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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 74, de 30/01/2024
cve: BOCG-15-D-74
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de enero de 2024
Núm. 74
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno.
Altas y bajas ... (Página5)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010 Composición de la Diputación Permanente.
Altas y bajas ... (Página5)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios.
Altas y bajas ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la devolución de propiedades incautadas en 1936 al 'Centro de Instrucción e Recreo de Cervás' en el Ayuntamiento de Ares ...
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación política y social en Ecuador ... (Página10)
161/000158 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Mixto, sobre el rechazo a los ataques turcos contra el pueblo kurdo del norte y el este de Siria ...
161/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al amparo del proceso democrático en Guatemala ... (Página15)
Comisión de Justicia
161/000140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la concesión de indulto al sindicalista Xesús Anxo López Pintos ... (Página16)
161/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evitar la 'desertización' del poder judicial en Cataluña ... (Página18)
161/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reclamar garantías para la implantación de las vistas y otras actuaciones judiciales por vía telemática ...
Comisión de Defensa
161/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la participación de tropas españolas en la misión militar en el Mar Rojo ... (Página22)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ... (Página24)
Comisión de Interior
161/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la equiparación salarial real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada ....
161/000150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno proceda a la declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia
Civil ... (Página27)
161/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de Pontevedra y construir una nueva comisaría ...
161/000157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana y
Aragón para cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas unidades ... (Página30)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la creación de la Vía Verde entre Arcade (Soutomaior) y Pontevedra ... (Página32)
161/000141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la instalación de barreras acústicas en la AP9 en el tramo que discurre por el Ayuntamiento de Bergondo ... (Página35)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional contra el Abandono Escolar Temprano ... (Página38)
161/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la inclusión de todas las fórmulas familiares en los formularios e impresos de becas y ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y
Deportes ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para solicitar al Gobierno medidas para paliar la crisis que está afectando a la cadena mar-industria ... (Página42)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre energía eólica marina.
Retirada... (Página44)
161/000148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público ...
161/000151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el uso de agua regenerada ... (Página49)
Comisión de Cultura
161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover las medidas necesarias para luchar contra la denominada 'Leyenda Negra' del Imperio español ... (Página52)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la elaboración de un procedimiento único para la solicitud de plaza de Grado en el sistema universitario español ... (Página56)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad ... (Página58)
161/000146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ofrecer a los reclusos con discapacidad intelectual un entorno más adaptado a sus necesidades ... (Página59)
161/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para facilitar el envejecimiento activo de las personas con discapacidad, ofreciendo los apoyos adecuados a sus necesidades ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/002742 Autor: Micó Micó, Àgueda
Opinión del Gobierno acerca de si es coherente con los valores educativos la presencia de tanques, carros de combate y armas en la feria Expojove, organizada por el Ayuntamiento de Valencia durante las fiestas y vacaciones de Navidad, así
como de que relegue una temática ecologista por una belicista ... (Página62)
184/002743 Autor: Micó Micó, Àgueda
Estado en el que se encuentra la tramitación y el borrador del protocolo específico que se tiene que presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para regular las condiciones de las personas objetoras de conciencia,
en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ...
184/002818 Autor: Micó Micó, Àgueda
Admisión a trámite por la Comisión Europea de la denuncia formulada por asociaciones de las comarcas del norte de la Comunitat Valenciana por la falta de ordenación territorial en el despliegue de energías renovables ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Bajas:
RIVERA DE LA CRUZ, Marta María 19-01-2024
VÁZQUEZ VEGA, Pablo 19-01-2024
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(061/000008)
Suplentes
Bajas:
VÁZQUEZ VEGA, Pablo 19-01-2024
CABEZÓN CASAS, Tomás 23-01-2024
Altas:
ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, Cayetana 23-01-2024
SAYAS LÓPEZ, Sergio 23-01-2024
Grupo Parlamentario Socialista
(061/000009)
Titular
Alta:
JALLOUL MURO, Hana ....23-01-2024
Suplente
Alta:
RAMOS ESTEBAN, César Joaquín ....23-01-2024
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
(061/000007)
Titular
Alta:
MARTÍNEZ HIERRO, Lander ....23-01-2024
Suplente
Alta:
MARTÍN URRIZA, Carlos ...23-01-2024
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
(061/000001)
Suplente
Baja:
LEGARDA URIARTE, Mikel.... ...23-01-2024
Alta:
SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA, Idoia ...23-01-2024
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(010/000001)
Número de miembros al 19 de enero de 2024: 135
Bajas:
RIVERA DE LA CRUZ, Marta María 19-01-2024
VÁZQUEZ VEGA, Pablo 19-01-2024
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/000138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la devolución de propiedades incautadas en 1936 al 'Centro de Instrucción e Recreo de Cervás' en el Concello de Ares, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, en la sesión celebrada el 26 de mayo de 1998, aprobó una Proposición no de Ley presentada por el diputado del BNG (Grupo Mixto), Francisco Rodríguez
Sánchez, en la que se instaba al Gobierno a restituir las propiedades del 'Centro de Instrucción, Protección y Recreo de Cervás' en Ares, incautadas en el año 1936 a la sociedad del mismo nombre.
Conviene recordar aquí (tal y como se exponía en la Exposición de motivos y en la propia intervención del diputado del BNG en comisión) que el citado 'Centro' -promovido con objetivos culturales, recreativos y de protección social- fue
fundado en el año 1924, contando con propiedades y local propio fruto del esfuerzo económico y físico de la vecindad de esta parroquia y de las ayudas de dos delegaciones existentes en EE.UU. y Cuba.
Como resultado del alzamiento fascista en el año 1936, el local fue incautado, pasando a ser propiedad de la 'Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS', según la sentencia de la denominada 'Comisión Calificadora de bienes
sindicales marxistas', en una junta celebrada el 3 de abril de 1946. Cualquier incautación o apropiación realizada por las autoridades franquistas tras la guerra civil debe calificarse como arbitraria e injusta, pero cabe destacar que, en este
caso, el edificio no se relacionaba con ninguna actividad sindical o política.
Ya en el año 1973, la 'Organización Sindical' hace cesión del edificio a favor del ayuntamiento de Ares, libre de cargas y con el objetivo de ser destinado a 'algún beneficio público', derivando -a pesar de la voluntad de las personas
residentes en la parroquia por mantenerlo en condiciones de uso- en un progresivo deterioro, como resultado de la falta de mantenimiento por parte de la institución municipal.
Conscientes de la necesidad de reparación de esta injusticia, la corporación municipal de Ares adoptó diversos acuerdos en forma de moción -en 1980 y en 1984- aprobados por unanimidad de todos los grupos; en el sentido de proceder a la
devolución de los bienes correspondientes a la entidad propietaria original, teniendo en cuenta que en aquel momento todavía vivía alguno de los miembros que formaban parte de la misma en el momento de la incautación.
Sin embargo, la voluntad de la corporación se encontró con los recursos presentados desde el Gobierno Civil, centrados en la interpretación de que la ley prohibía la enajenación de bienes municipales; sin tener en cuenta que el problema era
precisamente que este bien pasó a formar parte del Concello por un acto profundamente ilegal, como se ha
señalado anteriormente. Así, quedaba claro que se trataba de un problema de carácter político y que esta situación anacrónica e injusta solo podría resolverse con una acción política que llevase a la restauración de la legalidad violada en
1936.
Pese al mantenimiento en el tiempo de la situación descrita, los vecinos y vecinas de la parroquia reconstruyeron en 1987 la primitiva entidad -hoy denominada 'Centro Instrutivo, Recreativo e Social'- permitiendo la recuperación,
mantenimiento y uso de las instalaciones con ayudas del Concello y otras instituciones; pero manteniendo totalmente viva la reivindicación de restitución de las propiedades a la sociedad continuadora de la creada en 1924. Una reivindicación que se
mantiene y hace más fuerte, si cabe, cuando está a punto de celebrarse el centenario de creación del 'Centro'.
Precisamente, a las puertas de esta conmemoración, consideramos interesante resaltar que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática aprobada por el Congreso de los Diputados podría permitir la resolución de este caso, pues se
recoge en su artículo 31, referido a las 'Incautaciones de bienes y sanciones económicas' que 'se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o
creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo'. Así mismo, en su punto segundo, se establece que 'la Administración General del Estado promoverá las
iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados
en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas.
Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados. La auditoría deberá llevarse a cabo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley. La referida auditoría incluirá los bienes inmuebles y derechos de
contenido patrimonial de los que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados'. Para finalmente, en su apartado tercero, dice que 'una vez finalizada la auditoría a que se refiere el apartado anterior, se implementarán las posibles
vías de reconocimiento a los afectados, independientemente de lo previsto a este respecto en el artículo 5.4 de la presente ley'.
En respuesta a una pregunta escrita presentada por el BNG en el pasado mes de octubre, cuando se cumplía el año fijado en la ley, informaba el Gobierno que el inventario de bienes y derechos incautados a incluir en dicha auditoría aún no se
ha realizado y que las posibles vías de reconocimiento a los afectados se implementarán una vez finalizada la auditoría
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Aplicar la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, para aportar una vía de reparación y devolución de los bienes incautados en el año 1936 al 'Centro de Instrucción, Protección y Recreo', de Cervás-Ares incluyéndolos en la
auditoría e inventario al que se refiere el artículo 31.
2. Iniciar las acciones precisas para lograr el resarcimiento de los bienes incautados y la implementación de las posibles vías de reconocimiento a los afectados para lograr la restitución de las propiedades del 'Centro de Instrucción,
Protección y Recreo' de Cervás en Ares incautadas en el año 1936 a la sociedad heredera de la originaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á devolución de propiedades incautadas en 1936 ao 'Centro de Instrución e Recreo de Cervás' no Concello de Ares para o seu debate na Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
A Comisión de Réxime das Administracións Públicas do Congreso dos Deputados, na sesión celebrada o 26 de maio de 1998, aprobou unha Proposición non de Lei presentada polo deputado do BNG (Grupo Mixto), Francisco Rodríguez Sánchez, na que se
instaba ao Goberno a restituír as propiedades do 'Centro de Instrución, Protección e Recreo' de Cervás en Ares, incautadas no ano 1936 á sociedade do mesmo nome.
Convén lembrar aquí (tal e como se expoñía na Exposición de motivos e na propia intervención do deputado do BNG en comisión) que o citado 'Centro' -promovido con obxectivos culturais, recreativos e de protección social- foi fundado no ano
1924, contando con propiedades e local propio froito do esforzo económico e físico da veciñanza desta parroquia e das axudas de dúas delegacións existentes en EE.UU. e Cuba.
Como resultado do alzamento fascista no ano 1936, o local foi incautado, pasando a ser propiedade da 'Delegación Nacional de Sindicatos de FET e das JONS', segundo a sentenza da denominada 'Comisión Cualificadora de bens sindicais
marxistas', nunha xunta celebrada o 3 de abril de 1946. Calquera incautación ou apropiación realizada polas autoridades franquistas despois da guerra civil debe cualificarse como arbitraria e inxusta, mais cabe destacar que, neste caso, o edificio
non se relacionaba con ningunha actividade sindical ou política.
Xa no ano 1973, a 'Organización Sindical' fai cesión do edificio a favor do concello de Ares, libre de cargas e co obxectivo de ser destinado a 'algún beneficio público', derivando -a pesar da vontade das persoas residentes na parroquia por
mantelo en condicións de uso- nunha progresiva deterioración, como resultado da falta de mantemento por parte da institución municipal.
Conscientes da necesidade de reparación desta inxustiza, a corporación municipal de Ares adoptou diversos acordos en forma de moción -en 1980 e en 1984- aprobados por unanimidade de todos os grupos; no sentido de proceder á devolución dos
bens correspondentes á entidade propietaria orixinal, tendo en conta que naquel momento aínda vivía algún dos membros que formaban parte da mesma no momento da incautación.
Con todo, a vontade da corporación atopouse cos recursos presentados desde o Goberno Civil, centrados na interpretación de que a lei prohibía o alleamento de bens municipais; sen ter en conta que o problema era precisamente que este ben
pasou a formar parte do Concello por un acto profundamente ilegal, como se sinalou anteriormente. Así, quedaba claro que se trataba dun problema de carácter político e que esta situación anacrónica e inxusta só podería ser resolta cunha acción
política que leva á restauración da legalidade violada en 1936.
Pese ao mantemento no tempo da situación descrita, os veciños e veciñas da parroquia reconstruíron en 1987 a primitiva entidade -hoxe denominada 'Centro Instrutivo, Recreativo e Social'- permitindo a recuperación, mantemento e uso das
instalacións con axudas do Concello e outras institucións; mais mantendo totalmente viva a reivindicación de restitución das propiedades á sociedade continuadora da creada en 1924. Unha reivindicación que se mantén e fai máis forte, se cabe, cando
está a piques de celebrarse o centenario de creación do 'Centro'.
Precisamente, ás portas desta conmemoración, consideramos interesante resaltar que a Lei 20/2022, do 19 de outubro, de Memoria Democrática aprobada polo Congreso dos Deputados podería permitir a resolución deste caso, pois recolle no seu
artigo 31, referido ás 'Incautacións de bens e sancións económicas' que 'se recoñece o dereito
ao resarcimento dos bens incautados e ás sancións económicas producidas por razóns políticas, ideolóxicas, de conciencia ou crenza relixiosa durante a Guerra e a Ditadura, nos termos que se estabelezan legalmente, así como na normativa de
desenvolvemento'. Así mesmo, no seu punto segundo, estabelécese que 'a Administración Xeral do Estado promoverá as iniciativas necesarias para a investigación das incautacións producidas por razóns políticas, ideolóxicas, de conciencia ou crenza
relixiosa durante a Guerra e a Ditadura e, en particular, realizará unha auditoría dos bens espoliados no devandito período, incluíndo as obras de arte, o papel moeda ou outros signos fiduciarios depositados polas autoridades franquistas, así como a
imposición de sancións económicas en aplicación da normativa de responsabilidades políticas. Esta auditoría incluirá un inventario de bens e dereitos incautados. A auditoría deberá ser levada a cabo no prazo dun ano desde a entrada en vigor da
presente lei. A referida auditoría incluirá os bens inmóbeis e dereitos de contido patrimonial dos que fosen titulares os Ateneos, Cooperativas e entes asimilados. Para finalmente, no seu apartado terceiro, dicir que 'unha vez finalizada a
auditoría a que se refire o apartado anterior, artellaranse as posíbeis vías de recoñecemento aos afectados, independentemente do previsto a este respecto no artigo 5.4 da presente lei'.
En resposta a unha pregunta escrita presentada polo BNG no pasado mes de outubro, cando se cumpría o ano fixado na lei, informaba o Goberno que o inventario de bens e dereitos incautados a incluír na devandita auditoría aínda non se realizou
e que as posíbeis vías de recoñecemento aos afectados serán iniciadas unha vez finalizada a auditoría.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a:
1. Aplicar a Lei 20/2022, de 19 de outubro, de Memoria Democrática, para achegar unha vía de reparación e devolución dos bens incautados no ano 1936 ao 'Centro de Instrución, Protección e Recreo', de Cervás-Ares incluíndoos na auditoría e
inventario ao que se refire o artigo 31.
2. Iniciar as accións precisas para lograr o resarcimento dos bens incautados e a formulación das posíbeis vías de recoñecemento aos afectados para lograr a restitución das propiedades do 'Centro de Instrución, Protección e Recreo' de
Cervás en Ares incautadas no ano 1936 á sociedade herdeira da orixinaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación política y social
en Ecuador, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Ecuador es un país hermano con el que España mantiene unas excelentes relaciones históricas, culturales, económicas y de cooperación. Ambos países comparten los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el
multilateralismo.
Sin embargo, desde hace unos años Ecuador atraviesa una grave crisis política, social y económica, que se vio agravada por la pandemia de la COVID-19 y que ha provocado una fuerte polarización, una elevada conflictividad social y una erosión
de las instituciones democráticas como consecuencia de la actividad de grupos criminales organizados.
El pasado mes de noviembre y tras la segunda vuelta del proceso electoral presidencial celebrado el 15 de octubre de 2023, Daniel Noboa asumía la presidencia del país en un contexto complejo que veía su momento más duro el 9 de enero de
2024, día en el que diferentes grupos criminales realizaron acciones que acabaron con más de una decena de asesinados. El país se enfrenta a un repunte de violencia e inseguridad protagonizado por el crimen organizado con secuestros, explosiones,
asesinatos y fugas de presos.
En este contexto, el presidente Noboa declaró el estado de emergencia en el país por la grave crisis carcelaria y de seguridad que se vive, así como la existencia de un conflicto armado interno. Según la Disposición presidencial, se
identificaron 22 grupos transnacionales a los que se declara 'organizaciones terroristas y actores estatales beligerantes'.
Por ello, se ordenó al Ejército el restablecimiento del orden a través de diferentes operaciones militares para neutralizar a estos grupos organizados.
Ya gobiernos ecuatorianos anteriores habían decretado también el estado de excepción buscando afrontar la crisis carcelaria y de seguridad a la que se enfrenta el país desde que se convirtió en un punto clave de la ruta de la cocaína en
Sudamérica.
La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó más de 300 % en los últimos siete años y varios políticos y candidatos de alto perfil han sido asesinados, como fue el caso de Fernando Villavicencio en agosto del año pasado antes de
las elecciones.
Desde 2021, se han reportado más de 400 muertes en las prisiones de Ecuador por los enfrentamientos entre bandas rivales.
Todos los hechos mencionados no solo ponen en peligro la estabilidad política, social y económica de Ecuador, sino que representan un ataque sin precedentes a la democracia ecuatoriana y un desafío al gobierno legítimo elegido por los
ecuatorianos. Es imprescindible que el gobierno ecuatoriano tome medidas para superar la crisis y llevar ante la Justicia a aquellos que atentan contra las personas y la convivencia pacífica. También son necesarias medidas que garanticen la
estabilidad política, el fortalecimiento institucional, el respeto a la democracia y el diálogo con todos los actores políticos y sociales, para superar esta grave situación en la que los delincuentes no solo buscan impunidad, sino que también
amedrentar a la población y socavar los derechos de la ciudadanía.
España, como país amigo y socio estratégico de Ecuador, tiene el deber de apoyar al gobierno y al pueblo ecuatoriano en su proceso de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo
democrático e institucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar las acciones criminales cometidas en Ecuador por parte de grupos organizados durante los últimos tiempos.
2. Apoyar los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para hacer frente al terrorismo y crimen organizado en el país, mediante la cooperación técnica y humanitaria.
3. Reafirmar el compromiso de España con el desarrollo económico, político y social de Ecuador, así como con el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, el Estado de derecho y los derechos humanos.
4. Expresar la voluntad de mantener y reforzar las relaciones bilaterales entre España y Ecuador, basadas en la confianza, el respeto y la cooperación mutua.
5. Fomentar el diálogo político y social entre el gobierno ecuatoriano y todos los actores relevantes, incluyendo a la oposición, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de
comunicación, con el fin de alcanzar consensos y acuerdos que permitan superar la polarización, la confrontación y la violencia, y que favorezcan la paz, la convivencia y la reconciliación nacional.
6. Impulsar la cooperación regional e internacional con Ecuador, en el marco de la Unión Europea, la Comunidad Iberoamericana, las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, para contribuir a la solución de los problemas comunes que
afectan a la región, como la migración, el crimen organizado, el cambio climático, la seguridad, el narcotráfico, la corrupción y la defensa de los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons y Carlos Javier Floriano Corrales, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Portavoz Gabriel Rufián Romero, el Grupo Parlamentario EH-Bildu, a instancia del diputado Jon Iñarritu García, y el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del BNG, Néstor Rego
Candamil, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el rechazo a los ataques turcos contra el pueblo kurdo del norte y el este de Siria, para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Se han producido nuevos ataques violentos por parte del estado turco en las regiones donde habita buena parte del pueblo kurdo en el norte y este de Siria y entre el 13 y el 16 de enero de 2024. Por lo visto hubo 224 ataques terrestres y
aéreos, dirigidos a diversas ubicaciones, incluyendo instalaciones petrolíferas y servicios, áreas civiles, centros de seguridad, puntos de control y estaciones de energía. Los ataques causaron daños significativos, afectando cientos de aldeas,
pueblos y ciudades.
Los ataques causaron 12 civiles heridos y 5 muertes de fuerzas del régimen sirio. Además, 9 centrales de distribución de electricidad quedaron fuera de servicio, lo que provocó cortes de energía en 10 ciudades y escasez de agua.
Aproximadamente 1.095.450 personas se vieron afectadas en la franja fronteriza desde Derik hasta Kobani. Además, los ataques interrumpieron las actividades de ONG, programas de ayuda y servicios médicos en la región.
Como resultado de los ataques, se cortó el suministro de agua debido a la falta de electricidad, además de los daños en molinos de granos, hornos, centros médicos, hospitales y otras instalaciones vitales. Mientras que el número de personas
afectadas por los cortes de electricidad alcanzó los 4,3 millones, lo que significa que incluye a toda la región del norte y este de Siria, el número de personas afectadas por la falta de agua llegó a 1.780.000 personas. En cuanto a la economía, el
número de personas afectadas fue de 161.000, ya que muchas familias fueron desplazadas temporalmente a áreas lejanas de la frontera con Turquía, mientras que más de 450 individuos se vieron afectados por el ataque a puntos de control y centros de
Seguridad.
En resumen, los ataques turcos en las regiones del norte y este de Siria entre el 13 y el 16 de enero de 2024, resultaron en importantes daños civiles, daños en las infraestructuras, cortes de energía, escasez de agua y la interrupción de
los esfuerzos humanitarios.
La búsqueda de Turquía por controlar territorios más allá de sus fronteras meridionales, colindantes con Siria e Irak y que comprenden el territorio kurdo, no es nada nuevo. Tampoco es un misterio que el presidente turco, Erdogan, no duda
en cohesionar su base electoral alrededor de las agendas de exaltación turca y antikurdas. Este enfoque, que ha demostrado ser exitoso en otras contiendas electorales, se destaca frente a una campaña marcada por los problemas económicos del país y
de la población. Y la legitimación se sus posiciones propias en base a un enemigo y al odio hacia el mismo es una estrategia constante usada por la ultraderecha a nivel internacional.
No es de recibo, pues, que la comunidad internacional reste impasible para con los derechos de la población del Kurdistán y permita las conculcaciones de derechos fundamentales en la zona, ilegalización de partidos, persecución y represión
ideológica, violencia física indiscriminada, etc.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Rechazar públicamente los ataques militares del gobierno turco de Erdogan hacia el pueblo kurdo en Siria y en el norte de Irak.
2. Denunciar las vulneraciones de los derechos humanos por parte del estado turco.
3. Denunciar, en las diferentes instancias Internacionales, las vulneraciones de derechos humanos que sufre el pueblo kurdo por parte de Turquía, así como la conculcación del derecho internacional por parte del estado turco para que tomen
iniciativas necesarias para frenar los ataques y establecer un proceso de paz y obligar al estado turco a cumplir con la legislación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.-Mertxe
Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Exposició de motius
S'han produït nous atacs violents per part de l'estat turc a les regions on habita bona part del poble kurd al nord i a l'est de Síria, entre el 13 i el 16 de gener de 2024. Segons sembla, es van produir 224 atacs terrestres i aeris,
dirigits a diverses ubicacions, incloent instal·lacions petrolíferes i serveis, àrees civils, centres de seguretat, punts de control i estacions d'energia. Aquests atacs van causar danys significatius, afectant centenars d'aleshores, pobles i
ciutats.
Els atacs van provocar 12 civils ferits i 5 morts de forces del règim sirià. A més, 9 centrals de distribució d'electricitat van quedar fora de servei, provocant talls d'energia a 10 ciutats i escassetat d'aigua. Unes 1.095.450 persones
van veure's afectades a la franja fronterera des de Derik fins a Kobani. A més, els atacs van interrompre les activitats d'ONG, programes d'ajuda i serveis mèdics a la regió.
Com a resultat dels atacs, es va tallar el subministrament d'aigua a causa de la manca d'electricitat, a més dels danys en molins de gra, forns, centres mèdics, hospitals i altres instal·lacions vitals. Mentre que el nombre de persones
afectades pels tallades d'electricitat va arribar als 4,3 milions, el que significa que inclou tota la regió del nord i l'est de Síria, el nombre de persones afectades per la manca d'aigua va arribar a 1.780.000 persones. Pel que fa a l'economia,
el nombre de persones afectades va ser de 161.000, ja que moltes
famílies van ser desplaçades temporalment a àrees llunyanes de la frontera amb Turquia, mentre que més de 450 individus van ser afectats per l'atac a punts de control i centres de seguretat.
En resum, els atacs turcs a les regions del nord i est de Síria entre el 13 i el 16 de gener de 2024 van provocar importants danys civils, danys a les infraestructures, talls d'energia, escassetat d'aigua i la interrupció dels esforços
humanitaris. La recerca de Turquia per controlar territoris més enllà de les seves fronteres meridionals, limitants amb Síria i Iraq i que comprenen el territori kurd, no és res nou. Tampoc és un misteri que el president turc, Erdogan, no dubti a
cohesionar la seva base electoral al voltant de les agendes d'exhaltació turca i antikurdes. Aquest enfocament, que ha demostrat ser exitós en altres conteses electorals, es destaca davant d'una campanya marcada pels problemes econòmics del país i
de la població. I la legitimització de les seves posicions pròpies en base a un enemic i a l'odi cap a aquest és una estratègia constant utilitzada per l'extrema dreta a nivell internacional.
No és admissible, doncs, que la comunitat internacional romangui impassible pels drets de la població del Kurdistan i permeti les vulneracions de drets fonamentals a la zona, il·legalització de partits, persecució i repressió ideològica,
violència física indiscriminada, etc.
Per tot l'exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:
1. Rebutjar públicament els atacs militars del govern turc d'Erdogan cap al poble kurd a Síria i al nord d'Iraq.
2. Denunciar les vulneracions dels drets humans per part de l'estat turc.
3. Denunciar,a les diferents instàncies internacionals, les vulneracions dels drets humans que pateix el poble kurd per part de Turquia, així com la vulneració del dret internacional per part de l'estat turc, perquè prenguin iniciatives
necessàries per frenar els atacs i establir un procés de pau i obligar l'estat turc a complir amb la legislació.'
Exposición de motivos
Producíronse novos ataques violentos por parte do Estado turco nas rexións en que habita boa parte do pobo curdo no norte e leste de Siria e entre o 13 e o 16 de xaneiro de 2024. Polo visto houbo 224 ataques terrestres e aéreos, dirixidos a
diversas localizacións, incluíndo instalacións petrolíferas e servizos, áreas civís, centros de seguridade, puntos de control e estacións de enerxía. Os ataques causaron danos significativos, afectando centos de aldeas, pobos e cidades.
Os ataques causaron 12 civís feridos e 5 mortes de forzas do réxime sirio. Ademais, 9 centrais de distribución de electricidade quedaron fóra de servizo, o que provocou cortes de enerxía en 10 cidades e escaseza de auga. Aproximadamente
1.095.450 persoas quedaron afectadas na franxa fronteiriza desde Derik ata Kobani. Ademais, os ataques interromperon as actividades de ONG, programas de axuda e servizos médicos na rexión.
Como resultado dos ataques, foi cortada a subministración de auga debida á falta de electricidade, ademais dos danos en muíños de grans, fornos, centros médicos, hospitais e outras instalacións vitais. Mentres que o número de persoas
afectadas polos cortes de electricidade alcanzou os 4,3 millóns, o que significa que inclúe a toda a rexión do norte e leste de Siria, o número de persoas afectadas pola falta de auga chegou a 1.780.000 persoas. En canto á economía, o número de
persoas afectadas foi de 161.000, xa que moitas familias foron desprazadas temporalmente a áreas afastadas da fronteira con Turquía, mentres que máis de 450 individuos víronse afectados polo ataque a puntos de control e centros de Seguridade.
En resumo, os ataques turcos nas rexións do norte e leste de Siria entre o 13 e o 16 de xaneiro de 2024, resultaron en importantes danos civís, danos nas infraestruturas, cortes de enerxía, escaseza de auga e a interrupción dos esforzos
humanitarios.
A procura de Turquía por controlar territorios máis aló das súas fronteiras meridionais, lindeiras con Siria e Iraq e que comprenden o territorio curdo, non é nada novo. Tampouco é un misterio que o presidente turco, Erdogan, non dubida en
cohesionar a súa base electoral ao redor das axendas de exaltación turcas e anticurdas. Este enfoque, que demostrou ser rendíbel noutras contendas electorais, destácase fronte a unha campaña marcada polos problemas económicos do país e da
poboación. E a lexitimación das súas posicións propias en base a un inimigo e ao odio cara ao mesmo é unha estratexia constante usada pola ultradereita a nivel internacional.
Non é de recibo, pois, que a comunidade internacional fique impasíbel para cos dereitos da poboación do Curdistán e permita as conculcacións de dereitos fundamentais na zona, ilegalización de partidos, persecución e represión ideolóxica,
violencia física indiscriminada, etc.
Por todo o exposto, preséntase a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno español a:
1. Rexeitar publicamente os ataques militares do goberno turco de Erdogan cara ao pobo curdo en Siria e no norte de Iraq.
2. Denunciar as vulneracións dos dereitos humanos por parte do estado turco.
3. Denunciar, nas diferentes instancias Internacionais, as vulneracións de dereitos humanos que sofre o pobo curdo por parte de Turquía, así como a conculcación do dereito internacional por parte do estado turco para que tomen iniciativas
necesarias para frear os ataques e estabelecer un proceso de paz e obrigar ao estado turco a cumprir coa lexislación.'
161/000160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al amparo del proceso democrático en Guatemala, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado 20 de agosto se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en las que resultó electo, Bernardo Arévalo, quién encabezó la candidatura del Movimiento Semilla y obtuvo más del 60 % de los sufragios.
El resultado electoral ha sido avalado internacionalmente por la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE), así como por otros observadores internacionales y nacionales y fue certificado por el Tribunal Supremo Electoral {TSE), máxima
autoridad electoral del país.
Tras las elecciones, se han adoptado una serie de medidas por parte del Ministerio Público y otras autoridades que amenazan el proceso de transición gubernamental. Estas actuaciones han generado una preocupación significativa en la
comunidad internacional, que se ha manifestado destacando la gravedad de la situación y la importancia de preservar los principios democráticos y el Estado de Derecho en Guatemala.
Entre todas las medidas puestas en marcha destaca que el pasado 30 de noviembre de 2023, el Congreso de Guatemala votó a favor de retirar la inmunidad a cuatro
magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en un contexto de intentos continuos de interrumpir la transición pacífica del poder.
El 8 de diciembre de 2023, el Ministerio Público llevó a cabo iniciativas desestabilizadoras respecto a la validez de los resultados electorales y la investidura del presidente electo, llegando a declarar las elecciones generales y
presidenciales nulas de pleno derecho y solicitando la retirada de la inmunidad al presidente electo y a dos diputados de su formación, Samuel Pérez y Ligia Hernández poniendo en riesgo la efectiva materialización del traspaso de poder prevista para
el 14 de enero de 2024.
Las preocupaciones se han intensificado tras las acciones emprendidas el 16 de noviembre de 2023 por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Acciones que incluyeron la apertura de nuevas investigaciones, órdenes
de allanamiento y detención, solicitudes de retirada de inmunidad a funcionarios electos y líderes políticos, así como procesos de instrucción contra el presidente electo, la vicepresidenta electa y miembros de la oposición. Tales actuaciones son
consideradas inapropiadas y contrarias a los principios democráticos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar amparo al proceso democrático en Guatemala, el reconocimiento del resultado electoral y al gobierno emanado del mismo, respetando así la voluntad del pueblo guatemalteco y la pluralidad política.
2. Apoyar a las demandas de restitución de los derechos constitucionales a los cargos electos democráticamente, así como el cese de la persecución de jueces y magistrados por defender la legalidad del proceso electoral y el respeto a su
resultado y, en definitiva, de todas las medidas necesarias para garantizar un proceso de transición presidencial en paz que asegure la investidura de las autoridades legítimamente electas.
3. Expresar su preocupación por la seguridad física y jurídica de las personas defensoras de derechos humanos, por ello, invitamos al estado guatemalteco a que adopte urgentemente medidas preventivas y de protección en este ámbito.
4. Reforzar la cooperación española, a través del Marco de Asociación País (MAP), impulsando el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la sociedad civil, así como la realización de los derechos humanos a través de una vida
libre de violencias.
Paralelamente, continuar promoviendo la actividad desarrollada por la AECID sobre el terreno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Hana Jalloul Muro y María Dolores Corujo Berriel, Diputadas.-Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Justicia
161/000140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativas a la concesión de indulto al sindicalista Xesús Anxo López Pintos, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El 4 de octubre de 2012 tenía lugar en Ferrol una concentración convocada por los comités de empresa de Poligal y de Navantia para protestar contra las políticas de recortes del entonces Gobierno central en manos del PP. Una concentración a
la que acudieron multitud de personas, organizaciones, sindicatos y formaciones políticas diversas.
Al finalizar la concentración que se llevó a cabo delante del Hotel Almirante en la ciudad ferrolana, la policía procedió a la detención del conocido sindicalista en la comarca de Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, exsecretario comarcal de la
CIG. Una actuación injusta, arbitraria y cargada de violencia.
El reconocido representante sindical fue condenado por la Audiencia Provincial de A Coruña a una pena de 6 meses y un día de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, por la comisión de un delito de
atentado contra agente de la autoridad. Una sentencia que ha confirmado el Tribunal Supremo.
El derecho fundamental al libre ejercicio de la actividad sindical, que se recoge en el artículo 28 de la CE, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otras normas,
se vio vulnerado la noche del 4 de octubre de 2012 cuando se procedió, de manera arbitraria, a la detención y posterior condena judicial del mencionado sindicalista, quien, además, fue víctima de malos tratos tal y como se recogió en los medios de
comunicación.
Con esta iniciativa parlamentaria queremos apelar al Gobierno a que lo indulte. Debe ser aprobado por un Consejo de Ministros e implica la extinción de la responsabilidad criminal. Una figura recogida en la Constitución y que permite la
adopción de decisiones políticas sobre cuestiones previamente abordadas por el poder judicial.
Para la concesión de un indulto es necesario que concurran en favor de una persona condenada razones de justicia, equidad o utilidad pública. El BNG considera que los tres factores indicados se aúnan en este caso. El representante sindical
participaba en la concentración para defender intereses sociales, laborales y económicos colectivos, y no intereses particulares.
El cumplimiento efectivo de la pena de prisión supondría un enorme sufrimiento para el sindicalista y para su entorno familiar, en especial cuando actualmente ya se encuentra en una situación de jubilación y los hechos ocurrieron hace una
década. Creemos necesario que desde el Gobierno se estudie y se atienda esta petición de indulto.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a iniciar, con carácter urgente, la tramitación ante el Consejo de Ministros que permita la aprobación del indulto para el sindicalista de la CIG (Ferrol), Xesús Anxo López Pintos,
condenado a una pena de 6 meses y un día de prisión e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, por la comisión de un delito de atentado contra agente de la autoridad, en la concentración llevada a cabo en Ferrol el 4 de
octubre de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á concesión de indulto ao sindicalista Xesús Anxo López Pintos para o seu debate na Comisión de Xustiza.
Exposición de motivos
O 4 de outubro de 2012 tiña lugar en Ferrol unha concentración convocada polos comités de empresa de Poligal e de Navantia para protestar contra as políticas de recortes do entón Goberno central en mans do PP. Unha concentración á que
acudiron multitude de persoas, organizacións, sindicatos e formacións políticas diversas.
Ao finalizar a concentración que foi levada a cabo diante do Hotel Almirante na cidade ferrolá, a policía procedeu á detención do coñecido sindicalista na comarca de Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, exsecretario comarcal da CIG. Unha
actuación inxusta, arbitraria e cargada de violencia.
O recoñecido representante sindical foi condenado pola Audiencia Provincial da Coruña a unha pena de 6 meses e un día de prisión e inhabilitación especial do dereito de sufraxio pasivo por ese tempo, pola comisión dun delito de atentado
contra axente da autoridade. Unha sentenza que confirmou o Tribunal Supremo.
O dereito fundamental ao libre exercicio da actividade sindical, que se recolle no artigo 28 da CE, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, ou o Pacto Internacional dos Dereitos Civís e Políticos, entre outras normas, viuse vulnerado a
noite do 4 de outubro de 2012 cando se procedeu, de maneira arbitraria, á detención e posterior condena xudicial do mencionado sindicalista, quen, ademais, foi vítima de malos tratos tal e como se recolleu nos medios de comunicación.
Con esta iniciativa parlamentaria queremos apelar ao Goberno a que o indulte. Debe ser aprobado por un Consello de Ministros e implica a extinción da responsabilidade criminal. Unha figura recollida na Constitución e que permite a adopción
de decisións políticas sobre cuestións previamente abordadas polo poder xudicial.
Para a concesión dun indulto é necesario que concorran en favor dunha persoa condenada razóns de xustiza, equidade ou utilidade pública. O BNG considera que os tres factores citados se reúnen neste caso. O representante sindical
participaba na concentración para defender intereses sociais, laborais e económicos colectivos, non intereses particulares.
O cumprimento efectivo da pena de prisión suporía un enorme sufrimento para o sindicalista e para a súa contorna familiar, en especial cando actualmente xa se atopa nunha situación de xubilación e os feitos ocorreron hai unha década. Cremos
necesario que desde o Goberno se estude e se atenda esta petición de indulto.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a iniciar, con carácter urxente, a tramitación ante o Consello de Ministros que permita a aprobación do indulto para o sindicalista da CIG (Ferrol), Xesús Anxo López Pintos, condenado a
unha pena de 6 meses e un día de prisión e inhabilitación especial do dereito de sufraxio pasivo por ese tempo, pola comisión dun delito de atentado contra axente da autoridade, na concentración levada a cabo en Ferrol o 4 de outubro de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para evitar la 'desertización' del Poder Judicial en Cataluña, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Poder Judicial en España es pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho que se describe en el artículo 1 de la Constitución Española. Además, es una obligación del Gobierno garantizar que la Justicia se administre en todo el
territorio nacional con las garantías necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 24 CE, que garantiza la tutela judicial efectiva.
El proceso independentista en Cataluña ha convertido a esta Comunidad Autónoma en el territorio con más movilidad judicial, por las constantes amenazas de los radicales independentistas a jueces, fiscales, letrados de la Administración de
Justicia, funcionarios y a la administración judicial en general.
La consecuencia de esto es la 'desertización' del Poder Judicial en Cataluña, por la falta de protección de todos aquellos que prestan servicio en la Administración de Justicia por la situación de acoso y amenazas que, en ocasiones, también
sufren sus familiares en esta Comunidad Autónoma. Este tipo de agresiones son impropias en una sociedad organizada dentro de un Estado de Derecho y revisten una marcada gravedad institucional, cualquiera que sea su origen o motivación, en tanto
pretenden afectar el normal desarrollo de la función de uno de los poderes del Estado.
El hecho de no protegerlos podría ser interpretado como indiferencia, al menos, respecto al debilitamiento del Poder Judicial, por lo que es necesario dotar a los órganos judiciales de estabilidad y garantizar la profesionalidad, solidez e
independencia del desempeño de la Administración de Justicia, ya que en toda sociedad democrática el respaldo y apoyo a la labor de los profesionales de la Justicia debe de reconocerse.
Esta misma situación se pudo apreciar hace unas décadas, en el País Vasco, motivado por la presión del entorno radical y terrorista. Así, por ejemplo, en 1998 el País Vasco estaba en el último lugar de preferencia para el ejercicio de la
profesión de la magistratura y se acabó produciendo una casi paralización del Poder Judicial en dicha Comunidad. Para contrarrestarlo el Consejo General del Poder Judicial tuvo que activar un plan de incentivos económicos y sociales que evitaron
una desertización judicial.
Todas las asociaciones de jueces, fiscales y de LAJs en Cataluña coinciden al señalar que, desde el inicio del 'procés', el independentismo está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial en esa Comunidad Autónoma,
especialmente en las causas en las que se investigan presuntos delitos cometidos por líderes separatistas. De forma constante, los independentistas se dedican a señalar a los jueces, fiscales, LAJs y funcionarios que cumplen con la función que
tienen encomendada de proteger la Constitución y la ley.
La consecuencia de este clima hostil es la 'desertización' de la Administración de Justicia en Cataluña, por la falta de protección de todos aquellos que prestan servicio en la misma por la situación de acoso y amenazas que, en ocasiones,
también sufren sus familiares en esta Comunidad Autónoma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se reconozca la labor efectuada por jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal de la Administración de Justicia que están ejerciendo su labor en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
2. Que se proceda a reformar la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, para evitar la desertización judicial en dicha Comunidad Autónoma.
3. Que se dote, asimismo, a los letrados de la Administración de Justicia de ayudas de índole económica para asegurar su permanencia en Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Fernando de Rosa Torner y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley reclamando garantías para la
implantación de las vistas y otras actuaciones judiciales por vía telemática, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, convalidado por el Congreso de los Diputados el 10 de enero, viene a establecer en su artículo primero que 'el objeto del mismo es la utilización de las tecnologías de la información por parte
de los ciudadanos y los profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia', igualmente viene a considerar que 'se utilizarán las tecnologías de la información, asegurando la seguridad jurídica digital, el acceso, la autenticidad,
confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus funciones. Añadiendo el carácter instrumental de soporte y apoyo
a la actividad jurisdiccional, con pleno respeto a las garantías procesales y constitucionales'. Pues bien el real decreto-ley no se ha sometido a debate en profundidad con los operadores jurídicos, asociaciones de jueces, fiscales, LAJs y de
funcionarios de la Administración de Justicia. Tampoco con los grupos políticos porque, aunque la materia digital trae causa de un proyecto de ley que se registró en el Congreso la pasada legislatura, ni siquiera se llegaron a presentar enmiendas
antes de la disolución de las Cortes Generales. Esta falta de diálogo y negociación se ha justificado en la 'urgencia' de recibir los 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation; pero es evidente que desde hace dos años el Gobierno ya
sabía que tenía que dictar una norma en materia digital y no se ha producido negociación previa alguna.
La transformación que opera este real decreto-ley en la justicia casa mal con la imposición que se ha producido al elaborar y aprobar una norma de tanta trascendencia, sin un debate parlamentario sosegado y sin contar con las Comunidades
Autónomas con competencias en Justicia pese a que la gestión y el coste de la transformación digital les afecta directamente.
Además, el real decreto-ley parte de una realidad que hoy no existe y que, por tanto, no permite generalizar todas las actuaciones judiciales, en particular las vistas, por vía digital. La imposibilidad de la práctica de las
videoconferencias o las dificultades para su correcta realización tras su implantación excepcional con motivo de la pandemia; las grandes diferencias entre territorios y juzgados provocan cientos de suspensiones de juicios cada día y ralentizan el
desarrollo normal de las vistas. En cualquier caso, la norma presenta dos problemas graves. En primer lugar, con la excusa del 'dato' y la necesidad de implantar la inteligencia artificial para facilitar una supuesta mayor eficiencia a través de
'actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas', se diseña un régimen que atribuye al Ministerio de Justicia o a las administraciones autonómicas competentes el conocimiento de cuanto se lleva a cabo en los Tribunales no solo desde la
perspectiva estadística para asegurar la dotación de medios y el mejor funcionamiento, sino también la información de
fondo, con el consiguiente riesgo de fuga de información 'altamente sensible' y de injerencias.
En segundo lugar, debe destacarse que la regla de celebración de juicios, vistas, y de toda clase de actuaciones, sea la presencia telemática, en lugar de configurarse como una excepción, atenta contra toda la doctrina del TS, del TC y el
TEDH sobre la necesaria inmediación judicial en la práctica de todas las actuaciones procesales. Un juicio telemático no siempre garantiza esa inmediación.
Basta una simple lectura del informe emitido por el CGPJ sobre el proyecto de ley, decaído por la convocatoria electoral, para constatar que los problemas denunciados se mantienen, con los riesgos inherentes para el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.
En definitiva, las alternativas tecnológicas que se utilicen deben reunir los requisitos de calidad y seguridad necesarios, evitándose su vulnerabilidad. La necesidad de implantar medios telemáticos para las actuaciones judiciales
constituye un objetivo por el que hay que trabajar intensamente, pero dicha implantación debe responder de forma realista a una planificación, contando con los recursos suficientes y garantizando un servicio público de Justicia, moderno y de
calidad.
Su impulso apresurado, forzado y sin garantías, no hará más que agravar la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia, especialmente, si se desatienden los mecanismos legales de protección de la seguridad, con caminos no
garantizados, poniendo en riesgo tanto la seguridad jurídica que proclama la Constitución en su artículo 9 como las garantías en la protección de los datos y la intimidad de los ciudadanos que exigen nuestro ordenamiento jurídico y Directivas
Europeas, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (UE) y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice de forma fehaciente que la apuesta tecnológica referida en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, se desarrollará aprobando un calendario realista de implantación con
mejora de la transitoriedad de la norma en su tramitación como proyecto de ley; asegurando la seguridad jurídica digital, el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e
interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus funciones, con pleno respeto a las garantías procesales, constitucionales y negociando con los operadores jurídicos, asociaciones de jueces, fiscales,
LAJs, sindicatos de funcionarios y con las Comunidades Autónomas con competencias en la Administración de Justicia; así como la transferencia suficiente y equitativa de recursos para garantizar que los procesos de digitalización favorezcan un mejor
servicio público de Justicia evitando su deterioro irreparable si se aplica el Real Decreto-ley 6/2023 en sus términos actuales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Fernando de Rosa Torner y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/000159
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la participación de tropas españolas en la misión militar en el Mar Rojo.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en la misma procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto presenta, con la firma de su Portavoz Adjunta, doña lone Belarra Urteaga, integrante de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su tramitación ante la Comisión competente relativa a la participación de tropas españolas en la misión militar en el Mar Rojo.
Exposición de motivos
El pasado 12 de enero Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron una campaña de bombardeos en zonas terrestres y densamente pobladas de Yemen, controladas por la milicia de los hutíes, que continúa a día de hoy y ha provocado un número
indeterminado de víctimas mortales. La ofensiva incide en la peligrosa escalada bélica del conflicto en Oriente Medio, desatado a raíz de la ofensiva militar y el asedio israelí sobre la Franja de Gaza a partir del pasado 7 de octubre, y que hasta
entonces involucraba de manera directa únicamente a actores de la región. Concretamente, el mar Rojo se convirtió en escenario de conflicto el pasado mes de noviembre, cuando los hutíes comenzaron una serie de ataques desde la costa de Yemen para
impedir el paso de buques israelíes o de empresas con intereses en Israel, con la intención de presionar al gobierno de Netanyahu para que cese su ofensiva contra los palestinos.
Por las aguas del mar Rojo navegan más de 19.000 cargueros anualmente, lo que supone el 11 % del tráfico marítimo global, además de ser el camino más rápido entre los puertos asiáticos y el Mediterráneo. También tiene un peso específico en
materia de aprovisionamiento energético, ya que por esta zona pasa en torno al 12 % del suministro de crudo mundial y el 8 % del gas natural licuado transportado por vía marítima, por lo que la interrupción del paso de buques supone un trastorno
para países importadores de
energía. Por el momento se calcula que el tráfico de mercancías en la zona se ha reducido en un 46 % en las últimas semanas. Por su parte, las principales navieras europeas, algunas de ellas líderes mundiales, han decidido virar sus buques
al sur, para bordear África por el cabo de Buena Esperanza y subir por la costa atlántica, pasando por Canarias, hasta Europa.
A mediados de diciembre el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció la conformación de una coalición naval para garantizar la libertad de navegación en esas aguas y precisó que España formaría parte de ella, algo que no había consultado
previamente con Moncloa. La postura del Gobierno de España entonces, según las informaciones públicas, consistía en respaldar una misión específica de la UE en el mar Rojo en la que participaran las Fuerzas Navales de países europeos que así lo
desearan, pero a la que España no se sumaría. Asimismo, España optó por vetar la ampliación de la misión naval Atalanta de la UE, que lucha contra la piratería en el océano Índico, y primera opción de la UE para poder secundar a EEUU en su
operación en el mar Rojo.
Una vez iniciada la ofensiva militar estadounidense y británica sobre Yemen del pasado 12 de enero, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró la negativa de España a participar en misiones internacionales en el mar Rojo para proteger
el transporte marítimo comercial; ni en la misión auspiciada por Estados Unidos, ni en la que prepara la Unión Europea para estar operativa a finales de febrero, alegando 'sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz'.
No obstante, tres días más tarde el Presidente del Gobierno planteó públicamente estar estudiando la posibilidad de que el ejército español enviara tropas, en concreto oficiales de enlace, a la misión de EEUU. Hoy, 18 de enero, las noticias
publicadas en medios digitales aluden al levantamiento por parte de España de su veto al envío de una flotilla, participando con ello en la misión que prepara la Unión Europea.
El artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional, especifica que corresponde al Congreso de los Diputados 'autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional', no
pudiendo eludir dicha autorización en ningún caso, ni aun por razones de extrema urgencia que no concurren en el presente supuesto, según el artículo 17 de la misma norma.
Esta previsión legal se ha respetado en los casos de las intervenciones militares previas. Ejemplo de ello fue el Pleno del martes, 22 de marzo de 2011, en el que se ratificó la participación de fuerzas españolas en la resolución de la
crisis de Libia, en aplicación de las resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, durante el Pleno del 21 enero de 2019 se ratificó la solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la
participación de un contingente español en la propia Operación Atalanta de la Unión Europea para luchar contra la piratería en aguas de Somalia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar, con carácter previo al inicio cualquier intervención de militares españoles en la operación del mar Rojo, la autorización del Congreso de los Diputados, compareciendo el Presidente del Gobierno ante el Pleno del mismo para
explicar los motivos de esta solicitud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/000161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez y don Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
('GPVOX'), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para su
debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ('ISD') se encuentra regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y desarrollado en el Real Decreto 1269/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Este impuesto, de naturaleza directa y subjetiva, grava la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o por cualquier otro título sucesorio.
El ISD, a pesar de ser un impuesto de carácter estatal, se encuentra cedido a las administraciones territoriales, que cuentan con competencias normativas y de gestión, recaudación e inspección en virtud de lo establecido en Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
La Constitución Española, en su artículo 31, establece que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio'.
En este sentido, el ISD es un impuesto de dudosa conformidad con los principios constitucionales que fundamentan un sistema tributario justo, según los términos de nuestra Carta Magna.
En primer lugar, la disparidad regional de normas en materia de ISD genera una desigualdad de bonificaciones, exenciones y límites tributarios de los ciudadanos españoles en función de su residencia.
En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 60/2015, de 18 de marzo, declaró que 'el territorio ha dejado de ser un elemento de diferenciación de situaciones objetivamente comparables para convertirse en un elemento de
discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente 'favorecer a sus residentes', tratándose así a una misma categoría de contribuyentes de forma diferente por el solo hecho de su distinta residencia'.
En segundo lugar, el impacto en la capacidad económica resulta notable, dado que este impuesto no evalúa adecuadamente la capacidad real de los contribuyentes para hacer frente al pago. La consecuencia de ello se traduce en el posible
alcance confiscatorio del impuesto, habida cuenta de que afrontar su pago conlleva, en muchos casos, comprometer el patrimonio y, por tanto, la propiedad privada de los ciudadanos. Es una circunstancia frecuente que los españoles -especialmente las
clases medias y populares- se vean obligados a rechazar herencias y, por tanto, a renunciar a los bienes a los que tienen derecho por no poder afrontar las cargas tributarias, lo que pone en cuestión la justicia y la constitucionalidad del impuesto.
Además, este impuesto supone un desincentivo al ahorro, ya que recae sobre el esfuerzo y el ahorro realizado para legar un patrimonio a sus descendientes. Aspiración que, en muchos casos, se ve truncada debido a los gravámenes que el Estado
establece sobre dichos bienes, haciendo que estos acaben frecuentemente en sus
propias manos. El ISD también contribuye al éxodo fiscal, puesto que aquellas regiones con un ISD menor son destino de ciudadanos que huyen de regiones con una alta presión fiscal.
Este efecto es excesivamente perjudicial para muchas familias que, al no poder satisfacer el ISD, se ven obligadas a renunciar a la herencia o a endeudarse, para poder hacer frente a sus obligaciones fiscales.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y aprobar en Consejo de Ministros, para su ulterior remisión a las Cortes Generales, un Proyecto de Ley que tenga por objeto la supresión del sistema tributario español del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2024.-Pablo Sáez Alonso-Muñumer, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de equiparación salarial real y total
de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, tras un proceso de negociación llevado a cabo con el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.
También para impulsar su modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
En ese Acuerdo se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a la Productividad (el
10 % restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.
Las cantidades asignadas a cada ejercicio fueron las siguientes:
2018: 310 millones de euros, más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 90 millones de euros para el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del
acuerdo de fecha 9
de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total de 500 millones para este ejercicio.
2019: 250 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en el ejercicio anterior (310). Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 100 millones de euros, para
el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 450 millones.
2020: 247 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en los ejercicios 2018 y 2019 y que hacen un total de 807 millones de euros. Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva
no ocupada; más 110 millones de euros para el colectivo de policías nacionales y guardias civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 457 millones.
Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta. Dicha consultora analizaría las
cifras de equiparación puesto a puesto y fijaría las correcciones que fuesen necesarias.
Pues bien, en la actualidad hemos tenido conocimiento de que el Gobierno del Partido Socialista despreció el informe inicial de la auditoría que suponía poner más dinero para la equiparación y que incluso encargó uno nuevo que tuviera en
cuenta las nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otra parte, en la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación, el Ministerio del Interior se comprometía a impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre
las policías que realicen las mismas funciones. Esta medida, que conlleva la aprobación de una ley de retribuciones que impida en el futuro la existencia de desigualdades salariales de Policial Nacional y Guardia Civil con otros Cuerpos, es más
necesaria y urgente que nunca para proteger sus derechos económicos.
Por último, en la cláusula tercera se obligaba al Gobierno a destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo. A pesar del
déficit actual de personal que existe en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta la fecha no se ha desarrollado ni ejecutado esta cláusula, impidiendo que cientos de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
se puedan incorporar a sus puestos.
El Partido Popular defiende la necesidad de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para
realizar su inmenso y sacrificado trabajo; y deben tener las mismas retribuciones que el resto de cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas.
2. Ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva,
reconociéndoles el derecho a la equiparación.
3. Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español.
4. Proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas, para aprobar la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada a policías nacionales y guardias civiles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno proceda a la
declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad y la seguridad de las personas.
El artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación.
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
La Policía Nacional y la Guardia Civil no están incluidas como profesión de riesgo, recientemente en el año 2020 se aprobó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que se instaba al Gobierno a realizar los estudios
necesarios para declarar profesión de riesgo a los policías locales, entre otras ventajas y reconocimientos supondrá un coeficiente reductor a la hora de la alcanzar la jubilación a los cincuenta y nueve años, con el 100 %, de retribuciones y que
beneficiará a más de 60.000 policías locales.
Las pensiones son iguales para todos los miembros de clases pasivas, variando según los grupos de pertenencia y antigüedad, esto lo recoge el Real Decreto Legislativo 760/1987, de 30 de abril (Ley de clases pasivas).
No puede ser la misma pensión de un Policía Nacional y de un Guardia Civil que un administrativo del Estado. El trabajo no es el mismo y el riesgo evidentemente no es comparable, considerando tanto el trabajo como el riesgo superior.
Se hizo una modificación en el año 2015, en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, para reconocer prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
Las jubilaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en la actualidad se pueden solicitar con treinta años de servicio y sesenta años de edad (con la perdida correspondiente de poder adquisitivo), de igual manera que el resto de funcionarios
pertenecientes a Clases pasivas. Las policías locales y policía autonómica a los cincuenta y nueve años, sin pérdida de poder adquisitivo.
La Policía Nacional y Guardia Civil no están reconocidas como profesión de riesgo por el Estado, sin embargo, se les penaliza como si tuvieran tal consideración de profesión de riesgo, por ejemplo, a la hora de hacer un seguro de vida tiene
que pagar un 40 % más en dicha póliza por ejercer las funciones policiales.
Es de justicia que se dé una solución a las retribuciones en la jubilación de Policía Nacional y Guardia Civil. De igual manera que se creó una bonificación por trabajos como Policía Local. Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, para
igualar las pensiones (retribuciones) de Policías Locales por acto de servicio como las tienen los pertenecientes a Clases Pasivas.
Es de justicia y sentido común enmendar esta injusticia con Policía Nacional y Guardia Civil. Es de recibo y sentido común considerar a la Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo como otras profesiones así reconocidas en
España (trabajadores incluidos en el estatuto minero, personal de vuelo, trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la ertzaintza y policías locales) y así abrir una puerta dentro de clases
pasivas, para diferenciarse dentro de todos los funcionarios integrados en estas clases, por sus peculiaridades y riesgos al ejercer su profesión, y así poder igualar nuestras pensiones de jubilación por años de servicio, con Policía Local y cuerpos
autonómicos, en las mismas circunstancias que ellos.
Igualmente, hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad, unido al quebrantamiento social en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, que conlleva que de media en España
cada día sean agredidos 30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según los datos del propio Ministerio del Interior. En 2023 Policías y Guardias Civiles sufren 1.400 agresiones al mes, tras tres años con incrementos superiores al 8 %. En
concreto, en 2020 se contabilizaron 13.671 agresiones, 15.360 en el año 2021 y 16.651 en el año 2022. Y hasta agosto de 2023 se han contabilizado 11.311, cada vez más en aumento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Declarar como Profesión de Riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
2. Realizar las modificaciones legislativas oportunas para su jubilación anticipada al que así lo deseara.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad
de Prevención y Reacción en la Comisaría de Pontevedra y construir una nueva comisaría, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes
para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.
Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa.
Sus funciones se concretan, en líneas generales, en las siguientes:
1. Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
2. Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
3. Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
4. Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata.
Estimamos necesaria una UPR en Pontevedra por los siguientes motivos:
- Es una ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas.
- En Pontevedra no se establecen controles habituales por carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo lo realizan unos pocos funcionarios y sin los medios necesarios para ello.
- No existe en Pontevedra una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones. Por lo que hay que utilizar unidades de otras
plantillas.
- Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general.
Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con Unidades de lucha contra la droga y el crimen organizado, ya implantadas en Pontevedra, como el GRECO Galicia y la UDYCO, o la Brigada de Extranjería en relación con la inmigración
ilegal.
De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Pontevedra como refuerzo, en determinados momentos, a otras comisarías de la zona norte de la provincia de Pontevedra, como Marín y Vilagarcía, ya por sí muy disminuidas de
personal. Ni que decir tiene su reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.
No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas, identificación de sospechosos o
reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones de colegios, etc.
Por otra parte, los sindicatos policiales y los vecinos de Pontevedra llevan años reclamando la construcción de un nuevo edificio para la Comisaría de Pontevedra, puesto que las actuales dependencias están 'totalmente obsoletas'.
Entre algunas de las deficiencias están, por ejemplo, que en la oficina de denuncias tienen que atender a dos denunciantes al mismo tiempo, separados solo por un biombo, con la consiguiente falta de intimidad. También hay carencias en los
vestuarios de los policías, sin duchas ni servicios; además de la falta de luz natural en todo el edificio y los espacios reducidos en todas las dependencias. Tampoco cuentan con una zona de descanso para los funcionarios.
Solo una nueva comisaría permitiría ofrecer a los ciudadanos un servicio adecuado, por eso se hace necesario la construcción de esta infraestructura, ya que los pontevedreses merecen un servicio similar al del resto de las ciudades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Pontevedra.
2. Construir una nueva Comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Pontevedra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Pedro Puy Fraga, Irene Garrido Valenzuela, Ana María Pastor Julián y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación urgente de
efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón para cubrir el 100 % del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas Unidades, para su debate en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
El Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, sobre organización de las Unidades Adscritas del CNP, que desarrolla el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece la posibilidad de adscripción de Unidades
del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas incluidas en el apartado 2 del artículo 37 de la misma ley, disponiendo que las condiciones de la adscripción se concretarán en acuerdos administrativos de colaboración, que respetarán los
principios determinados en el mencionado precepto.
Las funciones que desempeñan, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, son:
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.
- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios
de sus servicios.
- La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita.
- El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma.
- Otras que se han ido sumando en virtud de nuevos convenios de colaboración, según la comunidad autónoma afectada.
Las responsabilidades y funciones que asignan las nuevas normas a la Policía Nacional requieren de un aumento de efectivos destinados de forma exclusiva a las
labores de inspección, control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de juego; mejora que además afectaría a la coordinación con otras unidades y servicios policiales en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos y por
lo tanto supondría una mejora en el servicio a la ciudadanía, haciendo así casi imposible desarrollar y prestar los servicios que competencialmente tienen asignados.
Además, las Unidades Adscritas de la Policía Nacional prestan otros importantes servicios a la sociedad, entre los que destacan también la atención a los menores en desamparo, la reventa en los espectáculos públicos y el medio ambiente,
entre otros.
Las Unidades Adscritas de Policía Nacional a las Comunidades Autónomas viven su peor época, con un mínimo histórico de efectivos que tiene a Andalucía y Galicia como las principales víctimas de una estrategia, la del Ministerio del Interior,
que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados.
Así, de las 1.875 vacantes que existen en Policía Nacional para las Unidades Adscritas a la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón solo están cubiertas, con cifras actualizadas a julio de este año, poco más
del 68 %.
Desde el 1 de enero de 2019 y hasta la fecha el porcentaje de agentes destinados en esas unidades se ha desplomado 8,6 puntos, pasando de los más de 1.620 en el año 2017 a los 1.278 efectivos en la actualidad.
Estos mínimos históricos afectan al ejercicio de las competencias que esas Comunidades Autónomas, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre adscripción de unidades de
Policía Nacional a aquellas.
La pérdida de efectivos, que se ha convertido en algo crónico, tiene su origen en la negativa del Ministerio del Interior a convocar las vacantes en las Unidades Adscritas más afectadas por el descenso en el número de policías destinados en
ellas. Pese a que desde las Comunidades Autónomas afectadas se viene requiriendo y demandando más efectivos.
En algunas de las unidades adscritas de la Policía Nacional, no se convocan concursos específicos de méritos desde el año 2013, en el caso de Andalucía desde el año 2012, lo que está lastrando la prestación de los servicios encomendados y
provocando un redoble de esfuerzos difícilmente asumibles por los funcionarios policiales, dado el incremento de demandas y solicitudes de apoyo y colaboración que vienen recibiendo por parte de los órganos dependientes de las respectivas
Comunidades Autónomas, así como aquellas que provienen de la propia iniciativa de los mismos atendiendo a sus competencias específicas.
En el caso de Aragón la cuestión se hace más compleja desde que en 2023 se aprobó la Ley 9/2023, de 23 de marzo, por la que se modifica la Ley 2/2000, de 28 de junio, de Juego de la Comunidad Autónoma; una actualización legislativa que
amplía las funciones y dota de nuevas herramientas a los servicios de inspección y control.
La situación de los convenios de las unidades adscritas en la actualidad es la siguiente:
La Unidad Adscrita de Galicia: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 22 de octubre de 1990. Se prorrogó en 1993, 1996, 1999, 2002 y 2005 (que finalizó en 2008). Debería haberse renovado, en cumplimiento de
la Ley 40/2015, antes del 1 de octubre de 2019. El compromiso del Ministerio de Interior era alcanzar la cifra real de 500 policías destinados antes de acabar el año 2006 y luego mantenerlos. Al cerrarse 2023 tendrá solo 350 policías.
La Unidad Adscrita a la junta de Andalucía: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 21 de diciembre de 1992. Se prorrogó en 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007 (que finalizó en diciembre de 2010). Debería haberse
renovado, en cumplimiento de la Ley 40/2015, antes del 1 de octubre de 2019. El compromiso alcanzado en el último convenio era llegar a los 1.000 policías antes de su caducidad (17 de diciembre de 2010). En actualidad solo tiene 383 policías.
La Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó en 1991. Se prorrogó en 2002 y 2007 y el que está en vigor
en la actualidad se firmó el 18 de septiembre de 2018 (ya ha caducado, en septiembre de 2022). En la actualidad tiene 402 efectivos.
La Unidad Adscrita de Aragón: El primer convenio entre Interior y esa Comunidad Autónoma se firmó el 9 de mayo de 2005. Se prorrogó en 2009 con duración indefinida, compromiso del Ministerio de alcanzar los 200 efectivos de catálogo (150
en activo y 50 en segunda actividad). Debería haberse renovado desde octubre de 2019. En 2023 tiene 144 policías en activo.
Como podemos observar la situación de falta de personal es común en todas las Unidades Adscritas de Policía desde hace años y se hace urgente y necesario completar las plazas vacantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Que se proceda a una reunión urgente entre las Comunidades afectadas y el Ministerio del Interior, como están demandando las autoridades autonómicas.
Segundo. Que se provean a la mayor brevedad comisiones de servicio inmediatas para cubrir las plazas vacantes de las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón.
Tercero. Que se convoque el concurso específico de méritos para cubrir las plazas necesarias de las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, que tienen idéntico régimen estatutario,
llegando lo antes posible a cubrir el 100 % del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas Unidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Ana Belén Vázquez Blanco, María del Mar García Bella, Macarena Montesinos de Miguel y Bella Veromo Domínguez, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/000139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la creación de la Vía Verde entre Arcade (Soutomaior) y Pontevedra, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La demanda de una Vía Verde entre Soutomaior (Arcade) y Pontevedra es una petición vecinal histórica que precisa de la desafección de uso ferroviario por parte de Adif del tramo de la antigua vía de tren entre Pontevedra y Arcade. Una
infraestructura en desuso y en total estado de abandono desde hace mucho tiempo, como prueba el hecho de que se encuentre cubierta de maleza y falta de actuaciones de limpieza.
Esta reivindicación fue trasladada por el BNG al Ministerio a través de diversas iniciativas y enmiendas a los Presupuestos del Estado en los últimos años. A nivel
municipal, distintos colectivos vecinales, sociales y deportivos han realizado diferentes actividades y acciones reivindicativas en las que también ha colaborado el BNG, entre las que se incluye una marcha por el trazado de la futura vía
verde que contó con la participación de vecinos y vecinas de Soutomaior, Vilaboa y Pontevedra.
El Gobierno del Estado debe colaborar y posibilitar una Vía Verde que una Arcade con Pontevedra, para lo que es preciso que Adif desafecte el tramo de uso ferroviario como primer paso para poder abordar la Vía Verde entre Arcade y Pontevedra
a través de Vilaboa.
Como sabe el Ministerio de Transportes, las Vías Verdes contribuyen a la sostenibilidad y a una mejor calidad de vida, además de incentivar formas de vida saludables y el deporte, dinamizar áreas rurales y promover el comercio local y la
hostelería.
En este sentido, es de destacar que ya existe un tramo de Vía Verde en la comarca de O Salnés que empezó uniendo los concellos de Vilagarcía, Caldas de Reis y Portas. Ampliar la vía, posibilitando la conexión desde Pontevedra hasta Arcade y
unirla con el tramo de Redondela-Vigo, convertiría esta senda en un atractivo turístico de gran interés para ambos municipios, poniendo en valor zonas de importante valor paisajístico como la desembocadura del río Verdugo, la isla Medal, las salinas
de Ulló o las antiguas canteras de Vilaboa.
No encontramos ningún motivo para que el Ministerio no desbloquee una infraestructura que no se utiliza y hacer lo mismo que se hizo en otras zonas, atendiendo una demanda justa y que permitiría completar la Vía Verde do Salnés. Además, no
implica una inversión importante, tan solo precisa de voluntad política.
Es un proyecto que repercute positivamente en el bien común, en el bienestar de los vecinos y vecinas, además de aportar muchos elementos beneficiosos para la comarca. Precisamente el Programa 'Vías Verdes' está destinado a la reutilización
de antiguas infraestructuras ferroviarias como itinerarios no motorizados. Parte de la idea del Programa es la recuperación social de activos en desuso para la dinamización socioeconómica, especialmente en el ámbito rural.
Además, este tipo de Programas están en línea con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y el propio Adif ha publicitado que con las vías verdes potencia la creación de itinerarios accesibles y seguros e impulsa la
reutilización de antiguos trazados ferroviarios para promover el turismo local, la movilidad sustentable, el ocio participativo, el respeto al medio ambiente y la generación de dinamismo económico, tanto directo como indirecto.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Transportes y ADIF, a desafectar del uso ferroviario el tramo de la antigua vía ferroviaria entre Arcade y Pontevedra con el objetivo de crear una Vía
Verde que una estos municipios, dado que la infraestructura está en desuso y en estado de abandono desde hace años, favoreciendo así su uso público al reutilizarse con fines sociales, medioambientales, culturales, de promoción del turismo local y
del ocio participativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
creación da
Vía Verde entre Arcade (Soutomaior) e Pontevedra para o seu debate na Comisión de Transportes e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de motivos
A demanda dunha Vía Verde entre Soutomaior (Arcade) e Pontevedra é unha petición veciñal histórica que precisa da desafección de uso ferroviario por parte de Adif do tramo da antiga vía de tren entre Pontevedra e Arcade. Unha infraestrutura
en desuso e en total estado de abandono desde hai moito tempo, como proba o feito de que se atope cuberta de maleza e falta de actuacións de limpeza.
Esta reivindicación foi trasladada polo BNG ao Ministerio a través de diversas iniciativas e emendas aos Orzamentos do Estado nos últimos anos. A nivel municipal, distintos colectivos veciñais, sociais e deportivos realizaron diferentes
actividades e accións reivindicativas nas que tamén colaborou o BNG, entre as que se inclúe unha marcha polo trazado da futura vía verde que contou coa participación de veciños e veciñas de Soutomaior, Vilaboa e Pontevedra.
O Goberno do Estado debe colaborar e posibilitar unha Vía Verde que una Arcade con Pontevedra, para o que é preciso que Adif desafecte o tramo de uso ferroviario como primeiro paso para poder abordar a Vía Verde entre Arcade e Pontevedra a
través de Vilaboa.
Como sabe o Ministerio de Transportes, as Vías Verdes contribúen á sustentabilidade e a unha mellor calidade de vida, ademais de incentivar formas de vida saudábeis e o deporte, e de dinamizar áreas rurais e promover o comercio local e a
hostalería.
Neste sentido, é de destacar que xa existe un tramo de Vía Verde na comarca do Salnés que empezou unindo os Concellos de Vilagarcía, Caldas de Reis e Portas. Ampliar a Vía, posibilitando a conexión desde Pontevedra até Arcade e unila co
tramo de Redondela-Vigo, convertería esta senda nun atractivo turístico de grande interese para ambos municipios, poñendo en valor zonas de importante valor paisaxístico como a desembocadura do río Verdugo, a Illa Medal, as Salinas de Ulló ou as
antigas canteiras de Vilaboa.
Non atopamos ningún motivo para que o Ministerio non desbloquee unha infraestrutura que non se utiliza e facer o mesmo que se fixo noutras zonas, atendendo unha demanda xusta e que permitiría completar a Vía Verde do Salnés. Alén do mais,
non implica un investimento importante, tan só precisa de vontade política.
É un proxecto que repercute positivamente no ben común, no benestar dos veciños e veciñas ademais de achegar moitos elementos beneficiosos para a comarca. Precisamente o Programa 'Vías Verdes' está destinado á reutilización de antigas
infraestruturas ferroviarias como itinerarios non motorizados. Parte da idea do Programa é a recuperación social de activos en desuso para a dinamización socioeconómica, especialmente no ámbito rural.
Alén do máis, este tipo de Programas están en liña coa Axenda de Desenvolvemento Sustentábel 2030 de Nacións Unidas e o propio Adif publicou que coas Vías Verdes potencia a creación de itinerarios accesíbeis e seguros e impulsa a
reutilización de antigos trazados ferroviarios para promover o turismo local, a mobilidade sustentábel, o lecer participativo, o respecto ao medio ambiente e a xeración de dinamismo económico, tanto directo como indirecto.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Transportes e ADIF, a desafectar do uso ferroviario o tramo da antiga vía ferroviaria entre Arcade e Pontevedra co obxectivo de crear unha Vía Verde que una estes
municipios, dado que a infraestrutura está en desuso e en estado de abandono desde hai anos,
favorecendo así o seu uso público ao reutilizarse con fins sociais, ambientáis, culturáis, de promoción do turismo local e do lecer participativo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
161/000141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la instalación de barreras acústicas en la AP9 en el tramo que discurre por el Concello de Bergondo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
Hace años que los vecinos y vecinas de Mariñán, en el concello de Bergondo, denuncian los problemas que les causa la cercanía de la autopista AP9 a su paso por el municipio. La AP9, una infraestructura viaria de alta capacidad construida en
los años 70 en que el tránsito de vehículos a altas velocidades es constante, necesita de mejoras en muchos puntos para proteger a las personas residentes en las zonas próximas de la contaminación acústica.
La Autopista del Atlántico, vía de titularidad estatal concesionada con la empresa Audasa, atraviesa Mariñán, lugar en que llevan tiempo reclamando que se instale algún sistema reductor del impacto sonoro en sus viviendas -pantallas
acústicas o antiruido- que ya son habituales en la construcción de nuevos viales en la actualidad, pero que no solían implementarse en las obras de hace cincuenta años. También se encuentran afectadas las personas residentes en los lugares de O
Miodelo y Guísamo, en que sufren el mismo problema de constantes ruidos. Es más, los y las habitantes de Guísamo indican que la contaminación acústica ha aumentado después de la última reparación de la vía, cuestión que puede estar relacionada con
el material empleado en la capa de rodadura y que necesita de una solución por parte del Ministerio de Transportes.
Las reclamaciones de las y los residentes en Mariñán y Miodelo han sido ya trasladadas a las distintas Administraciones competentes en varias ocasiones, tanto al propio Concello de Bergondo como a la Consellaría de Infraestructuras de la
Xunta y al propio Ministerio de Transportes sin que se haya iniciado ninguna actuación al respecto.
Así, a día de hoy, las demandas de estos vecinos y vecinas continúan sin ser atendidas y deben seguir soportando a diario una situación que afecta directamente a su calidad de vida sin poder hacer nada.
Debe tenerse en cuenta que está demostrado que la exposición directa y continuada a una contaminación acústica elevada puede derivar en problemas de salud, precisamente por ello, la inacción de las administraciones públicas es incomprensible
y debe articularse una solución a la mayor brevedad.
En respuesta a otra iniciativa similar presentada en mayo de 2022, se indicaba que los mapas estratégicos de ruido de la Dirección General de Carreteras, en cumplimiento de la segunda fase de aplicación de la Directiva Europea 2002/42/CE, de
17 de mayo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y de conformidad con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, y su normativa de desarrollo, evalúan el ruido dentro de un marco estratégico y global fundamentado en dar soluciones al
conjunto de la sociedad, en base a la eficiencia presupuestaria, objetividad e igualdad de oportunidades. Con estos fundamentos fue elaborada la segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido, donde se detallan las actuaciones a realizar en el
conjunto de la Red de Carreteras del Estado,
atendiendo a la magnitud del problema de ruido, exposición a este de edificios sensibles y número de población afectada que se beneficiara. Estos Mapas Estratégicos y el Plan de Acción contra el Ruido deben ser revisados periódicamente,
definiéndose en cada fase unos criterios con actuaciones que beneficien a núcleos menos numerosos y viviendas aisladas sometidas a niveles acústicos excesivos.
En este sentido, la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estaba tramitando en aquel momento el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares correspondiente para la revisión de los Mapas
Estratégicos de Ruido y del Plan de Acción contra el Ruido, tercera y cuarta fase, y la revisión de los Planeamientos Urbanísticos para actualizar la información y evaluar y dirimir la responsabilidad de financiación y ejecución de las medidas
correctoras.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado, concretamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a:
1. Dar las instrucciones precisas y adoptar todas las medidas necesarias para lograr la instalación de algún sistema de barreras acústicas que permita mitigar el ruido provocado por el continuo tránsito de vehículos por la vía y que causa
graves trastornos en la vida diaria de los vecinos y vecinas en el tramo de la Autopista del Atlántico AP9 que atraviesa el concello de Bergondo, en los lugares de Mariñan, Miodelo y Guísamo.
2. Estudiar los motivos por los que se ha incrementado el ruido en la misma autopista a su paso por el lugar de Guísamo como indican los vecinos y vecinas tras la última reparación del firme y nueva capa de rodadura para buscar la mejor
solución al problema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á instalación de barreiras acústicas na AP9 no tramo que discorre polo Concello de Bergondo para o seu debate na Comisión de Transportes e Movilidad Sustentábel.
Exposición de motivos
Hai anos que os veciños e veciñas de Mariñán, no Concello de Bergondo, denuncian os problemas que lles causa a proximidade da autoestrada AP9 ao seu paso polo municipio. A AP9, unha infraestrutura viaria de alta capacidade construída nos
anos 70 en que o tránsito de vehículos a altas velocidades é constante, necesita de melloras en moitos puntos para protexer ás persoas residentes nas zonas próximas da contaminación acústica.
A Autoestrada do Atlántico, vía de titularidade estatal concesionada coa empresa Audasa, atravesa Mariñán, lugar en que levan tempo reclamando que se instale algún sistema redutor do impacto sonoro nas súas vivendas -pantallas acústicas ou
antiruido- que xa son habituais na construción de novas vías na actualidade, mais que non adoitaban colocarse nas obras de hai 50 anos. Tamén se atopan afectadas as persoas residentes nos lugares do Miodelo e Guísamo, en que sofren o mesmo problema
de constantes ruídos. É máis, os e as habitantes de Guísamo indican que a contaminación acústica aumentou despois da última reparación da vía, cuestión que pode estar relacionada co
material empregado na capa de rodadura e que necesita dunha solución por parte do Ministerio de Transportes.
As reclamacións das e os residentes en Mariñán e Miodelo foron xa trasladadas ás distintas Administracións competentes en varias ocasións, tanto ao propio Concello de Bergondo, como á Consellería de Infraestruturas da Xunta e ao propio
Ministerio de Transportes sen que se iniciara ningunha actuación ao respecto.
Así, a día de hoxe, as demandas destes veciños e veciñas continúan sen ser atendidas e deben seguir soportando a diario unha situación que afecta directamente á súa calidade de vida sen poder facer nada.
Debe terse en conta que está demostrado que a exposición directa e continuada a unha contaminación acústica elevada pode derivar en problemas de saúde, precisamente por iso, a inacción das administracións públicas é incomprensíbel e debe
articularse unha solución o máis axiña posíbel.
En resposta a outra iniciativa similar presentada en maio de 2022, indicábase que os mapas estratéxicos de ruído da Dirección Xeral de Estradas, en cumprimento da segunda fase de aplicación da Directiva Europea 2002/42/CE do 17 de maio,
sobre avaliación e xestión do ruído ambiental, e de conformidade coa Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído e a súa normativa de desenvolvemento, avalían o ruído dentro dun marco estratéxico e global fundamentado en dar solucións ao conxunto da
sociedade, en base á eficiencia orzamentaria, obxectividade e igualdade de oportunidades. Con estes fundamentos foi elaborada a segunda fase do Plan de Acción contra o Ruído, onde son detalladas as actuacións a realizar no conxunto da Rede de
Estradas do Estado, atendendo á magnitude do problema de ruído, exposición a este de edificios sensíbeis e número de poboación afectada que se beneficiase. Estes Mapas Estratéxicos e o Plan de Acción contra o Ruído deben ser revisados
periodicamente, definíndose en cada fase uns criterios con actuacións que beneficien a núcleos menos numerosos e vivendas illadas sometidas a niveis acústicos excesivos.
Neste sentido, a Dirección Xeral de Estradas, do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, estaba a tramitar naquel momento o Prego de Prescricións Técnicas Particulares correspondente para a revisión dos Mapas Estratéxicos de
Ruído e do Plan de Acción contra o Ruído terceira e cuarta fase e a revisión dos Plans Urbanísticos para actualizar a información e avaliar e dirimir a responsabilidade de financiamento e execución das medidas correctoras.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado, concretamente ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel a:
1. Dar as instrucións precisas e adoptar todas as medidas necesarias para lograr a instalación dalgún sistema de barreiras acústicas que permita mitigar o ruído provocado polo continuo tránsito de vehículos pola vía e que causa graves
trastornos na vida diaria dos veciños e veciñas no tramo da Autoestrada da Atlántico AP9 que atravesa o Concello de Bergondo, nos lugares de Mariñan, Miodelo e Guisamo.
2. Estudar os motivos polos que se incrementou o ruído na mesma autoestrada ao seu paso polo lugar de Guísamo como indican os veciños e vecinas despois da última reparación do firme e nova capa de rodadura para buscar a mellor solución ao
problema.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/000143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez de Millán Parro, don José Ramírez del Río, don Jacobo González-Robatto Perote y don Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional contra el Abandono Escolar Temprano, para su discusión en la Comisión de
Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Primero. El abandono escolar temprano en España
El abandono escolar temprano ('AET') es un problema social y educativo cuya resolución debe considerarse de carácter prioritario para los poderes públicos competentes. Los datos hablan por sí solos: la tasa de AET, es decir, el cálculo
porcentual de personas de dieciocho a veinticuatro años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (Formación Profesional de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y no realiza ningún tipo de estudio o formación, se sitúa en números
demasiado elevados 1: un 13,9 %, según una de las últimas Encuestas de Población Activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística ('INE') que recoge datos referidos a este fenómeno en España, a fecha de 2022.
El dato, además, está considerablemente por encima de la media la Unión Europea (9,7 %), lo que sitúa a España en el vagón de cola de esta comparativa (solo superada por Rumania) 2.
Asimismo, los datos de AET llaman poderosamente la atención si atendemos a los sexos: son más ellos (16,5 %) que ellas (11,2 %) los que se encuentran en esta situación 3. Es, por tanto, una brecha llamativa a la que la opinión pública
desgraciadamente no presta atención, como tampoco lo hacen las administraciones públicas. En estos tiempos de imposición de la ideología de género no es de extrañar que un fenómeno en el que los hombres son los principales perjudicados se quiera
ocultar o, cuando menos, no darle la importancia debida.
Igualmente, los datos del INE refieren una distinta intensidad de AET entre unas y otras regiones españolas: según datos del INE, oscilan entre el 5,6 % y el 18,7 % 4. Se observa que las zonas con recursos limitados enfrentan mayores
desafíos en el acceso a una educación de calidad y a los servicios de apoyo, lo que incrementa las tasas de AET y perpetúa la desigualdad educativa y social.
Segundo. Las complejas causas del AET
Los motivos a los que se debe esta tasa de AET son de múltiples orígenes. En 2014, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas publicó un informe amplio, de casi 50 páginas, en el que desgranaba algunas de las causas del abandono
1 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925480602&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalle¶m3=1259924822888
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SDG_04_10/default/table?lane=en
3 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925480602&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalle¶m3=1259924822888
4 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:952c4c1a-8102-4c96-9575-a73ecfef73ea/nota-resumen.pdf
escolar temprano 5. Así, la entidad aludía a causalidades de índole interno y externo al sujeto sufriente de este fenómeno.
Entre las de carácter interno destacan aquellas relacionadas con las cualidades y habilidades innatas de la persona y desarrolladas en el ámbito educativo. Suelen ser lo que comúnmente se conoce como aptitudes para el estudio y la atención
en el aula. Los alumnos que sufren de estas carencias se exponen no solo a la incapacidad de llegar a los resultados esperados en clase, sino también, y con consecuencias mucho peores, a la insatisfacción por no alcanzar el nivel de sus compañeros
de pupitre. Insatisfacción que, en muchas ocasiones, se traduce en falta de lucha por sacar adelante los estudios y, en última instancia, en la renuncia a continuar con su educación. Se trata de situaciones complejas y con multitud de aristas que,
en muchas ocasiones, no se deben exclusivamente a una falta de talento en los estudiantes, a una menor dedicación de horas al estudio o a la ausencia de disciplina. Con frecuencia, estos alumnos también sufren las consecuencias de encontrarse en un
entorno hostil o laxo en lo que se refiere a los estudios, lo que nos aboca a la necesidad de análisis de las circunstancias externas.
Las causas externas de este fracaso escolar son, asimismo, extraordinariamente amplias y van desde aquellas de índole socioeconómico a las que tienen que ver con el entorno y ambiente en el que se desarrollan los menores. De esta manera,
varios estudios concluyen la intensa relación existente entre los buenos resultados académicos en los alumnos y el hecho de que convivan con sus padres, siendo aquellos superiores a los de quienes viven en hogares desestructurados 6. Igualmente,
existe una correlación entre una mayor probabilidad de fracaso escolar y, por ende, AET y crecer en una casa en la que los padres no poseen estudios superiores. También destaca, como factor exógeno de la AET, el nivel cultural que desprende una
familia; por ejemplo, si el niño crece en un ambiente familiar en el que los padres leen habitualmente y él lo ve como un pasatiempo a imitar, es más probable que se inicie en la lectura con mejores resultados en términos de comprensión lectora y,
por tanto, desarrollará una mejor predisposición al aprendizaje en la escuela, disminuyendo sustancialmente las probabilidades de AET.
No obstante todo lo anterior, como ya se ha apuntado, la casuística es numerosa en lo que se refiere a los factores que influyen o determinan el AET. Aún hace falta destinar recursos económicos y humanos para delimitar con precisión los
motivos que rodean el complejo fenómeno del AET, con objeto de prevenirlo. Concretamente, es fundamental contar con un instrumento estadístico y analítico que desglose con detalle las causas del AET para, sobre la base de los resultados de tal
estudio, proponer medidas concretas destinadas a solventarlo. En suma, es crucial que las autoridades competentes realicen un análisis exhaustivo de las causas internas y externas del AET para implementar políticas educativas focalizadas, abordando
desafíos socioeconómicos, familiares y académicos que impactan directamente en la retención estudiantil.
Tercero. Conclusión
El AET es un problema endémico en España, toda vez que nuestro país se sitúa como una de las naciones con mayor número de españoles que renuncian a la formación a edades anticipadas. Ello tiene consecuencias enormes en el tejido social: a
menor formación, menor posibilidad de acceder a puestos de trabajo de calidad (pues la educación es el verdadero ascensor social) y, por ende, a retribuciones salariales dignas. Otro de los impactos negativos del AET es la situación de
vulnerabilidad y la sensación de fracaso de quienes lo sufren.
5 https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/inee/documentos-de-trabajo/abandono-educativo-temprano-2.pdf?documentId=0901e72b818e38f4
6 https://www.aceprensa.com/educación/calidad-de-ensenariza/el-fracaso-escolar-empieza-en-primaria-o-antes/
Por estos motivos, es necesaria una Estrategia Nacional contra el Abandono Escolar, pues a problemas de alcance nacional, la solución debe ser también nacional. Se trata simplemente de voluntad política.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de una Estrategia Nacional contra el Abandono Escolar que contemple los siguientes elementos:
a) Análisis detallado de las causas por las que la tasa de abandono escolar temprano en España es una de las más elevadas de nuestro entorno europeo, desglosando los resultados por sexo, por territorio, por renta per cápita o familiar y por
tipología de titularidad de los centros docentes.
b) Fijación de objetivos a corto, medio y largo plazo en la lucha contra el abandono escolar temprano de manera que, en un tiempo razonable, se puedan evaluar a posteriori los resultados de esta política pública.
c) Propuesta de medidas, sugerencias, recomendaciones y acciones concretas que se puedan desarrollar, las cuales se expondrán ante la Conferencia Sectorial de Educación para que sean aplicadas en las distintas regiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000147
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada doña Montserrat Bassa i Coll, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
inclusión de todas las fórmulas familiares en los formularios e impresos de becas y ayudas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para su debate en instancia en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Exposición de motivos
Las familias son la estructura básica de las relaciones afectivas, un factor de cohesión social y el primer núcleo de convivencia de las personas. La definición tradicional de familia basada en el matrimonio y el reparto de cargas y
funciones por razón de sexo ha quedado desfasada.
Las transformaciones sociales de los últimos años (el feminismo, los derechos LGTBI, la globalización, etc.) han provocado la evolución y el cambio substancial en las características de las familias en relación con las de la generación
anterior.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en su interpretación del artículo 8 del Convenio Europeo, establece que el concepto de familia no queda limitado a las familias de origen matrimonial, sino que este alcanza las diversidades de
familias que forman la sociedad. Las familias han experimentado cambios en su composición y en su dimensión.
Ya no solo existe una sola familia tradicional, sino que existen muchas: familias con una sola persona progenitora, familias formadas por personas del colectivo LGTBI, familias reconstruidas, familias transnacionales, familias múltiples,
familias adoptivas, etc.
Esta diversidad ha de estar convenientemente prevista, recogida y protegida en la legislación. Debe de cumplirse el principio de igualdad material y la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del
individuo y de los grupos en los que se integra, en este caso, la familia, sea real y efectiva. De igual manera, todos los documentos, formularios e impresos con los que los ciudadanos e interesados se relacionan y dirigen a la Administración han
de recoger y prever toda la diversidad familiar.
En este sentido, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes utiliza formularios donde todavía se tienen que identificar los solicitantes como padres o madres o formularios que no permiten continuar con la tramitación sin
rellenar los campos correspondientes.
Es imprescindible actualizar los formularios e impresos para que cumplan con el lenguaje inclusivo, se adapten a las nuevas realidades familiares y que ninguna familia se encuentre excluida al no poder acceder a oportunidades educativas por
razones administrativas.
Por todo esto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a, en el plazo de tres meses, revisar todos los formularios e impresos de becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a modificarlos para incluir toda la
diversidad de los modelos familiares presentes en la sociedad y el lenguaje inclusivo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2024.-Montserrat Bassa Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Montserrat Bassa i Coll, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei Sobre la inclusió
de totes les formules familiars als formularis i impresos de beques i ajuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pel seu debat a la Comissió d'Educació, Formació Professional i Esports.
Exposició de motius
Les famílies són l'estructura bàsica de les relacions afectives, un factor de cohesió social i el primer nucli de convivència de les persones. La definició tradicional de família basada en el matrimoni i el repartiment de càrregues i
funcions per raó de sexe ha quedat desfasada.
Les transformacions socials dels últims anys (el feminisme, els drets LGTBI, la globalització, etc.) han provocat l'evolució i el canvi substancial en les característiques de les famílies en relació amb les de la generació anterior.
El Tribunal Europeu dels Drets Humans, en la seva interpretació de l'article 8 del Conveni Europeu, estableix que el concepte de família no queda limitat a les famílies d'origen matrimonial, sinó que aquest abasta les diversitats de famílies
que formen la societat. Les famílies han experimentat canvis en la seva composició i en la seva dimensió.
Ja no només existeix una sola família tradicional, sinó que n'existeixen moltes. Famílies amb una sola persona progenitora, famílies formades per persones del col·lectiu LGTBI, famílies reconstruïdes, famílies transnacionals, famílies
múltiples, famílies adoptives, etc.
Aquesta diversitat ha d'estar convenientment prevista, recollida i protegida en la legislació. S'ha de complir el principi d'igualtat material i l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i
dels grups en què s'integra, en
aquest cas, la família, sigui real i efectiva. D'igual manera, tots els documents, formularis i impresos amb els quals els ciutadans i interessats es relacionen i dirigeixen a l'Administració han de recollir i preveure tota la diversitat
familiar.
En aquest sentit, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports utilitza formularis on encara, avui dia, s'han d'identificar els sol·licitants com a pare o mare o formularis que no permeten continuar amb la tramitació sense
emplenar els camps corresponents.
És imprescindible actualitzar els formularis i impresos perquè compleixin amb el llenguatge inclusiu, s'adaptin a les noves realitats familiars i que cap família es trobi exclosa al no poder accedir a oportunitats educatives per raons
administratives.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol, en el termini de tres mesos, a revisar tots els formularis i impresos de beques i ajuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i a modificar-los per incloure la
diversitat dels models familiars presents a la societat i el llenguatge inclusiu.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de gener de 2024.-Montserrat Bassa i Coll, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para solicitar al Gobierno medidas
para paliar la crisis que está afectando a la cadena mar-industria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según el Consejo Económico y Social en su último informe La Pesca, la Acuicultura y la Industria Transformadora en España retos para su sostenibilidad, el Sistema Pesquero Alimentario (SPA) está integrado por 'un conjunto de actividades que
permiten poner a disposición de las personas consumidoras los alimentos producidos por el sector pesquero y acuícola, así como los transformados por la industria pesquera. Incluye por tanto al sector pesquero y la acuicultura, la industria del
pescado, y las actividades asociadas en los ámbitos industrial, de servicios, transporte, almacenamiento y distribución'.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a finales de 2022, la flota pesquera de España estaba compuesta por 8.657 buques, con un arqueo bruto de 320.168 GT y una antigüedad media de treinta y cinco años.
Respecto a la acuicultura, el número de establecimientos alcanzaba en 2021 un total de 5.182, el 97 por 100 de ellos en aguas marinas y el resto en aguas continentales.
En relación con la industria transformadora, el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, recogía para 2022 un total de 599 empresas en este subsector, la mayor parte micro y pequeñas empresas (el 70 % del total).
La flota se estructura mayoritariamente como artesanal, siendo el porcentaje más elevado (78 %) correspondiente a buques menores de 12 metros de eslora. La técnica mayoritaria son las artes menores, seguido del arrastre y el cerco.
El conjunto del sector pesquero, acuícola y la industria pesquera está pasando por una crisis especialmente relacionada con los costes y la inflación, al que se añade una reducción del consumo de productos. No debemos olvidad el peso
económico del sector, en torno al 1 % del PIB español, pero especialmente lo que contribuye a la economía de algunas regiones donde puede llegar a suponer el 10 % del PIB, según fuentes del propio ministerio.
La falta de rentabilidad del sector repercute en la ausencia de inversión, que tiene un efecto colateral, por ejemplo, con la renovación de la flota, es difícil afrontar un proceso de descarbonización y asumir las exigencias de la
sostenibilidad.
El incremento de los costes de producción, tales como energía, embalajes, aceite, el encarecimiento de los costes de personal, debidos a las revalorizaciones ligadas a un altísimo IPC, y la fuerte caída del consumo, mayor para las conservas
y productos transformados, han provocado que empresas del sector transformador de la pesca muestren serios problemas de liquidez en las últimas semanas.
Esas circunstancias provocan altos volúmenes de existencias en las empresas, que, unido a la falta de ventas, y a las importaciones libres de aranceles de terceros países como Vietnam, China, Rusia, Tailandia o Indonesia, impide recuperar el
gasto en la producción.
Para impulsar la demanda de productos del mar, y por lo tanto mejorar los ingresos y la liquidez en las empresas del sector, además de contribuir a la mejora en la alimentación de la población, el Gobierno debería poner en marcha medidas y
acciones necesarias para que las empresas de transformación de pescado mejoren su liquidez y puedan mantener a la actividad y los puestos de trabajo.
Muy al contrario, tres años después de empezar a repartir fondo Next-Generation y después de haber generado expectativas en la cadena mar-industria, el Gobierno informó de 'la no posibilidad de elegibilidad' de los proyectos propuestos por
el sector dentro del PERTE Agroalimentario.
Por otra parte, el sector lleva tiempo demandando, antes incluso de iniciar la crisis inflacionaria, una reducción del IVA para promocionar el consumo de pescado y otros productos del mar que repercutiría en toda la cadena. Sin embargo,
inexplicablemente, es uno de los productos que se han quedado fuera de la bajada del IVA de los alimentos frescos o de primera necesidad.
La importancia del sector mar-industria española, especialmente en algunas de nuestras regiones donde tiene gran peso socioeconómico, que debe ser reconocido, necesita ser reivindicada y defendida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar un PERTE específico para el conjunto del sector pesquero alimentario.
2. Extender la rebaja del IVA de los productos del mar al ser considerados básicos o de primera necesidad y estar demostrado su aporte fundamental a una dieta sana.
3. Interceder ante la UE para que intensifique los controles ante la amenaza de terceros países de saturar el mercado nacional y de que se cumplen todas las exigencias laborales, sociales, medioambientales e higiénico sanitarias que impone
Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2024.-Rosa Quintana Carballo, Milagros Marcos Ortega y Asier Antona Gómez, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000133
Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2024 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Mixto la Proposición no de Ley sobre energía eólica marina, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 70, de 23 de enero de
2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2024.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/000148
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Proposición no de Ley sobre la mejora y dignificación de las Cercanías en la Comunitat Valenciana y su apuesta para la descarbonización del transporte público.
Acuerdo:
Considerando que no se solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico. Asimismo publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, dando traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora y dignificación de las cercanías en el País Valencià y su
apuesta para la descarbonización del transporte público.
Exposición de motivos
La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, forma parte del Pacto Verde Europeo, tiene como objetivo garantizar una transición ecológica justa que priorice la descarbonización del transporte. Para ello, es fundamental, un cambio de
paradigma que rompa con la mirada casi monopolística del vehículo privado y gane cuota modal el transporte colectivo, particularmente el ferrocarril, y los traslados a pie y en bicicleta.
Para cumplir dicho objetivo es fundamental que las Administraciones Públicas en su conjunto prioricen la movilidad sostenible cotidiana de la mayoría social. Sin duda, medidas como la universalización en el acceso a las cercanías, con su
gratuidad para los usuarios,
sustentada por una fiscalidad justa es la dirección correcta. Aunque para que su aplicación sea eficiente y atractiva para el mayor número de personas posible debemos mejorar las infraestructuras y servicios ferroviarios. Pues debemos
reconocer que, a pesar de los grandes esfuerzos de los últimos años, tras décadas de abandono y debilitamiento del servicio público, todavía hoy el funcionamiento del cercanías en el País Valencià es deficiente.
Para que la transición ecosocial funcione democráticamente debe ser justa, pero también, debe apostar por la calidad de vida. A nadie le parece amable ni positivo los atascos, la imposibilidad para aparcar, ni mucho menos la contaminación y
baja calidad del aire.
En cambio, resulta amable y cómodo poder disfrutar de un servicio de cercanías universal de calidad, sostenible, cuyas frecuencias sean puntuales y la conectividad con otros medios de transporte nos haga ganar tiempo para vivir mejor y
desplazarnos de forma eficiente.
La Comunitat Valenciana, cuarta autonomía del estado en población, cuenta con dos núcleos de cercanías que sirven a las áreas metropolitanas de las principales ciudades.
El núcleo de Cercanías de València cuenta con cinco líneas, actualmente en servicio, que sirven a las áreas metropolitanas de València y Castelló, siendo el tercer núcleo de cercanías del estado en cuanto a número de viajeros anuales, por
detrás de Madrid y Barcelona, con más de 16 millones de viajeros en 2019 (último año antes de la pandemia), según los datos recogidos en el Informe 2021 Observatorio del Ferrocarril.
El núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante cuenta con tres líneas, dos de las cuales (C1 y C3) en territorio valenciano, dando servicio a las áreas metropolitanas de Alacant, Elx y Murcia. Este es el noveno núcleo de cercanías del país en
cuanto a número de viajeros anuales (casi 3 millones y medio de viajeros en 2019), a pesar de ser las provincias de Alacant y Murcia la cuarta y séptima en población del estado.
A pesar del aumento en las cifras de viajeros anuales en núcleos como los de Madrid, Barcelona o Málaga, en los núcleos de cercanías de València y de Murcia-Alicante, en el periodo de 2014 a 2019 no se produjo ningún aumento, sino que
incluso hubo un leve descenso en el número de viajeros, tal y como se refleja en el mismo informe. Estos datos probablemente se deban a circunstancias tales como la falta de electrificación y tramos de vía única de algunas líneas con falta de
inversión en ellas (especialmente llamativo es el caso de la línea C1 que une Alacant con Elx, Orihuela y Murcia), así como al aumento de los tiempos de viaje (caso de la línea C6 del núcleo de Cercanías de València, debido a las obras de
instalación del tercer carril), o a las cancelaciones de trenes por falta de personal y material.
En el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025 se marcaron una serie de actuaciones a realizar en ambos núcleos para mejorar esta situación. Si bien el plan no se ha completado, sí se ha realizado un esfuerzo inversor en la
red en los últimos años, a destacar:
- Renovación del tramo Silla-Gandía, incluyendo la instalación de BAB entre Silla y Cullera y la renovación de enclavamientos entre Sollana y Gandía.
- Renovación del tramo Silla-La Pobla Llarga y de Xàtiva a l'Alcúdia. Construcción de la nueva estación de l'Alcúdia de Crespins.
- Nueva estación de Albal.
- Instalación del BLAU entre Buñol y Utiel.
- Inicio obras canal de acceso que permitirán recuperar la conexión directa entre València Sant Isidre y València Nord.
- Inversión de más de 101 millones de euros en las obras de renovación integral de vía en la línea Xàtiva-Alcoi.
- Mejoría de infraestructura, estaciones con vías para trenes de 750 metros y sistemas de seguridad y señalización entre Sagunt y Caudiel dentro del plan director del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Sin embargo, el plan no está completado, su ejecución es más lenta de lo previsto, y son necesarias muchas otras actuaciones en ambos núcleos de cercanías para mejorar el
servicio ferroviario base de la transformación ecosocial imprescindible para garantizar el buenvivir de la mayoría y la salud del Planeta.
Por todo lo expuesto motivo se formaliza la presente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Cumplir, ejecutar y finalizar de todos los acuerdos y proyectos establecidos en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana (2017-2025) de la forma más rápida posible.
1.1 Ejecutar el Núcleo de Cercanías de València:
a) La duplicación de la línea Cullera-Gandía.
b) Estudio para la prolongación de la línea C1 desde Gandía hasta Oliva, incluyendo estaciones/apeaderos en los municipios de Bellreguard y l'Alqueria de la Comtessa.
c) Construcción de la segunda vía en la nueva línea de l'Alcúdia de Crespins a Moixent, correspondiente a la línea C2.
d) Duplicación y renovación de la línea València Sant Isidre-Aldaia-Buñol.
e) Electrificación de la línea Valéncia Sant Isidre-Aldaia-Buñol.
f) Renovación de la vía y electrificación de la línea Buñol-Utiel.
g) Continuar con la mejora de la infraestructura en la línea Sagunt-Caudiel, incluyendo la electrificación de esta.
2. Solicitar también tal y como viene reflejado en el Plan de Cercanías:
2.1 La continuidad con las obras del canal de acceso a València, que permitirán restablecer la conexión directa entre València Sant Isidre y València Nord.
2.2 La continuidad con los estudios y proyectos para desarrollar la nueva plataforma UIC València-Castelló, el túnel pasante y la estación central de València, tal y como viene reflejado en el Plan para descongestionar la línea C6 de
cercanías València-Castelló.
2.3 Núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante:
a) Desarrollar la Variante de Torrellano para la conexión de cercanías con el aeropuerto de l'Altet.
b) Conectar la línea C1 de cercanías con la estación de Elx AV desde la localidad de Elx, permitiendo una estación para el intercambio modal entre cercanías y alta velocidad.
3. Establecer nuevas actuaciones a realizar en los dos núcleos de cercanías de la Comunitat Valenciana, ampliando y mejorando el Plan de Cercanías actual para agilizar la apuesta por la descarbonización del transporte, la movilidad
sostenible y la vertebración de nuestras comarcas.
3.1 Núcleo de Cercanías de València:
a) Estudio para la prolongación de la línea C1 desde la estación actual de Gandía, no solo hasta Oliva, incluyendo estaciones/apeaderos en los municipios de Bellreguard y l'Alqueria de la Comtessa, sino hasta la localidad de Dénia, donde
debería tener conexión con la línea 9 del Tram d'Alacant, y con paradas intermedias en El Verger, Ondara y la Xara/Hospital de Dénia.
b) Construcción de la segunda vía en la nueva línea de l'Alcúdia de Crespins a Moixent, correspondiente a la línea C2.
c) Construcción de una estación para servicio de viajeros en la localidad de la Font de la Figuera en la línea de ancho ibérico, en la que podrían prestar servicio los trenes de media distancia de las relaciones València-Albacete y
València-Alacant, aunque con tarifas y condiciones integrados dentro del núcleo de cercanías de València.
d) Integración de los servicios de media distancia de la línea Xátiva-Alcoi dentro del núcleo de cercanías de València, incluyendo mapas, tarifas y abonos. Esta nueva línea València-Xátiva-Alcoi podría renombrarse como línea C2a.
e) Los municipios de l'Horta sud actualmente constituyen una conurbación que se sitúa en el entorno de unos 120.000 habitantes, con una estrecha relación con la ciudad de València. Prestan en ellos servicio los trenes de cercanías de las
líneas C1 y C2, con paradas actualmente en Silla, Catarroja, Massanassa y Alfafar-Benetússer, y en un futuro cercano, también en Albal. En muchas ocasiones la alta afluencia de viajeros y las escasas frecuencias, especialmente en fines de semana,
dificulta el uso del servicio por parte de los usuarios. Se trata este de un tramo que debería tener frecuencias de paso de trenes más elevadas, casi equiparables a las de una línea de tren suburbano o metro. Se solicita la creación de servicios
de cercanías entre València y Silla, o bien como servicios parciales de las líneas C1 y C2, o bien con una nomenclatura propia (nueva línea C4), que complementen a los servicios C1 València-Gandía y C2 València-Xátiva-Moixent, especialmente en hora
punta de días laborables y los fines de semana.
f) Construcción de una nueva estación de cercanías en Beniparrell, municipio situado a escasos metros de la línea ferroviaria València-Silla y actualmente sin parada en el mismo.
g) Reestablecimiento de la circulación ferroviaria en el tramo entre Utiel y Camporrobles perteneciente a la línea València-Aranjuez, con la integración dentro de la línea C3 de cercanías València. Renovación de la vía y electrificación de
la línea en este tramo al igual que en el Buñol-Utiel.
h) Clausura definitiva de la línea C4 hasta Xirivella l'Alter (sin servicio comercial actualmente), construyendo una nueva estación en Xirivella en la línea C3, cercana a la ubicación de la estación cabecera de la C4, que pueda suplir el
servicio prestado por la extinta C4.
i) Reforma de la línea entre Sagunt y el Port de Sagunt, con la creación de una estación para servicio de viajeros en el Port de Sagunt, permitiendo la creación de un nuevo servicio de cercanías entre València y el Port de Sagunt, bien con
parada en Sagunt, o bien servicios directos desde Puçol, debido a la ubicación de los desvíos. Esta actuación prestaría servicio al núcleo de población más importante del municipio de Sagunt (el Port de Sagunt, con alrededor de 45.000 habitantes),
el cual cuenta con una previsión de aumento de habitantes por la instalación de nuevas industrias en este entorno, además de mejorar la movilidad entre València y las comarcas de l'Horta nord y el Camp de Morvedre. Esta nueva línea podría
renombarse como línea C7.
j) Integrar dentro del sistema de tarificación, billetes, abonos y zonas del Núcleo de Cercanías València los viajes que se realicen desde/hacia la estación de Barracas, en la que seguirían prestando servicio trenes de media distancia de la
línea hacia Teruel y Zaragoza.
k) Garantizar los enlaces y trasbordos entre los trenes de las líneas C5 y C6 en la estación de Sagunt, en caso de retrasos en alguno de los servicios.
l) La finalización de las obras de implantación del tercer carril en el tramo Valéncia-Castelló y eliminación de las limitaciones temporales de velocidad, con la recuperación de los tiempos de viaje previos al inicio de las obras.
m) Integrar de forma definitiva en el Núcleo de Cercanías de València, incluyendo mapas, tarifas y abonos, los servicios que actualmente ya se prestan entre Castelló i Vinarós como parte de la línea C6 de cercanías.
n) Reforma y reapertura para el servicio de viajeros de la estación de Santa Magdalena de Pulpis para los servicios de cercanías y de media distancia.
3.2 Núcleo de Cercanías de Murcia-Alicante:
a) Continuar el desarrollo de la Variante de Torrellano para conseguir la conexión de la línea C1 de cercanías con el aeropuerto de l'Altet, cuarto aeropuerto en número de viajeros anuales de la España peninsular.
b) Electrificar y migrar al ancho UIC la línea C1 a su paso por Elx, permitiendo junto con la conexión con Elx AV y la variante de Torrellano, la renovación del material rodante y uso de trenes eléctricos en el conjunto de la línea C1
Alacant-Murcia.
c) La construcción de un segundo andén en las estaciones de Sant Vicent centre y de Universitat d'Alacant, lo cual permitiría el cruce de trenes con parada en estas estaciones, facilitando y mejorando la capacidad y la explotación del
conjunto de la línea C3.
d) Integrar de forma definitiva en la red de cercanías, incluyendo mapas, tarifas y abonos, los servicios que actualmente ya se prestan entre Sant Vicent centre i Villena como parte de la línea C3 de cercanías.
e) Integrar dentro del sistema de tarificación, billetes, abonos y zonas del Núcleo de Cercanías de Murcia-Alacant los viajes que se realicen desde/hacia las estaciones de Caudete, La Encina y La Font de la Figuera cuando se construyere, en
la que seguirían prestando servicio trenes de media distancia de las líneas hacia València y Ciudad Real.
f) La realización de un estudio de viabilidad para la conexión mediante tren de cercanías de la ciudad de Torrevieja, la sexta de la Comunitat Valenciana en cuanto a población (89290 habitantes), y con una importante actividad turística.
Esta línea podría iniciar su recorrido en la estación de Albatera, con paradas en municipios como Dolores, Almoradí, Benijófar o Los Montesinos, e incluso aprovechar parte del antiguo trazado ferroviario Albatera-Torrevieja, clausurada en 1986.
Permitiría vertebrar el transporte de la comarca del Baix Segura/Vega Baja, la creación de una nueva línea de cercanías Alacant-Elx-Torrevieja, junto con conexiones con Murcia en la estación de Albatera. Además, posibilitaría la creación de
servicios de media y larga distancia con ciudades como València, Barcelona o Madrid al construirse en ancho UIC dado que será el ancho de la línea C1 Murcia-Alacant.
g) Convertir el actual servicio de Proximidad que se presta entre Murcia y Cartagena a servicio de cercanías (línea C5), mejorando el conjunto del núcleo de cercanías de Murcia-Alicante.
Además de las actuaciones mencionadas de forma concreta para los dos núcleos de cercanías, se solicita también la realización de otras actuaciones a nivel general para la mejora del funcionamiento de la red de cercanías en la Comunitat
Valenciana.
4. Ejecutar otras actuaciones:
a) Continuar con la supresión de los pasos a nivel en las diferentes líneas de cercanías de la Comunitat Valenciana. Priorizando de forma urgente el paso a nivel de Alfafar-Sedaví-Benetússer, el punto ferroviario más peligroso y con más
accidentes mortales de España, y una solución urbanística integral para los barrios afectados.
b) La supresión progresiva de las limitaciones temporales de velocidad en las líneas de Cercanías de la Comunitat Valenciana, permitiendo la recuperación y mejora en los tiempos de viaje.
c) El uso de dobles composiciones en los servicios de cercanías, especialmente en hora punta y en fines de semana. La gran afluencia de viajeros en estas circunstancias dificulta en muchas ocasiones prestar un servicio de calidad al
usuario, siendo esto más patente los domingos y festivos en horario de tarde.
d) Mejora en la accesibilidad a las estaciones, tanto de los accesos viarios a las mismas como en el interior de estas, con pasos seguros a distinto nivel entre andenes, adaptados a personas con movilidad reducida.
e) Crear entornos amables y seguros, adaptados y con adecuada señalización e iluminación en las diferentes estaciones de los núcleos de cercanías.
f) Garantizar el adecuado número de máquinas de autoventa de billetes y abono, y el funcionamiento de estas, así como el personal necesario en las estaciones para la correcta prestación del servicio.
g) Creación y ampliación de aparcamientos suficientes en las estaciones que permitan la intermodalidad entre el tren de cercanías y el vehículo privado.
h) Un buen sistema de transporte público ferroviario debe tener como clave la intermodalidad con otros medios de transporte como el autobús. Hay múltiples localidades, con importantes cifras de población, a las que no llega el tren, pero en
las que sí se pueden prestar servicios de autobús coordinados con el servicio ferroviario. Actualmente Renfe ya ofrece billetes combinados de tren + bus para larga distancia, a destinaciones como Marbella, Estepona, Dénia o Benidorm, servicios, que
se podrían extrapolar a las líneas de cercanías. Se insta al Gobierno a crear servicios de autobús, coordinados con los servicios de tren de cercanías, e integrados en los núcleos de cercanías, a municipios con una población importante, cercanos a
estaciones de los núcleos de cercanías, y a los que no llegue o aún no llegue la infraestructura ferroviaria:
- Autobús a Oliva, estudiándose la extensión a Dénia, desde la estación de la línea C1 de Gandía, con paradas al menos en Bellreguard, l'Alqueria de la Comtessa, El Verger, Ondara y el Hospital de Dénia, hasta que esté acometida la extensión
de la red ferroviaria a estas localidades.
- Autobús al Port de Sagunt desde la estación de la línea C6 de Sagunt hasta que esté completada la infraestructura ferroviaria este núcleo de población.
- Autobús a la Vall d'Uixó desde la estación de la línea C6 de Nules, integrado en el núcleo de cercanías, y con horarios coordinados con los servicios.
I) Fomentar la conexión con el transporte ferroviario con el uso cotidiano de la bici de forma segura y amable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2024.-Alberto Ibáñez Mezquita, Diputado.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/000151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso de agua
regenerada, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La industria cárnica, por su propia actividad, es un consumidor intensivo de agua y, en particular, las empresas dedicadas al sacrificio de animales y a la producción de carne. En concreto, existen determinadas actividades de dichas
empresas, como la limpieza y la desinfección de los vehículos de transporte de animales o la limpieza de las cuadras de estabulación y sus accesos, previas al sacrificio, que actualmente son limpiadas e higienizadas con agua potable.
Actualmente, diferentes planteamientos como son la iniciativa 'Green Deal' impulsada por la Unión Europea, así como los acuerdos derivados de la cumbre mundial 'Cop-28' señalan también a la industria cárnica en relación con la necesidad de
optimizar la gestión y minimización del consumo de agua potable, cuestión que incide directamente sobre este colectivo empresarial.
Para dar cumplimiento a estos requisitos medioambientales, una de las estrategias pasa ineludiblemente por la utilización de agua regenerada, únicamente en aquellos usos que no supongan un riesgo para la salud pública ni una contaminación
cruzada en el consumo de los alimentos. Así, se podría admitir el uso de diferentes calidades de agua regenerada para la limpieza en las diferentes zonas de la actividad industrial cárnica, como
por ejemplo: la zona de tránsito de animales vivos (camiones de transporte de ganado en vivo y zona de descarga de los animales, zonas de estabulación y accesos al sacrificio) ya que es la zona más sanitariamente compatible con el uso de
agua regenerada y requiere de un nivel de calidad del agua muy diferente a la limpieza de otras zonas que están en contacto con los alimentos o las zonas de proceso productivo cárnico; los camiones de animales vivos, ya que éstos se limpian y
desinfectan todos, cada vez que han descargado los animales; la zona de establos, ya que se limpia y desinfecta como mínimo una vez se termina la actividad; y finalmente, las zonas de mucho tránsito de ganado que se limpian de dos a tres veces al
día. En la actualidad toda el agua usada en estas zonas es la de consumo humano, como toda la utilizada en la industria alimentaria cárnica.
La actividad desarrollada en los espacios de la industria cárnica con animales vivos se asimila más a una explotación ganadera que a una industria alimentaria. De hecho, en ambas actividades encontramos camiones para el transporte de
animales en vivo y diferentes establos. Aunque en esta actividad ganadera el uso de agua de limpieza no es tan intensiva, los camiones acceden limpios y desinfectados y los establos suelen limpiarse en momentos puntuales cuando se procede a un
cambio de ubicación de los animales.
El sector cárnico está contribuyendo en la circularidad del ciclo del agua y sigue apostando por la sostenibilidad ambiental del agua. El uso de agua regenerada es un ámbito de crecimiento de estos aspectos en el sector, y el uso de agua
regenerada para la zona de animales en vivo, es el uso más compatible del sector. La disposición de una legislación clara que potencie este uso más compatible ha de provocar que se introduzca esta agua regenerada en estas industrias.
El agua regenerada está regulada en el uso en la industria alimentaria, según el anexo I.A.3. calidad 3.1.c) del RD 1620/2007, para uso en proceso y limpieza. Esta regulación integra cualquier uso durante el proceso de fabricación de un
producto alimentario y cualquier tipo de limpieza de equipos e instalaciones en contacto con los alimentos que se realice en una industria alimentaria.
Es en este punto donde el Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (DOUE n. 177 de 5 de junio de 2020), supone una notable
oportunidad para la utilización de las aguas regeneradas en determinadas actividades y aliviar en este sentido el estrés hídrico.
En concreto, dicha disposición europea, en su Anexo I Sección I establece:
'Sin perjuicio de otras normas de Derecho de la Unión Europea aplicables en los ámbitos del medio ambiente y de la salud, los Estados Miembros podrán utilizar agua regenerada para usos adicionales tales como la reutilización del agua en la
industria.'
Hoy en día, el Gobierno español no ha procedido al desarrollo normativo que le faculta el citado Reglamento Europeo para ampliar el uso de agua regenerada a otros usos de los ya regulados en el Reglamento (UE) 2020/741, cuestión que de
producirse supondría un avance en el cumplimiento de los compromisos medioambientales ratificados por el Estado español.
Por razonamiento análogo al anterior, y teniendo en cuenta que el Real Decreto 1620/2007 no clarifica suficientemente el tema, sería deseable que el citado desarrollo normativo aclarase que está permitido el uso de agua regenerada en la
limpieza de las zonas de las explotaciones ganaderas donde se ubican los animales, con una calidad mínima que debería concretarse normativamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:
1. Impulsar, en el plazo de seis meses, el desarrollo normativo necesario para definir el uso de agua regenerada en la limpieza de la industria cárnica, específicamente en las
zonas de animales vivos que no están en contacto con alimentos ni con las zonas del proceso productivo cárnico.
2. Impulsar, en el plazo de seis meses, el desarrollo normativo necesario para definir el uso de agua regenerada en la limpieza de las zonas de las explotaciones ganaderas donde se ubican los animales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre l'ús d'aigua
regenerada per al seu debat en la Comisión de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
Exposició de motius
La indústria càrnia, per la seva pròpia activitat, és un consumidor intensiu d'aigua i, en particular, les empreses dedicades al sacrifici d'animals i a la producció de carn. En concret, existeixen determinades activitats d'aquestes
empreses, com la neteja i la desinfecció dels vehicles de transport d'animals o la neteja de les quadres d'estabulació i els seus accessos, prèvies al sacrifici, que actualment són netejades i higienitzades amb aigua potable.
Actualment, diferents plantejaments com són la iniciativa 'Green Deal' impulsada per la Unió Europea, així com els acords derivats de la cimera mundial 'Cop-28' assenyalen també a la indústria càrnia en relació amb la necessitat d'optimitzar
la gestió i minimització del consum d'aigua potable, qüestió que incideix directament sobre aquest col·lectiu empresarial.
Per a donar compliment a aquests requisits mediambientals, una de les estratègies passa ineludiblement per la utilització d'aigua regenerada, únicament en aquells usos que no suposin un risc per a la salut pública ni una contaminació creuada
en el consum dels aliments. Així, es podria admetre l'ús de diferents qualitats d'aigua regenerada per a la neteja en les diferents zones de l'activitat industrial càrnia, com per exemple: la zona de trànsit d'animals vius (camions de transport de
bestiar en viu i zona de descàrrega dels animals, zones d'estabulació i accessos al sacrifici) ja que és la zona més sanitàriament compatible amb l'ús d'aigua regenerada i requereix d'un nivell de qualitat de l'aigua molt diferent de la neteja
d'altres zones que estan en contacte amb aliments o les zones de procés productiu carni; els camions d'animals vius, ja que aquests es netegen i desinfecten tots, cada vegada que han descarregat els animals; la zona d'estables, ja que es neteja i
desinfecta com a mínim una vegada s'acaba l'activitat; i finalment, les zones de molt de trànsit de bestiar que es netegen de dues a tres vegades al dia. En l'actualitat tota l'aigua usada en aquestes zones és la de consum humà, com tota la
utilitzada en la indústria alimentària càrnia.
L'activitat desenvolupada en els espais de la indústria càrnia amb animals vius s'assimila més a una explotació ramadera que a una indústria alimentària. De fet, en totes dues activitats trobem camions per al transport d'animals en viu i
diferents estables. Encara que en aquesta activitat ramadera l'ús d'aigua de neteja no és tan intensiva, els camions accedeixen nets i desinfectats i els estables solen netejar-se en moments puntuals quan es procedeix a un canvi d'ubicació dels
animals.
El sector carni està contribuint en la circularitat del cicle de l'aigua i continua apostant per la sostenibilitat ambiental de l'aigua. L'ús d'aigua regenerada és un àmbit de creixement d'aquests aspectes en el sector, i l'ús d'aigua
regenerada per a la zona d'animals en viu, és l'ús més compatible del sector. La disposició d'una legislació clara que potenciï aquest
ús més compatible ha de provocar que s'introdueixi aquesta aigua regenerada en aquestes indústries.
L'aigua regenerada està regulada en l'ús en la indústria alimentària, segons l'annex I.A.3, qualitat 3.1.c) del RD 1620/2007, per a ús en procés i neteja. Aquesta regulació integra qualsevol ús durant el procés de fabricació d'un producte
alimentari i qualsevol tipus de neteja d'equips i instal·lacions en contacte amb els aliments que es realitzi en una indústria alimentària.
És en aquest punt on el Reglament (UE) 2020/741 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 relatiu als requisits mínims per a la reutilització de l'aigua (DOUE n. 177 de 5 de juny de 2020), suposa una notable oportunitat per a
la utilització de les aigües regenerades en determinades activitats i alleujar en aquest sentit l'estrès hídric.
En concret, aquesta disposició europea, en el seu Annex I Secció I estableix:
'Sense perjudici d'altres normes de Dret de la Unió Europea aplicables en els àmbits del medi ambient i de la salut, els Estats membres podran utilitzar aigua regenerada per a usos addicionals com ara la reutilització de l'aigua en la
indústria.'
Avui dia, el Govern espanyol no ha procedit al desenvolupament normatiu que li faculta el citat Reglament Europeu per a ampliar l'ús d'aigua regenerada a altres usos dels ja regulats en el Reglament (UE) 2020/741, qüestió que de produir-se
suposaria un avanç en el compliment dels compromisos mediambientals ratificats per l'Estat espanyol.
Per raonament anàleg a l'anterior, i tenint en compte que el Reial decret 1620/2007 no aclareix prou el tema, seria desitjable que el citat desenvolupament normatiu aclarís que està permès l'ús d'aigua regenerada en la neteja de les zones de
les explotacions ramaderes on se situen els animals, amb una qualitat mínima que hauria de concretar-se normativament.
Per tot això, el Grup Parlamentari Republicà presenta la següent
Proposició no de Llei
'El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Impulsar, en el termini de sis mesos, el desenvolupament normatiu necessari per a definir l'ús d'aigua regenerada en la neteja de la indústria càrnia, específicament en les zones d'animals vius que no estan en contacte amb aliments ni
amb les zones del procés productiu carni.
2. Impulsar, en el termini de sis mesos, el desenvolupament normatiu necessari per a definir l'ús d'aigua regenerada en la neteja de les zones de les explotacions ramaderes on se situen els animals.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Teresa Jordà i Roura, Portaveu adjunta del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Cultura
161/000142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley
relativa a promover las medidas necesarias para luchar contra la denominada 'Leyenda Negra' del Imperio español, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Primero. La Leyenda Negra.
Antes del descubrimiento de América, España era una potencia de primer nivel en el plano internacional. Al constituirse en el primer Estado moderno de Europa, llevó a cabo durante los siglos siguientes un esfuerzo vigoroso en el hallazgo y
exploración de nuevos territorios.
Así, entre otros hitos de significación histórica, fueron los españoles quienes realizaron por primera vez la circunnavegación del globo terráqueo a principios del siglo XVI. Estas gestas históricas fueron en gran parte promovidas por los
Reyes Católicos, quienes no sólo fueron grandes impulsores de exploraciones y nuevas rutas comerciales, sino que se encargaron asimismo de llevar la Civilización a muchos territorios de ultramar, lo que ha dejado una huella en el patrimonio
cultural, lingüístico y humano que España hoy comparte con todos los países iberoamericanos. Con el descubrimiento comenzó una de las páginas más gloriosas de la Historia mundial y que hermanó definitivamente a dos continentes y a dos mundos: el
Nuevo y el Viejo Mundo. Surge así una de las civilizaciones que más impacto ha tenido para la Humanidad y que aún tiene mucho que aportar.
Sin embargo, la historia de España se ha visto estigmatizada por una imagen negativa y falaz auspiciada por la llamada Leyenda Negra. Esta narrativa, difundida por enemigos de España y su historia, se fundamenta en falacias relacionadas con
el descubrimiento y conquista de América, y presenta una visión sesgada de estos acontecimientos históricos.
Actualmente, grupos como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son los principales difusores de esta narrativa. Además, dentro de España existen también fuerzas políticas que aceptan esta falsedad, la utilizan como coartada para la
imposición de sus postulados y llegan incluso a asumir como propios los ataques contra nuestros antepasados. Su propósito es lograr la ruptura de los españoles con su pasado y con los países a los que España está unida por fuertes lazos históricos.
Entre otras cosas, se ha logrado diseñar e imponer en los centros educativos un currículo de Historia que omite deliberadamente las grandes aportaciones de España a la historia universal. Asimismo, la llamada Leyenda Negra ha resultado en
la denigración nacional e internacional de personajes como Fray Junípero Serra, Cristóbal Colón o Hernán Cortés, lo que ha provocado la destrucción de estatuas y monumentos de gran valor histórico 7.
Afortunadamente, de un tiempo a esta parte son muchos los historiadores que se han esforzado en luchar contra la Leyenda Negra y han logrado una gran acogida en España y en el extranjero, especialmente en las naciones que forman parte de
nuestra comunidad histórica. Se ha considerado que ensalzar la historia de España y las valiosas aportaciones que nuestros antepasados hicieron a numerosos pueblos por todo el mundo es un deber de justicia. Así, distintas obras publicadas como el
libro Sobre la Leyenda Negra, de Iván Vélez, o el documental España: la primera globalización, de José Luis López-Linares han centrado sus esfuerzos en combatir las mentiras que pretende difundir esa leyenda.
Segundo. La Real Academia de la Historia y otras instituciones de Historia.
La Real Academia de la Historia ('RAH') es una institución que tiene como finalidad impulsar y promover los estudios relativos a la historia de España. Sus Estatutos disponen, en el artículo 3, que corresponde a la Academia, en cumplimiento
de sus fines:
'a) El estudio y el debate de las cuestiones históricas con toda amplitud, y difundir las investigaciones y conferencias mediante publicaciones sobre ellas.
7 https://www.elmundo.es/baleares/2020/06/22/5ef07d7afdddff86608b45aa.html
b) El mantenimiento vivo de la memoria del pasado, mediante biografías de quienes hayan contribuido y contribuyan con sus hechos y con sus obras a enriquecer la historia de España y la historia en general, por lo que será constante ocupación
de la Academia publicar y perfeccionar un 'Diccionario Biográfico Español'.
c) Como miembro de la Asociación de Academias Iberoamericanas de la Historia, el mantenimiento de una especial relación con las Academias Correspondientes y Asociadas de lengua española y portuguesa.
d) La recogida, conservación, archivo, estudio, publicación y exhibición adecuada de libros, manuscritos, documentos, planos y mapas, esculturas, pinturas, grabados y demás objetos de arte, así como monedas, epígrafes y cuantos objetos de
cultura material contribuyan a documentar la historia.
e) El fomento y la organización de conferencias, cursos y exposiciones destinados a especialistas y al público en general.
f) El envío de sus representantes a los patronatos, órganos de gobierno de las instituciones culturales, jurados de concursos y comisiones sobre asuntos de Historia, cuando se solicite a la Academia y ésta así lo acuerde, o lo dispongan las
leyes.
g) El fomento de la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, natural y cultural de España y la propuesta a las autoridades públicas competentes (entidades estatales, autonómicas y locales) de cuanto juzgue conveniente para su
conocimiento y protección.
h) Ejercitar los derechos y acciones concedidos por las leyes.
i) Por medio de su Fundación General (publicada en el BOE, jueves 8 de enero de 2004), y según consta en los estatutos de ésta, la Real Academia de la Historia potenciará y divulgará la investigación histórica mediante la convocatoria de
concursos y premios.' 8
Así, a pesar de que el Gobierno de España no ha solicitado medida alguna a la RAH para combatir las falacias vertidas contra nuestra historia, esta institución sería un formidable instrumento para combatir la Leyenda Negra a través de un
análisis serio y detallado de la historia.
Junto a la Real Academia de la Historia existen también otras instituciones cuyo trabajo puede servir como instrumento adecuado para esclarecer la verdad histórica. Entre ellas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ('CSIC').
A través del Instituto de Historia ('IH') 9, el CSIC tiene encomendada la tarea de promover investigaciones sobre el pasado, remoto o próximo, para conocer y comprender las dinámicas del cambio y las interacciones de las sociedades humanas a lo
largo del tiempo. Parece razonable, pues, que estas instituciones trabajen, en primer lugar, en dar a conocer la verdadera historia de España.
Por último, también resultarían útiles, en el ámbito de sus competencias, las siguientes instituciones dependientes del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior: la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI) del Estado Mayor
de la Defensa 10, el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) del Ejército de Tierra 11, el Instituto de Historia
8 Artículo 3 del Real Decreto 39/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de la Historia ('BOE' núm. 40, de 16 de febrero de 2009). Texto consolidado accesible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-2552
9 Página web oficial del Instituto de Historia: https://ih.csic.es/
10 Art. 10.4.g) de la Orden DEF/710/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la Defensa ('BOE' núm. 204, de 28/07/2020). Accesible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8638
11 Art. 1.1. d) de la Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra ('BOE' núm. 204, de 28/07/2020). Accesible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8636
y Cultura Naval (IHCN) de la Armada Española 12, el Servicio Histórico y Cultural (SHYCEA) del Ejército del Aire 13 y el Servicio de Estudios Históricos (SEHGC) de la Guardia Civil 14.
Tercero. La necesidad de tratar la Historia con objetividad científica y sin injerencias ideológicas.
Como ya hemos apuntado, la rica historia de España, desde sus contribuciones antes del Descubrimiento de América hasta la actualidad, revela su papel crucial como potencia civilizatoria. Sin embargo, a pesar de ello, la existencia de la
llamada Leyenda Negra ha nublado la percepción de la historia española al difundir falacias que distorsionan eventos históricos como los referidos anteriormente. Es esencial que desde las instituciones correspondientes se destaque nuevamente la
importancia de la historia de España en el contexto mundial, desafiando narrativas sesgadas promovidas por diversos grupos de interés. Reconocer y celebrar las valiosas contribuciones de España a la historia universal es un acto de justicia y
reconocimiento que merece ser promovido y compartido dentro y fuera de nuestro país.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Honrar la memoria de quienes participaron en el descubrimiento de América.
2. Impulsar las acciones diplomáticas necesarias para la recuperación de aquellos monumentos y estatuas de personajes relevantes de la historia de la Hispanidad que han sufrido ataques.
3. Elaborar, con la participación de la Real Academia de la Historia, un nuevo currículo educativo enfocado a dar un mayor valor formativo a la Historia, con el objeto de implantar una enseñanza verdaderamente científica en consonancia con
la verdad histórica y alejada de mitos y leyendas negras.
4. Impulsar, a través de la Real Academia de la Historia y del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la investigación histórica que rebata los postulados de la Leyenda Negra mediante concursos, premios,
becas y cualquier instrumento a su alcance, dotándola de medios materiales y económicos suficientes.
5. Impulsar, en el mismo sentido y en el ámbito de sus competencias, acciones análogas respecto de la Historia Militar española, a través de las mencionadas instituciones de estudios históricos vinculadas a las Fuerzas Armadas.
6. Llevar a cabo una firme labor diplomática de defensa del legado español allá donde se realicen ataques a nuestro pasado o se asuma la Leyenda Negra, en colaboración con las Reales Academias y con cuantas instituciones de investigación
existen en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
12 Art. 1.1.d) de la Orden DEF/707/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica de la Armada ('BOE' núm. 204, de 28/07/2020). Accesible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8635
13 Art. 1.1.d) de la Orden DEF/264/2023, de 16 de marzo, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire y del Espacio ('BOE' núm. 68, de 21/03/2023). Accesible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7332
14 Art. 22.2.f) de la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil ('BOE' núm. 66, de 18/03/2013). Accesible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-2906
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a la elaboración de un procedimiento único para la solicitud de plaza de Grado en el sistema universitario español, para su discusión en
la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. La regulación del sistema de acceso a las universidades españolas.
La Constitución Española de 1978 ('CE') en su artículo 27 establece el derecho fundamental a la educación. Desde que se aprobara el texto constitucional, la educación ocupa un lugar central en el desarrollo de la personalidad de los
jóvenes, constituyéndose además como medio privilegiado para garantizar la igualdad. El sistema educativo debe funcionar en todas sus etapas como un verdadero ascensor social en el que la situación económica no sea un obstáculo para el esfuerzo, el
mérito y la capacidad.
Por su parte, los poderes públicos son los encargados de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación y de asegurar que el acceso a ella se produce siempre en condiciones de igualdad. Así, la CE en su art. 149.1. 30a atribuye
al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. En desarrollo de esta competencia, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 15,
en su artículo 38 establece el deber del Gobierno de fijar las características básicas de la prueba de acceso a la universidad y señala que esta última deberá realizarse adoptando las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades
entre los jóvenes españoles.
El procedimiento fijado actualmente para la solicitud de plaza en las universidades españolas se encuentra regulado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 16. En concreto, antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria debe hacer público el número máximo de plazas que para cada titulación y centro ofrecen las
Universidades, siendo las administraciones educativas quienes establezcan los plazos para presentar la solicitud de preinscripción (artículo 7).
Segundo. La agilización del sistema con la creación de una lista única de solicitud de acceso universitario.
Por un lado, aquellas regiones que poseen varias universidades públicas -p.ej. Madrid o Andalucía- tienen un sistema único por el que mediante una misma solicitud se puede instar a una plaza en las distintas universidades radicadas en esa
misma región. Sin embargo, para solicitar plaza en universidades públicas radicadas en lugares distintos al lugar de residencia, se precisa la presentación de diferentes solicitudes, lo
15 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
16 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6008
que genera una ineficiencia en el sistema de acceso a la universidad y abunda en la excesiva burocracia institucional. Además, cabe destacar como cada administración territorial marca sus propios plazos de preinscripción para las
universidades, siendo la fecha límite de presentación de solicitudes asignada por la Conferencia General de Política Universitaria.
Una vez finalizado este procedimiento administrativo, cada administración publica la lista de admitidos en las Universidades de su territorio. Esto último genera la posibilidad de que un mismo alumno se encuentre admitido en varias
universidades a la vez, algo que no ocurriría en caso de que se realizase una lista única puesto que la elección prioritaria se llevaría a cabo antes de la preinscripción. Esta coyuntura también supone un retraso en la conformación de las listas de
matriculación puesto que se siguen sucediendo las listas de admitidos hasta bien entrado el curso escolar.
Por todo ello, es urgente llevar a cabo una reforma que introduzca una lista única para la solicitud de inscripción en las universidades, unificando asimismo los plazos de prescripción. Esto contribuiría a garantizar el principio de
igualdad entre los jóvenes españoles, evitando que las condiciones de acceso a la universidad varíen en función del lugar de residencia del estudiante. Asimismo, supondría una mejora del sistema, aumentando su eficacia y disminuyendo los costes
administrativos asociados, pues los diecisiete procedimientos distintos que actualmente existen quedarían reducidos a uno solo.
Tercero. Conclusiones.
La educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española y el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el cumplimiento de ese derecho. No obstante,
el sistema autonómico, como se ha ejemplificado en la presente iniciativa, ha generado a lo largo de los últimos años ineficiencias y desigualdades en el sistema de acceso a la universidad.
Ante esto, el pasado 4 de mayo de 2023 se reunieron en Granada los Vicerrectores encargados de la admisión de más de 50 universidades públicas españolas pertenecientes a los 17 distritos universitarios españoles con el objetivo de debatir
sobre los procesos y políticas de ingreso de nuevos estudiantes 17. Sin embargo, esa reunión finalizó sin que se hubiesen planteado cambios en el sistema.
Por todo ello, considerando la importancia de mejorar la calidad del sistema universitario y la eficiencia de los procedimientos públicos, se hace necesario llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinentes al objeto de generar un
procedimiento único para la solicitud de plaza de Grado en el sistema universitario español.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinentes al objeto de generar un procedimiento único para la solicitud de plaza de Grado en el sistema universitario español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Pedro Fernández Hernández, José Ramírez del Río y Jacobo González-Robatto Perote, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
17 https://www.lavanguardia.com/vida/20230504/8941776/unificacion-criterios-admision-universidades-debate.html
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 12 que ninguna persona con discapacidad puede ver menoscabados sus derechos a la igual capacidad jurídica por razón de discapacidad. El
igual reconocimiento ante la ley es esencial en el contexto de los derechos humanos. Este concepto, a menudo descrito como 'el derecho a tener derechos', ancla la facultad de toda persona a ser titular de derechos y obligaciones ante la ley,
condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos humanos y libertades fundamentales.
Tras el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado a la igual capacidad jurídica, el artículo 13, consagra al acceso de la Justicia, cuya efectividad requiere de cambios
legislativos en las leyes judiciales y procesales, y dotación de medios y recursos para que las Administraciones de Justicia puedan hacer frente a esos ajustes, que resultan imperiosos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidades, CERMI, designado oficialmente por el Estado español como un mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en España, ha señalado a Naciones Unidas que España aún no ha establecido con carácter general y sistemático los ajustes de procedimiento que permitan a las personas con discapacidad el acceso a la Justicia en condiciones
de igualdad y sin exclusiones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha los mecanismos pertinentes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad; suprimiendo las barreras que padecen las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración de justicia; garantizando la realización de ajustes de procedimiento adecuados al sexo y la edad, acometiendo reformas de alcance en los sistemas, dispositivos y cauces jurisdiccionales y estableciendo las
salvaguardas oportunas para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones con las demás, facilitando el uso del método de comunicación de su elección en las
interacciones judiciales, lo que comprende la lengua de signos, el braille, la lectura fácil, los subtítulos, los dispositivos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás medios, modos y formatos de comunicación accesibles.
En el caso de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, además de las medidas previstas en el ordenamiento jurídico, deberán de adoptarse las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo
posible, que el desarrollo del procedimiento o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios.
Para evitar la victimización secundaria, es necesario priorizar la adecuación de los Juzgados con dependencias que impidan algún obstáculo físico o sensorial; llevando a
cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados.
Finalmente, es preciso diseñar un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la persona dependiente (acompañamiento judicial personalizado), implicando a las diferentes Administraciones, que contemple la asistencia durante el procedimiento, y
que irá acompañado de medidas de formación obligatoria especializada a todos los y las agentes implicados. Para ello se revisará el Protocolo en el ámbito de los Juzgados competentes para hacer accesible la información sobre el itinerario y
procedimiento, asegurando el conocimiento efectivo del recorrido judicial, desde el momento en el que se inicia el procedimiento hasta el final del proceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, María Jesús Moro Almaraz, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo,
Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000146
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ofrecer a los reclusos con
discapacidad intelectual un entorno más adaptado a sus necesidades, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, de las 50.500 personas reclusas en todo el Estado, 3.773 son personas con discapacidad. De ellas, según esta misma fuente, 248 personas, el 6,5 % tienen reconocida una discapacidad
intelectual. Sin embargo, estos son solo los que tienen un certificado acreditativo, ya que en prisión se detectan muchos más casos.
Al 51,4 % de las personas con discapacidad intelectual que han cometido un delito se les había detectado la discapacidad antes de cometer delito. Eso quiere decir que el 49,6 % restante de los presos con discapacidad intelectual que
ingresan en prisión llegan sin que se haya detectado su situación. Según la Confederación Plena Inclusión, esto supone una vulneración de sus derechos, pues significa que muchos reclusos pasaron por un juicio sin entender bien lo que sucedía; ni
comprendían por qué se les juzgaba, ni qué implicaban las penas.
Por ello, es fundamental que el espacio penitenciario esté adaptado a las necesidades de estos reclusos con discapacidad intelectual y esto no suele suceder; de ahí la importancia de los módulos especiales de Instituciones Penitenciarias,
en los que ofrecen a los reclusos un entorno más adaptado a sus necesidades, atendido por un equipo multidisciplinar. Allí realizan talleres, asisten a clase, participan en asambleas y reciben explicaciones sobre el funcionamiento del sistema, con
el fin de que estas personas tengan un trato similar y con la misma garantía de derechos que el resto de reclusos.
Sin embargo, en España solo existen dos módulos específicos en Segovia y en Estremera (Madrid) y otro en Quatre Camins (Barcelona), pero éste, dependiente de la Generalitat de Cataluña.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a efecto las siguientes medidas:
1. Crear nuevos lugares especialmente diseñados para el cumplimiento de penas y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas a personas con discapacidad intelectual, dada la insuficiencia de los pocos actualmente existentes. La
ubicación de estos lugares debe producirse fuera de las prisiones (como se deduce del artículo 96.2 del Código Penal, que se refiere al internamiento en centro educativo especial). Si esto no fuere posible a corto plazo, constituir módulos
especialmente diseñados para atender a estas personas. En este último caso, debe garantizarse la realización de un amplio número de actividades comunes con el resto de los reclusos del centro penitenciario en que se ubiquen, para garantizar la
integración y la igualdad de trato, sin perjuicio de preservar la seguridad de todos los reclusos.
2. Valorar el uso de alguno de los centros de cumplimiento de régimen abierto actualmente existentes para personas con discapacidad intelectual que hayan cometido delitos de entidad menor y presenten un pronóstico de peligrosidad bajo.
3. Fortalecer la estructura administrativa de personal preparado para atender a las personas con discapacidad intelectual en prisión, sin perjuicio de dar continuidad a la relevante función que desempeña la sociedad civil, articulada en
torno a Plena Inclusión, en la asistencia a estas personas, garantizándole una financiación suficiente y estable para poder seguir llevando a cabo la gran labor de atención que realiza.
4. Garantizar el acompañamiento de la persona con discapacidad intelectual en las actuaciones judiciales, especialmente en el acto del juicio, así como el conocimiento por el juez y el fiscal de su condición mediante el traslado de la
documentación en poder de la Administración penitenciaria que en cada caso resulte pertinente para este propósito, sin perjuicio de las funciones que corresponden al abogado.
5. Informar a los funcionarios de la discapacidad intelectual que padecen estas personas privadas de libertad y proporcionarles pautas para tratar con ellas, dado que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
6. Incluir dentro de los contenidos de la fase de prácticas de los procesos selectivos, sobre todo para el personal de vigilancia y seguridad, actividades relacionadas con el manejo de situaciones relativas a los reclusos con discapacidad
intelectual.
7. Respetar el derecho de los internos con discapacidad intelectual a disponer de información adaptada a sus necesidades específicas (carteles, pictogramas, textos en lenguaje fácil, modos de transmitir la información por los funcionarios)
en todos los centros penitenciarios.
8. Concienciar a las juntas de tratamiento y comisiones disciplinarias de la necesidad de adaptar los criterios con los que se abordan decisiones propias de las mismas (permisos, progresiones de grado, sanciones, etcétera) a las
especificidades de las personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta las necesidades de acompañamiento de estas personas en el proceso reflexivo para asumir el delito cometido y sus consecuencias.
9. Adaptar los programas de intervención enfocados al tipo de delito cometido e impulsar que los contenidos formativos de las escuelas de los centros penitenciarios también se adapten a las personas con discapacidad intelectual.
10. Intercambiar experiencias mediante visitas recíprocas de funcionarios y de responsables de los servicios centrales correspondientes entre los departamentos
especiales existentes para personas con discapacidad intelectual en prisión. Para ello, llevar a cabo la coordinación necesaria entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Ana Belén Vázquez Blanco, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo,
Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado
Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el envejecimiento
activo de las personas con discapacidad, ofreciendo los apoyos adecuados a sus necesidades, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La esperanza de vida en nuestra sociedad va creciendo con el paso de los años; los avances científicos en materia de sanidad y la cobertura de las políticas sociales hacen que las personas vivan más años y en mejores condiciones de vida.
Las personas con discapacidad no son ajenas a este fenómeno y es constatable el hecho de que la población de personas con discapacidad que llegan a edades avanzadas es paralelo al envejecimiento demográfico de la población.
El incremento progresivo de la esperanza de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad es un fenómeno positivo en sí mismo que exige planificar, desde las Administraciones Públicas en colaboración con las asociaciones de la
discapacidad y las familias, programas de intervención para responder a las nuevas demandas que el envejecimiento en este colectivo específico presenta.
El artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad les reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, instando a los Estados Parte a la adopción de medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho y su plena inclusión y participación en la comunidad; asegurando que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en
igualdad de condiciones que las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que lleve a cabo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con el CERMI, programas destinados a facilitar el envejecimiento activo de todas las personas con discapacidad, estableciendo
medidas que favorezcan la permanencia en su entorno de convivencia después de los 65 años, o que
faciliten la elección del lugar de la persona con discapacidad, así como proporcionando apoyos adecuados y específicos a sus necesidades y las de sus familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2024.-Ana Isabel Alós López, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Esther Llamazares Domingo,
Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García y Violante Tomás Olivares, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/002742
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Opinión del Gobierno acerca de si es coherente con los valores educativos la presencia de tanques, carros de combate y armas en la feria Expojove, organizada por el Ayuntamiento de Valencia durante las fiestas y vacaciones de Navidad, así
como de que relegue una temática ecologista por una belicista.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo de l'artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al gobierno, solicitando
su respuesta por escrito.
Expojove es una feria infantil que organiza cada año, durante las fiestas y vacaciones de Navidad, el Ayuntamiento de València. La edición de este año es la primera que organiza el nuevo gobierno del Partido Popular y Vox, y estaba prevista
para desarrollarse sobre la titularidad de la Capital Verde Europea que ostentará la ciutat de València en el año 2024. Si bien, esta temática ha pasado a un segundo plano siendo relegada a un minúsculo espacio de todo el pabellón que ocupa
Expojove para dar protagonisme a la recuperación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la ampliación del espacio que ocupa el Ejército. Coincidiendo, además, en un momento y contexto de guerras que se están cobrando miles de muertes en Ucrania
y Palestina.
Las últimas ediciones de Expojove han tenido presencia de las fuerzas armadas pero limitada a la Unidad Militar de Emergencias (UME) como institución centrada en la asistencia humanitària y coherente con la filosofía de una feria infantil;
esto permitía excluir símbolos explícitamente bélicos como los tanques, carros de combate o las armas que se han incorporado en esta edición con la aparición del Ejército y apostar por actividades como tirolinas para su diversión. Este hecho
ocasiona que los niños y niñas puedan percibir los tanques y las armas como un juego, entrando en contradicción con los valores educativos y con los principios para la resolución pacífica de los conflictos.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, preguntamos:
1. ¿Considera el gobierno central que la presencia de tanques, carros de combate y armas en una feria infantil de Navidad es coherente con los valores educativos del siglo XXI?
2. ¿Le parece razonable al gobierno central que el gobierno municipal de València, liderado por el Partido Popular y Vox, relegue una temática ecologista por una belicista en Expojove 2023?
3. ¿No piensa el gobierno central que con la presencia de la UME, como en años anteriores, era suficiente y se adecuaba más a una feria infantil de Navidad para cubrir el espacio reservado al ejército?
4. ¿Considera el gobierno central que en pleno contexto de guerres y conflictos a los que estamos asistiendo entre Rusia y Ucrania, e Israel y Hamas, es coherente y adecuado introducir simbología belicista en una feria infantil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2023.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/002743
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Estado en el que se encuentra la tramitación y el borrador del protocolo específico que se tiene que presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para regular las condiciones de las personas objetoras de conciencia,
en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó i Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitando
su respuesta por escrito.
En el mes de febrero de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta Ley regula
el derecho al aborto pero las comunidades autónomas aún no han aprobado el protocolo respecto al registro de los objetores de conciencia.
Esta Ley establece la creación de registros de objetores de conciencia, con el objetivo de que las intervenciones sean asumidas mayoritariamente en centros de la sanidad pública. Actualmente esto solo ocurre en el 15 % de los casos de las
IVE (interrupciones voluntarias del embarazo), el resto se hace en clínicas privadas y concertadas. La inexistencia de registro, además, obliga a muchas mujeres a desplazarse a otros territorios del Estado español para abortar, retrasando la
intervención.
En el caso del País Valencià, el 92 % de las IVE se dieron en centros privados, a pesar de que solo el 15 % de los médicos se declararon objetores de conciencia en 2020. El objetivo de esta ley es hacer asegurar el derecho de las mujeres a
la interrupción voluntaria del embarazo y, además, hacerlo compatible con los derechos de los profesionales sanitarios para impedir que la cláusula moral entre en conflicto con la decisión de las mujeres.
En la norma se indica que la creación de los mencionados registros depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde participa el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen cedidas las competencias
sanitarias. No obstante, casi un año después, no existe constancia de haberse abordado esta cuestión.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar preguntamos:
1. ¿En qué estado se encuentra la tramitación y el borrador del Protocolo específico que se tiene que presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para regular las condiciones de las personas objetoras de
consciencia derivado de la obligación legal que emana de la Ley Orgánica 1/2023?
2. ¿Qué plazos se contemplan para la tramitación y el borrador del mencionado Protocolo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
184/002818
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Micó Micó, Àgueda (GSUMAR).
Admisión a trámite por la Comisión Europea de la denuncia formulada por asociaciones de las comarcas del norte de la Comunitat Valenciana por la falta de ordenación territorial en el despliegue de energías renovables.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
La Diputada de Compromís y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Àgueda Micó y Micó, presenta al amparo del artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las siguientes preguntas al Gobierno, solicitante
su respuesta por escrito.
Esta misma semana, la Comisión Europea ha admitido a trámite la petición formulada por asociaciones de las comarcas del norte del País Valenciano en que denuncian, entre otras cuestiones, la falta de ordenación territorial en el despliegue
de renovables.
La manera en que están aterrizando los proyectos fotovoltaicos y eólicos de competencia estatal en el territorio valenciano ha evidenciado la falta de planificación y visión de conjunto de este despliegue; centenares de proyectos que
ocuparán millones de metros cuadrados de suelos eminentemente agrícolas son analizados de manera aislada sin incorporar el efecto acumulativo como criterio para decidir su ubicación y, por lo tanto, sin tener en cuenta los efectos reales en el
territorio y el medio ambiente. En definitiva, sin una evaluación ambiental estratégica. El gobierno ha reducido el impulso de la transición energética a una cuestión cuantitativa, no cualitativa.
Así, lejos de conciliar en el territorio los diferentes usos necesarios para afrontar la lucha contra el cambio climático, se está produciendo una colisión que hay que evitar. En el País Valenciano, miles de hectáreas de suelos productivos
o de gran valor agrológico o incluso zonas definidas en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la Restauración Ecológicas, aprobada mediante Orden PCM/735/2021 de 9 de julio, serán sustituidas en breve por
infraestructuras fotovoltaicas. Dedicar estos suelos al despliegue de renovables es, además de contraproducente en cuanto que contradice otras políticas impulsadas por el gobierno, totalmente innecesario atendiendo que existen suelos degradados y
transformados que resultarían más adecuados para este uso sin causar efectos tan negativos en el entorno.
La preservación de las funciones ambientales que en este momento nos ofrece el territorio es tan importante como acelerar la transición energética. Por eso preocupa esta falta de conciliación, como también preocupa la creciente amenaza que
este uso representa para la economía agraria tradicional de proximidad -tan capital en la investigación de la soberanía alimentaria- y para el turismo de interior, motores económicos en las comarcas de interior valencianas.
Lejos de trabajar en la necesaria conciliación y visión de conjunto, el MTE olvida sistemáticamente que las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente o patrimonio son propias y exclusivas de las CC.
AA. Sorprendentemente, se están dando cada vuelta más casos en que lo MTE emite DÍA favorables y Autorizaciones administrativas previas y de construcción a proyectos que cuentan con informes desfavorables de los órganos competentes de la GVA. Esta
creciente situación provocó la unanimidad de todos los partidos excepto VOX en el parlamento valenciano para exigir al Consejo que presentara recurso ante aquellos proyectos que lo *MTE tramite a pesar de la colisión con la normativa autonómica.
Existen muchos ejemplos de esta práctica, algunos de los cuales provocan situaciones paradójicas como el caso de la PSFV Arado Solar, que afecta los municipios de Xilxes, La Valí d'Uixó, Moncofa, Nules, Alquerías del Niño Perdido, Burriana y
Betxí. Se da la circunstancia que, en el mismo ámbito de las tres primeras poblaciones, el gobierno valenciano tramita un Proyecto de Inversión Estratégica Sostenible (*PIES) logístico y vinculado al importantísimo clúster de la cerámica que supone
una fuerte inversión y
apuesta por la sostenibilidad del sector e incompatible con la PSFV a la cual lo MTE ha dado luz verde con una Autorización administrativa publicada el BOE de 18 de diciembre de 2023.
Otros, como Argos o Carlit (en Villena, Salinas y Monóvar) o Limonero Solar (en Requena), amenazan cultivos tradicionales vinculados a la economía y el paisaje vitivinícola (que supone un 1,7 % del PIB valenciano), el olivar o los almendros,
para poner algún ejemplo. Esto supone, como decíamos, una amenaza también para la economía turística de las comarcas de interior del País Valencia, vinculadas a la calidad de este paisaje, por no hablar de la demostrada incidencia negativa en los
índices de despoblamiento a medio plazo.
Hace falta, por lo tanto, que la administración del Estado y la autonómica resuelvan las discrepancias que puedan existir entorno en la aplicación de las diferentes normativas. La solución no puede pasar en ningún caso para obviar la
normativa autonómica, sino que tiene que ser fruto de la conciliación y la armonización que tienen que permitir a la administración pública liderar, planificar y ordenar la transición energética en el territorio, no dejándola en manos de una
iniciativa privada que solo busca el beneficio empresarial propio.
Es por eso, que esta diputada desea hacer las siguientes preguntas:
1. Las DÍA de los diferentes proyectos analizan de manera aislada su impacto. ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar el control del efecto acumulativo del despliegue de infraestructuras de generación de energías renovables en el territorio?
2. La legislación autonómica en materia de ordenación del territorio, urbanismo, paisaje, medio ambiente y patrimonio contribuye a asegurar una más adecuada implantación de estas infraestructuras. ¿Garantizará el respeto y observancia de
los informes emitidos por los órganos autonómicos con competencias exclusivas en estas materias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2024.-Àgueda Micó Micó, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.