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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 555, de 23/06/2026
cve: BOCG-15-D-555
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de junio de 2026
Núm. 555
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003558
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la condena de los ataques de Marruecos en el Sáhara Occidental ... (Página5)
161/003566
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición de España ante la Cumbre de la OTAN de Ankara y al impulso del flanco sur como prioridad estratégica de la Alianza ...
161/003567
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del comercio internacional abierto, justo y basado en reglas como eje de la política exterior ... (Página9)
161/003568
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de apoyo al proceso de transición a la democracia iniciado en Bolivia y respuesta institucional al desafío promovido por el populismo frente a las
autoridades legítimas del país ... (Página11)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003561
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para exigir la finalización urgente del tramo Sabiñanigo Este-Sabiñanigo Oeste (variante de Sabiñanigo) de la A23 en la provincia de Huesca ...
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003539
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la garantía del acceso social al deporte profesional, en su dimensión colectiva y de movilidad ... (Página14)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003546
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación del Grupo Tubos Reunidos y su incidencia en el empleo y la industria en Araba y Bizkaia ... (Página16)
161/003553
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la jubilación anticipada del personal del Servicio de Guardacostas de Galicia ... (Página19)
Comisión de Industria y Turismo
161/003538
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el crecimiento y productividad de las pequeñas y medianas empresas ... (Página22)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003562
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el impulso de una Estrategia de refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales ... (Página27)
161/003563
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la detección, prevención y respuesta integral frente al maltrato a las personas mayores ... (Página29)
Comisión de Cultura
161/003560
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección del patrimonio cultural en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición ... (Página31)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003552
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Software Libre ... (Página33)
Comisión de Juventud e Infancia
161/003547
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al acceso real y efectivo a las líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños y adolescentes ... (Página35)
161/003550
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para el estudio del impacto psicológico de las máquinas de recompensa en menores y su relación con el inicio de adicciones sin sustancia ...
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003548
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre nuevo enfoque en la regulación de los centros ocupacionales de personas con discapacidad ... (Página38)
161/003549
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre atención integral a las personas con amputaciones ... (Página39)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001854
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre condena por el Gobierno de los ataques con drones perpetrados por Marruecos el 07/06/2026, en los que fue asesinado el dirigente del Frente Polisario, Lahbib Mohamed
Abdelaziz, y otros dos miembros de la organización ... (Página42)
Comisión de Defensa
181/001856
Pregunta formulada por el Diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal (GR), sobre previsiones acerca de la apertura de una investigación exhaustiva sobre los casos documentados de suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de
abusos vinculados al servicio militar obligatorio durante las décadas de 1980 y 1990, así como asegurando la protección de las víctimas y familiares y analizando las posibles responsabilidades ... (Página42)
181/001857
Pregunta formulada por el Diputado José Enrique Núñez Guijarro (GP), sobre estado actual del estudio de viabilidad encargado a Navantia por la Armada en relación con un nuevo portaaviones convencional, así como del calendario previsto para
su entrega y, en su caso, para la adopción de una decisión política y presupuestaria al respecto ... (Página42)
181/001858
Pregunta formulada por el Diputado José Enrique Núñez Guijarro (GP), sobre contactos que está manteniendo el Ministerio de Defensa con Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAS) tras afirmar el consejero-delegado de dicha empresa durante la
celebración de la feria internacional de defensa SAHA Expo 2026 sobre la existencia de contactos formales «de Gobierno a Gobierno» entre España y Turquía para abordar el posible interés de España en el caza de quinta generación KAAN, así como la
existencia de un «requerimiento» del Ejército del Aire y del Espacio respecto de un caza de quinta generación superior ... (Página43)
181/001859
Pregunta formulada por el Diputado José Enrique Núñez Guijarro (GP), sobre planes que tiene el Ministerio de Defensa respecto del AV-8B Harrier II Plus ante la retirada oficial de dicho modelo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
(USMC) prevista para el mes de junio de 2026, así como la próxima baja anunciada por la Marina Militare italiana ... (Página43)
181/001860
Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre alternativas que contempla el Ministerio de Defensa ante el fin del proyecto FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) ...
181/001861
Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre posición que ha mantenido del Ministerio de Defensa en la toma de decisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales respecto al
proceso de fusión de la empresa participada Indra Group con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), habida cuenta de que la Secretaría de Estado de Defensa es miembro del Consejo de Administración de la SEPI ...
181/001862
Pregunta formulada por los Diputados Carlos Rojas García (GP) y Conde Bajén, Agustín (GP), sobre posición del Reino de España ante la próxima Cumbre de la OTAN de 2026 que se celebrará los días 7 y 8/7/2026 en el Complejo Presidencial de
Bestepe (Külliye) en Ankara, Turquía ... (Página44)
Comisión de Interior
181/001849
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre confirmación del Ministerio del Interior de que no existe ningún médico funcionario en activo en el Centro Penitenciario de El Dueso
(Cantabria) ... (Página44)
181/001850
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre número de plazas de facultativos que figuran en la relación de puestos de trabajo del Centro Penitenciario de El Dueso y número de
dichas plazas que se encuentran vacantes ... (Página44)
181/001851
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre actuaciones urgentes que piensa adoptar el Ministerio del Interior para garantizar la asistencia sanitaria permanente a los internos
del Centro Penitenciario de El Dueso ... (Página44)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001855
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca del establecimiento de los canales oportunos de diálogo con el Ayuntamiento de Arzúa para asegurar la colaboración económica del Gobierno en la
reparación de todos los daños ocasionados por las obras de la A-54 en la red viaria municipal y la puesta en marcha de un plan extraordinario de seguridad vial ... (Página45)
Comisión de Industria y Turismo
181/001847
Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre medidas que pretende adoptar el Gobierno para evitar que la incertidumbre sobre
las ayudas a la compra de vehículos y su política de electrificación perjudiquen a la industria automovilística y a la red de concesionarios en España ... (Página45)
181/001852
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre fecha prevista por el Gobierno para proceder a la efectiva aprobación de la propuesta normativa de mercado de capacidad para el
sistema eléctrico español ... (Página46)
181/001853
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre fecha en que, de acuerdo con los pronósticos del Gobierno, tendría lugar la convocatoria de las primeras subastas de capacidad
para el sistema eléctrico español, tanto de largo como de corto plazo ... (Página46)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001845
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre posición del Gobierno en relación con la selección por parte de la Unión Europea de la mina de Doade en Beariz como proyecto estratégico de materias primas críticas dentro
del plan ReArm ... (Página46)
Comisión de Sanidad
181/001848
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre razón por la que empeora la salud mental de los profesionales sanitarios, especialmente entre los médicos
residentes ... (Página47)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003558
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la condena de los ataques de Marruecos en el Sáhara Occidental, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Las Fuerzas Armadas de Marruecos asesinaron el pasado domingo 7 de junio a tres miembros del Frente Polisario del Sáhara Occidental, entre ellos Lahbib M. Abdelaziz, dirigente del Frente e hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz,
en un ataque con drones que coincidió con la visita a los campamentos de refugiados de Tinduf del enviado de la ONU para el territorio del Sáhara, Staffan de Mistura.
Hemos denunciado en numerosas ocasiones la constante vulneración de los derechos humanos del pueblo saharaui por parte de Marruecos, que lleva a cabo de forma permanente una política de ocupación de los territorios saharauis y somete al
pueblo saharaui a una continua situación de violencia y agresión, vulnerando el derecho internacional, al mismo tiempo que ejerce la represión y la persecución y no permite al pueblo saharaui vivir en paz en su propio país, sino que es desplazado y
vive en condiciones durísimas en campamentos, mientras expolia sus recursos naturales y mantiene en la cárcel a cientos de saharauis por el hecho de reclamar sus derechos más esenciales.
Marruecos está llevando a cabo una limpieza étnica calculada del pueblo saharaui con agresiones, violencia y la ocupación de sus territorios, y los reiterados ataques, como este último, demuestran nula predisposición a la resolución del
conflicto y al restablecimiento de la paz, con el respaldo del Estado español.
Así pues, es urgente e imperativo que el Estado español recupere su posición respecto del Sáhara, empezando por la condena contundente de los recientes asesinatos de los miembros del Frente Polisario, así como el rechazo de los postulados
colonialistas de Marruecos y de Estados Unidos, para recuperar una decidida defensa del derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
El BNG reclama, por tanto, al Gobierno que vuelva a las posiciones históricas, apoye el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, siguiendo las resoluciones de la ONU y el trabajo de la MINURSO y la celebración del referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Condenar de forma contundente los ataques con drones perpetrados por Marruecos el pasado 7 de junio, en los que fue asesinado el dirigente del Frente Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz, y otros dos miembros de la organización.
2. Denunciar ante la comunidad internacional los constantes ataques de Marruecos contra la población saharaui y exigir el respeto a los derechos humanos, el fin de las políticas de colonización y ocupación de los territorios saharauis.
3. Adoptar todas las medidas precisas para avanzar en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, siguiendo las resoluciones de la ONU y el trabajo de la MINURSO para que sea posible celebrar, cuanto antes, el referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á condena dos ataques de Marrocos no Sáhara Occidental para o seu debate na Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
As Forzas Armadas de Marrocos asasinaron o pasado domingo 7 de xuño a tres membros da Frente Polisario do Sáhara Occidental, entre eles, Lahbib M. Abdelaziz, dirixente da Frente e fillo do histórico líder saharauí Mohamed Abdelaziz, nun
ataque con drones coincidindo coa visita aos campamentos de refuxiados de Tinduf do enviado da ONU para o territorio do Sáhara, Staffan de Mistura.
Temos denunciado en numerosas ocasións a constante vulneración dos dereitos humanos do pobo saharauí por parte de Marrocos, que pon en práctica de forma permanente unha política de ocupación dos territorios saharauís e somete a unha continua
situación de violencia e agresión ao pobo saharauí, vulnerando o dereito internacional, ao tempo que exerce a represión, a persecución e non permite ao pobo saharauí vivir en paz no seu propio país, senón que é desprazado e vive nunhas condicións
durísimas en campamentos, mentres espolia os seus recursos naturais e mantén no cárcere a centos de saharauís polo feito de reclamar os seus dereitos máis esenciais.
Marrocos está a levar a cabo unha limpeza étnica calculada do pobo saharauí con agresións, violencia e a ocupación dos seus territorios, e os reiterados ataques, como este último, demostran nula predisposición á resolución do conflito e ao
restabelecemento da paz, co respaldo do Estado español.
Así pois, é urxente e imperativo que o Estado español recupere a súa posición a respecto do Sáhara, a comezar pola condena contundente dos recentes asasinatos dos
membros da Frente Polisario, así como o reixeitamento dos postulados colonialistas de Marrocos e dos EUA, para recuperar unha decidida defensa do dereito de autodeterminación do Sáhara Occidental.
O BNG reclama pois ao Goberno, que volva ás posicións históricas, apoie o proceso de descolonización do Sáhara Occidental, seguindo as resolucións da ONU e o traballo da MINURSO e a realización do referendo de autodeterminación do pobo
saharauí.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Condenar de forma contundente os ataques con drones perpetrados por Marrocos o pasado 7 de xuño, en que foi asasinado o dirixente da Frente Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz, e outros dous membros da organización.
2. Denunciar ante a comunidade internacional os constantes ataques de Marrocos sobre a poboación saharauí e exixir o respecto aos dereitos humanos, o fin das políticas de colonización e ocupación dos territorios saharauís.
3. Adoptar todas as medidas precisas para avanzar no proceso de descolonización do Sáhara Occidental, seguindo as resolucións da ONU e o traballo da MINURSO para que sexa posíbel realizar, canto antes, o referendo de autodeterminación do
pobo saharauí.»
Madrid, 9 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
161/003566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la posición de España ante
la Cumbre de la OTAN de Ankara y al impulso del flanco sur como prioridad estratégica de la Alianza, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La Cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026 tendrá lugar en un momento decisivo para la seguridad euroatlántica. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la persistencia de amenazas híbridas contra
las democracias europeas, el deterioro de la estabilidad en Oriente Próximo, la presión sobre rutas marítimas estratégicas, la proliferación de drones y sistemas antidrones, los ciberataques, la desinformación y la vulnerabilidad de infraestructuras
críticas configuran un escenario internacional especialmente complejo.
En este contexto, la OTAN sigue siendo un pilar esencial para la defensa colectiva, la disuasión, la estabilidad euroatlántica y la protección de las democracias frente a amenazas convencionales, híbridas y tecnológicas. España debe acudir
a la Cumbre de Ankara con una posición clara, responsable y coherente con sus compromisos internacionales, pero también con sus intereses estratégicos propios. Nuestro país no puede limitarse a acompañar las prioridades de otros aliados ni acudir a
una cita de esta relevancia sin una agenda nacional definida.
La seguridad de Europa se juega en el este, pero también en el sur. La atención prioritaria al flanco oriental, plenamente justificada por la agresión rusa contra Ucrania y por la amenaza que Rusia representa para la seguridad europea, no
debe traducirse en una
desatención del flanco sur. Para España, el Mediterráneo, el Sahel, el Magreb, Oriente Próximo y el Atlántico africano no son espacios periféricos, sino ámbitos directamente vinculados a nuestra seguridad nacional, a la estabilidad de
nuestras fronteras, a nuestras rutas comerciales y energéticas y a la protección de nuestros ciudadanos.
El deterioro de la situación en el Sahel, la expansión del terrorismo yihadista, el avance del crimen organizado transnacional, los tráficos ilícitos, la presión migratoria instrumentalizada, la inseguridad marítima, la competencia
estratégica de actores autoritarios y la creciente presencia de Rusia, China e Irán en el vecindario meridional obligan a reforzar una visión aliada de 360 grados. España, por su posición geográfica, su experiencia operativa y su conocimiento del
Mediterráneo occidental, del norte de África y del Sahel, debe desempeñar un papel activo en la definición de esa agenda.
Las recientes Conclusiones del Consejo Europeo han subrayado la necesidad de incrementar la preparación europea en materia de defensa para 2030, reducir dependencias estratégicas, abordar carencias esenciales de capacidades y reforzar la
defensa de todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de Europa. También han señalado la importancia de la movilidad militar, la defensa aérea, los sistemas de drones y antidrones, la seguridad marítima, la protección de infraestructuras
críticas y la resiliencia frente a campañas híbridas de actores hostiles. Este enfoque debe trasladarse a la posición española ante la Cumbre de Ankara.
Asimismo, la crisis en Oriente Próximo ha demostrado la vulnerabilidad de las rutas marítimas y energéticas, así como el impacto que la inestabilidad regional puede tener sobre los precios de la energía, las cadenas de suministro, la
seguridad interior y la presión migratoria. Para España, situada en una posición estratégica entre el Mediterráneo y el Atlántico, estos riesgos no son abstractos. Exigen anticipación, coordinación con los aliados y una política exterior seria,
orientada a proteger intereses nacionales concretos.
La Cumbre de Ankara debe servir, por tanto, para reafirmar la unidad de los aliados, mantener el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa y, al mismo tiempo, reforzar la atención efectiva de la Alianza al flanco sur. España debe defender
que la seguridad del Mediterráneo, del Sahel y del Atlántico africano forme parte central de la agenda aliada, con especial atención a la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, la protección de rutas energéticas y comerciales, la
prevención de amenazas híbridas, el control de tráficos ilícitos y la protección de infraestructuras críticas.
Del mismo modo, resulta imprescindible reforzar la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea, evitando duplicidades y aprovechando las capacidades complementarias de ambas organizaciones. La movilidad militar, la ciberseguridad, la
resiliencia democrática, la defensa aérea, los sistemas antidrones, la seguridad espacial y la base tecnológica e industrial de defensa son ámbitos en los que España debe tener una participación activa y defender oportunidades para sus Fuerzas
Armadas y para su tejido industrial y tecnológico.
Una cita de esta relevancia exige, además, transparencia y control parlamentario. El Gobierno debe explicar ante las Cortes Generales qué posición defenderá España, cuáles son sus prioridades nacionales, qué compromisos pretende asumir y
cómo afectarán dichos acuerdos a la seguridad nacional, a la política exterior española y a nuestra posición dentro de la Alianza Atlántica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar ante la Cumbre de la OTAN de Ankara el compromiso de España con la Alianza Atlántica, la defensa colectiva, el vínculo transatlántico, la unidad de los aliados y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de
seguridad y defensa.
2. Garantizar que el Gobierno acuda a la Cumbre de la OTAN de Ankara con una posición clara, común y coherente, sin discrepancias entre los partidos que forman el
Ejecutivo, y con un mensaje firme sobre el compromiso de España con la seguridad euroatlántica.
3. Defender que el flanco sur sea reconocido como una prioridad estratégica efectiva de la OTAN, con especial atención al Mediterráneo, el Sahel, el Magreb y Oriente Próximo, por su impacto directo sobre la seguridad nacional de España y de
Europa.
4. Impulsar una agenda aliada reforzada para el flanco sur centrada en la lucha contra el terrorismo, la seguridad marítima, la protección de rutas energéticas y comerciales, la prevención de amenazas híbridas, el control de tráficos
ilícitos y la protección de infraestructuras críticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos Rojas García, José Manuel Velasco Retamosa, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003567
A la Mesa del Congreso de los Dipuados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del comercio
internacional abierto, justo y basado en reglas como eje de la política exterior, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España es una economía abierta, profundamente integrada en los mercados internacionales y en las cadenas de valor europeas y globales. Nuestra prosperidad, nuestra capacidad industrial, la competitividad de nuestras empresas, el empleo de
millones de españoles y la fortaleza de sectores estratégicos como el agroalimentario, la automoción, los bienes de equipo, la industria química, el turismo, los servicios, la energía o la tecnología dependen en buena medida de un entorno
internacional estable, previsible y abierto al comercio.
El comercio exterior no es una cuestión menor ni un asunto meramente técnico. Es una dimensión esencial de la política exterior de España. A través del comercio, España proyecta influencia, abre mercados para sus empresas, diversifica
alianzas, refuerza su presencia internacional y contribuye a un orden económico basado en reglas, seguridad jurídica y reciprocidad.
En 2025, las exportaciones españolas de bienes ascendieron a 387.091,6 millones de euros y las importaciones a 444.146,4 millones de euros. En conjunto, el comercio exterior de bienes superó los 831.000 millones de euros, una magnitud
equivalente a casi la mitad del Producto Interior Bruto español a precios corrientes. Estos datos reflejan hasta qué punto España depende de un sistema comercial internacional funcional, abierto y sometido a reglas claras.
En el actual contexto internacional, marcado por la fragmentación geoeconómica, el aumento del proteccionismo, la competencia estratégica entre grandes potencias, la instrumentalización de las dependencias económicas, las tensiones en rutas
marítimas críticas y la proliferación de barreras comerciales, España necesita una posición exterior clara, firme y coherente.
La defensa del comercio abierto no implica ingenuidad. España y la Unión Europea deben defender mercados abiertos, pero también justos; acuerdos comerciales ambiciosos, pero equilibrados; cadenas de suministro diversificadas, pero
seguras; y una política comercial que proteja a nuestras empresas frente a prácticas desleales, dumping, coerción económica, subvenciones distorsionadoras o incumplimientos de las reglas internacionales.
La Unión Europea tiene competencia común en política comercial y constituye el principal marco desde el que España debe defender sus intereses económicos en el mundo. Por ello, resulta imprescindible que el Gobierno español actúe con mayor
ambición en Bruselas, impulse acuerdos comerciales estratégicos, refuerce la diplomacia económica, apoye a las empresas españolas en terceros mercados y defienda los intereses de nuestros sectores productivos en las negociaciones internacionales.
España no puede limitarse a acompañar decisiones europeas ni actuar con improvisación ante los grandes debates económicos globales. Debe contribuir activamente a una política comercial europea abierta, competitiva, diversificada y basada en
reglas. Debe defender la Organización Mundial del Comercio como pilar del sistema multilateral, apoyar su reforma y exigir el cumplimiento efectivo de las normas internacionales.
Al mismo tiempo, España debe reforzar su presencia exterior en mercados estratégicos, especialmente en Iberoamérica, el Mediterráneo, África, el Indo-Pacífico y Norteamérica. La política exterior económica debe ser una herramienta al
servicio de la competitividad española, de la internacionalización de nuestras empresas y de la generación de empleo en España.
En este contexto, resulta necesario que el Gobierno presente una estrategia clara de política exterior económica, coordinada entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Ministerio de Economía, Comercio y
Empresa; las Oficinas Económicas y Comerciales; las Embajadas; el ICEX; las Comunidades Autónomas y el sector privado.
España necesita una política exterior que defienda sus intereses económicos con seriedad, previsibilidad y ambición. En un mundo más incierto, cerrado y competitivo, defender el comercio internacional abierto, justo y basado en reglas es
defender empleo, prosperidad, seguridad jurídica e influencia internacional para España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender, en el marco de la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio y los foros internacionales, un comercio internacional abierto, justo, previsible y basado en reglas, como principio fundamental de la política exterior
económica de España.
2. Apoyar la negociación, ratificación y aplicación efectiva de acuerdos comerciales de la Unión Europea con socios estratégicos, siempre que incorporen garantías de reciprocidad, seguridad jurídica, protección de sectores sensibles,
cumplimiento de estándares internacionales y mecanismos eficaces de defensa frente a prácticas desleales.
3. Reforzar la diplomacia económica española, coordinando la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las Embajadas, las Oficinas Económicas y Comerciales, el
ICEX, las Comunidades Autónomas y el sector privado.
4. Defender los intereses de los sectores productivos españoles en las negociaciones comerciales internacionales, con especial atención al sector agroalimentario, la industria, la automoción, los bienes de equipo, la energía, la tecnología,
los servicios, el turismo y las pymes exportadoras.
5. Promover la reforma y el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio, incluyendo el restablecimiento de mecanismos eficaces de solución de diferencias, la actualización de reglas sobre comercio digital, subvenciones,
competencia desleal y sostenibilidad, y la defensa del sistema multilateral frente a la fragmentación económica.
6. Presentar, en el plazo de seis meses, una Estrategia de Política Exterior Económica de España, que identifique mercados prioritarios, sectores estratégicos, oportunidades comerciales, riesgos geopolíticos, dependencias críticas y medidas
concretas para reforzar la internacionalización de la empresa española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos Rojas García, José Manuel Velasco Retamosa, César Sánchez Pérez, Belén Hoyo Juliá, Manuel García Félix, Cayetana Álvarez de Toledo
Peralta-Ramos, Javier Celaya Brey, Marta González Vázquez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Pedro Navarro López, Pablo Pérez Coronado, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003568
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley de apoyo al proceso de transición a la democracia iniciado en Bolivia y respuesta institucional al desafío promovido por el populismo frente a las autoridades legítimas del país.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 3 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al proceso de transición a la
democracia iniciado en Bolivia y respuesta institucional al desafío promovido por el populismo frente a las autoridades legítimas del país, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Después de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, Bolivia inició en 2025 una nueva etapa política con la elección de Rodrigo Paz Pereira como
presidente, tras imponerse en la primera y segunda vuelta de las elecciones celebradas en agosto y octubre de ese año.
El nuevo Gobierno recibe un país en una situación especialmente delicada: una economía gravemente deteriorada, una profunda crisis de divisas, problemas de abastecimiento de combustible, fuerte polarización social y unas instituciones
debilitadas tras años de hegemonía política del MAS.
El proceso electoral de 2025 abrió una oportunidad para la recuperación democrática de Bolivia, con el retorno al respeto del Estado de Derecho, la separación de poderes, las garantías constitucionales y las libertades ciudadanas. La
derrota electoral del MAS supuso, además, el fin de una etapa marcada por el control político de las instituciones.
No obstante, esta nueva etapa se desarrolla en un contexto de elevada tensión. En las últimas semanas se han producido movilizaciones, bloqueos de carreteras y acciones de presión promovidas o respaldadas por sectores próximos al
expresidente Evo Morales y por organizaciones que durante años mantuvieron una posición de influencia política durante los gobiernos anteriores.
Estas actuaciones han dificultado la movilidad en distintas zonas del país y han generado episodios de violencia, con numerosas personas heridas y fallecimientos vinculados a la situación de bloqueo. El objetivo de todas estas
movilizaciones radicales es muy claro: erosionar la estabilidad del Gobierno legítimamente elegido y cuestionar el mandato expresado por los ciudadanos bolivianos en las urnas.
La crítica política forma parte de cualquier democracia. Sin embargo, la utilización de la violencia, la coacción, los bloqueos y la presión en la calle para alterar el normal funcionamiento institucional y democrático representa una seria
amenaza para la estabilidad democrática de Bolivia y para los ciudadanos que quieren vivir en libertad.
España no debe interferir en el debate interno de otros países ni actuar con criterios partidistas en su política exterior. Pero sí debe defender con claridad los principios democráticos, el Estado de Derecho, la legalidad constitucional y
el respeto a los resultados electorales, especialmente en un espacio tan relevante para nuestro país como es Iberoamérica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su respeto al resultado de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en 2025, reconocer la legitimidad democrática del presidente Rodrigo Paz Pereira y rechazar cualquier intento de alterar por vías violentas,
coercitivas o contrarias a la Constitución el mandato expresado en las urnas.
2. Defender, en la Unión Europea, la OEA, la SEGIB y demás foros internacionales, el respeto al orden constitucional boliviano, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la estabilidad institucional del Gobierno
democráticamente elegido.
3. Informar a la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los contactos mantenidos desde las elecciones de 2025 con el Gobierno de Bolivia, representantes del MAS, los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, y organizaciones vinculadas a las
movilizaciones, indicando fecha, objeto y posición defendida por España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Belén Hoyo Juliá, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Carlos Javier Floriano Corrales, Manuel García Félix, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez
Pérez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir la finalización urgente
del tramo Sabiñanigo Este-Sabiñanigo Oeste (variante de Sabiñanigo) de la A23 en la provincia de Huesca, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La autovía A23 que une Somport-Sagunto, es una autovía estratégica para Aragón pues atraviesa de norte a Sur toda la comunidad vertebrando todo su territorio. En la provincia de Huesca, en el trayecto de Huesca a Jaca, hay algunos tramos
que han sufrido un retraso acumulado en la ejecución de sus obras muy importante en los últimos años. En concreto, los tramos desde Lanave hasta Sabiñanigo es un punto crítico para las comarcas pirenaicas del Alto Gallego y la Jacetania. En
concreto, el tramo Sabiñanigo Este-Sabiñanigo Oeste (variante de Sabiñanigo) ha sufrido múltiples retrasos acumulados en la ejecución de las obras, un incremento continuado de los costes previstos inicialmente, y en los últimos meses se ha producido
una situación de máxima gravedad. Las empresas adjudicatarias han exigido al ministerio un nuevo modificado con incremento de costes, han parado la obra y retirado las máquinas, dejando el tramo, que está a poco de concluirse, en una situación muy
complicada desde hace varios meses. Esta situación conlleva graves perjuicios económicos y de seguridad a vecinos, agricultores, ganaderos, transportistas y sectores económicos de la zona como el turismo, fundamental en estas comarcas.
Las instituciones de Huesca han puesto de manifiesto durante la presente legislatura diversas iniciativas en relación con estas infraestructuras, poniendo de manifiesto su importancia estratégica para la comarca del Alto Gállego y el
conjunto del Pirineo aragonés.
Las instituciones aragonesas han reclamado reiteradamente que se dé solución a este conflicto y se finalice de forma urgente esta variante.
Lejos de solucionarse, la situación se ha agravado todavía más en las últimas semanas, al no darse respuesta a las reclamaciones, manteniéndose la paralización de las obras y aumentando la preocupación social e institucional ante la ausencia
de respuestas claras por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, iniciándose ya también movilizaciones ciudadanas.
La gravedad de esta situación ha alcanzado tal dimensión que ha llegado a afectar al desarrollo de la Quebrantahuesos, la marcha cicloturista más importante de España y uno de los principales escaparates internacionales del Pirineo aragonés.
La modificación de su recorrido como consecuencia de los problemas de movilidad derivados de la paralización de la variante constituye un nuevo ejemplo de los perjuicios que esta situación está ocasionando al territorio y al conjunto de la provincia
de Huesca.
Asimismo, en fechas recientes han aparecido informaciones públicas que relacionan a alguna de las empresas adjudicatarias de las obras de este proyecto con las investigaciones judiciales conocidas como «caso Zapatero», incrementando todavía
más la preocupación existente y haciendo necesarias todas las aclaraciones oportunas por parte del Ministerio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar una solución inmediata al conflicto existente con las empresas adjudicatarias en la ejecución del tramo de la variante de Sabiñanigo en la A23 en la provincia de Huesca que permita la reanudación y finalización urgente de las obras
de dicho tramo.
2. Establecer una mesa de diálogo con los Ayuntamientos afectados de la provincia con el objetivo de conocer y dar respuesta al perjuicio económico causado sobre los mismos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Ana Isabel Alós López, Javier José Folch Blanc y Héctor Palencia Rubio, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
garantía del acceso social al deporte profesional, en su dimensión colectiva y de movilidad, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
El deporte profesional constituye en la actualidad un fenómeno de relevante interés social, cultural y económico, que trasciende su dimensión estrictamente competitiva para convertirse en un elemento de cohesión social, identidad colectiva y
participación ciudadana.
En el caso del fútbol profesional, este carácter social se expresa de forma especialmente intensa en la vivencia colectiva del espectáculo deportivo, tanto en los estadios como en los espacios públicos de las ciudades y en los
desplazamientos de las aficiones a competiciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, en los últimos años se observa una progresiva tensión entre el carácter social del deporte y determinadas dinámicas de mercantilización del acceso a la experiencia deportiva, que afectan a dos dimensiones fundamentales:
Por un lado, la posibilidad de que las aficiones puedan compartir colectivamente la experiencia deportiva en espacios públicos mediante pantallas gigantes y fan zones, especialmente en partidos de alta trascendencia deportiva. Y, por otro
lado, las crecientes dificultades económicas para que las aficiones puedan acompañar a sus equipos en desplazamientos nacionales e internacionales, debido a incrementos significativos de precios en transporte y alojamiento en contextos de alta
demanda.
En ambos casos, se generan situaciones de desigualdad material en el acceso a la experiencia deportiva, que afectan de manera particular a las clases populares, históricamente vinculadas al sostenimiento social del deporte profesional.
En lo relativo a la retransmisión pública en espacios abiertos, la ausencia de un marco normativo específico que regule la declaración de eventos deportivos de especial interés social ha generado conflictos recurrentes entre entidades
locales y los titulares de los
derechos audiovisuales de las competiciones profesionales, dificultando la organización de fan zones municipales o pantallas públicas en condiciones de seguridad jurídica.
En el ámbito de los desplazamientos de aficiones, no existe en la actualidad un marco institucional que permita abordar de forma preventiva las dinámicas de encarecimiento abrupto de precios en transporte aéreo, ferroviario o alojamiento,
derivadas de picos de demanda asociados a eventos deportivos de gran interés.
Aunque las normas generales de consumo, competencia y transporte resultan de aplicación, estas no contemplan mecanismos específicos de coordinación institucional ni instrumentos de mediación anticipada que permitan mitigar los efectos de la
especulación o de los incrementos automáticos de precios en contextos deportivos.
Asimismo, no consta la existencia de una regulación homogénea a nivel estatal o europeo que reconozca de forma expresa la especificidad de la afición deportiva como sujeto de protección en el acceso económico a la experiencia del deporte
profesional, más allá de las garantías generales de los consumidores.
En este contexto, se considera oportuno avanzar en la construcción de un marco normativo e institucional que permita compatibilizar la sostenibilidad económica del sistema deportivo profesional con la garantía del acceso social y colectivo
al deporte, reforzando su dimensión cultural y comunitaria.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocimiento del acceso social al deporte profesional.
Reconocer el principio de acceso social al deporte profesional, entendido como el derecho de la ciudadanía a participar en condiciones razonables en la experiencia colectiva del deporte, tanto en su dimensión estática (espacios públicos)
como móvil (desplazamientos a eventos deportivos).
I. Acceso colectivo en espacios públicos (fan zones y pantallas gigantes).
2. Estudiar la creación de la figura de «evento deportivo de especial interés público», que permita la retransmisión pública gratuita en espacios municipales de determinados acontecimientos deportivos profesionales, en condiciones
reguladas.
3. Establecer, a través del Consejo Superior de Deportes, criterios objetivos para la declaración de dichos eventos, que podrán incluir:
Carácter decisivo de la competición (ascensos, permanencia o eliminatorias),
Impacto social y territorial del evento,
Relevancia excepcional para una comunidad o afición concreta.
4. Regular un procedimiento administrativo de declaración de interés público que garantice:
Seguridad jurídica,
Proporcionalidad en la intervención,
Coordinación con las entidades organizadoras de competiciones,
Respeto a los derechos de explotación audiovisual,
Participación de las entidades locales.
5. Habilitar un régimen de autorización reforzada que permita la instalación de pantallas y fan zones en espacios públicos municipales sin ánimo de lucro, garantizando:
Acceso gratuito,
Responsabilidad municipal en materia de seguridad,
Compatibilidad con la explotación comercial de los derechos audiovisuales.
6. Impulsar un espacio de diálogo institucional entre el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Municipios y Provincias y las entidades organizadoras de competiciones profesionales, con el objetivo de establecer protocolos
estables de autorización de eventos de visionado público.
II. Movilidad y protección de la afición viajera.
7. Impulsar la creación de un marco estatal de protección de la «afición viajera», destinado a garantizar condiciones de acceso económico razonable a desplazamientos de aficionados en competiciones deportivas nacionales e internacionales.
8. Constituir una Mesa de Mediación Institucional para Desplazamientos de Aficiones Deportivas, integrada por:
Ministerio de Cultura y Deporte (a través del CSD),
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible,
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,
Operadores públicos de transporte,
Autoridades de consumo,
Entidades representativas del deporte profesional, con funciones de coordinación preventiva ante eventos de alta demanda.
9. Establecer un sistema de alerta temprana de eventos deportivos de alta demanda, que permita anticipar incrementos de precios en transporte y alojamiento, activando mecanismos de seguimiento y transparencia.
10. Explorar, en colaboración con operadores públicos de transporte como RENFE y AENA, la creación de:
Tarifas estables o bonificadas para aficiones visitantes,
Cupos de plazas a precio regulado en desplazamientos deportivos de alta demanda,
Refuerzos de capacidad en fechas de especial concentración de movilidad.
11. Promover, en el ámbito de la normativa de consumo y competencia, la supervisión de posibles prácticas abusivas en la fijación de precios en servicios de transporte y alojamiento asociados a eventos deportivos, especialmente en
situaciones de incremento extraordinario de demanda.
12. Impulsar iniciativas en el marco de la Unión Europea orientadas a reconocer la especificidad de los desplazamientos de aficiones deportivas dentro de las políticas de movilidad y protección de consumidores, garantizando condiciones de
acceso equitativas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su Portavoz adjunta, Ione Belarra Urteaga, diputada de Podemos, formula la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la situación del Grupo Tubos Reunidos y su incidencia en el empleo y la
industria en Araba y Bizkaia, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Exposición de motivos
Tubos Reunidos S.A., grupo dedicado a la fabricación de tubos de acero sin soldadura con plantas en Trapagaran (Bizkaia), Nanclares de la Oca y Amurrio (Araba), es un emblema del tejido industrial vasco. Fundada en 1892, llegó a emplear a
casi 1.300 trabajadoras y trabajadores y en 2023 cerró el ejercicio con beneficios. Sin embargo, sus resultados se deterioraron en 2025.
Además, el Grupo Tubos Reunidos desarrolla una actividad industrial de carácter estratégico para la economía y para la soberanía productiva del país. Su producción de tubos de acero sin soldadura resulta relevante para sectores esenciales
como la transición energética, las infraestructuras, la construcción y el conjunto de la cadena industrial, por lo que su continuidad no solo afecta a una empresa concreta, sino a una capacidad industrial que resulta difícil de recuperar una vez
perdida.
Del mismo modo, la empresa desempeña un papel tractor esencial en varias comarcas de Bizkaia y Araba, generando empleo directo e indirecto y sostén económico para centenares de familias en los entornos de Trapagaran, Amurrio y Nanclares de
la Oca. Estos son territorios ya castigados por la pérdida de tejido industrial y la precarización del empleo, la actuación pública se justifica no solo por la defensa de los puestos de trabajo de Tubos Reunidos, sino también por la protección de
la cohesión social, la actividad económica local y el bienestar de unas zonas que se verían severamente golpeadas por un eventual cierre.
El grupo terminó 2025 con pérdidas superiores a 118 millones de euros y con una deuda financiera de 263,2 millones, de la que unos 150 millones corresponden a un préstamo participativo y ordinario concedido por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. Este préstamo público, con tipos de interés crecientes, generó en 2025 intereses de 11,7 millones de euros, y su vencimiento final en 2028 obliga a la empresa a afrontar en los próximos tres años
vencimientos por 274 millones.
La empresa diseñó un plan de viabilidad que incluía una fuerte reducción de costes, el cierre de la acería de Amurrio y la externalización de la logística, así como un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 301 personas (reducido
luego a 240). El Estatuto de los Trabajadores exige que el despido colectivo se fundamente en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y que se negocie para evitar o reducir los despidos.
La plantilla, organizada en torno a los sindicatos ELA, UGT, LAB, ESK y CNT, rechaza esas medidas por considerarlas, desproporcionadas y opacas. Desde el 16 de marzo de 2026, el personal de la planta de Amurrio se declaró en huelga
indefinida en defensa del empleo, de la acería y de la logística, e inició multitud de movilizaciones. Las centrales sindicales interpusieron demandas para que el ERE fuese declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y
reclamaron transparencia en las negociaciones con la SEPI y los bancos. El conflicto laboral paralizó la producción y la empresa advirtió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la incapacidad para atender sus obligaciones
financieras; el 4 de mayo el consejo de administración solicitó el concurso voluntario de acreedores al considerar inminente la insolvencia. En paralelo, la CNMV suspendió la cotización de las acciones de Tubos Reunidos y el Juzgado de lo
Mercantil de Vitoria aceptó el concurso, iniciando el procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal, que obliga a nombrar una administración concursal de entre las personas propuestas por la CNMV.
El Ministerio de Industria y la Vice Consejería de Industria y de Trabajo del Gobierno vasco reconocen que la viabilidad de Tubos Reunidos pasa por una reestructuración de la deuda (una quita) y por la entrada de un nuevo socio industrial.
No obstante, el Gobierno central ha señalado en el Senado que analizará «todas las vías legales» para salvar la empresa, declarada estratégica, pero sin concretar si aceptará una quita ni bajo
qué condiciones. El artículo 574 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que en las empresas cotizadas el juez debe nombrar administrador concursal entre una terna propuesta por la CNMV. Este marco jurídico convierte al préstamo
estatal en un obstáculo para la búsqueda de inversores, ya que impide que el esfuerzo se reparta entre todos los acreedores y condiciona la supervivencia de la empresa. En este contexto, lo razonable es que la solución no recaiga exclusivamente
sobre la plantilla, sino que se reparta de forma equilibrada entre todos los agentes implicados, incluyendo la propia SEPI, las entidades financieras y los responsables de la gestión empresarial.
Por tanto, la crisis de Tubos Reunidos no puede reducirse a un mero conflicto laboral, sino que responde a un problema de modelo industrial, de endeudamiento injusto y de falta de implicación de las instituciones públicas en la fiscalización
que han hecho sobre el dinero público prestado. El conflicto es una consecuencia de las injustas medidas que la Dirección ha intentado imponer. La desaparición de la acería de Amurrio y de la logística dejaría sin alternativas a cientos de
familias en Aiaraldea y pondría en riesgo también, a más de 300 en la Margen Izquierda, aumentaría la dependencia de suministros externos y debilitaría la cadena siderometalúrgica vasca. Hacer caer todo el peso del rescate sobre la plantilla,
eximiendo a los bancos y grupos inversores, que cobraron dividendos e intereses, así como a la administración del grupo, que se benefició en los años buenos, sin priorizar el pago de la deuda, y a la SEPI que concedió un préstamo tan voluminoso, con
unas condiciones discutibles, en cuanto a la capacidad ser asumidas y cumplidas por la compañía, sería socialmente inaceptable.
En consecuencia, se hace necesario que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a actuar decididamente en defensa del tejido industrial, del empleo y de la soberanía energética, abordando cambios legales y compromisos
financieros para garantizar la continuidad del Grupo Tubos Reunidos.
Recordar, que está decisión es consecuencia de operaciones financieras lideradas por BBVA, como los más de 170 millones de euros para una fusión fallida con el Grupo Condesa en 2008 y un crédito sindicado en 2017, mediante las cuales, salió
beneficiado de su triple posición en Tubos Reunidos: Miembro del Consejo de Administración (con un 25 % en 2007), Accionista Mayoritario y Principal Acreedor Privado, del pool bancario que figura en la lista de acreedores actual.
Desde esa posición privilegiada, tomo decisiones en el Consejo de Administración, beneficiándose de esa capacidad, para luego beneficiarse nuevamente del cobro de dividendos en los años buenos y de los intereses generados por la deuda
aumentada a causa de las decisiones financieras de la empresa, que lideraba como principal acreedor financiero privado.
En estos momentos, BBVA y otros miembros de ese pool bancario, donde solo BBVA tendría unos 50 millones, que serían convertibles en acciones. Esto, junto a la retirada paulatina de dicho banco de la participación en la empresa (hasta el 5 %
aproximadamente en la actualidad) evidencia que BBVA ha tenido y tiene la posibilidad, junto al resto de bancos, de devolver a Tubos Reunidos parte de las ganancias obtenidas años atrás, no necesariamente haciendo una quita de la deuda, sino
simplemente volviendo a aumentar su participación cambiando deuda por acciones. No sería más que algo lógico, dada la gran responsabilidad de BBVA en la situación de Tubos Reunidos en la actualidad.
Proposición no de Ley
Por lo expuesto,
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de forma urgente una reunión entre la SEPI y los Comités de Empresa de los centros de trabajo pertenecientes a Tubos Reunidos Group.
2. Remitir al Comité de Empresa una copia del plan de viabilidad presentado por la empresa Tubos Reunidos Group a la SEPI, así como cuantos documentos lo acompañen, junto con las actas de las reuniones mantenidas entre ambas entidades.
3. Conversión por parte de la SEPI de su deuda en el accionariado de la empresa Tubos Reunidos Group, con el objetivo de garantizar la actividad de una empresa dentro de un sector estratégico para la economía estatal.
4. Asegurar el desarrollo de un plan de viabilidad e industrial que mantenga los activos industriales y asegure el empleo en riesgo, garantice la continuidad de las plantas de Trapagaran, Nanclares de la Oca y Amurrio, así como de su acería
y su logística, manteniendo la producción de aceros especiales y evitando deslocalizaciones.
5. Garantizar la globalidad del empleo actual en todos los centros de trabajo pertenecientes a la empresa Tubos Reunidos Group.
6. Condicionar cualquier concesión, ayuda o préstamo público de SEPI y resto de instituciones, al cumplimiento de los puntos 4 y 5 de esta PNL.
7. Instar al BBVA y resto de entidades bancarias a proceder a una quita de la deuda o su conversión en acciones que alivie la situación financiera y garantice la solvencia económica de la empresa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003553
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la jubilación anticipada del personal del Servicio de Guardacostas de Galicia, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Servicio de Guardacostas de Galicia acumula una serie de problemas que precisan de soluciones inmediatas tanto por parte de la Xunta de Galicia como del Gobierno del Estado. Así, en la actualidad, el servicio está funcionando con un
personal muy reducido, ya que el 30 % de los puestos están sin cubrir, lo que repercute directamente en la calidad del servicio dado que hay franjas horarias en las que las bases están inoperativas.
Ante la falta de personal suficiente para atender el servicio adecuadamente, competencia de la Xunta de Galicia, se suman los problemas derivados del retraso en el reconocimiento de los coeficientes reductores para el personal del Servicio
de Guardacostas gallego. Una reclamación, la de que el Gobierno del Estado active el expediente para el reconocimiento de coeficientes reductores para el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia como trabajadores del mar, que acumula años
de retraso y sin que se produzca ningún avance.
El personal del Servicio de Guardacostas de Galicia desarrolla su actividad en el mar, en condiciones de especial dureza que afectan directamente a su salud; sin embargo, no tiene reconocidos los coeficientes reductores para la jubilación
anticipada que sí se aplican a otros trabajadores y trabajadoras del mismo ámbito. Una situación que fue trasladada al Gobierno en distintas ocasiones tanto por parte de la representación de los trabajadores y las trabajadoras como por el BNG a
través de varias iniciativas
parlamentarias, incluso enmiendas dentro de la tramitación de la Ley de Pesca Sostenible en la pasada legislatura.
Al personal de Guardacostas se le exigen las mismas condiciones que al personal incluido en el Régimen Especial del Mar, como la formación específica para navegar, reconocimientos médicos y requisitos para poder embarcar. Desempeñan
funciones de inspección, salvamento y control en condiciones de riesgo y, en muchos casos, comparten medios y embarcaciones con otro personal que sí está integrado en ese régimen, padeciendo en igual medida un desgaste físico continuado, la
exposición a condiciones adversas y una elevada exigencia a lo largo del tiempo.
Sin embargo, por el hecho de ser funcionarios y funcionarias, quedan excluidos de los derechos asociados a ese ámbito laboral. Entre ellos, el acceso a la jubilación anticipada con la aplicación de coeficientes reductores.
Tras no prosperar las distintas iniciativas legislativas para el reconocimiento de los coeficientes reductores por mar para el personal funcionario guardacostas, la Confederación Intersindical Galega, central sindical mayoritaria en Galicia
y con la condición de organización más representativa según la LOLS, inició el procedimiento para el reconocimiento previsto en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para
establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, en abril de 2024, cumpliendo los requisitos establecidos.
Sin embargo, desde entonces no se ha producido ningún avance, pues no se ha realizado ninguna comunicación oficial sobre el estado del expediente, no se han solicitado datos a la administración empleadora y no se conoce ninguna actuación
efectiva orientada a resolver la situación.
Desde la representación de los trabajadores se apunta a responsabilidades compartidas de las dos administraciones con competencias en esta materia. Por parte del Gobierno del Estado, por mantener el procedimiento administrativo paralizado
en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social durante más de dos años, pero también por parte de la Xunta de Galicia, por su total inactividad a pesar de haberse mostrado favorable a su tramitación en el marco de la comisión de
seguimiento.
Por tanto, no se trata de falta de marco legal, ni de ausencia de procedimiento, ni tampoco de falta de reclamación formal, simplemente, debe darse curso a la solicitud registrada y finalizar un proceso iniciado. El Gobierno debe atender
las condiciones de penosidad en el trabajo sobradamente acreditadas y aprobar el reconocimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación igual que al resto de los trabajadores y trabajadoras del mar que realizan funciones similares.
El Gobierno debe, pues, atender esta reclamación, largamente demandada, y desbloquear el expediente para reconocer la jubilación anticipada del personal de Guardacostas sin más demoras, para poner fin a una clara discriminación que padece el
personal que desempeña su labor en las mismas condiciones de penosidad que otros colectivos, que ya tienen reconocidos los coeficientes reductores.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a desbloquear el expediente iniciado para la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada al personal de Guardacostas de Galicia ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social y reconocer su aplicación en igualdad de condiciones con otros colectivos que desarrollan actividades similares en las mismas condiciones de penosidad y cumpliendo con los mismos requisitos para el desarrollo de las actividades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á xubilación anticipada do persoal do Servizo de Gardacostas da Galiza para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguranza Social e Migracións.
Exposición de motivos
O servizo de Gardacostas de Galiza acumula unha serie de problemas que precisan de solucións inmediatas tanto por parte da Xunta da Galiza como do Goberno do Estado. Así, na actualidade, o servizo está a funcionar cun persoal moi reducido,
pois 30 % dos postos están sen cubrir, o que repercute directamente na calidade do servizo dado que hai faixas horarias na que as bases están inoperativas.
Á falta do persoal suficiente para atender o servizo adecuadamente, competencia da Xunta da Galiza, súmanse os problemas derivados do retraso do recoñecemento dos coeficientes redutores para o persoal do Servizo de Gardacostas galego. Unha
reclamación, a de que o Goberno do Estado active o expediente para o recoñecemento de coeficientes redutores para o persoal do Servizo de Gardacostas da Galiza como traballadores do mar, que acumula anos de retraso e sen que se produza ningún
avance.
O persoal do Servizo de Gardacostas da Galiza desenvolve a súa actividade no mar, en condicións de especial dureza e que afectan directamente a súa saúde, porén, non ten recoñecidos os coeficientes redutores para a xubilación anticipada que
si se aplican a outros traballadores e traballadoras do mesmo ámbito. Unha situación que foi trasladada ao Goberno en distintas ocasións tanto por parte da representación dos traballadoras como polo BNG a través de varias iniciativas parlamentares,
mesmo emendas dentro da tramitación da Lei de Pesca Sustentábel na pasada lexislatura.
Ao persoal de Gardacostas exíxenselle as mesmas condicións que ao persoal incluído no Réxime Especial do Mar, como a formación específica para navegar, recoñecementos médicos e requisitos para poder embarcar. Desenvolven funcións de
inspección, salvamento e control en condicións de risco e, en moitos casos, comparten medios e embarcacións con outro persoal que si está integrado nese réxime, padecendo en igual medida un desgaste físico continuado, a exposición a condicións
adversas e unha elevada esixencia ao longo do tempo.
Porén, polo feito de seren funcionarios e funcionarias quedan excluídos dos dereitos asociados a ese ámbito laboral. Entre eles, o acceso á xubilación anticipada coa aplicación coeficientes redutores.
Despois de non saír adiante as distintas iniciativas lexislativas para o recoñecemento dos coeficientes redutores do mar as persoas gardacostas funcionarias, a Confederación Intersindical Galega, central sindical maioritaria na Galiza e coa
condición de organización máis representativa segundo a LOLS, iniciou o procedemento para o recoñecemento previsto no Real Decreto 1698/2011, de 18 de novembro, polo que se regula o réxime xurídico e o procedemento xeral para estabelecer
coeficientes redutores e anticipar a idade de xubilación no sistema da Seguranza Social, en abril de 2024, cumprindo cos requisitos estabelecidos.
Mais, desde aquela altura, non se produciu ningún avance pois non foi realizada ningunha comunicación oficial sobre o estado do expediente, non se solicitaron datos á administración empregadora e non se coñece ningunha actuación efectiva
orientada a resolver a situación.
Desde a representación dos traballadores apúntase a responsabilidades compartidas das dúas administracións con competencias nesta materia. Por parte do Goberno do Estado por manter o procedemento administrativo paralizado na Dirección Xeral
de Ordenación da Seguranza Social por máis de dous anos, mais tamén da Xunta da
Galiza, pola súa total inactividade a pesar de terse manifestado favorábel á súa tramitación no marco da comisión de seguimento.
Por tanto, non se trata de falta de marco legal, nin de ausencia de procedemento, nin tampouco de falta de reclamación formal, simplemente, debe darse curso á solicitude rexistrada e finalizar un proceso iniciado. O Goberno debe atender ás
condicións de penosidade no traballo sobradamente acreditadas e aprobar o recoñecemento dos coeficientes redutores da idade de xubilación igual que no resto de traballadores e traballadoras do mar que realizan funcións semellantes.
O Goberno debe pois atender esta reclamación, longamente demandada, e desbloquear expediente para recoñecer a xubilación anticipada do persoal de Gardacostas sen máis demoras, para pór fin a unha clara discriminación que padece o persoal que
exerce o seu labor nas mesmas condición de penosidade que outros colectivos, que xa teñen recoñecidos os coeficientes redutores.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a desbloquear o expediente iniciado para a aplicación de coeficientes redutores para a xubilación anticipada ao persoal de Gardacostas da Galiza diante da Dirección Xeral de Ordenación da Seguranza
Social e recoñecer a súa aplicación en igualdade de condicións con outros colectivos que desenvolven actividade semellantes nas mesmas condicións de penosidade e cumprindo cos mesmos requisitos para o desenvolvemento das actividades.»
Madrid, 9 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/003538
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre el crecimiento y productividad de las pequeñas y medianas empresas.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 4 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la diputada Inés Granollers Cunillera y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
crecimiento y productividad de las pequeñas y medianas empresas, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Las pequeñas y medianas empresas siguen formando una parte fundamental del tejido productivo catalán y europeo. Así lo muestran los datos: las microempresas representan el 94,7 % del total de empresas de Cataluña, mientras que las pequeñas
y medianas empresas en su conjunto suman el 99,8 % del total. Este más de medio millón de pymes en Cataluña genera el 68,5 % del empleo del sector privado y el 62,3 % del valor añadido.
Esta realidad es especialmente visible en el sector industrial, donde el 96,2 % de empresas son de tamaño pequeño o micro. La fuerte composición industrial del tejido de pymes catalán, un sector que aporta mayor valor añadido que cualquier
otro, explica que las pymes catalanas representan un mayor porcentaje de empleo y valor añadido que la media del Estado español.
El rol central de las pequeñas y medianas empresas para el presente y el futuro de Europa queda recogido en los informes de Mario Draghi, sobre el futuro de la competitividad europea, y de Enrico Letta, sobre el mercado común. Ambos autores
llaman a reducir las barreras del mercado común europeo y las dificultades para crecer si se desea incrementar la autonomía estratégica del continente.
Letta apunta a las dificultades de las pymes para obtener financiación para su crecimiento, clave para competir frente a gigantes empresariales de China y Estados Unidos. Su informe también advierte de la duplicidad de regulaciones en
ciertos ámbitos por parte de los Estados miembros derivada de una mala transposición de las directivas europeas. La Comisión Europea ya ha iniciado el camino para lograr una de las medidas del informe, la creación de una forma jurídica empresarial
diferenciada de los 27 regímenes actuales, permitiendo a las pymes registrarse para operar en toda la UE de forma rápida, digital y económica.
En una línea similar, Draghi pone el foco en la atomización y fragmentación del mercado europeo, que limita la capacidad de las empresas de innovar y aumentar la productividad para competir globalmente. Draghi comparte la importancia de
facilitar la financiación a las pymes europeas, simplificar la regulación y aumentar la integración europea en materia energética o financiera.
Los Estados más desarrollados en el ámbito industrial muestran una composición industrial distinta a la del Estado. Alemania y Austria tienen cuatro veces el porcentaje de empresas medianas y grandes industriales que tiene el Estado,
mientras que Bélgica tiene casi el doble. De hecho, se calcula que el logro en el Estado del tamaño medio de empresa de la UE comportaría un crecimiento de 1,5 puntos del PIB.
Es clave, pues, establecer una política regulatoria hacia las pequeñas y medianas empresas, especialmente del sector industrial, que favorezca su crecimiento y la adopción de nuevas herramientas, como la IA o la computación en la nube,
claves para la creación de valor añadido. Esta política debe consistir, entre otros en:
Facilitar la participación de las pymes en la contratación pública, un ámbito donde la concentración de contratos por grandes empresas en España es superior a la de los Países Bajos, Alemania o Austria. En línea con las directivas
europeas, es necesario digitalizar los procedimientos, reducir los paquetes en lotes más pequeños y adaptar la planificación, preparación y diseño de licitaciones para facilitar que las pymes concurran en condiciones equitativas.
Acabar con el incumplimiento en los plazos de pago por parte de las grandes empresas del Estado, que afecta especialmente a las pymes, reduciendo su liquidez, competitividad y estabilidad financiera y limitando su capacidad de crecimiento.
Esta morosidad acaba precarizando la subcontratación de las pymes, que a su vez afecta negativamente a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de sectores claves para la economía productiva.
Mejorar el acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas, ampliando las garantías y líneas de crédito existentes para la expansión e internacionalización y fomentando el capital riesgo orientado a fines
productivos.
Impulsar un mercado único europeo más integrado y competitivo, coordinando normas y ordenanzas y asegurando que las pymes puedan operar en pie de igualdad en todos los Estados miembros.
Ampliar las herramientas de transformación digital al alcance de las pequeñas y medianas empresas, incluyendo la IA, big data, ciberseguridad y automatización, creando convocatorias específicas para estas empresas, fomentando el
establecimiento de laboratorios de innovación digital y ofreciendo herramientas de formación y asesoramiento.
Simplificar los requerimientos administrativos y regulatorios para evitar grandes saltos durante el ciclo de crecimiento de las empresas, el llamado efecto escalón. Esta mejora regulatoria tiene que ir acompañada de mejoras informativas,
de mayor acceso a guías interpretativas, mentorías, asesoramiento técnico y redes internacionales y del establecimiento de plazos máximos de resolución de permisos y licencias. También tiene que facilitar la aplicación del principio de una sola
vez, para evitar que las empresas presenten la misma documentación en más de una ocasión.
En último término, es necesario también reducir las desventajas competitivas entre las grandes empresas del Estado español y las pymes, especialmente en lo que se refiere a la representación en el diálogo social y en la tributación en el
Impuesto de Sociedades.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Mejorar el marco normativo, regulatorio, de financiación y de ayudas públicas a partir de:
Facilitar la participación de las pymes en la contratación pública;
Acabar con el incumplimiento en los períodos de pago de las grandes empresas;
Ampliar las líneas de crédito para la expansión e internacionalización de las pymes;
Eliminar las barreras normativas que siguen existiendo en el mercado único europeo;
Facilitar la transformación digital de las pymes;
Simplificar los trámites normativos a lo largo del ciclo de crecimiento de las pymes, ampliando también las herramientas de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas.
2. Impulsar políticamente la tramitación del Proyecto de Ley de Industria presentado en el Congreso de los Diputados a finales de 2024, asegurando que la futura ley respete plenamente el marco competencial de la Generalitat de Cataluña y
los ayuntamientos en materia de industria, energía, formación profesional y desarrollo económico.
3. Modificar la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para asegurar que las asociaciones empresariales reconocidas como más representativas a nivel de comunidad autónoma lo sean también
en todos los
casos a nivel estatal y cuenten, al menos, con un representante en cada uno de los órganos y espacios donde estén presentes las organizaciones de ámbito estatal.
4. Informar al Congreso de los Diputados sobre si, con la aplicación de la directiva europea sobre el nivel mínimo de imposición de los grandes grupos empresariales, se ha elevado el tipo efectivo en el impuesto de sociedades que aplicaba a
las grandes empresas del Estado, menor al de las pequeñas y medianas empresas. De lo contrario, llevar a cabo las reformas legislativas pertinentes para revertir el hecho de que, en 2023, las empresas que facturaron más de 1 000 millones de euros
anuales en el Estado abonaron un tipo efectivo medio del 7,1 % sobre los beneficios.
5. Fomentar, en colaboración con las comunidades autónomas, campañas de promoción de las vocaciones industriales y STEM, especialmente entre jóvenes y mujeres, con el objetivo de prestigiar los estudios técnicos e industriales y reducir los
déficits de profesionales en sectores estratégicos.
6. Reforzar los programas estatales de apoyo a la innovación industrial, la digitalización y la transferencia tecnológica, especialmente dirigidos a pequeñas y medianas empresas, incorporando líneas específicas destinadas al desarrollo,
atracción y retención de talento especializado, y fomentando también la conexión entre centros de investigación y pequeñas y medianas empresas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la diputada Inés Granollers Cunillera i a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el
creixement i productivitat de les petites i mitjanes empreses, per al seu debat en la Comissió dIndústria i Turisme.
Exposició de motius
Les petites i mitjanes empreses segueixen formant una part fonamental del teixit productiu català i europeu. Així ho mostren les dades: les microempreses representen el 94,7 % del total dempreses de Catalunya, mentre que les petites i
mitjanes empreses en el seu conjunt sumen el 99,8 % del total. Aquests més de mig milió de pimes a Catalunya generen el 68,5 % de locupació del sector privat i el 62,3 % del valor afegit.
Aquesta realitat és especialment visible en el sector industrial, on el 96,2 % dempreses són de mida petita o micro. La forta composició industrial del teixit de pimes català, un sector que aporta més valor afegit que qualsevol altre,
explica que les pimes catalanes representin un major percentatge docupació i valor afegit que la mitjana de l'Estat espanyol.
El rol central de les petites i mitjanes empreses per al present i futur dEuropa queda recollit als informes de Mario Draghi, sobre el futur de la competitivitat europea, i dEnrico Letta, sobre el mercat comú. Tots dos autors criden a
reduir les barreres del mercat comú europeu i les dificultats per a créixer si es vol incrementar lautonomia estratègica del continent.
Letta apunta a les dificultats de les pimes per obtenir finançament per al seu creixement, clau per competir enfront de gegants empresarials de la Xina i els Estats Units. El seu informe també adverteix de la duplicitat de regulacions en
certs àmbits per part dels estats membres derivada duna mala transposició de les directives europees. La Comissió Europea ja ha iniciat el camí per assolir una de les mesures de linforme, la creació duna forma jurídica empresarial diferenciada
dels 27 règims actuals, permetent a les pimes registrar-se per operar a tota la UE de forma ràpida, digital i econòmica.
En una línia semblant, Draghi posa el focus en latomització i fragmentació del mercat europeu, que limita la capacitat de les empreses dinnovar i augmentar la productivitat per competir globalment. Draghi comparteix la importància de
facilitar el finançament a les pimes europees, de simplificar la regulació i daugmentar la integració europea en matèria energètica o financera.
Els estats més desenvolupats en làmbit industrial mostren una composició industrial diferent a la de lEstat. Alemanya i Àustria tenen quatre cops el percentatge dempreses mitjanes i grans industrials que té lEstat, mentre que Bèlgica en
té gairebé el doble. De fet, es calcula que lassoliment a lEstat del tamany mitjà dempresa de la UE comportaria un creixement d1,5 punts del PIB.
És clau, doncs, establir una política regulatòria envers les petites i mitjanes empreses, especialment del sector industrial, que nafavoreixi el creixement i ladopció de noves eines, com la IA o la computació al núvol, claus per a la
creació de valor afegit. Aquesta política ha de consistir, entre daltres en:
Facilitar la participació de les pimes en la contractació pública, un àmbit on la concentració de contractes per grans empreses a lEstat espanyol és superior a la dels Països Baixos, Alemanya o Àustria. En línia amb les directives
europees, cal digitalitzar els procediments, reduir els paquets en lots més petits i adaptar la planificació, preparació i disseny de licitacions per facilitar que les pimes hi concorrin en condicions equitatives.
Acabar amb lincompliment en els terminis de pagament per part de les grans empreses de lEstat, que afecta especialment les pimes, reduint la seva liquiditat, competitivitat i estabilitat financera i limitant la seva capacitat de
creixement. Aquesta morositat acaba precaritzant la subcontractació de les pimes, que a la vegada afecta negativament les condicions laborals i salarials dels treballadors de sectors claus per a leconomia productiva.
Millorar laccés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, ampliant les garanties i línies de crèdit existents per a lexpansió i internacionalització i fomentar el capital risc orientat a finalitats productives.
Impulsar un mercat únic europeu més integrat i competitiu, coordinant normes i ordenances i assegurant que les pimes poden operar en peu digualtat en tots els estats membres.
Ampliar les eines de transformació digital a labast de les petites i mitjanes empreses, incloent la IA, big data, la ciberseguretat i lautomatització, creant convocatòries específiques per a aquestes empreses, fomentant lestabliment de
laboratoris dinnovació digital i oferint eines de formació i assessorament.
Simplificar els requeriments administratius i regulatoris per evitar grans salts durant el cicle de creixement de les empreses, lanomenat efecte graó. Aquesta millora regulatòria ha danar acompanyada de millores informatives, de major
accés a guies interpretatives, mentories, assessorament tècnic i xarxes internacionals i de lestabliment de terminis màxims de resolució de permisos i llicències. També ha de facilitar laplicació del principi de només una vegada, per evitar que
les empreses presentin la mateixa documentació en més duna ocasió.
En últim terme, cal també reduir els desavantatges competitius entre les grans empreses de lEstat espanyol i les pimes, especialment pel que fa a la representació en el diàleg social i en la tributació en lImpost de Societats.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a:
1. Millorar el marc normatiu, regulatori, de finançament i dajudes públiques a partir de:
Facilitar la participació de les pimes en la contractació pública;
Acabar amb lincompliment en els períodes de pagament de les grans empreses;
Ampliar les línies de crèdit per a lexpansió i internacionalització de les pimes;
Eliminar les barreres normatives que segueixen existint dins el mercat únic europeu;
Facilitar la transformació digital de les pimes;
Simplificar els tràmits normatius al llarg del cicle de creixement de les pimes, ampliant també les eines dacompanyament a les petites i mitjanes empreses.
2. Impulsar políticament la tramitació del Projecte de Llei dIndústria presentat al Congrés dels Diputats a finals de 2024, assegurant que la futura llei respecti plenament el marc competencial de la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments en matèria dindústria, energia, formació professional i desenvolupament econòmic.
3. Modificar la disposició addicional sisena del text refós de la Llei de lEstatut dels Treballadors per assegurar que les associacions empresarials reconegudes com a més representatives a nivell de comunitat autònoma ho siguin també en
tots els casos a nivell estatal i comptin, almenys, amb un representant en cadascun dels òrgans i espais on hi siguin presents les organitzacions dàmbit estatal.
4. Informar al Congrés dels Diputats sobre si, amb laplicació de la directiva europea sobre el nivell mínim dimposició dels grans grups empresarials, sha elevat el tipus efectiu en limpost de societats que aplicava a les grans empreses
de lEstat, menor al de les petites i mitjanes empreses. En cas contrari, dur a terme les reformes legislatives pertinents per revertir el fet que, lany 2023, les empreses que van facturar més de 1.000 milions deuros anuals a lEstat van abonar
un tipus efectiu mitjà del 7.1 % sobre els beneficis.
5. Fomentar, en col·laboració amb les comunitats autònomes, campanyes de promoció de les vocacions industrials i STEM, especialment entre joves i dones, amb lobjectiu de prestigiar els estudis tècnics i industrials i reduir els dèficits de
professionals en sectors estratègics
6. Reforçar els programes estatals de suport a la innovació industrial, la digitalització i la transferència tecnològica, especialment dirigits a petites i mitjanes empreses, incorporant línies específiques destinades al desenvolupament,
atracció i retenció de talent especialitzat, i fomentant també la connexió entre centres de recerca i petites i mitjanes empreses.»
Congrés dels Diputats, 3 de juny de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portaveu del Grup Parlamentari Republicà.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de una Estrategia de refuerzo del Sistema Público de Servicios
Sociales, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
La política social constituye una disciplina fundamental de la ciencia política y una herramienta esencial de intervención pública destinada a analizar y actuar sobre las consecuencias sociales derivadas del desigual desarrollo de las
sociedades modernas. Desde una perspectiva académica y política, la política social persigue tres grandes objetivos que orientan la acción pública contemporánea: la justicia social, el bienestar
social y la cohesión social. En este marco, las políticas sociales se configuran como uno de los principales instrumentos de los Estados del bienestar, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la Ciudadanía y a garantizar la igualdad
real de oportunidades.
El desarrollo de los Estados sociales y democráticos de derecho ha consolidado un modelo en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar derechos sociales básicos a través de políticas públicas que aseguren la satisfacción de las
necesidades de la población. Este modelo se sustenta en principios de universalidad, solidaridad y redistribución, apoyados en una fiscalidad progresiva que permite financiar los servicios públicos y garantizar una distribución más equitativa de la
riqueza. En este contexto, junto a la acción de los poderes públicos, también desempeñan un papel relevante la sociedad civil, el tercer sector de acción social y las redes comunitarias que contribuyen a fortalecer los mecanismos de protección
social.
Dentro de este entramado institucional se sitúa el Sistema Público de Servicios Sociales, que constituye uno de los pilares del Estado del bienestar. Su finalidad es intervenir de manera organizada para prevenir, atender y superar
situaciones de necesidad social que afectan a personas, familias y comunidades, promoviendo condiciones de vida dignas y favoreciendo la inclusión social. La acción social, entendida como intervención organizada para mejorar aquellas situaciones
que generan desigualdad o exclusión, ha evolucionado históricamente desde modelos basados en la caridad y la beneficencia hacia sistemas públicos de bienestar que reconocen los derechos sociales como derechos de ciudadanía.
En España, el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales se produce de manera especialmente significativa a partir de la década de los años ochenta, coincidiendo con la consolidación del Estado democrático y la expansión de las
políticas sociales impulsadas desde las instituciones públicas. En ese periodo se desarrollaron las primeras leyes autonómicas de servicios sociales, se fortaleció el papel de las entidades locales en la atención social primaria y se puso en marcha
el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que permitió consolidar una red pública de atención social en todo el territorio. La creación del Ministerio de Asuntos Sociales en 1988 y el desarrollo de estructuras
administrativas específicas en las comunidades autónomas supusieron un impulso decisivo para la consolidación del sistema.
Desde entonces, el Sistema Público de Servicios Sociales se ha configurado como un instrumento fundamental para garantizar la cohesión social, atender situaciones de vulnerabilidad y promover la igualdad. Sin embargo, las profundas
transformaciones sociales, económicas y demográficas experimentadas en las últimas décadas han generado nuevos retos que exigen una revisión y adaptación del sistema. El envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares, el
aumento de las desigualdades, el impacto de las crisis económicas, las nuevas formas de exclusión social y los desafíos derivados de la digitalización y de los cambios tecnológicos plantean la necesidad de reforzar las capacidades del sistema para
dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía.
Diversos estudios e informes han venido señalando las dificultades que atraviesa el sistema. Entre ellas, que una parte significativa de la población española reside en territorios donde los servicios sociales presentan niveles de
desarrollo insuficientes, lo que genera importantes desigualdades en el acceso efectivo a derechos sociales básicos en función del lugar de residencia. Estas diferencias territoriales se reflejan tanto en el gasto público destinado a servicios
sociales como en la cobertura de prestaciones y servicios fundamentales, como la atención domiciliaria, la teleasistencia o las rentas mínimas de inserción.
A pesar de los avances normativos y del esfuerzo presupuestario realizado en los últimos años por las distintas administraciones públicas, el sistema continúa enfrentando importantes desafíos relacionados con el incremento de la demanda de
atención social, la creciente complejidad de los problemas sociales y la necesidad de mejorar la coordinación entre administraciones y recursos. Asimismo, la burocratización de los procedimientos, las limitaciones en la dotación de recursos humanos
y la aparición de nuevas problemáticas
sociales hacen necesario impulsar un proceso de reflexión y fortalecimiento del sistema que permita garantizar su capacidad de respuesta en el futuro.
En este contexto, resulta imprescindible abordar un proceso de diagnóstico y planificación estratégica que permita consolidar y reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar.
Este proceso debe contar con la participación activa de las comunidades autónomas, de las entidades locales, del tercer sector de acción social y, de manera especial, de los y las profesionales del trabajo social, cuya labor constituye un elemento
central en el funcionamiento cotidiano del sistema y en la atención directa a las personas y comunidades.
La construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada exige situar a los servicios sociales en el centro de la agenda política, reforzando su papel como instrumento fundamental para garantizar la igualdad, prevenir la exclusión
social y promover el bienestar de toda la ciudadanía. Desde una perspectiva socialdemócrata, fortalecer los servicios públicos y ampliar los derechos sociales constituye una condición imprescindible para avanzar hacia un modelo de desarrollo más
justo, solidario y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la elaboración de una Estrategia de Refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales, en coordinación con las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
2. Realizar un diagnóstico integral del Sistema Público de Servicios Sociales, que analice su estructura, financiación, cobertura, recursos profesionales y capacidad de respuesta ante los nuevos retos sociales.
3. Promover la participación activa de los y las profesionales del trabajo social, como profesión de referencia del sistema, en el proceso de evaluación y diseño de propuestas de mejora.
4. Reforzar el liderazgo del Sistema Público de Servicios Sociales en la coordinación y cooperación entre administraciones públicas y entidades del tercer sector.
5. Posicionar los servicios sociales en la agenda política nacional como instrumento imprescindible para garantizar la calidad de vida, la cohesión social y el desarrollo del Estado del bienestar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.Emilia Almodóvar Sánchez, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la detección, prevención y
respuesta integral frente al maltrato a las personas mayores, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
España se enfrenta a un proceso sostenido de envejecimiento demográfico que plantea importantes retos en términos de protección social, sanitaria y jurídica.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2026 las personas de 65 y más años representan en torno al 20,4 % de la población, con una previsión de incremento progresivo en las próximas décadas (Proyecciones de
población INE). Este contexto exige reforzar los mecanismos de protección frente a situaciones de vulnerabilidad.
En este marco, el maltrato a las personas mayores constituye una realidad insuficientemente visibilizada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato en el
entorno comunitario (WHO, Eider abuse, 2022). No obstante, la propia OMS advierte de un alto nivel de infradenuncia, especialmente en el ámbito familiar, lo que dificulta dimensionar con precisión el fenómeno.
En el ámbito nacional, el Informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España (BOCG Senado, 2022) pone de relieve que el maltrato a las personas mayores es un fenómeno infraidentificado e infradenunciado, señalando
la necesidad de mejorar los sistemas de detección precoz, reforzar la coordinación institucional y avanzar en la protección efectiva de las víctimas.
Asimismo, la fiscalía general del Estado viene advirtiendo en sus Memorias anuales de un incremento de situaciones de vulnerabilidad en personas mayores, especialmente vinculadas a deterioro cognitivo, dependencia y entornos de riesgo
familiar, así como de la complejidad para detectar y acreditar situaciones de abuso, en particular en el ámbito económico.
Desde la perspectiva europea, el Consejo de Europa y la Comisión Europea han señalado igualmente la necesidad de reforzar los sistemas de protección frente al maltrato a mayores, destacando la importancia de protocolos de actuación,
formación de profesionales y sistemas de recogida de datos comparables (European Commission, Green Paper on Ageing, 2021).
A pesar de este diagnóstico compartido, en España persisten importantes carencias estructurales:
No existe un sistema estatal homogéneo de recogida de datos que permita dimensionar adecuadamente el problema.
Los protocolos de detección son desiguales entre territorios y sectores.
No hay una formación obligatoria y sistemática para los profesionales implicados.
La respuesta institucional resulta fragmentada entre los ámbitos social, sanitario y judicial.
El abuso económico, especialmente relevante en situaciones de dependencia, carece de mecanismos preventivos suficientemente desarrollados.
La protección de las personas mayores frente al maltrato no puede quedar limitada a actuaciones parciales o reactivas. Requiere un enfoque integral, coordinado y basado en evidencia, que garantice tanto la detección temprana como la
intervención eficaz. Resulta necesario impulsar desde el ámbito estatal una actuación decidida que permita avanzar en la prevención, detección y respuesta frente al maltrato a las personas mayores, reforzando los instrumentos existentes y
garantizando una protección real y efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la creación de un sistema estatal de información sobre maltrato a personas mayores, que permita la recogida homogénea de datos, su análisis y la elaboración de informes periódicos
de carácter público.
2. Establecer en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, criterios comunes y protocolos
básicos de detección precoz del maltrato, de aplicación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, los servicios sociales y los centros residenciales, garantizando su implantación efectiva.
3. Desarrollar programas de formación específica y obligatoria en materia de prevención, detección e intervención frente al maltrato a personas mayores, dirigidos a profesionales de los ámbitos sanitario, social, judicial y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
4. Reforzar los mecanismos de coordinación sociosanitaria y judicial, promoviendo circuitos de actuación ágiles y efectivos que aseguren una respuesta rápida ante situaciones de riesgo o maltrato acreditado.
5. Evaluar la adecuación del marco jurídico vigente en materia de protección de personas mayores, con el fin de mejorar los instrumentos de protección frente a situaciones de abuso, especialmente en contextos de dependencia o deterioro
cognitivo.
6. Impulsar medidas específicas de prevención y detección del abuso económico, en colaboración con entidades financieras, notariado y registros públicos, que permitan identificar situaciones de riesgo y actuar de forma temprana.
7. Reforzar los mecanismos de inspección y control en centros residenciales y recursos de atención a personas mayores, promoviendo estándares de calidad y transparencia en la atención.
8. Promover la colaboración estructurada con las entidades del Tercer Sector de Acción Social especializadas en la atención y protección de personas mayores, mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación estables que faciliten su
participación en las tareas de prevención, detección temprana, acompañamiento y apoyo a las víctimas de maltrato, así como en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en esta materia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Enrique Belda Pérez-Pedrero, Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García,
Raquel Clemente Muñoz, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Beatriz Jiménez Linuesa, Agustín Parra Gallego, Patricia Rodríguez Calleja, Violante Tomás Olivares, María del Mar Vázquez Jiménez y María Elisa Vedrina Conesa,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/003560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a instancia de Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la
protección del patrimonio cultural en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pasado 26 de mayo se debatió y aprobó en la Comisión de Cultura la proposición no de ley, del Grupo Socialista, para la protección de la torre alminar de la iglesia de Villanueva de Jalón, en el municipio de Chodes (comarca de Valdejalón,
provincia de Zaragoza). Este monumento, hoy deteriorado y ubicado en una localidad sin personas censadas, es un conjunto arquitectónico de valor histórico y patrimonial evidente, siendo
responsabilidad de las instituciones públicas proteger su legado material como forma de reforzar nuestra memoria colectiva y sentar bases para los posibles procesos de recuperación territorial.
En una situación similar encontramos en Aragón otros muchos ejemplos de patrimonio cultural en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición, lo que supone un desafío a su conservación, aun habiendo sido declarados BIC y en muchos casos
siendo incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra, como, entre otros, los siguientes: el Pueblo Viejo de Rodén (devastado y abandonado tras la guerra civil, en Fuentes de Ebro), el monasterio de Santa María de Cambrón (Sádaba), los castillos,
torres y atalayas de El Castellar (en el entorno de la ciudad de Zaragoza, en buena parte dentro del campo de maniobras militares de San Gregorio), el castillo de Rueda de Jalón, el esconjuradero de Burgasé (Fiscal), la iglesia de San Julián de
Escartín (Sobrepuerto, Broto), la Casa Ruba (Fanlo), la ermita de Santa Sofía y la ermita de San Miguel, ambas en Caserras del Castillo (Estopiñán del Castillo), el castillo de Marcuello (Loarre), el castillo de Artasona (Loscorrales), el monasterio
de Torre Ginés (Calanda), la ermita de Santa María Magdalena en Adobas (Castel de Cabra), el conjunto arquitectónico de Mas del Labrador (Valjunquera), la ermita de San Miguel en Pardina del Mercadal (Loscos), el castillo y la ermita de Pradas (San
Agustín), el castillo de Santa Croche (Albarracín), la ermita de la Virgen del Carmen en Casas de Frías (Frías de Albarracín), la ermita de San Antonio Abad en El Cañigral (Albarracín), o el santuario de la Virgen del Campo, la iglesia antigua de la
Virgen del Castillo y la iglesia parroquial, en el municipio de Camarillas; o la casa de la Huerta de Garay (La Almunia de Doña Godina), un patrimonio singular del s. XVIII, obra del arquitecto Silvestre Pérez, sin catalogar como BIC por el
Gobierno de Aragón ni proteger como Monumento de Interés Local por la negativa del actual gobierno municipal; o incluso, como ejemplo de patrimonio industrial, la ya abandonada Central Térmica en La Aldehuela (Aliaga).
El desafío demográfico que afecta a muchas comarcas de Aragón y del interior peninsular pone en riesgo la protección y conservación de un rico patrimonio cultural. Por ello, parece necesario que las administraciones públicas pongan en
marcha un programa específico destinado a la protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición.
Cuando hablamos de patrimonio cultural rural estamos hablando del patrimonio arqueológico, histórico-artístico, natural, industrial, eclesiástico, civil e inmaterial, cuyo mantenimiento supone la conservación de la identidad de un lugar y de
sus habitantes, así como la seguridad de su disfrute para las generaciones futuras. Obviamente trabajar por la conservación, la promoción y la valorización del patrimonio natural, cultural material e inmaterial constituye una potente fuerza motora
para la innovación social, el desarrollo local, regional, urbano y rural integrador. En este sentido, la actividad turística sustentada en la puesta en valor del patrimonio y promovida de forma responsable bajo los parámetros de la sostenibilidad
puede contribuir al despegue económico y a la mejora social, cultural e incluso medioambiental de las comunidades rurales, reduciéndose también los efectos de la estacionalidad en estas áreas.
Las políticas de cohesión y desarrollo rural impulsadas desde la UE pueden contribuir a la mejora en la conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural, potenciando el tejido cultural sostenible. Apoyar las industrias
culturales y creativas y financiar la formación y la actualización de las competencias de los profesionales de la cultura es contribuir a la adhesión territorial y a la cohesión social al mismo tiempo que la recuperación económica a diferentes
niveles territoriales.
En el actual periodo de programación de la Unión Europea (2021-2027) siguen existiendo recursos para la conservación, la promoción y la gestión del patrimonio cultural en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE (Fondos
ESI), el programa Creative Europe (2021-2027) que apoya el patrimonio cultural y los sectores culturales y creativos; los fondos de cohesión y regionales (en particular, el FEDER); Horizon Europe, que incluye convocatorias dedicadas a la
investigación del patrimonio cultural; entre otras iniciativas temáticas, tanto de l+D como de infraestructura cultural,
turismo cultural, regeneración urbana, etc., que permiten que «patrimonio» esté incluido como parte de otros objetivos. Las inversiones en pequeñas infraestructuras culturales como parte de una estrategia territorial deben contribuir tanto
al desarrollo del potencial endógeno como a la promoción de la inclusión social y la calidad de vida, en particular entre las comunidades marginadas, mejorando su acceso a servicios culturales y recreativos en contextos rurales y urbanas. Estos
programas operativos de los fondos se canalizan a través del Estado y las Comunidades Autónomas, que solo financian proyectos promovidos por otras administraciones públicas en bienes de su titularidad.
Por todo ello, a instancia de Chunta Aragonesista (CHA), se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) promover, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes, un programa específico destinado a la protección del patrimonio arquitectónico en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición, aprovechando los
fondos europeos destinados a la conservación y mejora del patrimonio cultural rural; y
2) realizar un estudio completo, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales competentes, que permita inventariar este patrimonio y conocer las necesidades de conservación en cada caso con el objeto de establecer
prioridades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2026.Nahuel González López y Laura Vergara Román, Diputados.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003552
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Software Libre, para su debate en la Comisión de Economía,
Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
El software financiado con recursos públicos es un bien común digital fundamental e indispensable para nuestra soberanía nacional y europea digital una herramienta para reducir dependencias críticas.
Al reclamar que el código desarrollado por y para las Administraciones Públicas se publique bajo licencias de Software Libre y/o de Código Abierto desde sus fases preliminares, el Estado garantiza que los recursos de los contribuyentes se
retomen íntegramente, evitando duplicidades y potenciando la interoperabilidad entre sectores.
Además, la apertura del software libre resulta crucial en la gestión de algunos servicios públicos de carácter esencial, en los que la transparencia y auditabilidad externa del código fuente permiten evitar los sesgos algorítmicos y reducir
las brechas y posibles vulnerabilidades de seguridad.
El uso de este software libre y/o de código abierto permite que las diferentes capas de la Administración Pública, desde un pequeño ayuntamiento al propio Estado, puedan tener un mayor control y adaptabilidad en la implementación de las
soluciones tecnológicas que necesitan, eviten situaciones de «Vendor Lock-In» en la que nuestras instituciones se vuelvan dependientes de ciertos proveedores.
Utilizar herramientas con licencia de software libre y/o de código abierto también fomenta la innovación digital, al permitir que una buena idea implementada por un ayuntamiento pueda crecer y replicarse rápidamente por todo el territorio
nacional, e incluso europeo. Y es que, en sintonía con la European Open Digital Ecosystem Strategy, esta medida reduce nuestra dependencia de las tecnológicas estadounidenses y sus prácticas monopolísticas, impulsando un ecosistema tecnológico
europeo competitivo que nos permita dejar de ser meros consumidores, avanzando hacia una Europa soberana que sea un líder digital.
En cuanto a las posibles dudas de viabilidad que puedan surgir, debemos señalar que nuestra propuesta cuenta con un amplio respaldo de experiencias internacionales y europeas de gran éxito, además de ir en línea con la Open Source
Observatory. Tal es el caso de Italia, que, a través de su agencia digital, ha liderado la estandarización mediante la creación del catálogo «Developers Italia», con el uso de «publiccode.yml», automatizando la reutilización del software
inter-administraciones.
Otro notable ejemplo europeo es el de Francia, que ha institucionalizado este modelo mediante el «Socle Interministérielde Ligiciels Libres (SILL)», creando una comunidad de expertos públicos que vela por la calidad de sus herramientas
digitales.
En definitiva, la adopción de instrumentos de software libre o código abierto representa una mejora notable en la transparencia, eficiencia y democracia de nuestras Administraciones Públicas. Alinear nuestras políticas públicas con los
estándares europeos nos permitirá además de optimizar el gasto público, evitando duplicidades entre las diferentes Administraciones Públicas.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Desarrollar una plataforma digital centralizada que recoja un Catálogo Nacional de Software Público, asegurando que sea accesible y abierto para toda la ciudadanía.
2. Establecer una cláusula de código abierto por diseño, de forma que cualquier software encargado por el Estado deba publicarse bajo licencias libres, como la EU Public Licence.,
3. Llevar a cabo una misión de estudio y recopilación de programas de software de código abierto, que destaquen por su buen funcionamiento en ayuntamientos o comunidades autónomas, con el fin de extender su uso al resto de entidades
públicas.
4. Realizar auditorías de seguridad abiertas sobre los sistemas informáticos que gestionan servicios esenciales en las Administraciones Públicas, permitiendo que expertos independientes puedan revisar los códigos, buscando y corrigiendo
posibles fallos de seguridad.
5. Analizar y evaluar la dependencia existente de programas de software ajenos a la UE y/o extranjeros en áreas críticas, como Defensa, Sanidad o Energía; buscando reducir riesgos de seguridad nacional y fortalecer, a su vez, nuestra
autonomía estratégica.
6. Fomentar el tejido de redes y foros técnicos, en los que desarrolladores de distintas administraciones públicas puedan compartir su visión e ideas sobre esta materia.
7. Impulsar la promoción de la economía social del sector con programas de ayudas y priorización en la contratación pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Francisco Sierra Caballero, Diputado.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Juventud e Infancia
161/003547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso real y efectivo a las líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños
y adolescentes, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
La protección integral de la infancia y la adolescencia no es solo una obligación jurídica sino un compromiso ético y político de los poderes públicos con la igualdad, la justicia social y la garantía efectiva de derechos.
El artículo 39 de la Constitución Española establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de las personas menores. Este mandato se refuerza con lo dispuesto en la Convención sobre los
Derechos del Niño, que reconoce el derecho de niños y niñas a vivir libres de violencia y a acceder a los recursos necesarios para su bienestar y desarrollo.
No basta con reconocer derechos, es imprescindible garantizar que estos sean reales, efectivos y accesibles para todos los menores, con independencia de su entorno social, económico o familiar.
En este sentido, la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia representa un avance histórico al situar la prevención, la detección precoz y la protección frente a la violencia como ejes
centrales de la acción pública.
En coherencia con estos principios, la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia apuesta por entornos seguros, por el bienestar emocional y por el fortalecimiento de los sistemas de protección.
Sin embargo, persiste una realidad que interpela directamente a los poderes públicos: muchos niños, niñas y adolescentes siguen enfrentándose en soledad a situaciones de violencia, acoso, abuso o malestar emocional, sin conocer o sin poder
acceder a recursos de ayuda inmediatos por desconocimiento.
Nuestro ordenamiento jurídico no solo reconoce los derechos de la infancia, sino que también impone la obligación de garantizar su ejercicio efectivo. Una manifestación clara de este compromiso es la existencia de un teléfono de atención a
menores en situación de riesgo.
La Comisión de la Comunidad Europea adoptó, el 15 de febrero de 2007, la Decisión relativa a la reserva en todos los estados miembros del rango de numeración telefónica 116 para la prestación de servicios armonizados de interés social. La
lista de servicios armonizados incluye, entre otros, el servicio de línea de ayuda a la infancia, que se presta con el número 116 111. En cumplimiento de la Decisión, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información dictó la Resolución de 25 de octubre de 2007, que reservaba, en el ámbito del Estado español, el número 116 111 para este servicio con el objetivo de que cualquier niño, niña o adolescente pueda acceder a ayuda especializada a través de
un número común en todos los Estados miembros.
En España, el 116 111 se configura como un servicio gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, destinado a la atención de menores en situación de riesgo o conflicto, así como a su entorno familiar y social. Su funcionamiento
se basa en un modelo descentralizado, en el que la gestión corresponde a las Comunidades Autónomas o a entidades colaboradoras, lo que permite su integración en los sistemas territoriales de protección a la infancia.
Este servicio desempeña una función esencial en la prevención, detección precoz e intervención ante situaciones de violencia, abuso, acoso escolar, problemas de salud
mental o dificultades en el entorno familiar. Asimismo, actúa como canal de entrada al sistema de protección, facilitando la activación de servicios sociales, sanitarios o de emergencia cuando la situación lo requiere.
En este sentido, garantizar la difusión y visibilidad del 116 111 en los espacios frecuentados por niños, niñas y adolescentes constituye una medida clave para hacer efectivo su derecho a ser escuchados, protegidos y atendidos, contribuyendo
al fortalecimiento del sistema de protección a la infancia y a la construcción de entornos seguros.
En este contexto, la labor de la Fundación ANAR es clave. En muchas Comunidades Autónomas, esta fundación gestiona el teléfono 116 111 y además tiene otro teléfono/chat ANAR, el 900 20 20 10, que es un recurso gratuito, confidencial y
accesible las 24 horas, que ofrece atención profesional a menores en situaciones de riesgo en toda España.
En algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña, Cantabria o Galicia existen teléfonos de atención profesional a menores en situación de riesgo gestionados directamente por las propias Comunidades Autónomas o a través de otras
entidades.
No obstante, la existencia de estos teléfonos de atención a la infancia en situación de riesgo, no es suficiente si éstos no son visibles, conocidos y accesibles. Por ello, garantizar la presencia del Teléfono ANAR o de otros análogos en
los espacios donde los menores desarrollan su vida cotidiana es una medida de alto impacto social, bajo coste y enorme capacidad preventiva, que en muchos espacios frecuentados por menores y adolescentes no aparece.
Las políticas públicas deben llegar a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Para ello es necesario implementar todas las medidas que aseguren la visibilidad y
accesibilidad universal con el objetivo de que las y los menores puedan acceder a este recurso de atención a la infancia en situación de riesgo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y entidades locales, la adopción de las medidas necesarias para garantizar la difusión de los números de las líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños y adolescentes (teléfono
ANAR, teléfono 116 111, y otros teléfonos análogos que tengan las Comunidades Autónomas) en todos los espacios frecuentados por menores, incluyendo, al menos, centros educativos de todas las etapas (públicos, concertados y privados), centros
sanitarios, instalaciones deportivas, espacios culturales y de ocio juvenil, transportes públicos y otros espacios de uso habitual. Dicha difusión debe garantizar los requerimientos de accesibilidad universal y diseño para todos, que aseguren
ubicación visible en zonas estratégicas, adaptación a lectura fácil, inclusión de pictogramas y adecuación a diferentes edades.
2. Promover campañas institucionales de sensibilización y difusión, en coordinación con las comunidades autónomas, alineadas con la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, dirigidas a la infancia, adolescencia y sus
entornos, sobre la existencia y funcionamiento de canales como las líneas telefónicas de ayuda.
3. Impulsar, en colaboración con las administraciones competentes, acciones formativas dirigidas a profesionales del ámbito educativo, sanitario y social, en línea con lo previsto en la LOPIVI, orientadas a mejorar la detección precoz de
situaciones de violencia y a facilitar la correcta información a las personas menores sobre los recursos disponibles.
4. Evaluar periódicamente el grado de implementación y el impacto de estas medidas, en colaboración con las comunidades autónomas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.Olvido de la Rosa Baena, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el estudio del impacto psicológico de las máquinas de recompensa en menores y
su relación con el inicio de adicciones sin sustancia, para su debate en la Comisión de Juventud e Infancia.
Exposición de motivos
Las adicciones sin sustancia, también denominadas adicciones comportamentales, constituyen una realidad creciente en nuestra sociedad, especialmente entre la población más joven. Estas conductas, vinculadas a mecanismos de refuerzo,
recompensa inmediata y repetición compulsiva, comparten bases neuropsicológicas con las adicciones a sustancias, lo que las convierte en un ámbito prioritario de intervención desde las políticas públicas de salud.
En este contexto, resulta necesario prestar especial atención a determinados entornos cotidianos en los que los menores están expuestos de forma temprana a dinámicas de refuerzo conductual similares a las presentes en los juegos de azar.
Entre estos elementos se encuentran las denominadas máquinas de recompensa o máquinas recreativas de premios instaladas en establecimientos de hostelería, como bares o cafeterías, cuyo acceso es frecuente en entornos familiares y sociales, «máquinas
expendedoras de cápsulas con recompensa (juguetes)»
Estas máquinas, basadas en sistemas de recompensa inmediata, estímulos visuales y sonoros, y dinámicas de repetición, pueden generar en los menores procesos de aprendizaje conductual asociados a la expectativa de premio, la frustración y la
reiteración de la conducta, configurando patrones que pueden influir en el desarrollo de conductas adictivas sin sustancia en etapas posteriores.
La evidencia científica en el ámbito de la psicología del comportamiento y la neurociencia ha puesto de manifiesto que la exposición temprana a sistemas de refuerzo intermitente puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar conductas
compulsivas, especialmente en etapas evolutivas en las que el control de impulsos y la toma de decisiones aún se encuentran en desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la potencial relevancia de estos factores, existe una limitada evidencia específica en nuestro país sobre el impacto psicológico de este tipo de dispositivos en menores, así como sobre su posible relación con el
inicio de adicciones comportamentales.
Desde una perspectiva de protección de la infancia y de prevención en salud pública, resulta fundamental avanzar en el conocimiento de estos procesos, con el objetivo de anticipar riesgos, diseñar políticas preventivas eficaces y garantizar
entornos seguros para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con las comunidades autónomas y en coordinación con organismos especializados en salud pública, infancia y adicciones, impulsar la investigación sobre el impacto psicológico
de las máquinas de recompensa instaladas en establecimientos de hostelería en menores de edad, analizando su influencia en los procesos de aprendizaje conductual, en la
percepción del riesgo y en el posible inicio de adicciones sin sustancia, con el objetivo de obtener evidencia que permita orientar futuras medidas de prevención y regulación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.Emilia Almodóvar Sánchez y Esther Rodríguez Suárez, Diputadas.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre nuevo enfoque en la regulación de los centros ocupacionales de personas con
discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Los centros ocupacionales están regulados por el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre. Esta norma atribuye la consideración de centros ocupacionales a aquellos establecimientos que tengan como finalidad asegurar los servicios de
terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad, cuando por el grado de discapacidad, debidamente acreditada, no puedan integrarse en una empresa o en un centro especial de empleo.
Según el citado Real Decreto, se entiende por terapia ocupacional «aquellas actividades o labores, no productivas, realizadas por personas con discapacidad, de acuerdo con sus condiciones individuales, bajo la orientación del personal
técnico del centro encaminadas a la obtención de objetos, productos o servicios que no sean, regularmente, objeto de operaciones de mercado». Por otra parte, se consideran servicios de ajuste personal y social, aquellos que procuran a las personas
con discapacidad «en los centros ocupacionales una mayor habilitación personal y una mejor adaptación en su relación social».
Los centros ocupacionales no tendrán, en ningún caso, carácter de centros de trabajo, aunque deben tender a favorecer la futura incorporación de las personas con discapacidad al trabajo productivo. Las personas con discapacidad deberán, en
la medida de sus posibilidades, desarrollar las actividades o labores encargadas por el centro ocupacional, asistir al centro con la asiduidad que le permitan sus circunstancias, y someterse a las revisiones periódicas que determine el equipo
multiprofesional a fin de garantizar en todo momento que la actividad desarrollada se adecúa a su capacidad y para valorar las posibilidades de acceder a un trabajo productivo.
El artículo 52 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social atribuye un doble objeto a los centros ocupacionales: por un lado, asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y
social a las personas con discapacidad con el objeto de lograr su máximo desarrollo personal y, en los casos en los que fuera posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo; por otro, prestar estos servicios a aquellas
personas trabajadoras con discapacidad que habiendo desarrollado una actividad laboral específica no hayan conseguido una adaptación satisfactoria o hayan sufrido un empeoramiento en su situación que haga aconsejable su integración en un centro
ocupacional.
Este artículo también establece que su creación y sostenimiento serán competencia tanto de las administraciones públicas autonómicas como de las instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.
Según el Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, «un aspecto que debe en todo caso ser objeto de evaluación y de formulación de propuestas es el relativo a las estructuras sociales vigentes en este momento de carácter pre-laboral (centros
ocupacionales de personas con discapacidad), que deben ser revisadas y repensadas para insertarlas de modo armónico y potenciador en el nuevo sistema de inclusión laboral que se diseñe y despliegue para las próximas décadas. En este sentido se
debería analizar el cambio de denominación de centro ocupacional por el de «Escuela laboral para personas con discapacidad».
Los centros ocupacionales tienen su origen en los años sesenta y setenta como una iniciativa de las asociaciones de padres y familiares de personas con discapacidad intelectual. Se regularon por primera vez a través de la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Por tanto, han transcurrido más de 40 años y, como se desprende del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, deben reenfocarse y actualizarse a las demandas de la sociedad. Cuestiones como la
economía circular, la digitalización, la inteligencia artificial, etc., juegan un papel esencial en el mercado de trabajo actual, que deben tenerse en cuenta para reenfocar y actualiza las actividades productivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar, entre los objetivos de la regulación de los centros ocupacionales, la promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, bajo las siguientes premisas:
1. Perseguir como objetivo el desarrollo integral de la persona, atendiendo a sus potencialidades, intereses y capacidades, desde una perspectiva de atención centrada en la persona y el desarrollo del propio proyecto de vida.
2. Favorecer procesos de aprendizaje significativo, participación social y formación pre laboral, apoyando las decisiones y elecciones personales de la persona con discapacidad.
3. Diseñar apoyos que formen parte de itinerarios personalizados inclusivos orientados a la vida autónoma y participación comunitaria y que puedan conducir, si así lo desea la persona, a su incorporación al empleo protegido u ordinario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2026.Olvido de la Rosa Baena, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley sobre atención integral a las personas con amputaciones, para su debate en la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La amputación es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extirpación total o parcial de una extremidad o parte del cuerpo. Esta intervención constituye una de las situaciones de mayor vulnerabilidad que puede afrontar una
persona pues, frecuentemente, tiene un impacto profundo y duradero sobre la autonomía personal, la salud física y mental, la capacidad laboral y la plena inclusión social.
Las asociaciones representativas del colectivo, entre ellas la Asociación Nacional de Amputados de España (ANDADE), vienen alertando de la necesidad de que el sistema actúe de forma más ágil, así como de la conveniencia de que los modelos
asistenciales se ajusten a los avances tecnológicos y a las necesidades reales de las personas amputadas.
Uno de los principales retos del sistema es mejorar la atención prestada a las amputaciones de miembro superior. La amputación de un brazo o una mano implica, en la mayoría de los casos, la pérdida de la capacidad laboral, la dificultad
para el autocuidado y una grave merma de la autonomía personal. Las prótesis mioeléctricas y biónicas no son un elemento accesorio, sino una herramienta esencial para recuperar la funcionalidad, la dignidad y la posibilidad de reincorporarse al
mercado de trabajo.
Junto a ello, se siguen registrando miles de amputaciones cada año derivadas de complicaciones del pie diabético. Para mejorar esta situación se debe avanzar en la inclusión de la Podología en las unidades de pie diabético. La falta de
cribado y tratamiento temprano no solo provoca sufrimiento humano evitable, sino que genera un importante sobrecoste para el sistema público, derivado de intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones prolongadas, prótesis, rehabilitación y
prestaciones por discapacidad. La prevención, además de una obligación ética, es una decisión económicamente responsable.
Por otra parte, la atención a la persona amputada no puede limitarse al acto quirúrgico. La amputación genera una crisis vital profunda que requiere un abordaje integral e interdisciplinar desde el primer momento. Resulta imprescindible
contar con Unidades de Atención Integral a Personas Amputadas en los hospitales de referencia, que integren cirugía, rehabilitación, fisioterapia, adaptación ortoprotésica y apoyo psicológico especializado. La atención a la salud mental no puede
demorarse, ya que el impacto emocional condiciona de forma directa el éxito de la rehabilitación física.
Especial preocupación suscita la profunda desigualdad territorial existente en el acceso a prótesis y prestaciones. En algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, se han documentado situaciones especialmente graves en las que
personas con amputaciones múltiples, incluidas personas tetraamputadas, se han visto obligadas a adelantar cantidades que pueden alcanzar hasta los 99.000 euros para poder acceder a sus prótesis. Ningún ciudadano o ciudadana debería verse obligado
a elegir entre su movilidad, su autonomía o la estabilidad económica de su familia en función del territorio en el que reside. El pago directo por parte de las administraciones públicas competentes debe ser la norma y no la excepción, garantizando
la igualdad efectiva en todo el Estado.
A ello se añade la situación que sufren muchas personas amputadas tras el alta hospitalaria derivada de que el periodo que transcurre hasta que se les reconoce la discapacidad es, en ocasiones, demasiado largo. Ello conlleva periodos de
desprotección administrativa durante la rehabilitación. Estas personas necesitan una rápida valoración de la discapacidad que les permita acceder a derechos como la tarjeta de movilidad reducida, entre otros. El Real Decreto 888/2022, de 18 de
octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad introdujo la posibilidad de tramitar de urgencia la petición de solicitud del grado de discapacidad en algunos casos
concretos. Es necesario que las administraciones públicas competentes impulsen dicha tramitación urgente para aquellas personas amputadas que lo necesiten.
Asimismo, se debe seguir fomentando la práctica del deporte adaptado, que constituye una herramienta fundamental de rehabilitación física, bienestar psicológico y reintegración social.
Una sociedad democrática avanzada se mide por la forma en que protege a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Garantizar la dignidad, la prevención, la autonomía personal y la igualdad territorial de las personas amputadas
no es una concesión, sino una responsabilidad de los poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. En colaboración con las Comunidades Autónomas, en el macro de la Estrategia de Diabetes del Sistema Nacional de Salud y del documento de consenso sobre el Abordaje del pie diabético, organizar los cuidados para el control de esta
enfermedad, mediante equipos multidisciplinarios o en unidades de cuidados del pie diabético, con especialistas interdisciplinares, con especial atención a la prevención, cribado y tratamiento, con el objetivo de reducir de forma significativa las
amputaciones evitables. Estudiar la viabilidad de la incorporación de los servicios y prestaciones de Podología en el marco de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
2. Promover, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que las comunidades autónomas creen Equipos Multidisciplinares de Atención Integral a Personas Amputadas en los hospitales de referencia, garantizando un abordaje
coordinado que incluya atención quirúrgica, rehabilitación, adaptación ortoprotésica y apoyo psicológico especializado desde el primer momento.
3. Garantizar el acceso equitativo a prótesis de alta tecnología, tanto de miembro superior como inferior, reconociendo su carácter esencial para la autonomía personal, el autocuidado y el retorno al empleo.
4. Avanzar, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en un marco común para establecer un modelo de pago directo por las administraciones sanitarias competentes que evite situaciones de endeudamiento y desigualdad
territorial, en lo que al catálogo ortoprotésico se refiere.
Avanzar en la normativa necesaria para eximir del copago ortoprotésico a los colectivos de población exentos actualmente del copago en la prestación farmacéutica.
5. Actualizar de forma periódica el catálogo de prestaciones ortoprotésicas, incorporando los avances tecnológicos en biónica y nuevos materiales que permitan maximizar la autonomía personal y la inclusión laboral, de acuerdo con la
normativa vigente.
6. Continuar reconociendo e impulsando el deporte adaptado como una herramienta de rehabilitación y salud, facilitando el acceso al material deportivo adaptado mediante programas públicos de apoyo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.Olvido de la Rosa Baena, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001854
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Condena el Gobierno del Estado de forma contundente los ataques con drones perpetrados por Marruecos el pasado 7 de junio, en los que fue asesinado el dirigente del Frente Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz, y otros dos miembros de la
organización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Condena o Goberno do Estado de forma contundente os ataques con drones perpetrados por Marrocos o pasado 7 de xuño, en que foi asasinado o dirixente da Frente Polisario, Lahbib Mohamed Abdelaziz, e outros dous membros da organización?
Madrid, 9 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Defensa
181/001856
Francesc-Marc Álvaro i Vidal, Grupo Parlamentario Republicano.
Dirigida a Secretaria de Estado de Defensa.
¿Piensan abrir una investigación exhaustiva sobre los casos documentados de suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos vinculados al servicio militar obligatorio durante las décadas de 1980 y 1990, asegurando la
protección de las víctimas y familiares y analizando las posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Francesc-Marc Álvaro Vidal, Diputado.
181/001857
José Enrique Núñez Guijarro, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuál es el estado actual del estudio de viabilidad encargado a Navantia por la Armada en relación con un nuevo portaaviones convencional, así como del calendario previsto para su entrega y, en su caso, para la adopción de una decisión
política y presupuestaria al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.José Enrique Núñez Guijarro, Diputado.
181/001858
José Enrique Núñez Guijarro, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué contactos está manteniendo el Ministerio de Defensa con Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAS) tras afirmar el consejero-delegado de dicha empresa durante la celebración de la feria internacional de defensa SAHA Expo 2026 sobre la
existencia de contactos formales «de Gobierno a Gobierno» entre España y Turquía para abordar el posible interés de España en el caza de quinta generación KAAN, así como la existencia de un «requerimiento» del Ejército del Aire y del Espacio
respecto de un caza de quinta generación superior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.José Enrique Núñez Guijarro, Diputado.
181/001859
José Enrique Núñez Guijarro, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué planes tiene el Ministerio de Defensa respecto del AV-8B Harrier II Plus ante la retirada oficial de dicho modelo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) prevista para el mes de junio de 2026, así como la próxima baja
anunciada por la Marina Militare italiana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.José Enrique Núñez Guijarro, Diputado.
181/001860
Carlos Rojas García y Agustin Conde Bajén, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué alternativas contempla el Ministerio de Defensa ante el fin del proyecto FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate?.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
181/001861
Carlos Rojas García y Agustin Conde Bajén, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué posición ha mantenido del Ministerio de Defensa en la toma de decisiones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales respecto al proceso de fusión de la empresa participada INDRA Group con Escribano Mechanical & Engineering
(EM&E), habida cuenta de que la Secretaria de Estado de Defensa es miembro del Consejo de Administración de la SEPI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
181/001862
Carlos Rojas García y Agustin Conde Bajén, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuál va a ser la posición del Reino de España ante la próxima Cumbre de la OTAN de 2026 que se celebrará los días 7 y 8 de julio de 2026 en el Complejo Presidencial de Bestepe (Külliye) en Ankara, Turquía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.Carlos Rojas García y Agustín Conde Bajén, Diputados.
Comisión de Interior
181/001849
Félix de las Cuevas Cortes y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Confirma el Ministerio del Interior que a fecha de presentación de esta pregunta no existe ningún médico funcionario en activo en el Centro Penitenciario de El Dueso, Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001850
Félix de las Cuevas Cortes y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuántas plazas de facultativos figuran en la relación de puestos de trabajo del centro Penitenciario de El Dueso y cuántas se encuentran vacantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001851
Félix de las Cuevas Cortes y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué actuaciones urgentes piensa adoptar el Ministerio del Interior para garantizar la asistencia sanitaria permanente a los internos del centro Penitenciario de El Dueso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001855
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Establecerá el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los canales oportunos de diálogo con el Ayuntamiento de Arzúa para asegurar la colaboración económica del Gobierno del Estado en la reparación de todos los daños ocasionados
por las obras de la A54 en la red viaria municipal y la puesta en marcha de un plan extraordinario de seguridad vial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Estabelecerá o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel as canles oportunas de diálogo co Concello de Arzúa para asegurar a colaboración económica do Goberno do Estado na reparación de todos os danos ocasionados polas obras da A54
na rede viaria municipal e a posta en marcha dun plan extraordinario de seguranza viaria?
Madrid, 9 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
181/001847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Industria y Turismo.
¿Qué medidas pretende adoptar el Gobierno para evitar que la incertidumbre sobre las ayudas a la compra de vehículos y su política de electrificación perjudiquen a la industria automovilística y a la red de concesionarios en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.
181/001852
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿En qué fecha prevé el Gobierno de España proceder a la efectiva aprobación de la propuesta normativa de mercado de capacidad para el sistema eléctrico español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001853
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿En qué fecha, de acuerdo con los pronósticos del Gobierno de España, tendría lugar la convocatoria de las primeras subastas de capacidad para el sistema eléctrico español, tanto de las de largo como de las de corto plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001845
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la selección por parte de la UE de la mina de Doade en Beariz como proyecto estratégico de materias primas críticas dentro del plan ReArm?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Cal é a posición do Goberno en relación coa selección por parte da UE da mina de Doade en Beariz como proxecto estratéxico de materias primas críticas dentro do plan ReArm?
Madrid, 4 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Sanidad
181/001848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministra de Sanidad.
¿Por qué empeora la salud mental de los profesionales sanitarios, especialmente entre los médicos residentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.