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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 122, de 11/06/2024
cve: DSCD-15-CO-122
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2024 XV LEGISLATURA Núm. 122
POLÍTICA TERRITORIAL
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª RAFAELA CRESPÍN RUBIO
Sesión núm. 4
celebrada el martes,
11 de junio de 2024
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/000121) ... (Página2)
- Relativa al acercamiento de los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000794) ... (Página5)
- Relativa a avanzar en la mejora de los servicios de inspección fronteriza vinculados al tráfico internacional de mercancías. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000868) ...
- Para solicitar al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y facilitar, de forma transparente, la información relativa a las entregas a cuenta a los ayuntamientos por parte del Estado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000921) ... (Página11)
- Sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y la colaboración entre administraciones públicas para luchar contra la corrupción. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000928) ... (Página14)
Votaciones ... (Página17)
Se abre la sesión a las doce y tres minutos del mediodía.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA LA DEFENSA DE LA UNIDAD Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VOX. (Número de expediente 161/000121).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Son las doce y tres minutos, la convocatoria estaba para las doce, así que vamos a empezar ya, para ser fieles a los tiempos y poder hacer compatible el resto de actividad que tengan sus señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de
Política Territorial con el debate y votación de las distintas proposiciones no de ley previstas, y la primera de ellas es la relativa a la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española, que presenta el Grupo Parlamentario VOX.
Para su presentación tiene la palabra su ponente, el señor Campos, por tiempo de cinco minutos, como ya sabe.
El señor CAMPOS ASENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, vivimos una situación de emergencia nacional. Nos encontramos ante una encrucijada histórica, en la que nos jugamos la pervivencia como nación. El Gobierno de Pedro Sánchez está en manos de los peores enemigos de España:
golpistas, prófugos de la justicia, incluso herederos directos del terrorismo de ETA. Los pactos alcanzados por Pedro Sánchez se encuentran muy alejados de las necesidades reales de los españoles. Estamos ante un Gobierno al que no le importa ni
la emergencia social ni el empobrecimiento de las familias ni la paulatina desaparición de las clases medias. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto en grave peligro la unidad nacional y la convivencia de los españoles. Solo por nombrar
algunas de sus fechorías: acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y excarcelamiento de muchos de ellos; menosprecio a las víctimas del terrorismo; ruptura de la caja única de la Seguridad Social; supresión del delito de sedición; rebaja
del delito de malversación; indultos a golpistas en contra del criterio del Tribunal Supremo, y el Gobierno reuniéndose con prófugos de la justicia, como el señor Puigdemont, para poner en sus manos la gobernabilidad de España y aprobando ese
torpedo a la línea de flotación de la Constitución que es la ley de amnistía, una ley que acaba con la igualdad de los españoles ante la ley, que supone un atentado contra la separación de poderes y que premia a los delincuentes separatistas.
El Gobierno de Sánchez genera separación y fractura social, como la que han provocado con la prohibición de poder escolarizar a los niños en la lengua oficial del Estado, el español. Incluso, han reformado el Reglamento del Congreso de los
Diputados para que la principal Cámara parlamentaria del país sea una torre de Babel, con utilización de lenguas regionales, escenificando así la ruptura con todo lo que nos es común, como es la lengua española, y ahondando en la destrucción de
nuestra cohesión. En materia exterior, es más que evidente nuestra sumisión a Marruecos, un país que nos ofende continuamente, que coloca sus productos por encima de los nuestros, con el perjuicio que ello supone para nuestros trabajadores,
principalmente para los del sector primario, y que, cuando le conviene, provoca ataques a nuestras fronteras mediante asaltos masivos de inmigrantes ilegales, una inmigración ilegal que está íntimamente relacionada con la inseguridad creciente que
sufrimos los españoles en nuestras calles y en nuestras casas. Señores, nos gobiernan Mohamed VI y Puigdemont, ¿qué puede salir mal? El Gobierno de Pedro Sánchez fomenta el odio y la polarización. En VOX, además, somos las principales víctimas al
respecto: el constante señalamiento a nuestra formación y a los que formamos parte de ella como peligrosos ultraderechistas contra los que vale todo, incluida la amenaza de muerte y la agresión física, es el más claro ejemplo de ello.
Por eso desde VOX consideramos que, ante la extrema gravedad que vive España, es necesario dar de manera decisiva una respuesta a largo plazo para solucionar todos estos graves problemas. Por eso, entre otras medidas, nosotros proponemos
fomentar la afirmación histórica y social de España, así como el respeto a sus símbolos; promover el endurecimiento de las penas previstas para los delitos que atentan contra la unidad nacional, como la traición y los ultrajes contra los símbolos
nacionales; promover la recuperación o una nueva tipificación de algunos delitos, como el de referéndum ilegal o el de sedición, entre otros, con penas más elevadas que en su redacción original; tomar las medidas necesarias para la defensa del
español como riqueza y vehículo de cohesión social y territorial, garantizando a todos los españoles su derecho a conocer y usar la lengua común; combatir el separatismo desde el punto de vista
político, judicial y cultural; poner fin a las políticas de cesión al separatismo; impulsar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que incumplan la Ley Orgánica 6/2022, de 27 de junio, de partidos políticos, y, en todo caso,
de aquellos que en sus estatutos, programas o declaraciones tengan por fines declarados quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta o perseguir la separación de una parte del territorio nacional; impulsar -y esto
es necesario- la devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia; promover una auténtica política de Estado en materia de relaciones internacionales que refuerce nuestra posición en el exterior,
nuestro prestigio internacional y nuestros intereses como nación; adoptar las medidas necesarias para reafirmar y garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla; exigir la devolución de Gibraltar y el final de su intolerable
situación colonial -pone los pelos de punta pensar qué puede estar organizando Sánchez con Gibraltar-, y, en definitiva, y muy importante, recuperar la normalidad democrática y la independencia y neutralidad institucional. Estas son las medidas que
necesita hoy España para pervivir como nación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campos.
Como no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, pasamos a la fijación de posición de los distintos grupos.
Por el Grupo SUMAR, tiene la palabra el señor Ibáñez por tres minutos.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies.
'Una situación de emergencia nacional'. Y digo: Es verdad, el precio de la vivienda supera al de antes de la burbuja. Pero de esto no ha querido hablar.
'Los peores enemigos de España'. Pero no se ha hablado ni de fondos buitre ni de evasión fiscal.
Se ha hablado de la inseguridad ciudadana. Y es cierto que mucha gente ve cómo sus viviendas alquiladas son compradas por fondos buitre y tienen que padecer el acoso inmobiliario de organizaciones paramilitares.
Se habla de perversión de las instituciones. Y es cierto que vemos a okupas de alta magistratura emitiendo comunicados como si fuesen un partido político más.
Es cierto que todo esto alarma. Pero la propuesta de VOX dice que el problema de la emergencia nacional son los sueños o las pesadillas de Sánchez con Gibraltar. Efectivamente, creo que existe una polarización. Pero empiezo a pensar que
la polarización es buena, porque lo que ellos piensan que es y debe ser España está muy muy lejos y es muy distinto de lo que otra gente pensamos. Y no pasa nada, normalicémoslo.
Sí es cierto que creo que es importante que España recupere la posición tradicional y consensuada respecto a Marruecos, al pueblo saharaui, etcétera. Pero, por todo lo demás, sinceramente, creo que es una proposición no de ley de nevera, un
refrito que cada equis tiempo podemos proponer para alarmar y animar a nuestra parte de la clac, pero que no resuelve el problema de ningún español.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor López.
El señor LÓPEZ CANO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Señorías, tengo que decirles que la España que defienden ustedes ya no existe. Esa España murió hace ya casi medio siglo, y no solo porque el dictador falleciera, que también, sino porque la sociedad de España es otra. Y
les digo algo: Es mucho mejor, sobre todo es mucho mejor que ustedes.
Miren, ustedes no quieren la unidad de España. La unidad de España ni se grita ni se lleva en las pulseras. La unidad de este país se trabaja y, sobre todo, se constata con resultados. Con ustedes, con esa derecha ultra, hay más gente en
Cataluña que quiere dejar de ser parte de España, porque en el fondo ustedes quieren que se vayan, o, peor, meterlos en la cárcel porque no se sienten tan españoles como ustedes.
Nosotros queremos que Cataluña se quede y conseguimos con lo que hacemos que más catalanes que antes quieran quedarse dentro de España. Esa es la constatación de que nosotros, desde el PSOE, sí queremos la unidad de España. Con ustedes hay
más riesgos de ruptura de España. Con los socialistas, la unidad de España se garantiza. Esa es la realidad que no pueden soportar. La España en la que
creemos es la de las muchas Españas, porque a España, para quererla, hay que comprenderla. A España -les digo algo-, más que quererla mucho, hay que quererla bien, que no es lo mismo. Y nosotros queremos a esa España plural y diversa, que
tiene varias nacionalidades, como reconoce nuestra Constitución, que no reconocen ustedes; una España de varias lenguas, de culturas diversas, de diferentes historias. Esa es la España por la que trabajamos día a día.
Ustedes confunden defender la unidad de España con imponernos a todos una idea de España que es uniforme y homogeneizadora, que es intolerante y excluyente porque no caben quienes no piensan como ustedes. Ustedes creen en una España
antigua, en esa España de 'una, grande y libre'. Nosotros creemos en esa España que grita: 'No a la guerra'; que es un grito que nos une y nos hace sentirnos orgullosamente españoles. Nosotros creemos en una España de libertad, pero de libertad
para todos, no solamente para quien pueda pagárselo o cumpla los cánones de buen español que ustedes quieren imponernos. Nosotros creemos en una España de libertad para todas y para todos. Por eso creemos en el salario mínimo, y lo hemos subido un
53 % más para que elegir qué vida tener no sea un privilegio, sino un derecho basado en la dignidad de ser un ciudadano de un país tan maravilloso como es España. Hacer políticas para que a este país le vaya bien unido es trabajar por España. Lo
que ustedes hacen es como la canción que se canta, teatro, puro teatro, y además del malo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López.
Toma la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Nacarino-Brabo.
La señora NACARINO-BRABO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Hablemos de la unidad de España en serio. Las costuras por las que se rompe un país no son físicas. Un país no se rompe por una linde de tierra ni por un límite comarcal ni por una frontera autonómica. La fractura que rompe un país se
produce siempre entre las personas. Lo aprendimos durante el procés catalán: no rompieron el mapa de España, pero rompieron familias, amistades, empresas, juegos escolares. Después Pedro Sánchez les entregó la llave de la gobernabilidad del país
y la polarización se instaló en toda España. Yo no creo que la polarización sea buena. Ahora en este Parlamento, en las páginas de los periódicos y en las redes sociales nos llamamos fascistas o traidores y otras lindezas parecidas. El Estado
demostró que tenía instrumentos para desmantelar los ataques que se produjeron contra la Constitución y contra la unidad territorial. Lo demostró en circunstancias difíciles y hasta penosas, lo demostró incluso cuando el presidente del Gobierno
trabajaba infatigablemente para quienes perpetraron esos ataques y para deslegitimar las instituciones, empezando por la justicia. Pero no será eterno; más temprano que tarde, mucho más temprano que tarde, retornará la igualdad ante la ley,
retornará las leyes de sedición y del referéndum ilegal y también la malversación se perseguirá como cuando los malversadores no eran los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Las instituciones prevalecerán.
Pero defender la unidad de España es algo más que eso. Señorías de VOX, tengo la impresión de que ustedes no han venido hoy aquí a defender la unidad de España, sino a alimentar y rentabilizar el enfrentamiento entre españoles. Ustedes no
quieren que los partidos de esta Cámara votemos su iniciativa, solo quieren señalarnos si les damos el gusto de votar en contra. ¿Ustedes creen que la defensa de la unidad de España puede debatirse en una proposición no de ley, respecto de la que
los grupos tenemos tres minutos, tres para posicionarnos? ¿Ustedes creen que los diez puntos que tiene su proposición, que incluye cuestiones tan complejas, algunas de inconstitucionalidad dudosa o flagrante, como la ilegalización de partidos o la
recentralización de competencias, se pueden debatir en tres minutos? La unidad de la nación es una cosa un poco más seria.
¿Y qué cosa es la nación? Esa es la madre del cordero. Para unos la nación es un río de sangre que une a vivos y muertos y se pierde en la noche de los tiempos. Para otros es una comunidad de ciudadanos. Hay quien hizo fortuna política
proclamando que la patria es un hospital público. Todas esas visiones de la nación son legítimas y son expresión del pluralismo que debe presidir nuestra democracia liberal. Sin ser yo particularmente azañista, dijo Manuel Azaña que la patria es
una asociación de hombres libres que viven bajo su ley. Hay muchas formas de entender la nación, pero lo fundamental está ahí: libertad, convivencia y ley. Esa libre voluntad de asociarse, de vivir juntos los distintos es lo contrario de
segregar, de dividir, de confrontar, así que quien quiera defender la unidad de España que empiece por defender el encuentro entre españoles. En el discurso del miedo, el odio y
el enfrentamiento puede haber mucho electoralismo, y de hecho lo hay, pero jamás podrá haber ningún patriotismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Nacarino.
- RELATIVA AL ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDADANÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000794).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la segunda proposición no de ley, relativa al acercamiento de los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía.
Es una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y toma la palabra su proponente, la señora Gracia.
La señora GRACIA BLANCO: Gracias, presidenta.
Buenos días. Señorías, nuestro trabajo en el Congreso, como en el Gobierno de España, consiste en prestar servicio a los ciudadanos o los administrados, según algunas terminologías. Pero ¿quiénes son los ciudadanos? Los ciudadanos no son
seres abstractos. Para conocerlos solo hace falta fijarse, por ejemplo, en la fila del supermercado o en la sala de espera de un centro de salud. Los ciudadanos somos common people, que decía Pulp. Pero una buena parte de esas personas que
esperan su turno para pagar en la caja del súper sufre una evidente doble brecha en su relación con la Administración. Por una parte, está la brecha burocrática, que es la dificultad de comprender el lenguaje administrativo o el desconocimiento de
la organización administrativa, porque los trámites y la terminología son completamente ajenos a la vida cotidiana de un no iniciado. Pero también está la brecha digital, aunque es verdad que una Administración cada vez más digitalizada abre un
inmenso campo de servicio público, más ágil y cercano al ciudadano, pues evita desplazamientos, otorga rapidez y certidumbres.
Pero para eso se necesita no solo una conexión adecuada, sino también una serie de habilidades y capacitación tecnológica que no todo el mundo tiene. Y estas brechas afectan a muchas más personas de las que podría parecer. Piensen de nuevo
en esa fila del supermercado: los mayores de sesenta y cinco años, los hombres y mujeres alfabetizados en un mundo analógico, las personas con ciertos tipos de discapacidad, física o psíquica, o las personas de origen extranjero, que a todas esas
dificultades pueden sumar además la idiomática. Todas esas brechas tienen una cierta solución, una solución tradicional, que sería la atención presencial: me acerco a la oficina y que me atiendan. Pero eso en el 87 % de los municipios de nuestro
país también es una brecha, porque el 87 % de los municipios de nuestro país tienen menos de 8000 habitantes. Allí no hay oficinas de la AGE, pero viven o vivimos 7,5 millones de personas, el 20 % de la población española, poca gente quizá, pero
todos ciudadanos de pleno derecho con dificultades añadidas para acercarse a la Administración.
De comprender esa realidad nació el Plan estratégico integral para la mejora de los servicios de la AGE en el territorio, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2020. Y una de las medidas que incluye ese plan es este
proyecto, La Administración cerca de ti, que se presentó en noviembre de 2022 con el objetivo de acercar la Administración General del Estado a los municipios de menos de 8000 habitantes. Desde entonces, el programa se ha demostrado todo un éxito.
En el primer año de vigencia plena del programa, desde diciembre de 2022 a diciembre de 2023, se han visitado 3600 municipios, se ha atendido a 40 000 personas y se han emitido 30 000 certificados digitales.
Quizás, visto desde una perspectiva de gran ciudad, esos datos puedan parecer pequeños, pero, visto desde el punto de vista rural, cada uno de esos datos es una gran victoria. Yo pienso, por ejemplo, en mis vecinas, las chicas de la calle
Vargas, que digo cariñosamente. Son señoras de más de ochenta años, viudas quizás, ayudadas por otras vecinas que tampoco saben conducir, que ninguna de ellas tiene ni remota idea de lo que es un certificado digital y para las que desplazarse a las
oficinas de la Agencia Tributaria en Zaragoza supondría un reto enorme pero que tienen que cobrar su pensión, hacer sus trámites y relacionarse con normalidad con las administraciones, porque ellas también son ciudadanas de pleno derecho. Sin duda,
La Administración cerca de ti es un proyecto de éxito, que ayuda a combatir la despoblación y que parte de un principio esencial, ya que pone a los ciudadanos y, concretamente, a los habitantes del medio rural en el centro, porque a los ciudadanos,
a esas chicas de la calle Vargas, de las que hay millones en España, no les importa de quién es la competencia, lo que les importa es que se les atienda correctamente.
Poner el foco en los ciudadanos conlleva automáticamente la cooperación interadministrativa, que, como es habitual, la puerta física sea el ayuntamiento, pero que, una vez allí, se pueda obtener un certificado digital o hacer gestiones con
la AGE, que parece tan lejana. El programa nació para facilitar la realización de los trámites propios de las delegaciones del Gobierno. Básicamente, se desplazan los empleados públicos de las delegaciones para informar y facilitar la tramitación,
para facilitar también el acceso a los medios de identificación y firma electrónica. Pero rápidamente se fue incorporando información de otros servicios muy demandados por los ciudadanos, como prestaciones de empleo, Seguridad Social o tráfico. El
éxito ha sido total y la valoración ciudadana es muy positiva. De ahí que instemos a continuar y profundizar en ese programa, implicando a otros servicios de la AGE y a los ayuntamientos y administraciones locales. Instamos a mejorar la atención a
la ciudadanía por todas las vías, tanto la presencial como por videollamada o por teléfono, y a que se puede ofrecer información continua sobre el estado y evolución de los expedientes vía SMS. En definitiva, instamos a que se desplieguen todas las
potencialidades de este programa, que ha conseguido que verdaderamente los habitantes del medio rural sintamos a la AGE cerca de nosotros. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Toma la palabra para su defensa la señora Abades por tiempo de cinco minutos.
La señora ABADES MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley para instar al Gobierno a que mejore los servicios de la Administración General del Estado. ¿No les sorprende, señorías, que el Partido Socialista inste al
Gobierno del que forma parte a mejorar los servicios que presta a los ciudadanos de nuestro país? ¿No les sorprende que cuatro años después de aprobado el plan estratégico aún tenga que pedir su desarrollo y cumplimiento? Para un lector externo
puede ser una sorpresa, pero no para nosotros y los ciudadanos que sufren la desatención del Estado.
El Grupo Parlamentario Popular comparte que es necesario mejorar los servicios que el Estado presta a los ciudadanos en los municipios pequeños, pero estas medidas no son suficientes, hay que ir más allá. Por eso presentamos una enmienda,
para que mejoren la conectividad en las áreas rurales, simplifiquen los trámites administrativos y diseñen portales y aplicaciones web intuitivas y fáciles de usar; en definitiva, para que amplíen los recursos a fin de que dichas medidas lleguen lo
más pronto posible a todo el territorio nacional.
Señorías, en las medidas del plan estratégico 2020 figuraba la difusión de herramientas para facilitar el acceso a la Administración digital que tenían que desarrollar en 2021 y 2022. Estamos en 2024 y el Gobierno no ha ejecutado estas
medidas. Algunas comunidades autónomas, como Galicia, llevan tiempo desarrollando iniciativas para fomentar el acercamiento del entorno digital a las personas que viven en núcleos rurales. El Gobierno no es pionero en esto, y por eso pedimos que
colaboren con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que están asumiendo el reto de extender la formación digital rural.
Señorías, compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista el que acerque los servicios del Estado a los ciudadanos para que accedan con facilidad a la Administración electrónica, pero la realidad es que falta conectividad en el rural y
muchos usuarios no cuentan con cobertura para realizar dichos trámites: el Gobierno tiene que invertir en la expansión y mejora de la conectividad a Internet en los pequeños municipios. Compartimos que ayuden a los ciudadanos del rural a utilizar
los certificados digitales, pero la realidad es que en las zonas rurales viven muchos mayores que tienen dificultades para utilizar algunas aplicaciones: el Gobierno tiene que diseñar portales y aplicaciones web intuitivas y fáciles de usar y
simplificar los formularios, utilizando un lenguaje claro. Y compartimos que las personas que viven en los municipios pequeños tienen derecho a los mismos servicios que en las ciudades, pero la realidad, señorías, es que las zonas rurales apenas
cuentan con oficinas o servicios del Estado, y los pocos que tienen, como la Guardia Civil o Correos, están siendo desmantelados por el señor Sánchez. El problema es que este Gobierno, por un lado, presenta programas como La Administración está
cerca de ti y, por otro, adopta medidas o decisiones incoherentes, como el cierre de cuarteles de la Guardia Civil o servicios de Correos.
Señorías, este Gobierno no tiene una hoja de ruta clara en la prestación de servicios del Estado en el rural. En el Partido Popular lo tenemos claro: es necesario garantizar la igualdad en todos los territorios de España, porque, señorías,
la igualdad de oportunidades es la mejor política territorial. Demuestren que hay compromisos y acciones concretas y amplíen los recursos destinados a acercar los servicios de la
Administración del Estado a la ciudadanía para que lleguen lo más pronto posible a todo el territorio nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Abades.
¿Va a tomar la palabra, por parte de Junts per Catalunya, el señor Pujol? (Denegación). ¿Toma la palabra el señor Ibáñez? (Denegación).
Toma la palabra, por el Grupo Parlamentario VOX, el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia.
Como ya se ha dicho, en el año 2020 el Gobierno aprobó el Plan estratégico para la mejora de los servicios de la Administración General del Estado en el territorio, que tenía como objetivo mejorar la calidad de los servicios que la
Administración General del Estado presta a los ciudadanos en el conjunto del territorio, fortaleciendo su presencia y visibilidad; un plan que contemplaba cuarenta medidas en torno a cinco ejes de actuación. Se había previsto que estas medidas
afectarían, en principio, a municipios con población comprendida entre los 500 y los 8000 habitantes, en los que residen casi 7,5 millones de personas. Pues bien, transcurridos tres años y medio apenas se ha hecho nada. En Cantabria, mi provincia,
la que corresponde a mi circunscripción electoral, con 102 municipios, de los que 91 tienen menos de 8000 habitantes y están integrados por más de 500 pueblos o entidades locales menores, la actuación llevada a cabo hasta ahora para acercar y
mejorar la calidad de los servicios que la Administración General del Estado presta a los ciudadanos ha sido prácticamente nula, y lo mismo ocurre, se diga lo que se diga, en el resto del territorio nacional. Realmente, como ha reconocido la
portavoz socialista, se ha atendido a unas 40 000 personas, de 7,5 millones.
También nos decía la portavoz del Grupo Socialista que todo va muy bien, que todo es muy bonito, nos ha hablado de la cola del supermercado, de las chicas de la calle Vargas, y todo eso para enlazarlo con la brecha digital. Sin embargo, la
verdad que no todo es bonito. Vaya usted a visitar los municipios de menos de 8000 habitantes, vaya usted a los pueblos de Cantabria, a esos más de 500 pueblos de Cantabria a ver qué es lo que está cercano de la Administración General del Estado,
que hoy por hoy es nada.
Por tanto, estando de acuerdo con el fondo del petitum de la PNL, no lo podemos apoyar, porque de la exposición de motivos y de lo que expone la portavoz socialista queda bien claro que el plan se está aplicando al ralentí, más lento,
imposible, y lo único que procede realmente es criticar cómo se está ejecutando.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
¿Acepta el Grupo Socialista la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora GRACIA BLANCO: Estamos negociando una transaccional.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Cuando la tengáis, por favor, nos la pasáis a la Mesa.
- RELATIVA A AVANZAR EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZA VINCULADOS AL TRÁFICO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000868).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley relativa a avanzar en la mejora de los servicios de inspección fronteriza vinculados al tráfico internacional de mercancías. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Toma la palabra su portavoz, la señora Argota.
La señora ARGOTA CASTRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy buenas tardes, señorías. Esta es una proposición muy sencilla, pero no por ello poco importante. Vamos a recordar, como muy bien se expone en el petitum de la proposición, cómo en el año 2006 el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta
de varios ministerios -los voy a leer porque esto es importante: el Ministerio de Administraciones Públicas, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, el de Fomento, Sanidad y Consumo-, como digo, a propuesta interministerial aprobó el Plan de
medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior, un conjunto de iniciativas destinadas a incrementar la calidad de los
servicios prestados por los puntos de inspección fronteriza y a reforzar los controles sanitarios en frontera, la atención al tránsito internacional de viajeros y la mejora de los servicios de vacunación internacional.
En el marco de la estrategia global de la Unión Europea para afianzar la seguridad de los consumidores y de las consumidoras en los productos alimenticios, el 1 de enero de 2026, como hemos dicho, entraron en vigor un conjunto de
obligaciones en materia de higiene alimentaria. Estas obligaciones venían y vienen recomendadas por la Organización Mundial de la Salud e implicaban e implican la necesidad de reforzar los controles sanitarios en nuestras fronteras. En aquel
momento, las actuaciones que este plan recogía de manera resumida eran la ampliación del horario de la inspección; un plan de calidad sobre los controles oficiales, en coordinación con los servicios centrales del Ministerio de Agricultura y
Sanidad; el control sobre animales de compañía y productos de origen animal; la mejora de la organización de los puntos de inspección fronteriza; la mejora en la coordinación entre los organismos implicados del Ministerio de Administraciones
Públicas y los de Sanidad y de Agricultura, según proceda; obras de adecuación y mejora de edificios y locales, con el fin de adecuar las instalaciones conforme a la normativa comunitaria; la adquisición y renovación de medios técnicos e
informáticos, para facilitar la función inspectora y asegurar la calidad de la toma de muestras, su conservación y tratamiento, o la extensión de las medidas a los servicios de inspección del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación
de las Exportaciones, con el fin de prestar un mejor servicio a los operadores comerciales y hacer más operativas las medidas contempladas para los puntos de inspección fronteriza.
Todo esto se recogía en aquel plan de 2006 que, si bien es cierto que en el año 2014 se publicó una evaluación del Plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior, donde se recogían una serie de recomendaciones, lo cierto
es que las circunstancias que condicionan hoy la actividad inspectora son distintas a las que se contemplaban en aquel momento. Son ya dieciocho los años que han transcurrido y, por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, sabiendo de la
sensibilidad del Gobierno de España hacia este plan aprobado en el 2006, cree que es necesario que se revise, que se adecúe a las necesidades actuales.
Señora presidenta, como sé que después me lo va a preguntar, si me queda tiempo, me gustaría comentar que no vamos a aceptar las enmiendas propuestas, en este caso, por VOX, pero por una razón muy sencilla. Hay una serie de puntos dentro
del 1, en donde no somos competentes como Comisión. He remarcado al principio que es un plan que viene como resultado de unas propuestas interministeriales y, por lo tanto, hay una serie de actuaciones que, como digo, no nos competen. Después, en
el punto número 1, no sé si es un error -creo que no, que es así- hay una tachadura en la participación de todos los sectores involucrados. Para nosotros, la participación ciudadana, la participación de todo aquellos actores y actrices que tengan
que ver en cada uno de los procedimientos, es muy importante. Por lo tanto, no podemos aceptar esa enmienda.
Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias, señora Argota.
Hay una enmienda, que presenta el Grupo Parlamentario VOX, y la defiende su ponente, la señora Mejías.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Gracias, presidenta.
No me sorprende lo que ha comentado la diputada socialista, porque VOX llevamos presentando iniciativas en este sentido, en el refuerzo de las fronteras españolas, durante ya bastantes proposiciones, tanto en Pleno como en Comisión, y
siempre hemos recibido el rechazo. Pero la realidad se impone y durante estos últimos meses hemos visto cómo los agricultores, los ganaderos, los pescadores y muchos otros transportistas de mercancías exigían mejorar los controles en frontera, como
consecuencia de la entrada masiva de productos no comunitarios que ejercen una competencia desleal absoluta con respecto a los productos españoles. En reiteradas ocasiones, hemos visto cómo los grupos parlamentarios votan en contra de nuestras
iniciativas, pero como decimos, la realidad siempre nos da la razón, y nos da la impresión de que esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista no es más que un enjuague para poder defender delante de los sectores afectados su
constante negativa a hacer un refuerzo de este control en frontera; en definitiva, lo que viene pidiendo VOX, que es el refuerzo de las fronteras españolas.
¿Y por qué lo pedimos? Para evitar el transporte de mercancías que generan problemas graves, como, por ejemplo, en el año 2023, que el 46 % de las alertas sanitarias que se han generado en Europa se han producido en España, relativas a
productos vegetales, a productos cárnicos o a pesca, la mayoría
de ellas en zonas fronterizas, como es el caso de Cataluña o de Galicia, que son las comunidades más afectadas. Y es cierto, para VOX la defensa de la soberanía alimentaria ha sido una prioridad desde hace años, lo hemos reiterado en
propuestas parlamentarias y, casi siempre, en solitario. Se nos ha llamado de todo -alarmistas, xenófobos- y, ahora, vemos cómo el PSOE, ante la realidad que se impone, ante las grandes protestas del sector agrícola, las reiteradas y múltiples
alertas sanitarias, presenta esta iniciativa que viene a actualizar nada más y nada menos que un convenio o un plan que data del 2006, cuando la realidad de nuestras fronteras era bastante diferente a lo que se da hoy y que, por tanto, está
absolutamente obsoleto. Por eso, hemos presentado enmiendas y, sí, la revisión del plan, aunque sea un plan que afecte a varios ministerios, puede hacerse por parte del Gobierno sin ningún tipo de problemas. Yo creo que aquí lo que más interesaría
sería que el Gobierno se pusiera a trabajar, en lugar de perder el tiempo en otras cosas.
Es cierto, sí, que este Plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior consideramos que debe hacerse desde el Gobierno escuchando a aquellos sectores afectados, pero no a todos los actores involucrados, que sabemos a lo
que eso nos lleva. Hay que adaptarlo a las necesidades actuales, sí, a las oportunidades del tráfico internacional de mercancías, pero también aplicando otra serie de medidas, que son las que recoge nuestra enmienda: en primer lugar, aumentar la
dotación de personal y medios materiales en los puestos de inspección fronteriza, que llevan años reivindicando las mejoras de medios materiales y personales; en segundo lugar, extremar esos controles fitosanitarios de los productos hortofrutícolas
importados de países de fuera de la Unión Europea, que son los que están generando las interminables alertas sanitarias que afectan de manera negativa a nuestro sector agrícola; en tercer lugar, vigilar el volumen de las importaciones agrícolas
sujetas a contingentes y precios de entrada, que es una imposición que viene de la Unión Europea -es que estamos incumpliendo normas europeas que nos afectan y es necesario cumplirlas para así evitar los problemas que se nos están generando-, y, en
cuarto lugar, denunciar ante los organismos competentes de la Unión Europea aquellos casos en que las importaciones superen las cantidades acordadas, para evitar una competencia desleal con aquellos que provienen de la producción comunitaria. Es
otra norma que también está traspuesta al derecho español y que, por lo tanto, es de obligado cumplimiento.
No sé exactamente cuáles son las razones por las cuales no se aceptan las enmiendas, porque son de una lógica aplastante y, además, se refieren al cumplimiento de la normativa comunitaria. Parece ser que, como el PSOE está en plan rebelde y
decide no cumplir las normas, tampoco en este caso se va a decidir a cumplirlas. En cualquier caso, si no se nos acepta nuestra enmienda, nosotros manifestaremos una abstención a esta propuesta.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.
Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios. ¿La señora Santana va a intervenir en este punto? (Denegación). ¿El señor Pujol va a intervenir en este punto? (Denegación).
Entonces, tiene la palabra el señor Ibáñez, por el Grupo SUMAR.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Me alegra escuchar que todos los grupos estamos dispuestos a que se cumplan las normativas europeas que son buenas y que aportan seguridad y calidad, porque quizá hace unos días, en la campaña de las europeas, no escuchábamos lo mismo, pero
no podemos utilizar la desesperación de la gente y defender a medias una falsa intervención del Estado. Es decir, ¿estamos dispuestos a que no haya un céntimo de dinero público para ninguna multinacional ni ninguna empresa española que no priorice
la soberanía alimentaria y el producto local? ¿O esto simplemente es un discursillo para contentar no sabemos muy bien a quién, pero luego vamos a las cenas de los grandes empresarios de este país y allí nos acobardamos y decimos que, claro, ellos
tienen que tener margen de beneficios y que hay libre mercado, y no le podemos decir a un supermercado que no puede vender tomates de no sé dónde ni puede traer naranjas de no sé qué sitio?
Son empresas que tienen dinero público, de una forma o de otra. Entonces, yo creo que, antes que tener estos discursos proteccionistas solamente con la idea de levantar muros y apelar solamente a la agricultura, nos tenemos que atrever
primero a que esto se tenga en un discurso mucho más racional en el ámbito económico. Y, también, si realmente creemos que la soberanía alimentaria, el producto de kilómetro cero, etcétera, son imprescindibles, luego no se entiende que las
normativas de contratación pública de este Estado no lo permitan. Cuando un ayuntamiento o un hospital gestionado por una
conselleria de cualquier comunidad autónoma pretende introducir kilómetro cero y medidas así, la reacción del Estado, en su sentido funcionarial y de las fuerzas clásicas que le apoyan, es el libre mercado, y si es más barato comprárselo
todo a un gran centro comercial que a la panadería de mi barrio, lo importante es que ahorremos. Por tanto, yo creo que este discurso, o se tiene de manera coherente y completa, o simplemente sirve para frustrar y generar más malestar, y creo que
con esos sentimientos luego nacen los monstruos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
Toma la palabra ahora, por el Grupo Popular, el señor Beamonte.
El señor BEAMONTE MESA: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que resulta sorprendente que sea el partido que gobierna el que le exija al Gobierno que gobierne. Un poco inaudito, como decía antes también una compañera. Ustedes solo buscan con este tipo de proposiciones no de ley unos
consensos un tanto insustanciales, revestidos bajo el paraguas de la expresión 'mejorar', que lo único que intentan es dar cierta cobertura a lo que ha sido la inacción de estos últimos años, a pesar de las denuncias y quejas de la Asociación de
Médicos de Sanidad Exterior y las numerosas iniciativas parlamentarias que ha habido no solamente del Grupo Popular, sino también de otros grupos parlamentarios. Se ha denunciado que la función médica en sanidad exterior está en su peor momento;
que se necesitan cien médicos fijos y refuerzos puntuales; que no existe carrera profesional y que las productividades son escasas; que cualquier médico del sistema público de las comunidades autónomas cobra entre un 20 y un 30 % menos que los que
pertenecen a la Administración General del Estado; y que la instrucción del periodo estival de 2024, que se ha firmado hace muy poquito tiempo, no es una mejora y, como dicen los interesados, literalmente, es un castigo para los pocos que
aguantamos. Se hablaba de ampliación de horarios, pues se ha instalado un sistema de guardias obligatorias en régimen de localización que exige disponibilidad casi inmediata y se compensa por menos de un euro la hora. Lo que tiene que hacer el
Gobierno es gobernar, presentar unos presupuestos, revisar los planes caducados, adaptarlos a las necesidades cambiantes de cada momento y controlar su ejecución. Si no se realizan las actividades de control en las fronteras, la labor del Gobierno
no es que sea nula, sino que también es peligrosa, porque se está poniendo en riesgo la salud de todos los ciudadanos. Según Eurostat, en 2023, en los puertos españoles se movieron más de 543 millones de toneladas; y en los aeropuertos, más de 1
079 000 toneladas. Todo esto sin perjuicio de todo el tránsito internacional de viajeros.
Se desprenden de la PNL que ha presentado el Grupo Socialista ciertas dudas, en cuanto a que los controles tengan calidad o eficiencia. Debemos echamos a temblar. Han hablado de la resolución de 2006, el Plan de medidas para la mejora del
servicio de la sanidad exterior, un acuerdo que efectivamente salió del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, de una actuación interministerial. Efectivamente, es algo muy transversal, y
ustedes en eso de la transversalidad son muy buenos especialistas, solo hace falta ver cómo Fomento, Defensa, Interior y Hacienda se ponen de acuerdo y compran mascarillas. Ustedes son unos auténticos maestros al respecto, como son maestros,
curiosamente, cuando después de unos cuantos ministros de Sanidad presentan ahora esta iniciativa cuando la ministra es de SUMAR, antes no lo recordaban. Lo que tiene que hacer el Gobierno es mejorar la calidad de los servicios prestados por los
puestos de inspección fronteriza, teniendo en cuenta los estándares internacionales y las recomendaciones de la OMS. Lo que tiene que hacer es reforzar los controles sanitarios en las fronteras, modernizando las infraestructuras, incluyendo
puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Lo que tiene que hacer es estar muy atento al tránsito internacional de viajeros y, por supuesto, también, a la mejora de los servicios de vacunación internacional que presta la propia Administración
General del Estado, y cumplir las prescripciones sobre personal que anteriormente les acabamos de exponer. Y todo ello tras una seria evaluación, más allá de la que se hizo en el 2014, porque diez años son muchos años, con todo lo que ha
concurrido. Así pues, señores del Grupo Socialista, dejen de presentar unas PNL que son un auténtico brindis al sol y gobiernen, que para eso conformaron un gobierno.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Beamonte.
Ya sabemos que no se acepta la enmienda.
- PARA SOLICITAR AL GOBIERNO LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (CNAL) Y FACILITAR, DE FORMA TRANSPARENTE, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ENTREGAS A CUENTA A LOS AYUNTAMIENTOS POR PARTE DEL ESTADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000921).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley para solicitar al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local y facilitar, de forma transparente, la información relativa a las
entregas a cuenta a los ayuntamientos por parte del Estado.
Es una propuesta del Grupo Parlamentario Popular y toma la palabra su proponente, el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días. Señorías, el Gobierno de España, desde que tomó posesión, ha renunciado a gobernar. Su extrema debilidad, la dependencia de sus socios de Gobierno, de los apoyos parlamentarios en los que no consiguen aunar todos los apoyos
necesarios han llevado a que, en el Congreso de los Diputados, apenas hayan visto la luz dos proyectos legislativos; uno de ellos incluso con el desacuerdo de muchos socialistas, como era el de amnistía, pero, como era la consecuencia de los apoyos
que había comprado Sánchez para la investidura, se vieron obligados a apoyarlo. Siete votos le han servido para la investidura, pero no le sirven para continuar mucho tiempo en esta legislatura. Pedro Sánchez y su Gobierno anunciaron, el pasado 13
de marzo, que renunciaban a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2024 y muchos nos preguntamos si serán capaces de conformar presupuesto para el año 2025.
Este hecho causa un grave perjuicio para todas las administraciones, para la Administración general, autonómica y también para la Administración local en el Estado. En concreto, en lo referido a las entidades locales, es un perjuicio muy
severo, ya que desconocen los ingresos procedentes de la participación de impuestos del Estado, sobre los que muchos han hecho una estimación a la hora de aprobar sus presupuestos para el año 2024. Los ayuntamientos tampoco tienen información de la
liquidación de la recaudación real correspondiente al año 2022. En resumen, no conocen la cuantía de los ingresos procedentes del Estado. Tengo que reconocer que el Gobierno de Pedro Sánchez trató de enmendar o de paliar algunos de los efectos
negativos de la prórroga presupuestaria del año 2023, y lo hizo con algunas medidas que hacía referencia a las administraciones locales, incluidas en el Real Decreto 8/2023, de 27 de diciembre, un real decreto que se convalidó en el mes de enero y
se aprobó su tramitación como proyecto de ley con carácter de urgencia, y los grupos políticos pudieron enmendar este proyecto de ley, incluido el Grupo Socialista, que introdujo algunas enmiendas que hacían referencia, precisamente, a aspectos que
he comentado, como la liquidación de 2022 o los anticipos a cuenta del pasado ejercicio. Pero, a pesar de la urgencia, tres meses después, este proyecto de ley se encuentra paralizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los
Diputados, sin haberse emitido el informe correspondiente. Este es el respaldo que da el Gobierno a los proyectos de ley o, mejor dicho, a los decretos leyes que se convalidan para que se tramiten por vía de urgencia como proyectos de ley.
Por otra parte, el Partido Socialista obliga, a través de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la reactivación de las reglas fiscales del 2024, que afecta al equilibrio estructural, al límite de deuda y a la regla del gasto, repito,
obliga a las entidades locales no al equilibrio, sino al superávit presupuestario ya para el año 2024, mientras la Administración General del Estado mantiene sus objetivos en déficit, lo que obligará a las corporaciones locales y también a la
Administración autonómica a ajustes fiscales. Algunos lo estiman en alrededor de 20 000 millones de euros, mientras la Administración Central del Estado se mantiene en un amplio déficit. Yo me pregunto, ¿por qué paraliza el Gobierno el proyecto de
ley 8/2023 tras haber renunciado a presentar los presupuestos generales del Estado para el año 2024? ¿Es consciente el Gobierno y el Partido Socialista del grave perjuicio que está ocasionando a las entidades locales con su decisión de no gobernar?
¿Por qué no transmiten la información de la liquidación del ejercicio 2022 o los anticipos o, en general, toda la participación de los tributos del Estado a los ayuntamientos para poder gestionar de manera adecuada sus ayuntamientos?
La Federación Española de Municipios y Provincias -ha salido publicado-, consciente del perjuicio que está ocasionando el Gobierno de Sánchez a los ayuntamientos, se ha dirigido hasta en ocho ocasiones al Ministerio de Hacienda para recabar
formalmente la información necesaria. La vicepresidenta Montero no responde y no quiere dialogar con los representantes de los municipios. El pasado mes de abril le trasladaron, desde la Federación Española de Municipios, al ministro de Política
Territorial, Ángel
Víctor Torres, esta misma reivindicación para su traslado a la ministra de Hacienda. El señor ministro anunció que de manera inminente -estamos hablando de los primeros días del mes de abril- se iba a convocar la CNAL y dos meses después, a
día de hoy, el Gobierno sigue sin convocar dicha Comisión. Desde la última reunión de la CNAL, en diciembre de 2023, la información que se trasladó en aquella Comisión ha quedado totalmente devaluada. El Gobierno ha renunciado a la presentación de
presupuestos; han comenzado a aplicarse los criterios de regla y techo de gasto, que llevaban sin aplicarse tres años; y los ayuntamientos, por tanto, siguen sin conocer la participación en la recaudación de los principales tributos del Estado o
el Fondo Complementario de Financiación. ¿Por qué se niegan a transmitir esta información? ¿Acaso pretenden limitar el gasto de los ayuntamientos para garantizar un superávit que cubra el déficit, producto del despilfarro que realiza el señor
Pedro Sánchez, dando la espalda a las corporaciones locales?
Concluyo. Estamos quizá ante el Gobierno más débil de la democracia, el que tiene menos respaldo popular; un Gobierno en el que en todas las elecciones celebradas en todo el territorio nacional ven cómo el apoyo electoral al partido del
Gobierno, y también a sus socios y apoyos parlamentarios, se ve reducido; un Gobierno minoritario y en minoría, al que los españoles derrotan en las urnas y en la opinión pública; un Gobierno que ha renunciado a gobernar. Necesitamos un Gobierno
que tome decisiones; un Gobierno que gobierne, no solo un presidente de Gobierno que detente el poder perjudicando a las entidades locales de España y, por ende, a todos los españoles. España y los españoles no merecen un Gobierno prisionero de
algunos de sus socios; y, además, un Gobierno cercado por la presunta corrupción de miembros de gabinetes de los ministros y de los propios ministerios; y, también, corruptelas y corrupción del entorno familiar más íntimo del más alto mandatario
del Gobierno socialista de España. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Román.
No se presenta enmienda a esta proposición no de ley, por lo que vamos a pasar a las intervenciones de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto no toman la palabra. Por Junts, el señor Puyol no va a tomar la palabra tampoco.
Por SUMAR, el señor Badia Casas.
El señor BADIA CASAS: En este caso, creo que el representante del Grupo Popular lo ha dicho, pero, antes incluso de la renuncia a presupuestos, ya entraron las enmiendas en el Real Decreto Ley 8/2023, porque las enmiendas finalizaban el 6
de marzo y en ellas ya se establecía la voluntad de actualización de los ingresos en las corporaciones locales, y se comunicó que los ingresos a cuenta llegarían hasta los 23 773 millones, un 5 % más que el año anterior, con lo cual ahora lo único
que resta es dejar que el Gobierno haga su trabajo y, en este caso, se puedan acabar de formalizar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Badia.
Por el Grupo Parlamentario VOX, toma la palabra el señor Del Valle.
El señor DEL VALLE RODRÍGUEZ: Con la venia.
El número 3 del artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno deberá -y resalto deberá- presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año
anterior. Pues bien, el Gobierno de Pedro Sánchez, incumpliendo esta obligación constitucional, ha renunciado a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2024. Al encontrarnos en una situación de prórroga
presupuestaria, y como ya se ha indicado por parte del grupo parlamentario proponente de la proposición no de ley, las entidades locales desconocen, en este momento, de forma individualizada, la cantidad específica que les corresponde sobre las
actualizaciones de las entregas a cuenta y de la liquidación de la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2022, lo que les ocasiona incertidumbre e inseguridad en la ejecución de sus presupuestos.
No voy a entrar aquí a hablar del Real Decreto Ley 8/2023, que está en tramitación como proyecto de ley y que está paralizado, como se ha indicado acertadamente por el grupo proponente. Pero, mire, señor portavoz del Grupo SUMAR, lo que se
haya dicho en las enmiendas no tienen ningún efecto jurídico. El proyecto está parado. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Santander y los ayuntamientos desconocemos, de forma individualizada, cuál es el resultado de la liquidación de la
participación en tributos del Estado del año 2022, y desconocemos la cantidad de lo que van a ser las entregas a cuenta para este ejercicio, y estamos en el mes de junio. Por lo tanto, no me diga usted que ha presentado enmiendas y que
son 23 000 millones, porque eso es papel mojado. También hay cierta incertidumbre sobre hasta qué punto pueden o no endeudarse las administraciones locales en este ejercicio, porque se presentó a las Cortes Generales el acuerdo de Consejo
de Ministros de diciembre de 2023, el Senado lo rechazó y el Gobierno de la nación, incumpliendo nuevamente otra obligación que tiene, no ha vuelto a presentar cuál va a ser ese margen. Por tanto, doble incertidumbre.
Pues bien, ante la pasividad del Ministerio de Hacienda, que, como sabemos todos, está en otras cosas, estamos de acuerdo en que hay que instar al Gobierno a que convoque cuanto antes la Comisión Nacional de la Administración Local para
tratar estos temas que, como digo, son apremiantes para la mayoría de los ayuntamientos del Estado español. En consecuencia, votaremos a favor de esta proposición no de ley.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Valle.
Toma la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jerez.
El señor JEREZ ANTEQUERA: Gracias, presidenta.
Señorías del Partido Popular, compartimos su preocupación por las haciendas locales, pero, a diferencia de ustedes, nosotros ponemos las necesidades de los ayuntamientos como prioridad en la agenda económica del Gobierno progresista. Nunca
se habían transferido tantos ingresos a las administraciones locales como en estos últimos años con este Gobierno. Recordemos que fue su grupo en el Senado quien se opuso a la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2024. 'No
es no; qué parte del no, no han entendido', dijo su portavoz en ese Pleno. Y tanto que lo entendimos; su no ha implicado que a los ayuntamientos se les exija un superávit del 0,2 % del PIB, cuando el Gobierno proponía estabilidad presupuestaria.
Su no ha supuesto una reducción de casi 3000 millones de euros, 2924, para las arcas de las administraciones locales; y su no también ha supuesto que las comunidades autónomas pierdan 1456 millones de euros.
Yendo a la respuesta concreta de sus peticiones, señorías del Grupo Popular, como saben, las entregas mensuales a cuenta en 2024 que están percibiendo las entidades locales por su participación en los tributos del Estado son las derivadas de
la aplicación -como se ha dicho aquí- del Real Decreto Ley 8/2023, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Dada la prórroga de los presupuestos,
se está distribuyendo entre las entidades locales la misma cantidad total que la presupuestada en el ejercicio 2023.
El Ministerio de Hacienda ya informó el pasado 11 de diciembre de 2023 en la Comisión Nacional de Administración Local de la previsión de incremento de las entregas a cuenta para el conjunto de las entidades locales del 5,1 % respecto a las
del año anterior, basada en la estimación de ingresos calculada para el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no ha tenido continuidad. No obstante, dicho incremento no se está aplicando en estos momentos porque, como saben,
su aprobación requiere que sea a través de una norma con rango de ley. El 18 de marzo ya se publicaron en el boletín de las Cortes las enmiendas al Proyecto de Ley 121/000003, entre las que se han incluido oportunamente enmiendas para actualizar
las entregas a cuenta del sistema de financiación local en 2024. Con respecto a la liquidación de las entregas a cuenta para el conjunto de las entidades locales en los tributos de 2022, a cobrar en 2024, ascenderán a 4784 millones de euros, frente
a los 682 millones correspondientes a la liquidación de 2021, abonada en 2023, lo que supone un incremento del 700 %, que se abonará, como siempre, el próximo mes de julio. Y, finalmente, la disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 8/2023
ha aprobado una dotación extraordinaria para incrementar la financiación a las entidades locales con motivo de los saldos globales negativos en las liquidaciones del ejercicio 2020.
En conclusión, votaremos en contra de su proposición dado que: uno, el Ministerio de Hacienda ya suministró la información principal en la reunión de la comisión nacional en diciembre; dos, ya existe el compromiso del ministro Torres de
una próxima reunión de la comisión nacional, y, tres, porque, sinceramente, creemos que la FEMP y el Gobierno sabrán canalizar sus relaciones, como siempre, de forma constructiva en favor del mundo local.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jerez.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000928).
La señora PRESIDENTA: Entramos en el debate de la última proposición no de ley, sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y la colaboración entre administraciones
públicas para luchar contra la corrupción.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa toma la palabra su ponente, el señor Ibáñez Hernando.
El señor IBÁÑEZ HERNANDO: Gracias, presidenta.
Señorías, presentamos esta iniciativa en el Congreso ante la grave situación que está poniendo en tela de juicio la integridad del Gobierno de nuestro país. Los ciudadanos merecen poder confiar en las administraciones públicas y que los
responsables públicos cumplan con los más altos estándares éticos. Para eso se aprobó el Código de Buen Gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado; sin embargo, la situación que estamos viviendo en las últimas
semanas y meses muestra que su cumplimiento queda muy lejos de las políticas del Gobierno de Sánchez y eso está ocasionando que los ciudadanos pierdan toda la confianza y la credibilidad en sus instituciones. Y es en este punto donde corresponde
sacar a colación la gran cantidad de casos que se están conociendo y que se alejan hasta el infinito de lo que cualquiera entendería como buen gobierno. El caso PSOE o caso de las mascarillas durante la pandemia ha sido uno de los principales
ejemplos. El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trataba de balbucear ayer explicaciones ante los hechos que se han publicado, donde se informaba cómo habría adjudicado a dedo más de 5 millones a la
red de Koldo para hacer test PCR, y que además hubiera sido un socio del propio Tito Berni quien firmara los contratos, o que desde su Gobierno de Canarias se hubieran adjudicado hasta once contratos por un valor total de más de 12 millones de euros
en favor de la empresa que sobornó a la red a cambio de contratos públicos.
Pero si hay algo que ha quebrado por completo la confianza de los españoles en el Gobierno es ver el cúmulo de privilegios de los que se ha aprovechado el entorno cercano de Sánchez. Así, mientras que una persona normal que quiera crear,
por ejemplo, una ONG tiene que hacer una definición de ideario, elaborar unos estatutos, determinar su forma jurídica, solicitar el alta en la Seguridad Social, etcétera, si vives en la Moncloa ya lo tienes hecho. Los españoles también se indignan
cuando comprueban que, mientras que una persona que quiera obtener una cátedra en este país tiene que ser profesor titular de universidad, poseer algún máster o doctorado o haber publicado artículos en revistas científicas, si vives en la Moncloa lo
puedes conseguir con un chasquido de dedos. Asimismo, las empresas de este país se han revelado, y con razón, porque aquellas que han querido obtener fondos del Plan Next Generation de la Unión Europea han tenido que contribuir a alguno de los
cuatro ejes de transformación del Plan España Puede y definir un proyecto, objetivos y resultados cuantificables, pero si vivías en la Moncloa bastaba lanzar un silbido y las puertas se abrían por completo a tus deseos. Y ya lo que ha llegado al
ámbito internacional y avergüenza a todo el país es comprobar que la propia Fiscalía Europea sigue la pista de la esposa del presidente e investiga supuestos delitos por tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Parecería esto
insuperable, ¿verdad? Pues no. Esta mañana nos hemos desayunado con que tanto al hermano del presidente del Gobierno como al presidente socialista de la Diputación de Badajoz un juzgado les ha abierto diligencias por presuntos delitos de
malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Con este modus operandi que estamos viendo en el entorno cercano de Sánchez, donde unos pocos son privilegiados frente al resto de españoles, resulta comprensible que los socialistas no
consideren a Sánchez como su presidente, sino directamente como su amo, y voy a omitir aquí el apelativo que le dedicó uno de sus ministros.
Así las cosas -y a pesar del señor Tezanos, que ha demostrado ser una vez más la vergüenza del sector de la demoscopia en este país y que vuelve a acreditar que está a años luz de cualquier estándar ético de una institución respetable como
es el CIS-, los españoles contestamos el domingo al plebiscito en el que quiso convertir Sánchez las elecciones europeas. Y los españoles han contestado que no, que no se creen más las mentiras, que no quieren la vergonzosa ley de amnistía que se
ha promovido y se ha publicado justo un día después de las elecciones europeas, que rechazan un gobierno que está cercado por casos de corrupción y que desean que España no siga siendo abochornada en el ámbito internacional.
Esperamos que aquellos grupos que posibilitaron la investidura no sean cómplices de la falta de buen gobierno que inunda todo lo que tiene que ver con Sánchez y con su entorno, especialmente el más cercano, y por eso hemos presentado esta
iniciativa. El Grupo Popular va a seguir representando a los millones de españoles que nos llevan dando ya tres victorias seguidas -en las municipales, en las generales y en las europeas- y que nos animan a seguir trabajando para que en el Gobierno
de este país salte por la ventana la corrupción y entren por la puerta a la dignidad y el buen gobierno, que es lo que este país demanda y también los españoles merecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibáñez.
A esta proposición no de ley tampoco se han presentado enmiendas, por lo que tomarán la palabra los grupos parlamentarios. ¿Señora Santana? (Denegación). ¿Señor Legarda? (Denegación). ¿Señor Pujol? (Denegación).
Señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ MEZQUITA: Podría venir aquí o ir a cualquier otra Comisión, da igual. No se puede hablar de buen gobierno si renunciamos a tener un buen Parlamento. Pase lo que pase, existiendo ya comisiones parlamentarias para investigar
sin problema y un Poder Judicial actuando o sobreactuando, ocupamos -casi con ka- el debate parlamentario cuando hay problemas que atender, como la complejidad administrativa de este Estado, con competencias que se pisan, que no se ordenan, que
suponen duplicidades, que suponen, efectivamente, que haya ciudadanos que no entiendan muy bien a quién tienen que exigirle qué porque esta competencia es de tres administraciones a la vez. En vez de abordar en esta Comisión ese debate con altura
de miras, vienen aquí a hacerse el vídeo de la mañana para decir lo mismo que han dicho los medios de comunicación en el pasillo, lo mismo que van a decir en la Comisión de Justicia, lo mismo que van a decir probablemente en la Comisión de
Agricultura y lo mismo que seguramente van a decir esta noche en la tertulia. No puede haber buen gobierno si no hay buen Parlamento, y no puede haber buen Parlamento si nos da absolutamente igual de qué va la Comisión y venimos aquí a reproducir
el argumentario que nos han dado en el partido. ¡Y que el Partido Popular -i vinc de València- venga aquí a hablar de buen gobierno...!
Estamos a día 11 de junio de 2024, en un año o año y medio ya estaremos hablando de los casos de corrupción de los nuevos gobiernos del PP en las comunidades autónomas, como hemos hablado de los casos del PP en Valencia donde bien se lo
pasaban. Entonces, creo que esta legislatura, ahora que parece que ha terminado la vorágine electoral -o eso desea la inmensa mayoría de la población-, podríamos dedicarnos a resolver algún problema a la gente y no venir aquí a continuar obviando
que, al igual que aquella frase de 'el que pueda hacer, que haga', pues el que pueda votar que vote. Y, señores el Partido Popular, no sé cuántas llevan, pero la mayoría parlamentaria de este Estado es plurinacional, es progresista, es compleja y
por mucho que se achiquen a un lado y continúen aquí con la cosa, han cogido la linde y siguen. Pero, de verdad, no nos hagan perder el tiempo y dediquémonos a hablar de lo que va la Comisión y no de lo que vamos a hablar mañana, tarde y noche.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ibáñez.
Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora Mejías.
La señora MEJÍAS SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
Qué afición tiene la izquierda radical en silenciar aquellos debates que no le gustan. A mí sí me interesa hablar de corrupción y me interesa, más que nada, porque estamos en el año 2024 del siglo XXI, y que tengamos que presentar
iniciativas sobre el cumplimiento del código de buen gobierno para luchar contra la corrupción me parece grave. Eso significa que los españoles no hemos aprendido nada después de haber pasado por todas las situaciones por las que hemos pasado y
todas las situaciones que hemos vivido. Y, créanme, ni los proponentes ni los contestantes son ejemplo de nada, no son ejemplo absolutamente de nada. ¿Sabe lo que pasa? Que en este país el problema es que la corrupción política no tiene coste
político, y lo hemos visto en estas pasadas elecciones, cuando un partido que está hasta arriba de corrupción y que además se dedica a jalear esa corrupción en los mítines como si fuera algo de lo que se pudiera sentir orgulloso, ha recibido un
apoyo más que sobrado de la sociedad española. Y eso es preocupante, es muy preocupante, a mí por lo menos sí
me preocupa, porque en los indicadores internacionales España no sale precisamente bien parada. En el último índice de percepción de la corrupción, elaborado anualmente por la organización de transparencia, España está en el puesto 36 de
180 países y en el mapa global de transparencia de la Unión Europea, España está en el puesto 14 de los Veintisiete. Somos un partido que tiene unos índices de corrupción que debemos atajar y estas iniciativas y estos debates son importantes, son
bastante importantes. Y también porque el bipartidismo, que ha estado condenado por casos gravísimos de corrupción, desde la Gürtel hasta los ERE de Andalucía, debe aprender a gobernar bien. Y debe tener coste político eso que pasa en las
administraciones públicas donde los funcionarios cometen este tipo de corrupciones.
¿Pero sabe también lo que le digo? Que no hay mayor corrupción en una nación que aquellos políticos que borran delitos a políticos -eso sí es corrupción- a cambio de votos, comprando votos para comprar el poder. Eso sí es corrupción y eso
se ha producido aquí, y ustedes son unos de los protagonistas, así que no se sienta tan libre de aquello de lo que estamos hablando en esta propuesta, porque ustedes también son protagonistas de estas cuestiones. Mire, la corrupción pública, la que
han protagonizado los funcionarios, los gobernantes y los políticos -entre los que ustedes también se encuentran- en el ejercicio de sus cargos y que afecta esencialmente a dinero público tuvo solo el año pasado 54 casos en España y 38 sentencias
condenatorias, las más graves fueron precisamente casos de corrupción sobre la compra de mascarillas en la pandemia, que eran previsibles porque alguien se dedicó a rebajar los controles con lo que aumentaron esas prácticas corruptas. Por lo tanto,
sí es necesario incrementar los controles, sí es necesario hablar de lucha contra la corrupción y sí es necesario debatir estos temas en sede parlamentaria, porque es una responsabilidad de todo el arco parlamentario. Por lo tanto, es
imprescindible volver a trabajar sobre esos mecanismos para evitar que la corrupción política siga siendo algo que jalear en los mítines sin la más absoluta vergüenza. Además, todos los españoles debemos estar convencidos de que combatirla es un
bien para todos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mejías.
Terminamos con el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Garrido.
La señora GARRIDO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.
Miren, la presentación de esta PNL en esta Comisión es la crónica de un fracaso, el fracaso del Partido Popular y VOX en sus comisiones de investigación, sobre todo en el Senado, donde la usan como un arma de destrucción contra el Gobierno
en lugar de como una herramienta de nuestro ordenamiento jurídico para representar a las comunidades autónomas. Y esto es la Comisión de Política Territorial y aquí tenemos que hablar de algo tan importante para los ciudadanos como es la política
que se hace en sus ayuntamientos, en sus territorios. Eso es fundamental, y que vengan a traernos este tipo de PNL, que son un copia y pega que cuentan en todas las comisiones, creo que simplemente es señal de que, primero, han fracasado en su
política de intentar enfangar la política nacional inventándose casos de corrupción que no existen, eso es muy claro, y, segundo, que no tienen ninguna idea ni proyecto, y mucho menos para nuestros territorios. Porque ya sabemos que cuando
gobernaba el Partido Popular lo que querían en primer lugar era tener a los ayuntamientos sin poder utilizar sus remanentes, sin poder contratar personal, sin poder dar servicios a la ciudadanía e incluso intentando eliminarlos, que es lo que quería
hacer el Partido Popular cuando gobernaba. Siguen en su política de que se hunda el país, que ya lo levantaremos nosotros, pero no les funciona, porque el país no se está hundiendo.
¿Saben lo que es un buen gobierno? Un buen gobierno es subir las pensiones, un buen gobierno es controlar la inflación, un buen gobierno es hacer eso que ustedes llamaron el timo ibérico -¿se acuerdan?- y que gracias a eso pagamos la
electricidad más barata de toda Europa, un buen gobierno es que nuestras empresas tengan cotas más altas cada vez de beneficios mientras podemos seguir subiendo los salarios y teniendo la mayor cota de empleo de nuestro país. Eso es un buen
gobierno.
¿Y qué pasaba cuando gobernaban ustedes, hablando de corrupción? Pues vamos a hablar de ello. En 2014, el 64 % de la población española consideraba que la corrupción era el principal problema del país, solo por detrás del paro. Paro y
corrupción, eso eran ustedes con su buen gobierno. Era la época -¿se acuerdan?- de Bárcenas, las púnicas, las tarjetas black, la época en la que por primera vez en nuestro país un gobierno no superó una moción de censura porque por tres veces el
partido que lo sostenía había sido condenado por corrupción. (Rumores). Condenado por corrupción. Actualmente, no
se registra en nuestro país una especial preocupación de la población por la corrupción (varios señores diputados: No, no, no) y eso es un síntoma de buen gobierno. (Rumores). Yo no les he interrumpido mientras hablaban; entiendo que se
pongan nerviosas al escuchar lo que es su partido, pero ustedes sabrán lo que hicieron mientras gobernaban. ¿Se acuerdan de la Gürtel? (El señor Del Valle Rodríguez: Me acuerdo de Begoña). ¿Eso era buen gobierno? Yo creo que no.
Pero hablemos del presente. ¿Qué hacen actualmente en aquellos gobiernos en los que ustedes, tanto el Partido Popular como VOX, están? En Baleares. ¿Qué han hecho el Partido Popular y VOX en Baleares? Enterrar la Oficina Anticorrupción y
aprobar una ley que aumenta la opacidad de los cargos públicos y elimina las denuncias anónimas. ¿Eso es buen gobierno? ¿Eso es transparencia? ¿Eso es luchar contra la corrupción? Yo creo que el sentido que nosotros tenemos del buen Gobierno, la
lucha contra la corrupción y la transparencia es exactamente el contrario a lo que hacen el PP y VOX en Baleares. Vamos a Valencia, donde está la Agencia Antifraude que el anterior Gobierno puso en marcha y que, además, demostró que podía rescatar
mucho más dinero público del que suponía tenerla en marcha. ¿Saben lo que ha intentado el Partido Popular en esa Agencia Antifraude valenciana? Controlarla políticamente. ¿Eso es buen gobierno? Yo creo que no. ¿Y qué proponía VOX, que ahora se
rasga las vestiduras? Suprimirla.
Por lo tanto, señores del Partido Popular y, por extensión, señores de VOX, dejen de hacer el ridículo, dedíquense a preocuparse de los problemas de los ciudadanos, ayuden a que este país sea un mejor país, salga adelante, tenga más empleo,
tenga mejores salarios, nuestras empresas tengan más beneficios y sigamos tirando del carro de Europa, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, y déjense de intentar enfangar la política y de intentar controlar lo que las urnas no les han dado y
lo que este Congreso tampoco les ha dado. (Rumores). Si no, ¿por qué no es presidente Feijóo? Ya sabemos que es porque no quería, pero... Yo creo, simplemente, que ustedes no son capaces de aceptar la democracia de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Garrido.
Vamos a hacer un receso de dos minutos para ordenar las votaciones. (Pausa).
VOTACIONES.
La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de las distintas proposiciones no de ley.
Empezamos con la primera que hemos debatido, que es la proposición no de ley para la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 18; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la siguiente, que es la proposición no de ley relativa al acercamiento de los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía. Se vota también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la siguiente, que es la proposición no de ley relativa a avanzar en la mejora de los servicios de inspección fronteriza vinculados al tráfico internacional de mercancías, que se vota también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la siguiente votación, que es la de la proposición no de ley para solicitar al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local y facilitar de forma transparente la información relativa a las
entregas a cuenta a los ayuntamientos por parte del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre el cumplimiento del código de buen gobierno del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y la colaboración entre administraciones públicas para luchar contra la
corrupción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Con esto, damos por acabada esta sesión. Muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.