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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 557, de 25/06/2026
cve: BOCG-15-D-557
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de junio de 2026
Núm. 557
ÍNDICE
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000043
Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
130/000044
Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000783
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español.
Enmiendas ... (Página3)
Aprobación con modificaciones ... (Página7)
162/000793
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible.
Enmiendas ... (Página8)
Aprobación ... (Página14)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000203
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, a la Ministra de Igualdad sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+ ... (Página15)
172/000213
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Republicano, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el impacto en el sector agroalimentario y en la cohesión territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión
Europea ... (Página15)
172/000214
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre la insostenible situación del Gobierno de España y sus responsabilidades en la misma ...
172/000215
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación del sector primario español ante la nueva propuesta de Política Agraria Común y el Acuerdo de Mercosur ...
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000178
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con
Enfermedad Grave (CUME).
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página17)
Aprobación ... (Página23)
173/000179
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda
social.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página24)
173/000180
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración que hace el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de
extrema debilidad del Gobierno.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página28)
Aprobación ... (Página31)
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000043
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 12/2026, de 26 de mayo, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público, se acordó su tramitación como Proyecto
de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000099), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
130/000044
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley
por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000100), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000783
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas y la enmienda transaccional formuladas a la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 528, de 12 de mayo de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Maria Cervera i Pinart, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a
la
Proposición no de Ley sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español.
Enmienda
De modificación.
Se añaden dos apartados nuevos, con la siguiente redacción:
«El Congreso insta al Gobierno a tomar medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español a través de las siguientes propuestas:
[ ]
7. Incorporación de la catalanofobia dentro de los protocolos contra el odio y la intoleranciaen el deporte, con las siguientes medidas:
a) Prevenir, identificar, denunciar y sancionar los cánticos, insultos, discursos, gestoso actuaciones que menosprecien, estigmaticen o promuevan hostilidad contraCatalunya, la lenga catalana, sus símbolos, instituciones, clubes,
deportistas, aficioneso selecciones deportivas, incluidas aquellas conductas procedentes de personalprofesional del deporte o de seguridad.
b) Garantizar que las actuaciones de seguridad en los estados no comporten la retiradaarbitraria o discriminatoria de banderas, esteladas, camisetas, pancartas u otrossímbolos de expresión pacifica vinculados a la identidad catalana o a
reivindicacionesdemocráticas.
8. Impulsar el reconocimiento y la participación internacional de las selecciones deportivascatalanas, promoviendo las modificaciones normativas, los acuerdos federativos y lasactuaciones institucionales necesarias para que puedan competir
oficialmente encompeticiones internacionales, como expresión legítima y deportiva de la nación catalana.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2026.Josep Maria Cervera Pinart, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Maria Cervera i Pinart, a lempara del que estableix larticle 194.2 i següents del Reglament del Congrés dels Diputats, presenta la següent esmena a la Proposición no
de ley sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español.
Congrés dels Diputats, 16 de juny de 2026.Josep Maria Cervera Pinart, Diputat GP Junts per Catalunya.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Socialista sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español.
Enmiendas.
Se propone la modificación de dos puntos, que queda redactados en los términos siguientes:
«1. Refuerzo del trabajo de la Comisión estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con la aplicación efectiva y homogénea de sanciones en casos de racismo, misoginia, discriminación o
estigmatización por motivos lingüísticos o culturales u otros discursos de odio y con una mayor implicación de los órganos disciplinarios y judiciales.
3. Educación y prevención, financiando y colaborando en el impulso de impulsando programas educativos en deporte base sobre igualdad, respeto y diversidad y fortaleciendo la formación específica para personal docente, técnico, arbitral y de
juzgamiento, y personal deportivo en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas
para combatir los discursos de odio en el deporte español.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone queda redactado como sigue:
«El Congreso insta al Gobierno a tomar medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español a través de las siguientes propuestas:
1. Refuerzo del trabajo de la Comisión estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con la aplicación efectiva y homogénea de sanciones en casos de racismo, misoginia u otros discursos de odio y con
una mayor implicación de los órganos disciplinarios, judiciales y gubernamentales, y en particular de las actuaciones de detección, prevención y sanción adecuadas para la erradicación de actos violentos en los campos de fútbol, ante el incremento de
delitos contra las personas y contra la libertad desde 2018 hasta la actualidad, según los datos que recoge el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).
Asimismo, promover para la elaboración de recomendaciones dirigidas a las federaciones deportivas españolas, ligas profesionales, sociedades anónimas deportivas y clubes deportivos para garantizar que las equipaciones, símbolos y elementos
exhibidos en las competiciones oficiales respeten los principios de
neutralidad institucional, y convivencia, adoptando en su caso las medidas correspondientes a los responsables de las actuaciones que las vulneren.
2. Respetar y hacer respetar en el ámbito de sus competencias, los símbolos tradicionales de España, Navarra y el País Vasco y garantizar que las entidades deportivas no utilicen sus plataformas con fines de instrumentalización separatista.
3.
reforzando así el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, estableciendo, dentro de los márgenes que permite la armonización operada por el Derecho de la Unión Europea, obligaciones más estrictas para redes
sociales y mejorando los sistemas de detección mediante inteligencia artificial, asegurando su supervisión en todo momento y evitando la automatización y el sesgo algorítmico.
4. Educación y prevención, impulsando programas educativos en deporte base sobre igualdad, respeto y diversidad y fortaleciendo la formación específica para personal docente, técnico, arbitral y de juzgamiento, y personal deportivo.
5. Protección de víctimas, reforzando los protocolos claros de denuncia y acompañamiento y los programas existentes de apoyo psicológico y legal a deportistas afectados.
6. Promoción de la igualdad en el deporte femenino. Seguir avanzando en todos los ámbitos para dotar de mayor visibilidad mediática al deporte femenino, realizando campañas de impulso para fortalecer la presencia de mujeres en la práctica
deportiva, puestos técnicos y de liderazgo
las categorías deportivas por sexo biológico.
7. Intervención en estadios, continuando con el refuerzo de los protocolos inmediatos ante cánticos o conductas de odio en las distintas instalaciones y eventos deportivos, impulsando medidas que permitan la pronta identificación y sanción
de responsables y realizando campañas de sensibilización dirigidas a aficiones, clubes y federaciones
8. Respeto a los símbolos del Estado, como al himno nacional, en el ámbito deportivo, estableciendo las infracciones y sanciones correspondientes de forma compatible con el derecho a la libertad de expresión, y limitando su aplicación a los
supuestos en que se produzca una alteración efectiva del desarrollo del evento deportivo.»
Justificación.
Mejora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda transaccional
«El Congreso insta al Gobierno a tomar medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español a través de las siguientes propuestas:
1. Refuerzo del trabajo de la Comisión estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con la aplicación efectiva y homogénea de sanciones en casos de racismo, misoginia, discriminación o
estigmatización por motivos lingüísticos o culturales u otros discursos de odio y con una mayor implicación de los órganos disciplinarios y judiciales.
2. Regulación y responsabilidad de plataformas digitales, promoviendo, dentro del ámbito de sus competencias, protocolos de actuación con medios de comunicación, empresas tecnológicas y de internet, frente al contenido de odio, reforzando
así el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, estableciendo, dentro de los márgenes que permite la armonización operada por el Derecho de la Unión Europea, obligaciones más estrictas para redes sociales y
mejorando los sistemas de detección mediante inteligencia artificial, asegurando su supervisión en todo momento y evitando la automatización y el sesgo algorítmico.
3. Educación y prevención, financiando y colaborando en el impulso de programas educativos en deporte base sobre igualdad, respeto y diversidad y fortaleciendo la formación específica para personal docente, técnico, arbitral y de
juzgamiento, y personal deportivo en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.
4. Protección de víctimas, reforzando los protocolos claros de denuncia y acompañamiento y los programas existentes de apoyo psicológico y legal a deportistas afectados.
5. Promoción de la igualdad en el deporte femenino. Seguir avanzando en todos los ámbitos para dotar de mayor visibilidad mediática al deporte femenino, realizando campañas de impulso para fortalecer la presencia de mujeres en puestos
técnicos y de liderazgo según marca ya la legislación española en esta materia y lanzando campañas contra la sexualización y deslegitimación de la mujer en el deporte.
6. Intervención en estadios, continuando con el refuerzo de los protocolos inmediatos ante cánticos o conductas de odio en las distintas instalaciones y eventos deportivos, impulsando medidas que permitan la pronta identificación y sanción
de responsables y realizando campañas de sensibilización dirigidas a aficiones, clubes y federaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.Los Grupos Parlamentarios Republicano y Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español,
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 528, de 12 de mayo de 2026, en los siguientes términos:
«El Congreso insta al Gobierno a tomar medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español a través de las siguientes propuestas:
1. Refuerzo del trabajo de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con la aplicación efectiva y homogénea de sanciones en casos de racismo, misoginia, discriminación o
estigmatización por motivos lingüísticos o culturales u otros discursos de odio y con una mayor implicación de los órganos disciplinarios y judiciales.
2. Regulación y responsabilidad de plataformas digitales, promoviendo, dentro del ámbito de sus competencias, protocolos de actuación con medios de comunicación, empresas tecnológicas y de internet, frente al contenido de odio, reforzando
así el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, estableciendo, dentro de los márgenes que permite la armonización operada por el Derecho de la Unión Europea, obligaciones más estrictas para redes sociales y
mejorando los sistemas de detección mediante inteligencia artificial, asegurando su supervisión en todo momento y evitando la automatización y el sesgo algorítmico.
3. Educación y prevención, financiando y colaborando en el impulso de programas educativos en deporte base sobre igualdad, respeto y diversidad y fortaleciendo la formación específica para personal docente, técnico, arbitral y de
juzgamiento, y
personal deportivo en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado.
4. Protección de víctimas, reforzando los protocolos claros de denuncia y acompañamiento y los programas existentes de apoyo psicológico y legal a deportistas afectados.
5. Promoción de la igualdad en el deporte femenino. Seguir avanzando en todos los ámbitos para dotar de mayor visibilidad mediática al deporte femenino, realizando campañas de impulso para fortalecer la presencia de mujeres en puestos
técnicos y de liderazgo según marca ya la legislación española en esta materia y lanzando campañas contra la sexualización y deslegitimación de la mujer en el deporte.
6. Intervención en estadios, continuando con el refuerzo de los protocolos inmediatos ante cánticos o conductas de odio en las distintas instalaciones y eventos deportivos, impulsando medidas que permitan la pronta identificación y sanción
de responsables y realizando campañas de sensibilización dirigidas a aficiones, clubes y federaciones.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000793
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 535, de 22 de mayo de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en los artículos 194 y 195 del Reglamento del Congreso, el diputado que suscribe formula la siguiente enmienda.
Exposición de motivos
La transición ecológica, fruto de los compromisos europeos e internacionales a los que España se halla sujeta, reclama una implicación en la transformación del modelo de movilidad que se desarrolle con diligencia y que se atenga a los plazos
establecidos por la ley.
En el caso de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, cuya entrada en vigor se produjo el 4 de diciembre de 2025, establece en su Disposición Adicional decimosexta un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Transportes
y
Movilidad Sostenible presente el estudio para la racionalización del uso de los vuelos cortos que permita reducir las emisiones del modo aéreo.
Es por todo ello que se propone esta
Enmienda
De adición.
Añadir un punto 10:
«10. Cumplir la ley, especialmente la Disposición Adicional decimosexta de la Ley de Movilidad Sostenible, en lo que se refiere a la reducción de vuelos domésticos cortos cuando existe una alternativa ferroviaria con una duración menor de
dos horas y media, al haber transcurrido los 6 meses estipulados desde su publicación para realizar una propuesta de regulación de estos vuelos; así como hacer público el estudio mencionado para iniciar el proceso de audiencia pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en los artículos 194 y 195 del Reglamento del Congreso, el diputado que suscribe formula la siguiente enmienda.
Exposición de motivos
La transición ecológica, fruto de los compromisos europeos e internacionales a los que España se halla sujeta, reclama una implicación en la transformación del modelo de movilidad que se desarrolle con diligencia y bajo el cumplimiento de
principios de integración, eficiencia y eficacia.
El artículo 25 de la Ley de Movilidad Sostenible establece los plazos y condicionantes para la aprobación de planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad, en el cual se fija que el Espacio de Datos Integrado de Movilidad
(EDIM) incluya un registro de planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad y los parámetros e indicadores más relevantes de los mismos, según se acuerde en el marco del Foro Territorial de Movilidad Sostenible.
Esta fijación de parámetros e indicadores se presenta trascendente para que a finales de este año las empresas encuentren facilidades en el cumplimiento de la meritada ley.
Es por todo ello que se propone esta
Enmienda
De adición.
Añadir un punto 12:
«12. Impulsar con la mayor diligencia y premura posible sesión del Foro Territorial de Movilidad Sostenible para el desarrollo y concreción de los
parámetros e indicadores a tener en cuenta para la redacción de los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en los artículos 194 y 195 del Reglamento del Congreso, el diputado que suscribe formula la siguiente enmienda.
Exposición de motivos
La transición ecológica, fruto de los compromisos europeos e internacionales a los que España se halla sujeta, reclama una implicación en la transformación del modelo de movilidad que se desarrolle con diligencia y bajo el cumplimiento de
principios de integración, eficiencia y eficacia.
España dispone de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada como hoja de ruta para la transformación del sistema de transportes y movilidad, así como de la política nacional urbana, que apuesta por una visión integrada,
coherente y transversal de pueblos y ciudades y para ello marca como objetivo favorecer la ciudad de proximidad y los medios de transporte sostenible.
Con el impulso a la movilidad activa y el refuerzo del mercado único a través de billetes únicos, se tiene una oportunidad histórica para lograr que el transporte europeo sea más sostenible, más competitivo a nivel mundial y más resiliente.
Es por todo ello que se propone esta
Enmienda
De adición.
Añadir un punto 11:
«11. Apoyar la implementación y comercialización de billetes únicos de acuerdo con lo estipulado en el art. 42, evitando la financiación pública por parte de la Administración General del Estado a aquellas administraciones que aprueben
toda forma de regulación tarifaria que discrimine por razón de origen.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley relativa a la defensa del transporte en
España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible para su debate en el Pleno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los
Diputados que se celebrará el día 28 de abril de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la derogación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible,por resultar contraria a los principios de cohesión territorial y al mantenimiento deservicios públicos esenciales en el medio rural.
2.
actuaciones necesarias para solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad,
adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero
necesarias para solventar el resto de los problemas en la infraestructura, tras un proceso de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios, tal y como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad
Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de abril.
3.
de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia, que incluya al menos:
plazo legal del 5 de febrero.
a. La provisión de asistencia básica a los viajeros durante interrupciones del servicio (alimentación, agua potable, mantas, climatización adecuada, acceso a aseos e iluminación suficiente), con atención prioritaria a personas en situación
de especial vulnerabilidad.
b. La implantación de planes de evacuación claros y accesibles que permitan a los usuarios conocer los procedimientos de actuación.
c. El establecimiento de mecanismos de comunicación inmediata, clara y eficaz sobre averías, retrasos o interrupciones del servicio.
d. Información continua, clara, veraz y actualizada durante los incidentes que afecten a la red. Formación específica al personal ferroviario para asegurar una atención adecuada y empática a los viajeros en situaciones de emergencia.
4.
retraso en un trayecto ferroviario, así como implantar un sistema objetivo de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y
actuación
5.
minutos de retraso, del 50 % y al 100 % del importe, respectivamente,
6.
mediante la sustitución de vehículos antiguos, independientemente de su tecnología, garantizando la libre convivencia entre vehículos de combustión, híbridos y eléctricos y evitando cualquier tipo de imposición ideológica
vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d, incluso de ocasión o usados, tal y como establece la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo
legal del 5 de marzo.
7.
territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, prestando especial atención a las redes de Cercanías y a las líneas vertebradoras del medio rural, como instrumento de cohesión territorial y
desarrollo económico.
8.
2024, y proceder a su revisión integral mediante un nuevo estudio técnico que priorice la preservación como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de
transporte estatal
compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de conectividad no atendidas por el Gobierno.
9. Promover la derogación de las medidas derivadas del Pacto Verde Europeo y del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión que gravan al transporte marítimo y encarecen la actividad portuaria y logística española, así como eliminar
cualquier referencia a la financiación de un Plan Nacional para la Descarbonización del Transporte Marítimo vinculado a los objetivos de descarbonización para que los recursos públicos destinados al sector se orienten prioritariamente a reforzar su
competitividad, garantizar la soberanía energética y logística de España y evitar procesos de deslocalización y pérdida de actividad económica en favor de puertos y operadores de terceros países.
inmediata las órdenes de convocatoria y puesta en marcha para garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo, en virtud de la cual, se regula la financiación de un Plan nacional del transporte
marítimo, financiado con los derechos recaudados al sector, y dirigido a la mejora de la eficiencia energética de los buques e infraestructuras portuarias, el desarrollo de tecnologías innovadoras, infraestructuras asociadas y combustibles
alternativos sostenibles, tal y como establece la disposición adicional trigésimo segunda de la Ley de Movilidad Sostenible.
10. Proceder al cese inmediato, a través del presidente del Gobierno, del ministro deTransportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, como responsable político de la situación actual las infraestructuras de transporte, por su
incapacidad paragarantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, su falta de reacción ante lasdeficiencias en las redes viarias y ferroviarias previamente señaladas y el grave deteriorode la confianza de los usuarios en el sector
ferroviario público.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar las inversiones con que las entidades materializan su estrategia de consolidar el ferrocarril como eje de la movilidad sostenible, en línea con la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la
infraestructura ferroviaria aprobada por el Ministerio de Transportes el 31 de diciembre de 2022 y de acuerdo con la planificación plurianual de inversiones recogida en el PGE vigente, intentando minimizar, en la medida de lo posible, la afectación
a los usuarios.
Seguir avanzando en la primera fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para solventar las limitaciones temporales de velocidad-tal y
como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible.
2. Seguir avanzando en la segunda fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar el resto de las medidas necesarias, tras un proceso de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios, tal y
como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible.
3. Avanzar en la aprobación del Plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el
momento de la incidencia, tal y como establece el apartado 2 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible.
4. Impulsar la aprobación del Protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras, que provoquen más de 20 minutos de retraso en un trayecto ferroviario, tal y como establece el apartado 3
de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible.
5. Seguir avanzando en medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos de los pasajeros en el sistema ferroviario estatal, de acuerdo con la regulación comunitaria aplicable en materia de puntualidad y las indemnizaciones
correspondientes en su caso.
6. Seguir avanzando en los trámites para aprobar el nuevo mapa concesional manteniendo la oferta de los corredores actuales, pero con un diseño más eficiente y ajustado a las necesidades actuales, en el marco de las previsiones de la Ley de
movilidad sostenible.
7. Continuar los trabajos que permitan publicar las órdenes de convocatoria y puesta en marcha para garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo, en virtud de la cual, se regula la
financiación de un Plan nacional del transporte marítimo, financiado con los derechos recaudados al sector, y dirigido a la mejora de la eficiencia energética de los buques e infraestructuras portuarias, el desarrollo de tecnologías innovadoras,
infraestructuras asociadas y combustibles alternativos sostenibles, tal y como establece la disposición adicional trigésimo segunda de la Ley de Movilidad Sostenible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026. Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de
Movilidad Sostenible, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 535, de 22 de mayo de 2026, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata la primera fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para
solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad, tal y como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad
Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.
2. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata la segunda fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para
solventar el resto de los problemas en la infraestructura, tras un proceso de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios, tal y como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber
incumplido el plazo legal del 5 de abril.
3. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes,
incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia, tal y como establece el apartado 2 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.
4. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras, que provoquen más de 20 minutos de retraso en un
trayecto ferroviario, tal y como establece el apartado 3 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.
5. Cumplir la Ley, y recuperar de manera inmediata los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de
retraso, del 50 % y al 100 % del importe, respectivamente, tal y como establece la disposición adicional trigésima primera de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 1 de enero.
6. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d,
incluso de ocasión o usados, tal y como establece la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de marzo.
7. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Plan de Convergencia para el acceso básico a la movilidad para este año 2026 para identificar y, planificar la corrección del desequilibrio territorial
existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, tal y como establece la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Movilidad Sostenible.
8. Cumplir la Ley, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional, tal y como
establece el apartado 3 del artículo 48 de la Ley de Movilidad Sostenible, así como incorporar en las nuevas licitaciones los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de
conectividad no atendidas por el Gobierno.
9. Cumplir la Ley, y publicar de manera inmediata las órdenes de convocatoria y puesta en marcha para garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el
ámbito del transporte marítimo, en virtud de la cual, se regula la financiación de un Plan nacional del transporte marítimo, financiado con los derechos recaudados al sector, y dirigido a la mejora de la eficiencia energética de los buques e
infraestructuras portuarias, el desarrollo de tecnologías innovadoras, infraestructuras asociadas y combustibles alternativos sostenibles, tal y como establece la disposición adicional trigésima segunda de la Ley de Movilidad Sostenible.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000203
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, a la Ministra de Igualdad sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las
personas LGTBIQ+, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada de Compromís Àgueda Micó i Micó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente interpelación urgente a la
Ministra de Igualdad, sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas LGTBIQ+.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.Àgueda Micó Micó, Diputada.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000213
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el impacto en el sector agroalimentario y en la
cohesión territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente al ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el impacto en el sector agroalimentario y en la cohesión territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Gabriel Rufián Romero y Teresa Jordà i Roura, Portavoces del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instància de la Diputada Teresa Jordà i Roura a l'empara del que es disposa en l'article 180 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel·lació urgent al ministre d'Agricultura, Pesca
i Alimentació sobre l'impacte al sector agroalimentari i a la cohesió territorial del nou marc financer pluriennal de la Unió Europea, per al seu debat en Ple.
Congrés dels Diputats, 11 juny de 2026.Gabriel Gabriel Rufián Romero, Portaveu G.P. Republicà.Teresa Jordà i Roura, Portaveu Adj. GP Republicà.
172/000214
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre la insostenible situación
del Gobierno de España y sus responsabilidades en la misma, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente al ministro de Política Territorial y
Memoria Democrática sobre la insostenible situación del Gobierno de España y sus responsabilidades en la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000215
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación del sector primario español ante la nueva
propuesta de
Política Agraria Común y el Acuerdo de Mercosur, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación
del Sector Primario español ante la nueva propuesta de Política Agraria Común y el Acuerdo de Mercosur.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000178
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).
Exposición de motivos
La prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME) fue creada con el propósito de garantizar que los progenitores o cuidadores puedan reducir su jornada laboral para atender a sus hijos gravemente enfermos, sin ver comprometida
de forma drástica su situación económica.
Se trata de una medida que reconoce el derecho de los menores con enfermedades graves o crónicas a recibir los cuidados y la atención continuada de sus padres o tutores, así como la necesidad de apoyar a las familias en un momento de
especial vulnerabilidad.
Sin embargo, la aplicación práctica de esta prestación dista mucho de su espíritu original.
Cada vez son más las familias que denuncian graves dificultades para acceder y mantener la ayuda, debido a criterios restrictivos, interpretaciones arbitrarias y una gestión desigual por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, que son las entidades encargadas de tramitar y supervisar la CUME.
A ello se suma un problema estructural que la normativa vigente no ha resuelto: la edad máxima de acceso y mantenimiento de la prestación. La extinción automática del derecho cuando el menor cumple 23 años o 26 en caso de discapacidad
igual o superior al 65 % no se corresponde con la realidad clínica de muchas enfermedades graves, que requieren cuidados directos, continuos y permanentes más allá de esa edad. Esta limitación deja sin protección a jóvenes que siguen necesitando
asistencia intensiva y obliga a sus familias a afrontar una situación de desamparo incompatible con la finalidad protectora de la CUME.
Además, la ausencia de un mecanismo eficaz de resolución de discrepancias ha dejado a las familias sin una vía rápida y efectiva para abordar los conflictos derivados de los distintos criterios aplicados por las mutuas, obligándolas en
muchos casos a acudir a la vía judicial.
A todo ello se añade que el reglamento que desarrolla la prestación el Real Decreto 1148/2011 ha quedado claramente desfasado. Su redacción no refleja la realidad asistencial actual, no incorpora los avances médicos y sociales de la
última década, mantiene requisitos que excluyen patologías que sí requieren cuidados intensivos (como la hospitalización no prolongada, el tratamiento ambulatorio o el hospital de día), y no contempla adecuadamente situaciones hoy habituales como la
custodia compartida, las familias monoparentales, las enfermedades crónicas sin expectativa de mejoría o la necesidad de prórrogas más amplias. Esta obsolescencia normativa es el origen de buena parte de los conflictos, desigualdades y litigios que
sufren las familias.
El resultado es que muchas familias se ven obligadas a compatibilizar la atención permanente de sus hijos e hijas enfermos con litigar para obtener o mantener un derecho que ya les corresponde, con un alto coste emocional, económico y
social.
Igualmente, se ha detectado una grave desigualdad en el tratamiento de los trabajadores autónomos que perciben la prestación CUME. A diferencia de otros supuestos de protección social (como la incapacidad temporal, el riesgo durante el
embarazo o el nacimiento y cuidado de menor), la CUME no figura entre las exclusiones del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, lo que provoca que las bases de cotización de los autónomos se sometan a regularización anual,
reduciendo indebidamente sus períodos de cotización y situándolos en clara desventaja respecto a los trabajadores por cuenta ajena.
Se hace necesario revisar y reformar el marco normativo y procedimental de la prestación CUME, con el fin de garantizar su correcta aplicación, reforzar la seguridad jurídica de las familias, y asegurar que el acceso a esta ayuda no dependa
del criterio interpretativo de cada entidad gestora, sino de la realidad médica y asistencial de los menores afectados.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Real Decreto 1148/2011, así como la modificación de la Ley General de Seguridad Social, con las siguientes medidas prioritarias:
1. Prever la prórroga excepcional del derecho a la prestación a más allá de los 26 años vinculado al grado alto de discapacidad y de alta dependencia.
2. Creación de una unidad técnica de resolución rápida a la Dirección General de la Seguridad Social, con capacidad para analizar los casos, emitir criterios vinculantes y
evitar la judicialización sistemática de los conflictos entre familias y mutuas en el plazo de tres meses.
3. Clarificación normativa del concepto de «situación protegida», garantizando que la reducción de jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, así como facilitación de los trámites y procedimientos para el
reconocimiento de la prestación.
4. Reconocimiento expreso de los ingresos hospitalarios no necesariamente prolongados, incluyendo hospitalización ambulatoria, domiciliaria o en régimen de día, cuando los cuidados directos y continuos sean acreditados por los servicios
médicos públicos.
5. Actualización y carácter abierto del listado de enfermedades graves, incorporando expresamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA grado 3 o severo) y evitando interpretaciones restrictivas que excluyen enfermedades raras o
sindrómicas.
6. Refuerzo de la protección de las familias monoparentales, separadas o con custodia compartida, adaptando los periodos de alternancia a la realidad de la convivencia y establecimiento de un marco efectivo de apoyo y protección para las
personas cuidadoras tras la finalización de la prestación por cuidado de menores afectados con cáncer u otra enfermedad grave.
7. Inclusión plena de las personas trabajadoras a tiempo parcial y funcionarios públicos.
8. Homogeneización y transparencia en el cálculo y actualización de las bases reguladoras, estableciendo formularios y procedimientos comunes para todas las mutuas.
9. Racionalización de las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes en enfermedades crónicas o irreversibles a un periodo mínimo de doce meses, para evitar cargas burocráticas innecesarias sobre las familias y el sistema
sanitario.
10. Establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras.
11. Modificación del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, para incluir expresamente la prestación CUME entre los supuestos excluidos de regularización anual de cotizaciones de los trabajadores autónomos, garantizando que
sus bases de cotización adquieran carácter definitivo mientras perciban esta prestación, en igualdad de trato con el resto de prestaciones de protección social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancia del diputado Josep Maria Cervera i Pinart, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del Reglamento de la Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a
la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).
Enmienda
De modificación.
Se propone añadir un nuevo punto con el siguiente texto:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Real Decreto 1148/2011, así como la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, con las siguientes medidas prioritarias:
[ ]
12. Modificación del artículo 190.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para no condicionar la prestación CUME a que ambos progenitores
trabajen.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.Josep Maria Cervera Pinart, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Maria Cervera i Pinart, a lempara del que estableix larticle 194.2 i següents del Reglament del Congrés dels Diputats, presenta la següent esmena a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).
Congrés dels Diputats, 16 de juny de 2026.Josep Maria Cervera Pinart, Diputat GP Junts per Catalunya.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vox (GP VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que
piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME), presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), cuyo debate está incluido en el Punto núm. 5 del orden
del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el día 16 de junio de 2026.
Enmienda
De adición.
Texto que se propone:
Se propone la modificación de la parte dispositiva, cuyo texto queda redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una reforma del Real Decreto 1148/2011, así como la modificación de la Ley General de Seguridad Social, con las siguientes medidas prioritarias:
1. Prever la prórroga excepcional del derecho a la prestación a más allá de los 26 años vinculado al grado alto de discapacidad y de alta dependencia.
2. Creación de una unidad técnica de resolución rápida a la Dirección General de la Seguridad Social, con capacidad para analizar los casos, emitir criterios vinculantes y evitar la judicialización sistemática de los conflictos entre
familias y mutuas en el plazo de tres meses.
3. Clarificación normativa del concepto de «situación protegida», garantizando que la reducción de jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, así como facilitación de los trámites y procedimientos para el
reconocimiento de la prestación.
4. Reconocimiento expreso de los ingresos hospitalarios no necesariamente prolongados, incluyendo hospitalización ambulatoria, domiciliaria o en régimen de día, cuando los cuidados directos y continuos sean acreditados por los servicios
médicos públicos.
5. Actualización y carácter abierto del listado de enfermedades graves, incorporando expresamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA grado 3 o severo) y evitando interpretaciones restrictivas que excluyen enfermedades raras o
sindrómicas.
6. Refuerzo de la protección de las familias monoparentales, separadas o con custodia compartida, adaptando los periodos de alternancia a la realidad de la convivencia y establecimiento de un marco efectivo de apoyo y protección para las
personas cuidadoras tras la finalización de la prestación por cuidado de menores afectados con cáncer u otra enfermedad grave.
7. Inclusión plena de las personas trabajadoras a tiempo parcial y funcionarios públicos.
8. Homogeneización y transparencia en el cálculo y actualización de las bases reguladoras, estableciendo formularios y procedimientos comunes para todas las mutuas.
9. Racionalización de las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes en enfermedades crónicas o irreversibles a un periodo mínimo de doce meses, para evitar cargas burocráticas innecesarias sobre las familias y el sistema
sanitario.
10. Establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras.
11. Modificación del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, para incluir expresamente la prestación CUME entre los supuestos excluidos de regularización anual de cotizaciones de los trabajadores autónomos, garantizando que
sus bases de cotización adquieran carácter definitivo mientras perciban esta prestación, en igualdad de trato con el resto de prestaciones de protección social.
12. Permitir que, en el seno de la familia, sean los padres quienes escojan cómo se reducirá la jornada laboral para atender al cuidado, pudiendo percibir el subsidio de forma prorrateada entre ambos y en proporción a la reducción
solicitada.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME).
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un nuevo Reglamento para la aplicación de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), con una regulación sistemática y
coherente que, entre otros extremos, deberá contener las mejoras que se han ido produciendo desde su puesta en funcionamiento en 2011, que atienda las necesidades reales de protección de las familias, cambiantes desde un punto de vista social y dada
la evolución constante de la medicina, y que asegure una mayor transparencia y eficacia en su gestión, garantizando la homogeneidad y seguridad jurídica de la norma.
Con esta finalidad, incluirá las siguientes medidas prioritarias:
1. Revisión y mejora del régimen de duración y prórroga del subsidio, para ajustar de forma más efectiva el reconocimiento de la prestación al proceso de las patologías y necesidades de cuidado.
2. Reconocimiento de situaciones asimiladas al ingreso hospitalario, como las hospitalizaciones domiciliarias, tratamientos ambulatorios continuados, cuidados domiciliarios derivados de terapias especiales y recaídas de enfermedades graves
previamente reconocidas.
3. Clarificar el concepto de situación protegida, así como el régimen aplicable en los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, regulando con mayor precisión la concurrencia de personas beneficiarías y
la alternancia en la percepción del subsidio, especialmente en los supuestos de convivencia compartida.
4. Adaptación de la prestación a la realidad de las personas trabajadoras en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, mediante, entre otras, la actualización de las bases reguladoras teniendo en cuenta las
singularidades de su nuevo régimen de cotización.
5. Actualización del listado de enfermedades graves incluyendo nuevas patologías, como el Trastorno del Espectro Autista, y mejorar la cláusula de cierre para que pudieran tener acceso a la prestación nuevas patologías de acuerdo con la
evidencia médica y científica y evitar interpretaciones restrictivas.
6. Reforzar la objetividad, homogeneidad y transparencia en la gestión de las entidades gestoras y mutuas colaboradoras, mejorando, entre otros extremos, la acreditación médica y la supervisión.
7. Simplificar los trámites para la solicitud y la renovación de la prestación CUME, evitando cargas burocráticas innecesarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el
correcto funcionamiento de la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
«El Congreso de los Diputados insista al Gobierno a impulsar una reforma del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como la modificación de la Ley General de Seguridad Social, con las siguientes medidas prioritarias:
1. Prever la prórroga excepcional del derecho a la prestación a más allá de los 26 años vinculado al grado alto de discapacidad y de alta dependencia.
2. Creación de una unidad técnica de resolución rápida a la Dirección General de la Seguridad Social, con capacidad para analizar los casos, emitir criterios vinculantes y evitar la judicialización sistemática de los conflictos entre
familias y mutuas en el plazo de tres meses.
3. Clarificación normativa del concepto de «situación protegida», garantizando que la reducción de jornada y la prestación económica sean derechos independientes y compatibles, así como facilitación de los trámites y procedimientos para el
reconocimiento de la prestación.
4. Reconocimiento expreso de los ingresos hospitalarios no necesariamente prolongados, incluyendo hospitalización ambulatoria, domiciliaria o en régimen de día, cuando los cuidados directos y continuos sean acreditados por los servicios
médicos públicos.
5. Actualización y carácter abierto del listado de enfermedades graves, incorporando expresamente el Trastorno del Espectro Autista (TEA grado 3 o severo) y evitando interpretaciones restrictivas que excluyen enfermedades raras o
sindrómicas.
6. Refuerzo de la protección de las familias monoparentales, separadas o con custodia compartida, adaptando los periodos de alternancia a la realidad de la convivencia y establecimiento de un marco efectivo de apoyo y protección para las
personas cuidadoras tras la finalización de la prestación por cuidado de menores afectados con cáncer u otra enfermedad grave.
7. Inclusión plena de las personas trabajadoras a tiempo parcial y funcionarios públicos.
8. Homogeneización y transparencia en el cálculo y actualización de las bases reguladoras, estableciendo formularios y procedimientos comunes para todas las mutuas.
9. Racionalización de las renovaciones médicas, extendiendo la vigencia de los informes en enfermedades crónicas o irreversibles a un periodo mínimo de doce meses, para evitar cargas burocráticas innecesarias sobre las familias y el sistema
sanitario.
10. Establecimiento de sanciones ante incumplimientos reiterados por parte de las mutuas colaboradoras.
11. Modificación del artículo 309.1 de la Ley General de la Seguridad Social, para incluir expresamente la prestación CUME entre los supuestos excluidos de regularización anual de cotizaciones de los trabajadores autónomos, garantizando que
sus bases de cotización adquieran carácter definitivo mientras perciban esta prestación, en igualdad de trato con el resto de prestaciones de protección social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General Del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000179
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre
vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social.
Exposición de motivos
I
El pasado 10 de junio, este Grupo Parlamentario interpeló a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para que diese explicaciones sobre cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar que los españoles siempre vayan
primero para comprar, alquilar o recibir una vivienda social. Por su parte, tras más de 8 años de gobierno socialista, la inacción del Ejecutivo ha llevado a nuestra Nación a una crisis habitacional sin precedentes: hemos pasado de ser un país de
propietarios a uno de precarios sin casa; de la vivienda de protección oficial a la protección oficial de la ocupación, habiendo más denuncias por usurpación en 20241 (16.426 denuncias) que viviendas sociales construidas entre todas las
administraciones en ese mismo año2 (14.371).
El Gobierno, una semana antes de la interpelación realizada por este Grupo, anunció una nueva inversión de 260 millones de euros a la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 para poner en marcha «22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629
viviendas»3 e incorporarlas al parque público de vivienda, que pretende convertir en permanente. Sin embargo, un país con un déficit de 700.000 casas, tal como señala el Banco de España4; en el que se retiran 4 viviendas del mercado del alquiler
por cada una que construye el conjunto de las administraciones públicas; y que recibe más de 1 millón de inmigrantes al año5, no puede permitirse políticas de alcance testimonial ni gestiones ineficaces de los recursos públicos. Lejos de ofrecer
soluciones reales, estas actuaciones ponen de manifiesto la incapacidad del Gobierno para afrontar una de las principales preocupaciones de los españoles.
1 https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/datos.ht....
2 https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=31000000
3 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2026/2026060...
4 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/09/23/861046-el-banco-...
5 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EMCR2024.htm
II
La brecha entre oferta y demanda no deja de ampliarse. Mientras se construyen menos de 15.000 viviendas públicas al año, el número de nuevos hogares crece a un ritmo de aproximadamente 250.000 anuales6. Las propias estimaciones oficiales
prevén que, en los próximos 13 años, España sume 3,7 millones de hogares más y se estima que, para 2039, uno de cada tres hogares -7,7 millones- esté compuesto por una sola persona7. Y estas cifras no tienen en cuenta la lógica de regularizaciones
masivas que está llevando a cabo el Ejecutivo para el presente y futuro de la situación habitacional en España.
Por otro lado, la nefasta Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, entre otras, establece como uno de sus principios rectores que las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad social y/o económica
sean las principales receptoras de vivienda pública y social, así como de las ayudas, prestaciones y recursos públicos que garanticen el acceso de las mismas a la vivienda8. Sin embargo, se ha consolidado un modelo basado en principios ideológicos
que identifican de forma automática la vulnerabilidad con la inmigración, lo que en la práctica favorece y prioriza al extranjero en detrimento del español. Esta concepción ignora que millones de españoles padecen graves dificultades para
independizarse, alquilar o adquirir una vivienda, aun habiendo contribuido al sostenimiento del sistema con su trabajo y esfuerzo. Como consecuencia, los españoles quedan relegados, atrapados entre unos precios inasumibles y unas políticas públicas
que los excluyen de la posibilidad de la tenencia o el alquiler.
Sin ir más lejos, mientras el 85 % de los jóvenes continúa viviendo en casa de sus padres y encuentra enormes dificultades para emanciparse y constituir nuevos hogares9, el Ejecutivo destina ingentes recursos a programas dirigidos a
facilitar el acceso a la vivienda por parte de inmigrantes. Según reconoce el propio Gobierno en una respuesta a una pregunta escrita formulada por el Grupo Parlamentario VOX, dichos programas incluyen medidas para favorecer su «autonomía»,
mediante el acompañamiento en «el proceso de la búsqueda de vivienda», así como actuaciones que permiten a las distintas administraciones «hacer seguimiento social durante este periodo, o proporcionar ayudas económicas para el alquiler, como el pago
parcial del alquiler mensual o el pago de suministros básicos»10.
Pero esta política endofóbica no es exclusiva del ámbito estatal, sino que también se extiende a las iniciativas impulsadas por gobiernos regionales y entidades locales. Por ejemplo, el 36,1 % de los beneficiarios en la adjudicación de
«Viviendas de Protección Oficial de Majadahonda 2024-2025» han sido extranjeros11. Teniendo en cuenta que la población extranjera del municipio es el 11,9 % del total, existe una sobrerrepresentación del 203 % en esta adjudicación. En Andalucía,
por su parte, uno de cada tres beneficiarios de las ayudas al alquiler en 2024 fueron extranjeros, llegando a recibir, en algunos casos, ayudas por cuantía de hasta 6.000 euros12. En otros territorios como en 6
https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECP4T25.htm
7 https://www.ine.es/dyngs/Prensa/PROH20242039.htm
8 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-12203
9 https://www.cje.org/la-emancipacion-juvenil-cae-a-minimos-historicos-en-un-segun....
10 https://app.congreso.es/contestaciones/viewPDF?numeroRegistro=113632&codigoTipoE...
11 https://gaceta.es/espana/los-inmigrantes-estan-sobrerrepresentados-un-203-entre-...
12 https://gaceta.es/espana/uno-de-cada-tres-beneficiarios-de-las-ayudas-al-alquile....
Galicia13, Cataluña14 o País Vasco15, se producen situaciones similares. En definitiva, cuando se privilegia al de fuera, se excluye al español.
El resultado de la política de fronteras abiertas y de convertir España en la casa de todo el mundo tiene consecuencias. La entrada de más de 1 millón de extranjeros al año en los últimos 5 años16, combinada con la drástica reducción de
vivienda disponible, ha provocado un incremento del 30 % en el precio de los alquileres17, lo que inevitablemente se traduce en precariedad y exclusión residencial, sinhogarismo, prechabolismo y hacinamiento. Sin ir más lejos, 3,2 millones de
personas que buscaron casa activamente en 2025 no la encontraron18.
Asimismo, los españoles se ven atrapados en una dinámica que los desplaza progresivamente hacia los márgenes. Los más acomodados son expulsados a otras zonas de menor renta por fondos extranjeros y por los ricos del mundo que hacen de
ciudades como Madrid su porfolio de inversiones particular, generando un efecto dominó sobre el conjunto del mercado. Como consecuencia, las cada vez más exiguas clases medias españolas se ven obligadas a trasladarse a barrios con precios más
populares, desplazando a su vez a quienes disponen de menos recursos, y así sucesivamente.
El resultado es que existen zonas donde los españoles ya no pueden vivir: unas, por un clima irrespirable de delincuencia, inseguridad y pérdida de los referentes socioculturales que daban identidad al entorno; otras, por unos precios
desorbitados inflados artificialmente. Y, entre ambos extremos, el español queda atrapado entre zonas que se vuelven inalcanzables y otras inhabitables.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario VOX vuelve a registrar una moción consecuencia de interpelación urgente con el objetivo de priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda social, así como a todas las ayudas, prestaciones y
recursos públicos que coadyuven a la consecución de este fin.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Para abordar el exceso de demanda:
1. Detener de raíz todas las políticas migratorias de efecto llamada, fronteras abiertas, regularizaciones masivas y concesión abusiva de la nacionalidad que han incrementado extraordinariamente la demanda de vivienda en España.
2. Proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España y a la deportación de los que, al margen de su situación administrativa, cometan delitos o traten de imponer costumbres o valores ajenos a la
cultura occidental. Favorecer la remigración y el retorno de todos aquellos extranjeros que no trabajan, no contribuyen al sistema y viven de ayudas públicas.
3. Establecer un sistema de acceso a vivienda protegida, alquiler social o ayudas a la vivienda inspirado en el principio de prioridad nacional y que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a los españoles. Este sistema
incluirá la exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico de larga duración en España, y valorará positivamente, junto a los años de residencia en España del 13
https://igvs.xunta.gal/sites/default/files/vps/20260116_vpp_a-coruna_c2021010_in...
14 https://gaceta.es/espana/el-gobierno-de-illa-psc-adjudica-el-53-de-las-viviendas...
15 https://gaceta.es/espana/el-gobierno-vasco-presenta-la-adjudicacion-de-nuevas-vi....
16 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=69688&L=0
17 https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2025/03/13/836272-5-anos-de...
18 https://www.elconfidencial.com/economia/2026-04-27/dos-de-cada-tres-que-buscan-v...
solicitante, su contribución al sistema, la actividad laboral y formativa, la trayectoria de cotización, la vinculación familiar y cuantos criterios acrediten relación real, duradera y efectiva.
4. Modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución completa de la prioridad nacional en
vivienda protegida, alquiler social o ayudas a la vivienda.
5. Modificar la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social a fin de establecer como requisito
constitutivo para la celebración de un contrato de arrendamiento estar en situación legal en España.
6. Implantar mecanismos reforzados de control y verificación padronal para prevenir empadronamientos fraudulentos, situaciones de sobreocupación, pisos patera y utilización irregular de inmuebles, estableciendo sistemas automáticos de
alerta, procedimientos de comprobación municipal e inspecciones específicas.
7. Reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local para impedir que el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente, utilizados de forma fraudulenta o vinculados a situaciones de inmigración ilegal
pueda generar efectos habilitantes en procedimientos de arraigo, regularización administrativa, acceso a ayudas públicas o adjudicación de vivienda.
8. Impulsar las modificaciones legales necesarias para establecer un marco diferenciado de tributación y regulación de las adquisiciones de vivienda, priorizando el acceso a la vivienda habitual de los españoles frente a fondos,
corporaciones y compradores extranjeros. Dicho sistema incluirá:
a) La eliminación o reducción significativa de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles. Hasta la supresión total de dichos impuestos se promoverán mecanismos de
aplazamiento, fraccionamiento o diferimiento del pago de los tributos asociados a la adquisición de vivienda habitual hasta 15 años sin intereses, con el objetivo de reducir las barreras económicas de acceso a la vivienda y favorecer la formación de
hogares.
b) Un régimen fiscal intermedio para las adquisiciones destinadas a incrementar efectivamente la oferta residencial por parte de empresas o personas físicas, en los casos de promoción de nueva vivienda destinada al alquiler estable de larga
duración, rehabilitación integral de inmuebles degradados o vacíos, e incorporación de vivienda infrautilizada al mercado residencial permanente. Dichas condiciones estarán sujetas al mantenimiento del uso residencial durante un período mínimo de
tiempo y al cumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos para favorecer el acceso asequible a la vivienda a jóvenes, familias y trabajadores españoles.
c) Un régimen fiscal agravado y de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas o extractivas de fondos o sociedades que contribuyan al encarecimiento de la vivienda, al acaparamiento de suelo residencial o a
la expulsión de población española del mercado de acceso a la vivienda.
La recaudación derivada de los regímenes fiscales especiales se destinará prioritariamente a programas de rehabilitación urbana, construcción de vivienda protegida y bonificaciones fiscales para el acceso a la vivienda habitual de jóvenes,
familias y trabajadores españoles.
Para abordar la falta de oferta:
9. Fomentar la construcción masiva de viviendas protegidas mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada: cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales a financiación y créditos blandos, con el fin de garantizar que los
jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos. A tal efecto, deberá incrementarse el presupuesto público en vivienda.
10. Facilitar la construcción de vivienda libre mediante la aceleración de los procesos de transformación y desarrollo de suelo, la simplificación administrativa y urbanística, la reducción de trabas burocráticas y cargas regulatorias y el
alivio de la presión fiscal vinculada a la promoción y construcción de vivienda.
11. Derogar la Ley de Vivienda y poner fin a todos los experimentos ideológicos sobre los arrendamientos que han llevado a un desplome de la mitad de la oferta en los últimos seis años. A tal efecto, promover un modelo de alquileres que
armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000180
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la valoración que hace el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno
sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno.
Exposición de motivos
33 meses después de la toma de posesión del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, todos los posibles Indicadores demuestran que el Gobierno no está ejecutando ningún tipo de programa político coherente más allá de su propia
supervivencia.
La primera y más evidente prueba de esto es que la mayoría que aprobó la investidura del Gobierno ha sido incapaz de aprobar una sola Ley de Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura. Es más, el Gobierno no sólo es que no haya
encontrado el apoyo de las Cortes para sus Presupuestos: directamente no lo ha buscado. Ha incumplido de forma reiterada el mandato constitucional de remitir a las Cortes su proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y someterlo a
enmienda, debate y votación en las Cámaras.
El proyecto político que no se ha podido, por tanto, concretar en unos Presupuestos, tampoco ha sido sometido a debate en el Congreso por medio de un Debate de Política General (también conocido como Debate sobre el Estado de la Nación),
pues el Gobierno ha renunciado durante toda la legislatura a solicitar al Congreso la celebración del mismo, probablemente previendo su incapacidad de conseguir reunir apoyo para la votación de las resoluciones programáticas que deben derivarse de
dicho debate.
Respecto a su acción legislativa, el Gobierno se ufana de haber aprobado más de 60 textos legales en estos dos años y medio. Lo que oculta es que esta cifra supone la
menor producción legislativa en el mismo período de tiempo de cualquier legislatura española desde 1978. Otros gobiernos en minoría como el de Aznar en 1996 o el de Rodríguez Zapatero en 2004 aprobaron en sus 33 primeros meses más de 100
iniciativas legislativas.
Por otro lado, más de la mitad de esa producción en esta legislatura se debe a la convalidación de reales decretos-leyes, con lo que esto supone de hurtar la capacidad de enmienda, discusión y debate por parte de los grupos políticos en las
Cortes Generales.
Además, esta constatación de la absoluta ineficacia del Gobierno para cumplir con su propio programa político se combina con la abierta rebeldía con la que el Gobierno rehúsa cumplir los acuerdos que las Cortes Generales adoptan por mayoría
y que le exigen cambiar o revertir parte de sus políticas: ya sea corregir su falta de política migratoria; enmendar las debilidades de su política energética; eliminar el intervencionismo de su política de vivienda o relajar su voraz política
fiscal.
En consecuencia, si el Gobierno del presidente Sánchez no tiene ni la capacidad ni las mayorías para ejecutar el programa político al que se comprometió en la investidura pero tampoco tiene la cintura suficiente como para acatar la senda
política alternativa a la que le insta al Congreso mediante votaciones mayoritarias ¿cuál es el sentido de la continuación de esta legislatura?
La respuesta a esa pregunta sólo puede estar en las diferentes investigaciones policiales y judiciales por presuntos casos de corrupción iniciadas por distintos cuerpos y órganos judiciales a lo largo de nuestro país y que afectan al
Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez.
Casos que han llevado a la cárcel a los dos secretarios de organización del PSOE nombrados por Sánchez, que han sentado en el banquillo a un ministro de su Gobierno y a múltiples altos cargos y ex altos cargos.
Unas investigaciones que no sólo revelan las prácticas sostenidas por este Gobierno (manipulación de contratos, uso de sociedades opacas, sobornos, chantajes, pagos con fondos públicos a mujeres relacionadas con ministros ) sino que también
ejemplifican el interés que el núcleo duro del PSOE tenía por mantener a toda costa el poder: conservar esta lucrativa red de intereses y utilizar los resortes del Estado para protegerse obstaculizando su investigación policial y judicial.
En este sentido, es especialmente revelador el descubrimiento de la existencia de una «cloaca» en Ferraz: un grupo de operativos presuntamente financiados y organizados desde la sede del PSOE para atacar a agentes de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, fiscales o magistrados que estaban investigando los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno. Se ha acreditado ya que dicho grupo, comandado por Leire Diez, contaba con acceso a la dirección del PSOE, a la
cúpula del Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado y nadie ha asumido hasta la fecha ninguna responsabilidad política por haber propiciado y facilitado la actividad de esta organización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados:
1. Censura la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza de la Cámara: la tramitación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno.
2. Constata el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas
legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático.
3. Constata la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han
desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes.
4. Insta al Gobierno de España a depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el Partido Socialista Obrero Español para
entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vox (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre la valoración
que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno, que se debatirá como punto 7 del orden de día en la sesión n.º 186 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 16 de junio de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados:
1. Censura la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza de la Cámara: la tramitación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno.
2. Constata el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas
legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático.
3. Constata la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han
desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al ex ministro de Transportes.
4. lnsta al Gobierno de España a:
a) depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el Partido Socialista Obrero Español para entorpecer las investigaciones
judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.
b) poner fin a la gravísima degradación institucional promovida desde su seno, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho.
c) promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre
los propios jueces y magistrados; y de imponer la observancia exclusiva del criterio reglado de la antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de
Justicia;
d) retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y, en general, abstenerse de formular cualquier propuesta legislativa que pueda comprometer en lo más mínimo la
neutralidad, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus miembros;
e) renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa; e igualmente a cualquier tipo
de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales;
f) cesar en sus continuos ataques a la Justicia, y colaborar plenamente en el esclarecimiento de la trama de corrupción en el seno del Partido Socialista Obrero Español que vincula a numerosos miembros del Gobierno y a la familia y entorno
más cercano de su Presidente.
g) abandonar su inaceptable actitud de colonización de las principales instituciones del Estado por personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la valoración que hace el Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa de la situación de extrema debilidad del Gobierno, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara:
«EI Congreso de los Diputados:
1. Censura la anomalía que implica no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno conserva la confianza de la Cámara: la tramitación de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y la celebración de un Debate del Estado de la Nación con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno.
2. Constata el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura, con un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas
legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual período democrático.
3. Constata la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción que se han producido en relación con sus actividades y las del PSOE y que han
desembocado en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluyendo al exministro de Transportes.
4. Insta al Gobierno de España a depurar responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno en actuaciones financiadas por el Partido Socialista Obrero Español para
entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y el entorno familiar del presidente Sánchez.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.