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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 65, de 16/01/2024
cve: BOCG-15-D-65 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


16 de enero de 2024


Núm. 65



ÍNDICE


Composición y organización de la Cámara


PLENO


059/000016 Calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2024... (Página6)


051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas... (Página7)


GRUPOS PARLAMENTARIOS


010/000010 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas... (Página8)


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a eliminar el gasto público destinado a actividades y programas que quiebran la unidad de España... (Página9)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno español referida al Sáhara Occidental... (Página12)


161/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre transparencia en la compraventa de material de guerra en países en conflicto y el embargo armamentístico al Estado de Israel... href='#(Página13)'>(Página13)


161/000086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania... (Página21)


161/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de los cristianos perseguidos en Nicaragua por el régimen dictatorial de Ortega-Murillo... (Página24)


Comisión de Justicia


161/000119 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la lucha contra los delitos informáticos y la garantía de la soberanía de datos de los españoles... (Página26)



Página 2





Comisión de Defensa


161/000095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que aumente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa hasta
alcanzar el 2 % del Producto Interior Bruto... (Página28)


161/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que defienda la integridad territorial de España y, en particular, la españolidad de Ceuta y Melilla y el resto de plazas de
soberanía española... (Página32)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/000122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de reducir el IVA al pescado y productos pesqueros al 0 %... (Página34)


Comisión de Interior


161/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al cese de la inmigración ilegal con especial incidencia en la situación de Canarias... (Página39)


161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al mantenimiento de los Comités para la Defensa de la República (CDR) en la lista de organizaciones terroristas de Europol... href='#(Página42)'>(Página42)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la ejecución en su integridad de la Variante Exterior de Ourense que forma parte de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Galicia... (Página45)


161/000088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al compromiso de ejecutar la autovía de A Mariña (A-74), en la provincia de Lugo... (Página47)


161/000092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la competitividad del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras... (Página48)


161/000099 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las variantes de Os Peares-Canabal y de Rubián en el corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo... href='#(Página51)'>(Página51)


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de la actualización y mejora por las administraciones educativas de las bonificaciones, becas y ayudas por servicios complementarios
escolares... (Página52)


161/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar... (Página55)



Página 3





161/000097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover las medidas pertinentes para acabar con el adoctrinamiento en los colegios, con especial atención en los libros de texto y material educativo...
(Página59)


161/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a una única EBAU en todo el territorio nacional... (Página61)


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reducir el desempleo juvenil... (Página63)


Comisión de Industria y Turismo


161/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la promoción e implantación de la red de recarga del vehículo de hidrógeno... (Página66)


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección y al fomento de los cuidados que se prestan en la familia... (Página70)


161/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de las familias numerosas... (Página72)


161/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de políticas públicas destinadas a mitigar la soledad y el aislamiento social... (Página74)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre instrumentación de ayudas del Gobierno a los sectores del olivar y el viñedo... (Página80)


161/000089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al aceite de oliva para paliar los problemas de las últimas campañas y la crisis de precios... (Página82)


161/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la revisión y mejora del PERTE agroalimentario... (Página84)


161/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la evaluación de la implementación y los recursos financieros destinados a la Política Agraria Común en España... href='#(Página85)'>(Página85)


161/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa del sector hortofrutícola español... (Página87)


161/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para favorecer el acceso a alimentos básicos... (Página89)



Página 4





161/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la actuación ante situaciones graves como la que está viviendo el sector ganadero con la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE)... href='#(Página91)'>(Página91)


Comisión de Política Territorial


161/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas regiones
españolas... (Página92)


161/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española... (Página95)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular... href='#(Página99)'>(Página99)


Comisión de Cultura


161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el apoyo de la tradición belenística española y la promoción de la candidatura del Belén como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
ante la UNESCO... (Página101)


161/000093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que promueva la celebración del día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad... (Página103)


161/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para evaluar la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, e impulsar una nueva estrategia para el periodo 2023-2030... href='#(Página105)'>(Página105)


161/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan nacional de apoyo y difusión de la Zarzuela, que incluya las acciones necesarias para la consideración de 'La
Zarzuela, patrimonio de la Humanidad', y la declaración del 10 de octubre como Día Mundial de la Zarzuela... (Página108)


Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital


161/000085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre los controles sanitarios a la importación de café... (Página110)


Comisión de Sanidad


161/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional
de Salud... (Página114)



Página 5





161/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación de medidas de utilidad real para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema
Nacional de Salud... (Página116)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno de España a revisar toda la política de cooperación que realiza el Reino de España... (Página119)


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/000080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la promoción de la terapia ocupacional en toda España... (Página122)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Defensa


181/000014 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y González Pons, Esteban (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si está ayudando a ofrecer una imagen de fortaleza de nuestra nación ante la comunidad
internacional... (Página125)


181/000015 Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre motivo de la disparidad entre el anuncio realizado por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos que afirmó la participación de
España en la operación liderada por su país para la protección de buques en el mar Rojo, con la declaración posterior del Ministerio de Defensa mediante la que se advertía de la supeditación de dicha participación al consenso en el seno de la OTAN y
de la UE... (Página126)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/000016 Pregunta formulada por los Diputados Silverio Argüelles García (GP), Fernández González, María Mercedes (GP) y Llamazares Domingo, Esther (GP), sobre gestiones que ha impulsado el Gobierno para reanudar la autopista del Mar
Gijón-Nantes... (Página126)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/002110 Autor: Bravo Baena, Juan Cruz-Guzmán García, María Soledad Belmonte Gómez, Rafael Benigno Tarno Blanco, Ricardo


Presupuesto ejecutado para las labores de mantenimiento en la red de Cercanías de Andalucía, así como situación de la plantilla activa para dicha red... (Página127)



Página 6





COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA


PLENO


059/000016


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado aprobar, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período febrero-junio de 2024.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARA EL PERIODO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO 2024


II PERIODO DE SESIONES


Semana;Con/Sin Pleno;


Del 6 al 8 de febrero;Con Pleno;


Del 13 al 14 de febrero;Sin Pleno;Elecciones al Parlamento de Galicia, el 18 de febrero


Del 20 al 22 de febrero;Con Pleno;


Del 27 al 29 de febrero;Con Pleno;


Del 5 al 7 de marzo;Sin Pleno;


Del 12 al 14 de marzo;Con Pleno;


Del 19 al 21 de marzo;Con Pleno;


Del 26 al 28 de marzo;Sin Pleno;Semana Santa (28 y 29 de marzo)


Del 2 al 4 de abril;Sin Pleno;


Del 9 al 11 de abril;Con Pleno;


Del 16 al 18 de abril;Con Pleno;


Del 23 al 25 de abril;Con Pleno;


Del 30 de abril al 2 de mayo;Sin Pleno;Festivos los días 1 y 2 de mayo


Del 7 al 9 de mayo;Con Pleno;


Del 14 al 16 de mayo;Sin Pleno;Festivo el día 15 de mayo


Del 21 al 23 de mayo;Con Pleno;


Del 28 al 30 de mayo;Con Pleno;


Del 4 al 6 de junio;Sin Pleno;Elecciones al Parlamento Europeo, el 9 de junio


Del 11 al 13 de junio;Con Pleno;


Del 18 al 20 de junio;Con Pleno;


Del 25 al 27 de junio;Con Pleno;



Página 7





051/000002


De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.


Bajas:


DEL MORAL LEAL, María Luisa 28-12-2023


SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Raquel 28-12-2023


Altas:


PARÉ AREGALL, Josep 10-01-2024


TORRES TEJADA, María 10-01-2024


B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.


Jaén:


TORRES TEJADA, María PP


Barcelona:


PARÉ AREGALL, Josep PSC-PSOE


C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.


Nombre: TORRES TEJADA, María


Circunscripción: Jaén


Número: 368


Fecha: 9 de enero de 2024


Formación electoral: PP


Nombre: PARÉ AREGALL, Josep


Circunscripción: Barcelona


Número: 369


Fecha: 9 de enero de 2024


Formación electoral: PSC-PSOE



Página 8





GRUPOS PARLAMENTARIOS


010/000010


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


(010/000001)


Número de miembros al 10 de enero de 2024: 137


Baja:


DEL MORAL LEAL, María Luisa 28-12-2023


Alta:


TORRES TEJADA, María 10-01-2024


Grupo Parlamentario Socialista


(010/000005)


Número de miembros al 10 de enero de 2024: 121


Baja:


SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Raquel 28-12-2023


Alta:


PARÉ AREGALL, Josep 10-01-2024



Página 9





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión Constitucional


161/000098


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a eliminar el gasto público destinado a actividades y programas que quiebran la unidad de España, para su discusión en la Comisión
Constitucional.


Exposición de motivos


Primero. Marco jurídico.


La Constitución Española ('CE') es clara cuando en su artículo segundo establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. La unidad nacional es el
fundamento del orden constitucional, y este carácter fundamental debe proyectarse en el sistema político, económico y social.


El texto constitucional señala también en su artículo 31 que, en lo relativo al gasto público, este habrá de programarse y ejecutarse conforme a los criterios de eficiencia y economía. Es decir, los poderes públicos habrán de diseñar un
modelo de gasto eficiente, que respete lo dispuesto en la CE y contribuya no sólo a alcanzar un mayor bienestar social sino también a mantener y promover la cohesión nacional.


Por otra parte, como extensión y garantía del principio de unidad nacional, rige el principio de lealtad institucional, consagrado en el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Tal principio
debe guiar el funcionamiento y la actuación de la Administración del Estado y de las administraciones regionales en su servicio a los intereses generales.


Sin embargo, mientras los españoles esperan que el dinero con el que contribuyen a las arcas públicas se invierta en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias, el Gobierno de la Nación y ciertos ejecutivos regionales
separatistas destinan los fondos públicos a causas que no sólo no benefician a la población, sino que amenazan directamente a la unidad nacional y a la igualdad entre todos los españoles.



Página 10





Segundo. Uso ilegítimo de los recursos públicos.


Los partidos separatistas, con el beneplácito del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, han hecho uso de las instituciones y de los fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España. Algunos ejemplos de ello son la
proliferación de las mal llamadas 'embajadas' de ciertos ejecutivos regionales fuera de España, las políticas de adoctrinamiento que buscan sacar el español del sistema educativo o el uso fraudulento de los medios de comunicación públicos para hacer
propaganda de la causa separatista, entre otros.


En primer lugar, como exponente de este uso ilegítimo de los recursos públicos, se sitúa la creación de las referidas 'embajadas' en distintas partes del mundo. En el caso de Cataluña, existen aproximadamente un centenar de oficinas de
representación en el exterior, entre las que destacan veintiuna desde las que, bajo el pretexto de contar con representación institucional en otros países, están rompiendo, de facto, con el principio de unidad de acción en el exterior, consagrado en
el artículo 3 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y Servicio Exterior del Estado.


En particular, cabe denunciar que, sólo en 2023, la Generalidad de Cataluña ha comprometido hasta 27.958.351,63 euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior y Gobierno Abierto de Cataluña (Gabinet i SG d'Acció
Exterior i Govern Obert) 1 y hasta 100.089.260,00 euros para la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno (Secretaria d'Acció Exterior del Govern) 2. Estas instituciones no hacen sino servir a una pretendida internacionalización del proceso
separatista, haciendo uso del dinero de todos los españoles para actuar en contra de los intereses de estos últimos. Es decir, todo este dinero se destina a destruir la Nación, a la crítica constante de los españoles, y a promover la insolidaridad
entre todas las regiones de España.


En segundo lugar, hay que señalar que también han destinado fondos públicos a la concesión de subvenciones a entidades impulsoras del separatismo. Por ejemplo, según los últimos datos disponibles en la página de transparencia de la
organización separatista Plataforma por la Lengua, esta recibió una subvención de 135.000 euros en 2020 por parte de la Generalidad de Cataluña.


Asimismo, otro de los ámbitos en el que se pone de manifiesto la deslealtad de los ejecutivos regionales separatistas hacia el resto de España es en el educativo. En los últimos años se han agravado las políticas de adoctrinamiento en
escuelas e institutos catalanes, por las cuales se quiere poner el catalán en un primer lugar, imponiendo su uso y discriminando a aquellos alumnos cuya lengua materna es el español. Ante la inacción del actual Gobierno de España, que ha
permanecido en un silencio cómplice y culpable. Desgraciadamente, incluso en otras regiones como en las Islas Baleares o en la región valenciana, hasta hace poco se han destinado asimismo fondos públicos, con la finalidad de perseguir y marginar el
español.


A todo lo anterior hay que añadir el ingente gasto público que el Estado destina a unos medios de comunicación públicos regionales, que en determinados casos utilizan sus recursos para adoctrinar y enfrentar a los españoles entre sí. En
efecto, cabe denunciar que las administraciones españolas han inyectado a las radiotelevisiones autonómicas en el último ejercicio más de 900 millones de euros, siendo la televisión catalana TV3, la más beneficiada, con cifras superiores a los 280
millones de euros. Ahora bien, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia la televisión regional que más cuesta a sus habitantes es la televisión vasca EiTB con un coste de 64,8 euros por habitante 3.


Tercero. Gasto político improductivo.


El actual Gobierno del PSOE ha renunciado a custodiar el dinero de todos los españoles con la diligencia mínimamente exigible, y el gasto que realiza prescinde de


1 https://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2023/pdf/ED_EX01.pdf


2 https://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/AppPHP/2023/pdf/ED_EX02.pdf


3 https://www.cnmc.es/sites/default/files/4807231.pdf



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cualquier exigencia ética o de la búsqueda de la excelencia. No existe la más mínima voluntad de reformar el sector público, de auditar el número de entidades, ni la gestión del sector público, incluidos el elevado número de entes
instrumentales, de observatorios, organismos, comisionados, consorcios o fondos carentes de personalidad jurídica, y de acabar con el gasto superfluo, las duplicidades de organismos o hacer la mejor gestión posible de los fondos públicos.


Por el contrario, se dilapida el dinero de todos en gasto ideológico, en comprar voluntades o en satisfacer las aspiraciones de los separatistas para mantener al Gobierno en el poder.


Mientras los españoles hacen esfuerzos extremos para costearse las necesidades más básicas y contribuir con sus impuestos a las políticas públicas que deberían beneficiar a la comunidad, el Gobierno y algunos ejecutivos regionales de claro
signo separatista dilapidan el dinero de todos en acciones que atacan deliberadamente a España y a los españoles. Ese dinero, por tanto, no se emplea en solucionar los problemas reales de la población, en mejorar la educación, la sanidad o la
dependencia, entre otras cuestiones.


Desde el Grupo Parlamentario VOX siempre se ha exigido que cada céntimo que aporten los españoles se destine a la mejora real de la Nación y a combatir los problemas de todos, con los más altos niveles de exigencia ética y de control. Y
ello sólo se podrá conseguir con una profunda reforma en la que primen los intereses de los españoles por encima de cualquier condicionante ideológico o partidista, del derroche o de los propósitos de unos pocos que quieren destruir España.


Cuarto. Conclusión.


Todo lo referido en el expositivo anterior pone de manifiesto que el gobierno separatista de la Generalidad catalana, con la connivencia del actual Ejecutivo central, se sirven de todos los elementos de poder a su alcance para vulnerar la
legalidad vigente y el orden constitucional y para atacar la unidad de la Nación Española. No hay dimensión política, económica o cultural en la que los gobiernos regionales no traten de alterar el orden constitucional vigente para avanzar a toda
costa hacia la destrucción de la unidad política de España.


Es de extrema gravedad que fondos recaudados a partir del esfuerzo de todos los españoles sean destinados, precisamente, a denigrar, insultar y criticar a los propios españoles y a la Nación, en lugar de ser destinados a la prosperidad y el
bien común de España.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover todas las medidas necesarias dirigidas a:


1. Impulsar las modificaciones legales oportunas para proceder al cierre inmediato de las mal llamadas 'embajadas catalanas' en el exterior.


2. Eliminar el gasto público destinado a actividades y programas separatistas que no contribuyen al bien común y que atentan contra la unidad de España.


3. Promover una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles.


4. Establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2023.-Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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Comisión de Asuntos Exteriores


161/000077


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Proposición no de Ley relativa a la política del Gobierno español referida al Sáhara Occidental.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en los puntos 2 y 4 ha de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la política del Gobierno
español referida al Sáhara Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El proceso de descolonización del Sáhara Occidental es uno de los contenciosos pendientes para la comunidad internacional y en el que España tiene un papel fundamental por el vínculo histórico con el territorio y sus compromisos en Naciones
Unidas.


El pasado 14 de marzo de 2022, el presidente del Gobierno firmó una carta dirigida al rey de Marruecos de la que, a día de hoy, seguimos sin conocer las razones que llevaron a ello. Dicha carta se hizo pública a través de un comunicado de
la casa real marroquí y no por la Presidencia del Gobierno. Asimismo, se desconoce quién fue el redactor y quién fue el emisario, dados los numerosos errores que contiene la misma, entre otros el del propio nombre del Ministerio de Asuntos
Exteriores, lo que hace imposible que su autor fuese alguien vinculado al servicio exterior de nuestro país.


En la misiva, el presidente del Gobierno aceptaba romper con más de cuatro décadas de posición común de los diferentes Gobiernos españoles en lo que se refiere a este contencioso. A través de la carta, España consideraba 'la iniciativa
marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo'.



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Desde entonces, han sido numerosas las declaraciones aprobadas por el Congreso de los Diputados que han exigido la vuelta a la posición de neutralidad en el contencioso y de facilitar un acuerdo entre las partes.


Este hecho, además, se insertaba dentro de una política respecto a Marruecos que sigue sin dar ningún resultado. A día de hoy, las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla continúan cerradas, no existe un calendario para la apertura de
estas. Asimismo, se suspendió una audiencia entre el presidente del Gobierno y el rey de Marruecos en el marco de la XII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, justo cuando el presidente del Gobierno estaba a punto de viajar hacia Marruecos.


Finalmente, las tensiones migratorias han seguido existiendo en el estrecho, pese a que el ministro de Asuntos Exteriores español reafirmaba constantemente que la relación entre España y Marruecos era mutuamente beneficiosa en ese sentido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar una política de Estado con relación al Sáhara Occidental, recuperando el consenso político en torno a este contencioso y cumpliendo la voluntad manifestada por el Congreso de los Diputados el 7 de abril, 30 de junio y 13 de
julio de 2022.


2. Informar al Congreso de los Diputados del calendario pactado con Marruecos para la reapertura de las aduanas comerciales y que a día de hoy sigue siendo secreto.


3. Incrementar la cooperación en los campamentos de población refugiada saharaui, al igual que con Marruecos, especialmente en las zonas afectadas por el terremoto del pasado mes de septiembre.


4. Informar al Congreso de los Diputados, a través de una comparecencia, sobre las actividades y propuestas formuladas por el enviado del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, así como de la
situación y trabajos de la MINURSO.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2023.-Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000078


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre transparencia en la compraventa de material de guerra con países en conflicto y el embargo armamentístico al Estado de Israel, para su debate en instancia en la Comisión de Exteriores.


Exposición de motivos


El viernes 24 de noviembre infodefensa.com publicó que el Ministerio de Defensa había adquirido misiles anticarro Spike LR2 por 287,5 millones de euros. Cabe destacar que participa de la adjudicataria que los fabricará Rafael, una empresa
de matriz israeliana con filial en España. Israel es considerado el décimo exportador mundial aunque no contribuye a la transparencia en estos asuntos y es difícil, por no decir imposible, conocer el volumen de armas que vende y fabrica el estado
de Oriente Medio. En este sentido, su



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prestigio en el sector se basa en la eficacia probada de sus materiales sobre el terreno y en combate. Los mismos misiles Spike son los utilizados sobre Gaza desde que empezó la ofensiva israelí en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de
octubre.


Asimismo, cabe recordar que Israel no ha ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, aunque sí es signatario de dicho Tratado desde diciembre de 2014, lo cual le obliga, en virtud del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de 1969, a 'abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado'. Además, Amnistía Internacional denunció en 2019 en un informe que empresas israelíes exportan armas a países que violan
sistemáticamente los derechos humanos, eludiendo la supervisión internacional, en ocasiones tras una cadena de subcontrataciones. De este modo fusiles israelíes Galilea llegaron al sur de Sudán, y otras armas fabricadas en Israel se utilizan en
países que han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH).


Por otro lado, la normativa internacional es clara. Por un lado, las obligaciones del TCA, se extienden a las importaciones, pues en su artículo 2 define las transferencias de armas como las actividades de comercio internacional que abarcan
la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje. Las prohibiciones de transferencias del artículo 6 del TCA también son aplicables, pues, a las importaciones de armas convencionales, así como las medidas referentes al
control de desvío establecidas en su artículo 11.


Está acreditada una asimetría entre la exportación y la importación de armas entre España e Israel, siendo España un gran comprador, triplicando anualmente las exportaciones. Así, en los últimos 7 años, el gobierno español autorizó cerca de
300 licencias de exportación de armas a Israel por valor de más de 80 millones de euros y le exportó armas como munición, bombas, torpedos, cohetes y misiles por un importe de 12 millones de euros. Por otro lado, según ha publicado Eldiario.es,
basándose los informes anuales de 'La Industria de Defensa en España' que elabora el Ministerio de Defensa, que España adquirió material por valor de 268 millones de euros entre 2011 y 2021 aunque parece ser que la cifra real podría ser muy superior
ya que no incluye las importaciones de 2013, 2014, 2015, 2018 y 2019.


Como los demás Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), España presenta un informe sobre exportaciones e importaciones de las armas correspondientes al ámbito de aplicación del TCA, es decir, las siete categorías del Registro
de Armas Convencionales de la ONU (tanques, blindados, artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra y misiles y contramisiles), además de las armas pequeñas y las armas ligeras. Sería deseable que, a
mayores, hiciera un esfuerzo en materia de transparencia y publicase, inicialmente de forma anual, un informe sobre importaciones de armas que abarque las 22 categorías de la Lista Común Militar de la UE.


Cabe destacar, además, que el hecho de que Israel fabrique material de guerra a partir de filiales españolas abre la puerta a que pueda acceder a mercados con los que no tiene relaciones diplomáticas como puede ser Arabia Saudita y, incluso
de manera indirecta, acceso a los estándares de OTAN -aún sin formar parte de la organización-. Según el informe 'Negocios probados en combate' del Centre Delàs, estas compras de armas israelíes favorecerían el comercio de armas israelí dado que
las exportaciones facilitan el abaratamiento del coste unitario de ese material de defensa. En cualquier caso, el hecho de importar y/o fabricar material en filiales israelíes y contribuir a su industria armamentística implica un gran riesgo de ser
cómplice en de la fabricación de armas que acaben siendo usadas en para cometer o facilitar genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones graves del DIH y/o graves violaciones de derechos humanos.


El conflicto histórico y la reciente escalada de hostilidades en Oriente Medio entre el Estado militarizado de Israel y los territorios palestinos, especialmente los bombardeos en hospitales y áreas residenciales en la Franja de Gaza
-territorio bajo el dominio de la Autoridad Nacional Palestina-, han puesto de relieve una verdadera emergencia



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humanitaria a la cual no es ajeno el debate público ni la comunidad internacional. Organizaciones como Save The Children han denunciado que solo en la Franja de Gaza ha habido más muertes infantiles en los últimos meses que en todo el mundo
en el año 2019. Tanto es así que incluso la ONU ha afirmado que podría tratarse de un auténtico genocidio. Además, se suma el bloqueo que realiza el Estado de Israel contra este territorio, impidiendo la entrada de alimentos, agua, medicamentos,
productos de primera necesidad y combustible, lo que ha provocado una enorme crisis humanitaria y ha forzado un desplazamiento masivo de ciudadanos del norte hacia el sur de la Franja, con 1,5 millones de desplazados internos palestinos según las
Naciones Unidas.


AI denunció a principios de diciembre que el ejército israelí usó el 10 de octubre bombas fabricadas en Estados Unidos en dos mortíferos bombardeos aéreos ilegítimos de viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada y que causaron
la muerte de un total de 43 civiles en ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados que violan las leyes de la guerra y deben investigarse como crímenes de guerra. Esto debe ser una llamada de
atención urgente para la administración Biden, que debe, de conformidad con su propia ley sobre exportación de armas y sus normas nacionales al respecto, poner fin al suministro de armas para cometer crímenes de guerra en este conflicto, donde se ha
presentado una demanda judicial para parar las exportaciones de armas, al igual que en Países Bajos, en este caso para detener la exportación de piezas para aviones de combate F35.


Diversas organizaciones internacionales, gobiernos y partidos políticos han exigido un alto al fuego inmediato y la búsqueda de soluciones diplomáticas para evitar más muertes de inocentes y poner fin al conflicto de manera definitiva
mediante el restablecimiento de las conversaciones del proceso de paz.


Cabe destacar que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha abierto investigaciones por crímenes de guerra. Además, es importante recordar que el Estado español es signatario de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio, y el artículo I de esta obliga a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para prevenir los crímenes contra la humanidad.


En la crisis actual, Israel lleva semanas cometiendo presuntos crímenes de guerra con bombas, munición de artillería y otras armas, causando la muerte y lesiones a miles de civiles, haciendo caso omiso de los principios de proporcionalidad y
distinción entre objetivos militares y de carácter civil a los que obliga el derecho internacional humanitario (DIH).


Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel o a Hamás y otros grupos armados palestinos a sabiendas de que están usando estas armas para cometer hechos internacionalmente ilícitos como crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad corren a su vez el riesgo de ser cómplices en la comisión de estas barbaridades. Los Estados que actúen así están violando de forma flagrante su obligación, recogida en el artículo 1 los Convenios de Ginebra, de respetar y hacer respetar
el DIH, por lo que las autoridades, los funcionarios y las personas responsables de las empresas implicadas en la decisión de transferir armas utilizadas para cometer crímenes de guerra se arriesgan, potencialmente, a ser procesadas por la Corte
Penal Internacional.


Las Normas consuetudinarias del derecho internacional humanitaria son taxativas. Así, la Norma 144 dice: 'Los Estados no alentarán las violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado. En la medida
de lo posible, deberán ejercer su influencia para hacer que cesen esas violaciones'. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) establece, en su comentario a dicha Norma, que la obligación de garantizar el respeto del DIH exige que los Estados
se abstengan de transferir armas 'si existe la expectativa, basada en hechos o en el conocimiento de patrones previos, de que dichas armas podrían utilizarse para violar el derecho internacional humanitario'.


Esta obligación exige hacer una evaluación antes de cualquier transferencia de armas y aplicar el párrafo 3 del artículo 6 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias (es decir, las actividades de comercio
internacional como la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y corretaje) de armas convencionales y municiones cuando estas podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad,



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infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra. Para cumplir esa obligación, los gobiernos pueden adoptar otras
medidas relacionadas con esta cuestión como condicionar, limitar o denegar la autorización de esas transferencias de armas, como explica el CICR en los párrafos 162 y 181 del Comentario del CICR al artículo 1 común de los Convenios de Ginebra.


La crisis actual no surge en el vacío. Israel tiene un largo historial de comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluso al imponer un sistema de apartheid a los palestinos durante décadas, con impunidad. Las
numerosas violaciones y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad palestinos también han quedado impunes. El clima generalizado de impunidad ha socavado la confianza en las normas y principios del derecho internacional,
como lo demuestran la violencia sin precedentes contra civiles en Israel y los incesantes ataques que han destruido a familias enteras en Gaza.


El artículo 8 La Ley 53/2007 sobre exportación de armas españolas establece que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, suspendidas o revocadas, entre otros supuestos 'Cuando existan indicios racionales de que
el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos
latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de
materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España'.


Por ello, diversas entidades han impulsado un manifiesto que pide al Gobierno español que decrete un embargo inmediato de armas al Estado de Israel. En anteriores ofensivas de Israel sobre los Territorios Palestinos Ocupados, el gobierno
español ya ha tomado la decisión de suspender temporalmente la exportación de armas, incluso en agosto de 2014, bajo un gobierno del PP, cuando la Junta Interministerial que regula el comercio de armas español acordó una suspensión temporal de la
venta de armamento a Israel. En diciembre de este año, el ministro de AA.EE. español informó de que 'desde el 7 de octubre no se producen exportaciones de armas españolas a Israel', una medida positiva, acorde con el derecho internacional.
Igualmente es positivo que, en estos últimos siete años, el Gobierno español denegase hasta cinco licencias de exportación de armas por la situación regional y su posible uso para la represión interna. Organizaciones como Amnistía Internacional
llevan pidiendo 14 años, desde 2009, la suspensión de las exportaciones españolas de armas.


Siendo positiva, la suspensión temporal de las exportaciones de armas a Israel no es suficiente. El gobierno español debe dar un paso más y transformar esa suspensión temporal en permanente e impulsar la adopción de un embargo europeo de
armas a Israel, además de presionar a EE.UU. para que deje de proporcionar armas a Israel.


La razón para aplicar un embargo de armas es muy simple: los Estados que sigan facilitando armas a Israel o a Hamás y otros grupos armados palestinos a sabiendas de que están usando estas armas para cometer crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad corren el riesgo de ser cómplices en la comisión de estos crímenes de derecho internacional.


Es imprescindible, pues, que se avance hacia la total transparencia en materia de compraventa de armas en el Estado español, así como el establecimiento de un compromiso firme, con independencia del color político del Gobierno de turno, para
cumplir con la prohibición recogida en el Tratado sobre Comercio de Armas y diversas normas del DIH de no transferir armas que podrían ser usadas para cometer o facilitar genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o infracciones
graves del DIH, así como violaciones graves de los derechos humanos.


A tenor de lo expuesto se presenta la siguiente



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Proposición no de ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno a:


1. Mantener la suspensión temporal de las exportaciones de armas a Israel anunciadas por el ministro de AA.EE. español el 5 de diciembre en el pleno del Congreso en que anunció que 'desde el 7 de octubre no se producen exportaciones de
armas españolas a Israel' y convertirla en una suspensión permanente hasta que no exista un riesgo sustancial de que se puedan usar para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los
derechos humanos.


2. Impulsar la adopción de un embargo europeo de armas a Israel y a los grupos palestinos armados.


3. Hacer un llamamiento al gobierno de EE.UU. para que aplique sus propias normas y el derecho internacional y deje de proporcionar armas a Israel.


4. Solicitar al Ministerio de Defensa español que haga públicas las importaciones de armas israelíes en los años 2013, 2014, 2015, 2018 y 2019.


5. Instar al Ministerio de Defensa española a publicar un informe anual sobre las importaciones de armas españolas que recoja las 22 categorías de la Lista Común Militar de la Posición Común 2008/944/PESC y, en años venideros, seguir
avanzando en la publicación de estas estadísticas de modo que se haga por Internet y de forma semestral en un primer momento y trimestral a medio plazo.


6. Decretar un embargo de armamentístico y paralizar de manera inmediata toda operación de compraventa y/o encargo de fabricación de material militar con cualquier empresa relacionada directa o indirectamente con el estado de Israel.


7. Instar a la revisión de las normativas comunitarias en relación con la transparencia en la fabricación y/o compraventa de armamento.


8. Instar a las autoridades europeas al establecimiento de las medidas establecidas en los apartados anteriores por parte de todos los Estados miembros de la Unión.


9. Comunicar estos acuerdos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, al Consejo Atlántico y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2023.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congres dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies dels Diputats Gabriel Rufián Romero i Jordi Salvador i Duch, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
transparència en la compravenda de material de guerra a paísos en conflicte i l'embargament armamentístic a l'Estat d'Israel per al seu debat en instància a la Comissió d'Exteriors.


Exposició de motius


El divendres 24 de novembre, infodefensa.com va publicar que el Ministeri de Defensa havia adquirit míssils anticarro Spike LR2 per 287,5 milions d'euros. Cal destacar que participa en l'adjudicatària que els fabricarà Rafael, una empresa
de matriu israeliana amb filial a Espanya. Israel és considerat el desè exportador mundial, tot i que no contribueix a la transparència en aquests assumptes, i és difícil, per no dir impossible, conèixer el volum d'armes que ven i fabrica l'estat
del Pròxim Orient. En aquest sentit, el seu prestigi en el sector es basa en l'eficàcia provada dels seus materials sobre el terreny i en combat. Els



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mateixos míssils Spike són els utilitzats sobre Gaza des que va començar l'ofensiva israeliana en resposta als atacs de Hamàs del 7 d'octubre.


A més a més, cal recordar que Israel no ha ratificat el Tractat sobre el Comerç d'Armes, tot i que sí que és signant d'aquest Tractat des de desembre de 2014, la qual cosa l'obliga, en virtut de l'article 18 de la Convenció de Viena sobre el
dret dels tractats, de 1969, a 'abstenir-se d'actes pel qual es frustren l'objecte i la finalitat d'un tractat'. A més, Amnistia Internacional va denunciar el 2019 en un informe que empreses israelianes exporten armes a països que violen
sistemàticament els drets humans, eludint la supervisió internacional, en ocasions després d'una cadena de subcontractacions. D'aquesta manera, fusells israelians Galilea van arribar al sud del Sudan, i altres armes fabricades a Israel s'utilitzen
en països que han comès greus violacions del dret internacional humanitari (DIH) i del dret internacional dels drets humans (DIDH).


D'altra banda, la normativa internacional és clara. Per una banda, les obligacions del TCA s'estenen a les importacions, ja que en l'article 2 defineix les transferències d'armes com les activitats de comerç internacional que abasten
l'exportació, la importació, el trànsit, el transbord i el corretatge. Les prohibicions de transferències de l'article 6 del TCA també són aplicables a les importacions d'armes convencionals, així com les mesures relatives al control del desviament
establertes en l'article 11.


Està acreditada una asimetria entre l'exportació i la importació d'armes entre Espanya i Israel, sent Espanya un gran comprador, triplicant anualment les exportacions. Així, en els darrers 7 anys, el govern espanyol va autoritzar prop de
300 llicències d'exportació d'armes a Israel per un valor de més de 80 milions d'euros i li va exportar armes com munició, bombes, torpedes, coets i míssils per un import de 12 milions d'euros. D'altra banda, segons ha publicat Eldiario.es,
basant-se en els informes anuals de La Indústria de Defensa a Espanya que elabora el Ministeri de Defensa, Espanya va adquirir material per valor de 268 milions d'euros entre 2011 i 2021, tot i que sembla que la xifra real podria ser molt superior
ja que no inclou les importacions de 2013, 2014, 2015, 2018 i 2019. Com els altres Estats Partits del Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA), Espanya presenta un informe sobre exportacions i importacions d'armes corresponents al àmbit d'aplicació
del TCA, és a dir, les set categories del Registre d'Armes Convencionals de les Nacions Unides (tancs, blindats, artilleria de gran calibre, aeronaus de combat, helicòpters d'atac, vaixells de guerra i míssils i contramíssils), a més de les armes
petites i les armes lleugeres. Seria desitjable que, a més, fes un esforç en matèria de transparència i publiqués, inicialment de forma anual, un informe sobre importacions d'armes que abasti les 22 categories de la Llista Comuna Militar de la UE.
Cal destacar, a més, que el fet que Israel fabriqui material de guerra a partir de filials espanyoles obre la porta a que pugui accedir a mercats amb els quals no té relacions diplomàtiques, com podria ser l'Aràbia Saudita i, fins i tot, de manera
indirecta, accedir als estàndards de l'OTAN, tot i no formar-ne part. Segons l'informe Negocis provats en combat del Centre Delàs, aquestes compres d'armes israelianes beneficiarien el comerç d'armes atès que les exportacions faciliten
l'abaratiment del cost unitari d'aquest material de defensa. En qualsevol cas, el fet d'importar i/o fabricar material en filials israelianes i contribuir a la seva indústria armamentística implica un gran risc de ser còmplice en la fabricació
d'armes que acabin sent utilitzades per cometre o facilitar genocidis, crims de lesa humanitat, crims de guerra o altres violacions greus del DIH i/o greus violacions dels drets humans.


El conflicte històric i l'escalada recent d'hostilitats al Pròxim Orient entre l'Estat militaritzat d'Israel i els territoris palestins, especialment els bombardejos en hospitals i àrees residencials a la Franja de Gaza, territori sota el
domini de l'Autoritat Nacional Palestina, han posat de relleu una autèntica emergència humanitària a la qual no és aliè el debat públic ni la comunitat internacional. Organitzacions com Save The Children han denunciat que només a la Franja de Gaza
hi ha hagut més morts infantils en els darrers mesos que a tot el món l'any 2019. Tant és així que fins i tot l'ONU ha afirmat que podria tractar-se d'un autèntic genocidi. A més, s'afegeix el bloqueig que realitza l'Estat d'Israel contra aquest
territori, impedint l'entrada d'aliments, aigua, medicaments, productes de



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primera necessitat i combustible, la qual cosa ha provocat una enorme crisi humanitària i ha forçat un desplaçament massiu de ciutadans del nord al sud de la Franja, amb 1,5 milions de desplaçats interns palestins segons les Nacions Unides.


Amnistia Internacional va denunciar a principis de desembre que l'exèrcit israelià va usar el 10 d'octubre bombes fabricades als Estats Units en dos mortífers bombardejos aeris il·lícits d'habitatges plens de civils a la Franja de Gaza
ocupada, que van causar la mort d'un total de 43 civils en atacs directes contra la població civil o béns de caràcter civil, o atacs indiscriminats que violen les lleis de la guerra i s'han d'investigar com a crims de guerra. Això ha de ser una
crida d'atenció urgent per a l'administració Biden, que ha de, d'acord amb la seva pròpia llei sobre exportació d'armes i les seves normes nacionals a aquest respecte, posar fi al subministrament d'armes per cometre crims de guerra en aquest
conflicte, on s'ha presentat una demanda judicial per aturar les exportacions d'armes, igual que als Països Baixos, en aquest cas per aturar l'exportació de peces per a avions de combat F35.


Diverses organitzacions internacionals, governs i partits polítics han exigit una alto al foc immediat i la cerca de solucions diplomàtiques per evitar més morts d'innocents i posar fi al conflicte de manera definitiva mitjançant la
restabliment de les converses del procés de pau.


Cal destacar que la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional ha obert investigacions per crims de guerra. A més, és important recordar que l'Estat espanyol és signant de la Convenció per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi, i
l'article I d'aquesta obliga els Estats a prendre totes les mesures necessàries per prevenir els crims contra la humanitat.


En la crisi actual, Israel porta setmanes cometent presumptes crims de guerra amb bombes, munició d'artilleria i altres armes, causant la mort i lesions a milers de civils, fent cas omís dels principis de proporcionalitat i distinció entre
objectius militars i de caràcter civil que obliga el dret internacional humanitari (DIH). Els Estats que continuïn transferint armes a Israel o a Hamàs i altres grups armats palestins sabent que estan usant aquestes armes per cometre fets
internacionalment il·lícits com crims de guerra i crims de lesa humanitat, corren el risc de ser còmplices en la comissió d'aquestes barbaritats. Els Estats que actuïn així estan violant de forma flagrant la seva obligació, recollida a l'article 1
dels Convenis de Ginebra, de respectar i fer respectar el DIH, pel que les autoritats, els funcionaris i les persones responsables de les empreses implicades en la decisió de transferir armes utilitzades per cometre crims de guerra es juguen,
potencialment, a ser processades per la Cort Penal Internacional.


Les Normes consuetudinàries del dret internacional humanitari són taxatives. Així, la Norma 144 diu: 'Els Estats no encoratjaran les violacions del dret internacional humanitari per les parts en un conflicte armat. En la mesura del
possible, hauran d'exercir la seva influència per fer que cessin aquestes violacions'. El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) estableix, en el seu comentari a aquesta Norma, que l'obligació de garantir el respecte del DIH exigeix que els
Estats s'abstinguin de transferir armes 'si existeix l'expectativa, basada en fets o en el coneixement de patrons previs, que aquestes armes podrien utilitzar-se per violar el dret internacional humanitari'. Aquesta obligació exigeix fer una
avaluació abans de qualsevol transferència d'armes i aplicar el paràgraf 3 de l'article 6 del Tractat sobre el Comerç d'Armes, que prohibeix les transferències (és a dir, les activitats de comerç internacional com l'exportació, la importació, el
trànsit, el transbord i la corretatge) d'armes convencionals i municions quan aquestes podrien utilitzar-se per cometre genocidi, crims de lesa humanitat, infraccions greus dels Convenis de Ginebra de 1949, atacs dirigits contra béns de caràcter
civil o persones civils protegides com a tals, o altres crims de guerra. Per complir aquesta obligació, els governs poden adoptar altres mesures relacionades amb aquesta qüestió com condicionar, limitar o denegar l'autorització d'aquestes
transferències d'armes, com explica el CICR als paràgrafs 162 i 181 del Comentari del CICR a l'article 1 comú dels Convenis de Ginebra.



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La crisi actual no sorgeix en el buit. Israel té un llarg historial de comissió de crims de guerra i crims contra la humanitat, fins i tot en imposar un sistema d'apartheid als palestins durant dècades, amb impunitat. Les nombroses
violacions i crims de guerra comesos per grups armats i forces de seguretat palestines també han quedat impunes. El clima generalitzat d'impunitat ha minat la confiança en les normes i principis del dret internacional, com ho demostren la violència
sense precedents contra civils a Israel i els incessants atacs que han destruït famílies senceres a Gaza.


L'article 8 de la Llei 53/2007 sobre exportació d'armes espanyoles estableix que les sol·licituds d'autorització seran denegades i les autoritzacions, suspeses o revocades, entre d'altres supòsits 'Quan existeixin indicis racionals que el
material de defensa, l'altre material o els productes i tecnologies de doble ús puguin ser emprats en accions que pertorbin la pau, l'estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial o regional, puguin exacerbar tensions o conflictes latents, puguin
ser utilitzats de manera contrària al respecte degut i la dignitat inherent a l'ésser humà, amb finalitats de repressió interna o en situacions de violació de drets humans, tinguin com a destí països amb evidència de desviacions de materials
transferits o puguin vulnerar els compromisos internacionals contrets per Espanya'.


Per això, diverses entitats han impulsat un manifest que demana al Govern espanyol que decreti un embargament immediat d'armes a l'Estat d'Israel. En anteriors ofensives d'Israel sobre els Territoris Palestins Ocupats, el govern espanyol ja
ha pres la decisió de suspendre temporalment l'exportació d'armes, fins i tot el agost de 2014, sota un govern del PP, quan la Junta Interministerial que regula el comerç d'armes espanyol va acordar una suspensió temporal de la venda d'armament a
Israel. El desembre d'aquest any, el ministre d'Afers Exteriors espanyol va informar que 'des del 7 d'octubre no es produeixen exportacions d'armes espanyoles a Israel', una mesura positiva, d'acord amb el dret internacional. Igualment és positiu
que, en aquests últims set anys, el Govern espanyol denegués fins a cinc llicències d'exportació d'armes per la situació regional i el seu possible ús per a la repressió interna. Organitzacions com Amnistia Internacional porten 14 anys demanant la
suspensió de les exportacions espanyoles d'armes. Tot i ser positiva, la suspensió temporal de les exportacions d'armes a Israel no és suficient. El govern espanyol ha de donar un pas més i transformar aquesta suspensió temporal en permanent i
impulsar l'adopció d'un embargament europeu d'armes a Israel, a més de pressionar als EUA perquè deixi de proporcionar armes a Israel. La raó per aplicar un embargament d'armes és molt simple: els Estats que segueixin facilitant armes a Israel o a
Hamàs i altres grups armats palestins, sabent que estan utilitzant aquestes armes per cometre crims de guerra i crims de lesa humanitat, corren el risc de ser còmplices en la comissió d'aquests crims i la conculcació del dret internacional.


És imprescindible, doncs, que s'avanci cap a la total transparència en matèria de compra-venda d'armes a l'Estat espanyol, així com l'establiment d'un compromís ferm, amb independència del color polític del Govern de torn, per complir amb la
prohibició recollida al Tractat sobre Comerç d'Armes i diverses normes del DIH de no transferir armes que podrien ser usades per cometre o facilitar genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra o infraccions greus del DIH, així com
violacions greus dels drets humans.


A tenor del que s'ha exposat es presenta la següent


Proposició no de llei


'El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Mantenir la suspensió temporal de les exportacions d'armes a Israel anunciades pel ministre d'Afers Exteriors espanyol el 5 de desembre al ple del Congrés en què va anunciar que 'des del 7 d'octubre no es produeixen exportacions d'armes
espanyoles a Israel' i convertir-la en una suspensió permanent fins que no existeixi un risc substancial que es puguin utilitzar per cometre o facilitar greus violacions del dret internacional humanitari i del dret internacional dels drets humans.



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2. Impulsar l'adopció d'un embargament europeu d'armes a Israel i als grups palestins armats.


3. Fer una crida al govern dels EUA perquè apliqui les seves pròpies normes i el dret internacional i deixi de proporcionar armes a Israel.


4. Sol·licitar al Ministeri de Defensa espanyol que faci públiques les importacions d'armes israelianes en els anys 2013, 2014, 2015, 2018 i 2019.


5. Instar al Ministeri de Defensa espanyol a publicar un informe anual sobre les importacions d'armes espanyoles que reculli les 22 categories de la Llista Comuna Militar de la Posició Comuna 2008/944/PESC i, en anys vinents, seguir
avançant en la publicació d'aquestes estadístiques de manera que es faci per Internet i de manera semestral en un primer moment i trimestral a mig termini.


6. Decretar un embargament armamentístic i paralitzar de manera immediata tota operació de compra-venda i/o encàrrec de fabricació de material militar amb qualsevol empresa relacionada directa o indirectament amb l'estat d'Israel.


7. Instar a la revisió de les normatives comunitàries en relació amb la transparència en la fabricació i/o compra-venda d'armament.


8. Instar les autoritats europees a l'establiment de les mesures establertes als apartats anteriors per part de tots els Estats membres de la Unió.


9. Comunicar aquests acords a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, a l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa, al Consell Atlàntic i al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de desembre de 2023.-Jordi Salvador i Duch, Diputat.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.


161/000086


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Ione Belarra y Lilith Verstrynge, integrantes del partido PODEMOS y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno de España ante la ofensiva de Israel en Gaza y Cisjordania, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Con el estallido de los combates entre el brazo armado de Hamás -actor no estatal- y el ejército israelí el pasado 7 de octubre, Israel inició una ofensiva militar y un asedio sobre la totalidad de la Franja de Gaza que dura ya dos meses y
medio y engloba bombardeos indiscriminados de norte a sur, el corte de todos los suministros y comunicaciones con la Franja y las incursiones terrestres del ejército en el norte y en el sur del enclave.


Las víctimas de la ofensiva israelí sobre Gaza son, en su inmensa mayoría, víctimas civiles. Desde el inicio de los bombardeos el pasado 7 de octubre las autoridades de la Franja han registrado cerca de 20.000 víctimas mortales, casi la
mitad de ellas niños, niñas y adolescentes. Esta cifra tan solo incluye las víctimas directas de los bombardeos; no a las personas sepultadas bajo los escombros o las asesinadas por inanición, deshidratación o falta de atención médica, por lo que
el número total de víctimas es aún mayor. También se han contabilizado unos 68 periodistas, más de un centenar de trabajadores de la ONU y varios cientos de médicos y sanitarios entre las personas asesinadas. A ello se suman los casi dos millones
de personas desplazadas de manera forzada y en busca de refugio, así como las campañas de detenciones, torturas y ejecuciones de civiles palestinos tanto en Gaza como en dependencias israelíes donde, según organizaciones como Euro-Med



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Monitor, los soldados israelíes trasladan a los civiles palestinos de forma ilegal. Tal es el caso del campo de Sde Teman, una cárcel situada entre la ciudad de Beersheba y Gaza que la misma ONG compara con la cárcel de Guantánamo.


El grado de destrucción en la Franja es total, especialmente en el norte. Unos 40.000 edificios residenciales han sido destruidos por los bombardeos: tan solo en la ciudad de Gaza la destrucción de edificios alcanzó el 28 % del total. El
objetivo aparente es hacer el territorio inhabitable. También han sido destruidos hospitales, escuelas y mezquitas que han sido objeto de ataques deliberados por parte Israel. Entre ellos destaca el asedio al hospital de Al-Shifa, el mayor
complejo sanitario de Gaza, a mediados de noviembre, durante el cual murieron decenas de pacientes que no pudieron ser evacuados, incluyendo bebés prematuros en incubadoras, así como personal médico del hospital. Israel está negando a la población
de Gaza la opción de buscar refugio y protegerse de la ofensiva y el sistema humanitario ya está colapsando en todo el enclave.


Además de ello, la violencia se ha extendido a la Cisjordania ocupada, donde se están produciendo auténticas 'cacerías' de civiles palestinos por parte de colonos israelíes armados directamente por el gobierno de Israel, así como redadas por
parte del ejército israelí en casas y barrios residenciales palestinos. Ya se han contabilizado al menos 287 víctimas mortales de dichos ataques. La ofensiva israelí en Cisjordania no ha dejado de intensificarse en las últimas semanas, en las que
también se ha producido la mayor incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín desde el 7 de octubre, que duró casi 3 días y se saldó con 12 víctimas mortales y cientos de detenidos. En un comunicado conjunto el pasado 13 de
diciembre, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos de los presos palestinos cifraban el total de detenciones de civiles palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este desde el 7 de octubre en más de 4.000.


Huelga decir que, desde el inicio de la ofensiva, se han documentado incontables crímenes y violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos I y II, los principales instrumentos de derecho internacional humanitario, por parte
de Israel. En particular, el IV Convenio de Ginebra establece, entre muchas otras, la obligación por parte de cualquier potencia ocupante de proteger a la población que vive bajo su ocupación, así como la prohibición de los castigos colectivos
(artículo 33), como es el prolongado bloqueo israelí a Gaza y el actual asedio del enclave.


Expertos de la ONU, incluidos varios relatores especiales y miembros de grupos de trabajo sobre diversos temas, han estado advirtiendo desde hace varias semanas que en Gaza había un genocidio en curso. El pasado 12 de diciembre el Comité de
la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (CEIRPP, por sus siglas en inglés) también concluyó en un panel de discusión que lo que Israel está cometiendo en Gaza es un genocidio. Ese mismo día, la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) adoptó una resolución reconociendo que 'las acciones de Israel contra el pueblo palestino constituyen un genocidio en desarrollo'. Cada vez son más los expertos/as y organizaciones que apuntan a esa
dirección. Las abiertas declaraciones de las autoridades militares y de gobierno israelíes contribuyen, según los expertos, a probar el 'elemento intencional' a la hora de determinar la comisión del crimen de genocidio. Con todo, corresponde a la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigar la comisión de crímenes -de guerra, lesa humanidad y genocidio- cometidos por Israel en Gaza y Cisjordania, así como juzgar a los responsables de los mismos.


Ante estos hechos, la comunidad internacional en su conjunto y los Estados soberanos tienen la posibilidad y, en ocasiones, la obligación de utilizar cuantos medios estén a su alcance y contemple la legalidad para frenar la ofensiva de
Israel sobre la población civil de Gaza y lograr el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, son varios los países que han decidido suspender sus relaciones diplomáticas con Israel, al menos hasta que cese su ofensiva. Por
su parte, la UE tiene, entre otras, la posibilidad de suspender el Acuerdo de Asociación Estratégica con Israel, decretar un embargo de armas en todo el territorio comunitario y de adoptar sanciones -como ha hecho en anteriores ocasiones- contra las
autoridades que están participando de forma directa e indirecta en la planificación y ejecución de los crímenes en Gaza y en Cisjordania.



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Por otro lado, España es una gran compradora de armas israelíes. Según la información publicada por elDiario.es, entre 2011 y 2021, España compró material de guerra a Israel por al menos 268 millones de euros, aunque la cifra real podría
ser el doble o el triple. El pasado mes de noviembre conocíamos que el Ministerio de Defensa había adquirido misiles anticarro Spike LR2 por valor de 287,5 millones de euros.


Como signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas, España está sujeta por una serie de obligaciones en relación al comercio de armas con Israel. El artículo 2 de dicho Tratado define las transferencias de armas como las actividades de
comercio internacional que abarcan desde 'la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje'. Las prohibiciones de transferencias establecidas en el artículo 6 del Tratado también son aplicables, pues, a las importaciones de
armas convencionales.


El hecho de importar y/o fabricar material en filiales israelíes y contribuir a su industria armamentística implica un gran riesgo de contribuir a la fabricación de armas que acaben siendo usadas en para cometer crímenes de guerra, de lesa
humanidad y de genocidio así como de graves vulneraciones de derechos humanos. Ante ello, diversas entidades del Estado español han impulsado un manifiesto que pide al Gobierno la adopción un embargo total de armas a Israel -además de la suspensión
temporal de la exportación de armas anunciada recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores de España-. Siendo una medida positiva, la suspensión temporal de las exportaciones de armas a Israel no es suficiente para evitar la contribución de
España a la industria armamentística israelí y, por ende, su posible participación indirecta de España en los presuntos crímenes que Israel está ejecutando en Palestina. Para ello, es necesario dar un paso más y transformar esa suspensión temporal
en permanente, así como impulsar la adopción a nivel europeo de un embargo de armas a Israel y presionar conjuntamente a EEUU para que deje de proporcionar armas al gobierno de Benjamín Netanyahu.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Por la que se insta al Gobierno a:


1. Proceder a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel hasta que cese la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania;


2. Efectuar la suspensión inmediata del comercio de armas con Israel;


3. Redoblar los esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluyendo la coordinación a nivel europeo para el envío conjunto de ayuda y su lanzamiento por vía aérea sobre la
Franja;


4. Promover en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones económicas ejemplares contra los responsables de los crímenes cometidos en Gaza -y en toda Palestina- desde el 7 de octubre, incluyendo autoridades del gobierno de Israel y
colonos de asentamiento ilegales;


5. Promover en el seno de la Unión Europea la adopción de un embargo total de armas a Israel en todo el territorio comunitario;


6. Promover la suspensión del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel;


7. Apoyar la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, y los procesos de rendición de cuentas de sus responsables ante la Corte.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Lilith Verstrynge Revuelta, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, Alberto Teófilo Asarta Cuevas y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los cristianos perseguidos en Nicaragua por el régimen dictatorial de Ortega-Murillo, para su discusión en la Comisión de
Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Primero. La persecución de los cristianos en el mundo.


Según el último informe sobre libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37 % y alcanzan a una población de más de 4.900 millones de personas, es decir, más de la mitad de la
población mundial. De los 61 países donde se ve vulnerada la libertad religiosa, en 28 países esta vulneración se concreta en forma de persecución (13 de ellos en África, donde prolifera vertiginosamente la expansión de la violencia islamista); y
en 33, en forma de discriminación 1. De entre las confesiones religiosas, la fe cristiana es la más perseguida del mundo.


Señala el informe que, '[a] escala mundial, la retención y consolidación del poder en manos de gobiernos autoritarios y líderes de grupos fundamentalistas ha provocado el aumento de las violaciones de todos los derechos humanos, incluida la
libertad religiosa' 2; menciona específicamente los casos de opresión general de las comunidades religiosas en Turquía, Siria, Nigeria, Irak, China, India y Pakistán, y denuncia una 'creciente cultura de la impunidad' 3.


Segundo. La persecución a la iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.


Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto de relieve un aumento en la persecución no solo de las confesiones minoritarias, sino también de las comunidades religiosas mayoritarias. Uno de los casos más alarmantes es el de Nicaragua, sometida
al gobierno dictatorial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Daniel Ortega y su esposa la vicepresidente Rosario Murillo. Este régimen está completamente inmerso en una deriva totalitaria contra su propio pueblo y, de forma
particular, contra los cristianos nicaragüenses.


Desde las protestas acaecidas en el año 2018, como respuesta a las arbitrariedades de su gobierno, éste no ha cesado en su vulneración de los derechos de la persona ni en su restricción de las libertades civiles de la población. El FSLN de
Daniel Ortega se ha manifestado abiertamente hostil a la Iglesia Católica desde hace más de cuatro décadas; pero en los últimos años esta hostilidad se ha recrudecido.


El origen de esta persecución está en el apoyo que han prestado sectores de la Iglesia a las citadas protestas que se han venido produciendo contra las tendencias crecientemente despóticas del gobierno sandinista. Es necesario subrayar que
la pulsión totalitaria está en el ADN mismo del sandinismo, como evidencia su matiz ideológico filocomunista, su militancia en el Foro de Sao Paulo, o incluso su alianza con la propia Unión Soviética en su anterior estancia en el poder en los años
1980. Como justificación de esta agresividad gubernamental contra sectores católicos, la Asamblea Nacional que controlan los sandinistas publicaba en mayo de 2022 un informe para acusar a obispos y sacerdotes de


1 ACN INTERNATIONAL: 'Informe de libertad religiosa en el mundo 2023'. Disponible en: ?https://acninternational.org/religiousfreedomreport/es


2 Ibidem.


3 Ibidem.



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estar implicados en un supuesto golpe de Estado, y para reclamar su procesamiento y la confiscación de bienes de la Iglesia 4.


En esta línea, se han producido numerosas detenciones, entre otras, la del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros fieles, por 'actividades desestabilizadoras y provocadoras', o la del padre Óscar Benavídez, estos últimos
trasladados a la prisión del nuevo Chipote, una conocida 'cárcel de torturas' 5.


La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua ha declarado que la 'dictadura intenta golpear la moral de la Iglesia por apegarse a los principios cristianos de respeto a la dignidad humana, la vida y la justicia' 6. Así
mismo, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado de junio de este año 2023 referido a los sucesos de las semanas anteriores, ha mostrado su preocupación por 'la información recibida sobre nuevas detenciones arbitrarias
de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia Católica. Entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así
como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos. Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos' 7.


Uno de los últimos hitos en la persecución de los cristianos a manos del régimen de Ortega-Murillo es la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y la confiscación de todos sus bienes 8. Entre detenciones,
encarcelaciones, condenas injustas, confiscaciones, cancelaciones de personalidad jurídica, ilegalizaciones, deportaciones y otras actuaciones igualmente criminales de las autoridades sandinistas, se cuentan en más de medio millar las acciones
arbitrarias contra los nicaragüenses, en lo que constituye una represión sistemática contra la libertad religiosa y la misma dignidad humana 9. Por todo ello se ha podido decir que el Estado nicaragüense ostenta el dudoso honor de encabezar los
casos de persecución religiosa en toda la llamada América Latina 10.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Condenar el régimen sandinista de Nicaragua, tanto por su ideología incompatible con la dignidad de la persona y el bien general, como por sus actuaciones que implican una constante violación de los derechos de la persona.


2. Promover el apoyo de las instituciones públicas y de la sociedad civil a las víctimas del régimen de Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua.


3. Condenar los actos de discriminación y persecución contra los cristianos, el grupo religioso más perseguido del mundo según constatan numerosos informes y resoluciones


4 Ibidem.


5 SÁNCHEZ SILVA, Walter: 'El Chipote: La cárcel de torturas donde la dictadura de Nicaragua retiene a sacerdotes', Aciprensa, 23.08.2022. Disponible en:
https://www.aciprensa.com/noticias/95355/el-chipote-la-carcel-de-torturas-donde-la-dictadura-de-nicaragua-retiene-a-sacerdotes


6 EL DEBATE: 'Las organizaciones humanitarias condenan la persecución de Ortega contra la Iglesia', 30.05.2023. Disponible en:
https://www.eldebate.com/religi%C3%B3n/iglesia/20230530/organizaciones-humanitarias-condenan-persecucion-nicaragua-contra-iglesia_118087.html


7 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: 'CIDH rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua', 16.06.2023. Disponible en: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/123.asp


8 LA GACETA. DIARIO OFICIAL: 'Acuerdo ministerial No. 105-2023-OSFL por el que se acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica de la asociación Compañía de Jesús de Nicaragua por incumplimiento de las leyes', 23.08.2023.
Disponible en: https://www.lagaceta.gob.ni/la-gaceta-no-154-miercoles-23-de-agosto-de-2023/


9 PATRICIA MOLINA, Martha: 'IV ENTREGA. NICARAGUA: ¿UNA IGLESIA PERSEGUIDA?', Abril 2018-Agosto 2023. Disponible en: https://iglesiaperseguidani.com/wp-content/uploads/2023/10/Nicaragua-Iglesia-Perseguida-IV-Entrega.pdf


10 ACN INTERNATIONAL: 'Nicaragua leads in cases of religious persecution in Latín America', 04.07.2022. Disponible en: https://acninternational.org/nicaragua-leads-religious-persecution-in-latin-america/



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de organizaciones internacionales, y especialmente los ataques que en los últimos años ha perpetrado el régimen nicaragüense contra la Iglesia Católica.


4. Elevar la cuestión de la persecución de la libertad religiosa en el mundo, que sufren de modo especial los cristianos, a las instituciones de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de las
demás organizaciones internacionales desde las que se pueda sensibilizar y concienciar a la comunidad internacional para actuar frente a estos gravísimos ataques contra la dignidad de la persona.


5. Introducir entre los objetivos del VI Plan Director de la Cooperación Española la ayuda y protección de los cristianos perseguidos, por la extrema conculcación de la libertad religiosa que padecen en el mundo.


6. Impulsar cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en defensa de la dignidad de la
persona, fundamento de nuestro orden político.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2024.-Carlos Flores Juberías, Alberto Asarta Cuevas y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Justicia


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra los delitos informáticos y la garantía de la soberanía de datos de los españoles, para su discusión en
la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos


Primero. El aumento de la ciberdelincuencia en España.


La delincuencia en internet no ha dejado de aumentar en nuestro país. Prueba de ello es que las estafas informáticas, el delito más común de los que se cometen en la red, han crecido casi un 380 % en los últimos años.


Según el Balance de Criminalidad 1 del segundo trimestre de 2023 por el Ministerio del Interior, el 18,3 % de los delitos cometidos en España durante el primer trimestre de 2023 fueron estafas informáticas u otro tipo de ciberdelitos, lo que
representa un incremento del 19,7 % de este tipo de delitos respecto al mismo periodo de 2022. Según el citado informe: '(...) el indicador de las estafas informáticas (195.769 infracciones penales que representan el 89,9 % de toda la
cibercriminalidad y el 16,4 % de toda la delincuencia registrada de enero a junio) presenta un incremento del 20,9 % sobre el mismo período de 2022. Para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad, y su impacto sobre el conjunto
de la criminalidad, las estafas informáticas representaron la cantidad anual de 335.995 delitos en 2022 y 70.178 hechos registrados en 2016, ambos años con datos del conjunto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso implica que, en apenas
seis


1 https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/Balance-de-Criminalidad-Segundo-Trimestre-2023.pdf



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años, las estafas informáticas conocidas en el año 2022 crecieron un 378,8 % sobre las registradas en 2016'. Por lo tanto, la cibercriminalidad está al alza en nuestro país y supone un grave riesgo. Así lo ha reconocido el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, al afirmar que en España 'uno de cada cinco delitos se comete en la red' 2.


Segundo. Ciberataque a Air Europa.


El pasado martes 10 de octubre la aerolínea española Air Europa ha sufrido un ciberataque que afecta a los datos de las tarjetas de crédito utilizadas por sus clientes para efectuar los pagos a través de la página web de la compañía.


Este ataque ha afectado, por tanto, a un gran número de personas que ahora se exponen a un grave peligro de seguridad. Air Europa ha reaccionado poniéndose en contacto con sus clientes para comunicarles que este ataque podría suponer una
utilización fraudulenta de sus datos bancarios, y para recomendarles que soliciten a su entidad bancaria la cancelación de las tarjetas que habían utilizado para contratar con la compañía.


Pero este ciberataque no es el único con trascendencia ocurrido en los últimos meses en España. Así, diferentes empresas y entidades españolas como el Ayuntamiento de Sevilla, el Hospital Clínico de Barcelona o Telemadrid, también han
sufrido graves ataques cibernéticos recientemente. En todos estos ataques se ha puesto en riesgo la soberanía de datos de españoles, siendo especialmente acusado cuando el ataque informático tiene como objetivo organismos públicos o centros
sanitarios. Estos ataques pueden poner en serio riesgo a la seguridad nacional habida cuenta de la sensibilidad de ciertos datos.


Tercero. Necesidad de proteger la soberanía de datos de los españoles.


La defensa férrea de la intimidad personal y familiar y la seguridad de nuestras empresas y Administraciones, son la garantía de una firme protección de los datos digitales de los españoles frente a la utilización fraudulenta o delictiva que
de ellos se puede llegar a hacer.


En este sentido, resulta necesario fomentar por parte de las Administraciones públicas la concienciación sobre las amenazas y desafíos que supone la ciberseguridad y la sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad en la
preservación de la seguridad de los datos en el ámbito personal, familiar, empresarial y de las Administraciones.


La ciberdelincuencia supone un atentado a la soberanía de los datos de los españoles, que, en este caso, son utilizados para la comisión de delitos. Una deficiente protección de los mismos puede tener consecuencias indeseables para una gran
parte de la sociedad e, incluso, puede tener un impacto serio en la seguridad nacional. El supuesto descrito, en el que un acto tan natural como realizar un pago con una tarjeta de crédito ha puesto en riesgo a una multitud de personas, es un buen
ejemplo de esta urgente necesidad.


Por ello, ante el incesante aumento de la comisión de delitos cibernéticos en España, es necesario dotar de los suficientes medios, tanto materiales como humanos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Centro Nacional de
Inteligencia y a cuantos organismos tengan competencias para establecer mecanismos de control efectivos que puedan combatir eficaz y efectivamente el citado aumento de estas conductas delictivas.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, ante el aumento de la ciberdelincuencia en España y estando en grave riesgo la soberanía de datos de los españoles, insta al Gobierno a:


1. Proteger la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, así como fortalecer la ciberseguridad de las empresas y de las administraciones españolas, en especial


2 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2023/080223-grande-marlaska-campana-ciberdelincuencia.aspx



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de nuestras infraestructuras críticas, frente al espionaje industrial o ataques por parte de potencias hostiles.


2. Incrementar de capacidades y dotar de más medios, tanto humanos como materiales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Jefatura de Sistemas de Ciberdefensa (JSCD) y a cuantos
organismos tengan competencias en la materia, para que puedan hacer frente en unas condiciones adecuadas a los delitos informáticos y amenazas digitales y garanticen la soberanía de datos.


3. Garantizar, por todos los medios posibles, la soberanía de datos de los españoles y la seguridad nacional.


4. Fomentar la concienciación sobre las amenazas y desafíos en materia de ciberseguridad, y la sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad en su preservación en el ámbito personal, familiar, empresarial y de las
Administraciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2024.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carlos Flores Juberías, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario
VOX.


Comisión de Defensa


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que aumente en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2024, el presupuesto destinado al
Ministerio de Defensa hasta alcanzar el 2 % del Producto Interior Bruto, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Primero. El rearme global: una realidad.


El orden internacional que se estableció tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por la existencia dos bloques notoriamente diferenciados 1. El bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
('URSS') y definido por el Pacto de Varsovia y el bloque occidental, encabezado por los Estados Unidos de América ('EE.UU.') y encuadrado dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ('OTAN') 2.


La estructura de este sistema se fundaba en la premisa de la destrucción mutua asegurada fruto del arsenal nuclear que cada superpotencia poseía. Así, cada país expandía su área de influencia al objeto de evitar que ésta cayese en manos del
rival. Por ello, ante la imposibilidad de igualar el poderío militar de una de estas potencias, el resto de los países trataron de proteger su soberanía e integridad territorial bajo la protección de defensa que cada alianza ofrecía.


1 Debe tenerse en cuenta la existencia de un tercer bloque, conocido como 'no alineados'.


2 Son reseñables, a su vez, otras iniciativas de cooperación en materia de Defensa, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ('TIAR'), firmado en Río de Janeiro en 1947.



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En el caso del bloque occidental, y como consecuencia de la integración en la OTAN, el gasto en Defensa de los países del Viejo Continente menguó de forma continuada. Esta reducción de recursos tendría su cénit con la derrota de la URSS y
el fin de la Guerra Fría. Así, la emergencia de un sistema internacional unipolar confirmó como acertada -en un principio-, la decisión de los ejecutivos europeos sobre la no necesidad de invertir en Defensa.


Sin embargo, este proceso de reducción de los presupuestos de Defensa se ha revertido totalmente, reversión que en Europa Occidental se ha acelerado a raíz de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa en el año 2014. Así, si
atenemos a los datos facilitados por el Stockholm International Peace Research Institute ('SIPRI'), el gasto militar global superó los 2,2 trillones de dólares 3. En términos reales, esta cifra supone un aumento del 3,7 % en relación con el
ejercicio anterior y un 19 % más que en el año 2013.


No obstante, y más allá de la tendencia mundial de crecimiento, cabe reseñar las distintas velocidades a las que se está produciendo este rearme, dependiendo del país y de la región. En el caso de Estados Unidos -que cuenta con el mayor
presupuesto de Defensa-, dedicó 877.000 millones de dólares en 2022. Esto supuso un aumento del 0,7 % en comparación con el año 2021 4.


Por su parte, la República Popular de China ('China') gastó 292.000 millones de dólares. Así, su presupuesto se incrementó en un 4,2 % en comparación con el año 2021 y un 63 % si lo comparamos con el del año 2012. De hecho, Pekín acarrea
una escalada continua en su presupuesto de Defensa que ya dura 28 años. Sin embargo, esta cifra de crecimiento es la segunda más baja desde el año 1995, lo que supone un claro indicador de la delicada situación que atraviesa Pekín en materia
económica.


En el caso europeo, hay que destacar los aumentos que se han producido en Reino Unido y Francia. En el caso británico, su gasto en Defensa fue de 68.500 millones de dólares en 2022, lo que supone un incremento del 3,7 % durante el último
ejercicio, situándose en el 2,2 %, por encima del 2 % del Producto Interior Bruto marcado por la OTAN. Francia por su parte, ha incrementado los recursos destinados a la Defensa en un 0,6 % en el año 2022. No obstante, si lo comparamos con el año
2013, en la última década el gasto militar del país galo ha aumentado en un 15 %.


Segundo. El contexto estratégico actual: nuevos riesgos y amenazas.


Los atentados del 11 de septiembre de 2001 supusieron una alteración del panorama estratégico y desencadenaron importantes cambios. A la vista de dichos acontecimientos -que simbolizaron la tendencia a la sustitución de la amenaza de
conflicto interestatal por amenazas asimétricas-, el resto de los países pertenecientes a la OTAN tuvieron que renovar sus doctrinas para afrontar el nuevo escenario que se les planteaba. Esta reforma de los planteamientos en materia militar tuvo
su inspiración en el nuevo marco estratégico, definido por la necesidad de adaptarse a las nuevas amenazas y a situaciones imprevistas 5.


La capacidad de adaptación es crítica en un mundo caracterizado por el desconcierto y la sorpresa. Actualmente, los Estados se enfrentan tanto a amenazas convencionales 'clásicas' -otro Estado-, como a un enemigo que no tiene forma ni
fronteras definidas, y que rehúye el enfrentamiento frontal. Por ello, ante el poder del enemigo de comprometer nuestra capacidad de respuesta, España y sus aliados deben desarrollar nuevos métodos y aptitudes para poder descubrir y vencer a sus
antagonistas, antes incluso de que hayan


3 'Trends in World Military Expenditure, 2022', Stockholm International Peace Research Institute, April 2022, p.l. Disponible [en línea]: https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf


4 Este discreto aumento en términos reales se debe a la alta inflación que padece el país. De hecho, la más alta desde el año 1981. Si tomásemos este dato en términos nominales, el crecimiento anual ascendería al 8,8 %. Asimismo, cabe
mencionar que del presupuesto estadounidense debe restarse la ayuda que este país está prestando a Ucrania.


5 COLOM PIELLA, Guillem, Entre Ares y Atenea: el debate sobre la Revolución en los Asuntos Militares, Instituto Universitario Gutiérrez Mellado-UNED, 2008.



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emergido o de que se conviertan en amenazas reales 6. Es aquí donde un Estado debe desplegar su capacidad de disuasión 7.


Por otro lado, la continua emergencia de conflictos, tales como los acaecidos en Libia, Siria y Ucrania, el hackeo de instituciones públicas o los desplazamientos masivos de inmigrantes ilegales, han puesto de manifiesto la necesidad de
reformar la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas con el fin de que sean capaces de enfrentarse, con garantías de éxito, a los nuevos retos y amenazas.


Una de estas amenazas más importantes es la instrumentalización, por parte de ciertos Estados y de grupos de crimen organizado, de los flujos de inmigración ilegal cuyo objeto es desestabilizar políticamente al país que recibe dichos flujos.
Así queda reflejado, en el caso de España, en las dos últimas Estrategias de Seguridad Nacional, que incluyen 'los flujos migratorios irregulares' como un riesgo y amenaza para la Seguridad Nacional.


Que dichos documentos, definidos por la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, como 'el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional' 8, incluyan esta cuestión, refleja la creciente
relevancia de esta cuestión y su impacto en la Seguridad Nacional.


Nuestro país está padeciendo las consecuencias de no mantener su capacidad disuasoria en óptimas condiciones, fruto de la falta de voluntad política al respecto, así como de una dotación insuficiente de los presupuestos del Ministerio de
Defensa. Los continuos ataques a nuestra integridad territorial y a nuestra soberanía nacional por parte de terceros países son fruto de una serie de graves deficiencias en materia de política exterior y de unas erráticas decisiones en materia de
inmigración.


Tercero. La infrafinanciación del Ministerio de Defensa.


En el caso de España, las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, 'PGE') del año 2023 para el Ministerio de Defensa son ínfimas y no resuelven las dificultades que aquejan al departamento. Así, sobre el papel se
presenta un aumento centrado en el programa 122B 'Programas Especiales de Modernización', que aumenta en 2.050 millones de euros, hasta los 4.902.


No obstante, dicho incremento no se destina a liquidar la deuda contraída por el Ministerio de Defensa, que según la Intervención General del Estado ('IGAE') asciende a 29.900 millones de euros en compromisos de gastos plurianuales 9. Este
aumento se destina, en gran parte, a iniciar el pago de los nuevos programas -un total de 15 10-, no de los ya existentes. Cabe señalar que el Ejecutivo ha retrasado el fin de 14 de los 21 Programas Especiales de Modernización ya vigentes.


Por tanto, si se añaden los citados compromisos -a fecha de julio de 2023- con el coste total de los nuevos programas -20.197 millones-, el resultado es que el desfase entre ingresos y gastos del Ministerio de Defensa se acerca a los 50.000
millones de euros.


En el apartado de personal -que engloba cerca del 60 % del presupuesto-, el Ejecutivo no va a acometer ninguna mejora retributiva sustancial a las FAS que sea complementaria con la del cuerpo funcionarial de la Administración General del
Estado. En resumidas cuentas, con los recursos actuales, el Ministerio no soluciona sus


6 RUMSFELD, Donald H: 'Transforming the Military', Foreign Affairs, vol 81, May/June 2002, pp.20-32.


7 ORDAN, Javier: 'La disuasión en la zona gris: una exploración teórica', Revista Española de Ciencia Política, n.° 59, 2022. p. 69. Disponible [en línea]:
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/76889/90962-Texto%20del%20art%c3%adculo.pdf


8 Artículo 4.3 de la citada Ley.


9 Extracto de las estadísticas mensuales de ejecución del presupuesto, p. 14, octubre 2023, Intervención General de la Administración del Estado, 31.10.23. Disponible [en línea]:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/EXTRACTO%2010-23.pdf


10 Resulta oportuno señalar que dos de estos programas no son 'nuevos', pero no tenían fondos asignados en los PGE del ejercicio anterior. Éstos son: EUROMALE, y TIGRE. Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, Tomo Verde, Anexo de
inversiones reales y programación plurianual, Sección 14 Ministerio de Defensa, Servicio 03 Secretaría de Estado de Defensa, Programa 122B 'Programas Especiales de Modernización', p. 76.



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problemas: gran apalancamiento, endeudamiento creciente y bajas remuneraciones para su personal, lo que hace que los militares veteranos abandonen invariablemente las Fuerzas Armadas.


En este estado de cosas, hay que recordar como los dos últimos Jefes del Estado Mayor de la Defensa subrayaron la falta de recursos, en especial en el apartado de sostenimiento y mantenimiento de los sistemas de armas.


Estas declaraciones, realizadas en sendas comparecencias ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ponen de relieve la situación crítica que vive el departamento encabezado hasta ahora por Margarita Robles.


Esta falta de financiación aboca a nuestro país a seguir descendiendo puestos en el ranking de países inversores en Defensa, ocupando en la actualidad el puesto 16.º del mundo, con unos niveles de inversión en el Ministerio, en términos
porcentuales del PIB, que apenas crecen desde 2013.


Cuarto. La necesidad de un mayor y más eficiente presupuesto de defensa.


Tal y como se ha mencionado, el mundo se encuentra inmerso en un nuevo proceso de rearme. El orden internacional que se configuró a consecuencia del fin de la Guerra Fría ha cambiado. La impugnación de dicho orden por parte de potencias
como la República Popular China, conduce irremediablemente a un panorama internacional caracterizado por la competición estratégica por el poder.


En este nuevo contexto estratégico nuestras Fuerzas Armadas deben actualizar su doctrina, así como el espectro de sus operaciones. Para ello, es urgente un aumento importante de los recursos destinados a nuestro Ministerio de Defensa. El
éxito de nuestras Fuerzas Armadas no será viable con los ínfimos aumentos que ha llevado a cabo el Ejecutivo, cuya única meta es alcanzar el 2 % del PIB en el año 2029. Esto, además de impedir que nuestras Fuerzas Armadas garanticen la soberanía e
independencia de España, y la defensa de su integridad territorial y el ordenamiento constitucional manifiesta la abulia que presenta el actual Ejecutivo para con la Defensa.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Dotar a las Fuerzas Armadas de todos los medios económicos, materiales y personales necesarios para asumir nuevas misiones, tales como la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración ilegal y la
defensa de nuestras fronteras frente a este fenómeno.


2. Aumentar las partidas presupuestarias destinadas a Defensa de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, hasta la cantidad que sea necesaria y, como mínimo, alcanzar el 2 % del Producto Interior Bruto nacional, de acuerdo con los
compromisos adquiridos por nuestro país con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y a fin de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2023.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que defienda la integridad territorial de España y, en particular, la españolidad de Ceuta y
Melilla y el resto de plazas de soberanía española, para su discusión en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


Primero. Introducción.


La existencia de territorios españoles en el norte, de África ha constituido una de las principales problemáticas en las relaciones bilaterales entre España y el Reino de Marruecos, país que alega el supuesto carácter 'colonial' de dichos
territorios. Con carácter previo debe afirmarse sin reparos que las aspiraciones de Marruecos carecen de base jurídica: España posee incuestionables títulos jurídicos de soberanía sobre sus Ciudades, Islas y Peñones ubicados en la costa africana.
Dichos territorios forman parte de España a todos los efectos y con carácter previo a la constitución de Marruecos como Estado.


Segundo. La incuestionable españolidad de Ceuta y Melilla.


Las Ciudades de Ceuta y Melilla han estado indisolublemente ligadas al devenir histórico de la Nación española desde su incorporación a los territorios de la Corona de España.


Así, por un lado, la españolidad de Ceuta comienza con la conquista portuguesa en 1415, y con la unificación de las dos monarquías ibéricas en 1580. La separación de Portugal en el siglo XVII no afectó a la pertenencia de Ceuta a la Corona
española, que se ha mantenido hasta la actualidad. Por su parte, la españolidad de Melilla tiene su origen en la incorporación a la Corona de Castilla ya en 1497. En todo caso, los títulos de adquisición de soberanía por parte de España con
respecto a Ceuta y Melilla fueron ratificados por tratados internacionales durante los siglos XVIII y XIX 1.


Respecto de la secular soberanía española de las ciudades de Ceuta y Melilla, peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas Chafarinas e islote de Perejil, definida expresamente en el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad de 26 de
abril de 1860 celebrado entre España y Marruecos -entonces un sujeto plenamente soberano-, el gobierno de este último país no formuló ninguna reserva formal. Tampoco se formuló con ocasión de la firma de la Declaración conjunta hispano-marroquí de
7 de abril de 1956, en la que se reconocía la independencia de Marruecos, y cuyo artículo 2 hacía mención expresa a la territorialidad marroquí garantizada por tratados internacionales.


Tercero. La amenaza marroquí a la integridad territorial española.


El Reino de Marruecos viene desarrollando una serie de acciones cuyo objetivo es el de incorporar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla a su territorio junto con los peñones e islas de soberanía española. Sus reclamaciones territoriales
también le sirven como instrumento de presión en las relaciones con nuestro país.


A título de ejemplo se puede citar el asalto que sufrió Ceuta en 2021 por más de diez mil inmigrantes ilegales con la aquiescencia -si no complicidad- de las autoridades


1 DEL VALLE GÁLVEZ, A. (2021): 'Gibraltar-Ceuta y Melilla: ejercicio comparativo desde el Derecho Internacional' en La Unión Europea y los muros materiales e inmateriales: desafíos para la seguridad, la sostenibilidad y el Estado de
Derecho (AA.VV.), Tirant lo Blanch, pág. 181.



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marroquíes. La gravedad de este hecho quedó confirmada tanto por la Guardia Civil como por el Centro Nacional de Inteligencia al calificar la posibilidad de repetición de hechos semejantes como 'amenaza latente', que incluso afectaría a
otros lugares como Melilla o las Islas Canarias 2. Este tipo de actuaciones de Marruecos se enmarcan en la conocida como 'zona gris', cuyo objeto es erosionar la posición de España y facilitar la consecución de sus objetivos.


Así, Marruecos ha mantenido desde los años sesenta del siglo pasado una postura diplomática de rechazo a la presencia española en la zona, que se ha manifestado tanto en sus reclamaciones sobre el Sáhara Occidental hasta 1975, como sobre las
ciudades de Ceuta y Melilla hasta el momento actual.


En relación con este último punto, Marruecos califica a Ceuta y Melilla como 'ciudades ocupadas' y las considera, junto con las Islas y Peñones ya mencionados, 'las últimas colonias en África', sin que se haya retractado de esta postura
hasta la fecha. De hecho, la Administración marroquí viene incluyendo en sus mapas oficiales, a ambas ciudades españolas.


Las posiciones de Marruecos con respecto a los territorios españoles son expresión de una actitud poco respetuosa hacia nuestro país. En este sentido, podemos señalar su constante negativa al reconocimiento de las aguas jurisdiccionales
españolas de Ceuta, Melilla y las Islas y Peñones, la instalación de piscifactorías en estas aguas, o la ocupación de la llamada 'tierra de nadie' o zona exenta en la frontera terrestre de Melilla.


Por otra parte, son constantes las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí reivindicando estos territorios españoles. Así, en septiembre de 2022 el Gobierno marroquí afirmó en una carta dirigida al Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU que Marruecos no contaba con frontera terrestre con España, pues Melilla seguía siendo un presidio ocupado 3. En abril de 2023, el presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) declaró la 'necesaria liberación' de Ceuta y
Melilla. Finalmente, tras el terremoto del pasado 8 de septiembre, Marruecos se negó a recibir ayuda española a través de las fronteras terrestres (Ceuta y Melilla).


Asimismo, hay que recordar la carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI de 14 de marzo de 2022, en la que el presidente del Gobierno modificó por su propia voluntad la postura histórica española sobre el Sáhara, sin que hasta la fecha se hayan
explicado los motivos de un cambio tan trascendental en nuestra política exterior.


En definitiva, ante la gravedad de las provocaciones de Marruecos, la respuesta de los sucesivos gobiernos de España no ha sido todo lo enérgica que habría sido deseable.


Cuarto. Conclusión.


Es de señalar que la postura de España siempre ha sido la de mantener las más cordiales relaciones con Marruecos, tratando de asegurar una buena vecindad, e incluso dispensando ayuda y cooperación constantes para el pueblo marroquí. Por el
contrario, la postura de Marruecos siempre ha sido de desprecio a la integridad territorial de nuestra Nación manifestado en reivindicaciones sin fundamento, y de permisividad -cuando no complicidad- con la inmigración ilegal; en suma, una política
de constante provocación.


En este estado de cosas, y ante tales ataques a nuestra soberanía nacional, el Gobierno de España ha de defender sin ambages la españolidad de Ceuta y Melilla, así como la de las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la
Gomera y el islote de Perejil, históricos territorios de soberanía española, y e igualmente ha de proteger a los españoles residentes o desplegados allí.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


2 LÁZARO, Fernando: 'Expertos españoles en seguridad: Es una invasión consentida por Marruecos', El Mundo, 20.05.21. Disponible [en línea]: https://www.elmundo.es/espana/2021/05/20/60a6154221efa07c4 08b4659.html


3 GARCÍA DE LOMAN A, David: 'Mohamed VI a la ONU: Marruecos no tiene frontera terrestre con España, Melilla es un presidio ocupado', Okdiario, 13.10.22. Disponible [en línea]:
https://okdiario.com/andalucia/marruecos-onu-no-tenemos-frontera-terrestre-espana-melilla-presidio-ocupado-9816185



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que adopte, con carácter urgente, las medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial de la Nación y, en particular, de las ciudades españolas de
Ceuta y Melilla y del resto de plazas de soberanía española.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2024.-Alberto Asarta Cuevas, Jacobo González-Robatto Perote y José María Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Hacienda y Función Pública


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de reducir el IVA al pescado y productos pesqueros al 0 %, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


El BNG ha presentado distintas iniciativas en los últimos años trasladando una demanda histórica del sector de la pesca y de la transformación de productos del mar como es la rebaja del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los productos
pesqueros atendiendo a su condición de producto de primera necesidad.


El conjunto del complejo mar industria en Galiza consideran que la bajada del IVA es una medida necesaria para, en primer lugar, equiparar los productos del mar con el resto de alimentos de primera necesidad (pan, leche, queso, fruta,
verduras, cereales, legumbres...) a los que se les aplica, con carácter general el IVA superreducido del 4 % y que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, pasaron al 0 % para intentar mantener el poder
adquisitivo de las familias en tanto persista la escalada de precios.


Cabe recordar que en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea el pescado y el marisco tienen ya un IVA más bajo que lo que se aplica actualmente en el Estado español (10 %). Así por ejemplo, en Francia se les aplica un tipo
del 5,5 %; en Luxemburgo del 3 %; en Chipre, Hungría y Polonia del 5 %; en Bélgica y Portugal del 6 %; y en Alemania se aplica un 7 %. En otros países europeos directamente se excluye a estos productos de la aplicación del impuesto,
considerándolos exentos, como es el caso de Irlanda o Malta y, muy recientemente, Portugal que decidió reducir el IVA al 0 % en las especies más consumidas.


El pescado es un alimento básico y esencial en una dieta sana y equilibrada. Autoridades y organizaciones de salud y nutrición internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura), pero también estatales, como la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición o la Fundación Española del Corazón, han declarado que su consumo es beneficioso para la salud cardiovascular. En consecuencia, medidas
que ayuden a la rebaja de los precios ayudarían al incremento de su consumo y, por lo tanto, a la salud del conjunto de la población.


Además, rebajar el IVA a los productos de la pesca, de la acuicultura y de la conserva incentivaría su consumo, medida que beneficiaría al sector de la pesca y a la economía



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de las familias, incluso a la hostelería. Hay distintos informes y estudios que así lo corroboran. El Grupo de Investigación en Economía Pesquera y de los Recursos Naturales de la Universidad de Santiago de Compostela en colaboración con
economistas de la Universidade da Coruña, acreditaron en un estudio que reducir a la mitad el IVA de los productos del mar y trasladar esta rebaja al consumidor final podría llegar a crear unos 5.600 nuevos empleos y generaría un valor añadido en la
economía gallega de 28,5 millones de euros cuando el impacto en la recaudación fiscal sería inferior, de unos 17 millones.


Otros estudios como el conocido este verano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indican que la reducción del IVA en los productos de la pesca es positiva para frenar la inflación.


Preocupa la caída en el consumo de pescado en el Estado español que recoge el Observatorio Europeo del Comprado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura que señala que se produjo una reducción del consumo de pescado del 19 %, una
cifra que duplica a las de los países que aplican tipos impositivos más bajos. El sector pesquero lleva tiempo advirtiendo de la caída del consumo, pero el año pasado consiguió cifras récord con una caída del 16,9 % según los datos aportados en el
Informe de Consumo Alimentario. En el período situado entre 2008 y 2021 el consumo de productos pesqueros (fresco, congelado, refrigerado, conserva, ahumado) registró un descenso del 20,4 %.


El principal motivo por el que los consumidores redujeron el consumo de productos del mar es el precio y alegan que aumentarían su consumo con la supresión de este impuesto porque tendría un efecto en el precio final.


Informes de consultoras de ámbito internacional también recogen que la inclusión del pescado en la rebaja del IVA multiplicaría por dos el ahorro de las familias, llegando a calcularse que con el Decreto 20/2022, de 27 de diciembre, entre
noviembre y junio el ahorro se situó en 824 millones pero que, de haber incluido el pescado y la carne, el ahorro sería de 1.865 millones.


Además, las propias instituciones de la Unión Europea han recomendado esta medida. Así, por ejemplo, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia 'de la Granja a la Mesa' para un sistema
alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente en su punto 101 se recoge la posibilidad de proporcionar a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de establecer diferentes tipos de IVA para los alimentos que tienen
distintos efectos sobre la salud y el medio ambiente, así como permitirles elegir un tipo nulo de IVA para los alimentos saludables y sustentables.


El impacto en la salud de la eliminación de la dieta el pescado es un factor a tener también en cuenta porque aumenta el gasto sanitario a medio plazo. La mala alimentación incrementa determinadas dolencias cardiovasculares o diabetes con
la te conseguí incidente en el coste de la sanidad.


Resulta evidente que el Gobierno debe tener en cuenta todos estos elementos a la hora de hacer un cálculo presupuestario de la caída de ingresos por la eliminación del IVA. Pues en la realidad sería una medida que podría facilitar la
reducción del gasto sanitario, el incremento del ahorro de las familias, aumentar el consumo de pescado y, en consecuencia, la dinamización económica del sector, además de aportar enormes beneficios al incentivar una dieta sana.


El Ejecutivo también debe tener en cuenta a situación del sector pesquero y de la transformación de productos del mar que padecen un incremento de gastos derivado del aumento del precio de los combustibles, el incremento en insumos y otras
materias primas. La pesca en Galiza es un sector estratégico siendo la primera potencia pesquera de la UE y su actividad contribuye a la seguridad alimentar, sin embargo, no pasa precisamente por buenos momentos debido a los vetos y recortes en las
cuotas pesqueras dictados por la UE y debido al incremento de los precios. Esta medida daría impulso al sector al incrementar el consumo y, por lo tanto, las ventas de los productos pesqueros.



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A pesar de todos estos informes y recomendaciones, de las demandas del sector, de los estudios independientes, de las numerosas iniciativas del BNG, el Gobierno no incluir al pescado en las rebajas temporales del IVA aplicadas a algunos
alimentos con el propósito de paliar la elevada inflación. Recordemos que redujo el IVA del 4 % al 0 % del pan, la masa de pan y las harinas panificables, de la leche en todas sus formas, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas,
legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales, además de rebajar el IVA del 10 % al 5 % de los aceites y las pastas.


Unas reducciones fiscales que se prorrogaron en junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de este año 2023 pero continuó marginando los productos del mar, prorrogándose ahora la medida hasta 30 de junio de 2024. Inexplicablemente, el pescado
no fue objeto de las dichas reducciones del IVA aun siendo un elemento básico en la dieta.


La eliminación del IVA a los productos pesqueros serviría para favorecer la introducción de más pescado en la dieta, hábito saludable que incidiría positivamente en el gasto sanitario derivado de las múltiples enfermedades que se relacionan
con una mala alimentación. Se facilitaría el acceso al consumo de estos productos a las familias y personas con mayores dificultades económicas, al tiempo que ayudaría al sector para incrementar las ventas. En definitiva, no hay razones para que
el Gobierno español se niegue a una medida fiscal que tendrá efectos muy positivos.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a reducir el IVA que se aplica al pescado y a los productos pesqueros hasta el 0 %, aplicándole así el mismo tipo impositivo que se aplica, en este momento, a los alimentos básicos y
de primera necesidad dados los beneficios demostrados que este alimento tiene en una dieta sana y sustentable, su contribución a la reducción del gasto sanitario, el efecto positivo en el ahorro de las familias y el efecto positivo en la
dinamización económica del sector de la pesca, tal y como acreditan numerosos informes y estudios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Á Mesa do Congreso


O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do Deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á necesidade de reducir o IVE ao peixe e produtos pesqueiros ao 0 %, para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.


Exposición de motivos


O BNG ten presentado distintas iniciativas nos últimos anos trasladando unha demanda histórica do sector pesqueiro e de transformación de produtos do mar como é a rebaixa do Imposto do Valor Engadido (IVE) dos produtos pesqueiros atendendo á
súa condición de produto de primeira necesidade.


O conxunto do complexo mar industria na Galiza consideran que a baixada do IVE é unha medida necesaria para, en primeiro lugar, equiparar os produtos do mar co resto de alimentos de primeira necesidade (pan, leite, queixo, froita, verduras,
cereais, legumes...) aos que se lies aplica, con carácter xeral o IVE superreducido do 4 %, e que desde a entrada en vigor do Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, pasaron ao



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0 % para tentar manter o poder adquisitivo das familias en tanto persista a escalada de prezos.


Cabe lembrar que na práctica totalidade dos países da Unión Europea o peixe e o marisco teñen xa un IVE máis baixo que o que se aplica actualmente no Estado español (10 %). Así por exemplo, en Francia aplícaselles un tipo do 5,5 %; en
Luxemburgo do 3 %; en Chipre, Hungría e Polonia do 5 %; en Bélxica e Portugal do 6 %; e en Alemaña aplícase un 7 %. Noutros países europeos directamente exclúese a estes produtos da aplicación do imposto, considerándoos exentos, como é o caso de
Irlanda ou Malta, e moi recentemente Portugal que decidiu reducir o IVE ao 0 % nas especies máis consumidas.


O peixe é un alimento básico e esencial nunha dieta sa e equilibrada. Autoridades e organizacións de saúde e nutrición internacionais como a OMS (Organización Mundial da Saúde) ou a FAO (Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e
a Agricultura), pero tamén estatais, como a Axencia de Seguridade Alimentaria e Nutrición ou a Fundación Española do Corazón, teñen declarado que o seu consumo é beneficioso para a saúde cardiovascular. En consecuencia, medidas que axuden á rebaixa
dos prezos axudarían ao incremento do seu consumo e, polo tanto, á saúde do conxunto da poboación.


Ademais, rebaixar o IVE aos produtos da pesca, da acuicultura e da conserva incentivaría o consumo, medida que beneficiaría ao sector da pesca e á economía das familias, incluso á hostalaría. Hai distintos informes e estudos que así o
corroboran. O Grupo de Investigación en Economía Pesqueira e dos Recursos Naturais da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con economistas da Universidade da Coruña, acreditaron nun estudo que reducir á metade o IVE dos produtos
do mar e trasladar esta rebaixa ao consumidor final podería chegar a crear uns 5.600 novos empregos e xeraría un valor engadido na economía galega de 28,5 millóns de euros cando o impacto na recadación fiscal sería inferior, duns 17 millóns.


Outros estudos como o coñecido este verán da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia indican que a redución do IVE nos produtos da pesca é positiva para frear a inflación.


Preocupa a caída no consumo de peixe no Estado español que recolle o Observatorio Europeo do Mercado dos Produtos da Pesca e da Acuicultura que sinala que se produciu unha redución do consumo de peixe do 19 %, unha cifra que duplica ás dos
países que aplican tipos impositivos máis baixos. O sector pesqueiro leva tempo advertindo da caída do consumo, mais o ano pasado acadou cifras récord cunha caída do 16,9 % segundo os datos aportados no Informe de Consumo Alimentar. No período
situado entre 2008 e 2021 o consumo de produtos pesqueiros (fresco, conxelado, refrixerado, conserva, afumado) rexistrou un descenso do 20,4 %.


O principal motivo polo que os consumidores reduciron o consumo de produtos do mar é o prezo e alegan que aumentarían o seu consumo coa supresión deste imposto porque tería un efecto no prezo final.


Informes de consultoras de ámbito internacional tamén recollen que a inclusión do peixe na rebaixa do IVE, multiplicaría por dous o aforro das familias, chegando a calcularse que co Decreto 20/2022, de 27 de decembro, entre novembro e xuño o
aforro situouse en 824 millóns mais que, de ter incluído o peixe e a carne, o aforro sería de 1.865 millóns.


Alén do máis, as propias institucións da Unión Europea teñen recomendado esta medida. Así, por exemplo, na Resolución do Parlamento Europeo, do 20 de outubro de 2021, sobre unha Estratexia 'da Granxa á Mesa' para un sistema alimentario
xusto, saudábel e respectuoso co medio ambiente no seu punto 101 recóllese a posibilidade de proporcionar aos Estados membros unha maior flexibilidade á hora de estabelecer diferentes tipos de IVE para os alimentos que teñen distintos efectos sobre
a saúde e o medio ambiente, así como permitirlles elixir un tipo nulo de IVE para os alimentos saudábeis e sustentábeis.


O impacto na saúde da eliminación da dieta o peixe é un factor a ter tamén en conta porque aumenta o gasto sanitario a medio prazo. A mala alimentación incrementa



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determinadas doenzas cardiovasculares ou diabetes coa conseguinte incidencia no custo da sanidade.


Resulta evidente que o Goberno debe ter en conta todos estes elementos á hora de facer un cálculo orzamentario da caída de ingresos pola eliminación do IVE. Pois na realidade sería unha medida que podería facilitar a redución do gasto
sanitario, o incremento do aforro das familias, aumentar o consumo de peixe e, en consecuencia, a dinamización económica do sector, ademais de aportar enormes beneficios ao incentivar unha dieta sa.


O Executivo tamén debe ter en conta a situación do sector pesqueiro e da transformación de produtos do mar que padecen un incremento de gastos derivado do aumento do prezo dos combustíbeis, o incremento en insumos e outras materias primas.
A pesca na Galiza é un sector estratéxico sendo a primeira potencia pesqueira da UE e a súa actividade contribúe á seguridade alimentar, porén, non pasa precisamente por bos momentos debido aos vetos e recortes nas cotas pesqueiras ditados pola UE e
debido ao incremento dos prezos. Esta medida serviría de pulo ao sector ao incrementar o consumo e, polo tanto, as vendas dos produtos pesqueiros.


Malia todos estes informes e recomendacións, das demandas do sector, dos estudos independentes, das numerosas iniciativas do BNG, o Goberno decidiu non incluír ao peixe nas rebaixas temporais do IVE aplicadas a algúns alimentos co propósito
de paliar a elevada inflación. Lembremos que reduciu o IVE do 4 % ao 0 % do pan, a masa de pan e as fariñas panificábeis, do leite en todas as súas formas, os queixos, os ovos, as froitas, verduras, hortalizas, legumes, tubérculos e cereais que
teñan a condición de produtos naturais, ademais de rebaixar o IVE do 10 % ao 5 % dos aceites e as pastas.


Unhas reducións fiscais que se prorrogaron en xuño de 2023 até o 31 de decembro deste ano 2023 pero continuou marxinando os produtos do mar, prorrogándose a medida até 30 de xuño de 2024. Inexplicabelmente, o peixe non foi obxecto das
devanditas reducións do IVE aínda sendo un elemento básico na dieta.


A eliminación do IVE aos produtos pesqueiros serviría para favorecer a introdución de máis peixe na dieta, hábito saudábel que incidiría positivamente no gasto sanitario derivado das múltiples enfermidades que se relacionan cunha mala
alimentación. Facilitaríase o acceso ao consumo destes produtos ás familias e persoas con maiores dificultades económicas, á vez que axudaría ao sector para incrementar as vendas. En definitiva, non hai razóns para que o Goberno español se negue a
unha medida fiscal que terá efectos moi positivos.


Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte


Proposición non de Lei


'O Congreso dos Deputados insta o Goberno do Estado a reducir o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) que se aplica ao peixe e produtos pesqueiros até o 0 %, aplicándolle así o mesmo tipo impositivo que se aplica, neste momento, aos alimentos
básicos e de primeira necesidade dados os beneficios demostrados que este alimento ten nunha dieta sa e sustentábel, a súa contribución á redución do gasto sanitario, o efecto positivo no aforro das familias e o efecto positivo na dinamización
económica do sector da pesca, tal e como acreditan numerosos informes e estudos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de xaneiro de 2024.-Néstor Rego Candamil, Portavoz adxunto do Grupo Parlamentario Mixto.



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Comisión de Interior


161/000107


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al cese de la inmigración ilegal con especial incidencia en la situación de Canarias, para su discusión en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Primero. Situación migratoria actual. Especial mención de las Islas Canarias.


España sufre una crisis migratoria sin precedentes. El informe más reciente de periodicidad quincenal sobre Inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, que recoge los datos del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023,
refiere que el total de inmigrantes ilegales llegados a España por vía marítima y terrestre ha sido de 52.945 personas, un 76,2 % más que el año anterior en ese mismo periodo 1.


Especialmente preocupante es la situación de Canarias, que entre enero y diciembre de 2023 ha recibido un 140,4 % más de inmigrantes ilegales que en 2022 2. Durante los últimos meses son constantes las llegadas multitudinarias de
inmigrantes a las costas de Canarias. Sin ir más lejos, entre octubre y diciembre del presente año, según noticias publicadas en prensa, han llegado más de 11.280 inmigrantes ilegales 3 .


El fenómeno descrito no afecta solo a España, sino a muchos otros países de la Unión Europea, que ven cómo se incrementa cada año el número de personas que entran ilegalmente por sus fronteras exteriores. Este ritmo de entrada ilegal de
alrededor de 100.000 personas al año (255.332 desde enero a noviembre de 2023, según datos facilitados por la Comisión Europea) 4 tiene graves consecuencias en la convivencia en los países de la UE (inseguridad ciudadana, creación de guetos urbanos
y sociedades paralelas, radicalización de los inmigrantes ilegales, entre otras), lo que justifica la urgencia de acometer medidas a la mayor brevedad posible. Las que aquí se propondrán son las que competen a España, sin perjuicio de que, a nivel
europeo, deberían emprenderse para el bien de los Estados miembros.


Segundo. Medidas para frenar la oleada de inmigración ilegal.


A continuación, se proponen una serie de medidas conducentes al cese de la inmigración ilegal que, si bien se plantean aquí en relación con las Islas Canarias, las cuales requieren de una actuación urgente por parte de los poderes públicos
para poner fin a las incesantes oleadas migratorias que padecen, son válidas para todos los casos de inmigración ilegal masiva.


A. Medidas a priori.


1 MINISTERIO DEL INTERIOR: 'Informe quincenal. Inmigración irregular 2023'. Disponible en:
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2023/23_informe_quincenal_acumulado_01-01_al_15-12-2023.pdf


2 Ibidem.


3 LGI: 'Récord histórico de inmigrantes ilegales en España: la mayoría son subsaharianos', La Gaceta de la Iberosfera, 15.12.2023. Disponible en:
https://gaceta.es/espana/record-historico-de-inmigrantes-ilegales-en-espana-mas-de-50-000-en-lo-que-va-de-ano-20231215-1219/


4 CONSEJO DE LA UE Y CONSEJO EUROPEO: 'Infografía-Llegadas irregulares a la UE (2008-2023)', 19.12.2023. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/irregular-arrivals-since-2008/



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Este bloque de medidas tiene por objeto prevenir la llegada a España de personas en situación irregular, atendiendo a sus primeras fases de tránsito y llegada a nuestras costas. En primer lugar, se requiere que nuestra Nación utilice todos
los medios a su alcance para garantizar la efectividad del control fronterizo, que, según dispone el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para
el cruce de personas por las fronteras, 'debe contribuir a la lucha contra la inmigración clandestina y la trata de seres humanos, así como a la prevención de cualquier amenaza a la seguridad interior, al orden público, a la salud pública y a las
relaciones internacionales de los Estados miembros'. Ello pasa, en primer lugar, por una mayor dotación de recursos humanos y materiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FYCSE) para el ejercicio de su labor en las fronteras
marítimas de nuestro país, así como por una mayor inversión en tecnologías y radares para la detección de las embarcaciones a tiempo.


En segundo lugar, para que el control fronterizo sea efectivo ha de ir acompañado de una lucha comprometida contra las mafias que se nutren del tráfico de inmigrantes ilegales, que llegan a España y a otros países europeos a través de las
fronteras terrestres y, especialmente en el caso de Canarias, de las marítimas. Urge que el Gobierno adopte una clara voluntad política al respecto y desarrolle misiones coordinadas con los países de origen, tránsito y destino de la inmigración
masiva, con el fin de desarticular las mafias de tráfico de personas. Estas se lucran 5 a base de poner en riesgo la vida de personas a las que ofrecen la promesa vacía de un futuro prometedor en España, a cambio de ingentes cantidades de dinero
cobrado por un pasaje a bordo de una embarcación precaria. Con engaños, les hacen salir de sus países, separarse de sus familias y desenraizarse de su entorno sociocultural, para afrontar un viaje que tiene un elevado coste personal, familiar y
económico, y que en muchos casos termina en tragedia.


Asimismo, es preciso poner fin a la actividad de algunas ONG que, de facto, trabajan en innegable colaboración o, cuando menos, connivencia con las mafias a las que nos hemos referido, ya que su labor, autodenominada como 'de rescate' (en
contradicción con la calificación del Derecho marítimo) constituye un elemento imprescindible para garantizar la llegada de la inmigración ilegal a los puertos europeos. Hay que especificar que la actividad que realizan las ONG autodefinidas como
'rescatadoras' no puede calificarse como acto de rescate de náufragos, pues ello requeriría que: (i) el salvamento fuese consecuencia de una circunstancia fortuita, a diferencia de lo que ocurre en los 'rescates' organizados con antelación; y (ii)
que se condujera a las personas al puerto más cercano, en lugar de hacerlo deliberadamente a uno europeo 6.


Insistimos en que cualquier mejora del control fronterizo será infructuosa si no se rechazan las políticas de colaboración con las mafias que se benefician de traer embarcaciones a nuestras costas, sirviéndose para ello de las herramientas
de instituciones nacionales como los buques de Salvamento Marítimo que, bajo el pretexto de acudir a una zona SAR, recorren hasta 200 millas náuticas, a veces incluso casi hasta las costas marroquíes, con tal de favorecer el transporte de personas a
las costas españolas. Es decir, hay que cesar inmediatamente cualquier colaboración de los poderes públicos con las mafias de tráfico de personas. A fin de cuentas, las políticas que fomentan y auspician la actividad tanto de las mafias de tráfico
de personas -en origen, tránsito y destino- como de las mal llamadas 'ONG de rescate' solo conducen a más muertes en el mar y a una cada vez mayor desestabilización de las naciones europeas, producida por un multiculturalismo descontrolado.


Otra medida preventiva de la inmigración ilegal en España, y en particular de la que llega cada año procedente de África a través de las costas canarias, es terminar con el 'efecto llamada'. Este no solo consiste en mantener una política de
fronteras abiertas que


5 ALDEKOA, Xavier: 'Si la UE me paga, no envío pateras', La Vanguardia, 13.12.2020. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/20201213/6116643/ue-pateras-inmigracion-traficantes.html


6 LAWYERPRESS: 'Dr. Miquel Roca, socio director de Blas de Lezo Abogados: 'Bajo el Derecho marítimo no encuadra a la gente que navega a bordo del Open Arms como náufragos.', 22.08.2019. Disponible en:
https://www.lawyerpress.com/2019/08/22/dr-miquel-roca-socio-director-de-blas-de-lezo-abogados-bajo-el-derecho-maritimo-no-encuadra-a-la-gente-que-navega-a-bordo-del-open-arms-como-naufragos/



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no distingue entre la inmigración legal y la ilegal, como la que postula el Pacto sobre Migración y Asilo 7 en tramitación, que ha recibido duras críticas de países como Hungría o Polonia 8. La prevención del 'efecto llamada' estriba
también, como es evidente, en dejar de difundir que los beneficios asociados a nuestro Estado del bienestar -como el salario mínimo interprofesional puedan ser accesibles a todos, españoles o no, residentes ilegales o no. No podemos olvidar que
cualquier Estado social, y el español en concreto, cuenta con unos recursos limitados, y en este contexto ha de anteponerse la búsqueda del bien de los propios ciudadanos, máxime en una situación de crisis socioeconómica como la que atraviesa
España.


B. Medidas a posteriori o conducentes a paliar las consecuencias de la inmigración ilegal.


Una vez se constata la llegada de inmigrantes ilegales a las costas canarias o a cualquier otro lugar de España, es menester proceder a su inmediata deportación, priorizando la de aquellos que tienen antecedentes delictivos, por suponer un
riesgo para la seguridad de la Nación - al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional-, En segundo lugar -máxime cuando, como ocurre en España, no se han acometido todas las medidas
antedichas -, se requiere reforzar la presencia de las FYCSE en las zonas de conflicto, como ya han hecho Francia 9 o Suecia 10, para garantizar la seguridad y la paz en los lugares donde la convivencia se ha vuelto insostenible a causa de una
inmigración descontrolada procedente de países que tienen un sistema de valores absolutamente distinto del occidental. Esta decisión de refuerzo de las FYCSE es imprescindible cuando se constata la entrada a España y a otros países de Europa de
terroristas 11 y de personas con un perfil altamente radicalizado, lo que pone en jaque nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra identidad. Todo ello, en plena consonancia con el Derecho español (en particular, al artículo 2.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ('LO 4/2000'), que enuncia como principios 'la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas'
y 'la persecución de la trata de seres humanos'). El refuerzo de la seguridad al que nos referimos también es conforme al Derecho europeo, que postula adoptar 'medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores' y de 'prevención y
lucha contra la delincuencia' (artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea).


Tercero. Conclusión.


Todas las propuestas enunciadas han de ser acometidas por el Estado español, que es plenamente competente en materia de 'nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo', según lo que dispone el artículo 149.1.2 de la
Constitución Española. En correcto ejercicio de esta competencia, el Gobierno está obligado a llevar a cabo una política de inmigración que, al contrario del descontrolado y feroz fenómeno


7 Este pacto fue denunciado el 26 de abril de 2023 en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo, en la que intervinieron representantes de diez países de la Unión Europea,
https://www.voxespana.es/actualidad/buxade-en-bruselas-sanchez-es-un-peligro-para-la-proteccion-de-las-fronteras-europeas-20230426


8 https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1710242083506680119?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1710242083506680119%7Ctwgr%5E12ef321c363bb5987
3557d7f8d9c632534731f4e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elperiodico.com%2Fes%2Finternacional%2F20231006%2Fcumbre-granada-politica-migratoria-futuro-ue-92997345


9 ATIENZA, Jara: 'Macron saca blindados a las calles para evitar una nueva noche de violencia tras la muerte de Nahel', El Español, 30.06.2023. Disponible en:
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20230630/macron-saca-blindados-calles-evitarnueva-noche-violencia-muerte-nahel/775422890_0.html


10 LUKIV, Yaroslav: 'Suecia recurre al Ejército para detener la ola de asesinatos asociados a las disputas entre bandas', BBC News, 29.09.2023. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/c14v0yx08x7o ?POLIDURA, Andrea: 'Suecia,
incapaz de contener el crimen organizado y los asesinatos, echa mano del Ejército', El Debate, 02.10.2023. Disponible en: https://www.eldebate.com/internacional/20231002/suecia-no-sabe-como-acabar-crimen-organizado-saca-ejercito-calles_143466.html


11 Este es un ejemplo del fenómeno que se describe en el expositivo: https://es.euronews.com/2020/04/22/uno-de-los-terroristas-mas-bucasdos-del-daesh-detenido-en-espana



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migratorio actual, suponga una verdadera 'garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas' (artículo 2.2.f. LO 4/2000).


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Reforzar los controles migratorios en todas las fronteras de España y, particularmente, en las de las Islas Canarias, dotando de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta labor y facilitando la implicación de las
Fuerzas Armadas.


2. Identificar y bloquear rutas de tránsito de inmigración ilegal, en particular de la que llega a las Islas Canarias.


3. Perseguir y castigar con dureza a las mafias de tráfico de personas, que se enriquecen a costa de la vida y la dignidad de las personas.


4. Con el mismo fin de terminar con el efecto llamada migratorio, poner inmediatamente fin a la política de fronteras abiertas y a la connivencia con la inmigración ilegal.


5. Llevar a cabo campañas de comunicación institucional para concienciar de que la entrada ilegal a España supondrá la inmediata detención y deportación al país de origen.


6. Retirar todas las ayudas públicas destinadas a entidades jurídicas que tienen como objeto social actividades relacionadas con el tráfico de personas.


7. Priorizar a los ciudadanos nacionales en la recepción de cualesquiera beneficios sociales, para una más efectiva consecución del bien común de España y para promover el cese del efecto llamada de inmigración ilegal.


8. Deportar con carácter inmediato a los inmigrantes que llegan a España ilegalmente, priorizando la deportación de los que tengan antecedentes delictivos.


9. Reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los barrios españoles donde la seguridad se ve más amenazada a causa de la inmigración ilegal masiva o descontrolada.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2023.-Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/000115


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de los Comités para la Defensa de la República (CDR) en la lista de organizaciones terroristas de Europol para su discusión
en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Primero. De los Comités para la Defensa de la República.


Los Comités para la Defensa de la República ('CDR') son un grupo terrorista separatista catalán que instó y favoreció la celebración del referéndum separatista del 1 de



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octubre ('l-O') tratando de 'movilizar el máximo de gente posible en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación'.


Desde el golpe de estado de 2017, los CDR han participado en numerosos actos de terrorismo callejero y han llevado a cabo múltiples operaciones delictivas vinculadas al separatismo catalán. Entre los delitos que han cometido con más
frecuencia destacan el de integración en grupos terroristas y el de fabricación y tenencia de explosivos.


La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial ('Europol') en su informe sobre situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea del 2023, incluye a los 'grupos separatistas en España' como grupos terroristas de la Unión
Europea. De este modo, Europol indica que '[e]n España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del escenario separatista español. Sus narrativas combinan separatismo con conceptos de
extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español [...] 1'.


Segundo. Principales actuaciones de los CDR.


En las horas previas a la celebración del referéndum del l-O, los CDR colaboraron activamente en la ocupación de los colegios electorales en los que el ejecutivo regional catalán pretendía celebrar la ilegal consulta separatista, con el fin
de evitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudiesen desalojarlos e impedir la celebración del referéndum ilegal.


Tras el referéndum ilegal los CDR experimentaron una radicalización aún mayor y sus acciones comenzaron a tener un carácter violento, pudiendo ser calificadas como terrorismo callejero. En este estado de cosas, la Audiencia Nacional inició
la 'Operación Judas' para investigar la elaboración de explosivos y la realización de pruebas con materiales incendiarios y/ o explosivos en diversos laboratorios controlados por el citado grupo terrorista.


En el marco de la Operación Judas fueron detenidos, en 2019, doce integrantes de los CDR que fueron imputados por los delitos de terrorismo y de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas con carácter terrorista 2. Así las
cosas, la Guardia Civil, señaló en el informe de una de las detenciones referidas que los detenidos formaban parte de 'una organización criminal con finalidad terrorista' y que llevaban a cabo actuaciones para 'coadyuvar a la independencia del
territorio de Cataluña por medio de la realización de acciones de diferente naturaleza' 3


Recientemente, fueron detenidos otros integrantes de los CDR por un intento de sabotaje de La Vuelta ciclista a España en la etapa Suria-Arinsal 4. En concreto, los detenidos pretendieron derramar cuatrocientos litros de un líquido similar
al aceite al paso de los ciclistas, generando así un gran riesgo para la integridad física de todo el pelotón, del público y de la organización de la etapa.


Tercero. La Amenaza de la Extrema Izquierda y los Grupos Separatistas.


Tal y como se ha señalado, Europol publica anualmente un informe sobre la situación del terrorismo en los Estados miembros y su evolución. En relación con España, el informe destaca 'el solapamiento entre extremistas de izquierdas y
separatistas en la región vasca y catalana, sobre todo en cuanto a las motivaciones de los atentados' 5.


1 EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (EUROPOL): 'European Union Terrorism Situation and Trend Report 2023', p. 68. Disponible en:
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/European%20Union%20Terrorism%20Situation%20and% 20Trend%20report%202023.pdf


2 LIBREROS, Iván: 'Explosivos, munición y atentados: los planes de los CDR que Sánchez quiere indultar por orden de Puigdemont', Voz Populi, 30.09.2023. Disponible en:
https://www.vozpopuli.com/espana/planes-cdr-operacion-judas-puigdemont.html


3 SANZ, Segundo y GÓMEZ, Teresa: 'Vídeo inédito: la Guardia Civil grabó a los CDR terroristas preparando explosivos en su Batcueva', Ok Diario, 21.06.21. Disponible en:
https://okdiario.com/espana/videoinedito-guardia-civil-grabo-cdr-terroristas-preparando-explosivos-batcueva-7397698


4 GONZÁLEZ, Germán: 'Los CDR acusados de sabotear La Vuelta prepararon un mecanismo para derramar 400 litros de líquido al paso de los ciclistas', El Mundo, 29.08.2023. Disponible en:
https://www.elmundo.es/Cataluña/2023/08/29/64edb0b3fdddff8d5e8b458c.html


5 EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (EUROPOL): 'European Union Terrorism Situation and Trend Report 2023', p. 65. Disponible en:
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/European%20Union%20Terrorism%20Situation%20and%20Trend%20report%202023.pdf



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Así, Europol sitúa a los CDR en el epígrafe de su Informe referido a 'Terrorismo de izquierda y anarquista', en el que considera que 'los terroristas de izquierdas y anarquistas y los extremistas violentos siguen constituyendo una amenaza
para la seguridad pública en la UE' 6.


Más ejemplos de grupos terroristas separatistas son los Dissident Republican (DR), cuyo fin es la unificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda.


Durante el año 2022 estos grupos separatistas secuestraron un vehículo y trataron de detonar un artefacto explosivo improvisado (IED) frente a una comisaría norirlandesa. Algunos de los nexos que se conocen de estos grupos se encuentran en
España, sobre todo en el ámbito de la izquierda marxista 7.


En Francia, por ejemplo, existe el caso del Frente de Liberación de Bretaña (FLB), que dio apoyo y cobertura a miembros de la banda terrorista ETA, llegando a colaborar en el robo de ocho toneladas de explosivos en una cantera de la
localidad francesa de Plevin 8. El caso del FLB ha vuelto a las portadas por asumir la autoría de seis 'operaciones de represalia' que se produjeron entre el 18 de mayo y el 16 de junio de 2022 9.


Cuarto. Petición del Gobierno de España a Europol para que elimine a los CDR de la lista de Grupos Terroristas.


El 26 de septiembre de este año, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), general Manuel Navarrete, solicitó vía postal a la directora ejecutiva de Europol que 'las alusiones al
independentismo catalán se eliminen del apartado de terrorismo' 10.


Esta petición del Ejecutivo responde a sus intereses espurios y partidistas, pues los partidos que conforman el Gobierno en funciones necesitan de los votos de los separatistas para reeditar su Gobierno de coalición. Así, con la petición de
eliminación de los grupos separatistas catalanes, como los CDR, de la lista de organizaciones terroristas se da cumplimiento por parte del Ejecutivo en funciones a una de las exigencias de sus socios separatistas.


Quinto Conclusión.


La utilización de las instituciones con fines partidistas se ha convertido en una constante para el actual Gobierno. Conocedor de su necesidad de apoyos parlamentarios, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha traspasado todos los
límites políticos, éticos y normativos conocidos para perpetuarse en el poder. En primer lugar, porque ha subordinado el interés general de los españoles a las exigencias de unas élites separatistas que pretenden la disolución de la unidad nacional
y la desintegración de España. En segundo lugar, porque esta subordinación y esta traición del Gobierno hacia el pueblo español se consumará con la anunciada amnistía para los políticos separatistas catalanes que perpetraron el golpe de Estado de
2017 y la repetición de un referéndum ilegal en Cataluña.


En resumen, la petición del Gobierno a Europol de excluir a los grupos separatistas de la lista de organizaciones terroristas no es sino una prueba más de la degradación que están sufriendo las instituciones españolas a manos de un Ejecutivo
que ataca constantemente a la separación de poderes, al orden constitucional y a la unidad nacional.


6 Ibidem, p. 55


7 Ibidem, p. 69.


8 CASTRO MORAL, Lorenzo: 'El terrorismo de la extrema izquierda: el caso francés', Cuadernos del centro memorial víctimas del terrorismo, octubre 2017, pp. 139-153. Disponible en:
https://www.memorialvt.com/wp-content/uploads/2017/10/Cuaderno04.pdf


9 VAL, Eusebio: 'Un grupo bretón se atribuye ataques contra el Estado colonial francés', La Vanguardia, 29.07.23. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20230729/9140438/grupo-breton-atribuyeataques-estado-colonial-frances.html


10 MONDELO, Víctor y PEÑALOSA, Gema: 'El Gobierno cumple otra exigencia de Puigdemont: pide ahora a Europol que desvincule al independentismo catalán del terrorismo', El Mundo, 27.09.23. Disponible en:
www.elmundo.es/cataluna/2023/09/26/651323a4e4d4d8dd3a8b45a1.html



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Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que rectifique y retire la petición realizada por el director del CITCO el pasado 26 de septiembre dirigida a la directora ejecutiva de Europol, al objeto de que las alusiones al
independentismo catalán se eliminen del apartado de terrorismo del Informe EUROPOL de situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea (TESAT 2023).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2024.-Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/000076


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la ejecución en
su integridad de la Variante Exterior de Ourense que forma parte de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


La línea de alta velocidad entre Olmedo y Ourense fue puesta en servicio en diciembre del 2021, pero no todo este trayecto tiene características de una línea de alta velocidad, es decir con un trazado adecuado, vía doble y ancho
internacional.


Al día de hoy, desde Taboadela hasta la ciudad de Ourense se mantiene el antiguo trazado del año 1957 con curvas de 350/400 metros, que permite circular a los trenes de la alta velocidad con una vía única electrificada que cuenta con un
tercer hilo de ancho internacional, por el que los trenes de alta velocidad circulan a menos de 100 kilómetros/hora, muy lejos de los 300 km/hora que alcanzan en la mayor parte de la línea.


Esta adaptación tiene un carácter provisional, ya que existe el compromiso del Mitma y de ADIF-AV de construir la denominada Variante Exterior de Ourense, que tiene 18 km de longitud aproximadamente y se compone de los siguientes tramos:
Taboadela-Túnel de Rante: Túnel de Rante-Conexión Seixalbo; Conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de Montealegre y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense.


Una vez construida, permitirá la continuidad desde Taboadela a las circulaciones de la LAV Madrid-Galicia en plataforma de doble vía electrificada, en ancho estándar (1.435 mm) hasta la estación de Ourense.


El 4 de diciembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó dos contratos de obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense, correspondientes a los tramos
Taboadela-Túnel de Rante (5,6 km) y Túnel de Rante-Conexión Seixalbo (2,26 km).


El tramo Taboadela-Túnel de Rante fue adjudicado a una UTE por importe de 83.443.980,59 euros (IVA incluido). Por su parte, el tramo Túnel de Rante-Conexión Seixalbo fue adjudicado a una empresa por 27.448.623,45 euros (IVA incluido).
Ambos contratos comprenden la ejecución de las obras de plataforma (infraestructura) de los tramos, incluida la capa de subbalasto, siendo objeto de otros contratos posteriores la



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superestructura (vía) y el resto de las instalaciones ferroviarias (electrificación, señalización, comunicaciones, etc...).


Las obras de construcción de estos dos primeros tramos avanzan, aunque con demora, pero lo que más nos preocupa es que ADIF-AV no ha licitado todavía las obras de los otros tres tramos Conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de
Montealegre y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense, pese a que se había anunciado que tendría lugar en el segundo semestre de 2023.


La demora en la licitación y la publicación el pasado día 16 de octubre en el BOE del anuncio de licitación por ADIF.AV del contrato de ejecución de las obras de la/Nueva Estación Intermodal de Ourense, nos alarman.


De la lectura del pliego de cláusulas administrativas de esa licitación, que incluye el plano de vías de la futura estación de Ourense, se desprende que ADIF-AV prevé finalizar las obras en el año 2030 (tras 73 meses de ejecución) y a su
finalización seguirá contando con vía única entre Seixalbo y Ourense. Es decir no contempla la vía doble de entrada en la estación de los tres tramos pendientes de la Variante Exterior, de modo que la LAV quedaría con un tramo de trazado sinuoso de
7 km y de vía única mixta, entrado además en la estación, en curva.


La necesidad de dar continuidad con estos tres tramos es fundamental para completar el trazado con doble vía en la totalidad de la LAV y asegurar su fiabilidad, pues de no ser así cualquier incidencia o avería en una vía única supondría el
corte del acceso ferroviario entre Galicia y Madrid. También la Variante Exterior, ejecutada en su totalidad, reduciría el tiempo de viaje entre cinco y diez minutos ya que el tramo final cruzaría el Miño por un nuevo viaducto para entrar en la
estación de Ourense en paralelo a la línea Monforte-Ourense.


El 12 de enero de 2023 los diputados ourensanos del PP preguntaron al Gobierno sobre la fecha de licitación y el ejecutivo respondió el 13 de febrero que 'como paso previo a la aprobación definitiva de los proyectos constructivos del tramo
Seixalbo-Túnel de Montealegre-Estación de Ourense, es necesario realizar la información Pública de bienes y derechos afectados a efectos de expropiaciones' Lo cierto es que a fecha de redacción de esta iniciativa, no hay noticia oficial alguna al
respecto ni por parte del Mitma ni de ADIF-AV.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a confirmar que ADIF-AV ejecutará en su integridad todos los tramos de la Variante Exterior de Ourense de la LAV a Galicia, y en consecuencia a impulsar todos los trámites administrativos y
presupuestarios que permitan licitar en el primer semestre de 2024 las obras de los tramos pendientes: Conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de Montealegre y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2023.-Marta González Vázquez, Tristana María Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez
Blanco, Rosa Quintana Carballo, Celso Luis Delgado Arce, Ana María Pastor Julián, Irene Garrido Valenzuela y Pedro Puy Fraga, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000088


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al compromiso de ejecutar la
Autovía de A Mariña (A-74), en la provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


En enero de 2022, es decir, hace prácticamente dos años, el Gobierno central publicaba el proyecto de trazado del tramo Foz-Burela de la Autovía de A Mariña, la denominada A-74. Este ha sido el último anuncio realizado por el Ejecutivo del
Estado, pues, a día de hoy, no se ha adoptado ningún trámite más para impulsar y, en consecuencia, avanzar en el desarrollo de esta importante y necesaria infraestructura que vertebraría el norte de la provincia de Lugo, por un lado, con la
Comunidad Autónoma limítrofe de Asturias y, por el otro, con otras provincias gallegas como la de A Coruña.


De hecho, en los últimos años las cantidades recogidas en los Presupuestos Generales de Estado dirigidas a esta vía de comunicación son prácticamente irrisorias, a pesar de que desde el Grupo Parlamentario Popular se han reclamado partidas
suficientes para dar continuidad al trabajo iniciado por el Gobierno del Partido Popular, que había dejado consignadas partidas para licitar los tres tramos de ejecución que componen el proyecto.


En aquel entonces, el Gobierno, presidido por el Partido Popular, dejó consignada la partida para redactar, aprobar y licitar los tramos más próximos a la Autovía del Cantábrico (A-8), los que unen las localidades de Barreiros, Foz y Burela.
Así, el trayecto de Foz a Burela, que tenía un coste total de más de 93 millones de euros, su asignación se aproximaba a los 2 millones. Esta subiría a los 10,3 en 2019 y a los 20 millones en 2020 para cumplir las previsiones indicadas. Para el
tramo comprendido entre Barreiros y Foz (82,38 millones), recogía una inversión de casi 1,3 millones en 2018, que ascendía a más de 11 millones en 2019 y a 20 millones en 2020. El último trayecto Burela-San Cibrao, con un presupuesto total de 83
millones, tenía consignado medio millón para 2018; 10,5 millones en 2019; 22 millones en 2020; y 25 millones en 2021.


Con estos datos, extraídos de los distintos proyectos de Presupuestos, queda claro que existía una previsión clara y un compromiso claro de impulsar esta infraestructura, pero que se han visto truncados con la reducción, anualidad tras
anualidad, de la aportación estatal. Tal es así que, si se toma como referencia la primera consignación del Partido Popular, frente a la contemplada por el Partido Socialista, el recorte supera ampliamente el 80 %, castigando con ello a una comarca
y a una provincia que, por todos es sabido, presenta un claro déficit en comunicación, mantenimiento y seguridad viaria.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la palabra dada y, por tanto, a acometer de manera inmediata y sin más dilación, la ejecución de la autovía de la Mariña (A-74) en la totalidad de los tramos que unen las localidades
de San Cibrao (Cervo) con Barreiros, y de este modo garantizar su enlace con la autovía del Cantábrico (A-8).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2023.-Jaime Eduardo de Olano Vela y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000092


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la
competitividad del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


El transporte marítimo internacional es un sector global, estratégico y liberalizado que precisa para ser competitivo, de un marco regulatorio análogo a nivel global.


A mediados de los años 80, la flota mercante inscrita en los registros de buques de la Unión Europea registró una importante recesión, tanto en términos absolutos como en porcentaje de participación de la flota mundial. La misma tendencia
se observó por los buques registrados fuera de la Unión Europea y controlados por compañías que operaban en territorio comunitario.


Para revertir esta tendencia, los principales países marítimos de la Unión Europea, reconociendo a la marina mercante como un activo estratégico que era imprescindible preservar, comienzan a crear segundos registros de buques en sus
territorios, a los que dotaron de un régimen administrativo, laboral y fiscal flexible y en línea con las necesidades del sector del transporte marítimo.


A la vista de las diferencias entre los regímenes de ayudas adoptados por los Estados miembros, la Comisión Europea aprobó en 1989 unas Directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo. Estas directrices fueron objeto de una
revisión en 1997.


Finalmente, el 17 de enero de 2004, se publicó la Comunicación C(2004) 43, Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo que sustituyeron a las Directrices de 1997.


Las Directrices de 2004, actualmente vigentes, establecen los parámetros a partir de los cuales se aprobarán las ayudas de Estado al transporte marítimo, de conformidad con las normas y procedimientos comunitarios previstos por la Comisión.
Su vigencia fue prolongada sine die por la Comisión en noviembre de 2013. Por tanto, la Comisión Europea viene manteniendo una posición favorable a autorizar amplios apoyos al transporte marítimo al menos en los últimos casi 35 años, lo que
confirma la importancia excepcional del sector para la Unión Europea, por el papel esencial que juega en el comercio europeo, y por su propia importancia socioeconómica, como generador de empleo y de riqueza en la UE.


Estas directrices constituyen el fundamento legal para todas las medidas de apoyo al sector naviero existentes en los diferentes Estados de la Unión Europea y, en particular, de los regímenes especiales asociados a los segundos registros de
buques.


También España, por su historia, su realidad socioeconómica, su situación y configuración geográfica y sus 7.880 kilómetros de costa, considera a la marina mercante y el transporte marítimo como elementos vitales para su desarrollo
económico.


El 24 de noviembre de 1992 se aprobó la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuya Disposición Adicional Decimoquinta incluyó la creación del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras en las
Islas Canarias (actualmente Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).


En el momento de su constitución, las únicas peculiaridades normativas con que contaba el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras eran de ámbito laboral.



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La Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, introdujo los primeros beneficios fiscales a los buques del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, que fueron posteriormente incrementados
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


Por otra parte, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y estableció un nuevo régimen de fiscalidad especial para
las empresas navieras en función del tonelaje, que fue también recogido en la actual Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.


Así, mantener la competitividad del registro español y preservar la flota mercante de bandera española tiene una enorme importancia estratégica para España. El carácter cuasi-insular de nuestro país lleva a que el transporte marítimo sea
aún más importante para el comercio y la economía española que para la media de la Unión Europea, lo que justifica la existencia de un claro interés público en la adecuada dimensión y calidad de nuestra marina mercante española y en la eficacia y
eficiencia del transporte marítimo nacional.


El Reglamento (CEE) n.º 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y países terceros, y el Reglamento (CEE) n.º
3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos en el interior de los Estados miembros (cabotaje marítimo), permiten que cualquier buque de pabellón de un
Estado miembro del Espacio Económico Europeo pueda prestar en España todo tipo de servicios de transporte marítimo. En consecuencia, si el pabellón español no resulta competitivo con otros del Espacio Económico Europeo, los armadores españoles
tienen la posibilidad legal de abanderar sus buques en aquellos registros de Estados miembros del Espacio Económico Europeo que resulten más competitivos.


Tras más de treinta años el régimen laboral y administrativo del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras precisa de una revisión. Desde su creación, el Registro Especial de Canarias se ha visto afectado por la incorporación al
ordenamiento jurídico español de diversa normativa que no ha tenido debidamente en cuenta las singularidades antes mencionadas y que emana de diferentes ministerios, lo que está imposibilitando la operativa y práctica de los buques abanderados en el
Registro Especial de Canarias.


En los últimos diez años, el tonelaje de la flota controlada en pabellones extranjeros ha crecido un 66 % mientras que la flota controlada bajo pabellón español ha caído un 3 %. En 2022, ninguno de los buques de nueva construcción que se
incorporaron a la flota controlada por armadores nacionales se inscribió en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias. Todos se inscribieron en otros registros del Espacio Económico Europeo, y esta tendencia ha continuado
durante los primeros meses de 2023. Entre enero y agosto de 2023, 10 buques con cerca de 100.000 GT han cambiado el Registro Especial de Canarias por otros del Espacio Económico Europeo.


La evolución reciente de la flota de las empresas navieras españolas demuestra una clara y creciente preferencia de los armadores españoles por otros registros europeos. Cabe prever que, si las condiciones laborales y técnicas del Registro
Especial de Buques y Empresas Navieras fuesen equiparables a las de los registros europeos más competitivos, una parte sustancial de la flota inscrita en los mismos volvería al pabellón español. Se estima que, a corto plazo, dicho retorno podría
ser del 40 % de los buques inscritos en otros registros europeos. Es decir, podrían volver al pabellón español unos 35 buques, con más de 1 millón de GT y unos 1.200 empleos directos.


Por todo lo anteriormente expuesto, y a fin de evitar que el porcentaje de la flota controlada por empresas navieras españolas bajo pabellón español continúe cayendo en los próximos años, resulta fundamental potenciar la competitividad del
Registro Especial



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de Buques y Empresas Navieras, desarrollando en España una política global y coordinada de transporte marítimo y simplificando la práctica administrativa asociada.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


- Adoptar todas las medidas necesarias con vistas a homologar la titulación de capitán y oficiales de marina mercante para dar cumplimiento a las previsiones de la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales;
en paralelo, y mientras se formaliza la homologación solicitada, que se acepte y reconozca formalmente la posibilidad de que la formación práctica pueda impartirse a distancia, por un técnico en prevención de riesgos laborales con formación mínima
de nivel intermedio y bajo la supervisión del capitán/oficial a cargo de la familiarización del buque.


- Fijar con carácter urgente un criterio de interpretación común para todos los Inspectores de Trabajo que acabe con la inseguridad en materia de normativa sobre jornada de trabajo y descanso de los marinos, adaptándolo a la realidad del
trabajo a bordo y con todas las garantías para el trabajador.


- Estudiar la adopción de una modalidad contractual específica adaptada a la realidad de la operativa de los buques y del transporte marítimo.


- Simplificar y flexibilizar la tramitación administrativa del enrole de marinos extranjeros.


- Reforzar la seguridad jurídica del enrole de marinos extracomunitarios en los buques del Registro Especial de Canarias (REC), desligándolo de la I aprobación trimestral del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura; eximir a estos
mismos marinos de visados que no se exigen para enrolarse en buques de pabellón extranjero en puertos españoles.


- Racionalizar las Inspecciones del Convenio del Trabajo Marítimo concentrándolas, en la medida de lo posible, en la Administración Marítima, a fin de agilizar el proceso y aumentar su efectividad.


- Flexibilizar los requisitos de nacionalidad de las tripulaciones en concordancia con las normativas de los países de nuestro entorno, debido a la progresiva y creciente escasez de profesionales de este sector, que provoca en ocasiones el
reabanderamiento de buques.


- Simplificar y agilizar la tramitación de los reconocimientos médicos de aptitud 'preceptivos y previos al embarque marítimo.


- Dar solución a los problemas de gestión de los certificados que son emitidos únicamente por la Dirección General de la Marina Mercante desde su sede electrónica disponible únicamente en idioma español.


- Reducir la burocracia asociada a la certificación de los botiquines y a la solicitud de recetas para ciertos medicamentos.


- Agilizar y facilitar el funcionamiento del propio Registro Especial de Canarias, acabando con la solicitud de documentación que ya obra en su poder; realizando directamente las gestiones administrativas con el Registro de Bienes Muebles
de manera telemática, las comunicaciones interministeriales, etc.; estableciendo oficinas de registro en el resto de los puertos, consulados, etc.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Juan Antonio Rojas Manrique, Diputado.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000099


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las variantes de Os
Peares-Canabal y de Rubián en el corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos- Lugo, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


El 7 de mayo de 2018 se celebró en Lugo una importante reunión en la que el entonces Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en presencia del presidente de la Xunta, de la alcaldesa de Lugo y de otras autoridades presentó las actuaciones
previstas para la mejora de la conexión ferroviaria entre Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, con el objetivo de incrementar su fiabilidad y competitividad.


Comenzó aquella presentación con una valoración de la situación del trayecto de 117 km entre Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, para luego explicar las actuaciones que ya se estaban llevando a cabo y las programadas para mejorar sustancialmente
esa línea. Allí se informó que estaba desarrollándose el estudio informativo para definir las mejores alternativas en dos ámbitos: en el tramo entre Ourense y Monforte de Lemos, la Variante de Os Peares-Canabal. Y en el tramo entre Monforte de
Lemos y Lugo, la Variante de Rubián.


El 1 de junio de 2018 se votó una moción de censura, con el resultado de que fue investido presidente el líder socialista Pedro Sánchez.


Desde esa fecha y en el marco de nuestra labor de control parlamentario, diputados ourensanos y lucenses vinimos formulando preguntas parlamentarias para conocer la evolución del proyecto de renovación total del tramo ferroviario
Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, incluyendo lo referido a las citadas Variantes.


El Gobierno el 11 de julio de 2019 respondió: 'En relación con el asunto interesado se señala que los proyectos de adecuación y mejora de la vía correspondiente al trama Ourense-Monforte de Lemos-Lugo se encuentran actualmente en redacción,
con una previsión de aprobación de estos en verano de 2019. Las posibles variantes se encuentran en fase de Estudio Informativo'


El 12 de diciembre de 2019 preguntamos si había concluido ya ADIF la redacción del Estudio Informativo de las variantes previstas de Os Peares-Canabal y Rubián.


Y el 6 de febrero de 2020 el Gobierno respondía: 'Como respuesta a la pregunta formulada por sus señorías, se informa que el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con los siguientes Estudios Informativos
redactados:


- Variante ferroviaria de Os Peares-Canabal (tramo Ourense-Monforte de Lemos de la línea Monforte de Lemos-Vigo). Se trata de una variante en vía única de 12 km aproximadamente, que permite un ahorro de tiempo máximo de 11 minutos y
requiere una inversión en el entono de 530 millones de euros.


- Variante ferroviario de Rubián (tramo Monforte de Lemos-Lugo de la línea León-A Coruña). Se trata de una variante en vía única de 19 km aproximadamente, que permite un ahorro de tiempo máximo de 12 minutos y requiere una inversión en el
entorno de los 440 millones de euros'.


A la vista de la anterior respuesta, el 11 de diciembre de 2020 formulamos cuatro preguntas sobre estas Variantes, interesándonos por el momento administrativo en el que se encontraban y sobre las fechas que manejaba Adif para licitar la
variante de Rubián y la de Os Peares-Canabal.



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El 10 de febrero de 2021 el Gobierno respondió de forma conjunta a las cuatro preguntas diciendo: 'En relación con el asunto interesado, se señala que la incorporación de una nueva línea o tramo en la Red Ferroviaria de Interés General
requiere de la aprobación de un Estudio Informativo.'


Una respuesta elusiva, absurda, sin concreción alguna, sin referencia a las Variantes y por tanto hurtando a los diputados preguntantes su derecho a recibir información veraz y transparente. Todo hacía sospechar que el Gobierno socialista
abandonaba las Variantes.


La realidad es que lo que se está impulsando por Adif y el Mitma son unas obras de modernización de los 117 km del tramo Lugo-Monforte de Lemos hasta Ourense, para desde esa capital conectar con el corredor de alta velocidad a Galicia. Unas
obras que desde instancias gubernamentales cifran en 546 millones, obviando que si se deduce el 21 % de IVA y el 15 % de media de las bajas de adjudicación nos movemos en poco más de 330 millones de euros.


Los 117 Km entre las dos capitales del interior de Galicia se recorren hoy en 01:53 y una vez que finalicen todas las obras los tiempos estarán en 01:30. Es decir, los tiempos de viaje por esas mejoras se reducirán tan sólo en 23 minutos.


En consecuencia, no puede hablarse como afirma el ejecutivo socialista de una 'Nueva línea de Alta Velocidad Ourense-Monforte de Lemos-Lugo' y lamentablemente tampoco de 'velocidad alta'ya que no superará los 160 km/hora.


Pero si se construyeran las dos variantes de trazado se reducirían a mayores, los tiempos de viaje en 23 minutos y dejarían la conexión Ourense-Lugo en 1 hora y siete minutos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que en el marco de las obras de modernización del corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, confirme que ejecutará las tan necesarias variantes de Os Peares-Canabal y de
Rubián, retomando su tramitación administrativa, sometiéndolas a información pública y concretando un cronograma creíble para su puesta en servicio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2023.-Celso Luis Delgado Arce, Jaime Eduardo de Olano Vela, Ana Belén Vázquez Blanco, Francisco José Conde López, Cristina Abades Martínez y Rosa Quintana Carballo, Diputados.-Miguel
Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes


161/000079


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la actualización y mejora por las administraciones educativas de la bonificaciones beca y ayudas por servicios
complementarios escolares, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.



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Exposición de motivos


Primero. El Incremento del coste de la vida golpea a las familias españolas.


El contexto socioeconómico que rodea a las familias españolas en los últimos meses y años es preocupante. El constante aumento de los precios contrasta con el mantenimiento de los sueldos, y tiene una repercusión decisiva en su poder
adquisitivo. El índice de precios del consumo ('IPC') continúa al alza. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), el IPC ha vuelto a aumentar otro 3,5 % el pasado octubre, siendo ya 31 meses consecutivos
los que sube por encima del 2 % (a excepción del pasado mes de junio, que fue del 1,9 %). Por su parte, la tasa anual del IPC subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, vuelve a aumentar el 5,2 % en octubre (con 23 meses
consecutivos creciendo por encima del 2 %). A pesar de la triste realidad que aportan para las familias estos datos, el verdadero drama se encuentra en el aumento de los precios de los alimentos, que en octubre ha sido del 9,3 %, bajando por
primera vez del 10 % después de 18 meses con incrementos que han llegado al 17 % 1.


En el mismo sentido, según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el INE en abril de 2023, las familias aún sufren carencias severas 2. La tasa AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) que calcula la pobreza relativa
en España, establece que uno de cada cinco personas residentes en España está por debajo del umbral del riesgo de pobreza. Este porcentaje aumenta hasta el 27 % si sólo tenemos en cuenta a los menores de 16 años; y al 26,8 % si atendemos a los
hogares con uno o más hijos a su cargo. En cuanto a la capacidad de las familias para irse de vacaciones o afrontar gastos que surgen inopinadamente, la Encuesta de Condiciones de Vida sugiere que el 33,5 % de familias españolas no pueden
permitirse viajar, al menos, una semana al año 3; cerca de un 35,5 % no puede hacer frente a gastos inesperados y cerca de un 8,7 % tienen dificultades para llegar a fin de mes.


Según Funcas, el crecimiento del PIB y del empleo tras el año cero de la pandemia no se ha traducido en una mejora de la capacidad adquisitiva de las familias. En este sentido, esta entidad afirma en su Focus on Spanish Society
correspondiente a septiembre de 2023 que 'una de cada 12 personas en España (8,1 %) sufría en 2022 carencia material severa, más del doble que antes de la crisis financiera (2007: 3,5 %) e incluso un punto por encima de la cifra de 2014 (7,1 %) 4'.


En definitiva, las familias españolas están sufriendo especialmente la crisis económica, social y energética que lleva sacudiendo a España desde hace ya varios años. Junto a estas dificultades, comunes a todas las familias, se añaden las
propias de aquellas con hijos en edad escolar debido a los necesarios gastos educativos.


Segundo. Las familias con menores a su cargo experimentan cada vez más gastos asociados a la educación.


Según datos de septiembre de 2023, las familias españolas han gastado para el curso 2023/2024 una media de 2.189 euros al año por alumno entre los costes anuales (matrícula, uniformes, libros de texto, material escolar...) y los mensuales
(aula matinal, servicio de comedor, transporte, actividades extraescolares...) 5. En el curso 2017/2018, el coste medio fue de 1.212 euros, lo que pone de manifiesto un incremento del 81 % en tan solo cinco años.


1 https://es.statista.com/estadísticas/476676/espana-tasa-de-inflacion-anual-por-mes/


2 https://www.ine.es/prensa/ecv2022.pdf


3 Según el Instituto Sindical Europeo, entre las grandes economías de la Unión Europea, España solo es superada por Italia en lo relativo a la tasa de personas que no pueden irse de vacaciones al menos una vez al año:
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cada-familias-espanolas-puede-permitirse-irsevacaciones-20230720_2822418.


4 https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2023/09/NOTAPRENSA-5.pdf.


5 https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/informe/gastos-vuelta-cole



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La última edición de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE, publicado en el curso 2019/2020 6 señalaba que cada alumno supuso un gasto medio de 1.649 euros. Casi una década antes, la misma encuesta, publicada en el curso
2011/2012, concluyó que el gasto por cada estudiante ascendía a 1.319 7 euros. Es decir, un incremento del 25 %.


De ambos estudios se deduce que cada vez sale más caro a las familias españolas hacer frente a los gastos educativos de sus hijos. Ante este escenario el Gobierno y los poderes públicos deben establecer medidas destinadas a paliar esta
situación y ayudar a las familias españolas con hijos menores en edad escolar ante la subida de los precios y el incremento del coste de la vida.


Tercero. La necesidad de actualizar y mejorar las bonificaciones, ayudas y becas por servicios complementario escolares.


Según la última edición de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del INE, referenciado en el expositivo anterior, las familias españolas gastan de media 1.177 euros en servicios educativos reglados. Dentro del gasto educativo
total, el porcentaje correspondiente a servicios complementarios como el comedor o las actividades extraescolares supone un 25,3 %.


Los servicios complementarios son, como su propio nombre indica, aquellas actividades de carácter extracurricular con la que los alumnos amplían su experiencia escolar en los centros docentes. Hablamos de los servicios de comedor, las
conocidas como aulas matinales o vespertinas (esto es, la posibilidad de dejar o recoger al niño antes y tras la finalización de la jornada escolar, respectivamente) o las actividades extraescolares (idiomas, deportes, actividades artísticas...).
Se trata, por tanto, de medios necesarios en la vida escolar de los estudiantes, pues complementan la formación de los alumnos y su experiencia educativa al tiempo que constituyen una necesidad para la conciliación laboral y familiar.


Tal y como recoge el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 'Las Administraciones educativas [...] establecerán medidas para que la situación socioeconómica del alumnado no suponga una barrera para el acceso a
las actividades complementarias y los servicios escolares'. Son las regiones, por tanto, con capacidad de obrar en materia educativa y fiscal, las encargadas de facilitar a las familias españolas acceder a estos servicios complementarios.


Actualmente, las administraciones regionales optan por distintos mecanismos para ayudar a las familias a sufragar los gastos de estos servicios complementarios. Así, por ejemplo, algunas apuestan por bonificaciones sobre el precio público
de los servicios complementarios en función de los ingresos de la unidad familiar 8 y otras se deciden por becas o ayudas directas con el fin de ayudar a las familias más desfavorecidas que pasan por mayores penurias económicas 9.


Sin embargo, se podría hacer más: actualizar las bonificaciones o aumentar las partidas de gasto en ayudas y becas teniendo en cuenta el encarecimiento generalizado del coste de la vida. En este sentido, la armonización a nivel nacional de
tales bonificaciones y ayudas sería especialmente beneficioso para todas las familias y evitaría desigualdades entre los españoles en función del lugar en que residan.


Cuarto. Conclusión.


Los datos y las estadísticas reflejan el aumento del coste de vida, especialmente en los dos últimos años. Esta situación se ve agravada por la subida del precio de la energía, el aumento del precio de la cesta de la compra y el incremento
del coste de los carburantes.


6 https://www.ine.es/prensa/eghe_2019_20.pdf


7 https://www.ine.es/prensa/np763.pdf


8 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/20/25


9 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/05/29/BOCM-20230529-23.PDF



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Este incremento de los precios afecta también a los servicios complementarios escolares y, consecuentemente, las familias han de destinar más recursos para sufragarlos. Ante esta situación, el Gobierno debe impulsar políticas de ayuda a las
familias.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la actualización y mejora de las bonificaciones, becas y ayudas educativas, incluyendo entre ellas ayudas a los servicios complementarios escolares (comedor escolar, aula matinal y
actividades extraescolares, entre otros).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/000082


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González- Robatto Perote y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y
Deportes.


Exposición de motivos


Primero. El acoso escolar, un fenómeno creciente.


El acoso escolar es un fenómeno que la Real Academia Española define como 'En centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás' 1.


Se trata de una práctica que, desgraciadamente, cada vez es más habitual en los centros docentes. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional recogidos en el último Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en los
Centros de Educación Primaria, casi 1 de cada 10 alumnos españoles afirma haber experimentado alguna vez situaciones de acoso dentro del recinto de la escuela 2.


En la Educación Secundaria Obligatoria, los datos arrojan un escenario parecido. De acuerdo con el último Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria, un 15,6 % de los estudiantes dicen haber sufrido
acoso por parte de alguno de sus compañeros alguna vez, a menudo o con frecuencia 3.


1 https://dle.rae.es/acoso?m=form


2 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f3070940-540d-4ea9-b85a-8f9fcc301clb/estudio-estatal-sobrela-convivencia-escolar-en-centros-de-educacion-primaria-vf.pdf


3 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/estudio-estatal-sobre-la-convivencia-escolar-en-la-educacionsecundaria-obligatoria/educación-secundaria-socializacion/13567



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[**********página con cuadro**********]


La primera causa de muerte externa entre los menores de edad es el suicidio, motivado, especialmente, por acoso escolar o bullying. En 2021, último año con datos disponibles, 22 menores de 14 años se quitaron la vida. Entre los 15 y los 29
años, el número de personas que se suicidaron fue 316 4. El informe Conducta suicida y salud mental, en la Infancia y Adolescencia en España (2012-2022) de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), muestra que las conductas
suicidas entre los niños y adolescentes se han incrementado en los últimos 10 años 5. Entre 2012 y 2022, ha aumentado en un 14 % el número de consultas de orientación especial atendidas por ideación y/o intento de suicidio en menores.


Igualmente, el ciberbullying o acoso a través de los medios electrónicos y las redes sociales también se sitúa como uno de los principales factores de acoso entre los menores en los centros docentes. Los teléfonos móviles ejercen una gran
influencia sobre los alumnos, quienes desde edades muy tempranas los emplean en su día a día. Hay países, como Reino Unido 6, que ya han optado por su prohibición en el ámbito escolar con el fin de atajar los problemas causados por los celulares:
falta de atención en clase, indisciplina, medio para llevar a cabo prácticas de bullying, generador de comportamientos inapropiados, etc.


Las autoridades, en colaboración con los docentes, los equipos directivos escolares, los servicios sociales, los padres y los propios alumnos, deben actuar de manera


4 https://es.statista.com/estadísticas/819819/muertes-por-suicidio-y-lesiones-autoinfligidas-por-grupos-deedad-en-espana/


5 https://www.anar.org/wp-content/uploads/2022/12/Estudio-sobre-Conducta-Suicida-en-la-Infancia-y-la-Adolescencia-2012-2022.pdf


6 https://www.daiIymail.co.uk/news/article-12582161/Mobile-phones-banned-schools-education-secretarvGillian-Keegan-set-announce-dramatic-intervention-rplipf-millions-parents-teachers.html



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coordinada contra las causas del acoso escolar desde sus orígenes. Una de las maneras más eficaces de hacerlo es recurriendo a mecanismos preventivos que permitan detectar lo antes posible potenciales situaciones de bullying.


Las escuelas e institutos deben ser lugares de convivencia respetuosa y normal. Es inaceptable que haya estudiantes que acudan con miedo a su centro docente como consecuencia de las conductas acosadoras de algunos de sus compañeros.


Es necesario actuar de manera preventiva frente a potenciales situaciones de acoso, y, en caso de producirse, actuar desde los momentos iniciales y evitar así males mayores.


Para acabar con esta lacra social hay que llevar a cabo una política pública omnicomprensiva que abarque todo un conjunto de líneas de actuación y medidas.


Segundo. La necesidad de un plan nacional de prevención del acoso escolar y protocolos de prevención.


Recientemente, los medios de comunicación se hicieron eco de un incidente ocurrido en un instituto de Jerez de la Frontera 7. Un menor de 14 años apuñaló a varios profesores y alumnos durante la jornada escolar y, según lo publicado, dicho
estudiante había sufrido acoso escolar. Sin embargo, no se había activado el protocolo de actuación contra el acoso en ninguna ocasión; tampoco se había detectado preventivamente la potencial situación de bullying. Se trata de un ejemplo más de
la falta de anticipación a estos hechos consecuencia, en no pocas ocasiones, de las abundantes tareas administrativas, la falta de tiempo y la escasez de recursos del cuerpo de docentes para hacer frente rápida y eficazmente a estas situaciones.


La lucha contra el acoso escolar ha llevado a poner en marcha desde las administraciones públicas distintas iniciativas. Entre las más recientes está el Plan Estratégico de Convivencia Escolar (2017) del entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. A pesar de que el documento explora distintas líneas de acción en materia de prevención y actuación contra el acoso escolar, el texto no es lo suficientemente preciso y concreto a la hora de combatir este fenómeno. Asimismo, no
plantea una propuesta de prevención del acoso escolar amplia y desarrollada, sino tan solo una serie de ideas fuerza.


Durante los últimos años las administraciones educativas han elaborado protocolos de actuación contra el acoso escolar. Todas ellas han aprobado estos planes de intervención, toda vez que es una exigencia de la última ley educativa (vid.
apartado 5 del artículo 124 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y del artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Esto ha dado lugar a que cada una de
las 17 regiones españolas hayan aprobado sus protocolos de actuación con sus particularidades en las formas de detección, intervención y resolución de los casos de acoso escolar 8. Tal dispersión no ofrece sino confusión e ineficacia para atajar el
problema del acoso escolar.


Sin embargo, a pesar de que todas las regiones cuentan con protocolos de actuación de acoso escolar solamente siete de ellas han elaborado protocolos de prevención o medidas preventivas para anticiparse a los hipotéticos casos de acoso
escolar. Por ello se hace más necesario que nunca elaborar un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar por varias razones:


En primer lugar, por la imperiosa necesidad de contar con un instrumento de alcance nacional que canalice de forma unánime unos criterios, modos, mecanismos e instrumentos para anticiparse a las potenciales situaciones de bullying en los
recintos escolares.


En segundo lugar, invertir en herramientas y mecanismos de prevención para poder actuar incluso con anterioridad a los primeros indicios de acoso escolar. La anticipación resulta fundamental para prevenir potenciales situaciones de acoso
escolar y sus consecuencias (aislamiento social, falta de rendimiento académico, ideas suicidas, etc.).


7 https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/mstituto-ataque-ierez-activo-protocolo-antiacoso-pesar-quepadres-denuncian-que-aeresor-sufria202309296516elff98383a0001a776dd.html


8 https://www.revistas.uma.es/index.php/NEIT/article/view/4924/4686



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En tercer lugar, impulsar a través de esta iniciativa de alcance nacional la formación continua del claustro de profesores, así como del resto de la comunidad educativa (personal auxiliar, conserjes, personal del comedor, personal de la
limpieza, etc.) en la detección temprana de potenciales casos de acoso escolar, e, igualmente, sensibilizar a familias y alumnos.


En cuarto lugar, circunscrito al plan nacional, elaborar programas de acompañamiento para acosadores. El foco se suele poner en la víctima, hasta el punto de que en ocasiones se le invita a cambiar de centro, lo cual puede resultar incómodo
e injusto para el alumno agredido, pues debe renunciar a su centro y al resto de sus compañeros. El agredido debe ser atendido sin ninguna duda, pero se ha de dar un giro de 180° a esta práctica y centrarse también en la educación y terapias que
necesita el acosador para que transite de una posición violenta y de falta de empatía a otra pacífica y consciente del mal que hace con su actitud acosadora, incluso llegando a considerar su traslado a otro centro de enseñanza; sin descartar el
recurso a medios punitivos.


En definitiva, un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar coadyuvará a combatir el fenómeno del bullying más anticipada y eficazmente.


Tercero. Conclusión.


La tendencia creciente en los últimos años de las situaciones de acoso escolar obliga a las administraciones públicas a tomar cartas en el asunto de manera urgente. Nuestros hijos deben acudir a las aulas con la garantía de entrar en un
espacio de convivencia sano y seguro. Combatir el acoso escolar también es adelantarse a posibles casos de violencia, agresiones, coacciones y vejaciones en el futuro, toda vez que los acosadores infantiles son potencialmente agresores en la edad
adulta.


En España, la fragmentación normativa consecuencia del Estado de las Autonomías ha provocado la elaboración de multitud de protocolos de actuación contra el acoso escolar, con poco éxito. En la mayoría de las ocasiones, tales herramientas
se activan cuando ya es demasiado tarde. Es necesario atajar este problema a nivel nacional y desde la prevención.


De esta manera, se hace necesario trabajar en la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar para actuar de manera unánime contra esta lacra de manera preventiva.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar.


2. Emplazar a las Administraciones educativas para que, en el menor plazo posible, apliquen dicho Plan Nacional mediante el diseño de protocolos para la prevención, detección y actuación contra situaciones de violencia y acoso entre el
alumnado con el fin de anticiparse a potenciales situaciones de acoso escolar.


3. Urgir a las Administraciones educativas a la formación permanente del profesorado, así como al resto de la comunidad educativa, en materia de prevención de violencia y acoso en los centros docentes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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161/000097


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover las medidas pertinentes para acabar con el adoctrinamiento en los colegios, con especial atención en los libros de texto y
material educativo, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


Primero. El derecho a la educación de padres e hijos.


El derecho a la educación es un derecho íntimamente ligado a la dignidad humana. Está protegido por diversas normas, entre las que destaca el artículo 27 de la Constitución Española. La Carta Magna, además de garantizar el derecho a la
educación y a la libertad de enseñanza, en el artículo 27.5 impone a los poderes públicos el deber de velar por este derecho mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación
de centros docentes.


En íntima relación con lo anterior se encuentra el derecho de los padres de elegir el tipo de educación que reciben sus hijos en función de sus propias convicciones. Este derecho se impone como límite a los poderes públicos, que por tanto
están sujetos a una prohibición constitucional de imponer su ideología en centros educativos. Así el artículo 27, apartado 3, señala que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Uno de los instrumentos de los que dispone el Estado para garantizar el contenido del mencionado artículo 27 CE es la Alta Inspección Educativa (regulada en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación).


En definitiva, los poderes públicos deben velar por que los españoles puedan disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, que sea un verdadero ascensor social para los jóvenes y un elemento de cohesión nacional, y que proteja
la libertad de los padres de escoger la educación que prefieren para sus hijos. A su vez, el desarrollo y la prosperidad de un país depende en gran medida de la excelencia de su sistema educativo.


Segundo. Adoctrinamiento en las aulas.


A pesar de todo ello, y en parte como consecuencia de la cesión de competencias en materia de educación a las administraciones regionales, en los últimos años se han producido en España situaciones en las que los poderes públicos, en los
ámbitos nacional y regional, han diseñado políticas educativas que socavan el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos mediante la aprobación de contenidos educativos claramente ideológicos. En muchos casos, los
contenidos chocan abiertamente con las convicciones de los padres, ya sean morales, políticas o religiosas 1.


Manifestación clara de lo anterior es la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que supone la eliminación de los conciertos educativos para los colegios de
educación diferenciada o la promoción de una educación afectivo-sexual que incluye, en su desarrollo, una fuerte carga ideológica.


1 En este sentido, cabe traer a colación la reciente polémica suscitada en tomo al contenido de un libro de Religión Católica donde el fundador y director de 'Proactiva Open Arms', ONG conocida por su colaboración con organizaciones
criminales dedicadas al tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, es presentado como una suerte de héroe y ejemplo a seguir. https://www.eldebate.com/educacion/20230920/polemica-otro-libro-textoprimaria-elogiar-fundador-open-arms_140899.html;
https://theobjective.com/sociedad/2023-09-18/libro-religionelogia-fundador-open-arms/



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Lo cierto es que la Legislatura XIV se ha caracterizado por una avalancha de leyes ideológicas impulsadas por el Gobierno socialista y comunista. Y estas leyes ideológicas, a su vez, tienen un punto común en imponer un adoctrinamiento
educativo en el contenido programático de las propias leyes. Es el caso de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la
libertad sexual, de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática o de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Normas como las
citadas han implantado de forma absolutamente abusiva y desproporcionada la exigencia de incorporar al sistema educativo las consignas ideológicas de los partidos que aprobaron las leyes respectivas 2. Y esta conducta es, como poco, una
extralimitación inadmisible por parte del legislador, que se ha llevado a cabo en flagrante violación de los derechos de los padres.


Asimismo, han sido muchas las formas en que se ha intentado adoctrinar en centros educativos también por parte de las administraciones regionales, como la imposición del uso de lenguas españolas distintas del español o los contenidos en
materia de historia. Se podrían citar multitud de ejemplos de este tipo de adoctrinamiento que han sido oportunamente denunciados por la sociedad civil 3 por suponer una desigualdad entre españoles en función del territorio en el que residan y un
arma que tienen gobiernos regionales de corte separatista para dividir y diferenciar a los españoles para lograr sus objetivos.


Tercero. Conclusión.


La obligación de las administraciones educativas de ofrecer y garantizar un sistema educativo de calidad es incompatible con la imposición ideológica desarrollada a través de la aprobación de distintas leyes que empapan la enseñanza cada vez
con mayor frecuencia. La función educadora que asumen las instituciones debe guiarse por el principio de colaboración con los padres, salvaguardando en todo caso la libertad de las familias.


Es razonable que los poderes públicos intervengan en el sistema educativo - fundamentalmente para garantizar su efectividad- pero sin olvidar en ningún caso que el papel principal en la educación de los hijos corresponde a los padres, y
manteniendo siempre el activismo ideológico antiacadémico fuera de las aulas y de los libros de texto.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Asumir el compromiso inequívoco de respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución española.


2. Poner fin de manera inmediata, a través de la actuación de la Alta Inspección Educativa, a cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sobre los menores en las aulas. Adoptar, así, las medidas necesarias para promover la inmediata
retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento, de modo que no implique un perjuicio económico para las familias.


2 Mención especial merece el caso de Ceuta y Melilla, donde el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantiene las competencias como Administración Educativa. En este sentido, las diferentes Ordenes Ministeriales relativas al
currículo y ordenación de la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para ambas ciudades realizan constantes alusiones a la 'perspectiva de género'.


3 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-09-27/informe-adoctrina-nacionalismo-ninoscatalanes1622089/; https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2018-09-29/el-informe-redactado-por-
historiadores-catalanesque-tambien-denuncia-el-adoctrinamiento-en-las-aulas-1276625700/; https://www.elespanol.com/espana/política/20190919/espanol-lengua-intrusa-verdugo-cooficial-adoctrina-libros/430457440_0.html.



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3. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias (incluidas las de carácter penal) con objeto de prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar a la inocencia de los menores y corromper sus personas en la sensible
etapa de su formación.


4. Promover las modificaciones legales necesarias para remover los obstáculos que impidan el acceso a la Educación de todos los españoles en igualdad de condiciones, garantizando la neutralidad ideológica del Estado y el derecho de los
padres a elegir la educación de sus hijos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2023.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/000101


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a una única EBAU en todo el territorio nacional, para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.


Exposición de motivos


Primero.


El artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española ('CE') establece que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre las siguientes materias: 'Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia'.


El texto constitucional, además, atribuye al Estado la obligación de asegurar que todos los españoles puedan ejercitar de forma plena su derecho a la educación, confiriendo al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Ahora bien, la CE reconoce también la posibilidad de que las distintas administraciones
regionales asuman ciertas competencias en los términos recogidos en sus propios Estatutos, conforme a lo establecido en el artículo 149.3. No obstante, todo ello debe ser siempre atendiendo los principios fundamentales recogidos en el artículo 1 de
la propia norma constitucional, entre los que se encuentra la igualdad como valor superior del ordenamiento.


De esta forma, aunque legalmente las instituciones regionales cuentan en España con la posibilidad de regular y desarrollar ciertos aspectos del sistema educativo, de ninguna manera podrían hacerlo sin tener en cuenta el principio de
igualdad. La educación es el lugar privilegiado donde pueden corregirse las desigualdades derivadas del diferente origen social o económico de los jóvenes españoles.


Segundo.


Como consecuencia de los múltiples traspasos de competencias en materia de educación llevados a cabo por gobiernos de distinto signo político, se han generado grandes diferencias de carácter educativo entre las distintas regiones. Un claro
exponente



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de estas diferencias es la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad ('EBAU').


La EBAU es la prueba que permite el acceso al sistema universitario español, y su realización constituye un requisito necesario para lograr el acceso al estudio de un grado universitario. Sin embargo, la constante transferencia competencial
desde el Estado a las administraciones regionales ha provocado que en España existan hasta diecisiete EBAU diferentes. Es difícil discutir que esto es un despropósito desde cualquier punto de vista, empezando por el más básico de equidad.


Una de las consecuencias directas de esta situación es la disparidad en los resultados del examen dependiendo de la región. Por ejemplo, mientras que, en 2022, el porcentaje de sobresalientes en la fase general ordinaria de la EBAU se
situaba en un 2,1 % en la Comunidad Valenciana, este ascendía hasta un 13,6 % en el Principado de Asturias 1. Asimismo, mientras que el porcentaje de sobresalientes en la fase específica apenas alcanzaba el 6,7 % en las Islas Baleares, sobrepasaba
el 19 % en el Principado de Asturias 2.


De la misma manera, deviene necesario resaltar que el último informe PISA disponible, elaborado con criterios de la OCDE para evaluar el nivel educativo de los distintos países de todo el mundo, señalaba que la puntuación media estimada de
los estudiantes de España alcanza los 481 puntos, significativamente inferior a la de la media OCDE (489) y al total UE (494) 3. Igualmente, el referido informe ponía de manifiesto las desigualdades entre unas regiones españolas y otras indicando
que las puntuaciones medias estimadas más bajas corresponden a Ceuta (411) y Melilla (432) con 70 y 50 puntos menos, respectivamente, que la media estimada de España, y también alejadas de Canarias (460) y Andalucía (467), que son las más bajas
entre las regiones españolas, con resultados significativamente inferiores a los del promedio de España (y del conjunto de países OCDE) 4. Pese a lo expuesto, el Gobierno de la XIV Legislatura no ha tomado las medidas oportunas para revertir esta
situación. Es más, el Gobierno de España, a través de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('LOMLOE'), no sólo ha renunciado modificar la EBAU para convertirla en una
prueba única nacional sino que, además, ha rebajado el nivel del sistema educativo en la etapa escolar, diseñando unos currículos que son cada vez más genéricos e indeterminados, y permitiendo que los alumnos puedan pasar de curso aun cuando no
hayan aprobado todas las materias 5. Todo ello es incompatible con el deber de los poderes públicos de proteger el principio de igualdad que, como valor superior del ordenamiento, debe inspirar el sistema educativo español. La actual ordenación de
competencias se ha mostrado absolutamente ineficaz a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad de todos los alumnos españoles; y la política educativa del actual Gobierno de España no ha hecho más que agravar
este problema.


Tercero.


En resumen, el Estado tiene la competencia exclusiva e ineludible de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el cumplimiento del artículo 27 de la CE, lo que implica que debe asegurar que todos los
españoles puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación, también a la educación universitaria. Sin embargo, las deficiencias del modelo territorial de España, y la nefasta política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, han provocado
desigualdades significativas entre los españoles, que son especialmente agudas en el acceso a la universidad.


1 https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/03/NOTA-PAU2022.pdf


2 Ídem.


3 https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2018/pisa-2018- informes-es.html


4 Ídem.


5 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5521



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Así, por una parte, la descentralización de la educación sustentada en el sistema autonómico es negativa en términos de mera eficacia; por otra, conculca el principio de igualdad de los españoles permitiendo situaciones injustas como la
relativa a las diferencias entre unas regiones y otras con respecto a la EBAU. Una transferencia competencial que provoque desigualdad de derechos entre los nacionales de un mismo país es síntoma de un grave deterioro institucional, máxime si estas
competencias atañen a un derecho tan esencial como la educación.


Puede concluirse, a la vista de lo anterior, que el Gobierno de España, con su política educativa, ha ahondado en esas diferencias injustas y ha llevado al país a una disminución del nivel educativo, tanto desde el punto de vista de la
calidad académica como en el propio ámbito de la calidad democrática.


Por todo ello, urge llevar a cabo una reforma del sistema educativo que comience por garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles a través de una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
en todo el territorio nacional. Implantar una EBAU única para toda España es esencial para la mejora del sistema universitario español y, por extensión, para la prosperidad económica y social del conjunto de la Nación.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, que garantice la
igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-José Ramírez del Río, Jacobo González-Robatto Perote y Joaquín Robles López, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


161/000100


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a reducir el desempleo juvenil, para su discusión en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


Exposición de motivos


Primero. El derecho al trabajo.


El trabajo ocupa al menos un tercio del tiempo de las personas en edad productiva. Se trata de una actividad esencial para el desarrollo del ser humano, ya que no sólo representa una vía sustancial para su subsistencia económica, sino que
contribuye también a alcanzar la plena realización personal y social.


El artículo 35 de la Constitución Española ('CE') señala que 'todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio,



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a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia'. A través de esta disposición -y otras relacionadas, como el art. 7, 28, 37 y 40-, el texto constitucional conforma la
estructura de las relaciones laborales en España y sitúa el derecho al trabajo como una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente el modelo laboral constitucional.


Asimismo, la CE configura el derecho al trabajo como un derecho dinámico, lo que significa que establece tanto su reconocimiento formal como el deber de los poderes públicos de promover su realización efectiva. Así lo reconoce el Tribunal
Constitucional en su Sentencia 22/1981, de 2 de junio, al señalar lo siguiente:


'El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en el artículo 35.1 y 40.1 de nuestra
Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad y estabilidad en el
empleo, es decir, a no ser despedido si no existe una causa justa' 1.


Íntimamente unido a esto último, el artículo 40 de la CE introduce el deber de los poderes públicos de llevar a cabo una política orientada al pleno empleo.


Segundo. Datos de empleo en España.


Pese a lo expuesto, los datos de empleo de España muestran que la gestión del Gobierno en materia laboral dista mucho de conseguir el objetivo de pleno empleo que mandata la CE.


Uno de los rasgos distintivos del mercado laboral español es su elevada y persistente tasa de paro, que obstaculiza el desarrollo socioeconómico y la cohesión en España. Desde hace décadas, España soporta elevados niveles de desempleo, muy
especialmente en períodos de recesión, como ya ocurrió durante el primer trimestre del año 2013, cuando la tasa de paro alcanzó su máximo histórico llegando al 26,94 %.


Actualmente, lejos de lo que constantemente presume el Gobierno, la cifra continúa siendo gravemente preocupante, pues según la Encuesta de Población Activa ('EPA') la tasa de paro del tercer trimestre de 2023 se situó en el 11,84 % 2, con
un total de 2.855,2 miles de personas desempleadas.


Por su parte, el desempleo de larga duración (más de un año sin empleo) se erige como una de las principales lacras del modelo laboral español. En la actualidad, el 43,17 % de los desempleados llevan más de un año sin encontrar trabajo, y
el 25,35 % lleva más de dos años 3. Esta situación es particularmente alarmante entre los parados mayores de 50 años, pues estos suponen el 42,35 % del total de desempleados de larga duración, una situación que se agrava por la escasa capacidad del
mercado de reciclar y reinsertar a este tipo de parados 4.


Por otra parte, el desempleo en España afecta especialmente a los jóvenes, esto es, al grupo de población comprendido entre los 16 y 24 años. Así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ('OCDE'), señalaba en su última
estadística que nuestro país es el Estado miembro con la tasa de desempleo juvenil más alta. Según los últimos datos publicados por la OCDE, en España se observa una tasa de desempleo juvenil del 26,8 % 5, frente al 10,6 % de la media de la OCDE.


Unido al problema del desempleo juvenil, los jóvenes se enfrentan a la imposibilidad de acceder a un contrato indefinido, dada la fuerte segmentación que caracteriza el


1 https://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/5041637/Derecho%20de%20igualdad/20100218


2 https://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm#:~:text=La%20Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20


3 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo, n.º 38,2023 T2. ?Parados por tiempo de búsqueda de empleo, sexo y grupo de edad(4111) (ine.es).


4 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4111


5 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247#!tabs-tabla



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mercado laboral. Tal y como se expone en el último Informe de Jóvenes y Mercado de Trabajo, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la precariedad del mercado laboral español afecta muy especialmente a los jóvenes
españoles 6. En este sentido, cabe destacar los datos publicados en el referido informe, que situaban la tasa de temporalidad juvenil en el 49,4 % 7, o el hecho de que el 38,6 % de los jóvenes que trabajan tienen un contrato a tiempo parcial,
frente al 13,5 % de los trabajadores mayores de 25 años que han suscrito este tipo de contrato.


Todo lo expuesto pone de manifiesto la precariedad laboral que sufren los jóvenes españoles. Si bien, son muchas las posibles causas que explican esta precariedad laboral se pueden destacar algunas como el abandono escolar o la sobre
cualificación.


La tasa de abandono temprano de la educación en España es muy elevada. Según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022 la cifra alcanzó el 13,9 %, frente al 9,6 % de la UE 8. Ello convierte a España en el
segundo país de la UE con una tasa más pronunciada de abandono temprano de la educación.


Además, según demuestran los datos de Eurostat, el 35,9 % de los titulados universitarios y de posgrado trabajan en puestos que requieren una cualificación inferior, lo que sitúa a España a la cabeza de la sobrecualificación laboral en la
Unión Europea 9.


Los nefastos datos de empleo arriba referidos son el resultado de unas políticas gubernamentales que no han hecho más que empeorar la situación del mercado laboral en España, afectando especialmente al empleo juvenil. Así, unido a las
cuestiones arriba desarrolladas, los jóvenes deben afrontar otras dificultades a la hora de acceder a un empleo. Entre estas últimas destaca el elevado número de contratos temporales, el alto abandono escolar de los jóvenes 10 y la incapacidad del
mercado laboral para absorber la fuerza de trabajo de los jóvenes españoles.


Tercero. Conclusión.


Un mercado laboral frágil deriva en la pérdida de seguridad y confianza de quienes se están iniciando en su carrera, obstaculizando, por una parte, su desarrollo personal y profesional y por otra, desperdiciando su potencial y capacidad para
contribuir al crecimiento de la Nación.


Todo lo anterior demuestra que, a pesar del deber que la CE atribuye a los poderes públicos de garantizar el derecho al trabajo, el Gobierno de Sánchez, que reitera que está abordando satisfactoriamente los referidos problemas, no ha hecho
sino agravar con sus políticas la degradación del acceso al empleo en España, especialmente para los jóvenes.


Asimismo, otras cuestiones promovidas por el Ejecutivo, como la inmigración descontrolada, la permisividad de competencia desleal extranjera, la ausencia de políticas de apoyo a la familia o la financiación de unos sindicatos que no velan
por el bien de los trabajadores españoles, alientan igualmente el malestar de los jóvenes trabajadores y dificultan el pleno ejercicio de su derecho al trabajo.


En consecuencia, ante la situación descrita, resulta imperativo frenar el círculo vicioso de paro y precariedad al que se está condenando a los jóvenes españoles.


Para ello, es urgente promover medidas para mejorar el acceso y calidad del empleo en España.


6 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo, n.º 38,2023 T2.


7 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo, n.º 38,2023 T2.


8 Ministerio de Trabajo y Economía Social, Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo, n.º 38,2023 T2.


9 https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/sobrecualificacion-union-europea/


10 https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259944520169&p=12547351
10672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶ml=PYSDetalleFichaIndicador¶m3=1259937499084#:~:text=El%20abandono%20temprano%20ha%20disminuido,de%20forma%20temprana%201a%20educaci%C3%B3n.



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Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover el empleo estable, duradero y de calidad mediante la reducción de las cotizaciones a las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida, bonificando al 100 % los nuevos empleos creados durante el primer año
para cualquier edad, y al 50 % en el segundo año.


2. Elaborar un Plan eficaz de Reducción del Abandono Educativo Temprano y establecer un sistema de control anual de las medidas que se lleven a cabo en virtud de este último.


3. Mejorar la conexión entre el sistema de enseñanza superior y universitaria y las empresas, con el objeto de conseguir una mejor absorción del talento joven en el mercado de trabajo español.


4. Impulsar la mejora de la calidad de la formación profesional, así como la ampliación de la FP Dual con el objetivo de lograr una mejor inserción laboral adaptada a las necesidades de industrias, comercios y empresas.


5. Promocionar el emprendimiento local y promover políticas de retención del talento, tanto joven como de segunda oportunidad, para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos generalizados de
desindustrialización y reducción de costes.


6. Impulsar la dignificación de los oficios y las artes mediante el impulso a la formación profesional dual, presentando esta como una opción atractiva para que nuestros jóvenes adquieran las herramientas que les permitan acceder a un
empleo o emprender una iniciativa empresarial propia.


7. Impulsar la derogación de las modificaciones legislativas incorporadas por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo, y a su vez promover una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales.


8. Combinar el apoyo económico de las prestaciones por desempleo con medidas eficaces de formación y actualización profesional.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez y David García Gomis, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Industria y Turismo


161/000084


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Promoción
e implantación de la red de recarga del vehículo de hidrógeno, para su debate en instancia en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


En el año 2020 el Gobierno español aprobó la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que prevé para el año 2030, entre otras cosas, la instalación de entre 100 y 150 hidrogeneras de



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acceso público, un parque de entre 5.000 y 7.000 vehículos pesados y ligeros de pila de hidrógeno, y una flota de entre 150 y 200 autobuses con esta tecnología.


En el Estado español, además, los valles del hidrógeno son los ecosistemas dedicados al desarrollo de la tecnología del hidrógeno con el apoyo privado y de las administraciones públicas. En Catalunya, los proyectos de la Vall de l'Hidrogen,
situada en el Camp de Tarragona, buscan estimular la producción del hidrógeno verde para la movilidad sostenible, la economía circular, o el desarrollo de infraestructuras para el almacenamiento y la distribución del hidrógeno.


Además del impacto que estas iniciativas tendrán en conseguir un nuevo modelo de movilidad sostenible, también serán decisivas para la descarbonización de la industria, incluyendo sectores estratégicos (autonomía tecnológica y estratégica)
como, por ejemplo, el sector químico. En este sentido, el pasado 8 de febrero de 2023 se anunció que Tarragona acogería el Centre Català per la Descarbonització de la Indústria (Centro Catalán para la Descarbonización de la Industria), con un papel
clave del hidrógeno verde y un protagonismo compartido entre las grandes empresas del sector químico, agrupadas bajo la asociación AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona), y las principales universidades, centros públicos de investigación
y centros tecnológicos. Se trata, pues, de una iniciativa fundamental para contribuir a la descarbonización de la industria y la movilidad, con liderazgo privado y colaboración público-privada.


Es necesario también destacar los proyectos de la ciudad de Barcelona, la isla de Mallorca y el Port de València. En la capital catalana se sitúa la primera hidrogenera de producción in situ de uso público de Catalunya, utilizada para el
repostaje de ocho autobuses de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Asimismo, el pasado septiembre de 2023, TMB adjudicó 36 nuevos autobuses de hidrógeno, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. La intención de la compañía es poder tener el 25 % de la flota con vehículos de cero emisiones para el año 2024.


En Mallorca se ha instalado la primera planta de producción industrial de hidrógeno renovable del Estado, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la isla mediante el suministro de combustible renovable para el transporte. De la
misma manera, en el Port de València también se ha proyectado la instalación de una planta de producción de hidrógeno, la primera instalada en una infraestructura de tales características.


El hidrógeno verde, de esa forma, destaca como una gran oportunidad para avanzar en la descarbonización de la industria y de la movilidad. Se trata de una alternativa ideal a los combustibles fósiles, y es una realidad cada vez más
desarrollada en toda Europa.


Pero no todo son buenas noticias. La Asociación Española del Hidrógeno ha reclamado, repetidas veces, también en sede parlamentaria, la necesidad de desarrollar una red de infraestructuras de recarga, y así poder generar una mínima demanda
de vehículo con pila de hidrógeno, ya que, a día de hoy, es prácticamente inexistente. Además, también han denunciado la falta de incentivos y ayudas específicas para el desarrollo de la red de recarga, igualmente que las trabas administrativas que
frenan nuevas inversiones para la instalación de estaciones de repostaje abiertas al público.


Es más, la producción in situ del hidrógeno es una cuestión exclusiva de la industria química, excluyendo la posibilidad de instalar hidrogeneras en suelo no-industrial o en estaciones de servicio multi-combustible. Un hecho que frena
enormemente la implementación de una red de recarga de acceso público en el territorio español.


Las administraciones públicas deben facilitar el desarrollo y las inversiones en combustibles alternativos, y concretamente por el hidrógeno renovable, por la creación de riqueza y conocimiento que supone, además de su importancia en la
descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Además de combustibles limpios y descarbonizados, el objetivo debería ser la masificación del uso de materiales como el hidrógeno como substitutivo de materias primas en procesos industriales
críticos para la autonomía estratégica, la competitividad de nuestras empresas y que, a fecha de hoy, son altamente contaminantes.



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:


1. Fomentar el desarrollo de la red de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno en el Estado español, así como fomentar la demanda del mercado del vehículo con estas tecnologías.


2. Destinar a las Comunidades Autónomas, antes de seis meses, los recursos y las herramientas para la gestión de ayudas al desarrollo de redes de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno.


3. Desarrollar, antes de seis meses, una legislación específica para el diseño e instalación de hidrogeneras e hidrolineras. Permitiendo así su instalación también en suelo comercial y en estaciones de servicio multi-combustible.


4. Agilizar y simplificar, para cumplir con los objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, las trabas administrativas que frenen el desarrollo del vehículo de hidrógeno y su red de recarga.


5. Destinar los recursos económicos necesarios al apoyo de los valles del hidrógeno y a la estimulación de la producción de hidrógeno verde. Estos recursos deberían destinarse a fomentar el mercado del hidrógeno tanto en el ámbito de la
movilidad, como en las cadenas de valor industriales, contribuyendo de forma decisiva a compartir el riesgo tecnológico y estratégico con las empresas, incentivando la necesaria descarbonización de la actividad económica.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la Promoció
i implementació de la xarxa de recàrrega del vehicle d'hidrogen pel seu debat a la Comissió d'Indústria i Turisme.


Exposició de motius


L'any 2020 el Govern espanyol va aprovar la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que preveu per l'any 2030, entre altres coses, la instal·lació d'entre 100 i 150 hidrogeneres d'accés públic, un parc d'entre 5.000 i 7.000 vehicles pesats i lleugers de
pila d'hidrogen, i una flota d'entre 150 i 200 autobusos amb aquesta tecnologia.


A l'Esta espanyol, a més, les valls de l'hidrogen són els ecosistemes dedicats al desenvolupament de la tecnologia de l'hidrogen amb el recolzament privat i de les administracions públiques. A Catalunya, els projectes de la Vall de
l'Hidrogen, situats al Camp de Tarragona, busquen estimular la producció de l'hidrogen verd per a la mobilitat sostenible, l'economia circular, o el desenvolupament d'infraestructures per l'emmagatzematge i distribució de l'hidrogen.


A més de l'impacte que aquestes iniciatives tindran en aconseguir un nou model de mobilitat sostenible, també seran decisives per la descarbonització de la indústria, incloent-hi sectors estratègics (autonomia tecnològica i estratègica) com,
per exemple, el sector químic. En aquest sentit, el passat 8 de febrer de 2023, es va anunciar que Tarragona acolliria el Centre Català per la Descarbonització de la Indústria, amb un paper clau de l'hidrogen verd i un protagonisme compartit entre
les grans empreses del sector químic, agrupades a l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), i les principals universitats, centres públics d'investigació i centres tecnològics. Es tracta, doncs,



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d'una iniciativa fonamental per contribuir a la descarbonització de la indústria i de la mobilitat, amb un lideratge privat i col·laboració publicoprivada.


És necessari també destacar els projectes de la ciutat de Barcelona, l'illa de Mallorca i el Port de València. A la capital catalana se situa la primera hidrogenera de producció in situ d'ús públic de Catalunya, utilitzada per al proveïment
de vuit autobusos de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Així mateix, el passat setembre de 2023, TMB va adjudicar 36 nous autobusos d'hidrogen, finançats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La
intenció de la companyia és poder tenir el 25 % de la flota amb vehicles de zero emissions per a l'any 2024.


A Mallorca s'hi ha instal·lat la primera planta de producció industrial d'hidrogen renovable de l'Estat, amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a l'illa mitjançant el subministrament de combustible renovable per al transport. De la
mateixa manera, en el Port de València també s'hi ha projectat la instal·lació d'una planta de producció d'hidrogen, la primera instal·lada en una infraestructura d'aquestes característiques.


L'hidrogen verd, d'aquesta manera, destaca com una gran oportunitat per avançar en la descarbonització de la indústria i de la mobilitat. Es tracta d'una alternativa ideal als combustibles fòssils, i és una realitat cada vegada més
desenvolupada a tot Europa.


Però no tot són bones notícies. L'Associació Espanyola de l'Hidrogen ha reclamat, diverses vegades, també en seu parlamentària, la necessitat de desenvolupar una xarxa d'infraestructures de recàrrega, i així poder generar una mínima demanda
de vehicles amb pila d'hidrogen, ja que, a dia d'avui, és pràcticament inexistent. A més a més, també han denunciat la falta d'incentius i ajuts específics per al desenvolupament de la xarxa de recàrrega, igualment que les traves administratives
que frenen noves inversions per a la instal·lació d'estacions de proveïment obertes al públic.


A dia d'avui, també, la producció in situ de l'hidrogen és una qüestió exclusiva de la indústria química, excloent la possibilitat d'instal·lar hidrogenares en sòl no-industrial o en estacions multicombustible. Un fet que frena enormement
la implementació de la xarxa de recàrrega d'accés públic en territori espanyol.


Les administracions públiques han de facilitar el desenvolupament i les inversions en combustibles alternatius, i concretament per l'hidrogen renovable, per la creació de riquesa i coneixement que suposa, a més de la seva importància en la
descarbonització i la lluita contra el canvi climàtic. A part de ser combustibles nets i descarbonitzats, l'objectiu hauria de ser la massificació de l'ús de materials com l'hidrogen com a substitutiu de matèries primeres en processos industrials
crítics per a l'autonomia estratègica, competitivitat de les empreses i que, a dia d'avui, son altament contaminants.


Proposició no de Llei


'El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:


1. Fomentar el desenvolupament de la xarxa de recàrrega del vehicle elèctric i d'hidrogen a l'Estat espanyol, així com fomentar la demanda del mercat del vehicle amb aquestes tecnologies.


2. Destinar a les Comunitats Autònomes, abans de sis mesos, els recursos i eines per a la gestió d'ajudes al desenvolupament de xarxes de recàrrega del vehicle elèctric i d'hidrogen.


3. Desenvolupar, abans de sis mesos, una legislació específica pel disseny i instal·lació d'hidrogeneres i hidrolineres. Permetent així la seva instal·lació també en sòl comercial i en estacions de servei multicombustible.


4. Agilitzar i simplificar, per complir amb els objectius de la Hoja de Ruta del Hidrógeno, les traves administratives que frenen el desenvolupament del vehicle d'hidrogen i la seva xarxa de recàrrega.


5. Destinar els recursos econòmics necessaris al recolzament de les valls de l'hidrogen i a l'estimulació de la producció d'hidrogen verd. Aquests recursos haurien de destinar-se a fomentar el mercat de l'hidrogen tant en l'àmbit de la
mobilitat, com en les cadenes de valor industrials, contribuint de forma decisiva a compartir el risc tecnològic i



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estratègic de les empreses, incentivant la necessària descarbonització de l'activitat econòmica.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/000081


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección y al fomento de los cuidados que se prestan en la familia, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.


Exposición de motivos


Primero. Deber público de protección de la familia.


'Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia'. Así reza el artículo 39.1 de la Constitución Española, que establece el deber público de protección de una institución natural y jurídica que es
anterior al Estado, y de cuyo bienestar depende el futuro de la sociedad española.


El objeto de esta Proposición no de Ley es concretar esta obligación de protección en un ámbito muy concreto, el de los cuidados que se dispensan en el ámbito del hogar.


Segundo. La doble aportación de quienes se dedican a labores de cuidado en la familia.


Es frecuente en España que algunas personas, en ejercicio de su libertad 1, decidan dedicarse -de forma temporal o definitiva- a tareas de cuidado de sus hijos o de familiares con discapacidad o en situación de dependencia. Dicha labor
supone una aportación insustituible a la sociedad española en un doble sentido: ético y económico.


En primer lugar, encarna los valores que la Constitución propugna como superiores, en especial, el respeto y el cuidado de la vida en todas sus etapas, y la dignidad inalienable de todos. Por su contribución al bien común, las personas que
optan por desempeñar estas labores de cuidado constituyen un modelo personal y cívico digno de admiración.


En segundo lugar, las tareas de cuidado en el ámbito de la familia suponen una gran aportación a la economía española. Un artículo del Observatorio de la Fundación La Caixa contabiliza el valor del trabajo doméstico en 2019 (dentro del cual
la labor de cuidados es una de las más importantes) en una cifra equivalente al 40 % del PIB 2. Sin embargo, la referida aportación no se computa en las cifras macroeconómicas del país. Por ejemplo, como refiere el estudio el trabajo no remunerado
en la economía global, 'si la atención a


1 Según las estadísticas publicadas por el INE (ver 'INE. Inactivos que no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes según motivo y periodo', https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=5294), hasta un 40 % de las mujeres y hasta un 53
% de los hombres que escogen dedicarse a labores de cuidado doméstico lo hacen por razones distintas de la necesidad económica, por lo que se infiere que se trata de una decisión libremente escogida en el mejor sentido de la palabra, no motivada por
la necesidad -económica o de otro cariz-, sino voluntariamente elegida frente a otras opciones igualmente legítimas y factibles.


2 https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/%C2%BFcu%C3%A1nto-vale-el-trabajodom%C3%A9stico-en-espa%C3%B1a-#



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los niños se presta fuera de los hogares, se considera parte del PIB y se computa como inversión en capital humano, lo que no sucede si se hace en los hogares' 3.


Tercero. Necesidad de reconocimiento de la aportación social de las labores de cuidado en la familia.


La aportación al bien común que hemos descrito en términos éticos y económicos no goza, sin embargo, del reconocimiento que merece.


Así, según datos del INE 4, cerca de un 7 % de la población española se dedica a tareas de cuidado durante 5 o más horas al día. Ello supone una renuncia total o parcial a un empleo remunerado, pero se trata de una labor que no se
recompensa debidamente por parte de los poderes públicos.


Por otro lado, la opción por los cuidados tampoco es una elección que socialmente se valore, pese a que se trata de una labor esencial y que redunda en bien de toda la sociedad, como ya se ha apuntado.


Constituye, por tanto, un deber de los poderes públicos poner en valor dicha elección y proteger que se adopte en un contexto de libertad, para lo cual se requiere minimizar el impacto negativo económico, fiscal o laboral de las familias que
escojan dedicarse a los cuidados.


Las familias con hijos pequeños o personas a su cargo en situación de discapacidad o dependencia deben poder elegir cuidarlos ellos, para lo cual (i) han de poder asumir la reducción de ingresos que ello comporta, (ii) ha de fomentarse la
posibilidad de reincorporación al mercado laboral una vez cese la necesidad de cuidados, y (iii) ha de promoverse una verdadera conciliación familiar-laboral.


Además, es preciso vencer la consideración social negativa hacia el trabajo no remunerado, y superar la idea de que lo que no cuesta o no produce de forma tangible, no vale.


Se requiere de los poderes públicos, en suma, que fomenten un verdadero compromiso social por la familia y los cuidados de los más débiles de la sociedad, conscientes de que esa es la mejor apuesta que España puede hacer como Nación.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover las medidas de apoyo social, fiscal y laboral necesarias, para facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado en el hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de
dependencia.


2. Elevar -como mínimo, hasta el nivel medio europeo- la dotación presupuestaria destinada a políticas familiares.


3. Promover la valoración social de los cuidados que se prestan en el hogar. Para ello, se elaborarán campañas de sensibilización pública en las que se presente como un modelo social la dedicación personal a las labores de cuidado en el
entorno familiar.


4. Fomentar la valoración económica de la labor de cuidados en el hogar a través de su inclusión en el cómputo del PIB. A tal fin, se llevarán a cabo estudios conducentes a cuantificar económicamente esta actividad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Rocío de Meeer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


3 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2012_trabajo_no_remunerado.pdf, p. 232.


4 https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/10/&file=ctf01002.px&L=0



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161/000105


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las familias numerosas, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.


Exposición de motivos


Primero. La relevancia social de la familia.


La relevancia social, política y jurídica de la familia es innegable. En primer lugar, porque la familia es una realidad natural que existe antes que el Estado y lo fundamenta: es la base de la comunidad social. Sin familia no hay
sociedad y, por tanto, tampoco hay Estado posible.


En segundo lugar, la familia es una institución socio-jurídica esencial en tanto que realiza una aportación determinante para el mantenimiento de la sociedad, en términos de natalidad, de cuidados y de trabajo. La familia es el ámbito tanto
íntimo como social donde, en un contexto presidido por incondicionales lazos afectivos y en un clima de 'amor y comprensión' 1, nace, crece y se cuida la vida -igualmente digna- de todos los miembros; un contexto donde el integrante de la unidad
familiar desarrolla armónicamente su personalidad e inicia su vida en la comunidad de la que forma parte y a cuyo provecho debe contribuir.


Por estas razones, constituye una exigencia del bien común llevar a cabo las medidas necesarias por parte de los poderes públicos para proporcionar a la familia la protección social, económica y jurídica que precisa, tal y como se reconoce
en el artículo 39 de la Constitución Española.


Segundo. La familia numerosa, ejemplo de familia.


En 2021 había en España 757.410 2 familias numerosas; cientos de miles de hogares que apuestan de modo particularmente esforzado por la cultura de la vida, a sabiendas de las dificultades materiales y económicas que ello comporta.


Si bien todas las familias constituyen como conjunto un pilar básico de la vida social, las familias numerosas merecen un especial reconocimiento por razón de los desafíos a los que se enfrentan para lograr conciliar su vida familiar, junto
con el esfuerzo y la entrega que implica la crianza de varios hijos, máxime en un clima social contrario a la natalidad y en un contexto socioeconómico y laboral caracterizado por la crisis de principios y valores, las dificultades económicas y la
precariedad de los vínculos y las relaciones. Es sumamente positivo que la sociedad en su conjunto tenga como ejemplo este modelo de familia, que coopera de forma insustituible al bien común al traer al mundo y criar unos hijos que serán el sostén
de la sociedad futura.


De hecho, las particularidades de las familias numerosas justifican que estas cuenten en España con un marco normativo propio a nivel estatal, la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas -norma que ha sido
gravemente puesta en peligro por los promotores del truncado Proyecto de Ley de Familias-.


1 Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993: 'Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad,
el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión' ('BOE' núm. 182, de 1 de agosto de 1995, pág. 23448).


2 https://www.eldebate.com/familia/20230717/radiografia-familias-numerosas-espana-total-757-41fl-mayoria-andaluza128306.html



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Tercero. Necesidad de políticas de apoyo a las familias numerosas.


En un contexto de crisis demográfica 3, las familias españolas están sufriendo directamente las consecuencias de las políticas económicas puestas en práctica por el Gobierno. La negligente gestión del Ejecutivo ha provocado un aumento
desmesurado de la recaudación fiscal con unas cifras récord de ingresos de la Hacienda Pública que, sin embargo, no lo han empujado a bajar los impuestos ni a incrementar la renta disponible en los hogares. El Ejecutivo, lejos de destinar estos
ingresos a paliar el estado de emergencia social que viven los españoles, los ha destinado a subvencionar sus caprichos ideológicos.


La actual política fiscal no está protegiendo a las familias españolas frente a la inflación y la crisis energética, hecho que ha propiciado la pérdida de capacidad adquisitiva de las mismas, que ven reducida su renta disponible. Es urgente
promover un régimen de apoyo y ayudas a la familia. En particular, se ha de prestar un cuidado especial a las familias numerosas por la gran aportación que hacen a la Nación y por las elevadas cargas económicas y sacrificios que asumen para hacer
frente a sus necesidades cotidianas 4.


Por otro lado, la nefasta política de vivienda de las últimas décadas tampoco ha favorecido la formación y el desarrollo de las familias, muy al contrario, de manera general se ha truncado el deseo de muchos españoles de tener un hogar en el
que desarrollar su proyecto de familia.


En este contexto económico y social resulta necesario desarrollar medidas de promoción de la familia y de la natalidad, las cuales deben implicar, entre otras cuestiones, una reforma fiscal que tenga en cuenta la perspectiva de familia y que
permita a las familias españolas gozar de estabilidad tanto en el plano económico como en el social. También es necesario dotar a las familias de medidas de conciliación familiar y laboral.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Tomar conciencia del relevante papel social que desempeñan las familias numerosas al servicio de España y del bien común, y de su importancia central en nuestro futuro como sociedad, y actuar de modo consecuente en todas las políticas
que impulse.


2. Promover la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuatro puntos por cada hijo, de modo que una familia con cuatro hijos no tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas si las rentas son
inferiores a 70.000 euros y pague solo un 9 % si sus rentas son superiores a 70.000 euros.


3. Favorecer el establecimiento de una deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por un importe de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 euros por el segundo, 2.500 por el tercero y 2.750
por el cuarto hijo en adelante, con la posibilidad de cobro de manera anticipada a través de la Agencia Tributaria.


4. Impulsar las modificaciones normativas necesarias para que los costes laborales derivados de la contratación de asistencia en el hogar y personal sanitario de ayuda a las familias, y también los gastos escolares, reduzcan la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


5. Promover la modificación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para aumentar los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
especialmente en el caso de las familias en las que uno de los cónyuges decida dedicarse al cuidado de sus hijos.


3 Según el Observatorio de Bioética Instituto Ciencias de la Vida, nuestra tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer, superando únicamente a Corea del Sur, China y Malta.


4 Según el Instituto Nacional de Estadística ('INE') el gasto medio por hogar fue de 31.568 euros en 2022, con una subida del 7,9 % respecto 2021 (https://www.ine.es/prensa/epf2022.pdf).



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6. Favorecer la reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas.


7. Impulsar la eliminación del Impuesto sobre el Valor Añadido en la adquisición de la primera vivienda habitual y el diseño de planes sociales de alquiler.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2023.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/000114


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de políticas públicas destinadas a mitigar la soledad y el aislamiento social, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y
Consumo.


Exposición de motivos


Primero. La soledad y el aislamiento social.


El hombre, como animal comunitario, social y político por naturaleza 1, no puede vivir sino relacionado, arraigado y en comunidad. Es en su interacción con otros seres humanos donde alcanza su plenitud.


La comunidad 2 corresponde a la naturaleza del hombre, le es necesaria; y, entendida como el contexto o entorno en el que las personas vivimos en cuanto seres sociales (las familias, barrios, pueblos y ciudades), es el escenario fundamental
de vida de cualquier persona. Es fundamental conocer el entorno e identificar en él las oportunidades de vida significativa que ofrece a las personas, en especial aquellas en situación de dependencia, como estrategia clave para evitar situaciones
de aislamiento y soledad no deseada.


Efectivamente, en las sociedades modernas e híper conectadas en las que vivimos afloran cada vez con mayor fuerza los fenómenos de la soledad y el aislamiento social, y debido a ello son centrales las ayudas a las familias y la proximidad y
el diseño de los centros y servicios, para promover una vida activa en la comunidad y contribuir y facilitar que las personas permanezcan y se mantengan conectadas con las personas, hogares y lugares que son significativos para ellas.


La soledad es un problema social generalizado. Hablar de soledad es hablar de un drama intergeneracional: personas mayores que viven solas, sin compañía, atención y cuidados; jóvenes sometidos a un paro desmedido y crónico, a la
inestabilidad y a condiciones de trabajo precarias; hijos cuyos padres son incapaces de conciliar su vida laboral y familiar, etc. Es evidente que la propagación de la soledad no se da sino en un clima contrario al arraigo y a los vínculos
fundamentales para la persona, empezando por la familia, célula básica de la sociedad.


1 'Homo est animal politicum [zoon politikon]: El ser humano es un animal político' (Aristóteles, Política, 1253a 1-3).


2 Es clásica ya la contraposición arquetípica de Tónnies entre comunidad (Gemeinschaft) y sociedad (Gesellschaft), con sus agudizaciones dualistas, que no debe ser exasperada. Cf. Ferdinand Tónnies (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887);
Comunidad y sociedad, Buenos Aires Losada, 1947.



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Segundo. Consecuencias dramáticas provocadas por la soledad y el aislamiento social.


Si la soledad está íntimamente relacionada con la experiencia personal y el sentimiento causado por la ausencia de compañía, el aislamiento social está caracterizado por su dimensión externa, donde influyen diversos factores
económico-sociales y culturales.


Las consecuencias que provocan la soledad y el aislamiento social son dramáticas. Así, la soledad puede desembocar en depresión, ansiedad, aumento de las posibilidades de padecer enfermedades cardiacas, problemas de sueño o aumento del
riesgo de suicidio 3. Además, la muerte en soledad es un tema de innegable relevancia 4.


El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) señala que un 13,4 % de personas en España se encuentran en situación de soledad, de las cuales un 23 % son personas con algún tipo de discapacidad 5.


Cabe señalar que la soledad no deseada tiene un fuerte impacto en la juventud, y prueba de ello es que 'el 21,9 % de las personas de entre 16 y 24 años sufre una situación de soledad no deseada' 6.


Tercero. Atención social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias.


La salud mental trasciende lo sanitario, tiene que ver también con lo social, con las oportunidades de trabajo, con las condiciones de trabajo dignas, con la integración, con la educación, con el respeto a la familia, con la atención a la
dependencia, con la información rigurosa desde los medios de comunicación, y con el cuidado de los vulnerables y de los propios cuidadores 7.


Durante la crisis nacional de la COVID-19, el confinamiento ilegal e inconstitucional de los ciudadanos en viviendas y centros socio sanitarios aumentó el sentimiento de soledad y aislamiento de miles de personas que viven y residen en
España, muchas de ellas ancianas, manifestándose así con mayor crudeza la magnitud social de la soledad no deseada y el aislamiento social de miles de personas que la sufren.


La soledad y aislamiento social son uno de los grandes males del siglo XXI, en aparente contradicción con el fenómeno social caracterizado por el aumento de densidad en las ciudades, de las comunicaciones electrónicas y de la perenne
compañía de los dispositivos móviles.


La soledad, aislamiento y salud mental se relacionan recíprocamente. En este sentido, es deber de las instituciones brindar una atención especializada y preferente a las personas especialmente vulnerables (como son las personas mayores,
niños y jóvenes). Ello a través de su atención integral, respeto a su dignidad e integridad física y moral y consideración a su edad y circunstancias personales y sociales. En particular, se ha de hacer frente a la amenaza creciente de desarrollar
problemas emocionales, en forma de soledad no deseada, trastornos de la conducta alimentaria, otros trastornos de conducta o adicciones con o sin sustancias como son las adicciones comportamentales (videojuegos, pantallas, redes, pornografía, etc.),
atendiendo específicamente, por su altísima gravedad, a las autolesiones e intentos de suicidio que provocan daños inmensos en las familias y en el conjunto de la Nación.


3 https://www.65ymas.com/opinión/problema-soledad-no-deseada-entre-personas-mayores_49535_102.html.


4 Cf. Forjaz, M.J., et alia. 2021. 'Sumando calidad de vida a los años: propuestas para combatir la soledad y promover la una buena salud mental en personas mayores'. Disponible en:
https://repisalud.isciii.es/bitstream/handle/20.500.12105/13246/Sumando_Calidad_Vida_A%c3%b1os2021.pdf


5 https://www.soledades.es/estudios/el-coste-de-la-soledad-no-deseada-en-espana


6 https://www.rtve.es/noticias/20230417/soledad-no-deseada-espana-2021-estudio- observatorioestatal/2439133.shtml.


7 Cf. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2009-2013), p. 34. Accesible en: https://www.sanidad.gob.es/organización/sns/planCalidadSNS/docs/saludmental/SaludMental2009-2013.pdf.



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Cuarto. El suicidio: un drama social que no para de crecer.


El drama social del suicidio se inserta en una tendencia global de anomía y aislamiento y, según la Organización Mundial de la Salud, se cobra la vida de más de 700.000 personas al año en todo el mundo 8. Cada año pierden la vida más
personas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios.


Esta lacra global tiene una evidente y preocupante traslación en España donde, según publica la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, en 2021 se registraron en España 4.003 muertes por suicidio (11 personas al
día) 9, 2.982 hombres y 1.201 mujeres. En concreto, 3 de cada 4 fallecidos por suicidio en 2021 fueron hombres y la mitad de los fallecidos tenía una edad comprendida entre los 40 y los 64 años (2.016 personas). En relación con la distribución
geográfica, las tasas más altas de mortalidad por suicidio se produjeron en las provincias de Galicia (todas), Andalucía (Córdoba, Jaén, Málaga y Granada), Castilla y León (Zamora, León, Palencia, Burgos y Ávila), Cataluña (Gerona) y Aragón (Teruel
y Huesca) 10.


Por otro lado, según la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, la cifra de suicidios en nuestro país es tres veces superior a los accidentes de tráfico, trece veces superior a la de los homicidios, y casi noventa veces superior
a la de las víctimas mortales por la mal llamada 'violencia de género'.


Las causas del suicidio, bien sea en grado de tentativa o consumado, obedecen a muy diversos factores. Especialmente preocupante en el caso de los jóvenes, entre los que, tal como apunta el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, se han
incrementado los intentos suicidas en un 250 %. Tal como señala Save the Children, el acoso escolar o ciberbullying es un factor de riesgo importante para la conducta suicida como refleja el hecho de que los menores que son víctimas de acoso
escolar (bullying) tienen 2,23 veces más riesgo de padecer ideaciones suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicido que aquellos que no lo han sufrido. En esta línea, resulta imprescindible prestar especial atención al factor de
riesgo emergente que representan las nuevas tecnologías y especialmente las redes sociales 11.


Un sector especialmente afectado por esta lacra son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los funcionarios de prisiones. Los suicidios entre los agentes de policía de las FCSE en España aumentaron más de un 50 % durante el año 2021.
El Instituto Nacional de Estadística apunta que la tasa de suicidios en España es de 8,31 por cada 100.000 habitantes, pero esta cifra aumenta considerablemente cuando hablamos de agentes de policía. En 2020 creció el número total de suicidios en
este sector, 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. En Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, la tasa de suicidios en 2021 fue de 23,2 por cada 100.000 agentes. Las causas de los suicidios entre militares y agentes de policía
son muy diversas, pero entre los factores que más influyen están las tremendas cargas psicosociales y emocionales que deben soportar los agentes en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las armas de fuego, o el pase a la reserva o retiro tras
una carrera militar o policial frenética.


Quinto. Fortalecimiento del tejido familiar y social.


Fortalecer el tejido familiar es reforzar el tejido social y la conservación de los ideales de solidaridad, y convivencia, necesarios en la sociedad. Consecuentemente con lo


8 https://es.statista.com/gráfico/15388/tasa-de-suicidios-en-paises-seleccionados/#:~:text=Seg%C3%BAn%201a%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de,de%2015%20a%2029%20a%C3%B1os.


9 Esto supone una tasa cruda de mortalidad por suicidio de 8,45 fallecidos por cada 100.000 habitantes.


10 Accesible en: https://www.plataformanacionalsuicidio.es/mapa


11 La doctora Susana Escames Bermúdez recoge una advertencia de Zygmunt Bauman, indicando que las 'nuevas tecnologías han modificado la forma de establecer relaciones interpersonales' y que 'el hecho que desde la soledad de una habitación
sea posible comunicarse con decenas de personas a la vez, ha propiciado la fragilidad a la hora de establecer vínculos: el aislamiento social se consolida, siendo las 'conexiones' resultantes cada vez más superficiales y breves'.



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establecido en la Constitución Española 12, los poderes públicos deben fomentar, estimular y promover las condiciones necesarias para un mejor desarrollo familiar. El ser humano vive su primera experiencia 'social' en el seno de la familia,
institución esencial para la constitución y la conservación de la comunidad social; sin embargo, la falta de apoyos e incentivos a la natalidad y a la emancipación de los jóvenes, quienes afrontan grandes dificultades para formar una familia, está
consolidando una tendencia consistente en que cada vez existe en España un mayor número de hogares formados por una sola persona. El Instituto Nacional de Estadística ('INE') recoge en su 'Encuesta Continua de Hogares (ECH)' que 'en España había
4.849.900 personas viviendo solas en el año 2020. De esta cifra, 2.131.400 (un 43,6 %) tenían 65 o más años' 13. Si bien es cierto que existen otros factores económico-sociales que contribuyen al aislamiento social 14, la realidad es que los datos
evidencian un factor innegable: a menos familias y menor número de hijos, mayor soledad y aislamiento social. Cabe señalar que en el año 2022 nacieron en España 329.892 niños, 7.488 menos que en el año 2021; un descenso de un 2,21 %. Esta
realidad refleja que la tasa de natalidad en nuestro país en el año 2022 fue del 6,9 % y el índice de fecundidad se situó en 1,19 hijos por mujer; muy por debajo del 2,1 necesario para llegar a la fecundidad de reemplazo 15.


A este respecto, no se debe pasar por alto la urgencia de establecer una red solidaria de ayuda y apoyo a la mujer embarazada para ofrecerle soluciones alternativas a sus problemas que sean compatibles con la continuación de la gestación.
La sociedad y los poderes públicos deben implicarse activamente para que ni una sola mujer en España se vea en tal situación de soledad, falta de apoyo y carencia de ayuda solidaria, que el aborto se le presente como la única salida posible. Es una
imperiosa necesidad en nuestra sociedad generar una red de apoyo solidario a la mujer embarazada para que esta encuentre alternativas positivas respetuosas con la vida humana naciente.


Es preciso además detenerse en la existencia de la relación entre ciertos factores psicosociales y el riesgo de suicidio. Alguno de los factores primordiales en personas mayores es el aislamiento social y la soledad, producida al vivir solo
o lejos de la familia y los amigos 16. También constituyen riesgo los problemas familiares 17 e interpersonales, el duelo 18, así como la viudedad o el divorcio 111.


Por último, debe traerse a colación el estrecho vínculo existente entre la soledad y la dramática despoblación que padecen algunas regiones de la España rural. El sobre envejecimiento y la pérdida de población en ciertas regiones del ámbito
rural supone uno de los principales problemas y preocupaciones que deben afrontar los poderes públicos para atajar el aislamiento social que sufren nuestros mayores, en especial, y el resto de los habitantes del medio rural, en general.


En dichas regiones existen dos tipos de soledad: la que viven las personas mayores a medida que pierden sus redes familiares y la soledad del abandono y del olvido


12 'Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia'. Art. 39.1 de la Constitución Española ('BOE' núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pág. 29319).


13 https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf.


14 En el actual contexto de crisis económica y social, es necesario dotar de más recursos a los servicios sociosanitarios para cuidar de nuestros compatriotas en momentos de miseria y necesidad. Según una investigación de la revista British
Journal of Psychiatry sobre datos de la crisis de 2008, las grandes crisis económicas pueden empeorar la salud mental y espiritual y, potencialmente, conducir al suicidio principalmente por tres razones: la pérdida de trabajo, los suicidios son 2,5
veces más frecuentes entre personas en paro; el endeudamiento; y, en tercer lugar, deuda y desempleo dan lugar a la ejecución de hipotecas y desahucios que están a su vez asociados con depresión y trastornos de ansiedad.


15 https://datosmacro.expansion.com/demografía/natalidad/espana.


16 Wiktorsson S, Runeson B, Skoog I, Ostling S, Waern M. Attempted suicide in the elderly: Characterístics of suicide attempters 70 years and older and a general population comparison group. Am J Geriatr Psychiatr. 2010;18 (1)57-67


17 Grek A. Clinical management of suicidality in the elderly: an opportunity for involvement in the Uves of older patients. Can ] Psychiatry. 2007;52(6 Suppl 1):47S-57S.


18 Harwood DM, Hawton K, Hope T, Harriss L, Jacoby R. Life problems and physical illness as riskfactors for suicide in older people: a descripüve and case-control study. Psychol Med. 2006;36(9):1265-74


111 Royal College of Psychiatrists. Self-harm, Suicide and Risk: Helping People who Self-harm. London: Royal College of Psychiatrists; 2010. Informe No.: CR158, p. 31. Accesible en:
https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/better-mh-policy/collegereports/college-report-cr158.pdf.



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institucional. La España rural se está despoblando a pasos agigantados como consecuencia de las políticas promovidas por los sucesivos gobiernos, encaminadas a asfixiar el modo de vida rural a base de impuestos y trabas burocráticas y a
denigrarla mediante leyes climáticas e ideológicas.


Sexto. Conclusión.


En definitiva, se puede afirmar que el análisis de las causas objetivas que producen la soledad y el aislamiento social es un reto que los poderes públicos tienen que afrontar para llevar a cabo medidas y políticas públicas que, en pleno
respeto de la dignidad de toda persona, fomenten el libre y pleno desarrollo de todos los ciudadanos, para una mayor consecución del bien común.


El Grupo Parlamentario VOX defiende la promoción de políticas públicas destinadas a reforzar la familia y sus vínculos, a fomentar la cultura de la vida y a tejer lazos comunitarios que cohesionen nuestros municipios y regiones, para poner
fin al clima social que ahoga a los españoles incrementando la soledad y el aislamiento social.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el ámbito de la Administración General del Estado, y a fomentar, en el ámbito competencial de otras entidades territoriales, el diseño y realización de políticas a favor de la
familia y la persona como medio fundamental para hacer frente a la soledad y el aislamiento social:


1. Elaborar un estudio y/o informe que permita realizar un análisis completo de la soledad y el aislamiento social y que incluya las causas y consecuencias de ambos fenómenos, así como su relación con el invierno demográfico, la falta de
medidas de apoyo familiar, el incremento de los hogares unipersonales, la estigmatización de la familia, la despoblación de ciertas zonas de la España rural, o la salud mental, entre otras.


2. Garantizar mediante el Sistema Nacional de Salud el establecimiento de mecanismos para la identificación de personas mayores, especialmente las que viven en soledad, con problemas de salud mental para su abordaje integral y
multidisciplinar.


3. Garantizar la existencia de mecanismos de coordinación con Atención Primaria y Servicios Sociales para la atención a personas mayores fomentando el intercambio de información para un mejor abordaje integral.


4. Fomentar el trabajo compartido de los trabajadores sociales del ámbito sanitario con el resto de los profesionales, en el desarrollo de protocolos orientados a cronicidad, dependencia, vulnerabilidad o maltrato y/o atención a la soledad
no deseada.


5. En relación con la atención social integral de las personas con problemas de salud mental y de sus familias:


a) Establecer la concreción de los medios necesarios, incluidos todos aquellos dirigidos a promover su participación mediante centros de orientación familiar, escuelas de salud o actuaciones comunitarias para la prevención de la soledad no
deseada, entre ellas, plantear medidas contra el aislamiento y la soledad no deseada en los municipios en riesgo de despoblamiento y sus comarcas, favoreciendo la autonomía personal y actividades de tipo social, educativo, deportivo y cultural
adaptadas al entorno, el trabajo en red o comunitario, la participación, la convivencia y la solidaridad ínter generacionales.


b) Impulsar campañas de sensibilización y comunicación sobre la relación que existe entre los problemas de salud mental y el aislamiento social y la soledad no deseada, con especial atención a jóvenes y personas mayores.



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6. En relación con el suicidio:


c) Promover que los servicios sanitarios autonómicos garanticen en los centros sanitarios la presencia de personal sanitario especializado para atender a los pacientes, así como que el servicio de emergencias del 112 esté formado en la
atención ante el suicidio, prestando particular atención a la asistencia especializada a adolescentes y personas más vulnerables.


d) Promover que sean desarrolladas acciones formativas para profesionales sanitarios de Atención Primaria, Emergencias y salud mental dirigidas a la detección precoz y la atención de las personas con conductas suicidas, atendiendo a las
necesidades específicas de los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía), Servicio de Vigilancia Aduanera, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, así como de los
agentes de los Cuerpos de policías autonómicas y policías locales.


e) Promover que los servicios sanitarios autonómicos garanticen las camas de ingreso en planta de hospitalización a cualquier enfermo con patología mental que lo requiera y especialmente a los centros orientados a tratar las patologías que
presentan más incidencia entre adolescentes como son los trastornos de la alimentación, los trastornos límites de la personalidad o las adicciones.


f) Promover que los servicios sanitarios autonómicos garanticen el aumento de las plazas de centros de día para enfermos con patología psiquiátrica, así como las plazas en centros de reeducación y en centros de salud mental infanto-juvenil
para asegurar una atención temprana y correcta de esta población especialmente vulnerable.


g) Promover la celebración de convenios laborales con empresas para favorecer la reinserción social y ayudar a lograr la autonomía personal de los grupos de riesgo.


h) Promover la reducción drástica de las listas de espera para servicios médicos relacionados con la salud mental.


i) Diseñar nuevas campañas de información entre los grupos de riesgo para dar a conocer la realidad del suicidio.


j) Promover la formalización de los instrumentos adecuados y la celebración de los convenios oportunos para que sea garantizada la asistencia psicológica gratuita, así como la asistencia espiritual y el acompañamiento especializado de las
familias y allegados afectados por el drama del suicidio.


7. En relación con el fortalecimiento del tejido familiar y social:


k) Situar a la familia en el centro de las políticas públicas e incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes y disposiciones. Asegurar asimismo que la centralidad de la familia sea un principio rector en la Estrategia
Nacional contra la soledad no deseada.


l) Promover y elaborar políticas públicas de apoyo en favor de las familias españolas que agrupen medidas institucionales, laborales, tributarias, bioéticas, sociales y de concienciación, que fomenten el cuidado de los mayores y las
relaciones interpersonales de los mismos, y que impulsen la natalidad.


m) Generar una red de apoyo solidario a la mujer embarazada para que esta encuentre alternativas positivas respetuosas con la vida humana naciente.


n) Establecer medidas que aborden el estrecho vínculo existente entre la soledad y la dramática despoblación que padecen algunas regiones de la España rural.


o) Establecer en favor de las familias españolas deducciones e incentivos fiscales, entre otros, por los siguientes conceptos:


i. Por ayuda y apoyo a la mujer embarazada y a las familias numerosas.


ii. Por cuidado de familiares: por cada descendiente menor de 3 años y por cada ascendiente mayor de 65 años, y por ascendientes o descendientes, cónyuges o hermanos que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.



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iii. Por realización por parte de uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no remuneradas en el hogar.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2024.-Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/00083


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Proposición no de Ley sobre instrumentación de ayudas del Gobierno a los sectores del olivar y el viñedo.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicarla en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre instrumentación de ayudas del Gobierno a los sectores del olivar y
el viñedo, para su debate en Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha incidido de forma muy negativa en la situación que atravesaban ya la mayor parte de los sectores agrarios, lastrada por un incremento sostenido de los costes de producción como
consecuencia de aumento de los precios de la energía y los combustibles.


En este período los bienes y servicios de uso corriente en el sector han experimentado un encarecimiento del orden del 50 % y, particularmente algunos, como el carburante, se han llegado a incrementar un 85 % y los fertilizantes
prácticamente han duplicado su precio. Igualmente, los bienes de inversión han elevado su coste en el entorno del 20 %.


Esta situación ha empeorado de forma especial; ya que, a la subida de los costes productivos, se ha unido una sequía que se prologa ya durante dos campañas. Según el índice estandarizado de precipitaciones a dos años, aproximadamente un 70
% del territorio del Estado presente índices por debajo del que sería normal con amplias áreas



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que ocupan extensiones importantes en varias Comunidades con valores de seco a muy seco.


Esto ha provocado cosechas cortas en los sectores de viñedo y de olivar. La campaña vitivinícola de 2022 fue una de las cuatro de menor volumen de la última década. Por su parte la recolección de aceituna 2022/2023 cerró con una producción
de la mitad de la media habitual en el sector en los últimos años. Las previsiones para ambos sectores en esta presente campaña estiman reducciones también muy importantes, acumulado los olivicultores y viticultores dos malos ejercicios
consecutivos y, además, con unos costes de producción elevadísimos.


Por otro lado, se ha producido, fruto de la sequía y de la invasión bélica por parte de Rusia a Ucrania, una inestabilidad comercial que también ha afectado a los mercados tanto internos como externos, en los que también está influyendo una
reducción del poder adquisitivo de los productores.


Para el vino todo ello se está traduciendo en una reducción del consumo, más centrado en ciertos tipos, así como en dificultades excepcionales para su comercialización en los principales mercados de exportación.


En el caso del aceite de oliva se ha provocado, por añadidura, una espiral inflacionista del precio al consumidor con un aumento del precio en el último año de casi un 40 %, aunque en el caso del aceite de mayor calidad, el virgen extra, el
precio se ha triplicado. Esta subida en destino no beneficia al conjunto de los productores de aceituna, pero si genera efectos perversos como la disminución de un 17 % del consumo interno y la caída de las exportaciones en un 35 %, en un año.


Pese a ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las diversas medidas puestas en marcha como respuesta al agravamiento de las condiciones económicas del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatológicas, no ha contemplado en ningún momento apoyos para los productores de sector olivar, ni para los productores del sector viñedo.


Aunque el mercado deberá adaptarse gradualmente a las nuevas circunstancias, se considera necesario en estos momentos apoyar a los productores en estos dos sectores, en los que los costes de los insumos están aumentando hasta niveles
insostenibles, y en los que los productos no pueden encontrar una salida normal al mercado.


Por todo lo apuntado, y para reaccionar con eficiencia y eficacia ante la situación descrita, se considera necesario instrumentar una medida excepcional para la concesión directa de una ayuda a fin de compensar las negativas consecuencias
económicas del conflicto bélico en Ucrania, agravada por las circunstancias climatológicas, para las explotaciones agrarias en los sectores de olivar y viñedo y por ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer, en el plazo de dos meses, una ayuda excepcional a las explotaciones agrarias en los sectores de olivar y viñedo, en compensación por la disminución de ingresos percibidos por los productores como consecuencia del incremento
de costes productivos provocados por el aumento del precio los insumos, derivado de la situación creada por la invasión de Ucrania, situación que se ha visto agravada por la disminución de la cosecha por el impacto de la sequía.


2. Destinar esta ayuda, como beneficiarios, a las explotaciones calificadas como prioritarias, así como a aquellas cuyos titulares sean agricultores a título principal, conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones, con superficies de olivar y viñedo en secano o en regadío deficitario con motivo de la situación climática.


3. Dotar una partida presupuestaria para financiar las ayudas destinadas a las superficies de viñedo de secano y regadío deficitario, así como para las superficies de



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olivar de secano y regadío deficitario, debiendo procederse, en su caso, a las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.


4. Instrumentar la ayuda mediante un procedimiento de concesión directa que asegure la rápida recepción de la misma por parte de los agricultores y que garantice los derechos de los administrados afectados por la brecha digital en sus
relaciones con la administración.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Juan Antonio Valero Morales, Verónica Martínez Barbero y Enrique Fernando Santiago Romero, Diputados.-Águeda Micó Micó, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


161/000089


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al aceite de oliva para
paliar los problemas de las últimas campañas y la crisis de precios, para su debate en el Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El aceite de oliva es la principal fuente de grasa vegetal de la dieta mediterránea. España es un gran consumidor de aceite de oliva y es líder mundial en superficie cultivada, producción y comercio. Según datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2022 el consumo per cápita medio del total de aceites de oliva en el hogar (AO virgen Extra + AO Extra + A Oliva) de cada español se situó en 7,26 litros, aunque esta cantidad está fluctuando en los últimos
años.


La producción anual de aceite de oliva en España se sitúa en torno a 1,4 millones de toneladas, pero la media de los últimos cuatro años no supera los 1,17 millones. Según las primeras estimaciones del gobierno, la producción de aceite de
oliva en la campaña 2023/24 en España se situará en 765.300 toneladas, lo que supone un 34 % por debajo de la media de las últimas cuatro campañas, más si lo comparamos con un año normal, y solo un 15 % por encima de las 664.000 toneladas de la baja
cosecha de la temporada anterior.


Esta situación se puede achacar no sólo a las altas temperaturas que se han registrado estos años, especialmente en momentos sensible como la floración o cuajado del fruto durante la primavera, sino también y especialmente, a la escasa e
irregular pluviometría, las reducidas reservas de agua, y la falta de regadíos modernizados en zonas que lo precisan.


Dos campañas de baja producción y la reducción de las reservas disponibles están distorsionando el mercado del aceite de oliva. Por estos motivos, junto a la inflación descontrolada por el aumento en los costes de producción, se ha generado
un incremento considerable de los precios.


El aceite de oliva ocupa el primer puesto en el ranking de subida de los precios de los alimentos y, según el índice de Precios de Consumo (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística, subió un 10 % en el último mes de septiembre,
el 38,7 % en lo que va de año 2023, el 67 % de variación interanual y acumula una subida del 138 % desde febrero de 2021.


En el año 2023 la caída que se registra en el consumo está dando lugar a un desplazamiento de la demanda hacia otros aceites. El Consejo Oleícola Internacional cifra la caída del consumo de aceite de oliva en España en un 27,6 %. El riesgo
que existe es



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que cuando la producción vuelva a ser la habitual, el consumidor no regrese al aceite de oliva, especialmente si la crisis económica no se corrige.


En este contexto de altos precios han empezado a ser frecuentes los robos, tanto a nivel comercio como a escala de distribución o de las propias explotaciones de olivar, y los fraudes en la calidad que, en ambos casos, puede dar origen a un
comercio ilegal de aceite que repercute en la imagen del producto.


Algo similar puede suceder con el comercio exterior. En el año 2022 ya se produjo una reducción del volumen exportado, aunque aumentó en valor por la subida de los precios medios. Esta tendencia se ha mantenido en la primera parte del año
2023, desplomándose la exportación. Se corre el riesgo que otros países productores competidores ocupen y consoliden su posición en el comercio internacional del aceite.


Por tanto, ante la drástica reducción del consumo, es necesario reforzar las campañas de promoción que se centren en la importancia del consumo de aceite de oliva y su efecto beneficioso sobre la salud, para ayudar a recuperar el consumo
interno una vez volvamos a niveles normales de producción. Así mismo, será necesario un apoyo a la internacionalización del sector para recuperar la posición de las empresas el comercio exterior.


Hasta la fecha ha sido habitual tener que adoptar medidas de mercado para evitar el desplome de los precios en caso de excesos de producción y de demanda. Ahora, frente a la reducción de la producción y un incremento de costes, el mercado
ha adoptado medidas de precio que no están beneficiando ni a productores ni a consumidores.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Apoyar cuantas medidas sean precisas para recuperar el consumo de aceite de oliva reduciendo el precio a los consumidores sin causar efectos negativos, ni pérdida de rentabilidad, en ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.


2. Impulsar la sostenibilidad y rentabilidad del aceite de oliva en toda la cadena alimentaria como medio para garantizar la disponibilidad de este valioso alimento nacional en España en el futuro.


3. Apoyar tanto la transformación, modernización y consolidación de los regadíos del olivar, como la ampliación de la superficie regable, como medio para garantizar la sostenibilidad de la producción de aceite ante futuras crisis climáticas
y para facilitar la adaptación del cultivo a los efectos del cambio climático.


4. Diseñar e implantar, en colaboración con las entidades representativas del sector, campañas de comunicación destinadas a consolidar el consumo de aceite de oliva en el mercado interior, y acciones de apoyo a la internacionalización para
garantizar la continuidad de la presencia de los aceites de oliva de España en los mercados exteriores.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Pedro
Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000090


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre revisión y mejora del PERTE
agroalimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El Consejo de Ministros aprobó el 8 de febrero de 2022 el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario). En la rueda de prensa posterior fue el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación quien realizó la presentación del PERTE, sin embargo, los recursos y las convocatorias residían en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Para solucionarlo, en la Gobernanza del PERTE, tanto los grupos de trabajo como en la
alianza del PERTE se equilibraba el peso de ambos ministerios.


Llamó la atención la escasa dotación que tuvo la mayor industria manufacturera del país, que en palabras del ministro contaría con una inversión pública de más de 1.000 millones de euros hasta 2023, aunque posteriormente se anunciaron otros
800 millones de euros adicionales para la transformación de la industria agroalimentaria, si bien estos se destinaban a la mejora de la gestión del agua y la modernización de los regadíos presupuestados ya de antemano en diferentes partidas del
presupuesto del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.


Un año después, en enero de 2023, se creaba y nombraba la figura del 'Comisionado especial para el PERTE Agroalimentario'.


Resulta complejo realizar un seguimiento de las ayudas incluido en el Proyecto Estratégico, por la falta de transparencia y la dispersión de la información. Por ejemplo, según el anuncio de la convocatoria, correspondiente al año 2023 el
valor total de la convocatoria era de 510 M€. Hasta el 15 de septiembre de 2023, no se publica la primera la Propuesta de Resolución Provisional sobre procedimiento de concesión de ayudas a las actuaciones de fortalecimiento industrial del sector
agroalimentario y varias correcciones y se adjudican solamente 161,5 millones de euros. Por consiguiente, la cantidad adjudicada correspondía a un 31 % del total. A mediados de noviembre de 2023 todavía se realizaban correcciones en el listado de
solicitudes estimadas provisionalmente. Pero esta, aunque de cuantía destacable, es solo una parte de las ayudas y solo para alguno de los eslabones de la cadena alimentaria, por ejemplo, la distribución parece no ser uno de los eslabones de la
cadena alimentaria y con clara repercusión en la mejora de la industria. En este sentido se pronunció la distribución vasca al comprobar que queda fuera del PERTE agroalimentario pese a las peticiones de las grandes cadenas de distribución.


Según los datos aportados en la adenda el Plan de Recuperación aprobada por la Comisión Europea el pasado 2 de octubre de 2023, las transferencias al PERTE Agroalimentario en la primera fase del Plan de Recuperación ascienden, hasta el
momento, a 747 millones de euros. Inversiones que la adenda eleva en 410 millones de euros para reforzar las actuaciones de modernización de más de 160.000 hectáreas de regadíos.


En definitiva, está quedando de manifiesto el mal diseño del PERTE agroalimentario, la escasa ejecución y adaptación del mismo a las características de sector, y el nulo compromiso con el concepto de cadena alimentaria en su conjunto como
base del sistema alimentario español y sector estratégico de nuestra economía. Se desconoce si el motivo es la prisa o la improvisación de este Proyecto Estratégico, o el hecho ciertamente sorprendente de que se estén condicionando unos fondos y
componentes que en principio son competencia del Ministerio de agricultura Pesca y Alimentación a los criterios de quien gestiona, decide criterios de gasto y adjudica que es el Ministerio de Industria.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Mejorar la dotación financiera el PERTE agroalimentario para que toda la cadena alimentaria pueda aprovechar de forma eficiente las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation EU.


- Rediseñar el PERTE agroalimentario para que se pueda adaptar a las característica concretas de los beneficiarios.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Sergio Sayas López, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Pedro
Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000091


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la evaluación de la
implementación y los recursos financieros destinados a la Política Agraria Común en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La historia de la Política Agrícola Común (PAC), es parte de la historia de la Unión Europea. En ella se refleja la evolución de las políticas que han pasado de ayudas ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de los agricultores, el
aumento de competitividad de la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural, la llegada del Pago Único o la progresiva incorporación de medidas ambientales.


Es bien conocido, el periodo financiero de la UE 2014-2020 finalizó sin que estuviera aprobado el reparto de los recursos del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el nuevo periodo, lo que obligó a retrasar puesta en marcha de las
políticas, programas y acciones en todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea.


Una de las políticas afectadas fue el marco regulatorio de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que estuvo sometida a un periodo de transición durante los años 2021 y 2022.


Finalmente, el 17 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se establece el presupuesto a largo plazo de la UE para el período 2021-2027, previa aprobación del Parlamento Europeo. En ella, según fuentes ministeriales,
España podía disponer de 47.724 millones de euros en precios corrientes para todo el periodo.


Tras más de tres años de proceso de reforma, el 2 de diciembre de 2021 el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la PAC para el periodo 2023-2027, con la aprobación del nuevo paquete normativo, que afectaba a los tres reglamentos de
la PAC.


La nueva PAC reforma sustancialmente sus objetivos y otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que debían diseñar el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, con las intervenciones que consideren oportunas, sobre la base
de su situación y necesidades específicas.



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Una de las principales novedades de esta nueva Política Agrícola Común (PAC) son las exigencias ambientales o eco regímenes, planteados como voluntarios para el agricultor, pero que condicionan entre el 21 y el 25 % de la ayuda para quienes
no se acojan a ellos.


El 31 de agosto de 2022 la Comisión Europea aprobó el Plan Estratégico de la PAC de España. La Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, que debía entrar en vigor el 1 de enero
de 2023, así como varios Reales Decretos (18) para poner en funcionamiento la PAC, fueron aprobados in extremis en diciembre de 2022.


Así, 2023 es el primer ejercicio en el que se aplica íntegramente los nuevos presupuestos y las medidas diseñadas por el Gobierno en el Plan Estratégico Nacional. Si bien, a lo largo del año el Gobierno ha seguido realizando modificaciones
en su propuesta, tanto en la interpretación como en el calendario de aplicación.


Los recortes y cambios de modelo por parte del Gobierno sin consenso alguno han provocado que las CC.AA., de todos los signos políticos, hayan apostado por aprovechar la flexibilización de los criterios que les permite la norma para evitar
la caída de ingresos de los agricultores y ganaderos y con ello el abandono de la actividad por falta de rentabilidad.


En septiembre se hacían públicos los importes de los diferentes eco-regímenes. En ellas se ponía de manifiesto que el 25 % de los agricultores decidía, directamente, no solicitarlo y perder ese dinero. Por otra parte, los productores que,
si habían realizado la solicitud y, por tanto, habían ejecutado inversiones o cambiado su modelo de negocio para adaptarlo a esas exigencias ambientales y climáticas, iban a recibir una cuantía menor, un 30 % de media más baja, que la anunciada
inicialmente por el Gobierno.


En octubre las CC.AA. empezaron a realizar el pago de los anticipos. Los agricultores de diferentes regiones empezaban a cuantificar sus ingresos y manifestaban recortes sustanciales también en el pago básico.


A todo ello, debido a la inflación, la subida de los precios y la pérdida de poder adquisitivo, las ayudas de la PAC contribuyen en menor medida a las economías de agricultores y ganaderos. Incluso el propio Comisario de Agricultura ha
empezado a indicar que hay que revisar los presupuestos para atender este problema.


Con carácter general el Partido Popular ha venido denunciando tanto los recortes como la mala negociación de la PAC por parte del Gobierno. El oscurantismo y la falta de diálogo y consenso en las negociaciones, ante lo cual ha venido
proponiendo insistentemente la urgencia de volver a una PAC que tenga como objetivo principal asegurar las rentas de agricultores y ganaderos como rezaba en el origen de la PAC.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Permitir a las CC.AA. la máxima flexibilización del Plan Estratégico de la PAC.


2. Evaluar los recortes en los importes de los eco regímenes y las consecuencias de su reducción en cada sector y CC.AA.


3. Asegurar fondos para hacer los pagos de los eco regímenes o compromisos ambientales en los términos comprometidos con los agricultores en esta campaña sin el recorte avanzado por el FEGA.


4. Dar a conocer cuanto antes las cuantías y compromisos de dichos eco regímenes para la próxima campaña.


5. Diseñar y aprobar, con el mayor consenso con las CC.AA. y los representantes del sector, el modelo de nuevos eco regímenes.


6. Plantear en la próxima reunión del Consejo de Ministros de la UE la revisión de las cuantías asignadas a la PAC en el Marco financiero Plurianual 20/27 a la luz de la inflación y subida de costes de producción que están soportando
agricultores y ganaderos.


7. Iniciar el diálogo para que la próxima PAC tenga orientación agraria y asegure las rentas de las explotaciones.



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8. Recuperar ante el Consejo de Ministros de agricultura de la UE la propuesta de exigir la aplicación de las denominadas cláusulas espejo en las relaciones comerciales de productos agroalimentarios con países terceros.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000106


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Tomás Fernández Ríos y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del sector hortofrutícola español para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Primero. El sector hortofrutícula español.


El sector hortofrutícola es decisivo para España, líder en producción y exportación de frutas y verduras de Europa, con más de un cuarto de la producción total, y líder en exportaciones mundiales junto con Estados Unidos y China.


En España hay 1,8 millones de hectáreas dedicadas al sector y exportan 12 millones de toneladas de frutas y hortalizas, que representan más de la mitad de la producción vegetal final.


No obstante, en los últimos tiempos se ha experimentado un aumento en las importaciones y un descenso en las exportaciones. Así, en el primer semestre de 2023, las exportaciones de frutas y verduras descendieron un 8 %.


Por otro lado, las importaciones crecieron por valor de 329 millones de euros (17,5 %) 1. De ello se desprende que 'el crecimiento de las importaciones [es] muy superior al de las exportaciones' 2, un hecho 'imputable a múltiples factores
entre los que destaca el marco regulatorio comunitario, sin que [se] considere previsible que se pueda aplicar a medio plazo cláusulas espejo que contribuyan a igualar las condiciones de competencia' 3.


Segundo. La competencia desleal extracomunitaria y la actual deriva de la legislación comunitaria.


Los hechos descritos en el punto anterior concuerdan con la postura del Grupo Parlamentario VOX respecto a la competencia desleal que ejercen países extracomunitarios, como Marruecos, en contra de los intereses de nuestros agricultores y
vulnerando el principio de preferencia comunitaria.


Este perjuicio sostenido contra la agricultura española está garantizado por el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Desde que entró en vigor, las exportaciones del país vecino no han hecho sino crecer a costa de perturbar el mercado
comunitario y, por supuesto, el español. 'El crecimiento descontrolado de las importaciones de tomate de Marruecos y la política comunitaria en el ámbito de fitosanidad y de envases, derivada de la Estrategia de la Granja a la Mesa, amenazan la
producción comunitaria de tomate, que sigue una


1 https://www.fepex.es/noticias/detalle/imports-frutas-hortalizas-iunio-2023


2 Ibídem.


3 Ibídem.



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tendencia decreciente de su producción y comercio exterior', señala la Federación española de asociaciones de productores exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas (FEPEX) 4; que también advierte de que 'el 65 % del valor
de las frutas y hortalizas frescas importadas por España en 2022 procedió de países extraeuropeos, con 2.456 millones de euros, un 15 % más que en 2021, reforzándose Marruecos como primer proveedor del mercado nacional, con 930 millones de euros y
un crecimiento interanual del 21 %' 5.


Asimismo, no todos los países extracomunitarios cumplen con los mismos estándares a nivel agroalimentario y, desde luego, la diferencia en los costes de producción supone una clara desventaja para el mercado comunitario en general y para el
español en particular. Y es que la actual situación dificulta el cumplimiento de los principios que rigen las relaciones comerciales de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que son 'los
principios de equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado'.


Esta circunstancia convive con la hiperregulación y la burocracia que lastra a nuestro sector primario. La deriva del actual marco comunitario está protagonizada por el Pacto Verde Europeo, un paquete de medidas informado por el ecologismo
radical y no por el noble fin que debería perseguir: una pacífica alianza entre los intereses del sector agrario y la conservación del medio natural. En definitiva, el actual marco regulatorio del sector agroalimentario español, encabezado a nivel
de exportaciones por el subsector hortofrutícola 6, se encuentra absolutamente lastrado por la competencia desleal de los países extracomunitarios -principalmente Marruecos-, lo que exige por parte de nuestros poderes públicos demandar en las
instancias de la Unión Europea el respeto al principio de preferencia comunitaria, la defensa de la producción nacional y la consecución de la soberanía alimentaria.


Tercero. Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo agrícola.


En todo tiempo, el progreso de la técnica y el trabajo de la tierra están íntimamente ligados. Está en nuestras manos el uso racional de las herramientas disponibles para incrementar nuestra riqueza y progresar materialmente. En este
sentido, el sector agrícola no es una excepción a otros órdenes en lo que se refiere a la digitalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. La aplicación de las nuevas tecnologías al mundo agrícola se
conoce como AgTech. La continua generación de datos digitales hace que el Big Data sea una herramienta puntera de innovación para nuestros agricultores, a nivel organizativo y de producción, habida cuenta de que, gracias a esta herramienta es
posible tener en cuenta de una manera más eficaz toda la suma de variables que afectan a la producción agrícola, como el clima, el riego, o la demanda. Esto permite, en última instancia, tomar decisiones con un nivel de información muy elevado.


Sin embargo, estas herramientas de gestión también comportan riesgos que precisan de la protección de los datos digitales de los españoles. Para ello es necesaria la promoción de modificaciones legislativas con el objeto de evitar la
especulación contra los intereses de nuestros agricultores. No en vano, el artículo 130 de la Constitución Española reconoce la atención debida por parte de los poderes públicos a la modernización y desarrollo de la agricultura a fin de equiparar
el nivel de vida de todos los españoles.


4 https://www.fepex.es/noticias/detalle/importacion-destcontrolada-tomate-marruecos-fitosanidad-envases-tomate


5 https://www.fepex.es/noticias/detalle/65-frutas-hortalizas-importadas-2022-extraeuropa


6 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agrícolas/frutas-y-hortalizas/informacion_general.aspx



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Cuarto. Conclusiones.


El sector hortofrutícola es decisivo dentro del sector primario, toda vez que representa más de la mitad de la producción vegetal final española y está a la vanguardia de las exportaciones, tanto a nivel europeo como mundial.


No obstante, el actual marco regulatorio no está orientado al bien común, sino que incentiva la importación de los productos procedentes de países extracomunitarios, como Marruecos, perturbando el mercado común, en detrimento de la soberanía
alimentaria y en perjuicio de nuestro sector hortofrutícola.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:


1. Defender la producción nacional de frutas y hortalizas al objeto de reducir la dependencia de importaciones de países extracomunitarios.


2. Impulsar en las Instituciones de la Unión Europea el cumplimiento de los principios de reciprocidad y de preferencia comunitaria.


3. Establecer mecanismos eficaces de defensa contra la competencia desleal de terceros países; en particular, la suspensión del Acuerdo de Asociación UE- Marruecos.


4. Reforzar los controles fronterizos para la entrada de productos extracomunitarios, con el objetivo de: evitar fraudes, garantizar el correcto etiquetado de los productos, así como el cumplimiento de los requisitos del mercado
comunitario.


5. Promover la reversión de las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo, y lograr una verdadera conservación del medio natural teniendo en cuenta los intereses del sector agrario y salvaguardando la soberanía alimentaria.


6. Impulsar las medidas necesarias para salvaguardar la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias españolas, logrando el equilibrio de la cadena alimentaria.


7. Fomentar la innovación del sector hortofrutícola y asegurar la protección de los datos digitales de los españoles.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2023.- Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río, Francisco José Alcaraz Martos y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.


161/000111


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para favorecer el acceso a alimentos
básicos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Según el último informe disponible publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 'La alimentación mes a mes', sobre el consumo alimentario en el hogar, que hace referencia a los datos de agosto de 2023, la compra de
alimentación y bebidas para el abastecimiento doméstico durante el año móvil (ATM) de septiembre 2022 hasta agosto 2023 se reduce un 3,5 %. Si tomamos el dato del consumo per cápita volvemos a comprobar que hay un descenso de 4,6 %.


A este dato deberíamos añadir la reducción ocasionada en el año móvil anterior (septiembre 2021 hasta agosto 2022) en el que los hogares españoles ya habían reducido un 8,8 % la compra de productos de alimentación.



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En total, en tan solo dos años, en España se habría pasado de una cantidad consumida de 30.430,4 kg/l, de septiembre de 2021, a 26.770,70 kg/l, de agosto de 2023, lo que representa una disminución del 12 % del consumo en los hogares.


Analizando en mayor profundidad podemos comprobar que nos enfrentamos a un desplome sin precedentes en la compra de alimentos básicos. Por ejemplo, el sector cárnico ha perdido un 13,4 % de presencia en el hogar en los dos últimos años.
Destacar que, aunque la mayor caída del consumo se produjo el anterior ATM de agosto 2022, con una fuerte contracción por parte de carne fresca de vacuno (18,4 %) y ovino/caprino (26,7 %), seguidas de las reducciones en la carne fresca de cerdo
(10,2 %) y pollo (14,2), todavía este último ATM agosto 2023 se está produciendo descensos en los consumos de carnes frescas de vacuno (7,0 %), conejo (18,1 %), cerdo (1,1 %) y ovino/caprino (7,7 %).


La situación no es mejor para otros productos. Aunque el periodo crítico se inicia en 2021, este se sigue prolongando en 2023. Por ejemplo, en el ATM agosto de 2023, se reduce un 4,3 % la compra de leche y derivados lácteos. El sector
oleícola se contrae un 5,1 %, debido a una menor compra de aceites de oliva (9,6 %). Los hogares reducen la compra de frutas frescas (5,5 %), hortalizas frescas (4,9 %) y patatas frescas (1,9 %).


En el caso de los productos pesqueros, en el TAM agosto 2023, se produce una fuerte contracción (7,9 %) acumulada a la variación del TAM agosto 2023 con un descenso del 14,7 % en volumen, que afecta tanto a pescados, como a
mariscos/moluscos/crustáceos y conservas de pescado y molusco. Esta caída se acumula al descenso que durante años viene produciéndose en nuestro país con los productos pesqueros.


Estos datos, por sí mismos, no tendrían sentido si no se contextualizan en una situación de inflación de los alimentos, dado que es el precio lo que condiciona los cambios en los hábitos de consumo.


Lo que queda de manifiesto es que se está provocando un cambio en los hábitos de consumo, con crecimiento en la demanda de productos de menor precio. Además, y pese a los esfuerzos a la hora de elaborar la cesta de la compra, el porcentaje
de presupuesto familiar destinado a la alimentación ha tenido que aumentar en detrimento de otros gastos. En este incremento afecta más a las rentas bajas que llegan a destinar entorno al 20,5 % de su presupuesto a alimentación, limitando su
capacidad para cualquier otro tipo de gasto estructural o imprevisto.


Por otra parte, la cadena alimentaria se ha visto igualmente sometida a alteraciones en su funcionamiento que han derivado en aumento de costes como el impuesto al plástico implantado en exclusiva en nuestro país, que ha obligado a ajustar
precios al incremento de costes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner en marcha todas las medidas oportunas para reducir el precio de los alimentos básicos en todos los eslabones de la cadena alimentaria.


2. Revisar que todas aquellas medidas adoptadas por el Gobierno que han contribuido a aumentar dichos pecios y reducir el consumo. Especialmente la aplicación anticipada respecto al resto de países de la UE del impuesto al plástico.


3. Mantener la reducción de IVA de productos básicos y ampliarlo, cuando menos, a carne, pescado y conservas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2023.-Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Pedro
Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.



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161/000112


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la actuación ante situaciones
graves como la que está viviendo el sector ganadero con la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa, que puede afectar a rumiantes domésticos y a diferentes especies de cérvidos silvestres, y el virus se transmite por mosquitos de algunas especies
del género Culicoides.


No es una enfermedad que afecte al ser humano, pero sí se trata de una enfermedad de declaración obligatoria según la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), lo que afecta a los movimientos de animales y al comercio.


En septiembre de 2022 se detectaron los primeros casos en España, en el suroeste de la península. En la actualidad, a 15 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) había confirmado 260 focos o comarcas ganaderas
y miles de explotaciones afectadas. Se sabe que hay además muchos animales con anticuerpos que no han desarrollado la enfermedad.


Se trata de una enfermedad que nunca había sido detectada en España, de la que se conoce la sintomatología, aunque los especialistas reconocen que en inicio se puede confundirse con otras enfermedades, y la forma de diagnóstico. En el
sector ganadero existe preocupación por no conocer los efectos secundarios ni de la enfermedad; abortos, pérdidas neonatales y productividad.


Tampoco existe una vacuna autorizada en la UE y el Ministerio ha declarado que no prevé que haya una vacuna disponible a corto plazo, pues es necesario un proceso de aprobación por la Agencia Española del Medicamento y por la Agencia Europea
(AEMED).


Nos encontramos ante una situación compleja que también se ha detectado en otros países europeos, como Francia, Portugal y Suiza, y está teniendo un gran impacto sobre las explotaciones ganaderas, por lo que sería necesario coordinar las
actuaciones con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).


En este escenario, tanto el sector agrario, como las Comunidades autónomas, han reclamado la obligada coordinación de actuaciones por parte del Gobierno de España, sin que hasta el momento se haya abordado el tema ni desde el punto de vista
sanitario, ni desde la necesaria indemnización que precisan los ganaderos ya demasiado castigados por las decisiones y la falta de apoyo de dicho Gobierno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Conocer los datos del número de cabezas de ganado realmente afectadas.


- Establecer un sistema permanente y efectivo de seguimiento de la incidencia.


- Establecer criterio de cuantificación de daño colateral en pérdidas neonatales y productividad.


- Establecer líneas de ayudas urgentes a los ganaderos ya afectados.


- Revisión y en su caso ampliación de las líneas de seguros a fin de adaptarlas a la situación actual tanto en cuantía como en coberturas, de modo que sean atractivas y paliativas del grave problema que genera la enfermedad.


- Constituir un Comité de expertos y administraciones públicas que analice la situación y elabore un protocolo de actuación común.



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- Compromiso del Gobierno con el desarrollo de las actuaciones que se decidan por el Comité de expertos y las comunidades autónomas.


- Impulso y compromiso con la disponibilidad de la vacuna.


- Convocar, a la mayor brevedad, una Conferencia sectorial en la que se incluya el abordaje de este tema con los representantes de las CCAA.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2023.-Milagros Marcos Ortega, Sergio Sayas López, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Asier Antona Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Pedro
Ignacio Gallardo Barrena, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Territorial


161/000102


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a garantizar el uso del español, como lengua común de todos los españoles, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en ciertas
regiones españolas, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


Primero. El español en nuestro ordenamiento jurídico.


La lengua es fruto del devenir histórico de la nación y constituye un elemento distintivo de la misma, al tiempo que su uso es un derecho de los españoles. En este sentido, el artículo 3 del texto constitucional declara el español como
lengua oficial del Estado y establece el deber de todos los españoles de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Asimismo, la CE reconoce el valor cultural del resto de lenguas españolas, que sólo tendrán carácter cooficial en aquellas regiones con
particularidades lingüísticas propias 1.


Esto mismo ha sido reiterado en múltiples ocasiones por la doctrina del Tribunal Constitucional ('TC'), que, en sus sentencias 82/1986 y 84/1986, indicaba que 'sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de
conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen'. Asimismo, en las sentencias 82/1986 y 46/1991, el Alto Tribunal manifestaba que 'el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el
conjunto del Estado español'. Por otra parte, el TC ha delimitado también el deber constitucional de conocimiento de las lenguas cooficiales en la Sentencia 84/1986 enunciando que 'No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua
cooficial'.


Sin embargo, en contra del espíritu de la CE y de la doctrina constitucional, los partidos separatistas están haciendo un uso torticero de las lenguas cooficiales para relegar el español a un segundo plano y mermar la cohesión política y
territorial de España. Estas fuerzas separatistas se están sirviendo de las leyes regionales para obstaculizar la promoción y desarrollo del español, lo que tiene nefastas consecuencias para la igualdad y la convivencia pacífica entre los
españoles.


1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229



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En definitiva, los poderes del Estado deben velar por los intereses de los españoles y garantizar el derecho al uso de la lengua común, protegiéndola, impulsando su uso y desarrollando todas las acciones pertinentes contra quienes, haciendo
un mal uso de su posición de poder, la atacan. Esta es sin duda una de las principales conclusiones del informe El español en el actual estado de las autonomías 2.


Segundo. Jurisprudencia acerca del agravio perpetrado por varias administraciones territoriales al español como lengua común de todos los españoles.


Durante las últimas décadas hemos asistido al ataque continuo por parte de algunas administraciones territoriales a la lengua común de todos los españoles en beneficio de las lenguas cooficiales. Así pues, desde los distintos gobiernos
regionales se han promulgado decretos y disposiciones que han postergado el español a una segunda posición en contraste con la situación de preferencia de la lengua cooficial.


Uno de los ejemplos más recientes se produjo en el País Vasco, donde el pasado 23 de noviembre de 2019 entró en vigor el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas
oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Esta norma, que procede del desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, incluía en varios de sus artículos la imposición del uso preferente del
vascuence, como lengua cooficial, en detrimento del español. Como respuesta a la referida discriminación, el partido político VOX planteó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ('TSJPV').


La Sección 3.ª de la Sala Contenciosos Administrativo del TSJPV dictó sentencia3 estimando parcialmente el recurso y anulando los artículos 9.2,11.112,18.1,24.3 y 27.1 por el agravio cometido contra el castellano como lengua vehicular entre
los españoles. Entre los fundamentos de derecho aportados por este tribunal que justifican este fallo destacan:


- La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que precede a este decreto, equiparaba el 'euskera' y el 'castellano' como lenguas oficiales, lo que a ojos del tribunal permitía 'una interpretación perfectamente
acomodada a la Constitución y tal es la que ha de dársele ya que es la que garantiza la equivalencia entre una y otra lengua, la que excluye interpretaciones que puedan servir para primar a una de las lenguas en detrimento de la otra'.


Este mismo criterio fue el asumido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.º 31/2010 dictada el 28 de junio de 2010 en el recurso n.º 8045- 2006. Así pues, el alto tribunal vino a reclamar en aquella ocasión que 'la definición del
catalán como 'la lengua propia de Cataluña' no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano'.


- Al hilo del punto anterior, el TSJPV recuerda la citada STC 31/2010 cuando decía que 'toda lengua oficial es, por tanto -también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española-, lengua de uso normal por y ante el poder público.
También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales'.


- En relación con la cooficialidad, la Sala argumentó que esta 'supone la igualdad entre ambas lenguas de modo que la actuación bien de elaboración normativa bien propiamente administrativa ha de desarrollarse de modo que no se altere el
equilibrio entre ambas; no puede haber predominio o superioridad de una sobre la otra'. Además, advirtieron que 'si bien resultan admisibles medidas correctoras tendentes a evitar la inicial postergación de una respecto de la otra, su posición
inicial secundaria, ha de valorarse si con ellas es todo lo pretendido o si por el contrario se trata de dotar a una de


2 https://fundaciondisenso.org/el-espanol-en-el-actual-estado-de-las-autonomias/



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ellas de preferencia en perjuicio de la otra', siendo ambas medios normales de comunicación entre las administraciones y los sujetos privados.


Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe destacar que a fecha de redacción de la presente iniciativa no se ha llevado a cabo ninguna medida dirigida a hacer cumplir la citada sentencia del TSJPV ni ninguna otra medida análoga para exigir el
cumplimiento de la legalidad en el resto de las regiones donde están ocurriendo situaciones similares de ataque y discriminación del español. Por contra, el Ejecutivo de la XIV Legislatura no ha hecho más que exacerbar el odio de los separatistas
hacia España y la división social pretendida por estos últimos.


Tercero. Conclusiones.


De todo lo anterior puede inferirse, en primer lugar, que el español es la única lengua oficial de la Nación española y, por tanto, debe ser objeto de una especial protección por parte de los poderes públicos. Sin embargo, las fuerzas
separatistas -con el beneplácito de gobiernos de distinto signo político- están haciendo uso de la normativa regional para atentar contra la unidad de España y la igualdad entre los españoles. El plan de los separatistas pasa por convertir una
lengua que solo se habla en una parte de España en una lengua nacional y por ello arrinconan el español en muchos ámbitos de la vida pública y persiguen su uso, limitando los derechos de los españoles.


Ejemplo de ello es la aprobación de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y del Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las
instituciones locales de Euskadi, que sitúa la lengua regional en una posición preeminente respecto del español. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha reconocido en su sentencia 1797/2023, de 29 de septiembre, el agravio cometido
contra el castellano, anulando determinados preceptos de las normas anteriormente referidas para devolver al español el lugar que le corresponde.


Pese a todo, a fecha de redacción de la presente iniciativa, el Gobierno de España no ha tomado ninguna medida dirigida a garantizar el cumplimiento de la sentencia y a proteger el español en todo el territorio nacional.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en materia lingüística, garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional.


2. Derogar cualquier normativa nacional o regional que imponga el uso preferente de una lengua cooficial en detrimento del español.


3. Promover las actuaciones necesarias para remediar la postergación del español respecto de las lenguas cooficiales en aquellas comunidades en las que esta discriminación ya exista.


4. Garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través del uso de la lengua española, contando para ello con el apoyo de los poderes públicos.


5. Eliminar cualquier tipo de limitación por razón del uso de la lengua española en todas las regiones de España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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161/000121


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Jorge Campos Asensi, Emilio Jesús del Valle Rodríguez y Carina Mejías Sánchez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la unidad y la prosperidad de la nación española, para su discusión en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


Primero. Una situación de emergencia nacional.


España se enfrenta a uno de los momentos más graves de los últimos tiempos. Nos encontramos ante un segundo capítulo de la alianza de Pedro Sánchez con los peores enemigos de España, como son los golpistas, los prófugos de la Justicia y los
herederos directos del terrorismo de ETA, para alcanzar su investidura como presidente del Gobierno.


Los pactos alcanzados por Pedro Sánchez y sus socios para ser investido se encuentran muy alejados de las necesidades reales de los españoles. Así, la emergencia social, el progresivo empobrecimiento de las familias y la paulatina
desaparición de la clase media, son realidades que poco o nada les importan.


Urge dar una respuesta contundente al envite que supone esta grave amenaza para la unidad nacional y tomar conciencia de cuáles son las preocupaciones reales de los españoles. Es preciso destinar todos nuestros esfuerzos para garantizar el
bienestar de los españoles que con tanto esfuerzo contribuyen al sostenimiento de nuestra patria.


En la XIV Legislatura se despreciaron constantemente todos los símbolos de la unidad nacional -injurias a la Corona y ataques a la Bandera-, el Gobierno llevó a cabo una política de connivencia y tolerancia con aquellos que quieren destruir
España y socavó y politizó todas y cada una de las instituciones representativas de la concordia, la unidad y la convivencia pacífica de los españoles.


No es aventurado pensar, por lo tanto, que sus intenciones siguen siendo las mismas, cuando no peores, en tanto que supondrán un avance en la destrucción de España y la continuación de las políticas social-comunistas, inspiradas en el Grupo
de Puebla y en el Foro de Sao Paulo.


Segundo. Pactos con los peores enemigos de España.


En la XIV Legislatura también se puso en serio peligro la Unidad de España, consagrada en el artículo 2 de la Constitución Española. Pedro Sánchez formó su Gobierno sobre una alianza con los peores enemigos de España: filoterroristas y
golpistas. Y ahora, cuatro años después, esta coalición se vuelve a repetir, incorporando a prófugos de la Justicia. Las consecuencias de aquel pacto han sido desastrosas en relación con las políticas encaminadas a contentar al separatismo vasco.
Algunas se refieren a cuestiones penitenciarias y de seguridad: cesiones en materia penitenciaria, acercamientos a las cárceles vascas, progresiones de grado para los criminales de la banda terrorista ETA, permisividad con los 'ongi etorri' y
menosprecio a las víctimas, expulsión de la Guardia Civil de Navarra... Se puede decir que nunca antes en nuestra historia reciente un gobierno había hecho tanto por contentar a verdugos y a delincuentes y tan poco por la memoria, la dignidad y la
justicia de las víctimas del terrorismo. De otra parte, medidas como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social -con el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital-, o en general el trato de favor que ha tenido el Gobierno con ciertos
ejecutivos regionales desleales con España suponen un ataque continuo al principio de solidaridad entre regiones, que se consagra en el artículo 2 en relación con el 138 de la Constitución.


No menos reproche merecen las políticas impuestas por el golpismo catalán: ceses arbitrarios de abogados del Estado comprometidos con la defensa del orden constitucional,



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privilegios penitenciarios a los golpistas condenados, supresión del delito de sedición, rebaja de las penas del delito de malversación, reapertura de las embajadas catalanas, indultos a golpistas contra el criterio del Tribunal Supremo y la
constitución de una 'mesa de diálogo', equiparando al Ejecutivo regional catalán y sus representantes con el Gobierno de la Nación.


El hecho de que miembros del Gobierno en funciones se reunieran con el señor Puigdemont, prófugo de la justicia, para reclamar los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez es de una gravedad extrema.


La posibilidad de que el gobierno de España descanse nuevamente sobre una alianza con sus peores enemigos es cierta: pactos con prófugos de la Justicia y amnistía para quienes han jurado romper la unidad de España. Se trata de un nuevo
'cambio de opinión' de Pedro Sánchez tras aquella promesa en el periodo electoral de noviembre de 2019 de traer a Puigdemont de vuelta a España para dar cuentas ante la Justicia.


Todos estos acontecimientos, junto con el arrinconamiento del español en las aulas y la negativa a dar efectivo cumplimiento a las sentencias judiciales sobre esta materia, han acrecentado la fractura social en Cataluña y todos estos daños
tardarán tiempo en revertirse.


La nueva legislatura ha comenzado con una nueva avalancha de concesiones al separatismo, inspirada por un designio indisimulado de contentar a sus representantes y de vulnerar cualquier límite que pudiera oponerse a ello. Se ha permitido la
conformación de grupos parlamentarios de las fuerzas separatistas que no reunían ninguno de los requisitos necesarios para ello, contraviniendo flagrantemente todas las disposiciones que sobre la materia contiene el Reglamento del Congreso de los
Diputados. De otra parte, hemos asistido a la aprobación de una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados que impone el uso indiscriminado de lenguas regionales, dibujando en la principal Cámara parlamentaria de la Nación una auténtica
torre de Babel; y escenificando el debilitamiento de la cohesión de España como única comunidad nacional.


Finalmente, los partidos que apoyan al Gobierno en funciones están preparando a la opinión pública para otra fechoría contra la unidad nacional y el orden constitucional: la aprobación de una ley de amnistía para los criminales que en 2017
perpetraron en Cataluña un golpe contra esa unidad. Tal norma supondrá una burla de la prohibición constitucional de indultos generales, constituirá un atentado contra la separación de poderes al arrancar del Poder Judicial la potestad de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado sobre gran número de importantes delitos, y privilegiará a los delincuentes separatistas en una intolerable vulneración de la más elemental igualdad ante la ley. Todo ello implicará un deterioro acaso irreversible del
Estado de Derecho, deliberadamente provocado por dichos partidos con indiferencia e irresponsabilidad en el marco de las negociaciones para una nueva investidura de Pedro Sánchez.


Tercero. Debilidad en la política exterior y ofensas de Marruecos.


En materia de política exterior, la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con el Reino de Marruecos y su permisividad y complacencia frente a los ataques y menosprecios marroquíes hacia nuestra soberanía es de una gravedad extrema y merece
ser censurada.


Entre estos ataques cabe citar los diversos 'errores' protocolarios que han supuesto numerosas ofensas a nuestra bandera, las continuas alusiones a Ceuta, Melilla y a nuestras islas y peñones y la condescendencia o, incluso, provocación de
los ataques a nuestras fronteras a través de los asaltos masivos de inmigrantes ilegales. Estos hechos, agravados por las erráticas políticas migratorias del Gobierno de España y por la clara estrategia de chantaje de las autoridades marroquíes en
esta materia, provocan un 'efecto llamada' a la inmigración ilegal masiva que pone en peligro nuestra seguridad y nuestro Estado de bienestar.


No menos llamativos son los giros inesperados e inexplicables en la posición española sobre el Sáhara Occidental, no solamente por su gravedad intrínseca, al constituir una ruptura con lo que había sido una política de Estado en materia
internacional, sino porque



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ha sido muy perjudicial en nuestras relaciones con Argelia; factor este último que se ha revelado como una amenaza adicional para nuestra soberanía energética.


Con respecto a Gibraltar, la política del Ejecutivo español ha sido negligente, al haber desaprovechado la coyuntura del Brexit para fortalecer la posición de España en el contencioso y su reclamación de soberanía sobre el Peñón. Gibraltar
es una colonia, situación que contraviene el Derecho Internacional y que sobre todo atenta permanentemente contra nuestra integridad territorial; y es además un paraíso fiscal situado en pleno suelo español, con los consiguientes perjuicios para
los habitantes de las regiones circundantes y para la economía española en su conjunto.


Cuarto. Polarización y ruptura social.


El Gobierno de Pedro Sánchez, fomenta el odio y el enfrentamiento entre españoles mediante la aprobación de leyes ideológicas. Y las consecuencias más perjudiciales de este proyecto de ingeniería social son la polarización y la reapertura
de las heridas que ya se habían cerrado en nuestra sociedad.


Como consecuencia de estas leyes ideológicas se ha producido un aumento de los ataques y el acoso por motivos políticos, que han puesto en riesgo la normal convivencia entre los españoles, su integridad física y la normalidad democrática en
los procesos electorales.


La riqueza que atesora nuestra historia y nuestro pasado es digna de una especial protección. Para recuperarlo, es necesario reparar el daño provocado por las políticas ideológicas y sectarias aplicadas por el Gobierno y sus socios, los
enemigos de España.


Es necesario revertir el daño que han provocado todas estas políticas y volver a tejer lazos de fraternidad entre los españoles, haciendo de la igualdad entre todos ellos una realidad alejada de discursos espurios y estériles.


Quinto. Perversión de las instituciones.


La sociedad española está experimentando una creciente desafección por las instituciones fruto de las políticas y maniobras de este Gobierno, que ha acabado con la neutralidad y prestigio que de las mismas se puede esperar en un Estado de
Derecho. El Gobierno ha quebrado la separación de poderes y la independencia judicial.


Entre las numerosas instituciones que han sido asaltadas y que han padecido las artimañas del Ejecutivo de Pedro Sánchez se pueden enumerar las siguientes: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de
Cuentas, la Fiscalía General del Estado -a través de una politización sin precedentes con el nombramiento de Dolores Delgado-, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Congreso de los Diputados - inconstitucionalmente cerrado en 2020-, entre
otras.


Por ello, es hoy más necesario que nunca fortalecer dichas instituciones y recuperar la independencia de las mismas para que la sociedad pueda recuperar también la confianza en ellas.


Sexto. Inseguridad ciudadana.


Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios alcanzaron el poder los datos de criminalidad no han dejado de empeorar en España. Y ello se debe a la pasividad del Ejecutivo con el crimen, a las rebajas de condena y excarcelaciones de
violadores, a la creciente y tolerada okupación y a los constantes desacatos a la autoridad.


El índice de criminalidad publicado recientemente por el Ministerio del Interior pone de manifiesto esta triste realidad.


La inseguridad en nuestras calles es creciente, y de manera muy especial para las mujeres, evidenciando así que las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo en materia de Igualdad suponen un grave riesgo para la convivencia pacífica, la
seguridad, la integridad física y la vida de los españoles, en especial de las mujeres.



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Séptimo. Conclusión.


Una aproximación a la regulación de los partidos políticos separatistas en distintos países de nuestro entorno resulta necesaria para entender el caso español. Y, como resultado, solamente cabe concluir que la libertad otorgada en España a
las fuerzas políticas para atentar contra el orden constitucional es un caso anómalo, a la vista de la inexistencia de mecanismos suficientes para exigir a todos los partidos políticos el respeto a la unidad política del país y a las bases mismas de
su ordenamiento jurídico.


Así, se puede observar cómo, en mayor o menor medida, los países de nuestro entorno castigan los atentados contra el orden constitucional con la ilegalización de los partidos políticos y las asociaciones que atenten contra el mismo. Con
independencia de los mecanismos legales concretos previstos en unos y otros, existe una enorme firmeza por parte de los distintos Estados a la hora de reprimir los atentados contra ese orden constitucional, incluyendo normalmente la integridad
territorial del país respectivo.


Entre todos ellos se puede destacar a Francia, Alemania, Portugal, Italia o Reino Unido, cuyas legislaciones contienen previsiones legales suficientes para proteger las bases mismas de su sistema político. Por ello, cualquier nación
democrática de nuestro entorno consideraría que las peticiones formuladas en esta Proposición no de Ley son cuestiones elementales directamente ligadas a su propia existencia como comunidad política.


Como ya ha puesto de relieve el Grupo Parlamentario VOX en múltiples iniciativas, es necesario dar de manera decisiva una respuesta a largo plazo para solucionar los problemas de los españoles. Las negociaciones y cesiones llevadas a cabo
por los diversos gobiernos de España y sus socios separatistas han ido generando un importante desequilibrio entre las distintas regiones, que ha tenido como consecuencia la ruptura del principio de igualdad entre los españoles y la falta de
solidaridad entre las distintas regiones, dando lugar a una más que evidente fractura social, a enfrentamientos ideológicos dañinos y a una profunda desafección por muchas de nuestras instituciones y de nuestro símbolos.


Las gravísimas acciones enumeradas en los párrafos precedentes alejan a España de alcanzar la prosperidad necesaria para crecer como nación y garantizar el bienestar de todos los españoles y una verdadera justicia social. Mientras dedicamos
nuestros esfuerzos a hacer frente a los ataques del separatismo y a los desatinos de un gobierno cada vez más preocupado por la desintegración nacional que por la unidad, perderemos capacidad para recuperar nuestra industria, nuestros puestos de
trabajo, nuestras pensiones -actuales y futuras-, así como de contribuir al desarrollo de un sector primario capaz de alimentar a medio mundo y de ayudar a quienes más lo necesitan y a quienes más sufren entre nuestros compatriotas. En definitiva,
el Gobierno de Pedro Sánchez, sus socios y sus cómplices son un lastre para la prosperidad y el desarrollo de nuestra Nación


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la unidad nacional y la integridad territorial, así como para recuperar la igualdad real de todos los españoles y la normalidad democrática, garantizando la eliminación de
cualquier diferenciación y discriminación entre españoles dentro del territorio nacional.


Estas medidas deberán consistir, entre otras, en:


1. Fomentar la afirmación histórica y social de España, así como el respeto hacia sus símbolos.


2. Promover el endurecimiento de las penas previstas para delitos que atentan contra la unidad nacional, como la traición y los ultrajes contra los símbolos nacionales; promover la recuperación o la nueva tipificación de los delitos de
como el referéndum ilegal o la sedición, entre otros, con penas más elevadas que en su redacción original.



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3. Tomar las medidas necesarias para la defensa del español como riqueza y vehículo de cohesión social y territorial, garantizando a todos los españoles su derecho a conocer y usar la lengua común.


4. Combatir el separatismo desde el punto de vista político, judicial y cultural, tanto en el interior de España como en el exterior.


5. Poner fin a las políticas de cesión al separatismo, investigar los crímenes de ETA pendientes de resolver y promover la búsqueda y puesta a disposición judicial a los prófugos de la Justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA.


6. Impulsar la ilegalización de todos aquellos partidos políticos que incumplan la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y en todo caso de aquellos que en sus estatutos, programas o declaraciones tengan por fines
declarados quebrar la unidad de España y el orden constitucional que en ella se fundamenta, o perseguir la separación de una parte del territorio nacional, o cuando su actividad tienda a los fines mencionados.


7. Impulsar la devolución inmediata al Estado de las competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica para terminar con 17 sistemas normativos distintos y poner en
marcha todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad y los derechos de todos los españoles.


8. Promover una auténtica política de Estado en materia de relaciones internacionales que refuerce nuestra posición en el exterior, nuestro prestigio internacional y nuestros intereses como Nación.


9. Adoptar las medidas necesarias para reafirmar y garantizar la soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y el resto de los territorios españoles del norte de África, y para exigir la devolución de Gibraltar y el final de su
intolerable situación colonial.


10. Recuperar la normalidad democrática y la independencia y neutralidad institucional; en concreto la de Radio Televisión Española, la del Tribunal Constitucional, la de la Fiscalía, la del Tribunal de Cuentas, la del Banco de España, la
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, la de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, así como la de cualquier otra institución en la que se esté comprometiendo su independencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de enero de 2024.-Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Jorge Campos Asensi y Carina Mejías Sánchez, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/000116


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Transición ecológica y reto demográfico relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular.


Exposición de motivos


La producción y el consumo de productos textiles también tienen un enorme impacto en el clima, el agua y el consumo de energía. La producción textil mundial casi se ha duplicado entre 2000 y 2015. Se prevé que el consumo de ropa y calzado
aumente un 63 % de aquí a 2030, pasando de los 62 millones de toneladas actuales a 102 millones en 2030. Solo en el caso de las camisetas, se calcula que cada año se destruyen en la UE entre 11



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y 32 millones de camisetas nuevas según datos del grupo parlamentario de los Verdes en Parlamento Europeo.


En las últimas dos décadas se ha triplicado la exportación de ropa usada desde la Unión Europea: de 550.000 toneladas en 2000 hasta casi 1,7 millones en 2019. Se calcula que un 80 % de los residuos textiles que se recogen selectivamente en
los Estados miembros se destinan a la exportación fuera de la UE; en 2019 se exportaron 3,8 kilogramos por persona según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.


En España, solamente el 12 % de los residuos textiles se recogieren selectivamente en 2019, muy por debajo de la media europea que se sitúa en el 38 %, según el informe de Moda Re 'Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en
España'. Aun así, entre julio de 2022 y junio de 2023, se exportaron un total de 131.900 toneladas de residuos textiles desde España, el 90 % de las cuáles se hicieron catalogadas como 'ropa de segunda mano' según los datos de comercio exterior del
Ministerio de Hacienda analizados por Greenpeace.


Gran parte de estos residuos textiles acaban vertidos o quemados a cielo abierto en África o Asia debido a la falta de infraestructuras para eliminarlos o a la saturación de los vertederos oficiales. Según Afrika Collect Textiles, entre el
30 y 40 % de la roba usada que reciben en Kenia es de tan mala calidad que ya no se puede vender y se convierte en residuos textiles que no reciben el tratamiento adecuado para su eliminación (hasta el 69 % de las fibras utilizadas en la ropa son
sintéticos, es decir, plástico).


Estos datos demuestran, por un lado, que se produce demasiada ropa, y por el otro, que no existen infraestructuras, mecanismos ni procesos adecuados para darle una segunda vida a la ropa o para proceder a la eliminación adecuada de textiles.
También demuestran que producir ropa en el sur global, importarla en el norte global y devolverla al sur global una vez usada, es injusto e insostenible.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los residuos textiles en el marco de la revisión de la Directiva 2008/98/CE de residuos y del PERTE de Economía Circular, mediante el impulso de las medidas necesarias para
establecer criterios de diseño circular en la fabricación de prendas de vestir procurando, a su vez, que los productos sean también circulares y sostenibles, así como más duraderos, resistentes y reciclados, mediante la creación de requisitos
mínimos de rendimiento e información, tal como recogerá la Regulación sobre diseño ecológico para productos sostenibles de la Unión Europea. Así como, el impulso de medidas que faciliten un amplio despliegue del sector de la reutilización y
reparación el ámbito textil y de moda.


2. Estudiar medidas concretas sobre residuos textiles para poner fin a la destrucción de productos no vendidos, incluidas prendas que se hayan devuelto a los establecimientos de venta, con el fin de darles un uso útil y adecuado.


3. Elaborar, en coordinación con las ONG que han trabajado este tema y con las Comunidades Autónomas, un Programa Nacional de control y seguimiento del ciclo de vida de los productos textiles, con el objetivo de asegurar un sistema de
control que permita reducir los riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente, derivados de la producción de los productos textiles en todo su ciclo de vida, e incluya objetivos específicos para la prevención, recogida, reutilización y reciclaje de
residuos textiles, así como de seguimiento de su destino hacia terceros países. Elaborar un informe anual en el que se actualicen los resultados.


4. Convocar a los responsables de las principales empresas multinacionales españolas dedicadas al diseño, la fabricación y la comercialización de prendas de vestir para diseñar estrategias de responsabilidad corporativa que, sin comprometer
su viabilidad ni sus beneficios, contribuyan a resolver el problema de la llamada moda rápida o ya 'ultra fast fashion'.



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5. Impulsar las medidas necesarias en materia de etiquetaje de los productos textiles del ámbito de la moda con el fin de proporcionar la información adecuada para su reciclaje y respeto al medio ambiento, contemplando el ciclo de vida
completo del producto.


6. Impulsar desde el Gobierno de España una campaña para concienciar a la ciudadanía, en la necesidad de hacer un consumo responsable de las prendas de vestir.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2024.-Júlia Boada Danés, Diputada.-Aina Vidal Sáez, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión de Cultura


161/000087


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para el apoyo de la tradición
belenística española y la promoción de la candidatura del Belén como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La tradición del Belén proviene de la Edad Media, considerándose 1223 como el año en el que San Francisco de Asís montó el primer Belén para conmemorar el nacimiento de Jesús. Desde entonces, esa tradición se ha ido extendiendo por todo el
mundo.


En España se popularizó en el siglo XVIII, pasando también a toda América Latina. Hoy encontramos belenes en los 5 continentes y esta tradición se ha convertido en una expresión artística de gran valor que ocupa un lugar relevante en
diferentes museos.


Más allá de la vocación religiosa, los belenes se han transformado en una industria internacional, donde centenares de talleres distribuidos por todo el país mantienen muchos puestos de trabajo en la elaboración de las piezas que son
adquiridas, tanto en mercados nacionales como internacionales. Las zonas con mayor profusión y calidad de representaciones son Andalucía, especialmente Cádiz, Murcia, Cataluña, Navarra y Madrid, donde se concentra casi toda la industria artística
del sector.


Miles de turistas acuden a visitar estas verdaderas obras de arte y, sobre todo, son punto de encuentro de una gran mayoría de los españoles, especialmente vecinos de los pueblos más pequeños, al ser una tradición tan arraigada en las zonas
rurales, acompañada de la expresión popular de las cuadrillas o aguilanderos, entre otros. Sirve para identificar las dimensiones de esta tradición el hecho de que la Federación Española de Belenistas, fundada en 1963, recoge a 77 asociaciones en
las que participan más de 15.000 belenistas de toda España. A esta Federación hay que sumar tres federaciones territoriales: la catalana, la navarra y la andaluza, que asocian a más de 25.000 belenistas.


Para constatar la importancia del sector, desde el pasado 29 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2023 se celebró en las ciudades de Sevilla, Jerez, Córdoba, San Fernando y Mollina el XXII Congreso Internacional Franciscus donde más de 400
congresistas desarrollaron actividades como conferencias, exposiciones, visitas y talleres, poniendo de manifiesto el interés vivo del Belenismo. Además, la Junta de Andalucía le ha otorgado la calificación de protección como Bien de Interés en
Andalucía, impulsando esta actividad donde trabajan cientos de artesanos.


Y más allá de los belenes monumentales, montar el belén sigue siendo una de las costumbres más entrañables de millones de españoles, siendo una de las tradiciones más



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arraigadas en las familias. En muchas localidades españolas, las figuras de barro se convierten en figuras de carne y hueso, como en Alcalá del Río (Sevilla) que celebra el Belén viviente más antiguo de la provincia, o el de Higuera de la
Sierra (Huelva) que prepara con este Belén viviente la llegada de la cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España, tras la de Alcoy datada en 1866. Montar el Belén es, además, en muchos sitios, un ejemplo de
colaboración de toda la sociedad, de los ciudadanos que, en sus ciudades, parroquias, asociaciones y en otros puntos de encuentro preparan estas fiestas desde la tradición y desde unos valores compartidos por una gran parte de la sociedad.


A pesar de esta honda tradición, desde hace unos años, existe una corriente dirigida a abandonar esta costumbre, aludiendo a razones que no se justifican, ya que son muchos los matices que abarca el arraigo del Belén. Ciudades y pueblos sin
sus populares belenes, que servían como lugar de encuentro de los ciudadanos en Navidad; colegios y otros edificios públicos que han elegido abandonar esta tradición, a favor de otras costumbres que vienen de lugares lejanos sin arraigo alguno.


Y junto a esto, en algunos lugares se reinterpreta la tradicional y mágica cabalgata de Reyes, siendo sustituida por actos sin sentido ni tradición alguna, o intentando que se olvide el sentido de la Navidad propio de nuestra tradición
cristiana occidental, como si se tratara del Scrooge de Dickens en Cuento de Navidad. Talantes prohibicionistas que regresan cada Navidad para recordarnos su autoritarismo; talantes intolerantes que atenían contra lo más profundo de la libertad
individual y de la tradición de un pueblo.


Por esto, ahora más que nunca, es el tiempo de reivindicar nuestras tradiciones navideñas, las que nos dejaron nuestros antepasados y las que queremos trasladar a nuestros hijos y nuestros nietos. Las que han conseguido traspasar nuestras
fronteras y unirnos con otros países.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados reconoce la tradición helenística en España, como valor artístico, cultural y seña de identidad de nuestro país.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Promover, junto con otros países que comparten esta tradición, la candidatura del Belén como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.


- Elaborar un programa para la promoción turística nacional e internacional de los Belenes de España.


- Desarrollar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 'la Ruta de los Belenes', poniendo en valor el trabajo de este sector industrial, el valor artístico de los belenes, con la implicación de la sociedad civil en los belenes que
cada año se desarrollan en todos los rincones de España.


- Garantizar un programa de impulso a la industria helenística artesanal, dotado presupuestariamente.


- Proteger la tradición del Belén como símbolo de la tolerancia de nuestro país, como ejemplo de la libertad religiosa que recoge la Constitución Española.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Marta María Rivera de la Cruz, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martin Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que promueva la celebración del día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad, para su discusión en la Comisión de
Cultura.


Exposición de motivos


Primero. El origen de la hispanidad.


En 2023 habrán pasado ya 531 años de la llegada a tierras americanas de la Santa María, la Niña y la Pinta, al mando del Almirante Cristóbal Colón. Aquel 12 de octubre de 1492 significó un nuevo comienzo de la historia de España y también
el inicio del mundo moderno, que se concibe ya humana y geográficamente como un mundo único.


En 1492, España vivía en el ámbito de la civilización occidental, nutrida por las raíces griega, romana y cristiana. España transmitió esta civilización a América y la transmite en el sentido literal de la palabra 'civilización', fundando
ciudades que expresaron toda una concepción del mundo. Los restos de sus iglesias, universidades, academias y misiones perdurad todavía hoy en América, Asia y África.


En la historia de los pueblos constituye sin duda un caso singular el de la Monarquía hispánica, que en el cénit de su hegemonía se cuestionó a sí misma y debatió en público problemas de honda profundidad moral mientras se esforzaba por
adecuar sus actos a la doctrina elaborada por eminentes pensadores como Francisco Suárez, Francisco de Vitoria o Vázquez de Menchaca, que fueron poniendo los cimientos de la noción de Comunidad internacional. Destaca también el testamento de la
Reina Isabel, cuyos principios de respeto por el Derecho y afirmación de la dignidad humana continúan siendo una referencia.


La Monarquía española fue pronto la 'Monarquía hispánica', integrada por diversos países en ambos hemisferios bajo la misma Corona: la primera realización efectiva de Occidente. De este modo se creó una comunidad de pueblos hispánicos,
nacida por la fusión, durante siglos, de españoles, americanos y de gentes de otros lugares, que perdura más allá de los vínculos políticos como unidad de cultura, de tradiciones y costumbres y de lengua. La vocación europea de España en nada
debilita esa profundísima relación de familia que tenemos con los pueblos de la Hispanidad y que vincula nuestro futuro de manera irrenunciable.


El español es lengua propia en todas regiones de España y es además lengua universal en la que conviven creativamente los iberoamericanos de ambas orillas del océano, cuatrocientos sesenta millones de personas de muy diversos países y razas.
Una lengua en la cual tienen una patria espiritual y encuentran un milenio de literatura propia y de pasado histórico común, que nos hermana y que, como dijo Unamuno, es la sangre que vivifica nuestro espíritu.


Segundo. Desarrollo normativo de la noción de hispanidad.


Si bien a finales del siglo XIX ya se manejaba el término 'hispanidad', la noción proviene del sacerdote vasco Zacarías de Vizcarra, quien vivió en Argentina durante más de 25 años. Este término vino a sustituir al de raza, que había sido
más utilizado en la primera mitad del siglo XX. Será en Argentina, donde el escritor Ramiro de Maeztu -nombrado embajador en Buenos Aires-, tomó contacto con aquel sentimiento que alumbraría su libro Defensa de la Hispanidad.



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El contexto era muy favorable, tras el hito representado por el Decreto del presidente argentino Hipólito Yrigoyen de 4 de octubre de 1917 que había instaurado la fecha del 12 de octubre como fiesta nacional en dicho país 1. La parte
dispositiva del citado decreto rezaba:


'Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la fecha en homenaje a España, progenitora de las naciones a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y
sancionar el jubiloso reconocimiento, por lo que


El Presidente de la Nación Decreta:


Artículo primero. Se declara Fiesta Nacional el 12 de octubre (...)'.


Sin embargo, el origen de esta celebración se remonta a 1892, cuando la regente María Cristina promulgó un Real Decreto que señalaba el 12 de octubre como fiesta nacional en conmemoración del Descubrimiento de América, enmarcado en los actos
de su IV centenario. Es de señalar que previamente se había consultado a todos los países hispanoamericanos, incluido Estados Unidos e Italia (por ser considerado probable lugar de origen de Colón), y que la inmensa mayoría de ellos se adhirieron a
esta propuesta.


En 1918, bajo el Gobierno de Antonio Maura, se alcanza el rango de fiesta nacional, pero bajo la denominación de Día de la Raza, siguiendo la denominación que daban otros países de Hispanoamérica. A pesar de los intentos del citado Ramiro
de Maeztu, siguiendo como se ha indicado a Zacarías de Vizcarra, para que se denominase a esta fiesta nacional como Día de la Hispanidad, lo cierto es que este cambio no se produjo de forma oficial y los Gobiernos de la Segunda República mantuvieron
la denominación de Día de la Raza. Fue en 1958 cuando se cambió el nombre a Fiesta de la Hispanidad.


Posteriormente, el Real Decreto 3217/1981 mantuvo la celebración del 12 de octubre denominándose 'Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad' 2. Actualmente el día de la Fiesta Nacional está regulado por la Ley 18/1987, de 7 de
octubre. Atendiendo a lo dispuesto en la citada ley, 'el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la
integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos' 3.


La Ley 18/1987 establece, por su parte, la actual denominación: 'Fiesta Nacional de España'. Se suprimió así la referencia a la Hispanidad.


Tercero. Conclusiones.


Tal y como se ha señalado, el 12 de octubre es una fecha de gran relevancia para nuestra Nación, pues supone la celebración de la Hispanidad, una comunidad histórica 4 de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia
cultural que reúne a 640 millones de personas. Es un legado que debemos proteger.


Asimismo, España debe sentirse orgullosa de su importante papel en la historia de la humanidad, pues más allá de difamaciones y narrativas construidas con el único objeto de


1 ORELLA, José Luis: 'El origen de la Hispanidad, un gigante cultural sin unidad política', El Debate, 12.10.22. Disponible [en línea]:
https://www.eldebate.com/historia/20221012/origen-hispanidad-gigante-cultural-unidad-politica_65341.html


2 Con anterioridad, mediante Decreto 177/1980, de 3 de octubre, la Generalidad de Cataluña aprobó el calendario de fiestas para 1981, en el cual no figuraba el 12 de octubre. Por Auto de 8 de octubre de 1981, la Audiencia Territorial de
Barcelona señaló que esa disposición no afectaba a la festividad del día 12 de octubre como Día de la Hispanidad a todos los efectos que no fueran los estrictamente laborales.


3 Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre. Disponible [en línea]: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1987-22831


4 La Constitución Española dispone que 'el Rey [..] asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica' (art. 56.1), y a su vez el Código Civil
sugiere cuáles serían sus integrantes: 'países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal' (art. 24.1).



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dañar a nuestro país, los españoles hemos dejado una impronta de vital importancia allende los mares. Es por ello por lo que desde las instituciones se debe fomentar el conocimiento y la celebración de una fecha tan importante, no sólo para
España, sino para toda la Hispanidad.


Por todo ello, la celebración de tan señalado día debe ser un homenaje a la Hispanidad, a todos lo que la han integrado y a los que se unirán, y debe asimismo enfatizar la concordia entre los pueblos hermanos que forman esta comunidad.


En definitiva, esta fiesta debe poner de manifiesto el enorme potencial que, en su conjunto, tiene la Hispanidad, y debe también servir para fortalecer los lazos que nos unen a los pueblos hermanos de esta comunidad.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para el fomento del Día de la Fiesta Nacional; promueva la inclusión en su denominación oficial de la mención a la Hispanidad, incluida la modificación de
la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de octubre; impulse su celebración especialmente en los países hispanoamericanos y en aquellos en que está presente nuestra cultura por formar parte de
esta comunidad histórica, al objeto de que se fortalezcan la concordia y los lazos históricos y culturales de éstos con España; y trabaje sobre la base de estos vínculos para sacar partido del enorme potencial que la Hispanidad ofrece a todos
nuestros pueblos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2023.-Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evaluar la Estrategia Integral
Española de Cultura para Todos, e impulsar una nueva estrategia para el periodo 2023-2030 para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La accesibilidad, conforme a lo establecido por la Ley 51/2003 -especialmente en los artículos 2 c) y 7 c)-, supone un conjunto de condiciones que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Y, en este sentido, se entiende que es necesaria para el ejercicio, para la realización efectiva, de los derechos fundamentales en igualdad de
oportunidades.


El artículo 14 de la Constitución española explícitamente reconoce el principio de igualdad y no discriminación; del cual se ha derivado el derecho fundamental a la igualdad, así como el derecho fundamental a la no discriminación, que, en
lo básico, se traduce en que todas las personas puedan gozar del ejercicio efectivo de sus derechos sin que pueda existir discriminación alguna que lo dificulte o impida.


Los avances en accesibilidad requieren de avances legislativos que atiendan al diseño para todos, la supresión de barreras, las tecnologías asistenciales y los ajustes razonables, todo ello a través de normas claras y precisas, definidas
después de consultar a los



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diseñadores -entendidos en un sentido amplio-, fabricantes, así como prestatarios de servicios y a las personas con discapacidad, y aplicadas después de un periodo preparatorio durante el cual se pongan a disposición de los ciudadanos
servicios de asesoramiento técnico y jurídico.


Con esta filosofía en 2011, se impulsó la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos: la accesibilidad a la cultura para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que la cultura constituye uno de los elementos esenciales en
el desarrollo de la personalidad y asumiendo las dificultades existentes en el acceso a los espacios, actividades culturales y a las creaciones artísticas; barreras físicas y sensoriales que excluyen de la participación como espectadores y también
como artistas a las personas con discapacidad.


Por lo tanto, esta Estrategia, partiendo de los principios de accesibilidad universal e inclusión aplicados al ámbito de la cultura y en base a la normativa española e internacional (el propio artículo 44 de la Constitución, la LIONDAU o la
Convención) que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida cultural en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, la Estrategia contempla una serie de medidas dirigidas a garantizar la plena
participación del colectivo en las diferentes esferas culturales. Para ello integra aquellas actuaciones que ya están en marcha con otras nuevas, unificando los criterios de actuación en todos los espacios, acciones y servicios culturales
gestionados por el entonces Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos. La Estrategia se compone de diez objetivos estratégicos a partir de los cuales se desarrollan de manera detallada todas las líneas de actuación propuestas. Para el
seguimiento, supervisión y evaluación de la misma se ha creado reglamentariamente un órgano interministerial bajo el nombre de Foro de Cultura Inclusiva al amparo del Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre.


Asumiendo precisamente la obligación de los poderes públicos a facilitar el acceso a la cultura reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, se hacía obligada la citada Estrategia con el fin de trabajar para suprimir todo aquello que pueda
impedir o limitar este derecho, así como implementar los apoyos necesarios para ejercerlo.


Merece destacarse los objetivos de esta Estrategia como resumen sobre lo que se debía trabajar en este ámbito:


- Garantizar la plena accesibilidad universal para todos en los espacios, acciones y servicios culturales, tanto temporales como permanentes, que gestione el Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.


- Promover el acceso de las personas con discapacidad los fondos bibliográficos y documentales, facilitando los recursos de apoyo necesarios.


- Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística en los diferentes ámbitos de ésta.


- Promover la investigación, desarrollo e innovación en tecnologías que faciliten hacer accesibles los diferentes contenidos culturales y los dispositivos y procesos de acceso a los mismos.


- Fomentar en los espacios y acciones culturales la contratación de personas con discapacidad.


- Promover la accesibilidad a los espacios a través del diseño para todos.


- Promover la formación profesional de la cultura y del personal de los espacios culturales para que puedan identificar y dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.


- Realizar campañas informativas y de divulgación cultural en formatos accesibles, para dar a conocer y fomentar la asistencia y participación de las personas con discapacidad en las ofertas culturales.


- Garantizar la participación real y efectiva de los propios usuarios y de sus organizaciones representativas en la ejecución y seguimiento de esta Estrategia.


Pues bien, tras la implementación de la Estrategia han sido habituales los Informes de evaluación y el seguimiento para observar su grado de cumplimiento, su efectividad y sobre todo si se debieran impulsar reformas o mejoras en la misma.



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El primer Informe de evaluación se efectuó en el intervalo 2012-2014 contando para ello con 50 entidades públicas pertenecientes a la secretaría de Estado de Cultura, a Patrimonio Nacional y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.


Posteriormente se presentaron los Informes 2015 y 2016 hasta llegar al último en el 2017, con un balance 259 medidas y 589.824 M€ y 30.430 personas beneficiarías.


Tras dicho Informe de 2017, nada se ha publicado hasta ahora respecto a la revisión de los objetivos de dicha Estrategia o a la posible publicación de una nueva con base en las últimas conclusiones que el Gobierno pueda tener al respecto
pero que no ha sido publicado.


Si bien a respuesta a una pregunta parlamentaria de fecha 9 de febrero de 2022 se nos informó de los datos recopilados para la elaboración del Informe para el periodo 2018-2020 y se nos indicó que dicho informe estaba en fase de edición.


Pues bien, dicho Informe ni ha sido editado ni publicado, y teniendo en cuenta la importancia de conocer cuanto antes el grado de ejecución de los objetivos de la Estrategia en estos años sobre todo para proyectar en base a esa evaluación,
los objetivos para los próximos años, es por lo que planteamos esta iniciativa.


Tampoco se ha convocado el Foro de Cultura Inclusiva que el propio CERMI pedía que fuera activado en agosto de 2020 al entonces ministro, dado que 'resulta imprescindible que este Foro vuelva a la actividad para evaluar las políticas y
actuaciones culturales en materia de inclusión y accesibilidad y para velar porque éstas sean armónicas con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.'


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Elaborar el Informe de evaluación 2018-2021, y el de evaluación final de la Estrategia Española de Cultura para Todos, Accesibilidad a la Cultura para las Personas con Discapacidad.


- Impulsar y actualizar los trabajos y reuniones del Foro de Cultura Inclusiva.


- Aprobar una nueva Estrategia Española de Cultura para Todos 2023-2030, con base en las conclusiones de la anterior, que cuente con la participación de todas las instituciones y entidades de la discapacidad, y con la colaboración del Foro
de Cultura Inclusiva.


- Esta Estrategia deberá impulsar nuevas iniciativas para que las personas con discapacidad puedan acceder a la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, bien como creadores, artistas, emprendedores, etc., así como como espectadores.


- Elaborar un estudio específico del acceso a la cultura de las personas con discapacidad que viven en el medio rural, los mayores, los más vulnerables, cuyas conclusiones se incorporen a la Estrategia 2023-2030 dadas las especiales
dificultades que tienen, muchas veces sufriendo discriminación interseccional.


- Esta Estrategia deberá tener financiación suficiente para su puesta en funcionamiento, para lo que se deberá contar con los Fondos Europeos.


- Tener en cuenta la perspectiva de género para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura para hombres y mujeres con discapacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Marta María Rivera de la Cruz, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan
Nacional de apoyo y difusión de la Zarzuela, que incluya las acciones necesarias para la consideración de 'La Zarzuela, patrimonio de la Humanidad', y la declaración del 10 de octubre como Día Mundial de la Zarzuela, para su debate en la Comisión de
Cultura.


Exposición de motivos


La zarzuela es un género escénico-musical que combina el canto con las partes habladas e instrumentales, incluyendo en muchas ocasiones fragmentos de danzas típicas de la zona en la que se desarrolla la acción.


Aunque similar al singspiel alemán, la opereta vienesa o la opera comique francesa, es un género genuinamente español, costumbrista y con una marcada significación social.


El término zarzuela aparece por primera vez en 'La esposa de los cantares', de Lope de Vega, escrita antes de 1620, donde se hace referencia al baile de la zarzuela: 'mudan aquí el baile y dicen el de la zarzuela'. Su nombre procede de la
quinta de recreo llamada La Zarzuela, situado en el Real Sitio de El Pardo, cerca de Madrid, que fue mandado construir en el siglo XVII por el rey Felipe IV, quien, tras las partidas de caza, asistía en el mismo a diversos espectáculos teatrales.
Su denominación obedece a la presencia de zarzas (también conocidas como zarzamoras o moras) y hoy es la residencia oficial del Rey de España.


Algunos grandes de la literatura española, como el propio Lope de Vega o Calderón de la Barca, aportaron su genio al género en sus inicios. La continua demanda de obras y la necesidad de rentabilizar el negocio teatral en el siglo XIX,
lleva al género a reducir su formato a obras en un único acto, fáciles de programar en sesión única. Es el nacimiento del conocido como género chico. Esta variante de la zarzuela, que nunca debe confundirse con las obras de gran formato ni servir
de denominación universal de todo el género, tenía como rasgos principales su carácter cómico, ambientes y personajes cotidianos que usaban un lenguaje muy popular, un enredo mínimo con final feliz, y un argumento que casi siempre trataba temas de
la actualidad del momento, lo que lo convertía en un medio de crítica social y política de gran aceptación entre la población. Federico Chueca, Tomás Bretón o Ruperto Chapí, y títulos como 'La Gran Vía', 'El año pasado por agua', 'La verbena de La
Paloma', 'Agua, azucarillos y aguardiente' o 'La Revoltosa' son algunos de los máximos ejemplos del Género Chico.


Francisco Asenjo Barbieri, con obras como 'El barberillo de Lavapiés', es un ejemplo de la Zarzuela Grande, que alcanza su apogeo en el siglo XX con Amadeo Vives, Pablo Sorozábal, Jacinto Guerrero, Federico Moreno Torraba y con títulos tan
emblemáticos como 'Doña Francisquita', 'La del manojo de rosas', 'La tabernera del puerto', 'Los gavilanes', 'La rosa del azafrán' o 'Luisa Fernanda'. Títulos como 'María Adela' de Reyes Bartlet, ambientada en Canarias; 'El caserío' de Jesús
Guridi, que transcurre en el País Vasco; 'La picara molinera' de Pablo Luna, ambientada en Asturias; 'La parranda' de Francisco Alonso, en Murcia; 'La del soto del parral' de Soutullo y Vert, en Segovia; 'La boda de Luis Alonso', en Cádiz;
'Cangó d'amor i de guerra' de Martínez Valls, en Cataluña; 'Gigantes y cabezudos' de Fernández Caballero, en Aragón, o 'Maruxa' de Vives, en Galicia, son ejemplos de que se trata de un género que se ha desarrollado a lo largo y ancho de la
geografía española.


No podemos olvidar su difusión y proyección internacional. A la escuela de zarzuela en Cuba, México, Perú, Colombia, Argentina o Costa Rica hay que sumar la Sarwuela en Filipinas, cantada en tagalo. Hay compañías de zarzuela en Japón o
Estados Unidos y el éxito que nuestro género lírico cosecha en todos los escenarios del mundo está más que



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contrastado. Desde hace más de un siglo los barrios de Lima tienen grupos populares de zarzuela y los más importantes cantantes líricos incluyen en muchos recitales fragmentos de zarzuela.


Su trascendencia histórica y social, su proyección y difusión internacional, y el formar parte de las señas de identidad de nuestro país y de la Marca España, merece de un plan que refuerce su valor como género musical, fomentando su
difusión y conocimiento, propiciando sus representaciones en circuitos culturales en España y fuera de nuestras fronteras, creando además futuras acciones como un Museo Nacional de la Zarzuela, un Centro de Investigación y rescate del género lírico
español, etc., y que pueda formar parte de la educación de las nuevas generaciones, instando a su inclusión en los libros de textos, así como en acciones educativas de carácter transversal y apoyando a las diferentes asociaciones profesionales
artísticas y culturales que promuevan el género.


Además, por sus características particulares antes descritas y por formar parte de la historia musical de nuestro país, que además la convierte en memoria social y cultural, se deberían incluir en el citado plan las acciones necesarias, a
realizar por el gobierno de España, para su inclusión dentro de los bienes de patrimonio inmaterial de la Humanidad.


Se ha hecho llegar a nuestro grupo parlamentario un Manifiesto, promovido por ALE-Sindicato de Artistas Líricos de España, que recoge las peticiones arriba expuestas, al que se han adherido, además, por orden alfabético, las siguientes
organizaciones e instituciones:


- AESDO (Asociación Española de Directores de Orquesta),


- ADE (Asociación de Directores de Escena de España),


- AIE (Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes),


- AIM (América Iber Música),


- AMA (Autores de Música Asociados),


- Amproband (Asociación de Músicos de Bandas Profesionales),


- APDCM (Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid),


- ARE (Asociación de Regiduría de Espectáculos),


- ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo),


- Asociación de la Zarzuela de Japón,


- Festival Lírico de Medinaceli,


- Fundación Arte Lírico de Colombia,


- Fundación Ópera de Oviedo,


- Fundación Prolírica de Antioquia,


- Gran Teatre del Liceu,


- ÓPERAXXI,


- SGAE (Sociedad General de Autores),


- Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid,


- Teatro Cervantes de Málaga,


- Teatro de la Maestranza,


- Teatro Real,


- Teatro Villamarta de Jerez,


- Unión de Actores y Actrices, y


- Zarzuela por el Mundo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Desarrollar un Plan Nacional de apoyo y difusión de la zarzuela, con la finalidad de difundir la trascendencia histórica y social de la zarzuela, que incluya entre otras acciones, las educativas, de carácter transversal, que permitan
conocer al alumnado a los autores y sus obras; de apoyo a las diferentes asociaciones artísticas y culturales que promuevan



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el género de la zarzuela, y de proyección y difusión internacional, propiciando sus representaciones en circuitos culturales en España y fuera de nuestras fronteras.


2. Impulsar el procedimiento solicitado para la inclusión de la zarzuela como candidatura nacional a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, previa su aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico.


3. Proponer la declaración del 10 de octubre como Día Mundial de la Zarzuela, día de la inauguración del Teatro de la Zarzuela en 1856.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Marta María Rivera de la Cruz, María Eugenia
Carballedo Berlanga, Jaime Miguel de los Santos González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco y Óscar Clavell López, Diputados.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los
controles sanitarios a la importación de café, para su debate en instancia en la Comisión de Industria y Turismo


Exposición de motivos


El sector del café es uno de los principales motores económicos y de empleo en Catalunya. Siendo Barcelona el principal puerto cafetero del Estado español y un enclave estratégico de distribución de este sector en el ámbito del
mediterráneo.


Esto es, el 90 % de las importaciones del café entran a través del 'Port de Barcelona', que cuenta además con homologación internacional como puerto entregable. Esto es destacable debido a que dichas homologaciones exigen un elevado nivel
de exigencia en relación con los espacios y el almacenamiento del café. A su vez, Barcelona importa café verde desde 40 países de todo el mundo, además de exportar internacionalmente.


En los últimos años se está produciendo un importante desarrollo de la cultura del café; así como un mayor conocimiento del producto por parte del consumidor. Se estima que, en el Estado Español, el café llega a casi 228.000
establecimientos de hostelería y se sirven 19 millones de tazas de café cada día. En Catalunya, durante el año 2022, el consumo medio fue de 2,2 tazas de café anual por persona. En definitiva, es un sector de gran importancia tanto en el consumo
en el hogar como en el sector hostelero.


Sin embargo, en la actualidad, el sector cafetero debe hacer frente a nuevos retos derivados del contexto internacional, como son los problemas de logística y el aumento del coste de producción y de energía. Todo esto exige nuevos enfoques
y propuestas que permitan abordar los principales desafíos actuales del sector.


Uno de estos retos está relacionado con su competitividad a nivel europeo, ya que la inserción del café verde, en el año 2017, como uno de los productos objeto de control sanitario en frontera, ha supuesto una pérdida de capacidad de mercado
y de competitividad al no existir los mismos controles sanitarios en otros Estados miembros de la Unión Europea. Este fenómeno ha provocado que se hayan incrementado las importaciones de café verde vía Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y
Portugal



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debido a sus facilidades para la importación en términos de ahorro de tiempo y costes de los despachos aduaneros. Como consecuencia de ello, según los últimos datos disponibles, en 2021 en el Estado español el volumen de las importaciones
de café verde se redujo en un 2 %.


Cabe señalar que hasta el momento en el que se implantan los Controles Sanitarios a la Importación (SANIM), el café verde como materia prima destinada a un tratamiento ulterior (tueste) no estaba sujeto a este control previo a la
importación. Y, en consecuencia, tampoco lo estaban las muestras de café verde desprovistas de valor comercial.


El Real Decreto 1676/2012 establece que el café verde es una materia prima que ha de ser sometida a un tratamiento posterior, es decir, el tueste. Y así se consigna en la documentación aduanera que se presenta para el despacho. Según los
datos ofrecidos por el Gobierno español, desde 2017 a 2022 se han controlado en las instalaciones fronterizas 30.718 partidas comerciales de café verde, realizando análisis a 391 partidas, y obteniendo en 17 de ellas resultados analíticos
desfavorables.


Respecto a las muestras de café verde desprovistas de carácter comercial, tienen como objetivo verificar en laboratorio, y antes del embarque de la expedición comercial en origen, las características organolépticas y la calidad del café
verde que se va a importar y que éstas se ajustan al contrato suscrito entre las partes (país de origen-importador en la UE). Según los datos ofrecidos por el Gobierno español, entre 2020 y 2022 se han controlado 2.892 muestras no comerciales de
café verde y no constan problemas de rechazo por Sanidad Exterior. Estas muestras tienen un tamaño que, habitualmente, no supera los 400 g, y no se destinan a su venta al consumidor. En este sentido, someter estas muestras no comerciales de café
verde a control sanitario en frontera no sólo genera costes previos al despacho aduanero difíciles de repercutir en las circunstancias actuales, sino que también implica demoras y pérdida de oportunidades comerciales frente a otros competidores
europeos que no están sujetos a los mismos requisitos.


El Tratado de Funcionamiento de la UE señala en su artículo 26 que el mercado interior, en el que se basan las políticas y acciones internas de la Unión Europea, implica un espacio sin fronteras interiores en el que están garantizadas las
libertades de circulación en las que se fundamenta. Cuando se da una desviación de tráficos por diferencias entre Estados miembros en la aplicación del control en frontera de mercancías por motivos sanitarios, se está afectando al correcto
funcionamiento del mercado interior y a la marcha adecuada de la unión aduanera y de la política comercial común.


Por otra parte, la exigencia de la intervención de Sanidad Exterior en el control previo al despacho aduaneros del 100 % de las muestras de café verde ataca el principio de proporcionalidad. Teniendo en cuenta que las muestras no son
susceptibles de comercialización ni de consumo humano y el fin que persigue la normativa sanitaria controladora no es otro que la protección de la salud de los consumidores, resulta desproporcionada la actual actuación de control sanitario previo a
la posibilidad de despacho aduanero de estas muestras.


El preámbulo de la Orden de 20 de enero de 1994, que regula el control sanitario de productos de comercio exterior destinados al consumo humano, señala el establecimiento de un mercado interior en la Comunidad, que implica una frontera
exterior común; la facilitación de la circulación de productos sometidos a control sanitario; el principio de proporcionalidad de las actuaciones; la inspección adecuada al riesgo potencial y la necesaria homogeneidad de los controles sanitarios
para evitar desvíos no justificados de mercancías. En el ámbito de la UE, la norma marco reguladora de estos controles, el Reglamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, señala en su artículo 48 que las mercancías enviadas como
muestras que no estén destinadas a comercializarse están exentas de control oficial en los puestos de control fronterizo por las autoridades competentes, previos al despacho de aduanas. Lo que coincide con la Disposición Segunda de la citada Orden
de 20 de enero de 1994 que indica que los productos de su anexo se controlarán: 'cuando sean constitutivos de expedición comercial...'.


La situación actual determina una pérdida de competitividad en el sector del café, por la elevación de los costes en la importación de las muestras no comerciales de café verde



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y el retraso en el tiempo de los despachos aduaneros, que permiten disponer de las mismas para su análisis organoléptico antes del cierre de los embarques de las expediciones comerciales. En consecuencia, se debilita la posición en el
mercado tanto de los importadores como de los representantes aduaneros y de los operadores logísticos que intervienen en el proceso de la importación, beneficiando a los competidores de otros estados miembros con más facilidades para la tramitación.
Esta anomalía puede acabar consolidando una desviación de tráfico a favor de esos otros países y una pérdida de actividad empresarial y comercial para Catalunya y también para el Estado español.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a:


1. Mantener un diálogo abierto con el sector cafetero para adoptar las medidas necesarias que permitan fomentar la competitividad de éste.


2. Estudiar la posibilidad de modificar la Orden de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su
realización, con el fin de abordar las modificaciones introducidas por la Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, en lo relativo al control sanitario en frontera de las materias primas
sometidas a tratamiento posterior.


3. Simplificar el despacho para las muestras no comerciales de café verde, de manera que permitan garantizar adecuadamente la competitividad del sector cafetero y su homologación con el resto de los Estados de la Unión Europea.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instáncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre els
Controls sanitaris a la importació de cafè pel seu debat a la Comissió d'Indústria i Turisme.


Exposició de motius


El sector del cafè és un dels principals motors econòmics i d'ocupació a Catalunya. Sent Barcelona el principal port cafeter de l'Estat espanyol i un enclavament estratègic de distribució d'aquest sector en l'àmbit del mediterrani.


Això és, el 90 % de les importacions del cafè entren a través del 'Port de Barcelona', que compta a més amb homologació internacional com a port lliurable. Això és destacable pel fet que aquestes homologacions exigeixen un elevat nivell
d'exigència en relació amb els espais i l'emmagatzematge del cafè. Al seu torn, Barcelona importa cafè verd des de 40 països de tot el món, a més d'exportar internacionalment.


En els últims anys s'està produint un important desenvolupament de la cultura del cafè; així com un major coneixement del producte per part del consumidor. S'estima que, a l'Estat Espanyol, el cafè arriba a gairebé 228.000 establiments
d'hostaleria i se serveixen 19 milions de tasses de cafè anuals cada dia. A Catalunya, durant l'any 2022, el consum mitjà va ser de 2,2 tasses de cafè per persona. En definitiva, és un sector de gran importància tant en el consum en la llar com en
el sector hostaler.


No obstant això, en l'actualitat, el sector cafeter ha de fer front a nous reptes derivats del context internacional, com són els problemes de logística i l'augment del cost de



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producció i d'energia. Tot això exigeix nous enfocaments i propostes que permetin abordar els principals desafiaments actuals del sector.


Un d'aquests reptes està relacionat amb la seva competitivitat a nivell europeu, ja que la inserció del cafè verd, l'any 2017, com un dels productes objecte de control sanitari en frontera, ha suposat una pèrdua de capacitat de mercat i de
competitivitat en no existir els mateixos controls sanitaris en altres Estats membres de la Unió Europea. Aquest fenomen ha provocat que s'hagin incrementat les importacions de cafè verd via Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos i Portugal a
causa de les seves facilitats per a la importació en termes d'estalvi de temps i costos dels despatxos duaners. A conseqüència d'això, segons les últimes dades disponibles, en 2021 en l'Estat espanyol el volum de les importacions de cafè verd es va
reduir en un 2 %.


Cal assenyalar que fins al moment en el que s'implementen els Controls Sanitaris a la Importació (SANIM), el cafè verd com a matèria primera destinada a un tractament ulterior (torrat) no estava subjecte a aquest control previ a la
importació. I, per tant, tampoc ho estaven les mostres de cafè verd sense valor comercial.


El Reial Decret 1676/2012 estableix que el cafè verd és una matèria primera que ha de ser sotmesa a un tractament posterior, és a dir, el torrat. I així es mostra a la documentació duanera que es presenta pel seu despatx. Segons les dades
ofertes per el Govern espanyol, des de 2017 a 2022 s'han controlat a les instal·lacions frontereres 30.718 partides comercials de cafè verd, realitzant anàlisis a 391 partides, i obtenint en 17 d'elles resultats analítics desfavorables.


Respecte les mostres de cafè verd sense caràcter comercial, tenen l'objectiu de verificar al laboratori, i abans de l'expedició comercial en origen, les característiques organolèptiques i la qualitat del cafè verd que s'importi i que
aquestes s'ajusten al contracte subscrit entre les parts (país d'origen-importador a la UE). Segons les dades ofertes per el Govern espanyol, entre 2020 i 2022, s'han controlat 2.892 mostres no comercials de Cafè verd i no hi consten problemes de
rebuig per part de Sanitat Exterior. Aquestes mostres habitualment no superen els 400 g, i no estan destinades al consum. En aquest sentit, sotmetre aquestes mostres no comercials de cafè verd a control sanitari en frontera no només genera costos
previs al despatx duaner difícils de repercutir en les circumstàncies actuals, sinó que també implica demores i pèrdua d'oportunitats comercials davant d'altres competidors europeus que no estan subjectes als mateixos requisits.


El Tractat de Funcionament de la UE senyala en el seu article 26 que el mercat interior, en què és basen les polítiques i accions de la Unió Europea, implica un espai sense fronteres internes en el que està garantida la llibertat de
circulació. Quan es dona una desviació de tràfics per diferències entre Estats membres en l'aplicació del control a la frontera de mercaderies per motius sanitaris, s'està afectant al correcte funcionament del mercat interior i de la política
comercial comuna.


D'altra banda, l'exigència de la intervenció de Sanitat Exterior en el control previ al despatx duaner del 100 % de les mostres de cafè verd ataca el principi de proporcionalitat. Tenint en compte que les mostres no són susceptibles de
comercialització ni de consum humà i la fi que persegueix la normativa sanitària controladora no és un altre que la protecció de la salut dels consumidors, resulta desproporcionada l'actual actuació de control sanitari previ a la possibilitat de
despatx duaner d'aquestes mostres.


El preàmbul de l'Ordre de 20 de gener de 1994, que regula el control sanitari de productes de comerç exterior destinats al consum humà, senyala l'establiment d'un mercat interior a la Comunitat Europea, que implica una frontera exterior
comuna; la facilitació de la circulació de productes sotmesos a control sanitari; el principi de proporcionalitat dels actuacions; la inspecció adequada al risc potencial i amb la necessària homogeneïtat dels controls sanitaris per evitar
desviaments no justificats de mercaderies. En l'àmbit de la UE, la norma marc reguladora d'aquests controls, el Reglament UE 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell, senyala en el seu article 48 que les mercaderies enviades com a mostres que
no estiguin destinades a comercialitzar-se estan exemptes de control oficial en els llocs de control fronterer per els autoritats competents en aquests controls, previs al despatx de duanes. El que coincideix amb la Disposició Segona de la citada
Ordre de 20



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de gener de 1994 que indica que els productes del seu annexa es controlaran: 'quan siguin constitutius d'expedició comercial...'


La situació actual determina una pèrdua de competitivitat del sector del cafè per l'augment dels costos en la importació de les mostres no comercials de cafè verd i l'endarreriment del temps dels despatxos duaners que permeten disposar de
les mateixes pel seu anàlisi organolèptic, abans dels embarcaments de les expedicions comercials. En conseqüència, es debilita la posició en el mercat tant dels importadors com dels representants duaners i dels operadors logístics del país que
intervenen en el procés de la importació, beneficiant als competidors d'altres Estats membres de la UE amb més facilitats per la tramitació. Aquesta anomalia pot acabar consolidant una desviació de trànsit a favor d'aquests altres països i una
pèrdua d'activitat empresarial i comercial per a Catalunya i també per a l'Estat espanyol.


Proposició no de Llei


'El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:


1. Mantenir un diàleg obert amb el sector cafeter per adoptar les mesures necessàries que permetin fomentar la competitivitat d'aquest.


2. Estudiar la possibilitat de modificar l'Ordre de 20 de gener de 1994, per la que es fixen les modalitats de control sanitari de productes de comerç exterior destinats a ús i consum humà i dels recintes duaners habilitats per a la seva
realització, amb la finalitat d'abordar les modificacions introduïdes per la Resolució de 10 de gener de 2017, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, en allò relatiu al control sanitari en frontera de les matèries primeres
sotmeses a tractament posterior.


3. Simplificar el despatx per a les mostres no comercials de cafè verd; de manera que permetin garantir adequadament la competitivitat del sector cafeter i la seva homologació amb la resta d'Estats de la Unió Europea.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de desembre de 2023.-Inés Granollers Cunillera, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grupo Parlamentario Republicano.


Comisión de Sanidad


161/000108


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances
reales en la prevención y en la reducción de las agresiones a profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La Policía Nacional hizo público el 1 de marzo de 2023 el balance de las agresiones contra profesionales sanitarios cometidas en toda España durante 2022.


De acuerdo con los datos incluidos en dicho balance, el año pasado se realizaron 8.812 actuaciones policiales relacionadas con agresiones a sanitarios, de las que 6.188 se produjeron durante asistencias sanitarias realizadas en domicilios
-las 2.624 intervenciones restantes derivaron de la atención prestada en centros asistenciales- y 60 dieron lugar a detenciones.



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Sólo las denuncias registradas en 2022 por la Policía Nacional su balance no contempla las interpuestas ante la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales ascendieron a un total de 241 -por las 225 de 2021, es decir, un 7% más-,
correspondiendo el 42% de ellas a agresiones físicas. Entre los colectivos de profesionales denunciantes, la Policía Nacional destaca a los médicos -responsables del 68% de las denuncias-, seguidos de enfermería -con el 24%- y de técnicos
sanitarios -con un 8%-.


En el mismo sentido y el mismo 1 de marzo de 2023, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos concretaron vía 'X' (@CGCOM_Esp) las cifras ofrecidas por la Policía Nacional, precisando que 'las agresiones a profesionales de la
salud han subido respecto al año pasado un 7%', aunque en mayor medida en el caso específico de los médicos, en el que 'han aumentado un 10%', pasando 'del 58% al 68%'.


Además, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos destacaron que 'el 17% de los agresores son reincidentes', que 'han aumentado las amenazas verbales mientras han disminuido las lesiones físicas', que 'las mujeres padecen el
63% de las agresiones', que 'el 62% de los agresores son hombres', y que 'además de agresiones, en los centros sanitarios se dan otros delitos como hurtos, robos con fuerza y robos con violencia'.


Son cifras y valoraciones convergentes con las que se hicieron públicas el 7 de febrero de 2023 desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España -se presentó un informe correspondiente al año 2021 en el que están
registradas un total de 1.629 agresiones a enfermeras-y con las contempladas por el referido Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en el marco de actividad de su 'Observatorio Nacional de Agresiones'.


Las cifras más recientes de dicho observatorio, correspondientes a 2022, fueron presentadas el pasado 9 de marzo y cuantifican en 843 las acciones violentas comunicadas a los colegios de médicos, es decir, 231 más que en 2021, un 38% más.
Este dato representa 'el récord histórico' desde la puesta en marcha del referido observatorio en 2010 y sitúa en 6.492 el total de agresiones registradas en los últimos doce años.


Del total de esas acciones violentas, el 84% fueron insultos y amenazas, el 61% a mujeres y el 43% en atención primaria. Además, el 64,3% estuvieron relacionadas con el tiempo de espera asumido por los pacientes para ser atendidos y el 48%
fueron realizadas por pacientes programados.


Aunque los representantes de los profesionales sanitarios ponen en valor iniciativas como la 'Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud',
que fue aprobada en julio de 2017 desde el Ministerio del Interior en colaboración con el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y que supuso avances destacados como el establecimiento de un protocolo de actuación y la
creación de la figura del interlocutor policial, los mismos profesionales, a tenor de la evaluación experimentada por las agresiones a los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud en los últimos años, consideran necesario desarrollar
nuevas medidas que favorezcan la prevención y posibiliten un mejor abordaje de estas situaciones.


Por ejemplo, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España solicitan a partir del referido informe más medios en términos de seguridad y mejores vías para facilitar la denuncia de las agresiones, al tiempo que
consideran prioritaria una mayor información y sensibilización de la sociedad y más formación y capacitación de los profesionales.


Estas medidas son también solicitadas desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que ha planteado adicionalmente otras acciones como la 'consideración jurídica para el delito de las agresiones en los ámbitos concertado y
privado'; la 'unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes', y la 'creación de un 'Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios' en el que
participen todos los implicados: Ministerios de Sanidad, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias,



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Comunidades Autónomas, Consejos Generales de las profesiones sanitarias y plataformas de asociaciones de pacientes'.


Además, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se considera necesario que se potencien 'los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el
abordaje integral de las agresiones'. En este caso, el citado 1 de marzo se propuso desde la Policía Nacional que en 2023 sea posible efectuar denuncias 'in situ' de las agresiones -como ya puede hacerse en los centros comerciales- en los que no se
hayan producido lesiones -delitos leves-, en el momento en el que el presunto autor es detenido en el lugar de los hechos por haber sido sorprendido en delito flagrante, de forma que en ese mismo momento se proceda a la denuncia y el presunto
agresor abandone el centro sanitario incluso con la cita para el juicio rápido.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y mejorar la legislación vigente, así como a poner en marcha un 'Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios', para procurar avances reales y tangibles en la prevención y en la
reducción al máximo de las agresiones a los profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud.


Desde el trabajo conjunto de los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia y Educación, el Gobierno realizará esa revisión normativa y diseñará y activará en la práctica el referido plan nacional para incrementar la seguridad de los
profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones en el plazo máximo de seis meses, actuando siempre desde el consenso real con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, y contando en todo momento con las propuestas y
aportaciones que realicen los representantes de los profesionales sanitarios, de los pacientes y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Ester Muñoz de la Iglesia y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000110


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de medidas de
utilidad real para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos


La situación de carencia de especialistas en medicina de familia disponibles para contratar en la atención primaria española está afectando de forma importante a todos los servicios de salud de nuestro país.


Son reiteradas las demandas de profesionales y ciudadanos demandando un refuerzo de plantillas médicas que los gobiernos autonómicos no pueden realizar por no encontrar personal disponible con el título que les habilita para ejercer la
medicina de familia. Esta imposibilidad de incorporar nuevo personal médico también la están sufriendo servicios de salud dependientes del Gobierno de España como los de Instituciones Penitenciarias, que



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ante la dificultad para contratar facultativos en el sistema público han optado por contratar servicios privados de asistencia sanitaria para los reclusos de varias cárceles españolas.


Los intentos de señalar la causa de esta falta de médicos en la falta de compromiso político o presupuestario del gobierno autonómico de turno chocan con la realidad de que esta situación se repite de modo idéntico en comunidades autónomas
con gobiernos de todo signo político y que han seguido políticas sanitarias muy distintas a lo largo de los últimos años. De hecho, fue un consejero de Sanidad socialista el que enunció con crudeza la realidad del problema al declarar que la falta
de estos médicos no se debía a razones presupuestarias pues 'ni con todo el oro del mundo', en sus propias palabras, se podría conseguir hoy en España a los especialistas en medicina de familia necesarios para cubrir las plazas vacantes en nuestros
centros de salud.


El Gobierno de España ha asumido recientemente la dimensión nacional del problema al habilitar mediante Real Decreto-Ley una modalidad de jubilación activa para el personal de medicina de familia y pediatría de atención primaria que
incentiva su continuidad en el puesto de trabajo hasta los 70 años. Una medida de alcance nacional para abordar un problema que afecta a todo el territorio español.


No obstante, ese mismo Gobierno que ha promovido esa medida urgente y de alcance inmediato lleva años postergando la adopción de soluciones estructurales a largo plazo para esta situación. Soluciones, además, que no son nuevas sino que en
gran medida estaban diagnosticadas y definidas a través de un acuerdo unánime tomado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en abril de 2018.


Las medidas buscaban agilizar la acreditación de nuevas plazas formativas para formación sanitaria en especialidades deficitarias, para lo que se exigía también revisar la normativa sobre los requisitos de acreditación de unidades docentes.
El objetivo era reformar el sistema de modo que se pudiesen convocar más plazas formativas de especialidades como medicina de familia cuya previsión de evolución de efectivos era negativa.


Desde abril de 2018 se han sucedido ya seis ministras y ministros de Sanidad sin que se hayan completado las medidas contenidas en ese acuerdo y que merecieron entonces el apoyo de la totalidad de los gobiernos autonómicos, gobernados
entonces mayoritariamente por el PSOE.


Ante esta inacción, los gobiernos gallego y vasco promovieron en julio de 2022 un manifiesto con vocación transversal que demandaba al Gobierno de España medidas urgentes de competencia estatal para atajar con la mayor agilidad posible este
déficit de especialistas en medicina de familia. Un manifiesto que ha ido consiguiendo adhesiones desde gobiernos autonómicos de distinto signo político, empezando por el catalán o el andaluz.


Además, el Grupo Parlamentario Popular consideró oportuno elevar el contenido de ese manifiesto como una resolución tras el último Debate del Estado de la Nación celebrado en 2022. Dicha resolución fue aprobada, contando con el apoyo de
partidos como el PNV, Junts o Coalición Canaria o la abstención de ERC, dejando como partidos posicionados en contra de estas medidas a PSOE, Bildu, BNG, CUP y las formaciones hoy integradas en Sumar.


La situación actual de la atención primaria española sigue mereciendo una atención urgente por parte del Gobierno de España, que debe acometer las reformas necesarias en el sistema estatal de Formación Sanitaria Especializada para lograr que
este produzca los suficientes especialistas formados y que los servicios de salud tengan así las herramientas necesarias para poder ejercer sus competencias en la contratación de personal, hoy bloqueadas por la inexistencia de candidatos
disponibles.


En consecuencia, ante la permanencia del problema y la ausencia de la presentación de soluciones reales por parte del Gobierno de España, el Grupo Parlamentario Popular considera oportuno que la nueva composición de este Congreso de los
Diputados se pronuncie de nuevo sobre las soluciones que en 2022 demandaron los responsables de la gestión sanitaria de varias comunidades autónomas. Esta Cámara y el Gobierno de España no se pueden poner de perfil ante un problema de ámbito
nacional y cuyas



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consecuencias están sufriendo gobiernos autonómicos de todo signo político y, sobre todo, pacientes de toda España.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición de no Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Impulsar, desde el pleno consenso con las Comunidades Autónomas y la total coordinación con los representantes de los médicos, principalmente de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, las siguientes medidas:


1. Garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ha ocurrido en la convocatoria de este año. En caso de no volver a un sistema presencial, el proceso telemático debe realizarse con la máxima
transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento por parte de los aspirantes. Este cambio debe ser efectivo para la próxima convocatoria MIR.


Además, se debe facilitar que la Orden que regula la formación sanitaria especializada permita que no queden sin cubrir tampoco aquellas plazas que, siendo adjudicadas, no se cubren al no tomar posesión de ellas sus adjudicatarios,
renunciando antes de la firma del contrato.


2. Invalidar un sistema formativo que genera un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales que aún no han sido resueltos. Esto genera un empeoramiento de déficit crónico de especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria
que agranda la problemática que suponen las jubilaciones en este ámbito.


Por lo tanto, debe procederse, antes de que se realice el próximo examen MIR, a la creación de la especialidad de Medicina de urgencias y Emergencias, con tramitación preferente, tal y como se hizo hace pocos meses con la especialidad de
Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.


3. Ampliar, por vía de urgencia, el número de plazas de formación médica especializada en Medicina de Familia y Comunitaria, para que las Comunidades Autónomas puedan afrontar el relevo generacional y las perspectivas de déficit sobre las
que alerta el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 del Ministerio de Sanidad.


Para poder llevarlo a cabo, se creará un sistema de acreditación de unidades docentes más flexible y más ágil, y se promoverá la aprobación, antes de la siguiente convocatoria MIR, de la revisión de la normativa de requisitos de acreditación
de unidades docentes en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria que, entre otras medidas, deberá mantener abierta la convocatoria para que dicha acreditación sea posible permanentemente.


4. Una vez que el sistema de acreditación y el programa formativo de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria estén reformados y permitan acreditar un mayor número de plazas, realizar convocatoria de plazas MIR extraordinarias
en la especialidad.


Estimando la necesidad de ampliación urgente en 1.000 plazas formativas anuales de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en toda España, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas acordarán un plan extraordinario de
formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de la especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años, que corrija la situación de déficit a la que nos llevan las previsiones de jubilación.


5. Desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique en el futuro con más rigor su oferta formativa.


Dado que el sistema MIR es un instrumento de cobertura estatal en el que se forman especialistas en las distintas Comunidades Autónomas para todo el Sistema Nacional de Salud, poner en marcha de forma real y efectiva el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios, para orientar las necesidades de formación de especialistas y prevenir la aparición de déficits de profesionales de determinadas especialidades.



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6. Fomentar e implementar, mediante el 'Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023', todas las medidas necesarias para facilitar el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, dotándole de tiempo
y espacio para recobrar su rol como eje vertebrador de la mejor atención integral de los ciudadanos.


7. Impulsar, a partir de la consecución efectiva de las medidas planteadas en los puntos anteriores, un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar los problemas relacionados con la especialidad de Medicina de Familia y
Comunitaria, que están afectando a profesionales y pacientes de todo el Sistema Nacional de Salud.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2023.-Elvira Velasco Morillo, Ester Muñoz de la Iglesia y Ana María Pastor Julián, Diputadas.-Miguel Tellado Filgueira, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/000094


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Jorge Campos Asensi y María de los Reyes Romero Vilches en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno de España a revisar toda la política de cooperación que realiza el Reino de España, para su
discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos


Primero. La ayuda económica de la Unión Europea a Palestina.


Durante las últimas décadas los países europeos han contribuido financieramente al sostenimiento de la Autoridad Nacional Palestina ('ANF' ). Estas ayudas van dirigidas, por un lado, a garantizar el acceso a servicios esenciales como el
agua o la sanidad, pero también al pago de las retribuciones de los funcionarios de la ANP, entre otros.


No obstante, tras los atentados terroristas perpetrados por la organización terrorista Hamás en Israel contra la población civil -y cuya cifra de muertos asciende más de 1.500 únicamente en los primeros días del conflicto -, la Comisión
Europea está valorando la congelación de los fondos comunitarios destinados a Palestina. No obstante, la auditoría 'no se refirió a la ayuda humanitaria al pueblo palestino' 1.


En términos monetarios, entre el año 2020 hasta el próximo 2024, la financiación europea para Palestina asciende a 1.177 millones de euros en ayudas de cooperación. Además, se deben añadir 25 millones de ayuda humanitaria. En total, 300
millones de euros al año 2.


Segundo. La financiación del Reino de España a Palestina.


El principal actor en materia de ayuda humanitaria, dentro del Gobierno de España, es la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo ('AECID') cuyo objeto es


1 'La Comisión concluye la revisión de la ayuda de la UE a Palestina', Comisión Europea, 21.11.23. Disponible [en línea]: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_5941


2 ARROQUI, Mirentxu: 'Bruselas sopesa revisar sus fondos a Palestina, pero sin tocar la ayuda humanitaria', La Razón, 10.10.23. Disponible [en línea]:
https://www.larazon.es/internacional/union-europea-suspende-pagos-ayuda-humanitaria-palestina-ataque-hamas-israel_2023100965240c5db2ab5700016dfded.html



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'el fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución de las políticas públicas de la cooperación española para el desarrollo sostenible, acción humanitaria y educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global'
3.


Para cumplir con sus fines, la AECID cuenta con el Plan Director, que es el documento en el que se definen -para cada periodo-, las prioridades geográficas y temáticas de la Administración General del Estado en materia de desarrollo y
cooperación 4.


En un plano inmediatamente inferior se encuentran los Marcos de Asociación y Alianzas País ('MAP'), que básicamente son 'son los acuerdos internacionales, de naturaleza administrativa, que establecen el marco institucional estratégico de
cooperación y diálogo de políticas para el desarrollo sostenible de España con los países socios'. Así, los MAP 'se diseñan teniendo en cuenta el diálogo de políticas con las autoridades del país socio, nacionales y locales, en diálogo con la
sociedad civil y los actores no estatales relevantes en esos países'.


Entre los MAP que se encuentran vigentes está el de Palestina (2020-2024). Su finalidad es 'la búsqueda de la paz, la igualdad de género, la viabilidad económica y la buena gestión pública y el respeto a los derechos humanos'. Asimismo, se
pretende dar continuidad al anterior Marco de Asociación (2015-2019), durante el cual la ayuda española superó los 100 millones de euros, cifra que se pretende igualar con el presente 5.


En cuanto al ámbito geográfico de actuación de la cooperación española, ésta tiene por espíritu el de 'no constreñir los esfuerzos a áreas geográficas concretas' 6 y el de tratar a Palestina como una única entidad. No obstante, el Gobierno
español reconoce tres administraciones diferentes en un mismo territorio: Jerusalén Este (bajo la administración israelí), Cisjordania (bajo la Autoridad Palestina) y Gaza (bajo el mando de Hamás).


Así las cosas, teniendo en cuenta que el gobierno de Hamás sobre Gaza no es reconocido internacionalmente, pero controla de facto esta zona desde la expulsión de los altos cargos de Fatah en el año 2007, resulta determinante conocer quién es
el interlocutor del Ejecutivo español en esa zona. Sobre todo, teniendo en cuenta la influencia que ejerce esta organización terrorista sobre las asociaciones de la sociedad palestina a las que el Gobierno español financia.


En este sentido, hay que recordar que existen distintas Organizaciones No Gubernamentales ('ONGs') que están relacionadas - directa o indirectamente- , con Hamás. Según la información publicada, estas ONGs habrían recibido 36 millones de
euros de España durante los últimos diez años. Concretamente, 'catorce Administraciones Públicas y una ONG domiciliada en Bilbao' 7. Estos fondos proceden del Gobierno regional vasco (46,9%) y de la AECID (32%).


Tercero. La necesaria revisión de la acción de la ayuda al desarrollo en la Franja de Gaza.


Atendiendo a lo expuesto, la política española de cooperación para el desarrollo no puede ser compatible con la financiación de asociaciones que se encuentren bajo la influencia o el control de ninguna organización terrorista, como ocurre en
Gaza con la organización terrorista Hamás.


3 Artículo 31 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.


4 Página oficial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Disponible [en línea]: https://www.aecid.es/la-aecid/planificacion-eficacia-y-calidad


5 Marco de Asociación País de Palestina-España 2020-2024. Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación-Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. P.7 Disponible [en linea]
https://www.cooperacionespanola.es/wp-content/uploads/documentos/map_palestina-espana.pdf


6 lbidem, p.20.


7 BUESA, Mikel: 'Financiación española del terrorismo palestino' Libertad Digital, 16.10.23. Disponible [en línea]: https://www.libertaddigital.com/opinion/2023-10-16/mikel-buesa-financiacion-espanola-del-terrorismo-palestino-7059595/



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Concretamente, el artículo segundo de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, establece los principios básicos de esta política. Entre éstos, destacan:


d) La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, origen nacional o étnico, cultura, lengua, religión o
creencias, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, o de cualquier otra circunstancia personal o social, de manera que nadie quede atrás.


f) Los derechos de la infancia como elemento transversal de la cooperación española.


i) La democracia, el Estado de Derecho, la promoción de instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y transparentes que rindan cuentas, la seguridad humana, y la promoción de una cultura de paz.


A la vista de los execrables atentados terroristas perpetrados por Hamás, que incluyen el secuestro y asesinato masivo de civiles, entre estos mujeres y niñas que han sido ultrajadas y vejadas, resulta inexplicable que esta organización -o
asociaciones controladas por esta-, pueda seguir recibiendo financiación por parte del Gobierno español.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición de no Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Rectificar su posición ante las Instituciones de la Unión Europea sobre la revisión de los fondos destinados a Palestina, salvaguardando el prestigio internacional de España.


2. Impulsar la paralización de todos los fondos españoles destinados a la cooperación al desarrollo de Palestina, en concreto de aquellos fondos dirigidos al área geográfica de la Franja de Gaza, bajo control de la Organización terrorista
Hamás, con el objetivo de impedir que sean destinados a financiar actos terroristas, en tanto no se realizan las verificaciones oportunas sobre el fin último de dichos fondos.


3. Llevar a cabo, una auditoría urgente del destino de los pagos realizados por parte de la administración española a las administraciones y ONGs que operan en Palestina con el fin de evitar que sean destinados a financiar actos
terroristas.


4. Revisar los proyectos y programas concretos de la Cooperación Española, 'especialmente aquellos que se desarrollen en países donde actualmente se encuentren activos grupos terroristas o se tenga constancia de la presencia de redes
terroristas, para asegurar la correcta utilización de los fondos y prevenir su malversación y uso en actividades terroristas.


5. Introducir los cambios necesarios en la política de concesión de ayudas y fondos de cooperación para que en ningún caso sean receptores de estos fondos aquellos países, u ONGs, que no colaboren de forma activa en la lucha contra el
terrorismo o la inmigración ilegal.


6. Incorporar a los acuerdos y a los proyectos concretos de la Cooperación Española compromisos y garantías específicas para la prevención del terrorismo o la inmigración ilegal'.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2023.-Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías y José Marías Sánchez García, Diputados.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso.



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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/000080


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la terapia ocupacional en toda España para su discusión en la Comisión de Políticas Integrales de la
Discapacidad.


Exposición de motivos


Primero. La terapia ocupacional.


La terapia ocupacional se puede definir como el 'uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad' 1. La expresión deriva del hecho
de que la ocupación -en tareas como el autocuidado, la estimulación temprana, la rehabilitación laboral, las actividades lúdicas, etc.- es el medio que se emplea para el tratamiento de los usuarios, con el fin de 'capacitar a las personas para
participar en las actividades de la vida diaria' 2


Las labores relacionadas con el trabajo que se desarrollan en la terapia ocupacional suelen ser sencillas, ya que la persona que las desempeña no tiene, por su situación de discapacidad, aptitud para concurrir a un trabajo en un Centro
Especial de Empleo 3.


Los orígenes de la consideración terapéutica de la ocupación son antiquísimos 4. En España comenzó a emplearse este recurso en el s. XV, en los hospitales, y se fue desarrollando hasta adquirir la entidad actual de profesión sanitaria cuyo
ejercicio está regulado normativamente.


La terapia ocupacional presenta numerosas e innegables ventajas para la sociedad en su conjunto, y para sus usuarios en particular: permite una 'atención centrada en el paciente', 'reduce los costes sociales y sanitarios', 'posibilita el
mantenimiento de las personas en sus propios domicilios', 'mejora la empleabilidad', 'ofrece a los cuidadores (...) orientaciones para el mantenimiento de su propia salud y el equilibrio ocupacional' 5, facilita la prevención de las situaciones de
dependencia 6, y dota de una rutina y del beneficio de sentirse útil -y de tener un quehacer cotidiano- a aquellas personas que, por la tipología de su discapacidad, no podrían acceder a un empleo, ni siquiera a uno protegido.


Se trata de una figura transversal presente en el ámbito sanitario, residencial, asociativo, mutualista, educativo, penitenciario, etc. 7, aunque el espacio donde propiamente se lleva a cabo son los Centros de Terapia Ocupacional, que
'podrán ser


1 Jiménez García, A. y Lorenzo Rusell, O. M' 'La terapia ocupacional', Elsevier, vol. 36, núm. 3, julio 2000, p. 105


2 https://www.apeto.com/que-es-Ia-to-definicion.html


3 De hecho, los Centros especiales de empleo están excluidos del ámbito de aplicación de la principal norma en vigor aplicable a la Terapia ocupacional: el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros
Ocupacionales para minusválidos. En cambio, se regulan en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su,
inclusión social.


4 Cfr. Pérez Heredia-Torres, M., Brea-Rivero, M' Martínez-Piédrola, R. M., 'Origen de la terapia ocupacional en España', Revista de Neurología, 2007, vol. 45, núm. 11, p. 695.


5 https://coptocam.org/la-terapia-ocupacional/ambitos-de-actuacion/


6 Cff. https://www.coptoex.org/wp-content/uploads/2020/01/Terapia-Ocupacional-v-Lev-de-DependenciaUna-decada-de-trabajo.pdf, p. 3.


7 Cfr. https://coptocam.org/la-terapia-ocupacional/ambitos-de-actuacion/



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creados por las Administraciones Públicas y por Instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro' 8.


Segundo. Marco regulatorio de la terapia ocupacional.


La regulación de la terapia ocupacional en España está contenida en diversas normas:


- Desde hace varios lustros, fue objeto de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, hoy derogada, que se desarrolló a través del Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros
Ocupacionales para minusválidos. Esta última norma, que sigue en vigor, regula la creación y el funcionamiento de los Centros Ocupacionales 9, y establece al respecto que 'constituyen un servicio social para el desarrollo personal de los
minusválidos en orden a lograr, dentro de las posibilidades de cada uno, la superación de los obstáculos que la minusvalía les supone, para la integración social' (artículo 2.1).


- Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social ('LGDPD'), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, detalla, en el artículo 52, la finalidad
de los Centros Ocupacionales 10 y la competencia para crearlos y sostenerlos 11.


- Asimismo, en cuanto al ejercicio de la profesión sanitaria de Terapeuta ocupacional, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias dispone, en su artículo 2.2.b), la exigencia de un título universitario de
nivel Diplomado en Terapia ocupacional.


Tercero. Problemáticas actuales de la terapia ocupacional en España: Inequidad territorial e insuficiencia asistencia.


La terapia ocupacional, como todo el aparato asistencial en España, adolece de un primer problema grave: la desigualdad en función del territorio. El hecho de que, en materia de asistencia social, sean las administraciones locales las que
ostenten las competencias de gestión, deriva en una flagrante disparidad de derechos de los españoles en función de su lugar de residencia. Esto se evidencia claramente en materia de terapia ocupacional, donde las posibilidades para los usuarios
varían muchísimo entre unas y otras regiones.


Un estudio monográfico sobre el particular expone que 'hay diferencias significativas entre las distintas regiones, tanto en el número de total de terapeuta ocupacionales la proporción o tasa terapeutas ocupacionales habitantes y/o la
tipología de los pacientes atendidos. Incluso dentro de las mismas regiones se dan desigualdades muy notables entre las distintas provincias. También hay diferencias en la titularidad de los servicios prestados entre las diferentes Comunidades
Autónomas' 12.


8 Artículo 5 del Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos.


9 'Tendrán la consideración de Centros Ocupacionales aquellos establecimientos que tengan como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a los minusválidos, cuando por el grado de su minusvalía no
puedan integrarse en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo'.


10 'Asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y
preparación para el acceso al empleo. Igualmente prestarán estos servicios a aquellos trabajadores con discapacidad que habiendo desarrollado una actividad laboral específica no hayan conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un
empeoramiento en su situación que haga aconsejable su integración en un centro ocupacional'.


11 'Su creación y sostenimiento serán competencia tanto de dichas administraciones públicas como de las instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, atendiendo estas últimas, en todo caso, a las normas que para su creación
y funcionamiento se dicten de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior'.


12 Barrios Fernández, S. y Cantero Garlito, P. A' 'Situación actual de la terapia ocupacional en la sanidad pública española', TOG, 30 de mayo de 2019, vol. 16, núm. 29, p, 127. Además, en la p. 123, ponen de manifiesto que 'los recursos
en los que hay terapeutas ocupacionales son limitados e inalcanzables para gran parte de la población, dándose, además, diferencias notables entre las distintas comunidades autónomas'. Un dato que evidencia esta diferencia es, por ejemplo, la ratio
de número de terapeutas en distintos servicios de salud por cada 100.000 personas, que es de 3,79 en Castilla-La Mancha y solo de 0,28 en Extremadura. En la p. 125, el mismo estudio añade: 'Las comunidades autónomas con mayor número de terapeutas
ocupacionales en sus servicios de salud serian Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Asimismo, las comunidades con menos terapeutas serían Cantabria, La Rioja y Extremadura. Atendiendo a las cifras acerca de la proporción de
terapeutas ocupacionales en función del número de habitantes, las cifras más positivas se recogen en las regiones de Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Foral de Navarra. En la parte contraria, las peores proporciones, es decir, las comunidades
con una tasa menor serían la Comunidad Valenciana y, empatadas en último lugar, Cataluña y Extremadura'.



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Otro problema de la Terapia ocupacional es su insuficiencia, en dos sentidos:


- En primer lugar, porque existe una falta de terapeutas ocupacionales y de centros privados de terapia ocupacional 13. En este sentido, el INE, en datos de 2016 sobre 'distribución del número de Terapeutas Ocupacionales por Comunidades y
Ciudades Autónomas de colegiación, situación laboral y sexo', refería que 'no hay colegiados en Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia, Comunidad de Madrid y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla' 14.


- En segundo lugar, porque es aún muy escasa la presencia de la terapia ocupacional en el Sistema Nacional de Salud. La publicación a la que nos hemos referido concluye al respecto que 'en España se contabilizan 612 terapeutas ocupacionales
contratados en la sanidad pública. La media de terapeutas por cada 100.000 habitantes sería de 1,51' 15. Dado que la cifra de personas con discapacidad, asociada al envejecimiento de la población, no deja de crecer en España (ya ronda el 10%) 16,
la mencionada ratio es insuficiente. De hecho, diversas entidades especializadas reclaman que la terapia ocupacional 'se incluya de forma continuada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en los centros de Atención Primaria (AP) para que los
pacientes con este tipo de patologías puedan acceder a ellas de manera integral' 17.


Cuarto. Conclusiones.


Los poderes públicos deben cumplir con la obligación legal de 'asegurar los servicios de terapia ocupacional' (artículo 52 LGDPD). Para lograrlo, en primer lugar, el Estado debe fomentar que exista una terapia ocupacional suficiente y de
calidad, porque de ella dependen el bienestar de muchas personas con discapacidades físicas o psíquicas y la mejora, en general, del sistema sociosanitario. En segundo lugar, ha de garantizar que el marco autonómico no impida la prestación de
servicios en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. El Estado tiene competencia para acometer ambas medidas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


13 https://consejoterapiaocupacional.org/wp-content/uploads/2020/06/INE-2019-TERAPEUTASOCUPACIONALES-COLEGIADOS.pdf


14 https://www.ine.es/iaxi/Datos.htm7patlWtl5/p416/a2016/10/&file=sl4005.px


15 Barrios Fernández, S. y Cantero Garlito, P. A., 'Situación actual de la terapia ocupacional en la sanidad pública española', TOG, 30 de mayo de 2019, vol. 16, núm. 29, p. 126.


16 https://www.epdata.es/datos/poblacion-discapacidad-espana-graficos/631?Epdata refiere que en 1999 había 3,5 millones de personas con discapacidad en España; mientras que en 2008 eran 3,8 millones; y en 2022,4,4 millones.


17


https://www.asem-esp.org/noticias/que-la-terapia-ocupacional-se-incluva-de-forma-continuada-en-elsns-v-en-la-atencion-primaria/?https://www.cocemfe.es/informate/noticias/asem-exiee-que-laterapia-ocupacional-se-incluva-en-el-sns-vatencion-prim
aria-de-form


a-continuada/?https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2022/01/31/sanidad-publica-mantiene-deficitterapeutas-62068762.html?https://sid-inico.usal.es/noticias/la-terapia-ocupacional-reclama-su-luear-el-sistema-sanitario-publico/?http
s://consejot erapiaocupacional.org/el-conseio-solicita-la-inclusion-de-la-terapia-ocupacional-en-laa tención-primaria/?https://www.rtve.es/plav/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/terapia-ocupacional-beneficios/ 6160198/



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Proposición de no Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Realizar campañas de comunicación institucional para concienciar a la población acerca de la relevancia de la terapia ocupacional y para dar a conocer los medios que, en esta materia, se ponen a disposición de los ciudadanos.


2. Promover el incremento de la dotación presupuestaria dedicada al fomento de la terapia ocupacional pública y privada, que deberá estar adaptada al número real y actualizado de personas con discapacidad.


3. Garantizar que, en lo referente al desarrollo laboral, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la terapia ocupacional se reserva a todas aquellas personas cuya discapacidad les impide el acceso a un empleo ordinario o
protegido.


4. Promover una mayor presencia de la terapia ocupacional en la Sanidad pública de todo el territorio español.


5. Garantizar la igualdad de todos los españoles en el acceso a servicios de terapia ocupacional, con independencia de su residencia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-María de la Cabeza Ruiz Solás, Rocío de Meer Méndez y Blanca Armario González, Diputadas.-María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo VOX en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Defensa


181/000014


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Carlos Rojas García y don Esteban González Pons


Texto:


¿Cree que el Gobierno está ayudando a ofrecer una imagen de fortaleza de nuestra nación ante la comunidad internacional, teniendo en cuenta que la Directiva de Defensa Nacional 1/2012 establece que 'España, además, es miembro de
organizaciones de seguridad y defensa multinacionales. Tiene y debe poder contar con buenos y fiables



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aliados. Debe comportarse como un leal y solidario actor de la seguridad colectiva. Y, por fin, no debe obviar el hecho de que la mejor aportación que nuestra nación puede ofrecer a la estabilidad internacional es su propia fortaleza en un
mundo plagado de incertidumbres (...)'?


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Carlos Rojas García y Esteban Gónzalez Pons, Diputados.


181/000015


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Carlos Rojas García y don Agustín Conde Bajén


Texto:


¿Cuál es el motivo de la disparidad entre el anuncio realizado por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos que afirmó la participación de España en la operación liderada por su país para la protección de buques en el mar Rojo, con la
declaración posterior del Ministerio de Defensa mediante la que se advertía de la supeditación de dicha participación al consenso en el seno de la OTAN y de la UE?


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2023.-Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


181/000016


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Silverio Argüelles García, doña María Mercedes Fernández González y doña Esther Llamazares Domingo


Texto:


¿Qué gestiones ha impulsado el Gobierno para reanudar la Autopista del Mar Gijón-Nantes?


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2023.-Silverio Argüelles García, María Mercedes Fernández González y Esther Llamazares Domingo, Diputados.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/002110


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asusto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Bravo Baena, Juan (GP). Cruz-Guzmán García, María Soledad (GP). Belmonte Gómez, Rafael Benigno (GP). Tarno Blanco, Ricardo (GP).


Presupuesto ejecutado para las labores de mantenimiento en la red de Cercanías de Andalucía, así como situación de la plantilla activa para dicha red.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 7322, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los señores Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2024.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Juan Bravo Baena, doña María Soledad Cruz-Guzmán García, don Ricardo Tárno Blanco y don Rafael Belmonte Gómez, Diputados por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo
185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.


¿Qué presupuesto ha ejecutado el Gobierno para las labores de mantenimiento en la red de cercanías de Andalucía? ¿Cuál es la plantilla activa para la red de cercanías de Andalucía? ¿Cuál ha sido la disminución de esta en los últimos 4
años?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2023.-Juan Bravo Baena, María Soledad Cruz-Guzmán García, Rafael Benigno Belmonte Gómez y Ricardo Tárno Blanco, Diputados.