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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 99, de 05/03/2024
cve: BOCG-15-D-99
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de marzo de 2024
Núm. 99
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página9)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas... (Página8)
... (Página9)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página8)
... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de la antigua Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática... (Página10)
161/000352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de la tapia sur del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena (Madrid) como lugar de memoria democrática...
161/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI víctimas de represión durante la Guerra y la dictadura franquista...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la expulsión de Israel del Festival de la Canción de Eurovisión... (Página16)
161/000342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a paralizar los fondos de cooperación destinados a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente
Próximo... (Página18)
161/000343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas,
los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil... (Página21)
161/000345 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aprobación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo... (Página25)
161/000357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre traslado y deportaciones de niños ucranianos a la Federación rusa y a la orden de arresto de Vladimir I. Putin y María Alekseyevna Lvova Belova...
Comisión de Defensa
161/000326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre el Observatorio de la Vida Militar... (Página30)
Comisión de Presupuestos
161/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero... (Página31)
Comisión de Interior
161/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la estandarización de los recursos materiales mínimos de las unidades policiales en el marco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad...
161/000337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para llevar a efecto la adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas
trans... (Página34)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el eje ferroviario 'Ruta de la Plata'... (Página36)
161/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre infraestructuras ferroviarias en la provincia de Cádiz... (Página38)
Comisión de Industria y Turismo
161/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción turística de la oferta de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad en nuestro país...
161/000363 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar el desarrollo de la industria Net Zero en España... (Página42)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para fomentar la formación digital de las personas mayores y reducir la brecha digital intergeneracional... (Página46)
161/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación urgente del desarrollo reglamentario de la Ley 4/2022 para regular el etiquetado inclusivo y en alfabeto braille...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la mejora de los regadíos en España y el impulso del Proyecto de Tierra de Barros... (Página49)
Comisión de Política Territorial
161/000358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la SAREB a Galicia para su gestión... (Página51)
161/000361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la aprobación de un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población... (Página54)
161/000362 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la seguridad en el medio rural como medida para preservar los servicios públicos en los pequeños municipios...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la creación de una regla de explotación que permita a los usuarios del trasvase Tajo-Guadiana (Tubería Manchega) su utilización...
161/000336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el cierre programado de la generación nuclear en España... (Página59)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la SAREB a Galicia para su gestión... (Página66)
Comisión de Cultura
161/000003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre bonificaciones para el traslado de materiales de los deportistas canarios.
Pasa a tramitarse en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes... (Página69)
161/000324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección, promoción y el impulso de la Red de Caminos de Guadalupe... (Página70)
161/000325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para prevenir los malos usos de la inteligencia artificial en convocatorias públicas culturales y creativas... (Página72)
161/000351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento e impulso al 'Daroca and Prisión Fest'... (Página74)
161/000353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre rechazo a la censura y defensa de la libertad de producción y creación literaria y artística... (Página75)
161/000364 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso del desarrollo de un Plan Nacional de Flamenco... (Página77)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables... (Página79)
Comisión de Sanidad
161/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para el fomento de los cuidados paliativos en el proceso final de la vida... (Página82)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en materia de memoria democrática en el ámbito de la universidad, la ciencia y la investigación... (Página86)
161/000347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implementación de medidas para dar un impulso a los procesos de homologación de títulos... (Página88)
161/000348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre medidas de agilidad en la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero... (Página89)
161/000350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la internacionalización del sistema de ciencia e investigación... (Página91)
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana... (Página92)
Comisión de Igualdad
161/000344 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina en España... (Página94)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes... (Página98)
161/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y creación de un nuevo programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes residentes en España...
161/000355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento de la participación infantil y adolescentes... (Página104)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Justicia
181/000046 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre garantías que ofrece el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes para el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, como pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho... (Página106)
181/000047 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre motivos por los que han
pasado tres años sin que se haya aprobado el Decreto de Sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia con el menoscabo retributivo que ello supone para el citado cuerpo... (Página106)
181/000048 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), De Rosa Torner, Fernando (GP), Pérez Osma, Daniel (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Moro Almaraz, María Jesús (GP), sobre motivos por los que no se
han celebrado oposiciones de Letrados de la Administración de Justicia en los años 2022 y 2023... (Página106)
Comisión de Defensa
181/000049 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre criterios que ha barajado el Gobierno para traer a personas afganas en las distintas fases de la operación Irbis...
Comisión de Interior
181/000036 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre horario de los distintos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete...
181/000037 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete que permanecen abiertos los fines de
semana... (Página107)
181/000038 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete que han sido rehabilitados en el año
2023 con fondos europeos... (Página108)
181/000039 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre importe de los fondos europeos invertidos el año 2023 en la rehabilitación de los cuarteles de
la Guardia Civil en la provincia de Albacete... (Página108)
181/000040 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre plazo previsto para ejecutar los fondos europeos pendientes en los cuarteles de la Guardia Civil
en la provincia de Albacete... (Página108)
181/000041 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre cantidad prevista con cargo a los fondos europeos para mejoras en los cuarteles de la Guardia
Civil en la provincia de Albacete... (Página109)
181/000042 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete que van a ser rehabilitados con fondos
europeos en el año 2024... (Página109)
181/000043 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete en los que urgen mejoras...
181/000044 Pregunta formulada por los Diputados Antonio Martínez Gómez (GP), Navarro Lacoba, Carmen (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre ratio de agentes de la Guardia Civil para la protección de víctimas de violencia de género en la
provincia de Albacete... (Página110)
181/000055 Pregunta formulada por los Diputados Manuel Cobo Vega (GP), García Adanero, Carlos (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), sobre dispositivo que diseñó e instrucciones que
trasladó la Delegación del Gobierno con motivo de las movilizaciones agrarias del día 21/02/2024 en la Comunidad de Madrid... (Página110)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000050 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel
(GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Alós López, Ana Isabel (GP), sobre
previsiones acerca de reformar la ley de vivienda... (Página110)
181/000051 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel
(GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Alós López, Ana Isabel (GP), sobre
previsiones acerca de reconocer la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal... (Página111)
181/000053 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel
(GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Alós López, Ana Isabel (GP), sobre
número de viviendas que ha puesto el Gobierno a disposición de los españoles durante los últimos cinco años... (Página111)
181/000054 Pregunta formulada por los Diputados Miguel Ángel Sastre Uyá (GP), Mesquida Mayans, Joan (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP), Fabra Part, Alberto (GP), Gil Santiago, Carlos (GP), Delgado Arce, Celso Luis (GP), Pérez Osma, Daniel
(GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP), Argüelles García, Silverio (GP), Borrego Cortés, Isabel María (GP), Agüera Gago, Cristina (GP), Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP) y Alós López, Ana Isabel (GP), sobre
número de viviendas de las 184.000 comprometidas que están en construcción... (Página111)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
181/000045 Pregunta formulada por los Diputados María José Rodríguez de Millán Parro (GVOX), Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), Mejías Sánchez, Carina (GVOX) y Fernández Hernández, Pedro (GVOX), sobre recepción por Koldo García
Izaguirre de algún tipo de comisión o emolumento ilegal durante el desempeño de sus funciones como asesor al servicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana... (Página112)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004598 Autor: Micó Micó, Àgueda
Reclamación de la instalación de pantallas acústicas que mitiguen el ruido provocado por el paso de los vehículos por la autopista AP-7 a su paso por el municipio de Benicàssim (Castellón)... (Página112)
184/004600 Autor: Micó Micó, Àgueda
Valoración de la reducción en un 70% de la plantilla de trabajadores de Roca Tiles, así como medidas previstas para paliar los efectos del ERE a las 128 trabajadoras de dicha empresa... (Página114)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Socialista
(010/000005)
Número de miembros al 27 de febrero de 2024: 120
Baja:
ÁBALOS MECO, José Luis 27-02-2024
Grupo Parlamentario Mixto
(010/000009)
Número de miembros al 27 de febrero de 2024: 8
Alta:
ÁBALOS MECO, José Luis 27-02-2024
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista
(061/000009)
Suplente
Baja:
ÁBALOS MECO, José Luis 27-02-2024
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
GÓMEZ BESTEIRO, José Ramón 01-03-2024
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista
(061/000009)
Titulares
Baja:
GÓMEZ BESTEIRO, José Ramón 01-03-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Socialista
(010/000005)
Número de miembros al 1 de marzo de 2024: 119
Baja:
GÓMEZ BESTEIRO, José Ramón 01-03-2024
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000349
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de la antigua Real Casa de Correos, como lugar de memoria
democrática, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Está asentado de forma ampliamente mayoritaria en la sociedad española que la recuperación de las libertades y la consolidación del actual sistema democrático es el logro más importante y trascendental de nuestra reciente historia como
nación. España es hoy una democracia moderna y avanzada gracias, entre otras, a aquellas personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad.
Somos una democracia moderna y avanzada donde se respetan los Derechos Humanos. En estos años de democracia, España se ha sumado a todos los tratados internacionales de derechos humanos hasta convertirse en un país de referencia
internacional por el nivel de desarrollo, reconocimiento y garantía de sus libertades públicas y lo avanzado y comprometido de su sistema de derechos civiles.
España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, incorporando los mecanismos y garantías para su protección. También la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; así como de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ese reconocimiento mundial ha venido acompañado de declaraciones y resoluciones de organismos internacionales que condenaban las violaciones de Derechos Humanos cometidos en nuestro país durante la dictadura franquista, como fueron la
Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, y la Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril de 2009.
Un régimen político, la dictadura franquista, que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada mediante desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, campos de
concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones...
En el ámbito interno, el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso aprobaba por unanimidad la Proposición no de Ley que promulgaba el 'reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra
civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista'; afirmación que se reitera en el mismo sentido por el Pleno del Congreso el 1 de junio de 2004.
Un paso decisivo en ese sentido fue la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida por Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocían y ampliaban derechos, y se establecían medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura.
Este impulso fue secundado por varias comunidades autónomas aprobando sus propias leyes de memoria histórica y democrática, y por otras que han desarrollado actuaciones de memoria en diversos niveles. Lamentablemente, la Comunidad de Madrid
no se encuentra entre ellas.
Más recientemente, las Cortes Generales han aprobado la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, entre cuyo objeto y finalidad está el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas,
ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la
entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Como bien señala su Preámbulo, 'conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un
deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales'.
La ciudadanía tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a
cabo quienes cayeron víctimas de su represión.
Reconocer, dignificar, honrar, reparar a esas personas es un inexcusable deber moral en la vida política, signo de la calidad de nuestra democracia y obligación para los poderes públicos. El olvido no es opción para una democracia moderna y
avanzada como la que estamos construyendo.
Igualmente, esta Ley reconoce y regula los Lugares de Memoria Democrática, como aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación
histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la
población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos, que tendrán una función conmemorativa y didáctica,
para los que se crea un inventario como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos.
La antigua Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol, fue durante los años de la dictadura franquista sede de la Dirección General de Seguridad. En sus sótanos se ejerció la violencia institucionalizada sobre miles de personas que
fueron detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas por el hecho de ser disidentes políticos y morales de la Dictadura, combatir a esta y luchar por la conquista de las libertades y los derechos democráticos.
Muchos de los hechos acaecidos dentro de sus paredes tuvieron, en su momento, una amplia repercusión nacional e internacional. Por citar algunos de los casos de mayor gravedad mencionaremos el de Tomás Centeno Sierra, militante de la UGT y
del PSOE, detenido en 1953 por la Brigada Político-Social y torturado hasta la muerte en los sótanos de este edificio. También el de Julián Grimau, dirigente del PCE, delatado y detenido en 1962, fue juzgado por supuestos delitos nunca probados y
condenado a muerte.
Previamente había sido torturado y arrojado desde el segundo piso de la Dirección General de Seguridad.
Hechos tan graves y tan aleccionadores como los descritos deben ser reconocidos públicamente y servir de ejemplos de lo que no se debe repetir nunca más. Sin embargo, no hay señalización pública, símbolo ni nada que permita conocer el
pasado terrorífico del edificio. Algo que se ha hecho en otros lugares similares como la cárcel de Robben Island, en Sudáfrica, donde estuvo preso Nelson Mándela; o los Sitios de la Memoria argentinos, la red de centros clandestinos de detención
de la dictadura que fueron señalizados y musealizados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Declarar el edificio de la antigua Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
2. Colocar una placa en la fachada principal del mismo edificio que recuerde a las personas que allí fueron detenidas ilegalmente, maltratadas y torturadas durante la dictadura franquista, que denuncie hechos tan graves y que reconozca a
esos hombres y mujeres su decisiva lucha por la libertad y la democracia en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Raúl Díaz Marín, Teresa Llorens Carbonell, Mercedes González Fernández, Isaura Leal Fernández y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000352
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de la tapia sur del cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena (Madrid) como lugar de memoria democrática, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El resultado de las elecciones autonómicas y municipales en mayo de 2023 ha favorecido el pacto entre formaciones de derecha y de ultraderecha para la formación de gobiernos en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Algunas medidas
puestas en marcha por estos constituyen un claro retroceso en lo que atañe a los derechos y libertades de la ciudadanía.
En lo que concierne a la implementación de las políticas de memoria, los planteamientos negacionistas y reaccionarios tanto del Partido Popular como de VOX se están traduciendo ya en la derogación de las normativas que impulsaron las
distintas Comunidades Autónomas sobre esta materia. Así, el 25 de septiembre de 2023, el Parlamento de Cantabria se convirtió en el primer parlamento autonómico en instar al Gobierno cántabro a presentar un proyecto de Ley para derogar la Ley de
Cantabria de Memoria Histórica y Democrática. Un hecho que no será aislado, ya que los pactos de Gobierno firmados por estos dos partidos políticos en Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, así como la Comunidad Valenciana, hablan
explícitamente de derogar las leyes de memoria en dichos territorios.
Pero esta política de eliminación y olvido hacia las víctimas de la dictadura franquista por parte del Partido Popular no es nueva. Si por algo destaca tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la ciudad es por la total ausencia
de políticas públicas que condenen la dictadura franquista, así como el reconocimiento a sus víctimas.
En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha destacado por sus intentos de revisionismo y resignificación histórica de lo que representó la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Así, en el año 2020, el Consistorio, con los
votos de Partido Popular, Ciudadanos y VOX, aprobó una proposición en la que se instaba a retirar de la ciudad de Madrid los nombres de la Avda. Francisco Largo Caballero y del Bulevar de Indalecio Prieto, así como la placa situada en la plaza de
Chamberí, dedicada a Largo Caballero, al igual que las estatuas erigidas en Nuevos Ministerios en su memoria. Esta proposición sería declarada posteriormente nula y contraria a derecho por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
restituyendo así el honor y el nombre de Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Otra decisión polémica de este Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Martínez-Almeida, tuvo que ver con la construcción del monumento memorial que se aprobó, por el mismo Consistorio, durante la legislatura 2015-2019, en homenaje a los
hombres y mujeres que fueron asesinados por la dictadura franquista, en las cercanías del antiguo cementerio del Este (actual cementerio de Ntra. Sra. de la Almudena), durante el período comprendido entre 1939-1944. A pocas semanas de finalizar
la construcción del memorial proyectado, el alcalde del Partido Popular, sin previo aviso, decidió resignificar el monumento y suprimió las placas con los nombres de las 2.937 personas que fueron fusiladas durante el período anteriormente descrito,
así como los versos del poeta Miguel Hernández.
Y es que, tal y como han constatado distintos estudios, el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena (antiguo cementerio del Este) se convirtió en uno de los escenarios de la brutal represión que ejerció la dictadura franquista durante el
período de la posguerra. En concreto, durante la etapa comprendida entre mayo de 1939 y febrero de 1944, 2937 personas (entre ellas, 80 mujeres) fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis. Este escenario de muerte se mantuvo hasta la
inauguración de la nueva prisión de Carabanchel en junio de 1944, convirtiéndose entonces dicha instalación en nuevo lugar de fusilamientos por parte del régimen.
En la actualidad, los impactos de bala siguen estando presente en el muro sur del cementerio, pero el actual gobierno municipal ha preferido relegar los nombres de todas estas personas asesinadas por el franquismo al mero recuerdo privado de
sus familiares, al silencio de lo ocurrido y al olvido social.
Como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática: 'La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una
poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar contra la República legalmente constituida. En el marco de este relato totalitario, y al
mismo tiempo que continuaba una dura represión sobre las personas que defendían la Segunda República, se establecieron importantes medidas de reconocimiento y reparación moral y económica a las víctimas que habían combatido o se habían posicionado a
favor del golpe de Estado'.
Y asimismo proclama: 'Con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que
ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Y, en esta medida, es también un compromiso con el futuro, defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte
imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana'.
Y precisamente, para neutralizar ese olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos en nuestra historia, es nuestra obligación como sociedad salvaguardar y difundir una memoria basada en los principios de verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición, tal y como solicitaba a nuestro país el relator especial de Naciones Unidas.
Y como la propia Ley de Memoria Democrática mandata a las administraciones públicas en cumplimiento del Deber de Memoria, con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, se hace
necesario desarrollar todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse. Y en particular, la realización de acciones
tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir lo sucedido mediante, entre otras medidas, el diseño e instalación de lugares de memoria públicos, con perspectiva de reparación a las víctimas y profundización y consolidación de la
memoria democrática.
El artículo 49 de esta Ley establece la posibilidad de declarar determinados espacios como lugares de memoria democrática, en los siguientes términos:
'Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la
memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al
golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos'.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar la tapia sur del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena-Madrid como Lugar de Memoria Democrática, en virtud de lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 20/2022,
de 19 de octubre, de Memoria Democrática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2024.-Raúl Díaz Marín, Teresa Llorens Carbonell, Rafael Simancas Simancas, Isaura Leal Fernández y Mercedes González Fernández, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000354
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBi víctimas de
represión durante la Guerra y la dictadura franquista, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La historia del colectivo LGTBi es una historia asentada en la discriminación. Aunque la orientación sexual homosexual ha existido en todas y en cada una de las culturas, la realidad es que lejos de ser aceptada, las personas LGTBI han sido
y siguen siendo víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinadas en algunas sociedades debido a cuestiones morales y religiosas.
Gracias a la indiscutible labor de los colectivos que lucharon por los derechos de las personas LGTBI en 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría dejó de considerar la orientación homosexual como un trastorno. De igual modo, la
Organización Mundial de la Salud haría lo propio el 17 de mayo de 1990 cuando excluyó a la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud.
En lo que concierna a nuestro país, afortunadamente España es hoy líder mundial en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Según una encuesta realizada por IPSOS (2021), España es el país del mundo que más apoya y acepta que las
personas LGTBI muestren su orientación o identidad sexual o expresión de género en público, un 73%, frente a la media global que se sitúa en el 51%.
Pero esta aceptación y apoyo hacia este colectivo no siempre fue así. Nuestro país también fue uno de tantos Estados que discriminaron, marginaron e incluso persiguieron a la población LGTBI.
Así, durante la Dictadura del capitán general Primo de Rivera, la homosexualidad pasó a considerarse paradigma de peligrosidad. Este cuerpo normativo consideraba como circunstancia agravante de responsabilidad penal 'la vida depravada' de
los infractores, así como castigaba 'los actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo'.
Con el advenimiento de la Segunda República y la redacción del Código Penal de 1932, se suprimieron los agravantes por conductas homosexuales introducidos durante la etapa de Primo de Rivera, por lo que no se especificaba una orientación
sexual determinada. Incluso un año después, con la aprobación de la Ley de Vagos y Maleantes, esta legislación tampoco consideraba a las personas LGTBI como sujetos declarados en estado peligroso.
Esta situación cambió con la llegada de la dictadura franquista, que en 1954 modificó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir de nuevo a las personas LGTBI como personas potencialmente criminales de delitos sexuales, pudiéndoseles aplicar
determinadas medidas de seguridad.
Así pues, durante la dictadura franquista, las personas LGTBI pasaron a ser discriminadas y perseguidas por el Estado, así como excluidas por la sociedad.
Según distintos estudios, se calcula que más de 5000 personas fueron condenadas bajo el régimen franquista por su orientación o identidad sexual o expresión de género, aunque dado el estigma social que existía en esa época, es indudable que
el número podría ser mayor.
Este aislamiento y persecución social hacia las personas del colectivo LGTBI fue posible gracias a las teorías 'científicas' que determinados 'expertos' del régimen nacionalcatolicista defendieron para fundamentar esa base legal y así
erradicar la homosexualidad dentro del territorio nacional.
Con la llegada de la democracia, la situación de persecución y discriminación empezó a cambiar. Así, en diciembre de 1978, se modificó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, excluyéndose las prácticas homosexuales del listado de
medidas de seguridad que se aplicaban a los sujetos considerados como peligrosos.
Pero el estigma hacia el colectivo LGTBI siguió presente en la sociedad. Como muestra de ello, tras la muerte del dictador, las víctimas del colectivo LGTBI nunca fueron reivindicadas como víctimas del franquismo. Ni el Real Decreto Ley de
1976 de Amnistía, ni la Ley de Amnistía de 1977 consideraron a estas personas como presos políticos, sino como presos comunes sujetos a la Ley de Peligrosidad Social. Además, el delito de escándalo público, utilizado para ubicar la disidencia
sexual, estuvo en vigor hasta 1988.
No sería hasta la entrada en vigor de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,
cuando se empezara a reconocer a las personas del colectivo LGTBI como ciudadanos que sufrieron la persecución y represión franquista.
Reconocimiento que se afianza con la aprobación de la reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en la que se declara el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la Guerra
y la Dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
Asimismo, esta ley reconoce de manera especial la represión y la persecución que las personas LGTBI sufrieron durante el franquismo a causa de su orientación o identidad sexual o expresión de género, singularizadas en normas como la
modificación en 1954 de
la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a 'los homosexuales' y la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 6 de agosto de 1970, que definía como peligrosos sociales a 'los que realicen actos de homosexualidad'. Una ley, en
definitiva, que reconoce como víctimas a las personas LGTBI que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual, asumiendo así una parte oscura de nuestra historia y que, más allá de bandos e ideologías, se fundamentaron en la
intolerancia y en la discriminación de personas a quienes se negaron sus derechos, simplemente, por su orientación sexual.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Rinde público homenaje y reconoce a todas aquellas personas del colectivo LGTBI que sufrieron el asesinato, la represión, la persecución, el exilio, la soledad y el estigma por motivo de su orientación e identidad sexual o expresión de
género durante la Guerra de España 1936-1939 y la Dictadura franquista.
2. Insta al Gobierno a homenajear y recordar a todas aquellas personas del colectivo LGTBI víctimas de la represión por motivo de su orientación e identidad sexual o expresión de género durante la Guerra y la Dictadura franquista.
3. Insta al Gobierno a impulsar, a través del Centro Documental de la Memoria Histórica, programas para la conservación de la documentación, el estudio y la investigación, así como promover la conservación e identificación de los espacios y
lugares concernientes respecto a la memoria histórica y democrática del colectivo LGTBI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Teresa Llorens Carbonell, Raúl Díaz Marín, María Adrio Taracido, Ignacio López Cano, Rafaela Crespín Rubio, José Zaragoza Alonso, Isaura Leal Fernández, Artemi Rallo Lombarte,
Francisco Aranda Vargas, David Serrada Pariente, Rafaela Romero Pozo y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000323
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz, lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores relativa a la expulsión de Israel del Festival de la Canción de Eurovisión.
Exposición de motivos
El Festival de la Canción de Eurovisión se celebró por primera vez en 1956. La idea detrás del evento era fomentar la unidad y la colaboración entre los países europeos después de la devastadora Segunda Guerra Mundial.
La relevancia social de Eurovisión es incuestionable: es el programa de televisión más antiguo del mundo y en España tiene un importante seguimiento, ya que año tras año se convierte en el evento no deportivo de mayor audiencia en
televisión.
Es una coproducción internacional de organismos de radiodifusión con el estatus de miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). España participa en el festival a través de RTVE como miembro de la UER. Parte de la producción del
evento y la
representación de nuestro país se sufraga mediante recursos públicos. Esto también dota al Festival de una especial relevancia pública.
La UER, como organizadora del evento, establece las pautas y normativas que los países participantes deben seguir. También los valores que promueve y que lo inspiran: la universalidad, la diversidad, la igualdad y la inclusión. Eurovisión
se basa en principios de cooperación y pretende unir a los países participantes a través de la música, independientemente de sus diferencias culturales o lingüísticas.
Estos valores y estos objetivos se hacen incompatibles con la participación de Israel. Desde el pasado mes de octubre existe un recrudecimiento del conflicto palestino-israelí en el que Israel, en tanto que Estado colonial, ha aumentado la
violación sistemática del derecho internacional y los Derechos Humanos tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Al margen de que cada día se registran ataques indiscriminados contra la población civil que aumentan las cifras de asesinados,
heridos y desplazados, la dimensión de los daños humanos y materiales ha alcanzado cotas de violencia pocas veces vistas.
En ese sentido, resulta preocupante que un escaparate como el que representa Eurovisión sirva para blanquear de cara a millones de espectadoras y espectadores al Estado sionista de Israel. Máxime cuando, en 2022, la UER decidió expulsar a
Rusia del certamen después de la invasión de Ucrania.
Hasta ahora, desde RTVE se han limitado a confirmar su participación en la edición del 2024 y a remitir a la posición oficial de la UER sobre la participación de Israel, plasmada en un comunicado el 10 de diciembre de 2023: 'En este momento
existe una actitud inclusiva hacia los participantes israelíes en las principales competiciones. El Festival de Eurovisión sigue siendo un evento apolítico que une a audiencias de todo el mundo a través de la música'.
Puesto que RTVE, como servicio público, tiene entre sus objetivos 'promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos' y también 'los valores de la paz', según establece la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, debe velar por que su implicación en el Festival de Eurovisión sirva para que sea un evento donde se celebre la diversidad, no para blanquear a un Estado denunciado ante la Corte Penal
Internacional como posible responsable de un genocidio.
En este punto cabe recordar que el pasado febrero de 2023, RTVE comunicaba que el ente español de radiotelevisión pasaba a integrar el grupo de referencia del Festival de Eurovisión. La jefa de la delegación española en el festival, Ana
María Bordas, es una de las integrantes de este grupo directivo encargado de supervisar, aprobar y tomar decisiones sobre la organización. Esto dota a RTVE de una posición estratégica para lograr que Eurovisión cumpla con los estándares mínimos de
respeto a los valores cívicos, constitucionales y de paz.
Por todo lo anterior, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Posicionarse de forma clara y nítida contra la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión.
2. Que el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación promueva, junto a otros países de la Unión, la expulsión de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión.
3. Que RTVE, en tanto que miembro de la UER y miembro del grupo de referencia del Festival de la Canción de Eurovisión, promueva junto a otras emisoras públicas la expulsión de Israel del certamen, del mismo modo que se hizo con Rusia tras
la invasión de Ucrania.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-lone Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000342
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno de España a paralizar los fondos de cooperación destinados a la Agencia de Naciones Unidas para la población
refugiada de Palestina en Oriente Próximo para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La ayuda económica de la Unión Europea a Palestina.
Durante las últimas décadas los países europeos han contribuido financieramente al sostenimiento de la Autoridad Nacional Palestina ('ANP'). Estas ayudas van dirigidas, por un lado, a garantizar el acceso a servicios esenciales como el agua
o la sanidad, pero también al pago de las retribuciones de los funcionarios de la ANP, entre otros.
En términos monetarios, entre el año 2020 hasta el próximo 2024, la financiación europea para Palestina asciende a 1.177 millones de euros en ayudas de cooperación. Además, se deben añadir 25 millones de ayuda humanitaria. En total, 300
millones de euros al año 1.
No obstante, y tras conocerse la posible participación de miembros de la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo 'UNRWA' en los atentados terroristas perpetrados por la organización
terrorista Hamás en Israel contra la población civil, la Comisión Europea ha decidido revisar toda la ayuda que se destina a esta agencia y le insta a que lleve a cabo una auditoría que estará a cargo de expertos independientes externos, designados
por la Unión Europea 2.
Segundo. La financiación del Reino de España a Palestina.
El principal actor en materia de ayuda humanitaria, dentro del Gobierno de España, es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo ('AECID'), cuyo objeto es la gestión, coordinación y ejecución de los fondos destinados a la
cooperación española y la acción humanitaria.
En un plano inferior se encuentran los Marcos de Asociación y Alianzas País ('MAP'), que básicamente 'son los acuerdos internacionales, de naturaleza administrativa, que establecen el marco institucional estratégico de cooperación y diálogo
de políticas para el desarrollo sostenible de España con los países socios' 3. Así, los MAP 'se diseñan teniendo en cuenta el diálogo de políticas con las autoridades del país socio, nacionales y locales, en diálogo con la sociedad civil y los
actores no estatales relevantes en esos países'.
Entre los MAP que se encuentran vigentes está el de Palestina (2020-2024). Su finalidad es 'la búsqueda de la paz, la igualdad de género, la viabilidad económica y la buena gestión pública y el respeto a los derechos humanos'. Asimismo, se
pretende dar
1 ARROQUI, Mirentxu: 'Bruselas sopesa revisar sus fondos a Palestina, pero sin tocar la ayuda humanitaria', La Razón, 10.10.23. Disponible [en línea]:
https://www.larazon.es/internacional/union-europea-suspende-pagos-ayuda-humanitaria-palestina-ataque-hamas-israel_2023100965240c5db2ab5700016dfded.html
2 'European Commission Statement on UNRWA', European Commission, 29.01.24. Disponible [en línea]: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/european-commission-statement-unrwa-2024-01-29_en
3 Planificación, eficacia y calidad, AECID. Disponible [en línea]: https://www.aecid.es/la-aecid/planificacion-eficacia-y-calidad#:~:text=Los%20Marcos%20de%20Asociaci%C3%B3n%20y,Espa%C3%Bla%20con%201o s % 20pa % C3 % ADses % 20socios.
continuidad al anterior Marco de Asociación (20152019), durante el cual la ayuda española superó los 100 millones de euros, cifra que se pretende igualar con el presente 4.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el gobierno de Hamás sobre Gaza no es reconocido internacionalmente, pero controla de facto esta zona desde la expulsión de los altos cargos de Fatah en el año 2007, resulta determinante conocer quién es
el interlocutor del Ejecutivo español en esa zona. Sobre todo, teniendo en cuenta la influencia que ejerce esta organización terrorista sobre las asociaciones de la sociedad palestina a las que el Gobierno español financia.
Tercero. La participación de miembros de UNRWA en los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.
En los últimos días, se ha hecho pública la acusación del Estado de Israel contra la UNRWA consistente en que doce de sus empleados habrían estado 'presuntamente involucrados en los ataques del 7 de octubre' 5.
A tenor de esta información, son varios los países que ya han anunciado la suspensión de la financiación de la citada agencia de Naciones Unidas; entre ellos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Para el caso español, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores que España no modificará su relación con UNRWA 6.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció la suspensión de los fondos de la siguiente manera: 'El Gobierno italiano ha suspendido la financiación a la UNRWA tras el atroz ataque de Hamás contra Israel
el 7 de octubre. Países aliados han tomado recientemente la misma decisión. Estamos comprometidos con la asistencia humanitaria a la población palestina, protegiendo la seguridad de Israel' 7.
En este mismo sentido se pronunció el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Ville Tavio, que anunció -a través de la plataforma X- la 'pausa provisional en la financiación de la UNRWA [Y, añade] Finlandia no da ayuda que
beneficie a Hamás' 8.
Así las cosas, y de confirmarse la información facilitada por Israel, la auditoría realizada apenas unas semanas por la Comisión Europea quedaría en entredicho, pues ésta concluyó que los fondos que destinan los países comunitarios a
Palestina no habían terminado en poder de Hamás 9.
Sin embargo, esta auditoría conducida por la Comisión Europea difícilmente pudo garantizar si dichos recursos se destinaron a su fin original y no a Hamás. Por ejemplo, este es el caso de los fondos europeos encuadrados en el Mecanismo
Europeo-Palestino de Gestión de la Ayuda Socioeconómica ('PEGASE'), cuya finalidad es, entre otras, abonar los salarios y pensiones de funcionarios palestinos y financiar subsidios sociales para familias vulnerables a través del programa de
Transferencia de Efectivo en Cisjordania y Gaza 10. Se antoja prácticamente imposible que la auditoría europea haya podido evaluar
4 Marco de Asociación País de PALESTINA-ESPAÑA 2020-2024. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación-Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. P.7. Disponible [en línea]:
https://www.cooperacionespanola.es/wp-content/uploads/documentos/map_palestina-espana.pdf
5 TANNO, Sophie y HUMAYUN, Hira: 'Lo que sabemos sobre las acusaciones de Israel contra el personal de la ONU en Gaza', CNN, 27.01.24. Disponible [en línea]:
https://cnnespanol.cnn.com/2024/01/27/acusaciones-israel-contra-personal-onu-unrwa-gaza-trax/
6 'España mantendrá la financiación a la UNRWA, aunque seguirá de cerca la investigación interna', El Confidencial, 29.01.24. Disponible [en línea]:
https://www.elconfidencial.com/espana/2024-01-29/espana-ayudas-onu-palestina-investigacion_3819783/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ECDiarioManual&s=09
7 'Crece el número de países que suspenden su ayuda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos', El Periódico de España, 27.01.24. Disponible [en línea]:
https://amp.epe.es/es/internacional/20240127/crece-numero-paises-suspenden-ayuda-onu-refugiados-palestinos-97437530
8 Ibidem.
9 'The Commission finalises the review of EU aid to Palestine', Press Release - European Commission, 21.11.23. Disponible [en línea]: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5941
10 'European Commission provides over 118 million to the Palestinian Authority', European Commission, 22.12.23. Disponible [en línea]:
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/european-commission-provides-over-eu118-million-palestinian-authority-2023-12-22_en
los fondos destinado a estos fines, habida cuenta de que los mismos no son en especie, sino en cantidades dinerarias.
A este respecto, cabe mencionar que España ha destinado más de 105 millones de euros a este fondo entre los años 2008 -ya con Gaza bajo control de Hamás- y 2016 11 y más de 135 millones de euros a la UNRWA desde el año 2001 hasta la
actualidad 12. Asimismo, el Ejecutivo español realizó contribuciones voluntarias a la citada agencia de un valor de 18,5 millones de euros en el año 2023, cuando se decidió 'triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Gaza' 13.
Cuarto. La necesaria revisión de la acción de la ayuda al desarrollo en la franja de Gaza.
Atendiendo a lo expuesto, la política española de cooperación para el desarrollo no puede ser compatible con la financiación de asociaciones que se encuentren bajo la influencia o el control de ninguna organización terrorista, como ocurre en
Gaza con la organización terrorista Hamás.
Concretamente, el artículo segundo de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global establece los principios básicos de esta política. Entre éstos, destacan:
'd) La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, origen nacional o étnico, cultura, lengua, religión o
creencias, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, o de cualquier otra circunstancia personal o social, de manera que nadie quede atrás.
f) Los derechos de la infancia como elemento transversal de la cooperación española.
i) La democracia, el Estado de Derecho, la promoción de instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y transparentes que rindan cuentas, la seguridad humana, y la promoción de una cultura de paz.'
A la vista de los execrables atentados terroristas perpetrados por Hamás, que incluyen el secuestro y asesinato masivo de civiles, entre estos mujeres y niñas que han sido ultrajadas y vejadas, resulta inexplicable que esta organización -o
asociaciones controladas por esta- pueda seguir recibiendo financiación por parte del Gobierno español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rectificar su posición ante las Instituciones de la Unión Europea sobre la revisión de los fondos destinados a Palestina con el fin de garantizar que estos no acaban en manos de organizaciones terroristas.
2. Sumarse a la petición de la Comisión Europea relativa a la auditoría externa a la que deberá someterse la UNRWA centrada, específicamente, en la posible participación de los miembros de la citada agencia en actividades terroristas.
3. Impulsar la suspensión de los fondos españoles destinados a la cooperación al desarrollo en las zonas de Palestina controladas por la banda terrorista Hamas, hasta que
11 'España apoya a familias vulnerables palestinas a través del mecanismo Pegase de la UE', AECID, 07.12.16. Disponible [en línea]:
https://www.aecid.es/w/espana-apoya-a-familias-vulnerables-palestinas-a-traves-del-mecanismo-pegase-de-la-ue
12 Marco de Asociación País de PALESTINA-ESPAÑA 2020-2024, op.cit. p.29.
13 'España mantendrá la financiación a la UNRWA, aunque seguirá de cerca la investigación interna', El Confidencial, 29.01.24. Disponible [en línea]:
https://www.elconfidencial.com/espana/2024-01-29/espana-ayudas-onu-palestina-investigacion_3819783/?utm_source=twitter&utm_medium=sociaI&utm_campaign=ECDiario Manual&s=09
se realicen las verificaciones oportunas sobre el fin último de dichos fondos al objeto de impedir que con ellos se lleven a cabo actos de terrorismo.
4. Llevar a cabo, una auditoría urgente del destino de los pagos realizados por parte de la administración española a las agencias, empresas y ONGs que operan en Palestina con el fin de evitar que sean destinados a financiar actos
terroristas.
5. Revisar los proyectos y programas concretos de la Cooperación Española, especialmente aquellos que se desarrollen en países donde actualmente se encuentren activos grupos terroristas o se tenga constancia de la presencia de redes
terroristas, para asegurar la correcta utilización de los fondos y prevenir su malversación y uso en actividades terroristas.
6. Introducir los cambios necesarios en la política de concesión de ayudas y fondos de cooperación para que en ningún caso sean receptores de estos fondos aquellos países, u ONGs, que no colaboren de forma activa en la lucha contra el
terrorismo o la inmigración ilegal.
7. Incorporar a los acuerdos y a los proyectos concretos de la Cooperación Española compromisos y garantías específicas para la prevención del terrorismo, el narcotráfico y las redes de explotación de personas o de inmigración ilegal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000343
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley y relativa a exigir el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las
islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
La existencia de territorios de soberanía española en el norte de África ha constituido por parte de Marruecos, una de las principales problemáticas en las relaciones bilaterales con el Reino de España.
Con carácter previo debe afirmarse sin reparos que las aspiraciones de Marruecos carecen de base jurídica: España posee títulos jurídicos de soberanía sobre sus Ciudades, Islas y Peñones ubicados en la costa africana. Dichos territorios
forman parte de España a todos los efectos y de forma previa a la constitución formal de Marruecos como Estado (1956) 14.
14 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2012): 'El contencioso territorial con España', en Unión Europea-Marruecos: ¿Una vecindad privilegiada? (REMIRO BROTÓNS, A., dir.), Academia Europea de Ciencias y Artes, págs. 369-408.
Segundo. La indubitada españolidad de Ceuta y Melilla.
Las ciudades de Ceuta y Melilla han estado indisolublemente ligadas al devenir histórico de la Nación española desde su incorporación a los territorios de España 15. Así, por un lado, la españolidad de Ceuta comienza con la separación entre
los reinos de Portugal y de España en 1640, adquiriendo Carlos II el título jurídico de soberanía sobre dicho enclave en el Tratado de Paz de Lisboa de 13 de febrero de 1668.
Por otro lado, la españolidad de Melilla se remonta a la incorporación de dicho enclave al Ducado de Medina Sidonia en 1497, para pasar a incorporarse de forma posterior a la Corona española (1556).
En relación con lo anterior, también cabe recordar que los títulos de adquisición de soberanía por parte de España con respecto a Ceuta y Melilla fueron validados y ratificados por tratados internacionales durante los siglos XVIII y XIX 16.
De esta manera, en relación con Ceuta, podemos citar los siguientes instrumentos internacionales: Tratado de Paz y Comercio, firmado en Marraquech, de 28 de mayo de 1767; Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca, de 1 de marzo
de 1799; Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el Gobierno Español y el sultán de Marruecos, firmado en Tánger a 25 de agosto de 1844, y los Convenios para su ejecución en lo referente a los límites de Ceuta, firmados en Tánger y Larache
a 7 de octubre de 1844 y 6 de mayo de 1845; Tratado de Paz y Amistad firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860.
Por su parte, en relación con Melilla existen también diversos tratados al respecto, entre los que han de referirse los siguientes: Convenio ampliando los términos jurisdiccionales de Melilla y pactando la adopción de medidas necesarias
para la seguridad de los presidios españoles en la costa de África, celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 24 de agosto de 1859; el referido Tratado de Paz y Amistad celebrado entre España y Marruecos en Tetuán el 26 de abril de 1860;
Tratado entre España y Marruecos para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Convenio de límites con Melilla de 1859 y del Tratado de Paz de 1860, firmado en Madrid el 30 de octubre de 1860; Acta de Demarcación de los nuevos límites de la
plaza de Melilla y su campo neutral y el Acuerdo relativo a su conservación, firmado en español y árabe, la primera en Tánger a 26 de junio de 1862 y el segundo en el campamento de Draa-EsSeyet a 14 de noviembre de 1863.
Por último, desde un punto de vista interno, la Constitución Española ('CE') contempla que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos y así lo autorizan las
Cortes Generales 17. En la actualidad se integran como ciudades autónomas en la estructura organizativa de España mediante Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta ('BOE' núm. 62, de 14/03/1995) y Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla ('BOE' núm. 62, de 14/03/1995).
Tercero. Otros territorios españoles en el norte de África.
Junto con las Ciudades de Melilla y Ceuta, España ostenta la soberanía sobre otros territorios: las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote
15 La conquista de ambas ciudades, junto con otros enclaves de la costa norte de África, por Castilla y Portugal tuvo lugar como consecuencia lógica de la 'Reconquista' [véase FERRER GALLARDO, X. (2007): 'Border Acrobatics between the
European Union and Africa: The Management of Sealed-off Permeability on the Borders of Ceuta and Melilla' en Borderlands, Comparing Border Security in North America and Europe (BRUNET-JAILLY, E. edit.), University of Ottawa Press, pág. 76], Cabe
recordar que la especial significación de dichas Ciudades como parte integrante del territorio nacional fue tal que, incluso, eran administradas de forma separada de los territorios del Protectorado español de Marruecos (1912-1956). Así, pues,
Ceuta era administrada como parte de la provincia de Cádiz y Melilla como parte de la provincia de Málaga, [véase ROBINSON, G.W.S. (1958): 'Ceuta and Melilla: Spain's plazas de soberanía' en Geography, November, Vol. 43, No. 4, Geographical
Association, pág. 267].
16 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla: ejercicio comparativo desde el Derecho Internacional' en La Unión Europea y los muros materiales e inmateriales: desafíos para la seguridad, la sostenibidad y el Estado de
Derecho (AA.VV.), Tirant lo Blanch, pág. 181.
17 Véanse los artículos 2,137,144 b) y la disposición transitoria 5 CE.
de Perejil. Todos estos territorios también pertenecen a España y mantienen el mismo estatuto desde su integración en la Corona, por diversos modos de adquisición del título de soberanía 18. Estas Islas y Peñones dependen única y
exclusivamente del Gobierno de España 19.
Cuarto. Las aspiraciones del reino de marruecos sobre los territorios españoles en el norte de África.
Respecto de la secular soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla, peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas Chafarinas e islote de Perejil, definida expresamente en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad de 26 de
abril de 1860 celebrado entre España y Marruecos, el gobierno de Marruecos no formuló ninguna reserva formal entonces, ni con ocasión de la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 en la que se reconocía la
independencia de Marruecos, cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroquí garantizada por tratados internacionales.
Sin embargo, Marruecos ha ambicionado la anexión de los territorios de soberanía española situados en el norte de África en contra de las normas de Derecho internacional vigente. Las propias declaraciones del entonces sultán Mohamed V en
los días previos a la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí por la que se pone fin al régimen establecido en Marruecos en 1912, de 7 de abril de 1956 ('jamás hemos disociado la independencia y la unidad' 20) anticiparon que por parte de
Marruecos la convivencia con España no sería fácil.
Así, Marruecos ha mantenido desde los años 60 del siglo pasado una postura diplomática de rechazo a la presencia española en la zona, manifestándose tanto en sus primigenias reclamaciones sobre el Sáhara Occidental 21 y el Ifni como sobre
las ciudades de Ceuta y Melilla 22.
En relación con este último punto, Marruecos califica a Ceuta y Melilla como 'ciudades usurpadas' y las considera, junto con las Islas y Peñones ya mencionados, 'las últimas colonias en África' 23, sin que se haya retractado de esta postura
hasta la fecha.
Junto con lo anterior, la actitud hostil hacia España por parte de las autoridades marroquíes también ha sido plenamente palpable desde los años 90 del siglo pasado mediante lo que se ha denominado como 'estrategia del chantaje migratorio'
24, el cual ha llegado a ser considerado tanto por la Guardia Civil como por el Centro Nacional de Inteligencia ('CNI') como una 'amenaza latente', dada su posibilidad de reproducción en cualquier momento 25.
En este sentido, la última gran avalancha inmigratoria a territorio español (en mayo de 2021) fue de tal gravedad que, incluso, obligó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Protección del estilo de vida europeo, D.
Margaritis Schinás, a declarar: 'Europa no se dejará intimidar por nadie en el tema de la [in]migración. En los últimos meses hemos visto tentativas de países terceros de instrumentalizar este asunto y vamos
18 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla...', pág. 181.
19 Cf. DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2011): Ceuta, Melilla, Chafarinas, Vélez y Alhucemas: tomar la iniciativa. Real Instituto Elcano (163/2011).
20 TRINIDAD, J. (2012): 'An evaluation of Morocco's claims to Spain's remaining territories in Africa' en The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 61, No. 4 (October), págs. 964-965.
21 En este sentido, cabe recordar que la Opinión Consultiva sobre el Sahara Occidental del Tribunal Internacional de Justicia solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas, 16 de octubre de 1975, declaró que ni Marruecos ni
Mauritania tenían derechos de soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental.
22 TRINIDAD, J. (2012): 'An evaluation of Morocco's ...'.
23 GOLD. P. (2000): Europe or Africa? A Contemporary Study of the Spanish North African Enclaves of Ceuta and Melilla, Liverpool University Press, págs. 19 y 24.
24 BAUTISTA, José: 'Chantaje migratorio, la estrategia triunfal de Marruecos para poner a España contra las cuerdas', Público, 18.05.21. Disponible [en línea]:
https://www.publico.es/politica/analisis-chantaje-migratorio-estrategia-triunfal-marruecos-poner-espana-cuerdas.html
25 LAZARO, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20.05.21. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/espana/2021/05/20/60a6154221efa07c408b4659.html
a dejar muy claro que nadie puede chantajear a la Unión Europea. Somos muy fuertes como para ser víctimas de esas tácticas que no son admisibles en la Europa de hoy' 26.
Quinto. La aceptación por el Gobierno de España del plan marroquí para el Sáhara Occidental.
En este estado de cosas, el pasado viernes 18 de marzo de 2022 el Gobierno español anunció, de manera sorpresiva y sin haber realizado consulta previa alguna a las Cortes Generales, depositarlas de la soberanía nacional, su respaldo a la
propuesta del reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. Pese a que el Ejecutivo haya calificado al plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental como 'la base más seria, creíble y realista' para zanjar el conflicto 27, es
necesario recordar que dicho plan nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por tanto, la decisión del Gobierno de España, en tanto Potencia administradora del Sáhara Occidental 28, ha
constituido una 'grave violación del Derecho Internacional' 29 y un desprecio a las Cortes de España que no han sido siquiera consultadas.
En este mismo sentido, en la Declaración Conjunta sobre la 'Nueva Etapa del partenariado entre España y Marruecos' (de 7 de abril de 2022) se especifica una nueva hoja de ruta de las relaciones bilaterales entre ambos países 30. Con todo,
en sus 16 puntos no se hace mención alguna a los territorios españoles situados en el norte de África, lo que deja entrever el chantaje al que Marruecos está sometiendo a España respecto de las dos ciudades a las que el presidente del Gobierno no ha
logrado incluir en esa declaración.
Debe concluirse pues, que Mohamed VI, por un lado, aprovechó la debilidad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para hacer de sus aspiraciones una realidad y, por otra parte, se beneficia de la ausencia de una política exterior firme
de los sucesivos Gobiernos.
El Gobierno de España ha de defender sin ambages la españolidad de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote de Perejil, históricos territorios de soberanía española, y proteger a los
españoles residentes o desplegados allí.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir el reconocimiento explícito y sin reservas, por parte del reino de Marruecos, de la soberanía española de Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la
Gomera y el islote de Perejil, convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
26 'La UE advierte a Marruecos: Europa no se dejará intimidar', RNE, 19.05.21. Disponible [en línea]: https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/margaritis-schinas-europa-marruecos-chantaje-migracion/5908078/
27 ZOHRA BOUAZIZ, Fatima: 'En qué consiste el plan de autonomía para el Sáhara Occidental', El Mundo, 20.03.22. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/espana/2022/03/20/62376cca21efa08b7d8b45c6.html
28 Véase, por ejemplo, la Resolución 3292 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1974 o la Resolución 3458 (XXX) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1975.
29 Véase la Declaración sobre el Sahara occidental y el Derecho Internacional impulsada por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
30 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2022/070422-declaracion-conjunta-Espana-Marruecos.pdf
161/000345
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada lone Belarra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación del nuevo
Pacto Europeo de Migración y Asilo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Después de tres años de negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron en diciembre de 2023 un acuerdo político sobre el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, consistente en un conjunto de propuestas legislativas con el
objetivo de avanzar hacia un sistema común para gestionar la migración en la UE. El acuerdo, alcanzado bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, cubre cinco propuestas clave del Pacto: el Reglamento de detección (relativo a la
identificación de nacionales de terceros países a su llegada), el Reglamento Eurodac (para desarrollar una base de datos común), el Reglamento sobre procedimientos de asilo; el Reglamento de gestión de la migración de asilo, y el Reglamento de
crisis y fuerza mayor. El pasado 14 de febrero el Comité de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo se reunió para la votación y aprobación de estos últimos cinco expedientes del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y expertas/os que llevan años haciendo seguimiento de las negociaciones y trabajando en sus propuestas denuncian que, lejos de asegurar la protección de los derechos humanos de las personas
migrantes y el reparto equitativo de responsabilidades, el nuevo Pacto está dirigido a reforzar las fronteras y externalizar su gestión, e incide en la criminalización de la movilidad humana y en el aumento de los retornos. Asimismo, define un
catálogo de peligrosas y difusas excepciones legales que ponen en riesgo el derecho de asilo y que podrían constituir una violación de los derechos humanos.
En un comunicado publicado el pasado mes de noviembre, más de 200 Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se encuentran Oxfam Intermón, Alianza por la Solidaridad o CONGDE, entre otras, reiteraban que este Pacto consolida la
externalización de las fronteras bajo la delegación en empresas privadas y terceros países. Esta estrategia, que no ha dejado de intensificarse en los últimos años, pone aún más en riesgo las vidas de las personas que intentan llegar a Europa por
el Mediterráneo y por otras rutas, obligándolas a emprender viajes cada vez más peligrosos. Las personas que logran llegar a la UE encuentran obstáculos para acceder a sus derechos y se ven inmersas en trámites burocráticos sin garantías
suficientes frente a la expulsión. Y quienes consiguen permanecer, lo hacen frecuentemente en situaciones de irregularidad administrativa, marginalizadas de la sociedad y 'sin derecho a tener derechos'.
Como sucede en el resto de Estados miembros, en el Estado Español residen más de 500.000 personas extranjeras que no ven reconocidos sus derechos y son invisibilizadas y discriminadas. Ante esta vulneración, más de 900 colectivos y
organizaciones consiguieron el año pasado el apoyo de 700.000 personas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, de encontrar aprobación mediante Real Decreto, pondría fin a esta situación que sufren centenares de miles de vecinos y vecinas que
no tienen acceso a derechos, trabajando y sobreviviendo de la economía informal, siendo muchos de ellos menores de edad y mujeres.
Por otro lado, el pasado 13 de febrero 81 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamamiento a los y las eurodiputadas del Parlamento Europeo a tumbar la aprobación del Pacto en la Comisión de Derechos y Libertades, antes del voto
final en el pleno del Parlamento, prevista para el mes de abril. En él señalaban que los mencionados
Reglamentos que componen esencialmente el Pacto abrirán el paso a un nuevo sistema para la 'gestión de la migración' en la UE caracterizado por:
- Detención de facto en las fronteras sin exenciones para familias con niños de todas las edades, procedimientos acelerados y deficientes para evaluar las solicitudes de asilo en lugar de evaluaciones completas y justas, y énfasis en
procedimientos de retorno con salvaguardias reducidas.
- Muchos más solicitantes de asilo terminarán en procedimientos fronterizos y, a través de la 'ficción legal de no entrada', no serán considerados en territorio de la UE, lo que llevaría a menores salvaguardias y aumentaría el riesgo de
violaciones de derechos humanos y devoluciones en las fronteras. Incluso los niños no acompañados pueden ser retenidos en procedimientos fronterizos cuando las autoridades estatales los consideran un 'peligro para la seguridad nacional o el orden
público'. Además, la experiencia ha demostrado que contener a un gran número de personas en zonas fronterizas durante períodos prolongados conduce a una superpoblación crónica y a condiciones inhumanas, como se observa en las islas del Egeo.
- Mediante la ampliación del principio de 'tercer país seguro', las personas que soliciten asilo serán declaradas inadmisibles y cada vez más deportadas a países fuera de la UE sobre la base de una conexión ampliamente definida con esos
países, lo que aumentará el riesgo de devolución. En el pasado, esto se ha manifestado en acuerdos fallidos como el acuerdo UE-Turquía, que externaliza el procesamiento de solicitudes de asilo a terceros países.
- A falta de vías seguras y regulares, las personas que buscan seguridad o medios de vida se ven obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas, lo que ha hecho que 2023 sea el año más mortífero registrado desde 2015. Sólo en el
Mediterráneo, se informó de la muerte o desaparición de más de 2.500 personas, el año pasado, una cifra que es sólo la punta del iceberg. El Pacto no aborda esta cuestión y, en cambio, continúa reforzando la Europa Fortaleza.
En definitiva, los reglamentos que incluye el Pacto suponen un entierro formal del derecho a solicitar asilo, haciendo prácticamente imposible solicitar y ejercer este derecho. Lejos de incorporar el principio de solidaridad y el reparto de
responsabilidades entre los Estados Miembro de la Unión, sigue manteniendo la presión sobre los países receptores de personas migrantes y refugiadas, eludiendo sus competencias y obligaciones y convirtiendo a los países en situación de frontera en
centros de internamiento.
Actualmente, el mar Mediterráneo y la ruta a Canarias se han convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Las más de 28.000 personas muertas (OIM) en el Mediterráneo desde 2014 emplazan a los gobiernos europeos y a
todas las instituciones a revertir las políticas migratorias y de asilo que, desde un enfoque securitario, racial y criminalizador, generan más violencia e inseguridad. Los emplazan a trabajar por una política migratoria basada en el respeto y la
protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en la solidaridad y en el abordaje de los conflictos que provocan las migraciones desde sus causas de origen.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
1. No apoyar los expedientes del Pacto de Migración y Asilo en la próxima reunión del Consejo de la UE de Interior en la que está prevista su aprobación formal.
2. Impulsar un cambio de enfoque de las políticas europeas de migración y de asilo, desde la securización y criminalización de la migración a la protección efectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas.
3. Trabajar por un Pacto de Migración y Asilo que garantice el acceso a la protección, el respeto del principio de no devolución, y haga efectiva la solidaridad y responsabilidad obligatoria compartida entre todos los Estados miembro.
4. Garantizar el salvamento y rescate en el mar Mediterráneo, además de asegurar un mecanismo europeo de desembarco seguro y predecible.
5. Garantizar la ampliación de vías legales y seguras para que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
6. Asegurar los medios para que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados europeos en el exterior, la expedición de visados humanitarios, flexibilizar más los requisitos para la reagrupación familiar, aumentar los compromisos de
reasentamiento y facilitar el acceso a programas de movilidad laboral o formativa en la Unión Europea.
7. Poner fin a la externalización de responsabilidades en el control de la llamada 'frontera externa' de la Unión Europea, eximiendo a los acuerdos con terceros países de las condicionalidades migratorias y desvinculando la AOD de cualquier
objetivo de condicionalidad migratoria.
8. Impulsar la revisión urgente y, en su caso, la investigación imparcial, de las operaciones de Frontex en relación con el cumplimiento de los derechos fundamentales, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de rendición de
cuentas.
9. Promover la adopción de un nuevo enfoque para la Política Europea de Vecindad basada en el respeto mutuo, la promoción de unas relaciones y diálogo de igual a igual, la paz, el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos
humanos, y el respeto a la soberanía de los pueblos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000357
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre traslado y deportaciones de niños ucranianos a la Federación rusa y a la
orden de arresto de Vladimir I. Putin y María Alekseyevna Lvova Belova, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Niños y niñas son a menudo las principales víctimas civiles de la guerra. En zonas de conflicto los niños y niñas están expuestos a distintos riesgos de violencia, con repercusiones dramáticas sobre sus vidas, ya sea de forma directa o
indirecta. La situación ha sido repetidamente denunciada en foros internacionales. Algunos niños y niñas mueren en ataques a objetivos civiles o como víctimas colaterales de enfrentamientos que tienen lugar en sus comunidades. Muchos crecen con
las secuelas provocadas por heridas y mutilaciones producidas en la guerra, y arrastran situaciones de discapacidad el resto de sus vidas. Las guerras y los conflictos armados provocan también gran cantidad de menores huérfanos, orfandad que los
expone a condiciones de vulnerabilidad durante etapas cruciales de su vida. La devastación social que provocan los enfrentamientos bélicos acarrea a menudo situaciones de empobrecimiento, que repercuten de manera especialmente intensa sobre el
bienestar material de la infancia. Las operaciones de agentes no estatales y fuerzas armadas estatales también interfieren a menudo en los procesos educativos, convirtiendo escuelas en instalaciones militares o forzando la suspensión de actividades
educativas, perturbando sus itinerarios formativos. Los niños y niñas forman también parte de colectivos desplazados, a menudo separados de sus padres, madres o tutores. Todas estas situaciones se están produciendo en estos momentos en un país de
Europa, invadido ilegítimamente por tropas de su vecino. En
Ucrania se están viviendo episodios de violencia, abuso e indignidad que vulneran gravemente los derechos de la infancia.
Algunas de estas violaciones constituyen crímenes de guerra y podrían constituir incluso crímenes de genocidio. El conflicto armado en Ucrania ha causado un desplazamiento humano no visto en Europa desde el final de la segunda Guerra
Mundial. De acuerdo con los datos de la UNHCR, en torno a ocho millones de ucranianos han buscado refugio en Europa, de los que el 90 % son mujeres y niños y niñas. A esto hay que sumar más de cinco millones de personas desplazadas dentro del
país. Una categoría especial de desplazados son los ciudadanos ucranianos trasladados, ya sea por propia voluntad o de manera forzada, a la Federación rusa. Muchos ucranianos que huyen de zonas de guerra en zonas ocupadas por tropas rusas se ven
obligados a pasar por la llamada 'filtración', un proceso durante el cual son fotografiados, interrogados, se les toman las huellas dactilares, se comprueba el contenido de sus teléfonos móviles o se revisan sus tatuajes en la piel con objeto de
determinar si han servido en el ejército ucraniano o tienen vinculación con grupos nacionalistas ucranianos. En caso de que no superen la filtración, son detenidos. Según las autoridades ucranianas, 1,6 millones de ucranianos han sido reubicados
forzosamente en territorio ruso, de los que 250.000 son niños y niñas (resulta imposible verificar estos datos de manera independiente). Las autoridades rusas también han adoptado medidas encaminadas a promover el traslado de niños y niñas y
favorecer su permanencia en la Federación rusa. En mayo de 2022, el Presidente Putin firmó un decreto que facilitaba la naturalización como ciudadanos rusos de niños y niñas ucranianos afectados por situaciones excepcionales provocadas por la
guerra, que incluían medidas que dificultan su repatriación y reunificación con familiares.
En una entrevista en julio de 2022, María Alekseyevna Lvova-Beloba, la comisionada presidencial de Derechos de la Infancia se refirió a la posibilidad de que, ahora que los niños y niñas se habían convertido en ciudadanos rusos, las tutelas
temporales pudieran convertirse en permanentes. En diversas declaraciones, ella y otros funcionarios se han referido a procesos de naturalización e integración de estos niños y niñas en la vida comunitaria rusa. Las autoridades ucranianas cifran
esas deportaciones de niños y niñas en más de 19.000 efectivos (cifras de 8 de abril), aunque es imposible verificar este número por instancias independientes. Son, sin embargo, también varias entidades sociales, mediáticas y académicas las que han
documentado el traslado forzoso de niños y niñas. Así lo hace, por el ejemplo, el informe 'Like a Prison Convoy' de Amnistía Internacional o diversos trabajos de la agencia Associated Press. Un informe realizado por la Comisión internacional
independiente de investigación sobre Ucrania establecida por la resolución 49/1 de 4 de marzo de 2002 por Naciones Unidas (A/HRC/52/62) ha estudiado 168 incidentes de traslado y deportación de niños y niñas. Estos desplazamientos han afectado a
menores que perdieron contacto con sus familiares durante las hostilidades, a menores que fueron separados de sus tutores en 'puntos de filtración' y a niños y niñas que se encontraban internados en escuelas, instituciones de acogida u hospitales.
Por otra parte, durante las hostilidades, un volumen considerable de niños y niñas de territorios que ocupó la Federación rusa en Kharkiv, Jerson y Zaporizhzhia fueron trasladados con permiso parental a campos de ocio en Crimea o en la Federación
rusa. Cuando estas zonas pasaron de nuevo a control ucraniano, las autoridades rusas han exigido a sus padres y tutores que lleven a cabo largos viajes para recoger a sus hijos e hijas. Las situaciones de falta de seguridad y dificultad práctica
que entrañan estos viajes en zonas de guerra han contribuido a prolongar innecesariamente la separación, cuando no a interrumpirla de manera indefinida.
Algunos testimonios, recogidos en medios de prensa occidentales, señalan que estas complicaciones se agravan por la acción deliberada de autoridades y funcionarios rusos para dificultar su localización (cambiando sus nombre y apellidos),
convencer a los niños y niñas de que sus padres los han abandonado o promover su 'rusificación'. La Comisión Internacional independiente de investigación sobre Ucrania concluye que, a la luz de la evidencia examinada, las acciones adoptadas por la
Federación rusa violan artículos y protocolos de la Convención de Ginebra, lo que equivale a un crimen de guerra. Es
necesario recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño declara en su artículo 9 que 'Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño'. En su artículo 11 emplaza a los estados miembros a adoptar 'medidas para
luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero'.
También es necesario apuntar que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio declara en su Artículo II, punto E, que constituye genocidio el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo perpetrado con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El 17 de marzo la Corte Penal Internacional ordenó la detención de Vladimir I. Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova por sospechas fundadas de haber
cometido el crimen de deportación ilegal y traslado ilegal de población desde territorios de Ucrania a la Federación rusa 'en perjuicio de niños y niñas ucranianos'. Estos episodios constituyen hechos muy graves, que alarman justificadamente a la
opinión pública nacional e internacional, y ante los cuáles el Congreso y el Gobierno deben manifestarse inequívocamente y reclamar la respuesta contundente de la comunidad internacional.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar todas las acciones del Estado ruso que violan o ponen en riesgo el bienestar y los Derechos de la Infancia en Ucrania.
2. Considerar ilegal cualquier iniciativa del Estado ruso que haya comportado el traslado y naturalización de niños y niñas ucranianos en Rusia, y considere invalida cualquier iniciativa ulterior derivada de esas acciones encaminada a
promover la integración de estos niños y niñas en la comunidad rusa y dificultar su repatriación y reencuentro con sus familias.
3. Instar al gobierno ruso a proporcionar información clara y transparente sobre los niños y niñas que han sido trasladados dentro de regiones de Ucrania o deportados a la Federación Rusa; a que garanticen el acceso de organizaciones como
a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a UNICEF a los niños y niñas desplazados; a que faciliten el contacto inmediato de los niños y niñas y sus familias y propicien su reencuentro; y a que cese con carácter inmediato su
política de deportaciones.
4. Apoyar los esfuerzos de los organismos internacionales para seguir investigando estos hechos, para establecer su magnitud y determinar con la máxima precisión la naturaleza de los crímenes cometidos y las responsabilidades incurrida por
autoridades y funcionarios rusos, con especial atención a los delitos que puedan comportar crímenes de guerra y delitos de genocidio.
5. Apoyar el trabajo de intermediación de organizaciones no gubernamentales que puedan contribuir a la localización de estos niños y niñas, colaborar a facilitar el reencuentro con sus familias y promover su reintegración en una vida
normalizada en sus comunidades de origen.
6. Apoyar las acciones internacionales encaminadas a hacer efectivas las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin y María Alekseyevna Lvova-Belova.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Hana Jalloul Muro y María Dolores Corujo Berriel, Diputadas.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Observatorio de la Vida Militar, para su debate en la Comisión de
Defensa.
Exposición de motivos
Los diferentes documentos elaborados por el Observatorio de la Vida Militar desde su constitución (memorias, Informes e Informes monográficos), han sido considerados como muy relevantes para que los miembros de la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados pudieran conocer el estado de la condición militar y para poder efectuar iniciativas de mejora de las condiciones de vida, de trabajo, retributivas, de derechos fundamentales y profesionales de los miembros de las Fuerzas
Armadas.
La valoración positiva del trabajo del Observatorio de la Vida Militar ha sido unánime.
También lo ha sido la necesidad de que incremente sus trabajos, estudios y las visitas a unidades dentro y fuera del territorio nacional. Para ello, se consideró necesario incrementar sus medios y dotar a sus miembros de recursos al
aumentar el volumen de trabajo y los encargos parlamentarios que se han hecho al Observatorio de la Vida Militar, tanto por el Congreso de los Diputados como por el Senado.
Se han cumplido diez años desde la constitución del Observatorio de la Vida Militar. Este corto pero intenso periodo de funcionamiento hace necesario que se proceda a efectuar un estudio específico en el que proceda a analizar y evaluar su
régimen de funcionamiento, el estatuto de sus miembros y la composición y funcionamiento del órgano de trabajo permanente, estableciendo propuestas de mejora para que siga sirviendo, como hasta ahora, a los fines que motivaron su creación y
constitución.
Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Defensa continúe colaborando con el Observatorio de la Vida Militar facilitando el cumplimiento de sus funciones, atendiendo a las recomendaciones que se contienen en el
Dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de fecha 18 de mayo de 2023, en especial las contenidas en los parágrafos 3, 6, 12, 14, 15, 20 y 22 que recaigan en su ámbito de competencia, instando, a su vez, al
Observatorio a que efectúe un estudio específico en el que proceda a analizar y evaluar su régimen de funcionamiento, el estatuto de sus miembros y la composición y funcionamiento del órgano de trabajo permanente, estableciendo propuestas de
mejora.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Presupuestos
161/000331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote y Juan José Aizcorbe Torra, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX ('G.P. VOX'), al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero para su debate en la Comisión de
Presupuestos.
Exposición de motivos
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son un reflejo de un programa político y la plasmación de las políticas públicas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos. Los PGE reflejan la confianza que los ciudadanos depositan en el
Gobierno para la gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, los resultados se han traducido en la generación constante de déficits fiscales que, en buena parte de los ejercicios, han superado el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), siendo en
el año 2022 del 4,73 % 31.
Este descontrol de las cuentas públicas, motivado en buena medida por el desarrollo del 'Estado de las Autonomías', ha generado una deuda pública que ha llegado a alcanzar el 125% del PIB 32, sólo mitigado parcialmente por el efecto de la
fuerte inflación que sufre los españoles 33. Desde 1995, el nivel de deuda de las administraciones públicas se ha multiplicado por 5,3, mientras que el PIB nominal ha crecido solo 2,1 veces 34. Esto desapego del político gobernante por los
ciudadanos se plasma también en el expolio fiscal que sufren las familias y empresas españolas.
A pesar de la introducción del principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135 de la Constitución Española, así como los límites de déficit estructural y deuda pública establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 35, se subraya la dejación por la disciplina fiscal en las administraciones públicas.
Tal es la falta de compromiso del actual Gobierno con el ajuste fiscal, y por tanto con los españoles y sus rentas, que se espera que el déficit continúe por encima del 3 % en los próximos años. Así lo asegura la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF) en su 'Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las AA. PP. 2024' 36, que espera una senda sostenida de desajustes presupuestarios del 3,2 % del PIB hasta al menos el año 2028, lo que engrosará
más la deuda.
El debate de política fiscal y presupuestaria siempre se ha basado en la aplicación de mayores o menores gastos y en el aumento o bajada de los impuestos para compensar y poder alcanzar el equilibrio presupuestario. Mientras, las familias
españolas, los autónomos y empresas sufren con más impuestos que no se ven reflejado en mejores servicios 37, la losa de la deuda pública sigue creciendo y condenado a las generaciones presentes y venideras.
La propuesta concreta para abordar esta situación es la adopción de la metodología del Presupuesto Base Cero (PBC). Esta técnica presupuestaria implica asignar fondos según la eficiencia y la necesidad para lograr objetivos específicos, en
lugar de basarse
31 https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/a1102.pdf
32 https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/pdf/a1107.pdf
33 Del 111,2% del PIB en el segundo trimestre.
34 Si atendemos al crecimiento del PIB nominal por habitante, este tan solo se ha multiplicado por 1,52.
35 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
36 https://www.airef.es/wp-content/uploads/2023/10/PRESUPUESTOS-2024/Informe-Li%CC%81neas-Fundamentales-Presupuestos-de-las-AAPP-2024.pdf
37 https://www.lavanguardia.com/economia/20230907/9212121/encuesta-cis-pagar-impuestos.html
únicamente en el historial de gastos anteriores. El PBC ofrece ventajas significativas, como la identificación y eliminación de gastos obsoletos, una mejor toma de decisiones basada en información detallada y una asignación más eficiente de
recursos.
La implementación del PBC podría proporcionar una visión más clara y detallada sobre cómo se distribuyen y utilizan los recursos públicos. Además, fomentaría una mayor participación y coordinación entre las unidades de gestión, lo que
promovería una asignación más estratégica y eficaz de fondos.
En resumen, la situación económica actual en España requiere un enfoque más riguroso y estratégico en la gestión de los presupuestos públicos. La adopción del PBC podría ser clave para mejorar la transparencia, eficiencia y asignación de
recursos, contribuyendo así a abordar los desafíos financieros y fortalecer la economía de la Nación.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar la metodología presupuestaria del Presupuesto en Base Cero con el objetivo de proporcionar mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, ofrecer más información en la toma de
decisiones y colaborar en la consecución del objetivo de reducción del déficit público'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Jacobo González-Robatto Perote y Juan José Aizcorbe Torra, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la estandarización de los recursos materiales mínimos de las unidades policiales en el marco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para su discusión en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Primero. La vida como derecho fundamental.
El artículo 104 de la Constitución Española establece como misión principal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE') el 'proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad ciudadana'. El
primero de esos derechos es el derecho a la vida, 'el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible' 38, por lo que la salvaguarda de la vida humana es
primordial dentro de las misiones de las FCSE.
Asimismo, y en desarrollo del mandato constitucional citado, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo once, apartado l.b), el auxilio y protección de las personas como una de las
funciones de las FCSE, si bien es cierto que esta función, junto al resto que le son otorgadas, se incardinan dentro de su misión primordial: la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades
38 STC 53/1985, de 11 de abril.
y garantizar la seguridad ciudadana. Para ese fin, deben ser dotados de los instrumentos necesarios y de la formación pertinente.
Segundo. La actividad policial en situaciones de emergencia.
Los agentes de seguridad ciudadana que patrullan nuestros pueblos y ciudades a diario suelen ser los primeros en llegar a cualquier tipo de incidente grave, ya que se despliegan sectorizando el terreno, en contraste con otros servicios de
emergencia que se desplazan desde de una base. Ya sea un incendio, un accidente de tráfico, una reyerta con arma blanca o cualquier otro incidente, una patrulla policial reúne las condiciones para llegar con antelación respecto a los demás recursos
de emergencia. En muchas de esas intervenciones hay heridos, y en algunas, la respuesta policial previa a la llegada del primer recurso sanitario puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Como afirmó Nicholas Senn, fundador de la
asociación de cirujanos militares de Estados Unidos, 'El destino de los heridos está en manos de la persona que coloca el primer vendaje'.
Tercero. Situación actual.
Miles de agentes en España portan ya en sus espaldas un botiquín de primeros auxilios IFAK (Individual First Aid Kit) sufragado por ellos mismos, al igual que la formación para utilizarlo. Si acudimos a las noticias, ya no hay semana en
España donde una dotación policial no salve una vida gracias a estos materiales y formación, sobre todo a través de la técnica Stop The Bleed (parada de sangrado).
Buen ejemplo de ello son las intervenciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Según el Anuario estadístico del Ministerio del Interior, en el año 2022 la citada agrupación realizó 260.804 auxilios y 1.184 rescates 39.
Una vez utilizado el material, la reposición de éste también sale del salario del agente.
Cuarto. Escenarios reales.
La cantidad de escenarios con heridos en los que se puede ver implicado un policía durante su servicio es múltiple y variada, y es una obviedad que una dotación policial no es un recurso sanitario; pero en aras a lograr una estandarización
mínima de materiales y formación, existen dos situaciones habituales en las que con un mínimo de formación y recursos se pueden salvar muchas vidas: parada cardiorespiratoria (PCR) y hemorragia franca, aquella que es visible a simple vista.
La primera implica la muerte casi con toda probabilidad si no se actúa en cuestión de minutos y la segunda es potencialmente mortal sin una intervención rápida en función de su gravedad. Ambas son posibles de revertir con una formación y
recursos mínimos (desfibrilador, torniquete y material hemostático).
Según el Real Automóvil Club de España (RACE), en los primeros cinco minutos posteriores al accidente se producen entre el 30 % y el 50 % de las muertes, mientras que el 75 % ocurren durante la primera hora, la mayoría por hemorragias y
problemas respiratorios. De modo que el dominio y manejo de técnicas asistenciales de urgencia podría evitar un gran número de muertos en carretera 40.
Quinto. Material policial básico de primeros auxilios.
Para poder responder con las máximas garantías ante cualquier eventualidad sanitaria -en especial, aquellas citadas ut supra-, que se pueda producir durante el transcurso de
39 Se entiende por rescate el acto de liberación de una persona de un lugar o de una situación de peligro o riesgo de la que esa persona por sí misma no puede salir, y por auxilio cualquier otra ayuda, socorro o amparo distintos de un
rescate. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2022. P. 404. Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas/ultimo-anuario-estadistico/Anuario_estadistico_2022_126150729.pdf
40 BARANOVA, Marina: '¡¡Atención! Así debes socorrer a las víctimas de un accidente de tráfico', Neomotor, 01.09.22. Disponible [en línea]:
https://neomotor.epe.es/conduccion/atencion-asi-debes-socorrer-a-las-victimas-de-un-accidente-de-trafico-KJnm8963
su jornada laboral, las FCSE deberían contar con un desfibrilador por vehículo y un botiquín personal.
Así, con todos los recursos necesarios a su disposición, las FCSE podrán cumplir mejor con su misión constitucional, y de esta forma, servir con mayor eficacia a la sociedad española.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los siguientes medios para el desarrollo de sus labores de seguridad ciudadana:
1. La incorporación de un desfibrilador por cada vehículo policial.
2. Un botiquín de primeros auxilios por agente.
3. La formación necesaria para la utilización de los referidos materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para llevar a efecto la adecuación de los documentos
expedidos a personas extranjeras y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans, para su debate v aprobación en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
De acuerdo con el Preámbulo de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, su objetivo es desarrollar y garantizar los derechos de las
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las
características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.
En lo relativo a las personas trans, en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que eliminó las categorías relacionadas con las personas trans
del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. La revisión despatologiza las identidades trans y se considera un paso importante para garantizar que las personas trans puedan vivir libres de violencia y discriminación.
Según los Principios de Yogyakarta, de 2006, sobre la aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, la identidad de género se refiere a la experiencia
interna e individual de género de cada persona, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que puede implicar, si se elige libremente, la modificación de la apariencia o función corporal por
medios médicos, quirúrgicos o de otro tipo) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, la forma de hablar y los gestos.
Para responder a esta preocupación, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el mandato de Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género.
Dicho Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género ha solicitado a los Estados que garanticen el reconocimiento legal del género a todas las personas en cualquier lugar, e insta a los Estados a promulgar legislación y
adoptar políticas públicas en línea con las recomendaciones emitidas en 2015 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , que indica que el proceso de reconocimiento legal de la identidad de género debe, entre otras,
basarse en la autodeterminación del solicitante, ser un simple proceso administrativo, ser accesibles y, en la medida de lo posible, gratuitos, y no exigir a las personas solicitantes el cumplimiento de requisitos médicos o legales abusivos.
En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea establece en sus artículos 2 y 3 la no discriminación como uno de los principales valores comunitarios.
Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la prohibición de discriminación contemplada en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos comprende cuestiones relacionadas con la identidad de género y ha
instado a que se garantice el cambio registral del sexo sin el requisito previo de sufrir procedimientos médicos tales como una operación de reasignación sexual o una terapia hormonal.
En el ámbito nacional, el artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. Y tal reconocimiento se vincula al artículo 10 de la misma, que establece la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social.
Además, la Constitución establece en su apartado 2 del artículo 9 la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y
también de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
El derecho al cambio registral de la mención al sexo se basa en el principio de libre desarrollo de la personalidad del apartado 1 del artículo 10 de la Constitución y constituye igualmente una proyección del derecho fundamental a la
intimidad personal consagrado en apartado 1 del artículo 18 de la Constitución.
La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ya reconocía a las personas trans mayores de edad y de nacionalidad española la posibilidad de modificar la asignación
registral de su sexo, sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo y sin procedimiento judicial previo, aunque manteniendo la necesidad de disponer de un diagnóstico de disforia de género.
La falta de acceso al reconocimiento de género, y más si se refiere al de personas extranjeras, niega la identidad de una persona hasta tal punto que provoca una ruptura fundamental de las obligaciones del Estado. No facilitar ni articular
los procedimientos adecuados a alguien para el reconocimiento legal de su género repercute negativamente en todos los aspectos de su vida: su derecho a la salud, a la vivienda, al acceso a la seguridad social, a la libertad de movimiento y de
residencia; y también alimenta la discriminación, la violencia, la xenofobia, el racismo, y la exclusión en los entornos sociales, incluidos los educativos y laborales.
En lo concerniente a la rectificación de la mención del sexo en los documentos expedidos a personas extranjeras, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -STSJ AND 792/2023- estima, al llevar a cabo la
cumplimentación de la solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros, que se modifique ésta en el sentido de que, en lugar de figurar como sexo el de hombre, conste como tal el de
'indeterminado', 'X' o expresión equivalente, asegurando por tanto el derecho a la rectificación registral relativa al sexo en los documentos expedidos a personas extranjeras por el Estado español.
En este sentido -adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras- se pronuncia el apartado 1 del artículo 50, Capítulo I, Título II de la ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que refiere que 'las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de
origen, siempre que cumplan los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se
les expidan, ante la autoridad competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible en la representación exterior de España
que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho Ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes'.
Asimismo, el apartado 2 del citado artículo refiere que 'las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se
encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar el desarrollo reglamentario oportuno, en virtud de la Disposición final decimonovena de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas
LGTBI, de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del artículo 50, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
2. Garantizar la adecuación del nombre y/o sexo registral de los documentos expedidos a personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa regular en España, en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su reglamento de desarrollo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000333
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el eje ferroviario 'Ruta de la Plata', para su debate en la Comisión de
Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
En el año 1985 dejaron de circular trenes en la línea ferroviaria Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga, algo que ocurrió en otras muchas líneas a lo largo y ancho del territorio español.
Años después muchos colectivos empresariales, sindicales y sociales han pedido la reapertura del tramo cerrado del corredor Ruta de la Plata. Esta reclamación ha ido sumando adhesiones en los últimos años, liderados en parte por las Cámaras
de Comercio y otros colectivos.
En el año 2012 el gobierno del PP elaboró el Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda 2012-2024, en el que se indicaban las infraestructuras de transporte que se desarrollarían en ese intervalo temporal. Mientras todas las
infraestructuras pendientes se plasmaban en dicho plan con un compromiso claro para su construcción, la Ruta de la Plata entre Plasencia y León solo se planteaba como un estudio a realizar.
Durante todos los años del PP en el Gobierno de España nunca impulsó el estudio plasmado en el PITVI, ha sido con la llegada del PSOE al Gobierno de España cuando se ha impulsado estudio de viabilidad al que obliga la ley para la
construcción de una nueva línea ferroviaria, y en el año 2023 se ha licitado el estudio para la construcción de una nueva línea ferroviaria entre Plasencia y León, por un importe cercano al millón de euros y un plazo de ejecución de 24 meses, en el
que se definirá cuáles son las distintas alternativas para su trazado, que características debe que tener, análisis de potencialidades como línea de pasajeros y mercancías, y de qué corredores y otros medios de transportes puede captar tráficos
tanto de pasajeros y mercancías.
Actualmente esta línea está incluida dentro del Corredor Atlántico dentro de la red global de las redes transeuropeas de transporte, algo que se ha mantenido en la última revisión que ha hecho Europa de los corredores. El cambio de nivel
dentro de los corredores europeos no podrá ser una realidad antes de la finalización del estudio de viabilidad, ya que este deberá definir las características de la línea y será en ese momento y no antes cuando Europa pueda empezar a estudiar si es
posible el cambio. Esta nueva línea ferroviaria debe potenciar y dar sentido al Corredor Atlántico sirviendo de enlace a los distintos ramales del Corredor.
Una vez terminado el estudio de viabilidad será el momento, teniendo todos los datos, de decidir los siguientes pasos a dar para impulsar esta infraestructura y que puede ser aprovechada lo antes posible.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Trabajar con el objetivo de que la Comisión Europea sitúe al eje ferroviario 'Ruta de la Plata' en la posición más adecuada dentro de la Redes Transeuropea de Transporte, para impulsar su desarrollo y conseguir financiación europea para
hacerla realidad lo antes posible.
2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para impulsar el eje ferroviario 'Ruta de la Plata' y que tenga las condiciones más adecuadas para aprovechar todo su potencial entre las provincias de Sevilla y León.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-César Joaquín Ramos Esteban, Emilia Almodóvar Sánchez, Trinidad Carmen Argota Castro, María Carmen Castilla Álvarez, Antidio Fagúndez Campo, Andrea Fernández Benéitez, Juan
Antonio González Gracia, José Losada Fernández, David Serrada Pariente y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Diputados.-Javier Alfonso Cendón, Maribel García López y Montserrat Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre infraestructuras ferroviarias
en la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La apuesta por el transporte público y, en especial, por el ferrocarril es clave para conseguir los objetivos de desarrollo y movilidad sostenible, tanto es así que el propio Gobierno de España, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se ha comprometido con Bruselas a fomentar el transporte por tren tanto de pasajeros como de mercancías.
Sin embargo, este planteamiento choca con la realidad ferroviaria de la provincia de Cádiz que carece de infraestructuras para interconectar el territorio, tienen importantes limitaciones para el desarrollo de la red existente, sufre demoras
injustificables en las obras pendientes y cuenta con un servicio que cada vez es más deficiente e insuficiente.
Cádiz es una provincia limítrofe en la que, además, el turismo es una de sus principales fuentes de creación de empleo junto a la apuesta por el desarrollo de la actividad logística y que, por tanto, requiere de un servicio de transporte
ferroviario potente y de calidad, aunque nos encontramos con una zona que está quedando incomunicada en materia de la red ferroviaria.
En el Campo de Gibraltar sigue sin culminarse la obra de renovación del tramo de la línea entre Algeciras y Bobadilla, que es el inicio del Corredor Mediterráneo que permitirá conectar el puerto de Algeciras con la frontera francesa a través
de una línea de ferrocarril electrificada, de doble vía y ancho europeo. Es una iniciativa que fue presentado por primera vez en 1919, hace más de un siglo y que sigue sin ser una realidad. En estos años se han presentado varios proyectos que se
han rediseñado después, pero a día de hoy la obra del tramo Algeciras-Bobadilla sigue acumulando retrasos sin que haya una garantía de fecha de finalización.
A los retrasos en esta inversión clave, se unen los continuos cortes en el transporte ferroviario desde Algeciras que, por diversas causas, se repiten periódicamente durante los últimos años, la mala calidad del servicio con locomotoras en
mal estado y las continuas averías.
Por otro lado, en la zona de la Bahía de Cádiz, las características del trazado de la red ferroviaria actual han limitado la llegada del AVE a la capital. Gran parte del recorrido por la Bahía es en vía convencional, difícil de ampliar y
tiene un alto grado de ocupación, ya que por ella van las unidades de Larga Distancia, Media Distancia, Cercanías y tranvía metropolitano.
Lo que se anunciaba en su momento como un viaje de 55 minutos a Sevilla o apenas tres horas a Madrid, ha quedado finalmente en más de cuatro horas, que han llegado incluso a cinco en algunos servicios para llegar de forma directa a Madrid.
Muchos ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de la capital, están aprobando diferentes mociones instando al Gobierno de España para que se esfuerce en hacer viable la llegada del AVE a la provincia.
Con estas circunstancias, y en lugar de apostar por el refuerzo de las conexiones directas de largo recorrido desde Cádiz, Renfe ha optado por recortarlas de forma que se ha pasado de tener hasta seis trayectos directos entre Cádiz y Madrid
a apenas la mitad actuales.
La alternativa que se ofrece a turistas y vecinos para trasladarse a la provincia es hacer transbordos entre Media Distancia y AVE en Sevilla, una fórmula que complica y alarga los desplazamientos con el agravante añadido de la imposibilidad
de encontrar plazas de tren disponibles y un encarecimiento progresivo de los precios, debido a las
tarifas dinámicas. Ni tan siquiera en las épocas vacacionales, en las que se aumenta de forma considerable la demanda, se ha reforzado de manera efectiva la oferta de conexiones directas entre la provincia y la capital.
Y es que, el problema de esta provincia, como el de otras zonas de costa en verano, es que la demanda turística satura las plazas disponibles en los trenes, haciendo que los gaditanos que por motivos laborales o académicos están fuera de la
provincia no tengan facilidades para regresar a su tierra en épocas de alta demanda.
Junto a ello, está la falta de mantenimiento y de inversiones en la mejora de esta infraestructura que provocan una acumulación de incidencias en el trayecto que hacen inviables cumplir los horarios ya cerrados. Tanto es así que la
provincia no dispone de una fecha específica para la llegada de los nuevos trenes AVRIL que irán dando el relevo al escaso número de trenes ALVIA que esta zona comparte desde hace un tiempo con el norte de España. En definitiva, cada vez menos
servicios, de peor calidad y más caros.
Las carencias en el transporte ferroviario en la provincia de Cádiz también afectan a Cercanías y Media Distancia, que demandan de una oferta más amplia y de mejor calidad. La dificultad para encontrar plazas en determinados trayectos y las
incidencias en un servicio que no es ni fiable ni eficiente hacen que se desincentive el uso del transporte ferroviario.
Por otro lado, es necesario revisar el mapa ferroviario dentro de la provincia, ya que en la Bahía de Cádiz sólo existe un tren metropolitano (Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto y Jerez) ahora complementado con el tranvía entre
Chiclana y Cádiz puesto en marcha por la Junta de Andalucía. En la misma línea, hay que reforzar las conexiones ferroviarias con el apeadero del Aeropuerto de Jerez, para aumentar su competitividad.
A pesar de ser una reclamación histórica, no existe infraestructura ferroviaria que una a las dos Bahías, con el potencial económico por la actividad portuaria que podría generarse, y se da la circunstancia que para poder llegar de Cádiz a
Algeciras en tren hay que cruzar hasta cuatro provincias (Sevilla, Córdoba, Málaga y Algeciras). Directamente relacionado con este hecho, Cádiz tampoco tiene una conexión directa con la provincia y la ciudad de Málaga por vía férrea, teniendo que
pasar por Sevilla para poder llegar.
Conscientes de la importancia de impulsar el uso del transporte por ferrocarril y las carencias actuales, desde la Junta de Andalucía se ha llegado a proponer incluso al Gobierno de España asumir la gestión, con la financiación estatal que
corresponda, de los servicios entre capitales para aumentar las frecuencias y los horarios en las conexiones entre los principales núcleos de población de nuestra comunidad. Igualmente, se demanda un pacto por el ferrocarril en Andalucía para
revisar y culminar de forma urgente el mapa ferroviario.
En resumen, nos encontramos con infraestructuras anticuadas e inacabadas, con demoras injustificables en la ejecución de obras, especialmente preocupantes en el Campo de Gibraltar en donde el corredor ferroviario del Mediterráneo sigue
siendo una quimera, con precios inasumibles para los habitantes de la provincia cuando la demanda sube, con falta de oferta de plazas disponibles, con la promesa de un AVE que no llega y con la consiguiente limitación de oportunidades para esta zona
de España con tantísimo potencial, nexo de unión de Europa con el Estrecho y el continente africano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el mapa ferroviario de la provincia de Cádiz e impulsar la planificación, redacción de proyectos, licitación y ejecución de las obras de las infraestructuras ferroviarias necesarias para alcanzar la total interconexión de redes
de alta velocidad, media distancia y cercanías entre el interior de la provincia y el exterior.
2. Impulsar de manera urgente y prioritaria la finalización de las obras de renovación y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla.
3. Mejorar las frecuencias y tiempos de viaje de las conexiones ferroviarias en la provincia, especialmente en las conexiones directas con Madrid que deben recuperar la frecuencia anterior a la pandemia, y reforzarse sin precedentes en
verano para que los
gaditanos no tengan dificultades económicas y logísticas para poder comprar un billete de tren para volver a su provincia.
4. Acelerar los trámites para la ejecución del Corredor Mediterráneo, con paso por la ciudad de Algeciras y con conexión con la capital.
5. Desarrollar las acciones pertinentes para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya, Sergio Sayas López, Héctor Palencia Rubio, Cristina Teniente Sánchez,
José Alberto Herrero Bono y Ana Martínez Labella, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000338
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la promoción turística de la oferta de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad en nuestro país.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 12280 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción turística de
la oferta de las líneas ferroviarias de alta velocidad en nuestro país, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
España es el primer país a nivel europeo y el segundo país a nivel mundial en kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad construidos. Esta infraestructura es fundamental
para la conexión entre las Comunidades Autónomas y permite a los ciudadanos moverse a lo largo de nuestra geografía de forma rápida y cada vez más económica, gracias también en el último periodo a la apertura del mercado a nuevos operadores.
Dicha apertura ha servido para incrementar el número de plazas ofertadas y ha provocado una disminución del precio de los billetes, lo que repercutió en el segundo trimestre de 2023 en un incremento de los usuarios hasta llegar a los 8,32 millones
de viajeros, quienes viajaron de una manera sostenible y segura entre los territorios ubicados dentro de la geografía española.
Asimismo, el pasado año 2023 se recibieron más de 85 millones de turistas extranjeros, cuyos destinos principales fueron: Cataluña (21,2 %), Islas Baleares (16,9 %), Islas Canarias (16,4 %), Andalucía (14,3 %), Comunidad Valenciana (12,3 %)
y la Comunidad de Madrid (9,2 %). Esto significa que los turistas se concentraron en cuatro Comunidades Autónomas con conexiones existentes de alta velocidad con otras Comunidades Autónomas.
En este sentido, dar a conocer más y mejor las líneas de alta velocidad a nuestros visitantes internacionales podría permitir que los turistas que llegan a España conocieran más puntos de interés de nuestra geografía, disfrutar de más
gastronomía y más culturas que las que pueden conocer si sólo se concentran en un punto, alargando así el tiempo que dedican a visitar nuestro país y multiplicando los beneficios del turismo a más zonas, muchas de ellas zonas de interior o con baja
densidad poblacional, que podrían aprovechar la conexión con la alta velocidad para dar a conocer su patrimonio cultural, gastronómico o paisajístico a los viajeros procedentes de fuera de nuestras fronteras.
Por otro lado, recordar que ya existen rutas en trenes turísticos como el Transcantábrico, que recorre toda la cornisa cantábrica desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela, o el tren Al-Andalus que recorre la geografía andaluza, que
constituyen por sí mismos una experiencia formidable para los viajeros al dar la opción de recorrer diferentes puntos de nuestra geografía a bordo de trenes de gama premium. Ofrecer a los turistas la comercialización de posibilidades de paquetes de
alta velocidad y trenes de este tipo aumentaría no cabe la menor duda el interés y la demanda por estos servicios y serviría para que aquellos que nos visitan desde el extranjero puedan profundizar sus experiencias turísticas, explorando más a fondo
la enorme multitud de recursos que ofrece nuestro país, y contribuyendo por consiguiente a favorecer la desconcentración necesaria y positiva de la actividad turística.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Reforzar el despliegue de acciones conjuntas con las Comunidades Autónomas destinadas a la promoción de los servicios ferroviarios de alta velocidad y nuestros trenes turísticos, atrayendo fundamentalmente mayores cuotas de turistas
extranjeros e incremento de pernoctaciones y gasto en los destinos locales.
2. Rentabilizar el impacto de la alta velocidad en los destinos españoles, favoreciendo al máximo la desestacionalización y desconcentración de la demanda, así como la diversificación de segmentos y productos (turismo MICE, turismo
patrimonial, turismo deportivo, etc.).
3. Promover a través de la Red Ciudades AVE el desarrollo de líneas de colaboración para el diseño y oferta de productos y experiencias de carácter transfronterizo y de calidad a bordo del tren, así como involucrando al máximo a la red de
agencias de viaje españolas.
4. Asegurar un funcionamiento óptimo y eficiente de la alta velocidad, así como igualmente del resto de los servicios del mercado ferroviario claves para la competitividad y sostenibilidad del sistema turístico español.
5. Apuesta estratégica e impulso decisivo en favor del desarrollo de los corredores ferroviarios, -Mediterráneo, Atlántico y Central-, para mejorar la movilidad y accesibilidad de todos los destinos turísticos españoles.
6. Ejecutar por parte del Gobierno de España la finalización del Corredor Mediterráneo, acelerando la realización de todas las actuaciones que quedan pendientes a su paso por la Comunitat Valenciana como herramienta generadora de riqueza y
empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima
García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000363
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el desarrollo de la
industria Net Zero en España, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La Comisión Europea, después de la Comunicación sobre el industrial Green Deal, ha lanzado el Proyecto de Reglamento para el desarrollo de la Industria Net Zero, sobre la cual ha emitido opinión el Parlamento Europeo y se encuentra en la
fase de Trílogos con el Consejo Europeo, esperando llegar a un acuerdo y ser aprobada como última iniciativa legislativa de esta legislatura europea 2019/2024. El Consejo Europeo adoptó su posición en diciembre de 2023, valorando este Reglamento
como un instrumento que serviría para salvaguardar el funcionamiento del mercado único, creando un marco jurídico común de la Unión Europea para abordar colectivamente el reto de aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unión en
el ámbito de las tecnologías de cero emisiones netas.
El desarrollo de una Industria Net Zero es una iniciativa clave dentro del Plan Industrial del Green Deal de la Unión Europea, que tiene como finalidad el desarrollo y la fabricación de tecnologías limpias en la UE.
El objetivo de esta ambiciosa estrategia es incrementar la capacidad de fabricación de la UE de tecnologías que apoyen a las industrias en su proceso de transición hacia fuentes de energía limpia y que emitan cantidades extremadamente bajas,
nulas o negativas de gases de efecto invernadero durante sus actividades.
La transformación hacia las cero emisiones netas ya está provocando, y lo va hacer con intensidad en los próximos años, enormes cambios industriales, económicos y geopolíticos en todo el mundo, que serán cada vez más intensos a medida que
las industrias mundiales avancen en sus esfuerzos de descarbonización. Para que España se convierta en un actor principal a nivel global, es imprescindible atraer inversiones y crear las mejores condiciones y acceso al mercado para las tecnologías
limpias.
Si España aprovecha y lidera esta oportunidad, la iniciativa Net Zero fomentará la competitividad de la industria nacional, creará empleos de calidad y contribuirá a los esfuerzos estratégicos de la UE para lograr la independencia
energética.
La simplificación del marco regulatorio para la fabricación de estas tecnologías, reducir la burocracia y acelerar los procedimientos de permisos, especialmente para proyectos estratégicos, o la calificación de Proyectos Estratégicos Net
Zero, son medidas que pueden facilitar el desarrollo de todo un nuevo sector industrial con alto valor tecnológico en nuestro país.
España se enfrenta a importantes desafíos para que nuestra economía sea más sostenible y resiliente, donde el desarrollo de la Net Zero Industry Act y la muy probable implantación durante 2024 de su Reglamento a nivel europeo como respuesta
a la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA), exigirá que nuestro país se adelante, aplicando medidas transversales salidas de diferentes Ministerios, desde Educación a Transición Ecológica, siempre liderados por Industria, para
garantizar la competitividad de nuestro tejido industrial y la inversión como palancas para impulsar el crecimiento a largo plazo, generar empleo estable y alcanzar la producción interna de al menos el 40 % de las tecnologías consideradas
'estratégicas' en 2030, a fin de reducir las emisiones a cero en 2050.
Para fomentar los procesos de inversión y la simplificación administrativa, España debe centrarse en la lista completa de tecnologías Net Zero, ajustada a la taxonomía verde europea que incluye toda la cadena de valor industrial:
componentes, materiales y maquinaria necesaria para su producción e implantación. Esta cuestión resulta especialmente relevante para contribuir al objetivo de garantizar la autonomía estratégica de la UE y fomentar una mayor diversificación
económica.
Estas tecnologías deben quedar definidas como máximo en 16 categorías:
1. Tecnologías utilizadas para la producción de energía a partir de fuentes renovables.
2. Tecnologías energéticas de fusión y fisión nuclear, incluidas las tecnologías de ciclo del combustible nuclear.
3. Tecnologías de almacenamiento de energía.
4. Tecnologías de absorción, captura, transporte, inyección, almacenamiento y uso de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
5. Tecnologías de infraestructura de transporte de hidrógeno.
6. Tecnologías de electrolizadores y pilas de combustible.
7. Tecnologías de propulsión eléctrica, con hidrógeno (H2), con combustibles alternativos sostenibles.
8. Tecnologías de carga eléctrica para el transporte.
9. Tecnologías de infraestructura de producción y repostaje de hidrógeno (H2), combustibles alternativos sostenibles.
10. Tecnologías de bombas de calor.
11. Tecnologías de eficiencia energética.
12. Tecnologías de distribución de energía térmica y de red eléctrica.
13. Tecnologías de gestión energética.
14. Tecnologías de procesos industriales y electrificación de alta eficiencia para las industrias con altas emisiones de carbono y energía.
15. Tecnologías de producción de biomateriales, incluidas las tecnologías de producción química de base biológica.
16. Tecnologías de reciclado.
Esta clasificación recoge con suficiente amplitud proyectos en tecnologías relevantes para el desarrollo de una industria cero emisiones, como los combustibles alternativos nucleares, combustibles alternativos sostenibles, las soluciones
biotecnológicas para el clima y la energía, otras tecnologías nucleares, y las tecnologías industriales transformadoras para industrias de gran consumo de energía.
Nuestros sectores industriales precisan de tramitaciones ágiles que permitan el desarrollo y construcción de sus proyectos, para lo que se debe priorizar el estatus de 'proyecto prioritario' y fomentar la colaboración público-privada como
instrumento para dinamizar la inversión industrial.
Las políticas desarrolladas por el PSOE han demostrado una ineficiencia en términos de gobernanza y una ausencia de colaboración real y efectiva con las titulares de las competencias en materia industrial, las Comunidades Autónomas. Por
eso, el proceso de adaptación a esta estrategia industrial europea exige abordar y definir en primer término un modelo de gobernanza que garantice la independencia, profesionalidad y rigor a la hora
de seleccionar la Autoridad Competente, encargada de coordinar el desarrollo de estas políticas y ser el interlocutor con las Instituciones Comunitarias.
El marco institucional que proporciona el Congreso de los Diputados junto con la definición de mecanismos de rendición de cuentas al conjunto de la Cámara y a la sociedad en general, garantizarán que la gestión de los recursos públicos sea
eficaz, eficiente y, sobre todo, transparente.
Para garantizar este enfoque renovado en materia de industrialización, España no puede olvidar que enfrentamos un reto nacional de despoblación, que requiere la implementación de medidas que beneficien especialmente a las áreas
desindustrializadas, factor clave para la generación de empleo y fijación de la población en el entorno rural. La contribución que se puede impulsar desde el sector industrial es muy relevante, tanto en términos de cohesión social como en términos
de vertebración territorial.
Además, el impulso hacia energías limpias como el hidrógeno verde, y un esfuerzo coordinado entre Administraciones puede favorecer la creación de empleos en sectores sostenibles. Este enfoque se alinea con la visión del Grupo Parlamentario
Popular para generar un desarrollo económico equilibrado y sostenible, con una racionalización del gasto público y la gestión eficiente de los recursos.
Hasta que la Comisión Europea pueda constituir un 'Fondo de Soberanía Europeo' para financiar las inversiones en Tecnologías Net Zero y sus cadenas industriales, nuestro país debería analizar la posibilidad de destinar un porcentaje de los
ingresos del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para financiar las medidas del Reglamento y dotarle de la suficiencia financiera necesaria.
Según los datos de la Comisión Europea, nuestro país corre riesgo de perder 28.000 millones de fondos estructurales por su bajo nivel de ejecución, un 63 % de 75.000 millones de euros del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. El Gobierno
debe priorizar una negociación con la UE que permita redirigir los fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2017 sin ejecutar al crecimiento de las tecnologías Net Zero y el desarrollo de sus cadenas de valor, como alternativa que permita
contribuir a los objetivos europeos en materia de descarbonización industrial.
Liderar la implantación del Reglamento Net Zero, emerge como una herramienta vital para orientar las políticas económicas para alcanzar un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas y las absorbidas del ambiente,
es decir, alcanzar la 'Net Zero'.
Sin olvidar que esta ambiciosa iniciativa europea está estrechamente ligada a la Ley sobre Materias Primas Estratégicas y la Economía Circular. España debe impulsar ambas urgentemente dado la importancia que han adquirido en la autonomía de
suministro frente a terceros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un modelo de Gobernanza para la Autoridad Nacional Competente basado en la elección democrática de sus miembros en el Congreso de los Diputados, asegurando su legitimidad y alineación con los intereses nacionales. Esta
Autoridad reflejará los valores y prioridades de la sociedad española, con un mandato claro para liderar el camino hacia la neutralidad de carbono.
- La Autoridad Nacional Competente comparecerá trimestralmente en el Congreso de los Diputados para informar de los avances en el desarrollo de las inversiones relativas a las Tecnologías Net Zero y sus cadenas de valor.
- El mecanismo efectivo y transparente de rendición de cuentas es fundamental para supervisar las acciones de la Autoridad Nacional Competente, por lo que garantizará que exista una transparencia total en su funcionamiento y toma de
decisiones. La rendición de cuentas debe incluir informes periódicos al Congreso, auditorías independientes y un canal abierto de comunicación con la sociedad civil.
2. Priorizar la atención y el desarrollo de inversiones en territorios desindustrializados, identificando esas áreas y fomentando inversiones específicas para equilibrar el desarrollo regional y garantizar que la transición hacia la
neutralidad de carbono sea justa e inclusiva.
3. Fomentar la reindustrialización de estas áreas a través de políticas de inversión y formación, desarrollando industrias que generen tecnologías limpias y la creación de empleos verdes, así como el fomento de la innovación en sectores
clave para la economía Net Zero.
4. Invertir en el proceso de descarbonización de nuestra economía a través del Biometano para aquellas industrias que sean difícilmente electrificadles, como oportunidad estratégica para aprovechar su total compatibilidad con los procesos
productivos industriales actuales y con la inyección en la red mallada de gas en nuestro país. La inversión en tecnología e infraestructura para la producción y utilización de Biometano puede posicionar a España como líder a nivel europeo. Esto
incluye el impulso al desarrollo de instalaciones de producción de Biometano, así como la infraestructura necesaria para su almacenamiento, transporte y distribución.
5. Impulsar el desarrollo de infraestructuras de producción, transporte y distribución de hidrógeno verde que permitan a España convertirse un líder en producción de combustibles alternativos para el sector de la aviación y el transporte
marítimo.
6. Fomentar la colaboración público-privada para facilitar la innovación en tecnologías Net Zero, acelerando su desarrollo y reduciendo costes.
7. Desarrollar infraestructuras de almacenamiento energético para garantizar la estabilidad y la eficiencia de la red eléctrica nacional, favoreciendo la integración de fuentes de energía renovables y mejorando la seguridad energética del
país.
8. Invertir en investigación e innovación en tecnologías de almacenamiento avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir los costes energéticos. Esto incluye el desarrollo de baterías de alta capacidad, almacenamiento térmico y otras
tecnologías emergentes.
9. Promover el desarrollo social a través de la generación de oportunidades de empleo ligadas a la Industria Net Zero.
10. Establecer programas de formación y recualificación en tecnologías Net Zero para que los trabajadores adquieran las capacidades técnicas específicas requeridas en sectores como las energías renovables, eficiencia energética y gestión de
residuos.
11. Impulsar incentivos fiscales, subvenciones y otras formas de apoyo para empresas que inviertan en tecnologías Net Zero y creen empleo.
12. Actualizar con urgencia el mapa geológico minero español para identificar aquellas materias primas de carácter estratégico que nuestro suelo contiene.
13. Estudiar la posibilidad de destinar un porcentaje de los ingresos del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para financiar las medidas del Reglamento de fabricación de productos de tecnologías de cero emisiones neta.
14. Abordar urgentemente en el seno de la comisión europea, una negociación para poder redirigir aquellos créditos no comprometidos del actual periodo de programación 2021/2027 hacia los objetivos señalados en esta propuesta de Reglamento
Net Zero.
15. Establecer una línea específica en los Fondos Next Generation para impulsar el desarrollo de una industria basada en tecnologías de cero emisiones netas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María
Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la formación digital de
las personas mayores y reducir la brecha digital intergeneracional, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha supuesto una gran revolución en todos los aspectos de nuestra vida. Las nuevas tecnologías han avanzado y avanzan rápidamente aportando grandes beneficios para el
desarrollo de la sociedad en muy distintos ámbitos y numerosas ventajas, desde un mayor acceso a la información, la mayor conectividad entre las personas, hasta la rapidez de ciertas gestiones sin necesidad de presencialidad.
Sin embargo, estamos corriendo el riesgo de que esta acelerada digitalización que impregna nuestro día a día esté dejando aparte de la población al margen, sobre todo a aquellas personas que carecen de las habilidades digitales necesarias
para desenvolverse con soltura en el entorno digital, provocando así un auténtico desequilibrio.
La brecha digital es un fenómeno que afecta a distintos colectivos dependiendo de diversos factores. En muchas ocasiones las nuevas tecnologías están abocando a las personas mayores, que están entre las más vulnerables al respecto de la
brecha digital, a una nueva forma de dependencia pues necesitan ayuda de terceras personas para participar en una gran variedad de actividades.
Si nos fijamos en las capacidades digitales de nuestros mayores, según datos de Eurostat y el INE, casi el 50 % de las personas entre 65 y 74 años que utilizan internet tienen habilidades digitales bajas. Más del 25 % de las personas
mayores en España no pueden hacer gestiones cotidianas como son las sanitarias, administrativas, comerciales o bancadas por falta de conocimiento. Solo el 36 % de los españoles mayores de 75 años se conecta a internet siendo muchos los mayores que
tienen la sensación de que internet es una ventana abierta a contenidos peligrosos y fraudes.
La brecha digital es una preocupación para el 76 % de las personas mayores de 80 años ya que consideran que existe una ausencia de acompañamiento en su proceso de adaptación. La tecnología y la transformación digital preocupan cada vez más
a las personas mayores, más si tenemos en cuenta que en 2050 España podría albergar a más de 14 millones de personas mayores de 65 años y, por primera vez en la historia de la Unión Europea, las personas mayores de 65 años podrían doblar a los
menores de 15 años.
La brecha digital existente entre las personas mayores y el resto de la población se va reduciendo año tras año, más por la incorporación a cada grupo de edad de personas que utilizan internet previamente, que por un aumento de la
capacitación digital de las personas de mayor edad.
Aunque está aumentando el número de personas mayores que acceden a internet y otras tecnologías, sigue habiendo personas con dificultades, lo que puede limitar su autonomía e inclusión social tal como pone de manifiesto el 'Informe C:
Envejecimiento y bienestar' realizado recientemente por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados.
A pesar de que cada vez son más populares y frecuentes los cursos de nuevas tecnologías para personas mayores, sigue sin haber los suficientes para dotar de conocimientos a todas estas generaciones y, en el caso de las zonas rurales y poco
pobladas, el acceso a los cursos es aún más difícil, existiendo un amplio margen de mejora en nuestro país.
El 16 de febrero de 2022 el Pleno del Senado aprobó el Informe de la Ponencia de Estudio sobre el proceso de envejecimiento en España en el que numerosos expertos concluyeron que las personas mayores deben ser alfabetizadas digitalmente para
evitar su exclusión en el acceso a los servicios públicos esenciales y a otros servicios cada día más digitalizados. Abogaron por la necesidad de dar respuesta a la brecha digital existente entre las personas mayores mejorando su conectividad,
sobre todo en el medio rural, lo que posibilitaría su inclusión social. De esta forma, entre las recomendaciones plasmadas en dicho Informe se incluía el mejorar la accesibilidad a los entornos virtuales y la capacitación digital de las personas
mayores, así como asegurar como opción los canales presenciales y/o telefónicos en las Administraciones Públicas y en servicios de consumo privado esenciales, como los servicios bancarios o lo de acceso a la telefonía, hasta que se generalice la
accesibilidad digital de las personas mayores.
En España, la Carta de Derechos Digitales recoge el derecho de todos a acceder a entornos digitales y promover políticas públicas que reduzcan la brecha de acceso y fomenten la participación en los asuntos públicos de todos los colectivos en
mayor riesgo de exclusión social, en particular el de las personas mayores, así como la utilización del entorno digital en los procesos de envejecimiento activo.
Por tanto, se puede concluir que la adquisición de competencias digitales se ha vuelto imprescindible en la sociedad actual y resulta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, evitar la discriminación y la exclusión social y
aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Fomentar la formación digital de las personas mayores y reducir la brecha digital y generacional existente. Para ello se deben destinar las ayudas y recursos económicos suficientes para favorecer Programas de formación digital para
personas mayores con el fin de garantizar que, quienes así lo deseen, puedan tener acceso y formación de las herramientas digitales, la tecnología y datos, para mantenerse más y mejor conectados y adquieran autonomía en todas las facetas de la
realidad digital, en particular en el medio rural.
2. Impulsar un Plan de formación de Mayores Digitales para promover el apoyo de las administraciones públicas, las empresas digitales, las entidades bancadas y las tiendas de dispositivos electrónicos en su capacitación, y se desarrollen
programas específicos de formación y acompañamiento en el uso de los servicios digitales públicos y privados.
3. Promover el uso seguro y responsable de internet y de las nuevas tecnologías, siendo la protección de los mayores una auténtica prioridad.
4. Impulsar la implementación de la Carta de Derechos digitales.
5. Desarrollar el Plan Nacional de Competencias Digitales y gestionar eficazmente sus recursos.
6. Situar al ciudadano en el centro del modelo administrativo diseñando aplicaciones fáciles de usar e intuitivas y la puesta en marcha del teléfono de ayuda digital en el ámbito de la Administración Electrónica para aquellos que no
dispongan de los conocimientos y/o medios para comunicarse por esta vía con la Administración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Patricia Rodríguez Calleja, Bella Verano Domínguez, Bartolomé Madrid Olmo, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputadas y
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000365
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación urgente del
desarrollo reglamentario de la Ley 4/2022 para regular el etiquetado inclusivo y en alfabeto braille, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La 'Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica' presenta una disposición adicional -concretamente la primera, relativa al 'Etiquetado inclusivo'- en la
que se dispone literalmente que 'el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de
aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables'.
Considerando que la entrada en vigor de la referida Ley 4/2022 se produjo el 2 de marzo de 2022, es decir, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el plazo de un año planteado en la disposición adicional citada en
el párrafo anterior para que el Ejecutivo desarrolle reglamentariamente 'un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal' ha sido incumplido por dos años.
Ante esta realidad, y considerando 'el déficit de protección que sufren las personas ciegas y con discapacidad visual a la hora de acceder a información esencial de bienes y productos al carecer estos de etiquetado braille', el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo pública en enero de este año una nota de prensa en la que afirma haberse dirigido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para solicitar 'que acelere' el
cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Ley 4/2022.
Desde Cermi se contextualiza dicha solicitud en la necesidad, a su parecer, de 'seguir impulsando una agenda política potente y transformadora en materia protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad'.
Por ello, y desde la defensa de las personas consumidoras y usuarias dispuesta en el artículo 51.1 de la Constitución, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en un plazo máximo de tres meses el desarrollo reglamentario dispuesto en la Disposición adicional primera de la 'Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica' con el objetivo de hacer real un etiquetado inclusivo y en alfabeto braille para los bienes y productos de consumo que garantice la seguridad, la integridad y la calidad de vida de
las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Silverio Argüelles García, Bella Verano Domínguez, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares, María del Mar Vázquez Jiménez, María Mercedes Fernández González,
Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez y Miguel Ángel Paniagua Núñez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Ignacio Hoces Íñiguez y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de los regadíos en España y el impulso del Proyecto de Tierra de Barros para su discusión en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las elites globalistas, reunidas en Europa en torno al conocido como Pacto Verde Europeo y a la desnaturalización de la Política Agraria Común, han puesto al sector primario español en una grave situación de crisis. Este hecho no afecta
solo a España, sino que afecta a todos los agricultores y ganaderos europeos que durante las últimas semanas se han rebelado contras las imposiciones que pretenden acabar con su modo de vida y que agravan nuestra dependencia de productores
extranjeros.
En España el sector primario tiene una gran importancia. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 la aportación directa de este sector al PIB fue del 2,4 % y el 4 % de la población activa trabajaba en el campo 41. No hay que
olvidar que 17 de los 23 millones de hectáreas que tiene España están dedicadas al cultivo 42. Además de estos datos económicos no se puede olvidar la contribución del sector primario para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la conservación
del medio natural, la preservación de población en la España rural o el mantenimiento de tradiciones propias.
Esta profunda crisis que atraviesa el sector primario español a causa del fanatismo climático parece no atraer la atención de los burócratas de Bruselas ni de los principales partidos de España que no solo han asumido sus políticas, sino que
comulgan plenamente con sus postulados. Junto a todos estos retos a los que se enfrenta el sector nos encontramos con la ausencia de políticas públicas que resuelvan de manera solvente el problema del agua. España, por su particular situación
geográfica padece sequías cíclicas que afectan seriamente al campo, aunque de forma desigual en función de la parte del territorio en la que nos encontremos. A pesar de ello, nuestra Nación tiene recursos hídricos suficientes que se derrochan
debido a una inexistente planificación hidrológica en clave nacional que permita una gestión racional de nuestros recursos hídricos sin los límites de las fronteras artificiales creadas por el estado autonómico.
La principal solución a este problema es crear un Plan Nacional del Agua que garantice el acceso a este recurso en todas las regiones de España. El agua, como bien común y no de comunidades autónomas concretas, debe ser accesible en
cualquier parte de nuestra geografía mediante la interconexión de cuencas a través de una autopista del agua, de unas infraestructuras adecuadas y adaptadas, a su vez, a la generación de energía mediante una política de embalses óptima.
De forma paralela al Plan Nacional del Agua, es necesario llevar a cabo un Plan Nacional de Regadíos que optimice el agua que se dedica al campo y que modernice la producción agraria.
Un claro ejemplo de estas políticas de persecución al campo es el conflicto acaecido en Tierra de Barros, Badajoz. Siendo el regadío una cuestión reclamada por agricultores,
41 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/indicadores_2022_roboto_web__baja_resolucion_tcm30-666558.pdf
42 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/agricola.html#:~:text=La%20superficie%20agraria%20%C3%BAtil%20de,24%25%20al%20cultivo%20en%20regad%C3%ADo.
la Junta de Extremadura publicó el 9 de noviembre de 2022 un proyecto de transformación del regadío en esta zona. Con un presupuesto de 207 millones de euros, el proyecto pretendía convertir en regadío unas 17.000 hectáreas 43 en la citada
comarca.
Durante la presentación del proyecto, quien en ese momento era la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio -actualmente Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación-, Sra. García Bernal, anunció que el citado
proyecto contaba con el visto bueno de la Unión Europea quien financiaría el 80 % del total mediante el fondo FEADER del Programa de Desarrollo Rural.
Sin embargo, todo fue un engaño. A finales de 2021, el Consejero de Medio Ambiente de la Unión Europea informó de la inviabilidad del proyecto al entonces Presidente de la Junta de Extremadura, sr. Fernández Vara y agradeció a este la
eliminación de la documentación y base de datos que hacían referencia al proyecto de regadío en Tierra de Barros. A pesar de ello, durante la campaña electoral de 2023, la Sra. García Bernal anunció que el proyecto estaba a punto de licitarse por
contar con el presupuesto y la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 44.
Este proyecto, que se encontraba incluido en el Plan Nacional de Regadío de 2002, en la actualidad no está comprendido en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana a pesar de contar con la concesión de agua necesaria para el proyecto.
Estos hechos descritos ponen de manifiesto la necesidad de defender en instancias europeas y nacionales los intereses de nuestro sector primario, alejándose de los intereses espurios de unos y otros. Para lograrlo es imprescindible la
definición de nuevas políticas europeas que respeten los intereses de las naciones soberanas y, junto a estas, la definición de políticas públicas que promuevan la solidaridad entre las distintas regiones de España a través de instrumentos como un
Plan Nacional del Agua acompañado de un Plan Nacional de Regadíos.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a promover las siguientes medidas para salvaguardar los intereses agrícolas y alimentarios de España:
1. Impulsar la reorientación de las políticas agrarias en el seno de la Unión Europea con el objetivo de defender los intereses de España y su sector primario.
2. Elaborar un Plan Nacional del Agua y un Plan Nacional de Regadíos, que garanticen el acceso al agua de todos los españoles con independencia del lugar donde residan y el desarrollo de políticas de apoyo al regadío y a su modernización.
3. Impulsar la puesta en marcha del Proyecto de regadío de Tierra de Barros y su inclusión en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos, Tomás Fernández Ríos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
43 https://www.juntaex.es/w/20221109-rueda-prensa-consejo-gobierno?inheritRedirect=true
44 https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/dudas-sobre-el-proyecto-de-regadio-de-tierra-de-barros
Comisión de Política Territorial
161/000358
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la SAREB a Galiza para su gestión, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se creó en el año 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca con un capital de 4.800 millones de euros. Además de capital del sector privado,
esta sociedad contó con una fuerte inyección de capital del Estado a través del FROB, que llegó al 45 %. La SAREB también emitió deuda por valor de 50.000 millones que fue avalada por el Estado.
Una operación que formó parte del conjunto de actuaciones que se pusieron en marcha en la crisis económica de 2008 para el saneamiento del sector financiero con dinero público y que supuso destinar más de 70.000 millones de las arcas
públicas al rescate de la banca mientras la población se vio sometida a los mayores recortes económicos y sociales que se recuerden.
El 18 de enero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con
el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Esta nueva norma permitió modificar el régimen jurídico de la SAREB y que el FROB adquiriera y mantuviera la participación mayoritaria en el
capital social así como tomar el control de los órganos sociales.
De este modo, el Estado mantiene miles de activos inmobiliarios en manos de la SAREB, que podría convertirse en un valioso instrumento para mejorar la oferta de vivienda pública y de alquiler social justo en un contexto de importante
encarecimiento de la vivienda, de escasez de vivienda de protección pública y de contracción del mercado del alquiler. Desde el BNG creemos que la intervención pública en el mercado de la vivienda es básica para desarrollar políticas públicas que
faciliten el acceso igualitario a la vivienda, especialmente de jóvenes, personas y familias con menos recursos.
Sin embargo, la gestión desenvuelta por la SAREB está muy lejos de servir al interés público y al bien colectivo. En muchas ocasiones la SAREB ha actuado como una inmobiliaria al uso e incluso se ha asemejado a los fondos buitre intentando
presionar a vecinos y vecinas para que dejasen sus viviendas. Contrariamente a lo que se espera de una entidad participada por el Estado, la SAREB actúa como una promotora privada.
Podemos ejemplificarlo con las situaciones que se han dado en Galiza, dónde se han producido numerosos casos de amenazas y presiones por parte de la SAREB a los inquilinos para desalojarlos de edificios en Narón, Burela, Ares o en Vigo.
Presiones que han ido desde el corte de suministros, a la negativa a un correcto mantenimiento de los inmuebles o el recurso a la vía judicial e intentos de desahucio. Vecinos y vecinas que han sido objeto de un auténtico acoso, sufrido un total
desamparo e indefensión, algo incomprensible en el modo de proceder de una entidad con una fuerte participación pública.
En varias ocasiones a lo largo del año 2023 y de este mismo año, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta a disposición de 100.000 viviendas de la
SAREB para destinarlas a alquiler social siendo consciente de la mala gestión que dicha entidad estaba haciendo y de su poca o nula aportación a un sistema de vivienda social pública. En esta materia la actuación de la SAREB es un fracaso.
En ejercicios anteriores, se habían realizado otros anuncios e incluso la tramitación de Convenios para la cesión de viviendas sociales de la SAREB a bajos precios para familias vulnerables o con bajos recursos económicos, sin embargo, no
consta su materialización. De hecho, en Galiza el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) apenas ha firmado acuerdos con la SAREB para el traspaso de viviendas.
La realidad es que, en todos estos años, el Gobierno del Estado no se ha preocupado por otorgarle una perspectiva social y pública a la SAREB cuando uno de los principales problemas que tiene la población del Estado, y una de sus principales
preocupaciones es el acceso a la vivienda y las dificultades para acceder a una vivienda digna a precios razonables. El veloz encarecimiento de la vivienda es una línea roja para millones de personas.
En Galiza la SAREB mantiene en cartera más de 4.000 inmuebles, entre viviendas y otros efectivos. Consideramos que una forma de contribuir a que Galiza disponga de más vivienda social, sería transfiriendo los activos de la SAREB a la Xunta
para poder incorporarlos a una bolsa de viviendas e inmuebles destinados a la promoción de vivienda pública o alquiler social.
Es una demanda perfectamente asumible dado que la SAREB ya firmó convenios con administraciones locales y autonómicas para la cesión temporal de algunos de dichos inmuebles para alquiler social. Creemos que la cesión temporal no es la
solución adecuada puesto que las políticas quedarían condicionadas por la posibilidad futura de que la entidad pretenda recuperar los activos, sacarlos a subasta pública y venderlos. Defendemos la transferencia completa a la administración gallega.
En definitiva, demandamos que se movilice el parque de viviendas vacías que están en manos de la SAREB para destinarlas a vivienda social o vivienda de protección oficial. Para ello, consideramos necesario que se transfiera la titularidad
de todas las viviendas e inmuebles situados en Galiza para su gestión por la Xunta.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a transferir a la Xunta los activos inmobiliarios en manos de la SAREB (viviendas, suelos y promociones) situados en Galiza para que los órganos competentes en materia de vivienda
asuman la gestión, administración y planificación de los activos consistentes en viviendas o suelo urbanizable con el objetivo de crear una bolsa de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, así como a las personas y
familias con mayores dificultades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á transferencia de activos inmobiliarios da SAREB á Galiza para a súa xestión para o seu debate na Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
A Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB) creouse no ano 2012 para xestionar os activos tóxicos da banca cun capital de 4.800 millóns de euros. Ademais de capital do sector privado, esta sociedade
contou cunha forte
inxección de capital do Estado a través do FROB, que chegou ao 45 %. A SAREB tamén emitiu débeda por valor de 50.000 millóns que foi avalada polo Estado.
Unha operación que formou parte do conxunto de actuacións que se puxeron en marcha na crise económica de 2008 para o saneamento do sector financeiro con diñeiro público e que supuxo destinar máis de 70.000 millóns das arcas públicas ao
rescate da banca mentres a poboación viuse sometida aos maiores recortes económicos e sociais que se lembren.
O 18 de xaneiro de 2022 o Consello de Ministros aprobou a Real Decreto-lei 1/2022, do 18 de xaneiro, polo que se modifican a Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito; a Lei 11/2015, do 18 de
xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento; e o Real Decreto 1559/2012, do 15 de novembro, polo que se estabelece o réxime xurídico das sociedades de xestión de activos, en relación co réxime
xurídico da Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria. Esta nova norma permitiu modificar o réxime xurídico da SAREB e que o FROB adquirise e mantivese a participación maioritaria no capital social así como tomar o
control dos órganos sociais.
Deste xeito, o Estado mantén miles de activos inmobiliarios en mans da SAREB, que podería converterse nun valioso instrumento para mellorar a oferta de vivenda pública e de aluguer social xusto nun contexto de importante encarecemento da
vivenda, de escaseza de vivenda de protección pública e de contracción do mercado do aluguer. Desde o BNG cremos que a intervención pública no mercado da vivenda é básica para desenvolver políticas públicas que faciliten o acceso igualitario á
vivenda, especialmente de mozas, persoas e familias con menos recursos.
Con todo, a xestión desenvolvida pola SAREB está moi lonxe de servir ao interese público e ao ben colectivo. En moitas ocasións a SAREB actuou como unha inmobiliaria ao uso e mesmo se asemellou aos fondos voitre tentando presionar a veciños
e veciñas para que deixasen as súas vivendas. Contrariamente ao que se espera dunha entidade participada polo Estado, a SAREB actúa como unha promotora privada.
Podemos ejemplificarlo coas situacións que se deron na Galiza, onde se produciron numerosos casos de ameazas e presións por parte da SAREB aos inquilinos para desaloxalos de edificios en Narón, Burela, Ares ou en Vigo. Presións que foron
desde o corte de subministracións, á negativa a un correcto mantemento dos inmóbeis ou o recurso á vía xudicial e intentos de desafiuzamento. Veciños e veciñas que foron obxecto dun auténtico acoso, sufrido un total desamparo e indefensión, algo
incomprensíbel no modo de proceder dunha entidade cunha forte participación pública.
En varias ocasións ao longo do ano 2023 e de leste mesmo ano, o Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou a posta a disposición de 100.000 vivendas da SAREB para destinalas a aluguer social sendo consciente da mala xestión que dita
entidade estaba a facer e da súa pouca ou nula achega a un sistema de vivenda social pública. Nesta materia a actuación da SAREB é un fracaso.
En exercicios anteriores, realizáronse outros anuncios e mesmo a tramitación de Convenios para a cesión de vivendas sociais da SAREB a baixos prezos para familias vulnerábeis ou con baixos recursos económicos, con todo, non consta a súa
materialización. De feito, na Galiza o IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) apenas asinou acordos coa SAREB para o traspaso de vivendas.
A realidade é que, en todos estes anos, o Goberno do Estado non se preocupou por outorgarlle unha perspectiva social e pública á SAREB cando un dos principais problemas que ten a poboación do Estado, e unha das súas principais preocupacións
é o acceso á vivenda e as dificultades para acceder a unha vivenda digna a prezos razoábeis. O veloz encarecemento da vivenda é unha liña vermella para millóns de persoas.
Na Galiza a SAREB mantén en carteira máis de 4.000 inmóbeis, entre vivendas e outros efectivos. Consideramos que unha forma de contribuír a que a Galiza dispoña de máis vivenda social, sería transferindo os activos da SAREB á Xunta para
poder incorporalos a unha bolsa de vivendas e inmóbeis destinados á promoción de vivenda pública ou aluguer social.
É unha demanda perfectamente asumíbel dado que a SAREB xa asinou convenios con administracións locais e autonómicas para a cesión temporal dalgúns dos devanditos inmóbeis para aluguer social. Cremos que a cesión temporal non é a solución
adecuada debido a que as políticas quedarían condicionadas pola posibilidade futura de que a entidade pretenda recuperar os activos, sacalos a poxa pública e vendelos. Defendemos a transferencia completa á administración galega.
En definitiva, demandamos que se mobilice o parque de vivendas baleiras que están en mans da SAREB para destinalas a vivenda social ou vivenda de protección oficial. Para iso, consideramos necesario que se transfira a titularidade de todas
as vivendas e inmóbeis situados na Galiza para a súa xestión pola Xunta.
a transferir á Xunta os activos inmobiliarios en mans da SAREB (vivendas, chans e promocións) situados na Galiza para que os órganos competentes en materia de vivenda asuman a xestión, administración e planificación dos activos consistentes
en vivendas ou chan urbanizábel co obxectivo de crear unha bolsa de vivenda pública destinada a facilitar o acceso á vivenda a mozas, persoas e familias con maiores dificultades.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a transferir á Xunta os activos inmobiliarios en mans da SAREB (vivendas, chans e promocións) situados na Galiza para que os órganos competentes en materia de vivenda asuman a xestión,
administración e planificación dos activos consistentes en vivendas ou chan urbanizábel co obxectivo de crear unha bolsa de vivenda pública destinada a facilitar o acceso á vivenda á mocidade, así como ás persoas e familias con maiores
dificultades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000361
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la aprobación de un Estatuto
Básico de los Municipios de Menor Población para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Un Estatuto Básico de los municipios de menor tamaño, ubicados en el medio rural, es una reivindicación de estos municipios, y su contenido debe atender y regular las especificidades de los pequeños municipios. El 20 de enero de 2022, la
entonces Ministra de Política Territorial anunció en el Senado, durante su comparecencia en la Comisión de Entidades Locales, que el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población 'garantizará la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos vivan donde vivan'.
Transcurridos dos años de aquel anuncio, otro incumplimiento más del gobierno de Pedro Sánchez, no se ha aprobado nada.
La ministra de Política Territorial también señaló que se reformarán las leyes de Bases del Régimen Local y de Régimen Jurídico del Sector Público 'para reforzar el funcionamiento democrático y la modernización de los gobiernos locales' y
explicó que el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población se integraba en las prioridades del Gobierno frente al reto demográfico para hacer de España 'un país integrado social y territorialmente'.
Es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido con su promesa formulada en sede parlamentaria. No se ha garantizado la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos vivan donde vivan, no se han modernizado los gobiernos
locales y no se han aportado soluciones frente al reto demográfico. Se comprueba que estos compromisos no son una prioridad del Gobierno,
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y
mecenazgo, contempla en su Libro III el artículo 128 en función del cual se lleva a cabo la modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En él se pretende cumplir objetivos de acelerar y ampliar el
despliegue de los servicios públicos locales también a través de medios digitales, o apoyar a las ciudades pequeñas en su prestación de servicios públicos, pero, con independencia de lo inconcreto de algunas medidas de gestión electrónica de padrón
municipal, de atribución de competencias municipales o de la digitalización de los servicios públicos, destaca la ausencia de la regulación, tantas veces anunciada, del título relativo al Régimen Especial para los Municipios de menor población sobre
el que, tras dos años desde el anuncio de la ministra de administraciones públicas y mucho más tiempo de demanda de los municipios, no se recoge ninguna referencia específica.
El Ministro de Política Territorial, D. Ángel Víctor Torres Pérez, debe adquirir el compromiso de negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y traer de modo inmediato a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del
régimen de organización de los municipios de menor población, de medidas de modernización administrativa y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, proyecto incluido en el Plan Normativo para 2022 y que fue
paralizado, sin dar explicaciones de las razones para tal decisión, y ya no fue incluido en el Plan Normativo para 2023.
La desidia del Gobierno de España y del Ministerio de Política Territorial y de sus sucesivos ministros o ministras, mostrando su incapacidad para cumplir el compromiso anunciado en sede parlamentaria de desarrollar un Estatuto Básico de los
Municipios de Menor Población, supone un engaño para los municipios menores y para sus vecinos, que reclaman medidas urgentes y eficaces ante la amenaza de desaparición de población, de municipios, de las barreras en el acceso a los servicios
públicos y del desequilibrio territorial y entre el medio rural y urbano.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el primer periodo de sesiones de 2024 cumpla con los compromisos adquiridos para el desarrollo normativo de un estatuto para los municipios menores o en riesgo de despoblación y lo
traiga al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte
Mesa, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Javier de Andrés Guerra, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Puy Fraga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000362
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la seguridad en el
medio rural como medida para preservar los servicios públicos en los pequeños municipios, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
Para el Grupo Popular es una gran preocupación el proceso de despoblación que afecta de forma intensa a parte de nuestro territorio enclavado en el denominado medio rural. Algo más del 60 % de los municipios repartidos por las 52 provincias
españolas han perdido población en los últimos 20 años. El medio rural en España abarca el 90 % del territorio y en él reside tan sólo el 20 % de la población española.
La despoblación, sin lugar a dudas, repercute en cuestiones tan importantes para los ciudadanos como la accesibilidad a los servicios públicos y su financiación, lo que unido a otras variables demográficas más acentuadas en estas zonas, como
el mayor envejecimiento de la población y la dispersión, ocasiona un problema de falta de seguridad.
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural estableció en su artículo 27 medidas concretas para aumentar la seguridad ciudadana:
'Artículo 27. Seguridad ciudadana.
Con el fin de incrementar la seguridad de los ciudadanos en el medio rural, el Programa podrá contemplar medidas para:
a) Promover planes de acción concertada para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana referidos específicamente al ámbito rural, facilitando la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de
Policía Local, y de estos entre sí.
b) Mejorar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener un adecuado nivel de seguridad de la población en las zonas rurales.
c) Ejecutar un plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de Acuartelamientos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la población a la que presta servicio en el medio rural.
d) Potenciar los sistemas de información y comunicaciones de la Guardia Civil destinados a la gestión operativa, en orden a mejorar el nivel de servicios que se presta a los ciudadanos en el ámbito rural.
e) Incrementar las actuaciones de protección al medio ambiente rural, reforzando las intervenciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y fomentando los instrumentos de colaboración entre las diferentes
Administraciones Públicas competentes.
f) Promover el desarrollo de planes de prevención y protección contra la violencia de género y el maltrato hacia las mujeres en el medio rural.'
Para la aplicación práctica de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, se aprobó el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de carácter plurianual, aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de
junio.
En 2021, el Gobierno aprobó el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico (2021-2023), integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un total de 130 actuaciones orientadas a luchar contra la despoblación. De estas
130 medidas solamente 10 afectan y de manera poco concreta a la seguridad ciudadana. Este Plan se encuentra afectado por la problemática general del desarrollo de los fondos europeos: falta de capacidad para la ejecución de las medidas, ineficacia
en los resultados pretendidos y falta de control en el reparto de los fondos para evitar la discrecionalidad.
Transcurridos más de 17 años desde la aprobación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, la despoblación continúa avanzando y con ello el aumento de la inseguridad ciudadana en el medio rural.
Es indudable el efecto negativo que la crisis económica iniciada en el 2008 tuvo para todos los territorios y para el conjunto de sectores públicos y privados, afectando negativamente al cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. Muchas de las medidas previstas para el desarrollo sostenible del medio rural no se han llevado a la práctica total o parcialmente, incluso después de la recuperación económica iniciada durante los años 2015-2017.
Sin embargo, podemos destacar que durante los momentos más duros de la crisis, en el año 2013, ante las dificultades económicas para mejorar la seguridad en el medio rural, el Gobierno del Partido Popular creó los 'Equipos Roca', unidades
específicas de la Guardia Civil para la lucha contra el robo en el campo. Su función se diseñó con la participación de las organizaciones sectoriales representativas, para incrementar la seguridad de las explotaciones agropecuarias mediante una
vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. Los 'Equipos Roca' han sido todo un éxito, acreditando una gran eficacia en la prevención y resolución de los delitos cometidos en el ámbito rural.
Una vez recuperada la senda de aumento de plantillas en la Guardia Civil, las vacantes de agentes en el medio rural siguen sin cubrirse ante la falta de incentivos para los guardias civiles, acreditando que el actual Gobierno no considera
prioritario la seguridad en el medio rural.
Desde el Grupo Popular consideramos imprescindible dotar de incentivos económicos y profesionales a los agentes de la Guardia Civil que opten por cubrir las vacantes en el medio rural y mantenerse en ellas.
De igual manera creemos que para el medio rural y para los pequeños municipios es una tragedia el cierre de cuarteles, pues supone una indudable pérdida de seguridad para sus habitantes. La clausura de puestos de la Guardia Civil continúa
llevándose a la práctica por el Gobierno durante los últimos años. Es urgente trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos para evitar el desmantelamiento de los servicios que la Guardia Civil
presta en los cuarteles del medio rural.
Por último, no debemos olvidar que el conjunto de la seguridad ciudadana se verá afectada de forma muy negativa por la Proposición de Ley de modificación sustancial de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que pone en serio peligro
la defensa de los derechos de la ciudadanía y el trabajo seguro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, perjudicando también al medio rural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar con carácter inmediato una serie de medidas para garantizar la seguridad en el medio rural:
1. Adoptar un compromiso público junto con el conjunto de las Administraciones Públicas autonómicas y locales, que obligue a no cerrar cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural e incluso estudiar la posibilidad de reapertura de los
clausurados en los últimos años.
2. Ejecutar en su totalidad un plan integral destinado a la construcción, rehabilitación y ampliación de Acuartelamientos de la Guardia Civil en el medio rural.
3. Crear los instrumentos y protocolos, negociados con los ayuntamientos, para que de forma práctica y efectiva se incremente la cooperación de la Guardia Civil con los Cuerpos de Policía Local, y de estos entre sí.
4. Reforzar de manera urgente, con medios materiales y humanos, los Puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local.
5. Reforzar los efectivos en los Cuarteles de la Guardia Civil de la España Rural afectados por la despoblación, dando prioridad a cubrir las vacantes de estas plantillas.
6. Utilizar de manera inmediata las vacantes del personal en reserva sin destino, para dotar de más agentes a la España Rural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García, Luis María Beamonte
Mesa, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Javier de Andrés Guerra, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Puy Fraga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una regla de explotación que
permita a los usuarios del trasvase Tajo-Guadiana (Tubería Manchega) su utilización, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, contemplaba la autorización de la derivación de recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura (ATS) para
el abastecimiento de la cuenta alta del río Guadiana, con un volumen medio anual derivado, computado sobre un período máximo de diez años, que no será mayor de 50 hectómetros cúbicos, que incluía las dotaciones previstas para el Parque Natural de
las Tablas de Daimiel.
En este sentido, debemos recordar que la Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivación de Volúmenes de Agua de la Cuenca Alta del Tajo, a través del Acueducto Tajo-Segura, con carácter experimental, con destino al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel establece que, durante tres años se puede derivar para las Tablas de Daimiel un volumen no superior a 60 hm3, sin que el volumen derivado en un año supere los 30 hm3 y sin que dicho caudal pueda ser utilizado para fines diferentes a los
de tipo medioambiental.
Tal y como recoge el informe de situación de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, estos trasvases se han realizado durante muchos años si superar los límites anuales y trienales.
Respecto al trasvase destinado al abastecimiento de la cuenca alta del Guadiana, han trascurrido muchos años hasta que el trasvase Tajo-Guadiana, más conocido como 'Tubería Manchega', ha sido puesto en funcionamiento recientemente. En abril
de 2022 se autorizó el envió de 3 hectómetros cúbicos para atender las necesidades para abastecimiento con motivo de las pruebas previstas en el proyecto de reparación y puesta a punto de la infraestructura y se han acordado diversas aportaciones
mensuales de caudales para abastecimiento urbano, que se han producido durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2023.
El plan hidrológico del Guadiana vigente, aprobado por Real Decreto 35/2023, identifican 49 núcleos que tienen asignados recursos de la cuenca del Tajo a través del acueducto Tajo-Segura. La situación actual es, según información de la
Comisión Central de Explotación, que sólo 37 disponen actualmente de la infraestructura necesaria para utilizar los recursos asignados, y sólo 12 de estos 37 municipios han formalizado el correspondiente convenio de colaboración para la prestación
del servicio de abastecimiento. Estos 12 municipios representan, de acuerdo con el plan hidrológico del Guadiana, un volumen total de 7,8 hm3/año.
El trasvase Tajo-Segura está regulado por un numeroso conjunto de disposiciones de diverso rango. De forma general, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 21/2015 y en el artículo único del Real Decreto
638/2021, en función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases, de forma conjunta para los 650 hm3
por año hidrológico que tiene autorizado (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).
En resumen, pese a que este trasvase para el abastecimiento de la cuenta alta del río Guadiana cuenta con una previsión legal que lo legitima (Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto), todavía no dispone de una regla de explotación propias
que articule su funcionamiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una Regla de Explotación específica para el trasvase Tajo-Guadiana (Tubería Manchega), que permita el desarrollo de esta infraestructura y que garantice seguridad jurídica en su
aplicación al conjunto de usuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Macarena Montesinos de Miguel, Julia Parra Aparicio, César Sánchez Pérez y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000336
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el cierre programado de la generación nuclear en España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 6 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre programado de la
generación nuclear en España, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto demográfico.
Exposición de motivos
El 6.º Plan General de Residuos Radioactivos, (PGRR), documento en el que se establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura
de las instalaciones nucleares, se aprobó en 2006 y debería haberse actualizado antes del 2015, de acuerdo con el calendario establecido por la Directiva 2011/70/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y
segura del combustible
nuclear gastado y de los residuos radiactivos. El citado Plan, contemplaba el cierre de las centrales nucleares en España al fin de 40 años de operación.
Sin embargo, las empresas titulares de las centrales y ENRESA llegaron a un acuerdo en marzo de 2019 mediante el cual, -según explicaba el Presidente de ENRESA en su comparecencia parlamentaria de 27 de Noviembre de 2022 ante la Comisión de
Transición Ecológica y Reto Demográfico-, se alargó la operación de los 40 años previstos en el Sexto Plan General a 45,7 años de media. Las nuevas previsiones de dicho acuerdo fueron asumidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) en la medida en que quedaron incorporadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 vigente.
Un año después, en marzo de 2020, con la difusión del primer borrador se iniciaba la tramitación del 7.º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que debía incorporar esos acuerdos al texto normativo nacional.
Sin embargo, desde la fecha de inicio del trámite de consulta pública, se han sucedido acontecimientos muy relevantes en el sector energético en general y en el sector nuclear en particular.
La pandemia de 2020 contrajo demanda y redujo precios en el mercado mayorista. Desde esa fecha, durante 2020 y 2021 se autorizó por el MITECO el cierre de la mayoría de las centrales térmicas de carbón existentes en España, lo que dejó al
gas de Ciclo Combinado como única tecnología para cubrir el 'hueco térmico' que da respaldo a la generación renovable intermitente o fluyente cuando no resulta suficiente para cubrir la demanda nacional.
Pero en 2021 se produjo un efecto rebote que generó problemas en las cadenas de suministro y un paulatino crecimiento de los precios del gas, que comenzó a trasladarse al sector eléctrico con máximos históricos de precios ya en enero de
2021, y de manera continua y recurrente desde Junio de ese año 2021.
Finalmente, la invasión rusa de Ucrania y las medidas sancionadoras acordadas en la UE respecto a la reducción de compras de gas ruso, intensificaron la emergencia y complicaron aún más la situación de España, que había perdido meses antes
su buena posición geopolítica respecto al gas más barato recibido de Argelia por gasoducto, al mismo tiempo que la denominada 'excepción ibérica' incentivó el consumo de gas para generación de Ciclo Combinado (un +25 % según la Agencia Internacional
de la Energía). De hecho, España no sólo redujo sus compras de gas ruso tras las sanciones de la UE, sino que lo aumentó.
Paralelamente a lo anterior, se producía el debate en la UE sobre el rol de la energía nuclear en las políticas de lucha contra el Cambio Climático, aprobándose finalmente su incorporación a la taxonomía verde, por tratarse de tecnología que
genera muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, con la oposición del Gobierno de España.
Ya entonces comienza a considerarse también el rol económico en el sistema eléctrico que puede despeñar la energía nuclear, ya sea con la extensión de las autorizaciones previstas para las centrales nucleares operativas, ya sea con la nueva
tecnología de los pequeños reactores nucleares modulares (SMR, por sus siglas en inglés).
Ese debate se incorpora también a las discusiones sobre la reforma del mercado eléctrico en la UE, evaluándose la posibilidad de que los llamados Contratos por Diferencias (CfDs), puedan emplearse no sólo para fomentar las energías
renovables, sino también la energía de generación nuclear. Esta posibilidad ha acabado admitiéndose finalmente en el acuerdo para la reforma del mercado eléctrico de la UE, -precisamente bajo la Presidencia de turno del Consejo Europeo que ha
ejercido España-, pese a la oposición inicial del MITECO.
Y es que el cierre de las centrales nucleares tiene un efecto económico en los precios del mercado mayorista eléctrico que supone un sobrecoste para los consumidores, porque deja de generarse energía nuclear barata y sin emisiones para ser
sustituida por energía térmica de gas, más cara y con emisiones. Hay que recordar, que el parque de generación nuclear produjo 54.276 GWh en 2023, lo que sirvió para atender el 20,3 % de la demanda nacional anual eléctrica. Y que oferta en el
mercado mayorista a precio cero, como carga base, por lo que contribuye decisivamente a rebajar el coste total que se foja con el diseño marginalista del mercado. Por otro lado, la producción eléctrica nuclear supone entre el 30 % y el 40 % de la
electricidad libre de emisiones generada en el país, evitando cada año la emisión a la atmósfera de unos 30 millones de toneladas de CO2.
En el Informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, de 19 de marzo de 2019, se estimaba entre 2.000 y 3.200 millones de euros anuales el sobrecoste por el cierre del parque nuclear existente.
Informes independientes más recientes, como el de la consultora AFRY y el think tank OIKOS, lo calculan en 22.600 millones de euros de sobrecoste y un incremento de emisiones equivalente a tres años de emisiones nacionales totales, con un
coste de 3.400 millones de euros.
El Congreso de los Diputados, en el Debate del estado de la Nación de celebrado entre el 12 y el 14 de julio de 2022, ya se ocupó de esta cuestión y aprobó una resolución que instaba al Gobierno a la extensión del plazo de cierre previsto
para las centrales nucleares españolas, aprobando la Resolución n.º 4, con un apartado cuarto con la siguiente redacción:
'4. Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a revertir el desmantelamiento de las centrales térmicas de generación eléctrica y prolongar la vida útil de las centrales nucleares, construir un almacén temporal centralizado de
combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca) y en cualquier caso, facilitar la utilización de todas las tecnologías disponibles para evitar la dependencia de una sola. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía
menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles.'
Sin embargo, el Gobierno ha desoído el mandato del Congreso y ha pretendido excusarse en que el cierre es fruto del acuerdo entre los titulares de las instalaciones y ENRESA, renunciando a cualquier medida de política regulatoria que permita
el aprovechamiento durante el mayor tiempo posible de esa energía barata y sin emisiones de gases de efecto invernadero.
En esta situación, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó por fin, el pasado 27 de Diciembre, el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos que confirma el cierre
nuclear y, en el mismo Consejo de Ministros, ha acordado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC). El Plan aprobado incluye, según Nota del MITECO:
- Cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035.
- Inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
- Continuidad de la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado en el 6o PGRR.
- Continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento, como ya estaba previsto
en el 6.º PGRR.
- Puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD
de cada central estará formado por su ATI más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje
de estar operativa.
- Almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP), que es la solución técnica que ya estaba prevista en el 6.º PGRR, asegurando un proceso previo de información y
participación pública.
La misma Nota del MITECO señala que 'dará cuenta de la aprobación del 7.º PGRR a las Cortes Generales y a la Comisión Europea' y que 'está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja
de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios'.
Pero, pese a que el Gobierno parece pretender cerrar el debate con varias declaraciones públicas de la Vicepresidenta Tercera y Ministra del MITECO, el sector nuclear denuncia que el Gobierno ha roto el acuerdo de cierre nuclear tras el
nuevo
incremento de la tasa para la gestión de los residuos radioactivos. El Protocolo de Intenciones en 2019 había acordado un aumento máximo del 20 % y el 7.º Plan aprobado lo elevará un 40 %.
Cuando se firmó el protocolo con ENRESA se calculaba una cantidad de 14.000 millones de euros para cubrir los costes del desmantelamiento y la gestión de los desechos, incluida la construcción de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de
residuos y las ya desmanteladas. Pero el MITECO ahora, con los cambios, anuncia que el 7.º PGRR prevé unos costes de 20.220 millones de euros.
Además, según denuncia Foro Nuclear, el Almacén Geológico Profundo (AGP) entraría en servicio en 2073, lo que implica que los emplazamientos nucleares no podrán liberarse hasta casi finales de siglo, por detrás de países europeos vecinos,
como Francia, Finlandia, Suiza y Suecia e incumpliendo las recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes de 2050.
Foro Nuclear recuerda también que la operación del parque nuclear español está alineado con la resolución aprobada en la reciente COP28, ya que contribuye a reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión
Europea, al mismo tiempo que a reducir la factura de la luz para familias y empresas. Y también a la financiación del propio Plan de residuos y desmantelamiento, ya que el tiempo adicional de operación de las centrales nucleares implica más fondos
disponibles en el Fondo Enresa.
Países como Estados Unidos, Canadá, Francia, República Checa, Finlandia, Hungría, Japón, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido, entre otros, han renovado su apuesta por la energía nuclear. Y entre los países que cuentan con parque
nuclear y han decidió cerrarlo, sólo se encuentran Alemania y España. Pero Alemania, mientras cierra nucleares, abre centrales térmicas de carbón incrementando emisiones pero, al menos, dando cobertura a la seguridad de suministro.
Y es que, como señalaba el Presidente de ENRESA en su comparecencia de 27 de noviembre de 2022 ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, el debate sobre la operación de las centrales nucleares
no es una cuestión técnica, ni de seguridad, sino de economía. Más recientemente, opiniones autorizadas han expuesto públicamente la conveniencia de una Subcomisión en el seno del Congreso de los Diputados para una evaluación de todas las
circunstancias que concurren en el cierre programado de los reactores nucleares españoles.
Por eso el Foro Nuclear crítica la fiscalidad que enfrentan las centrales nucleares, por excesiva, redundante, discriminatoria y no homogénea en comparación con otras tecnologías y avisa de que cualquier incremento adicional de tasas
comprometería la viabilidad económica de estas instalaciones, poniendo en peligro su contribución a la matriz energética nacional y a los objetivos ambientales.
Todo ello se produce, además, en un contexto en el cual, el PNIEC 2021-2030 con el que se dice alineado el 7.º PGRR, se encuentra en fase de revisión desde junio de 2022, que deberá presentarse a la UE antes del próximo 30 de junio de 2024 y
cuenta con un Borrador ya aprobado y sometido a consulta pública, que modifica sustancialmente los objetivos del PNIEC vigente.
Esta falta de alineamiento con la revisión del PNIEC, no sólo puede tener impacto económico negativo, sino que puede generar riesgos para la seguridad de suministro.
En la revisión del PNIEC que el Gobierno ha sacado a consulta, se contempla que en 2030 habrá 3.181 MW de energía nuclear instalada en las centrales que aún estarán abiertas a esa fecha, frente a los 7.117 MW actuales. Y las empresas
titulares ya han comenzado a advertir que es necesaria una adecuada sincronización de nuevo potencia y potencia que se clausura.
ENDESA ya ha advertido que el nuevo objetivo del PNIEC de instalar casi 10.000 MW de nuevas renovables al año es 'muy complejo' porque los operadores tienen que afrontar la escasez de materiales en la cadena de suministro y de recursos
humanos, en un contexto de costes financieros mucho más elevados por la subida de tipos de interés y con problemas de lentitud en la tramitación de expedientes para obtener permisos. Y añade, su preocupación la sensación de creciente rechazo de la
sociedad a la instalación de renovables.
Por su parte, Iberdrola España ha manifestado que el almacenamiento es clave para cumplir con el plan de cierre de las nucleares, así como la ejecución de las inversiones en instalaciones que van a reemplazar a la energía nuclear que va a
salir paulatinamente del sistema eléctrico. Y, sin embargo, el desarrollo del almacenamiento en España está lejos de cumplir los objetivos previstos a día de hoy de la versión del PNIEC 2021-2030, mucho menos ambiciosos.
Y, además, ese significativo incremento de potencia renovable que se contempla en la revisión del PNIEC, debe financiarse. Como debe financiarse también el mecanismo de reserva de capacidad para mantener la potencia de Ciclos Combinados,
que lleva desde 2021 como borrador de Orden Ministerial que no acaba de terminar de ser aprobada. Y es que un cierre, por falta de viabilidad económica, de parte de los 26.000 MW de potencia instalada de Ciclos Combinados, todavía haría más
necesaria la energía nuclear. Hay que recordar, que el parque de generación nuclear produjo 54.276 GWh en 2023, lo que sirvió para atender el 20,3 % de la demanda nacional anual eléctrica.
A ese contexto de incertidumbre en relación con la planificación y la posibilidad de cumplimiento de los plazos de manera sincronizada, se añade la falta de actualización de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, que establece la
necesidad de contemplar todas las fuentes de energía para una cierta garantía de suministro, a precios competitivos, dentro de un modelo sostenible, precisamente para mitigar los riesgos geopolíticos para nuestra seguridad nacional, en materia
energética. La Estrategia de Seguridad Nacional, de 2017 prevé la revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015 y la Orden PCM/1029/2020, de 30 de octubre, publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se
aprueba la revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional conforme al procedimiento que figura como anexo a este acuerdo. En el Informe de 2021 se señala como próximos pasos, entre otros, 'actualizar la Estrategia de Seguridad
Energética Nacional que fue elaborada en 2015, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. La nueva estrategia recogerá las medidas del nuevo paquete normativo de la UE y los objetivos de política energética del
PNIEC'. Pero en el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2022, aprobado ya el borrador de revisión del PNIEC vigente, no hay ninguna referencia a la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, ni a su revisión ni actualización ni se fijan los
próximos pasos. En definitiva, la Estrategia de Seguridad Nacional vigente desde 2015, no contempla ni el Informe de la Comisión de Expertos de 19 de marzo de 2019, ni el PNIEC 2021-2030, ni la pandemia de 2020, ni la crisis en las cadenas ni
suministro, ni los problemas con Argelia y su gas, ni el cierre de nuestras centrales térmicas de carbón, la invasión rusa de Ucrania que desencadenaron la emergencia energética de 2021 y 2022, ni la revisión del PNIEC en trámite. Y, acordada su
revisión por el Gobierno el 30 de octubre de 2020, sigue sin realizarse dicha revisión de una Estrategia totalmente desactualizada.
Por otro lado, no debe olvidarse que toda la nueva potencia, reserva de capacidad y almacenamiento previsto en la revisión del PNIEC, debe financiarse con recursos públicos y privados.
La Comisión Europea (CE) ya ha publicado una evaluación de los borradores de PNIEC de otros países de la UE, y en el caso de España, pese a que el borrador del PNIEC actualizado incluye una evaluación de las necesidades de inversión para
implementar políticas y medidas planificadas, sin embargo, falta información sobre cómo movilizar la inversión pública e inversiones privadas. También señala Bruselas que, aunque el plan reconoce la importancia de la flexibilidad y respuesta a la
demanda, sería beneficioso establecer las principales metas y objetivos para esta dimensión que incluya indicadores de seguimiento.
La CE también llama la atención sobre el hecho de que en investigación, innovación y competitividad, la mayoría de los objetivos y las medidas no están suficientemente cuantificadas y carecen de financiación específica para su
implementación. Hay que recordar que es el Capítulo en el que deben incluirse las medidas relacionadas con el Reglamento UE de la Ley de Industria Cero Emisiones Netas, que incluye también la relacionada con la energía nuclear. En ese sentido,
conviene recordar que en España el
conjunto de la industria nuclear da trabajo a unas 28.500 personas, más de 8.500 de ellas de forma directa, y tiene un impacto significativo tanto en el Producto Interior Bruto -al que aporta unos 3.000 millones de euros anuales- como en la
balanza exterior. El impacto de la industria nuclear tiene un efecto multiplicador de entre tres y cuatro euros generados por cada euro invertido y en las comarcas nucleares se ha generado a lo largo del tiempo una red de empresas locales que
completa y complementa a las empresas de mayor tamaño.
Además, como se señala en la Monografía de Foro Nuclear sobre la Industria Nuclear Española, la variedad tecnológica de las centrales españolas y la experiencia acumulada en su operación han dotado al conjunto de la industria y sus expertos
una versatilidad y adaptación, muy apreciadas internacionalmente. En la actualidad, numerosas empresas españolas están presentes en más de 40 países, tanto en el desarrollo de nuevas centrales como en la operación de las ya existentes, lo que
supone que entre el 60 % y el 80 % de la actividad del sector nuclear español está dedicada a la exportación.
Una muestra de lo anterior es la noticia de que el Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de España se postula para presidir el Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG), pero dado el marcado carácter antinuclear del
Gobierno de España y del Ministerio de Transición Ecológica, parece contradictorio que sea el regulador español, quien dirija el grupo europeo de reguladores, además de que debería afrontar una gran carga de trabajo, quizás incompatible con la
responsabilidad de presidir ENSREG, para garantizar con total seguridad los procedimientos del desmantelamiento nuclear en España propiciado por el Gobierno.
En definitiva, es necesaria una reevaluación urgente de la situación del parque nuclear. La posible extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, exigiría poner en marcha en los próximos meses el trámite preceptivo ante el
Consejo de Seguridad Nuclear, para llegar a tiempo de poder ser aprobada antes del cierre programado para el reactor de Almaraz I en 2027.
El Gobierno tiene prevista la parada de la unidad Uno de la producción de la Central Nuclear de Almaraz para el año 2027 y, de la unidad Dos, para el año 2028, y, por tanto, será la primera de las cinco que cierre sus puertas a la producción
de energía eléctrica en España después de la aprobación del PNIEC. Cuenta con una potencia instalada en torno a 2.100 MW y una producción en el año 2021 de más de 15.000 GWh, siendo la primera, a mucha distancia de la siguientes, en producción de
energía en Extremadura, situándose en el 61,63 % del total de los más de 24.000 GWh de energía producida en Extremadura en el año 2021. Además, es el motor más importante de la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de Extremadura, con una
generación de empleo de más de 800 puestos de trabajo directos y más de 2.100 indirectos, con una importante aportación económica al PIB de Extremadura.
El cierre de esta central nuclear supone un serio varapalo a la economía de la comarca de campo arañuelo y de Extremadura, por su importancia en el empleo y la generación de riqueza local. España no se puede permitir, al menos en varias
décadas, prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares, y mucho menos de Almaraz, que como todos los indicadores de seguridad demuestran, es la más segura de España y la más productiva. Por ello, no sorprende el Acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento de Almaraz, en sesión celebrada el día 13/11/2023 y comunicado al este Congreso de los Diputados, de apoyo a la continuidad de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, que este Grupo Parlamentario Popular apoya.
Situación similar se produce en Cataluña. Hoy mismo, 15 de Enero, se publica información en el diario digital 'El Español' que llama la atención sobre como la cercanía del cierre nuclear y la falta de inversión verde amenazan el suministro
eléctrico en Cataluña, -que cuenta en su territorio con tres reactores (Asco I, Asco II y Vandellós II), que en 2022 suministraron el 57 % de la electricidad de Cataluña-, ya que desde 2015 únicamente se han puesto en operación 38 MW de energía
fotovoltaica y 107 MW de eólica.
Incluso la elevación de la tasa por encima de los limites pactados en su día con ENRESA sin modificar el plazo previsto para el cierre, puede comprometer la viabilidad económica de la operación de los reactores actuales, poniendo en riesgo
llegar a agotar el cumplimiento de los plazos previstos para el cierre y la seguridad del suministro del sistema.
A la vista de todo lo relatado, es evidente la utilidad de una reevaluación de los elementos que llevaron a acordar el Protocolo de Intenciones de marzo de 2019 entre las empresas afectadas y ENRESA y las ventajas que supondría para la
competitividad, la seguridad del suministro y la reducción de emisiones del sistema eléctrico, a fin de que puedan aprobarse las medidas de política regulatoria más adecuadas para hacer posible la extensión de la vida útil de las centrales nucleares
operativas en España.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que, en el plazo máximo de tres meses:
1.º Acuerde de manera inmediata una moratoria sobre el cierre nuclear programado, habilitando los cambios normativos adecuados para que los titulares de las instalaciones puedan instar en tiempo útil ante el Consejo de Seguridad Nuclear el
procedimiento para la prórroga de sus autorizaciones, en plenas condiciones técnicas y de seguridad.
2.º Determine las medidas regulatorias más adecuadas para facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones que decidan acogerse a la moratoria, garantizando que contribuyen a contener o rebajar el precio del mercado eléctrico,
fortalecer la seguridad de suministro y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
3.º A los efectos, del apartado anterior, solicite informes a los organismos especializados de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE) y del gestor de la red de
transporte (REE) en los que se evalúen el impacto económico en el mercado eléctrico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la seguridad del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del PNIEC.
4.º Traslade al Congreso de los Diputados el 7.º Plan General de Residuos Radioactivos, acompañado de un Informe de ENRESA sobre impacto de dicho Plan en los compromisos y estimaciones contenidos en el Protocolo de cierre ordenado de las
centrales nucleares suscrito con sus empresas titulares en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares a fin de que sus alegaciones queden recogidas en dicho Informe.
5.º Adopte las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas.
6.º De traslado de todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas
consideraciones.
7.º Dé cuenta al Congreso de los Diputados de todo lo resuelto en relación con los apartados anteriores, al objeto de su debate y, en su caso, aprobación en la Subcomisión de Estudio que a tal efecto se constituirá en el Congreso de los
Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000359
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la transferencia de activos inmobiliarios de la SAREB a Galiza para su gestión, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se creó en el año 2012 para gestionar los activos tóxicos de la banca con un capital de 4.800 millones de euros. Además de capital del sector privado,
esta sociedad contó con una fuerte inyección de capital del Estado a través del FROB, que llegó al 45 %. La SAREB también emitió deuda por valor de 50.000 millones que fue avalada por el Estado.
Una operación que formó parte del conjunto de actuaciones que se pusieron en marcha en la crisis económica de 2008 para el saneamiento del sector financiero con dinero público y que supuso destinar más de 70.000 millones de las arcas
públicas al rescate de la banca mientras la población se vio sometida a los mayores recortes económicos y sociales que se recuerden.
El 18 de enero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de
junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con
el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. Esta nueva norma permitió modificar el régimen jurídico de la SAREB y que el FROB adquiriera y mantuviera la participación mayoritaria en el
capital social así como tomar el control de los órganos sociales.
De este modo, el Estado mantiene miles de activos inmobiliarios en manos de la SAREB, que podría convertirse en un valioso instrumento para mejorar la oferta de vivienda pública y de alquiler social justo en un contexto de importante
encarecimiento de la vivienda, de escasez de vivienda de protección pública y de contracción del mercado del alquiler. Desde el BNG creemos que la intervención pública en el mercado de la vivienda es básica para desarrollar políticas públicas que
faciliten el acceso igualitario a la vivienda, especialmente de jóvenes, personas y familias con menos recursos.
Sin embargo, la gestión desenvuelta por la SAREB está muy lejos de servir al interés público y al bien colectivo. En muchas ocasiones la SAREB ha actuado como una inmobiliaria al uso e incluso se ha asemejado a los fondos buitre intentando
presionar a vecinos y vecinas para que dejasen sus viviendas. Contrariamente a lo que se espera de una entidad participada por el Estado, la SAREB actúa como una promotora privada.
Podemos ejemplificarlo con las situaciones que se han dado en Galiza, dónde se han producido numerosos casos de amenazas y presiones por parte de la SAREB a los inquilinos para desalojarlos de edificios en Narón, Burela, Ares o en Vigo.
Presiones que han ido desde el corte de suministros, a la negativa a un correcto mantenimiento de los inmuebles o el recurso a la vía judicial e intentos de desahucio. Vecinos y vecinas que han sido objeto de un auténtico acoso, sufrido un total
desamparo e indefensión, algo incomprensible en el modo de proceder de una entidad con una fuerte participación pública.
En varias ocasiones a lo largo del año 2023 y de este mismo año, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta a disposición de 100.000 viviendas de la SAREB para destinarlas a alquiler social siendo consciente de la mala
gestión que dicha
entidad estaba haciendo y de su poca o nula aportación a un sistema de vivienda social pública. En esta materia la actuación de la SAREB es un fracaso.
En ejercicios anteriores, se habían realizado otros anuncios e incluso la tramitación de Convenios para la cesión de viviendas sociales de la SAREB a bajos precios para familias vulnerables o con bajos recursos económicos, sin embargo, no
consta su materialización. De hecho, en Galiza el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) apenas ha firmado acuerdos con la SAREB para el traspaso de viviendas.
La realidad es que, en todos estos años, el Gobierno del Estado no se ha preocupado por otorgarle una perspectiva social y pública a la SAREB cuando uno de los principales problemas que tiene la población del Estado, y una de sus principales
preocupaciones es el acceso a la vivienda y las dificultades para acceder a una vivienda digna a precios razonables. El veloz encarecimiento de la vivienda es una línea roja para millones de personas.
En Galiza la SAREB mantiene en cartera más de 4.000 inmuebles, entre viviendas y otros efectivos. Consideramos que una forma de contribuir a que Galiza disponga de más vivienda social, sería transfiriendo los activos de la SAREB a la Xunta
para poder incorporarlos a una bolsa de viviendas e inmuebles destinados a la promoción de vivienda pública o alquiler social.
Es una demanda perfectamente asumible dado que la SAREB ya firmó convenios con administraciones locales y autonómicas para la cesión temporal de algunos de dichos inmuebles para alquiler social. Creemos que la cesión temporal no es la
solución adecuada puesto que las políticas quedarían condicionadas por la posibilidad futura de que la entidad pretenda recuperar los activos, sacarlos a subasta pública y venderlos. Defendemos la transferencia completa a la administración gallega.
En definitiva, demandamos que se movilice el parque de viviendas vacías que están en manos de la SAREB para destinarlas a vivienda social o vivienda de protección oficial. Para ello, consideramos necesario que se transfiera la titularidad
de todas las viviendas e inmuebles situados en Galiza para su gestión por la Xunta.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a transferir a la Xunta los activos inmobiliarios en manos de la SAREB (viviendas, suelos y promociones) situados en Galiza para que los órganos competentes en materia de vivienda
asuman la gestión, administración y planificación de los activos consistentes en viviendas o suelo urbanizable con el objetivo de crear una bolsa de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, así como a las personas y
familias con mayores dificultades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á transferencia de activos inmobiliarios da SAREB á Galiza para a súa xestión para o seu debate na Comisión de Vivenda e Axenda Urbana.
Exposición de motivos
A Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (SAREB) creouse no ano 2012 para xestionar os activos tóxicos da banca cun capital de 4.800 millóns de euros. Ademais de capital do sector privado, esta sociedade
contou cunha forte
inxección de capital do Estado a través do FROB, que chegou ao 45 %. A SAREB tamén emitiu débeda por valor de 50.000 millóns que foi avalada polo Estado.
Unha operación que formou parte do conxunto de actuacións que se puxeron en marcha na crise económica de 2008 para o saneamento do sector financeiro con diñeiro público e que supuxo destinar máis de 70.000 millóns das arcas públicas ao
rescate da banca mentres a poboación viuse sometida aos maiores recortes económicos e sociais que se lembren.
O 18 de xaneiro de 2022 o Consello de Ministros aprobou a Real Decreto-lei 1/2022, do 18 de xaneiro, polo que se modifican a Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de entidades de crédito; a Lei 11/2015, do 18 de
xuño, de recuperación e resolución de entidades de crédito e empresas de servizos de investimento; e o Real Decreto 1559/2012, do 15 de novembro, polo que se estabelece o réxime xurídico das sociedades de xestión de activos, en relación co réxime
xurídico da Sociedade de Xestión de Activos procedentes da Reestruturación Bancaria. Esta nova norma permitiu modificar o réxime xurídico da SAREB e que o FROB adquirise e mantivese a participación maioritaria no capital social así como tomar o
control dos órganos sociais.
Deste xeito, o Estado mantén miles de activos inmobiliarios en mans da SAREB, que podería converterse nun valioso instrumento para mellorar a oferta de vivenda pública e de aluguer social xusto nun contexto de importante encarecemento da
vivenda, de escaseza de vivenda de protección pública e de contracción do mercado do aluguer. Desde o BNG cremos que a intervención pública no mercado da vivenda é básica para desenvolver políticas públicas que faciliten o acceso igualitario á
vivenda, especialmente de mozas, persoas e familias con menos recursos.
Con todo, a xestión desenvolvida pola SAREB está moi lonxe de servir ao interese público e ao ben colectivo. En moitas ocasións a SAREB actuou como unha inmobiliaria ao uso e mesmo se asemellou aos fondos voitre tentando presionar a veciños
e veciñas para que deixasen as súas vivendas. Contrariamente ao que se espera dunha entidade participada polo Estado, a SAREB actúa como unha promotora privada.
Podemos ejemplificarlo coas situacións que se deron na Galiza, onde se produciron numerosos casos de ameazas e presións por parte da SAREB aos inquilinos para desaloxalos de edificios en Narón, Burela, Ares ou en Vigo. Presións que foron
desde o corte de subministracións, á negativa a un correcto mantemento dos inmóbeis ou o recurso á vía xudicial e intentos de desafiuzamento. Veciños e veciñas que foron obxecto dun auténtico acoso, sufrido un total desamparo e indefensión, algo
incomprensíbel no modo de proceder dunha entidade cunha forte participación pública.
En varias ocasións ao longo do ano 2023 e de leste mesmo ano, o Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou a posta a disposición de 100.000 vivendas da SAREB para destinalas a aluguer social sendo consciente da mala xestión que dita
entidade estaba a facer e da súa pouca ou nula achega a un sistema de vivenda social pública. Nesta materia a actuación da SAREB é un fracaso.
En exercicios anteriores, realizáronse outros anuncios e mesmo a tramitación de Convenios para a cesión de vivendas sociais da SAREB a baixos prezos para familias vulnerábeis ou con baixos recursos económicos, con todo, non consta a súa
materialización. De feito, na Galiza o IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) apenas asinou acordos coa SAREB para o traspaso de vivendas.
A realidade é que, en todos estes anos, o Goberno do Estado non se preocupou por outorgarlle unha perspectiva social e pública á SAREB cando un dos principais problemas que ten a poboación do Estado, e unha das súas principais preocupacións
é o acceso á vivenda e as dificultades para acceder a unha vivenda digna a prezos razoábeis. O veloz encarecemento da vivenda é unha liña vermella para millóns de persoas.
Na Galiza a SAREB mantén en carteira máis de 4.000 inmóbeis, entre vivendas e outros efectivos. Consideramos que unha forma de contribuír a que a Galiza dispoña de máis vivenda social, sería transferindo os activos da SAREB á Xunta para
poder incorporalos a unha bolsa de vivendas e inmóbeis destinados á promoción de vivenda pública ou aluguer social.
É unha demanda perfectamente asumíbel dado que a SAREB xa asinou convenios con administracións locais e autonómicas para a cesión temporal dalgúns dos devanditos
inmóbeis para aluguer social. Cremos que a cesión temporal non é a solución adecuada debido a que as políticas quedarían condicionadas pola posibilidade futura de que a entidade pretenda recuperar os activos, sacalos a poxa pública e
vendelos. Defendemos a transferencia completa á administración galega.
En definitiva, demandamos que se mobilice o parque de vivendas baleiras que están en mans da SAREB para destinalas a vivenda social ou vivenda de protección oficial. Para iso, consideramos necesario que se transfira a titularidade de todas
as vivendas e inmóbeis situados na Galiza para a súa xestión pola Xunta.
a transferir á Xunta os activos inmobiliarios en mans da SAREB (vivendas, chans e promocións) situados na Galiza para que os órganos competentes en materia de vivenda asuman a xestión, administración e planificación dos activos consistentes
en vivendas ou chan urbanizábel co obxectivo de crear unha bolsa de vivenda pública destinada a facilitar o acceso á vivenda a mozas, persoas e familias con maiores dificultades.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a transferir á Xunta os activos inmobiliarios en mans da SAREB (vivendas, chans e promocións) situados na Galiza para que os órganos competentes en materia de vivenda asuman a xestión,
administración e planificación dos activos consistentes en vivendas ou chan urbanizábel co obxectivo de crear unha bolsa de vivenda pública destinada a facilitar o acceso á vivenda á mocidade, así como ás persoas e familias con maiores
dificultades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Cultura
161/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre bonificaciones para el traslado de materiales de los deportistas canarios, sea tramitada en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Asimismo, dar traslado del acuerdo a las Comisiones de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Cultura,
al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm 50, de 14 de diciembre de 2023.
161/000324
A la Mesa de Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección, promoción y el impulso de la Red de Caminos de Guadalupe, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Red de Caminos a Guadalupe está constituida por 12 caminos procedentes de todos los puntos cardinales de la Península Ibérica, uniendo importantes ciudades de varias provincias (Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real y Madrid) y tres
Comunidades Autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid):
- Camino Real (desde Madrid, incluido el ramal Titulcia-Aranjuez-Toledo).
- Camino de los Montes de Toledo (desde la ciudad de Toledo).
- Camino de la Jara (desde Calera y Chozas, Toledo).
- Camino de Cabañeros (desde Alcoba de los Montes, Ciudad Real).
- Camino de Levante (desde Sacaruela, Ciudad Real).
- Camino de los Mineros (desde Almadén, Ciudad Real).
- Camino Mozárabe (desde Monterrubio de la Serena, Badajoz).
- Camino Romano (desde Mérida).
- Camino Visigodo (desde la Vía de la Plata, a la altura de Alcuéscar, Cáceres).
- Camino de los Descubridores (desde Cáceres y Trujillo).
- Camino de Monfragüe (desde Plasencia).
- Camino de los Jerónimos (desde el Monasterio de Yuste, Cáceres).
El origen histórico de todos estos caminos procede de la época del Rey Alfonso XI de Castilla, impulsor de la construcción inicial del Monasterio de Guadalupe en el año 1337, lo cual hizo que se creara una red de corredores culturales y
naturales que dio lugar a un nutrido conjunto de patrimonio arquitectónico y de tradición oral, inmaterial, que aún es posible localizar.
En el año 2009, el Gobierno impulsó un proyecto de cooperación interterritorial denominado 'Itinere 1337'. Estaba formado por 17 grupos de acción local que lograron la recuperación de los 12 caminos de peregrinación al Monasterio de
Guadalupe y pusieron en valor estos corredores como ecos culturales, ejes de ordenación territorial y motores para el desarrollo de las comarcas rurales que los conectan, creándose, así, la Red de Caminos a Guadalupe, que en la actualidad se utiliza
y se sigue promocionando.
En 2021, aprovechando que fue Año Santo Guadalupense, se constituyó la Asociación Red de Cooperación de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe, entidad sin ánimo de lucro, conformada por Ayuntamientos, entidades privadas, Grupos de Acción
Local y asociaciones, cuyos objetivos son los siguientes:
1. Promover el desarrollo de los Caminos históricos de peregrinación a Guadalupe como producto cultural, turístico y económico.
2. Promover la incorporación a la Red de la capitales, ciudades, instituciones y organismos vinculados con los Caminos históricos de peregrinación a Guadalupe.
3. Solicitar apoyos para la cooperación interterritorial a las administraciones regionales, central y Unión Europea.
4. Crear con carácter inmediato la Oficina Técnica de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe que deberá desarrollar las iniciativas acordadas en asamblea por los representantes de las ciudades, municipios, instituciones y
organismos.
5. Crear y mantener un FORO permanente en el que las ciudades, empresas, administraciones, universidades y otras instituciones y colectivos interesados puedan
analizar, debatir, proponer y participar en las múltiples iniciativas que han de surgir en torno a los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe.
6. Acceder a programas formativos y desarrollo de proyectos culturales de índole regional, nacional y europea que incidan en el desarrollo turístico, cultural y económico, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y
trabajos culturales y turísticos en red, en consonancia con la exigencia de los nuevos tiempos.
7. Planificar actuaciones turísticas y de difusión de imagen conjunta, que se corresponda con los intereses de los miembros de esta Asociación.
8. Participar y colaborar activamente con los planeamientos de las Comunidades Autónomas y de la Administración Turística del Estado en este territorio.
9. Representar al colectivo de esta Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, en cuantos proyectos, convenios, acuerdos o similares de carácter público o privado se orienten al cumplimiento de estos
objetivos y fines.
Esta Red de Cooperación de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe es la mejor estrategia para conjugar el objetivo común y compartido de todos los territorios por los que pasan los doce caminos, que necesitan el impulso, la promoción y el
desarrollo armónico de todos ellos, para que sea una verdadera oportunidad de desarrollo para los pueblos, ciudades y comarcas que conforman los diferentes itinerarios, contribuyendo con ello a combatir la despoblación del medio rural y generándose
un nuevo producto turístico diferenciado e integrador, denominado 'Caminos a Guadalupe' que ha de sustanciarse en la colaboración público-privada y la participación de todos los actores, también del Estado. Así ha sido y ha ocurrido con proyectos
muy similares como el Camino de Santiago, los Caminos del Cid o la ruta del emperador Carlos V, todas ellas impulsadas y coordinadas a través de entidades público-privadas, con implantación territorial y con objetivos comunes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los diputados insta al Gobierno a proteger, promocionar e impulsar la Red de Caminos a Guadalupe mediante las siguientes actuaciones:
1. Continuar protegiendo e impulsando iniciativas que permitan la promoción de los Caminos de Peregrinación a Guadalupe como producto cultural, turístico y económico.
2. Hacer partícipe al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), en el ámbito de sus competencias, en la futura difusión y promoción de los Caminos de Guadalupe en las Oficinas Españolas de Turismo para su apoyo a la comercialización del
producto cultural y sus destinos turísticos.
3. Difundir los distintos programas y convocatorias de ayudas que permiten transformar y modernizar el sector turístico, impulsados por la Secretaría de Estado de Turismo, entre las entidades locales y diputaciones que conforman la Red de
Cooperación de los caminos históricos de peregrinación a Guadalupe con el objetivo de aprovechar todo su potencial como destino turístico y cultural.'
Palacio Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Marc Lamuà Estañol, Luis Carlos Sahuquillo García y Mercedes González Fernández, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prevenir los malos usos de la inteligencia artificial en convocatorias
públicas culturales y creativas, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La irrupción de los múltiples softwares de inteligencia artificial y su popularización entre el gran público ha producido nuevas situaciones muy relevantes con especial afectación al mundo de la cultura.
En los últimos meses, en nuestro país, hemos asistido a múltiples casos en los que se ha promovido desde instituciones públicas el uso de inteligencia artificial para desarrollar 'creaciones' audiovisuales, tales como carteles, cómics y
otros tipos de imágenes o animaciones. Este tipo de actuaciones, en su inmensa mayoría bienintencionadas, ahondan en la percepción de que estas herramientas -tal como hoy existen- son capaces de producir creaciones originales y que podemos usarlas
sin vulnerar los derechos de los creadores, en especial sus derechos de autor.
Sabemos que, hoy por hoy, eso es imposible. Los softwares de inteligencia artificial que tenemos a la disposición del público general basan su aprendizaje en la utilización masiva de datos existentes para poder, a partir de ellos, generar
nuevos elementos. La falta completa de trazabilidad de los elementos utilizados para las nuevas creaciones implica necesariamente unas flagrantes vulneraciones de las normas existentes de copyright, y, en consecuencia, un perjuicio evidente a los
derechos de autor que sobre sus obras -usadas por la IA- tienen los autores y autoras.
Empezamos a conocer casos, además, en que programas de IA generativa han sido usados para competir en convocatorias de instituciones públicas de tipo artístico para la confección de elementos gráficos como carteles, logotipos y otros
materiales ¡lustrados o audiovisuales. Algunos de esos casos con un alcance preocupante por la efectividad en el uso y resultados de los elementos gráficos generados a partir de herramientas de inteligencia artificial, que sin duda permiten -con
suma facilidad y sin ninguna necesidad de habilidades técnicas- poder participar de manera masiva en este tipo de convocatorias. De tal modo que adulteran las convocatorias y la competencia leal entre los participantes, afectando de esa manera, no
solo a nuestros creadores sino también a la percepción legitimadora del uso de estas herramientas para fines no deseados.
Este tipo de software usa, por lo tanto, parámetros extraídos directamente de contenido creado originalmente sin referirse a ello y obviando todo reconocimiento del original y sus creadores. A día de hoy esto no es admisible -por ejemplo-
en ninguno de nuestros ámbitos académicos, en donde desde hace años usamos todas las herramientas a nuestro alcance para evitar el plagio, y además el mal uso de las creaciones originales de autores y autoras está perfectamente tipificado.
Por el contrario, estamos atendiendo de manera reiterada a distintas actuaciones en entidades e instituciones de carácter público donde se da carta de naturaleza a las imágenes generadas a través de inteligencia artificial como un recurso de
creación original, cuando a todas luces no es así y debemos actuar responsablemente desde todas las instituciones públicas para que así quede constatado de manera clara y nítida. Más que cualquier otro tipo de institución, las públicas, deben tener
un especial celo en delimitar el uso recreativo y personal que puedan tener los usuarios de las múltiples inteligencias artificiales que hoy existen en el mercado, con el uso fraudulento de imágenes y composiciones generadas -que vulneran de manera
flagrante por el método de creación ya detallado- en competición con el trabajo original de creadores y creadoras.
Creemos que nuestras instituciones públicas y las convocatorias de carácter cultural vinculadas a la ilustración y el audiovisual que gestionan, deben ser especialmente ejemplares en desterrar el uso fraudulento de las herramientas de IA
para competir en ellas con la consiguiente adulteración de una concurrencia competitiva entre nuestros creadores.
Consideramos que debe seguirse la senda marcada en la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, también en materia de inteligencia artificial generativa y que este tema sea abordado con la posible
creación de alguna autoridad o agencia regulatoria en la materia de IA en España. En este sentido también consideramos interesante el desarrollo de un sello de calidad ética y verde para los algoritmos (ethical by design & green by design), con el
fin de garantizar el progreso seguro y ético de la inteligencia artificial dentro de un marco normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, incluidos los de la creación.
Entendemos que por la novedad, la cantidad de información que de manera desordenada nos bombardea constantemente sobre la inteligencia artificial, la falta de normativas generales sobre sus usos y el natural desconocimiento ante un fenómeno
tan novedoso, debemos poder dar a nuestras instituciones públicas marcos de acción y buenas prácticas para que así podamos ser ejemplares desde el sector público ante las situaciones que esta nueva tecnología está generando en nuestros sectores
culturales y creativos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se cree desde los ministerios pertinentes, previa escucha a los sectores implicados, un documento de buenas prácticas y recomendaciones para el conjunto de las instituciones públicas respecto a la introducción y gestión de la
presencia de la IA en convocatorias públicas referidas a creaciones culturales, con especial atención a ilustraciones, elementos gráficos y audiovisuales, para evitar la adulteración de los mismos así como la vulneración de los derechos de autor de
creaciones originales, en línea con las exigencias del Reglamento Comunitario de Servicios Digitales.
2. En coordinación con las comunidades autónomas, crear un marco claro para establecer las limitaciones necesarias, de acuerdo con la legislación europea existente, en garantía de los derechos de propiedad intelectual de los creadores,
acerca de los usos de la inteligencia artificial, con especial atención al uso que de ella pueden hacer las instituciones públicas en su trabajo habitual y cómo evitar la promoción errónea de la IA como una herramienta de creación original.
3. Adquirir el compromiso en todas las Administraciones Públicas de apoyar a los creadores, artistas y personas que trabajan en la cultura en el marco que ofrecen las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, contribuyendo al
avance y progreso, integrando las nuevas tecnologías en los procesos creativos, sin olvidar el principio fundamental de garantizar la protección jurídica y laboral de los creadores y artistas, así como una justa remuneración de su trabajo en toda la
cadena de valor y el respeto y promoción de sus derechos de propiedad intelectual.
4. Incorporar las especificaciones de la cultura y el uso e impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo del todo el sector en el futuro diseño de los mecanismos de evaluación de la Agencia Española de Supervisión de la
Inteligencia Artificial.'
Palacio Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000351
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento e impulso al 'Daroca & Prisión Fest', para su debate en
la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Centro Penitenciario de Daroca desarrolla, desde el año 2005, una intensa actividad cultural dirigida a la formación e integración de sus internos. El denominado Daroca & Prisión Film Fest ha supuesto la culminación del propio taller de
cine del centro penitenciario existente desde 2005, que ha realizado numerosos y exitosos cortometrajes, seleccionados y premiados en festivales de cine del exterior, como el Festival de cine de Zaragoza o el Festival de cine de Fuentes de Ebro,
entre otros.
Este taller de cine ha sido, asimismo, galardonado en el año 2010 con el Premio Ámbito Aragonés en la 8.ª edición del Festival 'Cine y Salud' del Gobierno de Aragón. De este modo, los internos aficionados al Séptimo Arte podían participar
en todas las fases de creación y valoración de una obra audiovisual, y desde todas las perspectivas posibles, en este mundo tan integrador de las culturas, tan colectivo -pues el cine se realiza por un equipo- y tan culturalmente exigente (todo lo
cual crea un inmejorable ambiente de trabajo entre todos): desde la escritura de un guión, la actuación, la realización técnica, el montaje y postproducción. Y, desde 2012, gracias al Festival de Cine de Daroca, los internos también podían
participar en el visionado y votación de cortometrajes, como miembros del jurado que otorgaba los Premios del Público del festival.
La presentación en sociedad del Daroca & Prisión Film Fest (www.festivalcinedaroca.com) tuvo lugar el lunes 18 de junio de 2012 en la Sala de prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza. En dicho acto estuvieron presentes representantes
del Ayuntamiento de Daroca, la Comarca 'Campo de Daroca' y del Centro penitenciario de Daroca. De la organización del Festival se hicieron eco diversos medios de comunicación: TVE, RNE, Aragón TV, Cadena SER, Aragón Radio, Heraldo de Aragón y El
Periódico de Aragón, entre otros. Se recibieron un total aproximado de 90 cortometrajes procedentes de 12 países, de los que se seleccionaron 40 para ser exhibidos en abierto en internet. Desde aquella primera edición se han batido récords en cada
una de las siguientes ediciones.
La edición del año 2023 ha supuesto no sólo una consolidación del éxito mediático de años anteriores, sino que además se han superado todas las cifras de audiencia en internet, tanto a nivel de visionados como en cuanto al número de
cortometrajes presentados a concurso, un total de casi 800 cortometrajes enviados desde más de 60 países de los cinco continentes. Grandes productoras y distribuidoras de cortometrajes han puesto sus ojos sobre nuestro Festival, enviándonos
trabajos en algunos casos ganadores de Premios Goya, Cannes y Óscar.
Asimismo, año a año, el Festival enraíza más fuertemente con la población y la empresa darocense, al incorporarse a su patrocinio diversas entidades y empresas colaboradoras. Todo lo anterior ya da una idea de la enorme difusión y éxito
alcanzados a través de Internet. La Ciudad de Daroca, su industria, empresa, cultura y arte, ha disfrutado durante las diez ediciones del Festival de un magnífico trampolín digital cinematográfico para mostrar al mundo lo mucho que tiene que
ofrecer.
Pero lo que ha supuesto el mayor orgullo para la organización del Festival ha sido comprobar la total implicación y entusiasmo participativo de los y las darocenses así como de los internos del Centro penitenciario en todas las actividades,
conferencias, talleres de creación audiovisual, rodajes y galas de inauguración y de clausura del Festival, arropando a los diversos cineastas, escritores, artistas y estrellas homenajeadas que nos acompañaron a lo largo de los días de su
celebración en Daroca.
El Festival ha recibido, asimismo, el reconocimiento expreso de otros festivales, como el Premio especial 'Bocina de Piedra' concedido por las Jornadas de Cine mudo de Uncastillo. Se ha rendido homenaje a destacadas estrellas del ámbito
cinematográfico y audiovisual, que han participado en el rodaje de un sketch de comedia junto a los internos del Taller de Cine del Centro penitenciario, compartiendo con ellos momentos inolvidables: Paula Ortiz, M.a José Moreno, Fernando Conde,
Jordi Grau, José Litante, Antón García Abril, Carmen París, Marianico el corto, Oregón TV, Borja Cobeaga, Miguel Ángel Lamata, Jorge Sanz, Fernando Esteso, Luisa Gavasa y Guillermo Montesinos.
En la undécima edición del Festival en 2022 se crearon, además de los Premios Oficiales habituales (al mejor corto de Ficción; al mejor corto Documental; Premio Joven nacional a menores de edad; Premio 'Muy Interesante' al mejor
documental científico; y al mejor corto realizado por internos de centros penitenciarios), dos nuevos premios: al mejor corto 'Aragonés' de Ficción y Documental, que constituye un particular homenaje y reconocimiento al sector audiovisual
aragonés. Ello supondrá, en clara lógica, un notable incremento en las ya importantes cifras de audiencia, difusión y participación del Festival, implicando un evidente enriquecimiento para la vida cultural de los y las darocenses e internos del
centro penitenciario, catapultando la imagen y el nombre de Daroca, y consolidando la fama, seriedad y rigurosidad de este gran certamen.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, reforzar, en coordinación con el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza, el reconocimiento y la labor del Centro Penitenciario de Daroca (Zaragoza) en la organización del Daroca &
Film Fest a través de su presentación en la línea de ayudas de organización de festivales y certámenes cinematográficos, de concurrencia competitiva, que convoca anualmente el Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) del
Ministerio de Cultura para la organización de Festivales, y apoyar la difusión y publicidad del festival mediante su solicitud de inscripción en el catálogo de festivales identificados por el ICAA, así como en sus distintas redes sociales,
comunicando sus actividades (fechas de inicio, programación, etc.) para que se difunda ampliamente través de las redes sociales del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Víctor Javier Ruiz de Diego y Marta Gracia Blanco, Diputados.-Begoña Nasarre Oliva, Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000353
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley de rechazo a la censura y defensa de la libertad de producción y creación
literaria y artística, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La política cultural tiene un papel primordial para la salud de nuestra democracia. Conviene recordarlo cuando precisamente asistimos a un resurgimiento de numerosos casos de censura contra artistas y creadores desde una variedad de
administraciones locales y autonómicas coincidiendo con la llegada de la ultraderecha a dichos gobiernos. A la censura se suman además prácticas de injerencia política, con numerosos ceses en la dirección de centros e instituciones culturales por
motivos políticos sin respetar los
contratos ni la estabilidad de los proyectos en desarrollo, así como nombramientos sin concurso público y sin transparencia.
Asimismo, en los últimos meses se han censurado obras de teatro por razones ideológicas, como el Orlando de Virginia Woolf en Valdemorillo (Madrid) porque el protagonista cambia de género, la Santa Teresa de Paco Becerra porque no se
comparte el punto de vista del dramaturgo, NUA: radiografía d'un Trastorn de Ann Perelló en Palma de Mallorca por motivos inexplicables, El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca en Briviesca (Burgos) porque el protagonista era un
maestro republicano fusilado durante la guerra civil, La Infamia de Lydia Cacho en Toledo porque la autora y protagonista denuncia las redes de pederastía y funda refugios para las víctimas de la violencia de género en México, o ¡Qué difíciles! en
Quintanar de la Orden (Toledo) porque los actores aparecen en ropa interior, entre otros ejemplos. Se censuran hasta películas de Disney como Lightyearen Bezana (Cantabria) porque dos mujeres se dan un beso. Se retiran cinco revistas de la
biblioteca municipal de Borriana (Castellón) por el mero hecho de estar escritas en catalán. Se han denigrado a autores de la talla de Miguel Hernández, cuyo premio literario internacional ha sido dejado sin fondos por el Ayuntamiento de Orihuela
(Alicante), o de Almudena Grandes cuyo nombre ha sido borrado de la principal Biblioteca de La Rioja, o de José Antonio Labordeta cuya fundación se quedó sin la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza. Se han eliminado eventos culturales por
razones políticas, como el Festival Periferias al que ha renunciado el Ayuntamiento de Huesca a pesar del éxito de sus 23 ediciones y de convertirse en referencia de la cultura de vanguardia en España.
Son ejemplos de censura previa e injerencia política, en los que se pretende imponer el pensamiento único, demonizando los valores de igualdad y del respeto al diferente y trasladando el odio al feminismo, a la diversidad afectivo-sexual, a
la diversidad étnico-cultural, en suma, el odio a los valores de una sociedad moderna europea del siglo XXI.
Nuestra Constitución Española en su artículo 20 recoge la libertad de producción y creación literaria y artística entre los derechos y libertades fundamentales y, por tanto, con el mismo nivel de protección. Garantizar y proteger dicha
libertad es un deber de los poderes públicos y un compromiso ineludible con la democracia frente a la tendencia iliberal que pretende una retrocesión generalizada de los derechos humanos.
La censura es por tanto un problema que no atañe únicamente a las personas trabajadoras de la cultura, sino a la sociedad en su conjunto. El sector cultural es un sector estratégico de país, y la cultura es un derecho esencial de todas y
todos. Por ello, la política cultural es una política social de Estado, y una política útil en pro de los derechos humanos y de sociedades justas, libres e igualitarias.
En esa línea, debemos proteger los derechos culturales que ya fueron establecidos en 1948 en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
'1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.'
En la comunidad internacional y en el ámbito de análisis de los derechos culturales ya se está alertando y trabajando al respecto de la censura y la injerencia política. Tanto desde el Consejo de Europa como por parte de la UNESCO, que en
su Informe 2022 en el marco de seguimiento sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en su bloque 4 'Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales', expresa:
'La libertad artística abarca la libertad de crear, así como los marcos y estrategias de derechos económicos y sociales que deben existir para que los artistas puedan realizar un trabajo digno y contribuir plenamente al desarrollo de las
sociedades.'
En ese sentido, las prácticas censoras aprovechan la vulnerabilidad de diversos sectores culturales, tanto del lado de la creación y producción como de la programación y gestión cultural pública, instaurando un clima de intimidación cuyo
objetivo, como primer paso de una agenda de transformación social, es la autocensura. Y sin embargo, muchas personas trabajadoras de la cultura, incluso con su trabajo en riesgo, siguen denunciando estas prácticas y reivindicando la libertad y la
democracia. Ante ello, los representantes de la ciudadanía no podemos dejarlas solas.
Todo Gobierno y toda institución cultural debe trabajar para proteger y garantizar los derechos culturales, situando en el centro la libertad de creación y producción y, con ello, el respeto a la diversidad de las expresiones culturales, el
acceso igualitario y con criterios de vertebración territorial a los bienes y servicios y a la participación en la vida cultural, las buenas prácticas en la gestión cultural pública, y la promoción de condiciones materiales que propicien la
sostenibilidad y dignidad del trabajo cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, en su compromiso con los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Española, defiende la libertad de producción y creación literaria y artística frente a toda censura institucional e
injerencia política.
Asimismo, se insta al Gobierno a promover las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad de producción y creación literaria y artística, respetando la diversidad de las expresiones culturales e impulsando
medidas para garantizar las buenas prácticas en la gestión cultural pública, y la promoción de las condiciones materiales que contribuyan a la sostenibilidad y dignidad del trabajo cultural; todo ello en coordinación con las Comunidades Autónomas y
entidades locales competentes en la materia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Jorge Pueyo Sanz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000364
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del desarrollo de un
Plan Nacional de Flamenco, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
España cuenta con una herramienta cultural muy poderosa, por la que se nos reconoce como país. Una expresión cultural única que traspasa fronteras, el flamenco. La inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 16 de noviembre de 2010 es la confirmación de su importancia, materializada por su incorporación al acervo cultural de muchos otros pueblos de España y del mundo.
Este género español, nacido en Andalucía, especialmente en las zonas de Cádiz y sus puertos, San Fernando, Jerez de la Frontera (donde se encuentran los primeros escritos), Sevilla, con grandes pueblos referentes como Lebrija, Utrera o
Mairena, Huelva, Granada y Córdoba, así como en la región de Murcia, Castilla la Mancha y Extremadura, se ha
extendido por todo el país y traspasado fronteras. Si hay algo por lo que se conoce a España a nivel internacional es el flamenco, pues lleva la identidad y cultura españolas allá donde se baila, se escucha y se canta.
El flamenco es historia y arte, además de industria cultural. Es una pieza clave de la marca España en el mundo y también una manifestación singular del patrimonio cultural andaluz y pilar de riqueza de nuestra tierra.
Un sector que factura unos 600 millones de euros y proyecta la imagen de Andalucía y España, y como muestra el aumento de exportaciones de la moda flamenca que crece hasta alcanzar los 864 millones en 2022, con un aumento interanual del 22
%.
El flamenco es uno de los activos más importantes de las industrias culturales de España. Es un generador de valor añadido, creación de empleo y parte del patrimonio cultural intangible de carácter estratégico para el país.
Los estudios económicos sobre la riqueza económica que genera el flamenco en la región -realizados por la Universidad de Cádiz en 2010-, aseguran que el turismo que mueve esta actividad cultural se sitúa en torno a las 700.000 personas al
año en Andalucía y produce unos ingresos totales de casi 600 millones de euros. El grueso de los turistas se decanta por asistir a actuaciones de baile, un 22,8 %, pero un 25,7 % lo que prefiere es la oportunidad de ir a cursos y clases, seguida
del teatro flamenco, 15,8 %, y el cante, 19,4 %.
Sin embargo, pocos análisis y estudios se desarrollan sobre esta importante actividad cultural y económica, impidiendo el desarrollo de políticas nacionales eficaces para el impulso del flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras.
En España se dispersan concursos de talento joven como el que anualmente desarrolla la escuela de la Fundación Cristina Heeren o como la primera edición de 'flamenco talent' convocado en 2022 por la Junta de Andalucía. También ocurre con
bienales como la de Sevilla y festivales como el de Jerez, Huelva, el de las Minas o el Potaje Gitano de Utrera, que data de 1957 y constituye el festival más antiguo de flamenco. Fue fundado por la Hermandad de los Gitanos de Utrera como una
celebración realizada tras la primera salida procesional de la madrugada del Viernes Santo y sirvió de modelo para otros tantos festivales de música andaluza: la Caracolá de Lebrija (desde 1966), el Gazpacho Andaluz en Morón (1963), el Festival de
Cante Jondo de Mairena del Alcor (1962) o la Yerbabuena de Las Cabezas. En 1967, el Potaje de Utrera fue declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La indudable fuerza turística y empresarial en la Comunidad de Madrid y Cataluña hacen que el flamenco sea referente en la oferta de artes escénicas.
En el ámbito educativo, en España se puede encontrar formación relacionada con el flamenco en el Grado en Música, en las Enseñanzas Artísticas de Danza, y también de nivel de máster y cátedras. De nivel de máster existen varios títulos
oficiales, a lo largo de toda la geografía del país, especializados en flamenco. Uno de ellos es el Máster Oficial de Enseñanzas Artísticas de Interpretación en Flamenco de Música Creativa, qué profundiza en la interpretación de esta disciplina de
forma específica para cada rama instrumental desde un punto de vista práctico, moderno y de fusión con otros estilos.
En la Escuela Superior de Música de Cataluña se imparten el Máster en Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Flamencología. Varias universidades andaluzas cuentan con así mismo con cátedras en flamenco, como por ejemplo la Cátedra
de Flamencología de la Universidad de Málaga, Córdoba o Sevilla. La Universidad de Cádiz colabora con la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos de Jerez para dar impulso a las actividades de estudio y divulgación del conocimiento del
flamenco. La Universidad Complutense de Madrid ofrece el Máster propio en Flamenco dirigido especialmente a titulados superiores de Conservatorios de música y danza, o a quienes hayan estudiado Historia y Ciencias de la Música, Musicología o el
Grado en Música y tengan interés por el flamenco. Incluye prácticas en empresas e instituciones de reconocido prestigio vinculadas con el flamenco, y las clases están impartidas por maestros y profesionales del flamenco e investigadores de primer
nivel.
En el ámbito legislativo en España por primera vez, en 2023, se aprobó en el Parlamento Andaluz, la Ley 4/2023, de 18 de abril, Andaluza del Flamenco, que tiene
como finalidad establecer un régimen jurídico para salvaguardar esta manifestación cultural, adoptando medidas para su protección, conservación, difusión e investigación, junto a su promoción para su práctica como bien social y como
patrimonio cultural inmaterial de Andalucía. Iniciativas de este tipo fortalecen la industria cultural más genuina y singular de Andalucía y asegurar su transmisión a las generaciones futuras.
Por toda la importancia cultural, social y económica es necesario desarrollar un plan nacional de flamenco que proteja e impulse esta expresión artística por la que se conoce y reconoce a España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un plan nacional de flamenco, para la promoción e impulso del flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, donde se desarrollen entre otras acciones:
- Desarrollar desde el Ministerio de Cultura los informes y estudios necesarios que permitan conocer el impacto cultural, social y económico del flamenco en nuestro país, así como la evolución del sector y del público.
- Impulsar los festivales y las giras de artistas flamencos dentro y fuera de España.
- Incluir a los tablaos flamencos y las peñas como espacios escénicos que puedan acceder a las ayudas de modernización y exhibición de espectáculos, si cumplen las condiciones para ello.
- Impulsar la elaboración una guía de festivales, certámenes, bienales y espacios escénicos, como tablaos, teatros o peñas, con la finalidad de difundir lugares y establecer calendarios públicos para poder disfrutar del flamenco en España.
- Desarrollar, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acciones que permitan la proyección internacional de las empresas relacionadas con el flamenco a través del ICEX, así como el impulso de
acciones de promoción y difusión, y el desarrollo educativo del flamenco a través de los centros del Instituto Cervantes.
- Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las Comunidades Autónomas, y el sector diversas unidades didácticas para incorporar el flamenco en los contenidos educativos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los
Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000341
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para regular la inteligencia artificial para proteger a los más vulnerables, para
su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
La inteligencia artificial (IA) es un asunto colectivo que ya forma parte de nuestra cotidianeidad, tanto que se ha convertido en un elemento clave de transformación social, educativa, cultural, económica, industrial, jurídica y empresarial
sin precedentes. Implica conocimiento, aporta valor añadido y puede ayudar a afrontar los desafíos presentes y futuros de nuestras sociedades. Ahora bien, dado el cambio de paradigma que supone y el alcance y la velocidad de sus impactos, puede
generar exclusión, desigualdad, nuevas brechas y nuevos delitos.
Como asunto colectivo que es, parece lógico que los estados tengan herramientas para evaluar el comportamiento ético de la IA, así como una legislación que la regule, con el objetivo de desarrollar una IA fiable, explicable, transparente e
inclusiva, centrada en la ciudadanía y como proyecto social compartido al servicio del desarrollo personal y de un crecimiento económico social, inclusivo y sostenible. Ello plantea un claro desafío normativo de todos los Estados a escala global,
puesto que determinados usos de estos sistemas de IA están afectando a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La Unión Europea no es ajena a este desafío y aprobará en los próximos meses la primera ley integral sobre Inteligencia Artificial del mundo, porque según la Comisión Europea, para que la IA ayude a encontrar soluciones a los problemas de
nuestras sociedades, debe desarrollarse y utilizarse en un marco que merezca la confianza de los ciudadanos.
Ya en 2017, el Comité Económico y Social Europeo emitió un informe 45 sobre la IA en el defendía un enfoque basado en el control humano, que se conservara en todo momento el dominio sobre los sistemas de IA, y en el que se pedía, además, que
se elaborase un código deontológico donde se estableciera que los sistemas de IA funcionasen y se desarrollasen bajo los principios sobre los que se fundamenta el Tratado de la Unión Europea: la dignidad humana, la integridad, la libertad, la
democracia, la privacidad, la diversidad cultural y de género, así como el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo los de las minorías.
En esta misma línea, la Comisión Europea propone nuevas normas para garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, éticos e imparciales y estén supervisados por personas, en lugar de por la automatización,
para evitar resultados perjudiciales. Entre otros, uno de los objetivos de la Comisión es desarrollar un marco político para garantizar la confianza en los sistemas de IA, lo que exige acciones legislativas decididas. Esta es la clave para el
Parlamento Europeo en la ley integral sobre Inteligencia Artificial: garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente.
En cuanto a nuestro país, el pasado día 27 septiembre 2023, la Comisión Europea publicó su nuevo 'Informe de la Década Digital 2023' en el reconoce el liderazgo de España en IA ética y en la promoción de los derechos digitales, a través de
Carta de Derechos Digitales y con la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pionera en la UE.
En este escenario, España está en una posición privilegiada para empezar a liderar el proceso de regulación de la IA. Y el momento es ahora, más teniendo en cuenta algunos de los últimos acontecimientos sociales que ha puesto de manifiesto
el mal uso de aplicaciones basadas en sistemas de IA, poniendo de relieve la urgencia de actualizar nuestro marco normativo, profundizando en los mecanismos de protección.
La realidad es que nuestro Código Penal ya recoge en su texto normativo la mayoría de las acciones tipificadas, puesto que no nos encontramos -al menos, de momento-, ante unos sistemas de IA autónomos y, por consiguiente, el uso que se le da
a estas aplicaciones basadas en generadores de IA depende todavía de la acción humana. Pero es obligación del legislador y de los poderes públicos promover que estos sistemas sean seguros y no vulneren derechos fundamentales ni afecten a la
seguridad. En concreto, deben establecerse mecanismos que fomenten la transparencia en el acceso y uso de los datos y eviten la discriminación automatizada por la introducción de datos o algoritmos
45 CESE (2017): Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad.
sesgados que puedan afectar a cuestiones como la raza, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social, en línea con lo dispuesto tanto ene I Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA)
como con el Reglamento de Datos de la Unión Europea (Data Act).
Pero no solo debe buscarse la respuesta penal, sino que conductas que pueden erosionar el derecho fundamental al honor con vulneración de su derecho a la integridad moral y a la propia imagen, es un escenario totalmente propicio para que los
sujetos creadores puedan ser sancionados, aunque no pudieran serlo porque no tengan edad para tener responsabilidad penal. En estos casos, nos encontramos frente a un supuesto que debe ser tutelado a través de la responsabilidad civil y/o
administrativa.
Ello debe ir unido al fomento de campañas de concienciación social, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas, en la que se informe y se forme a la ciudadanía sobre las oportunidades, los beneficios, los riesgos de la IA,
así como las implicaciones y repercusiones sociales, económicas, jurídicas o éticas tiene su uso. En resumen, la IA debe pensarse, diseñarse y negociarse, y requiere un pacto social para su gobernanza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la:
1. Regulación de la Inteligencia Artificial:
a) Establecer, en el ámbito de la Unión Europea y aprovechando el contexto de la Presidencia Española del Consejo de la UE, un marco jurídico sólido y fiable para una Inteligencia Artificial humanista, que proteja adecuadamente los derechos
y las libertades fundamentales de las personas y la dignidad humana, considerando las particularidades de un mundo digital, que tenga en consideración los objetivos éticos y democráticos del bien común y el interés general al desarrollo de la IA y
que garantice la inclusión y el bienestar social.
b) Continuar impulsando y desarrollando la Carta de Derechos Digitales tanto a nivel nacional como internacional, con atención especial a los menores, los colectivos más vulnerables, a las neurotecnologías, las nuevas realidades inmersivas
en plataformas y la inteligencia artificial generativa, con el objetivo de lograr una digitalización humanista, respetuosa con los derechos y valores democráticos, que contribuya a la cohesión social, cerrando las brechas sociales: de edad, de
género, de raza u origen, territoriales o de discapacidad.
c) Seguir avanzando en la puesta en marcha de los mecanismos de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con el fin de disponer de una autoridad para garantizar la protección de los derechos y valores democráticos,
así como el alineamiento de los algoritmos con las exigencias del Reglamento Comunitario de Servicios Digitales.
d) Dotar a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial de mecanismos para evaluar el impacto social de la IA, de manera que promueva los valores humanistas, que vele por el bienestar social a través de un marco ético que
garantice los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, y potencie una IA inclusiva y sostenible, como vector transversal para afrontar los retos sociales presentes y futuros.
e) Apoyar la creación de mecanismos de supervisión de algoritmos a nivel europeo e impulsar la creación de una Agencia Internacional de Regulación de la Inteligencia Artificial.
f) Fortalecer los medios de que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de justicia para perseguir con efectividad las conductas constitutivas de infracción y vulneración de derechos penalmente
perseguibles.
2. Información y formación temprana:
a) Seguir con la mejora de las competencias digitales, así como la educación basada en tecnologías digitales y en ciencias, ingenierías y matemáticas que debe comenzar en una etapa temprana y seguir siendo accesible a lo largo de todas las
etapas de la vida.
b) Promover la información y formación necesaria a fin de que el uso de la IA se realice sin sesgos de género y con respeto a la dignidad de las personas.
3. Concienciación colectiva, prevención pública y uso adecuado en el acceso de los menores:
a) Aprovechar los mecanismos de concienciación existentes e impulsar nuevos, con la implicación de todas las Administraciones públicas, que desarrollen el pensamiento crítico para combatir la desinformación y el uso de contenidos no
adecuados según las edades de los usuarios de la IA, así como un uso ético y responsable.
b) Impulsar planes de acción y de seguimiento continuo contra la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana, la estabilidad de las instituciones democráticas, así como a la libertad de expresión y la
pluralidad.
c) Asimismo, se creará un grupo de trabajo para articular unas pautas de comportamiento adecuado en el acceso de los menores a las redes sociales, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y problemas que pueden surgir en su uso, especialmente
para la salud mental y, sobre todo, con la finalidad de informar en cuanto a la protección y garantías de sus derechos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Luisa Sanz Martínez, Pedro Casares Hontañón, Joaquín Martínez Salmerón, Alberto Rojo Blas, Gonzalo Redondo Cárdenas, Trinidad Carmen Argota Castro, Alicia Álvarez González, Ferrán
Verdejo Vicente, Adriana Maldonado López, Valle Mellado Sierra y José Antonio Rodríguez Salas, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad
161/000327
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de los cuidados paliativos en el proceso final de la vida, para su discusión en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Primero. Definición de los cuidados paliativos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos son una forma de mejorar 'la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual
inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. (...) Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o
espiritual' 46.
46 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detaiI/palliative-care
La misma entidad ha alertado en los últimos tiempos de la necesidad de incrementar el acceso a los cuidados paliativos en todo el mundo 47. Según sus propios cálculos, cada año hasta 56,8 millones de personas en el globo precisan de estos
servicios sanitarios 48.
En este sentido, un estudio de 2019 que analizaba el desarrollo de la medicina paliativa en 198 países concluía que el 24 % (47 países) no tenían actividad paliativa conocida, un 33 % (65) sólo contaba con servicios aislados de asistencia
paliativa y un escaso 15 % (30) tenían los servicios de cuidados paliativos plenamente integrados en sus servicios sanitarios 49.
En España, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 215.388 personas necesitan este tipo de atención cada año 50. Sin embargo, según datos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación
Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL), en nuestro país hasta 80.000 personas mueren anualmente sin poder haber accedido a la medicina paliativa al final de sus vidas 51. Estos datos demuestran una realidad palmaria: aún queda
mucho por hacer en España en lo relativo a la introducción de la medicina paliativa en los sistemas nacionales de salud.
Segundo. Fundamentación constitucional de los cuidados paliativos.
En un plano jurídico, el derecho a recibir cuidados paliativos se sustenta, por un lado, en el artículo 15 de la Constitución Española ('CE'), a cuyo tenor 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral'. El derecho a la
vida, insertado en lo más profundo de la naturaleza humana y prius ontológico de cualquier otro derecho que un ordenamiento jurídico pueda regular, es un derecho que se perpetúa durante toda la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte
natural.
Así, el referido precepto supone, como ocurre con otros derechos fundamentales, el establecimiento de una doble exigencia a los poderes públicos: por un lado, las Administraciones deben abstenerse de lesionarlo; por otro, se encuentran
vinculadas por la obligación positiva de garantizar su eficacia a través de un adecuado sistema legal de protección.
Además, la CE proclama en su artículo 10.1 que 'la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden
político y de la paz social', interpretándose el espíritu de este precepto como un mandato de proteger la dignidad de la persona y asegurar su derecho a vivir con dignidad, también durante el proceso final de su vida.
Asimismo, la CE reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar que se consagra en el artículo 18.1, aplicable también durante el proceso final de la vida del paciente, y el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud,
encomendando a los poderes públicos 'organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios', añadiendo que 'la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto'.
No obstante, a pesar de que, tal y como se ha expuesto supra, la Constitución estableció las bases para que en España se pudiera erigir con todas las garantías el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos, las Cortes Generales,
sin debate social, sin consultar a las sociedades científicas y con la oposición del Grupo Parlamentario
47 En 2014 se aprobó la resolución 67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud por medio de la cual se instó a la OMS y a los Estados miembros a reforzar el acceso a los cuidados en apoyo del fortalecimiento integral de los sistemas de salud,
con especial énfasis en la atención primaria, la atención comunitaria y domiciliaria y los programas de cobertura universal. Ver en línea: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R19-sp.pdf
48 https://www.who.int/es/news/item/05-10-2021-who-takes-steps-to-address-glaring-shortage-of-quality-palliative-care-services#:~:text=Los%20cuidados%20paliativos%20mejoran%201a,al%20final%20de%201a%20vida.
49 Clark, D., Baur, N., Clelland, D., Garralda, E., López-Fidalgo, Connor, S. y Centeno, C. (2019) Mapping Levels of Palliative Care Development in 198 Countries: The Situation in 2017. Ver en línea:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31760142/
50 https://observatorio.contraelcancer.es/sites/default/files/informes/Situacion cuidados paliativos.pdf, p. 24.
51 https://www.epe.es/es/sanidad/20221010/medicos-q ueian-hay-plazo-nueva-76933263
al que pertenecen los diputados que firman esta iniciativa parlamentaria, aprobó la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia en lugar de una norma en materia de cuidados paliativos.
Tercero. Los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.
Durante la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Comité de Bioética de España discutió y aprobó por unanimidad de sus miembros un informe sobre el
final de la vida y la atención en el proceso de morir. El texto tenía por objetivo reflexionar sobre el fenómeno de la eutanasia en el marco de la tramitación parlamentaria de la norma y ejercer con responsabilidad su labor consultiva en materia
bioética.
En las conclusiones, el Comité argumentó contra la concepción de la eutanasia como un derecho subjetivo y una prestación pública: 'Y ello no solo por razones del contexto social y sanitario, sino, más allá, por razones de fundamentación
ética de la vida, dignidad y autonomía. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y
atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera
autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo. Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de
desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra' 52.
Los miembros del Comité Bioética de España llegaron a calificar este supuesto avance social como 'un retroceso de la civilización' 53 y propusieron como alternativa más compasiva y humana acogerse a la medicina paliativa: '[lograr] la
efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debiera constituir, ética y socialmente, el camino a
emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública' 54.
Por su parte, la SECPAL, principal entidad en defensa de la universalización de los cuidados paliativos en España, expresó el pasado 26 de enero de 2024 durante la celebración de la I Jornada de SEMPAL para Residentes la necesidad de
extender una red de cuidados paliativos aún 'insuficiente' 55. En este sentido, argumenta que 'no tenemos estandarizada esta forma de atención, pese a que ya hay clara evidencia científica de que cuando existen estos equipos disminuye la
hospitalización, hay menos procedimientos invasivos y mejora la calidad de vida' 56.
Cuarto. La situación de la medicina paliativa en España.
A pesar de lo anterior, la pasividad de los gobiernos del PSOE y el PP respecto a la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, que se encuentra sin actualizar desde 2014, ha puesto de manifiesto una absoluta falta de
interés en la disciplina de la medicina paliativa y, por tanto, en el bienestar de los pacientes que la necesitan.
Tristemente, los datos que ofrece la última edición del Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa 57, correspondiente a 2019, sitúan a España en el puesto 31 de 51 países en el
52 https://comitedebioetica.isciii.es/wp-content/uploads/2023/10/Informe-CBE-final-vida-y-la-atencion-en-el-proceso-de-morir.pdf
53 Ibid.
54 Ibid.
55 https://www.secpaI.org/Ia-red-de-cuidados-paliativos-es-insuficiente-en-espana-para-la-atencion-en-el-final-de-la-vida-que-concentra-el-50-del-gasto-sanitario/
56 Ibid.
57 Arias, N.; Garralda, E.; Rhee, J.Y. ; et al. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019. Vilvoorde: EAPC Press, 2019. Ver en línea: https://hdl.handle.net/10171/56787
ámbito europeo. Según este estudio, España únicamente contaría con 260 servicios de cuidados paliativos, muy por detrás de países de nuestro entorno como Alemania (914), Reino Unido (860), Francia (653) e Italia (570).
Además, en términos relativos España también está lejos de sus vecinos: hay 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, al mismo nivel de naciones como Georgia (0,6) o Rumania (0,6) y por debajo de países como Portugal
(0,9), Albania (0,9) o Hungría (1,1). España se sitúa, igualmente, por debajo de la media europea (0,8).
Tal falta de acceso a los cuidados paliativos evidencia, por otra parte, la existencia de una clara desigualdad entre los españoles según su lugar de residencia. Así, según un informe de 2014 de la AECC sobre la situación de los cuidados
paliativos en España, sólo dos regiones de España cumplen con la ratio mínima de una unidad básica de cuidados paliativos por cada 80.000 habitantes 58.
Todos estos datos confirman que España se encuentra lejos de su verdadero potencial en materia de cuidados paliativos, y que la atención a los enfermos en este sentido es claramente deficitaria. Tal es así que el doctor Eduardo Bruera,
director del departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson Cáncer Center, el mayor centro de cuidados paliativos de Estados Unidos, dijo en una entrevista que España jugaba en segunda división a pesar de
contar con excelentes especialistas en medicina paliativa, disciplina que describe con tintes quijotescos: 'Y digo yo que los cuidados paliativos son una especialidad quijotesca, porque, donde uno ve un molino de viento en un tumor de páncreas o en
una insuficiencia cardíaca, el médico paliativista ve un arquitecto de 40 años, con dos hijos, que está sufriendo porque no va a verlos crecer. Sin duda hay un cierto contenido quijotesco, sí. Y justamente por ello es responsabilidad moral de
nuestros líderes apoyarlo' 59.
Avanzar hacia ese ideal no es sólo un deber para con los pacientes sino una obligación moral derivada de ese derecho natural y jurídico que es la vida, amén de procurar el bien común entre los españoles, criterio fundamental por el que se
deben dirigir los poderes públicos en sus actuaciones y objetivos.
Quinto. Conclusiones.
Todos los especialistas en cuidados paliativos tienen clara una cosa: la inmensa mayoría de los pacientes no quieren morirse, sino que quieren vivir y sufrir menos. Ahí entran en juego los cuidados paliativos: la medicina paliativa ayuda
a aliviar el sufrimiento físico, a acompañar, a cuidar humanamente hasta los últimos instantes vitales al paciente y su familia, tratando su enfermedad y sus necesidades desde la singularidad propia de cada ser humano y con la mayor consideración
hacia su dignidad como persona.
En julio de 2023, la SECPAL publicó un decálogo sobre cómo desarrollar la disciplina de los cuidados paliativos en España. Hasta ahora, la evolución de los cuidados paliativos ha sido un proceso 'lento, incompleto y ha generado numerosas
desigualdades entre los ciudadanos', según reza el manifiesto 60. Para avanzar hacia el objetivo de lograr una medicina paliativa más completa y al alcance de todos aquellos pacientes que lo necesitan, la SECPAL propone, entre otras cosas, aprobar
una ley nacional de cuidados paliativos que dé solución a la desigualdad territorial existente en el acceso a la medicina paliativa; cumplir con las ratios recomendadas de unidades de cuidados paliativos; impulsar el desarrollo de la
especialización de profesionales en cuidados paliativos y establecer como asignatura obligatoria los cuidados paliativos en los grados de Medicina y en todos aquellos de la rama de las Ciencias de la Salud.
En definitiva, los poderes públicos tienen una deuda pendiente con los pacientes que precisan de cuidados paliativos al final de sus vidas. Es tarea de todos avanzar por esa senda en pro del bien común, de la dignidad y salud de todos los
españoles, especialmente los más vulnerables.
58 https://observatorio.contraelcancer.es/informes/informe-de-la-situacion-actual-en-cuidados-paliativos
59 https://www.aceprensa.com/ciencia/medicina/los-cuidados-paliativos-son-una-especialidad-quijotesca/
60 https://www.secpal.org/wp-content/uploads/2023/07/decaloeo-defensa-y-desarrollo-cuidados-paliativos.pdf
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias dirigidas a:
1. Aprobar una Ley de Cuidados Paliativos que reconozca el derecho a recibir cuidados paliativos y garantice y promueva una adecuada atención física, emocional y espiritual en el proceso final de la vida.
2. Crear una especialidad médica de Cuidados Paliativos que garantice la formación de expertos altamente capacitados dentro del Sistema Nacional de Salud.
3. Actualizar la Estrategia de Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud.
4. Impulsar la enseñanza obligatoria de una asignatura de cuidados paliativos en todos los grados universitarios de Medicina y del resto de los pertenecientes a la rama de las Ciencias de la Salud.
5. Promover la derogación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-David García Gomis, Tomás Fernández Ríos y Rocío de Meer Méndez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en materia de memoria democrática en el ámbito de la universidad, la ciencia y la
investigación para su debate en la Comisión Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La aprobación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática ha supuesto un ejercicio de justicia y dignidad con las víctimas del franquismo y un triunfo de nuestra democracia en torno a los principios, valores y libertades que
propugna nuestra Constitución. Un marco que permite el necesario proceso de recuperación de la memoria y reparación moral que requiere toda sociedad avanzada ante un quebrantamiento de su democracia, como fue el golpe de Estado de 1936 y la
posterior dictadura que padeció nuestro país.
La democracia española tiene una deuda con su pasado y requiere de una progresiva eliminación de los elementos que dividen a la ciudadanía y la promoción de lazos de unión en torno a los valores democráticos de los que las administraciones
han de ser garantes. Esta tarea ha de llevarse a cabo en todos los ámbitos, también en el universitario y en el de la ciencia y la investigación, sumos perdedores del conflicto armado y posterior represión de la dictadura.
Tras el golpe militar, los valores totalitarios del régimen franquista se incorporaron a la universidad y a la ciencia, provocando una ruptura con el sistema anterior y alejando a nuestro país del nivel investigador y tecnológico de los
países occidentales más avanzados. La conocida como Edad de Plata, del primer tercio del siglo XX, fue silenciada, poniendo fin al iniciado proceso de modernización europeo y al desarrollo tecnológico, industrial y educativo que correspondería en
ese momento.
Muestra de ello fue el desmantelamiento, en el año 1939, de las escuelas científicas, laboratorios y de nuestra principal institución científica: la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), llevando al
exilio -interior o exterior- a nuestros científicos y científicas e investigadores e investigadoras más brillantes, desarraigando el árbol de la ciencia moderna y alejando la idea de alcanzar a otros países en producción científica y tecnológica.
Por su parte, las universidades también sufrieron, durante el golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, un proceso de depuración académica, encarcelando y expulsando a aquellos hombres y mujeres contrarios al régimen,
alejándolos de sus cátedras y acabando, así, con la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de Francisco Giner de los Ríos, así como la represión que sufrieron también los Rectores, que en algunos casos, al igual que les sucedió al profesorado, fueron
fusilados. Se impone, de esta forma, un modelo totalitario de lealtad al régimen en detrimento de la calidad de la enseñanza universitaria e investigadora y del potencial innovador, accediendo al sistema docentes y científicos del régimen y de
aquellos quienes se prestaron al aparato de represión de la dictadura franquista, aunque no hubieran tenido ningún mérito académico. Algunos incluso fueron condecorados con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, creada en el año 1939 por Real
Decreto, con la finalidad de premiar 'los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación'. Ello resultaría incompatible con los valores democráticos y los derechos y liberades fundamentales,
por lo que, a tenor de lo establecido en el articulado de la Ley de Memoria Democrática, es responsabilidad de los poderes públicos la aplicación de medidas que permitan revisar y retirar la concesión de dicha condecoración civil y mantener una
apuesta por la recuperación mediante el reconocimiento al personal docente y científico represaliado.
El ámbito de la investigación ocupa un papel necesario en la aplicación de la Ley, puesto que dedica un articulado a esta, reflejando la responsabilidad del Estado en la formación, docencia e investigación en materia de memoria democrática.
Conocer la verdad histórica sobre el terror y violencia de la dictadura es un derecho inherente a nuestra sociedad, porque solo así podremos reconciliarnos con nuestro pasado, restaurar la memoria, reparar a las víctimas y garantizar que no vuelva a
repetirse.
La Universidad cumple un papel fundamental en la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la difusión del conocimiento y la cultura, así como en la formación en valores ciudadanos y el
impulso de la cultura de la paz. Sin duda, ofrece una oportunidad inestimable en la finalidad de impulso de la memoria democrática y en el desarrollo de actividades de centradas particularmente en la investigación de la represión sobre la comunidad
universitaria, pero también en del marco general de los complejos procesos represivos derivados de la Guerra de España 1936-1939, que permita asimismo la transferencia académica y social de sus resultados, contribuyendo a las políticas de reparación
imprescindibles en el desarrollo de una cultura democrática. En ese sentido, cumplen un papel relevante las Cátedras de Memoria Democrática que empiezan a aflorar en algunas universidades.
Todo lo anterior constituye un paso fundamental en el reforzamiento de los principios democráticos y en la recuperación de la memoria de la historia científica y universitaria de España, en especial de aquella considerada como Edad de Plata.
Por todo lo expuesto, y bajo el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para revocar y desposeer de honores, reconocimientos y distinciones a aquellas personas implicadas en la maquinaria de represión de la dictadura franquista o en cargos ejecutivos, especialmente en
aquellas con responsabilidades en las sanciones administrativas al profesorado universitario o a
científicas y científicos. Asimismo, se hará hincapié en retirar los honores referidos a la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a quienes tuvieron una nula o escasa relación con un campo educativo o científico.
2. Promover el reconocimiento de aquel personal científico y académico que por el solo hecho de defender una ciencia y unas instituciones de enseñanza libres, fueron represaliados, obligados al exilio exterior, despojados de sus cátedras y
puestos de trabajo, cuando no encarcelados o fusilados por parte de la dictadura franquista.
3. Promover la colaboración con las universidades y los organismos públicos de investigación que fomente la formación, investigación, difusión y divulgación de la memoria democrática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Obdulia Taboadela Álvarez, Roberto García Morís, Víctor Camino Miñana, Marta Gracia Blanco, María Luisa García Gurrutxaga, Jesús Mayoral Pérez, Arnau Ramírez Carner, Raúl Díaz
Marín e Isabel María Pérez Ortiz, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000347
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implementación de medidas para dar un impulso a los procesos de
homologación de títulos, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades .
Exposición de motivos
En la anterior legislatura se aprobó el Real Decreto 889/2022 que supuso una nueva fórmula por la cual estamos gestionando estas peticiones de homologación a través de un sistema digitalizado que mejora el proceso. Tal y como la ministra de
Ciencia, Innovación y Universidades manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, en el año 2020 se resolvieron 10.000 homologaciones y en el año 2023 18.000. Aunque la modernización del proceso ha mejorado
el proceso de contestación a las solicitudes de homologaciones, el número de peticiones se ha elevado considerablemente.
Tal y como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades manifestó, desde la puesta en marcha del Real Decreto 889/2022, las solicitudes que se reciben están en torno a las 5.000 al mes, y más del 50 % de las solicitudes de equivalencia
y homologaciones que están por resolver de antes del RDL del año 2022 no han podido ser resueltas por estar incompletas.
El Ministerio viene implementando un plan de choque en estos últimos años, pero que se encamina también, no solo a resolver la congestión de solicitudes, si no a dar respuesta al alto número de nuevas solicitudes que se reciben. Sin lugar a
duda, los números hablan por sí solos tal y como puso de manifiesto la Ministra en la Comisión 'solo el año pasado homologamos hasta 8.000 títulos de médicos cuando, por ejemplo, egresados en nuestro país hay 6.000. Para que se hagan una idea de la
dimensión del fenómeno de la solicitud de homologaciones: egresados de nuestras universidades son 6.000 titulados en medicina y homologamos 8.000 en el mismo año', comprometiéndose a 'ir reduciendo los tiempos de respuesta que hoy les tengo que
confesar que son inasumibles y realmente inaceptables, y, como ministerio, lo vamos a resolver'.
Es necesario poner en marcha mecanismos que permitan atajar esta situación y aprovechar los recursos disponibles, que indudablemente pasan por el desarrollo de instrumentos que acompañen y asesoren a las personas solicitantes de una
homologación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implementar medidas para poner en marcha una nueva arquitectura de gestión de estas solicitudes.
2. Estudiar y desarrollar un servicio de atención, asesoramiento y acompañamiento, que estará disponible con carácter online, con alguna plataforma digital, pero que tenga al otro lado a personal específico para resolver las cuestiones que
puedan estar afectando a estas solicitudes y acompañar a las personas solicitantes en el proceso.
3. Establecer mecanismos que permitan aumentar significativamente la agilidad en el proceso en el caso de los títulos emitidos por instituciones universitarias de la Unión Europea que compartan el EEES con el sistema universitario español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Roberto García Morís, Obdulia Taboadela Álvarez, Marta Gracia Blanco, Jesús Mayoral Pérez, Andreu Martín Martínez, Isabel Iniesta Egido, Luisa Sanz Martínez, Arnau Ramírez Carner,
Víctor Camino Miñana, María Luisa García Gurrutxaga e Isabel María Pérez Ortiz, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000348
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, Jacobo González-Robatto Perote y José Ramírez del Río en sus condiciones de Portavoz y diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de agilidad en la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Exposición de motivos
Actualmente, los persistentes retrasos en la homologación en España de títulos universitarios obtenidos en universidades extranjeras representan una barrera injusta que limita el acceso a oportunidades académicas y profesionales. Por ello,
se requiere de medidas que agilicen los trámites burocráticos para conseguir una pronta y efectiva solución. Este proceso de agilización, naturalmente, deberá llevarse a cabo garantizando la acreditación y el aseguramiento de la calidad de las
enseñanzas universitarias.
Al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española fue aprobada la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (en adelante, 'LOSU'), cuyo artículo 10 prevé la convalidación o adaptación de estudios,
homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos. Asimismo, la norma contempla la agilización y simplificación de los trámites de dicha homologación.
Esta norma coexiste con el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre 61, en vigor desde el pasado 8 de noviembre de 2022, que vino a sustituir al Real Decreto 967/2014, de 21 de
61 Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y
por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas
anteriores.?https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17045
noviembre 62, pretendiendo un contenido más actualizado de la norma para el logro de una mejora en los procesos de homologación y convalidación de títulos universitarios. El objeto del Real Decreto no es otro que 'la ordenación de las
condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos de educación superior obtenidos en sistemas educativos extranjeros con relación a los títulos universitarios oficiales correspondientes en España'.
En virtud de su potestad reglamentaria, el Gobierno detalló en la exposición de motivos la importancia que las tecnologías de la información y comunicación tenían para lograr tales fines:
'Para alcanzar estos objetivos se configuran unos procedimientos de homologación y de declaración de equivalencia, que configuran el grueso de las solicitudes de personas tituladas extranjeras que cada año llegan a España, ágiles y
eficientes, apoyados en la digitalización intensa y global de todos los pasos procedimentales aprovechando al máximo las tecnologías de la información y comunicación disponibles. Con ello se garantiza que el tiempo de instrucción y de resolución no
supere los seis meses y que en todo momento el ciudadano o la ciudadana pueda consultar en qué estado se encuentra la tramitación de su solicitud.'
No obstante, según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, en el año 2023 se resolvieron 18.000 homologaciones 63. Aún así, la cifra expuesta por la
ministra es claramente insuficiente a la vista de que, antes de terminar el año 2023, había 76.688 expediente de homologación pendientes de resolver, de los que cerca de 50.000 estaban sin revisar, y 30.000 incompletos por 'falta de documentación de
expediente' 64.
La presente Proposición no de Ley trata de llamar la atención sobre esta problemática que tiene una afectación transversal sobre la economía, los servicios públicos y sobre la sociedad en su conjunto. La situación por la que están pasando
estas personas y sus familias debe ser solucionada cuanto antes por los poderes públicos y más concretamente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para agilizar de forma urgente y efectiva los procesos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de
sistemas educativos extranjeros, garantizando la acreditación y el aseguramiento de la calidad de las enseñanzas universitarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
62 Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.?https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12098
63 Página 27. https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/DS/CO/DSCD-15-CO-51.PDF#page=2
64 https://theobjective.com/espana/2023-11-13/gobierno-acumula-expedientes-homologacion-titulos-extranjeros/
161/000350
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de refuerzo de la internacionalización del sistema de ciencia e investigación, para
su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) son motores innegables del progreso social y del desarrollo económico mundial, pero, además, su carácter universal -derivado de los propios valores científicos- supone un elemento fundamental
en el ámbito de las relaciones internacionales, otorgando a la diplomacia una importancia en el fortalecimiento de la presencia de un país y su imagen en el mundo. La ciencia contribuye a mejorar la reputación internacional de país y proporciona un
marco para la colaboración y el intercambio de ideas entre naciones.
La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación contempla la internacionalización y la cooperación al desarrollo de la investigación científica como
objetivos generales de nuestro sistema. A través de la colaboración y concertación de relaciones internacionales se permite un intercambio de experiencias y la adopción de políticas públicas nacionales e internacionales eficaces en el ámbito de la
l+D+l, sobre todo en aquellas economías que aún se encuentran en desarrollo. La promoción internacional de la ciencia y la innovación se puede desarrollar en distintas dimensiones; como asesoramiento en temas científicos y de innovación en la
política exterior, la promoción de la cooperación internacional en materias de l+D+l, o el refuerzo de las redes de nuestro colectivo de científicos y científicas en el exterior.
Si algo nos enseñó la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, es la necesidad de que el conocimiento sea universal y exista un entorno en el que sea capaz de atravesar fronteras. La internacionalización de la ciencia y la investigación se
configuran como claves para poder afrontar en un futuro otras posibles emergencias a las que estamos expuestos como consecuencia, por ejemplo, del cambio climático.
Asimismo, establecer medidas que favorezcan la internacionalización de la ciencia y la investigación permitiría contribuir con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así lo
señala la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, donde esta internacionalización puede propiciar la mejora de la productividad, el crecimiento económico y la promoción de la inclusión social y la sostenibilidad
ambiental. Del mismo modo, el establecer medidas que permitan alcanzar los ODS constan ya como objetivo en la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología, en línea con el programa europeo Horizonte Europa.
La adopción de medidas públicas de cooperación internacional y diplomacia científica permitirían desarrollar un entorno favorable a las empresas españolas en el objetivo de búsqueda de sinergias y participación de estas en actividades de
internacionalización de la l+D+l, donde España lidera los proyectos europeos. Además, hay que recordar que nuestro país también es un gran generador de producción científica, escalando en los últimos años en los puestos de la clasificación mundial
tal y como apuntan los datos del Observatorio Español de l+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
En este sentido, es importante destacar el papel que realizan nuestras embajadas en el exterior en la tarea de detectar líneas estratégicas de interés y facilitar la atracción de talento a nuestro país, así como la promoción de los hallazgos
científicos y tecnológicos,
como medio para mejorar nuestras relaciones internacionales. Además, una estrecha colaboración con estas permitiría fortalecer y propiciar programas de contacto e intercambio.
La diplomacia científica contribuye a impulsar el conocimiento científico como bien universal, ayuda a la consolidación de la marca España como garante de la investigación científica, la cooperación y la innovación tecnológica, y mejora
nuestra reputación e imagen de país en el exterior.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, con la participación de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación-AECID, de Economía, Comercio y Empresa, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y
para la Transformación digital y la Función Pública, y en colaboración con la comunidad científica y universitaria, un nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, en el ámbito de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación (EECTI) para el periodo 2021-2027, que refuerce la proyección internacional del sistema de ciencia, tecnología e innovación para de este modo apostar por la universalidad de la ciencia, la cooperación científica entre
países y la promoción de la paz y el desarrollo sostenible.
2. Impulsar los programas del ICEX España Exportación e Inversiones de apoyo a la internacionalización de las empresas tecnológicas e innovadoras españolas y el fomento de la atracción de inversiones extranjeras en España. Realizar
acciones vinculadas a la innovación tecnológica y a las aportaciones de las empresas españolas en materia de l+D+l.
3. Colaborar, a través de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, encargada de la promoción y desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros países, con las embajadas de España en países de interés y con
asociaciones científicas nacionales en el exterior para la organización de seminarios bilaterales e internacionales que permitan a España promocionar sus proyectos de l+D+l y difundir los hallazgos científicos y tecnológicos. Organizar misiones
conjuntas con los ministerios implicados en la acción exterior destinadas a dar a conocer la política científica y de innovación de nuestro país.
4. Promocionar encuentros y redes de la colonia científica española en el exterior.
5. Creación de un premio anual a personal científico de nacionalidad española que esté desarrollando su labor en el exterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Obdulia Taboadela Álvarez, Roberto García Morís, Víctor Camino Miñana, María Luisa García Gurrutxaga, Marta Gracia Blanco, Jesús Mayoral Pérez, Isabel María Pérez Ortiz y Arnau
Ramírez Carner, Diputados.-Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre el Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, y el Diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre el Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana para su debate en instancia en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La lengua occitana, conocida como aranés en la Val d'Aran, es lengua oficial en Catalunya y, en consecuencia, la administración pública tiene la competencia para su conservación y promoción, así como el seguimiento de los derechos y deberes
de la ciudadanía. Corresponde a la Generalitat de Catalunya y al Conselh Generau d'Aran en los ámbitos y responsabilidades que establece la Ley 35/2010 del occitano, y, por extensión, a la Administración General del Estado, según el apartado 3 de
la Constitución.
Asimismo, es importante recordar que el Estado español firmó y ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (STCE núm. 148) del Consejo de Europa en 2001. Por lo tanto, es imperativo que el Estado cumpla con los
compromisos adquiridos con la ratificación y las diversas recomendaciones que se establecen en los informes de seguimiento año tras año. Según la fórmula de ratificación que se refiere a las lenguas declaradas oficiales por los respectivos
estatutos de autonomía, el nivel de protección del occitano en el Aran debería haber aumentado sustancialmente como resultado de su declaración oficial a través de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya. En este sentido, la
Administración General del Estado no ha equiparado la lengua occitana con las demás lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma.
Es importante destacar que la situación sociolingüística de uso habitual del occitano en la Val d'Aran y en Catalunya es preocupante, ya que se pierden hablantes día tras día. Las corrientes migratorias que ha experimentado la Val d'Aran,
junto con diversos factores sociales y culturales, han generado una tensión en el ámbito lingüístico que pone en peligro la continuidad y utilidad de la lengua propia de Aran en un contexto de triglosia como el que se vive en el territorio. Es
importante, por lo tanto, que las administraciones vigilen y elaboren las estrategias necesarias para establecer los ámbitos en los que es necesario priorizar el apoyo institucional para fomentar la lengua y asegurar su preservación.
El Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana es la autoridad lingüística sobre el occitano en Catalunya. Entre sus competencias, según el Decreto 12/2014, de 21 de enero, por el que se otorga al Institut d'Estudis
Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana y autoridad lingüística del occitano, lengua propia de la Val d'Aran y oficial en Catalunya, se incluyen las siguientes:
a) Establecer y actualizar la norma lingüística de la variedad aranesa del occitano y velar por que el proceso de normativización de esta lengua sea coherente en todo su ámbito lingüístico.
b) Asesorar en materia de lengua occitana a las administraciones públicas y organismos relacionados, así como a los centros de enseñanza públicos y privados y a los medios de comunicación de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 4
de la Ley 35/2010, del 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran.
c) Colaborar, en el ámbito de sus competencias, en el progreso y desarrollo de la lengua, la cultura y la sociedad en general. Es necesario exigir el respeto que merece y proporcionar los recursos necesarios.
En la actualidad, el Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana recibe financiamiento estructural público por parte del Conselh Generau d'Aran y de la Generalitat de Catalunya. En este sentido, debido a la situación
política y al acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado 2022 y 2023 con Esquerra Republicana de Catalunya, se logró el compromiso de asignar 30.000 euros destinados al IEA. Este logro puso fin a la injusticia de muchos años en los que el
Estado español no aportaba recursos para la promoción ni la difusión de la lengua occitana.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Establecer por ley la asignación de fondos estructurales estatales para l'Institut d'Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Igualdad
161/000344
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina en España, para su discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La mutilación genital femenina.
La Mutilación Genital Femenina ('MGF') consiste en 'la eliminación total o parcial de los genitales femeninos externos u otras lesiones en los mismos órganos por razones culturales o religiosas o por otros motivos no terapéuticos' 65.
Atendiendo al significado propio del verbo 'mutilar', la Real Academia Española lo define como 'cortar o cercenar una parte del cuerpo, y más particularmente del cuerpo viviente' 66.
65 TORRES FERNÁNDEZ, M. L., 'La mutilación genital femenina: un delito culturalmente condicionado', Universidad de Almería, p. 2. Acceso en línea: https://www.uv.es/CEFD/17/torres.pdf
66 https://www.rae.es/drae2001/mutilar
La MGF provoca una serie de consecuencias de salud irreversibles -ginecológicas, sexuales y obstétricas 67- en aquellas mujeres que la sufren. A ellas se suman otras posibles complicaciones físicas, como: 'dolor, hemorragia grave, y choque
hemorrágico o doloroso, [que] tienen una alta probabilidad de provocar la muerte de las niñas. A largo plazo se pueden producir problemas en el aparato urinario, problemas sexuales y reproductivos y complicaciones durante el parto, que pueden
producir la muerte del recién nacido o de la madre' 68. En cuanto a los efectos psicológicos, destacan: 'desórdenes psicológicos y psicosomáticos tales como angustia, alteraciones en los hábitos alimentarios, el sueño y el humor, o cognición' 69.
Por lo tanto, nos encontramos ante una evidente agresión física que atenta contra el derecho fundamental a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española ('CE'); pero también nos hallamos ante una violación de
la dignidad humana, protegida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 10 CE, y que es predicable de forma inalienable de todo ser humano por el mero hecho de serlo.
Además, atendiendo a la legislación española existente al respecto, debemos señalar que el artículo 149.2 del Código Penal ('CP') recoge que 'el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado
con la pena de prisión de seis a doce años'. En el caso de que la víctima sea menor de edad o padezca algún tipo de discapacidad, la pena llevará aparejada una inhabilitación especial para el ejercicio de funciones tuitivas que puede ser de entre
cuatro y diez años.
Por otro lado, en el Título IV de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, se determina que
'la mutilación genital de mujeres y niñas es una práctica que debe combatirse con la máxima firmeza, sin que pueda en absoluto justificarse por razones pretendidamente religiosas o culturales' 70.
Por último, la Ley Orgánica 3/2005, de 8 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial ('LOPJ'), para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina añadió un epígrafe
g) al cuarto apartado del artículo 23 la LOPJ. Dicho epígrafe sostenía que 'la jurisdicción española tendrá competencia para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional relativos a delitos como la
mutilación genital femenina, siempre y cuando los responsables se encuentren en España'. Este precepto, modificado con posterioridad en varias ocasiones, dejó de referirse explícitamente a la MGF -la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal fue la que suprimió la alusión a la MGF en la LOPJ, sustituyéndola por una mención más amplia a todos los 'delitos regulados en el Convenio
del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica'-. Con todo, la regulación actual reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer, en los términos
expuestos en el propio artículo, los 'Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica' (más conocido como Convenio de Estambul), en
cuyo artículo 38 se regula la MGF.
En el ámbito de la Unión Europea, encontramos diferentes pronunciamientos contra la práctica de la MGF. Por parte del Parlamento Europeo podríamos destacar: la Resolución
67 Cfr. BÉNÉDICTE. L., 'Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o mutilación genital femenina', Universidad La Sorbonne-Paris I (Francia), p. 10.
68 GRANDE GASCÓN, M. L., 'El abordaje social y político de la mutilación genital femenina', Portularia, Universidad de Jaén, vol. 13, n.° 1, p. 12.
69 BÉNÉDICTE. L. Ibidem
70 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18088
de 20 de septiembre de 2001 sobre Mutilaciones Genitales Femeninas 71 y la Resolución de 25 de octubre, del mismo año, sobre Mujeres y Fundamentalismo 72.
Segundo. El multiculturalismo y la inmigración ilegal como causa de la presencia en España de la mutilación genital femenina.
Los datos del número de víctimas de MGF son, cuando menos, preocupantes y graves. Se estima que al menos '200 millones de mujeres y niñas en el mundo se han visto involucradas en la práctica de la mutilación genital femenina [...] Las niñas
menores de 14 años representan a 44 millones del total global, siendo los países donde más se han practicado Malí (83 %), Mauritania (51 %) e Indonesia (49 %) [...]. El país donde más hay más mujeres adultas que la han sufrido es Somalia, donde al
menos un 98 % de la población femenina entre 15 y 49 años se ha visto involucrada en esta práctica' 73.
En Europa viven aproximadamente 600.000 mujeres que han sido sometidas a MGF. Se considera, además, que hasta 180.000 niñas corren un alto riesgo de sufrir MGF en 13 países europeos 74.
Si nos referimos a España, la situación relativa a la MGF no es nada esperanzadora: los datos más recientes muestran que en nuestro país viven 'cerca de 80.000 mujeres de comunidades afectadas por mutilación genital y alrededor de 18.500
son niñas' 75. Esto supone un aumento de más de 10.000 personas que han sufrido esta práctica en comparación con los datos de que se disponían en 2016 76.
La MGF practicada a niñas españolas se produce, mayoritariamente, en dos situaciones:
- En primer lugar, destacan las niñas nacidas en España y residentes en territorio nacional que, como consecuencia de una estancia transitoria en el país de origen de sus padres, existiendo o no consentimiento por parte de estos, regresan a
España habiendo sufrido la MGF.
- En segundo lugar, si bien se trata de una práctica aún minoritaria, existen casos de MGF practicada en territorio nacional, sobre menores que residen en España 77. Y ello a pesar de la ilegalidad de la práctica de la MGF en nuestro
ordenamiento, a la cual ya hemos hecho alusión.
En cuanto a la edad de las mujeres que residen en nuestro país y han sufrido MGF, el '60 % de la población tiene entre 25 y 44 años, aunque en los últimos años esta franja de edad ha ido en retroceso, experimentándose un fuerte aumento en la
población infantil entre 0 y 14 años' 78.
La MGF, por lo tanto, es una práctica nociva que tiene su origen en culturas y tradiciones ajenas a la española, y cuya introducción en nuestro país viene asociada al aumento de los flujos migratorios provenientes de los lugares donde la MGF
se encuentra arraigada.
El incesante empeño de perpetrar y defender, por parte de los diferentes poderes públicos nacionales y europeos, el multiculturalismo y la llegada masiva de inmigración
71 Resolución del Parlamento Europeo (A5-0285/2001) sobre las mutilaciones genitales femeninas (2001/2035 INI), DO C 77 E, 28-3-2002). En el número 31 solicita a los Estados Miembros que 'adopten una legislación contra cualquier práctica
que ponga en peligro la integridad física o psíquica de las mujeres, como la ablación del clítoris'.
72 Resolución del Parlamento Europeo (P5 TA 2002 0110) sobre las mujeres y el fundamentalismo (2000/2174 INI), (DOCE C 47 E, 27-2-2003).
73 https://www.epdata.es/datos/mutilación-gemtal-femenina-mundo-datos-mapas-graficos/293
74 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200206STQ72031/mutilaciongenital-femenina-donde-sepractica-por-que-que-implica
75 https://www.lavanguardia.com/sociedad/20240205/9513703/espana-viven-cerca-80-000-mujeres-comunidades-afectadas-mutilacion-genital-alrededor-18-500-son-ninas-agenciaslv20240205.html
76 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf
77 ídem.
78 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/Estudio_MGF.pdf
ilegal -como solución ficticia del declive demográfico y sus funestas consecuencias- no ha hecho sino incrementar la presencia de la MGF en España.
Así, los movimientos migratorios abusivos que ha experimentado Europa, con especial reflejo en la invasión de la Frontera Sur en los últimos años, han contribuido a introducir en nuestras sociedades nuevas culturas, tradiciones y costumbres,
entre las que se encuentran comportamientos perniciosos y que atentan contra la dignidad de la persona, como la MGF. Nuestra soberanía, cultura e identidad se ponen en riesgo a causa de dichas avalanchas migratorias. Y, en particular, en materia
de MGF es claro el riesgo que tales políticas de fronteras abiertas entrañan para España.
Aceptando el multiculturalismo descontrolado como principio de actuación en las políticas migratorias estaríamos admitiendo la entrada a nuestras sociedades de ciertas culturas que atentan contra el bien de nuestra Nación, toda vez que
niegan la dignidad humana y justifican, en cambio, la discriminación y la violencia. Uno de los principales errores de fondo que conforman la idea de multiculturalismo reside en la afirmación de que existe un derecho, el cual poseen ciertos
colectivos, para vivir de acuerdo con su preferencia subjetiva, sin amoldarse e interiorizar la cultura, la tradición y las costumbres de la Nación a la que emigran 79.
La realidad es que los diferentes partidos que han gobernado España, de un signo y de otro, no han concedido la importancia que precisa al hecho de que el multiculturalismo descontrolado y la inmigración ilegal son fuente de inseguridad,
degradación de los barrios y ruptura del modelo de convivencia.
En este mismo sentido, no debemos olvidar la existencia de aquellas ONG's y asociaciones cuyo fin último es, por medio de las subvenciones públicas que reciben del Gobierno, promover o ayudar a la inmigración ilegal.
Debemos señalar una vez más que el problema del invierno demográfico en el que se ve inmerso nuestro país no pasa por fomentar la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. La solución a este dramático problema es, en cambio, promover
políticas públicas dirigidas a proteger la familia y a fomentar la natalidad, y llevar a cabo campañas de concienciación, con un tratamiento positivo del matrimonio, la familia y la paternidad y la maternidad, acerca de la gravedad que supone dicho
invierno demográfico.
En suma, la inmigración en España debe ser legal y controlada, por muchas razones. Una de ellas es la libertad de las Naciones para determinar los países y culturas de origen de los inmigrantes que reciben. España debería recibir una
inmigración legal, ordenada y con voluntad de integración y aportación al desarrollo de nuestro país.
Además, debe atender de forma prioritaria a aquellos ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España, como la procedente de las naciones de la Iberosfera.
En conclusión, la MGF es, además de un delito y un grave atentado contra la dignidad de las niñas y las mujeres, un ataque a nuestra cultura. Por tales razones, el Estado ha de prevenir su práctica en territorio nacional, lo cual pasa,
entre otras medidas, por evitar toda inmigración ilegal proveniente de países donde la MGF es una costumbre social y jurídicamente aceptada. Asimismo, se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que la MGF no se practique a niñas
españolas en el país de origen de sus padres, debiendo ser amparadas y protegidas pese a no encontrarse en territorio nacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la llegada a España de inmigración ilegal.
79 ROCA, L., 'Una crítica al multiculturalismo'.
2. Eliminar de forma inmediata las subvenciones públicas a organizaciones y asociaciones que las destinan a colectivos de etnias que practican la MGF y que no difunden su prevención.
3. Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración ilegal que son contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, entre las que se cuenta la MGF.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000328
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del GPVOX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Primero. Trastornos de la conducta alimentaria.
Los Trastornos de Conducta Alimentaria ('TCA') se definen como 'un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria y/o la aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. Los
TCA son enfermedades que tienen como características principales un comportamiento distorsionado de la alimentación y una extrema preocupación por la autoimagen y el peso corporal' 80.
Dentro de los TCA, y atendiendo al Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) de la American Psychiatric Association ('APA') 81, los dos principales TCA son la anorexia y la bulimia nerviosas. Sin embargo, existe
también una tercera categoría que recibe el nombre de 'TCA no especificado', donde se incluyen, entre otros, el trastorno por atracón, la vigorexia o la ortorexia. La anorexia nerviosa es definida por el DSM-V como 'un trastorno en el que la
persona se niega a mantener un peso mínimo dentro de la normalidad, tiene un miedo intenso a ganar peso y una significativa mala interpretación de su cuerpo y su forma' 82.
La bulimia nerviosa, por su parte, se define como 'episodios recurrentes de atracones (ingesta voraz, incontrolada), en los cuales se ingiere una gran cantidad de alimento en un corto espacio de tiempo, generalmente en secreto, seguidos de
conductas compensatorias inapropiadas (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos, hiperactividad física), junto con alteración de la percepción de la forma y del peso corporal' 83.
80 VARGAS BALDARES, MJ., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, Costa Rica, 2013, p. 481.
81 https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/Spanish_DSM5Update2016.pdf
82 VARGAS BALDARES, MJ., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, Costa Rica, 2013, p. 481.
83 VARGAS BALDARES, MJ., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, Costa Rica, 2013, p. 481.
Por último, los TCA no especificados se consideran 'cuadros incompletos de anorexia o bulimia nerviosas, tanto porque se encuentran en su inicio o porque están en proceso de recuperación. Por lo tanto, encontramos síntomas similares a la
anorexia o bulimia nerviosas, pero sin llegar a configurar un cuadro completo, no por ello menos grave' 84. Dentro de estos trastornos destacaremos, como hemos comentado con anterioridad, el trastorno por atracón, la vigorexia y la ortorexia.
El trastorno por atracón se caracteriza por 'la aparición de episodios de ingesta compulsiva (atracones) que se definen por dos características esenciales, la ingesta en poco tiempo de una cantidad de comida excesiva y la pérdida de control
sobre esa ingesta. El trastorno por atracón está asociado con obesidad y con una elevada comorbilidad psiquiátrica y médica' 85.
La vigorexia se define, por su parte, como 'una alteración de la salud caracterizada por una preocupación patológica de ser débil y no tener suficiente desarrollo muscular del cuerpo -aun teniéndolo- y que se manifiesta en la incapacidad de
ver con exactitud el tamaño del propio cuerpo, con comportamientos obsesivos y negativos relacionados con la apariencia' 86.
A la vigorexia se la conoce comúnmente como la obsesión que experimenta una persona por su estado físico y la constante necesidad de hacer deporte para sentirse mejor con su cuerpo.
Por último, la ortorexia es 'un cuadro obsesivo-compulsivo caracterizado por una extremada apetencia y selección de alimentos considerados saludables. Este ritual conduce con frecuencia a una dieta restrictiva y un aislamiento social
compensatorio' 87.
La realidad de los TCA es que su causante no es un único agente, sino que son trastornos de origen multifactorial, procedentes de causas internas, tales como 'la ansiedad-rasgo, dificultad para identificar y expresar las emociones, baja
autoestima, actitud negativa hacia la expresión emocional, percepción negativa de las emociones, influencia de la alimentación, peso y figura corporal en el estado de ánimo, necesidad de control y determinadas formas de regular las emociones' 88; o
de circunstancias sociales y familiares, como un ambiente familiar desestructurado, la presión social respecto a la imagen o el establecimiento de un modelo de belleza imperante en nuestras sociedades 89.
La detección de los TCA es compleja, ya que la persona que los padece no siempre es consciente de su enfermedad. Incluso siéndolo, la actitud que adopta el enfermo es la de no llamar la atención y no pedir ayuda para que sus familiares y
amigos no lo sospechen, hecho que agrava la dificultad de la detección temprana.
Segundo. Trastornos de conducta alimentaria en adolescentes.
Los TCA constituyen hoy un problema de salud pública muy frecuente, por su creciente incidencia, la gravedad de la sintomatología asociada, su dificultad para ser tratados y su aparición a edades cada vez más tempranas. Este tipo de
trastornos afectan principalmente a adolescentes y a mujeres jóvenes, y el diagnóstico más frecuente durante la adolescencia es el de TCA no especificado, seguido por el de anorexia y bulimia nerviosas 90. Los TCA afectan principalmente a la franja
de edad entre los 12 y los 18 años, debido a que en esa etapa acontecen toda una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales de gran
84 http://www.f-ima.org/es/trastornos-relacionados/trastorno-de-la-conducta-alimentaria-no-especificado-tcane#:~:text=Los%20
85 GARCÍA PALACIOS, A., 'El trastorno por atracón en el DSM-5', Revista Iberoamericana de Psicosomática, 2014, p. 70.
86 RODRÍGUEZ MOLINA, J. M., Rabito Alcón, M.F., 'Vigorexia: de la adicción al ejercicio a entidad nosológica independiente', Salud y drogas, Alicante, 2011, vol. 11, p. 97.
87 ARANCETA BARTRINA, ]., 'Ortorexia o la obsesión por la dieta saludable', Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN), Caracas, 2007, vol. 57, p. 1
88 VARGAS BALDARES, MJ., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, Costa Rica, 2013, p. 481.
89 https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/trastornos-de-la-conducta-alimentaria/factores-de-riesgo
90 LÓPEZ. C y TREASURE, J., 'Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes: descripción y manejo', Revista Médica Clínica Las Condes, Chile, 2011, vol. 22, p. 86.
magnitud para el joven. Sin embargo, ya se empiezan a detectar casos que se diagnostican en edades de 8 y 9 años.
Atendiendo a los datos aportados por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 'el 70 % de las adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo, 6 de cada diez creen que serían más felices si estuvieran más delgadas y
alrededor del 30 % revela conductas patológicas' 91. Por otro lado, según datos de la Fundación Fita y de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Comunidad Alimentaria (AETCA), se estima que 'alrededor de 400.000 personas
padecen en España algún trastorno de la conducta alimentaria (TCA), de los que 300.000 son chicos y chicas de entre 12 y 24 años, siendo la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia' 92.
En cuanto a la tasa de prevalencia, 'los últimos estudios realizados coinciden en señalar una tasa de prevalencia de TCA en población adolescente alrededor del 4,1-4,5 % entre los 12 y los 21 años. En concreto, la anorexia se sitúa en torno
al 0,3 %, la bulimia en el 0,8 % y el TCA no especificado alrededor del 3,1 % de la población femenina de entre 12 y 21 años' 93.
Los efectos que tienen los TCA en los adolescentes son muchos y muy preocupantes, pudiendo afectar a la mayoría de los órganos del cuerpo y, por ende, llegar a causar la muerte. Las complicaciones más frecuentes se suelen producir en los
casos de anorexia nerviosa, convirtiéndose en una causa de incapacidad laboral 94 en mujeres jóvenes. Sin embargo, la bulimia también provoca importantes estragos físicos como, por ejemplo, problemas gastrointestinales y del sistema reproductivo,
así como hinchazón de las glándulas parótidas 95.
La realidad es que los TCA no solo tienen consecuencias físicas, sino que también afectan al plano psicológico y social de los adolescentes que los sufren. Entre los problemas psicológicos encontramos 'el aislamiento social y conflictos
familiares, dificultades para fortalecer el autoconcepto, autoestima, autonomía y capacidad para la intimidad. En otras palabras, la aparición de un TCA durante la adolescencia puede interferir en el logro de las tareas propias de esta etapa' 96.
En relación con los efectos psicológicos, cabe señalar los trastornos psiquiátricos, entre, los que destacan la ansiedad, depresión, conductas impulsivas como autoagresiones o abuso de sustancias estupefacientes 97.
En no pocos casos, los efectos físicos y/o psíquicos de los TCA son de tal entidad que requieren, además de tratamiento psicológico y psiquiátrico, el ingreso del paciente 98, lo que supone un elevado coste para las familias, que no siempre
pueden afrontarlo, pese a que esté en juego la vida de sus hijos. A este respecto, es menester poner de relieve las diferencias, una vez más, que existen entre las distintas regiones españolas en lo referente a las ratios de psicólogos 99 y
psiquiatras 100 por habitante y a los recursos de hospitalización
91 https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-08-02/trastornos-alimentarios-anorexia-bulimia-dieta/
92 https://gaceta.es/civilizacion/400-000-espanoles-sufren-trastorno-alimentacion-anorexia-bulimia-20190110-1642/
93 https://www.acab.org/es/los-trastornos-de-conducta-alimentaria/que-son-los-tca/#:~:text=%C2% BFCu % C3 % Al 1 % 20es % 201a % 20prevalencia % 20de,l 2 % 20y % 201os %2021 % 20a % C3 %Blos.
94 W.AA., 'Anorexia nerviosa en una trabajadora', Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona, vol. 18, no.l, ISSN 1578-2549
95 LÓPEZ. C y TREASURE, J., 'Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes: descripción y manejo', Revista Médica Clínica Las Condes, Chile, 2011, vol. 22, p. 90.
96 Ídem.
97 Ídem.
98 https://www.larazon.es/sociedad/20220424/bth22ypbtncptbtyxdn4cfplpu.html; https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/183348/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeSaludyConsumo/andalucia/ingresos/trastorno/conductaalimentaria
99 https://www.infocop.es/aumenta-la-cifra-de-psicologos-colegiados-en-espana/
100 https://sepsm.org/wp-content/uploads/2023/06/Libro-Blanco-de-la-Psiquiatria-en-Espana_SEPSM-ok.pdf, p. 79.
-en hospitales de día psiquiátricos y en unidades hospitalarias de tratamientos agudos y de media o larga estancia 101-.
El crecimiento exponencial durante los últimos años de este tipo de enfermedades ha provocado que 'los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), ahora llamados trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, como la anorexia, la
bulimia o el trastorno de atracón suponen la tercera causa de enfermedad crónica en adolescentes, afectando especialmente a las mujeres, y lo que es más grave, es la enfermedad mental con mayor mortalidad en la adolescencia, en muchos casos por
suicidio' 102. Sin embargo, no se conocen las cifras oficiales de dicha realidad.
Tercero. Conclusión.
El exponencial crecimiento de los TCA guarda una estrecha relación con la existencia de una sociedad de consumo en la que concurre un claro conflicto de intereses entre la belleza y la salud. Por este motivo, las familias deben educar a sus
hijos en un consumo consciente y responsable.
Los jóvenes que desarrollan este tipo de trastornos suelen estar motivados por un claro afán de imitar patrones estéticos que imperan en nuestra sociedad, promovidos principalmente en ciertas redes sociales -a las cuales los menores tienen
acceso fácilmente- y, de manera especial, en la publicidad, donde los cánones de belleza son, en muchas ocasiones, irreales, y donde a menudo se promueve una delgadez patológica 103.
No podemos negar la realidad de los TCA y de su incidencia y prevalencia en nuestros jóvenes, y por ello es importante la detección precoz de este tipo de trastornos, siendo su prevención y concienciación un pilar fundamental para abordar
esta situación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover campañas dirigidas a familias y adolescentes, encaminadas a:
a) Concienciar sobre las consecuencias físicas y psicosociales que provocan los TCA.
b) Informar sobre la influencia que ejercen sobre los menores los patrones estéticos ensalzados en la publicidad y en las redes sociales.
c) Fomentar un uso responsable de las redes sociales.
2. Impulsar las campañas referidas en el apartado anterior en los centros educativos de toda España.
3. Promover el efectivo cumplimiento de la normativa en materia de publicidad dirigida a menores, para garantizar que esta no les perjudique moral o físicamente.
4. Desarrollar un plan integral de mejora de los métodos de detección y prevención de los TCA, con el fin de reducir la irreversibilidad de sus consecuencias y efectos.
5. Potenciar las investigaciones en materia de TCA para mejorar los programas de prevención, la calidad asistencial y la reducción de las recidivas.
6. Elaborar un informe sobre el suicidio de los niños y adolescentes en España a causa de los TCA, para conocer en profundidad esta realidad y abordarla con rigor desde los poderes públicos. De dicho informe se dará traslado a la Comisión
de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados en el más breve plazo de tiempo posible.
101 https://sepsm.org/wp-content/uploads/2023/06/Libro-Blanco-de-la-Psiquiatria-en-Espana_SEPSM-ok.pdf, pp. 95 y ss.
102 https://isanidad.com/131321/trastornos-de-la-conducta-alimentaria-primera-causa-de-mortalidad-por-enfermedad-mental-en-la-adolescencia/
103 Cfr. De Diego Díaz Plaza M, Belmonte Cortés S, Novalbos Ruiz JP, Santi Cano NJ, Rodríguez Martín A., 'Publicidad y medios de comunicación en los trastornos de la conducta alimentaria', Nutrición Hospitalaria, 2022; vol. 39, n° 2, p.
56.
7. Promover que el tratamiento psicológico y psiquiátrico -hospitalario o no- de los diagnosticados de TCA se proporcione en condiciones de igualdad en todas las regiones de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Blanca Armario González, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000335
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y creación de un
nuevo programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes residentes en España, para su debate en la Comisión de Infancia y Juventud.
Exposición de motivos
De acuerdo con datos procedentes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), alrededor de 300 millones de jóvenes viajaron en 2020, generando un valor en el mercado turístico de 320.000 millones de euros, incluso pese al impacto de las
barreras y restricciones por causa de la pandemia durante ese año. En este contexto, hay que decir que la última primera Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo de la OMT que concluyó con la presentación del llamado Plan de Acción de Sorrento,
planteó, entre sus distintos pilares, la activa participación de la juventud en todas las etapas de la toma de decisiones en los aspectos relacionados con el sector de los viajes.
De otro lado, la Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 centrada en tres ámbitos esenciales, -involucrar, conectar y capacitar-, y respetando siempre el principio de subsidiariedad, plantea que Europa ofrezca a los jóvenes unas
mejores oportunidades de vida y actúe sobre sus preocupaciones, ofreciendo resultados efectivos a través de acciones y prioridades específicas. Dentro de las acciones principales se encontrarían la eliminación de obstáculos y el favorecimiento del
voluntariado y la movilidad para la solidaridad. En este sentido, dicha Estrategia aspira a permitir que los jóvenes se conviertan en artífices de su propia vida, animándolos a ser ciudadanos activos, agentes de solidaridad y elementos de cambio
positivo, así como ayudando a prevenir la exclusión social de los jóvenes. A partir de lo anterior, se hace preciso traer a colación y poner en valor la importancia que ha jugado, y sigue desempeñando, por citar un ejemplo el Programa Erasmus+, uno
de los instrumentos de mayor éxito de la UE.
España cuenta actualmente con alrededor de siete millones de personas que tienen entre 18 y 29 años. Este sector de la población, a diferencia de generaciones anteriores, tiene entre sus prioridades el viajar. Otra de las características
de esta generación, es la gran conexión digital que mantienen a través de las redes sociales.
Asimismo, las ciudades europeas siguen siendo las favoritas para viajar para los jóvenes españoles. Londres, Barcelona, Roma, París, Varsovia, Lisboa, Viena, Palma de Mallorca, Milán y Madrid se situarían como las 10 ciudades más populares
para los viajeros de esta generación. Sin embargo, solo encontramos tres ciudades españolas en el top 10 de destinos preferidos para los viajes de los jóvenes, a pesar de que España cuenta con 50 monumentos y paisajes declarados como Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, además de 627 playas con bandera azul o multitud de parajes naturales a lo largo de toda nuestra geografía, varios de ellos declarados como Parques Nacionales.
Hay que señalar que la enorme oferta de aerolíneas que operan en nuestro país hace que viajar al extranjero resulte muy fácil y económico para visitar algunos destinos internacionales. Teniendo en cuenta que, actualmente, con carácter
general, el poder adquisitivo de la juventud española tiende a ser muy limitado, parecería oportuno idear por parte del Gobierno de España un programa de viajes para jóvenes en forma de aliciente para que este grupo específico de edad de la
población española pueda conocer mejor todos los atractivos turísticos de los que dispone nuestro país mediante precios absolutamente razonables, que los hagan, en definitiva, más competitivos frente a la alternativa internacional. Este instrumento
supondría también una ayuda adicional para que el sector turístico español pueda seguir diversificando y desestacionalizando su actividad, lo que repercutiría en el desarrollo de sinergias ventajosas, tanto económicas como sociales, para los
destinos receptores de este hipotético programa objeto de la presente propuesta.
Por último, hay que añadir que, en términos de promoción, este programa podría tener un efecto multiplicador sobre la demanda turística de estos destinos, dado el gran alcance y visibilidad que puede tener su publicación y conocimiento a
través de redes sociales por parte de los usuarios del programa, dando a conocer localizaciones de la geografía española al resto de jóvenes que puedan incrementar su interés por explorarlos y visitarlos.
Sobre la base de lo anterior, y con el propósito, en resumen, de promover el empoderamiento de los jóvenes, propiciando las condiciones adecuadas para que amplíen sus horizontes y tiendan puentes en su tiempo libre de ocio y disfrute,
contribuyendo, por extensión, a una mayor vertebración social, económica y turística de nuestro país, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Proceder al diseño y creación de un programa nacional de viajes y experiencias turísticas para jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 29 años inclusive, -habilitando los créditos necesarios a tal efecto-, que incluya la cobertura de
servicios de alojamiento y transportes a precios asequibles por todo el territorio español.
2. Diseño de una campaña de promoción centrada en la oferta cultural y paisajística de la que dispone España para la franja de edad de jóvenes entre 18 y 29 años.
3. Llevar a cabo una acción promocional específica que tenga como público objetivo al segmento de población de 18-29 años para dar a conocer los sitios y bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2024.-Juan Bravo Baena, Noelia Núñez González, Ana Isabel Alós López, Miguel Ángel Sastre Uyá, Cristina Abades Martínez, Mirian Guardiola Salmerón, Sandra Pascual Rocamora, María del
Socorro Cuesta Rodríguez, Violante Tomás Olivares, Beatriz Jiménez Linuesa, Beatriz Isabel Álvarez Fanjul, Ana Belén Vázquez Blanco, Esperanza Reynal Reillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, María del Mar Vázquez Jiménez, Óscar Clavell López, Sandra
Fernández Herran y Pablo Pérez Coronado, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000355
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el fomento de la participación infantil y adolescente, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La participación infantil es un derecho y uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Lo que ha supuesto un cambio de
paradigma, al reconocer que las niñas, niños y adolescentes deben ser parte implicada en el cumplimiento de sus derechos reconocidos en la citada convención.
Es la participación tanto un medio como un fin en sí mismo para garantizar los derechos de la infancia y de la adolescencia.
La CDN, ratificada por España en 1990, establece que las niñas y niños tienen derecho a expresar libremente sus opiniones. Así, en su artículo 12 reconoce, además, que los Estados les garantizarán el derecho de ser escuchados en todo
procedimiento judicial o administrativo que les afecte.
Así queda recogido en nuestra legislación. El artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece el derecho de las personas menores de edad a ser oídas y escuchadas, sin discriminación alguna, tanto en el ámbito familiar, como
en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación que les afecte, y que pueda conllevar a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y
madurez.
Según Unicef, la participación infantil no solo es un derecho, 'también es una responsabilidad, que supone compartir las decisiones que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive'. Además de suponer un factor
fundamental de desarrollo para los más jóvenes.
La Observación General n.º 12 del Comité de los Derechos del Niño, El derecho del niño a ser escuchado, tiene como objetivo clarificar el alcance del artículo 12 de la Convención, para que los Estados parte puedan hacerlo efectivo en los
diferentes ámbitos. Y establece las condiciones básicas para garantizar los derechos de las niñas y niños en los procesos en los que participen; esos procesos deben de ser transparentes e informados, voluntarios, respetuosos, pertinentes,
adaptados, inclusivos y apoyados en la formación.
Por tanto, para garantizar que la participación sea real, debe promoverse el desarrollo de una opinión informada por parte de las niñas, niños y adolescentes, y el asociacionismo como un espacio de representatividad.
Buen ejemplo de ello, son las políticas públicas impulsadas por las entidades locales, que forman parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia. Estos municipios promueven la participación desde una perspectiva local, a través de los
Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, u otras medidas complementarias, como son los buzones de infancia, los plenos de infancia, el Ayuntamiento infantil, las comisiones de infancia y las audiencias públicas, etc.
En 2021, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, mandataba la creación del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (CEPIA), para
garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de participación en la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas y políticas que afectan a las niñas, niños y adolescentes. Este consejo fue creado mediante la Orden DSA/1009/2021, el 22 de septiembre de
2021, y la primera Asamblea General tuvo lugar el 9 de diciembre de 2021. Se trata de un hito para la participación infantil y adolescente a nivel estatal.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner en valor las mejoras producidas en lo relativo a la participación infantil y adolescente en nuestro país en los últimos años, y consideramos necesario seguir avanzando en políticas que
permitan su ejercicio efectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el Consejo Estatal de Participación infantil y Adolescente y trasladar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia, la necesaria consolidación de los canales de participación infantil en los órganos de las
Administraciones locales y autonómicas, estudiando bajar el límite de edad para poder participar, por ejemplo, en asociaciones de estudiantes.
2. Desarrollar la normativa necesaria para establecer un marco común sobre las formas de asociarse de la infancia en todo el territorio.
3. Impulsar el análisis, desarrollo y evaluación en todos los ámbitos y fases de las políticas públicas la perspectiva de los derechos de la infancia, y garantizar de manera efectiva que las leyes y desarrollos normativos, planes y medidas
que afecten a la infancia cuentan con la participación de niñas y niños, adecuando los tiempos y la metodología necesaria.
4. Impulsar medidas de información y concienciación a la sociedad en general, sobre la existencia del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.'
Palacio Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Inés Plaza García, Víctor Camino Miñana, Esther Rodríguez Suárez, Lázaro Azorín Salar, Blanca Cercas Mena, Ana Cobo Carmona, Sonia Guerra López, Carmen Martínez Ramírez, Pepe Mercadal
Baquero, María de las Nieves Ramírez Moreno, Ada Santana Aguilera y Ferrán Verdejo Vicente, Diputados.-Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Justicia
181/000046
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Pere Huguet Tous, doña Eugenia Carballedo Berlanga y doña María Jesús Moro Almaraz.
Texto:
¿Qué garantías ofrece el Ministro de Justicia para el mantenimiento del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, como pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, María Eugenia Carballedo Berlanga y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
181/000047
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Pere Huguet Tous, don Fernando de Rosa Torner, don Daniel Pérez Osma, doña Eugenia Carballedo Berlanga y doña María Jesús Moro Almaraz.
Texto:
¿Cómo es posible que hayan pasado tres años sin que se haya aprobado el Decreto de Sustituciones de los letrados de la Administración de Justicia con el menoscabo retributivo que ello supone para el citado Cuerpo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma, María Eugenia Carballedo Berlanga y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
181/000048
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Pere Huguet Tous, don Fernando de Rosa Torner, don Daniel Pérez Osma, doña Eugenia Carballedo Berlanga y doña María Jesús Moro Almaraz.
Texto:
¿Cómo explica el Ministro de Justicia que no se hayan celebrado oposiciones de Letrados de la Administración Justicia en los años 2022 y 2023?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, Fernando de Rosa Torner, Daniel Pérez Osma, María Eugenia Carballedo Berlanga y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.
Comisión de Defensa
181/000049
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Carlos Rojas García y don Agustín Conde Bajén.
Texto:
¿Qué criterios ha barajado el Gobierno de España para traer a personas afganas en las distintas fases de la operación Irbis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
Comisión de Interior
181/000036
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuál es el horario de los distintos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000037
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete permanecen abiertos los fines de semana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000038
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete han sido rehabilitados en el año 2023 con Fondos Europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000039
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuál es el importe de los Fondos Europeos invertidos en el año 2023 en la rehabilitación de los Cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000040
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué plazo tiene previsto el Ministerio para ejecutar los Fondos Europeos pendientes en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000041
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué cantidad con cargo a Fondos Europeos tiene previsto recibir el Ministerio para menores en los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000042
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete van a ser rehabilitados con Fondos Europeos en el año 2024?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000043
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿En qué cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Albacete urgen de mejoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000044
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Antonio Martínez Gómez, doña Carmen Navarro Lacoba y doña Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cuál es el ratio de agentes de la Guardia Civil para la protección de víctimas de violencia de género en la provincia de Albacete?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Antonio Martínez Gómez, Carmen Navarro Lacoba y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000055
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Manuel Cobo Vega, don Carlos García Adanero, doña Eugenia Carballedo Berlanga y doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
Texto:
¿Qué dispositivo diseñó y qué instrucciones trasladó la Delegación del Gobierno con motivo de las movilizaciones agrarias del día 21 de febrero de 2024 en la Comunidad de Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Manuel Cobo Vega, Carlos García Adanero, María Eugenia Carballedo Berlanga y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
181/000050
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Miguel Ángel Sastre Uyá, don Joan Mesquida Mayans, don Cristóbal Garre Murcia, don Alberto Fabra Part, don Carlos Gil Santiago, don Celso Luis Delgado Arce, don Daniel Pérez Osma, don Mario Cortés Carballo, don Rafael Benigno
Belmonte Gómez, don Silverio Argüelles García, doña Isabel María Borrego Cortés, doña Cristina Agüera Gago, doña María Soledad Cruz-Guzmán García y doña Ana Isabel Alós López.
Texto:
¿Ha previsto el Gobierno la reforma de la Ley de Vivienda a la vista del impacto negativo que está teniendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo,
Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García y Ana Isabel Alós López, Diputados.
181/000051
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Miguel Ángel Sastre Uyá, don Joan Mesquida Mayans, don Cristóbal Garre Murcia, don Alberto Fabra Part, don Carlos Gil Santiago, don Celso Luis Delgado Arce, don Daniel Pérez Osma, don Mario Cortés Carballo, don Rafael Benigno
Belmonte Gómez, don Silverio Argüelles García, doña Isabel María Borrego Cortés, doña Cristina Agüera Gago, doña María Soledad Cruz-Guzmán García y doña Ana Isabel Alós López.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno reconocer la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas contra la ocupación ilegal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo,
Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García y Ana Isabel Alós López, Diputados.
181/000053
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Miguel Ángel Sastre Uyá, don Joan Mesquida Mayans, don Cristóbal Garre Murcia, don Alberto Fabra Part, don Carlos Gil Santiago, don Celso Luis Delgado Arce, don Daniel Pérez Osma, don Mario Cortés Carballo, don Rafael Benigno
Belmonte Gómez, don Silverio Argüelles García, doña Isabel María Borrego Cortés, doña Cristina Agüera Gago, doña María Soledad Cruz-Guzmán García y doña Ana Isabel Alós López.
Texto:
¿Cuántas viviendas ha puesto el Gobierno a disposición de los españoles durante los últimos cinco años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo,
Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García y Ana Isabel Alós López, Diputados.
181/000054
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados don Miguel Ángel Sastre Uyá, don Joan Mesquida Mayans, don Cristóbal Garre Murcia, don Alberto Fabra Part, don Carlos Gil Santiago, don Celso Luis Delgado Arce, don Daniel Pérez Osma, don Mario Cortés Carballo, don Rafael Benigno
Belmonte Gómez, don Silverio Argüelles García, doña Isabel María Borrego Cortés, doña Cristina Agüera Gago, doña María Soledad Cruz-Guzmán García y doña Ana Isabel Alós López.
Texto:
¿Cuántas viviendas de las 184.000 comprometidas están en construcción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Cristóbal Garre Murcia, Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo,
Rafael Benigno Belmonte Gómez, Silverio Argüelles García, Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, María Soledad Cruz-Guzmán García y Ana Isabel Alós López, Diputados.
Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales
181/000045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pregunta con respuesta oral en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales
Diputados: María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida: al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Texto:
¿Tiene conocimiento de si Koldo García Izaguirre recibió algún tipo de comisión o emolumento ilegal durante el desempeño de sus funciones como asesor al servicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2024.-María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Carina Mejías Sánchez y Pedro Fernández Hernández, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004598
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Reclamación de la instalación de pantallas acústicas que mitiguen el ruido provocado por el paso de los vehículos por la autopista AP-7 a su paso por el municipio de Benicàssim (Castellón).
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Los vecinos y vecinas de una urbanización de montaña del municipio de Benicássim (Castelló) llevan años reclamando la instalación de pantallas acústicas que mitiguen el ruido provocado por el paso de los vehículos por la autopista AP-7 a su
paso por la localidad. La situación de agravio para este vecindario, derivada de los ruidos del paso de la AP-7, es insostenible hasta el punto que algunos de ellos se han visto abocados a vender sus casas por no poder compatibilizar una vida con
calidad en esta urbanización por los ruidos incesantes de los vehículos que pasan borde sus domicilios. Además, el paso de la AP-7 por este municipio también intercepta con una residencia de personas mayores (Oasis) provocando las mismas
problemáticas que para el vecindario de la urbanización, y la situación, lejos de resolverse, todavía puede empeorar, puesto que se ha previsto una ampliación de los carriles del A7 en esta zona.
La asociación de vecinos ha interlocutado para resolver la problemática con el Ayuntamiento, el cual ha respondido siempre que no es competencia de ellos y ha mantenido varias reuniones con el Ministerio competente, el cual siempre los ha
manifestado la imposibilidad de resolver esta situación.
Además, se han realizado recogidas de firmas por parte de la asociación de vecinos para que el Ayuntamiento negociara con el Ministerio la solución del ruido que sufren recurrentemente. Todo esto después de que hace más de tres años se
realizaron mediciones acústicas sobre las cuales nunca se han presentado los resultados que en numerosas ocasiones se han pedido en el Ayuntamiento, nuevamente sin respuesta.
En 2021 se presentaron, ante el Ayuntamiento, más de 300 firmas recogidas entre el vecindario de la urbanización, solicitando nuevamente que el Ayuntamiento hiciera de mediador en la problemática. Casi 4 años después del inicio de las
reclamaciones por parte del vecindario la situación continúa sin ningún indicio de solución.
En el mapa estratégico de sonido de la AP-7 se explícita claramente que Benicàssim es uno de los municipios afectados por esta cuestión.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha realizado, por parte del Ayuntamiento de Benicasim, en cualquier momento presente o pasado, alguna petición de reunión en referencia a la problemática del sonido de la AP-7 con el Ministerio?
2. ¿Consta alguna demanda, pasada o presente, desde el Ayuntamiento de Benicássim, para que la instalación de pantallas se contemple en los presupuestos generales del Estado? ¿Consta alguna petición, pasada o presente, para la realización
de un estudio que indique que se está trabajando en esta vía?
3. ¿Cómo piensa resolver esta problemática para los vecinos y vecinas de Benicàssim el Ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.
184/004600
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR)
Valoración de la reducción en un 70 % de la plantilla de trabajadores de Roca Tiles, así como medidas previstas para paliar los efectos del ERE a las 128 trabajadoras de dicha empresa.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Mico y Mico, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Roca Tiles, una empresa de la Vall d'Uixó que pertenece al grupo Lamosa, ha anunciado la paralización de su planta productiva como consecuencia de la caída de las ventas, y manteniendo únicamente la parte logística, comercial y
administrativa. La paralización de la parte productiva va aparejada con un ERE que afectará a 128 personas de las 182 que actualmente trabajan, lo que supone una reducción del 70 % de la plantilla.
La empresa referida ha indicado la voluntad de lograr un acuerdo con el comité de empresa con el objetivo de paliar las consecuencias del despido mediante la recolocación de las personas afectadas. Si bien, la situación se agrava teniendo
en cuenta que en 2021 el grupo Lamosa, al cual pertenece Roca Tiles, ya impulsó un ERTE temporal que afectó a 234 trabajadores y a finales del mismo año aprobó un ERE que supuso el despido de 46 personas.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
1. ¿Cómo valoran la reducción en un 70 % de la plantilla de trabajadores de Roca Tiles?
2. ¿Han pensado llevar a cabo alguna medida desde el referido Ministerio para paliar los efectos del ERe a las 128 trabajadoras? ¿Cuál es la apuesta que hace el Ministerio por Roca Tiles; teniendo en cuenta que es el segundo productor
mundial de azulejos?
3. ¿El Ministerio ha considerado la opción de formar parte de la negociación que se está llevando a cabo en esta empresa puntera para las comarcas del norte del País Valenciano?
Palacio del Congreso los Diputados, 20 de febrero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Diputada.