BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


30 de junio de 2026

Núm. 560

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003576


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, de apoyo al orden constitucional y a la estabilidad política en Bolivia ... (Página5)


Comisión de Defensa


161/003585


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de un complemento de riesgo y peligrosidad para el personal de la Red Sanitaria de Defensa ... (Página6)


161/003586


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de una mesa sectorial de negociación del personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa ... (Página8)


161/003587


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la garantía de la tutela efectiva de los derechos laborales y de la actuación de la Inspección de Trabajo en los centros dependientes del Ministerio de Defensa ...
(Página9)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003582


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación del Grupo Tubos Reunidos y su incidencia en el empleo y la industria en Araba/Álava y Bizkaia ... (Página11)


Comisión de Interior


161/003581


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la creación de mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil ... (Página13)


161/003584


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre los hechos ocurridos en Granada el 16 de abril ... (Página18)


161/003590


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas eficaces de lucha contra la presencia de narcolanchas en Andalucía y en la Región de Murcia ... (Página19)


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/003577


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la desaparición del olvido de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono ... href='#(Página22)'>(Página22)

Página 2

Comisión de Industria y Turismo


161/003569


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la desaparición del olvido de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono ... href='#(Página25)'>(Página25)


161/003575


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la actividad industrial nacional y europea frente a la competencia desleal extracomunitaria y la amenaza particular que representa el poder industrial
chino ... (Página28)


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/003571


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso y refuerzo de la asignación tributaria del 0,7 por ciento a fines sociales en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades ... href='#(Página30)'>(Página30)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003588


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, en defensa de la continuidad del desarrollo local participativo en las zonas pesqueras ... (Página33)


161/003591


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas de apoyo al sector del cereal en España ante la crisis de rentabilidad y la presión de los mercados internacionales ... href='#(Página35)'>(Página35)


Comisión de Política Territorial


161/003583


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para promover políticas públicas que fomenten la movilidad sostenible en entornos rurales ... (Página37)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/003572


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso a la construcción de las balsas laterales del río Matarraña ... (Página39)


161/003580


Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Republicano, Euskal Herria Bildu y Mixto, sobre información transparente para mitigar las emisiones militares de gases de efecto invernadero ... href='#(Página40)'>(Página40)


Comisión de Cultura


161/003574


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección y puesta en valor de los palomares tradicionales ... (Página46)


Comisión de Sanidad


161/003573


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para reforzar la prevención y detección precoz del cáncer del cuello uterino ... (Página48)


161/003579


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por alzhéimer y otras demencias y la de sus familiares y personas cuidadoras ... href='#(Página50)'>(Página50)

Página 3

Comisión sobre Seguridad Vial


161/003578


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la desaparición del olvido de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono ... href='#(Página53)'>(Página53)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001867


Pregunta formulada por el Diputado Agustín Santos Maraver (GSUMAR), sobre opinión del Gobierno acerca de si se ha prestado toda la asistencia consular necesaria y legalmente exigible a los ciudadanos españoles detenidos arbitrariamente por
las fuerzas navales israelíes tras el abordaje ilegal de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, así como previsiones acerca de instar a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio en relación con los malos
tratos y torturas que se han documentado durante su detención ... (Página56)


Comisión de Interior


181/001868


Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Bendodo Benasayag, Elías (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP) y Pérez
Recuerda, Isabel Gema (GP), sobre previsiones del Ministerio del Interior acerca de incrementar el número de agentes de la Guardia Civil destinados a trabajos de prevención y seguridad ciudadana en el municipio de Periana (Málaga), así como de
dotarlos de los medios materiales y técnicos suficientes para desarrollar sus funciones ... (Página56)


181/001869


Pregunta formulada por los Diputados Ana Belén Vázquez Blanco (GP), Garrido Valenzuela, Irene (GP), Bendodo Benasayag, Elías (GP), Vázquez Jiménez, María del Mar (GP), Cortés Carballo, Mario (GP), Garre Murcia, Cristóbal (GP) y Pérez
Recuerda, Isabel Gema (GP), sobre actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior ante el aumento de la presencia y actividad de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la Costa del Sol y, en particular, en la
provincia de Málaga ... (Página57)


181/001872


Pregunta formulada por los Diputados María Lourdes Ramírez Martín (GP), Rojas García, Carlos (GP), Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), Sánchez Ojeda, Carlos Alberto (GP), Tomás Olivares, Violante (GP) y
Moneo Díez, María Sandra (GP), sobre motivos por los que el Gobierno no ha realizado ninguna actuación para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el puesto principal de la Guardia Civil de Armilla (Granada) ... href='#(Página57)'>(Página57)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001865


Pregunta formulada por los Diputados María Lourdes Ramírez Martín (GP), Rojas García, Carlos (GP) e Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP), sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para acelerar la ejecución de las canalizaciones
de la presa de Rules y garantizar que el agua embalsada pueda destinarse al riego de la Costa Tropical de Granada, evitando así la pérdida de recursos hídricos mientras los regantes siguen sufriendo una grave situación de escasez ... href='#(Página57)'>(Página57)

Página 4

181/001870


Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Conde López, Francisco José (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre fecha prevista para registrar como Proyecto
de Ley del Hidrógeno el Anteproyecto de Ley en trámite para abordar la transposición del Paquete Europeo del Hidrógeno ... (Página58)


181/001871


Pregunta formulada por los Diputados Juan Diego Requena Ruiz (GP), Bravo Baena, Juan (GP), Conde López, Francisco José (GP), Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP) y Marcos Ortega, Milagros (GP), sobre inversiones realizadas con fondos europeos
del MRR en digitalización de redes eléctricas de distribución y en modificaciones puntuales de la planificación del transporte eléctrico 2021-2026, con anterioridad al apagón de 28/04/2025, así como las realizadas después con indicación del importe
total ... (Página58)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/040311


Autor: Iñarritu García, Jon


Muerte de Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del histórico dirigente saharaui Mohamed Abdelaziz, junto con otros dos combatientes saharauis, en el contexto de enfrentamientos junto al muro
militar que divide el Sáhara Occidental..


Retirada ... (Página58)


184/040485


Autor: Iñarritu García, Jon


Realización de algún tipo seguimiento por la Secretaría General Técnica de los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso que está teniendo el Archivo General del Ministerio del Interior, así como de algún informe o proyecto para
remover los obstáculos que impiden o dificultan dicho acceso ... (Página59)


184/040487


Autor: Iñarritu García, Jon


Recepción por la Secretaría General Técnica, como órgano competente para resolver las solicitudes de acceso al Archivo General del Ministerio del Interior, de peticiones por parte del órgano instructor de «medios personales y materiales para
cumplir con el despacho adecuado y en plazo» de las solicitudes de acceso ... (Página60)


184/040488


Autor: Iñarritu García, Jon


Recepción por la Subsecretaría del Ministerio Interior de la petición de la Secretaría General Técnica de «medios personales y materiales» para cumplir con el despacho adecuado y en plazo de las solicitudes de acceso al Archivo General
ministerial, así como constancia que tiene la citada subsecretaría acerca de si desde el año 1996 se ha planificado en alguna ocasión una inspección de dicho archivo y si tiene previsto realizar una inspección extraordinaria dada las denuncias de
irregularidades por parte de la comunidad académica ... (Página62)


184/040543


Autor: Fabra Part, Alberto


Clavell López, Óscar


Presas de titularidad estatal, con la Categoría A y B, existentes en la provincia de Castellón, planes de emergencia plenamente operativos con los que cuentan las mismas de conformidad con el Real Decreto 264/2021, y existencia de un plan de
mantenimiento que detalle las tareas necesarias para conservar su funcionalidad ... (Página63)

Página 5

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003576


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al orden constitucional y a la estabilidad política en Bolivia, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


La elección de Rodrigo Paz como Presidente de Bolivia el 19 de octubre de 2025 está llamada a marcar el inicio de una nueva época en la evolución política y económica de este país, y a confirmar el cambio de rumbo que desde hace ya unos años
se puede constatar en el conjunto del continente hispanoamericano. Primero en la primera vuelta electoral, con un 32.44 % del voto, y vencedor por un amplio margen también en la segunda, cuando su candidatura se impuso por el 54.53 % de sufragios
sobre la de Jorge Quiroga, con el 45.47 %, Rodrigo Paz accedió al Palacio Quemado provisto de un importante mandato popular, del que da cuenta no solo la amplitud de su triunfo sino también la transversalidad de los apoyos recabados.


Paz no solo recabó amplios apoyos entre el empresariado y las clases medias urbanas, sino que también lo hizo entre amplios sectores del campesinado y la minería, y entre las comunidades indígenas.


Pero si contundente fue la victoria de Paz Pereira, más lo fue todavía la derrota del Movimiento al Socialismo («MAS»), la formación política que primero de la mano de Evo Morales, y después de la de Luis Arce, dominó la vida política de
Bolivia durante las últimas dos décadas. Sumido en el descrédito, abandonado por los sectores sociales que tradicionalmente le habían brindado apoyo, fracturado internamente, y asediado por los escándalos de todo tipo —el más grave de todos, el que
liga a su fundador Evo Morales con un oscuro caso de estupro todavía pendiente de resolución, y por el que permanece huido de la Justicia— la derrota sin paliativos del MAS marca sin duda un cambio de época en Bolivia.

Página 6

Cambio que —por lo demás—, se simultanea con el que está experimentando el conjunto del hemisferio americano, donde los mandatarios ligados al llamado «Grupo de Puebla» están siendo gradualmente sustituidos.


Desafortunadamente, no todos los actores políticos bolivianos parecen haber entendido el mandato salido de las urnas, ni tener del todo interiorizado que la aceptación del veredicto de las urnas, la alternancia en el poder y el respeto al
Estado de Derecho son condiciones esenciales en el desarrollo democrático de un país. De manera que, encabezados de nuevo por Evo Morales, ciertos sectores sociales han puesto en marcha una estrategia de presión callejera, bloqueos y violencia
armada destinada a quebrar la estabilidad institucional del país. Replicando la estrategia golpista que facilitó su llegada al poder hace dos décadas, Morales y sus aliados llevan semanas promoviendo protestas callejeras, cortes de carreteras y
acciones de sabotaje con la clara intención de entorpecer las cadenas de suministro y el funcionamiento de los servicios públicos del país, generando con ello caos, miedo y desabastecimiento entre la población civil, al objeto de forzar la caída del
presidente Rodrigo Paz e imponer una salida política que devuelva a Bolivia al modelo autoritario, clientelar y empobrecedor que el masismo construyó durante dos décadas. Si no a blindar a Morales frente a las causas judiciales que pesan sobre él.


Dado que lo que se está jugando en las calles de Bolivia no es solo el futuro de su gobierno, sino la defensa de la democracia frente a quienes pretenden satisfacer sus intereses —y asegurar la impunidad de sus dirigentes— mediante la
violencia callejera y la ruptura institucional, ni el Congreso de los Diputados ni el Gobierno de España pueden permanecer impasibles. No lo han hecho los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, que
por boca de la Cancillería de la República Argentina han expresado en una declaración conjunta su rechazo a «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional» de Bolivia y su
deseo de que cualesquiera reivindicaciones que se pueda plantear ante su gestión se canalicen «privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social».


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados expresa su pleno respaldo al Presidente y al resto de las instituciones políticas de Bolivia; condena cualquier intento de subvertir por la fuerza el orden constitucional o revertir por medios no democráticos
la voluntad de los ciudadanos salida de las urnas; e insta al Gobierno de España a hacer efectivo ese respaldo de la manera más eficaz e inmediata posible.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Defensa


161/003585


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación su Portavoz Ione Belarra Urteaga, Diputada de Podemos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la creación de un complemento de riesgo y peligrosidad para el personal de la Red Sanitaria de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.

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Exposición de motivos


El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla constituye una infraestructura sanitaria estratégica dependiente del Ministerio de Defensa que presta asistencia tanto al personal militar como a una parte importante de la población civil de los
distritos madrileños de Latina y Carabanchel. Desde la firma del concierto sanitario con el Servicio Madrileño de Salud, el centro atiende a decenas de miles de usuarios, desarrollando una actividad asistencial equiparable a la de cualquier otro
hospital público de referencia.


El personal sanitario y no sanitario que desarrolla su labor en este hospital se encuentra expuesto de forma permanente a riesgos biológicos, químicos, físicos y psicosociales inherentes a la actividad asistencial. La reciente aparición de
casos vinculados al hantavirus ha puesto de manifiesto una realidad que los trabajadores vienen denunciando desde hace años: la exposición cotidiana a agentes potencialmente peligrosos forma parte de su trabajo y constituye un riesgo objetivo para
su salud.


Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas públicos de salud, el personal de la Red Sanitaria de Defensa carece de un complemento específico destinado a compensar económicamente dicha exposición al riesgo. El propio Real
Decreto 187/2008 estableció que al personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa le sería de aplicación el sistema retributivo correspondiente al personal estatutario del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), sin que hasta la fecha
se haya desarrollado ningún complemento que reconozca las especiales condiciones en las que desempeñan su actividad estos profesionales.


Esta situación resulta especialmente preocupante en un contexto marcado por la elevada temporalidad, las dificultades para atraer y retener profesionales y el progresivo deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del
sector sanitario. La mejora de las condiciones retributivas constituye una herramienta necesaria para reforzar la estabilidad de las plantillas y garantizar la continuidad asistencial que merecen los usuarios de la Red Sanitaria de Defensa.


Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Realizar, en colaboración con las organizaciones sindicales representativas, una evaluación integral de los riesgos laborales específicos existentes en los centros de la Red Sanitaria de Defensa.


2. Crear un complemento retributivo de riesgo y peligrosidad para el personal estatutario y laboral de la Red Sanitaria de Defensa que compense la exposición permanente a riesgos biológicos, infecciosos, químicos, radiológicos y
psicosociales derivados de la actividad sanitaria.


3. Establecer la cuantía de dicho complemento tomando como referencia las experiencias existentes en otros sistemas públicos de salud, como el de la Comunidad Foral de Navarra, en el que se establece un importe mínimo de complemento de
peligrosidad para todos los trabajadores, y una subida proporcional del mismo, según el grado de riesgo que asumen los profesionales sanitarios en el desarrollo de sus funciones.


4. Garantizar que este complemento sea aplicable al conjunto de categorías profesionales que desarrollan su actividad en los centros sanitarios de la Red Sanitaria de Defensa.


5. Impulsar una revisión de las condiciones retributivas del personal de la Red Sanitaria de Defensa orientada a reducir la temporalidad, mejorar la estabilidad de las plantillas y favorecer la cobertura de puestos de difícil provisión.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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161/003586


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Mixto


Proposición no de Ley relativa a la creación de una mesa sectorial de negociación del personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 5 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación su Portavoz Ione Belarra Urteaga, Diputada de Podemos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la creación de una mesa sectorial de negociación del personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La negociación colectiva constituye un derecho fundamental vinculado a la libertad sindical y un elemento esencial para garantizar la participación efectiva de los trabajadores en la determinación de sus condiciones laborales.


La integración del personal laboral de la Red Sanitaria de Defensa en la condición de personal estatutario, llevada a cabo mediante el Real Decreto 187/2008, supuso la creación de órganos específicos de representación para este colectivo.
Posteriormente, el Real Decreto 903/2020 atribuyó la negociación de las condiciones laborales del personal estatutario de la Red de Defensa a la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del Ministerio
de Defensa.


No obstante, la configuración actual de dicho ámbito negociador provoca una evidente distorsión de la representación democrática existente entre el personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa. Los resultados de las elecciones
sindicales celebradas en junio de 2023 muestran que organizaciones sindicales que representan una amplia mayoría de los delegados elegidos por los trabajadores carecen de presencia efectiva en el órgano donde se negocian sus condiciones laborales.


Esta situación genera un déficit de representatividad incompatible con los principios que inspiran tanto el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, además de alejar el ámbito de
negociación de las

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previsiones contenidas en el artículo 79 de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que contempla la existencia de mesas sectoriales específicas para la negociación de las condiciones laborales
del personal estatutario.


La creación de una Mesa Sectorial propia permitiría adaptar la negociación colectiva a la realidad específica de la Red Sanitaria de Defensa y garantizar una representación más fiel de la voluntad expresada por los trabajadores y
trabajadoras en las urnas.


Por lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear una Mesa Sectorial de Negociación específica para el personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud.


2. Garantizar la participación en dicha Mesa de todas las organizaciones sindicales que hayan obtenido una representación igual o superior al 10 % en el ámbito correspondiente.


3. Revisar el actual modelo de negociación colectiva aplicable al personal estatutario de la Red Sanitaria de Defensa para asegurar el respeto efectivo a los principios de representatividad democrática y libertad sindical.


4. Abrir un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales representativas para abordar las necesidades específicas de la Red Sanitaria de Defensa en materia de empleo, condiciones laborales, movilidad, temporalidad y salud laboral.


5. Presentar ante las Cortes Generales un informe sobre las actuaciones desarrolladas para garantizar la participación efectiva de los representantes legítimamente elegidos por los trabajadores en los procesos de negociación colectiva.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003587


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Mixto


Proposición no de Ley relativa a la garantía de la tutela efectiva de los derechos laborales y de la actuación de la Inspección de Trabajo en los centros dependientes del Ministerio de Defensa.


Acuerdo:


Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 5 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
al Grupo Parlamentario proponente.

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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación su Portavoz Ione Belarra Urteaga, Diputada de Podemos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la garantía de la tutela efectiva de los derechos laborales y de la actuación de la inspección de trabajo en los centros dependientes del Ministerio de Defensa, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La protección de la seguridad y salud de los trabajadores constituye un derecho fundamental reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y una obligación ineludible de las administraciones públicas en su condición de empleadoras.


Sin embargo, el personal civil que presta servicios en centros dependientes del Ministerio de Defensa se encuentra sometido a un régimen singular de supervisión y control que dificulta, en numerosas ocasiones, el ejercicio efectivo de sus
derechos en materia de prevención de riesgos laborales. Según denuncian los representantes de los trabajadores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, la complejidad de la estructura administrativa existente y la ausencia de mecanismos
claramente identificables de supervisión externa generan situaciones de desprotección e inseguridad jurídica para los empleados públicos afectados.


La existencia de diversos órganos internos con competencias parcialmente concurrentes, unida a la ausencia de respuestas efectivas ante denuncias relacionadas con riesgos laborales, ha provocado que los trabajadores deban recorrer un
complejo itinerario administrativo sin obtener soluciones a problemas que afectan directamente a su salud y seguridad.


La garantía de una tutela efectiva exige que las actuaciones inspectoras y de control puedan desarrollarse desde órganos independientes, evitando situaciones en las que una misma administración pública actúe simultáneamente como empleadora y
como órgano supervisor de los conflictos derivados de esa relación laboral.


Por lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Garantizar que el personal civil que presta servicios en centros, bases, establecimientos y hospitales dependientes del Ministerio de Defensa pueda acudir de forma directa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la denuncia de
posibles incumplimientos en materia laboral y de prevención de riesgos laborales.


2. Revisar el marco normativo actualmente aplicable a la actuación inspectora en centros dependientes del Ministerio de Defensa con el objetivo de reforzar la independencia, transparencia y eficacia de los mecanismos de control.


3. Establecer protocolos claros y accesibles que permitan a los trabajadores identificar de forma inmediata los órganos competentes para la tramitación de denuncias relacionadas con seguridad y salud laboral.

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4. Garantizar que todas las denuncias formuladas por el personal civil en materia de prevención de riesgos laborales reciban una respuesta motivada dentro de plazos razonables.


5. Presentar un informe anual ante las Cortes Generales sobre las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales en los centros sanitarios dependientes del Ministerio de Defensa, incluyendo datos sobre denuncias
presentadas, actuaciones realizadas y medidas correctoras adoptadas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003582


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación del Grupo Tubos
Reunidos y su incidencia en el empleo y la industria en Araba y Bizkaia, para su debate en la Comisión de Hacienda.


Exposición de motivos


Tubos Reunidos S.A., grupo dedicado a la fabricación de tubos de acero sin soldadura con plantas en Trapagaran (Bizkaia), Nanclares de la Oca y Amurrio (Araba), es un emblema del tejido industrial vasco. Fundada en 1892, llegó a emplear a
casi 1.300 trabajadoras y trabajadores y en 2023 cerró el ejercicio con beneficios. Sin embargo, sus resultados se deterioraron en 2025.


Además, el Grupo Tubos Reunidos desarrolla una actividad industrial de carácter estratégico para la economía y para la soberanía productiva del país. Su producción de tubos de acero sin soldadura resulta relevante para sectores esenciales
como la transición energética, las infraestructuras, la construcción y el conjunto de la cadena industrial, por lo que su continuidad no solo afecta a una empresa concreta, sino a una capacidad industrial que resulta difícil de recuperar una vez
perdida.


Del mismo modo, la empresa desempeña un papel tractor ésencial en varias comarcas de Bizkaia y Araba, generando empleo directo e indirecto y sostén económico para centenares de familias en los entornos de Trapagaran, Amurrio y Nanclares de
la Oca. Estos son territorios ya castigados por la pérdida de tejido industrial y la precarización del empleo, la actuación pública se justifica no solo por la defensa de los puestos de trabajo de Tubos Reunidos, sino también por la protección de
la cohesión social, la actividad económica local y el bienestar de unas zonas que se verían severamente golpeadas por un eventual cierre.


El grupo terminó 2025 con pérdidas superiores a 118 millones de euros y con una deuda financiera de 263,2 millones, de la que unos 150 millones corresponden a un préstamo participativo y ordinario concedido por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. Este préstamo público, con tipos de interés crecientes, generó en 2025 intereses de 11,7 millones de euros, y su vencimiento final en 2028 obliga a la empresa a afrontar en los próximos tres años
vencimientos por 274 millones.


La empresa diseñó un plan de viabilidad que incluía una fuerte reducción de costes, el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística, así como un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 301 personas (reducido
luego a 240). El Estatuto de

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los Trabajadores exige que el despido colectivo se fundamente en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y que se negocie para evitar o reducir los despidos.


La plantilla, organizada en torno a los sindicatos ELA, UGT, LAB, ESK y CNT, rechaza esas medidas por considerarlas, desproporcionadas y opacas. Desde el 16 de marzo de 2026, el personal de la planta de Amurrio se declaró en huelga
indefinida en defensa del empleo, de la acería y de la logística, e inició multitud de movilizaciones. Las centrales sindicales interpusieron demandas para que el ERE fuese declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y
reclamaron transparencia en las negociaciones con la SEPI y los bancos. El conflicto laboral paralizó la producción y la empresa advirtió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la incapacidad para atender sus obligaciones
financieras; el 4 de mayo el consejo de administración solicitó el concurso voluntario de acreedores al considerar inminente la insolvencia. En paralelo, la CNMV suspendió la cotización de las acciones de Tubos Reunidos y el Juzgado de lo
Mercantil de Vitoria aceptó el concurso, iniciando el procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal, que obliga a nombrar una administración concursal de entré las personas propuestas por la CNMV.


El Ministerio de Industria y la Vice Consejería de Industria y de Trabajo del Gobierno vasco reconocen que la viabilidad de Tubos Reunidos pasa por una reestructuración de la deuda (una quita) y por la entrada de un nuevo socio industrial.
No obstante, el Gobierno central ha señalado en el Senado que analizará «todas las vías legales» para salvar la empresa, declarada estratégica, pero sin concretar si aceptará una quita ni bajo qué condiciones. El artículo 574 del Texto Refundido de
la Ley Concursal establece que en las empresas cotizadas el juez debe nombrar administrador concursal entre una terna propuesta por la CNMV. Este marco jurídico convierte al préstamo estatal en un obstáculo para la búsqueda de inversores, ya que
impide que el esfuerzo se reparta entre todos los acreedores y condiciona la supervivencia de la empresa. En este contexto, lo razonable es que la solución no recaiga exclusivamente sobre la plantilla, sino que se reparta de forma equilibrada entre
todos los agentes implicados, incluyendo la propia SEPI, las entidades financieras y los responsables de la gestión empresarial.


Por tanto, la crisis de Tubos Reunidos no puede reducirse a un mero conflicto laboral, sino que responde a un problema de modelo industrial, de endeudamiento injusto y de falta de implicación de las instituciones públicas en la fiscalización
que han hecho sobre el dinero público prestado. El conflicto es una consecuencia de las injustas medidas que la Dirección ha intentado imponer. La desaparición de la acería de Amurrio y de la logística dejaría sin alternativas a cientos de
familias en Aiaraldea y pondría en riesgo también, a más de 300 en la Margen Izquierda, aumentaría la dependencia de suministros externos y debilitaría la cadena siderometalúrgica vasca. Hacer caer todo el peso del rescate sobre la plantilla,
eximiendo a los bancos y grupos inversores, que cobraron dividendos e intereses, así como a la administración del grupo, que se benefició en los años buenos, sin priorizar el pago de la deuda, y a la SEPI que concedió un préstamo tan voluminoso, con
unas condiciones discutibles, en cuanto a la capacidad ser asumidas y cumplidas por la compañía, sería sociaímente inaceptable.


En consecuencia, se hace necesario que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a actuar decididamente en defensa del tejido industrial, del empleo y de la soberanía energética, abordando cambios legales y compromisos
financieros para garantizar la continuidad del Grupo Tubos Reunidos.


Recordar, que está decisión es consecuencia de operaciones financieras lideradas por BBVA, como los más de 170 millones de euros para una fusión fallida con el Grupo Condesa en 2008 y un crédito sindicado en 2017, mediante las cuales, salió
beneficiado de su triple posición en Tubos Reunidos: Miembro del Consejo de Administración (con un 25 % en 2007), Accionista Mayoritario y Principal Acreedor Privado, del pool bancario que figura en la lista de acreedores actual.


Desde esa posición privilegiada, tomo decisiones en el Consejo de Administración, beneficiándose de esa capacidad, para luego beneficiarse nuevamente del cobro de dividendos en los años buenos y de los intereses generados por la deuda
aumentada a

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causa de las decisiones financieras de la empresa, que lideraba como principal acreedor financiero privado.


En estos momentos, BBVA y otros miembros de ese pool bancario, donde solo BBVA tendría unos 50 millones, que serían convertibles en acciones. Esto, junto a la retirada paulatina de dicho banco de la participación en la empresa (hasta el 5 %
aproximadamente en la actualidad) evidencia que BBVA ha tenido y tiene la posibilidad, junto al resto de bancos, de devolver a Tubos Reunidos parte de las ganancias obtenidas años atrás, no necesariamente haciendo una quita de la deuda, sino
simplemente volviendo a aumentar su participación cambiando deuda por acciones. No sería más que algo lógico, dada la gran responsabilidad de BBVA en la situación de Tubos Reunidos en la actualidad.


Por lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar de forma urgente una reunión entre la SEPI y los Comités de Empresa de los centros de trabajo pertenecientes a Tubos Reunidos Group.


2. Remitir al Comité de Empresa una copia del plan de viabilidad presentado por la empresa Tubos Reunidos Group a la SEPI, así como cuantos documentos lo acompañen, junto con las actas de las reuniones mantenidas entre ambas entidades.


3. Conversión por parte de la SEPI de su deuda en el accionariado de la empresa Tubos Reunidos Group, con el objetivo de garantizar la actividad de una empresa dentro de un sector estratégico para la economía estatal.


4. Asegurar el desarrollo de un plan de viabilidad e industrial que mantenga los activos industriales y asegure el empleo en riesgo, garantice la continuidad de las plantas de Trapagaran, Nanclares de la Oca y Amurrio, así como de su acería
y su logística, manteniendo la producción de aceros especiales y evitando deslocalizaciones.


5. Garantizar la globalidad del empleo actual en todos los centros de trabajo pertenecientes a la empresa Tubos Reunidos Group.


6. Condicionar cualquier concesión, ayuda o préstamo público de SEPI y resto de instituciones, al cumplimiento de los puntos 4 y 5 de esta PNL.


7. Instar al BBVA y resto de entidades bancarias a proceder a una quita de la deuda o su conversión en acciones que alivie la situación financiera y garantice la solvencia económica de la empresa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Mikel Otero Gabirondo, Diputado.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Interior


161/003581


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de los Diputados Gabriel Rufián Romero y Francesc-Marc Álvaro i Vidal, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la creación de mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para su debate en en la Comisión de Interior.

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Exposición de motivos


La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe regirse, en todo momento, por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, mínima intervención y respeto estricto a los derechos
fundamentales. Estos principios son especialmente exigibles en contextos de ejercicio del derecho de reunión y manifestación, en los que la función policial no puede concebirse únicamente desde la lógica del orden público, sino también como una
garantía activa del ejercicio seguro de los derechos constitucionales.


En los últimos años se han conocido diversos episodios de actuación policial controvertida que han generado preocupación social, institucional y de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Entre estos episodios, cabe mencionar las
cargas policiales durante las protestas estudiantiles conocidas como la Primavera Valenciana, las actuaciones policiales en distintos contextos de movilización social, las denuncias por uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones, las
dificultades para identificar a agentes intervinientes en determinados dispositivos, así como los hechos recientes ocurridos en València, donde una docente concentrada ante la Conselleria de Educación fue empujada por un agente de la Policía
Nacional hasta caer al suelo, provocando una amplia reacción social e institucional.


Estos hechos no pueden abordarse únicamente como episodios aislados. Al contrario, ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, evaluación externa y control democrático sobre las
actuaciones policiales, especialmente cuando afectan al ejercicio de derechos fundamentales o cuando existen indicios de uso excesivo o desproporcionado de la fuerza.


Actualmente, el sistema de investigación de quejas o denuncias por actuaciones policiales descansa fundamentalmente en mecanismos internos de los propios cuerpos policiales, en la vía disciplinaria, en la intervención judicial cuando procede
y en la supervisión general de instituciones como el Defensor del Pueblo. Sin perjuicio de la importancia de estos instrumentos, la experiencia comparada demuestra que las democracias avanzadas tienden a incorporar mecanismos externos,
independientes y especializados de supervisión de la conducta policial.


En este sentido, en países como el Reino Unido existe una autoridad independiente específica, el Independent Office for Police Conduct, que actúa como organismo externo de supervisión del sistema de quejas y de investigación de las conductas
policiales más graves. Este tipo de mecanismos contribuye a reforzar la confianza ciudadana, a proteger los derechos de las personas afectadas, a mejorar los protocolos policiales y a garantizar que las investigaciones de hechos especialmente
sensibles no dependan exclusivamente de estructuras internas de los propios cuerpos investigados.


Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado también la necesidad de mejorar los sistemas de investigación y rendición de cuentas ante posibles vulneraciones de derechos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
En particular, los informes sobre violencia institucional han advertido de la persistencia de casos de uso indebido o desproporcionado de la fuerza, de las dificultades para la identificación efectiva de los agentes, de las carencias en la
investigación interna y judicial de las denuncias y de la necesidad de disponer de datos públicos, homogéneos y accesibles sobre el uso de la fuerza, las quejas presentadas, los expedientes disciplinarios abiertos y las sanciones impuestas.


Asimismo, organismos internacionales han recomendado al Estado español avanzar hacia mecanismos independientes de investigación de quejas contra la policía, especialmente en aquellos supuestos que afecten a derechos fundamentales o que
impliquen lesiones, malos tratos, discriminación, actuaciones en contextos de protesta o uso de material antidisturbios.


La creación de un mecanismo independiente de supervisión no debe entenderse como una deslegitimación de la función policial, sino precisamente como una garantía democrática para la ciudadanía y también para los propios agentes. Un sistema

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transparente, externo y especializado permite distinguir las actuaciones correctas de aquellas que no lo son, depurar responsabilidades cuando corresponda, corregir protocolos deficientes y reforzar la confianza pública en las instituciones
de seguridad.


En paralelo, continúa pendiente el desbloqueo de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como «ley mordaza». Esta norma ha sido ampliamente cuestionada por su impacto sobre el
ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, información y libertad de expresión, así como por el margen sancionador que otorga a la Administración en contextos de protesta social.


La reforma de esta ley es una condición imprescindible para avanzar hacia un modelo de seguridad democrática, garantista y respetuoso con los derechos fundamentales. No basta con revisar protocolos internos o crear nuevos mecanismos de
supervisión si se mantiene vigente un marco legal que puede favorecer la restricción de derechos, el efecto disuasorio sobre la protesta y la prevalencia acrítica de la versión policial en procedimientos sancionadores. Por ello, el refuerzo de los
mecanismos de control policial debe ir acompañado del desbloqueo de la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.


Todo ello debe hacerse respetando el marco competencial existente. Por este motivo, esta iniciativa se circunscribe al ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin perjuicio de que las comunidades autónomas con competencias
en materia de Seguridad pública puedan impulsar, en su respectivo ámbito, mecanismos equivalentes para sus cuerpos policiales.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Republicano plantea la aprobación de la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar, en el plazo máximo de seis meses, un informe para la creación de una autoridad u oficina independiente de supervisión de la conducta policial en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil, los criterios y principios
sobre el uso de la fuerza (estándares de Naciones Unidas) tomando como referencia las mejores prácticas internacionales y, en particular, los modelos existentes en otros países europeos.


2. Presentar una propuesta normativa para crear un mecanismo de control, transparencia y fiscalicación externo, independiente y especializado de investigación de las actuaciones policiales más graves o sensibles, especialmente aquellas que
impliquen muerte, lesiones relevantes, denuncias por tortura o malos tratos, indicios de discriminación, uso de material antidisturbios, actuaciones en contextos de protesta social o posible vulneración del derecho de reunión y manifestación así
como prevenir y erradicar la electividad policial y las identificaciones por perfil étnico-racial. Este mecanismo deberá contar con autonomía funcional, medios suficientes, capacidad de acceso a la información necesaria y garantías de independencia
respecto de los cuerpos investigados y los órganos políticos de los que dependen.


3. Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en relación con el uso de la fuerza y de las herramientas policiales por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mediante la publicación periódica de datos agregados y
desagregados sobre quejas ciudadanas, de los protocolos e instrucciones de las armas, expedientes disciplinarios, investigaciones internas, sanciones impuestas, uso de material antidisturbios, lesiones producidas en intervenciones policiales y
actuaciones en manifestaciones o concentraciones. Asimismo, deberán revisarse los protocolos de identificación visible de

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los agentes que intervienen en dispositivos de orden público y, en su caso, regular sus incumplimientos por la vía disciplinaria.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2026.—Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Diputado.—Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Republicà, a instància dels diputats Gabriel Rufián Romero, i Francesc-Marc Álvaro i Vidal a l'empara del que s'estableix en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei
sobre la creació de mecanismes de control i retiment de comptes per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per el seu debat a la comissió d’Interior.


Exposició de motius


L’actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat s’ha de regir, en tot moment, pels principis de legalitat, necessitat, proporcionalitat, congruència, oportunitat, mínima intervenció i respecte estricte als drets fonamentals.
Aquests principis són especialment exigibles en contextos d’exercici del dret de reunió i manifestació, en què la funció policial no es pot concebre només des de la lògica de l’ordre públic, sinó també com una garantia activa de l’exercici segur
dels drets constitucionals.


En els darrers anys s’han conegut diversos episodis d’actuació policial controvertida que han generat preocupació social, institucional i d’organitzacions de defensa dels drets humans. Entre aquests episodis, cal esmentar les càrregues
policials durant les protestes estudiantils conegudes com la Primavera Valenciana, les actuacions policials en diversos contextos de mobilització social, les denúncies per ús desproporcionat de la força en manifestacions, les dificultats per
identificar agents intervinents en determinats dispositius, així com els fets recents ocorreguts a València, on una docent concentrada davant la Conselleria d’Educació va ser empesa per un agent de la Policia Nacional fins a caure a terra, provocant
una àmplia reacció social i institucional.


Aquests fets no poden abordar-se únicament com a episodis aïllats. Al contrari, posen de manifest la necessitat de reforçar els mecanismes de retiment de comptes, transparència, avaluació externa i control democràtic sobre les actuacions
policials, especialment quan afecten l’exercici de drets fonamentals o quan existeixen indicis d’ús excessiu o desproporcionat de la força.


Actualment, el sistema d’investigació de queixes o denúncies per actuacions policials descansa fonamentalment en mecanismes interns dels mateixos cossos policials, en la via disciplinària, en la intervenció judicial quan escau i en la
supervisió general d’institucions com el Defensor del Poble. Sense perjudici de la importància d’aquests instruments, l’experiència comparada demostra que les democràcies avançades tendeixen a incorporar mecanismes externs, independents i
especialitzats de supervisió de la conducta policial.


En aquest sentit, en països com el Regne Unit existeix una autoritat independent específica, l’Independent Office for Police Conduct, que actua com a organisme extern de supervisió del sistema de queixes i d’investigació de les conductes
policials més greus. Aquest tipus de mecanismes contribueix a reforçar la confiança ciutadana, a protegir els drets de les persones afectades, a millorar els protocols policials i a garantir que les investigacions de fets especialment sensibles no
depenguin exclusivament d’estructures internes dels mateixos cossos investigats.


Diverses organitzacions de drets humans han assenyalat també la necessitat de millorar els sistemes d’investigació i rendició de comptes davant possibles vulneracions de drets comeses per agents encarregats de fer complir la llei. En
particular, els informes

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sobre violència institucional han advertit de la persistència de casos d’ús indegut o desproporcionat de la força, de les dificultats per a la identificació efectiva dels agents, de les mancances en la investigació interna i judicial de les
denúncies i de la necessitat de disposar de dades públiques, homogènies i accessibles sobre l’ús de la força, les queixes presentades, els expedients disciplinaris oberts i les sancions imposades.


Així mateix, organismes internacionals han recomanat a l’Estat espanyol avançar cap a mecanismes independents d’investigació de queixes contra la policia, especialment en aquells supòsits que afectin drets fonamentals o que impliquin
lesions, maltractaments, discriminació, actuacions en contextos de protesta o ús de material antidisturbis.


La creació d’un mecanisme independent de supervisió no s’ha d’entendre com una deslegitimació de la funció policial, sinó precisament com una garantia democràtica per a la ciutadania i també per als mateixos agents. Un sistema transparent,
extern i especialitzat permet distingir les actuacions correctes d’aquelles que no ho són, depurar responsabilitats quan correspongui, corregir protocols deficients i reforçar la confiança pública en les institucions de seguretat.


En paral·lel, continua pendent el desbloqueig de la reforma de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com a «llei mordassa». Aquesta norma ha estat àmpliament qüestionada pel seu impacte
sobre l’exercici dels drets de reunió, manifestació, informació i llibertat d’expressió, així com pel marge sancionador que atorga a l’Administració en contextos de protesta social.


La reforma d’aquesta llei és una condició imprescindible per avançar cap a un model de seguretat democràtica, garantista i respectuós amb els drets fonamentals. No n’hi ha prou amb revisar protocols interns o crear nous mecanismes de
supervisió si es manté vigent un marc legal que pot afavorir la restricció de drets, l’efecte dissuasiu sobre la protesta i la prevalença acrítica de la versió policial en procediments sancionadors. Per això, el reforç dels mecanismes de control
policial ha d’anar acompanyat del desbloqueig de la tramitació parlamentària de la reforma de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.


Tot això s’ha de fer respectant el marc competencial existent. Per aquest motiu, aquesta iniciativa se circumscriu a l’àmbit de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, sense perjudici que les comunitats autònomes amb competències en
matèria de seguretat pública puguin impulsar, en el seu àmbit respectiu, mecanismes equivalents per als seus cossos policials.


Per tot l’exposat, el grup parlamentari republicà, planteja l’aprovació de la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Impulsar, en el termini màxim de sis mesos, un informe per a la creació d’una autoritat o oficina independent de supervisió de la conducta policial en l’àmbit de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, prenent com a referència els
criteris i principis sobre l’ús de la força (estàndards de Nacions Unides), i les millors pràctiques internacionals i, en particular, els models existents en altres països europeus.


2. Presentar una proposta normativa per crear un mecanisme de control, fiscalització i transparència extern, independent i especialitzat d’investigació de les actuacions policials més greus o sensibles, especialment aquelles que impliquin
mort, lesions rellevants, denúncies per tortura o maltractaments, indicis de discriminació, ús de material antidisturbis, actuacions en contextos de protesta social o possible vulneració del dret de reunió i manifestació, així com per prevenir i
erradicar la electivitat policial i les identificacions per perfil ètnic-racial. Aquest mecanisme haurà de disposar d’autonomia funcional, mitjans suficients, capacitat d’accés a la informació necessària i garanties d’independència respecte dels
cossos investigats i els òrgans polítics dels quals depenen.


3. Reforçar la transparència i el retiment de comptes en relació amb l’ús de la força i de les eines policials per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, mitjançant la

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publicació periòdica de dades agregades i desagregades sobre queixes ciutadanes, dels protocols i instruccions de les armes i de les eines d’ús policial, expedients disciplinaris, investigacions internes, sancions imposades, ús de material
antiavalots, lesions produïdes en intervencions policials i actuacions en manifestacions o concentracions. Així mateix, s’hauran de revisar els protocols d’identificació visible dels agents que intervenen en dispositius d’ordre públic i, si
s’escau, regular-ne els incompliments per la via disciplinària.»


Congrés dels Diputats, 5 de juny de 2026.—Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Diputat.—Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.


161/003584


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto y, en su representación su Portavoz Ione Belarra Urteaga, Diputada de Podemos y Martina Velarde Gómez, Diputada de Podemos presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre los hechos ocurridos en Granada el 16
de abril, para su debate y tramitación en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


La nota pública difundida por la Plataforma de Apoyo 16 abril y medios de comunicación afirman que la Policía Nacional ha abierto diligencias contra al menos cinco activistas que participaron pacíficamente en la protesta convocada en Granada
ese día, investigándolos por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Al mismo tiempo, la propia nota sostiene que no consta actuación equivalente frente a quienes habrían protagonizado agresiones contra las personas
concentradas pacíficamente, incluyendo la presunta utilización de porras extensibles.


Nos preocupa especialmente que, a la vista de lo publicado, la actuación policial parece centrarse en las personas que se manifestaban de forma pacífica y que se encontraban tras un cordón policial, perfectamente respetado, mientras
quedarían extramuros de la investigación hechos especialmente graves que habrían sido protagonizados por asistentes al acto de VOX, en particular tras la ruptura de dicho cordón en el contexto de una avalancha posterior al llamamiento de Santiago
Abascal, así como la eventual actuación de integrantes del supuesto servicio de orden de ese partido que, presuntamente, portaban y utilizaron porras extensibles.


No corresponde a esta parte atribuir responsabilidades penales sin investigación previa ni sustituir la labor de jueces, fiscales o fuerzas policiales. Pero sí corresponde exigir que la actuación investigadora respete escrupulosamente los
principios de imparcialidad, objetividad, proporcionalidad y plenitud, sin sesgos de ningún tipo y sin dobles estándares en la valoración de los hechos.


De ser ciertos los extremos publicados y ya denunciados, resultaría gravemente anómalo que la investigación se proyecte de forma preferente sobre quienes ejercían el derecho de manifestación pacífica, mientras no se aprecia una actuación
pública de la misma intensidad respecto de posibles agresiones, del eventual uso de objetos prohibidos o de conductas que pudieran revestir una especial gravedad.


La defensa del Estado de Derecho exige que todos los hechos relevantes sean investigados, debiendo quedar al margen del control público la actuación por razón de la

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identidad política de sus autores o de sus víctimas. Es por ello, que es exigible a ese Ministerio actúe con la diligencia y el rigor que la gravedad del asunto requiere.


Por todo lo cual, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno:


1. Recabe información completa sobre las actuaciones policiales desarrolladas en relación con estos hechos.


2. Verifica si la investigación abierta está abarcando también las denuncias relativas a agresiones cometidas por asistentes al acto de VOX y a la eventual tenencia o uso de porras extensibles u otros objetos prohibidos.


3. Garantizar que la actuación policial se desarrolle con absoluta neutralidad, sin sesgo ideológico ni selectividad investigadora.


4. Adoptar, de inmediato, en caso de apreciarse una investigación incompleta o desviada, las medidas necesarias para reconducirla conforme a Derecho.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Martina Velarde Gómez, Diputada.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003590


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas eficaces de lucha
contra la presencia de narcolanchas en Andalucía y en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


En primer lugar, resulta imprescindible destacar el reconocimiento y la absoluta gratitud de los ciudadanos y de los representantes públicos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, a la Guardia Civil, por el excelente
trabajo que realizan diariamente para garantizar la seguridad en las costas de Andalucía y de la Región de Murcia.


Con esta iniciativa se pretende reconocer la profesionalidad, entrega y valor de todos sus miembros, así como poner de manifiesto la urgente necesidad de reforzar el compromiso institucional, dotar de más medios y ofrecer un mayor apoyo
estatal para que los efectivos de la Guardia Civil puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones de seguridad, lo que redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.


El crimen organizado y el narcotráfico están en alza en los últimos tiempos en las costas andaluzas y de la Región de Murcia. El aumento de la presencia de las mafias internacionales que usan como medio las narcolanchas en estas costas es
una realidad objetiva, que pone en evidencia el incremento de la actividad de las organizaciones delictivas que operan desde el norte de África, mafias que se dedican al triple negocio del narcotráfico, del petaqueo y la inmigración ilegal.


Estas mafias, que utilizan narcolanchas tanto para el transporte de droga como para el traslado de inmigrantes en situación irregular, han provocado que provincias como Almería se hayan convertido en uno de los principales focos de la
inmigración irregular en la Península Ibérica. De hecho, Almería fue la provincia que registró el mayor incremento de llegadas irregulares en 2025 con respecto a 2024 en toda la península,

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según los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX).


El nulo compromiso que está demostrando el Ministerio del Interior en la lucha contra el narcotráfico y en atender las constantes demandas y necesidades que palien las deficientes y precarias condiciones de trabajo de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a ella, sigue quedando de manifiesto, sin ningún disimulo a lo largo de las costas andaluzas y de la Región de Murcia, en medio del estupor y de la indignación de los profesionales y de la
ciudadanía que ven como estas mafias y organizaciones criminales campan a sus anchas por estas costas. Además, se producen enfrentamientos constantes en el mar sin que los efectivos de la Guardia Civil puedan hacer frente a las narcolanchas que
cuentan con una tecnología muy superior a las embarcaciones con las que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Otro ejemplo de la desidia gubernamental se ha puesto de manifiesto en la negativa del ministro del Interior a comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, organismo que abrió una investigación tras el terrible crimen
que costó la vida a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz), al ser embestidos por una narcolancha hace ya dos años. Este organismo comunitario emitió posteriormente un informe especialmente crítico en el que se acusaba al ministro del
Interior de haber «obstruido» las labores de la misión de eurodiputados enviada a Andalucía para analizar las causas de los fallecimientos y las condiciones laborales de los agentes destinados en el Campo de Gibraltar.


Esta actitud resulta inconcebible e insensible y supone, además, una muestra de absoluta deslealtad hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, el ministro del Interior continúa evitando dar explicaciones y
pretende, mediante el envío de una carta, soslayar la situación de especial gravedad que padecen las costas del sur de la Península Ibérica como consecuencia de la magnitud y las graves consecuencias que alcanza el narcotráfico en esta zona.


Estas embarcaciones ilegales se desplazan por las costas del sur de la Península con un grado de impunidad que resulta llamativo para propios y extraños, operando incluso a plena luz del día, conscientes de su superioridad en medios y
capacidad operativa. La presencia de narcolanchas se ha convertido en una realidad habitual en el litoral, una situación que, lejos de remitir, continúa agravándose. En la actualidad, estas embarcaciones han convertido amplias zonas del litoral
andaluz y de la Región de Murcia en un auténtico espacio de actuación recurrente.


Al mismo tiempo, es una realidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no disponen de medios suficientes y adecuados para hacer frente con eficacia a estas embarcaciones y a las organizaciones criminales vinculadas al
narcotráfico. Los agentes se enfrentan diariamente a estructuras delictivas que emplean tecnologías de última generación, embarcaciones de altísima velocidad e incluso armamento de guerra. Así lo vienen denunciando los propios efectivos, en un
contexto en el que estas narcolanchas han llegado incluso a internarse en el río Guadalquivir. De hecho, hace pocos meses, en el paraje conocido como Brazo de la Torre, en Aznalcázar (Sevilla), los tripulantes de una de estas embarcaciones abrieron
fuego contra agentes de la Guardia Civil, resultandos heridos de carácter leve tres miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) como consecuencia del tiroteo.


OCON-Sur se configuró como un instrumento eficaz, coordinado y especializado, reconocido incluso por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Gracias a su labor se logró debilitar de forma significativa a redes criminales que
llevaban décadas operando en la zona. Cuando se decidió suprimir esta estructura no se establecieron alternativas claras, sin atender a las advertencias de quienes afrontan diariamente esta amenaza sobre el terreno.


Esta situación ha contribuido, además, a la proliferación de un fenómeno prácticamente inexistente hasta hace pocos años en las costas españolas: el denominado «petaqueo». Esta actividad ilícita, vinculada al suministro de combustible a
las narcolanchas, está provocando que determinados puntos del litoral se conviertan en

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auténticas «narco-gasolineras» utilizadas por las mafias dedicadas al tráfico de drogas y de personas.


Un ejemplo de ello es la imagen que comienzan a ofrecer algunas calas del litoral, donde la falta de actuación por parte del Ministerio del Interior y del Gobierno de España está favoreciendo su degradación, con la acumulación de garrafas de
combustible, restos de embarcaciones abandonadas y la presencia habitual de redes dedicadas al petaqueo.


Pues, resulta necesario adoptar medidas urgentes y eficaces que permitan garantizar la seguridad y reforzar el principio de autoridad en las costas españolas. En este contexto, se hace imprescindible dotar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y, en concreto, a la Guardia Civil de los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios, adecuados a la magnitud que ha adquirido este fenómeno en el sur de España, con el fin de que los agentes puedan desempeñar su
labor en condiciones de seguridad y con el respaldo institucional que requieren.


El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado reiteradamente que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca para ofrecer explicaciones y detallar las medidas que prevé adoptar el Gobierno ante esta situación, una respuesta
que hasta el momento no se ha producido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar un Plan Integral de Seguridad contra el narcotráfico en las costas de Andalucía y de la Región de Murcia, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


2. Reforzar de manera urgente la dotación de medios personales, materiales y tecnológicos de la Guardia Civil y del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra el narcotráfico en estas zonas,
adaptándolos a la magnitud del problema, especialmente en lo referido a radares costeros, escáneres de contenedores de alta capacidad, sensores costeros acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad y patrulleros
oceánicos dotados de sistemas de parada de motores y marcadores de seguimiento, helicópteros y aviones de patrulla marítima equipados con sensores ISR y capacidad de vigilancia prolongada, drones marítimos y aéreos de gran autonomía, así como el uso
intensivo de satélites propios y europeos para la observación marítima, la detección de patrones anómalos de navegación y la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial.


3. Crear una unidad especializada y coordinada, para la lucha contra el narcotráfico, como lo fue el OCON-Sur, con presencia operativa en el litoral andaluz y murciano.


4. Impulsar una revisión de la política de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, promoviendo en el seno de la Unión Europea una estrategia reforzada contra el tráfico de drogas y de personas, así como el
fortalecimiento de la cooperación operativa y del intercambio de información entre agencias europeas, así como la revisión y actualización de la Estrategia de la Unión Europea en materia de drogas, agotada la vigencia de la actual, exigiendo el
incremento de medios humanos, materiales y financieros destinados a la actividad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) en España, promoviendo además el fortalecimiento del papel operativo, analítico y de apoyo de la
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL), avanzando en la mejora de la gestión del intercambio de información del sistema SIENA con la dotación de los medios correspondientes en España y reforzando la estructura operativa
en España de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT) para intensificar la lucha contra la delincuencia organizada y las redes internacionales de narcotráfico.

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5. Actuar de manera urgente en las provincias especialmente afectadas por el tráfico de drogas y de personas, garantizando la dotación adecuada de medios y la erradicación de actividades vinculadas al denominado «petaqueo».


6. Promover reformas legislativas que refuercen la respuesta penal frente a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a sus redes de apoyo, agilizando además los procedimientos judiciales.


7. Declarar Zonas de Especial Singularidad aquellos territorios de Andalucía especialmente afectados por la presión del narcotráfico y la delincuencia organizada, con el fin de reforzar la presencia y los recursos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.


8. Reconocer y respaldar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impulsando el reconocimiento de la Policía Nacional (España) y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, culminando el proceso para la equiparación
salarial con las policías autonómicas y garantizando condiciones adecuadas de jubilación acordes con la exigencia de su labor.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2026.—Ana Belén Vázquez Blanco, Maribel Sánchez Torregrosa, Rafael Antonio Hernando Fraile, Ana Martínez Labella, Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García, María Lourdes Ramírez
Martín, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, José Ignacio Romaní Cantera, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Miguel Ángel Sastre Uyá, Macarena Lorente Anaya, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre
Murcia, Isabel Gema Pérez Recuerda, Bella Verano Domínguez, Manuel García Félix, Carlos García Adanero, Fernando de Rosa Torner, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Sofía Acedo Reyes, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Beatriz Álvarez Fanjul, María
Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Félix de las Cuevas Cortés, Llanos de Luna Tobarra, Elvira Velasco Morillo, Violante Tomás Olivares, Juan Luis Pedreño Molina y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible


161/003577


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la desaparición del olvido
de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


En mayo de 2026, una niña de dos años falleció en A Coruña tras permanecer durante más de seis horas en el interior del vehículo de su padre en un día especialmente caluroso. Según las investigaciones aún en curso, su progenitor debería
haber dejado a la menor en la guardería antes de acudir a su puesto de trabajo, pero comenzó su rutina laboral habitual olvidando que la niña seguía en el coche, posiblemente debido a la distracción generada por una llamada telefónica durante el
trayecto.


Lamentablemente, este no es un caso aislado. En julio de 2025, otro niño también de dos años de edad murió en Tarragona tras permanecer entre cuatro y seis horas dentro de un vehículo, mientras su padre trabajaba en un polígono industrial.
En mayo de 2025,

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un bebé de veinte meses falleció Jaén después de pasar varias horas en un coche estacionado. En noviembre de 2024, una niña de dos años murió en Castellón tras ser olvidada en el vehículo por su padre cuando acudía al trabajo. En julio de
2023, un menor de dos años falleció en Pontevedra por choque térmico, tras permanecer varias horas olvidado en un aparcamiento exterior.


Estos son los datos que se manejan en España, sin que pueda asegurarse que no se han dado otros casos, ya que, a diferencia de países como Estados Unidos (donde existen plataformas que monitorizan de forma estricta la información sobre este
tipo de muertes), en España no se contabilizan en una estadística oficial específica de forma pública y unificada.


Estos hechos evidencian la existencia de un problema muy grave de seguridad y salud pública que, aunque poco frecuente, presenta consecuencias irreversibles y devastadoras, tanto en la familia que sufre la pérdida como en la comunidad
escolar o en la localidad donde se produce el terrible episodio. La comunidad científica y los especialistas en psicología cognitiva han denominado este fenómeno como «síndrome del bebé olvidado» («Forgotten Baby Syndrome»). Los expertos explican
que, en la mayoría de los casos, no responde a una conducta dolosa ni a una falta de afecto hacia el menor, sino a un fallo cognitivo asociado a la memoria automática, el estrés, el cansancio y la alteración de las rutinas, que pueden provocar que
un progenitor crea erróneamente haber dejado ya al menor en su destino habitual, especialmente en contextos de elevada carga mental o cuando realiza de forma excepcional el trayecto a la guardería. El riesgo aumenta debido a que en el interior de
un vehículo se pueden superar los 50 grados en pocos minutos. Los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables al calor y pueden sufrir un golpe de calor mortal en muy poco tiempo. Esta problemática resulta aún más preocupante en un
contexto en el que los días con temperaturas extremas y las olas de calor son progresivamente más frecuentes.


Para prevenir el olvido de menores en los vehículos, actualmente existen distintas medidas de seguridad:


1. Dispositivos universales e independientes para sillitas infantiles.


Se trata de cojines con sensores de peso que se ubican en la silla del bebé, o clips y broches inteligentes que se ajustan en el cinturón de la silla y que detectan la presencia del menor, emitiendo alarmas o avisos al teléfono móvil cuando
el conductor se aleja del vehículo y el asiento sigue ocupado. En algunos casos pueden también enviar mensajes de emergencia a otras personas del entorno familiar si la alerta inicial no es desactivada, enviándose asimismo la ubicación por GPS del
vehículo. En todos los casos se trata de dispositivos postventa, que se implantan por parte del usuario en el vehículo.


2. Sistemas integrados en los vehículos.


Muchos vehículos nuevos de diferentes marcas comerciales incorporan ya sistemas de «alerta de asiento trasero» («Rear Seat Reminder»), que avisan al conductor, en el panel de control del vehículo, para que revise los asientos traseros antes
de abandonar el coche.


3. Aplicaciones móviles conectadas.


Son aplicaciones que se descargan en el teléfono móvil (gratuitas o de pago) vinculadas al vehículo mediante Bluetooth, y que generan alertas automáticas y notificaciones cuando el motor se apaga y el menor permanece dentro, como son Waze o
Kars4Kids Safety).


4. Hábitos preventivos.


Organismos como la Dirección General de Tráfico o la Fundación MAPFRE recomiendan dejar objetos personales, como el zapato que no se utiliza en la

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conducción, la cartera o la chaqueta, en la parte trasera del vehículo, para obligar al conductor a revisar el asiento trasero antes de salir.


Algunos países han avanzado incluso hacia la implantación de medidas regulatorias específicas:


Italia es el único país que obliga por ley a incorporar sistemas antiolvido para menores de cuatro años. En el Código de Circulación (Códice della Strada, art. 172), en 2019, desarrollado posteriormente a través del Decreto 122/2019, de 2
de octubre, del Ministerio de Transportes, se introdujo la obligación de instalar sensores o alarmas (integradas o postventa) en sillitas infantiles o en los asientos destinados a los menores de cuatro años, con serias sanciones económicas y
retirada de puntos del carné en caso de incumplimiento, como son multas de 81 a 326 €, retiradas de 5 puntos, y retirada del carnet de 15 días a dos meses en caso de reincidencia durante los dos años posteriores a la primera multa. Es siempre el
conductor el responsable de la inutilización del dispositivo, aunque no sea la persona a cargo del menor en ese momento. Es importante señalar que no solo los progenitores tienen que instalar o tener Instalados estos dispositivos, sino cualquiera
que traslade a un menor. Se ha procedido posteriormente a la homologación de varios modelos de dispositivos que pueden comprarse en tiendas especializadas de artículos infantiles y online, y su precio varía entre los 30 y los 100 €.


Estados Unidos ha centrado la regulación en los fabricantes de vehículos, más que en los conductores. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) obliga a la incorporación obligatoria de sistemas de alerta
visuales y auditivos en los nuevos vehículos de forma generalizada, mientras que más de veinte estados sancionan el dejar menores solos en coches cerrados (Unattended Child Laws), especialmente aquellos con clima más cálido, y han establecido leyes
de «buen samaritano» eximiendo de responsabilidad a aquellos ciudadanos que provocan daños en un vehículo tratando de salvar a un niño en peligro.


Japón, después de haberse producido varios trágicos accidentes en rutas escolares, obligó a que autobuses y vehículos de guarderías incorporen sistemas de comprobación que obligan al conductor a revisar físicamente el interior del vehículo
antes de finalizar la ruta, estableciendo un botón de alarma que solo puede apagarse en el fondo del vehículo.


Israel ha aprobado un sistema dual tanto para los vehículos privados como para los autobuses escolares. En el caso de los primeros, al igual que Italia, todo vehículo tiene que disponer de un sistema electrónico para evitar abandonos. De
la misma manera se penaliza a aquellos autobuses y furgonetas que no tengan un dispositivo que obligue al conductor a trasladarse a la parte trasera del vehículo para apagar la alarma.


Australia considera ilegal dejar a un menor solo en un vehículo cerrado y permite la intervención inmediata de los servicios de emergencia, que pueden romper las lunas en cualquier ocasión si detectan a un menor en un vehículo. Además,
algunos estados han instalado señales de advertencia en aparcamientos públicos para recordar la revisión de los asientos traseros.


Es por todo lo anterior por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y las comunidades autónomas, campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos y las medidas preventivas existentes.


2. Promover, en colaboración con fabricantes y entidades del sector automovilístico, la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero (“Rear Seat Reminder”) en los vehículos comercializados en España.

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3. Analizar posibles líneas de ayudas o incentivos para la adquisición de dispositivos antiabandono en sillitas infantiles, especialmente para familias con menores de cuatro años que posean vehículos que no disponen de sistemas de aviso de
asiento trasero.


4. Elaborar, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades sanitarias, un registro estadístico oficial sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos.


5. Reforzar los protocolos de prevención y comprobación en el transporte escolar y de guarderías para evitar que menores puedan permanecer desatendidos en vehículos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Marta González Vázquez, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco y Héctor Palencia Rubio, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.


Comisión de Industria y Turismo


161/003569


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la desaparición del olvido
de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.


Exposición de motivos


En mayo de 2026, una niña de dos años falleció en A Coruña tras permanecer durante más de seis horas en el interior del vehículo de su padre en un día especialmente caluroso. Según las Investigaciones aún en curso, su progenitor debería
haber dejado a la menor en la guardería antes de acudir a su puesto de trabajo, pero comenzó su rutina laboral habitual olvidando que la niña seguía en el coche, posiblemente debido a la distracción generada por una llamada telefónica durante el
trayecto.


Lamentablemente, este no es un caso aislado. En julio de 2025, otro niño también de dos años de edad murió en Tarragona tras permanecer entre cuatro y seis horas dentro de un vehículo, mientras su padre trabajaba en un polígono industrial.
En mayo de 2025, un bebé de veinte meses falleció Jaén después de pasar varias horas en un coche estacionado. En noviembre de 2024, una niña de dos años murió en Castellón tras ser olvidada en el vehículo por su padre cuando acudía al trabajo. En
julio de 2023, un menor de dos años falleció en Pontevedra por choque térmico, tras permanecer varias horas olvidado en un aparcamiento exterior.


Estos son los datos que se manejan en España, sin que pueda asegurarse que no se han dado otros casos, ya que, a diferencia de países como Estados Unidos (donde existen plataformas que monitorizan de forma estricta la información sobre este
tipo de muertes), en España no se contabilizan en una estadística oficial específica de forma pública y unificada.


Estos hechos evidencian la existencia de un problema muy grave de seguridad y salud pública que, aunque poco frecuente, presenta consecuencias irreversibles y devastadoras, tanto en la familia que sufre la pérdida como en la comunidad
escolar o en la localidad donde se produce el terrible episodio. La comunidad científica y los especialistas en psicología cognitiva han denominado este fenómeno como «síndrome del bebé olvidado» («Forgotten Baby Syndrome»). Los expertos explican
que, en la

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mayoría de los casos, no responde a una conducta dolosa ni a una falta de afecto hacia el menor, sino a un fallo cognitivo asociado a la memoria automática, el estrés, el cansancio y la alteración de las rutinas, que pueden provocar que un
progenitor crea erróneamente haber dejado ya al menor en su destino habitual, especialmente en contextos de elevada carga mental o cuando realiza de forma excepcional el trayecto a la guardería. El riesgo aumenta debido a que en el interior de un
vehículo se pueden superar los 50 grados en pocos minutos. Los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables al calor y pueden sufrir un golpe de calor mortal en muy poco tiempo. Esta problemática resulta aún más preocupante en un contexto
en el que los días con temperaturas extremas y las olas de calor son progresivamente más frecuentes.


Para prevenir el olvido de menores en los vehículos, actualmente existen distintas medidas de seguridad:


1. Dispositivos universales e independientes para sillitas infantiles.


Se trata de cojines con sensores de peso que se ubican en la silla del bebé, o clips y broches inteligentes que se ajustan en el cinturón de la silla y que detectan la presencia del menor, emitiendo alarmas o avisos al teléfono móvil cuando
el conductor se aleja del vehículo y el asiento sigue ocupado. En algunos casos pueden también enviar mensajes de emergencia a otras personas del entorno familiar si la alerta inicial no es desactivada, enviándose asimismo la ubicación por GPS del
vehículo. En todos los casos se trata de dispositivos postventa, que se implantan por parte del usuario en el vehículo.


2. Sistemas integrados en los vehículos.


Muchos vehículos nuevos de diferentes marcas comerciales incorporan ya sistemas de «alerta de asiento trasero» («Rear Seat Reminder»), que avisan al conductor, en el panel de control del vehículo, para que revise los asientos traseros antes
de abandonar el coche.


3. Aplicaciones móviles conectadas.


Son aplicaciones que se descargan en el teléfono móvil (gratuitas o de pago) vinculadas al vehículo mediante Bluetooth, y que generan alertas automáticas y notificaciones cuando el motor se apaga y el menor permanece dentro, como son Waze o
Kars4Kids Safety).


4. Hábitos preventivos.


Organismos como la Dirección General de Tráfico o la Fundación MAPFRE recomiendan dejar objetos personales, como el zapato que no se utiliza en la conducción, la cartera o la chaqueta, en la parte trasera del vehículo, para obligar al
conductor a revisar el asiento trasero antes de salir.


Algunos países han avanzado incluso hacia la implantación de medidas regulatorias específicas:


Italia es el único país que obliga por ley a incorporar sistemas antiolvido para menores de cuatro años. En el Código de Circulación (Códice della Strada, art. 172), en 2019, desarrollado posteriormente a través del Decreto 122/2019, de 2
de octubre, del Ministerio de Transportes, se introdujo la obligación de instalar sensores o alarmas (integradas o postventa) en sillitas infantiles o en los asientos destinados a los menores de cuatro años, con serias sanciones económicas y
retirada de puntos del carné en caso de incumplimiento, como son multas de 81 a 326 €, retiradas de 5 puntos, y retirada del carnet de 15 días a dos meses en caso de reincidencia durante los dos años posteriores a la primera multa. Es siempre el
conductor el responsable de la inutilización del dispositivo, aunque no sea la persona a cargo del menor en ese momento. Es importante señalar que no solo los progenitores tienen que instalar o tener instalados estos

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dispositivos, sino cualquiera que traslade a un menor. Se ha procedido posteriormente a la homologación de varios modelos de dispositivos que pueden comprarse en tiendas especializadas de artículos infantiles y online, y su precio varía
entre los 30 y los 100 €.


Estados Unidos ha centrado la regulación en los fabricantes de vehículos, más que en los conductores. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) obliga a la incorporación obligatoria de sistemas de alerta
visuales y auditivos en los nuevos vehículos de forma generalizada, mientras que más de veinte estados sancionan el dejar menores solos en coches cerrados (Unattended Child Laws), especialmente aquellos con clima más cálido, y han establecido leyes
de «buen samaritano» eximiendo de responsabilidad a aquellos ciudadanos que provocan daños en un vehículo tratando de salvar a un niño en peligro.


Japón, después de haberse producido varios trágicos accidentes en rutas escolares, obligó a que autobuses y vehículos de guarderías incorporen sistemas de comprobación que obligan al conductor a revisar físicamente el interior del vehículo
antes de finalizar la ruta, estableciendo un botón de alarma que solo puede apagarse en el fondo del vehículo.


Israel ha aprobado un sistema dual tanto para los vehículos privados como para los autobuses escolares. En el caso de los primeros, al igual que Italia, todo vehículo tiene que disponer de un sistema electrónico para evitar abandonos. De
la misma manera se penaliza a aquellos autobuses y furgonetas que no tengan un dispositivo que obligue al conductor a trasladarse a la parte trasera del vehículo para apagar la alarma.


Australia considera ilegal dejar a un menor solo en un vehículo cerrado y permite la intervención inmediata de los servicios de emergencia, que pueden romper las lunas en cualquier ocasión si detectan a un menor en un vehículo. Además,
algunos estados han instalado señales de advertencia en aparcamientos públicos para recordar la revisión de los asientos traseros.


Es por todo lo anterior por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a


1. Impulsar, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y las comunidades autónomas, campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos y las medidas preventivas existentes.


2. Promover, en colaboración con fabricantes y entidades del sector automovilístico, la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero (“Rear Seat Reminder”) en los vehículos comercializados en España.


3. Analizar posibles líneas de ayudas o incentivos para la adquisición de dispositivos antiabandono en sillitas infantiles, especialmente para familias con menores de cuatro años que posean vehículos que no disponen de sistemas de aviso de
asiento trasero.


4. Elaborar, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades sanitarias, un registro estadístico oficial sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos.


5. Reforzar los protocolos de prevención y comprobación en el transporte escolar y de guarderías para evitar que menores puedan permanecer desatendidos en vehículos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2026.—Marta González Vázquez, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco y Francisco José Conde López, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

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161/003575


A la Mesa del Congreso de los Diputados


María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, en sus respetivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la actividad industrial nacional y europea frente a la competencia desleal extracomunitaria
y la amenaza particular que representa el poder industrial chino, para su discusión en la Comisión Industria y Turismo.


Exposición de motivos


Durante años, Bruselas ha pretendido hacer de la Unión Europea una economía lo más abierta posible bajo la creencia de que sus rivales comerciales también compartirían su visión del libre comercio y de la libre competencia, así como que este
aperturismo no tendría consecuencias negativas para el conjunto de los Estados miembros. De esta manera, la Comisión Europea, competente en exclusiva de la política comercial común, no ha dudado en lanzarse a tejer la mayor red de acuerdos
comerciales del mundo, con más de 40 acuerdos individuales con más de 70 países1.


Con todo, la actual dinámica internacional, marcada por el aparente fin de «la era del comercio global abierto [y] regido por instituciones multilaterales» (Informe Draghi, pág. 20)2, los crecientes desequilibrios del mercado mundial y el
uso de prácticas comerciales cada vez más agresivas por parte de determinados países, ha demostrado la ingenuidad con la que ha actuado Bruselas. Es así como en su Informe Anual sobre el Mercado Único y la Competitividad 2025 [COM(2025) 26 final]3,
la propia Comisión Europea reconoció que una economía tan abierta como la europea ha resultado estar especialmente expuesta a los «riesgos significativos derivados del aumento de las tensiones geopolíticas, las prácticas comerciales desleales y las
dependencias estratégicas».


En este sentido, conviene advertir de la amenaza que supone para la soberanía económica e industrial de los Estados europeos el creciente poder industrial de China, país que concentra en la actualidad un tercio de la producción manufacturera
mundial (frente al 15 % de la producción europea)4 y con el cual la Unión Europea mantiene déficit comercial (ya estructural) por valor de 359.800 millones de euros (2025)5.


China aspira alcanzar una posición de liderazgo económico y tecnológico global, ejecutando para ello una estrategia de conquista de cuotas de mercado planificada desde hace años (véanse, por ejemplo, el plan estratégico «Made in China 2025»6
o la iniciativa de la «Nueva Ruta de la Seda»7). De esta manera, el país asiático ha desarrollado una agresiva política industrial que combina una sobrecapacidad productiva


1 Acceso: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/acuerdos-comerciales


2 Acceso: https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20_%20A%competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf


3 Acceso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0026


4 Acceso: https://www.elconfidencial.com/economia/2024-01-24/china-globalizacion-omcfabrica-mundo-geopolitica_3816494/


5 Acceso: https://efe.com/euro-efe/euroefe-economia/2026-04-10/ue-china-2/


6 El fin del plan «Made in China 2025» es convertir a China en una superpotencia manufacturera para 2049 apostando para ello por la reducción de la dependencia de empresas extranjeras y del retraso tecnológico del país. Acceso:
https://cset.georgetown.edu/publication/notice-of-the-state-council-on-the-publication-of-made-in-china-2025/


7 Acceso: https://www.cidob.org/publicaciones/nueva-ruta-seda-corredor-euroasiatico-iniciativa-global-politica-exterior-china

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redirigida hacia los mercados internacionales8, costes de producción significativamente bajos (entre un 30 % y 40 % más baratos que la Unión Europea)9 y un Estado que juega un papel muy activo dirigiendo de manera estrecha la inversión y el
aumento de la capacidad del aparato productivo. En particular, China cuenta con un sistema financiero altamente dependiente de las instituciones públicas que facilita la financiación de los actores industriales, recurriendo sistemáticamente a
subvenciones masivas10.


Asimismo, las autoridades chinas dificultan el acceso de empresas extranjeras a los mercados de contratación pública y promueven prácticas como la transferencia forzosa de tecnología o el robo de propiedad intelectual11.


Además de lo anterior, tampoco se ha de olvidar el hecho de que las reglas del comercio internacional se aplican de manera limitada en China. Así, si bien la adhesión de dicho país a la Organización Mundial del Comercio en 200112 le ofreció
un mayor acceso a los mercados internacionales y un marco favorable para la atracción de inversión extranjera directa, no ha producido en cambio una convergencia de las reglas de funcionamiento del mercado chino con los estándares multilaterales.


La amenaza china no ha de ser subestimada. Su ambición de imponerse en segmentos de alto valor añadido presiona actualmente a sectores en los que Europa ha sobresalido tradicionalmente, como la automoción, la maquinaria industrial o los
productos químicos. A modo de ejemplo, se ha de señalar que China se ha transformado en el epicentro mundial del sector automovilístico, admitiendo el propio Informe Draghi que el país asiático se ya sitúa «una generación por delante en tecnología
de vehículos eléctricos en prácticamente todos los ámbitos, además de producir a menores costes» (pág. 49)13. Tampoco conviene olvidar a este respecto el precedente que supuso la caída del sector fotovoltaico europeo. Una industria europea
puntera y competitiva fue prácticamente marginada en unos pocos años por China, país que controla actualmente el 46 % de la capacidad mundial y el 80 % del mercado de paneles solares.


Todo lo anterior lleva a afirmar, en definitiva, que el ascenso industrial chino está provocando un fuerte desequilibro de carácter sistémico con la Unión Europea, el cual está exponiendo al conjunto de la industria europea a un riesgo real
de pérdida de cuotas de mercado y caída de beneficios, traduciéndose ello en reducciones de producción y despidos masivos14.


Se hace necesario, pues, que España promueva una respuesta enérgica a nivel comunitario frente a esta amenaza.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a promover en el seno de la Unión Europea la adopción de las siguientes medidas:


1. Garantizar la reciprocidad en los acuerdos comerciales de la Unión Europea mediante la generalización y el refuerzo de las cláusulas espejo con el fin de aplicar a los


8 Ello se produce ante la falta de una demanda interna lo suficientemente dinámica para absorber el conjunto de la producción nacional.


9 Acceso: https://www.carscoops.com/2025/12/europe-tried-to-block-chinese-cars-but-ended-up-helping-them-instead/; https://ig.ft.com/china-trade-surplus/


10 Acceso: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres01_s/pr252_s.htm


11 Acceso: https://www.wsj.com/articles/how-china-systematically-pries-technology-from-u-s-companies-1537972066


12 Acceso: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres01_s/pr252_s.htm


13 Acceso: https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20_%20A% 20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf


14 Por ejemplo, la industria automovilística europea genera 13 millones de empleos que están directamente expuestos ante el auge de la competencia china. Acceso:
https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/boosting-european-car-sector_es

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productos industriales extracomunitarios importados las mismas exigencias medioambientales y sociales que se imponen a los productos fabricados en Europa.


2. Utilizar de forma más activa los instrumentos de defensa comercial (IDC) frente a las prácticas comerciales desleales realizadas por países extracomunitarios con el fin de restablecer una competencia leal entre los productos importados
de terceros países y los fabricados dentro de la Unión Europea. Entre otros, resulta necesario:


a) Reforzar el uso de los instrumentos de defensa comercial (IDC) adoptando un enfoque específico sectorial y por cadenas de valor estratégicas, prestando especial atención a los sectores industriales intensivos en energía, materias primas
críticas, automoción, siderurgia, productos químicos, bienes de equipo, componentes electrónicos, agroindustria y otros sectores esenciales para la autonomía productiva del conjunto de los Estados miembros.


b) Permitir que las medidas de salvaguardia en vigor se puedan adoptar de manera más rápida y sistemática, así como priorizar el establecimiento de salvaguardias automáticas en los acuerdos comerciales con el fin de proteger a los sectores y
subsectores económicos que puedan verse afectados por aumentos imprevistos, bruscos y repentinos de las importaciones de un determinado producto.


3. Hacer pleno uso de los instrumentos comerciales autónomos de la Unión Europea para prevenir la competencia desleal extracomunitaria, como el Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre
las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, el Instrumento de Contratación Internacional y el Reglamento (UE) 2023/2675 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre de 2023, relativo a la protección de la Unión y
de sus Estados miembros frente a la coerción económica por parte de terceros países.


4. Reforzar los mecanismos nacionales de control de inversiones extranjeras, tanto directas como indirectas, con especial atención a los sectores estratégicos. En particular, se ha de velar por que dichas inversiones no comprometan la
seguridad de los Estados miembros ni generen vínculos de dependencia o control por parte de terceros países.


5. Restringir la participación en los procedimientos de contratación pública de la Unión Europea de los operadores económicos de países terceros que no hayan celebrado acuerdos internacionales con la Unión Europea que garanticen un acceso
equitativo y recíproco a los mercados de contratación pública.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.—María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario
VOX.


Comisión de Derechos Sociales y Consumo


161/003571


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre impulso y refuerzo de la
asignación tributaria del 0,7 por ciento a fines sociales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.

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Exposición de motivos


El Tercer Sector de Acción Social desempeña una función esencial en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, actuando en muchas ocasiones allí donde no alcanza la acción directa de los poderes públicos. Su capacidad de
intervención, proximidad al territorio y conocimiento de las necesidades sociales lo convierten en un aliado estratégico imprescindible del Estado social. Sin embargo, el adecuado desarrollo de esta labor exige garantizar un marco de financiación
estable, suficiente y previsible que permita a las entidades planificar a medio y largo plazo, evitando situaciones de incertidumbre que comprometan la continuidad de los servicios que prestan.


En este sentido, los gobiernos del partido popular siempre han procurado que el Tercer Sector dispusiera de instrumentos que aseguren su estabilidad financiera. Medidas como el plan de pago a proveedores que permitió movilizar en 2013 más
de 3.000 millones de euros para saldar deudas de las administraciones públicas con entidades sociales que comprometían su existencia y viabilidad, el impulso del mecenazgo y de fórmulas de participación solidaria como el testamento solidario, así
como el mantenimiento del modelo estatal de la asignación tributaria del 0,7 por ciento en el IRPF y la posterior incorporación de esta opción en el Impuesto sobre Sociedades, respondieron precisamente a este objetivo: garantizar recursos estables
y permanentes que permitan a las entidades sociales seguir desarrollando su labor con eficacia y seguridad.


La asignación tributaria del 0,7 por ciento a fines sociales constituye un instrumento consolidado de participación ciudadana en la financiación de programas de interés general desarrollados por entidades del Tercer Sector. A través de este
mecanismo, los contribuyentes pueden destinar una parte de su cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la realización de actividades de carácter social, sin que ello suponga un coste adicional para el propio
contribuyente.


Este sistema, regulado en el marco del IRPF, ha demostrado ser una herramienta eficaz para canalizar recursos hacia programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad, inclusión social, discapacidad, mayores, infancia o
cooperación al desarrollo. No obstante, a pesar de su potencial, el porcentaje de contribuyentes que optan por marcar la denominada «X solidaria» continúa siendo mejorable, lo que limita el alcance de los recursos disponibles para estos fines.


En el ejercicio más reciente, correspondiente a 2025, más de 12,3 millones de contribuyentes marcaron esta casilla, lo que representa el 50,5 % del total, alcanzando una recaudación de 567 millones de euros, con un incremento cercano al 10 %
respecto al ejercicio anterior. Estos datos reflejan tanto el arraigo del mecanismo como su capacidad de movilización social, si bien evidencian un importante margen de mejora, dado que prácticamente la mitad de los contribuyentes continúa sin
utilizar esta opción. Conviene recordar que esta casilla es compatible con la casilla del sostenimiento de la iglesia católica y no tiene ningún efecto en el resultado de la declaración. Tan solo permite decidir a donde queremos destinar
prioritariamente parte de nuestros impuestos.


En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la posibilidad de que las empresas destinen el 0,7 por ciento de su cuota íntegra a fines sociales constituye una medida más reciente, cuyo grado de conocimiento y utilización igualmente puede
mejorar. La implicación del tejido empresarial en la financiación de proyectos sociales representa una oportunidad para reforzar la responsabilidad social corporativa y ampliar el impacto de estas iniciativas.


En concreto, la «casilla empresa solidaria», introducida en 2018, ha registrado un crecimiento sostenido tanto en participación como en recaudación, pero sigue aún lejos de un conocimiento y participación deseables. En la campaña más
reciente, más de 306.000 empresas marcaron esta opción, generando una recaudación superior a los 83,6 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 45 % respecto al ejercicio anterior y el máximo histórico desde su creación. Sin
embargo, a pesar de ello, el nivel de implantación sigue siendo limitado en relación con el conjunto del tejido empresarial, alcanzando tan solo al 19 % de las empresas, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las acciones de difusión y
sensibilización para ampliar su alcance.

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El ordenamiento jurídico español reconoce la relevancia del Tercer Sector como agente clave en la ejecución de políticas sociales. La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, establece el marco de colaboración entre
las administraciones públicas y estas entidades, subrayando su papel en la cohesión social. Asimismo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno refuerza la necesidad de garantizar la
transparencia en la gestión de los recursos públicos, incluidos aquellos procedentes de la asignación tributaria.


En este contexto, resulta necesario reforzar las acciones de información, sensibilización y transparencia en torno a la asignación tributaria a fines sociales, con el objetivo de incrementar su conocimiento y fomentar una mayor participación
tanto de los contribuyentes individuales como de las empresas.


El refuerzo de este mecanismo no solo permite ampliar los recursos destinados a políticas sociales, sino que también contribuye a fortalecer la corresponsabilidad social y la implicación de la ciudadanía y del tejido empresarial en la
atención a las situaciones de vulnerabilidad, consolidando un modelo de colaboración público-social eficiente y orientado a resultados.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar campañas institucionales específicas, claras y accesibles durante el periodo de presentación del IRPF, destinadas a informar a los contribuyentes sobre la posibilidad de marcar la asignación tributaria del 0,7 por ciento a fines
sociales, explicando su funcionamiento y su impacto, sin que suponga coste adicional alguno.


2. Reforzar la visibilidad de la opción de asignación tributaria en los borradores de la declaración y en las herramientas digitales de la Agencia Tributaria, facilitando su comprensión mediante mensajes claros, accesibles y neutrales.


3. Desarrollar campañas específicas dirigidas al tejido empresarial para dar a conocer la posibilidad de destinar el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades a fines sociales, promoviendo su utilización en el marco
de la responsabilidad social corporativa.


4. Fomentar la colaboración con las entidades del Tercer Sector para la difusión de la «X solidaria», aprovechando su capilaridad social y su conocimiento directo de las necesidades de los colectivos vulnerables.


5. Reforzar la transparencia en la asignación y destino de los fondos obtenidos a través de la asignación tributaria, mediante la publicación periódica de información clara y accesible sobre:


— volumen de recursos recaudados


— programas financiados


— y resultados alcanzados.


6. Impulsar la evaluación periódica del impacto de los programas financiados a través de la asignación tributaria, en línea con los principios de eficacia, eficiencia y buena gestión del gasto público.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Enrique Belda Pérez-Pedrero, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García,
Raquel Clemente Muñoz, María Cuesta Rodríguez, Sandra Moneo Díez, Beatriz Jiménez Linuesa, Agustín Parra Gallego, Patricia Rodríguez Calleja, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003588


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo que establece el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley en defensa de la continuidad del desarrollo local participativo en las zonas pesqueras.


Exposición de motivos


El Desarrollo Local Participativo (DLP) constituye, tras más de veinte años de aplicación, una de las herramientas más eficaces de la política europea para el desarrollo sostenible de las comunidades costeras. En el estado español, los
Grupos de Acción Local Pesquera (GALP) están presentes en 44 zonas litorales y agrupan a más de 1.200 entidades públicas, pesqueras, empresariales, sociales y medioambientales, sobre una superficie de 29.812,87 km2 y representando a cerca de 11,5
millones de ciudadanos vinculados al mar.


Durante el periodo FEMP 2014-2020, los GALP españoles impulsaron 2.645 proyectos, con una inversión global superior a 170,9 millones de euros —de los cuales 93,7 millones procedieron del FEMPA— y una ejecución del 96 % de los fondos, a más
alta de las líneas del FEMP en el territorio. Estos resultados acreditan la capacidad del modelo para generar empleo, diversificar la economía azul y reforzar la cohesión territorial y social del litoral, en coherencia con el objetivo de cohesión
económica, social y territorial del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


La propuesta de Reglamento COM (2025) 559 final y el debate sobre el marco financiero plurianual 2028-2034 plantean la integración del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) en un fondo único. Sin garantías expresas, ello
compromete la especificidad del DLP pesquero —regulado en los artículos 31 a 34 del Reglamento (UE) 2021/1060 y en el Reglamento (UE) 2021/1139— y abre la Puerta a su subsunción en el desarrollo rural (LEADER), pese a que las zonas costeras afrontan
realidades estructuralmente distintas: no padecen despoblación, sino competencia entre usos del litoral, estacionalidad de los ingresos, dificultades de relevo generacional e interacción con otros sectores marítimos.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español:


1. Defender ante el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea de la continuidad del DLP pesquero en el marco financiero 2028-2034, con un estatuto diferenciado respecto del desarrollo rural y garantías normativas estables.


2. Asegurar una financiación suficiente y diferenciada, mediante una asignación específica e identificable para el DLP en zonas pesqueras dentro de la futura arquitectura de fondos, evitando su dilución en un fondo único sin reserva
expresa.


3. Preservar la especificidad del desarrollo local en zonas pesqueras, manteniendo los grupos de acción local del sector pesquero y acuícola como cuce de gobernanza propio.


4. Simplificar la gestión de los fondos europeos y reducir las cargas administrativas que soportan los promotores y los grupos.


5. Reforzar la participación de los GALP en el diseño, la gestión, el seguimiento y la evaluación de las políticas de desarrollo costero, en los foros estatales y europeos.

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6. Garantizar la continuidad reforzada del DLP en las regiones ultraperiféricas, atendiendo a los condicionantes de lejanía, insularidad y fragmentación territorial.


7. Establecer un cauce estable de interlocución entre el Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación, las Comunidades Autónomas y los GALP españoles para el seguimiento del nuevo marco.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Isidre Gavín i Valls, Diputado.—Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a l’empara del que estableix l’article 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei en defensa de la continuïtat del desenvolupament local participatiu en les zones pesqueres.


Exposició de motius


El Desenvolupament Local Participatiu (DLP) constitueix, després de més de vint anys d’aplicació, una de les eines més eficaces de la política europea per al desenvolupament sostenibles de les comunitats costeres. A l’estat espanyol, els
Grups d’Acció Local Pesquera (GALP) tenen presència en 44 zones litorals i agrupen a més de 1.200 entitats públiques, pesqueres, empresarials, socials i mediambientals, sobre una superfície de 29.812,87 km2 i representant prop de 11,5 milions de
ciutadans vinculats al mar.


Durant el període FEMP 2014-2020, els GALP van impulsar 2.645 projectes, amb una inversió global superior a 170,9 milions d’euros —dels quals 93,7 milions procedien del FEMPA— i una execució del 96 % dels fons, la més alta de les línies del
FEMP en el territori. Aquests resultats acrediten la capacitat del model per generar ocupació, diversificar l’economia blava, en coherència amb l’objectiu de cohesió econòmica, social i territorial de l’article 174 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea.


La proposta de Reglament COM (2025) 559 final i el debat sobre el marc financer plurianual 2028-2034 plantegen la integració del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) en un fons únic. Sense garanties expresses, això
compromet l’especificitat del DLP pesquer —regulat en els articles 31 a 34 del Reglament (UE) 2021/1060 i en Reglament (UE) 2021/1139— i obra la porta a la subsumpció en el desenvolupament rural (LEADER), malgrat que les zones costeres afronten
realitat estructuralment diferents: no pateixen despoblació, sinó competència entre usos del litoral, estacionalitat dels ingressos, dificultats de relleu generacional i interacció amb altres sectors marítims.


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta al Govern espanyol a:


1. Defensar davant del Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea la continuïtat del DLP pesquer en el marc financer 2028-2034, amb un estatut diferenciat respecte del desenvolupament rural i garanties normatives estables.


2. Assegurar un finançament suficient i separat, mitjançant una assignació específica i identificable pel DLP en zones pesqueres dins de la futura arquitectura de fons, evitant la seva dilució en un fons únic sense reserva expressa.

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3. Preservar l’especificitat del desenvolupament local en zones pesqueres, mantenint els grups d’acció local del sector pesquer i aqüícola com a via de governança pròpia.


4. Simplificar la gestió dels fons europeus i reduir les carregues administratives que suporten els promotors i els grups.


5. Reforçar la participació dels GALP en el disseny, la gestió, el seguiment i l’avaluació de les polítiques de desenvolupament coster, en els fòrums estatals i europeus.


6. Garantir la continuïtat reforçada del DLP en les regions ultraperifèriques, atenent als condicionants de llunyania, insularitat i fragmentació territorial


7. Establir una via estable d’interlocució entre el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les Comunitats Autònomes i els GALP espanyol pel seguiment del nou marc.»


Congrés dels Diputats, 18 de juny de 2026.—Isidre Gavin i Valls, Diputat.—Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.


161/003591


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas de
apoyo al sector del cereal en España ante la crisis de rentabilidad y la presión de los mercados internacionales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El sector del cereal en España constituye una actividad agraria estratégica para el equilibrio económico, social y territorial del medio rural, especialmente en las zonas de campiña y secano.


Este sector incluye producciones fundamentales como el trigo blando, trigo duro, cebada, avena, centeno y triticale, que resultan esenciales tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal y el funcionamiento de la
industria agroalimentaria.


Con una superficie que supera los 5 millones de hectáreas, los cereales representan el principal cultivo herbáceo de nuestro país y constituyen la base económica de miles de explotaciones agrarias, especialmente en comunidades autónomas como
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía o Navarra. Además, más del 80 % de esta superficie se cultiva en régimen de secano, lo que convierte al sector en especialmente vulnerable a las condiciones climáticas adversas y a los
episodios recurrentes de sequía.


En los últimos años, el sector cerealista español atraviesa una situación de grave dificultad estructural, caracterizada por una persistente falta de rentabilidad, ya que los precios percibidos en origen no han evolucionado en proporción al
incremento de los costes de producción. Las explotaciones cerealistas operan con márgenes negativos o pérdidas, y en muchas zonas de secano esta situación crítica se arrastra desde hace cuatro campañas.


Todo ello, unido a las limitaciones de un sistema de seguros agrarios que, en numerosos casos, reduce significativamente su capacidad de cobertura y encarece las primas tras la acumulación de siniestros en campañas anteriores, está
provocando un acusado deterioro de la rentabilidad de las explotaciones y comprometiendo seriamente su viabilidad económica. A esta situación se suma el aumento continuado de los costes de producción, especialmente en fertilizantes, energía,
gasóleo agrícola y fitosanitarios,

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lo que reduce de forma significativa los márgenes de las explotaciones y compromete su viabilidad económica. Esta realidad está sometiendo al sector a una creciente presión financiera que compromete su viabilidad, dificulta las inversiones
necesarias para su modernización y pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones familiares.


Asimismo, la reducción de herramientas fitosanitarias disponibles limita la capacidad productiva y aumenta la incertidumbre del sector, afectando especialmente a las explotaciones de menor dimensión.


En paralelo, las importaciones de cereal procedente de terceros países, especialmente en el contexto del conflicto en Ucrania, han incrementado la presión sobre los mercados europeos, generando una elevada disponibilidad de grano en los
canales de comercialización y una fuerte competencia en precios en el mercado interior.


España continúa siendo un país deficitario en producción de cereales y en función de la climatología y de los rendimientos de las cosechas se ve obligada a importar anualmente entre 10 y 20 millones de toneladas para abastecer su demanda
interna. Sin embargo, la entrada masiva de cereal procedente de terceros países, producido bajo estándares fitosanitarios, medioambientales y laborales menos exigentes que los aplicados a los agricultores europeos, genera una situación de
competencia desleal que repercute directamente sobre la rentabilidad de las explotaciones nacionales.


Esta situación está contribuyendo a una reducción de los precios en origen del cereal producido en España, dificultando la comercialización de las producciones nacionales en condiciones de rentabilidad, en un contexto en el que los
productores españoles soportan unos costes de producción significativamente superiores.


Como consecuencia, numerosas explotaciones cerealistas se encuentran en márgenes nulos o negativos, lo que pone en riesgo la continuidad del cultivo, favorece el abandono de tierras agrarias y compromete el mantenimiento del tejido
productivo, económico y social de amplias zonas rurales de nuestro país. La desaparición progresiva de explotaciones cerealistas no solo supone una pérdida de capacidad productiva y de soberanía alimentaria, sino también una amenaza para la
fijación de población y la cohesión territorial en numerosas comarcas del interior de España.


Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Establecer un Plan extraordinario específico de apoyo al sector del cereal, para paliarla crisis de rentabilidad derivada de la caída de precios y los altos costes de producción, que incluya trigo blando, trigo duro, cebada, avena,
centeno y triticale.


2. Activar ayudas directas, con fondos nacionales y europeos, a la renta para los agricultores cerealistas, especialmente en zonas de secano y campiña.


3. Compensar el incremento de costes de producción, incluyendo fertilizantes, fitosanitarios, energía y gasóleo agrícola.


4. Impulsar mecanismos de seguimiento del impacto de las importaciones de cereal procedente de terceros países, garantizando condiciones de competencia equilibradas en el mercado interior.


5. Revisar y mejorar el funcionamiento de los seguros agrarios para garantizar las rentabilidades de los agricultores cerealistas frente a la sequía y la volatilidad climática, que contemple la concatenación de años desfavorables.


6. Adaptar la Ley de la Cadena Alimentaria a la situación real del sector del cereal español y establecer nuevos criterios para garantizar un precio justo al productor, asegurando su cumplimiento.


7. Reforzar la disponibilidad de herramientas fitosanitarias eficaces y sostenibles, compatibles con la normativa europea, que permitan garantizarla viabilidad del sector cerealista español.

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8. Defender en el ámbito de la Unión Europea medidas específicas de apoyo al sector cerealista del sur de Europa, atendiendo a sus particularidades productivas, climáticas y estructurales.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2026.—Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Alfonso Carlos Macías Gata, Joaquín Melgarejo Moreno,
María del Socorro Cuesta Rodríguez, Ainhoa Molina León, Manuel García Félix, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz y Sergio Sayas López, Diputados.—Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Política Territorial


161/003583


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover políticas públicas que fomenten la movilidad sostenible en entornos
rurales, para su debate en la Comisión de Política Territorial.


Exposición de motivos


El pasado mes de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático publicó la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y Reto Demográfico en la que se expone un análisis exhaustivo de la situación
demográfica tan diversa, rica y al mismo tiempo desigual que caracteriza nuestro país. Este informe propone medidas para garantizar que la equidad territorial se traduzca en hechos concretos; es decir, en servicios equivalentes, oportunidades
laborales, entornos habitables y comunidades sostenibles y resilientes. Con las actuaciones y medidas que formula esta Estrategia se pretenden crear las condiciones para que vivir en cualquier parte del territorio español sea una elección libre,
viable y digna, también en los territorios rurales de baja densidad de nuestro país que cada día pierden población.


Y es precisamente ahí, en los territorios rurales eminentemente despoblados, donde se viven situaciones de desigualdad en diferentes aspectos relativos a la falta de servicios esenciales. Uno de esos servicios, por ejemplo, es el del
transporte y la movilidad sostenible, que se considera un medio imprescindible para acceder a derechos y oportunidades de manera igualitaria en cualquier territorio. Es un factor esencial para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de
empleo, la formación, el acceso a bienes, servicios sanitarios y educativos, cultura, ocio y demás actividades cotidianas de nuestros ciudadanos y ciudadanas.


Por eso, las administraciones públicas debemos facilitar la existencia de soluciones de movilidad cotidiana para mejorar los servicios de transporte en los entornos rurales y llevarse a cabo desde una óptica de igualdad y accesibilidad
universal.


Precisamente, dentro de la citada II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y Reto Demográfico, en el punto 4.5., se plantean diferentes soluciones de movilidad sostenible en entornos de baja población. Entre las posibles
soluciones se incluyen:


— Servicios de transporte a la demanda, que pueden tener distintas configuraciones (con rutas dinámicas, paradas prefijadas, distintos tiempos de antelación...).


— Aplicaciones digitales para fomentar la compartición de viajes entre particulares (carpooling).

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— La puesta en marcha de servicios de taxi compartido (subvencionado o no) entre núcleos de población y municipios colindantes.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que esta última medida de taxi rural es una herramienta útil, eficaz, sostenible, económicamente viable y necesaria para mejorar la movilidad y combatir la despoblación en las zonas rurales.
Este llamado taxi rural ya se ha puesto en marcha en diferentes municipios de nuestro país como los de la Sierra Norte de Madrid, Ourense, varios pueblos de Álava, Cuenca, o Lorca, logrando diversos beneficios para sus usuarios y usuarias. No solo
facilita el acceso de nuestros vecinos y vecinas a servicios esenciales como la sanidad, la educación, o el ocio mediante la movilidad sostenible, sino que también contribuye a fomentar el empleo y a aumentar los ingresos de los taxistas locales.


Por ejemplo, en el municipio murciano de Lorca se está llevando a cabo desde hace más de tres años siendo desde entonces todo un éxito y consolidándose como una de las medidas más eficaces para evitar la despoblación. Este proyecto surgió
de la necesidad de mejorar las comunicaciones de los vecinos y vecinas de diferentes pedanías del municipio en una apuesta firme por ampliar los servicios de ese territorio. Esta iniciativa pretende ofrecer una alternativa de transporte a miles de
vecinos y vecinas, además de fomentar la movilidad sostenible, la economía colaborativa, así como aumentar las posibilidades de crecimiento del sector del taxi.


La cohesión territorial y social de España requiere de políticas públicas transformadoras que impulsen el desarrollo económico, el progreso social, el dinamismo tecnológico y el atractivo territorial desde una perspectiva de sostenibilidad y
equilibrio entre el entorno rural y urbano. Las políticas públicas deben conectar e integrar el territorio, garantizar su funcionalidad facilitando el acceso a servicios e infraestructuras, aumentar las oportunidades de desarrollo económico y
social y favorecer la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.


Por eso creemos que el taxi rural, como un ejemplo de transporte a la demanda, es una gran medida para que pueda ponerse en marcha en el resto de los municipios, pedanías y territorios rurales despoblados de las diferentes comunidades
autónomas de nuestro país.


El transporte a demanda puede desempeñar un papel crucial en los territorios más despoblados, donde las rutas fijas y la baja frecuencia del transporte convencional no responden adecuadamente a las necesidades de movilidad de la población.
Al adaptarse a la demanda real, este tipo de servicio garantiza el acceso a recursos esenciales como la sanidad, la educación o el empleo, contribuyendo a frenar la despoblación y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, para asegurar su viabilidad
y continuidad, es fundamental que todas las administraciones se impliquen de forma coordinada en su implantación. Solo mediante una colaboración institucional sólida se podrá garantizar la sostenibilidad de estos servicios, considerados clave para
la cohesión territorial y la equidad social.


Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. En coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales, impulsar la implantación de medidas que fomenten la movilidad sostenible en zonas rurales o de baja densidad de población, teniendo como eje central el servicio de
transporte, todo ello en el marco del Sistema General de Movilidad Sostenible, instrumento de cooperación y coordinación establecido en la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible (LMS).


2. Trabajar junto a las administraciones autonómicas y locales para garantizar una financiación suficiente y estable que garantice la permanencia y expansión del sistema de transporte a demanda en entornos rurales. La participación estatal
en la financiación de este tipo de servicios, competencia de administraciones autonómicas y locales, se

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articulará a través del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, previsto en la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Andrea Canelo Matito, Irene Jódar Pérez e Ignacio López Cano, Diputados.—Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


161/003572


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a la construcción de las balsas laterales del río Matarraña, para
su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El río Matarraña, tributario del Ebro, requiere en su cuenca medidas que consoliden la garantía de los usos actuales del agua. Junto a la mejora de la eficiencia en el uso del recurso, resulta necesario incrementar la capacidad de
regulación ya que la principal infraestructura existente con ese fin es el embalse de Pena, construido en 1930.


Para completar la regulación, el Pacto del Agua de 1992 —asumido por la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional— contempló diversas actuaciones, entre ellas la construcción de un pantano en Torre del Compte-La Fresneda.
Esta opción fue sustituida en 2005 por la propuesta de cinco balsas laterales, tras un amplio proceso consultivo que cristalizó en el Dictamen de La Fresneda. Dicho proceso permitió alcanzar un acuerdo entre los agentes políticos, económicos y
sociales de los municipios ribereños del Matarraña.


De las cinco balsas previstas, dos ya fueron ejecutadas: Valcomuna-José María Pujol (2 hm3) y La Trapa (0,7 hm3). Las otras tres —Comellars, Pla de Serrat y Val de la Figuera— apenas han avanzado desde 2005. Su construcción permitiría
incrementar la regulación y mejorar la garantía de abastecimiento y riego, especialmente para los regadíos tradicionales y los denominados de segundo turno.


Las balsas destinadas al abastecimiento (Comellars y Pla de Serrat) serían competencia del Instituto Aragonés del Agua, que anunció una partida de 300.000 € del FITE para estudios de viabilidad, aún sin licitar. En el caso de Comellars,
dichos estudios deberán analizar la posible afección por nitratos procedentes del arroyo de los Prados. La balsa de Val de la Figuera, destinada al riego, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que está finalizando su estudio de
viabilidad y el expediente de concesión de aguas.


Si realizásemos un cronograma de actuaciones, debemos tener en cuenta que la inclusión de estas obras en el próximo Plan Hidrológico del Ebro, previsto para su desarrollo a partir de 2028, exige disponer de estudios de viabilidad conforme al
artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua y a la Ley de Aguas, que requiere a su vez compromiso financiero y esquema de recuperación de costes. El borrador del nuevo Plan debe estar finalizado antes de octubre de 2026, por lo que los estudios
deben completarse antes de esa fecha.


El Grupo parlamentario socialista valora que la construcción de las tres balsas laterales es esencial para la viabilidad de la agricultura en el tramo alto y medio del Matarraña, donde el 41,1 % de la población activa trabaja en el sector
agrario. La cuenca cuenta con 27.000 ha cultivadas, de las que solo 5.700 son de regadío, incluidas 2.000

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ha de segundo turno. Las explotaciones son pequeñas, de carácter familiar y baja productividad. La comarca del Matarraña es además la tercera con menor renta per cápita de Aragón y presenta graves problemas de despoblación y
envejecimiento. Si se pudiera contar con la seguridad del recurso hídrico para uso agrícola, sin duda incrementaría la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones económicas y, por tanto, contribuiría a la fijación de población.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, a que de forma coordinada y en el ámbito de sus competencias, a:


1. Impulsar la finalización de los estudios de viabilidad para la construcción de las balsas de laterales de la cuenca del río Matarraña, atendiendo a su viabilidad técnica, ambiental, socioeconómica y financiera.


2. Valorar, en el marco del proceso de revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro correspondiente al ciclo 2028-2033, la eventual incorporación de aquellas actuaciones que resulten viables, conforme a los
resultados de dichos estudios, a la normativa aplicable en materia de aguas y planificación hidrológica, y a las exigencias derivadas de la Directiva Marco del Agua.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.—Marta Gracia Blanco y Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Diputados.—Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003580


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Los Grupos Parlamentarios firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre información transparente para mitigar las emisiones militares de gases de
efecto invernadero, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.


Exposición de motivos


El Estado español ha adquirido el compromiso de limitar o de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, su Protocolo de Kioto y el Acuerdo de
París, como en el de la Unión Europea.


La neutralidad climática de la UE en 2050 es una obligación legal para todos los Estados miembros establecida en la Ley del Clima de la UE. La norma también incluye la obligación de reducir, como mínimo, un 55 % las emisiones netas de gases
de efecto invernadero (GEI) en la UE para 2030, y un 90 % para 2040, ambos comparados con los niveles de 1990.


El ámbito militar, entendido como el conjunto de las fuerzas armadas y la industria militar, debe compartir el esfuerzo de reducción de emisiones que se exige al resto de sectores en los programas de reducción de gases de efecto invernadero.
A pesar de que las actividades militares son una gran fuente emisora de GEI, no existe una obligación de comunicar sus emisiones a Naciones Unidas. La comunicación y la reducción de las emisiones militares, en el Protocolo de Kioto de 1997,
quedaron exentas por la presión de Estados Unidos. El Acuerdo de París de 2015 suprimió esta exención, pero permite la voluntariedad de la información sobre emisiones militares y deja su reducción al criterio de cada país.

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El Gobierno español informa que el Ministerio de Defensa proporciona anualmente los datos sobre combustibles líquidos con la finalidad de que se incluyan dentro del Inventario Nacional de Emisiones. Sin embargo, en el Documento de
Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (edición 2025, p. 237), se afirma que «Los consumos debidos al tráfico militar no figuran en el presente informe por razones de confidencialidad.» No obstante, la confidencialidad no es
un argumento de peso ya que otros países (Reino Unido, Noruega, Alemania, Suiza, Australia…) suministran esta información, con mayor o menor grado de exhaustividad.


La información procedente de la industria militar también presenta deficiencias. Las grandes empresas del sector sí suministran información de sus emisiones GEI, pero es insuficiente por diversas razones. La mayoría de empresas tiene
producción civil y militar, y declaran las emisiones GEI en su conjunto, pero no de forma segregada. Si son transnacionales, no segregan las cifras según la producción en cada país. Además, en el caso de que declaren las emisiones del alcance 3,
no distinguen entre emisiones generadas por la adquisición de bienes necesarios para la actividad de la industria y las emisiones de los productos fabricados una vez vendidos. En definitiva, desconocemos cual es el valor real de las emisiones GEI
generadas por la industria española de defensa.


El desconocimiento de datos fiables y completos de emisiones GEI de origen militar, sea fuerzas armadas o industria militar, imposibilita la implementación de estrategias eficaces de reducción de emisiones y del control y seguimiento de esa
reducción en este ámbito concreto. De hecho, hay otros aspectos relacionados con el ámbito militar que suponen un alto grado de emisiones o de impacto en el medio ambiente (degradación del suelo) como son los terrenos de entrenamiento y fincas
militares (que representan entre el 1y el 6 % de la superficie terrestre) y los residuos generados por las municiones. Las guerras, además de causar muertes, destrucción y miseria, perjudican a los hábitats y la biodiversidad, con efectos que
perduran en el tiempo. Las bombas y proyectiles liberan gases tóxicos, sustancias químicas y metales pesados que contaminan el aire, el suelo y los acuíferos; los tanques aplastan la vegetación y estropean el suelo; los explosivos pueden generar
incendios. La destrucción originada por las guerras calienta el planeta. Y la reconstrucción contribuye también, por su parte, al calentamiento.


La situación descrita no es exclusiva del Estado español. La mayoría de los países no informan de las emisiones de sus fuerzas armadas. La información de las empresas del sector de defensa presenta el mismo problema de las del Estado
español. Desconocemos, pues, las emisiones de GEI del sector militar a nivel mundial. Por tanto, el valor global de las emisiones GEI es incompleto, ya que falta la parte correspondiente al ámbito militar. El objetivo de alcanzar la neutralidad
climática en 2050 requiere disponer de los datos reales de la contribución militar.


Las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y a la industria militar deben contabilizarse en el total de emisiones y deben reducirse. En caso contrario, si el resto de sectores económicos alcanza la neutralidad de emisiones, ésta
no será real, ya que el sector militar seguirá emitiendo.


Sin embargo, las directrices de la Convención Marco son tremendamente laxas, hasta el punto que permiten incluir emisiones de GEI estrictamente militares en apartados genéricos y sin etiquetar como militares. Esto conlleva la imposibilidad
de conocer el valor real de dichas emisiones. Estas directrices necesitan una reformulación para soslayar este problema.


La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 20 de mayo de 2026 una resolución de apoyo a un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia del 23 de julio 2025, que decía así: «los estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes,
bajo el derecho internacional, para limitar las emisiones de GEI y para prevenir un mayor calentamiento global. Los estados están obligados a demostrar que están reduciendo las emisiones GEI. El incumplimiento de estas obligaciones constituye un
acto ilícito internacional».

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El texto aprobado en NU insta a los gobiernos a adaptar sus políticas para reducir el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Solicita «recortes profundos, rápidos y sostenidos de emisiones». Y pide al secretario general de la ONU
un informe sobre cómo progresar en el cumplimiento de estas obligaciones con el objetivo de mantener la presión y el compromiso sobre los países.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Informar de forma rigurosa y completa de las emisiones de GEI de las Fuerzas Armadas españolas.


2. Desarrollar una normativa referente a la declaración de emisiones GEI de las empresas del sector de defensa y seguridad. El objetivo de esta normativa ha de ser la obtención de los valores de las emisiones GEI de la industria de defensa
correspondientes únicamente a su producción militar dentro del Estado español.


3. Declarar las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y a la industria armamentista en los informes que remite a los distintos organismos internacionales de forma clara, precisa y exhaustiva.


4. Promover en el marco de las Naciones Unidas, especialmente en las Conferencias sobre el Cambio Climático (COP), una propuesta vinculante que aúne, por un lado, la obligación de declarar emisiones GEI de origen militar y, por otro lado,
la formulación de directrices claras y precisas respecto al procedimiento de declaración de dichas emisiones.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.—Ione Belarra Urteaga y Néstor Rego Candamil, Portavoces del Grupo Parlamentario Mixto.—Teresa Jordà i
Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


A la Mesa del Congrés dels Diputats


Els Grups Parlamentaris signants, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre informació transparent per a mitigar les emissions militars de gasos d’efecte
hivernacle, per al seu debat a la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.


Exposició de motius


L’Estat espanyol ha adquirit el compromís de limitar o reduir les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, tant en l'àmbit de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, el seu Protocol de Kyoto i l'Acord de París, com en
el de la Unió Europea.


La neutralitat climàtica de la UE el 2050 és una obligació legal per a tots els Estats membres establerta a la Llei del Clima de la UE. La norma també inclou l'obligació de reduir, com a mínim, un 55 % les emissions netes de gasos d'efecte
hivernacle (GEH) a la UE per al 2030 i un 90 % per al 2040, tots dos comparat amb els nivells del 1990.


L'àmbit militar, entès com el conjunt de les forces armades i la indústria militar, ha de compartir l'esforç de reducció d'emissions que s'exigeix a la resta de sectors als programes de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle.


Tot i que les activitats militars són una gran font emissora de GEH, no hi ha obligació de comunicar les seves emissions a les Nacions Unides. La comunicació i la reducció de les emissions militars, al Protocol de Kyoto del 1997, van quedar
exemptes per la pressió

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dels Estats Units. L'Acord de París del 2015 va suprimir aquesta exempció, però permet la voluntarietat de la informació sobre emissions militars i deixa la seva reducció al criteri de cada país.


El govern espanyol ha informat que el Ministeri de Defensa proporciona anualment les dades sobre combustibles líquids amb la finalitat que s'incloguin dins de l'Inventari Nacional d'Emissions. No obstant això, al Document d'Inventari
Nacional d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (edició 2025, p. 237), s'afirma que «Els consums deguts al trànsit militar no figuren en aquest informe per raons de confidencialitat.» Tot i així, la confidencialitat no és un argument de pes ja que
altres països (Regne Unit, Noruega, Alemanya, Suïssa, Austràlia…) subministren aquesta informació, amb major o menor grau d'exhaustivitat.


La informació procedent de la indústria militar també presenta deficiències. Les grans empreses del sector sí que subministren informació de les seves emissions GEH, però és insuficient per diverses raons. La majoria d’empreses té
producció civil i militar, i declaren les emissions GEH en conjunt, però no de forma segregada. Si són transnacionals, no segreguen les xifres segons la producció a cada país. A més, en cas que declarin les emissions d’abast 3, no distingeixen
entre emissions generades per l'adquisició de béns necessaris per a l'activitat de la indústria i les emissions dels productes fabricats una vegada venuts. En definitiva, desconeixem quin és el valor real de les emissions GEH generades per la
indústria espanyola de defensa.


El desconeixement de dades fiables i completes d'emissions GEH d'origen militar, sigui forces armades o indústria militar, impossibilita la implementació d'estratègies eficaces de reducció d'emissions i del control i el seguiment d'aquesta
reducció en aquest àmbit concret.


La situació descrita no és exclusiva de l’Estat espanyol. La majoria dels països no informen de les emissions de les forces armades. La informació de les empreses del sector de defensa presenta el mateix problema que les de l'Estat
espanyol. Desconeixem, doncs, les emissions de GEH del sector militar a nivell mundial. Per tant, el valor global de les emissions GEH és incomplet, ja que hi manca la part corresponent a l'àmbit militar. L'objectiu d'assolir la neutralitat
climàtica el 2050 requereix disposar de les dades reals de la contribució militar.


Les emissions de GEH associades a les forces armades i a la indústria militar s'han de comptabilitzar en el total d'emissions i s'han de reduir. En cas contrari, si la resta de sectors econòmics arriba a la neutralitat d'emissions, aquesta
no serà real, ja que el sector militar en continuarà emetent.


Tanmateix, les directrius de la Convenció Marc són tremendament laxes, fins al punt que permeten incloure emissions de GEH estrictament militars en apartats genèrics i sense etiquetar com a militars. Això comporta la impossibilitat de
conèixer el valor real de les esmentades emissions. Aquestes directrius necessiten una reformulació per eliminar aquest problema.


L'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 20 de maig de 2026 una resolució de suport a un dictamen del Tribunal Internacional de Justícia del 23 de juliol 2025, que deia així: «els estats tenen obligacions jurídiques vinculants,
sota el dret internacional, per limitar les emissions de GEH i per prevenir un escalfament global més gran. Els estats estan obligats a demostrar que estan reduint les emissions GEH. L’incompliment d'aquestes obligacions constitueix un acte
il·lícit internacional».


El text aprovat de NNUU insta els governs a adaptar les seves polítiques per reduir l'escalfament global a 1,5 graus centígrads. Demana «retallades profundes, ràpides i sostingudes d'emissions». I demana al secretari general de l'ONU un
informe sobre com

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progressar en el compliment d'aquestes obligacions per mantenir la pressió i el compromís sobre els països.


Per tot això es presenta la següent


Proposició no de Llei


«El Congrés dels Diputats insta el Govern a:


1. Informar de forma rigorosa i completa de les emissions de GEH de les forces armades espanyoles.


2. Desenvolupar una normativa referent a la declaració d'emissions GEH de les empreses del sector de defensa i seguretat. L’objectiu d’aquesta normativa ha de ser l’obtenció dels valors de les emissions GEH de la indústria de defensa,
corresponents únicament a la seva producció militar dins de l’Estat espanyol.


3. Declarar les emissions de GEH associades a les forces armades i a la indústria armamentista en els informes que remet als diferents organismes internacionals de forma clara, precisa i exhaustiva.


4. Promoure en el marc de les Nacions Unides, especialment en les Conferències sobre el Canvi Climàtic (COP), una proposta vinculant que uneixi, d'una banda, l'obligació de declarar emissions GEH d'origen militar i, d'altra banda, la
formulació de directrius clares i precises respecte al procediment de declaració d'aquestes emissions.»


Palau dels Congrés dels Diputats, 17 de juny de 2026.—Mertxe Aizpurua Arzallus, Portaveu del Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu.—Ione Belarra Urteaga y Néstor Rego Candamil, Portaveus del Grup Parlamentari Mixt.—Teresa Jordà i Roura,
Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.—Aina Vidal Sáez, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.


Á Mesa do Congreso dos Deputados


Os Grupos Parlamentares asinantes, de conformidade cos artigos 193 e seguintes do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de Lei sobre información transparente para mitigar as emisións militares de gases de efecto
invernadoiro, para o seu debate na Comisión de Transición Ecolóxica y Reto Demográfico.


O Estado español adquiriu o compromiso de limitar ou de reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro, tanto no ámbito da Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, o Protocolo de Kioto e o Acordo de París, como no
da Unión Europea.


A neutralidade climática da UE en 2050 é unha obriga legal para todos os Estados membros establecida na Lei do Clima da UE. A norma tamén inclúe a obriga de reducir, como mínimo, 55 % as emisións netas de gases de efecto invernadoiro (GEI)
na UE para 2030 e un 90 % para 2040, ambos comparados cos niveis de 1990.


O ámbito militar, entendido como o conxunto das forzas armadas e a industria militar, debe compartir o esforzo de redución de emisións que se exixe ao resto de sectores nos programas de redución de gases de efecto invernadoiro.


A pesar de que as actividades militares son unha gran fonte emissora de GEI, non hai obriga de comunicar as súas emisións GEI a Nacións Unidas. A comunicación e a redución das emisións militares, no Protocolo de Kioto de 1997, quedaron
exentas pola presión dos Estados Unidos. O Acordo de París de 2015 suprimiu esta exención, pero permite a voluntariedade da información sobre emisións militares e deixa a redución ao criterio de cada país.


O goberno español informa que o Ministerio de Defensa proporciona anualmente os datos sobre combustíbeis líquidos coa finalidade de que se inclúan dentro do Inventario Nacional de Emisións. Con todo, no Documento de Inventario Nacional de
Emisións de

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Gases de Efecto Invernadoiro (edición 2025, p. 237), afírmase que «Os consumos debidos ao tráfico militar non figuran no presente informe por razóns de confidencialidade.» No entanto, a confidencialidade non é un argumento de peso xa que
outros países (Reino Unido, Noruega, Alemaña, Suíza, Australia…) fornecen esta información, con maior ou menor grao de exhaustividade.


A información procedente da industria militar tamén presenta deficiencias. As grandes empresas do sector si fornecen información das súas emisións GEI, pero é insuficiente por diversas razóns. A maioría das empresas teñen produción civil e
militar, e declaran as emisións GEI no seu conxunto, pero non de forma segregada. Se son transnacionais, non segregan as cifras segundo a produción en cada país. Ademais, no caso de que declaren as emisións do alcance 3, non distinguen entre
emisións xeradas pola adquisición de bens necesarios para a actividade da industria e as emisións dos produtos fabricados unha vez vendidos. En definitiva, descoñecemos cal é o valor real das emisións GEI xeradas pola industria española de defensa.


O descoñecemento de datos fiábeis e completos de emisións GEI de orixe militar, sexa forzas armadas ou industria militar, imposibilita a implementación de estratexias eficaces de redución de emisións e do control e seguimento desa redución
neste ámbito concreto.


A situación descrita non é exclusiva do Estado español. A maioría dos países non informan das emisións das súas forzas armadas. A información das empresas do sector de defensa presenta o mesmo problema das do Estado español. Descoñecemos,
pois, as emisións de GEH do sector militar a nivel mundial. Por tanto, o valor global das emisións GEI é incompleto, xa que falta a parte correspondente ao ámbito militar. O obxectivo de alcanzar a neutralidade climática en 2050 require dispor dos
datos reais da contribución militar.


As emisións de GEI asociadas ás forzas armadas e á industria militar deben contabilizarse no total de emisións e deben reducirse. En caso contrario, se o resto de sectores económicos alcanza a neutralidade de emisións, esta non será real,
xa que o sector militar seguirá emitindo.


As directrices da Convención Marco son tremendamente laxas, até o punto que permiten incluír emisións de GEI estritamente militares en apartados xenéricos e sen etiquetar como militares. Isto implica a imposibilidade de coñecer o valor real
das citadas emisións. Estas directrices necesitan unha reformulación para eludir este problema.


A Asemblea Xeral de Nacións Unidas aprobou o 20 de maio de 2026 unha resolución de apoio a un ditame do Tribunal Internacional de Xustiza de 23 de xullo 2025, que dicía así: «os estados teñen obrigas xurídicas vinculantes, baixo o dereito
internacional, para limitar as emisións de GEI e para previr un maior quecemento global. Os estados están obrigados a demostrar que están a reducir as emisións GEI. O incumprimento destas obrigas constitúe un acto ilícito internacional».


O texto aprobado en NU insta os Gobernos a adaptar as súas políticas para reducir o quecemento global a 1,5 graos Celsius. Solicita «recortes profundos, rápidos e sostidos de emisións». E pide ao secretario xeral da ONU un informe sobre
como progresar no cumprimento destas obrigas co obxectivo de manter a presión e o compromiso sobre os países.


Por todo isto preséntase a seguinte


Proposición non de Lei


«O Congreso dos Deputados insta o Goberno a:


1. Informar de forma rigorosa e completa das emisións de GEI das Forzas Armadas españolas.


2. Desenvolver unha normativa referente á declaración de emisións GEI das empresas do sector de defensa e seguranza. O obxectivo desta normativa debe ser a obtención dos valores das emisións GEI da industria de defensa correspondentes
unicamente á produción militar dentro do Estado español.

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3. Declarar as emisións de GEI asociadas ás forzas armadas e á industria armamentista nos informes que remite aos distintos organismos internacionais de forma clara, precisa e exhaustiva.


4. Promover no marco das Nacións Unidas, especialmente nas Conferencias sobre o Cambio Climático (COP), unha proposta vinculante que xunte, por un lado, a obriga de declarar emisións GEI de orixe militar e, doutro lado, a formulación de
directrices claras e precisas respecto ao procedemento de declaración das citadas emisións.»


Pazo do Congreso dos Deputados, 17 de xuño de 2026.—Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz do Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.—Ione Belarra Urteaga y Néstor Rego Candamil, Portavoces do Grupo Parlamentario Mixto.—Teresa Jordà i Roura,
Portavoz do Grupo Parlamentario Republicano.—Aina Vidal Sáez, Portavoz do Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión de Cultura


161/003574


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo-Parlamentario Plurinacional SUMAR, a instancia de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
protección y puesta en valor de los palomares tradicionales, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La cría de palomas es una actividad conocida desde la antigüedad en los territorios de la Cuenca Mediterránea —egipcios y griegos ya la practicaban—, pero quizá en el Estado español tendríamos que ponerla en relación con la expansión de la
cultura romana, porque fueron los romanos quienes mejor apreciaron y difundieron las utilidades de estas aves.


Arquitectónicamente, el palomar tradicional presenta una serie de características constructivas singulares muy interesantes, vinculadas a los pueblos y a una economía de subsistencia de base agrícola. Los palomares son la vivienda de la
paloma, edificada de fa manera más adecuada para que la cría sea fructífera. Pueden presentar diversas tipologías, pero, en líneas generales, suelen ser exentos o adosados a una vivienda, en cuyo caso se disponen en un anexo a la casa, como parte
integrante de la misma en la falsa u otra habitación, o superpuestos en los tejados a modo de pequeñas casas o torretas.


Estamos hablando, además, de un recurso económico compartido con otros, como la ganadería, agricultura, caza, pesca y recolección. Los pichones fueron complemento cárnico en la alimentación; la palomina, guano o excremento de la paloma
constituyó un excelente abono, muy rico en nitrógeno y ácido fosfórico; y la paloma fue utilizada también para la caza o tiro deportivo, sin olvidar la mensajería, la cual constituye una especialidad, la colombofilia.


Su importancia como Patrimonio Etnológico es por tanto múltiple. En primer lugar, son elementos arquitectónicos que resaltan en los paisajes humanizados, especialmente cuando se trata de «torres palomares» exentas en los alrededores de los
pueblos, aisladas en medio de los campos o emplazadas en altozanos orientados al sur, resguardados de los vientos y expuestos a la insolación invernal. Podemos encontrar ejemplos de palomares de planta circular o cuadrada, construidos de manera
habitual con adobe, mampostería e incluso de piedra sillar.

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Aunque se extienden por todas las comunidades autónomas, tal como se ha documentado en los dos volúmenes de Palomares singulares de España, de Irma Basarte y José B. Ruiz, destacan los existentes en Castilla y León, en todas sus provincias,
donde existen más de diez mil palomares, que se han convertido especialmente en referencia singular en la comarca de Tierra de Campos, que se extiende por las provincias de Patencia, Zamora, León y Valladolid. Estas construcciones de barro
constituyen un exponente muy destacado de la arquitectura popular castellana y leonesa, formando parte del ecosistema y del paisaje. Sin embargo, buena parte de estos palomares se encuentran deteriorados y abandonados a pesar del interés singular
que presentan y de encontrarse muchos de ellos a lo largo del Camino de Santiago. Dejar la preservación de este patrimonio etnológico en manos de la sensibilidad de sus propietarios no ha impedido su deterioro. Por ello, se han sucedido
iniciativas en esta Comunidad, tanto en las Cortes autonómicas como por parte del Procurador del Común, reclamando medidas de protección y rehabilitación para esta muestra de la arquitectura popular, así como para convertirla en un recurso turístico
y económico que ayude a frenar la incesante despoblación.


En las últimas décadas se han documentado palomares singulares en prácticamente todas las comunidades autónomas, no solo en Castilla y León: existen en Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia, Comunitat Valenciana o Cataluña,
entre otras.


Por otra parte, en el caso de Aragón, los palomares tradicionales presentan una gran densidad en el Sistema Ibérico, especialmente en la comarca de Jiloca. Son menos frecuentes, pero no raros, en el valle del Ebro, y en el Alto Aragón solo
aparecen de manera muy limitada o excepcional.


Estos edificios tan característicos podrían ser un valor añadido a la oferta cultural y turística de la zona, suponiendo un impulso decidido para tratar de revertir su declive demográfico. Estamos hablando de edificaciones que, por sus
peculiaridades arquitectónicas, culturales y etnográficas, podrían ser un nuevo atractivo para diversas localidades, y una forma de disponer de un recurso que está por explotar y que es parte del paisaje de varias comarcas.


En la actualidad, no existe un inventario pormenorizado de este tipo de construcciones en Aragón, salvo uno provisional para la comarca del Jiloca (Palomares en el sur de Aragón. Las tierras del Jiloca, de Mercedes Souto Silva). El SIPCA
(Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés) recoge un total de 84 fichas descriptivas de palomares en Aragón: 69 en la provincia de Teruel, 14 en la de Zaragoza y solo 1 en la de Huesca. Además de ellos, la bibliografía documenta un
número indeterminado de otros palomares en las tres provincias, y con toda seguridad los hay también completamente inéditos hasta el momento (como Palomares junto a la Huerva. Memoria y patrimonio de la cría tradicional de palomas en Aladrén y
Cerveruela, de Félix A. Rivas). Muchos de ellos se encuentran en un estado de abandono y falta de conservación que comprometen su futuro.


Conscientes de que en las últimas décadas están desapareciendo, resulta imprescindible que se aborde por las administraciones competentes la catalogación, protección y puesta en valor de los palomares tradicionales antes de su completa
desaparición, así como la realización de un inventario estatal, a partir de los inventarios autonómicos existentes y de publicaciones científicas como las citadas previamente en esta exposición de motivos.


Por todo ello, a instancia de Chunta Aragonesista (CHA), se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Incluir los palomares tradicionales en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional para su catalogación, protección, restauración y conservación, por constituir un Patrimonio Singular en peligro de desaparición;

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2. proponer a todas las Comunidades Autónomas la realización de inventarios autonómicos de los palomares tradicionales, a partir de las publicaciones científicas existentes, así como la tramitación de su declaración como BIC; y


3. desarrollar medidas, en colaboración con las administraciones competentes, en especial el Ministerio de Industria y Turismo, para su promoción y puesta en valor como recurso cultural, turístico y económico para los municipios que los
albergan.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Nahuel González López y Laura Vergara Román, Diputados.—Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión de Sanidad


161/003573


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley para reforzar la prevención y detección precoz del cáncer del cuello uterino, para su debate
en la Comisión de Sanidad.


Exposicion de motivos


El cáncer de cuello uterino, por su gravedad y por afectar mayoritariamente a mujeres en edades clave de la vida personal, familiar y laboral, genera un impacto profundo en las trayectorias vitales de quienes lo padecen, derivado de la
pérdida de autonomía, la interrupción de proyectos de vida y el deterioro sostenido de la calidad de vida.


En nuestro país, la incidencia de este tipo de cáncer se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, estimándose una tasa estandarizada por edad de 5,4 por 100.000 mujeres/año.


Según datos del Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), ha habido 52.999 casos y 742 fallecimientos por esta causa. Si bien, la supervivencia neta a los 5 años es de un 69 %.


En todo caso, y a pesar de su prevalencia, este tipo de cáncer ocasiona una mortalidad prematura evitable.


El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente en el mundo. La asociación entre la infección por este virus —en algunos de sus tipos— y el cáncer de cuello de útero es generalizada, consistente
y universal. Es el responsable de entre el 85 % y el 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino. Nos encontramos, por tanto, ante uno de los pocos tipos de cáncer para los que existen herramientas eficaces tanto de prevención primaria —la
vacunación— como de prevención secundaria —el cribado mediante test de VPH—, lo que permite proyectar su eliminación como problema de salud pública en las próximas décadas.


En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud ha establecido la estrategia 90-70-90 para 2030, que plantea que el 90 % de las niñas estén vacunadas frente al VPH antes de los 15 años, que el 70 % de las mujeres sean
cribadas a los 35 y 45 años y que el 90 % de las mujeres diagnosticadas reciban tratamiento adecuado. Esta hoja de ruta ha sido asumida por numerosos países que han fijado metas estatales ambiciosas, para avanzar hacia la eliminación del cáncer de
cuello uterino, demostrando que este objetivo es técnica y sanitariamente viable, y que contribuye a reducir la carga global de enfermedad y la presión asistencial presente y futura.

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Asimismo, el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (PELC) fijó el objetivo de que los Estados miembros alcancen una tasa de vacunación contra el VPH del 90 % para las niñas y aumenten significativamente la vacunación de los niños hasta el
2030. En enero de 2024, la Comisión Europea adoptó una Recomendación para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por prevenir el cáncer mediante la vacunación, proponiendo diversas medidas para mejorar las tasas de vacunación contra el VPH.


En este marco, podemos destacar que España es uno de los países europeos que más ha impulsado la inmunización en equidad en los últimos años vacunando a niños y niñas de hasta 18 años. Así, el Sistema Nacional de Salud tiene la capacidad de
frenar la transmisión e infección por VPH, previniendo hasta el 99 % de los cánceres de cuello uterino, así como otros cánceres asociados, como el anal, de pene, vulva y vagina o el orofaríngeo, en constante crecimiento en hombres y mujeres (10 %),
que debe su aparición hasta en un 30 % a la infección por VPH y que implican también a los varones.


Además, se ha de señalar que contamos con unas coberturas de vacunación muy exitosas —de más del 84 % en niños, y de más del 90 % en niñas según datos del Ministerio de Sanidad en el año 2024—.


Otra política clave para el abordaje temprano del cáncer de cuello uterino, son los programas de cribado. El PELC antes mencionado, tiene entre sus objetivos que el 90 % de las mujeres europeas tenga acceso. También, el Código Europeo
contra el Cáncer recomienda que las mujeres participen en programas organizados de cribado cervical, con citología cada 3-5 años —iniciando a 25-30 años— o prueba de VPH cada 5 años o más —iniciando a 30-35 años—, continuando hasta 60-65 años.


En España, el programa de cribado de cáncer de cérvix, incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, tiene como finalidad reducir la incidencia y mortalidad, identificando a las mujeres con lesiones precursoras.
Este programa tiene carácter poblacional desde el año 2019, destinado mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años.


En el año 2025, mediante la Orden SND/454/2025, de 9 de mayo, se actualizó el programa, en relación con los criterios de la prueba primaria de cribado y al intervalo entre exploraciones, adaptándose a las nuevas evidencias y estrategias de
prevención.


Según el «Informe de situación del cribado del cáncer de cérvix en España» elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el 70 % de las mujeres españolas de 18 y 65 años están cubiertas por estos cribados —un 40 % en el caso
del sistema público—. Aunque señala que se detecta una cobertura insuficiente en ciertos grupos de población y áreas geográficas con mayor riesgo. También, que las Comunidades Autónomas disponen hasta 2029 para alcanzar una cobertura próxima al
100 % de la población.


En este contexto, nuestro país tiene la oportunidad de seguir avanzando hacia la eliminación de cánceres relacionado con el VPH, especialmente el cáncer de cuello uterino, aplicando criterios de equidad en población vulnerable o con
condiciones de riesgo y generando alianzas —con sociedades científicas, asociaciones de pacientes, tercer sector, sociedad civil e industria—.


Por todo ello, resulta necesario seguir reforzando las políticas públicas orientadas a la prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino, con el objetivo de avanzar de forma decidida hacia su eliminación como
problema de salud pública.


Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a:


1. Reforzar las estrategias de prevención y detección del cáncer de cuello uterino, impulsando las medidas necesarias para avanzar hacia el objetivo de eliminación como

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problema de salud pública en España en línea con los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para 2030.


2. Promover la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) en el marco del Sistema Nacional de Salud, fomentando la inmunización sistemática en adolescentes y adultos jóvenes no vacunados, desarrollando estrategias de captación
adecuadas para cada grupo de población.


3. Impulsar el desarrollo y la implantación homogénea del Programa de cribado de cáncer de cérvix del SNS, garantizando su accesibilidad y cobertura efectiva conforme a las recomendaciones científicas vigentes.


4. Garantizar la equidad en el acceso a las estrategias de vacunación, cribado y tratamiento, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables por razones sociales, económicas o clínicas.


5. Continuar con el seguimiento y la evaluación periódica de los programas de prevención y detección precoz, mediante indicadores y metas medióles que permitan valorar los avances hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino en España.


6. Impulsar medidas de información y concienciación dirigidas a la población, especialmente a los jóvenes, sobre las consecuencias de la infección por VPH y sobre las medidas de prevención, en colaboración con sociedades científicas y
asociaciones de pacientes.


7. Promover un mayor conocimiento e investigación en torno a la prevención de los cánceres asociados al VPH, a través del fomento de alianzas con sociedades científicas, asociaciones de pacientes e industria.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Alba Soldevilla Novials, Carmen Martínez Ramírez, Emilia Almodóvar Sánchez, Carmen Andrés Añón, María Luisa Faneca López, Ana González Herdaro, Margarita Martín Rodríguez, María
Isabel Moreno Fernández, Modesto Pose Mesura, Caridad Rives Arcayna, Emilio Sáez Cruz y María Sainz Martín, Diputados.—Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003579


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por
Alzheimer y otras demencias y la de sus familiares y personas cuidadoras, para su debate en la Comisión de Sanidad del Congreso.


Exposición de motivos


El Alzheimer es un problema de enorme magnitud que atañe no solo a quienes padecen la enfermedad, sino a sus familiares, a quienes la tienen sin saberlo y a la sociedad en su conjunto. La enfermedad del Alzheimer conlleva un deterioro
cognitivo que afecta gravemente a la memoria, pero también a las actividades de la vida diaria del individuo, lo que provoca la pérdida de su independencia. Por ello, la familia se convierte en un núcleo fundamental ante la aparición de la
enfermedad de Alzheimer y, más especialmente, entre quienes ejercen el rol de personas cuidadoras. En muchas ocasiones, estas personas se ven obligadas a renunciar a sus empleos y a invertir gran parte de su tiempo y recursos en el cuidado de sus
familiares, y ello a pesar de no tener los conocimientos necesarios, con la carga añadida de asumir el desgaste emocional que va ligado a ver sufrir esta situación a los seres queridos.

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 55 millones de personas sufren demencia en todo el mundo, siendo el Alzheimer la más común, puesto que supone entre el 60 % y el 70 % de los casos1. Se prevé que esta cifra se eleve a
781 millones en 2030 y a 139 millones en 2050. Toda vez que el incremento a nivel mundial alcanza los 9,9 millones de casos nuevos al año, se puede afirmar que cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo2. En términos
económicos globales, y con datos de 2015, se estima que el coste para este tipo de demencias ascendió a 818.000 millones de dólares, el equivalente al 1,1 % del producto interior bruto (PIB) mundial; se calcula que para el año 2030 esta cantidad
aumentará a 2 billones de dólares3.


Ante este escenario la Organización Mundial de la Salud reconoció en 2017 el Alzheimer como una prioridad para la salud pública y lanzó el Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025, recientemente
ampliado por seis años más. Una de las principales preocupaciones de la OMS a la hora de elaborar y ampliar este Plan es la evidencia acumulada del infradiagnóstico general de la demencia, así como la tendencia a un diagnóstico tardío, que llega en
fases avanzadas de la enfermedad3. Entre los objetivos del Plan se encuentran la mejora de la vida de las personas con demencia, sus cuidadores y familiares y la reducción del impacto de la enfermedad3; establece, asimismo, unas áreas de actuación
articuladas en torno al tratamiento, atención y apoyo a la demencia; el apoyo a los cuidadores, la mejora de los sistemas de información sobre la demencia y el refuerzo de la investigación y de la innovación3.


En 2010 el Parlamento Europeo emitió en 2010 la Declaración sobre las prioridades en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer (2010/C 76 E/17) solicitando al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros que reconocieran
la enfermedad de Alzheimer como prioridad en materia de salud pública europea y desarrollasen un plan de acción orientado a promover la investigación, mejorar el diagnóstico precoz, simplificar los trámites para los enfermos y sus familiares para
mejorar su calidad de vida y para promover el papel de asociaciones de Alzheimer. Según estimaciones recientes de la OMS, 9,1 de personas padecerán demencia en el entorno europeo durante 2025, cifra que podría incrementarse hasta los 14,3 millones
en 2050, convirtiéndose así en la tercera causa de mortalidad en la Unión Europea. Este organismo también declara que el coste de la enfermedad en Europa ascendió en 2019 a 392.000 millones de euros.


Una iniciativa fundamental para abordar la creciente prevalencia de la demencia fue impulsada por Alzheimer Europe, organización no gubernamental que representa a las asociaciones nacionales de Alzheimer y otras demencias en Europa; en
efecto, presentó en 2023, con motivo de su Asamblea General, el Manifiesto de Helsinki, un plan de acción para el período (2024-2029) que se divide en cuatro áreas: salud (para mejoras en el diagnóstico y en el acceso a pruebas y nuevos
tratamientos); investigación (para un aumento de la financiación sobre demencia proporcional a su coste social); discapacidad y derechos sociales (para priorizar la demencia en futuros programas de salud con financiación específica) y apoyo a los
cuidadores (para el desarrollo e implementación de un Plan de Acción Europeo sobre Demencia).


Respecto a la situación en España, el Alzheimer es la patología neurodegenerativa más frecuente y también la causa más habitual de demencia en mayores de 65 años,


1 World Health Organization: WHO & World Health Organization: WHO (2023, 15 marzo). Demencia https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia


2 Ministerio de Sanidad, 2019, p. 18.


https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/docs/Plan_Integral_Alhzeimer_Octubre_2019.pdf


3 Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017, p. 5.


https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_28-sp.pdf

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registrándose cada año unos 40.000 nuevos casos4. Mientras que el estudio «Global Burden of Disease» de 2019 estimaba en torno a 827.000 afectados por el Alzheimer y preveía que el porcentaje se incrementase un 83 % en 2050, hasta superar
el millón y medio de personas afectadas, la Sociedad Española de Neurología (SEN) eleva hasta los dos millones la previsión de personas afectadas en 2050. Se trata, en cualquier caso, de meras estimaciones, y su propia falta de homogeneidad pone de
manifiesto la necesidad de un registro oficial que cuantifíque el número de personas afectadas por Alzheimer y otras demencias, con la participación de los ministerios competentes y de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.


En lo que respecta al gasto anual de un paciente con Alzheimer en nuestro país, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima una horquilla entre los 17.100 y los 28.200 euros. Este coste, sin embargo, asciende en muchos casos hasta los
41.700 euros por paciente en fases avanzadas de la enfermedad. La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) cifra el gasto directo por paciente en una cantidad media anual de 31.8905 euros al año. En cuanto a cifras globales,
se estima una inversión total de 10.000 millones de euros anuales en el caso de los aacientes mayores de 65 años, lo que supone un 1,5 % del Producto Interior Bruto6.


El Gobierno de España, como forma de dar continuidad al impulso procedente del ámbito internacional y europeo, elaboró en 2019 el Plan Español Integral de Alzheimer y otras Demencias (2019-2023) que tenía por objeto mejorar el diagnóstico
precoz; fomentar la investigación sobre las causas; la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer; reducir el impacto de la enfermedad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores y
familiares; desarrollar respuestas sociales y sanitarias adecuadas, innovadoras y sostenibles y mejorar el conocimiento relativo al dimensionamiento y sus necesidades, entre otros.


La Sociedad Española de Neurología calcula que el 80 % de los casos de Alzheimer que aún son leves están sin diagnosticar, así como entre el 30 y el 40 % de los casos totales5. Además de la falta de detección precoz de la enfermedad, los
diagnósticos tardíos suelen demorar 18 meses el acceso a los tratamientos desde que aparecen los primeros síntomas. La falta de herramientas para un diagnóstico temprano, la escasez de centros especializados y la deficiente coordinación entre la
Atención Primaria y la Atención Hospitalaria dificultan el abordaje de la enfermedad, dejando a muchos pacientes fuera del radar sanitario.


Tras la finalización de la vigencia del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias del Ministerio de Sanidad, la sociedad civil, liderada por la Confederación Española del Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y con el respaldo de la
Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de
Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Fundación CIEN y la Fundación Reina Sofía, ha propuesto el Pacto por el RECUERDO, un llamamiento a adoptar medidas inmediatas desde las instituciones sanitarias,
científicas, profesionales, políticas y sociales para avanzar en la lucha real contra la enfermedad.


4 Sociedad Española de Neurología [SEN]. 2022, 21/09. Al menos un 30% de los casos de demencia en el mundo podrían ser prevenibles, sin embargo, menos de un 50% de la población española conoce cómo [Comunicado de prensa],
https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link383.pdf


5 El coste anual del cuidado de una persona con Alzheimer roza los 32.000 euros (s.f.). Noticias - CEAFA. https://www.ceafa.es/es/que-comunicamos/noticias/el-coste-anual-del-cuidado-de-una-persona-con-alzheimer-roza-los-32-000-euros


6 Sociedad Española de Neurología [SEN]. 2019, 21/09. El 35% de los casos de Alzheimer se pueden atribuir a nueve factores de riesgo modificables [Comunicado de prensa], https://www.sen.es/saladeprensa/pdf/Link280.pdf

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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso insta al Gobierno a articular e implementar los mecanismos necesarios para:


1. Impulsar un registro de enfermedades neurodegenerativas, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que incluya la enfermedad de Alzheimer y que permita cuantificar realmente la magnitud de la enfermedad.


2. Seguir impulsando mejoras en el diagnóstico precoz de la enfermedad, estableciendo para ello los circuitos diagnósticos y los mecanismos de coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria pertinentes, en el marco del diseño
de intervenciones efectivas.


3. Fomentar y garantizar el acceso equitativo a los mejores tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y de cuidados atendiendo a los criterios de calidad, seguridad, eficacia e información proporcionados por las instituciones que
regulan los procesos de investigación, evaluación, autorización y vigilancia de los medicamentos.


4. Valorar la actualización del abordaje del Alzheimer y otras demencias en el seno de la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas, en colaboración con los expertos clínicos, especialistas y asociaciones de pacientes.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Rafael Cofiño Fernández, Alda Recas Martín y Agustín Santos Maraver, Diputados.—Verónica Martínez Barbero,Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/003578


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la desaparición del olvido
de menores en vehículos y a la obligatoriedad de sistemas de alerta antiabandono, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.


Exposición de motivos


En mayo de 2026, una niña de dos años falleció en A Coruña tras permanecer durante más de seis horas en el interior del vehículo de su padre en un día especialmente caluroso. Según las investigaciones aún en curso, su progenitor debería
haber dejado a la menor en la guardería antes de acudir a su puesto de trabajo, pero comenzó su rutina laboral habitual olvidando que la niña seguía en el coche, posiblemente debido a la distracción generada por una llamada telefónica durante el
trayecto.


Lamentablemente, este no es un caso aislado. En julio de 2025, otro niño también de dos años de edad murió en Tarragona tras permanecer entre cuatro y seis horas dentro de un vehículo, mientras su padre trabajaba en un polígono industrial.
En mayo de 2025, un bebé de veinte meses falleció Jaén después de pasar varias horas en un coche estacionado. En noviembre de 2024, una niña de dos años murió en Castellón tras ser olvidada en el vehículo por su padre cuando acudía al trabajo. En
julio de 2023, un

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menor de dos años falleció en Pontevedra por choque térmico, tras permanecer varias horas olvidado en un aparcamiento exterior.


Estos son los datos que se manejan en España, sin que pueda asegurarse que no se han dado otros casos, ya que, a diferencia de países como Estados Unidos (donde existen plataformas que monitorizan de forma estricta la información sobre este
tipo de muertes), en España no se contabilizan en una estadística oficial específica de forma pública y unificada.


Estos hechos evidencian la existencia de un problema muy grave de seguridad y salud pública que, aunque poco frecuente, presenta consecuencias irreversibles y devastadoras, tanto en la familia que sufre la pérdida como en la comunidad
escolar o en la localidad donde se produce el terrible episodio. La comunidad científica y los especialistas en psicología cognitiva han denominado este fenómeno como «síndrome del bebé olvidado» («Forgotten Baby Syndrome»). Los expertos explican
que, en la mayoría de los casos, no responde a una conducta dolosa ni a una falta de afecto hacia el menor, sino a un fallo cognitivo asociado a la memoria automática, el estrés, el cansancio y la alteración de las rutinas, que pueden provocar que
un progenitor crea erróneamente haber dejado ya al menor en su destino habitual, especialmente en contextos de elevada carga mental o cuando realiza de forma excepcional el trayecto a la guardería. El riesgo aumenta debido a que en el interior de
un vehículo se pueden superar los 50 grados en pocos minutos. Los bebés y niños pequeños son especialmente vulnerables al calor y pueden sufrir un golpe de calor mortal en muy poco tiempo. Esta problemática resulta aún más preocupante en un
contexto en el que los días con temperaturas extremas y las olas de calor son progresivamente más frecuentes.


Para prevenir el olvido de menores en los vehículos, actualmente existen distintas medidas de seguridad:


1. Dispositivos universales e independientes para sillitas infantiles.


Se trata de cojines con sensores de peso que se ubican en la silla del bebé, o clips y broches inteligentes que se ajustan en el cinturón de la silla y que detectan la presencia del menor, emitiendo alarmas o avisos al teléfono móvil cuando
el conductor se aleja del vehículo y el asiento sigue ocupado. En algunos casos pueden también enviar mensajes de emergencia a otras personas del entorno familiar si la alerta inicial no es desactivada, enviándose asimismo la ubicación por GPS del
vehículo. En todos los casos se trata de dispositivos postventa, que se implantan por parte del usuario en el vehículo.


2. Sistemas integrados en los vehículos.


Muchos vehículos nuevos de diferentes marcas comerciales incorporan ya sistemas de «alerta de asiento trasero» («Rear Seat Reminder»), que avisan al conductor, en el panel de control del vehículo, para que revise los asientos traseros antes
de abandonar el coche.


3. Aplicaciones móviles conectadas.


Son aplicaciones que se descargan en el teléfono móvil (gratuitas o de pago) vinculadas al vehículo mediante Bluetooth, y que generan alertas automáticas y notificaciones cuando el motor se apaga y el menor permanece dentro, como son Waze o
Kars4Kids Safety).


4. Hábitos preventivos.


Organismos como la Dirección General de Tráfico o la Fundación MAPFRE recomiendan dejar objetos personales, como el zapato que no se utiliza en la conducción, la cartera o la chaqueta, en la parte trasera del vehículo, para obligar al
conductor a revisar el asiento trasero antes de salir.

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Algunos países han avanzado incluso hacia la implantación de medidas regulatorias específicas:


Italia es el único país que obliga por ley a incorporar sistemas antiolvido para menores de cuatro años. En el Código de Circulación (Códice della Strada, art. 172), en 2019, desarrollado posteriormente a través del Decreto 122/2019, de 2
de octubre, del Ministerio de Transportes, se introdujo la obligación de instalar sensores o alarmas (integradas o postventa) en sillitas infantiles o en los asientos destinados a los menores de cuatro años, con serias sanciones económicas y
retirada de puntos del carné en caso de incumplimiento, como son multas de 81 a 326 €, retiradas de 5 puntos, y retirada del carnet de 15 días a dos meses en caso de reincidencia durante los dos años posteriores a la primera multa.


Es siempre el conductor el responsable de la inutilización del dispositivo, aunque no sea la persona a cargo del menor en ese momento. Es importante señalar que no solo los progenitores tienen que instalar o tener instalados estos
dispositivos, sino cualquiera que traslade a un menor. Se ha procedido posteriormente a la homologación de varios modelos de dispositivos que pueden comprarse en tiendas especializadas de artículos infantiles y online, y su precio varía entre los
30 y los 100 €.


Estados Unidos ha centrado la regulación en los fabricantes de vehículos, más que en los conductores. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) obliga a la incorporación obligatoria de sistemas de alerta
visuales y auditivos en los nuevos vehículos de forma generalizada, mientras que más de veinte estados sancionan el dejar menores solos en coches cerrados (Unattended Child Laws), especialmente aquellos con clima más cálido, y han establecido leyes
de «buen samaritano» eximiendo de responsabilidad a aquellos ciudadanos que provocan daños en un vehículo tratando de salvar a un niño en peligro.


Japón, después de haberse producido varios trágicos accidentes en rutas escolares, obligó a que autobuses y vehículos de guarderías incorporen sistemas de comprobación que obligan al conductor a revisar físicamente el interior del vehículo
antes de finalizar la ruta, estableciendo un botón de alarma que solo puede apagarse en el fondo del vehículo.


Israel ha aprobado un sistema dual tanto para los vehículos privados como para los autobuses escolares. En el caso de los primeros, al igual que Italia, todo vehículo tiene que disponer de un sistema electrónico para evitar abandonos. De
la misma manera se penaliza a aquellos autobuses y furgonetas que no tengan un dispositivo que obligue al conductor a trasladarse a la parte trasera del vehículo para apagar la alarma.


Australia considera ilegal dejar a un menor solo en un vehículo cerrado y permite la intervención inmediata de los servicios de emergencia, que pueden romper las lunas en cualquier ocasión si detectan a un menor en un vehículo. Además,
algunos estados han instalado señales de advertencia en aparcamientos públicos para recordar la revisión de los asientos traseros.


Es por todo lo anterior por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y las comunidades autónomas, campañas institucionales de concienciación sobre el riesgo del olvido de menores en vehículos y las medidas preventivas existentes.


2. Promover, en colaboración con fabricantes y entidades del sector automovilístico, la incorporación de sistemas de aviso de asiento trasero («Rear Seat Reminder») en los vehículos comercializados en España.


3. Analizar posibles líneas de ayudas o incentivos para la adquisición de dispositivos antiabandono en sillitas infantiles, especialmente para familias con menores

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de cuatro años que posean vehículos que no disponen de sistemas de aviso de asiento trasero.


4. Elaborar, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las autoridades sanitarias, un registro estadístico oficial sobre incidentes y fallecimientos de menores por olvido en vehículos.


5. Reforzar los protocolos de prevención y comprobación en el transporte escolar y de guarderías para evitar que menores puedan permanecer desatendidos en vehículos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Marta González Vázquez, Rosa Quintana Carballo, Ana Belén Vázquez Blanco y Bella Verano Domínguez, Diputadas.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001867


D. Agustín Santos Maraver, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.


¿Considera el Gobierno que se ha prestado toda la asistencia consular necesaria y legalmente exigible a los ciudadanos españoles detenidos arbitrariamente por las fuerzas navales israelíes tras el abordaje ilegal de las embarcaciones de la
Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, y tiene previsto instar a la Fiscalía General del Estado a actuar de oficio en relación con los malos tratos y torturas documentados durante su detención?


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.—Agustín Santos Maraver, Diputado.


Comisión de Interior


181/001868


Ana Belén Vázquez Blanco, lrene Garrido Valenzuela, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez Recuerda, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Tiene previsto el Ministerio del Interior incrementar el número de agentes de la Guardia Civil destinados a trabajos de prevención y seguridad ciudadana en el municipio

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de Periana, Málaga, así como dotarlos de los medios materiales y técnicos suficientes para desarrollar sus funciones?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Ana Belén Vázquez Blanco, Irene Garrido Valenzuela, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez
Recuerda, Diputados.


181/001869


Ana Belén Vázquez Blanco, lrene Garrido Valenzuela, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez Recuerda, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior ante el aumento de la presencia y actividad de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la Costa del Sol, y en particular en la provincia de Málaga?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—Ana Belén Vázquez Blanco, Irene Garrido Valenzuela, Elías Bendodo Benasayag, María del Mar Vázquez Jiménez, Mario Cortés Carballo, Cristóbal Garre Murcia e Isabel Gema Pérez
Recuerda, Diputados.


181/001872


María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pabto Hispán Iglesias de Ussel, Ana Belén Velázquez Blanco, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Violante Tomás Olivares y María Sandra Moneo Díez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Por qué el Gobierno no ha realizado ninguna actuación para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida en el puesto principal de la Guardia Civil de Armilla (Granada), más de un año después de haber reconocido la
existencia de una plataforma elevadora fuera de servicio?


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Violante Tomás Olivares y María Sandra
Moneo Díez, Diputados.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001865


María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Qué medidas urgentes piensa adoptar el Gobierno para acelerar la ejecución de las canalizaciones de la presa de Rules y garantizar que el agua embalsada pueda

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destinarse al riego de la Costa Tropical de Granada, evitando así la pérdida de recursos hídricos mientras los regantes siguen sufriendo una grave situación de escasez?


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.—María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.


181/001870


Juan Diego Requena Ruiz, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Milagros Marcos Ortega, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿En qué fecha estima el Gobierno que podrá registrar como Proyecto de Ley del Hidrógeno el Anteproyecto de Ley en trámite para abordar la transposición del Paquete Europeo del Hidrógeno?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Juan Diego Requena Ruiz, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Milagros Marcos Ortega, Diputados.


181/001871


Juan Diego Requena Ruiz, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Milagros Marcos Ortega, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


¿Cuáles han sido las inversiones realizadas con fondos europeos del MRR en digitalización de redes eléctricas de distribución y en modificaciones puntuales de la planificación del transporte eléctrico 2021-2026, con anterioridad al apagón de
28 de abril de 2025 y cuáles han sido realizadas después y hasta la fecha, con indicación del importe total al que han ascendido antes y el importe total al que han ascendido después del apagón?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.—Juan Diego Requena Ruiz, Juan Bravo Baena, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela y Milagros Marcos Ortega, Diputados.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/040311


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)


Retirada de su pregunta sobre muerte de Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del histórico dirigente saharaui Mohamed Abdelaziz, junto con otros dos combatientes saharauis, en el contexto de
enfrentamientos junto al muro militar que divide el Sáhara Occidental.

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Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 554, de 22 de junio de 2026.


184/040485


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)


Realización de algún tipo seguimiento por la Secretaría General Técnica de los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso que está teniendo el Archivo General del Ministerio del Interior, así como de algún informe o proyecto para
remover los obstáculos que impiden o dificultan dicho acceso.


Acuerdo:


1. En cuanto a las solicitudes de copia contenidas en los puntos 1 y 2, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 120678, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del
artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001754).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con solicitud de respuesta por
escrito.


Exposición de motivos


Primero: Desde hace más de una década víctimas del franquismo e historiadores llevan denunciando públicamente graves retrasos en el acceso a los fondos históricos gestionados por el Sistema de Archivos del Ministerio del Interior.


Segundo: Que la Secretaría General Técnica es el órgano responsable de la resolución de las solicitudes de acceso al Archivo General del Ministerio del Interior. Así se señala en el apartado Séptimo, punto 1 y en el apartado Noveno de la
Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se crea la Comisión calificadora de documentos administrativos del Ministerio del Interior y se regula el acceso a los archivos de él dependientes; así como en la base Novena, punto 2.b) de la Instrucción
de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dictan normas sobre el acceso y la consulta de documentos en los archivos dependientes del Ministerio del Interior. Se tratan de unas competencias reafirmadas en la estructura
del departamento mediante el artículo 10.1 punto r) del Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.


Tercero: Asentadas estas competencias, se señala que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 20.1 señala que «Los titulares de las unidades administrativas y el
personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan,
dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos».


Dado este marco normativo, deseo conocer:


1. ¿Está realizando la Secretaría General Técnica algún tipo seguimiento de los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso que está teniendo el Archivo General del Ministerio del Interior? En caso afirmativo se solicita conocer a)
desde cuando; [...]


2. ¿Ha realizado la Secretaría General Técnica algún informe o proyecto para remover los obstáculos que impiden, dificultan o retrasan el acceso de los interesados al Archivo General del Ministerio del Interior? [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Jon Iñarritu García, Diputado.


184/040487


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)


Recepción por la Secretaría General Técnica, como órgano competente para resolver las solicitudes de acceso al Archivo General del Ministerio del Interior, de peticiones por

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parte del órgano instructor de «medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo» de las solicitudes de acceso.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el punto 2, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 120678, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7
del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001755).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con solicitud de respuesta por
escrito:


Exposición de motivos


Primero: Desde hace más de una década víctimas del franquismo e historiadores llevan denunciando públicamente graves retrasos en el acceso a los fondos históricos gestionados por el Sistema de Archivos del Ministerio del Interior.


Segundo: Que según el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde a la Subsecretaría de Interior la «la dirección y coordinación del Sistema de
Archivos del Ministerio del Interior». La Secretaría General Técnica, órgano dependiente de la Subsecretaría del Interior según el artículo 9.5, delegaría estas competencias en la Secretaría General Técnica estas competencias conforme al artículo
10.1 punto r) de la misma norma.


Tercero: Por otro lado, en lo referente al despacho de los asuntos en tiempo y forma, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.5. indica que «Cuando el
número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano
competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo».


Atendiendo a toda esta normativa, deseo conocer:


1. Si en alguna ocasión, desde 2014, ha recibido, cómo órgano competente para resolver las solicitudes de acceso al Archivo General del Ministerio del Interior, peticiones por parte del órgano instructor de «medios personales y materiales
para cumplir con el despacho adecuado y en plazo» de las solicitudes de acceso.

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2. En caso afirmativo se solicitan a) fechas de dichas solicitudes; b) […], c) forma de resolución de dichas peticiones.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Jon Iñarritu García, Diputado.


184/040488


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)


Recepción por la Subsecretaría del Ministerio Interior de la petición de la Secretaría General Técnica de «medios personales y materiales» para cumplir con el despacho adecuado y en plazo de las solicitudes de acceso al Archivo General
ministerial, así como constancia que tiene la citada subsecretaría acerca de si desde el año 1996 se ha planificado en alguna ocasión una inspección de dicho archivo y si tiene previsto realizar una inspección extraordinaria dada las denuncias de
irregularidades por parte de la comunidad académica.


Acuerdo:


1. En cuanto a las solicitudes de copia contenidas en los puntos 2, 3, 4 y 5, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 120678, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001757).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con solicitud de respuesta por
escrito:


Exposición de motivos


Primero: Desde hace más de una década víctimas del franquismo e historiadores llevan denunciando públicamente graves retrasos en el acceso a los fondos históricos gestionados por el Sistema de Archivos del Ministerio del Interior.


Segundo: Que según el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde a la

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Subsecretaría de Interior la «la dirección y coordinación del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior». La Secretaría General Técnica, órgano dependiente de la Subsecretaría del Interior según el artículo 9.5, delegaría estas
competencias en la Secretaría General Técnica estas competencias conforme al artículo 10.1 punto r) de la misma norma.


Tercero: Por otro lado, en lo referente al despacho de los asuntos en tiempo y forma, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21.5. indica que «Cuando el
número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano
competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo».


Atendiendo a toda esta normativa, deseo conocer:


1. Si la Subsecretaría de Interior, cómo superior jerárquico de la Secretaría General Técnica (órgano competente para resolver las solicitudes de acceso al Archivo Ministerial) ha recibido en alguna ocasión por parte de dicha Secretaría
General Técnica la petición de «medios personales y materiales» para cumplir con el despacho adecuado y en plazo de las solicitudes de acceso.


2. En caso afirmativo se solicitan a) fechas de dichas solicitudes; b) [...], c) resolución de dichas peticiones.


3. Si consta en esa subsecretaría si desde 1996 se ha planificado en alguna ocasión una inspección al Archivo General del Ministerio del Interior. [...]


4. Si la actual Subsecretaría del Interior ha tomado otras medidas de inspección sobre el Archivo General del Ministerio del Interior. [...]


5. Si dada las actuales denuncias de irregularidades por parte de la comunidad académica, tiene previsto la Subsecretaría del Interior, realizar una inspección extraordinaria al Archivo General del Ministerio del Interior. [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026. Jon Iñarritu García, Diputado.


184/040543


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Fabra Part, Alberto (GP)


Clavell López, Óscar (GP)


Presas de titularidad estatal, con la Categoría A y B, existentes en la provincia de Castellón, planes de emergencia plenamente operativos con los que cuentan las mismas de conformidad con el Real Decreto 264/2021, y existencia de un plan de
mantenimiento que detalle las tareas necesarias para conservar su funcionalidad.


Acuerdo:


1. En cuanto a las solicitudes de copia incluidas en los guiones tercero, cuarto y quinto de la iniciativa, admitir a trámite como solicitudes de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en
la medida en que obren en poder de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001745).

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2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Alberto Fabra Part y Óscar Clavell López, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al
Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.


En un contexto de estabilidad hidrológica actual, con numero relevante de presas envejecidas y sometidas a nuevas exigencias climáticas, resulta imprescindible evaluar el grado real de planificación, inversión y prevención desplegado por el
Gobierno de España en materia de seguridad de las presas de la provincia de Castellón.


— ¿Puede el Gobierno de España detallar cuántas presas de titularidad estatal, con la Categoría A y B, hay a fecha de hoy en la provincia de Castellón?


— ¿Cuentan dichas presas con los preceptivos planes de emergencia plenamente operativos de conformidad al Real Decreto 264/2021?


— ¿Existe un plan de mantenimiento que detalle las tareas necesarias para conservar la funcionalidad de dichas presas? […]


— ¿Se han redactado los informes técnicos periódicos que documentan el estado actual de las presas de la provincia de Castellón? […]


— ¿Se han exigido auditorias de seguridad en intervalos regulares, realizadas por entidades externas independientes a las presas de la provincia de Castellón? […]


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.—Alberto Fabra Part y Óscar Clavell López, Diputados.