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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 94, de 27/02/2024
cve: BOCG-15-D-94
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de febrero de 2024
Núm. 94
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cumplimiento por parte de España de sus obligaciones en materia de comercio exterior de armamento y material militar con Israel ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la preservación del principio de suficiencia financiera de las entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón ...
Comisión de Interior
161/000300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la modificación de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales ... (Página14)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar en 2024 el proyecto y ejecución de la duplicación de la variante de Torrevieja ... (Página15)
161/000317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reapertura de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín ... (Página16)
161/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora de la operativa con baja visibilidad en el aeropuerto de Badajoz ... (Página18)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a garantizar la salud de las personas trabajadoras y usuarias de la sociedad Metropolitano de Tenerife, S.A. ...
Comisión de Industria y Turismo
161/000299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para apoyar a la industria electrointensiva ... (Página20)
161/000304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la articulación urgente de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la industria turística
española ... (Página24)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado ...
161/000308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para desarrollar una Estrategia Marco de Atención Sociosanitaria ... (Página27)
161/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de envejecimiento activo destinadas a garantizar los derechos de los mayores y reforzar su papel y protagonismo social ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de medidas contra la sequía ... (Página30)
161/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la inclusión del sector de la flor cortada y la planta ornamental en el Plan Estratégico de la PAC ... (Página32)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la preservación del principio de suficiencia financiera de las entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón ...
161/000312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reducir la dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas existentes en nuestra nación ...
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para abordar el reto del acceso a la vivienda de los jóvenes en España ... (Página42)
161/000303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para promover y facilitar el acceso a la primera vivienda ... (Página45)
161/000306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal ... (Página47)
161/000307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la reforma de la Ley 12/2003, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para evitar que vulnere competencias exclusivas de las Comunidades
Autónomas ... (Página48)
161/000313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la mejora de la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y la eliminación de medidas intervencionistas ...
161/000314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de la obligación de definir fecha y hora en los lanzamientos de viviendas ... (Página50)
Comisión de Cultura
161/000320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para proteger la casa Velintonia, residencia de Vicente Aleixandre ... (Página51)
Comisión de Sanidad
161/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances en la prevención, el diagnóstico precoz, la investigación y el tratamiento temprano, humanizado y
personalizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud ... (Página52)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar las condiciones del personal investigador con responsabilidades de cuidado familiar ... (Página54)
161/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de incentivos para impulsar la innovación en el deporte español ... (Página55)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre pobreza infantil ... (Página58)
161/000311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la condena de las deportaciones forzosas de niños ucranianos a la Federación de Rusia ... (Página60)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para revocar la discriminación que sufren los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para acceder a la convocatoria de becas y ayudas
del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ... (Página61)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000026 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Puy Fraga (GP), Macías Gata, Alfonso Carlos (GP) y Floriano Corrales, Carlos Javier (GP), sobre valoración de la Sentencia del TS 7/2024 que unifica el criterio sobre la deducción por
gastos de custodia en guarderías y pone fin a la interpretación restrictiva de la administración tributaria ... (Página62)
Comisión de Interior
181/000031 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre garantía del Gobierno de que ha dotado de chalecos antibalas adecuados a todo el
personal de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con carácter personal e intransferible y adaptados a su anatomía para las funcionarias de estos cuerpos policiales ... (Página63)
181/000032 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre explicación del Gobierno acerca de que funcionarias de reciente incorporación a la
Policía Nacional se vean obligadas a pagar de su bolsillo los chalecos antibalas que requieren para el cumplimiento de sus funciones, conforme acreditan distintos organismos ... (Página63)
181/000033 Pregunta formulada por los Diputados Pedro Luis Huguet Tous (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP), y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre razones que llevaron al Ministro del Interior a afirmar que 'no hace falta ser
jurista para saber qué es terrorismo o no' el mismo día en que el Fiscal del Supremo se opuso a abrir una investigación contra Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic ... (Página63)
181/000034 Pregunta formulada por los Diputados Manuel Cobo Vega (GP), García Adanero, Carlos (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), sobre número de cuarteles de la Guardia Civil que
permanecen cerrados los fines de semana en la Comunidad de Madrid ... (Página63)
181/000035 Pregunta formulada por los Diputados Manuel Cobo Vega (GP), García Adanero, Carlos (GP), Carballedo Berlanga, María Eugenia (GP) y Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP), sobre número de cuarteles de la Guardia Civil que
permanecen cerrados en horario de tarde en la Comunidad de Madrid ... (Página64)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000028 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre detalle de todas y cada una de
las inversiones financieras a largo plazo hechas por ENRESA ... (Página64)
181/000029 Pregunta formulada los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre detalle de todas y cada una de las
inversiones financieras a corto plazo hechas por ENRESA ... (Página65)
181/000030 Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Herrero Bono, José Alberto (GP), Sayas López, Sergio (GP), Mariscal Anaya, Guillermo (GP) y Sánchez Torregrosa, Maribel (GP), sobre presupuesto ejecutado por
ENRESA en el último ejercicio que se ha destinado a la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares ... (Página65)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004332 Autor: Muñoz Abrines, Pedro Núñez González, Noelia Núñez Guijarro, José Enrique Cobo Vega, Manuel Palencia Rubio, Héctor
Inversión presupuestada, ejecutada y prevista en materia ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, tanto mediante fondos propios como europeos, desde junio de 2018 ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada lone Belarra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento por parte de
España de sus obligaciones en materia de comercio exterior de armamento y material militar con Israel, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Según datos del portal de estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, Comex, analizados por el investigador Alejandro Pozo, del Centro Delàs de Estudios por la Paz, España exportó munición a Israel por valor de 987.000 euros en
noviembre de 2023. Dicha venta se produjo cuando Israel ya había iniciado la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza que hoy deja más de 28.000 palestinos y palestinas asesinadas, entre ellas más de 10.000 de ellas niñas y niños, y miles más bajo
los escombros; más de 70.000 personas heridas, casi 2 millones de personas desplazadas y la destrucción de más de un tercio de los edificios del enclave. A ello se suma la hambruna y la deshidratación forzadas, así como la falta de acceso a
atención médica y medicinas, por el corte total de suministros impuesto por el gobierno de Israel sobre toda la Franja, los ataques deliberados a hospitales y ambulancias, y los bloqueos a la entrada de camiones con ayuda humanitaria ejecutados por
civiles israelíes en el paso de Karem Abu Salem, que están poniendo en riesgo la vida de toda la población civil -y la propia posibilidad de habitar- en la Franja de Gaza. Asimismo, también se está produciendo una ofensiva militar sobre los
territorios ocupados en Cisjordania, de la mano del ejército israelí junto a colonos armados procedentes de asentamientos ilegales, por la que han sido asesinadas centenares de personas palestinas, más de 3000 heridas y más de 4000 detenidos por las
fuerzas de ocupación.
Estos hechos han llevado a numerosos países a adoptar medidas contra Israel por la ejecución de lo que, a todas luces, está siendo el exterminio de toda una población -y un castigo colectivo-. Entre ellas, el pasado mes de diciembre el
gobierno de Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por violar de la Convención sobre el Genocidio y, apenas unas semanas después, la Corte se declaró competente para investigar el caso y adoptó medidas cautelares contra
Israel para prevenir y detener el
genocidio. Cabe recordar también el Dictamen que la misma Corte Internacional de Justicia emitió en el año 2004 sobre el caso relativo a las 'consecuencias legales de la construcción de un muro en los Territorios Palestinos Ocupados', y por
el que el tribunal encuentra la construcción del muro por parte de Israel -la Potencia ocupante- en el territorio palestino ocupado -incluida Jerusalén Oriental y alrededores, y su régimen asociado- contraria al derecho internacional. Ese dictamen
ya obligaba a Israel a cumplir con la legalidad internacional y reparar los daños provocados, así como al resto de Estados a no reconocer la situación ilegal derivada de la construcción del muro y a revertiría.
En este sentido, cabe también señalar que los Estados firmantes de la Convención sobre el Genocidio -incluyendo España- tienen la obligación de actuar para prevenir y detener el genocidio en Palestina, esto es, la comisión de dicho crimen
por parte del gobierno de Israel, especialmente teniendo en cuenta el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia y la investigación en curso. De hecho, los gobiernos de los países que estuvieran respaldando la ejecución del genocidio de
la población palestina, bien con apoyo político, económico, militar, logístico o de cualquier otra índole, podrían tener que responder y enfrentar consecuencias ante la justicia internacional por complicidad con el gobierno de Israel en dicha
ejecución.
Por otro lado, según las informaciones disponibles el Consejo de Ministros del pasado 3 de octubre autorizó la celebración del contrato para el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2 por 285 millones de euros a Pap
Tecnos, la filial española de la empresa israelí Rafael, y que la Dirección General de Armamento y Material preveía formalizar los pedidos a finales del año 2023.
España está sujeta por una serie de obligaciones y compromisos con la legalidad nacional e internacional en relación al comercio de armas con países que pudieran utilizarlas para la vulneración de derechos humanos o contra población civil en
ofensivas militares y conflictos armados. El artículo 8, apartado a), de la ley española sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso (53/2007), sobre denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y
revocación de autorizaciones, establece que:
'1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o
regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan
como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España. Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre
transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la
información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Gula del Usuario del Código
de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.'
Por otro lado, el artículo 2 del Tratado sobre el Comercio de Armas define las transferencias de armas como las actividades de comercio internacional que abarcan desde 'la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el
corretaje'. Sobre
prohibiciones de transferencias de armas convencionales, el artículo 6, apartado 3) del Tratado establece que:
'Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de
que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales,
u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.'
El artículo 7 del Tratado prevé que los Estados podrán no conceder licencias de exportación si las armas pudiesen servir para 'cometer o facilitar una violación grave del Derecho internacional humanitario' o para 'cometer o facilitar una
violación grave del Derecho internacional de los derechos humanos'. El apartado 7), además, establece que: 'Si, después de concedida una autorización, un Estado parte exportador tiene conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a
dicho Estado a que reexamine la autorización'.
Por su parte, la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, después de aludir en la exposición de motivos a la resolución de los Estados de 'evitar la exportación de tecnología y equipos militares que pudieran utilizarse para la
represión interna o la agresión internacional o contribuir a la inestabilidad regional', fija ocho criterios que deben tener en cuenta los Estados a la hora de aprobar las solicitudes de licencias de exportación de armas. El segundo criterio se
refiere al 'respeto de los derechos humanos en el país de destino final [de la tecnología y equipos militares] y respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país'. En dos supuestos se establece la obligación de los Estados de
denegar las licencias de exportación (en caso de que las armas pudiesen ser utilizadas con fines de represión interna o si existía riesgo manifiesto de que la tecnología y equipos militares pudiese usarse para cometer violaciones graves del DIH).
En este sentido, cabe señalar que el propio Gobierno de Mariano Rajoy decidió en el año 2014 suspender la venta de armas a Israel durante el mes de agosto a consecuencia de la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza que estaba teniendo
lugar en ese momento, y tras una reunión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, en la que están representadas la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía) y otros
departamentos dependientes de Presidencia (Centro Nacional de Inteligencia), Asuntos Exteriores, Defensa y Hacienda.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que se insta al Gobierno a:
1. Proceder a la suspensión inmediata y efectiva de la compra, venta y tránsito de cualquier tipo de material militar desde España hacia Israel, tal y como establece la ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior
de material de defensa y de doble uso, así como la Posición Común 2008/944/PESC, de 8 de diciembre, y el Tratado sobre Comercio de Armas;
2. Proceder a la revocación inmediata de todas las autorizaciones de contratos de importación y exportación de material militar vigentes con el gobierno y las empresas israelíes, incluidas sus filiales;
3. Impulsar el establecimiento a nivel europeo de un embargo de armas a Israel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000294
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la preservación del principio de suficiencia financiera de las entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece objetivos, políticas y medidas para, según el Gobierno del Estado, alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, inició el período de
consulta pública el 22 de febrero de 2019, fecha en la que también se presentó en la Comisión Europea para su evaluación, organismo que publicó sus recomendaciones en junio del mismo año.
Para el llamado Escenario Objetivo 2030, el citado documento establecía una evolución de la potencia instalada para la generación de electricidad mediante carbón que partía de los 11.311MW de 2015, 10.524MW de 2020, 4.532MW de 2025, hasta
los 0MW para 2030 (en realidad, para dicho año figuraba un intervalo 0-1.300MW, aunque el último dato no se consideraba en el cómputo total), evolución que intensificó su previsión decreciente en la versión final resultado del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de marzo de 2021 y recogido en la Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, publicada en el BOE del 31 de marzo de 2021, fijando
un objetivo para 2025 de 2.165MW, casi coincidente con los 2.061MW actuales.
En el citado texto se hace referencia a la 'pérdida sustancial del peso del carbón en la generación eléctrica en el período del Plan', y se afirma que 'Nueve de las quince centrales térmicas de carbón existentes en la actualidad (2019) no
estarán posiblemente operativas al inicio del Plan en 2021(...). Es decir, se prevé que al inicio del Plan sigan activas seis centrales de carbón'. Los datos publicados por REE indican una reducción porcentual a la tercera parte, del 9,6 % al 2,8
%, en la potencia instalada de centrales térmicas de carbón a respecto del total estatal entre el 2018 y el 2023, mientras que en referencia al total de la generación eléctrica en el mismo período temporal, la aportación del carbón se redujo a la
décima parte, del 14,3 % al 1,5 %, con apenas tres centrales termoeléctricas en 2024, dos en Asturias propiedad de EDP (en proceso de conversión a hidrógeno) y una de Endesa en las Illes Balears (con limitación en horas de funcionamiento anual), que
representan el 1,7 % de la potencia instalada y aportan al mix de generación eléctrica algo menos del 1 %.
También en el documento se aportan las causas del cierre de las centrales de carbón, al afirmar que 'antes de 2030 las centrales térmicas de carbón dejarán de ser competitivas dado el aumento previsto en el precio de la tonelada de CO2 en el
sistema europeo de comercio de emisiones (35 /t -24,84 /t medio anual 2019, no 2023 83,50 /t, con máximos mensuales 91,82 /t en febrero de 2023-), la continua reducción de costes en las tecnologías renovables para la generación eléctrica y el
precio relativo del gas'. Es evidente, por tanto, que las causas que motivaron y derivaron en el cierre anticipado, no planificado y caótico, son de origen político, diseñadas -directa o indirectamente- y aplicadas desde el Estado.
Y sus consecuencias y efectos socioeconómicos y laborales negativos en las zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Galiza, e Illes Balears con centrales térmicas, también eran
previsibles, como reconoce
el PNIEC al establecer que 'En todo caso, la transición en el sector tendrá que ir acompañada de medidas de apoyo a las comarcas afectadas para asegurar que el proceso se desarrolla de forma justa y solidaria'.
Ante la no disponibilidad de un estudio global de tales efectos, y por el conocimiento directo del territorio, citamos algunas de las conclusiones del estudio sobre el 'Impacto Socioeconómico en As Pontes de la Descarbonización Energética',
elaborado para el Concello de As Pontes en marzo de 2021 por un equipo de investigación de la Universidade da Coruña. Para las personas investigadoras, en términos de empleo, el cierre de la central térmica significa la pérdida de 1.178 puestos de
trabajo ocupados por residentes en el municipio (en cifras de 2018, últimos datos estadísticos disponibles en el momento de elaboración del estudio, y coetáneo con el informe de impacto de Endesa), a los que deberían de sumarse 299 del resto de la
zona de influencia, con un resultado total de 1.477; detalla el estudio que apenas un 33 % de la población activa residente conservaría su empleo en la localidad, un 34 % pasarían a encontrarse sin empleo, y el restante 33 % estarían trabajando
fuera de la localidad, con un 285 % de aumento del paro registrado local. Tal pérdida de empleo significaría la pérdida de 67 millones de euros anuales en términos de Valor Añadido Bruto, de los que 34 millones serían en concepto de pérdidas
salariales y otros 33 millones en rentas de la propiedad y de la empresa.
Con respecto a la pérdida de ingresos municipales derivados del cierre, son dos los conceptos cuantitativamente más importantes, en concreto los derivados de la aplicación de los impuestos de Actividades Económicas (IAE) y de los Bienes
Inmuebles Urbanos de Características Especiales (IBI-BICES). Acudiendo de nuevo a los datos de As Pontes como referencia, en un reciente informe técnico del área económica municipal se cuantifica en unos 670.000 /año (42 % del concepto impositivo)
la disminución en concepto de ingresos por el primero, y en unos 2 millones (27 %) anuales para el segundo. En el caso del IAE la disminución puede ser gradual e intermitente, dependiendo de las características técnicas de la central y de la
estrategia empresarial de la propietaria (en el caso de As Pontes, la mitad de la pérdida se produce desde el 2021, mientras que la otra mitad se reparte entre el 2022 y parte del 2023).
Situación diferente es la del IBI, impuesto cuyo censo analítico es un registro administrativo, el Catastro Inmobiliario -regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2004-, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales, que comprende sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad
de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado, ejercida por la
Dirección General del Catastro, que tiene la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores.
Pues bien, el criterio que está se está aplicando en el caso de las centrales térmicas, sin consulta previa alguna a las administraciones locales perjudicas y en manifiesto beneficio de las empresas propietarias, consiste en eliminar la
condición de características especiales y aplicar tan sólo la condición de urbano en la base imponible, tomando como referencia la última ponencia de valores, aplicación que se hará efectiva el 1 de enero del año siguiente al que figure en el acta
de cierre de la central; este criterio ignora todo el proceso de desmantelamiento de las instalaciones, que oscila entre el período de tres años establecido en las autorizaciones de cierre y el descrito en los estudios de impacto ambiental de unos
cinco años, a los que deberían de añadirse uno o dos años más necesarios para la actuación sobre los suelos contaminados y clausuras de posibles vertederos, todo ello antes de asignar un nuevo uso a dichos terrenos, normalmente industrial para el
asentamiento de nuevos proyectos que minoren las afecciones socioeconómicas y laborales negativas del llamado proceso de Transición Justa.
Es decir, tomando de nuevo como ejemplo el caso concreto de As Pontes, estamos hablando de eliminar por completo, por criterio unilateral de la Dirección General del Catastro, la opción de ingreso municipal, público por lo tanto, de unos 14
millones de
euros, cantidad que dejan de pagar las empresas, privadas -o no públicas españolas, para mejor concreción- todas ellas.
Pues bien, acreditada la pérdida de ingresos de los municipios afectados por los cierres de las centrales térmicas de carbón en causas políticas estatales, anunciadas y aplicadas sin planificación alguna, del PNIEC 2021-2030 y del mercado de
los derechos de emisiones de CO2, y posteriores con la aplicación del criterio impositivo regresivo del catastro, entendemos necesario y obligado establecer las oportunas compensaciones, que deben ser también estatales.
Para ello es posible enunciar alguna referencia, como la implementada con motivo de la reforma del IAE contemplada en el por entonces Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que
motivó el acuerdo de noviembre de 2002 entre el gobierno y la FEMP sobre el nuevo sistema de financiación de las haciendas locales, en concreto el de compensación por la supresión del IAE, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia
financiera de las entidades locales y prevenir la posible merma de ingresos que pudieran experimentar, pérdidas que, en el caso que nos ocupa del cierre anticipado y no planificado de las centrales térmicas, está cuantificado por cada una de las
administraciones locales afectadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar con los Concellos afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón y aplicar, de forma urgente, un mecanismo de compensación de la pérdida de recaudación municipal, cuando
menos en concepto de IAE e IBI-BICES, producida por dicho cierre, anticipado y no planificado, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á preservación do principio de suficiencia financeira das entidades locais afectadas polo fechamento de centrais térmicas de carbón para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.
Exposición de motivos
O borrador inicial do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC), que estabelece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o Goberno do Estado, alcanzar a neutralidade climática antes de 2050, iniciou o período de
consulta pública o 22 de febreiro de 2019, data na que tamén se presentou na Comisión Europea para a súa avaliación, organismo que publicou as súas recomendacións en xuño do mesmo ano.
Para o chamado Escenario Obxectivo 2030, o citado documento estabelecía unha evolución da potencia instalada para a xeración de electricidade mediante carbón que partía dos 11.311MW de 2015, 10.524MW de 2020, 4.532MW de 2025, ata os 0MW para
2030 (en realidade, para o devandito ano figuraba un intervalo 0-1.300MW, aínda que o último dato non se consideraba no cómputo total), evolución que intensificou a súa previsión decrecente na versión final resultado do Acordo do Consello de
Ministros do 16 de marzo de 2021 e recolleito na Resolución do 25 de marzo de 2021, conxunta da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas e da Oficina Española de Cambio Climático,
publicada no BOE do 31 de marzo de 2021, fixando un obxectivo para 2025 de 2.165MW, case coincidente cos 2.061MW actuais.
No citado texto faise referencia á 'perda substancial do peso do carbón na xeración eléctrica no período do Plan', e afírmase que 'Nove das quince centrais térmicas de carbón existentes na actualidade (2019) non estarán posibelmente
operativas ao comezo do Plan en 2021(...). É dicir, prevese que ao comezo do Plan sigan activas seis centrais de carbón'. Os datos publicados por REE indican unha redución porcentual á terceira parte, do 9,6 % ao 2,8 %, na potencia instalada de
centrais térmicas de carbón a respecto do total estatal entre o 2018 e o 2023, mentres que en referencia ao total da xeración eléctrica no mesmo período temporal, a achega do carbón reduciuse á décima parte, do 14,3 % ao 1,5 %, con apenas tres
centrais termoeléctricas en 2024, dous en Asturias propiedade de EDP (en proceso de conversión a hidróxeno) e unha de Endesa nas Illes Balears (con limitación en horas de funcionamento anual), que representan o 1,7 % da potencia instalada e achegan
ao mix de xeración eléctrica algo menos do 1 %.
Tamén no documento achéganse as causas do fechamento das centrais de carbón, ao afirmar que 'antes de 2030 as centrais térmicas de carbón deixarán de ser competitivas dado o aumento previsto no prezo da tonelada de CO2 no sistema europeo de
comercio de emisións (35 /t -24,84 /t medio anual 2019, non 2023 83,50 /t, con máximos mensuais 91,82 /t en febreiro de 2023-), a continua redución de custos nas tecnoloxías renovábeis para a xeración eléctrica e o prezo relativo do gas'. É
evidente, por tanto, que as causas que motivaron e derivaron no fechamento anticipado, non planificado e caótico, son de orixe política, deseñadas -directa ou indirectamente- e aplicadas desde o Estado.
E as súas consecuencias e efectos socioeconómicos e laborais negativos nas zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castela e León, Castela-A Mancha, Catalunya, Euskadi, Galiza, e Illes Balears con centrais térmicas, tamén eran previsíbeis,
como recoñece o PNIEC ao estabelecer que 'En todo caso, a transición no sector terá que ir acompañada de medidas de apoio ás comarcas afectadas para asegurar que o proceso se desenvolve de forma xusta e solidaria'.
Ante a non dispoñibilidade dun estudo global de tales efectos e polo coñecemento directo do territorio, citamos algunhas das conclusións do estudo sobre o 'Impacto Socioeconómico nas Pontes da Descarbonización Enerxética', elaborado para o
Concello das Pontes en marzo de 2021 por un equipo de investigación da Universidade da Coruña. Para as persoas investigadoras, en termos de emprego, o fechamento da central térmica significa a perda de 1.178 postos de traballo ocupados por
residentes no municipio (en cifras de 2018, últimos datos estatísticos dispoñíbeis no momento de elaboración do estudo, e coetáneo co informe de impacto de Endesa), aos que deberían de sumarse 299 do resto da zona de influencia, cun resultado total
de 1.477; detalla o estudo que apenas un 33 % da poboación activa residente conservaría o seu emprego na localidade, un 34 % pasarían a atoparse sen emprego, e o restante 33 % estarían a traballar fóra da localidade, cun 285 % de aumento do paro
rexistrado local. Tal perda de emprego significaría a perda de 67 millóns de euros anuais en termos de Valor Engadido Bruto, dos que 34 millóns serían en concepto de perdas salariais e outros 33 millóns en rendas da propiedade e da empresa.
Con respecto á perda de ingresos municipais derivados do fechamento, son dous os conceptos cuantitativamente máis importantes, en concreto os derivados da aplicación dos impostos de Actividades Económicas (IAE) e dos Bens Inmóbeis Urbanos de
Características Especiais (IBI-BICES). Acudindo de novo aos datos das Pontes como referencia, nun recente informe técnico da área económica municipal cuantifícase nunha 670.000 /ano (42 % do concepto impositivo) a diminución en concepto de
ingresos polo primeiro, e nuns 2 millóns (27 %) anuais para o segundo. No caso do IAE a diminución pode ser gradual e intermitente, dependendo das características técnicas da central e da estratexia empresarial da propietaria (no caso das Pontes, a
metade da perda prodúcese desde o 2021, mentres que a outra metade repártese entre o 2022 e parte do 2023).
Situación diferente é a do IBI, imposto cuxo censo analítico é un rexistro administrativo, o Catastro Inmobiliario -regulado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004-, no que se describen os bens inmóbeis rústicos, urbanos e de características
especiais, que comprende as súas características físicas, económicas e xurídicas, entre as que se atopan a localización e a referencia catastral, a superficie, o uso ou destino, a clase de cultivo ou aproveitamento, a calidade das construcións, a
representación gráfica, o valor catastral e o titular catastral. A formación e o mantemento do Catastro Inmobiliario e a difusión da información catastral é de competencia exclusiva do Estado, exercida pola Dirección Xeral do Catastro, que ten a
superior función de coordinación de valores e a de aprobación dos relatorios de valores.
Pois ben, o criterio que está aplicándose no caso das centrais térmicas, sen consulta previa algunha ás administracións locais prexudicas e en manifesto beneficio das empresas propietarias, consiste en eliminar a condición de características
especiais e aplicar tan só a condición de urbano na base impoñíbel, tomando como referencia o último relatorio de valores, aplicación que se fará efectiva o 1 de xaneiro do ano seguinte ao que figure na acta de fechamento da central; este criterio
ignora todo o proceso de desmantelamento das instalacións, que oscila entre o período de tres anos estabelecido nas autorizacións de fechamento e o descrito nos estudos de impacto ambiental duns cinco anos, aos que deberían de engadirse un ou dous
anos máis necesarios para a actuación sobre os chans contaminados e clausuras de posíbeis entulleiras, todo iso antes de asignar un novo uso aos devanditos terreos, normalmente industrial para o asentamento de novos proxectos que minoren as
afeccións socioeconómicas e laborais negativas do chamado proceso de Transición Xusta.
É dicir, tomando de novo como exemplo o caso concreto das Pontes, estamos a falar de eliminar por completo, por criterio unilateral da Dirección Xeral do Catastro, a opción de ingreso municipal, público por tanto, duns 14 millóns de euros,
cantidade que deixan de pagar as empresas, privadas -ou non públicas españolas, para mellor concreción- todas elas.
Pois ben, acreditada a perda de ingresos dos municipios afectados polos fechamentos das centrais térmicas de carbón a causa políticas estatais, anunciadas y aplicadas sen planificación algunha, do PNIEC 2021-2030 e do mercado dos dereitos de
emisións de CO2 e posteriores coa aplicación do criterio impositivo regresivo do catastro, entendemos necesario e obrigado estabelecer as oportunas compensacións, que deben ser tamén estatais.
Para iso é posíbel enunciar algunha referencia, como a formulada con motivo da reforma do IAE contemplada no, por entón, Proxecto de Lei de reforma da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, que motivou o acordo de
novembro de 2002 entre o goberno e a FEMP sobre o novo sistema de financiamento das facendas locais, en concreto o de compensación pola supresión do IAE, coa finalidade de preservar o principio de suficiencia financeira das entidades locais e previr
a posíbel diminución de ingresos que puidesen experimentar, perdas que, no caso que nos ocupa do fechamento anticipado e non planificado das centrais térmicas, está cuantificado por cada unha das administracións locais afectadas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno a negociar cos Concellos afectados polo fechamento de centrais térmicas de carbón e aplicar, de forma urxente, un mecanismo de compensación da perda de recadación municipal, cando menos en concepto
de IAE e IBI-BICES, producida polo devandito fechamento, anticipado e non planificado, coa finalidade de preservar o principio de suficiencia financeira das entidades locais.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000300
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa a la modificación de la Ley 5/1964, de 29 de
abril, sobre condecoraciones policiales, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En el ordenamiento jurídico del Estado español perviven, hoy en día, una serie de normas aprobadas durante la dictadura, algunas de ellas con una importante carga política e ideológica, que arrastran la sombra del régimen totalitario hasta
nuestros días.
Es el caso, entre otras, de la Ley 5/1964 sobre condecoraciones policiales 1, que junto con la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, dan muestra de esta pervivencia de normas preconstitucionales y obsoletas en nuestro
ordenamiento. En relación con la última norma, la pasada legislatura el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley de información clasificada, cuya necesaria tramitación quedó postergada al haberse convocado elecciones generales, mismo destino que tuvo
la tramitación de una proposición de ley de reforma de la vieja norma de secretos oficiales, lo que evidencia la necesidad de avanzar en la elaboración de una nueva ley.
En cuanto a la ley de condecoraciones oficiales, desde múltiples instancias se ha pedido la revisión y retirada de condecoraciones, y se ha puesto de manifiesto el mal uso que se ha hecho de las mismas en múltiples ocasiones. De hecho, son
los colectivos sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que han denunciado en numerosas ocasiones estos hechos, considerados muy polémicos dentro del cuerpo, visto que se han entregado a forma de 'recompensa'.
En el mismo sentido, varias sentencias han impuesto la retirada de medallas a ciertos agentes jubilados, los cuales han visto sus pensiones acrecentadas tras las condecoraciones, debido a que no cumplían con el trámite previsto por la
normativa. De hecho, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2022 el otorgamiento de estas recompensas a mandos policiales al entender que se incumplió con el procedimiento, ya que los sindicatos no dispusieron de la oportunidad para alegar las ya
mencionadas recompensas.
Además, el uso interesado de estas condecoraciones ha sido demostrado en la Comisión de investigación de la trama Kitchen. En efecto, quedó demostrado que catorce de los agentes involucrados en esta operación obtuvieron concesiones durante
la misma, siendo sólo uno el que pudo defender que, efectivamente, su recompensa fue otorgada acorde a la ley. Sin embargo, no sólo se utilizaron las condecoraciones como retribuciones al servicio prestado, sino que los traslados a zonas en el
exterior mejor pagadas o, entre otros, comisiones de servicio. En consecuencia, desde la Comisión del Congreso de los Diputados se instó a una revisión de los procesos de concesión de condecoraciones a fin de aumentar la transparencia y objetividad
de estas condecoraciones.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 17 de junio de 2020 una proposición no de ley relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores
democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos 2. De igual modo, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó el 23 de septiembre de 2021 otra proposición no de ley relativa a la retirada de medallas y condecoraciones
otorgadas a dictadores y personas condenadas por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1964-7524
2 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-93.PDF#page=8
Con la entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, el ministro del Interior ha ordenado retirar las condecoraciones afectadas por la misma, acordando que las direcciones generales de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil inicien los procedimientos de oficio para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes de ambos cuerpos que hubieran formado parte del aparato de represión de la
dictadura franquista o realizado actos incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos que fija la Constitución Española. Así lo anunció a finales del 2022 3.
Estas medidas tienen su fundamento en el artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, en el que se ordena la revisión y revocación de condecoraciones y recompensas concedidas durante la dictadura, y en la disposición adicional tercera que
prevé la anulación de las condecoraciones policiales cuando quede acreditada la realización por las personas beneficiarías, antes o después de la concesión, de actos manifiestamente incompatibles con la pertenencia a las órdenes del mérito, tanto de
la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Según la propia disposición, esta revocación de oficio afecta a las resoluciones de concesión de recompensas anteriores a la entrada en vigor de la ley.
Las previsiones de la Ley de Memoria Democrática sobre revocación de condecoraciones afectarían a las otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma. No obstante, se hace precisa una reforma profunda de la ley de
condecoraciones, tanto para la concesión de las posteriores a la Ley de Memoria Democrática, como para las posibles revocaciones que se tuvieran que producir sobre las otorgadas tras la entrada en vigor de la misma. Al no estar previsto en la norma
un procedimiento de revocación de condecoraciones, se precisaría una reforma legislativa de la misma, al margen de la vía judicial -tal y como ha manifestado el Gobierno a las preguntas que se han realizado en sede parlamentaria sobre este tema-,
además de actualizar el sistema de concesiones, para evitar que se produzcan situaciones de abuso como las descritas.
Con el objetivo de impulsar la adopción de las medidas necesarias destinadas a modificar la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a culminar los estudios que permitan la elaboración de un anteproyecto de ley sobre condecoraciones policiales que se adapte a las exigencias de nuestra sociedad actual, a las demandas de los diferentes
colectivos implicados y a los criterios de mérito, a través de un procedimiento con todas las garantías, transparencia y mejorando los controles con la intención final de modificar la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000293
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar en 2024 el proyecto y ejecución de la
duplicación de la variante de Torrevieja, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
3 https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Grande-Marlaska-ordena-retirar-las-condecoraciones-afectadas-por-la-Ley-de-Memoria-Democratica/
Exposición de motivos
Para articular adecuadamente todo el espacio costero comprendido entre Alicante y Cartagena, es necesario reconvertir las carreteras existentes en un eje moderno de comunicaciones adaptado a las necesidades de la zona, integrado en el
entorno y que sea soporte de un transporte público de calidad.
La reconversión en Vía Parque de la carretera N-332 iniciada en su día se ha visto frenada con la paralización de obras tan importantes como la duplicación de la variante de Torrevieja de apenas 7 kilómetros, que en estos momentos está
soportando de manera persistente intensidades de circulación superiores a los 35.000 vehículos al día.
Estamos hablando, por lo tanto, de uno de los tramos probablemente más congestionados y con mayor peligrosidad potencial de toda la red de carreteras del Estado, cuya falta de soluciones afecta, además, muy seriamente al incremento del
tráfico por las vías urbanas de dicha ciudad.
En consecuencia, es necesario avanzar en la solución de este verdadero tapón al progreso de nuestro territorio y, simultáneamente, proseguir en el esfuerzo de mejora integral del eje costero, en colaboración con los dos gobiernos regionales
y con los ayuntamientos implicados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que licite la totalidad del proyecto de la variante N332 a su paso por Torrevieja, y que consigne en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida presupuestaria para la
licitación y comienzo de las obras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel, Joaquín Melgarejo Moreno, Julia Parra Aparicio y Sandra Pascual Rocamora, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reapertura de la línea
ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El desarrollo de Albacete y sus comarcas se ha visto afectado a causa de las incidencias, interrupciones y eliminación de servicios ferroviarios, con el caso destacado de la suspensión de la línea Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Albacete.
El aislamiento que esta suspensión supuso para Murcia y Albacete, junto con el incumplimiento de los plazos, ha llevado a la urgente demanda de reapertura de la línea.
En agosto de 2021 se confirmó el corte total de la línea Murcia-Lorca-Águilas y el corte parcial entre Chinchilla (Albacete) y Murcia durante tres años, para llevar a cabo las obras del Corredor Mediterráneo en Almería.
Una decisión a la que Albacete y Murcia mostraron una rotunda oposición, ya que les dejaba totalmente aislados y suponía un freno para el progreso de sus pueblos y ciudades. Dicho corte afectaba a numerosas comarcas: en el caso de Hellín y
la comarca de la Sierra del Segura, más de 70.000 habitantes se quedaban sin servicio.
El 1 de septiembre de 2022, por una decisión unilateral de Renfe, se cancelaron los servicios y los trenes de la línea Cartagena-Murcia-Cieza-Hellín-Albacete.
La supresión de este servicio supuso un enorme agravio por parte del Gobierno de España al amplio territorio de Hellín (Albacete) y a la Región de Murcia.
En diciembre de 2023 la Presidencia del Consejo de la Unión Europea llegó a un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para dar luz verde a la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).
Su objetivo es impulsar una red de transporte de alta calidad que garantice una conectividad sostenible en toda Europa y, para ello, se pone especial atención en la finalización de las secciones transfronterizas de los Corredores Europeos de
Transportes, como el Atlántico y el Mediterráneo.
Ese conjunto de infraestructuras incluye la línea convencional Chinchilla-Cartagena, conexión histórica y demandada entre Madrid y la Región de Murcia a través de Albacete, con especial relevancia para Hellín y su comarca.
El nuevo Reglamento fija unos plazos para la finalización de las etapas de desarrollo de la RTE-T. La red básica debe completarse antes de 2030, la red básica ampliada antes de 2040, y la red global en 2050.
El acuerdo destaca el valor estratégico de la línea Chinchilla-Cartagena en la conexión de los Corredores Atlántico y Mediterráneo, elementos clave en la Red Transeuropea. Este acuerdo supone la recuperación de la línea, actualmente
cerrada, entre Albacete y Murcia, una reivindicación de los dos territorios.
Renfe anunció que el servicio de Media Distancia entre Albacete y Cartagena con trenes automotor se recuperaría en 2024.
Tras el acuerdo provisional entre la Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo sobre el Reglamento revisado para la RTE-T, instamos al Gobierno a priorizar la mejora y reapertura de la línea Chinchilla-Cartagena,
incluida en dicha red recientemente, y que se trate como línea prioritaria dentro del marco del Corredor Mediterráneo.
El Gobierno debe cumplir con los compromisos europeos y garantizar el completo desarrollo y la reapertura de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena, para asegurar que sea una iniciativa que beneficie a los territorios afectados y
contribuya al desarrollo sostenible del transporte ferroviario en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para la inmediata reapertura de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín, garantizando así la conectividad entre Albacete, Murcia, Cartagena y el resto de las localidades de este eje
de comunicación.
2. Priorizar la línea ferroviaria en el marco del Corredor Mediterráneo, solicitando que la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena sea una prioridad dentro del marco del Corredor Mediterráneo.
3. Iniciar con carácter inmediato los trámites necesarios (estudios informativos, evaluaciones de impacto ambiental, etc.) para la reconversión de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín en una vía de altas prestaciones,
electrificada y de alta velocidad, de acuerdo con los requisitos de la Extended Core de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T Network), para poder cumplir con el calendario marcado por la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la operativa con
baja visibilidad en el aeropuerto de Badajoz, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Extremadura, desde hace años, viene demandando del Gobierno de España una mejora en el transporte de viajeros en la región. Las carencias de sus infraestructuras, motivadas principalmente por los problemas del ferrocarril, se unen a los
problemas del transporte aéreo.
Extremadura cuenta con un único aeropuerto, que se ha convertido en noticia por sus incidencias y por la cancelación de sus vuelos.
La niebla es el fenómeno de impacto de mayor incidencia en la operatividad del Aeropuerto de Badajoz, habida cuenta del número de demoras, desvíos o cancelaciones, en condiciones de visibilidad reducida, alcanzando una media entre los años
2018 y 2023 de 37 operaciones afectadas, lo que supone un 5,7 por mil de las operaciones comerciales realizadas desde el aeropuerto.
En el año 2023 el total de operaciones afectadas ha sido de 73, lo que supone un 10,9 por mil de las operaciones comerciales realizadas desde el aeropuerto.
Según el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) elaborado por el Ministerio de Transportes, 'en aquellos aeropuertos en los que el número de operaciones afectadas, ya sea retrasadas, desviadas o canceladas, por visibilidad reducida sea
anualmente superior al menor de los siguientes umbrales: 3,5 operaciones comerciales por cada 1.000 o 35 operaciones comerciales totales, el gestor analizará la viabilidad de implantación de nuevos procedimientos; o instalará, en la medida de lo
posible, sistemas de ayudas visuales y/o no visuales; o mejorará los sistemas existentes'.
Los vuelos a Madrid y Barcelona desde el aeropuerto de Badajoz están considerados Obligación de Servicio Público (OSP) por la inexistencia de alternativas reales de otros medios de transporte que conecten nuestra región con estas ciudades y,
a través de ellas, con aeropuertos internacionales. Dicha OSP indica que la operación debe realizarse en condiciones de seguridad, continuidad y calidad de servicio, algo que se está incumpliendo muchos días al año.
La demanda de plazas en los vuelos, durante los meses que se registran las caídas operacionales por la presencia prolongada de fenómenos de niebla, registra un acusado descenso. Esto provoca la desconfianza generalizada de los usuarios en
el transporte aéreo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a instalar en el aeropuerto de Badajoz el sistema de ayuda a la aproximación y el aterrizaje ILS categoría ll/lll, que permite a los aviones despegar y aterrizar incluso en
situaciones climatológicas adversas de visibilidad casi nula, como las provocadas por bancos de niebla persistentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Cristina Teniente Sánchez, Carlos Javier Floriano Corrales, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Carlos Macías Gata y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000298
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la salud de las personas trabajadoras y usuarias de la sociedad
Metropolitano de Tenerife, S.A., para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
En atención al conflicto laboral que ha derivado en huelga tras muchos meses de legítimas propuestas a tenor de un más que posible incumplimiento del Convenio Colectivo en los servicios de Metropolitano de Tenerife, S.A., empresa dependiente
del Cabildo de Tenerife, urge una solución que garantice la salud de las personas trabajadoras de la compañía expuestas al polvo de sílice, agente cancerígeno conforme a la normativa vigente, así como a la protección de la salud de todas las
personas usuarias que utilizan el servicio que ofrece el tranvía de Tenerife.
La Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017 reconoce el polvo de sílice cristalina como un agente cancerígeno. Esta directiva se traspuso al ordenamiento jurídico español en 2020,
incorporando el polvo de sílice como sustancia cancerígena al Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Para lograr la adherencia y el frenado de las ruedas, los tranvías de Metropolitano de Tenerife, S.A., de la marca Alstom, inyectan continuamente arena de sílice a la garganta de las vías. Este material, al machacarse como consecuencia de
la fricción rueda-carril, genera un agente químico peligroso y cancerígeno denominado polvo de sílice cristalina respirable. En geografías tan abruptas como la de Tenerife, debido a la pendiente, la cantidad de arena empleada para lograr la
adherencia y el frenado de los tranvías es mucho mayor de lo habitual.
Por otro lado, el respeto y promoción de la igualdad de género es un principio fundamental en una sociedad democrática y avanzada. Sin embargo, lamentablemente, seguimos enfrentando situaciones de discriminación y desigualdad en el ámbito
laboral, incluso en empresas públicas bajo la tutela de las instituciones gubernamentales. Por otro lado, la seguridad laboral es un derecho básico de los trabajadores que debe ser garantizado en todo momento.
La necesidad de la presente iniciativa no es otra que abordar dos problemáticas importantes: la presencia del cancerígeno polvo de sílice en las vías y el incumplimiento del Plan de Igualdad en la empresa dependiente del Cabildo de Tenerife
Metropolitano, S.A., así como garantizar el derecho constitucional a preservar la salud tanto de trabajadores como de la ciudadanía.
La presencia de polvo de sílice en las vías supone de facto que una sustancia potencialmente peligrosa genere eventualmente graves problemas de salud, como enfermedades respiratorias crónicas, en los trabajadores expuestos a ella. La falta
de medidas adecuadas para controlar y mitigar la emisión de polvo de sílice en las vías representa un riesgo inaceptable para la salud y seguridad de los trabajadores que realizan labores en este entorno. En este sentido ya son numerosas personas
trabajadoras las que padecen enfermedades crónicas diagnosticadas.
En lo referido al Plan de Igualdad es importante reseñar que la empresa dependiente del Cabildo de Tenerife Metropolitano, S.A., ha sido señalada por no cumplir con las
disposiciones establecidas en su Plan de Igualdad, lo que pone en evidencia la persistencia de brechas de género en su estructura laboral y prácticas empresariales. Este incumplimiento no solo es una violación de los derechos fundamentales
de los trabajadores, sino que también socava los principios de igualdad y equidad que deben regir en cualquier entidad, especialmente en aquellas vinculadas con el sector público.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados ante la recurrente inacción de Metropolitano de Tenerife, S.A., empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, urge a encontrar una solución que garantice la salud de las personas trabajadoras de la compañía
expuestas al polvo de sílice, así como a la protección de la salud de todas las personas usuarias que utilizan el servicio que ofrece el tranvía de Tenerife y para ello solicita al:
1. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se comuniquen con la empresa y con las instituciones públicas que atesoran las competencias en la resolución del conflicto,
para que aquellas, procedan a la supresión total de los procesos de emisión, y el uso de los mismos, del polvo de sílice en las vías del Metropolitano de Tenerife, asegurando así un entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores
involucrados en actividades relacionadas con la infraestructura vial, así como para los usuarios de este medio de transporte.
2. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se comuniquen con la empresa y con las instituciones públicas que atesoran las competencias en la resolución del conflicto,
para que aquellas, tomen medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento efectivo del Plan de Igualdad las empresas en las que tenga participación Cabildo de Tenerife Metropolitano, S.A., incluyendo la implementación de políticas concretas para
eliminar cualquier forma de discriminación de género y promover la igualdad de oportunidades en todos los niveles y áreas de la organización.
3. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio de Trabajo y Economía Social que se comuniquen con la empresa y con las instituciones públicas que atesoran las competencias en la resolución del conflicto,
para que aquellas, garanticen que se refuercen los mecanismos de supervisión y control para garantizar la seguridad de los trabajadores y el respeto de los derechos laborales en las empresas en las que tenga participación Cabildo de Tenerife
Metropolitano S.A.'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Industria y Turismo
161/000299
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para apoyar a la industria
electrointensiva, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria intensiva en energía es un motor clave dentro de la industria española, manteniendo tejido industrial, empleo estable y de calidad.
En un momento con una importante carestía energética, agudizada desde el inicio de la guerra en Ucrania, el sector electrointensivo, al estar conformado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial en su
proceso, está sufriendo una importante pérdida de competitividad. Así, ante la escalada de los precios de la electricidad y del gas, en muchos casos estas empresas han tenido que recortar la producción ante los daños que la situación les está a
generar.
Dicha situación resulta de extrema preocupación, en tanto la industria electrointensiva comprende, con carácter general, actividades que pertenecen a la industria básica, que es aquella dedicada a la transformación de las materias primas, y,
por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores industriales. Es decir, como empresas altamente intensivas en empleo, el número de puestos de trabajo que están en juego es muy elevado.
No obstante, tampoco debemos obviar el hecho de que estas empresas actúan en mercados globalizados, por lo que se estima como esencial, para garantizar la viabilidad del sector a largo plazo, disponer de una política energética que permita
competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo y global.
Es por ello por lo que es necesario que los gobiernos adopten medidas que intenten garantizar la viabilidad de la gran industria consumidora de energía.
Siendo la electricidad una de las materias primas fundamentales del proceso productivo de la industria electrointensiva, está claro que el coste de la energía eléctrica constituye un aspecto que adquiere especial relevancia no solo para toda
la ciudadanía, sino que resulta crítico para esta industria.
Así, más allá de posibles contratos de compraventa de energía a largo plazo que se han promovido desde diversos gobiernos autonómicos y que han suscrito algunas industrias con promotores de proyectos de generación de energía a partir de
fuentes renovables, el primer factor que interviene en el precio de la energía eléctrica al que hacen frente estas industrias altamente consumidoras de energía viene marcado por el precio medio del mercado diario, donde en los últimos meses hemos
asistido a la imposibilidad, por parte del Gobierno español, de conseguir un precio estable para los hogares españoles y para todo el tejido industrial y empresarial.
Sin embargo, lo realmente importante para la industria es el precio eléctrico final que tienen que pagar las industrias electrointensivas y que viene marcado por el precio en el mercado mayorista, pero también por el resto de costes o
compensaciones que se suman o detraen en la construcción del precio final; así, los costes regulados y los impuestos encarecen el precio final eléctrico y como medida compensatoria está lo estipulado por la Ley de Presupuestos del Estado para el
establecimiento de una compensación denominada, 'Mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad', articulado como unas ayudas por
compensación de costes indirectos de CO2 en forma de subvención, que junto con la retribución por el Servicio Gestión de la Demanda, correspondiente una modulación temporal en la demanda de los consumidores de electricidad respecto a su patrón
normal de consumo, a cambio de una compensación económica, producen una reducción del precio final.
Esta reducción del precio final en España se está demostrando claramente insuficiente para estar en un mismo plano de igualdad con los consumidores electrointensivos en Europa, principalmente motivado por el hecho de que el mecanismo de
compensación de los costes indirectos de CO2 aplicado en España se distancia mucho de lo contenido en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que permite hasta un 25 % de lo recaudado por derechos de emisión de CO2, o de los
límites de esta ayudas, y que tiene su origen en la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018. Esta Directiva establece:
'Los Estados miembros deberán adoptar medidas financieras (...) en favor de sectores o subsectores que están expuestos a un riesgo real de fuga de carbono debido a los costes indirectos significativos sufragados efectivamente con cargo a los
costes de las
emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, siempre que esas medidas financieras estén en conformidad con las normas sobre ayudas estatales y, en concreto, no provoquen distorsiones indebidas de
la competencia en el mercado interior. Cuando el importe disponible para esas medidas financieras supere el 25 % de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión, el Estado miembro afectado expondrá las razones por las que se superó
dicho importe.
Los Estados miembros también procurarán no gastar en las medidas financieras (...) más del 25 % de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión. (...) A partir de 2018, para cualquier año en que un Estado miembro utilice
con estos fines más del 25 % de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión, ese Estado publicará un informe en el que indique los motivos para superar dicho importe.'
Se puede apreciar como esta Directiva establece un límite máximo para estas ayudas del 25 % de los ingresos obtenidos por la subasta de derechos de emisión. Sin embargo, dicho límite no aparece reflejado de manera taxativa, sino que se abre
la posibilidad a superarlo si se expone motivadamente qué razones hay que justifiquen su incremento.
A pesar de esta posibilidad, esta Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico nacional a través del apartado 4 del artículo 30 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que dispone que:
'Cada año, previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conforme a la normativa comunitaria en vigor se podrá destinar hasta un 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión
de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2, ligadas al consumo de electricidad, para las instalaciones en riesgo de fuga de carbono.'
Es decir, en la trasposición, el Gobierno español ha impuesto ya directamente esa limitación de ayudas de hasta el 25 % como máximo, a pesar de que la Unión Europea habilitaba el poder superarse.
Como decíamos, en un contexto como el actual, con un grave riesgo de deslocalización de empresas altamente consumidoras de energía, pero también altamente intensivas en empleo, resultaría lo más lógico que se reclamase al Estado español que
se sobrepasara el citado límite del 25 % de los ingresos obtenidos por los derechos de emisión.
Lamentablemente, la situación actual en España es muy distinta. Así, mientras en el año 2021 se obtuvieron 2.483 M de recaudación anual por derechos de CO2, las ayudas para compensación por costes indirectos en el año 2022 fueron de
solamente 244 M, es decir, el 9,8 %, cuando podrían alcanzar, con el actual marco normativo estatal, sin hacer uso de la posibilidad de superarlo que permite la Directiva europea, los 621 M. En cambio, en el año 2022 la recaudación ascendió a
3.231 M, destinándose para ayudas en el año 2023 otra vez 244 M, esto es, el 7,5 %, cuando podrían haberse destinado 808 M.
Para este año 2024, el Ministro de Industria y Turismo anunció en la comparecencia en Comisión que tuvo lugar el día 29 de enero que las ayudas para compensación por costes indirectos en el año 2023 ascenderían a 300 M. Sin embargo, si
tenemos en cuenta que la recaudación por derechos de emisión fue de 3.584 M, podemos apreciar como el porcentaje destinado a ayudas se quedará en el 8,3 %, mientras que el 25 % ascendería a 896 M.
Es decir, a pesar de que un Gobierno proactivo pelearía y defendería unas ayudas para las empresas electrointensivas que superaran ese límite del 25 % de los ingresos por emisiones de CO2 con el fin de evitar la deslocalización de dichas
empresas y su pérdida de competitividad, lo que estamos viendo en España es que el Gobierno central no apoya a esta industria, al destinar una cuantía muy inferior a la que todos los años de lo que debería, como mínimo, corresponderle. Y estos 300
M se pretenden plantear como una subida del apoyo a la industria electrointensiva, cuando lo que deberían sería destinar 896 M.
Sin embargo, la poca empatia o falta de apoyo al sector por parte del Gobierno también se demuestra con las ayudas recogidas en el Estatuto de los consumidores electrointensivos,
ya que con la ampliación del número de consumidores que tienen tal consideración, se está repartiendo la misma cantidad entre más beneficiarios, en lugar de intensificar a aquellos consumidores que son más electrointensivos.
Esto supone un nuevo riesgo, porque el Estatuto de los consumidores electrointensivos se está desnaturalizando por las escasas ayudas a las que se acceden frente a unas obligaciones que imponen costes importantes a los beneficiarios, de
manera que esos costes no se vean compensados por las ayudas recibidas y acaben por desistir de esta figura tan necesaria.
Frente a esta inacción en España, nos encontramos el ejemplo de Alemania, que, dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición de la CE, aprobó 49.000 M para compensar los elevados precios del gas y la electricidad de las empresas
industriales (con un máximo de 150 M por empresa).
En cambio, nuestro Gobierno central, bajo el paraguas del mismo Marco, aprobó tan solo 450 M de ayudas para las empresas industriales con alto consumo de gas (no a los electrointensivos). Esto supone que Alemania destina alrededor de 100
veces más en ayudas para la industria electrointensiva y gasintensiva, en comparación con España.
Si hacemos una comparativa con Francia, la aplicación en este país de la tarifa ARENH, junto con el resto de las medidas de apoyo a las empresas electrointensivas, hace que a fecha 5 de febrero de 2024, el precio final que tenían que asumir
las empresas españolas fuese más de tres veces superior al que asumían las empresas francesas: 64,59/MWh en España, frente a 20,71 /MWh en Francia.
En resumen, el Gobierno continúa siendo incapaz de adoptar un paquete de medidas que realmente permitan a la industria española contar con un precio eléctrico competitivo, estable y predecible, más de 3 años después de que se aprobara el tan
esperado y anunciado Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, que no fue más que otro fiasco para la industria española, poniendo en riesgo la deslocalización industrial y el
empleo, principalmente de la empresas con un gran consumo energético, como Duralex, Arcelor Mittal, Alcoa o Ferroglobe.
Y es más, la única medida que ha resultado beneficiosa para la industria electrointensiva, esto es, el mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva consistente en una reducción en la factura eléctrica del 80 por ciento del coste
correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad aplicables en cada momento (con efectos desde el 1 de enero de 2022 a través del art. 1 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y prorrogado hasta
el 30 de junio de 2024 por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre) tiene actualmente un carácter temporal hasta el 30 de junio de este año.
Ante esta situación, algunas administraciones autonómicas han tratado de salvaguardar a la industria electrointensiva a través de distintas iniciativas como la declaración de esta industria como estratégica, la simplificación y agilización
administrativa para acortar tiempos de tramitación e introducir medidas para impulsar la firma de los contratos PPA.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, con carácter inmediato, un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para la industria electrointensiva.
2. Modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para que la industria electrointensiva española compita en igualdad de condiciones con el respecto al resto de industrias europeas.
3. Modificar el límite de la dotación presupuestaria máxima permitida por la normativa estatal para la compensación de los costes indirectos por CO2 de la industria electrointensiva, y en su defecto, dotar en los Presupuestos Generales del
Estado el límite máximo actualmente permitido para estas ayudas con el 25 % de los ingresos procedentes de derechos de emisión de CO2.
4. Incrementar la retribución del servicio de respuesta activa de la demanda o establecer otros mecanismos de interrumpibilidad efectivos para reducir el precio eléctrico de la industria electrointensiva.
5. Mantener la bonificación de peajes del 80 % con carácter permanente.
6. Activar las subastas de energía procedente de fuentes renovables específicas para consumidores industriales intensivos en energía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María
Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoces del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000304
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la articulación urgente de
un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la industria turística española, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lleva reclamando sin éxito al Gobierno de Pedro Sánchez el diseño y la articulación con carácter urgente desde una perspectiva transversal de un PERTE específico para el sector turístico español,
dotado de una cifra de inversión no inferior en ningún caso a la cantidad de 12.000 millones de euros desde hace años. Sin ir más lejos, un ejemplo de esas reclamaciones reiteradas del Grupo Popular se produjo con ocasión del último Debate del
Estado de la Nación celebrado en 2022 en forma de Propuesta de Resolución, así como vía enmienda durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
En efecto, pese a la unidad del sector turístico español (Consejo Turismo CEOE, Exceltur, Mesa del Turismo, etc.) en su demanda de un PERTE específico desde el año 2021, el Gobierno encabezado por el Presidente Sánchez descartó desde la
aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el diseño de un PERTE para la cadena de valor turística y con retorno estratégico asegurado, a su juicio por la falta de empresas que puedan ejercer de tractoras y por la reducida
dimensión del tejido productivo turístico español, según se ha reiterado por parte de distintas máximas autoridades ministeriales con responsabilidades en materia turística a lo largo del tiempo.
Por última vez el pasado 29 de enero de este año en sede parlamentaria, el nuevo Ministro del ramo, D. Jordi Hereu en el transcurso de su primera comparecencia en el seno de la Comisión de Industria y Turismo del Congreso, ha reiterado la
negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a la articulación de un PERTE específico para la industria turística española. Así las cosas, no cabe sino concluir que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez continuará obstinado en su propósito de
cronificar la discriminación real y efectiva del sector turístico español frente a otros ámbitos productivos de la economía española.
Efectivamente, gracias al efecto multiplicador y de arrastre de la actividad turística en otros ámbitos productivos, indiscutiblemente el turismo ha vuelto a ser la punta de lanza
de la recuperación económica poscovid, como ya lo fue en la anterior Gran Crisis del año 2008 y responsable del +60 % y +70 % del crecimiento real del PIB registrados en 2022 y 2023 respectivamente. El turismo en España, dada su condición
de sector de arrastre, se trata de la primera industria en la estructura económica y social de España: a cierre del ejercicio de 2023, representó el 12,8 % del PIB nacional, -el mayor valor de la serie histórica-, y el 12,5 % del total de afiliados
en la economía nacional con casi 2,6 millones de puestos de trabajo.
No cabe la menor duda que el diseño e implementación de un PERTE turístico significaría sin duda una apuesta marca-país por la primera industria española en la estructura económica y social de España y serviría igualmente para contrarrestar
la escasa ficha financiera ordinaria otorgada bajo el mandato de Pedro Sánchez a la Política Turística del Estado. Por citar un ejemplo, en los PGE 2023 los créditos asignados al turismo sufrieron una merma y recorte superior al 40 % con respecto a
la anualidad de 2022 (1.794 millones de euros vs. 1050 millones).
Por todas las razones expuestas, la reivindicación más importante del conjunto del sector turístico español a inicios del 2024 continuaría siendo lograr un gran PERTE que integre al conjunto de todos los niveles de las Administraciones
Públicas, así como a los diversos operadores intervinientes de la iniciativa privada con la finalidad de gestionar con la mayor eficiencia posible proyectos turísticos de base transversal y de largo recorrido dentro del nuevo ciclo turístico y que
permitan, en definitiva, el reposicionamiento competitivo de la marca turística España con la vista puesta en la próxima década para hacer frente a nuestros competidores directos vía calidad en un mapa turístico mundial tremendamente competitivo.
En resumen, el fin último de un PERTE turístico sería proceder a la renovación integral de la oferta de servicios de nuestros destinos con el propósito de reposicionar a nuestra marca país y convertirla en la primera potencia turística
mundial de calidad y de mayor contribución social y económica sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
- Impulsar urgentemente el diseño, la aprobación y gobernanza de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), -en máxima colaboración y coordinación con la iniciativa turística privada-, que posibilite
entre otros fines, la actualización y transformación competitiva de los destinos pioneros o maduros como locomotoras históricas de ingresos del sistema turístico español.
- Dotar al PERTE del sector turístico español de una ficha financiera global mínima de 12.000 millones de euros, incluyendo e integrando a toda la cadena de valor turística española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima
García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa y José Vicente Marí Bosó, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/000302
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de la
Ley de Dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La atención a la dependencia constituye el cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar y un área clave en un escenario de progresivo envejecimiento de la población española y de un aumento de la esperanza de vida.
El pasado mes de diciembre se cumplieron 17 años de la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, una de las políticas de estado de mayor
consenso.
Esta Ley supuso toda una transformación del sistema para las personas usuarias, sus familias y las personas cuidadoras, dado que un adecuado sistema de atención a la dependencia constituye sin lugar a duda un elemento fundamental para la
mejora de la calidad de vida de muchos de los beneficiarios.
Lamentablemente, en su aplicación y desarrollo esta ley aún no se cumple en todos sus términos. En concreto el Gobierno de España no cumple con el modelo de financiación que contempla la propia Ley, ya que no aporta al sistema el 50 % que
le corresponde, lo que obliga a que las Comunidades Autónomas tengan que hacer un mayor esfuerzo presupuestario para atender a cada vez más personas en el sistema debido al progresivo envejecimiento de nuestra población.
Existe a todas luces una necesidad de financiación adecuada y suficiente que dé estabilidad al sistema, esta es la principal dificultad a la que se enfrentan las Comunidades Autónomas desde la aprobación de la Ley.
Tal como recogen los artículos 10 y 32 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia la financiación del sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes presupuestos y se señala que la aportación de la Comunidad Autónoma será cada año, al menos igual a la de la Administración
del Estado. Es decir, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben financiar de igual manera nuestro sistema para la autonomía y atención a la dependencia, esto es 50 % 50 %.
Actualmente esta previsión legal sigue sin cumplirse financiándose el SAAD aproximadamente en un 75 % por la Comunidades Autónomas y alrededor de un 25 % por el Gobierno del Estado.
A esto le hemos de sumar el último acuerdo impulsado por la anterior ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, antes de las elecciones generales del 23 de Julio, que contemplaba la subida de las cuantías de las ayudas, prestaciones y
servicios a la dependencia, lo que supone un sobresfuerzo económico para las arcas autonómicas.
Por su parte en los acuerdos de Investidura del Gobierno con otros grupos parlamentarios, el Gobierno se ha comprometido a financiar el 50 % del coste de la dependencia. Así lo ha hecho con el PNV o el BNG, en unos términos que no dejan
lugar a dudas en cuanto la inmediatez de la medida.
El objetivo debe ser, por tanto, cumplir la Ley y llegar a esa proporción del 50 % financiado por el Estado y un 50 % por parte de los Gobiernos Autonómicos, cuestión ésta que no se cumple, ya que los recursos incorporados al Plan de Choque
para el impulso del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia del Gobierno no han sido suficientes para solucionar este desequilibrio generado durante años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con la financiación del 50 % del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, tal y como establece la Ley.
2. Garantizar su aportación económica en tiempo y forma para que se puedan prestar estos servicios básicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000308
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar una Estrategia Marco
de Atención Sociosanitaria, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
Un año más, las cifras de envejecimiento en nuestro país vuelven a sorprender al alza. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2022 España ha registrado un nuevo máximo de envejecimiento, contabilizándose 133
personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.
Esta realidad sociodemográfica, acentuada por el enorme impacto de la pandemia en este colectivo, puso de manifiesto la importancia de centrar esfuerzos en la atención de las personas mayores, buscando garantizar y mejorar su bienestar,
autonomía y calidad de vida, con especial atención en la necesidad de protección de aquellas personas mayores vulnerables por razón de dependencia o discapacidad.
El envejecimiento de la población no solo plantea importantes desafíos sociales, sino que nos obliga a revisar y adaptar nuestro sistema de cuidados para garantizar a las personas los apoyos necesarios a lo largo de su vida, a través de un
nuevo modelo de atención centrado en la persona y en su entorno natural con una visión integral, continuada y eficiente.
Este enfoque incluye la prevención y reducción de los riesgos de dependencia, abordando los cuidados de larga duración con absoluto respeto a la dignidad de las personas y avanzando en la integración sociosanitaria.
Para garantizar una atención de calidad a las personas con una perspectiva sociosanitaria y proactiva desde los sistemas públicos de protección, es necesario que el Gobierno desarrolle, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las
entidades del Tercer Sector, una Estrategia Marco de Atención Sociosanitaria. El objetivo es contar con un instrumento que nos permita afrontar, tanto las necesidades sociales como sanitarias de las personas mayores, garantizando una mejor
atención, y la continuidad asistencial a través de una coordinación entre las Administraciones sanitarias y sociales, incluyendo
criterios homogéneos de actuación, medidas de innovación social y tecnológica, y preservando la independencia y autonomía de nuestros mayores.
Esta coordinación, clave para abordar de manera integral las necesidades de la población, se puede lograren el marco del Consejo Territorial de los Servicios Sociales y la Dependencia, definiendo principios comunes que rijan la atención
sociosanitaria, e incorporando la participación de todas las instituciones, organismos, entidades y profesionales implicados. Además, la implementación de equipos multidisciplinares de referencia, Centros de Cuidados Intermedios Sociosanitarios y
la promoción de la Atención Sociosanitaria Domiciliaria son pasos esenciales para garantizar una atención cohesiva y eficaz.
En respuesta a la creciente prevalencia de la fragilidad sociosanitaria, especialmente entre la población envejecida y aquellos con enfermedades crónicas, se plantea la necesidad de un enfoque que considere las dimensiones físicas, sociales
y cognitivo-mentales de la atención. Esto implica la detección temprana y la orientación adecuada de los servicios sociosanitarios, así como la planificación eficiente de los recursos necesarios para abordar estas complejas necesidades.
En definitiva, la sociedad se enfrenta a desafíos crecientes en el ámbito sociosanitario, lo que implica la necesidad de un enfoque integrador con permanente capacidad de adaptación a una realidad cambiante y cada vez más compleja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades del Tercer Sector, una Estrategia Marco de Atención Sociosanitaria, para afrontar las necesidades sociales y
sanitarias de las personas mayores que garantice una mejora en su atención, así como la continuidad del servicio prestado a través de la coordinación entre las Administraciones sanitarias y sociales.
Dicha Estrategia, acordada en el marco del Consejo Territorial de los Servicios Sociales y la Dependencia, deberá contemplar criterios homogéneos de actuación para todas las Administraciones competentes, con medidas de innovación social y
tecnológica, que preserven la independencia y autonomía de nuestros mayores y les presten los apoyos que precisen en cada momento, de acuerdo con sus necesidades, criterios de proximidad y la calidad de los servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de envejecimiento activo
destinadas a garantizar los derechos de los mayores y reforzar su papel y protagonismo social, para su debate en la Comisión de Derecho Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
España, como la gran mayoría de los países desarrollados, se encuentra en pleno proceso de envejecimiento.
Según los datos del último censo publicados por el INE el pasado mes de diciembre, uno de cada cinco habitantes tiene al menos 65 años. A esto cabe añadir que, mientras que la población de más de 64 años creció un 2,1 % en el último año, la
de menores de 16 años se redujo un 0,6 %. El resultado es que ya hay más de dos millones y medio más de personas en edad de jubilación que de niños y adolescentes. Por otra parte, el peso relativo de las personas de 65 años y más sobre el conjunto
de la población se ha duplicado desde 1975, pasando de representar el 10,2 % a suponer el 20,1 %. Y si nos atenemos a las proyecciones de población que el propio INE publica, el porcentaje de población de 65 años y más alcanzará un máximo de 30,4 %
en torno a 2050, a partir de cuya fecha empezará a bajar.
Un país cada en el que cada vez hay más personas mayores no puede vivir de espaldas a esta realidad, lo que hace necesario implementar políticas que promuevan el envejecimiento activo, garantizando los derechos, la calidad de vida y el
bienestar de las personas mayores, y su cada vez más necesaria participación en la vida social.
El término 'envejecimiento activo' fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de 'envejecimiento saludable' y reconocer los factores que, junto
a la atención sanitaria, afectan a la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones.
El planteamiento del envejecimiento activo parte del reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores. Sustituye la planificación estratégica basada en las 'necesidades', que contempla a las personas mayores como sujetos
pasivos, por otra basada en sus 'derechos' a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen respaldando su plena responsabilidad a la hora de ejercer su participación en el proceso político y en otros
aspectos de la vida comunitaria.
Partimos de la premisa de que el envejecimiento activo no solo contribuye al bienestar de las personas mayores y fortalece la cohesión social, sino que supone una excelente oportunidad para que el conocimiento, el criterio, y la experiencia
acumulada por estas personas a lo largo de su vida nos enriquezca a todos.
Para ello, es fundamental impulsar políticas orientadas al reconocimiento del valor social que aportan los mayores en una sociedad para todas las edades, fomentando su participación, potenciando sus capacidades y relaciones
intergeneracionales, y promoviendo, en su caso, una atención integral centrada en la persona mediante los apoyos adecuados a las necesidades que tengan en cada momento.
Esto implica hacer evolucionar el concepto de envejecimiento activo hacia otro que ponga el acento en el papel activo que las personas mayores pueden desempeñar en nuestras sociedades, hasta el punto de convertirlos en un sector de la
población cada vez más importante e influyente.
De igual forma, el cuidado de los mayores, la prevención de las patologías relacionadas con la edad, una tercera edad más activa y saludable y la atención a la dependencia, nos plantean un enorme reto como país. Ser capaces de financiar con
suficiencia y garantizar el correcto funcionamiento de este pilar del Estado de Bienestar se vuelve crucial, especialmente ante la realidad de que progresivo envejecimiento de la población se traduce en la necesidad creciente de apoyos.
Trabajar por una España que cuida y respeta a sus mayores es un acto de solidaridad y responsabilidad entre generaciones, y un compromiso hacia quienes cuidaron de nosotros y nos han legado la democracia y la libertad.
Debemos volcarnos con sus necesidades concretas y en su calidad de vida. Para ello son necesarias medidas destinadas a conseguir una sociedad más inclusiva, accesible y empática con las personas mayores, así como promover el aprendizaje a
lo largo de la vida con oportunidades formativas relacionadas con sus intereses y necesidades y luchar contra la brecha digital. Es necesario, también, promover su participación social activa y ofrecer oportunidades de ocio y de acceso a la
cultura, implementar programas de promoción de salud, con especial atención a la salud mental o la práctica deportiva, y garantizar la protección de sus derechos como consumidores o la posibilidad de relacionarse con las administraciones públicas de
forma presencial. En otras palabras, es
necesario construir una sociedad para todas las edades que cuente con todos, sin exclusiones, y que proteja especialmente a los más vulnerables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de la mano de las Comunidades Autónomas y la FEMP, y con la colaboración de las organizaciones de personas mayores, elabore un Plan Nacional de Promoción del Envejecimiento Activo que
contemple todas las áreas y ámbitos de actuación relacionados con su bienestar y la garantía de sus derechos, para que el envejecimiento se convierta en una nueva etapa de desarrollo personal.
En concreto dicho Plan contemplará medidas en relación, entre otros, con los siguientes aspectos:
- La promoción de hábitos de vida saludable y el fomento de la práctica deportiva, básicos para la prevención de enfermedades vinculadas al envejecimiento.
- El fomento de canales para favorecer participación social.
- El acceso permanente a la formación, el aprendizaje y la cultura ampliando espacios de formación, en colaboración con las universidades y otras entidades.
- El derecho a la atención presencial y telefónica sin cita previa telemática en sus relaciones con las administraciones públicas.
- Medidas para combatir la brecha digital.
- El reconocimiento del talento sénior mediante proyectos de mentoría, y otros que conecten a personas mayores con jóvenes a los que apoyar y transmitir su experiencia, y de los que aprender, fomentando las relaciones intergeneracionales.
- El fomento de la figura del voluntariado, con y para las personas mayores, como medio para mantener una vida activa, útil y en contacto con otras personas con similares inquietudes sociales.
- El mantenimiento y mejora de los programas de turismo social y termal.
- El impulso de planes y programas para detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada.
- La atención específica de las necesidades de las personas mayores en el medio rural, y de aquellos en situación de especial vulnerabilidad como las personas mayores sin recursos, las mujeres mayores víctimas de violencia de género, los
mayores víctimas de violencia doméstica o los mayores con discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Bella Verano Domínguez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Patricia Rodríguez Calleja, Bartolomé Madrid Olmo,
Enrique Belda Pérez-Pedrero, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Sandra Fernández Herranz, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Agustín Parra Gallego, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000296
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación, su Portavoz adjunta doña lone Belarra Urteaga, y la Diputada Martina Velarde Gómez, integrantes de Podemos, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan
la siguiente Proposición no de Ley de medidas contra la sequía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos se enfrentan a una emergencia climática sin precedentes que tiene que ser abordada con una movilización histórica de recursos, una batería de reformas verdaderamente sistémicas y voluntad
política firme para llevarlo a cabo.
La necesidad de poner en marcha ya una transición ecológica y energética socialmente justa supone una tarea de primer orden para prepararnos aquí y ahora para los efectos, que ya son notorios y significativos, del calentamiento global en
nuestras vidas y nuestra cotidianidad.
En España estamos viviendo una de las peores sequías de los últimos años, que ha llevado a tomar decisiones sin precedentes como la declaración de emergencia por sequía en Barcelona y su área metropolitana y en Girona y su entorno, ante la
mala situación de los embalses que abastecen estas zonas.
La falta de lluvias tiene consecuencias para todo el mundo pero especialmente se ven afectados sectores de la agricultura social y familiar en pro del agronegocio y los vecinos y vecinas que habitan en zonas turísticas en pro del modelo de
turismo mayoritario de nuestro país.
Por un lado, la sequía supone una reducción de las cosechas y lleva las indemnizaciones por daños a un récord histórico, que sumado al aumento de los costes y la competencia desleal que implican las importaciones de productos de terceros
países, lastran al sector agrario. El modelo predominante de ganadería industrial en España es insostenible. Según Greenpeace, la ganadería intensiva consume 48.000 millones de metros cúbicos de agua en un año, lo equivalente al consumo de todos
los hogares españoles durante más de 21 años y según la FAO, la agricultura representa el 70 % de la extracción mundial de agua dulce.
Por otro lado, el modelo de turismo mayoritario supone una absorción de recursos hídricos y naturales que provoca un gran deterioro medioambiental. Este modelo de turismo no contribuye a paliar las consecuencias provocadas por la crisis
climática, principalmente en las zonas insulares. Por ejemplo, el turismo en las Islas Baleares consume 1 de cada 4 litros de agua, el regadío de campos de golf supone el 4 % del uso de agua en el territorio y cada amarre de un crucero supone
628.000 litros de agua.
Para llevar a cabo una transición ecológica justa es necesario priorizar como sector estratégico la agricultura de pequeño y mediano tamaño, de carácter familiar y social y avanzar en la construcción de otro modelo de turismo sostenible y
socialmente justo, ya que el dominante sigue una trayectoria diametralmente opuesta a la sostenibilidad eco social.
Necesitamos medidas que busquen revisar el modelo económico basado en la agricultura y ganadería hiperintensiva y el turismo masificado, que son los grandes consumidores de recursos. También, necesitamos un Escudo Climático ante la crisis
ecológica que proteja a la ciudadanía, al igual que se planteó el Escudo Social con la emergencia derivada de la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Por todo lo anterior, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Aplicar una moratoria a los regadíos hiperintensivos en manos de fondos buitre y macrogranjas. Una moratoria que debería extenderse a la apertura de nuevos regadíos ordinarios en cuencas afectadas habitualmente por la sequía, así como
el control del suministro a aquellos ya existentes en cuencas que se encuentren en situación de sequía, exceptuando a la ganadería familiar y profesional.
2. En las CC.AA. con situaciones de emergencia aplicar un recorte del consumo de agua del regadío hiperintensivo y de la ganadería hiperintensiva de un 80 %. En las cuencas hídricas afectadas por situaciones de emergencia por sequía, los
recursos hídricos disponibles, deben ser destinados preferentemente hacia las explotaciones de la
agricultura profesional de carácter familiar de pequeño y mediano tamaño, así como hacia la agricultura y ganadería social.
3. Elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que responda al ciclo de emergencia climática actual. Este plan tiene que suponer también un estudio para el refuerzo de la eficiencia y la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos
en las zonas que pueden potencialmente estar afectadas por la sequía.
4. Realizar un 'mapa agronómico' actualizado, que bajo los parámetros científicos pueda servir para una redefinición de los usos racionales de la tierra en equilibrio con la disponibilidad de recursos hídricos. El objetivo debe ser no
dejar caer a ninguna pequeña o mediana explotación agrícola o ganadera, que se vean afectadas por las consecuencias de la crisis climática a través de la promoción de un aumento de las partidas de ayudas directas y de líneas de crédito y la garantía
de la adaptación de las reglas de la PAC.
5. Promover la reducción del consumo de agua por parte del sector turístico en beneficio de los vecinos y vecinas de las zonas afectadas por la sequía, reconociendo en el reparto de ayudas principalmente a las zonas insulares, más afectadas
por la turistificación y muy sensibles a las consecuencias de la crisis climática.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Martina Velarde Gómez, Diputada.-lone Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000297
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión del sector de la flor cortada y la planta ornamental en el Plan Estratégico de la PAC, para su discusión en
la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sector de la flor cortada y la planta ornamental.
Las últimas cifras sectoriales relativas a la producción de la flor cortada y la planta ornamental publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 4 ponen de relieve la importancia de un sector que es fuente de empleo y
riqueza; muy vinculado, además, a las fiestas tradicionales españolas, como la Semana Santa o las Fallas.
En España se dedican unas 4887 ha y 1200 ha de superficie al cultivo de planta ornamental y flor cortada, respectivamente. En cuanto a la distribución regional de la producción de flores, ésta la encabezan Andalucía (29 %), Galicia (20 %),
Cataluña (16 %) y la Región de Murcia (12 %), constituyendo la rosa y el clavel la mitad del total de la producción. Por su parte, la Comunidad Valenciana (32 %), las Islas Canarias (27 %) y Andalucía (19 %) son las regiones con mayor producción de
plantas.
España ocupa el quinto puesto respecto al valor total de producción de la Unión Europea (y el séptimo a nivel mundial), con una producción de 691,7 millones de euros, el 8 % del total; cifra provisional del año 2020, la cual acusa un
descenso significativo por
4 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/cifrasdelsectorfloresyplantas2021actualizadoaseptiembre2022_tcm30-628781.pdf (cifras actualizadas a 27 de septiembre de 2022).
razón de la pandemia. No obstante, el promedio del periodo 2015-2019 asciende a 747,4 millones de euros.
Y es que, en relación con la exportación de flores y plantas, la 'planta viva u ornamental es el principal capítulo de la exportación española de flor y planta viva, representando el 82 % del total [con 495 millones de euros]. Le sigue la
flor cortada, con una exportación en 2022 de 60 millones de euros, un 3 % más que en 2021 y el follaje, con 37,2 millones de euros (+15 %)' 5, según datos proporcionados por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas y Hortalizas (FEPEX).
Segundo. Desarrollo del sector y PEPAC 2023-2027.
Si bien la floricultura ha gozado de una notable evolución en los últimos años, fue un sector agrícola particularmente castigado por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, toda vez que estas flores y plantas no fueron reconocidas
como bien de primera necesidad. Por tanto, la incidencia de las restricciones en su comercialización fue total, dada su manifiesta estacionalidad 6; un hecho que llevó a las principales organizaciones agrarias a dirigir una carta conjunta al
secretario general de Agricultura y Alimentación aportando medidas de apoyo urgentes 7.
Hoy los productores padecen las evidentes repercusiones de un contexto inflacionario y de aumento de los costes de producción, el cual coexiste con un marco regulatorio desfavorable, generador de burocracia e incertidumbre, obligaciones
climáticas injustificadas y la ausencia de incentivos y medidas ordenadas a garantizar la reciprocidad de los estándares exigidos 8.
En otro orden de cosas, como es sabido, el sector de la flor cortada y la planta ornamental se encuentra excluido de las intervenciones sectoriales de la PAC 9, lo que restringe su acceso al reconocimiento de agrupaciones u organizaciones de
productores y a los fondos comunitarios; una situación que han denunciado diversas asociaciones, como FEPEX y la Confederación de Cooperativas, así como diversas Consejerías de Agricultura 10.
Tercero. Conclusiones.
En definitiva, el sector de la flor cortada y la planta ornamental tiene un papel de máxima relevancia en el mundo agrario español. Los floricultores, que atravesaron enormes dificultades durante la pandemia -en modo alguno compensadas por
las ayudas promovidas por el Gobierno 11-, hoy se topan con un contexto marcado por la inflación y un marco regulatorio más burocrático que agrario, al que el Grupo Parlamentario VOX se viene oponiendo y que ha merecido las protestas de miles de
agricultores en toda Europa. Por todo ello, instamos a su inclusión en la próxima revisión del Plan Estratégico de la PAC.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
5 https://www.fepex.es / datos-del-sector / exportacion-importacion-espa % C3 % B1 ola-flores-plantas.
6 La catástrofe causada por la pandemia obligó al Gobierno a poner en marcha la concesión de subvenciones al sector por un valor total de 10,4 millones de euros, así como una campaña promocional con un presupuesto de 500.000 euros; una
medida fundamentada en 'que el sector de la flor cortada y planta ornamental vio imposibilitada la comercialización de su producción en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 como consecuencia de las limitaciones
impuestas por el estado de alarma': https://www.mapa.gob.es/es/ prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-por-104-millones-de-euros-para-el-sector-de-flor-cortada-y-planta-ornamental/tcm:30-544522.
7 https://www.asaja.com/files/noticia/24032020140117_23-03-20 % 20Carta % 20sector % 20Flores % 20v % 20Plantas % 20covid-l 9.pdf
8 https://www.fepex.es/noticias/detalle/ radiografia-sector-flor-planta-dia-santos.
9 https://www.mapa.gob.es/es/pac/pac-2023-2027/plan-estrategico-pac.aspx
10 https://www.guiaverde.com/noticias/el-ministerio-de-agricultura-ve-positiva-la-posible-constitucion-de-una-interprofesional-para-el-sector-de-flor-y-planta-7109/
11 FEPEX cifra en 440 millones las pérdidas durante el periodo de marzo a mayo de 2020: https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/el-sector-de-la-flor-cortada-y-plantas-ornamentales-habria-perdido-segun-fepex-por-la-crisis-del
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. La intervención sectorial de la flor cortada y la planta ornamental en la próxima revisión del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.
2. La valoración de ayudas a nivel nacional para la mejora de la producción, la comercialización y la formación del sector de la flor cortada y la planta ornamental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000295
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la preservación del principio de suficiencia financiera de las entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece objetivos, políticas y medidas para, según el Gobierno del Estado, alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, inició el período de
consulta pública el 22 de febrero de 2019, fecha en la que también se presentó en la Comisión Europea para su evaluación, organismo que publicó sus recomendaciones en junio del mismo año.
Para el llamado Escenario Objetivo 2030, el citado documento establecía una evolución de la potencia instalada para la generación de electricidad mediante carbón que partía de los 11.311MW de 2015, 10.524MW de 2020, 4.532MW de 2025, hasta
los 0MW para 2030 (en realidad, para dicho año figuraba un intervalo 0-1.300MW, aunque el último dato no se consideraba en el cómputo total), evolución que intensificó su previsión decreciente en la versión final resultado del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de marzo de 2021 y recogido en la Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, publicada en el BOE del 31 de marzo de 2021, fijando
un objetivo para 2025 de 2.165MW, casi coincidente con los 2.061MW actuales.
En el citado texto se hace referencia a la 'pérdida sustancial del peso del carbón en la generación eléctrica en el período del Plan', y se afirma que 'Nueve de las quince centrales térmicas de carbón existentes en la actualidad (2019) no
estarán posiblemente operativas al inicio del Plan en 2021(...). Es decir, se prevé que al inicio del Plan sigan activas seis centrales de carbón'. Los datos publicados por REE indican una reducción porcentual a la tercera parte, del 9,6 % al 2,8
%, en la potencia instalada de centrales térmicas de carbón a respecto del total estatal entre el 2018 y el 2023, mientras que en referencia al total de la generación eléctrica en el mismo período temporal, la aportación del carbón se redujo a la
décima parte, del 14,3 % al 1,5 %, con apenas tres centrales termoeléctricas en 2024, dos en Asturias propiedad de EDP (en proceso de conversión a hidrógeno) y una de Endesa en
las Illes Balears (con limitación en horas de funcionamiento anual), que representan el 1,7 % de la potencia instalada y aportan al mix de generación eléctrica algo menos del 1 %.
También en el documento se aportan las causas del cierre de las centrales de carbón, al afirmar que 'antes de 2030 las centrales térmicas de carbón dejarán de ser competitivas dado el aumento previsto en el precio de la tonelada de CO2 en el
sistema europeo de comercio de emisiones (35 /t -24,84 /t medio anual 2019, no 2023 83,50 /t, con máximos mensuales 91,82 /t en febrero de 2023-), la continua reducción de costes en las tecnologías renovables para la generación eléctrica y el
precio relativo del gas'. Es evidente, por tanto, que las causas que motivaron y derivaron en el cierre anticipado, no planificado y caótico, son de origen político, diseñadas -directa o indirectamente- y aplicadas desde el Estado.
Y sus consecuencias y efectos socioeconómicos y laborales negativos en las zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Galiza, e Illes Balears con centrales térmicas, también eran
previsibles, como reconoce el PNIEC al establecer que 'En todo caso, la transición en el sector tendrá que ir acompañada de medidas de apoyo a las comarcas afectadas para asegurar que el proceso se desarrolla de forma justa y solidaria'.
Ante la no disponibilidad de un estudio global de tales efectos, y por el conocimiento directo del territorio, citamos algunas de las conclusiones del estudio sobre el 'Impacto Socioeconómico en As Pontes de la Descarbonización Energética',
elaborado para el Concello de As Pontes en marzo de 2021 por un equipo de investigación de la Universidade da Coruña. Para las personas investigadoras, en términos de empleo, el cierre de la central térmica significa la pérdida de 1.178 puestos de
trabajo ocupados por residentes en el municipio (en cifras de 2018, últimos datos estadísticos disponibles en el momento de elaboración del estudio, y coetáneo con el informe de impacto de Endesa), a los que deberían de sumarse 299 del resto de la
zona de influencia, con un resultado total de 1.477; detalla el estudio que apenas un 33 % de la población activa residente conservaría su empleo en la localidad, un 34 % pasarían a encontrarse sin empleo, y el restante 33 % estarían trabajando
fuera de la localidad, con un 285 % de aumento del paro registrado local. Tal pérdida de empleo significaría la pérdida de 67 millones de euros anuales en términos de Valor Añadido Bruto, de los que 34 millones serían en concepto de pérdidas
salariales y otros 33 millones en rentas de la propiedad y de la empresa.
Con respecto a la pérdida de ingresos municipales derivados del cierre, son dos los conceptos cuantitativamente más importantes, en concreto los derivados de la aplicación de los impuestos de Actividades Económicas (IAE) y de los Bienes
Inmuebles Urbanos de Características Especiales (IBI-BICES). Acudiendo de nuevo a los datos de As Pontes como referencia, en un reciente informe técnico del área económica municipal se cuantifica en unos 670.000 /año (42 % del concepto impositivo)
la disminución en concepto de ingresos por el primero, y en unos 2 millones (27 %) anuales para el segundo. En el caso del IAE la disminución puede ser gradual e intermitente, dependiendo de las características técnicas de la central y de la
estrategia empresarial de la propietaria (en el caso de As Pontes, la mitad de la pérdida se produce desde el 2021, mientras que la otra mitad se reparte entre el 2022 y parte del 2023).
Situación diferente es la del IBI, impuesto cuyo censo analítico es un registro administrativo, el Catastro Inmobiliario -regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2004-, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales, que comprende sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad
de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado, ejercida por la
Dirección General del Catastro, que tiene la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores.
Pues bien, el criterio que está se está aplicando en el caso de las centrales térmicas, sin consulta previa alguna a las administraciones locales perjudicas y en manifiesto
beneficio de las empresas propietarias, consiste en eliminar la condición de características especiales y aplicar tan sólo la condición de urbano en la base imponible, tomando como referencia la última ponencia de valores, aplicación que se
hará efectiva el 1 de enero del año siguiente al que figure en el acta de cierre de la central; este criterio ignora todo el proceso de desmantelamiento de las instalaciones, que oscila entre el período de tres años establecido en las
autorizaciones de cierre y el descrito en los estudios de impacto ambiental de unos cinco años, a los que deberían de añadirse uno o dos años más necesarios para la actuación sobre los suelos contaminados y clausuras de posibles vertederos, todo
ello antes de asignar un nuevo uso a dichos terrenos, normalmente industrial para el asentamiento de nuevos proyectos que minoren las afecciones socioeconómicas y laborales negativas del llamado proceso de Transición Justa.
Es decir, tomando de nuevo como ejemplo el caso concreto de As Pontes, estamos hablando de eliminar por completo, por criterio unilateral de la Dirección General del Catastro, la opción de ingreso municipal, público por lo tanto, de unos 14
millones de euros, cantidad que dejan de pagar las empresas, privadas -o no públicas españolas, para mejor concreción- todas ellas.
Pues bien, acreditada la pérdida de ingresos de los municipios afectados por los cierres de las centrales térmicas de carbón en causas políticas estatales, anunciadas y aplicadas sin planificación alguna, del PNIEC 2021-2030 y del mercado de
los derechos de emisiones de CO2, y posteriores con la aplicación del criterio impositivo regresivo del catastro, entendemos necesario y obligado establecer las oportunas compensaciones, que deben ser también estatales.
Para ello es posible enunciar alguna referencia, como la implementada con motivo de la reforma del IAE contemplada en el por entonces Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que
motivó el acuerdo de noviembre de 2002 entre el gobierno y la FEMP sobre el nuevo sistema de financiación de las haciendas locales, en concreto el de compensación por la supresión del IAE, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia
financiera de las entidades locales y prevenir la posible merma de ingresos que pudieran experimentar, pérdidas que, en el caso que nos ocupa del cierre anticipado y no planificado de las centrales térmicas, está cuantificado por cada una de las
administraciones locales afectadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar con los Concellos afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón y aplicar, de forma urgente, un mecanismo de compensación de la pérdida de recaudación municipal, cuando
menos en concepto de IAE e IBI- BICES, producida por dicho cierre, anticipado y no planificado, con la finalidad de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á preservación do principio de suficiencia financeira das entidades locáis afectadas polo fechamento de centráis térmicas de carbón para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.
Exposición de motivos
O borrador inicial do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC), que estabelece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o Gobernó do Estado, alcanzar a neutralidade climática antes de 2050, iniciou o período de
consulta pública o 22 de febreiro de 2019, data na que tamén se presentou na Comisión Europea para a súa avaliación, organismo que publicou as súas recomendacións en xuño do mesmo ano.
Para o chamado Escenario Obxectivo 2030, o citado documento estabelecía unha evolución da potencia instalada para a xeración de electricidade mediante carbón que partía dos 11.311MW de 2015, 10.524MW de 2020, 4.532MW de 2025, ata os 0MW para
2030 (en realidade, para o devandito ano figuraba un intervalo 0-1.300MW, aínda que o último dato non se consideraba no cómputo total), evolución que intensificou a súa previsión decrecente na versión final resultado do Acordo do Consello de
Ministros do 16 de marzo de 2021 e recolleito na Resolución do 25 de marzo de 2021, conxunta da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas e da Oficina Española de Cambio Climático, publicada no BOE do 31 de marzo de 2021, fixando un obxectivo
para 2025 de 2.165MW, case coincidente eos 2.061MW actuáis.
No citado texto faise referencia á 'perda substancial do peso do carbón na xeración eléctrica no período do Plan', e afírmase que 'Nove das quince centrais térmicas de carbón existentes na actualidade (2019) non estarán posibelmente
operativas ao comezo do Plan en 2021(...). É dicir, prevese que ao comezo do Plan sigan activas seis centrais de carbón'. Os datos publicados por REE indican unha redución porcentual á terceira parte, do 9,6 % ao 2,8 %, na potencia instalada de
centrais térmicas de carbón a respecto do total estatal entre o 2018 e o 2023, mentres que en referencia ao total da xeración eléctrica no mesmo período temporal, a achega do carbón reduciuse á décima parte, do 14,3 % ao 1,5 %, con apenas tres
centrais termoeléctricas en 2024, dous en Asturias propiedade de EDP (en proceso de conversión a hidróxeno) e unha de Endesa nas Illes Balears (con limitación en horas de funcionamento anual), que representan o 1,7 % da potencia instalada e achegan
ao mix de xeración eléctrica algo menos do 1 %.
Tamén no documento achéganse as causas do fechamento das centrais de carbón, ao afirmar que 'antes de 2030 as centrais térmicas de carbón deixarán de ser competitivas dado o aumento previsto no prezo da tonelada de CO2 no sistema europeo de
comercio de emisións (35 /t -24,84 /t medio anual 2019, non 2023 83,50 /t, con máximos mensuais 91,82 /t en febreiro de 2023-), a continua redución de custos nas tecnoloxías renovábeis para a xeración eléctrica e o prezo relativo do gas'. É
evidente, por tanto, que as causas que motivaron e derivaron no fechamento anticipado, non planificado e caótico, son de orixe política, deseñadas -directa ou indirectamente- e aplicadas desde o Estado.
E as súas consecuencias e efectos socioeconómicos e laborais negativos nas zonas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castela e León, Castela-A Mancha, Catalunya, Euskadi, Galiza, e Illes Balears con centrais térmicas, tamén eran previsíbeis,
como recoñece o PNIEC ao estabelecer que 'En todo caso, a transición no sector terá que ir acompañada de medidas de apoio ás comarcas afectadas para asegurar que o proceso se desenvolve de forma xusta e solidaria'.
Ante a non dispoñibilidade dun estudo global de tales efectos e polo coñecemento directo do territorio, citamos algunhas das conclusións do estudo sobre o 'Impacto Socioeconómico nas Pontes da Descarbonización Enerxética', elaborado para o
Concello das Pontes en marzo de 2021 por un equipo de investigación da Universidade da Coruña. Para as persoas investigadoras, en termos de emprego, o fechamento da central térmica significa a perda de 1.178 postos de traballo ocupados por
residentes no municipio (en cifras de 2018, últimos datos estatísticos dispoñíbeis no momento de elaboración do estudo, e coetáneo co informe de impacto de Endesa), aos que deberían de sumarse 299 do resto da zona de influencia, cun resultado total
de 1.477; detalla o estudo que apenas un 33 % da poboación activa residente conservaría o seu emprego na localidade, un 34 % pasarían a atoparse sen emprego, e o restante 33 % estarían a traballar fóra da localidade, cun 285 % de aumento do paro
rexistrado local. Tal perda de emprego significaría a perda
de 67 millóns de euros anuais en termos de Valor Engadido Bruto, dos que 34 millóns serían en concepto de perdas salariais e outros 33 millóns en rendas da propiedade e da empresa.
Con respecto á perda de ingresos municipais derivados do fechamento, son dous os conceptos cuantitativamente máis importantes, en concreto os derivados da aplicación dos impostos de Actividades Económicas (IAE) e dos Bens Inmóbeis Urbanos de
Características Especiais (IBI-BICES). Acudindo de novo aos datos das Pontes como referencia, nun recente informe técnico da área económica municipal cuantifícase nunha 670.000 /ano (42 % do concepto impositivo) a diminución en concepto de
ingresos polo primeiro, e nuns 2 millóns (27 %) anuais para o segundo. No caso do IAE a diminución pode ser gradual e intermitente, dependendo das características técnicas da central e da estratexia empresarial da propietaria (no caso das Pontes, a
metade da perda prodúcese desde o 2021, mentres que a outra metade repártese entre o 2022 e parte do 2023).
Situación diferente é a do IBI, imposto cuxo censo analítico é un rexistro administrativo, o Catastro Inmobiliario -regulado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004-, no que se describen os bens inmóbeis rústicos, urbanos e de características
especiais, que comprende as súas características físicas, económicas e xurídicas, entre as que se atopan a localización e a referencia catastral, a superficie, o uso ou destino, a clase de cultivo ou aproveitamento, a calidade das construcións, a
representación gráfica, o valor catastral e o titular catastral. A formación e o mantemento do Catastro Inmobiliario e a difusión da información catastral é de competencia exclusiva do Estado, exercida pola Dirección Xeral do Catastro, que ten a
superior función de coordinación de valores e a de aprobación dos relatorios de valores.
Pois ben, o criterio que está aplicándose no caso das centrais térmicas, sen consulta previa algunha ás administracións locais prexudicas e en manifesto beneficio das empresas propietarias, consiste en eliminar a condición de características
especiais e aplicar tan só a condición de urbano na base impoñíbel, tomando como referencia o último relatorio de valores, aplicación que se fará efectiva o 1 de xaneiro do ano seguinte ao que figure na acta de fechamento da central; este criterio
ignora todo o proceso de desmantelamento das instalacións, que oscila entre o período de tres anos estabelecido nas autorizacións de fechamento e o descrito nos estudos de impacto ambiental duns cinco anos, aos que deberían de engadirse un ou dous
anos máis necesarios para a actuación sobre os chans contaminados e clausuras de posíbeis entulleiras, todo iso antes de asignar un novo uso aos devanditos terreos, normalmente industrial para o asentamento de novos proxectos que minoren as
afeccións socioeconómicas e laborais negativas do chamado proceso de Transición Xusta.
É dicir, tomando de novo como exemplo o caso concreto das Pontes, estamos a falar de eliminar por completo, por criterio unilateral da Dirección Xeral do Catastro, a opción de ingreso municipal, público por tanto, duns 14 millóns de euros,
cantidade que deixan de pagar as empresas, privadas -ou non públicas españolas, para mellor concreción- todas elas.
Pois ben, acreditada a perda de ingresos dos municipios afectados polos fechamentos das centrais térmicas de carbón a causa políticas estatais, anunciadas y aplicadas sen planificación algunha, do PNIEC 2021-2030 e do mercado dos dereitos de
emisións de CO2 e posteriores coa aplicación do criterio impositivo regresivo do catastro, entendemos necesario e obrigado estabelecer as oportunas compensacións, que deben ser tamén estatais.
Para iso é posíbel enunciar algunha referencia, como a formulada con motivo da reforma do IAE contemplada no, por entón, Proxecto de Lei de reforma da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locáis, que motivou o acordo de
novembro de 2002 entre o gobernó e a FEMP sobre o novo sistema de financiamento das facendas locáis, en concreto o de compensación pola supresión do IAE, coa finalidade de preservar o principio de suficiencia financeira das entidades locáis e previr
a posíbel diminución de ingresos que puidesen experimentar, perdas que, no caso que nos ocupa do fechamento
anticipado e non planificado das centrais térmicas, está cuantificado por cada unha das administracións locáis afectadas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Gobemo a negociar eos Concellos afectados polo fechamento de centrais térmicas de carbón e aplicar, deforma urxente, un mecanismo de compensación da perda de recadación municipal, cando menos en concepto de
IAE e IBI-BICES, producida polo devandito fechamento, anticipado e non planificado, coa finalidade de preservar o principio de suficiencia financeira das entidades locáis.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febreiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a reducir la dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas existentes en
nuestra Nación, para su discusión en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Introducción.
El sector de generación de energía está compuesto por diferentes tecnologías de producción que componen el llamado mix energético, esto es, la combinación o mezcla de fuentes de energía primaria como la energía nuclear, hidroeléctrica,
eólica, solar, térmica, de biomasa, entre otras. Su configuración está directamente relacionada con la demanda, el suministro y la seguridad energética, así como con las políticas energéticas o la disponibilidad de recursos.
Para la consecución de la soberanía energética y reducir la dependencia frente a terceros países es imprescindible la diversificación de nuestro mix energético. El necesario cuidado del medioambiente debe hacerse compatible con la
prosperidad y el desarrollo de nuestra Nación, y en ningún caso la transición hacia energías menos contaminantes debe llegarse a cabo a costa de las familias y empresas de nuestra Nación.
Las políticas del Gobierno en materia energética, concretadas en la preponderancia de las energías renovables en el mix energético y en el rechazo absoluto a la energía nuclear, están teniendo graves consecuencias, entre ellas el aumento de
la dependencia energética. Esto conlleva a que el suministro energético esté condicionado por la incertidumbre de las condiciones climáticas, las crisis externas o el contexto geopolítico internacional.
Segundo. Política energética del Gobierno de España y sus consecuencias.
En la pasada legislatura, el Gobierno de España impulsó una serie de modificaciones normativas que contribuyeron a socavar la soberanía energética de España, y provocaron una dependencia cada vez mayor de terceros países.
Así, el Ejecutivo impulsó la Ley 7/2021, de 20 de mayo, sobre cambio climático y transición energética, que prohíbe la exploración, investigación y extracción de hidrocarburos (artículo 9) y veta la investigación y explotación de depósitos
minerales radiactivos (artículo 10). El Gobierno se propuso acabar con la producción de fuentes de energía como el carbón, el gas natural o la energía nuclear. Muestra de ello es el desmantelamiento de nueve centrales termoeléctricas realizado en
la pasada legislatura 12. Una política de demonización que ha continuado el nefasto Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, acordado por el Gobierno que contempla el cierre ordenado y escalonado de todas y cada una de las
centrales nucleares de España entre 2025 y 2035.
De esta forma, el Gobierno hace depender nuestra capacidad energética de terceros países, aumentando la vulnerabilidad de España en un contexto internacional protagonizado por las tensiones geopolíticas y la subida del precio de la energía.
Esto se hizo evidente durante el año 2022 cuando, con el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, el precio de la electricidad aumentó hasta un 57,93 % en tan solo un año y alcanzó los 0,335/kWh, el precio más alto desde 2007 13.
Asimismo, las importaciones realizadas ponen de manifiesto la hipocresía del Gobierno de España, pues, la energía importada proviene de las mismas fuentes energéticas que son denostadas por las políticas gubernamentales. A modo de ejemplo,
cabe destacar que España importó en el año 2023 un total de 6.441.680 MWh provenientes de Francia 14, donde el 66 % de su producción proviene de la energía nuclear y el 5,8 % del gas 15, y 399.854 MWh de Marruecos, tercer país del que más energía se
importa en España 16, donde la quema de carbón representa el 56,5 % de su energía total y el gas supone el 11,5 % 17.
Según los últimos datos referidos a los índices de Producción Industrial (IPI), publicados por el INE, el IPI experimentó un descenso de un 4 %. La media anual de la producción industrial nacional bajó un 0,8 % respecto a 2022.
En definitiva, el modelo energético por el que ha apostado España es el de la dependencia energética, traducido en 'la dificultad para garantizar un suministro continuo y económico lo cual, a su vez, genera en primer lugar una vulnerabilidad
geopolítica [...] y, también, una tremenda inestabilidad en los precios de abastecimiento del exterior y de suministro en el interior generando desequilibrios en la balanza comercial y mermas en la competitividad industrial que se traducen en mayor
desempleo' 18.
Tercero. Cambio en el paradigma europeo y COP 28.
Mientras que el Gobierno de España persiste en aplicar unas políticas energéticas que se alejan del interés nacional y perjudican gravemente a los españoles, las instituciones europeas y otros organismos internacionales están transformando
su postura acerca de la energía nuclear y el gas natural.
En este sentido, cabe destacar que mientras que el Parlamento Europeo aceptaba en junio de 2022 calificar la energía nuclear y el gas natural como 'energías verdes' para promover la explotación de estas dentro de los Estados miembros 19, el
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazaba la inclusión de estas energías dentro de la taxonomía verde europea 20.
12 Demolición de las centrales de Velilla del Río Carrión en Palencia, La Robla en León o la de Andorra en Teruel.
13 https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/electricidad-precio-hogares/espana#:~:text=Desde %20el %20a %C3 %B1o %202007 %20hasta,precio %20m %C3 %ADnimo %20en %20este %20periodo
14 https://www.ree.es/es/datos/intercambios/francia-frontera
15 https://lowcarbonpower.org/es/region/Francia
16 https://www.ree.es/es/datos/intercambios/marruecos-frontera
17 https://lowcarbonpower.org/es/region/Marruecos
18 https://fundaciondisenso.org/el-verdadero-problema-energetico-de-espana/
19 https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34365/taxonomia-el-parlamento-acepta-incluir-el-gas-y-la-energia-nuclear
20 https://www.congreso.es/entradap/I14p/e20/e_0206384_n_000.pdf
Un cambio de paradigma europeo, acogido también por países de nuestro entorno, como Alemania, que ha frenado sus objetivos de descarbonización, revitalizando instalaciones eléctricas que se basan en la quema de carbón 21, o Francia, que ha
marcado como objetivo construir media docena de reactores nucleares que deberán entrar en servicio entre 2037 y 2050 22.
Asimismo, en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 ('COP28'), más de veinte países se han comprometido a triplicar la capacidad de energía nuclear para 2050 23. En esta declaración, se reconoce el
'papel clave de la energía nuclear para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero' 24.
Así, mientras otras naciones reconocen la energía nuclear como un pilar fundamental para la llamada transición ecológica, España se ha negado a refrendar este pacto, manteniendo su plan de cierre de plantas nucleares 25. En los procesos de
descarbonización ha quedado patente, tal y como avalan numerosos estudios, que la única energía existente de carácter masivo y que no emite CO2 es la nuclear 26.
A pesar de lo expuesto, el Gobierno español insiste en mantener su modelo energético. El Ejecutivo continúa debilitando nuestro tejido productivo, generando una pérdida progresiva de empresas y empleo y minando la soberanía de España. De
esta forma, mientras que el Gobierno está optando por seguir desmantelando las centrales 27, la Unión Europea ('UE') está instando a los estados miembros a que busquen alternativas dirigidas a conseguir reducir la dependencia energética del gas.
Tanto es así, que la UE ha destinado 210.000 millones de euros en ayudas para que los países busquen nuevas alternativas, incluyendo aquellas relacionadas con la energía nuclear 28 y posiblemente pagos por caducidad que amplíen la vida útil de las
centrales térmicas de carbón 29. Por tanto, cabe concluir que las políticas actuales del Gobierno de España están obstaculizando la obtención de nuevos fondos provenientes de la UE y lastrando el desarrollo y prosperidad de la nación.
Cuarto. Conclusiones.
El futuro del sector energético español y el bienestar de los españoles ha venido determinado en los últimos años por la adhesión del Gobierno de España a un ecologismo radical, que solo ha contribuido a aumentar la dependencia energética
del país. Abogar por la diversificación del mix energético en España es crucial para garantizar un suministro energético seguro. Pese a que en los últimos años ha quedado patente que la energía nuclear ayuda a los Estados a mantener un mix
energético seguro y menos contaminante, el Gobierno, con su afán antinuclear, persigue su desmantelamiento, yendo en contra de los intereses energéticos y económicos de nuestra Patria.
21 https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11660185/03/22/Alemania-reactiva-plantas-de-carbon-ante-el-riesgo-de-falta-de-suministro-energetico.html
22 https://elperiodicodelaenergia.com/francia-construira-rapido-6-reactores-nucleares-pero-seguridad/#:~:text=El %20Gobierno %20de %20Francia %2C %20que,se %20har %C3 %A1 %20sacrificando %20Ia %20seguridad.
23 Estados Unidos, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, República de Corea, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania y Emiratos Árabes
Unidos y Reino Unido. At COP28, Countries Launch Declaration to Triple Nuclear Energy Capacity by 2050, Recognizing the Key Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero:
https://www.energy.gov/articles/cop28-countries-launch-declaration-triple-nuclear-energy-capacity-2050-recognizing-key
24 Ibídem.
25 https://gaceta.es/mundo/la-cop28-apuesta-por-la-energia-nuclear-con-el-rechazo-de-espana-y-alemania-20231204-1239/
26 https://fundaciondisenso.org/el-futuro-lamento-nuclear-de-espana/
27 Entre noviembre de 2027 y mayo de 2035 se cerrarán las 7 centrales nucleares que se mantienen en España https://elperiodicodelaenergia.com/debe-espana-seguir-los-pasos-de-alemania-y-cerrar-sus-centrales-nucleares/
28 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220518-la-ue-busca-acelerar-las-energ %C3 %ADas-renovables-para-liberarse-de-la-dependencia-de-rusia
29 https://elperiodicodelaenergia.com/europa-quiere-resucitar-las-centrales-termicas-de-carbon-se-abre-la-puerta-a-que-vuelvan-a-recibir-pagos-por-capacidad-durante-5-anos/
Por otro lado, hay regiones en España que albergan centrales termoeléctricas que podrían revertir sus procesos de desmantelamiento y volver a operar, aprovechando los fondos destinados por la UE para que los estados miembros busquen
alternativas dirigidas a conseguir reducir la dependencia energética.
Esta acción no solo representaría una solución inmediata para la crisis energética, sino también la recuperación parcial de la soberanía española y el inicio de un proceso para abordar la crisis demográfica que afecta a nuestra Nación,
especialmente a la España rural.
Por todo ello, en aras de avanzar en la soberanía energética y de proteger los derechos e intereses de las empresas y familias españolas, es necesario que el Gobierno revierta urgentemente el modelo energético actual, promoviendo políticas
orientadas una transición hacia fuentes de energía menos contaminantes sin poner en peligro el empleo y la economía de las familias de españolas y nuestra competitividad.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Promover la derogación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
2. Derogar el Pacto Verde Europeo y revertir todas las políticas en orden al desarrollo de un mix energético que garantice la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico, así como precios asequibles para los españoles.
3. Impulsar el desarrollo de las infraestructuras e instalaciones necesarias de todas las fuentes de energía posibles para la consecución de la soberanía energética en España.
4. Reconocer la energía nuclear y el gas como energías limpias y sostenibles.
5. Impulsar en el seno de la Unión Europea la adaptación de las imposiciones en materia de emisiones de CO2 a las necesidades de España y su industria al objeto de conseguir una transición hacia fuentes de energía menos contaminantes que
protejan el empleo y la riqueza.
6. Poner en marcha todos los mecanismos necesarios para detener el desmantelamiento de centrales térmicas, así como proceder a la reconexión de las que se hayan cerrado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, José María Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/000292
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para abordar el reto del acceso a la
vivienda de los jóvenes en España, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Según el último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE), publicado a principios de este año y referente al primer semestre del pasado 2023, aproximadamente sólo 16 de cada 100 jóvenes se
emancipan. En este informe se registra una pequeñísima subida con respecto a 2022 del 0,3 %, siendo el 16,3 % de los jóvenes los que se emanciparon según los datos registrados, frente al 16 % que lo hacían el pasado año. Sin embargo, esa
es, prácticamente, la única mejora que encontramos y es que, si comparamos con la media europea de emancipación juvenil, ésta se situaba a fecha de 2022 en el 31,9 % según Eurostat. Es decir, casi el doble.
El mismo informe del CJE afirma que un joven que quiera alquilar en solitario en España debe destinar de media el 93,9 % de su salario neto anual. Llegando a superar esta cifra el 100 % en algunos lugares y siendo superior a la única
medición con la que contamos. Eso si tuvieran un empleo, porque España es líder europeo en paro juvenil, donde uno de cada tres jóvenes se encuentra actualmente en paro, según la última EPA y, además, aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes de los que
encuentran un trabajo lo hacen bajo la inquietante y llena de incertidumbre figura del 'fijo discontinuo'.
Con respecto al precio de la vivienda, según datos de diversos portales inmobiliarios, las rentas de alquiler se encuentran subiendo sin descanso. En el mes de noviembre se cerró con un incremento anual del 9,2 % hasta los 11,9 /m2 de
media. Si comparamos dicha subida con el dato de IPC de noviembre (3,1 %) veremos que casi lo triplica.
Una gran mayoría de los expertos, con la que coincide el último informe de la Comisión Europea que trata esta materia, afirma que uno de los grandes problemas del acceso a la vivienda en nuestro país es la disonancia existente entre la
demanda y la oferta, que provoca una sobrevaloración del precio de la vivienda y que, por ende, los precios estén en niveles que chocan frontalmente con la capacidad de acceso a la demanda media, y sobre todo la de los jóvenes.
Y no solo es que haya una falta, en general, de viviendas que puedan ser alquiladas, sino que la distribución territorial de la oferta disponible no se corresponde con los lugares donde la demanda es mayor: grandes núcleos urbanos y zonas
costeras.
La compra de la primera vivienda, aunque en ocasiones, a largo plazo, más asequible al ser la cuota de la hipoteca frecuentemente inferior al precio del alquiler, no es tampoco una alternativa viable en la emancipación de las personas
jóvenes, al requerir de unos ahorros previos que los salarios actuales y la escasa vida laboral no permiten tener. Los datos del citado informe relatan que un joven debería destinar de media cuatro años y medio de sueldo íntegro a la entrada de una
vivienda.
Ahora mismo, el poder adquisitivo de la mayoría de los jóvenes les impide, por tanto, acceder a una vivienda, ya bien sea como propietarios o inquilinos, convirtiéndose este reto en un problema circular: con un salario bajo, viviendo de
alquiler, es difícil comprar una vivienda porque no existe capacidad de ahorro. Y sin ese ahorro previo, aun teniendo un buen salario, es imposible acceder a una hipoteca.
Para hacer frente a esa entrada o ahorros necesarios para la compra de una primera vivienda, nos encontramos con el problema añadido de que no hay confianza, prácticamente, de las entidades bancarias en la capacidad de pago de los jóvenes
por su inestabilidad laboral y tampoco están funcionando de manera efectiva los avales en convenio con el ICO que el Gobierno central había anunciado para jóvenes y determinadas familias para ponerse en marcha en el mes de febrero, pero de los que
no se sabe nada más.
El único apoyo real están siendo las medidas puestas en marcha por los gobiernos del Partido Popular en las CC.AA. o ayuntamientos donde gobierna: bonificaciones fiscales, convenios con entidades bancadas, estrategias urbanísticas para
favorecer el desarrollo de vivienda para jóvenes, planes de rehabilitación, apuesta por la colaboración público-privada, etc.
Por otro lado, desde el Gobierno de España se pretende potenciar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible. Sin embargo, los pasos que se han dado hasta ahora están provocando el efecto contrario. Más allá de las promesas de
cientos de miles de viviendas para alquiler asequible de las que solo se tienen cifras y promesas, solo encontramos políticas erráticas y que no solo no mejoran la situación, sino que la empeoran. El máximo exponente de estas políticas erráticas y,
a la larga, perjudiciales
para favorecer el acceso al alquiler es la aprobación de la Ley 12/2023, contradictoriamente llamada 'por el derecho a la vivienda', cuyos efectos están siendo devastadores: un 30 % menos de oferta desde su entrada en vigor, continuación de
las subidas de precio, aumento de la incertidumbre y disminución de la seguridad jurídica de los propietarios que quieren poner su vivienda en alquiler, mientras que se suavizan y se relajan las medidas para frenar la okupación.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que una de las prioridades de la política de vivienda es el acceso de los jóvenes a la misma, al ser uno de los grupos de población que tienen mayores dificultades para dicho acceso. Una
dificultad que se presenta en todas sus etapas vitales: desde los 18 años, por aquellos jóvenes no emancipados que tienen que estudiar fuera de sus ciudades de origen, hasta los años más avanzados de su juventud cuando deciden emanciparse para
desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Desde el GPP, afirmamos, también, con base en lo anteriormente expuesto y a otras experiencias de gobierno existentes, que la solución a este reto no pasa por políticas restrictivas, sino por tener un amplio abanico de soluciones para
abordarlo desde todos los ángulos.
Esa política de vivienda orientada específicamente a los jóvenes debe desarrollarse de manera pragmática, con criterios de objetividad y rigurosidad técnica, con colaboración leal entre administraciones e incorporando al sector privado.
Dejando, por tanto, a un lado el sectarismo y la ceguera ideológica.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar los retos del acceso a la vivienda de los jóvenes en España, adoptando las medidas siguientes:
1. Estimular la oferta de vivienda, haciendo especial hincapié en ampliar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible destinadas a jóvenes y familias jóvenes.
2. Adaptar la fiscalidad para que contribuya a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y al ahorro destinado a la emancipación, apostando por las deducciones fiscales y bajadas de impuestos necesarias para incentivar el alquiler y
la compra.
3. Facilitar la colaboración público-privada para que sea un motor que contribuya a la resolución de este reto, aportando seguridad jurídica a los propietarios de viviendas y al sector de la construcción.
4. Incorporar la vivienda para jóvenes como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de políticas en el ámbito del urbanismo, la arquitectura, la agenda urbana de las ciudades y, también, para el impulso de la España rural.
5. Derogar cualquier normativa y revertir cualquier política que genere efectos negativos en el mercado de la vivienda, incertidumbre, subida de precios, caída de la oferta disponible o aumento de la okupación.
6. Facilitar el acceso a la información de políticas existentes en materia de vivienda dirigidas a los jóvenes, en coordinación con las administraciones públicas competentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2024.-Miguel Ángel Sastre Uyá, Joan Mesquida Mayans, Sergio Sayas López y María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
161/000303
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para promover y facilitar el acceso a la primera vivienda, para su discusión en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Nuestros hogares son una prolongación de las familias sobre su entorno, siendo el medio natural para la realización de los fines personales, familiares y sociales que el Estado debe garantizar y proteger. Sin embargo, la enorme
precarización de las condiciones laborales, especialmente para los jóvenes, imposibilita un mínimo ahorro; y los precios desorbitados de la vivienda, ya sea compra o alquiler, están impidiendo la emancipación de nuestros jóvenes y, en consecuencia,
la muerte de sus proyectos familiares antes de siquiera poder empezarlos.
Los datos son demoledores. De acuerdo con Eurostat 30, España es el cuarto país de la Unión Europea con la edad media de emancipación más tardía (30,3 años), solo por detrás de Croacia (33,4), Eslovaquia (30,8) y Grecia (30,7), y a la par
que Bulgaria. Y la tendencia de los últimos años es inequívocamente mala. La tasa de emancipación en España ha caído de manera progresiva en los últimos 15 años: si en 2008 se situaba en el 26 % el porcentaje de jóvenes españoles de entre 18 y 34
años que vivía fuera de casa de sus padres, esa cifra ha caído hasta el actual 16,3 %, según el informe Observatorio de Emancipación, mientras que la media de la UE se sitúa en el 31,9 % 31.
Si la situación ya era insostenible, la emergencia económica y social que hoy padecemos la ha empeorado exponencialmente. La drástica pérdida de poder adquisitivo de las familias, la subida de los tipos de interés y la galopante inflación,
unida al precio prohibitivo de las viviendas, son los ingredientes de un colapso social y generacional que está arrinconando a generaciones enteras de jóvenes al sumidero de la subsistencia. Una generación entera de desposeídos donde el derecho a
permanecer y prosperar en sus barrios o pueblos es una quimera.
Según el Observatorio de Emancipación, la primera mensualidad de una hipoteca corresponde al 65,9 % del salario mediano joven y para pagar la entrada de una vivienda una persona joven tendría que ahorrar 53.796 euros -precio medio de la
entrada de una vivienda libre en España-, el equivalente a cuatro años y medio de su salario neto íntegro.
Y hay culpables. Los sucesivos gobiernos han convertido España en un páramo de falta de oportunidades para nuestros compatriotas y en un escaparate 'en liquidación por cierre' para lejanas élites que gozan de beneficios fiscales que no se
aplican para los nacionales y que redundan en mayores dificultades para acceder a una vivienda para las clases medias y trabajadoras.
En este contexto, el martes 13 de febrero, el Gobierno de España aprobó una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a facilitar que jóvenes y familias con menores a cargo puedan
acceder a la compra de la primera vivienda. Esta línea de avales se dirige a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros anuales (4,5 veces el IPREM) y a familias con menores a cargo, que se modificará en caso de que sea una
pareja o tengan menores a cargo. Podrán solicitarla las personas físicas, mayores de 18 años, con residencia legal en
30 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230904-1
31 https://www.cje.org/las-personas-jovenes-se-emancipan-a-los-303-anos-de-media-en-espana-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-veinte-anos/
España en los últimos dos años anteriores de manera acreditada e ininterrumpida. En el caso de que sean dos personas las prestatarias, ambas deberán cumplir estos requisitos. Además, las personas que piden la hipoteca no podrán tener un
patrimonio superior a los 100.000 euros.
Una medida insuficiente que viene a parchear problemas estructurales que este Ejecutivo no hace más que empeorar con sus políticas; que impone unas condiciones irreales para el común de las familias españolas y que no impide que sean otros
quienes capitalicen esta ayuda en detrimento de todos los españoles.
En cualquier caso, y aun asumiendo que la ayuda se ejecute correctamente, los jóvenes y familias que logren un préstamo hipotecario, aunque ya no sea necesario tener un 20 % de la vivienda ahorrado, seguirán necesitando un ahorro de entre el
7 % y el 12 % dependiendo de la comunidad autónoma para hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
En VOX no vamos a permitir que ni una sola traba fiscal ni burocrática trunque los anhelos y necesidades de los jóvenes y familias españolas. Es necesario garantizar que todos los españoles tengan un verdadero hogar en el que puedan
desarrollar su proyecto de vida sin incertidumbre. Los poderes públicos deben facilitar y hacer asequible el acceso a la vivienda en condiciones dignas y adecuadas, especialmente para los españoles más necesitados.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover todas las medidas necesarias dirigidas a:
1. Impulsar la modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas
tributarias para asegurar la igualdad esencial entre españoles en los impuestos cedidos, siempre reduciendo al mínimo la cuota tributaria, especialmente en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y en el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales (ITP).
2. Promover las medidas necesarias para establecer una bonificación del 100 % de la cuota tributaria del AJD y del ITP para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España.
3. Impulsar la reducción del tipo general del 1,5 % al 0,5 % del AJD y bonificar el ITP en cuota del 100 % para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, para familias numerosas y personas con
discapacidad.
4. Favorecer la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF para que los españoles con préstamo hipotecario vigente para su vivienda habitual puedan deducirse los intereses que abonan y compensar directamente
en sus bolsillos la subida de tipos de interés, favoreciendo la adquisición en propiedad.
5. Promover la extensión a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
6. Impulsar las modificaciones oportunas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el fin de considerar no sujeta, a efectos de este impuesto, la adquisición de la primera vivienda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2024.-Carlos Hernández Quero, Ignacio Hoces Íñiguez y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000306
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Durante la pandemia de Covid-19, ante la imposibilidad de mantener reuniones presenciales, el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, reguló la posibilidad de realizar juntas de propietarios telemáticas y los requisitos que se debían cumplir
para que fueran válidas.
En concreto, el artículo 3 estableció la posibilidad de la celebración de las juntas de propietarios por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple siempre que se cumpliesen dos requisitos: que todos los propietarios dispongan de
los medios necesarios y que el secretario reconozca la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así lo exprese en el acta.
Estas medidas finalizaron su vigencia el 31 de diciembre de 2021, sin que se haya prorrogado su vigencia, pese al éxito que han tenido las reuniones telemáticas o mixtas (presenciales y telemáticas) y la implantación de la digitalización en
nuestra sociedad.
La Ley de Propiedad Horizontal no prevé la posibilidad de juntas telemáticas y, ante el vacío normativo, se hace necesario para garantizar que las juntas telemáticas respeten los derechos de todos los propietarios y los acuerdos no sean
impugnables que se regulen de modo expreso modificando la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, tal como viene solicitando el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
Además, se deberían incorporar otras modificaciones a la citada Ley que avanzaran en el proceso de digitalización en la gestión de las comunidades de propietarios.
Entre ellas, sería importante para la seguridad jurídica de los propietarios individualmente, así como de las comunidades de propietarios, que los libros de actas se lleven en formato y soporte electrónico diligenciado, igualmente, por el
Registrador de la Propiedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, para que se recoja expresamente la posibilidad de realizar juntas de propietarios de modo telemático y mixto
(presencial y telemático) y que los libros de actas se lleven en formato y soporte electrónico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Isabel Alós López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto
Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la Ley 12/2023, de
24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para evitar que vulnere competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El artículo 148.1.3.ª de la Constitución Española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de urbanismo y vivienda. En virtud de este precepto constitucional, todas las Comunidades Autónomas han asumido
competencias en materia de urbanismo y vivienda, competencias que, en consecuencia, no corresponden al Estado.
Como señala la STC 61/1997, en el reparto competencial efectuado por la CE corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre el urbanismo y, por tanto, les corresponde emanar las normas que afecten a la ordenación
urbanística.
El ejercicio de estas potestades se concreta en la fijación de políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto mediante ellas se viene a determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a
cuyo servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, vulnera reiteradamente las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo y vivienda asumidas en los Estatutos de Autonomía.
Algunos de los preceptos de la citada Ley, sin ánimo de ser exhaustivos, que incurren en ello son, por ejemplo, el art. 15.1 b), que insta la promoción de una determinada tipología edificatoria en la ordenación territorial y urbanística.
El artículo 15.1 c) que no solamente vulnera las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, sino que también vulnera el principio de autonomía local reconocido en los arts. 137 y 141 de la Constitución, eliminando cualquier
margen de actuación de las Comunidades Autónomas y las Entidades sobre las reservas ya efectuadas, impidiéndoles modificar la calificación de un suelo como de reserva para vivienda sujeta a un régimen de protección pública.
O el artículo art. 16.1 d) de la Ley que establece una calificación permanente de las viviendas protegidas cuando se ubiquen sobre suelos destinados a algún régimen de protección pública. Esta petrificación de la calificación de una
vivienda como protegida se impone, no solo sobre viviendas protegidas que se acojan a algún régimen de protección promovido por el Estado, sino a todas las viviendas protegidas, en el concepto de ellas que da el art. 3 f) de la Ley 12/2023, es
decir, también las que se acogen a regímenes de protección establecidos y promovidos por las Comunidades Autónomas, competentes en materia de vivienda.
O la regulación contenida en el art. 15.1.c) que predetermina y condiciona sustancialmente la política de urbanismo de las Comunidades Autónomas, puesto que, a la obligación de destinar relevantes y sustanciales porcentajes de suelo
destinado a algún régimen de protección, las obliga a destinar un porcentaje significativo, de esa reserva a un modo concreto, determinado y específico de promoción del derecho a vivienda: el régimen de protección pública de alquiler.
Y también cabría destacar que artículos 18.2, 3 y 4 y la Disposición Adicional tercera de la Ley 12/2023 vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho civil atribuida por el art. 149.1.8.ª de la CE.
Todo ello da lugar a concluir que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, es inconstitucional, aunque no solamente por la vulneración de competencias autonómicas, sino también, por ejemplo, por la vulneración del derecho a la propiedad privada
reconocido en el artículo 33
de la Constitución. Pero centrándonos en los preceptos que invaden competencias autonómicas, que ha llevado a que varias Comunidades Autónomas hayan interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley, es necesario llevar a
cabo una reforma de la misma con carácter inmediato.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la reforma de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para que respete la Constitución y en concreto a la reforma o derogación de los artículos que vulneran las
competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Isabel María Borrego Cortés, Cristina Agüera Gago, Joan Mesquida Mayans, María Soledad Cruz-Guzmán, Miguel Ángel Sastre Uyá, Ana Isabel Alós López, Cristóbal Garre Murcia, Alberto
Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la seguridad
jurídica en el mercado inmobiliario y la eliminación de medidas intervencionistas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La subida sostenida de los precios de los alquileres que se ha producido durante la última legislatura requiere que las familias tengan que destinar una parte de sus ingresos demasiado elevada en relación con el montante total que suman cada
mes.
La entrada en vigor de la Ley de Vivienda no ha hecho más que acrecentar este diferencial, hasta el punto de que en determinadas ciudades es necesario contar con mayores ingresos para poder optar al alquiler de una vivienda que para
comprarla. Entre las grandes ciudades, Valencia es la que registra una mayor diferencia entre los ingresos netos necesarios para el alquiler y la compra, ya que se sitúa en el 56 %. Le siguen Barcelona (39 %), Sevilla (33 %), Bilbao (32 %), Madrid
(24 %) y Málaga (15 %).
La realidad es que con las políticas aplicadas por este Gobierno, basadas en el intervencionismo desmesurado que recuerda a regímenes de otros tiempos y otras latitudes, solo logra que los precios de alquiler sigan subiendo, lo que exige
cada vez un mayor esfuerzo a los inquilinos y limita cada vez más su capacidad de ahorro, lo que hace que sean más las familias que se ven condenadas a vivir de alquiler sin poder nunca optar por la compra de una vivienda.
La intervención de precios y la ausencia de seguridad jurídica en los propietarios de viviendas vacías, los desincentiva a sacarlas al mercado, con lo que la oferta se contrae, las tensiones aumentan y los precios suben.
Ese es un círculo vicioso que el Gobierno, lejos de romper, se dedica a alimentar con la Ley de Vivienda, pese a que ya está demostrado que no logra los objetivos que dice perseguir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incentivar la puesta en mercado de viviendas vacías eliminando las intervenciones de precios de alquileres y efectuar las modificaciones legales necesarias para proteger a los arrendadores frente a conductas fraudulentas.
2. Proporcionar seguridad y eficacia jurídica a los propietarios de viviendas vacías para que estén dispuestos a sacarlas al mercado.
3. Modificar la Ley por el derecho a la vivienda eliminando los mecanismos de regulación de los alquileres por ley e introduciendo conceptos de incremento de la seguridad jurídica para los propietarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
161/000314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre supresión de la obligación de
definir fecha y hora en los lanzamientos de viviendas, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Ley por el derecho a la vivienda, publicada el 25 de mayo de 2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce mediante su disposición final quinta modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en concreto en su apartado Tres,
se introduce una modificación que reza lo siguiente:
'Tres. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 440, redactado del siguiente modo:
'5. En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el señalamiento del lanzamiento, independientemente de que éste se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deberá incluir
el día y la hora exacta en los que tendrá lugar el mismo.''
La notificación del día y la hora exacta para ejecutar los lanzamientos de viviendas que, por el motivo que sea, se encuentran ocupadas ilegalmente -y por eso cuentan con notificación judicial firme de lanzamiento- no produce ningún tipo de
beneficio al procedimiento, ni a las partes involucradas en el mismo, ni proporciona ningún tipo de garantía adicional ni derecho de ninguna de las partes.
En cambio, la realidad demuestra que el conocimiento exacto del día y la hora del lanzamiento sirve para organizar dispositivos de resistencia, pacífica o violenta, que dificultan la acción de la justicia, provocando desórdenes públicos. En
multitud de ocasiones estas situaciones derivan en enfrentamientos violentos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes de
la Ley, cuya misión es, únicamente, ejercer la acción democrática de uno de los poderes del Estado.
Es inexplicable e inadmisible que se fomente la insurrección civil, contraria al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, desde la propia ley, posicionando al gobierno que la promueve del lado de los que incumplen las reglas básicas de
la democracia, que disturban la paz social e incitan a la violencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar de la Ley por el derecho a la vivienda la introducción en la Ley de Enjuiciamiento Civil de un nuevo apartado 5 en el artículo 440, que establece la obligación de incluir el día y la
hora exacta de los lanzamientos de viviendas con resoluciones judiciales firmes, y a modificar para ello la disposición final quinta de la Ley por el derecho a la vivienda, suprimiendo su apartado tres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Miguel Ángel Sastre Uyá, Isabel María Borrego Cortés, Sergio Sayas López, Joan Mesquida Mayans, Cristina Agüera Gago, Cristóbal Garre Murcia,
Alberto Fabra Part, Carlos Gil Santiago, Celso Luis Delgado Arce, Daniel Pérez Osma, Mario Cortés Carballo, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000320
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas para proteger la casa Velintonia, residencia de Vicente Aleixandre.
Acuerdo:
Considerando que no se solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cultura. Asimismo
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación, su Portavoz Adjunta doña lone Belarra Urteaga al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para proteger la casa de Velintonia, residencia de Vicente Aleixandre.
Exposición de motivos
La casa de Velintonia 3 en Madrid, la que fue residencia y lugar de creación poética y trabajo literario del poeta y premio Nobel de literatura Vicente Aleixandre, va a salir a subasta pública en los próximos días, al no haber sido declarada
Bien de Interés Cultural cuando se solicitó tal declaración al Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Velintonia 3 no puede considerarse una simple estructura arquitectónica. Esta casa es un lugar de memoria cultural y literaria, y también fue un punto de encuentro y refugio de artistas y autores de todo signo en España, tal y como sucede
en Andalucía con la casa del poeta Luis Cernuda o en Catalunya con la casa-museo de Salvador Dalí.
Por esta residencia han pasado figuras como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, José Hierro o Pablo Neruda, por lo que tendría sentido convertir la casa en un 'santuario de la poesía española', tal y como
defiende la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA), que el año que viene sumará 28 años luchando por preservar lo que define como 'el espíritu de Velintonia'.
No podemos permitir que la casa de Vicente Aleixandre, se convierta en un elemento que transita entre la disputa por su conservación y la indiferencia hacia su legado ante el abandono institucional. Consideramos que esta residencia debería
ser objeto no solo de protección y conservación, sino convertirla en una 'Casa de la Poesía', un centro de estudio, documentación y difusión de la poesía española contemporánea, tal y como reclaman asociaciones y personalidades de la cultura.
Esta subasta amplía la posibilidad de especulación sobre el inmueble, poniendo en peligro la vivienda y su propia naturaleza y carácter simbólico. Asimismo, hay que tener en cuenta que la ficha relativa a Velintonia que consta en el portal
de subastas del Boletín Oficial del Estado, afirma que el inmueble se encuentra 'sin cargas' aún cuando es visible el evidente estado de deterioro con la cubierta del tejado se encuentra hundida, lo cual podría constituir una grave irregularidad en
documento público.
Proposición no de Ley
'Por todo lo expuesto, se propone la siguiente Proposición no de Ley de medidas para proteger la casa de Velintonia, residencia de Vicente Aleixandre, por la que se insta al Gobierno a:
1. Detener la subasta pública del inmueble Valentina 3.
2. Instar al Ministerio de Cultura a la adquisición conjunta de la vivienda.
3. Declarar formalmente la residencia un Bien de Interés Cultural (BIC) para el impulso del proyecto 'Casa de los Poetas' en su interior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad
161/000301
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
en la prevención, el diagnóstico precoz, la investigación y el tratamiento temprano, humanizado y
personalizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 'cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y la adolescencia', pues 'cada año lo padecen unos 400.000 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años'.
La propia OMS señala la leucemia, los cánceres cerebrales, los linfomas y tumores sólidos como los tipos de cáncer más prevalentes durante la infancia, y explica en su informe Desigualdades del cáncer infantil en la Región Europea del año
2022 que en las últimas décadas se han producido avances en términos de supervivencia que sitúan la curación en el 80 % de los casos.
En el mismo sentido, desde la Comisión Europea cuantifican en 300.000 los supervivientes de cáncer infantil gracias a los progresos experimentados en los últimos años en la detección precoz, la efectividad de las terapias y el desarrollo de
los cuidados de apoyo.
En convergencia con los planteamientos realizados desde la OMS y la Comisión Europea, en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), la curación se
produce en una proporción superior a ocho de cada diez pacientes.
Desde la propia SEOM se cuantifica la incidencia anual del cáncer infantil en nuestro país en 14,4 casos por cada 100.000 niños (siendo los casos más numerosos las leucemias, los tumores en el sistema nervioso central, linfomas y
neuroblastomas) y se afirma que a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, el cáncer es en nuestro país la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y la adolescencia, y conlleva un impacto considerable tanto para el paciente
como para su familia y su entorno social.
La SEOM también destaca como variables que dificultan un mejor abordaje de los tumores infantiles la dificultad en el diagnóstico -pues los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y pueden atribuirse inicialmente a enfermedades
pediátricas más habituales-, la complejidad en la prevención primaria y secundaria -a pesar de iniciativas como los programas de cáncer hereditario, las guías interdisciplinares (Pediatría, Hematología, Oncología...) de detección temprana y la
investigación sobre factores medioambientales- y el hecho de que dentro del cáncer infantil estén catalogados -con datos del Registro Español de Tumores Infantiles- 15 grupos diferentes de enfermedades neoplásicas de las que 'muchas' son
clasificadas como 'cánceres raros' por su incidencia inferior a los seis casos anuales por cada 100.000 personas.
Desde la SEHOP consideran necesario 'disminuir los efectos secundarios que en ocasiones puede comportar el tratamiento del cáncer infantil y velar por la calidad asistencial y la calidad de vida de los supervivientes' y sus allegados, y
desde asociaciones de pacientes como la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer inciden en las diferencias etiológicas que existen entre el cáncer infantil y los casos en adultos, así como en la necesidad de que dichas diferencias sean
adecuadamente apreciadas a la hora de procurar avances tanto desde la perspectiva asistencial e investigadora, como desde el punto de vista afectivo, educativo y social.
Por todo ello, desde los parámetros de trabajo establecidos por el 'Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer' y la 'Estrategia en Cáncer del SNS', y con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar todas las medidas que sean necesarias para mejorar la prevención, la detección precoz y el tratamiento temprano,
personalizado, de precisión y humanizado del cáncer infantil en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El Gobierno también impulsará la investigación -ensayos clínicos incluidos- específica frente al cáncer infantil para acelerar la consecución de avances tangibles en su tratamiento integral; garantizará un acceso ágil, equitativo y
cohesionado en todo el SNS a los avances terapéuticos y tecnológicos, y favorecerá una atención transversal desde los ámbitos sanitario, social y educativo.
Para todo ello, el Gobierno invertirá cuantos recursos humanos, materiales, estructurales y tecnológicos sean necesarios, trabajando en todo momento desde el consenso real con las Comunidades Autónomas y la coordinación plena y permanente
con las asociaciones de pacientes, los representantes de los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez y Elvira Velasco Morillo, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las condiciones del
personal investigador con responsabilidades de cuidado familiar, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El personal investigador en España se enfrenta a una serie de discriminaciones y dificultades sobre las cuestiones relacionadas con la maternidad, la paternidad, la lactancia, cuidados de personas dependientes, etc. Es decir, a las
situaciones relacionadas con el cuidado familiar. En este sentido podemos percibir preocupaciones de la comunidad investigadora, científica y académica en cuanto a las barreras que impiden su plena integración del desarrollo profesional de personas
que tienen responsabilidades de cuidado.
Según los últimos informes de la OCDE, España sigue estando detrás de otros países europeos como Alemania, Dinamarca o Francia en términos de subsidios de paternidad, a pesar de los esfuerzos por mejorar la conciliación de la vida laboral y
familiar. España no alcanza aún los niveles de apoyo económico y de tiempo ofrecidos en otros estados miembros de la Unión Europea.
En el estudio 'She Figures 2021', realizado por la Comisión Europea, y las investigaciones que se han realizado por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha evidenciado la necesidad de la interrupción de la
carrera profesional, debido a estas responsabilidades en el cuidado en el seno de la familia. Una situación que contribuye a la precarización laboral y el abandono de la carrera científica, en algunos casos, afectando de forma preponderante a las
investigadoras.
La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece en sus artículos 4bis, 21 y 22, elementos para la protección y no discriminación del personal investigador en situaciones de cuidado. A pesar de ello, la implementación
de estas medidas no se está materializando en numerosos casos, ya que existen ejemplos en la
Agencia Estatal de Investigación (AEI), en los que no se han autorizado prórrogas de contratos postdoctoral por periodos de lactancia acumulados, poniendo en evidencia que no se está atendiendo a todos los casos.
Por ello, el Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar medidas concretas que garanticen la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos del personal investigador y que promuevan un entorno laboral equitativo, independientemente de
la situación familiar y personal.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone una revisión de los procedimientos, que unifiquen las condiciones laborales y la actualización de formularios, así como los procedimientos para la solicitud de prórrogas de contrato, con un
compromiso en especial de la AEI y del resto de instituciones implicadas.
Estas medidas no solo beneficiarán a los investigadores en situación de cuidado, también contribuirán al avance de la ciencia y la investigación en España al fomentar un entorno más amable, que compatibilice la vida personal y laboral, en el
que todos los talentos puedan desarrollarse plenamente independientemente de sus responsabilidades familiares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la Agencia Española de Investigación (AEI) y todas las instituciones cumplen con la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en lo referente a la no discriminación y a la
protección en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad, lactancia, y cuidado de personas dependientes.
2. Instar a la AEI a revisar, y en su caso, modificar, las bases de las convocatorias de ayudas para la contratación del personal investigador, asegurando que se incluyen todas las situaciones de cuidado familiar previstas en la Ley
14/2011.
3. Simplificar los formularios y los procedimientos en la AEI para la solicitud de prórrogas de contratos de investigación, que contemplen de forma clara todas las casuísticas relacionadas con el cuidado familiar.
4. Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación que revise la implementación de estas medidas y su impacto en las mejoras del personal investigador, prestando especial atención a la eliminación de discriminación por motivos de
cuidado.
5. Hacer un mejor uso de los fondos europeos para mejorar los servicios de cuidados de larga duración y de cuidados de niños.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Pablo Pérez Coronado y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de incentivos
para impulsar la innovación en el deporte español para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La innovación es un proceso por el cual se halla una fórmula novedosa e inexplorada, viable y útil para resolver un problema. En el ámbito de la empresa, la innovación se emplea para aumentar los ingresos y posicionar las marcas.
Según la firma Doblin, empresa estadounidense pionera en estrategias de innovación y que estudió 2.000 casos de éxito, existen tres condiciones para la innovación en un negocio: su configuración, la oferta que se realiza al cliente y la
relación establecida con él. En las organizaciones deportivas, esto se traduce en elevar el rendimiento de los deportistas y potenciar el entretenimiento de los aficionados
La tecnología se ha integrado en diferentes áreas para mejorar la vida y el bienestar de las personas y, en el deporte, ha tenido un impacto significativo en los últimos años. Por ejemplo, el ciclismo o el remo eran actividades con mayor
potencial para el desarrollo tecnológico, puesto requerían de herramientas sofisticadas. Esto se ha extendido a todas las ciencias del deporte, pues supone un papel crucial en el rendimiento y obtención de ventajas competitivas. No obstante,
implementar tecnología en el deporte es complejo, ya que necesita el feedback del usuario/atleta, es decir, un análisis de su experiencia. Y para ello, se debe hacer a largo plazo y mediante entornos que lo permitan.
Hay que señalar que la tecnología se puede visualizar en la ropa deportiva, en los dispositivos que usan los deportistas y entrenadores, entre otras herramientas que favorecen a quienes lo usan. Por otro lado, es importante destacar que la
tecnología ha cambiado la forma de ver el deporte, optimizando tareas de los deportistas y sus representantes.
En el ámbito deportivo, la innovación tecnológica ofrece numerosos beneficios para aquellos que desempeñan distintos roles. De entre esto, sobresale el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento de los deportistas y optimizar su
tiempo.
Las nuevas tecnologías son esenciales para monitorizar el estado físico de los deportistas en tiempo real, por ejemplo, midiendo los latidos de su corazón, lo que permite la prevención de infartos. Por otro lado, es excelente para prevenir
todo tipo de lesiones a través dispositivos que detectan si el deportista está realizando un sobreesfuerzo, lo que ayuda a identificar en qué momento debe suspender la actividad física. Mediante la tecnología, que arroja datos a los equipos
deportivos y deportistas, se puede pronosticar cómo se desenvolverá un jugador en su próximo entrenamiento, cuáles son sus mejores movimientos, etc.
Los deportistas han disfrutado de muchas ventajas haciendo uso de la tecnología en su día a día para mejorar su rendimiento, pues a través de ella pueden practicar recreando escenarios reales para estar mejor preparados durante una
competición. Pero también, la innovación tecnológica ayuda a que los entrenadores obtengan datos esenciales para tomar decisiones con respecto a sus atletas como por ejemplo, comprobar en qué momento el rendimiento empeora y cómo modificar la
estrategia de juego.
La innovación en el deporte se ha desarrollado también en diferentes aplicaciones de la tecnología en el ámbito deportivo, lo que aporta ofrecer varias soluciones en función de lo que exigen los deportistas y entrenadores. Por ejemplo,
existe ropa deportiva enfocada en que el atleta pueda transpirar sin sentir un exceso de sudoración, o que este tipo de indumentaria pueda servir para que el deportista tenga mejor circulación. Por otro lado, también hay otros complementos de ropa
que envían notificaciones a un dispositivo sobre si hay una aceleración cardiaca u otros signos de alarma. Incluso, la nanotecnología ha conseguido que los atletas lleven menos peso cuando están practicando el deporte al que se dedican.
Cabe recordar que la pandemia del Covid19 puso de manifiesto la necesidad que tiene el deporte de estrategias basadas en la innovación. El cierre de los estadios demostró la vulnerabilidad de una industria que depende de un solo recurso:
el espectáculo en directo. Por tanto, en una situación de ingresos bajos, quedó demostrado que el control del gasto es una prioridad que hoy no se puede implementar sin aplicar herramientas, como la Inteligencia Artificial, en facetas como la
gestión que, hasta ahora, seguían mecanismos tradicionales.
Asimismo, la Inteligencia Artificial en el deporte ha transformado la experiencia de los aficionados y la forma en la que los deportistas se preparan, y ha convertido las competiciones en unas pruebas más justas y seguras. Además, ha
supuesto una fuente de información de enorme utilidad para mejorar el rendimiento de los deportistas, así como
para ofrecer a aficionados espacios más seguros e inteligentes durante las competiciones. En la actualidad, el mejor ejemplo se observa en el mundo del fútbol, con el Vídeo Assistant Referee, conocido más popularmente como VAR. Pero
existen otros casos, como el del atleta belga John Heymans, que ha logrado la mínima olímpica para París de la mano de ChatGPT. El deportista ha afirmado que 'con la ayuda de ChatGPT, escribí un código para determinar en qué competiciones debía
correr para tener la mayor posibilidad de clasificarme en los Juegos Olímpicos'. La respuesta de la inteligencia artificial le llevó a Walnut (California) y Montgeron (Francia), la pasada temporada de aire libre, y a Boston, en este invierno, donde
consiguió la marca.
En España, el primer equipo de la Liga en implementar el acceso al estadio con biometría fue el Club Atlético Osasuna (Pamplona). Una mecánica que tiene un largo recorrido por delante y cuyo uso promete ventajas, como un acceso mucho más
rápido, seguro y cómodo para aquellas personas que acuden a animar a su equipo desde la grada. La medida aplicada en el estadio 'El Sadar' permite entrar a veinte aficionados al recinto en una media de un minuto.
Por otra parte, el crecimiento de los eSports es ciertamente tan asombroso como veloz, no sólo por la implantación cada vez más generalizada de internet, que permite la participación en línea de multitud de jugadores, sino también por el
grado de desarrollo, complejidad, virtuosismo y atractivo de los videojuegos mismos.
En 1997, se constituyó en Estados Unidos la primera organización que explota competiciones en videojuegos: la Cyberathlete Professional League (CPL). A partir de ahí, surgieron multitud de eventos y torneos que despertaron cada vez más
interés, no solo por el creciente número de participantes, sino también por la cantidad de espectadores que seguían estas competiciones.
Incluso en la popular plataforma Youtube hay multitud de canales dedicados en exclusiva a comentar y seguir tales eventos, destacando muy especialmente la plataforma Twitch, fundada en 2011 y consagrada a este sector, con un éxito
ciertamente considerable. Por tanto, es un hecho que cada vez hay más participantes y también espectadores que siguen estas competiciones, que pueden seguirse desde distintas plataformas de streaming.
Se trata de competiciones que abarrotan estadios y baten récords de audiencias en las distintas plataformas audiovisuales en que se retransmiten, lo que atrae a patrocinadores e inversores y que resulta en la existencia de jugadores de
videojuegos profesionales que han transformado esa actividad en un modo de vida.
La proyección de este sector en España es evidente y no resulta controvertida. De acuerdo con la consultora PwC, 'el mercado de eSports en España está creciendo con la segunda tasa más rápida de Europa, llegando a un total de 6,9 millones
de euros en 2018 y hasta 19 millones en 2023'.
En definitiva, la transformación digital y la innovación de la industria deportiva evoluciona a pasos agigantados. Aunque no se puede predecir con exactitud qué ocurrirá en el futuro, hay ciertas cuestiones que, seguro, serán un reto para
los próximos años.
Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a aprobar medidas y programas que garanticen la inversión y la investigación de la innovación en el deporte español a través de los Presupuestos Generales del Estado'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Borja Sémper Pascual, Pablo Pérez Coronado, Mario Cortés Carballo, Pedro Navarro López y Ana Martínez Labella,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000305
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre pobreza infantil, para su debate
en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La infancia es una prioridad y, sin embargo, la pobreza infantil sigue constituyendo un grave problema en España. Cada día disponemos de un nuevo informe que lo acredita.
Según UNICEF, España con el 27,8 % de los niños y niñas en situación de pobreza, es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta, registrando el cuarto peor dato entre los países más ricos (UE y OCDE).
Según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES 2023), un tercio de los niños, niñas y adolescentes (NNA) está en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social (32,2 % de tasa AROPE), esto es,
casi 2,6 millones de menores. Más de una cuarta parte de la población menor de 18 años reside en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza (27,8 % de tasa de pobreza), lo que se traduce en más de 2,2 millones de menores en riesgo de
pobreza. Y más de un millón de niños, niñas y adolescentes se encuentran en pobreza severa, lo que supone el 13,5 % del total de población menor de 18 años. En definitiva, la pobreza se manifiesta con mayor intensidad en la población infantil como
muestra la diferencia entre la brecha de pobreza infantil y la global (31,8% y 27,8%, respectivamente). Estos datos, además de ser extraordinariamente altos, apenas varían con los años y siempre son notablemente superiores a los del resto de
población lo que evidencia un problema estructural de calado. La necesidad de medidas de apoyo realmente efectivas en los hogares pobres con menores es, por tanto, especialmente notable y nos indica que la pobreza infantil es consecuencia directa
de la pobreza de las familias con menores a cargo, por lo que no se reducirá sin un apoyo directo y decidido al sostenimiento de los hogares con niños, niñas o adolescentes.
Por otra parte, todo parece indicar que no estamos destinando los recursos necesarios para revertir esta situación. Según los datos que publica el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil (24.07.2023), el gasto en familias e infancia de
España es inferior a la media de la Unión Europea en relación a su PIB. En efecto, España invierte en infancia y familia un 1,6 % de su PIB frente al 2,5 % de la media europea. Y según EUROSTAT las prestaciones sociales que existen actualmente en
nuestro país solo alcanzaron al 8% de los niños, niñas y adolescentes.
Estas cifras ofrecen una conclusión clara: las políticas aplicadas en los últimos años para combatir la pobreza infantil, o no han funcionado, o son claramente insuficientes.
No podemos aceptar y mucho menos conformarnos con que 2,6 millones de niños estén en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Se precisa voluntad política, compromisos firmes y políticas eficaces para garantizar que ningún niño se
quede atrás y pueda desarrollar su máximo potencial.
Los estudios vienen señalando reiteradamente que unas inversiones realizadas durante la infancia, con un coste financiero relativamente bajo, pueden producir toda una vida de beneficios, no solo para las personas sino también para la
sociedad y la economía.
En esta línea, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2020 que analizó la acción de la Unión Europea contra la pobreza infantil también recomienda centrarse en los niños, e indica que los beneficios económicos de la inversión en la
infancia superan considerablemente sus costes de financiación.
España, conviene recordarlo, es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en protección social a la infancia. Tiene un nivel de inversión en políticas familiares que es menos de la mitad del que dedican otros países con
menores tasas de riesgo de pobreza infantil. Es también el país donde menor efectividad tiene las prestaciones monetarias para reducir el riesgo de pobreza en los hogares con niños. No podemos olvidar que España es de los pocos países de nuestro
entorno que no cuenta con ayuda para apoyar a las familias en la crianza.
Es el momento de implementar el Plan de Acción Estatal contra la pobreza infantil e impulsar y coordinar un despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea aprovechando los fondos europeos para introducir cambios profundos que nos
sitúen entre los países con mejor nivel de bienestar y calidad de vida para la infancia.
El Gobierno tiene que aprovechar la oportunidad del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para llevar a cabo medidas eficaces de protección a la infancia. Además, España tiene que cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en materia
de lucha contra la pobreza y exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que sin demora:
1. Aumente la inversión pública en España en políticas de protección social a la infancia, netamente inferiores a la media de la Unión Europea.
2. Garantice una educación de cero a tres años universal y gratuita cofinanciada al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
3. Apruebe un Plan de choque contra la pobreza infantil, en colaboración y con la participación de las Administraciones con competencias en la materia, con objetivos, metas e indicadores claros, que permitan medir el impacto de las medidas
y cuantificar los avances vinculados a las mismas.
4. Coordine el despliegue acelerado de la Garantía Infantil Europea en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger mejor los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Álvarez
Fanjul, Ana Belén Vázquez Blanco, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, Esperanza Reynal Reillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, María del Mar Vázquez Jiménez, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz y Pablo Pérez Coronado,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000311
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena a las deportaciones
forzosas de niños ucranianos a la Federación de Rusia, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la agresión rusa contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, numerosos informes publicados por parte de observadores independientes en el conflicto, han denunciado el traslado forzoso
de población civil ucraniana, niños incluidos, desde las zonas ocupadas a territorio ruso.
La propaganda rusa ha intentado blanquear los traslados forzosos, la reeducación y la adopción de niños ucranianos, como si se tratase de actos humanitarios. En octubre de 2022, el viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, trató de
explicar estos traslados argumentando que son 'adopciones humanitarias', admitiendo públicamente que miles de estos niños están siendo trasladados a regiones de Rusia y que, ahora, 'descansan en instituciones de acogida o campos para niños'.
Distintos países y ONG ya han condenado esta práctica. Estas deplorables acciones por parte de Rusia deben investigarse como crímenes de lesa humanidad. En este sentido, en marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de
arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por crímenes de guerra, traslado y deportación ilegal de niños ucranianos.
El Derecho internacional prohíbe la deportación desde un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante. Estas acciones suponen una grave violación de los Convenios de Ginebra y un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Cuarta Convención de Ginebra, prohíben que las potencias ocupantes modifiquen el estatuto personal de los niños, incluida su
nacionalidad.
Nuestro país es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos un firme compromiso con Naciones Unidas y nuestra política exterior está basada en la defensa de los derechos humanos. Desde la AECID, esa concordia y vocación
han sido reivindicados en el apoyo a Ucrania y debemos seguir haciéndolo, hasta lograr una paz duradera en ese país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las deportaciones forzosas de la población civil ucraniana, especialmente de los niños, que se lleva a cabo desde febrero de 2022 por parte de la Federación de Rusia.
2. Exigir al Gobierno de Putin el cese inmediato de estas deplorables acciones, así como la retirada del Ejército ruso del territorio ucraniano, internacionalmente reconocido.
3. Reafirmar esta condena y exigir que los responsables respondan ante la Corte Penal Internacional, en el próximo debate general de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre de 2024.
4. Instar al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para que actúe como mediador en el retorno seguro de los niños ucranianos con sus familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, Noelia Núñez González, Cristina Abades Martínez, Miguel Ángel Sastre Uyá, Violante Tomás Olivares, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Beatriz Álvarez
Fanjul, Ana Belén Vázquez Blanco, Bartolomé Madrid Olmo, Beatriz Jiménez Linuesa, Esperanza Reynal Reillo, Isabel Gema Pérez Recuerda, María del Mar Vázquez Jiménez, Óscar Clavell López, Sandra Fernández Herranz y Pablo Pérez Coronado,
Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000310
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revocar la discriminación que
sufren los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para acceder a la convocatoria de becas y ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Hasta 2020, para solicitar una beca a la Convocatoria de Ayudas al Estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del Ministerio de Educación, los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad podían acreditar esta condición, o bien, mediante un certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación, dependientes de la administración educativa correspondiente, o bien, mediante un
certificado acreditativo del grado de discapacidad a partir del 33 %, si estaba en posesión del mismo. Sin embargo, a partir de la convocatoria de 2020-2021 solo puede acceder a la convocatoria de estas ayudas quien esté en posesión de este
certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33 %, porcentaje resultante de la aplicación de un baremo ajeno al ámbito educativo, que no evalúa las necesidades educativas ni de aprendizaje.
Esta situación afecta, discrimina y excluye a un gran número de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, dado que en la definición de los criterios de acceso a las ayudas se emplea el término
'discapacidad' como una mera categoría resultante de la aplicación de un baremo, alejándose de la más veraz conceptualización de la discapacidad como una situación personal de la que derivan determinadas necesidades educativas especiales y que
demanda una atención específica de apoyo educativo.
En concreto, parte del alumnado con sordera (especialmente, usuarios de audífonos con sorderas bilaterales moderadas y con sorderas unilaterales severo-profundas) se ha visto gravemente perjudicado por esta interpretación introducida por el
Ministerio de Educación, lo que ha llevado a la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS a reclamar durante estos años que se restituyeran los anteriores criterios de acceso a la convocatoria de ayudas.
El Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI, considera que las familias del alumnado con discapacidad solicitan estas ayudas porque tienen necesidades educativas especiales, las cuales son preexistentes e independientes del grado
de
discapacidad certificado por un baremo ajeno a la identificación y la evaluación de las necesidades educativas y de aprendizaje de este alumnado, y aplicado fuera del propio contexto educativo y escolar. Por lo que consideran que, esta
discriminación en el acceso a la convocatoria de las becas y ayudas, atenta contra su derecho a la educación, al requerir de determinados apoyos educativos específicos que las familias solo pueden costear gracias a estas ayudas que venían recibiendo
con anterioridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restituir los criterios de acreditación de beneficiarios anteriores a 2020 en la Convocatoria de ayudas al estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del
Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan acceder a la convocatoria de becas y ayudas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Óscar Clavell López, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo,
Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000026
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Pedro Puy Fraga, Alfonso Macías Gata y Carlos Floriano Corrales.
Texto:
¿Cómo valora la Ministra la Sentencia del TS 7/2024 que unifica el criterio sobre la deducción por gastos de custodia en guarderías y pone fin a la interpretación restrictiva de la administración tributaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2024.-Pedro Puy Fraga, Alfonso Carlos Macías Gata y Carlos Javier Floriano Corrales, Diputados.
Comisión de Interior
181/000031
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Pere Huguet Tous, Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Puede el Gobierno garantizar que ha dotado de chalecos antibalas adecuados a todo el personal de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con carácter personal e intransferible y adaptados a su anatomía para las funcionarías de estos
cuerpos policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, María Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000032
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Pere Huguet Tous, Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Cómo explica el Gobierno que funcionarias de reciente incorporación a la Policía Nacional se vean obligadas a pagar de su bolsillo los chalecos antibalas que requieren para el cumplimiento de sus funciones, conforme acreditan distintos
organismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, María Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000033
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Pere Huguet Tous, Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco.
Texto:
¿Qué razones llevaron al Ministro del Interior a afirmar que 'no hace falta ser jurista para saber qué es terrorismo o no' el mismo día en que el Fiscal del Supremo se opuso a abrir una investigación contra Puigdemont por posibles delitos de
terrorismo en la causa de Tsunami Democratic?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous, María Eugenia Carballedo Berlanga y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/000034
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Manuel Cobo Vega, Carlos García Adanero, Eugenia Carballedo Berlanga y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
Texto:
¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil permanecen cerrados los fines de semana en la Comunidad de Madrid, desglosados por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Manuel Cobo Vega, Carlos García Adanero, María Eugenia Carballedo Berlanga, y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
181/000035
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Manuel Cobo Vega, Carlos García Adanero, Eugenia Carballedo Berlanga y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos.
Texto:
¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil permanecen cerrados en horario de tarde en la Comunidad de Madrid, desglosados por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Manuel Cobo Vega, Carlos García Adanero, María Eugenia Carballedo Berlanga y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000028
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Juan Diego Requena Ruiz, Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y María Isabel Sánchez Torregrosa.
Texto:
¿Cuál es el detalle de todas y cada una de las inversiones financieras a largo plazo hechas por ENRESA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000029
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Juan Diego Requena Ruiz, Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y María Isabel Sánchez Torregrosa.
Texto:
¿Cuál es el detalle de todas y cada una de las inversiones financieras a corto plazo hechas por ENRESA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
181/000030
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Diputados Juan Diego Requena Ruiz, Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y María Isabel Sánchez Torregrosa.
Texto:
¿Qué presupuesto ejecutado por ENRESA en el último ejercicio se ha destinado a gestión de los residuos radioactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Sergio Sayas López, Guillermo Mariscal Anaya y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/004332
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Muñoz Abrines, Pedro (GP)
Núñez González, Noelia (GP)
Núñez Guijarro, José Enrique (GP)
Cobo Vega, Manuel (GP)
Palencia Rubio, Héctor (GP)
Inversión presupuestada, ejecutada y prevista en materia ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, tanto mediante fondos propios como europeos, desde junio de 2018.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 11814, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Muñoz Abrines, doña Noelia Núñez González, don José Enrique Núñez Guijarro, don Manuel Cobo Vega y don Héctor Palencia Rubio, Diputados del Congreso, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
- ¿Cuál es la inversión, desglosada por Comunidades Autónomas, presupuestada en materia ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, tanto mediante fondos propios como europeos, desde junio de 2018
hasta la actualidad?
- ¿Cuál es la inversión, desglosada por Comunidades Autónomas, ejecutada en materia ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, tanto mediante fondos propios como europeos, desde junio de 2018
hasta la actualidad?
- ¿Cuál es la inversión, desglosada por Comunidades Autónomas, prevista para 2024 en materia ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad, tanto mediante fondos propios como europeos, incluyendo los
compromisos recogidos en los acuerdos alcanzados para la investidura del presidente del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2024.-Pedro Muñoz Abrines, Noelia Núñez González, José Enrique Núñez Guijarro, Manuel Cobo Vega y Héctor Palencia Rubio, Diputados.