa don Pedro Fernández.
El señor FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
La ministra Montero recientemente dijo eso de que la economía española va como un cohete, y las redes sociales dictaron su sentencia. Sabíamos que antes en el Gobierno había una lady cohete y ahora ya tenemos dos. ¿Es cierto que la
economía va tan bien? Para contestarse a esta pregunta cabe mirar a las familias, cómo están las familias. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2020 un producto tan habitual y tan común en las casas de los españoles como el aceite de
oliva ha subido más de un 162 % y la subida media de la cesta de la compra es de más de un 38 %. Según el informe de situación financiera de los hogares, elaborado por el Banco de España, 1 600 000 hogares tienen dificultades para llegar a fin de
mes; es decir, una de cada diez familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. Según Eurostat -doy un tercer y último dato-, la capacidad adquisitiva desde el año 2019 ha caído un 5,5 %, 14 puntos por debajo de la media europea. Si se
pregunta en la calle a los ciudadanos quién mejora en este país sabemos qué van a contestar: Aquí la única que mejora es una tal Begoña. (Rumores). Esta es la situación de las familias y, por tanto, de la economía. Si la economía no sirve a las
familias, la economía no sirve para nada. Por tanto, ¿está justificada la euforia de la ministra Montero? Evidentemente, no. Como decían esta mañana en otro foro, la comparativa de la evolución de la economía española y la señora Montero es la
misma. Comenzó como lady cohete y acabó siendo lady petardo. Por ello, no dudo que la coalición de izquierdas, que mira por la gente, votará a favor de nuestra proposición no de ley, porque propone medidas que permiten mejorar la situación de las
familias españolas, porque intenta paliar las dificultades económicas por las que están pasando debido a la subida generalizada de los precios.
Leeré alguna de las cosas que proponemos, por si puedo convencer a la coalición de izquierdas: impulsar las reformas necesarias para proteger a las familias españolas ante la generaliza subida de los precios y el empobrecimiento de las
clases medias y populares; mantener la prórroga hasta al menos finales de 2024 de la aplicación en el impuesto sobre el valor añadido del tipo impositivo del 0 % que recae sobre los productos básicos de alimentación; incentivar la producción
nacional y proteger la industria agrícola, ganadera, pesquera y alimentaria frente a la competencia desleal de terceros países; impulsar el desarrollo del transporte y la logística de los productos alimentarios para garantizar su mejor distribución
por todo el territorio nacional, así como para lograr una reducción de los costes de las empresas del sector; realizar campañas sobre la importancia de los productos de proximidad que pongan en valor lo cosechado, criado y fabricado en España o,
también, fortalecer los programas de asistencia alimentaria para las familias más necesitadas y garantizar
que ningún ciudadano español sufra hambre debido a dificultades económicas. Más medidas, como, por ejemplo, reforzar los puntos de inspección fronteriza para asegurar que los productos que proceden de las importaciones cumplen rigurosamente
con los estándares de calidad, sanidad, seguridad alimentaria, condiciones medioambientales y bienestar animal que ya cumplen los productos europeos, y, finalmente, fomentar que los comedores públicos dependientes de la Administración pública sirvan
alimentos producidos en España. Esto entendemos que es mirar por las familias; esto es mirar por la economía española, y esto es, además, pensar en la gente y no estar tan pendientes de los datos de crecimiento económico, porque si eso luego no
llega a los españoles de a pie, no llega a las familias, de poco va a servir. Por ello, animo a los grupos de esta Comisión a que apoyen esta proposición no de ley que de alguna manera lo que hace es intentar paliar esas dificultades por las que
están pasando los españoles de a pie y que de alguna manera se pueda paliar la situación de dificultad económica por la que están atravesando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Al igual que en la anterior, no hay enmiendas. Toca, por tanto, el turno de intervención de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario Mixto? No está. Los grupos parlamentarios Vasco y EHBildu tampoco están, y doña Inés nos dice que
no interviene por el Grupo Republicano.
En consecuencia, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, don Carlos Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros pensamos que la proposición no de ley presentada por VOX está hasta cierto punto desenfocada y, como consecuencia de ello, no aterriza las medidas con suficiente profundidad para resolver parte de los problemas que plantea.
En primer lugar, este Gobierno ha aprobado el mayor paquete de ayudas posiblemente de toda la democracia, 47 500 millones de ayudas y de bajadas de impuestos dirigidas en gran parte a la familias: bajadas del IVA del alimento, de la
electricidad, del impuesto especial de la electricidad, bajada del impuesto sobre el valor de la producción, bajada del abono transporte, 'excepción ibérica' que ha ahorrado 5000 millones de euros a las familias españolas, subida del salario mínimo
un 54 %, subida del ingreso mínimo vital y de las PNC en 2023 un 15 % y un 6,9 % en 2024, subida de las pensiones mínimas un 8,5 % en 2023 y un 6,9 % en 2024, y luego una gran creación de empleo alcanzándose cifras récord históricas no solo en
volumen, sino también en términos porcentuales, en términos de tasa de ocupación. Efectivamente, el salario mínimo está ganando poder de compra, no le está ocurriendo lo mismo al resto de los salarios, pero sí a las rentas familiares. Lo reflejaba
hace poco un reciente informe de la OCDE, en el que España era el segundo país en el que más crecían los ingresos reales de los hogares, un 5,2 % en 2023, frente al 1,2 % de la media del resto de los países de la OCDE. ¿A qué se debe esto? Aunque
los salarios no estén ganando poder de compra, el SMI sí que lo está haciendo y la renta de los hogares sí está aumentando su poder adquisitivo gracias a la creación de empleo y gracias a todas estas políticas de rebajas de impuestos o de aumento de
las ayudas familiares; o sea, que el conjunto del hogar está mejor. ¿Qué nos está pasando? Que han aumentado los costes de energía y materias primas, las empresas han aumentado sus precios, pero cuando estos costes han bajado, los precios han
sido rígidos a la baja. Las empresas no los están bajando, por eso, están registrando esos sobrebeneficios que vemos en el observatorio de márgenes.
¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Pues cosas más contundentes que las que plantea la PNL de VOX. Una de ellas es reforzar el poder de negociación de los trabajadores para que consigan disputar de manera más efectiva la
productividad, aumentando, por ejemplo, la indemnización restaurativa, enviando a las mesas de negociación la información del Observatorio de Márgenes Empresariales, recuperando el automatismo en la recuperación de los salarios cuando se producen
bajadas o, incluso, incluyendo cláusulas de revisión salarial obligatorias como contenido mínimo de los convenios.
Para el tema de los alimentos mi grupo ya ha planteado, en algún momento, que debemos introducir un impuesto inteligente sobre los márgenes empresariales excesivos a lo largo de toda la cadena alimentaria para aquellas empresas grandes, de
tal manera que obliguemos a romper esos comportamientos de rebaño que tienen, cuando han bajado sus costes, pero sus precios siguen altos. Introducir un impuesto que se adapte, dependiendo de que esos márgenes bajen o no, debería romper esos
comportamientos no competitivos, esos comportamientos de rebaño, y conseguir una rebaja igualmente de los precios de los alimentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Javier Cendón.
El señor ALFONSO CENDÓN: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno de España ha implementado numerosas medidas para contener la inflación y mitigar la subida de precios de los alimentos. Gracias a estas acciones la inflación en España se ha reducido a niveles inferiores a los de otros
países de la Unión Europea. Sin embargo, VOX nos trae una PNL en la que propone medidas para reducir los niveles de inflación en nuestro país y evitar una crisis alimentaria, cuya argumentación está basada en datos falsos e incoherencias, y todo
con su barniz típico y habitual del fango.
La realidad es que la economía española crece cinco veces por encima de la media europea. Tenemos más de 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, 1,7 millones más que en enero de 2020. Se ha reducido el IVA de los productos
básicos, lo que ha permitido acceder a alimentos esenciales a precios mucho más asequibles. Además, el presidente Sánchez -aunque el señor Fernández parece que no le ha escuchado- ha anunciado que la prórroga de esta rebaja del IVA irá más allá del
próximo mes de julio. También se ha puesto en marcha un cheque de 200 euros que ha beneficiado a más de 4,2 millones de hogares. En apoyo a nuestros productores se han establecido ayudas directas para mitigar los costes de producción en el sector
agrario, destinando a tal efecto más de 300 millones de euros. Se han intensificado también las inspecciones para evitar prácticas especulativas y garantizar precios justos. De esta PNL también se deduce que en VOX desconocen la realidad que
vivimos en España. España ya es una potencia exportadora de productos agroalimentarios. Los acuerdos comerciales se han posicionado en nuestro país como un actor destacado en el mercado global. Para asegurar la equidad, el Gobierno defiende la
implementación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales internacionales para que los productos importados cumplan las mismas normativas que los productos comunitarios. También se está reforzando la estrategia de promoción del sector
agroalimentario, con campañas como 'Alimentos de España' y, dentro de ella, la bastante conocida de 'El país más rico del mundo'.
En contraste con todas estas medidas, la propuesta de VOX ignora todo lo que se ha hecho y no aporta soluciones realistas. Esto también es habitual en su grupo parlamentario. Las previsiones de los organismos internacionales confirman que
España seguirá liderando el crecimiento en Europa. La OCDE ha destacado que hemos superado el nivel de poder adquisitivo prepandemia, con tasas de aumento superiores a las de Francia, Italia y Alemania. Las previsiones del FMI reflejan la buena
marcha de nuestra economía, compatible con la moderación de la inflación y la reducción del déficit y la deuda pública. Para este año y para 2025 se anticipa que España tendrá un crecimiento superior al de las grandes economías de la eurozona.
En conclusión, España avanza en la dirección correcta frente a las visiones apocalípticas del Partido Popular y VOX. Contamos con una de las inflaciones más bajas, un empleo en constante aumento y un Gobierno que redistribuye el crecimiento
económico, revaloriza las pensiones, sube el salario mínimo interprofesional y refuerza los servicios públicos, siempre con responsabilidad fiscal. Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista votará no a esta proposición no de ley.
Creemos que las medidas actuales están funcionando y seguiremos trabajando para mantener la estabilidad económica y el bienestar de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar Alía.
La señora ALÍA AGUADO: Gracias, presidente.
Buenas tardes. Esta iniciativa que VOX plantea en esta Comisión persigue el objetivo de reducir los niveles de inflación; y los niveles de inflación no son bajos, como acaba de decir el Grupo Socialista. Los datos de inflación del mes de
mayo son del 3,6 %, el nivel más alto desde abril de 2023, y llevamos ya tres meses de subidas consecutivas. Si algún grupo político lucha en esta Cámara contra la inflación, es el Grupo Popular, que ya el pasado 9 de abril llevó a Pleno una PNL
que exigía al Gobierno la deflactación de la tarifa del IRPF en su tramo nacional para combatir la inflación. Esta iniciativa salió adelante, pero hoy sigue sin aplicarse porque hay grupos políticos a quienes el bienestar de las familias españolas
les importa muy poco.
Hablamos de una subida de precios de alimentos, pero no olvidemos que la inflación en el mes de mayo también sube por la energía y los carburantes. Si este Gobierno empezara a controlar el gasto desmedido, podríamos también hablar de
contener la inflación. Desde luego, podemos compartir la rebaja del IVA de los productos básicos de alimentación, incluso que se extienda a otros productos, porque así el Partido Popular lo viene pidiendo desde hace tiempo. Acaba de decir el Grupo
Socialista que la economía crece, pero se ha olvidado de que también crece la pobreza. España es el país de la eurozona con más riesgo de pobreza, un 27 %, por encima de la media europea, y no podemos quedar indiferentes si conocemos que uno de
cada tres niños está en riesgo de pobreza.
Hay una segunda parte en esta PNL. VOX plantea medidas en defensa del sector primario que podemos compartir, si bien se observa cierto proteccionismo que llevaría incluso a aumentar la inflación, porque no permitir importar determinados
productos de alta demanda llevaría a un incremento de los precios. Todo lo que ustedes proponen de mejoras en la cadena alimentaria, protección del sector primario frente a la competencia desleal o facilitar asistencia alimentaria a los más
vulnerables forma parte de nuestro manifiesto de apoyo al sector primario de febrero de este mismo año. Hablamos de un sector primario que fija población en zonas despobladas, porque consideramos que la aportación a la economía y a la vida en el
ámbito rural son necesarios. De ahí, nuestra reivindicación y nuestro apoyo siempre.
Pero también sabemos todos los que estamos aquí esta tarde que el Grupo Popular presentó una proposición de ley en apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico de la economía y el Gobierno la vetó. No ha dejado que sea
debatida en sede parlamentaria alegando que es una medida costosa, y es que para ustedes dotar de estabilidad al sector primario y no subir los precios de los alimentos a los ciudadanos es costoso y mantener las explotaciones agrícolas y ganaderas
funcionando y abiertas, es costoso para el Gobierno; sin embargo, condonar la deuda a Cataluña es vital para mantenerse en el Gobierno. Eso son ustedes, señorías del Partido Socialista y miembros del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora ALÍA AGUADO: Termino.
Parece que las familias, los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero no son vitales y no merecen que ustedes les dediquen parte del presupuesto de este país. Esperemos que el Gobierno reconsidere la situación de cara a los próximos
presupuestos de 2025.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA INDUSTRIA DE DATA CENTERS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000187).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del tercer punto del orden del día, la proposición no de ley relativa al impulso de la industria de data centers en España.
El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y tiene la palabra para su defensa don Juan Luis Pedreño.
El señor PEDREÑO MOLINA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todos. El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición no de ley para el impulso de la industria de los data centers en España. Los data centers son dispositivos, es tecnología hardware y software que tiene
diferentes funciones, la más habitual es la que se refiere al almacenamiento, distribución y tratamiento de datos, pero también albergan determinadas aplicaciones y garantizan la disponibilidad de los servicios y de los sistemas que están alojados.
Los data centers han sido fundamentales en el desarrollo de Internet, esto lo sabemos todos porque una de las funciones de los data centers es la nube o cloud, que hemos utilizado los ciudadanos, pero también la Administración y las
empresas; es algo absolutamente habitual. Además, hay diferentes configuraciones de nubes, de clouds -privada, pública o híbrida-, en función de las necesidades de las empresas, de las administraciones y de los ciudadanos, y todos conocemos
proveedores de estos servicios, algunos grandes proveedores, pero también más pequeños, y eso condiciona también el tipo de data center. ¿Qué está ocurriendo? Que la industria de los data centers y de la inteligencia artificial es ahora mismo el
caballo de batalla del desarrollo de la trasformación digital de nuestro país. El
desarrollo de la inteligencia artificial ha disparado la creación de data centers. Los modelos de inteligencia artificial generativa -que todos más o menos ya vamos utilizando y conocemos- multiplican la capacidad de procesamiento y de
almacenaje de los data centers y, por tanto, España necesita un impulso de esta industria.
¿Cuál es la situación actual? Cuando alguien escucha hablar de data centers lo primero que piensa es que son instalaciones que consumen mucha electricidad, mucha agua, que no tienen apenas empleados o que no crean ninguna economía indirecta
y, por lo tanto, se tiende a penalizarlos como si no fuesen necesarios. El consumo energético, por ejemplo, de los sistemas de inteligencia artificial -que estos sí lo conocemos- es casi el doble del de los data centers, que, además, son sistemas
que tienden a mejorar la eficiencia, que se autorregulan y que participan en el desarrollo de la economía indirecta. Hay algunos estudios, por ejemplo, que calculan que cada cien megavatios de potencia instalada -que es como se mide la capacidad de
un data center- suponen alrededor de 1000 millones de euros de inversión, un impacto en el PIB de 1200 millones de euros y una contratación de casi mil empleados durante la fase de generación, y luego ya se mantiene una recaudación fiscal
importante.
¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley? Porque no podemos renunciar a la transformación digital, porque la inteligencia artificial es una de las banderas de la transformación digital y porque está
asociada inevitablemente a la creación de los data centers, y aquí en España nos encontramos con un colapso burocrático. En España hay casi ochenta solicitudes de data centers pendientes de autorización que están esperando desde hace casi tres
años, lo que hace que los inversores y las grandes empresas al final se vayan a otros países de Europa. Además, esto coincide con que, recientemente, el 14 de mayo, el señor Escrivá, ministro de Transformación Digital, anunció una regulación
mediante un real decreto que estará -dijo- listo a final de este año para regular los centros de datos y centrar las ayudas en su sostenibilidad, pero igual lo que desconoce el ministro es que hay muchos modelos de data centers. No es lo mismo un
data center que tenga un único cliente y se pueda ubicar en cualquier sitio que aquellos que se dedican a la distribución de contenido y, por tanto, de datos, que deben tener esa llegada cercana a los núcleos de población. De hecho, en Europa las
ciudades que tienen más progreso económico son las que tienen un mayor número de data centers. La lista la encabeza Frankfurt, pero le siguen Londres, Dublín o Ámsterdam, es decir, hay una relación directa. Y eso que en España tenemos las mejores
infraestructuras de interconexión de fibra y, además, tenemos siete cables submarinos y seis más que están proyectados para 2024.
Por eso, hemos presentado esta proposición con unas líneas en el petitum muy claras y concretas. Una de ellas, que es la que quiero resaltar, es que los data centers sean considerados como consumidores electrointensivos y que, además,
tengan un CNAE propio, que no es ni más ni menos que reducir el impuesto eléctrico que, sobre un coste de energía del 30 % que tiene el data center sobre el coste total, al final no va a suponer más de un 0,5 % del gasto de un data center. Lo
principal es que esto es un impulso a su creación en España, porque el Gobierno no será quien diga a las empresas privadas dónde instalar sus data centers. Por ese motivo pedimos al resto de los grupos que apoyen la iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para defender las enmiendas presentadas a la proposición no de ley interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Luisa Sanz.
La señora SANZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, esta PNL está cargada de buenas intenciones, pero, lamentablemente, ha quedado obsoleta en los casi cinco meses transcurridos desde su registro, y es que en gran parte de las medidas que proponen ya están previstas en la Estrategia
de Inteligencia Artificial 2024, que ha sido aprobada hace tres semanas en Consejo de Ministros y que será desplegada de forma paulatina.
Por otro lado, algunas peticiones recogidas en la PNL son de imposible cumplimiento al contravenir las prescripciones y criterios del sistema europeo. Por ejemplo, en primer lugar, sobre la petición de modificación de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas o CNAE para este tipo de centros, la vigente CNAE, la CNAE 2009, es una clasificación elaborada con fines estadísticos que el INE se encarga de difundir, mantener y actualizar, y que divide exhaustivamente el
universo de las actividades económicas en categorías mutuamente excluyentes, como creo que todos ya sabemos. Es importante recalcar, señorías, que las revisiones y actualizaciones de estas clasificaciones responden y se sustentan sobre criterios
estadísticos que garantizan la comparabilidad internacional, especialmente en el sistema
estadístico europeo. Se requiere por ello que la CNAE 2009 cumpla los requerimientos del Reglamento europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2016 que establece la clasificación europea de actividades económicas -a la que llamamos NACE
Revisión 2- y la relación que deben tener las versiones nacionales con esta clasificación. Existe un procedimiento por el que Eurostat tiene que aprobar las versiones nacionales que se hacen de la NACE; los Estados miembros no pueden realizar
unilateralmente modificaciones en la estructura que pongan en riesgo la armonización y la comparabilidad de las clasificaciones europea e internacionales. La CNAE actualmente vigente, la de 2009, dispone de una clase que encuadra las actividades de
los data centers, que es la clase 6311, proceso de datos, hosting y actividades relacionadas. Con motivo de la revisión que actualmente se está llevando a cabo, y que ya casi ha finalizado, las actividades de los data centers quedarán encuadradas
en la clase 6310, que es la relativa a infraestructura informática, procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas, y en esta es en la que nos tenemos que encuadrar.
En segundo lugar, sobre los consumidores electrointensivos, el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos ya establece los requisitos y el procedimiento, y, además, estos requisitos y procedimiento que debe reunir un consumidor para ser
electrointensivo deben ser acordes a los de la UE y no pueden modificarse sin una justificación acorde con lo estipulado en la Unión Europea. Es decir, existen otras empresas u otras actividades que podrían tener los mismos requisitos y habría que
justificar claramente por qué en este caso. También hay que considerar que la realidad energética de la UE ha mejorado sensiblemente en el último año.
En tercer lugar y para finalizar, respecto a ayudas o exenciones fiscales para esta actividad, aunque la industria de los data centers no es una industria manufacturera, el Ministerio de Industria apoya estas actividades desde distintos ejes
como, por ejemplo, ayudas a la transformación digital de empresas industriales interesadas en implementar soluciones cloud para sus sistemas productivos -son las ayudas Activa Financiación-, la línea de ayudas ICE 4 de apoyo a proyectos que
promuevan la transformación digital y, por último, el impulso a la transformación digital en el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, que aborda el uso de servicios en la nube, en el que, en lo referente a seguridad, por ejemplo,
se establecen criterios y parámetros importantes para los reglamentos que se desarrollen.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista propone un texto alternativo que no altera sustancialmente el sentido de esta PNL, sino que la actualiza y matiza para preservar su vigencia y exactitud.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra doña Gala Pin.
La señora PIN FERRANDO: Gracias. ¿Tengo tres o cinco minutos?
El señor PRESIDENTE: Máximo cuatro minutos.
La señora PIN FERRANDO: Me sobra. Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda que va dirigida en tres direcciones. Primero, en la necesidad de asegurar la diversificación del uso de la energía limpia y barata que se produce en el Estado español para evitar un
monocultivo. Es verdad que hay muchísimas solicitudes ahora mismo de creación de data centers y esto también hace que se nos despierte una pequeña alerta. Por ejemplo, hay que tener presente que India, que es un gran gigante tecnológico, tiene
ahora mismo 151 data centers, mientras que España tiene 140. También hay que tener presente la energía que necesitan estos data centers, sobre todo cuando decimos que si Internet fuera un país -esta frase tan conocida-, sería el sexto país más
contaminante del mundo o que Microsoft ha aumentado un 22 % las emisiones de carbono de alcance 3 en 2023.
Dicho esto, la enmienda que hemos presentado va también en una segunda línea, que es qué tipo de data centers queremos instalados en nuestro territorio. Porque es cierto que la inteligencia artificial ha aumentado y está presente en
nuestras vidas y está estructurando la vida política, social, laboral y económica. Nosotros creemos que el impulso de la instalación de data centers tendría que ir vinculado a la definición de un modelo de inteligencia artificial público. El Grupo
Popular está proponiendo exenciones fiscales y creemos que esto tendría que estar vinculado también a que se dieran solo en el caso de la
implantación de data centers que aseguraran la salvaguarda de la privacidad, la interoperabilidad de los datos y que hubiera un compromiso por parte de aquellos que instalan data centers de que la infraestructura digital, el código,
estuviera basado en software libre, porque eso nos permite potenciar la innovación a través de procesos más transparentes que consiguen que no parezca que se inventa la sopa de ajo cada vez. Sería un software accesible a todos, que fomentase la
colaboración y la cooperación frente a la competencia y un software más seguro, que permitiese controlar la seguridad de manera independiente.
Frente al monopolio que se está dando por parte de grandes empresas como Amazon, Google y Microsoft -que tenían la mitad de los centros de datos cloud del mundo ya en 2021-, la implantación de data centers en el Estado español tendría que
estar vinculada, efectivamente, a una tecnología mucho más democrática, mucho más garantista con la privacidad y que tuviese en cuenta todo el ciclo de ese procesamiento de almacenamiento de datos también en la construcción del hardware.
Por eso, nosotros no podemos dar apoyo a esta proposición no de ley, a pesar de que estamos seguros de que en algún momento nos encontraremos en algunas cuestiones relativas a la tecnología, tanto con el Partido Popular como con el Partido
Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para la fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, doña Carina Mejías.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidente.
Después de escuchar a la diputada socialista hablar de la efectividad de los planes de desarrollo y digitalización aprobados recientemente por el Gobierno, debo decir que sus afirmaciones contrastan abiertamente con cualquier reunión que
pueda tener uno de los diputados de esta Comisión con una organización de pequeños y medianos empresarios, que manifiestan abiertamente la dificultad de poder gestionar sus datos y de poder garantizar la seguridad de sus procesos digitales. Y, todo
ello, viene al hilo de la necesidad que, tras la pandemia, se ha puesto de manifiesto para todas las empresas de este proceso de digitalización.
En este momento, para prácticamente cualquier empresa los datos y la información son esenciales en su actividad diaria y cada vez más empresas necesitan optar por un data center, especialmente, como digo, las pequeñas y medianas empresas.
El hecho de contratar un data center en muchas ocasiones entraña muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes, porque no es fácil que muchas de las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ello. Por eso es importante impulsar
iniciativas como esta para garantizar que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con infraestructuras al alcance de todas, que procuren y proporcionen mejor acceso a la información y mayor capacidad de procesado. Además, los data centers
ofrecen también la posibilidad de tratar con personal especializado para hacer más fácil cualquier tipo de gestión de datos. Pero es que, además, yo creo que uno de los grandes retos que se presenta hoy en día para las empresas es garantizar la
seguridad. Y los sistemas de los data centers protegen con mucha más seguridad sus datos y las pérdidas por malware o los fallos del propio servidor. También se realizan copias de seguridad que, en muchas ocasiones, permiten recuperar los datos en
el caso de que haya habido algún tipo de pérdida o de que el sistema tenga algún fallo.
Por otro lado, también las empresas acusan la necesidad de garantizar la conectividad. Cuántas veces hemos oído hablar de los fallos en la conectividad y los problemas que han producido a la hora de gestionar balances o stocks. La
conectividad con la que cuenta un data center asegura el permanente acceso a los datos y la máxima velocidad posible, lo que facilita a la empresa trabajar de forma óptima. Otra de las cuestiones que también facilitan los data centers es garantizar
un servicio externalizado, lo que hace que no se tenga que realizar una inversión inicial en infraestructura a la que muchas de las pequeñas y medianas empresas no pueden acceder y que se pueda adaptar el servicio de forma escalada y pagar solamente
por aquello que necesiten. En último lugar, al hilo de lo que decía la diputada de SUMAR sobre la necesidad de garantizar que sean energías limpias, en este caso los centros de datos cuentan con sistemas de suministro de energía y enfriamiento más
eficientes que las salas de servidores ubicadas en las empresas. Por lo tanto, esta eficiencia energética se traduce también en una reducción general del consumo de energía y en un ahorro de costes.
Para nosotros esta es una iniciativa generalista que trata de impulsar y animar a las empresas a usar la nube y los data centers como medio de almacenaje de datos, pero que no baja a la concreción de los problemas que tienen las pequeñas y
medianas empresas, sobre todo porque también se deberían
incentivar e impulsar beneficios fiscales a la hora de utilizar esos data centers, que en este caso no se concretan. Por eso, nosotros esperaremos a saber si se aceptan las enmiendas presentadas por los grupos y decidiremos entonces nuestro
voto.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Don Juan Luis Pedreño, autor de la iniciativa, no sé si nos puede adelantar si aceptan alguna de las enmiendas.
El señor PEDREÑO MOLINA: Lo dejamos para el final.
El señor PRESIDENTE: Le agradeceremos que nos lo comunique antes de la votación. Gracias.
- PARA COMBATIR EL TRÁFICO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000743).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día, debate de la proposición no de ley para combatir el tráfico de productos falsificados, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para la defensa de
esta iniciativa, tiene la palabra doña Tristana Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Buenas tardes, señorías.
Todos ya sabemos la definición que hace la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre el término falsificación. Por ello, en el Grupo Parlamentario Popular creemos que hay que dar un paso adicional y no seguir como hasta ahora, como
pretende el Partido Socialista, para desincentivar la compra de falsificaciones. Además de perseguir la fabricación, la distribución y la comercialización de productos falsificados, hay que desincentivar la compra de estos artículos.
En el último informe 'Situación del comercio ilícito y fraude. En España, Europa y resto del mundo' se cuantifican las pérdidas directas por la venta de falsificaciones en 5700 millones de euros y 44 700 empleos en España. Pero el tráfico
de mercancías falsificadas crece tanto por el aumento del tipo de bienes que se falsifican como por el número de canales de distribución que se utilizan. Respecto al primero, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, cada vez
se incorporan más productos -alimentación, bebidas, medicamentos o cigarrillos- a una lista que sigue encabezada por las tres categorías más falsificadas por su valor: relojes, ropa y bolsos y carteras. Respecto al segundo, los infractores se
aprovechan del anonimato que ofrece Internet para tratar de introducir productos falsificados en la cadena minorista. Aunque el estudio dice que el 83 % de los encuestados consideró que la compra de productos falsificados arruina empresas y
destruye empleo, la realidad es que España es el segundo país de la Unión Europea donde se compran más falsificaciones, solo por detrás de Bulgaria;12 000 millones de pérdidas en la Unión Europea por falsificaciones -hoy se daba esta cifra en los
medios de comunicación-. Frente al 13 % de los ciudadanos de la Unión Europea que afirma haber comprado intencionadamente productos falsificados en los últimos doce meses, en España ese porcentaje asciende al 20 %, y, en el caso de los menores de
veinticuatro años, asciende al 45 %, es decir, prácticamente, uno de cada dos jóvenes compra productos falsificados.
La falta de reproche social tiene que ver con la falsa percepción de delito menor o algo que no hace daño a nadie, y, sin embargo, nada más alejado de la realidad, señorías, ya que la compra de falsificaciones tiene consecuencias negativas
en todos los ámbitos: en el económico, en el fiscal, en el medioambiental, en el sanitario, en el humanitario y en el de la seguridad global.
En el ámbito económico, se perjudica a las empresas legalmente establecidas en el mercado, que cumplen con toda la normativa y contribuyen a la generación de riqueza creando empleo y pagando sus impuestos. La competencia desleal de las
falsificaciones perjudica tanto a los fabricantes de productos originales como a quienes lo distribuyen, y perjudica a todo tipo de marcas, tanto a las de lujo como a las del segmento de precios más bajos.
En el ámbito fiscal, como hemos dicho, supone una importante pérdida de ingresos públicos, que, de no producirse, podría contribuir al sostenimiento del estado de bienestar o a reducir la carga fiscal sobre las familias y las pymes. Por
tanto, nosotros pretendemos que esto no sea así.
También hay un reproche en el ámbito medioambiental y en el sanitario. La ausencia de requisitos medioambientales y de controles homologados de calidad aumenta exponencialmente los riesgos sobre la salud pública, desde juguetes con pinturas
tóxicas o pequeñas piezas, que pueden provocar
atragantamientos en los niños, hasta los cigarros adulterados, que suponen un grave riesgo para la salud de los consumidores. Cada año mueren más de 200 000 personas en el mundo por el consumo de medicamentos falsificados.
En el ámbito humanitario, el perjuicio es doble: por una parte, este tipo de productos suelen fabricarse en terceros países en los que no existen derechos laborales, y, por otra, la venta de falsificaciones en nuestro país perpetúa la
explotación laboral del eslabón más débil de la cadena, el mantero, por parte de las propias mafias, contribuyendo al sostenimiento de las redes de trata de personas.
En el ámbito de la seguridad global, la venta de falsificaciones contribuye al sostenimiento de las redes del crimen organizado, ya que su escaso coste penal, comparado con su elevada rentabilidad, que multiplica por diez la del
narcotráfico, lo ha convertido en la segunda mayor fuente de ingresos criminales en el mundo.
En definitiva, el daño del comercio de falsificaciones es enorme: perjudica a nuestro tejido productivo y empresarial, destruye empleo, merma los ingresos tributarios del Estado, pone en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores,
perpetúa la explotación laboral de personas, enriquece a las mafias y contribuye a financiar el crimen organizado, y el Plan nacional e integral de la lucha contra la venta de productos falsificados 20232026 ni está dotado con los recursos
suficientes ni va más allá de profundizar en unas medidas que se han mostrado insuficientes para frenar el comercio ilícito de falsificaciones.
Por todo ello proponemos hoy esta proposición no de ley en esta Comisión, que esperamos que todos los grupos del arco parlamentario apoyen, porque creemos que hay que dar un paso más allá en contra del fraude de estas falsificaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas.
Para la defensa de la primera, la del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra doña Carina Mejías.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidente.
Es cierto, la venta de productos falsificados es un problema complejo, de ámbito mundial, que requiere la cooperación de gobiernos, instituciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y consumidores para abordarlo eficazmente. Y
no es fácil, porque la venta ilegal de productos falsificados afecta tanto a la economía como a la seguridad del consumidor. Estos productos falsificados generan pérdidas e impacto económico, a lo que ya se ha referido la diputada del Partido
Popular, con pérdidas cercanas a los 5700 millones de euros y una afectación sobre 44 700 empleos, y, generalmente, son productos elaborados en países lejanos que terminan aquí a través de mafias organizadas, que, a su vez, los venden a otras mafias
que acaban vendiéndolos en la calle, lo que fomenta que las ciudades y las plazas se llenen de espacios para la venta ilegal, generando también una situación de esclavitud para muchas personas que vienen de otros países.
¿Cuál es el impacto económico? El primero es la pérdida de ingresos para las empresas a las que se hace una abierta competencia desleal con estos productos falsificados, empresas que pierden miles de millones de euros al año. También
afecta a la calidad de los productos y se produce una pérdida de empleos, pues la disminución de las ventas de productos auténticos puede llevar a la reducción de personal en las empresas afectadas; cuando nos hemos reunido con las organizaciones
de empresas multinacionales hemos visto cómo este tipo de actividades afecta a sus propias empresas. También hay impactos para la salud, puesto que los productos falsificados no solo son los que se venden en la calle, sino también medicamentos y
cosméticos que pueden contener ingredientes nocivos y pasan sin ningún control. También hay riesgos de seguridad por los dispositivos electrónicos falsificados, que no cumplen con las normas establecidas. Además, de alguna forma, se contribuye a
la proliferación de productos baratos a través de la demanda de estos, de la facilidad en la producción y la distribución.
¿Y cuál es el problema? La ineficacia en la aplicación de la ley. Hace unos años, en 2019 la exministra Reyes Maroto anunció que iba a hacer un plan de combate contra la venta ilegal de productos falsificados, e incluso una campaña de
comunicación, pero hemos visto que todo eso quedó en nada y que la eficacia de aquella campaña no ha tenido ningún tipo de resultado. En este caso es importante reforzar las leyes y las regulaciones, mejorándolas y aplicándolas estrictamente contra
la falsificación; abordar la colaboración internacional de los países, que deben trabajar juntos para combatir el comercio transfronterizo, y también educar al consumidor a través de esas campañas, respecto de las que poca efectividad hemos visto.
En ese sentido, nuestra enmienda pretende instar al Gobierno a promover los mecanismos adecuados para que las marcas colaboren activamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para identificar los detalles fraudulentos que
caracterizan a los productos falsificados. Esta es una demanda que la Policía reclama con cierta frecuencia a fin de poder contribuir a una detección rápida en las inspecciones de partidas de productos a su llegada a nuestros puertos. También hay
que dotar a los cuerpos de seguridad local de los instrumentos jurídicos que faciliten la prevención, el seguimiento, la requisa y la detención de los vendedores irregulares en los espacios públicos de los municipios y las ciudades españolas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Adriana Maldonado.
La señora MALDONADO LÓPEZ: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda, que podemos decir que es técnica, a esta proposición no de ley que plantea hoy en esta Comisión de Economía el Grupo Parlamentario Popular. Me alegro de que este grupo ponga en
valor una realidad que no solamente existe en España, sino en toda la Unión Europea, en el mercado único, con esos datos que se presentan. Veo que tanto VOX como el Grupo Popular se han leído el informe anual de la oficina, que hace referencia a
esos 5700 millones de pérdida anual a nivel económico. Y hay que contextualizar que la falsificación en la Unión Europea, no solamente en España, ha aumentado como consecuencia del fenómeno de Internet y las redes sociales, observándose un
incremento exponencial desde el año 2000 en este tipo de falsificaciones.
Sin embargo, no compartimos con el Grupo Popular y VOX ir contra el consumidor y los ciudadanos como agentes que hacen todo el mal -podríamos decir- cuando hablamos de falsificación. En la Unión Europea la falsificación viene a ser uno de
los elementos más importantes en el mercado único. La libre circulación de mercancías es una realidad en nuestra Unión Europea y, por lo tanto, también en España y los controles aduaneros tienen que ser efectivos. Nuestras aduanas deben tener una
mayor dotación para hacerlas efectivas. Cuando vas a conocer las aduanas fronterizas, lo primero que te dicen es que necesitan nuevos sistemas de digitalización y efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para disponer de las
herramientas suficientes y poder acabar con la falsificación de productos, sobre todo en referencia a su entrada a través de nuestras fronteras internas.
Sin duda, la falsificación -y esto lo compartimos con el resto de los grupos parlamentarios- es un riesgo no solamente para la salud, como, por ejemplo, respecto a la falsificación de juguetes -el Gobierno de España saca una campaña anual en
Navidad para no comprar productos y juguetes falsificados-, sino también para la economía, pues hay una pérdida anual de puestos de trabajo, y, por supuesto, de porcentaje del PIB de nuestro país. Y también es un riesgo para otro elemento muy
importante de la economía española, la innovación, que se ve denostada y perjudicada como consecuencia de la falsificación.
Cierto es que el Grupo Popular trae una propuesta a la que, si aceptan nuestra enmienda, votaremos a favor, pero me van a permitir que les diga que es importante que apoyen al partido del Gobierno, tanto al Partido Socialista y al presidente
de gobierno, como al socio de coalición, SUMAR, y se pongan a trabajar en líneas relevantes, como es el Plan nacional e integral de lucha contra la venta de productos falsificados, una realidad que ha hecho posible este Gobierno. Por tanto, claro
que es una problemática en la que tenemos que seguir trabajando como país, también desde el Consejo de la Unión Europea, pero me van a permitir que les diga que dejen de hacer una oposición inútil muchas veces, que lo único que hace es denostar a la
clase política y el trabajo riguroso que se hace desde esta Cámara del Congreso los Diputados todos los días, y vayamos a aprobar propuestas mucho más activas, como es esta.
Por tanto, si se admite esta enmienda, el Grupo Socialista votará a favor, ya que considera que es un tema importante para el Partido Socialista y también para el Gobierno de España, pero espero que el Partido Popular deje de hacer esa
oposición inútil y reconozca las labores que hace el Gobierno de España también en materia de falsificación, como sucedió ayer mismo, cuando se detuvieron más de 58 000 artículos falsificados, valorados en 22 millones de euros, en las costas de
Tenerife gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para el posicionamiento del resto de los grupos, ¿Grupo Mixto? (Denegaciones). ¿Grupo Vasco? (Denegaciones). ¿Grupo Bildu? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra don Carlos Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias, presidente.
Nosotros pensamos que en esta PNL se están equiparando dos temas distintos. Uno de ellos es la adulteración de medicamentos y alimentos, que, erróneamente desde nuestro punto de vista, se está equiparando con la falsificación de ropa y
relojes, aunque es verdad que luego esta PNL se centra fundamentalmente en este segundo apartado.
Como también ha dicho nuestra compañera del Grupo Socialista, no coincidimos con que se criminalice en la PNL al 45 % de la juventud española menor de veinticuatro años y se plantee que se les penalice. Nosotros pensamos que el combate en
esta materia tiene que venir por otras vías, como ya se ha señalado. Al fin y al cabo, esto es intentar criminalizar a un chaval o una chavala que se compra una riñonera de Dolce & Gabbana por 20 euros, cuando cuesta 2000. Obviamente, si tuviera
esos 2000 euros, no se compraría esa riñonera de Dolce & Gabbana, sino que se lo gastaría en algo más interesante.
Por tanto, no pensamos que este tipo de compras esté quitando ninguna venta a estos gigantes de lujo y superlujo. Tampoco está haciendo que no se cree empleo en España. De hecho, el Grupo Popular lo reconoce en su propia PNL. Este tipo de
productos se hacen en el norte de África y Asia, en el sudeste asiático y China, y lo que a este respecto preocupa al Partido Popular es que se perpetúe la explotación laboral de las personas en esos países, lo cual nos congratula. Les pediríamos
que trasladasen también este tipo de reflexiones en referencia a nuestros propios trabajadores y trabajadoras, apoyando reformas laborales que intentan mejorar sus derechos y su nivel de vida, ya que a veces no tenemos a las señorías del Partido
Popular en esas reformas. Ya digo, no quita ventas a estas grandes empresas de lujo, no se deja de crear empleo, y, por tanto, nosotros no vemos la oportunidad de esta PNL tal y como como está enfocada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la proponente del Grupo Popular respecto a estas enmiendas.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Comunicaremos la decisión antes de la votación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE LA CONCENTRACIÓN BANCARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO REPUBLICANO. (Número de expediente 161/000811).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del día, proposición no de ley sobre la concentración bancaria, presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
Para su defensa, tiene la palabra doña Inés Granollers.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: Sí, gràcies, president.
Per fer una prèvia de la defensa i per tal d'aclarir dubtes sobre aquesta proposició no de llei, evidentment no venim a defensar cap entitat bancària. A Esquerra Republicana no som partidaris ni detractors ni d'un banc ni d'un altre, venim
senzillament a defensar els clients i usuaris de les entitats bancàries, és a dir, els interessos dels ciutadans i de les petites empreses del nostre país.
Avui encara no comptem amb un banc públic tal com nosaltres desitjaríem, i el mercat bancari és un oligopoli molt poc sotmès a les regles de lliure mercat. I en aquest context, perdre més actius en l'àmbit de la competència és en si mateix
una mala notícia. La competència és essencial per garantir el funcionament òptim del sector financer i és evident que aquesta competència ja va quedar molt malmesa els darrers anys amb el procés de concentració bancària. I, abans d'entrar en
matèria, cal desemmascarar una idea enganyosa: no és cert que el Banc Central Europeu empenyi els bancs cap a fusions dins els propis estats. El que pretén aquesta institució comunitària és una major integració bancària europea, és a dir, el que
persegueix és la fusió de bancs entre diferents països de la zona euro.
La concentració bancària és un mal que ve de molt lluny. Ja des de la crisi del 2008, Catalunya i el conjunt de l'Estat espanyol han viscut un procés de reestructuració bancària que s'ha convertit en un procés de consolidació i concentració
del sector i les principals entitats s'han reduït de 45 a deu, i els cinc principals bancs de l'Estat gairebé tenen el 70 % dels actius de l'Estat espanyol. Aquest procés de consolidació i concentració, des del seu inici, ha tingut una naturalesa
política i no hauria estat possible sense els 64 000 milions d'euros dels fons de garantia de dipòsits que l'Estat espanyol va demanar en préstec per tal d'evitar la intervenció directa. Un rescat que vam sufragar entre totes i tots i pel qual
encara no s'ha rebut cap tipus de contraprestació, ben al contrari, encara hi ha milers de persones en mans de la usura bancària. I exemples en tenim. Mentre l'Estat espanyol salvava la banca regalant milions d'euros de l'erari públic, desenes de
milers de famílies perdien casa seva i petits empresaris no podien fer front a les seves despeses financeres. 14 anys després d'aquest escàndol, aquestes persones encara estan estigmatitzades per la mateixa banca que els va portar a ser on són.
Tenen nòmines embargades i una negativa generalitzada de la banca a donar-los cap tipus de crèdit ni solució.
Posats en context de tal com estem, és molt fàcil imaginar a qui perjudica i a qui beneficia la falta de competència. Que es reduís encara més la competència en el sector bancari no suposaria una contraposició d'interessos entre els clients
del BBVA i els del Sabadell, per exemple. Això no és cert. La reducció de la competència a qui perjudicaria en general seria als usuaris de totes les entitats bancàries, perquè si l'oligopoli s'empetiteix, els bancs tenen cada vegada menys
competència i ho tindran cada vegada més fàcil per endurir les condicions per concedir préstecs i hipoteques i per reduir encara més els interessos que paguen per diversos dipòsits o productes d'estalvi. I mentre omplim diaris de sessions parlant
de com impulsar les zones rurals i com contribuir a la creació d'empreses, veiem que les oficines bancàries van minvant els serveis que donen a les poblacions i fins i tot van tancant oficines.
A Catalunya, del 2008 al 2021 es van tancar 5840 oficines i concretament 503 municipis no disposen de cap oficina bancària. Una manca de competència contribueix que els mateixos bancs apliquin pràctiques totalment abusives cap a les
persones més vulnerables. Ara mateix es cobra una comissió quan una família es queda al descobert més de dos dies. O també es continua exigint la contractació de serveis i assegurances per no cobrar comissions abusives per tenir un compte obert.
Per tant, una manca de competència posa en risc també centenars de llocs de treball especialitzats. I tot això ho diem i no són simples especulacions, sinó que són les lliçons que hem après a la història recent del nostre país. La desaparició de
les caixes i la concentració bancària produïda ara fa 15 anys ens hauria d'haver ensenyat quines són les conseqüències. De fet, arribats en aquest punt, toca preguntar-nos si com a societat és normal permetre acomiadaments col·lectius a empreses
que no només no tenen pèrdues, sinó que tenen beneficis mai vistos. El 2008, per exemple, 270 855 treballadors i 157 000 el 2023, versus uns beneficis empresarials de 13 000 milions d'euros de benefici el 2008 a 26 000 milions d'euros el 2023.
Queda palès que els acomiadaments no guarden una relació directa amb cap necessitat d'amortització de llocs de treball per fer front a dificultats econòmiques. I no és normal que es cobri als usuaris comissions per tot i, mentrestant, no disposin
d'oficines als seus barris o poblacions o no disposin ni tan sols de caixers automàtics o hagin de fer llargues cues per ser atesos.
Acabo ja. Per tots aquests motius, els demano el suport a aquesta iniciativa perquè cal alertar les institucions europees dels efectes nocius sobre la competència que implicaria en cas de produir-se el procés d'integració entre el BBVA i el
Banc Sabadell, com ha vingut fent la consellera Natàlia Mas. I, alhora, cal apostar per la concessió també pel Banc d'Espanya d'una fitxa bancària a l'Institut Català de Finances. I també aprofito per instar els partits amb majoria a la Mesa del
Congrés dels Diputats a tramitar de forma urgent les lleis com la proposició de llei de garantia d'accés als serveis bancaris i la de garantir el retorn social del rescat bancari provinent del Parlament de Catalunya, que aquests projectes de llei
s'agilitzin tot el que puguin. Gràcies.
Gracias, presidente.
Por hacer una previa a la defensa y clarificar dudas sobre esta proposición no de ley, no venimos a defender a ninguna entidad bancaria. En Esquerra Republicana no somos partidarios ni de un banco ni de otro; sencillamente, venimos a
defender a los clientes y usuarios de las entidades bancarias, es decir, los intereses de los ciudadanos y de las pequeñas empresas en nuestro país. Hoy todavía no contamos con un banco público, como nosotros desearíamos, el mercado bancario es un
oligopolio muy poco sometido a las reglas del libre mercado y, en este contexto, perder más activos en el ámbito de la competencia es en sí mismo una mala noticia. La competencia es esencial para garantizar el funcionamiento óptimo del
sector financiero en el proceso de concentración bancaria, y antes de entrar en materia hay que desenmascarar una idea engañosa. No es cierto que el Banco Central Europeo empuje a los bancos hacia fusiones en los propios Estados; lo que
pretende esta institución comunitaria es una mayor integración bancaria europea, es decir, lo que persigue es la fusión de bancos entre diferentes países de la zona euro. La concentración bancaria es un mal que viene de lejos. Desde la crisis de
2008, Cataluña y el conjunto del Estado español han vivido un proceso de reestructuración bancaria que se ha convertido en un proceso de consolidación y concentración del sector, y las principales entidades se han reducido de cuarenta y cinco a diez
y los cinco principales bancos del Estado casi tienen el 70 % de los activos del Estado español. Este proceso de consolidación y concentración desde su inicio ha tenido una naturaleza política, y no hubiera sido posible sin los 64 000 millones de
euros del Fondo de Garantía de Depósitos que el Estado español pidió en préstamo para evitar la intervención directa; un rescate que sufragamos entre todos, sin que se haya recibido ningún tipo de contraprestación. Al contrario, todavía hay muchas
personas en manos de la usura bancaria, y ejemplos tenemos muchos. Mientras que el Estado español salvaba a la banca, regalando millones de euros del erario, muchas personas perdían sus casas y muchos empresarios no podían hacer frente a los gastos
bancarios, y esas personas todavía están estigmatizadas por la misma banca que los llevó adonde están ahora, tienen nóminas embargadas y una deuda generalizada con la banca, sin darlos ningún tipo de solución.
Puestos en contexto acerca de cómo estamos, es fácil imaginar a quién perjudica y beneficia la falta de competencia. Si se redujera más la competencia en el sector bancario, no supondría una contraposición de intereses entre los clientes
del BBVA y los del Sabadell, por ejemplo: esto no es cierto. La reducción de la competencia a quien perjudicaría, en general, sería a los usuarios de todas las entidades bancarias; si el oligopolio se hace pequeño y los bancos tienen cada vez
menos competencia, y lo tendrán más fácil para endurecer las condiciones, para conceder préstamos e hipotecas y reducir todavía más los intereses que pagan por depósitos o productos de ahorro. Mientras llenamos Diarios de Sesiones hablando de cómo
impulsar las zonas rurales y cómo contribuir a la creación de empresas, vemos que las oficinas bancarias van reduciendo los servicios que dan a las poblaciones y van cerrando oficinas. En Cataluña, desde 2008 a 2021 cerraron 5840 oficinas, y,
concretamente, 503 municipios no disponen de ninguna oficina bancaria. La falta de competencia contribuye a que los mismos bancos apliquen prácticas totalmente abusivas frente a las personas más vulnerables. Ahora mismo se cobra una comisión
cuando una familia se queda al descubierto más de dos días y se continúa exigiendo la contratación de servicios de seguros para no cobrar comisiones abusivas por tener una cuenta abierta. La falta de competencia pone en riesgo centenares de puestos
de trabajo especializados. Todo esto lo decimos, y no solo son simples especulaciones, son las lecciones que hemos aprendido de la historia reciente de nuestro país. La desaparición de las cajas y la concentración bancaria producida hace quince
años nos debería haber enseñado cuáles son las consecuencias. De hecho, llegados a este punto, nos toca preguntarnos si como sociedad es normal permitir despidos colectivos a empresas que no solo no tienen pérdidas, sino que logran beneficios jamás
vistos: en 2008 fueron 170 855 trabajadores, y 157 000 en 2023, versus unos beneficios empresariales de 13 000 millones de euros en 2019 y 26 000 millones de euros en 2023. Queda claro que los despidos no guardan una relación directa con la
necesidad de amortizar los puestos de trabajo para hacer frente a dificultades económicas. Y no es normal que se cobre a los usuarios comisiones por todo y mientras tanto no dispongan de oficinas en sus barrios o poblaciones, no dispongan de
cajeros automáticos y tengan que hacer largas colas para ser atendidos.
Acabo ya. Por todos estos motivos, les pido el apoyo a esta iniciativa, porque hay que alertar a las instituciones europeas de los efectos nocivos sobre la competencia que implicaría en caso de producirse el proceso de integración entre el
BBVA y el Banco Sabadell, como ha venido haciendo la consejera Natàlia Mas. Además, hay que apostar por la concesión por parte del Banco de España de una ficha bancaria al Instituto Catalán de Finanzas. Y también aprovecho para instar a los
partidos con mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar de forma urgente leyes como la proposición de ley de garantía de acceso a los servicios bancarios y la de garantizar el retorno social del rescate bancario, provenientes del
Parlamento de Cataluña, que esos proyectos de ley se agilicen todo lo que se pueda.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada a esta proposición de ley, por el Grupo Socialista tiene la palabra don Ferran Verdejo.
El señor VERDEJO VICENTE: Gracias, presidente.
Buenas tardes. Señorías, nuestro grupo ha presentado una enmienda relativa a los acuerdos que plantea la PNL del Grupo Republicano porque podríamos tener una posición similar en cuanto al análisis y las preocupaciones sobre la fusión de
entidades bancarias que, como bien dice la PNL, se produce desde la crisis del año 2008, y, más recientemente, con el intento del BBVA en relación con el Banco Sabadell, pero diferimos de las posiciones que se formulan en la proposición. Como
decía, es verdad que coincidimos -este grupo ya lo ha demostrado y también lo ha expresado así el Gobierno de España a través del ministro Cuerpo- respecto a la preocupación por la concentración bancaria en el Estado, e incluso hemos transmitido ya
el rechazo oficial a la OPA del banco BBVA sobre el Banco Sabadell. La preocupación del Gobierno -que, como decía, también es la de este grupo- ha sido trasladada -también es una petición del Grupo Republicano- por el propio ministro a los actores
involucrados, incluyendo, por supuesto, a los supervisores, como es su obligación. Así pues, compartimos las preocupaciones, que principalmente son dos. Una es la afectación negativa de la concentración en el ámbito de la competencia, directamente
y en último término respecto a los y las clientes, pero también la concentración que afecta y representa un paso atrás en la agenda de inclusión financiera, que particularmente es importante en el mundo rural.
I a Catalunya sabem molt bé, a molts territoris, com el meu poble, Cardona, que barris com La Coromina no tenen una sucursal o un caixer on poder anar a treure diners i aquesta concentració ho perjudica.
Ellos saben muy bien que, en muchos territorios, como en mi pueblo, Cardona, o en barrios como La Condomina, no tienen una sucursal o un cajero adonde poder ir a sacar dinero, ya que esa concentración lo perjudica.
Y la segunda cosa que pudiera tener esta operación es el impacto en términos de actividad o empleo, especialmente en los territorios donde se sitúan estos bancos, Cataluña y el país valencià.
Por ese motivo, nuestra enmienda plantea dos cuestiones: en primer lugar, instar al Gobierno a actuar una vez que se conozcan los informes preceptivos, que en este caso son de la CNMC, ya que tiene que evaluar de qué organismo se trata, si
solo es nacional o también europeo en este caso, y la CNMC ya ha dicho que es de control propio, y, por lo tanto, no de los organismos competentes de Unión, y, en segundo lugar, garantizar los servicios presenciales allí donde tienen más presencia
actualmente, como he dicho antes. Por eso nosotros no vamos a apoyar esta PNL, porque, como digo, en relación con hacer llegar a las instituciones europeas un análisis, la CNMC ya ha publicado que de entrada es una adquisición de control exclusivo,
y, en cuanto a la segunda petición de la que ha hablado la diputada de Esquerra Republicana, la autorización está sujeta al Banco de España, de conformidad con el artículo 4.2 de la Ley 10/2014, de 26 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia
de Entidades de Crédito, y consideramos que no corresponde ni sería adecuado instar a la consecución de la citada autorización, que constituye una competencia propia del banco en virtud de la normativa que he citado anteriormente. Por tanto,
nuestra posición respecto a esta PNL será en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Dado que no están los portavoces de los otros grupos, por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Muchas gracias.
Yo creo que los argumentos incluidos en la PNL presentada por el Grupo Republicano son poderosos y que están respaldados, como ya se ha apuntado, por distintas voces dentro y fuera del Gobierno; dentro del Gobierno, por Yolanda Díaz, la
vicepresidenta segunda, y también por el señor Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y, fuera del Gobierno, el gobernador del Banco de España y la subgobernadora del Banco de España han hecho referencias a los problemas que se pueden derivar de una
excesiva concentración bancaria. Asimismo, el Banco Central Europeo apoya las fusiones, pero las fusiones transnacionales, no las fusiones nacionales, precisamente por los problemas que pueden tener sobre la competencia, que los estamos sufriendo
ya, como se apunta muy bien en la PNL, por una remuneración del ahorro de los hogares apreciablemente inferior a la que se está dando en otros países europeos. Además, todos somos conscientes de la caída de la calidad del servicio que ha implicado
esa concentración, con el aumento de
la exclusión financiera por el cierre de oficinas, por un trato no personalizado a personas mayores, por una mayor dificultad de acceso al crédito y por una cosa que se nos ha olvidado, a lo mejor porque algunos la seguimos disfrutando, y es
que antes los bancos eran plataformas de pago gratuitas para cualquiera, dado que te abrías una cuenta y ya podías domiciliar tus recibos, y ahora no es así, ya que tienes una nómina o una pensión o eres vulnerable. Por tanto, hay una zona de
sombra respecto a personas que ya no pueden tener una cuenta corriente y disponer del servicio bancario como una plataforma de pagos gratuita.
Nosotros pensamos que la PNL está bien sedimentada, que estas Cortes tienen autoridad para pedir al Gobierno que alerte a las instituciones europeas. Es verdad que esa alerta se puede producir vía Banco de España, porque esa operación
tendrá que autorizarse por el Banco Central Europeo por ser una toma de participación significativa en un banco con cédula de funcionamiento dentro de la Unión Europea. Entonces, habrá un informe del Banco de España que advertirá de eso, lo cual no
quita para que el Gobierno español alerte a las instituciones europeas, es decir, no solo al Banco Central Europeo, que, obviamente, tiene que tomar una decisión al respecto, sino también al resto de autoridades. Por otra parte, eso tampoco quita
para que el procedimiento de competencia siga su curso, y, si hay una condicionalidad fuerte establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta subirá al Consejo de Ministros, que tendrá que validarla o ampliarla, y ahí es
donde veremos si el ministro de Economía, efectivamente, o el Gobierno, en general, combaten esta adquisición hostil o no.
Respecto a ampliar el número de operadores del sistema bancario, nosotros estamos de acuerdo, lo hemos llevado incluso en nuestro programa. Esta vía nos parece de interés, pero nosotros hemos apostado por un ICO con cédula bancaria, que ya
la tiene, pero operando a través de la red de caja postal, o por un FROB con su participación en CaixaBank, y a través de la Fundación CaixaBank operando como agente, y la mejor obra social que puede hacer es tener unos tipos que remuneren
adecuadamente el ahorro de los hogares.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para el posicionamiento del Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra don Pablo Sáez.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Tres temas referentes a la exposición de motivos de esta proposición no de ley. El primero, un silencio. Se olvida mencionar que fueron principalmente las cajas de ahorros las que fueron objeto de rescate, que la asamblea general de las
cajas estaba normalmente copada por representantes de las corporaciones municipales y de las administraciones autonómicas donde se hallaban ubicadas. El control de las cajas de ahorros por parte del Estado era máximo, ya que las cajas se
convirtieron en brazos financieros de los mandatarios regionales de turno. Les recuerdo que el Tribunal de Cuentas ha subrayado que, de los saneamientos, el que supuso un mayor coste público fue el de la antigua Caixa Catalunya, controlada por el
PSOE y presidida por Narcís Serra. Fueron 12 676 millones de euros.
El segundo, una ensoñación, ya que, por mucho que lo digan en la exposición de motivos, Cataluña no es un país de la Unión Europea. No parece que este sea un argumento poderoso y bien sedimentado, como dice el representante de SUMAR.
El tercero, una curiosidad: Esquerra preocupada por la libre competencia. ¡Lo que tenemos que ver en este Congreso de los Diputados! En esta PNL El Grupo Republicano habla de la fusión y aprovecha para instar al Gobierno a que el Instituto
Catalán de Finanzas pueda operar como banco público. Parece que nada han aprendido de la crisis financiera pasada, y menos aún de los resultados de la gestión con criterios políticos de las entidades financieras, como nada han aprendido de las
decisiones de CaixaBank y Banco Sabadell cuando tomaron la decisión de cambiar de sede a la vista del golpe de Estado perpetrado en el año 2017, una decisión que el presidente de CaixaBank comentó que se tomaba para tranquilizar a los ahorradores y
garantizar el futuro de la entidad y el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Hablando de tranquilidad, tranquilizar a ahorradores y contribuyentes significa gestionar eficientemente, y eso no es precisamente lo que ha hecho el Gobierno
catalán, como lo demuestra el hecho de que Cataluña es la región que acumula mayores niveles de endeudamiento en términos absolutos, mayor nivel de déficit en términos absolutos y es la tercera por la cola en cuanto a déficit en porcentaje sobre
producto interior bruto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Miguel Ángel Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero aclararles que la concentración y competencia no son excluyentes. Los indicadores de concentración no son buenos indicadores de competencia, los mercados pueden ser altamente competitivos
incluso si están dominados por un pequeño número de empresas, siempre y cuando las barreras de entrada y de salida sean bajas. Los indicadores más utilizados relacionan coste y precio, y no hay evidencia de que el aumento de la concentración haya
provocado un incremento del poder de mercado y de los beneficios bancarios; más bien sugiere que la menor rentabilidad ha sido la que ha conducido a un proceso de concentración en el sector. Un mercado concentrado, además, puede ser compatible con
un comportamiento competitivo de las entidades, toda vez que el tamaño es necesario para beneficiarse de las inversiones asociadas a la innovación. Debemos recordar que existe un proceso reglado en España que ya está en marcha dentro del marco
europeo para la adecuada vigilancia de este tipo de operaciones, y yo creo que debemos ser prudentes y esperar a conocer los informes preceptivos que emitan dichos organismos, que son los competentes en la materia.
Por tanto, votaremos en contra de los dos puntos. Sobre el primero, como decía, porque corresponde a los organismos reguladores pronunciarse sobre el impacto de la OPA sobre la concentración y la competencia del sector financiero. Ya a
raíz de la crisis de 2008 el sector ya experimentó un importante proceso de concentración, pasando de más de cincuenta bancos y cajas de ahorro a una docena de entidades grandes. De confirmarse la fusión, más del 70 % del negocio bancario en España
estaría en manos de las tres mayores entidades y, por tanto, los organismos supervisores y reguladores deben valorar, por un lado, el aumento del riesgo sistémico por esta mayor concentración bancaria y, por otro lado, su impacto sobre la
competencia y garantizar que el previsible cierre de oficinas y reducción de personal no afecte a los clientes, especialmente a aquellos en zonas de riesgo de exclusión financiera. Es lamentable el argumento de los nacionalistas para rechazar esta
operación de que se perdería la catalanidad de una de sus empresas más importantes. Es realmente un argumento muy pobre en un contexto de empresas globales que operan en todo el mundo, y además la catalanidad ya se perdió, hay que recordar los
cientos de empresas que se trasladaron fuera de Cataluña por la gestión independentista del procés, entre ellas el Banco Sabadell, gracias a ustedes.
Con respecto al segundo punto, poco que decir, teniendo en cuenta la utilización que hacen los gobernantes independentistas de las instituciones públicas. Debemos recordar que ha habido un número bastante importante de dirigentes del
Gobierno catalán, gobernado por los partidos independentistas, condenados por malversación.
Por último, quiero agradecer al PSOE la vuelta a la ortodoxia, incluso a la legalidad, después de los mensajes lanzados por los ministros de su Gobierno y por el propio presidente Sánchez después del anuncio de la OPA. No nos sorprende que
digan una cosa en campaña y la contraria después, lo hacen constantemente, aunque en este caso es para bien, para rectificar sus errores, y lo agradecemos. Sigan por ese camino, incluso lleguen en algún momento a decir las mismas cosas en campaña
que después. Es una práctica muy democrática y ofrece el respeto que nos merecemos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tengo que preguntarle a la autora de la PNL que acabamos de debatir si acepta alguna de las enmiendas.
La señora GRANOLLERS CUNILLERA: No, vamos a votar la PNL en sus términos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NOVACIÓN Y SUBROGACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PLURINACIONAL SUMAR. (Número de expediente 161/000950).
El señor PRESIDENTE: Como ya se informó al inicio de la sesión, ha sido retirado del orden del día el debate de la sexta proposición no de ley incluida. Por tanto, pasamos al debate de la séptima cuestión del orden del día, que es la
proposición no de ley sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con la novación y subrogación de préstamos hipotecarios, de la que es autor el Grupo Plurinacional SUMAR.
Para su defensa, tiene la palabra don Carlos Martín.
El señor MARTÍN URRIZA: Gracias.
Lo que planteamos en esta PNL es que exista una portabilidad real de hipotecas dentro de la misma entidad o hacia otra entidad bancaria. Como saben ustedes, los hipotecados, en principio, pueden cambiar de variable a fijo, de variable a
variable o de fijo a fijo dentro de la propia entidad. En ese caso se trata de una novación de la hipoteca y, cuando esto mismo se hace pero con otra entidad bancaria, se denomina subrogar la hipoteca. El Gobierno, para facilitar este tipo de
procesos, redujo las comisiones bancarias que hay que pagar como resultado de ellos e incluso las dejó a cero hasta diciembre de 2024. A pesar de este esfuerzo, lo que hemos comprobado, comparando la etapa donde los tipos de interés estaban tan
altos como ahora, es que los procesos de subrogación y de novación han sido apreciablemente inferiores, un 61 % inferiores, lo que parece indicar -primero por la anécdota que cada uno hayamos podido conocer, pero luego estos datos parecen
corroborarlo- que las entidades de crédito, a pesar de que es barato hacerlo, han retirado este producto, o sea, no han permitido lo que era un movimiento lógico por parte de los hogares y de las familias, que cuando vieron que empezaban a subir los
tipos tenían al principio una ventana de oportunidad para haber saltado a hipotecas a tipo fijo todavía a un interés bajo. Algunos lo consiguieron, pero muchos menos que en etapas anteriores. De hecho, sí que se ha producido una retirada de este
producto, de la posibilidad de novar dentro de la propia entidad o de subrogar a otra entidad, es decir, en última instancia, la posibilidad real de portar tu hipoteca a otra entidad o a otra hipoteca dentro de la misma entidad.
Para evitar esto, lo que proponemos desde el Grupo Plurinacional SUMAR es que transparentemos más el mercado y que las entidades de crédito se vean obligadas a publicar en la Comisión Nacional de los Mercados en Competencia (sic) sus
ofertas, como están obligadas a hacerlo las empresas de comercialización eléctrica, por ejemplo, que están obligadas a publicar sus ofertas en la Comisión Nacional de los Mercados en Competencia (sic), con la particularidad en este caso de que no
solo serían las características de tipos de interés, sino también las condiciones que tienen que cumplir, el perfil de riesgo asociado; es decir, si usted tiene que tener un determinado volumen de ingresos en relación con la cuota hipotecaria que
tiene que pagar, que esa cuota hipotecaria no pueda ser superior al 30 % de sus ingresos, que esos ingresos tengan que ser estables, cuestión que se puede acreditar a través del tipo de contrato que tienen los hipotecados, porque suelen ser dos
habitualmente, y de las deudas acumuladas.
Hecho esto, si tuviéramos esos perfiles de riesgo asociados a cada oferta hipotecaria, las entidades no se podrían negar a que existieran esos movimientos entre entidades o dentro de la misma entidad. Al fin y al cabo, lo que estamos
planteando, si me permiten sus señorías expresarlo en términos prosaicos, es que si uno se aloja en un hotel y quiere irse a otra habitación tenga la posibilidad de hacerlo o de cambiarse incluso de hotel a otra habitación. Es decir, que los
consumidores al fin y al cabo hipotecarios tengan la posibilidad de portar su deuda de un sitio a otro. Esto ahora, desde nuestro punto de vista, no está ocurriendo. En la anécdota que vivimos cada uno yo lo he podido comprobar, pero luego
estadísticamente parece que esto no es un caso anecdótico, sino que hay datos contundentes que se pueden revisar en la página web del INE, donde aparece el volumen de hipotecas que se han subrogado y que se han novado a lo largo de un ciclo alto.
No les canso más. Simplemente esa es nuestra propuesta, hacer el mercado más transparente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para la defensa de la enmienda que se ha presentado a esta proposición no de ley, interviene, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Gonzalo Redondo.
El señor REDONDO CÁRDENAS: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo SUMAR, como nos ha explicado su portavoz, plantea en esta Comisión una proposición no de ley sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con las novaciones y las subrogaciones de los préstamos
hipotecarios. Cabe recordar que el Gobierno de España puso en marcha una serie de medidas con el Real Decreto Ley 19/2022 para reforzar la protección del deudor hipotecario vulnerable, anticipándose así a la situación de dificultad financiera que
suponía la subida de los tipos de interés. La perspectiva temporal nos permite observar la evolución de la inflación en nuestro país, cómo desde el pico del 10 % los precios se han ido moderando progresivamente hasta alcanzar el 3 % de la inflación
subyacente que tenemos actualmente, gracias a medidas como la excepción ibérica o la bajada del IVA a los alimentos básicos. Ninguna de ellas contó con el apoyo del Partido Popular. Desgraciadamente, los vecinos vieron cómo el Partido Popular, una
vez más, les dio la espalda. Este real decreto estableció otras medidas, como bien ha dicho el portavoz de SUMAR, como la eliminación de las comisiones y
compensaciones a la hora de realizar novaciones y subrogaciones por parte de los deudores hipotecarios para el 2023, medida que ha sido prorrogada para el ejercicio 2024.
Con los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística acumulados en los primeros meses del año 2023 hasta el mes de septiembre, el número de cancelaciones registrales y de subrogaciones se incrementó un 11 %. El 38 % de estas
modificaciones contractuales observadas en el ejercicio 2023, unas 100 000 en total, fueron cambios en el tipo de interés; 10 000 de las cuales, el 10 %, pasaron de tipo interés variable a fijo. En el primer semestre del año 2023 se amortizó un 6
% el saldo de las hipotecas vivas en nuestro país, 1 punto porcentual más que en el mismo periodo del ejercicio 2022, claramente impulsado por la suspensión del cobro de comisiones también en la amortización anticipada.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que es necesario poner en marcha mecanismos normativos que garanticen la máxima transparencia en toda la operativa bancaria, y convertir la novación y la subrogación de préstamos hipotecarios en una
alternativa más accesible a los deudores hipotecarios. Por eso, nuestro grupo plantea una enmienda de modificación del texto planteado por SUMAR que viene a completarlo y, sobre todo, a darle mucha más entidad. Entendemos que tenemos que ir más
allá de la obligación de la Circular 5/2012 del Banco de España, sobre la transparencia de los servicios bancarios y responsabilidades en la concesión de préstamos por parte de las entidades. Por eso, planteamos añadir la obligatoriedad de informar
el desglose de los tipos de interés aplicable, tanto a las operaciones de novación como de subrogación, junto con las condiciones que se han exigido cumplir a los clientes para su formalización. Dicha información tendrá por objeto la comparación
entre los productos bancarios de las diferentes entidades. Por lo tanto, nuestro posicionamiento será favorable siempre y cuando se atienda la enmienda que planteamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posición de los grupos presentes en la sala, le damos la palabra a doña Carina Mejías, del Grupo Parlamentario VOX.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Martín, ha dicho, hablando de la anécdota que vivimos cada uno, que le ha resultado a usted difícil conseguir una novación de préstamo. La anécdota que he vivido yo es justamente la contraria, me ha sido más fácil de lo que en
realidad me parecía. La verdad es que yo me he leído con interés su proposición no de ley y en esta exposición de motivos acusan ustedes una nostalgia tremenda de la crisis financiera, ya que las consecuencias de esa crisis financiera y esa crisis
bancaria fueron las que dieron lugar a la creación del embrión de alguna de sus organizaciones políticas. Entonces, usted nos hace aquí todo un panegírico de lo que fue y significó la crisis financiera del 2008, para acabar diciendo que se
publiquen unas cosas en una página web. Me parece un poco exagerado.
Entrando en el quid de la cuestión, le diré que en los últimos años los bancos, como consecuencia de las reformas legales, se han puesto bastante las pilas. Solo la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario, y las reformas de la Ley Hipotecaria introducen varias disposiciones en el sentido de lo que usted pretende y relacionadas con los trámites de novación y subrogación de préstamos hipotecarios, diseñados precisamente para facilitar el
conocimiento de los consumidores y promover la transparencia y la competencia entre las entidades financieras. Es decir, a las entidades financieras en este momento se les han incrementado muchísimo las exigencias para que precisamente los
consumidores y los contratantes de créditos hipotecarios tengan un conocimiento profundo de qué es lo que están haciendo. Se ha incrementado la transparencia a través de la necesidad de proporcionar una información clara y detallada sobre las
condiciones de cada uno de los préstamos hipotecarios. Se ha establecido además un precontrato, que -créame- es farragoso y pesado, porque, además, alarga los plazos y burocratiza el sistema. Hay que generar la Ficha Europea de Información
Normalizada, que son diez días y luego quince días. Es necesario que los notarios hagan una tarea de asesoramiento que, a mi juicio, no sé si es tarea de los notarios o más bien son los bancos los que deben hacer este tipo de tareas. Todo ello
también vinculado con la reducción de costes, implementando medidas como la eliminación de gastos de notaría y registro -que han sido un ahorro considerable a la hora de la contratación de muchos de estos contratos hipotecarios-, eliminación de
comisiones y digitalización, a través de la cual se permite que muchos de los procedimientos se puedan realizar online y reducir así el tiempo y la burocracia, intentando reducir plazos. Hay otro elemento importante que es el comparador de
hipotecas, que hasta ahora no existía y ahora también facilita esa competencia entre diversas entidades bancarias, que garantiza que las condiciones establecidas en una sean asimilables a la contenida en otra.
Creo que, precisamente como consecuencia de la crisis financiera del 2008, en estos momentos los índices de transparencia son más altos. Siempre todo es mejorable, pero yo considero que son más altos. Y, sobre todo, hemos conseguido una
cosa: el combate contra las cláusulas abusivas que los bancos estaban tan habituados a colocar. Además, también se ha generado un sistema de mediación y de resolución de conflictos y mecanismos para que esta mediación garantice más y mejor
transparencia. No entiendo muy bien qué es lo que aporta la inscripción en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en cuanto a las ofertas hipotecarias. La verdad es que no lo he sabido ver ni en su exposición de
motivos ni en la explicación que usted ha dado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para posicionar al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Irene Garrido.
La señora GARRIDO VALENZUELA: Gracias, presidente.
Se trata de una iniciativa de la que ya adelanto el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular. Siempre apoyaremos la mejora de la transparencia, y publicar las ofertas de crédito hipotecario, junto con las condiciones que deben cumplir
los clientes para acceder a estas, nos parece mejorar la transparencia. Pero le rogaría que se trabajase más el texto de la iniciativa, porque nombran en el petitum entidad de crédito, y se refiere obviamente -me imagino- a bancos y cajas de
ahorro, ¿pero también incluye a las cooperativas y al propio ICO? Porque son entidades de crédito. Hay que hilar más fino en el texto de la proposición no de ley. También llama la atención la denominación de la CNMC como la Comisión Nacional de
los Mercados 'en' Competencia. De nuevo, creo que sería aconsejable más rigor a la hora de referirnos a este organismo regulador.
En relación con el proceso de reestructuración financiera que se cita en la exposición de motivos, protagonizado principalmente, como ya se ha dicho, por cajas de ahorros que pasaron en esa etapa de 45 a solo 2 -Pollença y Ontinyent-, señalo
que de los 70 000 millones que costó el rescate, según esta exposición, 31 800 los gastó el Partido Socialista para ayudar al sistema financiero con escaso éxito, ya que el sistema financiero seguía en riesgo de quiebra en el 2012. Es el Gobierno
del Partido Popular el que inyecta 39 000 millones procedentes de fondos europeos para reestructurar este sistema financiero y salvar el ahorro de los españoles, nada más y nada menos que 338 000 millones de euros. Porque de enero a agosto de 2012
la situación era tal que salieron 250 000 millones de depósitos del sistema bancario, presionando tanto a bancos como al propio Estado.
No tenemos constancia de la mala praxis de los bancos en torno al incumplimiento de las subrogaciones o novaciones, tampoco del hecho de que se pida en el petitum a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en lugar de al Banco
de España, que es el supervisor. Me imagino que será para hacer un comparativo similar al que hay con el gas. Pero, repito, existen instrumentos y el mimbre de todos ellos es precisamente el Código de Buenas Prácticas que se aprobó en el Real
Decreto 6/2012, con un Gobierno del Partido Popular. Pero tenemos más, porque presentamos reales decretos y el PSOE votó en contra de un real decreto en 2012 que ahora le sirve de mimbre para la modificación del real decreto que se ha aprobado en
2022 y se ha modificado después en el 2023.
En el 2022, el Grupo Socialista también votó en contra de una moción del Grupo Popular en la que, para ajustarse a todos estos cambios provocados por las subidas de tipos de interés por el aumento del euríbor, se pedía una actualización de
ese código de buenas prácticas. De entrada, se dijo que no, en cambio, después, es lo que ha hecho en el real decreto de 2022 modificado después en el 2023, porque ha revisado el actual código de buenas prácticas, ha ampliado el colectivo de
beneficiarios y ha aprobado periodos de carencia, congelación de la cuota y alargamiento en el plazo del préstamo. Una vez más, el Gobierno acaba aprobando algo que ha criticado, que ha rechazado porque lo ha propuesto el PP.
Solo quiero indicar -ya termino, y gracias, presidente- que otros aciertan cuando nos copian, cuando rectifican y nos copian, así que cópiennos también dos puntos que han quedado ahí en stand by: la creación de un fondo temporal para ayudar
a que las familias con menos rentas hagan frente a la hipoteca ante la subida de los tipos de interés, y la recuperación temporal con unos criterios concretos de la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para ayudar a
clases medias, que también lo están pasando mal para pagar el recibo hipotecario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sobre la enmienda, ¿el autor quiere manifestar algo?
El señor MARTÍN URRIZA: No la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: O sea, la PNL se va a votar en sus términos originales. (Asentimiento).
- SOBRE INFORMACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LAS EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000964).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al último punto del orden del día: debate de la proposición no de ley sobre información de la sostenibilidad en las empresas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra doña Alicia Álvarez.
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Sociedad, empresa y medio ambiente son tan indivisibles como complementarios. La necesidad del cuidado al medio ambiente ha permeado nuestra sociedad en todos los ámbitos, también en el mundo empresarial, como ya
ha ocurrido en otras causas importantes, como son la igualdad o la inclusión social. Cada vez son más las empresas que entienden que un compromiso social con su entorno les beneficia y mejora su imagen de marca, por lo que no debe entenderse solo
como una responsabilidad social, sino que también debe medirse, en términos económicos, como una inversión.
Señorías, a esto se une una demanda creciente de inversión exigente que plantea incluir tales compromisos ambientales y sociales como criterio a la hora de invertir. Si bien sociedad y empresas admiten sin discusión los efectos del cambio
climático, aunque algunos aún lo niegan -será por eso que hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía; lo dejo ahí-, cierto es que los efectos son palpables y fácilmente reconocibles. Por eso, la
política española y europea no se quedan atrás y apuestan por combatirlo y revertirlo, como con el Pacto Verde Europeo, un compromiso donde los Estados de la Unión han materializado un acuerdo para neutralizar climáticamente todos los efectos
devastadores de aquí a 2050. Así, propuestas como las que hoy planteamos persiguen dar un paso más en la sostenibilidad de las empresas, en su excelencia y en su compromiso, ya que es posible una economía europea competitiva y sostenible.
Si bien muchas empresas han dado pasos cambiando sus sistemas de producción, controlando su huella y modificando pautas para tener un impacto menor en el medio, no todas las que presumen de hacerlo lo han hecho y lo han ejecutado como debe
ser. A veces, cuesta distinguir entre las empresas que asumen el cambio de verdad y las que se esconden detrás de operaciones estéticas y expresiones como producto verde sostenible o bio sin que exista detrás una verdadera política de
sostenibilidad. Por eso es preciso tener mecanismos de control capaces de verificar que esas prácticas son reales y que conducen a los objetivos que dicen perseguir. El informe de sostenibilidad es un ejemplo que permite ver la trazabilidad de los
productos en la empresa de principio a fin. Con esto y con las entidades de verificación podemos concluir qué empresas están en la senda y cuáles tienen que hacer mayores esfuerzos para estarlo. Indudablemente, este informe de sostenibilidad
supone un criterio de inversión para que clientes y posibles inversores conozcan el proceso y parámetros de cumplimiento, conozcan el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad y a la inversa, cómo afectan las cuestiones de
sostenibilidad a la evolución, los resultados y la situación de la propia empresa. Además, con medidas como esta reducimos la competencia desleal entre quienes dicen hacer y quienes verdaderamente hacen. Premiemos a quien contribuye a cuidar el
medio y a una sociedad mejor.
En este marco que les presento traemos tres propuestas para debatir en el día de hoy. Es importante trasponer directivas, como la Directiva 2022/2464, y no como una mera imposición, sino como una oportunidad para incentivar el compromiso
empresarial con la sostenibilidad, para atraer mayor financiación a los proyectos de las empresas comprometidas de verdad y para minimizar los riesgos de la inversión en la medida en que aporta al inversor un mayor conocimiento, una información
adicional fiable acerca de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. También pedimos la trasposición con premura de la Directiva delegada 2023/2775 para ajustar los criterios de tamaños de las empresas o de grupos de empresas, una cuestión
que la Comisión ya considera necesaria para garantizar que se cumplen los fines y limitar la carga administrativa. Por último, cerramos el círculo con el mandato del Gobierno para que implemente medidas que eviten prácticas como el greenwashing o
lavado verde, porque son puras operaciones estéticas, y, en cambio, impulse el empoderamiento de la ciudadanía, de
las personas consumidoras, protegiéndolas de engaños y desinformación. Solicitamos trasponer la Directiva 2024/825 para poner en marcha cuantas medidas adicionales pudieran ser necesarias para combatir prácticas comerciales engañosas, como
la planificación deliberada de la obsolescencia temprana, las afirmaciones medioambientales y sociales engañosas, los distintivos de sostenibilidad poco transparentes y la publicidad de beneficios que son irrelevantes para las personas que los
consumen. En su lugar, lo que pedimos y lo que queremos impulsar es información clara, pertinente y fiable para los consumidores y consumidoras a través de procesos y mecanismos de verificación de terceros expertos y la publicidad de esos informes.
Señorías, una economía fuerte, un gran impacto por la sostenibilidad y por el consumo responsable es posible. Por un progreso que prime mejor frente a más, les pido que apoyen esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No se han presentado enmiendas, con lo cual pasamos al turno de fijación de posición. ¿Grupo EHBildu? (Denegación). ¿Grupo Republicano? (Denegación). ¿Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario VOX, don Pablo Sáez tiene la palabra.
El señor SÁEZ ALONSOMUÑUMER: Gracias, señor presidente.
Se insta a trasponer una directiva sobre información sobre la sostenibilidad de las empresas, otra para definir los tamaños de las empresas y, luego, implantar medidas para evitar el greenwashing. Lo curioso de esto es que tenemos que ir a
los datos para saber de qué estamos hablando. Hay que ver siempre todo en el contexto en el cual nos movemos. En España hay 214 600 empresas menos que en el año 2008, y para analizar la sostenibilidad de las empresas lo principal es preguntar a
las empresas cuáles son sus necesidades. Veamos, por ejemplo, las peticiones de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme. Las pymes consideran prioritario atajar la tendencia de incrementos tanto fiscales como de cotizaciones sociales
que se han institucionalizado durante estos últimos años, suponiendo un gran deterioro de la competitividad, especialmente de las pymes. Por tanto, los incrementos fiscales y de cotizaciones suponen una barrera o un obstáculo a la sostenibilidad de
las empresas. Las pymes piden también un entorno tributario de costes laborales más bajos y un mayor esfuerzo de contención del gasto público. Las pymes piden priorizar y profundizar en el desarrollo pleno de la unidad de mercado, ya que conforma
una de las principales barreras al crecimiento empresarial de las pymes. Las pymes piden homogeneizar la normativa, así como articular mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones. Las pymes piden reducir los trámites
burocráticos que limitan el acceso a los fondos europeos. Piden disipar la morosidad, tanto pública como privada. Por tanto, escuchemos a las pymes a la hora de trasponer directivas sobre sostenibilidad de las empresas; escuchemos a los que
saben, escuchemos a los que han creado empresas, escuchemos a los que generan puestos de trabajo.
Otro dato que yo creo que es importante también traer a colación en esta intervención es el sector industrial. Es una prioridad, y debe ser una prioridad tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad, como por
su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La industria proporciona el motor más sólido y estable en una economía y sociedad avanzadas. Esto significa que la industria es el
sector que genera mayor empleo de calidad, en términos de salario, estabilidad e inversión y en formación, respecto a cualquier otra área de actividad de la economía española. No obstante, el sector industrial en España ha pasado de representar el
20 % del PIB, en el año 1996, a tan solo un 15 % en el primer trimestre de 2024. Por tanto, apoyemos al sector industrial, consultemos a las empresas para ver cuáles son las medidas más adecuadas para asegurar la sostenibilidad de las empresas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Sandra Pascual.
La señora PASCUAL ROCAMORA: Gracias, presidente.
Buenas tardes. Señorías del Partido Socialista, sabemos que últimamente algunas personas relacionadas con su partido han tenido algunos problemas para cumplir la ley, presuntamente. Y que nos traigan hoy una proposición no de ley para
instar al Gobierno a que cumpla la ley y que trasponga dos
directivas de la Unión Europea, ustedes, los que nos han dicho hace pocos minutos que hacemos una oposición inútil, ¿pero habrá algo más inútil que instarse a uno mismo a trabajar? Sabemos que en los plenos que se están llevando a cabo en
este periodo de sesiones no han ganado todas las votaciones que les hubiera gustado; de hecho, el Partido Popular ha podido sacar adelante más iniciativas que ustedes, y quizá esto les haya despistado, pero quienes están en el Gobierno son ustedes,
es el Partido Socialista. Aunque, visto que tienen cincuenta y cinco directivas europeas pendientes de trasponer y que veintiuna de ellas ya han superado su fecha límite, podemos empezar a entender esta proposición.
Por otro lado, no sabemos muy bien si el tercer punto nos lo debemos tomar en serio o no, porque están ustedes mismos certificando que el Gobierno no ha hecho nada desde 2018 para acabar con esta práctica del greenwashing. ¿Tienen ustedes
alguna medida concreta para poder acabar con ella? Claro que, si dedican su tiempo a atacar a la justicia y a meterse con los periodistas que no les gustan, entendemos que no les quede tiempo para trabajar en tareas tan aburridas como esta,
¿verdad?
Señorías, decía el señor Sánchez, en su primera carta, que no tiene apego al cargo. Tenemos la ligera sospecha de que es otra de sus mentiras, porque han vendido la dignidad y la igualdad de los españoles por siete votos para seguir
ocupando la Presidencia del Gobierno. Tantas ansias por ser presidente, ¿para qué?, si ustedes mismos le tienen que estar instando a que trabaje. Traen en esta Cámara una iniciativa que es una obviedad y nosotros estamos de acuerdo también en
pedirle al Gobierno que trabaje, pero para todos los españoles, no solo para su familia. Si no saben o no pueden llevar a cabo su trabajo, ahórrennos la agonía y el bochorno, dimitan y convoquen elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a suspender la sesión un par de minutos, para saber exactamente qué pasa con aquellas proposiciones que han sido enmendadas, ya que la Mesa desconoce cómo se someten a votación. (Pausa).
VOTACIONES.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a proceder a las votaciones. Hay una sugerencia de que lo hagamos con el sistema electrónico.
El señor CASARES HONTAÑÓN: Pido que se haga a mano alzada.
El señor PRESIDENTE: Esta mañana, la delegación del Bundesrat elogió el sistema digitalizado de votación, que nos pone a años luz del que tienen ellos en el Bundestag, pero yo hago lo que ustedes me digan. A mí me da igual votar a mano
alzada. De todos modos, con el voto electrónico nos vamos a tener que enfrentar en cuanto empiecen los debates de las proposiciones de ley, pero quedan las prácticas para otro día. Pasamos, entonces, a votar a mano alzada.
La primera proposición no de ley, para mejorar la gestión y eficacia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La segunda proposición no de ley, para reducir los niveles de inflación en nuestro país y evitar una crisis alimentaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La tercera proposición no de ley es la relativa al impulso de la industria de data centers en España. Nos informa su autor que se va a someter a votación en los propios términos en los que fue presentada, es decir, que no se incorporan las
enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La cuarta proposición no de ley, para combatir el tráfico de productos falsificados. Se ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX y no la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, se somete a
votación con la incorporación de la enmienda indicada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La quinta proposición no de ley es la relativa a la concentración bancaria. Se vota en sus propios términos, pues no ha sido aceptada la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 29, abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley incluida como séptimo punto del orden del día, sobre la adopción de medidas para simplificar los trámites relacionados con la novación y subrogación de préstamos hipotecarios. La votación es
en los términos de la proposición no ley, pues no han sido aceptadas las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 3; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre información de la sostenibilidad en las empresas, que se somete, lógicamente, en sus propios términos, puesto que no ha sido enmendada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, agradezco a todos los miembros de la Comisión su colaboración en el buen desarrollo de esta y se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.