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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 79, de 06/02/2024
cve: BOCG-15-D-79
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de febrero de 2024
Núm. 79
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página6)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Constitución de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página7)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página7)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre denominación inclusiva y no sexista de instituciones y órganos ... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación política en Bielorrusia... (Página10)
161/000205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a condenar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y exigir la celebración de elecciones presidenciales libres,
auténticas, justas y competitivas en Venezuela... (Página11)
Comisión de Justicia
161/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar a los abogados del turno de oficio la indemnización de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones...
161/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reclamar garantías en el acceso al expediente judicial electrónico y respeto al ejercicio de la fe pública judicial por los
funcionarios competentes... (Página14)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para instar al Gobierno a garantizar la transparencia y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el sistema de acceso y de
promoción interna en la Función Pública... (Página15)
161/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar, impulsar y modernizar el actual Mutualismo Administrativo de MUFACE, y del resto de mutualidades prestadoras de asistencia
sanitaria (ISFAS y MUGEJU)... (Página17)
Comisión de Interior
161/000172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al cierre de mezquitas donde se promueva el yihadismo... (Página19)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el tercer carril en la AP-4 en la provincia de Cádiz... (Página23)
161/000170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de agilizar la licitación de las obras del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la N-120 así como la conexión de la Variante con la
A-52 a su paso por Ponteareas... (Página24)
161/000189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para acelerar las obras de las autovías Pamplona-Madrid y Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida... (Página29)
161/000194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público...
161/000202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las obras de modernización del corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo... (Página34)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la educación financiera en la educación obligatoria... (Página36)
161/000180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la presencia de la Primera División del Fútbol Femenino en la Quiniela Deportiva... (Página37)
161/000183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad en el deporte rechazando el tratamiento discriminatorio de la RFEF en su protocolo de premiación de las próximas
ediciones de la Supercopa de España femenina... (Página39)
161/000196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la alimentación y el sector primario en la educación obligatoria... (Página40)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la crisis migratoria de las Islas Canarias... (Página42)
161/000185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a aprobar un Plan de Fomento del Autoempleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales...
161/000188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a aprobar un Plan urgente para el fomento del empleo joven... (Página48)
Comisión de Industria y Turismo
161/000195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al diseño e implementación urgente de medidas conducentes al refuerzo del liderazgo y mejora de la competitividad del sector turístico
español en el mapa turístico mundial... (Página50)
161/000204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar el Proyecto de Altri en Palas de Rei y garantizar la viabilidad de la inversión... (Página54)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Ministerio que defienda con fuerza en la Unión Europea un marco regulatorio habilitador basado en la ciencia para defender las
plantas y alimentos desarrollados a través de las NGT... (Página56)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público.
Retirada... (Página57)
161/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para protección de sectores y actividades sujetas a bonificaciones y devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos...
161/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el fomento de la reutilización de aguas regeneradas... (Página59)
161/000175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del río Belcaire... (Página60)
Comisión de Cultura
161/000181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el desarrollo de un Plan Nacional de promoción y difusión del legado patrimonial de la Cultura Íbera en España...
161/000182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la figura del'artista de élite'... (Página63)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación de las actuales tasas a las operadoras de telecomunicación por reserva del dominio público radioeléctrico...
161/000186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora del programa Quantum Spain... (Página67)
161/000187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la industria de Data Centers en España... (Página68)
161/000190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de las startups, las scale-ups, el fomento del emprendimiento y la atracción del talento...
161/000206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el cumplimiento de los principios de principios de libre establecimiento, de igualdad y la normativa europea de ayudas de
estado... (Página71)
Comisión de Sanidad
161/000203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la regulación de la figura del paciente electrodependiente y a la garantía del suministro eléctrico...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra el matrimonio infantil... (Página74)
161/000192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la mutilación genital femenina... (Página75)
161/000197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un Plan de Acción de Ayuda Humanitaria para Etiopía... (Página77)
161/000198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la condena de las deportaciones forzosas de niños ucranianos a la Federación de Rusia... (Página78)
Comisión de Juventud e Infancia
161/000167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes... (Página79)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000019 Pregunta formulada por los Diputados Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Ramírez del Río, José (GVOX), Fernández Ríos, Tomás
(GVOX), Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) y Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX), sobre conocimiento del Gobierno de la decisión de la Junta de Extremadura de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de
regadío en Tierra de Barros y de su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión Europea... (Página82)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000018 Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX), Chamorro Delmo, Ricardo (GVOX) y Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX), sobre conocimiento del Gobierno de la decisión de la
Junta de Extremadura de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros y de su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la
Comisión Europea... (Página83)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
VERSTRYNGE REVUELTA, Lilith 26-01-2024
Altas:
LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela 30-01-2024
NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique 30-01-2024
URIARTE BENGOECHEA, Edurne 30-01-2024
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Madrid:
NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique PP
URIARTE BENGOECHEA, Edurne PP
Barcelona:
LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela SUMAR-ECP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela.
Circunscripción: Barcelona.
Número: 372.
Fecha: 30 de enero de 2024.
Formación electoral: SUMAR-ECP.
Nombre: NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique.
Circunscripción: Madrid.
Número: 373.
Fecha: 30 de enero de 2024.
Formación electoral: PP.
Nombre: URIARTE BENGOECHEA, Edurne.
Circunscripción: Madrid.
Número: 374.
Fecha: 30 de enero de 2024.
Formación electoral: PP.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
(061/000001)
Suplente
Baja:
SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia 29-01-2024
Alta:
LEGARDA URIARTE, Mikel 29-01-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000001)
Número de miembros al 30 de enero de 2024: 137.
Altas:
NÚÑEZ GUIJARRO, José Enrique 30-01-2024
URIARTE BENGOECHEA, Edurne 30-01-2024
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
(010/000008)
Número de miembros al 30 de enero de 2024: 27.
Altas:
LÓPEZ TAGLIAFICO, Candela 30-01-2024
Grupo Parlamentario Mixto
(010/000009)
Número de miembros al 26 de enero de 2024: 7.
Baja:
VERSTRYNGE REVUELTA, Lilith 26-01-2024
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente Proposición no de ley sobre denominación inclusiva y no sexista de instituciones y órganos, para su
debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Desde hace décadas existe un indudable consenso en reconocer la importancia que tiene el lenguaje en la formación de la identidad social y en las actitudes de las personas. Por ese motivo las políticas de igualdad han impulsado innumerables
cambios orientados a erradicar el sexismo lingüístico y avanzar hacia un uso no sexista e inclusivo del lenguaje en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Cuando los sustantivos que se utilizan son exclusivamente masculinos, el lenguaje hace
invisibles a las mujeres e impide ver lo que se esconde detrás de las palabras. Hace tiempo que el movimiento feminista ha planteado de manera insistente esta demanda de inclusión lingüística, que actualmente gran parte de la sociedad asume como
propia.
En 2008, el Parlamento Europeo fue una de las primeras organizaciones internacionales en adoptar unas orientaciones en este sentido. En su Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo establece que 'la utilización de un
lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección política. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones. El Parlamento como institución respalda plenamente el principio de igualdad de género,
y el lenguaje que utiliza debe reflejar este hecho'.
En esta línea, el artículo 14 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su apartado 11 como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos 'la implantación de un
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas'. La legislación en materia de igualdad en las diversas Comunidades Autónomas recoge asimismo la necesidad de que las
instituciones hagan y promuevan un uso inclusivo y no sexista del lenguaje.
El III Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado aprobado en 2021 recoge entre sus objetivos el fomento del uso no sexista del lenguaje en la AGE y para ello plantea sensibilizar e instaurar el valor de la
igualdad de género y no discriminación
mediante la implantación de una comunicación adecuada garantizando el respecto al principio de igualdad mediante la supervisión de la adecuación de los materiales y medios utilizados a la cultura de la no discriminación (sesgos, estereotipos
de género, lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista).
Por su parte, el I Plan de Igualdad de las Cortes Generales aprobado en 2020 recoge como su eje 8 la comunicación y lenguaje inclusivo en el que señala que 'una medida de igualdad que tiene relevancia en el ámbito de las Administraciones
públicas consiste en la utilización del llamado lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista, que permite visibilizar a las mujeres y detectar y evitar cualquier uso discriminatorio o excluyente del lenguaje'.
Teniendo en cuenta todo lo anterior consideramos que es el momento de proponer cambiar la denominación de las instituciones y órganos que, desde el punto de vista del lenguaje inclusivo y no sexista, siguen invisibilizando la presencia de
las mujeres mediante el uso exclusivo del masculino en sus nombres oficiales. Entendemos que las instituciones del Estado tienen que llevar adelante estas modificaciones no solo en cumplimiento de su propia normativa y objetivos establecidos en sus
planes y estrategias, sino también por la capacidad ejemplarizante que tienen frente a la sociedad.
Existen diferentes fórmulas alternativas para hacer un uso no sexista de la lengua en el lenguaje oral y escrito: uso de los sustantivos genéricos, colectivos y abstractos (la persona interesada, el pueblo español, el profesorado), las
perífrasis (las personas que ejercen la medicina, el personal docente) las construcciones metonímicas (la dirección, la Presidencia de la Comisión, el órgano judicial), los determinantes sin marca de género y la omisión del determinante en el caso
de sustantivos de una sola terminación (cada componente del comité, con estudiantes), desdoblamientos, barras, etc. Para las denominaciones de las instituciones y órganos es conveniente utilizar nombres breves y sencillos y que, si es el caso, se
basen en el arraigo del uso habitual.
A partir de estas consideraciones, hacemos las siguientes propuestas de cambio de denominación:
- Que el Congreso de Diputados pase a llamarse Congreso. La referencia comparada a otros contextos institucionales muestra que en la inmensa mayoría de los casos el nombre oficial de los parlamentos no incluye la referencia a los
parlamentarios o diputados.
- Que el Consejo de Ministros pase a llamarse Consejo de Ministras y Ministros, ya que reflejaría y daría visibilidad a la composición real del Gobierno.
- Que la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios pase a llamarse Comisión General de Secretarías de Estado y Subsecretarías.
- Que respecto de los demás órganos de dirección de la Administración General del Estado se realicen las modificaciones pertinentes para que sus denominaciones utilicen fórmulas inclusivas y no sexistas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a que realice todos los trámites necesarios para:
- Cambiar la denominación del Congreso de los Diputados por la de 'Congreso'.
- Cambiar la denominación de Consejo de Ministros por la de 'Consejo de Ministras y Ministros'.
- Cambiar la denominación de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios por la de 'Comisión General de Secretarías de Estado y Subsecretarías'.
- Realizar las modificaciones pertinentes en las denominaciones de los demás órganos de dirección de la Administración General del Estado para que utilicen fórmulas inclusivas y no sexistas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Marta Lois González, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación política en
Bielorrusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los estados nacidos a partir de la desaparición de la URSS pudieron elegir su propio camino. Por un lado, aquellos que optaron por la democracia y la total desvinculación de la etapa anterior y, por otro, los que eligieron el del
estancamiento y el totalitarismo. En este segundo grupo se encuentra Bielorrusia.
Bielorrusia, jamás ha conocido la democracia. Tres años después de su nacimiento, en 1994, el poder cayó en manos de Aleksandr Lukashenko y, desde entonces, se ha perpetuado en el poder, hasta el día de hoy. Después de 29 años, la
alternancia no ha sido posible, sin que parezca que vaya a serlo próximamente, lo que parece incompatible con una sociedad moderna y democrática. De hecho, Lukashenko se perpetúa en el gobierno a través de elecciones realizadas sin garantías
democráticas que acrediten transparencia y legitimidad de los resultados. Basta recordar que en las últimas elecciones celebradas en 2020 obtuvo el sorprendente resultado del 84,17 % de los votos totales.
La comunidad internacional, incluida la Unión Europea y sus Estados miembros, no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales fraudulentas ni a Aliaksandr Lukashenko como presidente de Bielorrusia. De hecho, han sido
incontables los informes realizados por organismos internacionales especializados, que denuncian el deterioro de los derechos humanos y la inexistente democracia en el país. En concreto, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) en la declaración de Vancouver de 2023 en apoyo de la democracia en Bielorrusia manifiesta su preocupación por la carencia de un sistema judicial independiente, la persecución a la oposición política y a sus familiares, el control sobre los
medios de comunicación, los arrestos a manifestantes pacíficos, la celebración de elecciones fraudulentas, las torturas a prisioneros o las ejecuciones de cientos de presos políticos por cargos penales.
La alternativa política al régimen tiene una actividad muy limitada. La líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya o el ganador del Premio Noble de la Paz, Alés Bialiatski, entre otros muchos, se encuentran exiliados, víctimas de una
persecución del Estado.
Por lo tanto, en vista del estancamiento y bucle antidemocrático en el que se encuentra Bielorrusia y las escasas posibilidades de que se consolide una alternativa en el país, cobran especial relevancia los actores internacionales, en
especial los Parlamentos europeos, para apoyar el surgimiento de la democracia en Bielorrusia.
En ese sentido, existe un amplio consenso en la Unión Europea sobre las líneas de actuación para hacer posible la llegada de la democracia a Bielorrusia. Prueba de ello fue la conferencia internacional del 6 y 7 noviembre de la Alianza
Parlamentaria Internacional para una Bielorrusia democrática, a la que España acudió y en la que se establecieron 2 líneas de actuación. La primera, para fortalecer el movimiento democrático de la oposición frente al régimen, y la segunda, el poder
de los Parlamentos nacionales para denunciar las prácticas del régimen autoritario de Lukashenko. A ello, se suman las demandas de los miembros de la OSCE en la Declaración de Vancouver, para que cumpla los requerimientos de varios tratados
internacionales suscritos por Bielorrusia.
Todo esto forma parte del marco de actuación que ha suscrito Europa, y que España debe seguir para apoyar el movimiento democrático en Bielorrusia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir a las autoridades de Bielorrusia la liberación incondicional de los presos políticos, así como cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poner fin a la persecución política de opositores.
2. Pedir a las autoridades de Bielorrusia la urgente celebración de elecciones justas y libres, en las que se permitan observadores internacionales como la OSCE.
3. Impulsar una cooperación entre la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas, a través del establecimiento de grupos de amistad.
4. Fomentar en el seno la Unión Europea un plan de acción continuado de apoyo a la oposición democrática y de confrontación al régimen de Lukashenko.
5. Brindar apoyo en el exilio a los líderes políticos bielorrusos que están siendo perseguidos por el régimen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Carlos Javier Floriano Corrales, Esteban González Pons, Carlos Rojas García, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Cayetana
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Ana María Pastor Julián, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a condenar el
régimen dictatorial de Nicolás Maduro y exigir la celebración de elecciones presidenciales libres, auténticas, justas y competitivas en Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Venezuela vive una grave crisis política, económica y social, que se ha visto agravada en los últimos años debido a las consecuencias derivadas del régimen de Nicolás Maduro.
Una dictadura que ha impedido la celebración de elecciones libres y transparentes, ha desconocido los resultados electorales favorables a la oposición, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y ha reprimido con violencia a la
disidencia política. Ello, entre otros muchos motivos, deja entrever su completa falta de legitimidad democrática.
El régimen presidido por Maduro se ha dedicado sistemáticamente a impedir la realización de elecciones auténticas, libres, justas, abiertas y competitivas, desconociendo, además, por la vía de los hechos, los resultados de la voluntad
ciudadana expresada en urnas por los venezolanos en numerosas ocasiones. Lleva más de dos décadas criminalizando a la disidencia política, convirtiéndola en objeto de acusaciones arbitrarias e infundadas, privándola del debido proceso y de todo
acceso a la justicia.
En ese sentido, la Misión de Verificación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha certificado en reiteradas oportunidades la
comisión sistemática de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de funcionarios del régimen que actualmente gobierna en Venezuela, incluyendo toda clase de torturas, vejaciones y malos tratos a centenares de
presos políticos.
Unos presos políticos que son utilizados de forma reiterada por el actual régimen político como un elemento de trueque en los diferentes procesos de negociación que se han producido en dicho país, con la facilitación de diversos actores
foráneos y con una dinámica que se repite: cuando se libera a algún preso político, se captura a otro nuevo.
Este es el caso que han vivido varios miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional del partido político Vente Venezuela y del comité de campaña de María Corina Machado, elegida por los venezolanos como candidata unitaria de la oposición para
las elecciones presidenciales de 2024 con el 93 % de los más de 2,5 millones de votos emitidos en las elecciones primarias celebradas el pasado 22 de octubre, y que por ende trabajan por una salida democrática, pacífica y constitucional a la grave
situación que actualmente atraviesa Venezuela.
Millones de venezolanos han tenido que abandonar su país en busca de protección internacional, convirtiendo a Venezuela en la segunda nación con más desplazados forzosos del mundo, después de Siria. España ha sido uno de los principales
países de acogida de estos exiliados venezolanos, que han encontrado en nuestro país un espacio de libertad, solidaridad y oportunidades. Aquí residen actualmente centenares de asilados políticos venezolanos que han sido y siguen siendo objeto de
una permanente persecución por parte del régimen político que preside Nicolás Maduro, incluyendo varios de los que son ahora nuevamente objeto de su hostigamiento.
Las consecuencias del errático comportamiento de un régimen como el de Nicolás Maduro, ampliamente rechazado por la mayoría de los venezolanos y reacio a medirse en elecciones limpias, constituyen un riesgo para la estabilidad internacional
y sus últimas actuaciones no contribuyen a pensar lo contrario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar la sistemática política de criminalización, por parte del régimen de Nicolás Maduro, en contra de los ciudadanos venezolanos que han decidido ejercer sus derechos civiles y políticos en el marco de la Constitución venezolana.
2. Facilitar a los ciudadanos anteriormente mencionados, a través de los canales competentes, la posibilidad de obtener asilo en España, si llegaren a solicitarlo, y ratificar la vigencia de dicha medida para quienes ya la hayan recibido.
3. Facilitar la tramitación, por parte de las Administraciones Públicas, de las solicitudes de protección internacional hechas por ciudadanos venezolanos que huyen de la opresión política y de la exclusión económica y social en Venezuela,
así como de los trámites que les permitan integrarse en España a dichos ciudadanos.
4. Exigir la realización de elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, según estipulan las leyes y la Constitución de dicho país y autorizar misiones de observación electoral por parte de distintos organismos internacionales.
5. Exigir que se permita a todos los ciudadanos venezolanos, incluidos aquellos que residen en el exterior, ejercer su derecho al sufragio.
6. Exigir al régimen de Nicolás Maduro que permita la candidatura de María Corina Machado en las próximas elecciones, así como el cese inmediato del hostigamiento a los miembros de su equipo y líderes de partidos opositores, en especial
contra los ciudadanos Roberto Abdul, Henry Alviárez, Julio Borges, Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Andrés Izarra, Antonio Ledezma, Leopoldo López, Claudia Macero, Rafael Ramírez, David Smolansky, Lester Toledo, Pedro Urruchurtu y Carlos Vecchio.
7. Reconocer la situación de emergencia humanitaria que vive Venezuela y la condición de víctimas de persecución política de los exiliados venezolanos en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons y Carlos Floriano Corrales, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/000173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar a los abogados del
turno de oficio la indemnización de todas las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La regulación del turno de oficio y la justicia gratuita debe ser revisada y modificada para adecuarla a las necesidades actuales y superar las múltiples y constantes modificaciones parciales que sin un planteamiento de conjunto vienen
generando numerosos problemas que impiden que se reconozca suficientemente el inestimable servicio que prestan los profesionales del turno de oficio, abogados y procuradores, 24 horas al día, 365 días al año.
Aunque el Ministro de Justicia comprometió en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la aprobación de una nueva ley de justicia gratuita esta legislatura, hay algunos aspectos que vienen generando varios problemas por el
silencio o la indefinición de la ley, así como por la interpretación que se ha dado por el Ministerio en los últimos cinco años, y que no pueden esperar porque están impidiendo que los profesionales del turno de oficio, aunque hayan asistido,
representado o defendido al justiciable, perciban indemnizaciones por todas esas actuaciones realizadas si, finalizados los trámites pertinentes, no se reconoce el derecho de justicia gratuita al justiciable.
Como vienen reivindicando abogados, asociaciones y colegios de la abogacía, la administración encomienda a todos los profesionales encargados del servicio de asistencia jurídica gratuita un trabajo que debe realizarse por mandato
constitucional, por lo que carece de sentido que esos servicios jurídicos no sean indemnizados, sin perjuicio que deban adoptarse las medidas oportunas y eficaces para que la administración pública competente repercuta al justiciable respecto al que
se resuelve que no tiene derecho a justicia gratuita, pero que no puede perjudicarse al profesional que garantizando el derecho de defensa de los ciudadanos ha cumplido con su cometido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificar el artículo 30 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para que la asistencia, defensa y representación gratuita sea indemnizada independientemente del reconocimiento del derecho de asistencia gratuita
al justiciable.
- Modificar, asimismo, la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y representación
de las personas jurídicas a las que se investigue o contra las cuales se incoe y tramite un procedimiento penal, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- Actualizar lo antes posible los haremos de indemnizaciones de los profesionales del turno de oficio en el territorio competencia del Ministerio de Justicia, así como mejorar los mecanismos de pago para evitar constantes retrasos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-María Jesús Moro Almaraz, Pedro Luis Huguet Tous y Fernando de Rosa Torner, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley reclamando garantías en el acceso al
expediente judicial electrónico y respeto al ejercicio de la fe pública judicial por los funcionarios competentes, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La progresiva incorporación de las tecnologías de la información en la administración de justicia, así como la implantación del expediente judicial electrónico, no pueden cambiar los principios establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ni la gestión de los datos poner en peligro la privacidad y, en especial, la protección de las víctimas. En este sentido debemos destacar que según nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 454) los letrados de la Administración
de Justicia son responsables de la función de documentación, así como de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley. No puede,
por tanto, la implantación de herramientas electrónicas modificar el contenido de la Ley Orgánica.
Igualmente, 'corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial' (artículo 453.1 LOPJ). En el ejercicio de esta función dejarán constancia fehaciente de la
realización de actos procesales en el Tribunal o ante este y de la producción de hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, las vistas se podrán
desarrollar sin la intervención del letrado de la Administración de Justicia, en los términos previstos en la ley. En todo caso, el letrado de la Administración de Justicia garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. El
régimen jurídico de la custodia documental y la fe pública, no pueden transferirse a los sistemas informáticos sin el control fehaciente del responsable, en este caso el letrado de la Administración de Justicia, ya que ello cambiaría el régimen de
la documentación de los actos judiciales. La reciente reforma del artículo 147 de la LEC por el Real Decreto Ley 6/2023 modifica de forma muy cuestionable el régimen de la fe pública judicial definido en una ley orgánica, restringiendo las
competencias de los letrados de la Administración de justicia que dejan de dar fe sobre la veracidad de las actuaciones orales grabadas.
El control de los datos del proceso judicial deberá estar en manos de aquel profesional a quien la Ley orgánica del Poder Judicial otorga esa función, garantizando de esta manera que el acceso a dichos datos se base en criterios de
publicidad pero bajo la protección de los datos de carácter personal. El acceso a todos los datos del procedimiento mediante una carpeta electrónica basada en el volcado de dichos datos en la administración publica con competencias en Justicia sin
suficientes garantías jurídicas puede vulnerar los
principios de privacidad y protección a la víctima. Cabe mencionar como ejemplo el de las actuaciones en materia de violencia de género: si los datos de una víctima de un delito de violencia machista son expuestos a quien es parte como
acusado de dicho delito, mediante el acceso sin limitaciones y garantías a la carpeta electrónica, podría poner de manifiesto al agresor el domicilio de la víctima, el número de teléfono u otros datos personales. Por ello, es imprescindible que se
garantice que el control de dichos datos se mantiene de forma efectiva en manos de quien tiene atribuida su custodia por Ley Orgánica que es el Letrado de la Administración de Justicia.
Por otro lado, la cesión de datos automatizada hacia las administraciones con competencias en Justicia, puede vulnerar el secreto de las actuaciones. Con la implantación de herramientas automatizadas de cesión de datos y los sistemas
informáticos gestionados por las administraciones sin el control efectivo de los letrados de la Administración de Justicia, se puede vulnerar el secreto de las actuaciones judiciales, al poder acceder a las mismas administraciones con competencias
en justicia que no son partes en el proceso. Asimismo, la intervención de las administraciones con competencias en justicia en la gestión de los datos judiciales puede atentar contra la independencia del poder judicial y el principio de separación
de poderes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que respete la regulación orgánica en la que se atribuye la fe pública judicial a los letrados de la Administración de Justicia.
Que garantice por ley que en los sistemas de gestión informatizada de los datos de la administración de justicia, estos se mantengan bajo el control efectivo y la supervisión de los letrados de la Administración de Justicia, quienes deberán
garantizar la autenticidad e integridad de los mismos.
Que se establezcan los sistemas necesarios para que, bajo la supervisión de los letrados, se garanticen la privacidad de los datos así como la protección de las víctimas de delitos, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Pedro Luis Huguet Tous y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a garantizar
la transparencia y el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el sistema de acceso y de promoción interna en la Función Pública, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La Constitución Española, en su artículo 103 proclama como principios que deben regir el acceso a la Función Pública la igualdad, el mérito y la capacidad.
Estos valores o principios son exigibles tanto para acceder a la condición de funcionario como para la promoción a lo largo de la vida laboral en la Administración Pública. Así se proclama también en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Principios que son el pilar básico para garantizar una Administración Pública cuya finalidad es servir con objetividad y
neutralidad al interés general.
En la legislatura anterior, el Gobierno anunció la constitución de un grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública con el objetivo, entre otras cuestiones, de modificar el sistema de acceso para adquirir la
condición de funcionario.
A través de los medios de comunicación, se ha conocido la voluntad del Ejecutivo de modificar los sistemas de acceso a la función pública y de promoción interna dentro de la propia carrera administrativa.
Lo poco que trascendió es que este Grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública habría recomendado al Gobierno 'reducir los ejercicios de conocimientos' para 'potenciar los cursos selectivos'. Con ello se
pretendería rebajar la exigencia del conocimiento de carácter teórico en las distintas oposiciones y, por contraposición, aumentar las pruebas de carácter subjetivo.
Si bien es cierto que los sistemas selectivos para acceder a la Administración han de atender a las circunstancias y necesidades propias de la realidad social, ninguna reforma puede implicar una ruptura con un sistema de acceso que ha dado
innumerables pruebas de su calidad.
Cualquier modificación que se realice en este ámbito debe aspirar a mantener la excelencia de nuestros servicios públicos, como mejor forma de apuntalar la igualdad, el mérito y la capacidad de quienes ejerzan sus funciones en los distintos
puestos de la Administración.
Las pruebas de acceso a los distintos Subgrupos de la Administración General del Estado siempre han garantizado la objetividad en los procesos selectivos de ingreso. Principio de objetividad consagrado asimismo por la Constitución.
De igual manera, se han de defender los citados principios constitucionales para el sistema de promoción interna entre los diferentes subgrupos y cuerpos funcionariales. En la Administración General del Estado siempre se ha garantizado la
profesionalidad y la adquisición de los conocimientos necesarios para el desempeño de las ulteriores tareas y funciones que se desarrollarán en el nuevo subgrupo o categoría a la que se accede por este sistema.
La oscuridad del Gobierno respecto a la posible reforma es muy preocupante y parece evidenciar que vaya encaminada a rebajar el nivel de exigencia, preparación y, en último término, de objetividad en los procesos selectivos y de promoción
interna conllevando una merma de los principios de igualdad, mérito y de la capacidad, requisitos fundamentales para contar con una Administración Pública absolutamente profesionalizada y preparada que sirva al interés general con neutralidad y
objetividad.
Las propias Asociaciones Profesionales de Funcionarios han alertado y denunciado públicamente el peligro que entraña las modificaciones propuestas por el Gobierno ya que conlleva una minoración de la calidad y eficiencia de nuestras
administraciones en todos los niveles.
En algunas convocatorias de promoción interna se han eliminado, en unos casos y reducido enormemente en otros, los conocimientos teóricos necesarios para ejercer las funciones del subgrupo superior al que se accede estableciendo unas pruebas
que suponen un 'coladero' y que se traducirá en graves carencias de preparación y de falta de conocimientos necesarios para el nuevo Cuerpo en el que se ingresa.
Es evidente que deben analizarse herramientas que permitan mejorar constantemente la función pública española, así como de sus sistemas de promoción interna, avanzando siempre hacia las fórmulas que incrementen el alto nivel que siempre le
ha caracterizado (como, por ejemplo, implementando la transformación digital de la administración y la formación en este ámbito). Pero ello nunca ha de implicar un detrimento de la excelencia e imparcialidad de nuestro sistema de empleo público.
En resumen, creemos que lo que en ningún caso debe ocurrir en una reforma del sistema de acceso al Servicio Público (tanto de nuevo ingreso como de promoción interna) es que se reduzca la preparación y profesionalización de los funcionarios
que hoy se garantizan con los procesos selectivos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar una Administración Pública profesional y de prestigio que sirva al interés general de forma neutral y objetiva.
2. Garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en todos los procesos selectivos y de promoción interna que se convoquen para acceder a la condición de funcionario o para prosperar en la carrera
administrativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Llanos de Luna Tobarra y María del Mar González Bella, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar, impulsar y modernizar
el actual Mutualismo Administrativo de MUFACE, y del resto de mutualidades prestadoras de asistencia sanitaria (ISFAS y MUGEJU), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha declarado recientemente su rechazo al modelo del Mutualismo Administrativo que presta la asistencia sanitaria a los funcionarios y sus familiares. 'Más País', partido al que pertenece la citada
ministra, fue el primero en incluir en su programa electoral la disolución de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).
Asimismo, la Fundación Alternativas, próxima al PSOE comparte con SUMAR las intenciones de eliminación de la MUFACE y del resto de Mutualidades, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Estos
antecedentes han reavivado la inquietud y el temor en el colectivo de beneficiarios de la asistencia sanitaria.
El Mutualismo Administrativo ha convivido con el Sistema Público de Salud desde su nacimiento con la finalidad de dar la cobertura de un régimen de la Seguridad Social a los funcionarios y a sus familiares. Hay que recordar que el
Mutualismo Administrativo forma parte del Sistema Nacional de Salud, en los términos de la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, por lo que la cobertura sanitaria que reciben los
funcionarios es enteramente pública, por más que la provisión pueda ser pública o privada, precisamente a elección de ellos.
Creemos que no se puede sembrar la duda, como hacen los socios del Gobierno de SUMAR, sobre un modelo de éxito que viene funcionando desde hace más de 40 años y que de algún modo es patrimonio de los funcionarios mutualistas. Tampoco nos
parece adecuado que, desde el propio Gobierno la ministra de Sanidad, que además no es la competente en la materia, haga declaraciones en las que aboga por la desaparición de
la MUFACE porque crea intranquilidad entre el colectivo de funcionarios, muchos de ellos pensionistas, que ven en juego su asistencia sanitaria tal como la han venido recibiendo hasta ahora.
Al Estado le cuesta menos un paciente de MUFACE que un paciente atendido por la sanidad pública. Según datos publicados por ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), el Mutualismo Administrativo ahorra a la sanidad pública entre 720 y
800 millones de euros al año. La prima media por asegurado (917 euros anuales) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1368 euros), en concreto 451 euros menos. Por tanto, la inversión que se hace a través del modelo mutualista es
más eficiente, en términos económicos.
La MUFACE presta asistencia sanitaria a 1.499.451 personas (1.038.253 mutualistas y 461.198 beneficiarios), según datos del Ministerio de Hacienda. Si le sumamos el resto de los mutualistas de ISFAS y de MUGEJU, el colectivo es de 2
millones de personas.
Traspasar a los más de 2 millones de beneficiarios del mutualismo supondría un colapso de la sanidad pública y un aumento muy considerable de las listas de espera que actualmente alcanzan un récord histórico con 819.964 pacientes aguardando
una intervención quirúrgica (77.446 pacientes más que hace un año). Por tanto, el sistema del mutualismo reduce en gran medida la presión asistencial en el sistema público y garantiza su viabilidad.
Dado el escenario complejo e incierto como consecuencia de la pandemia a nivel mundial, así como los aumentos estacionales de contagios de patologías fundamentalmente respiratorias, no parece que sea lo más oportuno sobrecargar todavía más
el sistema público de salud.
Además, la desaparición de la MUFACE (y de MUGEJU e ISFAS) implicaría la desaparición de las clínicas y de los centros sanitarios no públicos en provincias cuya actividad está focalizada en la atención y asistencia a los empleados públicos.
Esto supondría además del colapso asistencial público indicado anteriormente, la desaparición de alrededor de 39.000 puestos de trabajo.
La eliminación del Mutualismo Administrativo repercutiría también en todas las actividades relacionadas con las asistencia sanitaria y hospitalaria (ambulancias, aparatología diagnóstica y rehabilitadora, material sanitario, prótesis,
productos farmacéuticos, material informático, etc.).
En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se ha de seguir apostando por el Mutualismo por todo lo expuesto, por la eficiencia económica, por la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, por la satisfacción e las
prestaciones recibidas por más de 2 millones de beneficiarios y porque garantizan la viabilidad del Sistema Público de Salud, que en la actualidad no podría absorber a un colectivo tan numeroso de funcionarios en activo, a los ya pensionistas y a
los familiares de unos y otros .
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar, actualizar, impulsar y modernizar el actual Mutualismo Administrativo como es la MUFACE y también el resto de las mutualidades prestadoras de la asistencia sanitaria como el ISFAS
y la MUGEJU.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Llanos de Luna Tobarra, María Isabel Prieto Serrano y María del Mar González Bella, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/000172
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa al cierre de mezquitas donde se promueva el yihadismo.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 9191 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro, Ignacio Hoces Íñiguez y David García Gomis, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al cierre de mezquitas donde se promueva el yihadismo, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. El último atentado yihadista en suelo español.
El próximo 25 de enero se cumple un año del más reciente atentado de índole yihadista ocurrido en territorio español. Yassine Kanjaa, un inmigrante ilegal marroquí, asestó varios machetazos al sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la
Palma (Algeciras), don Diego Valencia, que terminaron con su vida. El individuo venía de la parroquia de San Isidro, donde hirió con un corte en el cuello al párroco, don Antonio Rodríguez, y discutió acaloradamente con algunos feligreses al grito
de 'Alá es grande', a los que igualmente insultó por profesar la religión católica. Varias personas que trataron de poner orden ante las ofensas expresadas por el terrorista fueron también heridas.
El yihadista, que se encontraba de manera ilegal en España, tenía pendiente una orden de expulsión desde junio de 2022 y estaba bajo vigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por mostrar en los días anteriores al atentado
indicios de radicalización. Días antes de cometer el atentado terrorista profirió loas al Daesh en las redes sociales.
En septiembre de 2023, el juez de la Audiencia Nacional dio por terminada la instrucción del caso. El magistrado concluyó que los hechos acaecidos en la ciudad andaluza tenían un fin terrorista de inspiración yihadista y descartaron la
inimputabilidad del agresor por los problemas psiquiátricos que sufría 1.
Este suceso no es, lamentablemente, un caso aislado. De hecho, el pasado año 2023 marcó un récord en cuanto a detenciones de terroristas yihadistas. Concretamente, 77. El dato más alto desde los atentados acaecidos el 11 de marzo de 2004
en Madrid 2.
Segundo. Los atentados yihadistas, cada vez más habituales en Europa.
La cada vez mayor presencia del Islam en nuestro continente supone, entre otras muchas consecuencias adversas, que los ataques a templos y a fieles cristianos se hayan convertido en frecuentes.
El islamismo, como ideología que da origen al fundamentalismo islámico, representa un problema de primer orden para Europa en general y, en especial, para España, debido a su importancia geoestratégica. Como movimiento político pretende
imponer los principios del Islam en cualquier aspecto de las sociedades donde tiene presencia. En definitiva, persiguen la imposición de la sharía creando estados con estructuras sociales acordes a estos preceptos. Para su imposición no dudan en
llamar a la guerra santa, valiéndose para ello del terrorismo y de cualquier método a su alcance.
El proceso por el cual ciertos musulmanes se adhieren a corrientes como el salafismo, el yihadismo o el wahabismo, y sus implicaciones, supone un grave problema para los diferentes órdenes de nuestra sociedad, tales como la Seguridad
Nacional y la dignidad de la persona.
El islamismo es una seria amenaza para la Seguridad Nacional. Asimismo, constituye una amenaza en términos culturales y sociales. Nuestra cultura y tradición, que es la de la Civilización Cristiana, u Occidental, comporta, entre otros
principios y valores definitorios, el reconocimiento y la protección de la dignidad de la persona y sus derechos, así como el respeto a las instituciones.
Las políticas multiculturalistas llevadas a cabo por los países occidentales (y, especialmente, por Bélgica, Suecia o Francia) se basan en la contemporización con el islamismo incompatible con nuestra civilización, en la promoción de la
inmigración ilegal masiva y el reemplazo poblacional y en las concesiones a los líderes políticos y espirituales islámicos para 'mantener la paz social'. El resultado de estas no ha sido sino el aumento de la inseguridad en nuestros barrios y la
paulatina pero constante pérdida de identidad de nuestras naciones.
Así, el primer hito de los crecientes ataques contra los cristianos en Europa fue el asesinato del padre Jacques Hamel en la iglesia de San Esteban de Rouvray (Normandía) el 26 de julio de 2016. El sacerdote fue degollado por dos
terroristas del Estado Islámico mientras oficiaba la Santa Misa. Dos monjas y dos feligreses fueron hechas rehenes; las religiosas fueron utilizadas como escudos humanos para escapar y una de las fieles fue gravemente herida. Uno de los
atacantes, fichado por las autoridades francesas, tendría que haber llevado una pulsera electrónica en el momento del atentado, pero el sistema de vigilancia falló.
En octubre de 2020, pocos días después de la decapitación del profesor Samuel Paty a la salida de su escuela en París por un yihadista checheno, otro terrorista asesinó a tres cristianos en la Basílica de Nuestra Señora, en Niza. El
terrorista, de origen tunecino, había entrado ilegalmente en Europa un mes antes por la isla de Lampedusa (Italia), desde la que se desplazó hasta Niza. En el atentado, intentó decapitar a una feligresa, le cortó el cuello al sacristán del templo y
provocó graves heridas a otra mujer, que supusieron su muerte en las inmediaciones de la iglesia.
1 GÁLVEZ, J.J.: 'El juez finaliza la investigación sobre el ataque a iglesias de Algeciras y lo califica como terrorismo', El País, 05.09.23.
2 CERDEIRA, Brais: 'La célula yihadista detenida en Barcelona y Extremadura compró explosivos para atentar', El Español, 16.01.24. Disponible [en línea]: https://www.elespanol.com/espana/20240116/celula-yihadista-detenida-barcelona-
extremadura-compro-explosivos-atentar/825417627_0.html.
Como se ve, en los últimos años, los ataques islamistas se suceden sin freno en Europa, poniendo de manifiesto la supuesta ingenuidad de nuestros dirigentes y medios de comunicación al tratarlos como 'casos aislados'. Los ejemplos señalados
demuestran lo contrario.
En España, los últimos atentados yihadistas antes del de Algeciras fueron los ocurridos el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, reivindicados por Estado Islámico. El atropello masivo cometido en Las Ramblas de la capital catalana
se saldó con 15 muertos (entre ellos, dos niños) y 131 heridos, mientras que en Cambrils se registraron un muerto y seis heridos, tres de ellos Mozos de Escuadra.
Asimismo, el 15 de noviembre de 2023 se detuvo a seis personas por radicalización islamista, incluido el imán de Badajoz 3. Pocos días después, el 17 de noviembre, era detenido un imán de Zaragoza por financiación de Al Qaeda, al parecer
relacionado con el imán de Badajoz. El pasado 7 de diciembre de 2023, fue detenido en Madrid un imán y profesor de árabe 4 que captaba a menores para el Daesh. Son constantes las detenciones de imanes relacionados con el yihadismo 5 o de
responsables islamistas, como la detención en Melilla de un Imán que captaba 'soldados de Alá' en la mezquita de la Cañada o la del principal representante del Islam en España, Aiman Adlbi, el 16 de enero de 2024, por financiación de Al Qaeda 6.
Recientemente se ha detenido en la provincia de Sevilla a un joven sirio de 17 años y a su madre. El menor, que residía entre Montellano y Badajoz, pretendía cometer un atentado yihadista en su instituto 7.
Tercero. Las mezquitas islamistas, incompatibles con occidente.
A pesar de que los principios del islamismo son radicalmente incompatibles con las democracias occidentales, muchas autoridades públicas han permitido e, incluso, promovido, el asentamiento de templos islamistas. Mezquitas en las que se
adoctrina y se inculcan ideas contrarias a los pilares de Occidente, que chocan frontalmente con nuestra convivencia, modo de vivir, costumbres, tradición y cultura. En muchas ocasiones, es en estas mezquitas donde se inocula el odio y se
planifican atentados contra nuestros compatriotas y contra nuestras sociedades, a fin de infundir el terror y lograr con ello su objetivo de someter a las sociedades occidentales.
Es cada vez más evidente en España la insoportable inseguridad que provoca la existencia de estos 'centros de radicalización', así como las consecuencias de la creación de auténticos guetos donde rige la sharía o ley islámica.
El aumento de las mezquitas islamistas y lo que en ellas sucede es de sobra conocido por los distintos ejecutivos. Así, ya por el año 2015, el entonces ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz, propuso el cierre de las mezquitas
salafistas. En aquel momento, con un nivel 4 de alerta antiterrorista -igual que en la actualidad- el Gobierno quería vigilar de cerca estas mezquitas, en tanto que germinadoras de la radicalización. No obstante, como es frecuente en los asuntos
que afectan al islamismo, tales intenciones pronto se diluyeron.
También en 2015, tras un atentado que tuvo lugar el 26 de junio, el Ejecutivo tunecino tomó la decisión de 'cerrar 80 mezquitas de corte salafista por difundir el 'veneno' yihadista, como lo ha catalogado el primer ministro de Túnez, Habib
Essid. No es una persecución indiscriminada, insiste, sino una acción 'preventiva', pese a que sabe del riesgo de que, más allá de las ideas que se expandan, pacíficas o no, radicales o no, a
3 https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/detenido-el-iman-de-la-mezquita-de-badajoz-en-una-operacion-coordinada-desde
4 https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/La-Guardia-Civil-detiene-en-Madrid-a-un-profesor-de-arabe-que-captaba-a-menores-para-Daesh/
5 https://www.eldebate.com/espana/20240122/imanes-radicales-punto-mira-lucha-anti-yihadista 168402.html
6 https://elpais.com/espana/2024-01-16/la-policia-situa-al-principal-representante-del-islam-en-espana-como-maximo-responsable-de-una-red-yihadista.html
7 https://www.elmundo.es/espana/2024/01/23/65aecc49fc6c83ab488b45b5.html
veces controlar a un lobo solitario es 'casi imposible'' 8. Una medida preventiva que parece del todo acertada.
Por su parte, en Alemania, su ex vicecanciller, Sigmar Gabriel, en 2017, tras el atentado en el Mercado de Navidad de Berlín, también expresó 'que las mezquitas salafistas y wahabíes en el país deberían ser cerradas y sus comunidades
disueltas'. Estas afirmaciones tuvieron lugar tras la confirmación de los vínculos entre el atentado y un predicador salafista.
El ex vicecanciller conminó, igualmente, a las autoridades alemanas a tomar acciones 'contra las tendencias extremistas' e insistió en que 'las mezquitas que propagan pensamientos salafistas y wahabíes' deberían ser 'sin tardar' cerradas en
Alemania porque 'incitan a la violencia y no saben disfrutar de la libertad de religión'. Y añadió que 'las mezquitas salafistas deben ser prohibidas, las comunidades disueltas y los predicadores expulsados.'
España debe seguir estos ejemplos de lucha contra el islamismo. Los españoles y los inmigrantes legales que viven con nosotros honradamente y con voluntad de integración no se merecen la situación que provoca el terrorismo islamista. Se
debe poner fin a la peligrosa situación que supone la existencia de mezquitas islamistas en nuestro país: se deben catalogar y se debe proceder a su cierre inmediato. Es necesario promover acciones que contribuyan al bien común y no a la
destrucción de nuestras naciones y de sus postulados esenciales. Hay que poner freno a la expansión del islamismo en nuestras sociedades.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder al cierre inmediato de todas las mezquitas que fomenten el yihadismo en territorio español.
2. Proceder a la inmediata expulsión de territorio español a cualquier guía espiritual, ministro de culto o responsable jurídico que, no contando con la nacionalidad española, desarrolle su actividad o dirija tales mezquitas.
3. Impulsar cuantas reformas legislativas sean precisas para revocar la nacionalidad española a quienes promuevan el yihadismo y no la tengan de origen.
4. Llevar a cabo los cambios legislativos necesarios para evitar la implantación en España de corrientes religiosas que den cobijo al terrorismo yihadista, así como prohibir la apertura de nuevos centros islamistas en los que se incite y se
promueva el terrorismo y el odio a nuestra cultura y valores.
5. En tanto que no se logre eliminar por completo la expansión del fundamentalismo en España, conformar un catálogo de todas las mezquitas que lo promuevan en nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Hoces Íñiguez y David García Gomis, Portavoces.-María José Rodríguez de Millán
Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
8 https://www.huffingtonpost.es/2015/06/27/cierre-mezquitas-tunez n 7677190.html
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el tercer carril en la AP-4 en
la provincia de Cádiz, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autopista AP-4, que une las provincias de Cádiz y Sevilla, ha visto aumentar su tráfico de forma significativa desde que se eliminó el peaje en 2020 con un considerable incremento del tránsito de vehículos pesados. En 2019, el tráfico
medio diario era de 24.149 vehículos, en 2022, aumentó a 31.455 vehículos. Y en los últimos datos facilitados por parte del Ministerio de Transportes, el tráfico medio diario es de 44.169 entre El Cuervo y Jerez; 44.391, entre Jerez Norte y Jerez
Sur y 30.755 entre Jerez Sur y Puerto Real.
Es significativo el aumento anual de la densidad del tráfico que se está produciendo en una vía que no puede absorber la actual demanda de turismos y transporte pesado, viéndose desbordada, especialmente en los meses de mayor afluencia de
visitantes.
Las organizaciones empresariales de Cádiz y Sevilla, las Confederaciones de Empresarios de ambas provincias (CES y CEC) y las Cámaras de Comercio de Sevilla, Jerez, Cádiz y el Campo de Gibraltar han reclamado la adopción de medidas de mejora
de las infraestructuras de transporte entre ambas provincias como elemento fundamental para garantizar el crecimiento económico y no perder competitividad.
No hay que desconocer que la provincia de Cádiz es la tercera más poblada de Andalucía y la octava de España y la autopista AP-4 es clave en la conexión Cádiz-Sevilla-Madrid. Y a la saturación del tráfico rodado en la AP-4, se une además la
decisión del Ministerio de Transportes de paralizar el proyecto del desdoble de la N-IV, una obra que se ha parado en Los Palacios sin completarse en su trazado por la provincia de Cádiz, tal y como estaba comprometido desde hace años.
La provincia de Cádiz necesita infraestructuras adecuadas que le permitan ser competitivas con otros territorios, teniendo en cuenta que las carencias de carreteras y medios de transporte adecuados limitan su desarrollo no solo desde el
punto de vista del turismo, sino también para la industria agropecuaria, la industria logística y el transporte de mercancías. Para ser competitivos es necesario mejorar la fluidez del tráfico, la eficiencia, las conexiones... lo que supondrá la
atracción de inversión de plataformas logísticas, de distribución y de transporte, y un ahorro de tiempos, de plazos y de costes.
En el pasado mes de marzo, la entonces ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció un programa de actuaciones para mejorar el tránsito en la AP-4 que contemplaba varios ejes, entre los que destaca la mejora del asfaltado, la
construcción de nuevos enlaces y la ejecución de un tercer carril que solo discurrirá a lo largo de 41 kilómetros, desde Sevilla hasta Las Cabezas de San Juan, de los más de 90 que tiene la vía habiéndose licitado el proyecto de redacción de
trazado. La exclusión de la provincia de Cádiz del proyecto del tercer carril en la AP-4 va a suponer crear un cuello de botella aún mayor y va en contra de nuestro desarrollo económico.
A instancias de una iniciativa presentada por el Grupo Popular en el Senado, el Gobierno justifica la limitación del tercer carril en la AP-4 a solo 41 kilómetros de la carretera en que el volumen de tráfico es mayor en este trazado, pero la
densidad de vehículos y colapsos continuos en la carretera requiere de una actuación integral de origen a destino porque solo así se estaría dando una solución definitiva a este problema.
Una obra de esta envergadura hay que planificarla y desarrollarla con tiempo y no se puede demorar la licitación de la redacción del proyecto del tercer carril en el trazado de la
AP-4 por la provincia de Cádiz, ya que, de hacerlo por fases, se estaría atrasando al menos hasta dentro de 20 años el poder contar con esta infraestructura en servicio.
Desde el Grupo Popular, estamos firmemente convencidos de que las infraestructuras son claves para el desarrollo de una región y no podemos descartar una obra tan necesaria y demandada. Sin infraestructuras no hay desarrollo ni progreso en
un territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar lo antes posible la redacción del proyecto de trazado de un tercer carril en la AP-4 en el tramo que transcurre por la provincia de Cádiz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2024.-Pedro Ignacio Gallardo Barrena, José Ignacio Romaní Cantera, Macarena Lorente Anaya y Miguel Ángel Sastre Uyá, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de agilizar la licitación de las obras del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la N-120 así como la conexión de la Variante con la A-52 a su paso por Ponteareas, para su debate en la Comisión de
Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La mejora de la N-120 a su paso por el Concello de Ponteareas es una materia pendiente desde hace años, una obra que debe ir acompañada con la construcción de la variante que conecte con la A-52.
La N-120 en Ponteareas tiene un tráfico metropolitano, donde el casco urbano de Ponteareas sirve de nudo secundario dentro del área urbana de Vigo y estructura el acceso a todo el Val do Tea. En Ponteareas la N-120 es una vía complementaria
de carácter local que precisa de ser adaptada a un perfil de travesía urbana. El tratamiento de la N-120 en Ponteareas debe ir en consonancia con su funcionalidad y adaptarse a este tipo de tráficos y usos para adecuarla a la situación territorial.
Precisamente, esta circunstancia es la causa de la alta siniestralidad que registra debido a las numerosas deficiencias que derivan en problemas de seguridad viaria.
La N-120 entra en el núcleo de Ponteareas con una limitación de 70 km/h lo que no está contextualizado en la realidad semiurbana de acceso al centro de la villa. En las márgenes y hasta el centro están ubicados diferentes equipamientos
municipales, entre los que se incluye un centro escolar. Se produce un cambio brusco de funcionalidad en la conducción sin los adecuados elementos que lleven a una reducción gradual de la velocidad.
Existe un proyecto de seguridad viaria por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya ejecución fue comprometida reiteradamente ante la Corporación Municipal y ante la Plataforma vecinal. Así, se aprobó el
expediente de información pública y el proyecto definitivo del trazado llamado 'Construcción de glorietas y tratamiento de las márgenes de la carretera N- 120 entre el P.K. 644+900 y el 649+950' y que fue publicado, finalmente, en marzo de 2023 en
el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, fue necesario hacer una revisión para incorporar el diseño de dos nuevas rotondas y el desplazamiento en planta de una de las ya previstas después de recibidas los alegatos y quedó pendiente de la licitación de las obras.
Este proyecto contaba con un presupuesto estimado de 3,3 millones de euros y el objetivo era a mejora de la seguridad viaria en el tramo de la N-120 comprendido entre el núcleo urbano de Ponteareas y la intersección de O Confurco, unos 5
kilómetros de longitud.
Entre las actuaciones que contemplaba están: el acondicionamiento de intersecciones con la instalación de glorietas, la reordenación de los accesos, la ejecución de una senda peatonal anexa a la carretera e incremento de la permeabilidad
transversal, extensión de una nueva capa de rodadura y adecuación de la señalización, el balizamiento y las defensas a la nueva solución.
El BNG ha presentado numerosas iniciativas parlamentares y enmiendas a los presupuestos para la mejora de la seguridad viaria en este tramo. Asimismo, en el período en que el gobierno municipal estuvo en manos del BNG, son muchas las
gestiones hechas delante del Director General de Carreteras para agilizar el proyecto de mejora de la seguridad viaria en el citado tramo de la N- 120.
A finales de octubre de 2023, en una respuesta al BNG, el Ministerio indicaba que el proyecto de seguridad viaria en la N-120, P.K. 644+900 y el 649+950, a su paso por Ponteareas estaba en redacción por el Ministerio de Transportes. Y que
tras los alegatos de la primera información pública practicada, 'se elaboró un documento que incorpora dos nuevas glorietas solicitadas por el ayuntamiento de Ponteareas'. Añadía que se encontraba pendiente de 'nueva información pública específica
de esas nuevas glorietas, a efectos de trazado y expropiaciones'.
Justamente, el 17 de enero el Ministerio de Transportes sometía a información pública la modificación del proyecto de trazado para mejorar la seguridad viaria de la N-120 en Ponteareas. Incorporó los cambios realizados incluyendo la
construcción de dos glorietas más, la ampliación de las sendas peatonales previstas en torno a las rotondas y una nueva reordenación de los accesos a la vía.
Por otra parte, acometer la variante para conectar la autovía A-52 y la N-120 también debe ser una prioridad. La mejora de la seguridad viaria y la rebaja del volumen de tráfico por Ponteareas debe ir unida al impulso de esta otra
infraestructura que lleva tiempo sobre la mesa pero que no avanza.
El Concello de Ponteareas cuenta con una población de más de 23.000 habitantes y mantiene una intensa relación con los ayuntamientos de Mos, O Porriño y Vigo. Las conexiones desde el núcleo urbano de Ponteareas con la A- 52 se hacen
mediante el enlace situado en el punto kilométrico 294 y después por medio de la carretera PO-403. Y también a través del semienlace del Confurco-Cans que en el punto kilométrico 301+820 de la A-52 conecta con el punto kilométrico 651+130 de la
N-120 en sentido Ponteareas.
La apertura en los años 90 de la autovía A-52 entre Vigo y Benavente, supuso en el tramo gallego de la N-120 la pérdida de la relevancia para tráficos de largo recorrido de manera que la funcionalidad de la N-120 queda acotada al ámbito más
próximo. Así, la N-120 soporta casi en exclusividad el tráfico generado en el entorno metropolitano de Vigo. El tráfico de largo recorrido se desvía a partir de A Cañiza sin que exista una conexión directa entre la N-120 y la A-52 a la altura de
Ponteareas.
La demanda de una variante es un clamor desde hace años, pero quedó en un compromiso del Ministerio de Transporte que nunca se cumplió a pesar de la necesidad de esta conexión para reducir el tránsito de vehículos en el centro de la
localidad, evitar los atascos y, además, mejorar la seguridad viaria.
En la pasada legislatura, el Concello de Ponteareas, gobernado en aquel momento por el BNG, reclamó agilidad para estas actuaciones llevando a cabo diversas gestiones ante la Dirección General de Carreteras, la Subdelegación del Gobierno de
Pontevedra, la Demarcación de Carreteras de Galiza y el propio Delegado del Gobierno en Galiza que a finales de 2022 visitó el ayuntamiento para comprometerse en el avance del proyecto de seguridad viaria.
Se reclamó un 'cronograma' con plazos concretos para hacer realidad la ejecución de las obras. Precisamente eso fue lo que BNG hizo en la presentación de enmiendas a los Presupuestos del Estado, tratando de impulsar su construcción mediante
una enmienda que fijaba un calendario de inversiones y dotaciones económicas para el período 2021-2024: 7,5 millones distribuidos en cuatro anualidades.
En junio de 2021 el Ministerio presentaba de manera sorpresiva tres trazados en el trámite de anteproyecto cuando históricamente existía un consenso social y político en torno al trazado con salida en la N-120 a la altura del Instituto del
Barral. Desde el Concello, bajo el gobierno del BNG, siempre se defendió este trazado por ser el óptimo para disminuir considerablemente el tráfico en la parroquia de Angoares y en la N-120 entre las parroquias de Xinzo, Areas, Arnoso y hasta el
cruce de Mondariz, lugar de atascos diarios y accidentes.
En todo caso, la variante sigue sin ser una realidad. En una reciente respuesta por escrito al BNG (de 27 de octubre de 2023), el Ministerio indicaba que 'se continúa a desarrollar el anteproyecto de nueva conexión de la A-52 con la N-120
en Ponteareas, que incluirá la tramitación que establece la legislación vigente a efectos ambientales, para conseguir la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y que incluirá el correspondiente trámite de información pública'. En
definitiva, para materializarse precisa de un compromiso concreto y de agilización por parte del Ministerio.
Tanto la reforma de la N-120 como la Variante son proyectos que llevan décadas encima de la mesa del Gobierno del Estado. Durante estos años se han sucedido anuncios, promesas, declaraciones, compromisos, pero sin ninguna concreción en
cuanto a plazos o dotaciones.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Agilizar la licitación de las obras para la mejora de la seguridad viaria en la N120 en el Concello de Ponteareas aglutinadas en el proyecto denominado de 'Construcción de glorietas y tratamiento de las márgenes de la carretera N-120
entre el P.K. 644+900 y el 649+950' (entre Ponteareas y O Confurco).
2. Contemplar las inversiones suficientes y necesarias para la mejora del mantenimiento de la N-120 entre Ponteareas y Vigo, llevando a cabo a reforma de los trayectos más peligrosos, el acondicionamiento de los tramos urbanos para reforzar
la seguridad viaria, la rehabilitación de su firme y la adaptación de la carretera a la evolución de las poblaciones limítrofes.
3. Aprobar lo antes posible el proyecto de la Variante de Ponteareas para conectar la N-120 con la A-52, optando por el trazado de mayor consenso social, vecinal y político con salida en la N-120 a la altura del Instituto de O Barral y
dotarlo de las asignaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, así como de un horizonte temporal concreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de axilizar a licitación das obras do proxecto de mellora da seguridade viaria na N-120 así como a conexión da Variante coa A-52 ao seu paso por Ponteareas para o seu debate na Comisión de Transporte e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A mellora da N-120 ao seu paso polo Concello de Ponteareas é unha materia pendente desde hai anos, obra que debe ir acompañada coa construción da variante que conecte coa A-52.
A N-120 en Ponteareas ten un tráfico metropolitano, onde o centro urbano de Ponteareas sirve de nó secundario dentro da área urbana de Vigo e estrutura o acceso a todo o val do Tea. En Ponteareas a N-120 é unha vía complementar de carácter
local e que precisa de ser adaptada a un perfil de travesía urbana.
O tratamento da N-120 en Ponteareas debe ir en consonancia coa súa funcionalidade e adaptarse a este tipo de tráficos e usos para adecuala á situación territorial.
Precisamente, esta circunstancia é a causa da alta sinistralidade que rexistra debido ás numerosas deficiencias que derivan en problemas de seguridade viaria.
A N-120 entra no núcleo de Ponteareas cunha limitación de 70 Km/h o que non está contextualizado na realidade semi-urbana de acceso ao centro da vila. Nas marxes e até o centro están situados diferentes equipamentos municipais, entre os que
se inclúe un centro escolar. Prodúcese un cambio brusco de funcionalidade na condución sen os adecuados elementos que leven a unha redución gradual da velocidade.
Existe un proxecto de seguridade viaria por parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, cuxa execución foi comprometida reiteradamente ante a Corporación Municipal e ante a Plataforma veciñal. Así, aprobouse o expediente
de información pública e o proxecto definitivo do trazado chamado 'Construción de glorietas e tratamento das marxes da estrada N-120 entre o P.K. 644+900 e o 649+950' e que foi publicado, finalmente, en marzo de 2023 no Boletín Oficial do Estado.
Porén, foi necesario facer unha revisión para incorporar o deseño de dúas novas rotondas e o desprazamento en planta dunha das xa previstas despois de recibidas as alegacións e ficou pendente da licitación das obras.
Este proxecto contaba cun orzamento estimado de 3,3 millóns de euros e o obxectivo era a mellora da seguridade viaria no tramo da N-120 comprendido entre o núcleo urbano de Ponteareas e a intersección do Confurco, uns 5 quilómetros de
lonxitude.
Entre as actuacións que contemplaba están: o acondicionamento de interseccións coa instalación de glorietas, a reordenación dos accesos, a execución dunha senda peonil anexa á estrada e incremento da permeabilidade transversal, extensión
dunha nova capa de rodadura e adecuación da sinalización, o balizamento e as defensas á nova solución.
O BNG ten presentado numerosas iniciativas parlamentares e emendas aos orzamentos para a mellora da seguranza viaria neste tramo. Así mesmo, no período en que o goberno municipal estivo en mans do BNG, son moitas as xestións feitas diante
do Director Xeral de Estradas para axilizar o proxecto de mellora da seguridade viaria no citado tramo da N-120.
A finais de outubro de 2023, nunha resposta ao BNG, o Ministerio indicaba que o proxecto de seguranza viaria na N-120, P.K. 644+900 e o 649+950, ao seu paso por Ponteareas estaba en redacción polo Ministerio de Transportes. E que tras as
alegacións da primeira información pública practicada, 'elaborouse un documento que incorpora dúas novas glorietas solicitadas polo concello de Ponteareas'. Engadía que se atopaba pendente de 'nova información pública específica desas novas
glorietas, a efectos de trazado e expropiacións'.
Xustamente, o 17 de xaneiro o Ministerio de Transportes sometía a información pública a modificación do proxecto de trazado para mellorar a seguridade viaria da N-120 en Ponteareas. Incorporou os cambios realizados incluíndo a construción
de dúas glorietas máis, a ampliación das sendas peonís previstas en torno ás rotondas e unha nova reordenación dos accesos á vía.
Por outra parte, acometer a variante para conectar a autovía A-52 e a N-120 tamén debe ser unha prioridade. A mellora da seguranza viaria e a rebaixa do volume de tráfico por Ponteareas debe ir unida ao impulso desta outra infraestrutura
que leva tempo sobre a mesa pero que non avanza.
O concello de Ponteareas conta cunha poboación de máis de 23.000 habitantes e mantén unha intensa relación cos concellos de Mos, O Porriño e Vigo. As conexións desde o núcleo urbano de Ponteareas coa A-52 fanse mediante o enlace situado no
punto quilométrico 294 e despois por medio da estrada PO-403. E tamén a través do semi-enlace do Confurco-Cans que no punto quilométrico 301+820 da A-52 conecta co punto quilométrico 651+130 da N-120 en sentido Ponteareas.
A apertura nos anos 90 da autovía A-52 entre Vigo e Benavente, supuxo no tramo galego da N-120 a perda da relevancia para tráficos de longo percorrido de xeito que a funcionalidade da N-120 fica coutada ao ámbito máis próximo. Así, a N-120
soporta case en exclusividade o tráfico xerado no entorno metropolitano de Vigo. O tráfico de longo percorrido desvíase a partir da Cañiza sen que exista unha conexión directa entre a N-120 e a A-52 á altura de Ponteareas.
A demanda dunha Variante é un clamor desde hai anos, mais ficou nun compromiso do Ministerio de Transporte que nunca se cumpriu a pesar da necesidade desta conexión para reducir o tránsito de vehículos no centro da localidade, evitar os
atascos e, ademais, mellorar a seguranza viaria.
Na pasada lexislatura, o concello de Ponteareas, gobernado naquela altura polo BNG, reclamou axilidade para estas actuacións levando a cabo diversas xestións ante a Dirección Xeral de Estradas, a Subdelegación do Goberno de Pontevedra, a
Demarcación de Estradas na Galiza e o propio Delegado do Goberno na Galiza que a finais de 2022 visitou o concello para comprometerse no avance do proxecto de seguridade viaria.
Reclamouse un 'cronograma' con prazos concretos para facer realidade a execución das obras. Precisamente iso foi o que BNG fixo na presentación de emendas aos Orzamentos do estado, tratando de impulsar a súa construción mediante unha emenda
que fixaba un calendario de investimentos e dotacións económicas para o período 2021-2024: 7,5 millóns distribuídos en catro anualidades.
En xuño de 2021 o Ministerio presentaba de xeito sorpresivo tres trazados no trámite de anteproxecto cando historicamente existía un consenso social e político en torno ao trazado con saída na N-120 á altura do Instituto do Barral. Desde o
concello, baixo o goberno do BNG, sempre se defendeu este trazado por ser o óptimo para diminuír considerabelmente o tráfico na parroquia de Angoares e na N-120 entre as parroquias de Xinzo, Areas, Arnoso e até o cruce de Mondariz, lugar de atascos
diarios e accidentes.
Sexa como for, a variante segue sen ser unha realidade. Nunha recente resposta por escrito ao BNG (do 27 de outubro de 2023), o Ministerio indicaba que 'se continúa a desenvolver o anteproxecto de nova conexión da A-52 coa N-120 en
Ponteareas, que incluirá a tramitación que estabelece a lexislación vixente a efectos ambientais, para conseguir a correspondente Declaración de Impacto Ambiental e que incluirá o correspondente trámite de información pública'. En definitiva, para
materializarse precisa dun compromiso concreto e de axilización por parte do Ministerio.
Tanto a reforma da N-120 como a Variante son proxectos que levan décadas enriba da mesa do Goberno do Estado. Durante estes anos téñense sucedido anuncios, promesas, declaracións, compromisos, mais sen ningunha concreción en canto a prazos
ou dotacións.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei:
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Axilizar a licitación das obras para a mellora da seguranza viaria na N120 no Concello de Ponteareas aglutinadas no proxecto denominado de 'Construción de glorietas e tratamento das marxes da estrada N-120 entre o P.K. 644+900 e o
649+950' (entre Ponteareas e O Confurco).
2. Contemplar os investimentos suficientes e necesarios para a mellora do mantemento da N-120 entre Ponteareas e Vigo, levando a cabo a reforma dos traxectos máis perigosos, o acondicionamento dos tramos urbanos para reforzar a seguranza
viaria, a rehabilitación do seu firme e a adaptación da estrada á evolución das poboacións limítrofes.
3. Aprobar canto antes o proxecto da Variante de Ponteareas para conectar a N-120 coa A-52, optando polo trazado de maior consenso social, veciñal e político con saída na N-120 á altura do Instituto do Barral e dotalo das asignacións
orzamentarias necesarias para a súa execución, así como dun horizonte temporal concreto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acelerar las obras de las
Autovías Pamplona-Madrid y Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El desarrollo regional, la competitividad de los territorios y el bienestar de la población tienen mucho que ver, entre otras cuestiones, con la disponibilidad de buenas infraestructuras básicas que contribuyan a hacer más competitiva e
interesante a Navarra.
Entre las infraestructuras que articulan el territorio tiene suma importancia la red de transporte de personas y mercancías. Y esto es así porque estructura la Comunidad y como consecuencia atrae inversión y genera bienestar.
Navarra cuenta con una buena situación geográfica, dispone de excelentes y formados recursos humanos, tiene cuantiosos servicios públicos y otros muchos buenos factores para poder aspirar a ser una región modélica y atractiva.
A lo largo de los últimos años no se han venido aprovechando los recursos existentes y como consecuencia ha quedado descolgada, aislada y alejada de los ejes de desarrollo dejando de ser una Comunidad atractiva para invertir, mejorar la
calidad de vida de la población y ser más competitiva.
Las vías de comunicación por carretera son vitales para Navarra al aproximar salida y entrada de mercancías y personas, con rapidez, cuyo efecto más notable de construirse influiría en hacer más competitiva y atractiva a la Comunidad Foral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar los expedientes administrativos pendientes e incrementar las inversiones para acelerar las obras de las Autovías Pamplona-Madrid y Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida.
2. Abordar, acelerar y resolver la licitación de los tramos de la Autovía Pamplona-Madrid en los tramos de Castejón-Medinaceli.
3. Abordar, resolver y licitar los tramos de la Autovía Pamplona-Jaca, Pamplona-Huesca y Huesca-Lérida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Sergio Sayas López, Ana Isabel Alós López, Javier José Folch Blanc, Tomás Cabezón Casas y Héctor Palencia Rubio, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat
Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La Comunitat Valenciana, cuarta autonomía del estado en población cuenta con dos núcleos de cercanías que sirven a las áreas metropolitanas de las principales ciudades.
El núcleo de Cercanías de Valencia cuenta con cinco líneas actualmente en servicio, que sirven a las áreas metropolitanas de Valencia y Castelló, siendo el tercer núcleo de cercanías del estado en cuanto a número de viajeros anuales, por
detrás de Madrid y Barcelona, con más de 16 millones de viajeros en 2019 (último año antes de la pandemia), según los datos recogidos en el Informe 2021 Observatorio del Ferrocarril.
El núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante cuenta con tres líneas, dos de las cuales (C1 y C3) en territorio valenciano, dando servicio a las áreas metropolitanas de Alacant, Elx y Murcia. Este es el noveno núcleo de cercanías del país en
cuanto a número de viajeros anuales (casi 3 millones y medio de viajeros en 2019), a pesar de ser las provincias de Alacant y Murcia la cuarta y séptima en población del estado.
A pesar del aumento en las cifras de viajeros anuales en núcleos como los de Madrid, Barcelona o Málaga, en los núcleos de cercanías de Valéncia y de Murcia-Alicante, en el periodo de 2014 a 2019 no se produjo ningún aumento, sino que
incluso hubo un leve descenso en el número de viajeros, tal y como se refleja en el mismo informe. Estos datos probablemente se deban a circunstancias tales como la falta de electrificación y tramos de vía única de algunas líneas con falta de
inversión en ellas (especialmente llamativo es el caso de la línea C1 que une Alacant con Elx, Orihuela y Murcia), así como al aumento de los tiempos de viaje (caso de la línea C6 del núcleo de Cercanías de Valencia, debido a las obras de
instalación del tercer carril), o a las cancelaciones de trenes por falta de personal y material.
En el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025 se marcaron una serie de actuaciones a realizar en ambos núcleos para mejorar esta situación. Si bien el plan no se ha completado, sí se ha realizado un esfuerzo inversor en la
red en los últimos años, a destacar:
- Renovación del tramo Silla-Gandía, incluyendo la instalación de BAB entre Silla y Cullera y la renovación de enclavamientos entre Sollana y Gandía.
- Renovación del tramo Silla-La Pobla llarga y de Xátiva a l'Alcúdia.Construcción de la nueva estación de l'Alcúdia de Crespins.
- Nueva estación de Albal.
- Instalación del BLAU entre Buñol y Utiel.
- Inicio obras canal de acceso que permitirán recuperar la conexión directa entre Valencia Sant Isidre y Valencia Nord.
- Inversión de más de 101 millones de euros en las obras de renovación integral de vía en la línea Xátiva-Alcoi.
- Mejoría de infraestructura, estaciones con vías para trenes de 750 metros y sistemas de seguridad y señalización entre Sagunt y Caudiel dentro del plan director del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Sin embargo, el plan no está completado, y son necesarias muchas otras actuaciones en ambos núcleos de cercanías para mejorar el servicio ferroviario que se presta en la Comunitat Valenciana, motivo por el que se formaliza la presente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El cumplimiento, ejecución y finalización de todos los acuerdos y proyectos establecidos en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana (2017-2025).
1.1 Núcleo de Cercanías de Valencia:
a La duplicación de la línea Cullera-Gandía.
b) Estudio para la prolongación de la línea C1 desde Gandía hasta Oliva, incluyendo estaciones/apeaderos en los municipios de Bellreguard y l'Alqueria de la Comtessa.
c) Construcción de la segunda vía en la nueva línea de l'Alcúdia de Crespins a Moixent, correspondiente a la línea C2.
d) Duplicación y renovación de la línea Valencia Sant Isidre-Aldaia-Buñol.
e) Electrificación de la línea Valencia Sant Isidre-Aldaia-Buñol.
f) Renovación de la vía y electrificación de la línea Buñol-Utiel.
g) Continuar con la mejora de la infraestructura en la línea Sagunt-Caudiel, incluyendo la electrificación de esta.
1.1.2 Además, se solicita también tal y como viene reflejado en el Plan de Cercanías:
- Continuar con las obras del Canal de acceso a Valencia, que permitirán restablecer la conexión directa entre Valéncia Sant Isidre y Valéncia Nord.
- Continuar con los estudios y proyectos para desarrollar la nueva plataforma UIC Valencia-Castelló, el túnel pasante y la estación central de Valencia, tal y como viene reflejado en el Plan. Esta infraestructura contribuirá enormemente a
descongestionar la línea C6 de cercanías Valencia-Castelló.
1.2 Núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante:
a) Desarrollar la primera fase de la Variante de Torrellano para la conexión de cercanías con el aeropuerto de l'Altet.
b) Conectar la línea C1 de cercanías con la estación de Elx AV desde la localidad de Elx, permitiendo una estación para el intercambio modal entre cercanías y alta velocidad.
2. Además de las medidas citadas en el punto anterior, todas ellas ya incluidas en el plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025, se solicita establecer nuevas actuaciones a realizar en los dos núcleos de cercanías de la
Comunitat Valenciana, ampliando y mejorando el Plan de Cercanías actual.
2.1 Núcleo de Cercanías de Valéncia:
a) Estudio para la prolongación de la línea C1 desde la estación actual de Gandía, no solo hasta Oliva, incluyendo estaciones/apeaderos en los municipios de Bellreguard y l'Alqueria de la Comtessa, sino hasta la localidad de Dénia, donde
debería tener conexión con la línea 9 del Tram d'Alacant, y con paradas intermedias en El Verger, Ondara y la Xara/Hospital de Dénia.
b) Construcción de la segunda vía en la nueva línea de l'Alcúdia de Crespins a Moixent, correspondiente a la línea C2.
c) Construcción de una estación para servicio de viajeros en la localidad de la Font de la Figuera en la línea de ancho ibérico, en la que podrían prestar servicio los trenes de media distancia de las relaciones Valencia-Albacete y
Valencia-Alacant, aunque con tarifas y condiciones integrados dentro del núcleo de cercanías de Valencia.
d) Integración de los servicios de media distancia de la línea Xátiva-Alcoi dentro del núcleo de cercanías de Valéncia, incluyendo mapas, tarifas y abonos. Esta nueva línea Valéncia-Xátiva-Alcoi podría renombrarse como línea C2a, y
conllevará un aumento en el número de frecuencias.
e) Los municipios de l'Horta sud actualmente constituyen una conurbación que se sitúa en el entorno de unos 12 0000 habitantes, con una estrecha relación con la ciudad de Valéncia. Prestan en ellos servicio los trenes de cercanías de las
líneas C1 y C2, con
paradas actualmente en Silla, Catarroja, Massanassa y Alfafar-Benetússer, y en un futuro cercano, también en Albal. En muchas ocasiones la alta afluencia de viajeros y las escasas frecuencias, especialmente en fines de semana, dificulta el
uso del servicio por parte de los usuarios. Se trata este de un tramo que debería tener frecuencias de paso de trenes más elevadas, casi equiparables a las de una línea de tren suburbano o metro. Se solicita la creación de servicios de cercanías
entre Valéncia y Silla, o bien como servicios parciales de las líneas C1 y C2, o bien con una nomenclatura propia (nueva línea C4), que complementen a los servicios C1 Valéncia-Gandía y C2 Valéncia-Xátiva-Moixent, especialmente en hora punta de días
laborables y los fines de semana.
f) Construcción de una nueva estación de cercanías en Beniparrell, municipio situado a escasos metros de la línea ferroviaria Valéncia-Silla y actualmente sin parada en el mismo.
g) Restablecimiento de la circulación ferroviaria en el tramo entre Utiel y Camporrobles perteneciente a la línea Valéncia-Aranjuez, con la integración dentro de la línea C3 de cercanías Valéncia. Renovación de la vía y electrificación de
la línea en este tramo al igual que en el Buñol-Utiel.
h) Clausura definitiva de la línea C4 hasta Xirivella l'Alter (sin servicio comercial actualmente), construyendo una nueva estación en Xirivella en la línea C3, cercana a la ubicación de la estación cabecera de la C4, que pueda suplir el
servicio prestado por la extinta C4.
i) Reforma de la línea entre Sagunt y el Fort de Sagunt, con la creación de una estación para servicio de viajeros en el Port de Sagunt, permitiendo la creación de un nuevo servicio de cercanías entre Valéncia y el Port de Sagunt, bien con
parada en Sagunt, o bien servicios directos desde Puçol, debido a la ubicación de los desvíos. Esta actuación prestaría servicio al núcleo de población más importante del municipio de Sagunt (el Port de Sagunt, con alrededor de 45 000 habitantes),
el cual cuenta con una previsión de aumento de habitantes por la instalación de nuevas industrias en este entorno, además de mejorar la movilidad entre Valéncia y las comarcas de l'Horta nord y el Camp de Morvedre. Esta nueva línea podría
renombrarse como línea C7.
j) Integrar dentro del sistema de tarificación, billetes, abonos y zonas del Núcleo de Cercanías Valéncia los viajes que se realicen desde/hacia la estación de Barracas, en la que seguirían prestando servicio trenes de media distancia de la
línea hacia Teruel y Zaragoza.
k) Garantizar los enlaces y transbordos entre los trenes de las líneas C5 y C6 en la estación de Sagunt, en caso de retrasos en alguno de los servicios.
l) La finalización de las obras de implantación del tercer carril en el tramo Valónela-Castelló y eliminación de las limitaciones temporales de velocidad, con la recuperación de los tiempos de viaje previos al inicio de las obras.
m) Integrar de forma definitiva en el Núcleo de Cercanías de Valencia, incluyendo mapas, tarifas y abonos, los servicios que actualmente ya se prestan entre Castelló i Vinarós como parte de la línea C6 de cercanías.
n) Reforma y reapertura para el servicio de viajeros de la estación de Santa Magdalena de Pulpis para los servicios de cercanías y de media distancia.
o) Construcción de una nueva estación para servicio de viajeros en la línea C3 de cercanías en el polígono industrial de El Oliveral.
2.2 Núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante:
a) Continuar el desarrollo de la Variante de Torrellano para conseguir la conexión de la línea C1 de cercanías con el aeropuerto de l'Altet, cuarto aeropuerto en número de viajeros anuales de la España peninsular.
b) Electrificar y migrar al ancho UIC la línea C1 a su paso por Elx, permitiendo junto con la conexión con Elx AV y la variante de Torrellano, la renovación del material rodante y uso de trenes eléctricos en el conjunto de la línea C1
Alacant-Murcia.
c) La construcción de un segundo andén en las estaciones de Sant Vicent centre y de Universitat d'Alacant, lo cual permitiría el cruce de trenes con parada en estas estaciones, facilitando y mejorando la capacidad y la explotación del
conjunto de la línea C3.
d) Integrar de forma definitiva en la red de cercanías, incluyendo mapas, tarifas y abonos, los servicios que actualmente ya se prestan entre Sant Vicent centre i Villena como parte de la línea C3 de cercanías.
e) Integrar dentro del sistema de tarificación, billetes, abonos y zonas del Núcleo de Cercanías de Murcia-Alacant los viajes que se realicen desde/hacia las estaciones de Caudete, La Encina y La Font de la Figuera cuando se construyere, en
la que seguirían prestando servicio trenes de media distancia de las líneas hacia Valencia y Ciudad Real.
f) La realización de un estudio de viabilidad para la conexión mediante tren de cercanías de la ciudad de Torrevieja, la sexta de la Comunitat Valenciana en cuanto a población (89 290 habitantes), y con una importante actividad turística.
Esta línea podría iniciar su recorrido en la estación de Albatera, con paradas en municipios como Dolores, Almoradí, Benijófar o Los Montesinos, e incluso aprovechar parte del antiguo trazado ferroviario Albatera-Torrevieja, clausurada en 1986.
Permitiría vertebrar el transporte de la comarca del Baix SeguraA/ega Baja, la creación de una nueva línea de cercanías Alacant-Elx-Torrevieja, junto con conexiones con Murcia en la estación de Albatera. Además, posibilitaría la creación de
servicios de media y larga distancia con ciudades como Valéncia, Barcelona o Madrid al construirse en ancho UIC dado que será el ancho de la línea C1 Murcia-Alacant.
g) Convertir el actual servicio de Proximidad que se presta entre Murcia y Cartagena a servicio de cercanías (línea C5), mejorando el conjunto del núcleo de cercanías de Murcia-Alicante.
h) Reapertura de la estación clausurada de Monóver-Pinós, para servicio de viajeros dentro de la línea C3 de cercanías Alacant-Villena.
i) Construcción de una nueva estación para servicio de viajeros en el entorno del parque industrial de Elx, en la línea C1 de cercanías. Además, realizar un estudio de viabilidad para la construcción de una nueva estación en el extremo este
del núcleo urbano de la ciudad de Elx, zona con un desarrollo urbanístico importante y que en la actualidad no queda servida por las dos estaciones urbanas de Elx.
j) Desarrollo, junto con el resto de las administraciones implicadas, de la estación intermodal de Alacant.
Además de las actuaciones mencionadas de forma concreta para los dos núcleos de cercanías, se solicita también la realización de otras actuaciones a nivel general.
2.3. Otras actuaciones
a) Continuar con la supresión de los pasos a nivel en las diferentes líneas de cercanías de la Comunitat Valenciana.
b) La supresión progresiva de las limitaciones temporales de velocidad en las líneas de Cercanías de la Comunitat Valenciana, permitiendo la recuperación y mejora en los tiempos de viaje.
c) El uso de dobles composiciones en los servicios de cercanías, especialmente en hora punta y en fines de semana. La gran afluencia de viajeros en estas circunstancias dificulta en muchas ocasiones prestar un servicio de calidad al
usuario, siendo esto más patente los domingos y festivos en horario de tarde.
d) Mejora en la accesibilidad a las estaciones, tanto de los accesos viarios a las mismas como en el interior de las mismas, con pasos seguros a distinto nivel entre andenes, adaptados a personas con movilidad reducida.
e) Crear entornos amables y seguros, adaptados y con adecuada señalización e iluminación en las diferentes estaciones de los núcleos de cercanías.
f) Garantizar el adecuado número de máquinas de autoventa de billetes y abono, y el funcionamiento de estas, así como el personal necesario en las estaciones para la correcta prestación del servicio.
g) Creación y ampliación de aparcamientos suficientes en las estaciones que permitan la intermodalidad entre el tren de cercanías y el vehículo privado.
h) Un buen sistema de transporte público ferroviario debe tener como clave la intermodalidad con otros medios de transporte como el autobús. Hay múltiples localidades, con importantes cifras de población, a las que no llega el tren, pero en
las que sí se pueden prestar servicios de autobús coordinados con el servicio ferroviario. Actualmente Renfe ya ofrece billetes combinados de tren + bus para larga distancia, a destinaciones como Marbella, Estepona, Dénia o Benidorm, servicios, que
se podrían extrapolar a las líneas de cercanías. Se insta al Gobierno a crear servicios de autobús, coordinados con los servicios de tren de cercanías, e integrados en los núcleos de cercanías, a municipios con una población importante, cercanos a
estaciones de los núcleos de cercanías, y a los que no llegue o aún no llegue la infraestructura ferroviaria:
- Autobús a Oliva, estudiándose la extensión a Dénia, desde la estación de la línea C1 de Gandía, con paradas al menos en Bellreguard, l'Alqueria de la Comtessa, El Verger, Ondara y el Hospital de Dénia, hasta que esté acometida la extensión
de la red ferroviaria a estas localidades.
- Autobús al Port de Sagunt desde la estación de la línea C6 de Sagunt hasta que esté completada la infraestructura ferroviaria este núcleo de población.
- Autobús a la Vall d'Uixó desde la estación de la línea C6 de Nules, integrado en el núcleo de cercanías, y con horarios coordinados con los servicios de trenes de cercanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las obras de modernización
del corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El 7 de mayo de 2018 se celebró en Lugo una importante reunión en la que el entonces Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en presencia del presidente de la Xunta, de la alcaldesa de Lugo y de otras autoridades presentó las actuaciones
previstas para la mejora de la conexión ferroviaria entre Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, con el objetivo de incrementar su fiabilidad y competitividad.
Comenzó aquella presentación con una valoración de la situación del trayecto de 117 km entre Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, para luego explicar las actuaciones que ya se estaban llevando a cabo y las programadas para mejorar sustancialmente
esa línea. Allí se informó que estaba desarrollándose el estudio informativo para definir las mejores alternativas en dos ámbitos: en el tramo entre Ourense y Monforte de Lemos, la Variante de Os Peares-Canabal. Y en el tramo entre Monforte de
Lemos y Lugo, la Variante de Rubián.
El 1 de junio de 2018 se votó una moción de censura, con el resultado de que fue investido presidente el líder socialista Pedro Sánchez.
Desde esa fecha y en el marco de nuestra labor de control parlamentario, diputados ourensanos y lucenses vinimos formulando preguntas parlamentarias para conocer la evolución del proyecto de renovación total del tramo ferroviario
Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, incluyendo lo referido a las citadas Variantes.
El Gobierno el 11 de julio de 2019 respondió: 'En relación con el asunto interesado, se señala que los proyectos de adecuación y mejora de la vía correspondiente al tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo se encuentran actualmente en
redacción, con una
previsión de aprobación de estos en verano de 2019. Las posibles variantes se encuentran en fase de Estudio Informativo'.
El 12 de diciembre de 2019 preguntamos si había concluido ya ADIF la redacción del Estudio Informativo de las variantes previstas de Os Peares-Canabal e Rubián.
Y el 6 de febrero de 2020 el Gobierno respondía:
'Como respuesta a la pregunta formulada por sus señorías, se informa que el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con los siguientes Estudios Informativos redactados:
- Variante ferroviaria de Os Peares-Canabal (tramo Ourense-Monforte de Lemos de lalínea Monforte de Lemos-Vigo). Se trata de una variante en vía única de 12 km aproximadamente, que permite un ahorro de tiempo máximo de 11 minutos y requiere
una inversión en el entono de 530 millones de euros.
- Variante ferroviario de Rubián (tramo Monforte de Lemos-Lugo de la línea León-A Coruña). Se trata de una variante en vía única de 19 km aproximadamente, que permite un ahorro de tiempo máximo de 12 minutos y requiere una inversión en el
entorno de los 440 millones de euros.'
A la vista de la anterior respuesta, el 11 de diciembre de 2020 formulamos cuatro preguntas sobre estas Variantes, interesándonos por el momento administrativo en el que se encontraban y sobre las fechas que manejaba Adif para licitar la
variante de Rubián y la de Os Peares-Canabal.
El 10 de febrero de 2021 el Gobierno respondió de forma conjunta a las cuatro preguntas diciendo: 'En relación con el asunto interesado, se señala que la incorporación de una nueva línea o tramo en la Red Ferroviaria de Interés General
requiere de la aprobación de un Estudio Informativo'.
Una respuesta elusiva, absurda, sin concreción alguna, sin referencia a las Variantes y por tanto hurtando a los diputados preguntantes su derecho a recibir información veraz y transparente. Todo hacía sospechar que el Gobierno socialista
abandonaba las Variantes.
La realidad es que lo que se está impulsando por Adif y el Mitma son unas obras de modernización de los 117 km del tramo Lugo. Monforte de Lemos hasta Ourense, para desde esa capital conectar con el corredor de alta velocidad a Galicia.
Unas obras que desde instancias gubernamentales cifran en 546 millones, obviando que si se deduce el 21 % de IVA y el 15 % de media de las bajas de adjudicación nos movemos en poco más de 330 millones de euros.
Los 117 Km entre las dos capitales del interior de Galicia se recorren hoy en 01:53 y una vez que finalicen todas las obras los tiempos estarán en 01:30. Es decir los tiempos de viaje por esas mejoras se reducirán tan solo en 23 minutos.
En consecuencia no puede hablarse como afirma el ejecutivo socialista de una 'Nueva línea de Alta Velocidad Ourense-Monforte de Lemos-Lugo' y lamentablemente tampoco de 'velocidad alta' ya que no superará los 160 km/hora.
Pero si se construyeran las dos variantes de trazado se reducirían a mayores, los tiempos de viaje en 23 minutos y dejarían la conexión Ourense-Lugo en 1 hora y siete minutos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que en el marco de las obras de modernización del corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, confirme que ejecutará las tan necesarias variantes de Os Peares-Canabal y de
Rubián, retomando su tramitación administrativa, sometiéndolas a información pública y concretando un cronograma creíble para su puesta en servicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Celso Delgado Arce, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Cristina Abades Martínez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000179
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la educación financiera en la educación obligatoria.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 9731 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Educación Financiera en
la educación obligatoria, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Las personas necesitan tomar decisiones financieras importantes a lo largo de su vida. Sin embargo, no encontramos en el sistema educativo español ninguna materia que permita a todos los estudiantes adquirir conocimientos financieros a lo
largo de las etapas de educación obligatoria. Eso hace que nuestros jóvenes se sitúen por debajo de la media en términos de alfabetización financiera respecto a países de nuestro entorno y se encuentren en desventaja frente a los jóvenes alemanes o
franceses, por ejemplo.
Muestra de ello son los resultados de la Encuesta de Competencias Financieras elaborada por el Banco de España en 2022 para medir el nivel de competencias financieras de la población de forma comparable internacionalmente en la que se
estudia la comprensión de conceptos financieros básicos, así como el grado de conocimiento, tenencia, adquisición y uso de distintos vehículos financieros de ahorro, seguro o endeudamiento. Tan solo un 19 % de los encuestados respondieron
correctamente a las tres preguntas sobre: inflación, tipo de interés compuesto y diversificación del riesgo.
Resulta fundamental pues que los ciudadanos aprendan conceptos importantes como, por ejemplo: la planificación financiera, la importancia del tipo de interés compuesto a la hora de ahorrar, la gestión de los riesgos o cómo afecta la
inflación al día a día de las personas, para que, cuando llegue el momento de tomar una decisión, puedan valorar de mejor manera los condicionantes a los que se enfrentan. Además, una vez se incorporan al mundo laboral, necesitan saber cómo leer
una nómina, los pasos que deben seguir si
quieren crear una empresa o ser autónomos, con las características propias de cada opción, para que puedan elegir libremente qué camino quieren seguir.
Además, otro factor a tener en cuenta es la digitalización del sistema financiero, que lo hace más accesible a una ciudadanía que no siempre tiene los conocimientos adecuados en materia de digitalización y/o en materia financiera. Asimismo,
en entornos rurales donde la presencia física de establecimientos financieros es cada vez menor, desde las Administraciones Públicas se ha de asegurar a los ciudadanos el acceso al sistema con toda la seguridad, por lo que dotar a esta población de
los conocimientos digitales y financieros es fundamental.
Por ello, es necesario que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se adhiera al Plan de Educación Financiera promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España en 2008, al que se adhirió el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital años después, con el fin de desarrollar un programa para impartir conocimientos financieros elementales en los ciclos de educación obligatoria, siguiendo el Código de Buenas Prácticas para
las Iniciativas en Educación Financiera impulsado por la OCDE, para dotar a las generaciones futuras de una mayor cultura financiera con la que puedan tomar mejores decisiones y conseguir un mayor bienestar financiero individual.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el Plan de Educación Financiera, y a elaborar unidades didácticas dirigidas a alumnos y docentes de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que desarrollen los contenidos incluidos en los currículos educativos referentes a la educación financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, Ester Muñoz de la Iglesia, Óscar Clavell López, Javier Celaya Brey, Beatriz Jiménez Linuesa, Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra
Álvarez, Nacho Martín Blanco, Óscar Ramajo Prada, Eduardo Carazo Hermoso, Jaime Miguel de los Santos González, Ana Martínez Labella, María Sandra Moneo Díez, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Antonio Román Jasanada, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la presencia de
la Primera División del Fútbol Femenino en la Quiniela Deportiva, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Hace 25 años aproximadamente se aprobó la Declaración de Brighton sobre Mujer y Deporte, con el objetivo de acelerar el proceso de cambio para rectificar los desequilibrios que tienen las mujeres en la práctica deportiva. Desde ese momento,
hasta el día de hoy, se han conseguido muchos avances y logros en la igualdad en el deporte: las administraciones públicas han implementado medidas de igualdad en el desarrollo del deporte, los medios de comunicación han comenzado a dar visibilidad
al deporte femenino, y muchas mujeres ostentan puestos de dirección en las entidades deportivas.
La progresión del deporte femenino en España al más alto nivel ha sido exponencial en los últimos años y según el Informe Women and Sport, son un 50% de las mujeres menores de 50 años las que sienten un alto interés por la práctica deportiva
con el objetivo de tener una mejor salud y beneficios emocionales.
El deporte español mantiene una inyección constante de cantera en las principales ligas femeninas de nuestro país, un talento joven que irrumpe entre las mejores jugadoras de cada disciplina: fútbol, baloncesto, tenis, waterpolo, motor,
atletismo, halterofilia, bádminton, pádel...
Ejemplos de deporte femenino son muchos de mujeres españolas que han alcanzado a nivel individual las máximas cuotas de excelencia y convirtiéndose en referentes internacionales: Carolina Marín, Lydia Valentín, Ruth Beitia, Sandra Sánchez,
Mireia Belmonte, Ana Carrasco, Teresa Pórtela, Miriam Casillas o Aitana Bonmatí...
En deportes de equipo también el protagonismo de la mujer es cada vez mayor, y en España, el desarrollo del fútbol femenino que en la década de 1970 podría parecer utópico cuando surgieron los primeros equipos de fútbol en nuestro país, en
la de 1980 cuando la RFEF oficializó la selección femenina, y en la de 1990 cuando la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) comenzó a organizar competiciones europeas, se ha convertido ya en una realidad.
En 2018 empezó la era dorada de la Selección Española de Fútbol Femenino con la conquista de la Copa del Mundo sub-17 en Montevideo (Uruguay). El 1 de diciembre, la Selección liderada por Salma Paralluelo y Cata Coll, recientes super
campeonas, se impuso por 2 goles a 1 a México con un doblete de Claudia Pina.
Cuatro años más tarde, en 2022, de nuevo España se proclamó campeona del mundo en categoría sub-20 tras vencer a Japón por 3 a 1 con un gol de Inma Gabarro y un doblete de Salma Paralluelo. Y solo dos meses más tarde, la Selección sub-17 se
alzó de nuevo con el Mundial al imponerse por 0-1 a Colombia en la India, revalidando así el título logrado cuatro años atrás en el Estadio Charrúa de Montevideo.
El pasado 20 de agosto, España, tras un partido impecable frente a Inglaterra, conquistó el Mundial 2023 de Australia terminándose así de coronarse como campeona del Mundial femenino de fútbol y consiguiendo su ansiada estrella con un gol de
Olga Carmona y una Aitana Bonmatí, considerada la mejor futbolista del campeonato, y posteriormente, elegida Balón de Oro. Un partido que, aunque se jugó a 18.000 kilómetros, sumó a millones de personas frente a sus televisores o diferentes
pantallas colocadas en ciudades como Barcelona, A Coruña, Madrid, Cádiz o Zaragoza.
Antes, con tres décadas de trayectoria, la primera temporada del Campeonato Nacional de Liga se disputó en la temporada 1988/1989, la actual conocida como 'Liga Iberdrola'. Una liga que ha conseguido ya datos relevantes como fue el número
de espectadores en el Wanda Metropolitano con más de 60.000 espectadores entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona.
Y en 2021 se creó la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) fue como asociación deportiva integrada por los clubes y sociedades anónimas deportivas que participan en las categorías profesionales de la liga española de fútbol femenino.
La Liga F, como es conocida comercialmente, tiene personalidad jurídica propia y goza de autonomía para su funcionamiento. Su principal función es la organización de la Primera División del Fútbol Femenino en coordinación con la RFEF. No hay que
olvidar que fueron muchos años de constante reivindicación por parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino sobre la posible profesionalización del fútbol.
Por ello, desde la implicación del Consejo Superior de Deportes y la colaboración de los equipos de la Primera División Femenina en España, y teniendo presente lo establecido en el artículo 29 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, como en RD 403/2013, de 7 de junio por el que se modifica parcialmente el RD 419/1991, de 27 de marzo por el que se regula la distribución de la recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y
otros juegos gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar medidas que resulten oportunas para hacer efectiva la incorporación permanente de partidos de la Primera División Femenina de España en la Quiniela, creando para ello una comisión de
trabajo en la que se decida en el período de tiempo no superior de tres meses el número de partidos que se incluirán y el reparto de las recaudaciones que se obtengan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez Linuesa, María Sandra Moneo Díez, Ana Martínez Labella, Jaime Miguel de los
Santos González, Eduardo Carazo Hermoso, Nacho Martín Blanco, Ester Muñoz de la Iglesia, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Javier Celaya Brey, Óscar Ramajo Prada, Antonio Román Jasanada y Borja Sémper Pascual, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad en
el deporte rechazando el tratamiento discriminatorio de la RFEF en su protocolo de premiación de las próximas ediciones de la Supercopa de España femenina, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
La Supercopa de España femenina es un torneo de fútbol femenino organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que enfrenta al campeón y subcampeón de la Copa de la Reina y a los dos primeros clasificados del Campeonato de Liga
de Primera División en un formato de final four. El trofeo se disputa cada año durante el primer trimestre del año y la primera edición del torneo fue aprobada en 2019.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desarrolló en la ceremonia de entrega de premiación en la Supercopa de España Femenina en su última edición del 22 de enero de 2023, un acto en el que sorprendentemente fueron las propias
jugadoras de fútbol las que tuvieron que recoger las medallas de campeonas de una mesa, y ellas mismas se las colgaban unas a otras al cuello. La RFEF aclaró en un comunicado, de acuerdo con los protocolos de premiación, y teniendo en cuenta tanto
el elevado número de representación institucional que asistieron, así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, que el departamento de Protocolo de la RFEF decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de
la misma manera que se lleva cabo en la Copa del Rey: entrega de la Copa a la capitana del equipo campeón y entrega de medallas al equipo vencedor en césped/vestuario. Y reconociendo que se trata, reincidiendo por tanto en la misma práctica, de la
misma ceremonia de premiación que se llevó a cabo en la última edición de la Supercopa Femenina en 2022. Resulta sorprendente cuando se compara con la entrega de medallas de la Supercopa masculina, en la que son las autoridades las que entregan
personalmente a cada jugador la correspondiente medalla en la Supercopa.
Precisamente la Ley del Deporte, la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte apunta desde su Exposición de Motivos que la norma está inspirada en todo su articulado por el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la
Constitución Española, que informa el ordenamiento jurídico en su conjunto; que debe ser entendida como igualdad
real en el acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y directivo, así como una práctica deportiva libre de cualquier tipo de discriminación, especialmente en el caso de niñas y mujeres. Además, que la norma se
inspira en el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ha de informar el conjunto del ordenamiento jurídico.
Señala que hoy en día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el ordenamiento jurídico haya respondido adecuándose a este fenómeno, y también en los derechos y deberes de las personas deportistas,
con el firme propósito de avanzar en materia de inclusión y de igualdad.
Entre los fines de las políticas públicas que la Administración General del Estado formule, la ley establece que deberá cumplir entre otros fines el impulso garantista y la salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas en la
práctica deportiva y su adecuado desarrollo, atendiendo particularmente a la desigualdad económica, a la inequidad entre los sexos y a las situaciones de vulnerabilidad social en zonas con especiales dificultades demográficas. Y que, a tal efecto,
se adoptarán las medidas correctoras que eliminen los obstáculos que impidan dicha igualdad.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se sumó a las denuncias señaló que la Federación Española de Fútbol (RFEF) menospreció a las jugadoras del Barcelona y de la Real Sociedad en la final de la Supercopa y aseguró que fueron objeto
de una clara discriminación. Resaltó que las jugadoras del F.C. Barcelona y de la Real Sociedad no recibieron el mismo trato en Mérida, siendo víctimas de una clara discriminación en relación con sus compañeros, dejando para el recuerdo una imagen
lamentable que no puede volver a repetirse. Asimismo, AFE manifestó que las compañeras fueron claramente infravaloradas por parte de la Real Federación Española de Fútbol, para recordar que en la final masculina de la competición en Arabia Saudí
una semana antes el presidente de la RFEF sí entregó las distinciones a los jugadores en el terreno de juego.
Es preciso recordar los lamentables hechos protagonizados por el ex presidente de la RFEF, en el que el pleno del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), sentenció con la inhabilitación de Luis Rubiales por tres años, por el beso no
consentido a la jugadora de la Selección Española de Fútbol Jennifer Hermoso y sus gestos obscenos en el palco durante las celebraciones del Mundial de fútbol femenino en el que España fue campeona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la organización de las diferentes competiciones, rechazando la discriminación que ha llevado a cabo la Real Federación Española de
Fútbol en su protocolo de premiación de la Supercopa femenina de las dos últimas ediciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Javier Merino Martínez, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Óscar Clavell López, Beatriz Jiménez Linuesa, Sandra Moneo Díez, Ana Martínez Labella, Jaime Miguel de los
Santos González, Eduardo Carazo Hermoso, Nacho Martín Blanco, Ester Muñoz de la Iglesia, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Javier Celaya Brey, Óscar Ramajo Prada, Antonio Román Jasanada y Borja Sémper Pascual, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la alimentación y el sector primario en la educación obligatoria, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
Nuestra Carta Magna reconoce, en su artículo 27, el derecho de todos a la educación 'mediante una programación general de la enseñanza'. De igual forma, el artículo 51, reconocen la obligación de los poderes públicos de promover la
información y la educación de los consumidores y usuarios.
El sector primario español, como productor y proveedor de alimentos, ha demostrado su capacidad para afrontar las dificultades experimentadas por la economía y sociales en estos últimos años.
Durante la pandemia (Covid-19), quedó patente su papel esencial y estratégico. Los agricultores, ganaderos y pescadores, junto con el resto de los operadores de la cadena alimentaria, hicieron todo lo posible por seguir manteniendo el
suministro de alimentos a la población. En este momento fue reconocida por la sociedad la importancia estratégica de contar con una cadena alimentaria capaz de continuar con su labor, garantizar la alimentación, la salud y el bienestar de los
ciudadanos.
Sin embargo, a fecha actual sigue habiendo multitud de ataques desde ciertos ámbitos y organizaciones que ponen en cuestión nuestra alimentación, y criminalizan su trabajo. Este tipo de ataques han ido calando en la sociedad, al no disponer
esta de una educación veraz que contrarreste dichas informaciones.
Hasta fechas recientes la sociedad española ha mantenido un vínculo con el entorno rural y ha conocido, de forma directa o indirecta, los esfuerzos del sector primario por desarrollar su actividad, de donde vienen y como se produce los
alimentos. La variedad de productos saludables y la rica gastronomía española se ha hecho valedora de reconocimientos internacionales. Es importante mencionar, que un año más, la dieta mediterránea ha vuelto a ser considerada como la dieta más
sana, y como la mejor opción para una dieta sana y saludable. El reconocimiento, por séptimo año consecutivo, según la clasificación anual de US News & World Report.
Debido a los recientes conflictos internacionales se ha puesto en valor conceptos como 'soberanía' y 'seguridad' alimentaria. Aunque es una evidencia, olvidada por la sociedad, con los agricultores y ganaderos empieza todo, ya que, sin la
producción de alimentos sanos, la humanidad no tiene futuro.
Por otra parte, la penetración de las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten una aproximación a ese mundo rural que nos alimenta, pero también es la vía de transmisión de bulos y desinformación.
En consecuencia, en una sociedad cada vez más urbanita, solo existe una forma de educar a las nuevas generaciones sobre la cultura agraria y alimentaria: la educación reglada y no reglada.
Las experiencias que se desarrollan fuera del aula tienen una gran importancia en la formación del alumno, así como la actividad no reglada desarrollada por diferentes organizaciones o administraciones, tiene una buena acogida. Del mismo
modo, otras actuaciones, como concursos o premios, sobre la actividad en el sector primario y alimentario ayudan a difundir conocimientos.
Las diferentes etapas del sistema educativo español deberían contribuir a desarrollar en los alumnos las competencias clave para adquirir conocimientos personales en estas materias, funcionamiento del sector primario y alimentación. En la
legislación educativa se ha conseguido el reconocimiento la necesidad de incorporarlo a contenido curricular de algunos ámbitos, como el de la alimentación saludable. No obstante, todavía queda una laguna en el reconocimiento explícito en esta
actividad necesaria en nuestra vida diaria.
Parece necesario, más que nunca, poner en valor el trabajo del sector como proveedor de alimentos sanos y saludables, y explicar bien a nuestra sociedad, empezando por la
infancia y la juventud las bondades y ventajas que poseen los alimentos producidos en España, y así poder desterrar multitud de falsedades que rodean a estos.
Además de lo anterior, defender a un sector que cuida el territorio (más del 80 % de nuestro territorio es agrícola y forestal), que dinamiza los pueblos y es el mayor garante para que no aumente la despoblación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con el sector agroalimentario, a la elaboración de unidades didácticas, dentro de la enseñanza reglada sobre la alimentación y el sector primario con la finalidad de
implementar los contenidos curriculares para que las nuevas generaciones tengan un conocimiento certero de cómo se producen nuestros alimentos, su trazabilidad, y garantías sanitarias, así como las propiedades que nos brinda, a través de la dieta
mediterránea, en nuestra salud y en nuestra esperanza de vida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Alfonso
Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Asier Antona Gómez, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000165
A la Mesa de la Comisión de Trabajo, Economía Social,Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis
migratoria de las Islas Canarias, para su debate en Comisión.
La fuerte presión migratoria que se vive en Canarias se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia de la inestabilidad política en la región de África Occidental, especialmente en el Sahel, y la salida de miles de personas,
muchos de ellos niños, niñas y adolescentes, tratando de encontrar una vida mejor en Europa.
El conocimiento desde el pasado mes de julio, tanto por parte del Gobierno de España como de la Comisión Europea, del aumento de la llegada de cayucos y pateras, así como de la previsión de que esta situación podría prolongarse en el tiempo,
no solo por la inestabilidad en la región sino por las buenas condiciones para la navegación marítima, hace necesario un mayor impulso y compromiso en las medidas preventivas. Los acontecimientos actuales urgen a atender esta realidad y a adoptar
un protocolo de actuación que implique la necesaria modificación y coordinación del Gobierno de España con las autoridades autonómicas y locales canarias para actuar de forma eficaz.
Las diversas circunstancias que hoy concurren en nuestro entorno geográfico como son el importante crecimiento demográfico, los efectos negativos derivados del cambio climático, las desigualdades sociales, determinados conflictos armados,
golpes de estado,
etcétera, están generando, de forma cada vez más frecuente, flujos migratorios desde algunos países de la zona hacia Europa, con especial incidencia en Canarias.
Partiendo de esta realidad, así como de los antecedentes acaecidos en el pasado, es un hecho que seguiremos soportando de forma continuada una intensa presión migratoria. En consecuencia, resulta urgente adoptar y profundizar en todo un
conjunto de políticas que permitan abordar un sistema de acogida flexible y adaptable a la intensidad de los flujos migratorios.
La evaluación de las experiencias acumuladas nos permite llegar a la conclusión de que es necesario seguir insistiendo en la mejora de la eficacia del sistema para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a estas personas que han puesto en
riesgo sus vidas con a esperanza de encontrar un futuro mejor. Las mejoras que se deben implementar en el actual sistema de acogida pueden resumirse en la necesidad de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad;
que mejore la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia; la adecuación de las infraestructuras para la recepción en costas y el aumento de personal capacitado para la identificación
de personas vulnerables; procedimientos que agilicen el traslado inmediato a las instalaciones adecuadas; mejoras estructurales en la gestión.
Canarias recibió 39.910 personas migrantes en 610 embarcaciones durante el pasado año 2023, siendo la principal ruta migratoria en España y una de las que sufren una mayor presión y mortandad en Europa.
Se hace constar que los presentes acuerdos ya han sido suscritos en el Parlamento de Canarias por todas las fuerzas políticas con representación en el mismo.
Por todo ello, ante las previsiones sobre la creciente presión migratoria que se vivirá en las islas, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que se cometan las siguientes acciones, que se ejercerán con pleno derecho de los derechos fundamentales y las obligaciones fundamentales:
1. Que, en aplicación del artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno del Estado acometa la modificación de las Comisiones Delegadas para la recuperación de la relativa a Asuntos Migratorios para garantizar la
coordinación entre los diferentes departamentos con competencias en la materia con respecto a la gestión de la crisis migratoria que se vive en Canarias y a los futuros procesos migratorios.
2. Que se establezca un sistema de coordinación permanente dentro del Gobierno del Estado. La gestión de los variados aspectos que se derivan de la migración está encomendada a diferentes órganos dentro de la Administración. Este sistema
disperso provoca deficiencias en la gestión que deberían resolverse para poder conjugar los variados intereses en juego. Se trata de buscar un modelo de integración y coordinación de los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración
General del Estado como de las diversas comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Este modelo debería incluir un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) para atender adecuadamente sus competencias en la materia,
especialmente reforzado en las comunidades donde se registra una mayor presencia de personas extranjeras.
3. Que se aplique, definitivamente, una política migratoria consensuada para evitar que se continúe trasladando una imagen de alarma y descoordinación, que solo contribuye a intensificar e miedo en la población y alimentar los discursos y
delitos de odio.
4. Que se mejore la respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas canarias, planificando una red o estructura de acogida estable en todo el territorio del Estado y permitiendo la movilidad o traslado de las personas migrantes
por el conjunto de comunidades autónomas Establecer, para ella, una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde Canarias a la Península, especialmente para aquellas personas con
perfiles vulnerables, evitando convertir las islas en grandes campos de retención de personas migrantes.
5. Que se renueven y amplíen los acuerdos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para que se impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas coordinado por el Gobierno,
para la atención de niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares cercanos.
6. Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan.
7. Que se dote de personal y medios materiales suficientes a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para garantizar la plena cobertura, especialmente en las zonas de llegada y atención de los migrantes. Asimismo, se ayude a
las organizaciones y entidades que están prestando su apoyo como la Cruz Roja Española y Protección Civil.
8. Debido a la situación que se está viviendo en las costas de Canarias y teniendo en cuenta que el peso de las operaciones de rescate de personas migrantes es asumido por los tripulantes de los medios marítimos, principalmente de las
unidades tipo Salvamar y Guardamar, el Gobierno deberá mantener todo el dispositivo actual de medios desplegado en las Islas Canarias para atender las emergencias de salvamento en el mar, garantizando la operatividad eficiente de manera permanente
cumpliendo con la legislación respecto a las horas de guardia.
9. Que se continúen desarrollando los planes de contingencia y de emergencia existentes para dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de atención y protección de las personas procedentes de flujos mixtos de inmigración.
10. Que se eleve a la Comisión Europea una petición formal para que realice un mayor despliegue del Frontex en Canarias y habilite los fondos y los recursos necesarios para atender el drama humanitario que se vive actualmente en Canarias.
11. Que se dote al archipiélago canaria de una red de acogida capacitada para situaciones derivadas de episodios de emergencia por las importantes llegadas de personas migrantes por vía irregular. Esta red se diseñará en colaboración y
coordinación con las administraciones autonómicas, insulares y locales, a través de un órgano de gobierno y cogestión de la acogida humanitaria. Es necesario que la gestión de las plazas asignadas por islas y municipios se realice de manera
equitativa, para evitar puntos de saturación, priorizando la estabilidad social y unos espacios adecuados para una acogida digna, así como para garantizar la convivencia en los espacios colindantes. Se redimensionará adecuadamente la red de acogida
en cuanto al número de plazas de acogida humanitaria de emergencia existentes, que tendrán la consideración de plazas de tránsito, de manera que sea operativa, sostenible y flexible, que desarrolle mecanismos de atención integral e inclusiva y que
se pueda adaptar a los diferentes flujos de llegadas.
12. Que el Ministerio del Interior cumpla el compromiso de incluir al Gobierno de Canarias en las reuniones de coordinación en materia migratoria, creando una comisión al respecto que formalice la participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias en las políticas migratorias que afectan a la ruta canaria.
13. Que se impulse la elaboración de una normativa estatal y europea integral y coordinada que desarrolle el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular y de atención de los
menores no acompañados. Además, es necesario unificar y determinar protocolos uniformes sobre la determinación de la edad, la insuficiencia de servicios de protección, las dificultades para ofrecer itinerarios educativos adecuados y el frecuente
abandono voluntario de los servicios de protección. También resulta necesario el establecimiento de un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las Comunidades Autónomas coordinado por el Gobierno del Estado.
14. Que se mantenga y mejore la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y de tránsito de los flujos de inmigrantes, a fin de que constituya un instrumento crucial para la ordenación y gestión regular de los
movimientos de personas, que permita salvar vidas y luchar contra las mafias y la trata de seres humanos, garantizando los acuerdos internacionales de derechos humanos.
15. Que se establezcan criterios claros para la priorización geográfica de las políticas de cooperación para el desarrollo, identificando los países diana con más riesgo de desestabilización o con mayor incidencia de las causas raíz de la
migración, sin menoscabo de las prioridades establecidas por la política exterior española dentro de la UE.
16. Que se impulsen canales y vías de migración laboral, agilizando los procesos de tramitación de estancias para estudios con el objeto de posibilitar que las personas migrantes puedan llegar a España con un contrato o matrícula de
estudios desde su país de origen.
17. Reinstaurar la posibilidad de que las persona puedan solicitar en las embajadas y consulados de sus países de origen las peticiones de asilo.
18. Que se continúe reforzando desde el conjunto de las administraciones públicas y desde todos los prismas de la sociedad civil las políticas de lucha contra el discurso y los delitos de odio, así como a implementación de buenas prácticas
de sensibilización y concienciación sobre la población migrante.
19. Que se insista en la necesidad de proporcionar apoyo logístico, económico y humano a las comunidades más afectadas por la presión migratoria, especialmente a Canarias, articulando un fondo económico específico para contribuir a la
financiación de los servicios municipales y autonómicos que se ven afectados por la atención e integración de las persona migrantes.
20. Que se impulsen las soluciones legislativas que sean necesarias para tener una normativa estatal básica que dé cobertura a la cuestiones anteriormente planteadas y que den un marco de seguridad jurídica y estabilidad con el que afrontar
los flujos migratorios con la adecuada solidaridad interregional.
21. Que se avance junto con el Estado en el traspaso de las competencias de Salvamento Marítimo y en materia migratoria, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Para que las mismas se desarrollen con eficacia es necesario contar
con los recursos humanos y medios materiales adecuados, cumpliendo plenamente con el principio de suficiencia financiera y con la solvencia necesaria para dar respuesta al drama humanitario.
22. Que se exija de todas las administraciones públicas y acorde a sus competencias, un trato digno a los inmigrantes llegados a Canarias, tanto en la respuesta a la emergencia, como en las necesidades de carácter social que sean precisas,
dando ejemplo ante el drama humanitario que sufren personas que son víctimas de circunstancias no deseadas.
23. Garantizar que los acuerdos de España con terceros Estados superen su visión economicista y procuren la creación de condiciones de desarrollo sostenible y seguridad humana desde el marco internacional de derechos humanos, la Agenda 2030
y los principios de diligencia debida.
24. Que se garantice una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, desde Canarias hacia el resto de España y de Europa, evitando que las Islas puedan convertirse en campos de retención.
25. Que se garanticen los derechos de todas las personas migrantes de acuerdo con el marco jurídico establecido, adaptando el turno de oficio a los sistemas de atención, con una asistencia jurídica individualizada, traducción e
interpretación.
26. Establecimiento de un mecanismo ágil para la detección de la personas en las que concurren circunstancias de especial vulnerabilidad, especialmente en relación con los menores no acompañados, para su urgente derivación a recursos
especializados.
En el caso de la Comisión Europea, le reclamamos que se aplique la misma hoja de ruta aprobada para la isla de Lampedusa, en Italia, acometiendo las siguientes acciones:
1. Que refuerce el apoyo a España por parte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar el elevado número de inmigrantes y garantizar el registro de las llegadas, la
toma de huellas dactilares, el interrogatorio y la remisión a las autoridades correspondientes.
2. Que apoye el traslado de personas fuera de Canarias, incluso a otros Estados miembros, utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria y con especial atención a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
3. Que desarrolle una política de incentivos a los retornos voluntarios, emprendiendo un acercamiento renovado y concertado a los principales países de origen de los recién llegados para mejorar la cooperación y facilitar la readmisión.
4. Que apoye la prevención de salidas estableciendo asociaciones operativas en materia de lucha contra las mafias organizadas que trafican con personas.
5. Que intensifique la vigilancia fronteriza en el mar y la vigilancia aérea, incluso a través de Frontex, y explore opciones para ampliar las misiones en el Atlántico.
6. Que incremente las campañas de sensibilización y comunicación para desincentivar la ruta con Canarias, al tiempo que se continúe trabajando para ofrecer alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales.
7. Que se intensifique la cooperación con las ONG que trabajan sobre el terreno, en el continente africano, y la OIM para adoptar un enfoque integral basado en rutas para garantizar la protección a lo largo de la ruta y aumentar el retorno
voluntario asistido desde los países de tránsito.
8. Que se replantee la política diplomática y de cooperación al desarrollo comunitaria para que se abran canales de cooperación y colaboración permanente con los estados africanos que busquen soluciones a los retos globales y en especial a
los aspectos que afectan a los flujos migratorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a aprobar un Plan de Fomento
del Autoempleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que consiste en la disminución del número de habitantes de un territorio. Generalmente se debe, bien a que las defunciones superan a los nacimientos, o bien a que la emigración supera
a la inmigración, aunque también se pueden dar ambas causas simultáneamente.
La despoblación es un fenómeno que no sólo afecta a nuestro país sino que afecta igualmente a nivel europeo e incluso mundial. Los procesos de despoblación se desencadenan fundamentalmente como consecuencia de altas tasas migratorias desde
las zonas rurales a los núcleos urbanos en expansión. Los motivos que llevan a tantas personas a emigrar a las ciudades radican en las mayores oportunidades laborales que existen en la ciudad, mayores salarios, mejores equipamientos o servicios, en
definitiva, los emigrantes buscan mayor nivel de bienestar material.
Para la gran mayoría de los territorios de origen de estos emigrantes, la despoblación está suponiendo un grave problema hasta el punto de que hay pueblos destinados a desaparecer. El perfil de las personas que emigran a la ciudad suelen
ser jóvenes y adultos activos, en edad de trabajar y de emprender, lo que conlleva a un envejecimiento rotundo de la zona y a una gran pérdida a nivel económico. Además, ello deriva en un descenso de la natalidad ya que disminuye la población en
edad reproductiva. En definitiva, el declive demográfico y el declive económico suelen ir de la mano.
El Gobierno del Partido Popular, consciente de la problemática existente y de la importancia de apoyar a los pequeños núcleos poblacionales y zonas rurales aprobó diversas medidas como; (i) el Plan 300x100, dotado con 525 millones de euros
para el periodo 2018-2021, consistente en llevar fibra óptica al 100 % de los núcleos de población de España, y que contribuirá a cerrar la brecha digital y, (ii) el Plan estatal de vivienda que ofrece ayudas para la rehabilitación y adquisición de
viviendas en el medio rural o en municipios de menos de 5000 habitantes.
Las medidas aprobadas por el anterior Gobierno son, sin duda, muy eficaces y óptimas para la evolución y mejora de zonas rurales y de baja población, sin embargo, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Debemos de estudiar el modo de ofrecer
más facilidades, más incentivos, más atención y más ayudas a estos territorios.
La España rural enfrenta desafíos significativos relacionados con la despoblación, el envejecimiento demográfico y la falta de oportunidades económicas. Esta situación demanda medidas urgentes para revitalizar estas áreas a través del
fomento del autoempleo y el emprendimiento.
Las regiones despobladas poseen un gran potencial para el desarrollo de nuevas empresas, especialmente en sectores como la agroindustria, turismo rural, energías renovables y tecnologías de la información. Para materializar este potencial,
es imprescindible un marco de apoyo que facilite la creación y consolidación de proyectos emprendedores.
Desde del Grupo Popular entendemos prioritario luchar contra la despoblación. Luchar contra la despoblación es trabajar por la igualdad y la libertad de los españoles que tienen que tener libertad para vivir donde quieran en igualdad de
derechos y oportunidades. Debemos trabajar para reforzar los servicios y fomentar el empleo en las zonas rurales y de escasa población con la finalidad de atraer nueva población a los territorios afectados a la vez que retener la población
existente. Para ello, resulta necesario impulsar la puesta en marcha de un Plan de Fomento del AutoEmpleo y el Emprendimiento en las zonas de escasa población y rurales, a fin de facilitar la inserción laboral de todos los parados, pero
especialmente de los colectivos más vulnerables como los jóvenes, los parados de larga duración y los mayores de 45 años, entre otros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Plan de Fomento del AutoEmpleo y el Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales cuyo objetivo será:
1. Promover la Cultura Emprendedora: Incentivar la mentalidad emprendedora, especialmente entre los jóvenes y mujeres, en las áreas rurales y despobladas.
2. Facilitar el Acceso a Financiación: Crear líneas de financiamiento específicas para proyectos en la España vaciada, con condiciones favorables para emprendedores.
3. Desarrollar Infraestructuras y Servicios: Mejorar las infraestructuras y servicios básicos para hacer estas zonas más atractivas para la vida y los negocios.
4. Formación y Capacitación: Ofrecer programas de formación y capacitación adaptados a las necesidades del entorno rural y dirigidos a potenciales emprendedores.
5. Integración de Tecnologías Digitales: Fomentar la digitalización de negocios y la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso emprendedor.
El Plan constará, al menos, de las siguientes medidas:
1. Creación de un Fondo Nacional para el Emprendimiento Rural: Dotación de recursos económicos específicos para apoyar la creación y desarrollo de empresas en zonas despobladas.
2. Programas de Mentoría y Asesoramiento: Establecer redes de mentores y asesores especializados en emprendimiento rural y tecnológico.
3. Exenciones Fiscales y Bonificaciones: Implementar un régimen fiscal favorable para nuevas empresas en estas áreas, incluyendo reducciones en la carga impositiva y bonificaciones en la Seguridad Social.
4. Convenios con Universidades y Centros de Investigación: Fomentar la colaboración entre emprendedores y centros académicos para el desarrollo de proyectos innovadores.
5. Campañas de Sensibilización y Promoción: Lanzar campañas nacionales para promover las ventajas y oportunidades del emprendimiento en la España rural y de escasa población.
6. Recuperación de la tarifa Plana Rural aprobada en 2018 por el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y derogada en 2023 por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez.
7. Establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las medidas implementadas, con informes periódicos al Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Alma Alfonso Silvestre, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a aprobar un Plan urgente
para el fomento del empleo joven, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los jóvenes españoles son la mejor garantía del futuro de nuestro país y sin embargo son los grandes olvidados del Gobierno, que solo se acuerda de ellos en periodo electoral.
España es líder en desempleo juvenil de la Unión Europea con una tasa de paro entre los jóvenes menores de veinticinco años del 28 %, casi duplicando la registrada de media en la Unión Europea (14,8 %), según últimos datos publicados por
Eurostat referentes al mes de octubre de 2023, el peor dato de los 30 países que conforman esa lista. Distamos mucho de otros países, como Alemania, donde el desempleo entre los jóvenes solo es del 5,6 % o de la vecina Francia donde la tasa es del
17,7 %, más de 10 puntos por debajo de España.
Ante esta realidad, el Gobierno lejos de adoptar medidas eficaces para reducir el paro juvenil, ha adoptado medidas insuficientes y fracasadas. A finales de 2018 el Gobierno aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, financiado
con 2.000 millones de euros, que buscaba rebajar la tasa de paro juvenil hasta el 23,5 % y que 168.000 desempleados menores de 25 años se incorporasen al mercado laboral. Los datos evidencian que esta medida ha sido un fracaso absoluto y
desconocemos qué ha pasado con esos 2000 millones que la financiaban.
Asimismo, el Real Decreto-ley 32/202, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo modifica los contratos de formación. Estos
contratos son fundamentales para la empleabilidad de los más jóvenes y para que adquieran la primera experiencia profesional. Lo que ocurre, es que se han modificado los contratos formativos sin analizar el origen del problema, nuestras empresas, a
diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, como por ejemplo Alemania, carecen de una política y cultura formativa, en parte también debido al reducido tamaño de sus plantillas y, hasta la fecha, los contratos de
formación no han sido una alternativa atractiva para ellas. La nueva norma laboral, lejos de allanar el camino a las empresas e incentivarles para que suscribir un contrato de formación y acoger un aprendiz resulte interesante, (por el
esfuerzo que supone para la empresa por las exigencias requeridas) aumenta las obligaciones para el empresario haciendo este tipo de contratos más rígidos y desincentivando la contratación.
Uno de los compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea es reducir la tasa de desempleo juvenil. Así, el Gobierno se ha comprometido a implementar tres programas: (i) Programa de formación en alternancia con el empleo: EMPLEO
JOVEN-TánDEM, que seguirá el modelo de escuelas taller aplicado a proyectos de interés público y social, (ii) Primera experiencia profesional en las administraciones públicas, (iii) Programa Investigo. Plan de empleo para jóvenes investigadores en
organismos públicos y empresas que inviertan en investigación. Son programas que implican a las administraciones públicas y se deja de lado a la empresa privada, cuando adquirir experiencia en la empresa privada es fundamental, se quedan cortas y
no impulsan el emprendimiento.
Derivado de la iniciativa europea de Garantía Juvenil se ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 dotado de 3.263 millones de euros y financiado a través del Fondo Social Europeo. De momento poco más se ha oído de este Plan
más allá del día de la foto el día de su presentación.
Pero gastar más, no significa gastar mejor, y los datos demuestran que las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes, ineficientes e ineficaces. Nuestros jóvenes necesitan más oportunidades, medidas que funcionen, esperanza y
empleo. Necesitan menos propaganda y más acción.
En un escenario de baja natalidad y progresivo envejecimiento, la juventud es el mayor patrimonio de España, que merece ser escuchada, pero también obtener respuestas. España está llena de talento, tiene una de las generaciones mejor
formadas de nuestra historia y de nuestro entorno internacional, pero que no encuentran su sitio. A su vez, hay un importante sector entre los jóvenes que necesita recualificación profesional, otros, requieren de formación, por carecer de ella, y
todos, un impulso especial para su transición hacia el empleo.
Todos necesitan apoyo y a todos hay que darles su oportunidad. Ese ha sido siempre el planteamiento del Partido Popular, que ha trabajado y trabajará por ofrecer a los jóvenes un país con más ventajas y oportunidades, la prioridad de los
jóvenes es tener un trabajo y un sueldo para poder desarrollar plenamente su proyecto vital, no hay mejor política social que el empleo. Para el Partido Popular los jóvenes son una prioridad siempre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a aprobar, en el seno de la mesa del diálogo social y junto con las Comunidades Autónomas, un Plan urgente para el fomento del empleo joven que abordará, entre otras, medidas orientadas a:
- Potenciar la Formación Profesional dual.
- Aprobar mayores incentivos para las empresas que suscriban un contrato de formación.
- Definir y capacitar adecuadamente la figura del tutor en la empresa para los contratos formativos.
- Analizar los sectores emergentes con mayor oferta en el mercado y elaborar programas de formación específicos para cubrir potenciales vacantes.
- Facilitar la recualificación profesional, aprobando más y mejores programas de formación y cualificación vinculados a la realidad del mercado laboral.
- Orientar la cualificación de los estudiantes hacia esas ocupaciones de difícil cobertura.
- Intensificar medidas para la integración de los colectivos más vulnerables.
- Reforzar especialmente los programas e itinerarios personalizados de inserción para jóvenes y el seguimiento de estos.
- Desarrollar nuevas y más eficaces políticas activas de empleo.
- Promover el emprendimiento joven, y facilitar asesoramiento específico, orientación y seguimiento de los nuevos emprendedores.
- Impulsar el retorno del talento a nuestro país.
- Garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de los programas para el fomento de empleo joven anunciados y aprobados hasta el momento, para que los medios y presupuestos destinados a los mismos se transformen realmente en empleos para
jóvenes.
- Adoptar cualesquiera otras medidas que de manera eficaz contribuyan a fomentar el empleo joven.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-María Isabel Prieto Serrano, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/000195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al diseño e implementación
urgente de medidas conducentes al refuerzo del liderazgo y mejora de la competitividad del sector turístico español en el mapa turístico mundial, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Tras el cierre del ejercicio turístico 2023 en que el turismo español ha batido en su conjunto un año récord en materia de llegadas de turistas internacionales, facturación y ventas tras recuperarse de las secuelas de una pandemia, y
contribuyendo por consiguiente a posibilitar la recuperación y el dinamismo de nuestra economía gracias fundamentalmente al mayor peso del sector servicios, -sobre todo, los vinculados al transporte de viajeros, hostelería y actividades de ocio-, se
impone realizar un análisis de balance desde el punto de vista sectorial sobre las fortalezas, oportunidades, retos, riesgos y debilidades que rodean a la industria turística española con la única finalidad de seguir perfeccionando y reseteando
nuestro modelo turístico, y por consiguiente, ser capaces de conquistar mayores cotas de progreso, bienestar y competitividad hacia la consecución de un liderazgo turístico español renovado en el mundo entero.
Entrando en magnitudes, resulta imprescindible destacar que gracias esencialmente a la sobresaliente capacidad de resiliencia de la iniciativa privada formada por todos los eslabones que componen la cadena de valor turística española, -desde
el sector alojativo a aerolíneas y resto de compañías de transportes, establecimientos de hostelería, agencias de viajes y turoperadores, centros de convenciones, balnearios, parques temáticos y empresas de ocio de toda tipología, agencias de
eventos, empresas de alquiler de vehículos, guías oficiales de turismo, negocios turísticos y souvenirs en nuestros destinos, así como del resto de la oferta complementaria-, han hecho posible que la economía turística haya podido consolidar su
recuperación en el conjunto de 2023 con la generación de casi 186.600 millones de euros, lo cual se traduce en una aportación del 12,8 % del PIB, el mayor valor de su serie histórica.
En términos similares, el crecimiento turístico de 2023 en nuestro país se tradujo en la creación de más de 95.000 puestos de trabajo más que en 2022, suponiendo el empleo
turístico el 17 % del total del empleo generado en España a lo largo del pasado año. De acuerdo con los últimos datos procedentes de Turespaña, los afiliados del sector turístico superaron en diciembre de 2023 los 2.590.000 millones y
supusieron el 12,5 % del total de los afiliados de la economía del país.
La demanda turística, -tanto nacional como extranjera-, creció en 2023 gracias a la prioridad de los viajes sobre otras formas de consumo, culminando un ejercicio con un mayor crecimiento en ingresos (+17,0 % los extranjeros y +22 % la
demanda interna vs. 2019), que de afluencia (+1 % turistas extranjeros y -5,6 % turistas españoles).
No obstante, no se puede obviar que a pesar de las magníficas cifras en términos de ingresos por parte de las empresas turísticas españolas, por segundo año consecutivo en su conjunto la capacidad de mejorar los resultados finales y la
rentabilidad de una cadena de valor turística muy asimétrica y con tendencia a reducido tamaño, se sigue viendo mermada por el intenso aumento de costes en medio de un contexto inflacionista persistente: en 2023 han repuntado los costes financieros
(+18,9 % vs. 2022) y laborales (+7,3 % vs 2022, y acumulando el 17,0 % desde 2021).
De otro lado y en relación con las tendencias y previsiones empresariales para el año turístico 2024, -aun en un contexto geopolítico y económico complejo como telón de fondo-, la estimación inicial anticipa un nuevo récord del PIB turístico
que superaría la cifra de 200.000 millones de euros, elevando su participación en el PIB hasta el 13,4 % del total de la economía española. Estas previsiones de crecimiento estarían apoyadas por la estabilización de los principales factores
macroeconómicos, la recuperación de los flujos británicos y alemanes, la antelación en la venta y el creciente interés por viajar a España gracias a los enormes atributos turísticos, culturales y gastronómicos de los destinos españoles.
En el supuesto de confirmarse el escenario anterior, la actividad turística aportaría el 40 % del crecimiento real esperado de la economía española en 2024, gracias al aumento del +4,6 %, muy por encima del +1,6 % previsto para el conjunto
de la economía española por parte del Banco de España en sus previsiones de diciembre correspondientes a diciembre de 2023.
Sin embargo lo anterior, pese al notable desempeño y buena salud de la joya de la corona de la economía española, -elemento estructural de nuestro modelo productivo durante más de medio siglo gracias a su capilaridad y contribución
socioeconómica-, los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez continúan no solo sin otorgar al mercado turístico español el espacio preponderante que le corresponde por derecho propio, generando con sus políticas previsibilidad y estabilidad, sino
adicionalmente confrontando y atentando continuamente mediante sus decisiones arbitrarias y sectarias contra los pilares sobre los que se asienta el negocio de la segunda potencia turística mundial.
Evidencia de lo manifestado con anterioridad, sin ir más lejos lo prueba el decepcionante recorte global superior al 40 % experimentado en materia de la Política turística del Estado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023,
al contraerse desde el montante de casi 1.800 millones de euros de los Presupuestos del año 2022, a tan solo 1.050 millones de euros para la anualidad siguiente; cabe subrayar que lo anterior no resultaría llamativo si no se tratase de un sector
productivo, el turístico que a lo largo de la pandemia consolidó una pérdida de ingresos equivalente a más de 170.000 millones de euros y parte de cuyas empresas sin embargo, en 2023 han acelerado anticipadamente la devolución al Estado de más de
110 millones de euros, a lo cual se sumaría los más de 320 millones reintegrados a la SEPI en 2022, procedentes de los préstamos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sin olvidar en paralelo la devolución de los
créditos avalados por el ICO.
Así las cosas, lamentablemente hay que denunciar que a principios de 2024 la industria turística española continúa discriminada y desatendida sin ver hecha realidad la aprobación de un PERTE específico, tal como llevan reclamando sin éxito
los operadores turísticos desde hace años con el único propósito de impulsar la reconversión y el reposicionamiento competitivo de nuestras zonas turísticas maduras generadoras del grueso de los ingresos del sistema turístico español y con la vista
puesta en las siguientes décadas; precisamente en materia de fondos europeos, resulta obligado hacer mención aquí a la enorme
preocupación empresarial existente a cuenta de la escasa o nula capacidad de transformación competitiva de los fondos Next Generation aplicados al sector turístico español hasta el momento, al mismo tiempo que un 90 % de nuestros empresarios
manifiestan no haber tenido acceso todavía a dichos fondos, tal como ha asegurado públicamente Exceltur en nombre de las más de 30 empresas más relevantes de la cadena de valor turística española.
En materia de incumplimientos hay que recordar que con los Gobiernos de Pedro Sánchez se han dejado pasar 5 años sin afrontar de manera adecuada las externalidades negativas del fenómeno creciente de las viviendas de uso turístico,
alimentando con ello de manera interesada una percepción social inmerecida de la actividad turística en forma de la estigmatización del turismo de masas, a la par que dando pie a problemas de sobrecarga en destinos representativos, encarecimiento
desorbitado del precio de la vivienda, empeoramiento de la convivencia, disparidades, falta de transparencia y seguridad jurídica, economía sumergida, etc.
Dentro de la lista de deberes pendientes de los Ejecutivos de Pedro Sánchez no podemos dejar de hacer mención al grave problema crónico de escasez de personal cualificado para nuestras empresas turísticas en un sector intensivo en mano de
obra por definición, poniendo de manifiesto el fracaso del Plan conjunto de formación de la Vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ex titular de Turismo, Reyes Maroto aprobado en 2020, cuando solo durante la pasada temporada alta de verano de 2023 más
de la mitad de las vacantes de hostelería quedaron desiertas y sin cubrir en nuestros destinos, según datos obtenidos por Hostelería de España.
Dentro del apartado de las políticas y decisiones erráticas del Presidente Sánchez y sus socios de Gobierno, resulta inevitable dejar constancia aquí de sus ataques permanentes a la industria aérea, a través de la cual llega cada año a
nuestro país más del 80 % de los flujos turísticos; en lugar de hacer más competitivos los aeropuertos españoles, contribuyendo por citar algunos ejemplos a dar solución a la ampliación de un aeropuerto estratégico como Barcelona-EI Prat de una de
las regiones turísticas más importantes de la oferta española, o acelerando la llegada del AVE a la T4 de Barajas, el Gobierno de Sánchez y las Vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Ribera, optan por la dirección contraria en forma de subida
inmediata de las tasas aeroportuarias de Aena o planteándose en sus acuerdos programáticos perjudicar la conectividad de los aeropuertos españoles mediante la supresión o reducción de los vuelos cortos o de carácter doméstico. De igual manera,
tampoco escaparía al radar del Gobierno de Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, uno de los subsectores turísticos más perjudicados por el Covid-19, nuestras agencias de viajes minoristas, que continúan esquivando la aplicación de una normativa en
materia de registro de reservas que perjudicaría enormemente su operativa y productividad con recursos limitados.
Tampoco puede presumir de progresista un Gobierno que en medios de sus presupuestos más expansivos, continúa castigando y racaneando una justa y razonable remuneración a nuestros empresarios hoteleros y propietarios de balnearios diseminados
por toda la geografía española, forzándolos temporada tras temporada a trabajar con precios absolutamente fuera de valores de mercado en los Programas turísticos del IMSERSO en medio de una tormenta inflacionista que no conoce fin, y comprometiendo
con ello la viabilidad o subsistencia de numerosos negocios turísticos de la España interior y con problemas de despoblación.
Por último, señalar que además de la larga lista de incumplimientos, negligencias o inactividad del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para con el sector turístico español, aun contando con perspectivas empresariales iniciales de carácter
favorable para la demanda turística de 2024, no se puede obviar tampoco algunos factores críticos de incertidumbre, volatilidad y amenazas en forma de la evolución a corto plazo de la política monetaria y la reducción de renta disponible en nuestros
principales mercados emisores; los conflictos internacionales que podrían provocar una nueva crisis económica mundial con repercusiones ya en el transporte marítimo de mercancías, dificultades de abastecimiento e incremento del coste de los
alimentos y bebidas; crisis hídricas en
algunas zonas muy turísticas como el tercio sur peninsular o el archipiélago canario; aumento en los costes laborales y de la Seguridad Social con mayor afección en el caso de las pymes turísticas; cambio de IVA sobre la electricidad y el
gas; las consecuencias derivadas del descontrol del alquiler vacacional en ciertos destinos; etc.
Por todo lo anteriormente expuesto, con la finalidad de continuar profundizando durante el año 2024 en el progreso y mejora de los umbrales de diversificación, desestacionalización, sostenibilidad responsable, competitividad y rentabilidad
en la actividad de todos los subsectores que componen la cadena de valor turística española, poniendo la atención en el potencial de la diversidad máxima de los recursos y activos de nuestros destinos, y promoviendo en definitiva, -en estrecha
coordinación y cooperación con las Administraciones territoriales-, la mayor desconcentración, cohesión y modernización de la marca turística España, y brindando en definitiva, todo su apoyo al sector turístico español, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Articulación inmediata de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en máxima coordinación con la iniciativa turística privada, que posibilite entre otros fines, la actualización y transformación
competitiva de los destinos pioneros o maduros como locomotoras históricas de ingresos.
2. Promover como política de Estado la elaboración y desarrollo de una ley turística dentro de las competencias del Estado de planificación económica y con respeto al principio de cooperación, que sirva como herramienta para impulsar la
mejora de la capacidad competitiva de este sector estratégico y vital de la economía española.
3. Estabilizar la actividad turística a corto y medio plazo, contribuyendo a consolidar el negocio turístico en nuestro país asentado sobre tres pilares esenciales: la ordenación turística, mejorar el desarrollo de infraestructuras
adecuadas que faciliten la movilidad y accesibilidad a los destinos y por último, la promoción turística en el exterior.
4. Combatir en colaboración con las Administraciones territoriales la estigmatización del turismo de masas, poniendo en valor el concepto de sostenibilidad responsable y haciendo compatible el turismo y la calidad de vida de los residentes
en los destinos.
5. Afrontar un replanteamiento de los recursos públicos a asignar al sector turístico español, incrementando la inversión institucional con la finalidad de dar visibilidad al ecosistema turístico como entorno atractivo y favorable para
crecer e invertir, otorgando para ello a la política turística a través de los Presupuestos Generales del Estado una ficha financiera en concordancia con su nivel de participación destacada en la economía productiva; así como asegurando mayores
cotas de seguridad jurídica y ofreciendo garantías de la unidad de mercado ante la inversión extranjera.
6. Adoptar todas las medidas necesarias para elevar la cualificación técnica y profesionalización de los trabajadores vinculados a las diferentes ramas turísticas, incluyendo materias clave tales como el dominio de idiomas extranjeros,
digitalización, sostenibilidad y cualesquiera otros que posibiliten un salto competitivo de los productos turísticos españoles.
7. Apostar por revalorizar la imagen del sector turístico y el sentimiento u orgullo de pertenencia al mismo, así como promoviendo la mejora de las condiciones laborales, reducción de la temporalidad, fomento de medidas vinculadas a una
mayor conciliación de la vida familiar y laboral, diseño de planes de alquiler de viviendas para trabajadores discontinuos, posibilidades reales de reciclaje profesional, desarrollo de carreras profesionales en el sector, etc.
8. Financiar un plan RENOVE Hostelería Española centrado en ayudas de adecuación, mejora y modernización de instalaciones, equipamientos e infraestructura para los establecimientos hosteleros de nuestro país.
9. Dotación de un Programa global de apoyo a las agencias de viaje españolas.
10. Desechar el incremento previsto de tasas aeroportuarias para evitar el encarecimiento de los billetes de avión; así como descartar toda iniciativa orientada hacia el establecimiento de reducciones o supresiones de rutas de los vuelos
de corta distancia o domésticos, que se traduciría automáticamente en una pérdida de competitividad y conectividad de los aeropuertos españoles en favor de otros 'hubs' europeos, así como en un desincentivo de nuevas inversiones.
11. Habilitar de manera ágil y eficiente todos los mecanismos necesarios en materia de ejecución de los fondos Next Generation asignados al ámbito turístico hasta la actualidad, al objeto de establecer fórmulas de flexibilización de
ampliación de plazos, ampliando los beneficiarios de las respectivas convocatorias para llegar a la iniciativa turística privada, etc.
12. Situar por parte de la Administración Turística del Estado en el epicentro de la estrategia turística española el modelo de experiencia turística diferencial, enriqueciéndola como elemento clave para crecer desde el punto de vista
cualitativo y no solo cuantitativo; diversificar la oferta de calidad al máximo, creando productos de mayor valor añadido en todos los segmentos.
13. Introducir acciones globales de mejora en los Programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como las condiciones económicas aplicadas a los
proveedores, ajustadas a sus costes reales de producción; modernizando parámetros y enriqueciendo la oferta experiencial de las personas mayores y otros usuarios; incrementando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar; así como
evitando retrasos injustificados en el calendario de las temporadas en detrimento de las economías locales receptoras de los circuitos IMSERSO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Jaime Eduardo de Olano Vela y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el Proyecto de Altri en
Palas de Rei y garantizar la viabilidad de la inversión, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El proyecto de la empresa Altri para establecer una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, Galicia, representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico y la innovación industrial en Galicia. Sin embargo, la falta de
compromiso del Gobierno y de agilidad en la gestión de los fondos europeos que pueden asegurar la viabilidad del proyecto puede provocar que no prospere.
Aunque el Gobierno de la Xunta está colaborando intensamente para impulsar el proyecto, la implicación tanto del Gobierno como de Altri, desarrollando un plan detallado de ingeniería y asegurando la viabilidad económico-financiera del
proyecto, son imprescindibles para el éxito de la inversión.
Para este proyecto, la financiación es un factor clave. Los retrasos acumulados en las convocatorias de las líneas del PERTE de Descarbonización, aprobado el 27 de diciembre de 2022, pueden incidir negativamente en el desarrollo del
proyecto. Aunque las ayudas públicas no representan el único factor de éxito, resulta un elemento indispensable en el entorno competitivo en el que se encuentra el sector industrial.
Los fondos Next Generation EU y la búsqueda de socios estratégicos que puedan añadir valor y disminuir el riesgo del proyecto, son críticos para consolidar el proyecto de Altri. Esta búsqueda de socios no solo refleja la necesidad de
inversión económica, sino también el deseo de Altri de integrarse y contribuir de manera significativa al tejido económico y social de Galicia.
Además, el rendimiento financiero reciente de Altri, caracterizado por una disminución en ingresos y ganancias, plantea preguntas sobre su capacidad para financiar la inversión en Galicia sin el apoyo adecuado. Esta situación financiera
pone de relieve la importancia de asegurar una financiación estable y robusta para el proyecto.
La eficiencia en el proceso de tramitación y el apoyo gubernamental son esenciales para el éxito del proyecto. La declaración del proyecto como estratégico por la Xunta de Galicia es un paso importante para agilizar su tramitación. Sin
embargo, todavía no se ha garantizado el acceso a los fondos europeos. El apoyo del Gobierno central, incluida la inclusión en los PERTE y el acceso a financiación, es fundamental para avanzar.
En resumen, el proyecto de Altri en Palas de Rei es una iniciativa prometedora que puede proporcionar beneficios significativos en términos de empleo, desarrollo económico y avance tecnológico en Galicia. Para que este potencial se
despliegue plenamente, es condición sine qua non que el proyecto reciba el apoyo necesario en términos de financiación, cumplimiento normativo, colaboración público-privada y consideración ambiental. Esta Proposición no de Ley busca asegurar ese
apoyo y guiar el proyecto hacia un futuro exitoso y sostenible.
Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario Popular presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la viabilidad del proyecto de Altri, su inclusión en los PERTE de Descarbonización y el acceso a fondos europeos.
2. Acelerar el lanzamiento de las líneas del PERTE y las bases de las convocatorias.
3. Colaborar con Altri, los posibles socios potenciales y entidades implicadas en el proyecto para fortalecer la cadena de valor y garantizar un impacto económico y sobre el empleo local positivo.
4. Asegurar transparencia y participación pública en todas las etapas del proyecto.
5. Solicitar que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluya de forma inmediata una modificación en la Planificación Eléctrica 2021-2026 a efectos de que se pueda construir la subestación eléctrica necesaria para
garantizar el abastecimiento energético de la planta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Cristina Abades Martínez, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja
Gómez, Ana María Pastor Julián, Álvaro Pérez López, Pedro Puy Fraga, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Juan Bravo Baena, María Mercedes Fernández González, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola
Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel
Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Ministerio que
defienda con fuerza en la UE un marco regulatorio habilitador basado en la ciencia para defender las plantas y alimentos desarrollados a través de las NGT's, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las nuevas Técnicas de Edición Genética (New Genomic Techniques-NGT), ofrecen un gran potencial para alcanzar los objetivos de sostenibilidad agroalimentaria que nos marca el Pacto Verde Europeo.
Es muy importante dejar claro que, hasta ahora, la Unión Europea ha estado regulando las NGT con la misma normativa que los Organismos Modificados Genéticamente (OGM), conocidos como transgénicos; y que este tratamiento normativo supone un
inconveniente total para el desarrollo de los alimentos producidos a través de las NGT. Este enfoque no tiene justificación científica. Esta falta de un marco normativo adecuado y específico a estas técnicas sitúa a los científicos, instituciones
de investigación, agricultores de España y de la UE en una clara desventaja competitiva frente a otras naciones del mundo.
Entidades de prestigio como la Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS), CropLife y Fundación Antama se han posicionado de forma clara para solicitar este tipo de marco regulatorio para las NGT.
Apostar por estás técnicas, es apostar por plantas más resistentes ante las plagas y enfermedades, más resistentes ante los desafíos de las sequías y de adaptación ante el cambio climático, así como poder solventar en mayor medida posibles
déficits de soberanía alimentaria.
Las NGT suponen, también, una contribución importante para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, según datos de la Asociación Nacional de Obstentores Vegetales (ANOVE), supone un alto coste y una planificación a largo
plazo, pues 'el coste medio para poner una nueva variedad vegetal en el mercado es de 1 a 3 millones de euros, y se tarda de 10 a 12 años en conseguirlo'. No obstante, los beneficios económicos y de competitividad que puede proporcionar, al sector
de la innovación, a la producción agraria y a la sociedad en general, son considerables.
Por otra parte, los agricultores, que deberían ser los primeros beneficiados en la aplicación de estas tecnologías, están preocupados por la inseguridad jurídica y la garantía de acceso seguro y competitivo de los agricultores europeos a la
innovación varietal.
En julio de 2023 se presentó un borrador de propuesta de nuevo Reglamento sobre plantas producidas mediante determinadas técnicas genómicas en la Comisión Europea, y somos conscientes de que estamos en un punto de partida muy importante dado
que este tema siempre ha generado controversia entre los diferentes Estados miembros.
Las tres instituciones de la UE establecieron esta iniciativa entre las prioridades legislativas comunes para 2023 y 2024, para las que quieren garantizar avances sustanciales.
El Parlamento Europeo sigue la tramitación y decide según el procedimiento legislativo ordinario. Por otra parte, bajo presidencia española de la UE del segundo semestre de 2023, el Consejo no ha logrado una posición común sobre la
regulación de la NGT, y queda en manos de la presidencia belga.
En este proceso, algunas organizaciones agrarias españolas han manifestado la falta de atención y transparencia del Ministerio respeto a la posición defendida ante la Unión Europea (UE).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas para la defensa, diseño e implementación de un marco regulatorio equilibrado en la Unión Europea que habilite el cultivo y producción de alimentos basados en las nuevas técnicas de edición genética (NGT), y así
contribuir en mayor medida a la producción sostenible de alimentos, a nuestra soberanía alimentaria; y a los compromisos de descarbonización.
2. Realizar un estudio sobre el impacto económico y social de la implantación de estas técnicas en el sector agroalimentario español.
3. Desarrollar una estrategia que Incluya programas de impulso de la investigación, desarrollo e innovación sobre Plantas obtenidas mediante determinadas técnicas genómicas nuevas y sus alimentos y piensos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Javier José Folch Blanc, Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Joaquín Melgarejo Moreno, Alfonso
Carlos Macías Gata, Juan Diego Requena Ruiz, Javier Merino Martínez, Asier Antona Gómez, Rosa Quintana Carballo, Manuel García Félix, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Óscar Ramajo Prada y Antonio Martínez Gómez, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000148
Mediante escrito de fecha 25 de enero de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR la Proposición no de Ley sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la
descarbonización del transporte público, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 74, de 30 de enero de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/000168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para protección de sectores y
actividades sujetas a bonificaciones y devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos especiales, es la normativa reguladora el conjunto de los impuestos especiales, entre otros, de los impuestos especiales de fabricación que gravan el consumo de los hidrocarburos (gasolina,
gasóleo, gas natural, fuelóleo, biocarburantes, etc) que se usen como combustibles o carburantes.
La naturaleza de este impuesto, además de contribuir a la recaudación del Tesoro Público tiene un claro fin, que no es otro que la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia energética.
La estructura impositiva hace que los tipos impositivos sean distintos por cada tipo de combustible y la norma además permite, que determinados combustibles utilizados por determinados sectores estratégicos de nuestro país tengan un tipo
impositivo reducido o bonificado en determinados usos exclusivos. La naturaleza bonificada del impuesto responde a un tratamiento fiscal que alivie los costes básicos y fundamentales de estos sectores estratégicos que tienen en los combustibles uno
de sus costes necesarios para ejercer su actividad.
La situación económica actual de falta de recuperación y las circunstancias provocadas por la crisis energética, consecuencia principalmente de la guerra de Rusia en Ucrania, permiten concluir que siguen siendo necesarias políticas de apoyo
a estos sectores estratégicos, como son el transporte de mercancías, la navegación aérea, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca o el transporte de personas y viajeros y, en general, los contemplados en la Ley de Impuestos
Especiales. Estos sectores, muy sensibles al precio de los combustibles, han visto aumentar sus costes a precios nunca antes vistos, encareciendo sus costes y contribuyendo a un proceso inflacionario que está en niveles récord.
Así, asistimos a los niveles de precios de combustible y petróleo más elevados de la última década, con una escalada de precios especialmente preocupante desde el 2020, que ha llegado a multiplicar por seis el precio del barril.
Y una variación del IPC interanual del 3,2 % y que si ampliamos el rango y nos fijamos en la variación desde 2020, este representa una subida del 17,6 %.
Por tanto, proteger a estos sectores ha de ser un objetivo claro, pues su situación económica es de una clara vulnerabilidad y sensibilidad a los costes energéticos.
En respuesta a todo esto, la forma más efectiva de luchar contra la sensibilidad y vulnerabilidad de estos sectores al precio de los hidrocarburos es la de la descarbonización, el desarrollo de biocombustibles, ecocombustibles y combustibles
con emisiones netas cero, el fomento de la movilidad sostenible, el desarrollo del hidrógeno y el abaratamiento de sus sistemas energéticos.
En ese sentido, España asiste con preocupación a los objetivos marcados de desarrollo de la movilidad sostenible; no solo no se electrifica el parque de vehículos de turismos, que según el último barómetro de electromovilidad de ANFAC
alcanza solo el 42 % de los objetivos de turismos electrificados de enero a septiembre de 2023, a pesar de unos objetivos muy modestos, sino que además la alternativa de movilidad sostenible para vehículos pesados, vehículos agrícolas o
embarcaciones del sector pesquero se encuentra todavía muy inmadura.
En este sentido, los sectores del transporte de mercancías y pasajeros, taxistas, navegación aérea, agricultura, horticultura, ganadería y pesca, han manifestado su preocupación por la declaración de España hecha en la COP28 sobre la
eliminación de los subsidios a combustibles fósiles, en la que se insta a una metodología para su supresión.
Esta declaración supondría de facto, la eliminación de las exenciones, devoluciones y devoluciones parciales para usos profesionales que actualmente tienen los sectores señalados y el consiguiente encarecimiento de sus costes de producción y
el sometimiento a una vulnerabilidad socioeconómica a sectores económicos estratégicos en nuestro país. En ese sentido, sin una alternativa clara y viable de sostenibilidad y de descarbonización para dichos sectores, esta medida anunciada por el
gobierno puede ser letal y llevarles a la desaparición de tejido productivo y empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de un mes, una Hoja de Ruta para la protección de sectores y actividades sujetas a bonificaciones y devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos que
contemple, entre otras, las siguientes medidas:
Primero. El mantenimiento durante 2024 de las bonificaciones vigentes a los combustibles de uso profesional y su prórroga hasta la existencia de alternativas sostenibles de combustibles, viables técnica y económicamente.
Segundo. Impulsar el desarrollo de biocombustibles y ecocombustibles, incluidos combustibles sintéticos, y el establecimiento de objetivos vinculantes para sectores afectados, con el mantenimiento del mismo nivel de bonificación y
devolución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de la reutilización de aguas
regeneradas, para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El Reglamento (UE) 2020/741, de 25 de mayo de 2020 establece la necesidad de sujetar a un título habilitante (permiso) la producción, transporte, distribución, almacenamiento y uso de las aguas regeneradas. Todo el sistema integral de
reutilización debe ordenarse mediante un Plan de Gestión de Riesgos, que formará parte del condicionado del 'permiso'. El Reglamento comunitario establece un orden de calidades del agua regenerada en función del uso al que van a ir dirigidas. A
este respecto, la Sección 2 del Anexo I viene a disponer que los cultivos regados con aguas regeneradas deben cumplir los requisitos de calidad asociados a cada categoría, lo que indica que el agua regenerada utilizada para el riego debe cumplir con
dichos parámetros salvo si se aplican barreras adicionales.
El Reglamento comunitario ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la reforma del Texto Refundido de la Ley de Agua mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. Un texto que fue convalidado sin posibilidad de trámite parlamentario y la incorporación de enmiendas.
El futuro Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de reutilización de las aguas, ha sido recientemente sometido a consulta pública. En el mismo se establece, en su artículo 17.3, la siguiente previsión:
'El usuario del agua regenerada es responsable de evitar el deterioro de su calidad desde el punto de entrega del agua regenerada hasta el lugar de uso.'
Esta redacción del precepto puede poner en riesgo numerosos proyectos de reutilización, tanto los que ya se vienen desarrollando al amparo del Reglamento de reutilización del 2007, como nuevos proyectos que se puedan emprender. La razón
radica en que en muchos casos el usuario mezcla las aguas regeneradas que recibe con recursos de otra procedencia, los cuales, si bien mejoran la calidad de esta agua en algunos aspectos (i.e. conductividad), en ocasiones pueden empeorar su calidad
en aspectos relevantes previstos en la normativa sobre reutilización, como el parámetro referente a los microorganismos indicadores (Escherichia Coli).
La mezcla de caudales se ha venido haciendo hasta ahora sin ningún problema o incidencia en el plano sanitario o ambiental.
Dicha mezcla es imprescindible por razones de gestión, infraestructuras, costes, calidad y cantidad del agua regenerada disponible.
Las aguas regeneradas, una vez son mezcladas con aguas de otra procedencia, ya no encajan con el concepto de 'agua regenerada' establecido en el Proyecto de Reglamento, como tampoco encajan los supuestos de reutilización indirecta, que se
producen cuando las aguas regeneradas son devueltas al medio, normalmente a las aguas superficiales, mezclándose con éstas y captándose para otros usos a veces a escasos metros del punto de incorporación al medio receptor.
En este sentido, parece inadecuado incluir en el futuro Reglamento de Reutilización una cláusula como la contenida en el artículo 17.3, sin mayor matización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aclarar o excluir, en la futura normativa, el régimen de uso de las aguas regeneradas mezcladas con otros recursos hídricos, especialmente para los destinados a uso agrario.
2. Habilitar, en su caso, a los Planes de Gestión de Riesgos para poder establecer condiciones específicas para las aguas regeneradas que se mezclen con aguas de otra procedencia, que podrá excepcionarse, de manera justificada, la
aplicación de condiciones paramétricas específicas que hagan inviable su uso, siempre que con ello no quede afectada la calidad sanitaria de los cultivos regados con estas aguas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Joaquín Melgarejo Moreno, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación del río Belcaire, para su debate
en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La falta de regulación del agua circulante por el río Belcaire, con un corto recorrido, dada la proximidad de su nacimiento en la Sierra de Espadón con la desembocadura al mar, una orografía y edafología característica de la zona, las
escasas precipitaciones, unido a la estacionalidad de sus caudales, impedía el aprovechamiento del agua superficial que por la rápida escorrentía llagaba súbitamente hasta el mar.
La problemática del déficit hídrico existente en la zona había sido estudiada en numerosas ocasiones, a lo largo de las últimas décadas. Por este motivo, el Plan Hidrológico Nacional incluía el proyecto denominado 'Regulación para recarga
de los excedentes invernales del río Belcaire', con el objeto de permitir la recarga del acuífero de La Rambleta mediante la captación de excedentes del río Belcaire en episodios de avenidas.
La recarga del acuífero permitiría incrementar las reservas subterráneas, sometidas a una explotación intensiva para satisfacer las demandas existentes, reducir la salinización y mejorar la calidad del agua.
Del estudio de alternativas posibles se optó por la construcción de un azud de derivación, inmediatamente aguas abajo de la confluencia entre la rambla Cerverola y el barranco de San José, derivando el agua por una tubería que llega al
paraje de Vinambrós, donde se sitúa una balsa de regulación y desde donde continúa una conducción hasta la zona de Els Pedregals, punto de recarga del acuífero, a su paso por el término municipal de la Vall d'Uixó, en Castellón.
En total, las instalaciones incluyen el embalse semienterrado en el margen izquierdo del río Belcaire, con una capacidad de dos hectómetros cúbicos, que ocupa una superficie de en torno a 20 hectáreas, y que tiene una altura de unos 12
metros. Además, la infraestructura se completa con un azud de una altura sobre el cauce de 2 metros y una longitud de 48 metros entre estribos para captar un caudal máximo de 4,4 metros cúbicos por segundo cuando baje el río.
La Comunidad General de Regantes de la Vall d'Uixó ha perseguido la utilización del agua para riego y se ha establecido acuerdos con ACUAMED, previa autorización de la Confederación, para la utilización provisional de la balsa por sequía.
Actualmente ACUAMED está en proceso de cesión de la balsa a la Confederación Hidrográfica del Júcar. La balsa está en desuso desde que se construyó. En dos ocasiones se ha permitido utilizar el agua embalsada para riego.
Además de la recarga del acuífero, el uso agrario del agua de la balsa permitiría tener un agua de mejor calidad para los cultivos de la zona, cítricos y hortícolas. Por ese motivo, los regantes siempre han solicitado al Ministerio
competente en materia de agua, ser usuarios del agua de dicha balsa.
Sin embargo, la instalación sigue sin estar en funcionamiento y sin prestar servicio a los 4.000 agricultores y 2.500 hectáreas de campos de naranjos que, sobre el papel, debían beneficiarse de la infraestructura.
Otra de las cuestiones, en relación con la balsa, que tiene abierto un debate es la viabilidad de la recuperación de costes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Valorar el uso de las aguas del río Belcaire para riego, con la puesta en servicio de la Balsa del río Belcaire, y afrontar la integración de la actuación de la balsa en los esquemas de aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos.
2. Considerar, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a los regantes de la zona, como usuarios del agua embalsada para regar los cultivos de la zona.
3. Asumir el coste íntegro de la construcción y amortización de la balsa del Belcaire en la Vall d'Uixó.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Óscar Clavell López, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo de un Plan Nacional
de promoción y difusión del legado patrimonial de la Cultura íbera en España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Desde el siglo VI a.C. hasta la conquista por el Imperio Romano, poblaron multitud de tribus íberas el levante y sur de la península a lo largo del Mediterráneo. Entre los pueblos prerromanos de la península Ibérica, los íberos son uno de
los que se conocen mejor, gracias a la gran cantidad de restos arqueológicos y a su relación comercial con otros pueblos del Mediterráneo.
El legado cultural y patrimonial de estos pueblos es inconmensurable, ya que nunca existió un pueblo ibérico étnicamente homogéneo, sino que el iberismo es un fenómeno cultural y no racial. Es esta diversidad de pueblos la que hace tan rica
esta cultura, y es esta la que configura los primeros estratos culturales e históricos que unen toda la península ibérica. No se trata de un cambio étnico, sino de una rápida evolución cultural.
Por primera vez se puede hablar de verdaderas ciudades, donde se controla el territorio, tanto en el ámbito económico, como político o social. Esta evolución se constata en los restos arqueológicos y en los cientos de yacimientos que
recorren nuestro país. Hallazgos como la Bicha de Balazote, en Albacete, la Dama de Baza, en Granada, o la famosa Dama de Elche son, sin duda alguna, grandes referentes de esta importante época de la historia de España.
El mundo íbero estableció dos modelos de asentamiento: un modelo sobre las cumbres de las colinas, enclaves naturales fácilmente defendibles, y pequeños asentamientos situados en zonas llanas, carentes de fortificación y con una
funcionalidad económica, agrícola y ganadera. Esto hace que nuestra geografía esté plagada de restos de esta cultura, desgraciadamente poco conocidos y con poca interrelación entre ellos, pero que permiten comprender cómo fue la evolución de una
cultura que se mezclaría con las que le precedieron.
Es por ello por lo que creemos necesario que se ponga en valor el legado patrimonial que dejó esta cultura en nuestro país y que se apoye, promueva y promocione la labor que realizan los arqueólogos y científicos en los múltiples yacimientos
de los que disponemos.
Además, tenemos numerosos restos que nos permiten descubrir la evolución de esta cultura, y en especial debemos reseñar la ya nombrada Dama de Elche, máximo exponente del reflejo de la importancia que tuvo en nuestro país, y una de las joyas
del Museo Arqueológico Nacional.
La Dama de Elche fue encontrada por casualidad el 4 de agosto de 1897 mientras los agricultores se encontraban trabajando los campos de La Alcudia, a 3 kilómetros de Elche, y es precisamente en La Alcudia donde se encuentra uno de los
yacimientos íberos más espectaculares de España. Un yacimiento que sigue vivo, donde acaba de terminar la primera fase de la campaña de excavaciones denominadas 'Damas y héroes. Tras la llici ibérica', que ha sacado a la luz el sistema
constructivo de la muralla y que tendrá una segunda fase que finalizará con un espacio musealizado para entender la arquitectura y cultura ibera.
Tanto la Dama de Elche como otros restos arqueológicos, son joyas de nuestro Patrimonio como país, y por eso se encuentran cuidados en los grandes contenedores culturales nacionales. El mantenimiento y cuidado ha de ser el primer objetivo,
y el
segundo el máximo conocimiento y difusión de la obra de arte y de su contexto histórico, cultural y territorial.
En este sentido, esta iniciativa propondrá que estas joyas del patrimonio español sean los mejores embajadores del territorio, de la red de asentamientos prerromanos, que nos ayudan a recorrer nuestro país y nuestra historia. El reto que se
propone en esta propuesta al Ministerio de Cultura es conseguir que en cualquier visitante del arqueológico se despierte el interés por conocer in situ tanto este yacimiento como el territorio donde se encontró la Dama de Elche, y así, con el resto
de los centenares de yacimientos que contamos en España.
A nivel regional se han desarrolladlo interesantes propuestas, como el museo íbero de Jaén, la iniciativa cultural y turística de las administraciones andaluzas 'El Viaje al tiempo de los íberos' o la Ruta de los íberos en Cataluña donde se
anima a visitar 17 de los 360 asentamientos identificados o el encuentro anual, en su 23 edición, denominado 'Fin de Semana Ibérico', coordinado desde el Museo de Arqueología de Cataluña.
Sería necesario además el desarrollo de una planificación y promoción a nivel nacional, con rutas que recorran y conecten Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla la Mancha, a los diferentes yacimientos, hallazgos y
trazas históricas de la cultura íbera en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en valor y promocionar el legado de la cultura íbera con los siguientes instrumentos:
- Desarrollar un Plan Nacional de promoción y difusión de la Cultura íbera en España, para su desarrollo dentro y fuera de nuestro país.
- Crear, en coordinación con el resto de las administraciones públicas, una ruta española de asentamientos íberos de forma que se convierta en una ruta cultural y turística.
- Promover publicaciones didácticas para su el uso educativo sobre la cultura íbera en España.
- Considerar los grandes hallazgos íberos como embajadores territoriales de su cultura y sus asentamientos, añadiendo toda la información necesaria en los grandes contenedores culturales para despertar el interés en el visitante en conocer
el territorio y los yacimientos existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Sandra Pascual Rocamora, María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta Gónzalez Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Jaime Miguel de los
Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura
del 'artista de élite', para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La figura de deportista de élite supone un impulso y reconocimiento a los españoles que, con su esfuerzo y sacrificio continuo, logran situarse en lo más alto de la práctica deportiva, alcanzando cotas de alto rendimiento y las marcas más
elevadas. Un reconocimiento que además lleva aparejado una serie de merecidos beneficios, mejoras y ayudas en diversas áreas, desde la educativa hasta la fiscal.
Desde los años 60, esta categoría impulsa a los jóvenes deportistas que entregan gran parte de su tiempo a la práctica del deporte, facilitando su formación y la compatibilización de la práctica deportiva con el resto de las actividades que
quieran desarrollar.
Se distinguen dos ámbitos distintos, uno de carácter nacional, que es competencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) y abarca las figuras del Deportista de Alto Nivel y el Deportista de Alto Rendimiento, reguladas en el Real Decreto
971/2007 de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, y otro ámbito de carácter autonómico, que incluye las diferentes calificaciones desarrolladas a nivel autonómico por cada CCAA para proteger o ampliar las medidas
nacionales a sus deportistas en el ámbito autonómico.
En el ámbito estatal se distingue de un lado los Deportistas de Alto Nivel (DAN) a la que pueden acceder los que, participando con sus selecciones nacionales, consiguen los resultados definidos por el Real Decreto que regula esta figura, y
en caso de conseguirlo, la condición de Deportista de Alto Nivel se adquiere por un período de cinco años. Los nombres de los deportistas de Alto Nivel de cada Federación aparecen en los listados que se publican anualmente en el BOE; de otro, los
Deportistas de Alto Rendimiento (DAR) que pueden acceder los que obtienen resultados deportivos de interés para el Equipo Nacional en su deporte. En este caso, no es necesario obtener unos resultados determinados en las pruebas internacionales,
sino que bastaría con acreditar la participación. La solicitud a través de la Federación Nacional tendría validez por el período de un año y se puede acreditar mediante la presentación del certificado expedido por el CSD.
En el ámbito autonómico, los deportistas de Alto Nivel, Alto Rendimiento o Élite Regionales se regulan por cada comunidad autónoma, estableciendo las condiciones y/o méritos deportivos para el acceso al nivel o a los diferentes niveles. Son
condiciones compatibles con DAN y DAR.
Estas figuras, tanto a nivel regional como estatal, han impulsado de manera directa a nuestros deportistas y deporte español. A nivel nacional, los beneficios de un reconocimiento como Deportista de Alto Rendimiento suponen beneficios en el
ámbito educativo: un cupo de reserva en el acceso a la Universidad, la exención de pruebas físicas en el acceso, y fomento de programas específicos de apoyo; la prioridad en el acceso y posibilidad de exención de la asignatura de Educación Física
en la ESO y Bachillerato; cupo de reserva en el acceso (5 %) y exención de la parte específica de la prueba de acceso a la formación de la familia de la Actividad Física y Deporte en FP; reserva de plazas tanto en ciclos medios como superiores de
enseñanzas artísticas, siempre que se superen los requisitos de acceso y las pruebas específicas de acceso; la acreditación de competencias de los deportistas de Alto Nivel a la hora de acceder a los títulos de técnico deportivo en su deporte; o
la posibilidad de creación de programas formativos específicos para DAN y DAR.
Los Deportistas de Alto Nivel, además de acceder a los beneficios en el ámbito educativo, pueden acceder también a beneficios en el ámbito laboral en cuestiones relativas a medidas laborales, de empleo público, en el acceso a los cuerpos de
seguridad del Estado: Guardia Civil y Policía Nacional, en empleos relacionados con la Actividad Física y el Deporte, a beneficios en régimen especial de la seguridad social, así como medidas de carácter fiscal.
Con la misma intensidad que en la práctica deportiva, muchos jóvenes españoles dedican tiempo a formarse en el ámbito artístico.
Una disciplina que expresa muy bien esta similitud en cuanto a entrega y esfuerzo, entre las disciplinas artísticas es la danza. Bailarines que, a través de los conservatorios públicos o escuelas privadas, desarrollan entrenamientos y una
formación intensa desde
niños hasta la adolescencia. Muchos de ellos consiguen plazas en compañías de ballet internacionales o son reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Son, sin duda alguna, ejemplo del gran talento que poseen los jóvenes
españoles.
Sin embargo, ni en la danza, ni en cualquier otra disciplina artística -músicos, actores, pintores, etc.- se recibe ningún reconocimiento ni ayuda en calidad de artista de élite, y son muchos los que llegan a ser parte de los grandes ballets
del mundo o músicos de las mejores orquestas.
Tamara Rojo o David Navarro, con tan solo 17 años, llegaron a ser bailarines solistas en el Royal Ballet, y acumulan infinidad de premios y reconocimientos. Juan Pérez Floristan, a sus 28 años ha sido el primer español en conseguir el
premio Arthur Rubinstein, la granadina María Dueñas con tan solo 18 años ha ganado el premio Yehudi Menuhin de Violín en EE.UU., el tenor Xabier Anduaga ganaba el International Ópera World y Julio García Vico el de dirección de orquesta en el
concurso Donattella Flick.
Todos galardones de tal importancia podrían otorgar la categoría de artistas de élite que se propone. A estas alturas, y con estos ejemplos, nadie duda del talento artístico español y de la importancia de promoverlo, impulsarlo y
difundirlo.
La creación de esta categoría de artista de élite sería un aliento para aquellos jóvenes que priorizan su formación y tiempo en las disciplinas artísticas frente a otras, convirtiéndolos en magníficos embajadores de nuestra cultura y nuestro
país y referentes de otros jóvenes españoles con la misma pasión por la cultura.
Si bien es cierto que, en muchas Comunidades Autónomas, alumnos que desarrollan la carrera artística en los conservatorios profesionales tienen cierta flexibilidad y convalidaciones (como la asignatura de música para los que cursan
conservatorio superior), no hay ninguna figura a nivel estatal que ampare a estos artistas de élite.
Desarrollar desde el Ministerio de Cultura y los Departamentos competentes la figura de artista de élite, con las compensaciones y ayudas correspondientes, no solo será aliciente para muchos jóvenes, sino que se tendrá un magnífico catálogo
de talento español a través de la selección y publicación en el BOE, tal y como sucede con los deportistas de élite.
Además, esta clasificación permitiría tener un censo en un área profesional donde actividad amateur y profesional muchas veces se confunden, para que desde las propias administraciones públicas españolas se impulse la participación de estos
artistas de élite en ferias, festivales y certámenes.
Esta figura, al igual que ocurre en el ámbito deportivo, podría ser replicada en las Comunidades Autónomas, incrementando el impulso a estos jóvenes artistas que se merecen todo el apoyo de todas las administraciones públicas. Como en el
caso de los deportistas de élite o de alto rendimiento, se trata de una consideración temporal (de 1 a 5 años) donde se facilite la vuelta a la formación o ayudas específicas completando las ayudas del Ministerio de Cultura, así como las ayudas de
otras administraciones y entidades sin ánimo de lucro.
La formalización de los requisitos para acceder a esta categoría deberá ser desarrolladas por el propio ministerio, pudiendo tener como referencia, premios internacionales, participación como invitados en instituciones culturales
internacionales, la realización de giras artísticas o bien, a través de un histórico de hitos artísticos alcanzados, valorados por un consejo asesor o técnicos pertinente con capacidad para otorgar dicha acreditación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Enseñanzas Artísticas Superiores, los requisitos y procedimientos para la adquisición y acreditación de la figura de artista de élite, el reconocimiento de
condición de artista de élite a artistas con méritos suficientes en cualquier disciplina artística, y a promover y
favorecer medidas de formación y educación, laborales y fiscales pertinentes a dicha clasificación.
2. Modificar, previa consulta a las Comunidades Autónomas, al Consejo de Enseñanzas Artísticas Superiores, y al Consejo de Universidades, la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado para reservar a quienes acrediten su condición de artista de élite, y reúnan los requisitos académicos correspondientes, un porcentaje de las plazas ofertadas por los centros universitarios en los que se den las circunstancias previstas en él.
3. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Consejo de Enseñanzas Artísticas Superiores, al desarrollo de medidas fiscales y medidas en el ámbito de la seguridad social para los artistas de élite.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, María Eugenia Carballedo Berlanga, Jaime Miguel
de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/000184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación de las
actuales tasas a las operadoras de telecomunicación por reserva del dominio público radioeléctrico, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
España es un país líder a nivel europeo en despliegue de redes de telecomunicaciones. Este liderazgo es consecuencia de las fuertes inversiones que realizan los operadores de telecomunicaciones, focalizadas en estos últimos años en FTTH y
en redes 5G.
Sin embargo, este liderazgo europeo en conectividad e infraestructuras en España contrasta con la reducción de los ingresos de casi un 40 % con respecto a 2010, y que tiene como principal causa la destrucción de valor por parte de los
operadores 'low cost' que no necesitan invertir en infraestructuras ni en nuevos servicios y redes que ha tenido consecuencias muy negativas para las finanzas de los operadores de telecomunicaciones que sí realizan inversiones cada vez más difíciles
de rentabilizar en este escenario.
El proceso de liberalización del sector que se inició en los años noventa tuvo como objetivo principal el fomento de la competencia, que tendría como consecuencia la reducción de los precios. Si bien el enfoque fue adecuado para abrir el
sector a la competencia y que la liberalización de éste fuera todo un éxito, hoy en día, veinticinco años después, este enfoque no solo está ya obsoleto, sino que también está generando un impacto muy negativo para los ingresos de los operadores que
invierten en redes e infraestructuras.
Este hecho, unido a los últimos acontecimientos que están afectando al país como son las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de la inflación, la subida de los tipos de interés, etc., están acrecentando aún más el
impacto negativo en los ingresos de los operadores y, por tanto, es conveniente adoptar ciertas medidas, que
fomenten la inversión de los operadores de telecomunicaciones para que puedan cumplir con mayor holgura los objetivos comprometidos en la Agenda Digital 2026.
Una de las soluciones principales a adoptar es la modificación definitiva de las tasas actuales del espectro para adaptarla al modelo implementado en el resto de los países de nuestro entorno. En estos otros países, la tasa por reserva del
dominio público radioeléctrico no tiene como objeto gravar el valor de mercado o la rentabilidad obtenida, sino que se configuran como una tasa de servicio teniendo como límite precisamente el coste de los servicios prestados por la Administración
en relación con el espectro radioeléctrico.
Sin embargo, en España, esta tasa está configurada de tal forma que se calcula en función de la rentabilidad obtenida, lo que es un perjuicio absoluto para las operadoras que garantizan las comunicaciones y la sostenibilidad de nuestro país,
teniendo en cuanta la crítica situación anteriormente descrita.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la modificación de las actuales tasas por reserva del dominio público radioeléctrico, más allá de las reducciones contenidas en los PGE y que cubran, como mínimo, el plazo que dure la Agenda
Digital 2026.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Laura María Lima García, María Pilar Alía Aguado, Francisco José Conde López, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Jaime Eduardo de
Olano Vela, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Pedro Puy Fraga y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora del programa
Quantum Spain, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Uno de los servicios que señala el futuro de la computación en la nube, lo ofrece la tecnología de computación cuántica, en cuyo campo es fundamental posicionar la estrategia de inversión, innovación y prestación de servicio del país, con
una visión internacional y global.
La computación cuántica no es un concepto futurista, sino un ámbito tecnológico ya presente en el mercado. Gobiernos de las economías más avanzadas del planeta (Estados Unidos, China, Japón, Alemania o Reino Unido) están realizando
inversiones de cientos de millones de euros para el desarrollo de infraestructuras cuánticas y de un ecosistema científico y empresarial basado en esa tecnología.
España se encuentra en estos momentos retrasada respecto a esos países y los planes que ha presentado el Gobierno hasta la fecha carecen de ambición y, de no mejorarse, no lograrán situar a nuestro país a la cabeza de la computación
cuántica.
En concreto, el programa del Gobierno, Quantum Spain, está muy lejos de lo que se está haciendo en otros países y solo contempla el supercomputador del BSC de Barcelona.
Es fundamental modificar, de forma drástica, los planes e inversiones actuales del Gobierno sobre la estrategia española sobre Computación Cuántica. Quantum Spain es una iniciativa impulsada por el Gobierno para el periodo 2022-2025, para
conseguir un computador cuántico de 40 cubits (unidad mínima de información), financiado con 22 millones de euros de los Fondos de Recuperación, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Además, intentar tener una cierta soberanía cuántica en España, con un ordenador cuántico de esas características cuando ya existen computadores cuánticos de acceso remoto con capacidad de cálculo de más de 400 cubits, obligan a la
colaboración público-privada con la inclusión de empresas líderes a nivel internacional, como fórmula para garantizar un papel protagonista de España en la materia, en línea con lo que están haciendo otros países como Estados Unidos,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ampliar la visión del proyecto Quantum Spain, multiplicando la inversión pública dedicada al proyecto Quantum Spain, promoviendo una autonomía estratégica de carácter abierto, junto a organizaciones líderes a nivel mundial que compartan
los valores europeos.
2. Crear el Centro Nacional de Tecnologías Cuánticas (CNTC) que coordine e impulse los esfuerzos público-privados en España alrededor de la computación cuántica, en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center.
3. Desarrollar ecosistemas de computación cuántica a lo largo de la cadena de valor con proveedores, desarrolladores y servicios y la formación de especialistas y profesionales en tecnologías cuánticas y un SandBox Cuántico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo, Laura María Lima García, María Pilar Alía Aguado, Francisco José Conde López, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Jaime Eduardo de
Olano Vela, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Pedro Puy Fraga y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la industria de
Data Centers en España, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Los Data Centers (centro de datos a gran escala gestionado y operado por un proveedor de servicios Cloud o Nube) se han convertido en uno de los sectores más dinámicos y pujantes de la actualidad, con un papel estratégico en la
digitalización de las empresas. Las plataformas en la nube pueden ayudar a la empresa a obtener mucha mayor rentabilidad que el uso exclusivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), incluido un despliegue más rápido de
nuevas capacidades, un mejor soporte para la innovación empresarial y un gasto en TIC, más inteligente.
Existen varios modelos de Nube en función del tipo de servicio, las capacidades, coste, privacidad y gobernanza de datos, y que pueden ser usadas por empresas, organismos y Administraciones Públicas. Esto, unido a que la nueva economía
digital se sustenta sobre los grandes conjuntos de datos o Big Data, precisa definir el modelo que España necesita para optimizar los recursos y proporcionar los servicios necesarios en nuestro país, tendiendo en cuenta que hoy en día, tanto las
aplicaciones, como los servicios y los datos, pueden estar en uno de estos Data Centers con acceso remoto y seguro.
Es necesario impulsar una industria en España de Data Centers, pues son las infraestructuras que, junto a las comunicaciones, permiten el desarrollo de las tecnologías disruptivas como motor de crecimiento de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Potenciar el uso de los sistemas Cloud en las empresas, creando un ecosistema de innovación y las medidas fiscales necesarias para promover el desarrollo de aplicaciones en la Nube y de Data Centers.
2. Dotar al sector público y privado de la tecnología necesaria para una digitalización con seguridad mediante la ciberseguridad del dato y la gestión de identidades.
3. Creación de una industria de Cloud en España, incluyendo a las empresas proveedoras de servicios Cloud como sector de actividad para optar a la categoría de consumidor electrointensivo y un CNAE propio para Data Centers.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Mario Cortés Carballo, Juan Luis Pedreño Molina, Laura María Lima García, María Pilar Alía Aguado, Francisco José Conde López, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Jaime Eduardo de
Olano Vela, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Pedro Puy Fraga y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa impulso de las startups, las
scale-ups, el fomento del emprendimiento y la atracción del talento, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Las previsiones para Europa indican una reducción del 45 % en la inversión en nuevas compañías tecnológicas. Esto significa una caída de 82.000 millones de dólares invertidos en 2022 a 45.000 millones de dólares en 2023.
En España, las startups han recibido una inversión total de 1.600 millones de dólares en 2023, posicionándola en el cuarto lugar en Europa en términos de número de empresas emergentes financiadas, superando a Italia y Portugal, según el
informe State of European Tech 2023 realizado por Atómico, una firma de capital riesgo.
El estudio revela que, después de dos años de turbulencias, el sector tecnológico en Europa se ha estabilizado y comenzado a recuperarse. Ha habido un notable aumento en la creación de startups en Europa, superando a Estados Unidos. A
pesar de la recesión
económica global, el valor del sector tecnológico se mantiene en 3 billones de dólares, igualando el récord de 2021.
El Mapa del Emprendimiento 2023, de South Summit, muestra que el ecosistema emprendedor en España experimentó varias tendencias destacables como, por ejemplo, la edad media de las startups es de 3,12 años, frente a los 2,20 de 2019 y la
aparición de la figura del 'solopreneur', acuñada por EE.UU., con un 6 % de startups lideradas por emprendedores individuales.
La madurez del ecosistema emprendedor español es evidente, no solo en términos de la cantidad de startups sino también en su enfoque hacia la innovación, como se refleja en el uso creciente de la inteligencia artificial. Además, el
ecosistema de startups en España se beneficia de un entorno que fomenta la creación de negocios sostenibles y con perspectivas ecológicas, siendo el green business una industria en crecimiento.
Este ecosistema emprendedor no solo contribuye significativamente a la economía nacional, sino que también puede posicionar a España como un líder en innovación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, es crucial continuar fortaleciendo este
sector para asegurar la competitividad económica de España a nivel global.
Comparativamente, España ocupa el séptimo lugar en la Unión Europea y el decimoquinto a nivel mundial en el ranking de los mejores países para crear startups. Este posicionamiento, aunque prometedor, señala la necesidad de seguir impulsando
estrategias que permitan superar a competidores europeos.
Es importante saber que, aunque la Ley de Startups aprobada en 2022 en España fue un paso en la dirección correcta, hay que señalar que no fue suficientemente ambiciosa. Esta ley carece de la profundidad y alcance necesarios para catapultar
verdaderamente a España a la vanguardia del emprendimiento y la innovación tecnológica a nivel europeo y mundial.
Aproximadamente, el 90 % de las startups fracasan en su camino hacia el éxito. Necesitamos incrementar y expandir los incentivos fiscales para las startups, especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, el fintech
y el desarrollo sostenible. Estos incentivos deberían ser más atractivos para fomentar tanto la creación de nuevas empresas como la atracción de inversores y talento internacional. Asimismo, es crucial simplificar aún más los trámites
administrativos y burocráticos que actualmente obstaculizan el dinamismo empresarial y la agilidad en la toma de decisiones.
Las causas del fracaso en las startups son diversas. Entre las principales se encuentran la falta de financiamiento adecuado, la mala gestión de recursos y la alta competencia a la que se enfrentan.
Por otro lado, las scale-ups -aquellas empresas que tienen un crecimiento anual de más del 20 % durante tres años consecutivos- son el terreno fértil en el ecosistema innovador de España y la ley de startups no las tiene en cuenta porque
únicamente se centra en empresas emergentes en fases iniciales -de cinco años de vida en el caso tecnológico y de siete años en el caso biotecnología-. Según datos de Bankinter y Wayra, se calcula que hay unas 400 empresas digitales en España que
son scale-ups.
Estas compañías tienen unas necesidades especiales que merecen unas actuaciones específicas, diferentes a la de las startups y las empresas convencionales. Una de las mayores necesidades es mejorar su régimen fiscal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las siguientes medidas:
1. Definir un modelo de financiación innovador para startups, scale-ups y pymes del sector tecnológico, así como potenciar el acceso a fondos privados y públicos.
2. Extender los beneficios de la ley de startups a las scale-ups, mejorando el régimen fiscal de las stock options (acciones), del impuesto de la renta y de sociedades.
3. Ampliar los programas de incentivos fiscales y reducción de burocracia para startups y scale-ups.
4. Aumentar la inversión y el apoyo en sectores clave como fintech, healthcare, desarrollo de software y green business, con el objetivo de liderar estos mercados a nivel europeo y global.
5. Fomentar la expansión internacional de startups españolas para aumentar su presencia en mercados extranjeros y atraer inversión extranjera a España.
6. Implementar políticas específicas para incrementar la participación de mujeres en el ecosistema emprendedor, superando la actual brecha de género.
7. Invertir en programas educativos y de formación para desarrollar habilidades empresariales y técnicas, atrayendo y reteniendo talento tanto nacional como internacional, así como el fomento de la cultura emprendedora.
8. Desarrollar acciones que favorezcan la contratación de personal altamente especializado, mejorando las vías de contratación internacional y cooperación con los principales hubs nacionales de talento, y permitiendo programas que apoyen a
las compañías, especialmente a pymes, startups y scale-ups, a incorporar perfiles especializados.
9. Impulsar grandes vehículos de inversión de capital español para evitar el predominio de fondos internacionales en rondas superiores a 50 millones de euros.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Juan Luis Pedreño Molina, Mario Cortés Carballo, Laura María Lima García, María Pilar Alía Aguado, Francisco José Conde López, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Jaime Eduardo de
Olano Vela, Carlos Javier Floriano Corrales, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Pedro Puy Fraga y Cristina Teniente Sánchez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de los
principios de principios de libre establecimiento, de igualdad y la normativa europea de ayudas de estado, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa.
Exposición de motivos
El pasado 10 de enero, Junts per-Catalunya aseguró haber acordado con el PSOE su abstención en la votación de 3 decretos del Gobierno a cambio de modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que
libremente decidieron salir de esta comunidad autónoma por la incertidumbre e inestabilidad que supuso el 'procés'.
Recordemos que, hasta 2017, Cataluña era uno de los motores de la economía española junto a la comunidad de Madrid: atraía el 30 % de la inversión extranjera que recibía España, tenía un PIB similar al de Madrid y evolucionaban a la par.
En ese momento, la irresponsabilidad de los partidos independentistas que gobernaban en Cataluña, dando un salto al vacío sin red, supuso un punto de inflexión que ha penalizado a la economía catalana en todos los indicadores:
- Cataluña dejó de ser el motor económico de España para crecer por debajo de la media nacional, 3 puntos menos de PIB desde 2017.
- La inversión extranjera en Cataluña cayó un -58,5 % en 2017, de 8.305 M a 3.433 M, mientras que en Madrid aumentó un 47,2 %, pasando de 12.286 M a 18.140 M. Esta
desconfianza en Cataluña no se ha recuperado y la inversión extranjera sigue muy por debajo de los niveles previos al 'procés'.
- En el cuarto trimestre de 2017, 3.208 empresas solicitaron el traslado de su domicilio social de Cataluña a otra CC. AA., y la razón no fue ningún cambio fiscal en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana (principales receptores de
estas empresas), sino la incertidumbre e inestabilidad instaurada desde el propio gobierno autonómico. Este movimiento continuó en 2018, con 2.359 empresas más (datos del Colegio de Registradores) y ha seguido -aunque a un ritmo menor- hasta
superar las 7.700 empresas.
Y mientras todo esto sucedía, lo único que subía en Cataluña eran las trabas burocráticas y los impuestos, hasta 15 tributos propios -el triple que la media del resto de CC. AA.- que afectan a sectores productivos concretos, restándole
competitividad y capacidad de crecimiento y de generación de empleo; entre estos tributos propios destacan el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el Impuesto sobre las
viviendas vacías o el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
Por todo lo anterior, no deja de ser sorprendente que los mismos que llevaron a más de 7.700 empresas a trasladar su domicilio social de Cataluña a otras comunidades autónomas, pretendan ahora que estas mismas empresas vuelvan 'por decreto'
cuando Cataluña mantiene una fiscalidad abusiva, sigue con las mismas trabas burocráticas, y los partidos independentistas mantienen su intención de abandonar España ('ho tornarem a fer'), ahora con la colaboración del propio Gobierno de España a
cambio de 7 votos para que Sánchez se mantenga en la Moncloa.
Parece muy claro que la mayoría de estas empresas ni han vuelto ni van a volver mientras siga la amenaza de un proceso independentista, ahora alimentado desde el gobierno de la nación.
La fórmula para recuperar las empresas no es la imposición sino la creación de un clima de estabilidad, seguridad jurídica, simplificación, eliminación de trabas y una fiscalidad competitiva e innovadora y con el foco puesto en la atracción
del talento. La imposición nunca será la solución, sino que esta pasa por la atracción.
Como el Gobierno no ha querido explicar cuál es la naturaleza ni el alcance del acuerdo que ha alcanzado con Junts, ni qué cambios de la ley de sociedades ha comprometido, y visto que no hay ninguna línea roja que no sean capaces de
saltarse, desde el Partido Popular creemos necesario presentar una iniciativa que permita aclarar a todos los españoles: si Sánchez ha engañado a Puigdemont, si el PSOE y Junts han engañado a los catalanes, o si el Gobierno piensa saltarse hasta la
normativa comunitaria más esencial con tal de mantenerse en el gobierno.
Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario Popular presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la necesaria neutralidad y lealtad institucional para garantizarla igualdad de oportunidades entre territorios, evitando favorecer a las regiones más prósperas a costa del resto.
2. Garantizar el pleno cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con especial énfasis respecto al artículo 49, sobre la libertad de establecimiento, y al artículo 107, sobre ayudas de estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/000203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la figura
del paciente electrodependiente y a la garantía del suministro eléctrico, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El Defensor del Pueblo hizo público el pasado 26 de diciembre de 2023 un comunicado en el que se informa sobre una carta que remitió a la Secretaría de Estado de Energía -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico- para solicitar una propuesta normativa con la que definir, protocolizar y atender las necesidades de los pacientes electrodependientes, es decir, de las personas que por su estado de salud o su situación vital necesitan respiradores
eléctricos, requieren diálisis en su domicilio, nebulizadores, humificadores... dependen, a fin de cuentas, de una conexión eléctrica para preservar su salud, su bienestar, su calidad de vida y su autonomía.
De acuerdo con la información incluida en el comunicado referido, la solicitud realizada desde el Defensor del Pueblo tiene su génesis en 'las quejas recibidas en la institución procedentes de pacientes y familiares, que dieron lugar a una
actuación de oficio el pasado 29 de marzo' de 2023. Dicha 'actuación solicitaba una valoración sobre la realidad regulatoria de los pacientes electrodependientes en el marco jurídico nacional'.
Como respuesta, desde la Secretaría de Estado de Energía se 'respondió el 5 de septiembre' de 2023 afirmando 'que en futuras modificaciones normativas se tendrían en cuenta las consideraciones expresadas por el Defensor del Pueblo' y que 'se
valorará la posibilidad de ahondar en la protección de los pacientes electrodependientes'.
No obstante, y ante la ausencia de avances tangibles en tal sentido a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el Defensor del Pueblo solicita en su carta 'regular la figura de los pacientes electrodependientes, protocolizando un
sistema de protección específico que les garantice el acceso tanto a bonificaciones de orden tarifario, como la puesta a disposición de dispositivos que garanticen la estabilidad del suministro en aquellos supuestos en los que el caudal regular de
suministro no esté en disposición de ser garantizado'.
De igual forma, el Defensor del Pueblo considera necesaria 'la creación de un registro de pacientes electrodependientes al que pudieran acceder las empresas comercializadoras y distribuidoras con carácter previo a la suspensión de
suministro, y derechos que les asisten como consumidores vulnerables -tarifas, continuidad de suministro con equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida para casos de cortes programados o cuando se den coyunturas imprevistas...-'.
En consecuencia, sobre lo dispuesto en términos de garantizar el suministro de energía imprescindible para la alimentación de un equipo médico indispensable para mantener con vida a una persona en normas como la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y considerando las solicitudes planteadas en términos similares a los expuestos desde organismos como el Foro Español de Pacientes, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Regular la figura del paciente electrodependiente desde la coordinación con los representantes de los afectados, sus familias, los profesionales sanitarios y las empresas
comercializadoras y distribuidoras, así como desde el consenso real con las Comunidades Autónomas.
- Materializar, desde la condición de consumidor vulnerable y la creación de un registro nacional de pacientes electrodependientes, las medidas útiles y necesarias para garantizar que los propios pacientes electrodependientes acceden a
bonificaciones de orden tarifario y a dispositivos que garanticen la estabilidad del suministro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Ester Muñoz de la Iglesia, Ana María Pastor Julián, María del Mar Vázquez Jiménez, Elvira Velasco Morillo, Juan Diego Requena Ruiz y Silverio Argüelles García, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra el
matrimonio infantil, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Según Naciones Unidas, el matrimonio infantil se define como toda unión formal e informal de un adulto, un niño o una niña, con otra persona menor de 18 años. Se considera como un matrimonio forzado porque una o ambas partes no han
expresado su consentimiento de forma libre y plena.
El matrimonio infantil y forzado es una violación de los derechos humanos y una práctica nociva que afecta de forma desproporcionada a menores en todo el mundo, muy especialmente a las niñas, impidiéndoles vivir sus vidas libres de toda
forma de violencia.
Las principales causas por las que se lleva a cabo el matrimonio infantil y forzado vienen determinadas por factores socioeconómicos y socioculturales. Entre los socioeconómicos se encuentran la pobreza y la desigualdad. En estos casos, la
necesidad de supervivencia económica lleva a las familias a utilizar a las menores como moneda de cambio ante la falta de oportunidades. El segundo factor, el sociocultural, está determinado por costumbres familiares y culturales fuertemente
arraigadas, que pasan de generación en generación.
Como consecuencia, se produce una violación de los derechos del menor, de su libertad, de su educación y de la capacidad para decidir sobre su futuro. Es especialmente grave en el caso de las niñas, ya que les hace vulnerables a la
discriminación, la violencia y el abuso. Estos matrimonios suelen ir acompañado de embarazos tempranos, lo que supone una alta tasa de morbimortalidad para la madre y para el neonato.
Según UNICEF, su número se ha reducido, pero sigue siendo una práctica presente en gran parte del mundo y, especialmente, en países de África. Níger, país asociado a la Cooperación española, tiene la mayor tasa de matrimonio infantil
forzado del mundo. Una de cada tres niñas nigerinas se casa antes de cumplir los quince años.
Así mismo, el matrimonio forzado se utiliza en algunas ocasiones entre poblaciones inmigrantes en España como una forma de preservar la identidad cultural de esa comunidad frente a la sociedad de acogida. Muchas veces se fuerza a la menor a
abandonar España para que contraiga matrimonio.
Eliminar el matrimonio infantil y forzado es uno de los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el cual se pretende alcanzar antes del año 2030. En ese sentido, es oportuno recordar que la actual Ley de Cooperación para el
Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global incorpora la Agenda 2030 y los ODS como pilares para nuestra Cooperación en el mundo.
En España, el matrimonio infantil fue incluido en el Código Penal a través de la LO 1/2015 de 30 de julio, entre los delitos contra la libertad, como una modalidad de las coacciones (art.172 bis), como consecuencia de la transposición de la
Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 05/04/2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y la
violencia doméstica, hecho en Estambul el 11/05/2011 y ratificado por España en 2014.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de formación y sensibilización contra el matrimonio infantil y forzado en el marco de la Cooperación española.
2. Impulsar dicho Plan de formación en Níger y en aquellos otros países destino de la cooperación española en los que se mantenga aún esta práctica del matrimonio forzado.
3. Prestar ayuda social, educativa y sanitaria a quienes hayan sido víctimas y así lo deseen.
4. Vigilar y denunciar los casos que tengan lugar en la población de nuestro país, tanto en territorio español como fuera de él.
5. Promover en todos los organismos y foros internacionales, de los que nuestro país forma parte, la lucha contra el matrimonio infantil y forzado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Fabra Part, Silvia Franco González,
Macarena Lorente Anaya, Ester Muñoz de la Iglesia, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la
mutilación genital femenina, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La mutilación genital femenina (en adelante MGF) es una práctica realizada a mujeres de muchos países de África, Asia, Oriente Medio y, por movimientos migratorios, ha comenzado a extenderse a países receptores como España. Esta práctica
tradicional, con fuertes y ancestrales raíces socioculturales, es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Así está reconocida internacionalmente.
Asimismo, en algunas culturas la no realización de esta práctica supone el aislamiento de la mujer, la imposibilidad de matrimonio, el rechazo personal y familiar y, por tanto, una condena a la soledad y traumas psicológicos.
La Organización Mundial de la Salud ha clasificado cuatro tipos de MGF, de severidad creciente, entre los que se incluye la extirpación del clítoris total o parcial, los labios menores y/o mayores, la infibulación y otros procedimientos
dirigidos a la mutilación de los órganos sexuales de la mujer.
La MGF, además de causar un severo trauma durante el proceso (sangrados por las heridas, lesiones en órganos vecinos, retenciones de orina), pone en riesgo la salud física, emocional y sexual de las mujeres y niñas a quienes se les realiza,
incluso existe la posibilidad de fallecimiento por sangrado. Algunos de estos riesgos son causados por la dispareunia, infecciones, esterilidad, complicaciones intrapartos, incontinencia y un sinfín de consecuencias perjudiciales para su salud.
Actualmente, las herramientas más útiles para combatir y erradicar la MGF son la educación, a través de la sensibilización sobre todos los riesgos que supone llevarla a cabo, y la difusión de los derechos humanos de mujeres y niñas, ya que
implica una violación de éstos. Dichos esfuerzos deben llegar a todos los niveles, desde el familiar hasta el estatal y todos los actores de la comunidad internacional deben colaborar activamente para erradicarla.
En España, la mutilación genital femenina es un delito contemplado en el Código Penal, en su artículo 149.2. No debemos olvidar tampoco la protección que otorga la ley a mujeres y niñas cuando hay un riesgo inminente de realización de una
MGF. Esta protección incluye los casos en los que se aprovecha un viaje al país de origen para llevar a cabo esta práctica, siempre y cuando los responsables residan en España.
A pesar de los esfuerzos realizados, diversos aspectos socioculturales hacen que en algunas familias se mantengan estas prácticas, por lo que aún queda mucho por hacer. Por ello, nuestro país no debe cesar ni bajar la guardia en esta lucha,
sino, por el contrario, debe redoblar los esfuerzos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de formación para la lucha contra la mutilación genital femenina, impulsándolo también en los países donde persiste y en los que coopera España.
2. Liderar, en el seno de la Unión Europea, una campaña de sensibilización de los profesionales de la salud, para prevenir, detectar y responder a los casos de mutilación genital femenina.
3. Prestar asistencia sanitaria y psicológica a mujeres y niñas que hayan sido víctimas de mutilación genital femenina en los países en los que persiste y coopera España.
4. Apoyar todos los esfuerzos de los organismos y foros internacionales de los que nuestro país forma parte, para erradicar la mutilación genital femenina.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Fabra Part, Silvia Franco González,
Macarena Lorente Anaya, Ester Muñoz de la Iglesia, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Plan de
Acción de Ayuda Humanitaria para Etiopía, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Etiopía es el segundo país más poblado de África, con más de 120,3 millones de habitantes, es catalogado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como País Menos Adelantado (PMA), ocupando así, el puesto número 175 en el índice de
Desarrollo Humano de 191 países. La tasa de analfabetismo en Etiopía supera a la mitad de su población -51,8 %-, más del 64,3 % de su población se encuentra en la pobreza y la esperanza de vida al nacer es de 65 años.
Las consecuencias catastróficas de la pandemia del Covid-19 y de la guerra en Ucrania han tenido un impacto mundial, en el que los países más pobres las han resentido con mayor intensidad. Todo ello, ha acrecentado la crisis alimentaria en
Etiopía, que es ya una de las peores del mundo. La ONU recogió en junio de 2022, un informe del Programa Mundial de Alimentos en el que se advierte que la vida de más de 20 millones de etíopes está en riesgo por falta de alimentos, el organismo
señala también que, en la región de Tigray, el 20 % de los niños menores de cinco años y mujeres embarazadas y lactantes están en desnutrición.
Estas continuas crisis han agravado la pobreza y erosionado aún más los medios de subsistencia de la población. Las personas mayores ya no pueden permitirse suficientes alimentos y artículos de primera necesidad y están al borde de la
supervivencia. Según una encuesta de HelpAge, las personas mayores no ingieren cantidades adecuadas de alimentos, el 92 % de las mujeres mayores (en comparación con el 43 % de los hombres mayores) presentaban puntuaciones de consumo deficientes, lo
que indica que necesitan intervenciones urgentes para mejorar su seguridad alimentaria y su estado nutricional.
La Cooperación Española está presente en Etiopía. Pese a ello, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a este país se ha reducido sustancialmente. En el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 estaba incluido con carácter
prioritario como País de Asociación. Sin embargo, actualmente, no está incluido como país prioritario en la Estrategia de Acción Humanitaria.
Aun así, Etiopía mantiene las esperanzas en la Cooperación Española a través del nuevo Marco de Asociación de País (MAP), firmado por el ministro de Asuntos Exteriores en Etiopía en febrero de 2023. Sin embargo, se debe tener un plan de
acción concreto, con objetivos, metodología de ejecución y metas alcanzables en el tiempo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de Ayuda Humanitaria para Etiopía que ayude a paliar la creciente crisis alimentaria que vive el país.
2. Informar en el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la implementación y resultados del Plan de Ayuda Humanitaria para Etiopía.
3. Instar a todos los organismos y foros internacionales, de los que nuestro país forma parte, a proporcionar ayuda humanitaria y alimentaria a la población etíope.
4. Instar a la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo informe de la ejecución, balance y resultado del Plan de Acción de la AECID 2022-2023 a la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Congreso de los Diputados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Fabra Part, Silvia Franco González,
Macarena Lorente Anaya, Ester Muñoz de la Iglesia, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de condena a las deportaciones
forzosas de niños ucranianos a la Federación de Rusia, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Desde el inicio de la agresión rusa contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, numerosos informes publicados por parte de observadores independientes en el conflicto, han denunciado el traslado forzoso
de población civil ucraniana, niños incluidos, desde las zonas ocupadas a territorio ruso.
La propaganda rusa ha intentado blanquear los traslados forzosos, la reeducación y la adopción de niños ucranianos, como si se tratase de actos humanitarios. En octubre de 2022, el viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, trató de
explicar estos traslados argumentando que son 'adopciones humanitarias', admitiendo públicamente que miles de estos niños están siendo trasladados a regiones de Rusia y que ahora 'descansan en instituciones de acogida o campos para niños'.
Distintos países y ONG ya han condenado esta práctica. Estas deplorables acciones por parte de Rusia deben investigarse como crímenes de lesa humanidad. En este sentido, en marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de
arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por crímenes de guerra, traslado y deportación ilegal de niños ucranianos.
El Derecho internacional prohíbe la deportación desde un territorio ocupado a territorio de la potencia ocupante. Estas acciones suponen una grave violación de los Convenios de Ginebra y un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Cuarta Convención de Ginebra prohíben que las potencias ocupantes modifiquen el estatuto personal de los niños, incluida su nacionalidad.
Nuestro país es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos un firme compromiso con Naciones Unidas y nuestra política exterior está basada en la defensa de los derechos humanos. Desde la AECID, esa concordia y vocación
han sido reivindicados en el apoyo a Ucrania y debemos seguir haciéndolo, hasta lograr una paz duradera en ese país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las deportaciones forzosas de población civil ucraniana, especialmente de los niños, que se lleva a cabo desde febrero de 2022 por parte de la Federación de Rusia.
2. Exigir al Gobierno de Putin el cese inmediato de estas deplorables acciones, así como la retirada del Ejército ruso del territorio ucraniano, internacionalmente reconocido.
3. Reafirmar esta condena y exigir que los responsables respondan ante la Corte Penal Internacional, en el próximo debate general de Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre de 2024.
4. Instar al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para que actúe como mediador en el retorno seguro de los niños ucranianos con sus familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Esperanza Reynal Reillo, Antonio Cavacasillas Rodríguez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier Noriega Gómez, Raquel Clemente Muñoz, Alberto Fabra Part, Silvia Franco González,
Macarena Lorente Anaya, Javier José Folch Blanc, Sandra Pascual Rocamora, Isabel Gema Pérez Recuerda, Rosa Quintana Carballo, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Juventud e Infancia
161/000167
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa a la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma presentada mediante escrito número de registro 9211 y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Juventud e Infancia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Blanca Armario, Joaquín Robles, Rocío Aguirre Gil de Biedma e Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición de Diputados del GPVOX, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes, para su discusión en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Primero. El suicidio: un drama social también entre los más jóvenes.
El derecho a la vida está explícitamente garantizado por el artículo 15 de nuestra Carta Magna, constituyendo 'el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían
existencia posible'. Así mismo, el artículo 39 de la Constitución española (en adelante, 'CE') consagra la protección integral de los menores de edad como uno de los principios rectores de la política social y económica.
Los poderes públicos deben abogar por la defensa de la vida de forma unánime, sin excepciones. En este sentido, uno de los grandes problemas sociales pendientes de abordar es el del suicidio y, muy especialmente, el suicidio de los más
jóvenes.
En el año 2022, se produjeron 18.330 fallecimientos catalogados por el Instituto Nacional de Estadística como acontecidos 'por causas externas' 9, de los cuales 4.097 corresponden a casos de suicidios: un 2,3% más que en el año 2021 10. En
España se producen un total de 11,2 suicidios al día. Por lo tanto, podemos afirmar que nos enfrentamos a un drama que se cobra miles de vida cada año: en 2018 murieron 3.539 personas por esta causa; en 2019, 3.671; en 2020, 3.941; en 2021,
4.003 11.
Los datos expuestos hacen referencia, naturalmente, a los suicidios consumados. A estos hay que sumar las tentativas de suicidio, respecto de las cuales se constata una ausencia de información sistematizada. Algunos estudios apuntan a que
'los intentos de suicidio son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados' 12.
Tras estas cifras no solo se encuentran las personas concretas que son víctimas de su propio suicidio, sino todas aquellas que se ven involucradas en esta trágica realidad, como sus familiares y amigos. Por ello, junto con la prevención
centrada en quienes tienen ideas suicidas o conviven con personas que las sufren, también se hace necesario reconocer la necesidad de atención de las familias que han padecido de primera mano el suicidio, tanto de manera consumada como en grado de
tentativa.
En cuanto al suicidio entre los jóvenes, debe señalarse que es la primera causa de muerte no natural en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Concretamente, en el año 2022 'se quitaron la vida en España 345 menores de 30 años,
mientras que en 2021 se registraron 338 casos (...). El mismo desenlace lo protagonizaron 72 adolescentes de 15 a 19 años en 2022 por 53 el año anterior, mientras que hubo 128 casos el año pasado entre jóvenes de 20 a 24 años por 126 en 2021, y 133
de 25 a 29 años en 2022 por 137 en esta franja de edad en 2021' 13.
Un informe titulado Evolución del suicidio en España en la población infantojuvenil (2000- 2021) pone de manifiesto que 'en adolescentes se observa un aumento significativo del número de suicidios del 32,35% entre 2019-2021 (pasando de 34 a
45 fallecidos)' 14.
9 V. gr., ver https://www.ine.es/prensa/edcm_2021.pdf.
10 https://www.larazon.es/sociedad/nuevor-record-suicidios-espana-4097-2022_20230627649ac0a5e9f5530001ddfade.html.
11 Ídem.
12 MACIONIS, J. J. y PLUMMER, K., Sociología, Pearson, Madrid, 2012, p. 7.
13 https://www.eleconomista.es/salud/noticias/12425767708/23/la-tasa-de-suicidios-no-deja-de-aumentar-en-espana-sobre-todo-entre-los-jovenes.html.
14 https://www.plataformanacionalsuicidio.es/informes-anuales/evolucion-suicidio-infanto-juvenil.
Además, se concluye que la tasa de mortalidad por suicidio entre adultos jóvenes de edades comprendidas entre 24 y 29 años fue de 5,75 por cada 100.000 habitantes en el año 2021.
Por otro lado, un estudio titulado Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España (2012-2022) revela el escalofriante dato de que, en el año 2021, se atendieron '748 casos de menores de edad, que en
el momento de la llamada estaban intentado terminar con su vida' 15.
Entre las principales causas que provocan el suicidio de cientos de jóvenes españoles cada año encontramos 'la presencia de trastornos psicológicos, variables concretas de personalidad, la alta carga de estrés emocional y, especialmente, el
bullying, últimamente desplazado por nuevas vertientes como el bullying electrónico o el sexting' 16.
Por su parte, el catedrático de Psiquiatría Enrique Rojas señala que 'las principales causas y motivos que dan lugar a esta epidemia de suicidios juveniles en España y en Europa' son las 'depresiones en sus distintas modalidades', los
'fracasos sentimentales', los 'trastornos de la personalidad' y la 'ansiedad y las crisis de pánico', que requieren no solo una detección de las inclinaciones suicidas y lo diagnósticos correctos, sino una 'tetralogía terapéutica' basada en
'farmacoterapia', 'psicoterapia', 'socioterapia' y 'laborterapia' 17.
Segundo. Necesidad de hacer frente al problema del suicidio.
Desde el Grupo Parlamentario VOX consideramos fundamental, sobre la base de lo expuesto, adoptar medidas y promover políticas públicas encaminadas a hacer frente al drama social que supone el suicidio en nuestro país, con especial atención a
los más jóvenes.
El suicidio debe abordarse de manera decidida y, para ello, los poderes públicos tienen el deber de fomentar una cultura de la vida y del cuidado: este es uno de los grandes retos sanitarios y sociales a los que deben hacer frente.
Este drama al que nos enfrentamos exige una prevención coordinada entre las familias, los centros educativos y los sistemas de atención social y sanitario 18. Asimismo, es urgente que, desde el Gobierno, en necesaria coordinación con todas
las administraciones competentes, se promueva la investigación acerca del fenómeno del suicidio para poder abordarlo en toda su complejidad y profundidad. Por último, deben llevarse a cabo las actuaciones necesarias para que la sociedad asuma sin
tabúes el problema del suicidio en España y comprenda la gravedad que entrañan las cifras actuales de suicidios.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Diseñar nuevas campañas de sensibilización sobre salud mental y el drama social del suicidio, que contribuyan a la concienciación sobre la necesidad de tejer lazos comunitarios y cohesionar nuestros municipios, regiones y comarcas para
hacer frente al aislamiento, la soledad no deseada y el abandono. Tales campañas incidirán de modo particular en la realidad del suicidio de los jóvenes.
2. Promover que el servicio de emergencias del 112 garantice una atención especializada en materia de suicidio a nivel nacional.
15 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/12/Estudio-sobre-Conducta-Suicida-en-la-Infancia-y-la-Adolescencia-2012-2022.pdf.
16 https://journals.copmadrid.org/clysa/art/j.clysa.2016.11.002.
17 ROJAS MONTES, E., Epidemia de suicidios entre los jóvenes (2010), en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3255764.
18 CASTELLVI-OBIOLS, P. y PIQUERAS RODRÍGUEZ, J. A., El suicidio en la adolescencia: un problema de salud pública que se puede y debe prevenir (2018), Revista de estudios de juventud, p. 54. En:
https://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/3.el suicidio_en_la_adolescencia_un_problema_de_salud_publica_que_se_puede_y_debe_prevenir.pdf.
3. Actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental para reforzar la prevención del suicidio y destacar, entre las áreas prioritarias de actuación, el suicidio y las conductas autolíticas.
4. Promover proyectos relacionados con la salud mental, especialmente entre los más jóvenes, con el fin de facilitar el acercamiento de los ciudadanos a los servicios psicológicos y, en general, a la atención profesional en esta materia.
5. Elaborar un informe sobre el suicidio de los niños y adolescentes en España, para conocer en mayor profundidad esta realidad y abordarla con rigor desde los poderes públicos.
6. Promover el incremento de la dotación presupuestaria destinada a la formación en salud mental de todos los agentes implicados, como sanitarios, profesores y familiares de afectados. Asimismo, favorecer el aumento del número de
profesionales especializados en la atención a problemas de salud mental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-Blanca Armario González, Joaquín Robles López, Rocío Aguirre Gil de Biedma e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
¿Tenía conocimiento el Gobierno de la decisión de la Junta de Extremadura de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros y de su compromiso de no iniciar la ejecución de este
proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Ricardo Chamorro Delmo e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados del Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
Texto:
¿Tenía conocimiento el Gobierno de la decisión de la Junta de Extremadura de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros y de su compromiso de no iniciar la ejecución de este
proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.