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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 77, de 02/02/2024
cve: BOCG-15-D-77
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de febrero de 2024
Núm. 77
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página9)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000003 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de estudio y análisis para la despolitización
del sector público y el refuerzo de la autonomía e independencia de los organismos reguladores y las autoridades independientes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ... (Página12)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la crisis migratoria de las Islas Canarias ... (Página15)
162/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, de reprobación de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ... (Página19)
162/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de abogados y procuradores adscritos a sus mutualidades de
protección social ... (Página21)
162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ... (Página23)
162/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al diseño e implementación urgente de medidas conducentes al refuerzo del liderazgo y mejora de la competitividad del sector turístico
español en el mapa turístico mundial ... (Página24)
162/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el apoyo a la cadena de valor del sector del automóvil y despliegue del vehículo eléctrico y conectado de Galicia ...
162/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de los cítricos valencianos ... (Página31)
162/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar el Proyecto de Altri en Palas de Rei y garantizar la viabilidad de la inversión ... (Página33)
162/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la defensa del sector agroalimentario español en el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos de envases ...
162/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra la pobreza energética en empresas y familias ... (Página36)
162/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el cumplimiento de los principios de principios de libre establecimiento, de igualdad y la normativa europea de ayudas de estado
... (Página42)
Otros textos
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000005 Proposición de Ley para la protección de los menores frente a la violencia y las denuncias falsas en el ámbito de las relaciones familiares (corresponde al número de expediente 120/000032 de la XIV Legislatura).
Caducidad de la iniciativa ... (Página43)
120/000009 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por doña Aida Gascón Bosch y otros, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de
noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural ... (Página44)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
AGUIRRE GIL DE BIEDMA, Rocío (GVOX) (núm. expte. 005/000371/0000)0 ... (Página4)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
AGUIRRE GIL DE BIEDMA, Rocío (GVOX) (núm. expte. 007/000371/0000)1... (Página10)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración de intereses económicos.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000003
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de estudio y análisis para la despolitización del sector
público y el refuerzo de la autonomía e independencia de los organismos reguladores y las autoridades independientes.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio
de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, solicita la creación de una Subcomisión de estudio y análisis para la despolitización del sector público y el refuerzo de la autonomía e independencia de los organismos reguladores y las
autoridades independientes, en el seno de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, con el objetivo de elaborar un dictamen de evaluación y propuestas que
orienten la acción legislativa en aras de la mejora de la independencia y regeneración institucional.
Exposición de motivos
La calidad democrática está directamente relacionada con el nivel de profesionalización con que se realizan los nombramientos al frente de los organismos reguladores, las empresas públicas y las autoridades independientes. La literatura
académica disponible demuestra que los países que puntúan más alto en buen gobierno y satisfacción de los ciudadanos con su democracia son aquellos en los que un menor número de empleados deben su puesto a un nombramiento político.
Sin embargo, España es uno de los países de Europa en el que los cambios de gobierno implican el relevo de un mayor número de puestos de trabajo en el sector público. La discrecionalidad en estos nombramientos ha sido históricamente una
tentación para los partidos políticos, y en muchas ocasiones se han utilizado para premiar lealtades o promocionar la carrera de perfiles afines. Estas prácticas van en detrimento de la
meritocracia y suponen un lastre al buen funcionamiento institucional. Cuando los nombramientos dejan de obedecer a criterios técnicos que garantizan la neutralidad, la independencia y la idoneidad de los nombrados, la calidad institucional
se resiente, y también su eficiencia, añadiendo a este perjuicio un impacto socioeconómico negativo.
La mala asignación de recursos derivada de unos nombramientos cuyo proceso de selección se aleja de los criterios técnicos que debiera guiarlos tiene unos costes que algunos economistas cifran en varios puntos del PIB. Con todo,
probablemente, el efecto más nocivo de la sobrepolitización de los nombramientos es el que tiene lugar sobre la percepción que los ciudadanos tienen de sus propias instituciones. A diferencia de lo que sucede en los regímenes autoritarios o
totalitarios, que se fundan y perpetúan sobre ejercicios de coerción política y social, lo único que sostiene a las democracias liberales es la aceptación del sistema por los que viven bajo su ley. Como observó Locke, no hay más gobierno legítimo
que aquel que tiene el consentimiento de sus gobernados. Por eso, lo único que no puede permitirse una democracia liberal es que sus ciudadanos dejen de creer en sus instituciones. Y no hay duda de que la politización y la colonización
institucional contribuyen a erosionar la confianza de los españoles en el sistema.
Encuestas recientes señalan que las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, mientras que el Parlamento y los partidos políticos obtienen la peor nota. Que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tengan un nivel de aprobación alto es, sin duda, una gran noticia y una de las razones por las que España puede sentirse orgullosa de su proceso de transición democrática. Sin embargo, que las instituciones
mayoritarias, aquellas que se configuran por medio del sufragio, provoquen un rechazo creciente entre los encuestados debería constituir una razón para la preocupación. Se trata de una cuestión de primer orden que debe ser abordada sin demora, y
cualquier análisis honesto que se haga debe advertir que las malas prácticas de algunos partidos, la colonización institucional y la politización de los nombramientos públicos contribuye a esa espiral de descrédito social.
La situación se ha agravado, además, en los últimos años. Durante la legislatura en curso se ha batido el récord histórico de gasto en asesores y altos cargos del Gobierno, al tiempo que se suceden los nombramientos en los que es posible
rastrear vínculos e intereses de partido que se anteponen a los criterios de mérito y capacidad. El Consejo General del Poder Judicial ha rehusado por primera vez avalar la idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno como Fiscal General del
Estado y el Tribunal Supremo ha anulado por unanimidad el nombramiento de una exministra como presidenta del Consejo de Estado. Todo esto coincide en el tiempo con una situación de inestabilidad económica y crisis inflacionaria que convierte
cualquier abuso del poder en particularmente execrable y lacerante.
Por esta razón, los partidos políticos deben mostrar el mayor interés en actuar como agentes de la regeneración democrática e institucional, y redoblar el esfuerzo fiscalizador sobre los excesos del poder. La experiencia comparada y la
evidencia académica demuestran que hay una correlación directa entre calidad institucional y desempeño socioeconómico. Si queremos caminar en la senda de los países del mundo con mayor bienestar económico y social, debemos también abordar la
empresa de la regeneración y la despolitización institucional. En ese camino, es fundamental establecer normas y criterios para que los nombramientos en el sector público se guíen por el mérito, la neutralidad y la experiencia, de modo que
conduzcan a la excelencia, la profesionalidad y la eficiencia.
El precio de no hacerlo no es, simplemente, el de quedarnos como estamos, sino el de continuar deslizándonos por una pendiente de la que cada vez será más costoso volver, y al final de la cual está la tentación del populismo antisistema y la
amenaza iliberal.
Por todo ello, se propone la creación de una Subcomisión para la despolitización del sector público y el refuerzo de la autonomía e independencia de los organismos reguladores y las autoridades independientes, con el objetivo de elaborar un
dictamen de evaluación y propuestas que orienten la acción legislativa en aras de la mejora de la gobernanza y la regeneración institucional, en el seno de la Comisión para la auditoría de
la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, cuyas características serán:
Objeto de la Subcomisión
Efectuar un estudio y análisis de los nombramientos en el sector público, los organismos reguladores y las autoridades independientes para elaborar un dictamen de evaluación y propuestas de mejora, tanto legislativas como para eliminar las
disfuncionalidades que se han puesto de manifiesto en los procesos de nombramiento.
Con este objetivo se propondrá la comparecencia de autoridades responsables y de expertos en la materia para que, de las conclusiones que se extraigan, se puedan establecer propuestas de mejora que fortalezcan la gobernanza y la calidad
institucional, así como recomendaciones para desarrollar las reformas legislativas necesarias a tal propósito.
1. Composición
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de aquellos Grupos Parlamentarios que tengan más de cien diputados, dos de cada Grupo que tenga entre veinticinco y cien diputados en la Cámara, y un representante de cada uno de los
Grupos Parlamentarios restantes.
2. Adopción de Acuerdos
Para la adopción de Acuerdos en la Subcomisión se seguirá el criterio del voto ponderado.
3. Información y funcionamiento
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996 sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones de la Cámara,
para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
- La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales, expertos y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia.
- Los informes y documentación que resulten pertinentes para el estudio comparado de las experiencias existentes en la materia en países de nuestro entorno.
4. Plazos
Los trabajos de la Subcomisión concluirán a los seis meses a contar desde el inicio de los mismos, o en su caso, al finalizar el periodo de sesiones siguiente de aquel en que resulte constituida.
No obstante lo anterior, el plazo previsto en el párrafo anterior podrá ser objeto de prórroga por el Pleno de la Cámara cuando los trabajos de la Subcomisión así lo aconsejen, a juicio de la Mesa del Congreso, y previa propuesta motivada de
la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis
migratoria de las Islas Canarias, para su debate en Pleno.
La fuerte presión migratoria que se vive en Canarias se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia de la inestabilidad política en la región de África Occidental, especialmente en el Sahel, y la salida de miles de personas,
muchos de ellos niños, niñas y adolescentes, tratando de encontrar una vida mejor en Europa.
El conocimiento desde el pasado mes de julio, tanto por parte del Gobierno de España como de la Comisión Europea, del aumento de la llegada de cayucos y pateras, así como de la previsión de que esta situación podría prolongarse en el tiempo,
no solo por la inestabilidad en la región, sino por las buenas condiciones para la navegación marítima, hace necesario un mayor impulso y compromiso en las medidas preventivas. Los acontecimientos actuales urgen a atender esta realidad y a adoptar
un protocolo de actuación que implique la necesaria modificación y coordinación del Gobierno de España con las autoridades autonómicas y locales canarias para actuar de forma eficaz.
Las diversas circunstancias que hoy concurren en nuestro entorno geográfico como son el importante crecimiento demográfico, los efectos negativos derivados del cambio climático, las desigualdades sociales, determinados conflictos armados,
golpes de estado, etcétera, están generando, de forma cada vez más frecuente, flujos migratorios desde algunos países de la zona hacia Europa, con especial incidencia en Canarias.
Partiendo de esta realidad, así como de los antecedentes acaecidos en el pasado, es un hecho que seguiremos soportando de forma continuada una intensa presión migratoria. En consecuencia, resulta urgente adoptar y profundizar en todo un
conjunto de políticas que permitan abordar un sistema de acogida flexible y adaptable a la intensidad de los flujos migratorios.
La evaluación de las experiencias acumuladas nos permite llegar a la conclusión de que es necesario seguir insistiendo en la mejora de la eficacia del sistema para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a estas personas que han puesto en
riesgo sus vidas con a esperanza de encontrar un futuro mejor. Las mejoras que se deben implementar en
el actual sistema de acogida pueden resumirse en la necesidad de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad; que mejore la coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con
competencias en la materia; la adecuación de las infraestructuras para la recepción en costas y el aumento de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables; procedimientos que agilicen el traslado inmediato a las instalaciones
adecuadas; mejoras estructurales en la gestión.
Canarias recibió 39.910 personas migrantes en 610 embarcaciones durante el pasado año 2023, siendo la principal ruta migratoria en España y una de las que sufren una mayor presión y mortandad en Europa.
Se hace constar que los presentes acuerdos ya han sido suscritos en el Parlamento de Canarias por todas las fuerzas políticas con representación en el mismo.
Por todo ello, ante las previsiones sobre la creciente presión migratoria que se vivirá en las islas, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que se cometan las siguientes acciones, que se ejercerán con pleno derecho de los derechos fundamentales y las obligaciones fundamentales.
1. Que, en aplicación del artículo 6.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno del Estado acometa la modificación de las Comisiones Delegadas para la recuperación de la relativa a Asuntos Migratorios para garantizar la
coordinación entre los diferentes departamentos con competencias en la materia con respecto a la gestión de la crisis migratoria que se vive en Canarias y a los futuros procesos migratorios.
2. Que se establezca un sistema de coordinación permanente dentro del Gobierno del Estado. La gestión de los variados aspectos que se derivan de la migración está encomendada a diferentes órganos dentro de la Administración. Este sistema
disperso provoca deficiencias en la gestión que deberían resolverse para poder conjugar los variados intereses en juego. Se trata de buscar un modelo de integración y coordinación de los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración
General del Estado como de las diversas comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Este modelo debería incluir un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) para atender adecuadamente sus competencias en la materia,
especialmente reforzado en las comunidades donde se registra una mayor presencia de personas extranjeras.
3. Que se aplique, definitivamente, una política migratoria consensuada para evitar que se continúe trasladando una imagen de alarma y descoordinación, que solo contribuye a intensificar el miedo en la población y a alimentar los discursos
y delitos de odio.
4. Que se mejore la respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas canarias, planificando una red o estructura de acogida estable en todo el territorio del Estado y permitiendo la movilidad o traslado de las personas migrantes
por el conjunto de comunidades autónomas. Establecer, para ello, una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, sin discriminación por razones de nacionalidad, desde Canarias a la Península, especialmente para aquellas personas con
perfiles vulnerables, evitando convertir las islas en grandes campos de retención de personas migrantes.
5. Que se renueven y amplíen los acuerdos adquiridos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para que se impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas coordinado por el Gobierno,
para la atención de niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares cercanos.
6. Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan.
7. Que se dote de personal y medios materiales suficientes a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar la plena cobertura, especialmente en las zonas de llegada y atención de los migrantes. Asimismo, se ayude a
las organizaciones y entidades que están prestando su apoyo como la Cruz Roja Española y Protección Civil.
8. Debido a la situación que se está viviendo en las costas de Canarias y teniendo en cuenta que el peso de las operaciones de rescate de personas migrantes es asumido por los tripulantes de los medios marítimos, principalmente de las
unidades tipo Salvamar y Guardamar, el Gobierno deberá mantener todo el dispositivo actual de medios desplegado en las Islas Canarias para atender las emergencias de salvamento en el mar, garantizando la operatividad eficiente de manera permanente
cumpliendo con la legislación respecto a las horas de guardia.
9. Que se continúen desarrollando los planes de contingencia y de emergencia existentes para dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades de atención y protección de las personas procedentes de flujos mixtos de inmigración.
10. Que se eleve a la Comisión Europea una petición formal para que realice un mayor despliegue del Frontex en Canarias y habilite los fondos y los recursos necesarios para atender el drama humanitario que se vive actualmente en Canarias.
11. Que se dote al archipiélago canario de una red de acogida capacitada para situaciones derivadas de episodios de emergencia por las importantes llegadas de personas migrantes por vía irregular. Esta red se diseñará en colaboración y
coordinación con las administraciones autonómicas, insulares y locales, a través de un órgano de gobierno y cogestión de la acogida humanitaria. Es necesario que la gestión de las plazas asignadas por islas y municipios se realice de manera
equitativa, para evitar puntos de saturación, priorizando la estabilidad social y unos espacios adecuados para una acogida digna, así como para garantizar la convivencia en los espacios colindantes. Se redimensionará adecuadamente la red de acogida
en cuanto al número de plazas de acogida humanitaria de emergencia existentes, que tendrán la consideración de plazas de tránsito, de manera que sea operativa, sostenible y flexible, que desarrolle mecanismos de atención integral e inclusiva y que
se pueda adaptar a los diferentes flujos de llegadas.
12. Que el Ministerio del Interior cumpla el compromiso de incluir al Gobierno de Canarias en las reuniones de coordinación en materia migratoria, creando una comisión al respecto que formalice la participación de la Comunidad Autónoma de
Canarias en las políticas migratorias que afectan a la ruta canaria.
13. Que se impulse la elaboración de una normativa estatal y europea integral y coordinada que desarrolle el concepto de solidaridad obligatoria y de responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular y de atención de los
menores no acompañados. Además, es necesario unificar y determinar protocolos uniformes sobre la determinación de la edad, la insuficiencia de servicios de protección, las dificultades para ofrecer itinerarios educativos adecuados y el frecuente
abandono voluntario de los servicios de protección. También resulta necesario el establecimiento de un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades autónomas coordinado por el Gobierno del Estado.
14. Que se mantenga y mejore la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y de tránsito de los flujos de inmigrantes, a fin de que constituya un instrumento crucial para la ordenación y gestión regular de los
movimientos de personas, que permita salvar vidas y luchar contra las mafias y la trata de seres humanos, garantizando los acuerdos internacionales de derechos humanos.
15. Que se establezcan criterios claros para la priorización geográfica de las políticas de cooperación para el desarrollo, identificando los países diana con más riesgo de desestabilización o con mayor incidencia de las causas raíz de la
migración, sin menoscabo de las prioridades establecidas por la política exterior española dentro de la UE.
16. Que se impulsen canales y vías de migración laboral, agilizando los procesos de tramitación de estancias para estudios con el objeto de posibilitar que las personas migrantes puedan llegar a España con un contrato o matrícula de
estudios desde su país de origen.
17. Reinstaurar la posibilidad de que las personas puedan solicitar en las embajadas y consulados de sus países de origen las peticiones de asilo.
18. Que se continúe reforzando desde el conjunto de las administraciones públicas y desde todos los prismas de la sociedad civil las políticas de lucha contra el discurso y los
delitos de odio, así como la implementación de buenas prácticas de sensibilización y concienciación sobre la población migrante.
19. Que se insista en la necesidad de proporcionar apoyo logístico, económico y humano a las comunidades más afectadas por la presión migratoria, especialmente a Canarias, articulando un fondo económico específico para contribuir a la
financiación de los servicios municipales y autonómicos que se ven afectados por la atención e integración de las personas migrantes.
20. Que se impulsen las soluciones legislativas que sean necesarias para tener una normativa estatal básica que dé cobertura a las cuestiones anteriormente planteadas y que den un marco de seguridad jurídica y estabilidad con el que
afrontar los flujos migratorios con la adecuada solidaridad interregional.
21. Que se avance junto con el Estado en el traspaso de las competencias de Salvamento Marítimo y en materia migratoria, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Para que las mismas se desarrollen con eficacia es necesario contar
con los recursos humanos y medios materiales adecuados, cumpliendo plenamente con el principio de suficiencia financiera y con la solvencia necesaria para dar respuesta al drama humanitario.
22. Que se exija de todas las administraciones públicas y acorde a sus competencias un trato digno a los inmigrantes llegados a Canarias, tanto en la respuesta a la emergencia como en las necesidades de carácter social que sean precisas,
dando ejemplo ante el drama humanitario que sufren personas que son víctimas de circunstancias no deseadas.
23. Garantizar que los acuerdos de España con terceros Estados superen su visión economicista y procuren la creación de condiciones de desarrollo sostenible y seguridad humana desde el marco internacional de derechos humanos, la Agenda 2030
y los principios de diligencia debida.
24. Que se garantice una política de traslados ágil, transparente y sistematizada, desde Canarias hacia el resto de España y de Europa, evitando que las Islas puedan convertirse en campos de retención.
25. Que se garanticen los derechos de todas las personas migrantes de acuerdo con el marco jurídico establecido, adaptando el turno de oficio a los sistemas de atención, con una asistencia jurídica individualizada, traducción e
interpretación.
26. Establecimiento de un mecanismo ágil para la detección de las personas en las que concurren circunstancias de especial vulnerabilidad, especialmente en relación con los menores no acompañados, para su urgente derivación a recursos
especializados.
En el caso de la Comisión Europea, le reclamamos que se aplique la misma hoja de ruta aprobada para la isla de Lampedusa, en Italia, acometiendo las siguientes acciones:
1. Que refuerce el apoyo a España por parte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) y la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para gestionar el elevado número de inmigrantes y garantizar el registro de las llegadas, la
toma de huellas dactilares, el interrogatorio y la remisión a las autoridades correspondientes.
2. Que apoye el traslado de personas fuera de Canarias, incluso a otros Estados miembros, utilizando el mecanismo de solidaridad voluntaria y con especial atención a los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
3. Que desarrolle una política de incentivos a los retornos voluntarios, emprendiendo un acercamiento renovado y concertado a los principales países de origen de los recién llegados para mejorar la cooperación y facilitar la readmisión.
4. Que apoye la prevención de salidas estableciendo asociaciones operativas en materia de lucha contra las mafias organizadas que trafican con personas.
5. Que intensifique la vigilancia fronteriza en el mar y la vigilancia aérea, incluso a través de Frontex, y explore opciones para ampliar las misiones en el Atlántico.
6. Que incremente las campañas de sensibilización y comunicación para desincentivar la ruta con Canarias, al tiempo que se continúe trabajando para ofrecer alternativas como la admisión humanitaria y las vías legales.
7. Que se intensifique la cooperación con las ONG que trabajan sobre el terreno, en el continente africano y la OIM para adoptar un enfoque integral basado en rutas para garantizar la protección a lo largo de la ruta y aumentar el retorno
voluntario asistido desde los países de tránsito.
8. Que se replantee la política diplomática y de cooperación al desarrollo comunitaria para que se abran canales de cooperación y colaboración permanente con los estados africanos que busquen soluciones a los retos globales y en especial a
los aspectos que afectan a los flujos migratorios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2024.-Cristina Valido García, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Ignacio Hoces Íñiguez, Ricardo Chamorro Delmo y Patricia Rueda Perelló, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de reprobación de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 19 de enero de 2023, la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, realizó unas declaraciones durante una entrevista en el programa de TVE 'La Hora de la 1', en las que
criticaba la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Sr. García Castellón, en relación con el caso 'Tsunami Democrático'. Concretamente, las declaraciones fueron las siguientes: 'Hay que respetar la separación de
poderes, incluido el Poder Judicial, a jueces y magistrados. Pero eso no impide que haya personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse hacia un sitio y en un momento oportuno
frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial' 1.
Estas declaraciones se han realizado en el contexto de la campaña orquestada por el actual Gobierno de España para blanquear a los separatistas catalanes que protagonizaron el golpe de Estado de octubre de 2017 y el terrorismo callejero que
se vivió antes y después del referéndum para separar a Cataluña del resto de España.
Parte de esta campaña es la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso que persigue una inconstitucional amnistía de los golpistas catalanes y otra serie de actuaciones, que tiene como único objetivo el apoyo de los
grupos separatistas para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una de las actuaciones adicionales a la amnistía apoyadas por los partidos del Gobierno e impulsadas por sus socios separatistas es la de juzgar, desde el propio
Congreso de los Diputados a través de comisiones de investigación, decisiones judiciales que no son políticamente favorables a la izquierda y a los separatistas. Esto supone un ataque hacia los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.
A comienzos de noviembre de 2023, el magistrado-juez Manuel García Castellón solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial ('CGPJ') por unas manifestaciones
1 https://www.rtve.es/noticias/20240119/gobieron-ribera-critica-querencia-juez-garcia-gastellon-pronunciarse-momentos-politicos-sensibles/15923270.shtml
vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio y por otras de la portavoz del Ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, emitidas en una rueda de prensa. Esta solicitud fue admitida a
trámite por el CGPJ 2.
También la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo inadmitió a trámite en diciembre de 2013 una querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Sr. García Castellón, y el magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Sr.
Gadea, al no apreciarse indicios de delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación a Podemos y a sus líderes por supuesta financiación ilegal 3.
La Comisión Permanente del CGPJ, el órgano de gobierno del Poder Judicial -es preciso recordar en este punto la separación de poderes consagrada en la Constitución Española-, emitió un comunicado en noviembre de 2023 mostrando su total
rechazo: 'Ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al 'lawfare' -judicialización de la política- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura y,
especialmente, frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de
'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales' 4.
En relación con las inadmisibles declaraciones de la Sra. Ribera, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado 19 de enero de 2024 una declaración institucional del siguiente tenor:
'Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles... Hay algunas personas... que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno
frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial.
Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el
cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión
Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la
prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho.
La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación
en curso de los hechos.
Por eso, como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente
apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la
2 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-acuerda-tramitar-la-solicitud-de-amparo-del-magistrado-Manuel-Garcia-Castellon
3
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-inadmite-una-querella-de-Podemos-contra-los-jueces-Garcia-Castellon-y-Joaquin-Gadea-por-la-reapertura-de-la-causa-de-financiacion-ilegal
4 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-Comision-Permanente-en-relacion-con-las-referencias-al-lawfare-contenidas-en-el-acuerdo-suscrito-hoy-por-el-PSOE-y-Junts
utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial 5.'
Ante la inadmisible campaña del Gobierno y de sus socios separatistas para minar y controlar a los jueces, es imprescindible que otro de los poderes del Estado reconvenga al Gobierno a fin de proteger la democracia y evitar la injerencia
entre poderes.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Acuerda reprobar a la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por sus declaraciones contrarias a la separación de poderes.
2. Insta al Gobierno a que cese inmediatamente en sus ataques y críticas infundadas al Poder Judicial y a sus miembros, respete la separación de poderes y se abstenga en un futuro de realizar maniobras que tiendan a controlar al resto de
poderes del Estado, manteniendo la legalidad constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2024.-Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
162/000105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para
garantizar unas condiciones de jubilación digna de abogados y procuradores adscritos a sus mutualidades de protección social, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En los últimos meses se ha hecho pública por algunos colectivos de abogados y procuradores que existe una gran preocupación por su sistema de protección social y, en particular, por las reducidas percepciones de jubilación que recibirán tras
años dedicados al ejercicio de la profesión y realizando durante ese tiempo las aportaciones correspondientes según la normativa aplicable en cada momento.
Hasta 1995 la protección social de la abogacía y la procura se prestaba exclusivamente a través de sus respectivas mutualidades, entidades sin ánimo de lucro, creadas por los colegios profesionales a mitad del siglo XX. Sistema de
protección social que se configuró de adscripción obligatoria en el momento de la colegiación para el ejercicio de su actividad, sin posibilidad de acogerse al sistema de seguridad social y que, esencialmente, cubría la prestación de jubilación.
En 1995 se introduce legalmente la alternatividad para estos profesionales admitiendo que pudieran optar entre que la protección social se realizara por la mutualidad o mediante afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos de la
seguridad social (RETA).
5 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Declaracion-institucional-de-la-Comision-Permanente-de-19-de-enero-de-2024
No se permitió que las aportaciones ya realizadas se trasladaran al RETA en el caso de optar por ese sistema.
En 2005, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, que regula también las mutualidades de
previsión social, las Mutualidades de la Abogacía y la Procura (con las peculiaridades propias de la adaptación en la práctica de cada una en el periodo transitorio), pasan de un sistema de caja común a un sistema de cuenta individualizada. De esta
forma, el mutualista recibe una prestación en el momento de su jubilación correspondiente a la totalidad del importe ahorrado a través de sus aportaciones individuales, más la rentabilidad acumulada menos los gastos de administración y de cobertura
de riesgo que tenga suscritas.
A partir de ese cambio, la prestación de jubilación depende de las aportaciones realizadas de forma individual hasta la fecha más la rentabilidad acumulada neta de gastos. Tampoco en este momento se autoriza el traspaso de aportaciones al
RETA.
Con los distintos cambios normativos la casuística de mutualistas y su vinculación a las mutualidades es muy diversa. Por ello, no cabe adelantar soluciones únicas o simplistas. Es necesario un conocimiento detallado de esas situaciones y
la de las propias mutualidades para poder afrontar con rigor la aprobación de medidas y cambios normativos sin generar desconfianza, inseguridad o nuevos problemas y perjuicios para los mutualistas ni para el Sistema Nacional de la Seguridad Social.
En todo caso, resulta indiscutible que debe tomarse conocimiento de la situación generada para miles de profesionales que, después de muchos años trabajando, comprueban ahora que la jubilación a la que podrán acceder es muy reducida y que deben
estudiarse sin demora las medidas oportunas con la ponderación y el rigor necesarios.
El Partido Popular prestó atención desde el principio a la problemática denunciada por distintas agrupaciones, asociaciones de abogados y colegios profesionales, estudiando la situación y recibiendo información de colegiados, plataformas,
asociaciones, colegios y mutualidades. Siendo conscientes de la alarma creada y de lo sensible del tema, incorporó en su programa electoral para el 23 de julio la medida 25 en la que se compromete a analizar la situación de los mutualistas
alternativos en aras a promover junto a las mutualidades unas condiciones de jubilación dignas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones, teniendo siempre en cuenta la defensa de los intereses de todos los actores implicados, así como del propio Sistema Nacional de la Seguridad Social:
1. Constituir lo antes posible una Comisión integrada por la representación de las Mutualidades de la Abogacía y la Procura, del Ministerio competente en materia de Seguridad Social, de los Consejos de la Abogacía y la Procura y de las
asociaciones y plataformas de los profesionales afectados para que analice en profundidad las distintas situaciones que concurren en los mutualistas de ambas entidades. En particular, la viabilidad, oportunidad y condiciones para que los llamados
mutualistas alternativos puedan trasladar al RETA las cantidades cotizadas en las respectivas mutualidades profesionales, computando a efectos de devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, previa ponderación de las cantidades
ingresadas y de los periodos cotizados. Dicha Comisión formulará las propuestas normativas más adecuadas y ponderadas para garantizar unas condiciones de jubilación dignas a abogados y procuradores, teniendo presente el interés económico y
financiero de todos los mutualistas, el trato equitativo con el resto de autónomos y trabajadores y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
2. Estudiar y, en su caso, regular un tratamiento fiscal adecuado y no discriminatorio en la recuperación del ahorro aportado por los mutualistas alternativos.
3. Analizar una posible mejora de las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Esteban González Pons y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ampliación del Aeropuerto
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat propicia la generación del 6,8 % del PIB de Catalunya y genera 39.000 puestos de trabajo directos y otros 218.000 indirectos.
La capacidad actual del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat es de 55 millones de pasajeros. En 2019 se alcanzó un récord histórico con cerca de 53 millones, rozando el límite de capacidad.
En noviembre de 2023, se ha alcanzado un récord histórico con 3,83 millones de pasajeros en un mes de noviembre. Hasta noviembre de 2023 los datos anuales de pasajeros del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat, superan los 46
millones con un incremento del 20 % en relación con 2022, aunque sin alcanzar las cifras de 2019.
En febrero de 2018 se presentó el Plan Director del Aeropuerto de El Prat (2017-2026) que contemplaba unas inversiones de cerca de 2.000 millones de euros y preveía aumentar la capacidad a 70 millones de pasajeros, así como actuaciones en el
aeropuerto de Girona-Costa Brava para su conexión, en alta velocidad, con el aeropuerto de El Prat.
En julio de 2021 se plantea un nuevo escenario para el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat (DORA II 2022-2026), con el objetivo de poder alcanzar las 90 operaciones/hora (actualmente limitadas a 80) y aumentar la capacidad a 70
millones de pasajeros. Ello supondría disponer de una pista de longitud suficiente para operaciones de largo radio con aeronaves de mayor tamaño y la construcción de un terminal satélite entre pistas. En este caso se descarta la complementariedad
con el aeropuerto de Girona debido a la distancia, pero no la accesibilidad en alta velocidad a este aeropuerto para su desarrollo.
Esta propuesta fue desestimada por la falta de consenso entre las instituciones implicadas, fundamentalmente el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a pesar de las valoraciones positivas por parte de diferentes sectores económicos.
Debido a esta falta de consenso, las inversiones necesarias para esta ampliación quedaron excluidas del DORA II (2022-2026) que aprobó el Gobierno en septiembre de 2021.
Se estima que la inversión en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat contribuiría a incrementar el PIB de Catalunya en un 2,1 %, a la creación de 45.000 nuevos puestos de trabajo directos y 146.000 indirectos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
a) A abordar cuanto antes la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat atendiendo a los efectos positivos que sobre la economía catalana tendría.
b) A considerar que en dicha ampliación se deben tener en cuenta los efectos medioambientales, y que en la propuesta definitiva deben ser considerados ya sea mediante medidas reductoras o compensatorias.
c) A realizar todas las gestiones necesarias con las instituciones afectadas para hacer posible la inclusión de la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y
hacer posible la ejecución del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Santi Rodríguez Serra, Héctor Palencia Rubio, Cristina Agüera Gago, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Luis Huguet Tous, Nacho Martín Blanco y Agustín Parra Gallego, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al diseño e implementación
urgente de medidas conducentes al refuerzo del liderazgo y mejora de la competitividad del sector turístico español en el mapa turístico mundial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Tras el cierre del ejercicio turístico 2023 en que el turismo español ha batido en su conjunto un año récord en materia de llegadas de turistas internacionales, facturación y ventas tras recuperarse de las secuelas de una pandemia, y
contribuyendo por consiguiente a posibilitar la recuperación y el dinamismo de nuestra economía gracias fundamentalmente al mayor peso del sector servicios -sobre todo, los vinculados al transporte de viajeros, hostelería y actividades de ocio-, se
impone realizar un análisis de balance desde el punto de vista sectorial sobre las fortalezas, oportunidades, retos, riesgos y debilidades que rodean a la industria turística española con la única finalidad de seguir perfeccionando y reseteando
nuestro modelo turístico, y por consiguiente, ser capaces de conquistar mayores cotas de progreso, bienestar y competitividad hacia la consecución de un liderazgo turístico español renovado en el mundo entero.
Entrando en magnitudes, resulta imprescindible destacar que gracias esencialmente a la sobresaliente capacidad de resiliencia de la iniciativa privada formada por todos los eslabones que componen la cadena de valor turística española -desde
el sector alojativo a aerolíneas y resto de compañías de transportes, establecimientos de hostelería, agencias de viajes y turoperadores, centros de convenciones, balnearios, parques temáticos y empresas de ocio de toda tipología, agencias de
eventos, empresas de alquiler de vehículos, guías oficiales de turismo, negocios turísticos y souvenirs en nuestros destinos, así como del resto de la oferta complementaria-, han hecho posible que la economía turística haya podido consolidar su
recuperación en el conjunto de 2023 con la generación de casi 186.600 millones de euros, lo cual se traduce en una aportación del 12,8 % del PIB, el mayor valor de su serie histórica.
En términos similares, el crecimiento turístico de 2023 en nuestro país se tradujo en la creación de más de 95.000 puestos de trabajo más que en 2022, suponiendo el empleo turístico el 17 % del total del empleo generado en España a lo largo
del pasado año. De acuerdo con los últimos datos procedentes de Turespaña, los afiliados del sector turístico superaron en diciembre de 2023 los 2.590.000 millones y supusieron el 12,5 % del total de los afiliados de la economía del país.
La demanda turística -tanto nacional como extranjera-,creció en 2023 gracias a la prioridad de los viajes sobre otras formas de consumo, culminando un ejercicio con un mayor crecimiento en ingresos (+17,0 % los extranjeros y +22 % la demanda
interna vs. 2019), que de afluencia (+1 % turistas extranjeros y -5,6 % turistas españoles).
No obstante, no se puede obviar que a pesar de las magníficas cifras en términos de ingresos por parte de las empresas turísticas españolas, por segundo año consecutivo en su conjunto la capacidad de mejorar los resultados finales y la
rentabilidad de una cadena de valor turística muy asimétrica y con tendencia a reducido tamaño, se sigue viendo mermada por el intenso aumento de costes en medio de un contexto inflacionista persistente: en 2023 han repuntado los costes financieros
(+18,9 % vs. 2022) y laborales (+7,3 % vs 2022, y acumulando el 17,0 % desde 2021).
De otro lado y en relación con las tendencias y previsiones empresariales para el año turístico 2024 -aun en un contexto geopolítico y económico complejo como telón de fondo-, la estimación inicial anticipa un nuevo récord del PIB turístico
que superaría la cifra de 200.000 millones de euros, elevando su participación en el PIB hasta el 13,4 % del total de la economía española. Estas previsiones de crecimiento estarían apoyadas por la estabilización de los principales factores
macroeconómicos, la recuperación de los flujos británicos y alemanes, la antelación en la venta y el creciente interés por viajar a España gracias a los enormes atributos turísticos, culturales y gastronómicos de los destinos españoles.
En el supuesto de confirmarse el escenario anterior, la actividad turística aportaría el 40 % del crecimiento real esperado de la economía española en 2024, gracias al aumento del +4,6 %, muy por encima del +1,6 % previsto para el conjunto
de la economía española por parte del Banco de España en sus previsiones de diciembre correspondientes a diciembre de 2023.
Sin embargo lo anterior, pese al notable desempeño y buena salud de la joya de la corona de la economía española -elemento estructural de nuestro modelo productivo durante más de medio siglo gracias a su capilaridad y contribución
socioeconómica-, los sucesivos Gobiernos de Pedro Sánchez continúan no sólo sin otorgar al mercado turístico español el espacio preponderante que le corresponde por derecho propio, generando con sus políticas previsibilidad y estabilidad, sino
adicionalmente confrontando y atentando continuamente mediante sus decisiones arbitrarias y sectarias contra los pilares sobre los que se asienta el negocio de la segunda potencia turística mundial.
Evidencia de lo manifestado con anterioridad, sin ir más lejos lo prueba el decepcionante recorte global superior al 40 % experimentado en materia de la Política turística del Estado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023,
al contraerse desde el montante de casi 1.800 millones de euros de los Presupuestos del año 2022, a tan sólo 1.050 millones de euros para la anualidad siguiente; cabe subrayar que lo anterior no resultaría llamativo si no se tratase de un sector
productivo, el turístico, que a lo largo de la pandemia consolidó una pérdida de ingresos equivalente a más de 170.000 millones de euros y parte de cuyas empresas, sin embargo, en 2023 han acelerado anticipadamente la devolución al Estado de más de
110 millones de euros, a lo cual se sumaría los más de 320 millones reintegrados a la SEPI en 2022, procedentes de los préstamos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sin olvidar en paralelo la devolución de los
créditos avalados por el ICO.
Así las cosas, lamentablemente hay que denunciar que a principios de 2024 la industria turística española continúa discriminada y desatendida sin ver hecha realidad la aprobación de un PERTE específico, tal como llevan reclamando sin éxito
los operadores turísticos desde hace años con el único propósito de impulsar la reconversión y el reposicionamiento competitivo de nuestras zonas turísticas maduras generadoras del grueso de los ingresos del sistema turístico español y con la vista
puesta en las siguientes décadas; precisamente en materia de fondos europeos, resulta obligado hacer mención aquí a la enorme preocupación empresarial existente a cuenta de la escasa o nula capacidad de transformación competitiva de los fondos Next
Generation aplicados al sector turístico español hasta el momento, al mismo tiempo que un 90 % de nuestros empresarios
manifiestan no haber tenido acceso todavía a dichos fondos, tal como ha asegurado públicamente Exceltur en nombre de las más de 30 empresas más relevantes de la cadena de valor turística española.
En materia de incumplimientos hay que recordar que con los Gobiernos de Pedro Sánchez se han dejado pasar 5 años sin afrontar de manera adecuada las externalidades negativas del fenómeno creciente de las viviendas de uso turístico,
alimentando con ello de manera interesada una percepción social inmerecida de la actividad turística en forma de la estigmatización del turismo de masas, a la par que dando pie a problemas de sobrecarga en destinos representativos, encarecimiento
desorbitado del precio de la vivienda, empeoramiento de la convivencia, disparidades, falta de transparencia y seguridad jurídica, economía sumergida, etc.
Dentro de la lista de deberes pendientes de los Ejecutivos de Pedro Sánchez no podemos dejar de hacer mención al grave problema crónico de escasez de personal cualificado para nuestras empresas turísticas en un sector intensivo en mano de
obra por definición, poniendo de manifiesto el fracaso del Plan conjunto de formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la extitular de Turismo, Reyes Maroto, aprobado en 2020, cuando sólo durante la pasada temporada alta de verano de 2023 más
de la mitad de las vacantes de hostelería quedaron desiertas y sin cubrir en nuestros destinos, según datos obtenidos por Hostelería de España.
Dentro del apartado de las políticas y decisiones erráticas del Presidente Sánchez y sus socios de Gobierno, resulta inevitable dejar constancia aquí de sus ataques permanentes a la industria aérea, a través de la cual llega cada año a
nuestro país más del 80 % de los flujos turísticos; en lugar de hacer más competitivos los aeropuertos españoles, contribuyendo por citar algunos ejemplos a dar solución a la ampliación de un aeropuerto estratégico como Barcelona-EI Prat de una de
las regiones turísticas más importantes de la oferta española, o acelerando la llegada del AVE a la T4 de Barajas, el Gobierno de Sánchez y las Vicepresidentas Yolanda Díaz y Teresa Ribera optan por la dirección contraria en forma de subida
inmediata de las tasas aeroportuarias de Aena o planteándose en sus acuerdos programáticos perjudicar la conectividad de los aeropuertos españoles mediante la supresión o reducción de los vuelos cortos o de carácter doméstico. De igual manera,
tampoco escaparía al radar del Gobierno de Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, uno de los subsectores turísticos más perjudicados por el COVID-19, nuestras agencias de viajes minoristas, que continúan esquivando la aplicación de una normativa en
materia de registro de reservas que perjudicaría enormemente su operativa y productividad con recursos limitados.
Tampoco puede presumir de progresista un Gobierno que en medios de sus presupuestos más expansivos, continúa castigando y racaneando una justa y razonable remuneración a nuestros empresarios hoteleros y propietarios de balnearios diseminados
por toda la geografía española, forzándolos temporada tras temporada a trabajar con precios absolutamente fuera de valores de mercado en los Programas turísticos del IMSERSO en medio de una tormenta inflacionista que no conoce fin, y comprometiendo
con ello la viabilidad o subsistencia de numerosos negocios turísticos de la España interior y con problemas de despoblación.
Por último, señalar que además de la larga lista de incumplimientos, negligencias o inactividad del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para con el sector turístico español, aun contando con perspectivas empresariales iniciales de carácter
favorable para la demanda turística de 2024, no se puede obviar tampoco algunos factores críticos de incertidumbre, volatilidad y amenazas en forma de la evolución a corto plazo de la política monetaria y la reducción de renta disponible en nuestros
principales mercados emisores; los conflictos internacionales que podrían provocar una nueva crisis económica mundial con repercusiones ya en el transporte marítimo de mercancías, dificultades de abastecimiento e incremento del coste de los
alimentos y bebidas; crisis hídricas en algunas zonas muy turísticas, como el tercio sur peninsular o el archipiélago canario; aumento en los costes laborales y de la Seguridad Social con mayor afección en el caso
de las pymes turísticas; cambio de IVA sobre la electricidad y el gas; las consecuencias derivadas del descontrol del alquiler vacacional en ciertos destinos; etc.
Por todo lo anteriormente expuesto, con la finalidad de continuar profundizando durante el año 2024 en el progreso y mejora de los umbrales de diversificación, desestacionalización, sostenibilidad responsable, competitividad y rentabilidad
en la actividad de todos los subsectores que componen la cadena de valor turística española, poniendo la atención en el potencial de la diversidad máxima de los recursos y activos de nuestros destinos, y promoviendo en definitiva -en estrecha
coordinación y cooperación con las Administraciones territoriales-, la mayor desconcentración, cohesión y modernización de la marca turística España y brindando, en definitiva, todo su apoyo al sector turístico español, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Articulación inmediata de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en máxima coordinación con la iniciativa turística privada, que posibilite entre otros fines, la actualización y transformación
competitiva de los destinos pioneros o maduros como locomotoras históricas de ingresos.
2. Promover como política de Estado la elaboración y desarrollo de una ley turística dentro de las competencias del Estado de planificación económica y con respeto al principio de cooperación, que sirva como herramienta para impulsar la
mejora de la capacidad competitiva de este sector estratégico y vital de la economía española.
3. Estabilizar la actividad turística a corto y medio plazo, contribuyendo a consolidar el negocio turístico en nuestro país asentado sobre tres pilares esenciales: la ordenación turística, mejorar el desarrollo de infraestructuras
adecuadas que faciliten la movilidad y accesibilidad a los destinos y, por último, la promoción turística en el exterior.
4. Combatir en colaboración con las Administraciones territoriales la estigmatización del turismo de masas, poniendo en valor el concepto de sostenibilidad responsable y haciendo compatible el turismo y la calidad de vida de los residentes
en los destinos.
5. Afrontar un replanteamiento de los recursos públicos a asignar al sector turístico español, incrementando la inversión institucional con la finalidad de dar visibilidad al ecosistema turístico como entorno atractivo y favorable para
crecer e invertir, otorgando para ello a la política turística a través de los Presupuestos Generales del Estado una ficha financiera en concordancia con su nivel de participación destacada en la economía productiva, así como asegurando mayores
cotas de seguridad jurídica y ofreciendo garantías de la unidad de mercado ante la inversión extranjera.
6. Adoptar todas las medidas necesarias para elevar la cualificación técnica y profesionalización de los trabajadores vinculados a las diferentes ramas turísticas, incluyendo materias clave tales como el dominio de idiomas extranjeros,
digitalización, sostenibilidad y cualesquiera otros que posibiliten un salto competitivo de los productos turísticos españoles.
7. Apostar por revalorizar la imagen del sector turístico y el sentimiento u orgullo de pertenencia al mismo, así como promoviendo la mejora de las condiciones laborales, reducción de la temporalidad, fomento de medidas vinculadas a una
mayor conciliación de la vida familiar y laboral, diseño de planes de alquiler de viviendas para trabajadores discontinuos, posibilidades reales de reciclaje profesional, desarrollo de carreras profesionales en el sector, etc.
8. Financiar un plan RENOVE Hostelería Española centrado en ayudas de adecuación, mejora y modernización de instalaciones, equipamientos e infraestructura para los establecimientos hosteleros de nuestro país.
9. Dotación de un Programa global de apoyo a las agencias de viaje españolas.
10. Desechar el incremento previsto de tasas aeroportuarias para evitar el encarecimiento de los billetes de avión; así como descartar toda iniciativa orientada hacia
el establecimiento de reducciones o supresiones de rutas de los vuelos de corta distancia o domésticos, que se traduciría automáticamente en una pérdida de competitividad y conectividad de los aeropuertos españoles en favor de otros 'hubs'
europeos, así como en un desincentivo de nuevas inversiones.
11. Habilitar de manera ágil y eficiente todos los mecanismos necesarios en materia de ejecución de los fondos Next Generation asignados al ámbito turístico hasta la actualidad, al objeto de establecer fórmulas de flexibilización de
ampliación de plazos, ampliando los beneficiarios de las respectivas convocatorias para llegar a la iniciativa turística privada, etc.
12. Situar por parte de la Administración Turística del Estado en el epicentro de la estrategia turística española el modelo de experiencia turística diferencial, enriqueciéndola como elemento clave para crecer desde el punto de vista
cualitativo y no sólo cuantitativo; diversificar la oferta de calidad al máximo, creando productos de mayor valor añadido en todos los segmentos.
13. Introducir acciones globales de mejora en los Programas de Turismo Social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas y de Termalismo del IMSERSO, tales como las condiciones económicas aplicadas a los
proveedores, ajustadas a sus costes reales de producción; modernizando parámetros y enriqueciendo la oferta experiencial de las personas mayores y otros usuarios; incrementando la oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar; así como
evitando retrasos injustificados en el calendario de las temporadas en detrimento de las economías locales receptoras de los circuitos IMSERSO.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Sandra Pascual Rocamora, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, Irene Garrido Valenzuela, Laura María Lima García,
Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Tristana María Moraleja Gómez, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Jaime Eduardo de Olano Vela y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la cadena de valor del sector del automóvil y despliegue del vehículo
eléctrico y conectado de Galicia, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El sector de la automoción es estratégico para nuestro país por su aportación al Producto Interior Bruto, la generación empleo directo e indirecto y su influencia en la balanza comercial. A nivel nacional, el sector representa, según los
últimos datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) correspondientes a 2022, el 8,1 % del PIB y un 9 % del empleo total. Además, en el contexto internacional, nuestro país goza de una posición
favorable con una marcada orientación exportadora, puesto que según los últimos datos de la Organización Internacional de Productores de Vehículos OICA, en 2022, España fue el noveno productor mundial y el segundo de la Unión Europea, con una
producción de 2,2 millones de vehículos, de los cuales más del 80 % de los vehículos se destinan al exterior, principalmente en la Unión Europea.
Todo ello demuestra que estamos ante una actividad industrial de fuerte efecto dinamizador sobre la actividad económica y que se configura como pilar fundamental de la industria de nuestro país, especialmente en aquellos territorios con un
peso considerable en su economía y donde se encuentran establecidas las 17 factorías de los principales grupos empresariales, además de proveedores de componentes y compañías auxiliares.
Es el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, donde su actividad automovilística, conformada por más de 200 empresas -entre compañías de fabricación de vehículos, componentes e industria auxiliar- se configura como esencial para el
progreso y desarrollo del territorio. Según datos del Clúster de empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), en 2022, la cadena de valor del sector contribuyó con el 13,8 % del total de la fuerza laboral de la industria, facturando 11.500 millones
de euros y representando sus exportaciones el 27,5 % del total de Galicia. Una industria que, pese a las implicaciones directas que tuvieron la COVID-19 y la posterior guerra en Ucrania sobre la automoción y la movilidad, aumentó su facturación un
3 % respecto al año anterior y fabricó el 19 % del total de los vehículos producidos en España.
La robustez y adaptabilidad del sector en todos los territorios le ha permitido hacer frente a las graves repercusiones sobre la producción y matriculación de vehículos, primero por el alto nivel de incertidumbre y problemas de suministros
de determinadas materias primas a nivel global y, posteriormente, por la crisis energética -debido a la alta dependencia de la LIE con respecto a terceros países de fuentes de energía de origen fósil- y el alza de la inflación.
Sin embargo, esta coyuntura ha tenido una eficaz respuesta por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España de Pedro Sánchez, acelerando la necesaria transformación de nuestro modelo económico hacia uno más sostenible, moderno,
innovador, digital y descarbonizado, donde la industria del automóvil y de la movilidad -protagonizada por el vehículo eléctrico, conectado y compartido- está siendo clave.
Por ello, en julio del año 2021, el Consejo de Ministros, en el marco de los fondos europeos Next Generation EU, aprobó el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado al fortalecimiento de las
cadenas de valor de la industria de la automoción: el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). Sus distintas convocatorias, desde entonces, han permitido desplegar más de 8.500 millones de euros a través de actuaciones integrales a la
cadena industrial y en proyectos de producción de baterías, además de otras medidas facilitadoras que están permitiendo la penetración del vehículo electrificado y su infraestructura de recarga.
El PERTE VEC continúa su desarrollo desplegando inversiones en empresas de la industria de automoción y movilidad en todo el territorio. En este sentido, la Comunidad Autónoma de Galicia ya está beneficiándose de las medidas transformadoras
de impulso de la cadena de valor del VEC como es el proyecto 'ARIES: Automoción Reciclable, Inteligente, Eléctrica y Sostenible' del Grupo Stellantis o medidas facilitadoras, distribuidas entre las comunidades autónomas, como es la ejecución del
programa MOVES dirigido a incentivar la movilidad eléctrica, la compra de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga.
Estas inversiones del Gobierno de España son determinantes para la vertebración de territorio y esenciales para el crecimiento económico de Galicia. Una apuesta decidida por la reindustrialización y transformación de la movilidad que
requiere de la colaboración de las comunidades autónomas, quienes han de participar en el diseño de este nuevo modelo electrificado en un marco de respeto de competencias. Lamentablemente, la Xunta de Galicia mantiene una inacción preocupante, sin
un plan industrial claro, que se ha revelado claramente en la falta de iniciativa para instalar en Galicia una nueva industria vinculada a la automoción. Frente a ello, el intenso trabajo desplegado por el Gobierno para que Galicia no se quede
atrás -y teniendo en cuenta que la Xunta tiene competencia en materia industrial-. El propio Consello Económico y Social (CES) de Galicia ya urgió a la Xunta para que pusiera en marcha un plan de reindustrialización, teniendo en cuenta los
importantes retos a los que se enfrenta nuestro tejido productivo.
Galicia requiere de una hoja de ruta para impulsar el vehículo electrificado, consensuada con el sector, que logre reforzar su industria y generar un entorno competitivo y propicio para el desarrollo de nuevos proyectos como el del Grupo
Stellantis, en Vigo, de establecer una plataforma de producción de modelos eléctricos STLA Small, con la que permitirá fortalecer la estabilidad laboral y propiciar la creación de nuevo empleo adicional. Una apuesta en la que el Gobierno de España,
en el ámbito de sus competencias, ya está trabajando. Facilitando la inyección de inversiones del PERTE VEC o con la reciente modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía 2021-2026, introduciendo la nueva red de alta
tensión de 220 kW entre Pazos de Borbén y la subestación eléctrica en el polígono de Balaídos.
Por último, no hay que olvidarse de la necesaria transición energética hacia la que avanza nuestra economía, que ha de ser justa e inclusiva. Desplegando instrumentos que impulsen la penetración de las energías renovables para lograr la
descarbonización de nuestro tejido industrial con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas antes de 2050, en línea con las políticas fijadas por la UE en el Plan REPowerEU y consolidadas recientemente en el acuerdo de la 28.ª Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Para ello, el Gobierno de España está comprometido con la mitigación del cambio climático poniendo en marcha diferentes planes y estrategias como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 o la Estrategia de Transición Justa.
En este sentido, recientemente, el Ministerio de Industria y Turismo ha publicado la primera convocatoria del PERTE de Descarbonización Industrial, dotada con 1.000 millones de euros, correspondiente a la línea de actuación integral para la
descarbonización de la industria manufacturera. Esta convocatoria permitirá apoyar actuaciones de reducción de emisiones directas de instalaciones industriales, mejorar la eficiencia energética, impulsar instalación de energías renovables de
autoconsumo y medidas de l+D+l, entre otras actuaciones.
Por todo ello, y con el ánimo de lograr que la industria sea más competitiva, eficiente y sostenible en el despliegue del vehículo eléctrico y conectado, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El mantenimiento y desarrollo de inversiones para toda la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado de Galicia, así como en aquellas comunidades con una significativa presencia del sector, que les permita asegurar un
ecosistema atractivo y competitivo para el desarrollo de proyectos de automoción innovadores, la atracción de nuevas inversiones industriales y el aseguramiento del empleo.
2. Recabar el compromiso de la Xunta de Galicia con la industria de la automoción y la movilidad eléctrica a través del desarrollo de programas propios específicos destinados a la transformación del sector con el objetivo de participar en
la estrategia del Gobierno de España de apostar por proyectos industriales competitivos y de creación de un Hub Europeo de electromovilidad.
3. Afianzar las actuaciones sobre la nueva red de alta tensión de 220 kW, lo que permitirá aprovechar las oportunidades generadas por la presencia de energías renovables en la industria y favorecer el desarrollo de nuevas inversiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2024.-Adriana Maldonado López, María Adrio Taracido, Margarita Martín Rodríguez, José Manuel Miñones Conde, David Regades Fernández, Obdulia Taboadela Álvarez, José Ramón Gómez Besteiro y
Modesto Pose Mesura, Diputados.-Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000110
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Proposición no de Ley relativa a la protección de los cítricos valencianos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y
publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, en conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los cítricos valencianos, para su debate en
Pleno.
Exposición de motivos
El año 2024 ha empezando golpeando duramente el sector de los cítricos valencianos. La reciente llegada al puerto de Castelló de un envío que contenía cerca de 3.000 toneladas de naranjas egipcias en plena campaña de cítricos valencianos
así lo certifica. Así mismo, las bonificaciones en las tasas portuarias aplicadas a los cítricos importados de terceros países (bonificaciones del 40 % al Puerto de Castelló y 30 % al puerto de Valéncia) están provocando mucha incertidumbre e
inquietud entre las personas que viven y trabajan de los cítricos al País Valenciano.
Asimismo, teniendo en cuenta los diversos documentos de importaciones de cítricos por parte de la Unión Europea, elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las importaciones de naranjas egipcias han experimentado un
alarmante aumento desde 2014, llegando a cifras récord en 2023 con un total de 487.753 toneladas importadas (enero-septiembre). Este incremento supone un 109,1 % más respecto al año anterior y un 84 % en comparación con la media de los cinco años
anteriores.
Así las cosas, todo hace prever un aumento considerable en las importaciones durante el año 2024 por parte de empresas comerciales españolas. Todo apunta a que las repercusiones para los citricultores valencianos serán dramáticas dado que
muy probablemente verán disminuidos los precios de sus productos o, en el peor de los casos, tendrán que enfrentarse a la imposibilidad de vender sus cosechas a causa de un aumento no justificado de la competencia. En este aspecto, hay que
recordar, tal y como lo hacen varias organizaciones agrarias valencianas, que las empresas pueden utilizarlo, como así han hecho anteriormente, como una herramienta de presión para llevar los precios a la baja en la negociación de los contratos de
compraventa.
Adicionalmente, hay que destacar la presencia del temido hongo Phyllosticta citricarpa en cítricos egipcios que provoca la enfermedad de la Mancha Negra (Citrus Black Spot), un hongo y una enfermedad ausentes en la Unión Europea. La
detección de este hongo en puertos europeos el pasado mes de julio, en un envío de naranjas procedente de Egipto, genera una preocupación legítima sobre la posible entrada de la enfermedad en los cítricos valencianos.
Además, Egipto ha tenido en 2023 un total de 81 alertas sanitarias, mientras que en 2022 tuvo 42; específicamente en el caso de cítricos, en 2023 ha tenido 32 alertas, frente a las 17 que tuvo en 2022. Estos datos revelan la necesidad de
extremar las precauciones para evitar la entrada de plagas que podrían tener consecuencias devastadoras para nuestras plantaciones.
Otro caso preocupante es el de Suráfrica, que además del hongo Phyllosticta citricarpa, tiene la presencia de la falsa polilla Thaumatotibia leucotreta. Hasta noviembre de 2023, la Unión Europea registró 56 interceptaciones de este país con
la presencia de alguna plaga, mientras que en 2022 tuvo 33 interceptaciones.
Finalmente, a la importancia de la lucha biológica, hay que destacar las implicaciones que tiene sobre el medio ambiente una práctica comercial desmesurada como es el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y la Comunidad para el
Desarrollo de la África Meridional. Acuerdos que, entre otras cuestiones, entran en contradicción con el pilar prioritario de la Unión Europea de hacer frente al cambio climático y mitigar sus efectos, así como con las políticas y las estrategias
de sostenibilidad, De la granja a la mesa y Biodiversidad que contempla el Acuerdo Verde Europeo.
Por todo lo expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso acuerda instar en el Gobierno del Estado a realizar las siguientes medidas:
1. Incrementar las inspecciones y los controles a las empresas citrícolas importadoras para evitar la presencia en cítricos importados de cualquier plaga o enfermedad procedente de las importaciones de cítricos de terceros países en plena
campaña citrícola valenciana.
2. Incrementar las inspecciones y los controles a las empresas citrícolas importadoras para evitar el reenvío con una etiqueta de procedencia de la fruta que no se corresponda con la realidad.
3. Instar a las Autoridades Portuarias de Castelló y Valéncia a revocar las bonificaciones de las tasas portuarias a los cítricos procedentes de países con presencia de plagas o enfermedades de cuarentena.
4. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias desde el Gobierno de España para incrementar los controles e inspecciones a los puertos de Castelló y Valéncia (incluyendo el
Puerto de Sagunto y el de Gandía) respecto a las importaciones de cítricos procedentes de Egipto y velo por la seguridad fitosanitaria de las plantaciones de cítricos.
5. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender al si del Consejo de la Unión Europea la aprobación de medidas que evitan la entrada de plagas procedentes de los productos importados desde terceros países.
6. Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a defender al si del Consejo de la Unión Europea la aprobación de medidas que evitan el dumping ambiental y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales
entre la Unión Europea y terceros países.
7. Dar cuenta de esta resolución en el plazo de tres meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el Proyecto de Altri en
Palas de Rei y garantizar la viabilidad de la inversión, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El proyecto de la empresa Altri para establecer una fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, Galicia, representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico y la innovación industrial en Galicia. Sin embargo, la falta de
compromiso del Gobierno y de agilidad en la gestión de los fondos europeos que pueden asegurar la viabilidad del proyecto puede provocar que no prospere.
Aunque el Gobierno de la Xunta está colaborando intensamente para impulsar el proyecto, la implicación tanto del Gobierno como de Altri, desarrollando un plan detallado de ingeniería y asegurando la viabilidad económico-financiera del
proyecto, son imprescindibles para el éxito de la inversión.
Para este proyecto, la financiación es un factor clave. Los retrasos acumulados en las convocatorias de las líneas del PERTE de Descarbonización, aprobado el 27 de diciembre de 2022, pueden incidir negativamente en el desarrollo del
proyecto. Aunque las ayudas públicas no representan el único factor de éxito, resulta un elemento indispensable en el entorno competitivo en el que se encuentra el sector industrial.
Los fondos Next Generation EU y la búsqueda de socios estratégicos que puedan añadir valor y disminuir el riesgo del proyecto, son críticos para consolidar el proyecto de Altri. Esta búsqueda de socios no solo refleja la necesidad de
inversión económica, sino también el deseo de Altri de integrarse y contribuir de manera significativa al tejido económico y social de Galicia.
Además, el rendimiento financiero reciente de Altri, caracterizado por una disminución en ingresos y ganancias, plantea preguntas sobre su capacidad para financiar la inversión en Galicia sin el apoyo adecuado. Esta situación financiera
pone de relieve la importancia de asegurar una financiación estable y robusta para el proyecto.
La eficiencia en el proceso de tramitación y el apoyo gubernamental son esenciales para el éxito del proyecto. La declaración del proyecto como estratégico por la Xunta de Galicia es un paso importante para agilizar su tramitación. Sin
embargo, todavía no se ha garantizado el acceso a los fondos europeos. El apoyo del gobierno central, incluida la inclusión en los PERTE y el acceso a financiación, es fundamental para avanzar.
En resumen, el proyecto de Altri en Palas de Rei es una iniciativa prometedora que puede proporcionar beneficios significativos en términos de empleo, desarrollo económico y avance tecnológico en Galicia. Para que este potencial se
despliegue plenamente, es condición sine qua non que el proyecto reciba el apoyo necesario en términos de financiación, cumplimiento normativo, colaboración público-privada y consideración ambiental. Esta Proposición no de Ley busca asegurar ese
apoyo y guiar el proyecto hacia un futuro exitoso y sostenible.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la viabilidad del proyecto de Altri, su inclusión en los PERTE de Descarbonización y el acceso a fondos europeos.
2. Acelerar el lanzamiento de las líneas del PERTE y las bases de las convocatorias.
3. Colaborar con Altri, los posibles socios potenciales y entidades implicadas en el proyecto para fortalecer la cadena de valor y garantizar un impacto económico y sobre el empleo local positivo.
4. Asegurar transparencia y participación pública en todas las etapas del proyecto.
5. Solicitar que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico incluya de forma inmediata una modificación en la Planificación Eléctrica 2021-2026 a efectos de que se pueda construir la subestación eléctrica necesaria para
garantizar el abastecimiento energético de la planta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López, Cristina Abades Martínez, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja
Gómez, Ana María Pastor Julián, Álvaro Pérez López, Pedro Puy Fraga, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco, Juan Bravo Baena, María Mercedes Fernández González, Esther Llamazares Domingo, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola
Salmerón, Laura María Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel
Velasco Retamosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del sector agroalimentario español en
el nuevo Reglamento europeo de envases y residuos de envases, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante los últimos años, la Comisión Europea se ha marcado el objetivo y ha trabajado intensamente en nuevas maneras de mejorar la productividad y la eficiencia del sistema económico europeo, un proceso que pasa necesariamente por el
impulso de la competitividad de nuestros procesos productivos.
Una parte fundamental de esta transición hacia un sistema más eficiente y sostenible son las políticas para la mejora de la gestión de los residuos, siempre manteniendo el foco en la competitividad de nuestro tejido empresarial.
Para cumplir con estos objetivos, desde la Unión Europea se pone en marcha un nuevo Reglamento europeo de envases y residuos de envases, que se encuentra actualmente en proceso de tramitación en las instituciones comunitarias.
El pasado 22 de noviembre, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el texto con 426 votos a favor, 125 en contra y 74 abstenciones. Este Reglamento tendrá un importante impacto en amplios sectores de nuestra economía, y muy especialmente en
el sector agroalimentario, cuya competitividad puede verse en riesgo si no se reforman algunos de sus artículos más perjudiciales para su actividad.
De esta manera, y como ya ocurrió durante la tramitación de la Ley de residuos y suelos contaminados y el posterior Real Decreto de envases y residuos de envases, importantes sectores del sector agroalimentario han manifestado su descontento
por no haber sido tenidos en cuenta durante las negociaciones del nuevo Reglamento.
También, conviene recordar que, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector agroalimentario en España aporta un valor añadido bruto de más de 100.000 millones de euros, representando en torno al 11 % del PIB, y
da empleo directo e indirecto a más de 2,7 millones de personas en España. Además, cabe destacar que
nuestro país es la 8.ª potencia exportadora agroalimentaria del mundo y la 4.ª de la Unión Europea, donde los envases juegan un papel fundamental en mantener la calidad y seguridad de los alimentos que España exporta.
De estos riesgos para la seguridad jurídica y alimentaria alertó el pasado mes de octubre el sector agroalimentario, representado por agricultores, ganaderos, productores, envasadores, industrias de la distribución y restauración. En un
manifiesto conjunto, estas asociaciones solicitaron al Gobierno de España considerar las implicaciones del nuevo Reglamento de envases y denunciaron la falta de desarrollo de un análisis detallado del impacto medioambiental, económico y social de
las medidas contenidas en el Reglamento.
Entre otras medidas, el sector agroalimentario avisó que la implementación de sistemas de reutilización obligatorios podría costar entre 50.000 y 100.000 euros a cada supermercado. Además, el sector advierte que la introducción de objetivos
obligatorios de contenido de plástico reciclado en los envases plantea un posible escenario de escasez en el mercado de materiales suficientes para cumplir con dichos objetivos, por lo que solicitaron nuevas medidas para garantizar el
abastecimiento.
Es por ello por lo que, en base a su experiencia con la implementación de la directiva de plásticos de un solo uso (SUP), solicitaron más tiempo de adaptación para poder hacer los ajustes en su cadena logística pertinentes.
A ello se suma que España estableció el Impuesto al plástico en enero de 2023 (0,45 por kg de plástico de un solo uso), mientras otros países como Italia y Alemania aplazaron su aplicación. Dicho impuesto incrementa los costes de
producción y lastra la competitividad de las empresas y la industria. Desde su implementación en enero de 2023 hasta el mes de noviembre ha supuesto un sobrecoste de 549 millones de euros, superando las propias previsiones del Gobierno, que
estimaba una recaudación para todo el año de 456 millones de euros. En el actual contexto inflacionario en el precio de los alimentos, consideramos que estas medidas deben ser revisadas.
Sin ninguna duda, la economía circular es piedra angular de un modelo económico de desarrollo basado en la sostenibilidad medioambiental. Los objetivos de producir y consumir de la manera más eficiente nos ayudan a cuidar del medio ambiente
y han de ser también integrados en la vida social y la capacidad de la industria de ser más innovadora y competitiva.
La industria viene realizando importantes esfuerzos para incorporar material reciclado en sus modelos de producción. Su compromiso con la sostenibilidad es indiscutible. Ahora bien, más del 95 % de los procesadores de alimentos y bebidas
son empresas con menos de 50 trabajadores, por lo que pueden tener enormes dificultades para implementar sistemas de reutilización obligatorios, que exigen nuevas infraestructuras de envasado, clasificación, limpieza, flota y logística.
Resulta necesario disponer de estudios de impacto tanto medioambiental como económico de adaptación de nuestra industria, al objeto de conocer cómo impacta en el ciclo de vida de los productos en los distintos sectores y cómo realizar una
transición ordenada sin poner en riesgo la competitividad de nuestro tejido industrial y empresarial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un estudio a nivel nacional del impacto medioambiental, económico y social de las medidas planteadas en el Reglamento europeo de envases para el sector industrial en España.
2. Defender al sector agroalimentario español durante las negociaciones del Reglamento europeo de envases y residuos de envases en el Consejo de la de la Unión Europea, apostando por:
a. Objetivos de reutilización flexibles que no supongan una barrera a su actividad, introduciendo excepciones para productos marca España perecederos como son los
gazpachos, los zumos y las leches, que necesitan de un envasado adecuado para aumentar su ciclo de vida.
b. Medidas que incentiven el reciclaje desde una perspectiva de ciclo abierto, es decir, que promueva la recuperación de materiales para nuevas funcionalidades que no pongan en riesgo la seguridad alimentaria.
c. Promover medidas que garanticen el abastecimiento de plástico reciclado en el mercado europeo, apostando por nuevas tecnologías de reciclaje, como el reciclaje químico.
3. Diseñar incentivos económicos para aquellos sectores que necesiten implementar proyectos piloto de reutilización de determinados tipos de envases y flujos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-César Sánchez Pérez y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de lucha contra la pobreza energética
en empresas y familias, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Con la aprobación del Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el 5 de abril de 2019 se aprobó definitivamente la Estrategia de Pobreza Energética
2019-2024, en la que, por primera vez, se establecía una definición de la situación de pobreza energética y del consumidor vulnerable, realizándose un diagnóstico de la situación en España, determinando ejes de actuación y fijando objetivos de
reducción de este problema social.
Llegado el 2020 se produjo la pandemia, que contrajo la economía, redujo demanda y deprimió los precios en el mercado eléctrico hasta los 40,4 /MWh de media anual, pero el rebote de la reactivación y la invasión rusa de Ucrania se
tradujeron en la intensificación de los desequilibrios -sobre los que el Gobierno no había actuado-, y los precios se dispararon hasta los 118,7 /MWh en 2021 y 204,3 /MWh en 2022. El precio del gas no dejó de batir récords superando sucesivamente
la barrera de los 60 en la primera mitad de 2022 y los 100 /MW en diciembre de 2022.
Es decir, que dada la situación de emergencia energética con los precios más altos de la historia, la actualización de los indicadores correspondiente a 2021 y 2022 eran especialmente necesarios, a fin de adoptar las medidas que pudieran
contribuir a mitigar la situación. Sin embargo, a pesar de lo establecido en la propia Estrategia contra la Pobreza Energética, que señala que 'a más tardar el 1 de octubre de cada año' se publicará la actualización de indicadores, finalizado ya el
año 2023 todavía no están publicados los datos de 2022, una situación de opacidad que poco beneficia a los consumidores vulnerables.
Ante esta opacidad, ha sido el ámbito académico el que ha venido brindando los datos necesarios para evaluar la situación y poder afrontar medidas realmente eficaces. En concreto, la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas ha venido publicando su Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España en estos dos años 2021 y 2022; y sus conclusiones son preocupantes.
El Informe relativo al año 2022 viene a demostrar que la situación de pobreza energética real empeora extraordinariamente, como se ve en la siguiente tabla:
Indicador (%);2021;2022
Gasto desproporcionado 2M;15,22;16,83
Pobreza energética escondida M/2;10,12;11,8
Temperatura inadecuada de la vivienda;14,27;17,08
Retraso en pago de facturas;9,5;9,23
El informe viene a concluir que 4,4 millones de personas sufren retraso en el pago de sus facturas; 8 millones de personas tienen una temperatura inadecuada en sus hogares, aumentando el dato en 1,3 millones de personas respecto a 2021 y en
casi 3 millones respecto a 2020; y 6 millones de hogares, un tercio de los hogares españoles, están en situación de pobreza energética oculta, es decir, con un gasto en energía de menos de mitad del gasto teórico necesario para cubrir sus
necesidades energéticas (térmicas y eléctricas).
Por otra parte, el Informe analiza el escenario contrafactual en el que los bonos sociales térmicos y eléctricos no se hubieran tenido en cuenta y concluye que el impacto en la reducción de la pobreza energética oculta y pobreza energética
severa puede parecer pequeño (un 1,3 % y 2,9 % más, respectivamente), pero resalta el mérito de haber contenido la tendencia al alza en un contexto de precios complicado que vivimos en 2022.
Y es que los datos disponibles lo que ponen de relieve es que las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido eficaces para evitar que el problema de la pobreza energética se haya agravado de manera alarmante durante de los Gobiernos de
Sánchez. La opacidad y falta de información a los consumidores se traduce en que los anuncios del Gobierno se quedan en eso, en anuncios, en medidas que no llegan a tener eficacia práctica porque no todos los potenciales beneficiarios alcanzan a
recibir las bonificaciones o las ayudas prometidas. O porque muchas de las medidas de intervención no se traducen en una rebaja efectiva de la factura final de los consumidores. Lo más que han conseguido, en palabras del Informe comentado, es
'parar el golpe' de un empeoramiento en el pico de la crisis energética en 2022, pero lejos de revertir la preocupante situación de pobreza energética de los hogares españoles.
Además, como indica el Informe, los beneficiarios del bono social son muchos menos de los que deberían ser, con una cifra alejada de los 1,9 millones a los que quería llegar el Gobierno cuando aumentó en marzo los límites de renta permitidos
para tener derecho al bono. Y cifra más alejada aún de las personas que, se estima, están en situación de pobreza energética en España, según todos los indicadores de medición.
Respecto a la última de las medidas de protección adoptadas en 2022 con el RDL 18/2022 y el nuevo bono social eléctrico para hogares con bajos ingresos, Ribera evitaba tildar de fracaso las constatadas 2.000 solicitudes del nuevo bono social
a mayo de 2022, frente a los 1,5 millones de nuevos potenciales beneficiados.
Con el último Boletín publicado de la CNMC, los consumidores acogidos al bono social eléctrico llegaron en junio de 2023 a 1.509.186 consumidores, muy lejos de los 3,5 millones de potenciales beneficiarios que calculaba el Gobierno con
arreglo a las distintas modalidades.
El actual mecanismo de aplicación del bono social vinculado a una tarifa regulada, que a su vez está indexada a un precio muy volátil en el caso de la factura eléctrica e igualmente volátil en el caso del gas, aunque con la última reforma
reducirá su volatilidad, no necesariamente reducirá su coste y, además, seguirá siendo soportado por el resto de consumidores, ya con exceso de cargos y peajes en España. El modelo vigente no es un mecanismo eficiente de protección y es ahí
precisamente donde debemos empezar a cambiar las cosas, cambiando el mecanismo de protección actual como un bono social
adaptado a mecanismo específico de fijación de precios para consumidores vulnerables que cumplan con los requisitos establecidos.
En este punto, hay que ampliar al conjunto del tejido productivo la reflexión del grave daño causado por los precios de la energía en el poder adquisitivo de las familias españolas respecto a la situación de 2018 y, especialmente, a las
PYMES, muchas de las cuales han sido empujadas a una situación de pobreza energética equivalente a la de los hogares, pero sin las medidas de protección establecidos para estos.
Aunque el contexto de la situación de emergencia energética se ha mitigado en nuestro continente por la bajada de precios del gas en los mercados internacionales, desequilibrios propios no resueltos siguen tensionando los precios y
provocando una alta volatilidad, con efectos que, periódicamente, todavía acusan los consumidores españoles.
Por otro lado, si nos fijamos en la vulnerabilidad de la industria electrointensiva, los datos son igual de preocupantes. Así, según el Barómetro Energético de AEGE, a fecha de 11 de diciembre de 2023, las industrias electrointensivas
españolas (Tarifa 6.4) vienen pagando en 2023 la energía eléctrica un +36 % más cara que sus competidoras alemanas y un +120 % más cara que las francesas. Y con el mismo Barómetro, en lo que llevamos de 2024, a 22 de enero, la diferencia se
incrementa, ya que pagan el triple más caro; un +244 % que las francesas y un +285 % que las alemanas.
Según el Índice de Red Eléctrica (IRE), que adelanta la evolución del consumo eléctrico del conjunto de empresas que tienen un consumo eléctrico alto, la demanda de la industria en 2022 cayó un -11,2 %, la mayor caída de la serie histórica.
Según el IRE, la demanda del sector industrial en el primer trimestre de 2023 registró una caída del -6,9 % con respecto al primer trimestre de 2022.
Con datos de septiembre y octubre pasados, puede comprobarse que el Índice General de Cifra de Negocios de la Industria, corregido de efectos estacionales y de calendario, acumula cinco meses con tasas negativas, presentando en los últimos
meses los valores más bajos desde 2020. En septiembre -6,3 %. El Indicador de Clima Industrial acumula 15 meses en negativo, desde julio de 2022. En septiembre se situó en -8,71. El uso de la capacidad productiva está al 76,2 %, y marca en el
tercer trimestre el nivel más bajo desde 2013 (excluyendo 2020 por la pandemia). Además el PMI del sector manufacturero lleva 6 meses de contracción. En septiembre cayeron pedidos y producción, con recortes en empleo. El sector manufacturero está
en una recesión desde el segundo trimestre de 2023.
Con datos de octubre, el Índice de Producción Industrial cae un -12,4 % desde diciembre 2022. En diciembre el IPI estaba por debajo de 100, cuando la base de este índice es enero de 2015, lo cual quiere decirnos que la producción industrial
española en diciembre estaba un poco más de un 3 % por debajo de enero del año base.
Y las ayudas públicas llegan tarde y de manera insuficiente; la industria electrointensiva todavía recibía hace pocas semanas la noticia de la asignación de los 31 millones para compensar cargos en la factura energética, para casi 500
empresas. Y las 'ventajas' del Estatuto de Consumidores Electrointensivos ahora tienen que repartirse entre el doble de empresas para adaptarse a la normativa europea; el número de empresas potenciales beneficiarias pasarían de las 612 actuales,
según Red Eléctrica, a 1.180 entidades, mientras sigue sin aprobarse normativa específica para los grandes consumidores energéticos hiperintensivos. La reciente aprobación de la prórroga por seis meses de la exención del 80 % de los peajes resulta
claramente insuficiente.
Más insuficiente si cabe, teniendo en cuenta que, según el avance de ejecución del Presupuesto General del Estado a noviembre de 2023, la recaudación por Subastas de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero asciende a
3.342.810.000, lo que supone la cantidad más alta nunca recaudada por este concepto por la hacienda española, superando a noviembre de 2023 en 742.810.000 lo previsto para todo el año.
Este dato contrasta, sin duda, con la escasa ejecución presupuestaria del Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero que sitúa los Derechos reconocidos en un 44,6 %
sobre lo
presupuestado, pero más llamativo aún son los pagos realizados, que apenas alcanzan el 0,2 % del presupuestado.
El artículo 30.4 de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, prevé destinar hasta un 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los
efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2, ligadas al consumo de electricidad, para las instalaciones en riesgo de fuga de carbono.
En cuanto al gas, las ayudas de 450 millones de euros para gasintensivos acaban de asignarse a sus beneficiarios, muchos meses después de lo previsto en el RDL 20/2022, de forma que la demanda de gas industrial continúa notablemente baja y
no se vislumbra recuperación alguna. El dato de agosto está un 21,10 % por debajo de agosto de 2019. Un panorama preocupante que refleja el mal momento que atraviesan nuestras industrias.
Mientras tanto, Francia y Alemania han desplegado planes ambiciosos para fortalecer sus sectores clave de energía, en un contexto de cambios significativos en el panorama energético europeo.
El 14 de noviembre el gigante energético público francés EDF y el Gobierno de Francia cerraron un acuerdo que redefine el panorama de la energía nuclear. Sustituyendo al mecanismo ARENH, el nuevo acuerdo establece un precio medio de
alrededor de 70 /MWh para toda la producción nuclear de EDF a partir de 2026 y durante los próximos 15 años, con Contratos por Diferencias.
Hay que recordar también la importancia estratégica de las redes, que necesitan crecer, expandirse y digitalizarse para dar cabida al proyectado despliegue masivo renovable, pero no cuentan con los incentivos adecuados para captar la
inversión necesaria porque el actual marco retributivo español desincentiva la inversión en redes. La media de inversión entre 2015 y 2018 fue de 1.482 millones de euros anuales y, con los actuales límites legales, las inversiones medias entre 2023
y 2030 serían de alrededor de 2.700 millones de euros anuales. Pero con las nuevas previsiones de revisión del PNIEC 2023-2030, la inversión necesaria se eleva a 5.631 millones, el doble del límite legal actual. Incluso esa cifra se queda pequeña,
si tenemos en cuenta que supone 0,45 euros para redes por cada euro invertido en capacidad de generación renovable, cuando la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que es necesario invertir en redes 0,70 euros por cada euro en generación
renovable, un 35 % más de lo que proyecta España y casi el triple de lo permite la legislación actual.
Ante la situación descrita, el Gobierno ha permanecido inactivo durante todo el año 2023, sin adoptar medidas adicionales ni complementarias que permitan una adecuada protección de familias y empresas para afrontar su recuperación de los
altos costes energéticos que han padecido y aún padecen en los últimos años, y sólo tres días antes del final del año y, por tanto, de la finalización de todas las medidas de protección, ha aprobado un Real Decreto Ley 'ómnibus' -el RDL 8/2023- que
es un 'cajón de sastre' en el que se incluyen varias medidas energéticas que desmantelan de manera parcial e inconexa durante 2024 el anterior sistema de protección y entremezcladas con otras que afectan a la eficiencia del sistema eléctrico y con
otras muchas de distinto carácter sectorial.
Aunque esa forma habitual de proceder de los Gobiernos de Sánchez, con uso y abuso de la urgencia y excepcionalidad del Real Decreto-ley, estuvo cerca de frustrar en esta ocasión la convalidación del referido RDL 8/2023 y pese a que la
aprobación de su tramitación como Proyecto de Ley permitirá la presentación de enmiendas, la problemática que es objeto de esta PNL exige un tratamiento diferenciado, singular e integral, que permita a nuestros consumidores energéticos disfrutar de
mecanismos de protección eficaces y predecibles, en tiempo y forma, para superar la crisis energética, evitando la incertidumbre constante de posibles prórrogas in extremis, asimétricas, parcialmente rectificadas y siempre cortoplacistas e
improvisadas, sin visión global y estructural del problema.
Por todo lo expuesto -aunque el Gobierno anuncia más gasto y más recaudación para 2024 y contemplaba entre sus planes que si regresa el IVA de la luz al 21 %
tendrá 1.016 millones de euros más, por el aumento del IVA del gas, la madera y los pellets, 397 millones de euros más y por el Impuesto Especial de Electricidad, 1.032 millones de euros más-, la elevación del IVA del 5 % al 10 % y la
prórroga sólo unos meses del 2024 para el gas y la madera, biomasa y los pellets aprobados en el RDL 8/2023, suponen una finalización demasiado abrupta de las medidas de protección a los consumidores y la insuficiente ejecución de las ayudas
destinadas a las empresas, y supondrá un gran impacto en la factura eléctrica de empresas y familias. No sólo por el incremento del IVA y el Impuesto de eléctrica, que equivale a un 20 % adicional, sino aún más si las empresas de generación
eléctrica trasladan el impuesto a la generación del 7 % que se irá recuperando gradualmente (del que han estado exentas durante esta crisis al aplicar el tipo 0 %), al precio final de sus ofertas en el mercado mayorista. Así, la factura actual
media de 64,87 se incrementaría hasta los 78,1 , sin repercutir el Impuesto al Valor de la Producción Eléctrica (IVPP).
Mucho mayor será el impacto para los hogares con el bono social, al añadirse al final de la rebaja fiscal el final también, el 30 de junio próximo, de la ampliación de los descuentos aplicados con el bono social. Por ejemplo, un hogar con
3.500 kWh de consumo anual y dos adultos y dos menos en la vivienda, pasaría de pagar una factura mensual de 35,8 /mes a 65,08 /mes.
A las insuficientes partidas destinadas a consumidores electrointesivos y gasintensivos, y la falta de ayudas efectivas para la descarbonización de la industria -con un PERTE por 3.170 millones, aprobado en diciembre de 2022 y ampliado con
la última Adenda y que sigue sin resolver su primera convocatoria-, se añade la prolongación, en el RDL 8/2023, del 'Impuestazo' a las energéticas, el gravamen sobre las ventas que -pese a los controles que se quieran establecer- puede acabar
repercutido a los consumidores, además de alejar inversiones necesarias para la transición energética que facilite energía más barata, más limpia y asegure el suministro.
En cuanto a las empresas, las PYMES sufrirían la subida impositiva que comprometería su liquidez y la falta de certidumbre para aquellas obligadas a abandonar la tarifa regulada del PVPC. Las modificaciones en la tarifa regulada del Precio
Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), que excluirá a partir del 1 de enero de 2024 a muchos pequeños consumidores y PYMES que gozaban de ella hasta ahora, la dotarán de más estabilidad en el medio y largo plazo (al ir incorporando el precio de
una serie de productos a plazo mensual, trimestral y anual que se actualizarán mensualmente), pero no necesariamente de menor precio.
Finalmente, el diseño de los peajes y su peso en la estructura de costes en la factura final no está siendo coherente con la situación de emergencia energética sufrida y de la que las familias y las empresas aún no se han recuperado. No es
explicable que los peajes se hayan incrementado un +2,6 % entre julio de 2022 y junio de 2023, mientras empresas y familias soportan costes históricos en sus facturas eléctricas y los peajes del sistema arrojan un superávit de más de 6.000 millones
de euros en 2022, y se proyecta un nuevo superávit de más de 2.000 millones de euros en 2023.
Todo lo expuesto hasta ahora acaba de completar un panorama energético necesitado de una transición para el alivio de la factura energética en apoyo a familias y empresas.
Dados los retos de futuro y el contexto actual, es el momento de ser disruptivos y dotarnos como país de un moderno mecanismo de protección social como una verdadera herramienta de erradicación de la pobreza social, así como de la
vulnerabilidad de las empresas que han sufrido la emergencia energética sin las ayudas recibidas por sus competidoras foráneas.
Las políticas de país que pongan en el centro de las decisiones al consumidor vulnerable, que no se vea afectado por la incertidumbre regulatoria ni por la volatilidad de precios y que permita actualizar la regulación para la protección en
línea con la reforma del mercado eléctrico europeo, una verdadera política social y de transición justa para nuestro tejido productivo y su empleo, en la que como país financiemos suficientemente y atendamos adecuadamente las necesidades de
recuperación surgidas tras la crisis energética.
Para ello es necesario abordar de forma común las distintas vulnerabilidades que producen los consumos energéticos, máxime en un contexto como el actual en el que la energía es un bien esencial, donde la incertidumbre internacional se
traslada a los costes energéticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de un mes, una Hoja de Ruta Integral para la protección de consumidores, familias y empresas en su proceso de superación de la emergencia energética que contemple,
entre otras, las siguientes medidas:
1. La creación de una tarifa social energética aplicable a los pequeños consumidores de electricidad, gas natural y GLP canalizado.
2. La priorización de las medidas e incentivos que favorezcan la eficiencia energética y la gestión de su demanda, el autoconsumo y la participación en comunidades energéticas, de los pequeños consumidores acogidos a la tarifa social
energética, articulando a tal fin mecanismos de asesoría gratuita para que puedan acogerse a las ayudas disponibles.
3. La prórroga durante 2024 de las medidas de rebaja fiscal vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023 en el sector energético, y en particular; del tipo del IVA aplicable a la electricidad, del 5 % hasta el 30 de junio de 2024; del tipo
del IVA del 5 % aplicable al gas, biomasa, pellets, briquetas y madera para leña, hasta el 30 de junio de 2024; del tipo del 0,5 % del Impuesto de Electricidad, hasta el 31 de diciembre de 2024; y la aplicación del tipo del 0 % en el Impuesto al
Valor de la Producción Eléctrica (IVPEE) hasta el 31 de diciembre de 2024.
4. La prórroga hasta el 30 de junio de 2024 de las medidas de protección al consumidor energético vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023, incluyendo aquellas que afectan al bono social eléctrico, a las comunidades de propietarios de
hogares, a la tarifa TUR del gas y al precio máximo del Gas Licuado Envasado (GLP) y las de flexibilidad y garantía de suministro.
5. La extensión de la exención del 80 % de los peajes durante todo el año 2024 y el incremento de las dotaciones asignadas a consumidores electrointensivos y gasintensivos, -hasta el 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la compensación de los efectos de los costes indirectos por las emisiones de CO2 para las instalaciones en riesgo de fuga de carbono-, a fin de que puedan obtener condiciones equiparables a las
de sus competidores, así como la habilitación de procesos que agilicen la recepción de los fondos por sus destinatarios.
6. La urgente asignación de las ayudas del PERTE de descarbonización y de sus correspondientes convocatorias, con participación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que incremente las dotaciones actuales, a fin de que
al menos el 50 % de las asignaciones de fondos se destinen a financiar el desarrollo de redes para atender la demanda industrial que desee ser descarbonizada.
7. La modificación de los límites actuales en la normativa reguladora de la retribución de las redes eléctricas a fin de que pueda triplicarse el ritmo de inversión y de desarrollo actual en transporte y distribución.
8. La convocatoria de las subastas de renovables para consumidores finales y extender el sistema de garantías actual para electrointensivos a través de CESCE (FERGEI), para fomentar el desarrollo de los contratos a largo plazo (PPAs) entre
los generadores renovables y las empresas.
9. La reconfiguración del sistema de peajes y cargos de la factura eléctrica a fin de que no se produzcan los extemporáneos superávits de 2022 y, previsiblemente de 2023, destinando dichos superávits a la financiación de las medidas
anteriores.
10. El traslado a los Presupuestos Generales del Estado 2024 de los cargos correspondientes a la anualidad del déficit de tarifa y del 100 % de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el cumplimiento de los
principios de principios de libre establecimiento, de igualdad y la normativa europea de ayudas de estado, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 10 de enero, Junts per-Catalunya aseguró haber acordado con el PSOE su abstención en la votación de 3 decretos del Gobierno a cambio de modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que
libremente decidieron salir de esta comunidad autónoma por la incertidumbre e inestabilidad que supuso el 'procés'.
Recordemos que, hasta 2017, Cataluña era uno de los motores de la economía española junto a la comunidad de Madrid: atraía el 30% de la inversión extranjera que recibía España, tenía un PIB similar al de Madrid y evolucionaban a la par.
En ese momento, la irresponsabilidad de los partidos independentistas que gobernaban en Cataluña, dando un salto al vacío sin red, supuso un punto de inflexión que ha penalizado a la economía catalana en todos los indicadores:
- Cataluña dejó de ser el motor económico de España para crecer por debajo de la media nacional, 3 puntos menos de PIB desde 2017.
- La inversión extranjera en Cataluña cayó un -58,5% en 2017, de 8.305 M a 3.433 M, mientras que en Madrid aumentó un 47,2%, pasando de 12.286 M a 18.140 M. Esta desconfianza en Cataluña no se ha recuperado y la inversión extranjera
sigue muy por debajo de los niveles previos al 'procés'.
- En el cuarto trimestre de 2017, 3.208 empresas solicitaron el traslado de su domicilio social de Cataluña a otras comunidades autónomas, y la razón no fue ningún cambio fiscal en Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana (principales
receptores de estas empresas), sino la incertidumbre e inestabilidad instaurada desde el propio gobierno autonómico. Este movimiento continuó en 2018, con 2.359 empresas más (datos del Colegio de Registradores) y ha seguido -aunque a un ritmo
menor- hasta superar las 7.700 empresas.
Y mientras todo esto sucedía, lo único que subía en Cataluña eran las trabas burocráticas y los impuestos, hasta 15 tributos propios -el triple que la media del resto de comunidades autónomas- que afectan a sectores productivos concretos,
restándole competitividad y capacidad de crecimiento y de generación de empleo; entre estos tributos propios destacan el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, el Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el
Impuesto sobre las viviendas vacías o el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
Por todo lo anterior, no deja de ser sorprendente que los mismos que llevaron a más de 7.700 empresas a trasladar su domicilio social de Cataluña a otras comunidades autónomas pretendan ahora que estas mismas empresas vuelvan 'por decreto'
cuando
Cataluña mantiene una fiscalidad abusiva, sigue con las mismas trabas burocráticas y los partidos independentistas mantienen su intención de abandonar España ('ho tornarem a fer'), ahora con la colaboración del propio Gobierno de España a
cambio de 7 votos para que Sánchez se mantenga en la Moncloa.
Parece muy claro que la mayoría de estas empresas ni han vuelto ni van a volver mientras siga la amenaza de un proceso independentista, ahora alimentado desde el gobierno de la nación.
La fórmula para recuperar las empresas no es la imposición, sino la creación de un clima de estabilidad, seguridad jurídica, simplificación, eliminación de trabas y una fiscalidad competitiva e innovadora y con el foco puesto en la atracción
del talento. La imposición nunca será la solución, sino que esta pasa por la atracción.
Como el Gobierno no ha querido explicar cuál es la naturaleza ni el alcance del acuerdo que ha alcanzado con Junts, ni qué cambios de la ley de sociedades ha comprometido, y visto que no hay ninguna línea roja que no sean capaces de
saltarse, desde el Partido Popular creemos necesario presentar una iniciativa que permita aclarar a todos los españoles: si Sánchez ha engañado a Puigdemont, si el PSOE y Junts han engañado a los catalanes o si el gobierno piensa saltarse hasta la
normativa comunitaria más esencial con tal de mantenerse en el gobierno.
Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario Popular presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la necesaria neutralidad y lealtad institucional para garantizar la igualdad de oportunidades entre territorios, evitando favorecer a las regiones más prósperas a costa del resto.
2. Garantizar el pleno cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con especial énfasis respecto al artículo 49, sobre la libertad de establecimiento, y al artículo 107, sobre ayudas de estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2024.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Francisco José Conde López y Juan Bravo Baena, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
OTROS TEXTOS
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000005
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa legislativa popular.
Autor: Junta Electoral Central
Comunicación de que la Proposición de Ley para la protección de los menores frente a la violencia y las denuncias falsas en el ámbito de las relaciones familiares debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3
de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Acuerdo:
Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa
Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
120/000009
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) Iniciativa Legislativa Popular.
Autora: Doña Aida Gascón Bosch y otros
Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín Oficial de la
Cortes Generales, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.