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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 551, de 16/06/2026
cve: BOCG-15-D-551
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de junio de 2026
Núm. 551
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002
Composición del Pleno.
Altas y bajas ... (Página4)
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Composición de la Diputación Permanente.
Altas y bajas ... (Página5)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Composición de los Grupos Parlamentarios.
Altas y bajas ... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003525
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al rechazo del bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, las amenazas militares y la injerencia de Estados Unidos contra Cuba ...
Comisión de Interior
161/003529
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la lucha contra la inseguridad creciente provocada por la política de fronteras abiertas del Gobierno... (Página8)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003531
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las obras de mejora en la N-VI en Bergondo ... (Página10)
Comisión de Industria y Turismo
161/003527
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción del turismo de interior en Castilla-La Mancha ... (Página11)
161/003533
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Plan Industrial de Navantia Ría de Ferrol ... (Página13)
161/003534
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la protección y competitividad del sector del aluminio ... (Página16)
161/003535
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la competitividad energética de la industria española ... (Página21)
161/003536
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la instalación de señales SISTHO para informar de las cuatro 'Rutas del vino' existentes en Aragón ... (Página27)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003537
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mantenimiento y adaptación a la Ley 40/2015 del sistema de colaboración entre el IMSERSO, la FEMP y las entidades locales para la reserva de
plazas en el Programa de Turismo del IMSERSO ... (Página29)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003524
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de proyectos piloto de acuicultura marina innovadora y la defensa del liderazgo español en la economía azul ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003528
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la prevención de incendios forestales ... (Página34)
Comisión de Cultura
161/003532
Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR y Mixto, para impulsar una candidatura de las festividades valencianas del Corpus como patrimonio cultural de la humanidad ...
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003526
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de bases mínimas comunes para la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con funciones de tráfico en siniestros viales y la
instrucción de atestados ... (Página39)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001842
Pregunta formulada por los Diputados Carmen Navarro Lacoba (GP) y Antonio Martínez Gómez (GP), sobre previsiones acerca de tener en cuenta las alegaciones presentadas por la Asociación de cuchilleros de Albacete en el trámite de consulta
pública previa del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas aprobado por el RD 137/1993, y plazos que contempla el Ministerio del Interior para la aprobación definitiva de dicho proyecto ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001843
Pregunta formulada por el Diputado Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de atender la demanda de la Xunta y del Parlamento de Galicia y de la inmensa mayoría de la sociedad gallega, que reclama el rescate de la
concesión y la liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9, por ser esta la alternativa más ventajosa para el interés público ... (Página42)
181/001844
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre compromiso del Gobierno de acelerar los trámites para llevar a cabo el proyecto de 'Reordenación de accesos en la carretera N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo
PP.KK. 576+200 a 577+500' ... (Página43)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001841
Pregunta formulada por la Diputada Rosa Quintana Carballo (GP), sobre estado en que se encuentra el proyecto piloto para evaluar las condiciones de pesca y cría de atún rojo y rabil en aguas de Canarias acordado en la 29ª reunión ordinaria
de ICCAT, celebrada en Sevilla en noviembre de 2025 ... (Página43)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/037716
Autor: Pagès i Massó, Josep
Contratos suscritos por el Ministerio de Defensa con Palantir Technologies Spain S.L., incluido el CNI, o por cualquier otro ministerio u organismo público, y servicios que se prestan en virtud de los contratos adjudicados por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa en los años 2022 y 2023 ... (Página43)
184/039071
Autor: Serrada Pariente, David
Trámites realizados por la Diputación Provincial de Salamanca o por alguna otra institución competente para que la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca vuelva a estar inscrita en el registro de la Subsecretaría del Ministerio
de Cultura, así como consecuencias que acarrea el hecho de que una escuela no esté inscrita en el citado registro pero esté realizando sus funciones ... (Página48)
184/039492
Autor: Granollers Cunillera, Inés
Criterios en los que se basa la frecuencia de la inspección técnica de vehículos (ITV) aplicable a los vehículos adscritos a la formación de conductores, Ministerio que tiene la responsabilidad y competencia para decidir los plazos de
inspección de vehículos, y razones por las que los vehículos de alquiler se equipararon al régimen general de los turismos ... (Página49)
Otros textos
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000015
Declaración institucional relativa a la firma de un Acuerdo de Paz definitivo entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán ... (Página51)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Bajas:
MONTERO CUADRADO, María Jesús ... 11-06-2026
ROMANÍ CANTERA, José Ignacio ... 08-06-2026
Altas:
MARÍN APARICIO, Inmaculada ... 10-06-2026
PACHÓN MARTÍN, Brígida ... 11-06-2026
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Cádiz:
MARÍN APARICIO, Inmaculada ... PP
Sevilla:
PACHÓN MARTÍN, Brígida ... PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MARÍN APARICIO, Inmaculada
Circunscripción: Cádiz
Número: 409
Fecha: 9 de junio de 2026
Formación electoral: PP
Nombre: PACHÓN MARTÍN, Brígida
Circunscripción: Sevilla
Número: 410
Fecha: 10 de junio de 2026
Formación electoral: PSOE
DIPUTACIÓN PERMANENTE
061/000010
Grupo Parlamentario Socialista(061/000009)
Titulares
Baja:
MONTERO CUADRADO, María Jesús ... 11-06-2026
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000010
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso(010/000001)
Número de miembros al 10 de junio de 2026: 137
Baja:
ROMANÍ CANTERA, José Ignacio ... 08-06-2026
Alta:
MARÍN APARICIO, Inmaculada ... 10-06-2026
Grupo Parlamentario Socialista(010/000005)
Número de miembros al 11 de junio de 2026: 121
Baja:
MONTERO CUADRADO, María Jesús ... 11-06-2026
Alta:
PACHÓN MARTÍN, Brígida ... 11-06-2026
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al rechazo del bloqueo, las medidas coercitivas
unilaterales, las amenazas militares y la injerencia de Estados Unidos contra Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Cuba atraviesa una situación económica, social y energética de gravedad como consecuencia directa del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, el cual se ha intensificado en los últimos años mediante medidas
coercitivas unilaterales, extraterritoriales y de carácter energético. Estas medidas dificultan el acceso de Cuba a combustible, financiación internacional, transporte marítimo, alimentos, medicamentos, material sanitario y otros bienes esenciales.
La escasez de combustible, los apagones prolongados y las dificultades para garantizar el funcionamiento de hospitales, el acceso al agua, la distribución de alimentos, el transporte público y otros servicios básicos son expresión concreta
de una política de asfixia que castiga al conjunto de la población cubana de manera indiscriminada. Lejos de limitarse a una disputa bilateral entre Estados, el bloqueo estadounidense produce efectos humanitarios graves y deteriora de forma directa
las condiciones materiales de vida de millones de personas.
En los últimos meses, esta política de presión contra Cuba ha dado un nuevo salto cualitativo. Estados Unidos ha aprobado nuevas medidas sancionadoras contra autoridades, entidades y sectores vinculados al Estado cubano, ha reforzado la
presión sobre terceros países, empresas, entidades financieras y navieras que mantengan relaciones económicas legítimas con Cuba, y ha establecido mecanismos orientados a impedir o dificultar el suministro de petróleo y derivados a la isla.
A esta estrategia de asfixia económica y energética se han sumado en las últimas semanas declaraciones, decisiones y movimientos que elevan de forma alarmante la tensión bilateral y regional. Altos responsables de la Administración
estadounidense han presentado a Cuba como una supuesta amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, han reducido públicamente las posibilidades de una salida negociada y han
realizado declaraciones que pueden interpretarse como amenazas de acción militar contra la isla. Todo ello en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y de utilización de la presión político-militar como
instrumento de injerencia.
Asimismo, la acusación penal federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, acompañada de una orden de arresto, constituye un nuevo episodio de escalada política y judicial
contra la isla. Esta decisión se produce en un contexto de máxima presión, por lo que no puede desligarse de una estrategia más amplia de cambio de régimen, desestabilización e injerencia en los asuntos internos de Cuba.
Desde el punto de vista del derecho internacional, estas actuaciones plantean serias dudas de compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas, el principio de no intervención, la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de carácter extraterritorial. Asimismo, afectan gravemente al disfrute efectivo de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a
la alimentación, al agua, al saneamiento, al desarrollo y a una vida digna.
La defensa de los derechos humanos, la democracia y la soberanía de los pueblos no puede utilizarse como justificación para imponer políticas de castigo colectivo, amenazas militares o estrategias de cambio de régimen.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, así como las medidas coercitivas unilaterales, extraterritoriales y de carácter económico, financiero, comercial y energético dirigidas contra
la isla, por su impacto directo sobre la población civil y por su incompatibilidad con los principios de soberanía, no intervención y respeto al derecho internacional.
2. Rechaza de forma expresa cualquier amenaza, declaración o actuación que apunte a una posible intervención militar, operación de fuerza, acción coercitiva o estrategia de cambio de régimen contra Cuba, y defender de forma clara la
prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, conforme a la Carta de Naciones Unidas.
3. Muestra su solidaridad con el pueblo cubano frente a las políticas de bloqueo, presión económica, amenazas militares, injerencia externa y estrategias de desestabilización promovidas por Estados Unidos, defendiendo el derecho soberano de
Cuba a decidir libremente su futuro político, económico y social sin imposiciones externas.
4. Insta al Gobierno a trasladar al Gobierno de Estados Unidos el rechazo del Estado español a la escalada de presión contra Cuba, incluyendo las nuevas sanciones, el bloqueo energético, la aplicación extraterritorial de medidas coercitivas
y la instrumentalización de procedimientos judiciales, como la acusación penal y orden de arresto contra Raúl Castro, en un contexto de tensión política, amenazas militares e injerencia.
5. Insta al Gobierno a defender en el marco de la Unión Europea, Naciones Unidas y otros foros multilaterales una posición activa contra la aplicación extraterritorial de sanciones estadounidenses, incluyendo aquellas que afecten a
empresas, entidades financieras, navieras, proveedores o terceros Estados que mantengan relaciones comerciales legítimas con Cuba, y promover iniciativas diplomáticas orientadas al levantamiento del bloqueo.
6. Insta al Gobierno a promover, junto con la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas, mecanismos de cooperación internacional y ayuda humanitaria que garanticen el acceso de la población cubana a energía, medicamentos, alimentos,
agua
potable, material sanitario y otros bienes esenciales, sin instrumentalización política y desde el respeto pleno a la soberanía del pueblo cubano.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Jon Iñarritu García, Diputado.Oskar Matute García de Jalón, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Interior
161/003529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la lucha contra la inseguridad creciente provocada por la política de fronteras abiertas del Gobierno, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En el marco de la final de la Liga de Campeones celebrada el sábado 30 de mayo, miles de inmigrantes supuestos aficionados del Paris Saint Germain («PSG») tomaron las calles de París y realizaron multitud de actos vandálicos. La Fiscalía
de París ha confirmado la muerte de un joven de 24 años y el apuñalamiento a otro de 17 años durante una riña en la capital francesa.
Por su parte, el Ejecutivo galo comunicó que «las celebraciones de la Champions del PSG se saldaron con 780 detenciones, de las cuales 457 derivaron en custodias policiales. La cifra supone un incremento del 32 % respecto a los registros
del año anterior en eventos similares1. Asimismo, las Fuerzas de Seguridad francesas también fueron atacadas salvajemente por esa masa violenta. En concreto, 57 agentes resultaron heridos.
En este sentido, conviene reseñar que no es la primera vez que se producen esta serie de altercados en la capital francesa. Más bien, se ha convertido en práctica habitual. Bajo el pretexto de una celebración de cualquier índole, miles de
individuos de origen extranjero salen a las calles a realizar actos violentos, como robos, destrucción de mobiliario y vehículos, saqueos a tiendas y riñas tumultuarias que terminan en apuñalamientos.
La llegada masiva durante décadas de millones de inmigrantes a estados miembros de la Unión Europea ha generado sociedades paralelas y verdaderos guetos en las grandes ciudades europeas. Esta situación demuestra que el modelo de sociedad
multicultural promovido desde instituciones nacionales y comunitarias para forzar la transformación de las sociedades occidentales no sólo es indeseable, sino simplemente irrealizable. Francia, y particularmente la ciudad de París, son
representativas de este fracaso. Los desórdenes, la violencia descontrolada y el deterioro general de la convivencia no son hechos aislados derivados de una «celebración deportiva», sino patrones de conducta fácilmente identificables que se repiten
en cada vez más países de Europa, también en España.
1 SAAVEDRA, Bárbara: «Al menos un muerto y un herido grave en la oleada de violencia en París tras ganar el PSG la Champions», La Gaceta de la Iberosfera, 31.05.26. Disponible [en línea]:
https://gaceta.es/europa/al-menos-un-muerto-y-un-herido-grave-en-la-oleada-de-violencia-en-paris-tras-ganar-el-psg-la-champions-20260531-1334/
Lamentablemente, lo sucedido este fin de semana en Francia es un ejemplo de lo podremos ver en España en unos años de continuar las políticas de fronteras abiertas que está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se ha producido un aumento exponencial de la criminalidad y de la invasión inmigratoria. De acuerdo con datos oficiales del Gobierno, entre el año 2017 y el 2025, los
homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 76 %, los secuestros un 65 %, los delitos por tráfico de drogas, un 75 %. Es especialmente alarmante el incremento exponencial de los delitos contra la libertad sexual (+85 %),
y en particular, las agresiones sexuales con penetración (+286 %).
Además, existe una sobrerrepresentación de los extranjeros en los delitos contra la libertad sexual, que hace más que evidente que existe una relación entre inmigración y criminalidad. En concreto, y según el Informe sobre delitos contra la
libertad sexual 2024, publicados por el Ministerio del Interior, prácticamente el 40 % de los detenidos por delitos contra la libertad sexual en 2024 son de nacionalidad extranjera, cuando su porcentaje de la población total en España es claramente
inferior2, siendo los marroquíes la nacionalidad extranjera más numerosa. (1.100 detenidos, un 8 % del total, cuando sólo representan un 2 % del total de población en España). Asimismo, entre los detenidos por delitos contra la libertad sexual, en
la franja de 18 a 30 años, el porcentaje de extranjeros asciende hasta el casi el 49 %, siendo los marroquíes el mayor grupo (445 de 1.910 detenidos3). Por último, es necesario añadir que en la franja de 31 a 40 años, los extranjeros suponen el 51
%, superando a los españoles incluso en términos absolutos4.
Todos estos datos no hacen sino evidenciar que la voluntad política del Gobierno actual consiste en importar delincuencia extranjera de forma masiva, y silenciar y atacar a los españoles que se opongan al deterioro de nuestros barrios y
municipios. Ello quedó probado, sin ir más lejos, en los altercados tumultuarios provocados en Torre Pacheco por la brutal agresión de unos magrebíes a un anciano en verano de 2025. Urge terminar con estas políticas, o hechos similares a los
ocurridos en París el pasado fin de semana podrían reproducirse en las ciudades españolas.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Deportar a cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida.
2. Repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación.
3. Auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma.
4. Realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra Nación.
5. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.
6. Poner fin a cualquier política migratoria que contemple como necesaria más inmigración en este momento de saturación inmigratoria, así como cualquier
2 Informe sobre delitos contra la libertad sexual 2024, p.52, Ministerio del Interior, Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidad-sexual-en-Espana/Informe_DelitosSexuales2
4_v111225_AC C_OK.pdf
3 Ibidem. p.56.
4 Ibidem. p.57.
regularización que se produzca a estos efectos, ante la emergencia de inseguridad en nuestras calles y barrios.
7. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios materiales y el apoyo jurídico necesarios para garantizar que no se produzcan episodios de vandalismo, disturbios o violencia multitudinaria, y que los delitos cometidos
no queden impunes en ningún caso.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las obras de mejora en la N-VI en Bergondo, para su debate en la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera N-VI soporta una ingente cantidad de tráfico diario debido a que es una de las principales arterias de comunicación. En municipios como Bergondo se atraviesan zonas densamente pobladas, como la parroquia de Cortiñán; por eso
son constantes las reclamaciones tanto de las personas tanto residentes como usuarias de la vía para acometer mejoras en la seguridad vial.
En Cortiñán, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó provisionalmente hace aproximadamente tres años un proyecto de mejora de esta zona denominado «Reordenación de accesos en la carretera N-VI Travesía de Cortiñán
(Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 al 577+500», proyecto muy importante para la seguridad y ampliamente demandado por la vecindad, debido a que aquí ya se han producido accidentes, incluso con pérdidas de vidas humanas. Los sucesivos cambios que se
implantaron en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con las marcas viales, algunos hace más de una década, no consiguieron el objetivo de que la situación mejorara.
Hasta el momento no hay constancia de ningún avance en este proyecto, sobre el que aún no se han dado por resueltas las alegaciones presentadas al respecto.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a acelerar los trámites para llevar a cabo el proyecto de 'Reordenación de accesos en la carretera N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 a 577+500, demandado desde hace mucho
tiempo por la vecindad»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ás obras de mellora na N-VI en Bergondo para o seu debate na Comisión de Transporte e Mobilidade Sustentábel.
Exposición de Motivos
A estrada N-VI soporta unha inxente cantidade de tráfico diario debido a que é unha das principais arterias de comunicación. En concellos como Bergondo atravesa zonas densamente poboadas, caso da parroquia de Cortiñán, por iso as
reclamacións tanto das persoas residentes como das usuarias da vía, para acometer melloras na seguranza viaria son constantes.
En Cortiñán, o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel aprobou provisionalmente fai aproximadamente tres anos un proxecto de mellora desta zona denominado «Reordenación de accesos na estrada N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo).
Tramo PP.KK. 576+200 al 577+500», proxecto moi importante para a seguranza e amplamente demandado pola veciñanza, debido a que aquí xa se teñen dado accidentes, mesmo con perdas de vidas humanas. Os sucesivos cambios que se implantaron nos últimos
anos, sobre todo no que ten a ver coas marcas viarias, algúns fai máis dunha década, non conseguiron o obxectivo de que a situación mellorase.
Até o momento non hai constancia de ningún avance neste proxecto, do que aínda non se deu conta de ter resolto as alegacións presentadas ao mesmo.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a acelerar os trámites para levar a cabo o proxecto de Reordenación de accesos na estrada N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 a 577+500, demandando dende fai moito tempo pola
veciñanza.»
Madrid, 2 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Industria y turismo
161/003527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción del Turismo de Interior en Castilla-La Mancha, para su
debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Castilla-La Mancha viene desarrollando en los últimos años una estrategia turística cada vez más orientada al turismo de interior, sostenible y vinculado al medio rural. Esa estrategia se ha concretado en el Plan Estratégico de Turismo
2024-2030, estructurado en cuatro ejes gestión; conocimiento, innovación y digitalización; marketing y
comercialización; y sostenibilidad, con 12 programas, 59 medidas y una inversión prevista de alrededor de 320 millones de euros hasta 2030. Entre sus líneas de actuación figuran medidas específicamente ligadas al medio rural, como la
movilidad turística sostenible a través de Rural Bike Conecta Castilla-La Mancha, la transición verde del sector, el observatorio de turismo o el sistema integral de calidad de los destinos.
Junto a la planificación estratégica, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la tramitación en 2026 de una nueva Ley de Turismo, con voluntad de consenso y con la finalidad de actualizar el marco normativo e incorporar de forma
expresa la realidad y las necesidades de las zonas rurales.
Esta orientación está acompañada de actuaciones concretas ya en marcha: el despliegue de Rural Bike Conecta Castilla-La Mancha con financiación europea; el refuerzo de la Red de Hospederías; el anuncio de un Plan de Embellecimiento para
apoyar inversiones en la Red de Municipios Turísticos; la creación de una red de 86 miradores astronómicos; el impulso al turismo azul; y programas de formación en competencias digitales para profesionales del sector turístico. Se trata de
medidas que combinan diversificación de producto, sostenibilidad, digitalización, lucha contra la despoblación y mejora de la competitividad de los pequeños destinos.
Los resultados apuntan a una evolución favorable. La propia Junta ha destacado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del turismo rural desde 2015, duplicando el volumen de pernoctaciones, y ha cerrado
2025 con cifras récord en el conjunto de la actividad turística. En turismo rural, el acumulado enero-noviembre de 2025 alcanzó 438.805 viajeros y 981.131 pernoctaciones.
Por todo ello, resulta necesario que el Gobierno de España no contemple el turismo rural únicamente como un segmento complementario, sino como una verdadera política de cohesión territorial, generación de empleo, valorización del patrimonio
natural y cultural y lucha contra la despoblación. Modelos como el que se está impulsando en Castilla-La Mancha merecen respaldo, cooperación institucional y proyección estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer el turismo rural y de interior como una política estratégica de Estado para la cohesión territorial, la fijación de población, la creación de empleo y la diversificación económica del medio rural.
2. Continuar reforzando la cooperación con las comunidades autónomas para apoyar y escalar proyectos de éxito en materia de turismo rural, turismo de naturaleza, cicloturismo, astroturismo, turismo azul, enogastronomía y recuperación del
patrimonio con uso turístico sostenible.
3. Seguir impulsando desde el Estado la dotación de ayudas destinadas a planes de sostenibilidad turística en destinos rurales y de interior, priorizando municipios afectados por despoblación o con especiales dificultades demográficas.
4. Continuar con la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos rurales, incluyendo señalización inteligente, accesibilidad universal, eficiencia energética, conectividad digital, áreas de acogida de visitantes, embellecimiento
del espacio público y adecuación de recursos naturales y patrimoniales.
5. Seguir respaldando la modernización y competitividad del tejido empresarial turístico rural, especialmente pymes, autónomos y alojamientos de pequeña dimensión, mediante programas de digitalización, formación, comercialización,
transición ecológica e innovación.
6. Promover, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia nacional de impulso al cicloturismo y al turismo activo en entornos rurales, tomando en consideración experiencias como las redes de itinerarios turísticos
sostenibles que se están implantando en Castilla-La Mancha.
7. Favorecer la consolidación de productos turísticos desestacionalizadores y de alto valor añadido, como el astroturismo, el turismo gastronómico, el turismo de observación de la naturaleza y el turismo vinculado al agua y a los espacios
naturales interiores.
8. Impulsar la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y etnográfico de los municipios rurales como palanca de desarrollo turístico sostenible, coordinando para ello las políticas turísticas, culturales y de reto
demográfico.
9. Impulsar políticas orientadas a mejorar la conectividad y la movilidad hacia los destinos rurales de interior, coordinando con CCAA y EELL políticas de transporte, carreteras y movilidad sostenible, a fin de facilitar el acceso de
visitantes y reducir desequilibrios territoriales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Cristina López Zamora, Gonzalo Redondo Cárdenas, Sergio Gutiérrez Prieto, Jesús Mayoral Pérez, Alberto Rojo Blas, Emilio Sáez Cruz, Isabel Iniesta Egido, Luis Carlos Sahuquillo
García y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al Plan Industrial de Navantia Ría de Ferrol, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
Navantia es una empresa pública propiedad de la SEPI dedicada a la construcción naval con centros de trabajo en la bahía de Cádiz, Cartagena, Madrid y la ría de Ferrol, que por su historia, dimensión, capacidad constructiva y operativa,
nivel tecnológico, clientes, facturación y volumen de empleo es una de las grandes empresas industriales de su sector en el panorama mundial.
Su papel como empresa tractora y motor económico de los territorios en los que se sitúan sus centros de trabajo es reconocido explícitamente por todos los gobiernos sucesivos, siendo uno de los principales instrumentos para la consecución de
los objetivos de sus respectivas estrategias en materia de política industrial y económica.
En los últimos tiempos se han ido sucediendo una serie de anuncios relacionados con el futuro industrial de Navantia que resultan muy preocupantes para la comarca de Ferrol.
Por un lado, la pérdida de contratos en el sector de la eólica marina debido a la política del presidente de los EE. UU., Donald Trump, dejará sin trabajo a las instalaciones de Fene durante 1 o 2 años, lo cual afectará a las previsiones y
reservas de espacio y materiales para esas obras, así como a la asignación de nuevas contrataciones y la renovación de plantillas anunciadas por el Gobierno en función de las necesidades de cada centro.
Asimismo, la reorganización de Navantia Seanergies, división de energías verdes de Navantia, realizada a finales del año 2025 y sin interlocución alguna con la parte social, también tendrá profundas consecuencias en nuestra comarca. En
primer lugar, porque no se incluye la fábrica de Turbinas para Ferrol, lo que significa dejarla fuera de los proyectos vinculados con el hidrógeno o con otras tecnologías relacionadas con la transición energética. Y, en segundo lugar, porque la
reorganización también parece
destinar el astillero de Puerto Real a la fabricación de buques de porte mediano y grande, un segmento de actividad tradicionalmente reservado a las instalaciones de Navantia en la Ría de Ferrol y que, por tanto, a partir de ahora, estarán
en competencia directa.
En este contexto, el anuncio realizado por la dirección de Navantia sobre el futuro plan industrial es de la máxima importancia para la comarca de Ferrol. Así, el primer anuncio no solo echa por tierra las expectativas sobre nuevas
infraestructuras (diques), sino que también descarta aquellas inversiones necesarias para mantener las actuales capacidades operativas, como por ejemplo la renovación de los elementos de elevación o de la Kollmann.
La dirección de Navantia anunció también su negativa a negociar el Plan industrial con la parte social, un hecho que rompe con la tradición histórica de la compañía y que implica un importante retroceso democrático. Estas declaraciones
auguran un mal resultado, pues si la dirección de Navantia huye del diálogo y del escrutinio público, puede ser indicativo de la impopularidad de sus decisiones y propuestas.
Atendiendo a la información hecha pública, el personal de Navantia en la ría de Ferrol, que siempre ha destacado por su capacidad movilizadora y reivindicativa, teme lo peor, pero defenderá el mantenimiento de la capacidad constructiva
actual y el volumen de empleo. El BNG considera que es más importante que nunca una apuesta decidida por la diversificación y la recuperación de actividades si queremos dotar al empleo en los astilleros de la ría de estabilidad y futuro.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Favorecer la entrada de la Xunta de Galicia en el Consejo de Administración de Navantia.
2. Recuperar la actividad de construcción naval civil.
3. Adjudicar al Centro Navantia Ría de Ferrol las construcciones de buques de porte mediano y grande, como venía siendo norma históricamente.
4. Introducir a Navantia Ría de Ferrol en los segmentos con mayor carga tecnológica de las actividades relacionadas con las energías renovables y la descarbonización de la movilidad marítima, concretamente la fábrica de turbinas.
5. Dotar de nuevas infraestructuras, como un dique para nueva construcción y otro para reparaciones de mayores dimensiones que el actual dique 3, así como mejorar y aumentar la capacidad de los sistemas de elevación de cargas o la
renovación de la Kollmann de Turbinas
6. Descentralizar la política de compras y de subcontratación, favoreciendo el tejido empresarial local de referencia para Navantia en la ría de Ferrol
7. Aplicar las medidas sociales pactadas para el personal de Navantia al personal de la industria auxiliar, sobre todo las relativas a la jubilación y a la formación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa ao Plan Industrial de Navantia Ría de Ferrol para o seu debate na Comisión de Industria e Turismo.
Exposición de motivos
Navantia é unha empresa pública propiedade da SEPI dedicada á construción naval con centros de traballo na baía de Cádiz, Cartaxena, Madrid e a ría de Ferrol, que pola súa historia, dimensión, capacidade construtiva e operativa, nivel
tecnolóxico, clientes, facturación e volume de emprego é unha das grandes empresas industriais do seu sector no panorama mundial.
O seu papel como empresa tractora e motor económico dos territorios en que sitúan os seus centros de traballo é recoñecido explicitamente por todos os sucesivos gobernos, sendo un dos principais instrumentos para a consecución de obxectivos
das súas respectivas estratexias en materia de política industrial e económica.
Nos últimos tempos veñen sucedéndose unha serie de anuncios relacionado co futuro industrial de Navantia que resultan moi preocupantes para a comarca de Ferrol.
Por un lado, a perda de contratos no sector da eólica mariña por causa da política do presidente dos EUA, Donald Trump, vai deixar sen traballo as instalacións de Fene durante 1 ou 2 anos, afectando as previsións e reservas de espazo e
materiais para esas obras, así como ao reparto de novas contratacións e renovación de cadros anunciadas polo Goberno en función das necesidades de cada centro.
Así mesmo, a reorganización de Navantia Seanergies, división de enerxías verdes de Navantia, realizada a finais do ano 2025 e sen interlocución ningunha coa parte social tamén vai ter profundas consecuencias na nosa comarca. En primeiro
lugar porque non se inclúe a fábrica de Turbinas para Ferrol, o que significa deixala fóra dos proxectos vinculados co hidróxeno ou con outras tecnoloxías relacionadas coa transición enerxética. E, en segundo lugar, porque a reorganización tamén
parece destinar o estaleiro de Puerto Real á fabricación de buques de mediano e grande porte, un segmento de actividade tradicionalmente reservado ás instalacións de Navantia na Ría de Ferrol e, por tanto, a partir de agora en competencia directa
con este.
Neste contexto, o anuncio realizado pola dirección de Navantia sobre o futuro plan de industrial é da máxima importancia para a comarca de Ferrol. Así, o primeiro anuncio non só bota por terra as expectativas sobre novas infraestruturas
(diques), senón que descarta tamén aqueles investimentos necesarios para manter as actuais capacidades operativas, como por exemplo a renovación dos elementos de elevación ou da Kollmann.
A dirección de Navantia anunciou tamén a súa negativa a negociar o Plan industrial coa parte social, feito que rompe coa tradición histórica da compañía e que implica un importante retroceso democrático. Declaracións que auguran un mal
resultado pois, se a dirección de Navantia fuxe do diálogo e do escrutinio público, pode ser indicativo da impopularidade das súas decisións e propostas.
Atendendo á información feita pública, o persoal de Navantia na ría de Ferrol, que sempre destacou pola súa capacidade mobilizadora e reivindicativa, teme o peor, mais defenderá o mantemento da capacidade construtiva actual e o volume de
emprego. O BNG considera que é máis importante que nunca unha aposta decidida pola diversificación e a recuperación de actividades se queremos dotar o emprego nos estaleiros da ría de estabilidade e futuro.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Favorecer a entrada da Xunta da Galiza no Consello de administración de Navantia.
2. Recuperar a actividade de construción naval civil.
3. Adxudicar ao Centro Navantia ría de Ferrol as construcións de buques de mediano e grande porte, como viña sendo norma historicamente.
4. Introducir Navantia ría de Ferrol nos segmentos con maior carga tecnolóxica das actividades relacionadas coas enerxías renovábeis e a descarbonización da mobilidade marítima, nomeadamente a fábrica de Turbinas.
5. Dotar de novas infraestruturas, como un dique para nova construción e outro para reparacións de maiores dimensións que actual dique 3, así como mellorar e aumentar a capacidade dos sistemas de elevación de cargas ou a renovación da
Kollmann de Turbinas
6. Descentralizar a política de compras e subcontratación favorecendo ao tecido empresarial próximo de referencia para Navantia ría de Ferrol
7. Aplicar as medidas sociais pactadas para o persoal de Navantia ao persoal da industria auxiliar, sobre todo as relativas a xubilación e formación».
Madrid, 6 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
161/003534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección y competitividad
del sector del aluminio, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El sector del aluminio transformado constituye uno de los pilares estratégicos del tejido industrial español y europeo, con una producción anual superior a 4,5 millones de toneladas en Europa y 1,3 millones de toneladas en España (un 28,9 %
del total europeo)
En España disponemos de 600 empresas activas (mayoritariamente pequeñas y medianas empresas) y más de 17.000 empleos directos de alta cualificación técnica, situándonos como el tercer productor europeo de aluminio transformado.
Se trata de un sector con amplia presencia territorial, elevada especialización tecnológica y una integración profunda en cadenas de valor estratégicas como la automoción, la construcción, la energía, la electrificación, la defensa y los
envases y embalajes. El aluminio es insumo esencial para la transición energética y digital, al ser imprescindible en energías renovables, redes eléctricas, movilidad sostenible e infraestructuras modernas.
Desde el punto de vista ambiental, el aluminio posee una singularidad estructural que lo sitúa en el centro de la economía circular europea: es infinitamente reciclable sin pérdida de propiedades. El 75 % del aluminio producido a lo largo
de la historia continúa en uso, y su reciclaje permite reducir hasta un 94 % las emisiones respecto a la producción primaria. En Europa, las tasas de reciclaje superan el 90 % en sectores como la automoción y la construcción, y alcanzan el 75 % en
envases. Esta combinación de circularidad, eficiencia energética y valor añadido ha motivado su inclusión en el Reglamento (UE) 2024/1252 sobre materias primas fundamentales como materia prima estratégica para la autonomía industrial europea.
Sin embargo, esta fortaleza transformadora contrasta con una creciente vulnerabilidad estructural en producción primaria. Europa importa más del 50 % del aluminio que necesita para su industria transformadora, con una demanda y por tanto
dependencia crecientes. El continente ha visto reducida progresivamente su capacidad de fundición primaria en las últimas décadas, mientras mantiene una sólida industria transformadora aguas abajo.
La reducción de capacidad primaria se debe a un problema de competitividad. El aluminio es intensivo en electricidad y, en Europa, los altos costes energéticos y los costes indirectos del EU ETS sobre el precio de la electricidad han
contribuido al cierre o debilitamiento de capacidad primaria, trasladando presión a toda la cadena transformadora. La falta de redes y de acceso estable a energía descarbonizada y asequible, ha incrementado el diferencial de costes frente a
competidores internacionales.
España no es ajena a esta realidad. La paralización de la producción primaria en la planta de ALCOA en San Ciprián supuso la pérdida temporal de aproximadamente 220.000 toneladas anuales de producción nacional, incrementando la dependencia
exterior en un contexto de elevados costes eléctricos y presión por los costes indirectos del ETS. Aunque la planta completó en abril de 2026 el rearranque de sus 512 cubas de electrólisis, este episodio evidenció hasta qué punto la viabilidad de
la producción primaria de aluminio en España depende del acceso estable a energía competitiva y de un marco regulatorio capaz de ofrecer certidumbre industrial a largo plazo.
A nivel europeo, la oferta se ha visto tensionada por recortes significativos en instalaciones que forman parte de su base tradicional de suministro. La paralización de la fundición Mozal en Mozambique, proveedor clave para el mercado
europeo, supuso la retirada de entre 400.000 y 450.000 toneladas anuales. Asimismo, en Islandia, la fundición de Grundartangi redujo su producción en aproximadamente dos tercios de su capacidad instalada (cercana a las 320.000 toneladas anuales),
disminuyendo de forma sustancial el volumen disponible para exportación hacia Europa.
A ello se suma la prohibición de importaciones de aluminio primario procedente de Rusia a partir de 2026, en un contexto donde dicho suministro representaba una parte relevante del abastecimiento europeo de aluminio con baja huella de
carbono. Paralelamente, parte del aluminio ruso está siendo redirigido a través de Turquía, reetiquetado como semiproducto y no sujeto a las mismas restricciones, generando distorsiones comerciales, mostrando la clara necesidad de reforzar la
verificación de origen y revisar los mecanismos de control vinculados a reglas de origen y transformaciones sustanciales, para evitar que operaciones de transformación mínima permitan eludir restricciones y distorsionen la competencia en el mercado
interior.
Las capacidades alternativas de países como Canadá o Noruega, aunque relevantes, resultan insuficientes para compensar plenamente este déficit, sumando el hecho de que, a pesar de los aranceles, el aluminio canadiense sigue teniendo como
destino principal Estados Unidos sin una deriva apreciable todavía hacia el mercado europeo. Europa se enfrenta así a un mercado estructuralmente deficitario, dependiente de importaciones y expuesto a tensiones geopolíticas.
Este escenario se ve agravado por la previsión de crecimiento del 40 % en la demanda global de aluminio hasta 2030, en un contexto de disponibilidad limitada de chatarra para reciclaje. El aluminio es cada vez más demandado precisamente por
su papel en la descarbonización, lo que incrementa la competencia global por el acceso a materia prima.
En este contexto de déficit estructural es cuando entra en aplicación plena el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), regulado por el Reglamento (UE) 2023/956. El objetivo del CBAM, evitar la fuga de carbono y garantizar
condiciones equitativas de competencia, es compartido por el sector. Sin embargo, su diseño actual plantea riesgos específicos para industrias basadas en la transformación más que en la producción de material como la del aluminio.
El CBAM exige la adquisición de certificados equivalentes al precio del carbono en el EU ETS en función de las emisiones incorporadas en los productos importados. No obstante, en un mercado estructuralmente deficitario como el europeo del
aluminio, el precio no lo fija el productor medio, sino el productor marginal necesario para equilibrar oferta y demanda.
Esto implica que el coste del CBAM no se limita al volumen importado gravado, sino que se integra en la prima pagada por todo el aluminio consumido en Europa. Incluso el aluminio reciclado o de baja huella de carbono puede verse afectado
por este efecto sistémico de formación de precios. De este modo, un instrumento concebido para penalizar emisiones intensivas puede terminar encareciendo de forma generalizada el conjunto del mercado transformador europeo.
Además, la eliminación progresiva de las asignaciones gratuitas en el EU ETS conforme avanza la aplicación del CBAM incrementará la presión de costes sobre la industria europea.
Las estimaciones sectoriales apuntan a un impacto potencial de entre 10.000 y 11.000 millones de euros anuales para las industrias transformadoras europeas, en ausencia de ajustes específicos. Este sobrecoste no garantiza necesariamente una
reducción efectiva de emisiones globales, sino que puede generar deslocalización en la producción produciendo el efecto contrario, ya que el aluminio europeo tiene una huella de carbono sensiblemente inferior a la media mundial, pérdida de
competitividad y debilitamiento de la base industrial europea.
El riesgo no es únicamente económico. El encarecimiento relativo del aluminio puede favorecer su sustitución por materiales alternativos con mayor huella ambiental, como determinados aceros o plásticos, generando una fuga de carbono inversa
contraria a los objetivos climáticos del Pacto Verde. Asimismo, la pérdida de competitividad del tejido transformador europeo pondría en riesgo miles de empleos cualificados y afectaría a la cohesión territorial en regiones industriales.
A la vulnerabilidad estructural del mercado europeo del aluminio se suma una brecha en el diseño actual del CBAM en lo relativo a la chatarra. El Reglamento (UE) 2023/956 y la propuesta COM (2025) 989 excluyen la chatarra post-consumo (CN
ex 7602) del ámbito de precursores sujetos al mecanismo, mientras que la chatarra pre-consumo sí está cubierta. Esta asimetría crea un riesgo real de eludir el CBAM mediante la declaración incorrecta del tipo o el origen de la chatarra, dado que el
aluminio en bruto no permite distinguir fácilmente entre aluminio primario, chatarra pre-consumo y chatarra post-consumo. El resultado es una distorsión de la competencia en perjuicio de los productores europeos que sí soportan el coste del carbono
en sus insumos reciclados, y un incentivo perverso a la importación de aluminio reciclado de países sin precio equivalente al carbono, sin contribución equivalente a los objetivos climáticos europeos.
A esta distorsión se añade la introducción del umbral administrativo de exención de 50 toneladas anuales. Diseñado para pequeños importadores ocasionales, dicho umbral resulta inadecuado para el mercado del aluminio transformado,
caracterizado por alta fragmentación de pedidos aguas abajo y elevada densidad de valor por tonelada.
En el caso del aluminio, 50 toneladas no representan un volumen marginal, sino un volumen comercial significativo. El umbral puede permitir importaciones libres de CBAM en cantidades relevantes, generando un incentivo inverso: importar
producto transformado desde terceros países puede resultar más ventajoso que producirlo dentro de la Unión Europea utilizando materia prima sujeta al mecanismo, de forma totalmente legal sin necesidad de fraccionar envíos ni recurrir a prácticas de
elusión. Esto introduce una distorsión que puede erosionar progresivamente la base industrial transformadora europea. Este riesgo se vuelve aún más relevante ante la ampliación del ámbito de aplicación del CBAM a más productos transformados y de
mayor valor añadido, con un impacto negativo directo en pymes y empleo industrial.
La propuesta de revisión COM (2025) 989 extiende el ámbito del CBAM a determinados productos aguas abajo con elevado contenido de aluminio. Sin embargo, la cobertura propuesta deja fuera una parte significativa de los productos
transformados más expuestos a la competencia de terceros países. Componentes de automoción, estructuras metálicas, piezas de aviación y otros bienes de los capítulos 83-87 y 94 del arancel que son intensivos en aluminio quedarían sin cobertura,
creando lagunas que permiten a los importadores eludir el mecanismo sustituyendo aluminio primario europeo sujeto al CBAM por productos manufacturados procedentes de países sin precio al
carbono. Para que el CBAM sea efectivo en la cadena del aluminio, su ámbito debe incluir todos los códigos NC del Capítulo 76 y los principales productos transformados aguas abajo.
Además, es imprescindible abordar la dimensión exterior, el sector transformador europeo compite en mercados internacionales donde no existe un precio equivalente al carbono. Aunque la revisión del CBAM y el Fondo Temporal de
Descarbonización avanzan en esta dirección, su diseño actual es claramente insuficiente y no resuelve por sí solo el problema. Si no se habilitan instrumentos que corrijan esta asimetría, el CBAM y la progresiva retirada de asignaciones gratuitas
del ETS pueden traducirse en una pérdida de competitividad exportadora, desplazando producción y empleo fuera de la UE sin una reducción real de emisiones globales. La política climática debe complementarse con mecanismos compatibles con el marco
comunitario que preserven la capacidad exportadora del aluminio europeo, y especialmente del español, evitando «exportar cierres» y garantizando igualdad de condiciones en terceros mercados.
El Fondo Temporal de Descarbonización, COM (2025) 990, supone un primer reconocimiento de la necesidad de compensar a los exportadores europeos por los sobrecostes climáticos. Sin embargo, su diseño actual presenta limitaciones
estructurales que reducen significativamente su eficacia para el sector del aluminio. En primer lugar, el ámbito de productos elegibles no cubre la totalidad del Capítulo 76 del arancel, excluyendo productos como el aluminio en bruto (7601), barras
y perfiles (7604), alambre (7605), chapas y bandas (7606) y estructuras (7610), que son precisamente los productos más expuestos a la competencia exportadora. En segundo lugar, la compensación cubre menos del 50 % de los costes ETS verificados,
tiene vigencia limitada hasta 2034 y depende de fuentes de financiación inciertas (subastas ETS/CBAM). En tercer lugar, el umbral de intensidad exportadora superior al 30 % deja fuera a numerosas instalaciones transformadoras con riesgo real de
fuga de carbono competitiva. El Fondo debe reformarse para cubrir la totalidad de los productos del Capítulo 76, garantizar una compensación que refleje el sobrecoste real soportado y ampliar los criterios de elegibilidad a las instalaciones
transformadoras aguas abajo que, aunque no estén directamente en el ETS, soportan el incremento de precio en sus insumos de aluminio primario derivado de la normativa climática europea.
En consecuencia, el desafío que enfrenta el sector del aluminio no es aislado ni coyuntural. Afecta a la autonomía estratégica europea, a la resiliencia industrial y a la coherencia entre política climática e industrial. El aluminio ha
sido reconocido por la propia Unión Europea como materia prima estratégica. Resulta imprescindible que la aplicación del CBAM tenga en cuenta la estructura transformadora del sector, su situación de déficit estructural de suministro y su
contribución esencial a la transición energética.
España, como tercer productor europeo de aluminio transformado y país con una industria intensamente integrada en las cadenas de valor europeas, debe adoptar una posición firme y técnicamente fundamentada en defensa de su sector y de la
competitividad industrial europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Favorecer la competitividad energética de la cadena del aluminio en España a través de un acceso efectivo a la red eléctrica de la industria, facilitando, adicionalmente, acceso a energía descarbonizada asequible y redes y contratos
estables.
2. Introducir las medidas fiscales que garanticen un precio energético competitivo y estable y, de forma particular, establecer un tipo del 0 % en el Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
3. Dotar de carácter permanente la bonificación del 80 % de los peajes de acceso al consumo eléctrico de la industria electrointensiva.
4. Introducir de forma inmediata las reformas necesarias en el sistema eléctrico para reducir los costes de los servicios de ajuste que tanto impactan en el coste de la energía que tienen que asumir las empresas y las familias.
5. Promover, conforme a la normativa nacional y europea de contratación pública, el uso de la contratación pública en España como instrumento de demanda para reforzar la resiliencia y seguridad de suministro de la cadena europea del
aluminio, favoreciendo la valoración de aspectos vinculados a sostenibilidad, circularidad y trazabilidad de los materiales.
6. Impulsar medidas que refuercen la autonomía estratégica europea en aluminio, favoreciendo la retención y valorización de chatarra dentro de la Unión Europea como materia prima esencial para la economía circular y la descarbonización
industrial.
7. Solicitar a la Comisión Europea, en coordinación con Eurostat, las autoridades nacionales y las autoridades aduaneras, la recopilación, verificación y publicación de datos agregados a escala de la UE sobre la distribución de compras e
importaciones de productos de aluminio por tramos de volumen anual (incluidos umbrales de 50 y 100 toneladas), con el fin de evaluar el riesgo de sustitución de demanda y deslocalización industrial, especialmente para pymes.
8. Defender ante las instituciones europeas, en el marco de la revisión del Reglamento (UE) 2023/956, la revisión del diseño y aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para el aluminio, incluida la introducción de
una excepción específica mediante la suspensión temporal de su aplicación junto a la congelación de las asignaciones gratuitas de ETS a este material, atendiendo a su carácter estratégico y a la elevada dependencia europea de importaciones de
aluminio primario.
9. En el momento en el que no sea de aplicación la suspensión temporal recogida en el apartado 8, se adoptarán las siguientes medidas:
a. Impulsar, conforme a la verificación de datos, la revisión sustancial del umbral administrativo de exención de 50 toneladas anuales a 5 toneladas aplicables únicamente al aluminio, adaptando el umbral a la realidad operativa del sector y
estableciendo salvaguardias que impidan incentivos a la fragmentación de importaciones o a la sustitución de proveedores europeos por productos transformados procedentes de terceros países.
b. Defender la ampliación del ámbito de aplicación del CBAM a todos los códigos NC del Capítulo 76 del arancel aduanero, así como a productos aguas abajo con elevado contenido en aluminio (componentes de automoción, estructuras, componentes
de aviación, asientos y otros bienes de los capítulos 83-87 y 94 del arancel), con el fin de evitar que los productos transformados procedentes de terceros países queden fuera del mecanismo mientras los productores europeos soportan el coste del
carbono en sus insumos.
c. Instar a la Comisión Europea a corregir el tratamiento asimétrico de la chatarra de aluminio en el CBAM, incluyendo la chatarra post-consumo como precursor sujeto al mecanismo, al igual que la chatarra pre-consumo.
d. Reforzar los mecanismos de trazabilidad y verificación de origen en el CBAM, mediante un enfoque tipo «smelt and cast» que permitan identificar el país de fundición (smelt) y colada del aluminio (cast), así como reconocer adecuadamente el
contenido reciclado y las emisiones reales del producto, con el fin de evitar prácticas de triangulación o desvío comercial que distorsionen la competencia.
10. Impulsar la exención inmediata, del coste de carbono soportado en la UE para los productos de aluminio exportados, mediante un mecanismo estructural aplicable a toda la gama de productos, ajustado cuando exista un precio del carbono
equivalente en el mercado de destino.
11. Exigir que el Fondo Temporal de Descarbonización [COM(2025) 990] amplíe su ámbito de bienes elegibles para incluir la totalidad del Capítulo 76 del arancel
aduanero en especial aluminio en bruto (7601), barras y perfiles (7604), alambre (7605), chapas y bandas (7606), papel y hojas (7607) y estructuras (7610), garantizando que las instalaciones transformadoras europeas orientadas a la
exportación reciban compensación efectiva por el sobrecoste en sus insumos de aluminio derivado de la normativa climática europea.
12. Introducir medidas que permitan acelerar los procedimientos de defensa comercial en la Unión Europea para poder competir en igualdad de condiciones con otros modelos industriales como los desarrollados en China, India o Turquía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Francisco José Conde López, José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Mirian Guardiola Salmerón, Juan Diego Requena Ruiz, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares
Domingo, Félix de las Cuevas Cortés, Guillermo Mariscal Anaya y Pedro Navarro López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de ley para garantizar la competitividad
energética de la industria española, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria española atraviesa un momento crítico condicionado por dos factores estructurales que lastran su competitividad: el elevado coste de la energía y la creciente dependencia exterior en materias primas estratégicas. Esta
situación de origen se ve agravada por el actual contexto geopolítico internacional, marcado por el incremento de las tensiones en Oriente Medio y, en particular, por la evolución del conflicto en Irán, que ha vuelto a poner de manifiesto la elevada
sensibilidad de los mercados energéticos a factores de inestabilidad en regiones clave para el suministro global. En este sentido, las tensiones en el Estrecho de Ormuz punto estratégico por el que transita una quinta parte del comercio mundial de
petróleo y una proporción relevante del comercio de gas natural licuado están generando un impacto directo en el incremento de los precios y en su volatilidad. Este escenario introduce un elevado grado de incertidumbre sobre la evolución de los
costes energéticos, afectando de manera especialmente intensa a las economías europeas y, en particular, a su base industrial.
Esta situación no constituye un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un periodo prolongado de tensiones en los mercados energéticos iniciado tras la invasión de Ucrania, que ha tenido un impacto relevante sobre los precios y los costes
energéticos en Europa.
Además, coincide con un cambio profundo en la orientación de la política industrial europea. La Unión Europea ha asumido que la competitividad, la seguridad económica, la autonomía estratégica y la descarbonización industrial deben
abordarse de forma conjunta, a través de un nuevo marco integrado por la Brújula de Competitividad, el Pacto Industrial Limpio, la Ley de Aceleración Industrial y los nuevos instrumentos financieros previstos para el periodo 2028-2034.
Este nuevo enfoque europeo parte de una evidencia clara: sin energía asequible, sin seguridad de suministro, sin acceso a materias primas críticas y sin simplificación regulatoria, la industria europea no podrá competir en igualdad de
condiciones frente a Estados Unidos y China.
España no puede permanecer al margen de esta nueva etapa. Nuestro país cuenta con capacidades industriales, recursos renovables, potencial en materias primas estratégicas y una posición geográfica relevante para las cadenas de valor
europeas, pero necesita una política energética e industrial coherente, estable y orientada a la competitividad. De lo contrario, corre el riesgo de desaprovechar una oportunidad decisiva para atraer inversión, participar en proyectos industriales
europeos y reforzar su autonomía estratégica.
La industria española, por tanto, no es ajena a este contexto internacional, que está condicionado, adicionalmente, por los elementos internos vinculados al diseño del sistema energético y una política energética del Gobierno que ha
profundizado en ellos, configurando un modelo caracterizado por la elevada volatilidad de costes, una planificación insuficiente que garantice la seguridad de suministro, y la ausencia de enfoque industrial en la transición energética. Así, la
evolución de los precios del gas y de la electricidad, junto con la incertidumbre asociada a su comportamiento, incide de forma directa en las decisiones de inversión industrial, la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del
empleo.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con el objetivo de mitigar los efectos derivados de
la actual coyuntura energética. Este real decreto incorpora diversas medidas orientadas a apoyar a las familias y a los sectores más afectados, muchas de las cuales coinciden con propuestas que ya habían sido planteadas en diversas ocasiones por el
Grupo Parlamentario Popular. Un Real Decreto-Ley que el Gobierno ha utilizado para introducir una profunda modificación del sistema eléctrico pero que, sin embargo, constituye una oportunidad perdida para corregir de forma integral los problemas
estructurales de nuestro sistema eléctrico y los déficits regulatorios que se han evidenciado tras el apagón de abril de 2025.
Las medidas introducidas por el Gobierno carecen, en su mayoría, de vocación de permanencia, y se configuran como respuestas temporales y parciales que no permiten dar estabilidad al marco energético e industrial ni solucionan los problemas
estructurales que afectan a la competitividad de la industria española. En particular, la bonificación de peajes al consumo eléctrico de la industria electrointensiva se establece únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, y la suspensión del
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica tiene carácter temporal hasta el 30 de junio de 2026.
En este sentido, el Real Decreto-ley 7/2026 no incorpora un enfoque integral que permita corregir los desequilibrios estructurales que afectan al sistema eléctrico y a la industria, resultando claramente insuficiente para dar respuestas a
las necesidades reales del sector. En concreto, no se incluyen medidas necesarias para reforzar la competitividad a largo plazo, como la consolidación de un marco permanente de apoyo a los consumidores electrointensivos; la elevación de las
compensaciones por costes indirectos de CO2; o la adopción de mecanismos específicos de apoyo a la cogeneración que garanticen la adecuada retribución de las instalaciones y la convocatoria de subastas que permitan su renovación.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 7/2026 tampoco da una solución al rápido crecimiento de la generación fotovoltaica que ya representa en determinados momentos más del 60 % de la generación instantánea al no contemplar la necesaria
adaptación de la red eléctrica y de los mecanismos de control necesarios, e impidiendo el traslado de los precios bajos de la generación fotovoltaica al consumidor final, especialmente el industrial, a causa de los costes de los servicios de ajuste
del sistema eléctrico.
A ese respecto el informe de la CNMC, de 18 de marzo de 2026 y las propias respuestas del Gobierno a preguntas parlamentarias reconocen una inacción de cuatro años, en el período 2021-2025, en la reforma del control de tensión, manteniendo
al sistema en una situación de «ceguera técnica» respecto al autoconsumo, bajo una incoherencia normativa que obligaba a operar por encima de límites de diseño industrial
de los equipos. La propia CNMC ha señalado en su Informe esa incoherencia, recomendando la creación de un grupo de trabajo interministerial que incorpore al Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico y al Ministerio de
Industria y Turismo para resolver esas incoherencias.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evidencian, adicionalmente, fallos estructurales más graves como la insuficiencia de servicios de ajuste, la falta de observación del sistema, las incoherencias
normativas y la ausencia de mecanismos dinámicos de control de tensión.
La realidad que sufre la industria española es una pérdida de competitividad permanente en relación con nuestros principales competidores europeos e internacionales, en gran medida por la configuración del coste final de la electricidad.
Más allá de la evolución del precio mayorista, el precio final que soportan los consumidores industriales viene determinado por la acumulación de peajes de acceso, cargos regulatorios, costes asociados a los servicios de ajuste del sistema eléctrico
e imposición fiscal. Este conjunto de factores genera un diferencial respecto a otros países de nuestro entorno, limitando la capacidad de la industria española para competir en igualdad de condiciones en mercados globalizados y condicionando las
decisiones de inversión y localización de la actividad productiva.
Según datos del Observatorio de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a junio de 2026, el coste final de la electricidad para la industria electrointensiva en España se sitúa en torno a 72,46 /MWh, frente a los 37,96
/MWh de Francia, lo que supone prácticamente tener que asumir el doble del coste energético, evidenciando la desventaja competitiva a la que se enfrenta la industria española.
Entre los factores que explican este encarecimiento destacan los costes asociados a los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Desde el apagón se viene implementando un sistema de gestión, denominado «operación reforzada» que ha
incrementado de nuevo los costes, que se han multiplicado por seis desde 2020 y que han alcanzado en 2026 niveles cercanos a 23,75 /MWh, llegando a representar el 56 % del coste de la energía, cuando tradicionalmente se situaban en tomo al 5 %, lo
que evidencia el fuerte incremento de estos sobrecostes y su impacto directo sobre la competitividad industrial. El coste que está pagando el consumidor por estos servicios asciende ya hasta los 1.700 millones de euros en lo que llevamos de año.
Estos costes no son gestionables ni previsibles para los consumidores industriales, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde se integran en los peajes de acceso y permiten anticiparlos, así como
aplicar reducciones específicas para la industria con el objetivo de preservar su competitividad.
En contraste con esta situación, en España persiste la ausencia de un marco estable y predecible para los consumidores electrointensivos, caracterizado en los últimos años por la adopción de medidas de carácter temporal que se activan,
prorrogan y decaen sin integrarse en una estrategia estructural. Esta dinámica de intervención, basada en soluciones de corto plazo, introduce un elevado grado de inseguridad jurídica y dificulta la planificación industrial a medio y largo plazo,
afectando negativamente a la inversión y a la competitividad del tejido productivo.
El sistema de compensaciones por costes indirectos de C02 no está permitiendo corregir la desventaja competitiva de la industria electrointensiva. La existencia de un límite del 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de derechos
de emisión establecido en el artículo 30.4 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, restringe la financiación del mecanismo. En este sentido, la recaudación en dichas subastas ascendió en 2025 a aproximadamente 2.600 millones
de euros, lo que limita la dotación máxima a unos 650 millones, por debajo de los cerca de 904 millones necesarios para cubrir la totalidad de las compensaciones permitidas. Asimismo, la incorporación de nuevos sectores a la lista de industrias en
riesgo de fuga de carbono incrementa la demanda de estas compensaciones, sin que se haya producido un ajuste equivalente de los recursos disponibles.
Esta situación contrasta con la de otros Estados miembros de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Italia, que dotan el mecanismo con los recursos necesarios para cubrir la totalidad de las compensaciones, tal y como permite la
normativa comunitaria, generando una desventaja competitiva adicional para la industria española.
El Real Decreto-Ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio intensifica los problemas de competitividad de la industria, ya que las medidas de mitigación de la volatilidad son muy limitadas, y
de corto alcance temporal, y aquellas que podrían tener un carácter más estructural insisten en el error de acelerar un proceso desequilibrado, sin adoptar previamente las medidas recomendadas por la CNMC para corregirlo y blindar la segundad de
suministro a precios competitivos.
En paralelo, la cogeneración, tecnología esencial para sectores industriales intensivos en consumo térmico, desempeña un papel clave tanto en la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como en la
competitividad industrial. Está presente en sectores industriales calorintensivos cerámico, químico, alimentario, automovilístico, entre otros, que representan en torno al 20 % del PIB industrial y sostienen más de 200.000 empleos directos, y ha
permitido la producción simultánea de energía térmica y eléctrica con elevados niveles de eficiencia y con un potencial de ahorro de hasta un 30 % de energía primaria.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un progresivo deterioro del peso de la cogeneración en el mix energético nacional, pasando de representar en torno al 12 % de la generación eléctrica en 2019 (29.615 GWh) a situarse en niveles
cercanos al 5,7 % en 2025 (15.400 GWh). Esta evolución compromete la viabilidad de numerosas instalaciones industriales y afecta de manera directa a la competitividad y al mantenimiento del empleo industrial.
La transición hacia un modelo energético descarbonizado debe abordarse desde un enfoque basado en la neutralidad tecnológica y en la realidad industrial, teniendo en cuenta que determinados procesos productivos requieren energía térmica de
alta temperatura para la que, en la actualidad, no existen alternativas técnicamente viables y económicamente competitivas basadas exclusivamente en la electrificación. La ausencia de este enfoque puede derivar en un incremento de los costes
industriales, una pérdida de competitividad y un mayor riesgo de deslocalización de la actividad productiva.
Asimismo, persisten limitaciones en el acceso a las redes eléctricas que están condicionando el desarrollo de nuevos proyectos industriales y tecnológicos. La falta de capacidad de conexión en determinados nodos, así como la ausencia de una
planificación adecuada de las infraestructuras energéticas, está retrasando o paralizando inversiones estratégicas, incluidas aquellas vinculadas al desarrollo de centros de datos y a la digitalización, con impacto directo en determinadas
Comunidades Autónomas.
La reciente publicación de los mapas con la capacidad disponible en las redes eléctricas en España por parte de la CNMC, evidencia una realidad que ya sufrían los consumidores industriales y es la escasa capacidad de acceso a la demanda que
actualmente hay.
Ante esta situación, el Real Decreto-ley 7/2026 no proporciona certidumbre ni da respuesta a cuestiones relevantes para el sector, como el impacto de los costes asociados a los servicios de ajuste del sistema eléctrico, ni resuelve el
problema del acceso de la industria a las redes eléctricas, cuya limitada capacidad de conexión sigue condicionando el desarrollo de nuevos proyectos industriales y tecnológicos.
Adicionalmente, el Real Decreto-Ley 7/2026 introduce un nuevo factor de riesgo e incertidumbre para la industria. Con la excusa, entre otras, de la congestión en el derecho de acceso y conexión de las redes eléctricas provocada en gran
parte por las acciones y omisiones ineficientes del propio gobierno en este ámbito, se crean los Proyectos Estratégicos de Inversión.
Esta nueva figura administrativa no introduce ningún criterio objetivo para su declaración, dejando una vez más en la arbitrariedad del gobierno, la aplicación de normativas y procedimientos que benefician a determinadas empresas frente a
otras. Entre los beneficios que tendrán los nuevos Proyectos Estratégicos de Inversión se
encuentra la prioridad en los trámites administrativos, la facilitación de acceso y conexión a las redes eléctricas, la prioridad para su incorporación a la planificación de la red de transporte, o la agilización en el acceso de programas de
ayudas y fondos públicos. Una nueva forma de intervencionismo político en un mercado liberalizado, que se debería regir por criterios competitivos y no restrictivos, especialmente cuando hablamos del acceso a un recurso escaso ante el que la propia
política energética del gobierno impide su universalización. La creación de los Proyectos Estratégicos de Inversión junto con otras figuras como los «proyectos energéticos preferentes» o los proyectos con «sello de excelencia social y territorial»,
que también tendrán acceso prioritario a unas redes colapsadas, permite al Gobierno, como ha señalado FEDEA «elegir ganadores», planificar discrecionalmente y distorsionar la competencia.
En conjunto, las medidas adoptadas reflejan un enfoque fragmentado, basado en intervenciones parciales y temporales, que no se integra en una estrategia industrial coherente ni proporciona el marco de certidumbre necesario para la
planificación de inversiones a medio y largo plazo. Parece muy evidente que el gobierno busca un cambio de modelo en el sector eléctrico, haciéndolo a través de un Real Decreto-Ley, sin los preceptivos informes de impacto económico o normativo, y
que ahonda en un modelo de control férreo y discrecionalidad frente a un modelo liberalizado que ha sido «torpedeado» regulatoriamente los últimos años.
La seguridad de suministro industrial no se agota, sin embargo, en el acceso a energía competitiva ni en la disponibilidad de redes eléctricas suficientes. También exige garantizar un suministro estable, diversificado y competitivo de
materias primas críticas y recursos estratégicos, imprescindibles para la transición energética, la digitalización, la movilidad eléctrica, la defensa, el almacenamiento energético, las tecnologías limpias y el desarrollo de nuevas capacidades
industriales. En este ámbito, el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales ha situado la reducción de dependencias exteriores y el refuerzo de las cadenas de valor europeas como una prioridad estratégica.
España debe aprovechar este marco europeo para reforzar su base industrial estratégica, reducir vulnerabilidades exteriores y consolidar capacidades nacionales vinculadas al suministro, procesamiento, transformación y aprovechamiento de
recursos críticos. Para ello, es necesario priorizar y acelerar proyectos que contribuyan a diversificar fuentes de suministro, garantizar la viabilidad de los proyectos estratégicos de materias primas críticas designados por la Comisión Europea y
fortalecer una cadena de valor nacional asociada a actividades industriales de mayor valor añadido.
Asimismo, la economía circular debe integrarse en esta orientación como una palanca para reducir dependencias, recuperar materias primas secundarias, valorizar residuos y reforzar la autonomía estratégica de la industria española, evitando
que los objetivos de descarbonización y transición energética generen nuevas vulnerabilidades industriales o tecnológicas.
En definitiva, la actuación del Gobierno no responde a la necesidad de articular una política energética e industrial que permita abordar de forma integral los problemas de competitividad, seguridad de suministro y autonomía estratégica de
la industria española. En un contexto de elevada incertidumbre económica y geopolítica, y ante el nuevo marco europeo de política industrial, es imprescindible avanzar hacia un marco estable, predecible y competitivo que permita reforzar el tejido
industrial, facilitar la inversión y evitar riesgos de pérdida de actividad y deslocalización. Un marco que proporcione a la industria española las ventajas competitivas que potencialmente nuestros recursos renovables pueden ofrecer para un proceso
de reindustrialización español y europeo. Y esto exige, sin más demoras, una política energética que ponga en el centro a la industria poniendo el acento en la competitividad, la seguridad de suministro y la autonomía estratégica como único camino
posible para alcanzar los objetivos de descarbonización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno, en relación con la competitividad energética industrial a:
a. Dotar de carácter permanente a las medidas de apoyo energético a la industria adoptadas de forma temporal en el Real Decreto-ley 7/2026, en particular el establecimiento de un tipo del 0 % en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica y la bonificación del 80 % de los peajes de acceso al consumo eléctrico de la industria electrointensiva.
b. Iniciar las reformas necesarias inmediatas en el sistema eléctrico para reducir los costes de los servicios de ajuste que tanto impactan en el coste de la energía que pagan la industria y las familias.
c. Desarrollar un Estatuto del Consumidor Energético Hiperintensivo, que incluya consumidores de electricidad y consumidores de gas.
d. Establecer un mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad para los sectores expuestos a un riesgo real de fugas de carbono,
con una dotación anual equivalente, con carácter general, al 25 por ciento de los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión. Asimismo, cuando las necesidades de compensación de la industria electrointensiva española superen dicho
umbral para asegurar su competitividad y evitar riesgos de fuga de carbono, el Gobierno elevará dicho importe, cumpliendo con la obligación de publicación y notificación a la Comisión Europea de los motivos que justifican dicho exceso, conforme a la
normativa comunitaria vigente.
2. Insta al Gobierno respecto a la cogeneración a:
a. Establecer un marco de inversión para la cogeneración mediante la convocatoria de subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia en el segundo semestre de 2026.
b. Extender la retribución regulada durante un periodo mínimo de dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan alcanzado el final de su vida útil regulatoria, en tanto no se resuelva la convocatoria de las subastas
previstas.
c. Acometer, conforme al nuevo marco de ayudas autorizado por la Comisión Europea y a la Orden TED/53/2026, de 27 de enero, la modificación normativa de la fórmula de cálculo de la retribución regulada de la cogeneración, de forma que, con
el ajuste metodológico necesario, se cubran adecuadamente los costes de las instalaciones.
3. Insta al Gobierno respecto a la seguridad de suministro eléctrica a:
a. Mejorar la planificación de las infraestructuras eléctricas y garantizar el acceso efectivo a la red para la industria, dando respuesta a la demanda industrial y tecnológica y facilitando la ejecución de nuevas inversiones.
b. Implantar una planificación de la red de transporte y distribución dinámica alineada con demanda industrial, con posibilidad de inversión anticipatoria.
c. Permitir cofinanciación privada de infraestructuras eléctricas y mitigar tendencia monopolística de la figura del transportista único, considerando alternativas competitivas.
d. Incentivar mecanismos de provisión voluntaria de los servicios de ajuste y de los servicios de estabilidad del sistema, evaluando su provisión obligatoria para todas las tecnologías cuando resulte justificado para garantizar el
suministro.
e. Contribuir a garantizar seguridad de suministro en un sistema con alta penetración renovable con criterios de costo-eficiencia, que aproveche instalaciones ya
existentes o nuevas instalaciones que además de estabilidad aporten flexibilidad y capacidad de almacenamiento.
4. Insta al Gobierno, en materia de materias primas críticas, recursos minerales estratégicos y economía circular industrial, a:
a. Reforzar la base industrial estratégica española mediante una política de materias primas críticas alineada con el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales, orientada a garantizar la seguridad de suministro, diversificar
fuentes, reducir dependencias exteriores y desarrollar capacidades nacionales en toda la cadena de valor.
b. Priorizar y acelerar los proyectos dirigidos a asegurar el suministro de materias primas críticas y fortalecer las capacidades industriales nacionales, garantizando la viabilidad de los proyectos estratégicos designados por la Comisión
Europea y reforzando una cadena de valor nacional vinculada a actividades de procesamiento y transformación industrial.
c. Agilizar la tramitación administrativa de los proyectos estratégicos, mejorando la coordinación entre administraciones y promotores, reduciendo cargas burocráticas y favoreciendo la inversión privada y público-privada en toda la cadena de
valor.
d. Impulsar la economía circular mediante la valorización de residuos, la recuperación de materias primas secundarias, el reciclaje de minerales críticos, la trazabilidad de los materiales y el aprovechamiento sostenible de recursos,
garantizando la seguridad de suministro y la competitividad industrial».
5. Introducir criterios objetivos y cuantificables que permitan objetivar los requisitos para la declaración de Proyectos Estratégicos de Inversión a efectos de otorgar prioridad en los trámites administrativos, facilitar el acceso y
conexión a las redes eléctricas, priorizar su incorporación a la planificación de la red de transporte, o agilizar el acceso a programas de ayudas y fondos públicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Francisco José Conde López, José Vicente Marí Bosó, Irene Garrido Valenzuela, Mirian Guardiola Salmerón, Juan Diego Requena Ruiz, Tristana María Moraleja Gómez, Esther Llamazares
Domingo, Félix de las Cuevas Cortés, Guillermo Mariscal Anaya y Pedro Navarro López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instalación de señales SISTHO para informar de las cuatro «Rutas del
vino» existentes en Aragón, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El día 19 de noviembre de 1998, el entonces Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento y la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Hacienda firmaron un acuerdo para la implantación de un sistema de señalización turística homologada en las carreteras de la red del Estado (en adelante, SISTHO), con la finalidad de realizar todas las operaciones materiales, jurídicas, técnicas y
de diseño necesarias para crear e implantar dicho sistema.
Este sistema de señalización permitiría informar a los usuarios de las carreteras de los lugares que en la proximidad de su recorrido ofreciesen un especial atractivo turístico.
El Sistema de Señalización Turística Homologada en las carreteras de la red del Estado (SISTHO) permite informar a los usuarios de las carreteras de los lugares con un especial atractivo turístico, ayudando a potenciar la oferta turística
existente en todo el territorio nacional, así como a facilitar la toma de decisiones del viajero.
El día 10 de abril de 2019 se suscribió un convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que contempla una ampliación de 250 destinos señalizables adicionales para un
periodo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 13 de junio de 2019.
En cuanto al procedimiento, los destinos o recursos contenidos en este Catálogo de destinos del SISTHO han sido propuestos por los diferentes gobiernos autonómicos a la Secretaría de Estado de Turismo.
Así, una vez que esta selecciona los que cumplen los niveles de calidad turística acordados, se comparte dicha selección a la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los nuevos destinos que cumplan con las condiciones establecidas pasan a formar parte de este catálogo y pueden ser, por tanto, señalizados con carteles de formato específico SISTHO.
El Catálogo también incorpora los espacios naturales declarados parques nacionales, así como los enclaves catalogados como Reservas de la Biosfera o como Geoparques Mundiales por la Unesco.
Se pretende que las señales SISTHO tengan un diseño específico claramente diferenciable por parte de los usuarios de las carreteras, lo que a su vez supone realzar el valor de los destinos y recursos señalizados.
Para ello, es imprescindible que únicamente los destinos y recursos contenidos en el catálogo sean señalizados con carteles identificables como SISTHO, pues lo contrario supondría restar credibilidad a las características y atractivos que
han hecho que los destinos y recursos hayan sido precisamente seleccionados para formar parte de esta relación.
Con fecha 4 de marzo de 2019, la secretaria de Estado de Turismo, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda dieron a conocer los 120 nuevos destinos que se iban a incluir en el catálogo del Sistema de Señalización
Turística Homologada (SISTHO).
En aquel momento, se señalaba que, de los 120 destinos aprobados, 12 se incluirán directamente en el catálogo, ocupando el cupo libre existente del acuerdo de 2013, y los 108 restantes se incluirían en el nuevo convenio que estaba en
redacción (10/4/2019).
Por entonces, la Administración señalaba que era preciso seguir colaborando para ampliar y mejorar la señalización turística en la red viaria con dos objetivos claros, el primero, que el destino señalizado posea un atractivo realmente
destacable y que la identificación de la señalización turística sea clara y esté bien ubicada de modo que no ponga en riesgo la seguridad en la carretera y el viajero tenga una feliz llegada a su destino.
Tras la firma de este último convenio, se establecían cuatro nuevos destinos SISTHO en Aragón:
Ruta del Vino de Calatayud.
Ruta del Vino del Campo de Borja (ahora Ruta de la Garnacha).
Ruta del Vino de Cariñena.
Ruta del Vino del Somontano.
Pese a este acuerdo, la realidad es que estas cuatro Rutas del Vino no aparecen debidamente señalizadas con sistema de señalización turística homologada, siendo de indudable interés para estos destinos poder ofrecer al viajero la mejor
información sobre el producto turístico que se ofrece.
El Congreso de los Diputados, en sesión de su Comisión de Industria y Turismo celebrada el día 25/6/2025 adoptó el siguiente acuerdo: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y analizar nuevas fórmulas de colaboración con
el sector del vino en el desarrollo e impulso del producto Rutas del Vino de España».
Así las cosas, en cumplimiento del convenio del año 2019, y considerando que el producto turístico «Rutas del Vino» tiene un enorme potencial en Aragón.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Administraciones Públicas competentes y en cumplimiento del convenio suscrito el día 10 de abril de 2019, a avanzar en la señalización turística homologada en las
carreteras de la red del Estado (SISTHO) en las cuatro Rutas del Vino existentes en Aragón: Ruta del Vino de Calatayud; Ruta del Vino del Campo de Borja (ahora Ruta de la Garnacha); Ruta del Vino de Cariñena y Ruta del Vino del Somontano.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego y Pepe Mercadal Baquero, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003537
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al mantenimiento y adaptación a la Ley 40/2015 del sistema de colaboración entre el IMSERSO, la FEMP y las entidades locales para la reserva de plazas en el Programa de Turismo del IMSERSO.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 5 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al mantenimiento y adaptación
a la Ley 40/2015 del sistema de colaboración entre el IMSERSO, la FEMP y las entidades locales para la reserva de plazas en el Programa de Turismo del Imserso, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
El Programa de Turismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) constituye una de las políticas públicas de envejecimiento activo, cohesión social y lucha contra la soledad no deseada más relevantes desarrolladas en
España durante las últimas décadas. Desde finales de los años ochenta este programa ha permitido facilitar el acceso de personas mayores, muchas de ellas con recursos limitados o situaciones de vulnerabilidad, a estancias turísticas y termales que
contribuyen a mejorar su calidad de vida, prevenir situaciones de aislamiento y favorecer el mantenimiento de su autonomía personal.
En este contexto, el 3 de octubre de 1989, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el entonces Instituto Nacional de Servicios Sociales suscribieron un convenio de colaboración para la reserva de plazas en el Programa de
Vacaciones de la Tercera Edad, al que posteriormente se adhirieron numerosos ayuntamientos mediante convenios específicos de colaboración. Estos convenios permitían canalizar, a través de los servicios sociales municipales, la identificación,
acompañamiento y acceso de personas mayores con especiales dificultades económicas o sociales a dichos programas.
Durante casi cuatro décadas, este sistema ha funcionado de forma continuada y eficaz, constituyendo un instrumento de proximidad especialmente relevante en municipios rurales, envejecidos y con dificultades de acceso a recursos
administrativos y tecnológicos. No en vano, en el momento actual son 142 entidades locales adheridas, distribuidas territorialmente: 29 municipios en Canarias, 27 en Castilla y León, 26 en Cantabria, 16 en la Comunidad de Madrid, 14 en Andalucía,
11 en Galicia, 9 en Cataluña, 6 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 1 en La Rioja, evidenciando su especial implantación en territorios con elevada dispersión geográfica y envejecimiento poblacional.
Sin embargo, de manera unilateral y sin diálogo con las entidades locales afectadas ni con la FEMP, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado la supresión del sistema de reserva de plazas a través de
ayuntamientos a partir de la temporada 2026/2027, alegando la supuesta extinción de los convenios históricos como consecuencia de la aplicación de la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Esta decisión constituye un ejemplo paradigmático de improvisación, ausencia de planificación y desatención hacia el municipalismo por parte del Gobierno de España.
Resulta especialmente grave que el Ministerio pretenda justificar ahora la desaparición de un instrumento de colaboración consolidado durante treinta y siete años apelando a una normativa aprobada en 2015, cuando el propio Gobierno de Pedro
Sánchez lleva ocho años al frente de la Administración General del Estado sin haber impulsado ninguna adaptación del convenio al nuevo marco jurídico, permitiendo, además, que el sistema siguiera operando de forma ordinaria durante más de once años
desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, consolidando de facto su continuidad mediante sucesivas prórrogas tácitas.
El Gobierno no puede ampararse ahora en una supuesta imposibilidad jurídica que ni acreditó en su momento ni trató de resolver durante años. La inacción administrativa del Ministerio no puede convertirse en la excusa para desmantelar un
mecanismo social que
ha funcionado durante décadas y que presta un servicio especialmente valioso a miles de personas mayores vulnerables.
Además, la fundamentación jurídica empleada para justificar la supuesta extinción del convenio plantea serias dudas. El Ministerio no ha acreditado suficientemente ni la existencia de una resolución formal de extinción, ni la denuncia
expresa de los convenios, ni la emisión de actos administrativos individualizados dirigidos a las entidades locales afectadas. Tampoco ha articulado régimen transitorio alguno que permita evitar perjuicios a las personas usuarias ni ha ofrecido una
alternativa eficaz para garantizar el acceso al programa de quienes venían utilizando este canal municipal.
Conviene recordar que numerosos convenios de adhesión municipal contemplaban expresamente su prórroga tácita para sucesivas temporadas salvo denuncia de las partes, lo que refuerza las dudas sobre la suficiencia jurídica de la fundamentación
utilizada por el Ministerio para justificar la abrupta supresión del sistema.
La decisión del Gobierno supone, en la práctica, un recorte político encubierto para miles de personas mayores que accedían a estos programas mediante la intermediación de los servicios sociales municipales, especialmente personas con bajos
ingresos, situaciones de soledad, escasa autonomía, dificultades administrativas o afectadas por la brecha digital.
No todos los mayores tienen acceso sencillo a internet, habilidades digitales o apoyo familiar suficiente para tramitar reservas y gestionar incidencias mediante canales telemáticos o comerciales ordinarios. Precisamente por ello, los
ayuntamientos y sus servicios sociales desempeñaban un papel insustituible de acompañamiento, asesoramiento y detección de necesidades.
En definitiva, el Gobierno vuelve a dar la espalda al municipalismo, trasladando unilateralmente las consecuencias de su propia inacción administrativa a los ayuntamientos y, lo que es aún más grave, a las personas mayores más vulnerables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
«La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener de forma transitoria y sin interrupción, hasta la adaptación al marco jurídico vigente, el sistema de colaboración existente entre el IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las entidades locales
adheridas para la reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso, garantizando la continuidad del acceso de las personas mayores usuarias durante las temporadas afectadas.
2. Impulsar, en el plazo máximo de seis meses, la adaptación del convenio histórico suscrito entre el IMSERSO y la FEMP, así como de los correspondientes instrumentos de adhesión de las entidades locales, al régimen jurídico previsto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando plena seguridad jurídica.
3. Abrir de forma inmediata un proceso de diálogo y negociación con las entidades locales afectadas y con la FEMP, a fin de preservar el papel de los servicios sociales municipales como instrumento de acompañamiento y apoyo a las personas
mayores participantes en el Programa de Turismo del IMSERSO.
4. Garantizar específicamente la protección de las personas mayores vulnerables, con bajos ingresos, afectadas por situaciones de soledad no deseada, dependencia, discapacidad o brecha digital, estableciendo mecanismos de apoyo presencial y
acompañamiento a través de los servicios sociales municipales.
5. Elaborar y remitir a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre:
El número de municipios afectados;
Las personas beneficiarías del sistema desde 1989;
Los informes jurídicos que fundamentan la supuesta extinción del convenio;
La evaluación del impacto social de la supresión del sistema sobre las personas mayores usuarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2026.Carmen Fúnez de Gregorio, Ana Isabel Alós López, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo,
Raquel Clemente Muñoz, María del Socorro Cuesta Rodríguez, María Sandra Moneo Díez, Beatriz Jiménez Linuesa, Agustín Parra Gallego, Patricia Rodríguez Calleja, Violante Tomás Olivares y María del Mar Vázquez Jiménez, Diputados.Ester Muñoz de la
Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de proyectos
piloto de acuicultura marina innovadora y la defensa del liderazgo español en la economía azul, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España es una potencia pesquera, acuícola y transformadora de primer orden en Europa. Nuestro país cuenta con conocimiento científico, capacidad empresarial, experiencia industrial y una posición geográfica estratégica para liderar el
desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la economía azul.
En la 29.a reunión ordinaria de ICCAT, celebrada en Sevilla en noviembre de 2025, se acordó un proyecto piloto para evaluar las condiciones de pesca y cría de atún rojo y rabil en aguas de Canarias, zona FAO 34.1, con el objetivo de aportar
información científica y técnica sobre el posible desarrollo futuro de este tipo de actividades.
Sin embargo, según informaciones publicadas, la Comisión Europea no habría podido incorporar dicha iniciativa al plan de la Unión Europea por no haber recibido a tiempo de las autoridades españolas la documentación necesaria.
De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una grave falta de diligencia administrativa y política, que habría impedido desarrollar una iniciativa previamente avalada en el marco de ICCAT y con evidente interés estratégico para España,
Canarias y el conjunto de la economía azul.
Desde el punto de vista de economía azul, podría haber sido una línea de diversificación importante para Canarias. La competencia internacional no espera y mientras Europa debate y retrasa proyectos, otros países llevan años desarrollando:
engorde de atún, acuicultura offshore, mejora genética, alimentación específica, o trazabilidad premium.
Países como Japón, Turquía, Croacia, Malta o incluso México han avanzado mucho más rápido en este ámbito.
Europa corre el riesgo de quedarse solo como regulador mientras terceros países lideran la producción y el valor añadido, entre ellos el empuje alcanzado por Marruecos.
El problema político es serio. Si realmente ICCAT ya había dado cobertura política y técnica al proyecto, perder un año por no enviar documentación a Bruselas transmite una imagen preocupante: falta de coordinación, lentitud
administrativa, y ausencia de prioridad política.
Y esto tiene consecuencias reales: inversiones que no llegan, inseguridad jurídica, pérdida de confianza empresarial, y oportunidades de empleo que se desplazan.
El desarrollo de proyectos piloto no implica una autorización indiscriminada ni una renuncia a las garantías ambientales, pesqueras o sociales. Al contrario, permite obtener conocimiento científico, evaluar riesgos, ordenar adecuadamente la
actividad, garantizar la participación del sector afectado y tomar decisiones con datos objetivos.
España no puede permitirse perder oportunidades de innovación, inversión y generación de empleo por falta de coordinación administrativa. Mientras otros países avanzan en acuicultura offshore, engorde de túnidos, investigación aplicada y
valorización de productos del mar, nuestro país debe defender una política marítima ambiciosa, equilibrada y compatible con la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Informar de manera inmediata y detallada sobre las razones por las que no se habría remitido en plazo a la Comisión Europea la documentación necesaria para incorporar al plan de la Unión Europea el proyecto piloto aprobado en el marco de
ICCAT, a finales de 2025, para evaluar las condiciones de pesca y cría de atún rojo y rabil en aguas de Canarias.
2. Depurar las responsabilidades políticas y administrativas que pudieran derivarse de la falta de tramitación o remisión en plazo de dicha documentación, en caso de confirmarse los hechos publicados.
3. Realizar todas las gestiones necesarias ante la Comisión Europea e ICCAT para evitar que España pierda definitivamente la posibilidad de desarrollar dicho proyecto piloto, buscando, en su caso, fórmulas de recuperación, reprogramación o
nueva presentación de la iniciativa.
4. Garantizar que cualquier proyecto piloto vinculado al cultivo, cría o engorde de túnidos se desarrolle con pleno respeto a la sostenibilidad ambiental, a la conservación de los recursos pesqueros, a la normativa internacional aplicable y
a los intereses de la flota artesanal y profesional afectada.
5. Abrir un proceso de diálogo específico con el sector pesquero canario, las cofradías, la comunidad científica, las administraciones competentes y los operadores interesados, con el fin de evaluar de forma transparente los riesgos,
oportunidades y condiciones de viabilidad de este tipo de proyectos.
6. Impulsar una estrategia nacional de acuicultura marina innovadora y economía azul, con especial atención a la acuicultura offshore, la investigación aplicada, la mejora tecnológica, la seguridad jurídica y la compatibilidad con la pesca
tradicional.
7. Defender ante la Unión Europea una política pesquera y acuícola equilibrada, que no confunda sostenibilidad con paralización de la actividad productiva, y que permita a España competir en igualdad de condiciones con terceros países.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, Milagros Marcos Ortega, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María del Socorro Cuesta Rodríguez,
Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Antonio Martínez Gómez, Joaquín Melgarejo Moreno, Javier Merino Martínez, Óscar Ramajo Prada, Juan Diego Requena Ruiz, Sergio Sayas López y Ana Martínez Labella,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003528
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para la prevención de incendios forestales, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
España afronta cada año un elevado riesgo de incendios forestales debido a una combinación de factores estructurales: el abandono progresivo del medio rural, la pérdida de actividades tradicionales vinculadas al monte, la acumulación de
biomasa vegetal, la ausencia de una adecuada gestión forestal y unas políticas climáticas y medioambientales cada vez más alejadas de la realidad del campo español. Todo ello ha generado un escenario de creciente vulnerabilidad para amplias zonas
del territorio nacional.
Durante el verano de 2025 Galicia, Extremadura y Castilla y León se vieron afectadas en gran medida llegando a arrasar 350.350 hectáreas, y demostrando que los incendios se expanden sin atender a «límites» regionales1. Los incendios
forestales constituyen una amenaza de carácter nacional cuya prevención y extinción exige una actuación coordinada, homogénea y eficaz por parte de todas las administraciones. El estado autonómico, diseñado para satisfacer las necesidades de los
políticos sin pensar en el bien común ni en el interés general, ha evidenciado en numerosas ocasiones la dificultad que existe en la coordinación operativa y ha provocado diferencias en la capacidad de prevención y respuesta entre territorios
limítrofes.
La experiencia acumulada en las últimas décadas demuestra que los incendios no se apagan únicamente durante los meses de verano, sino que se previenen durante todo el año. La limpieza y mantenimiento de los montes, el desbroce, la apertura
de cortafuegos, el aprovechamiento forestal, la conservación de infraestructuras hidráulicas o el impulso de la ganadería extensiva constituyen herramientas esenciales para reducir la carga combustible y limitar la propagación de los incendios. Sin
embargo, muchas de estas actividades tradicionales se han visto progresivamente obstaculizadas por la burocracia, la falta de incentivos económicos y una excesiva regulación ambiental2.
A ello se suma el impulso del Ejecutivo en la destrucción de barreras fluviales y presas que siempre han actuado como cortafuegos ante la propagación de fuegos y han ayudado a las labores de extinción. A través de la Estrategia Nacional de
Restauración de los Ríos 2023-2030, el Gobierno ha reconocido la eliminación de centenares de barreras transversales entre 2018 y 20233, reduciendo con ello la disponibilidad de reservas de agua que pueden resultar fundamentales para las labores de
extinción y para limitar la propagación del fuego en numerosas zonas rurales4.
Desde el punto de vista jurídico, el Código Penal castiga los delitos de incendio forestal en sus artículos 351 y 352, contemplando penas más graves cuando exista riesgo para la vida o integridad física de las personas. No obstante, el
incremento de grandes incendios y la gravedad de sus consecuencias económicas y medioambientales justifican la necesidad de
1 https://www.20minutos.es/nacional/incendios-espana-hoy-directo-fuegos-ourense-extremadura-castilla-leon-evacuados-heridos-ultima-hora_6237170_6.html
2 https://cadenaser.com/nacional/2025/08/31/limpiar-el-monte-para-evitar-incendios-lo-que-dice-la-ley-y-lo-que-pasa-en-la-practica-cadena-ser/
3 https://www.congreso.es/entradap/l15p/e2/e_0025614_n_000.pdf
4 https://theobjective.com/espana/castilla-y-leon/2024-01-18/destruccion-presas-castilla-leon-segovia-azudes-chd/
reforzar el carácter disuasorio de dichas penas. Asimismo, aunque la conservación ordinaria de los montes corresponde a sus titulares, el artículo 44 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, atribuye a las administraciones públicas
la planificación, coordinación y ejecución de las medidas de prevención y lucha contra incendios forestales. Del mismo modo, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución Española atribuye al Estado competencias en materia de seguridad pública,
habilitando la adopción de mecanismos nacionales de coordinación dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
La magnitud de los incendios acaecidos en los últimos años pone de manifiesto la necesidad de abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción y avanzar hacia una política integral basada en la prevención, la gestión activa
del monte y el fortalecimiento del mundo rural. Resulta imprescindible impulsar un marco normativo que favorezca la recuperación de actividades tradicionales como la ganadería extensiva, el aprovechamiento silvícola o la adecuada conservación de
infraestructuras hidráulicas, medidas que contribuyen tanto a la prevención de incendios como a la fijación de población, la protección de la soberanía alimentaria y la cohesión territorial de España.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar una respuesta nacional coordinada para la prevención y actuación ante incendios forestales, integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil, garantizando una adecuada coordinación unitaria y dotándola de los recursos
económicos y humanos necesarios.
2. Reforzar los medios materiales, tecnológicos y humanos de los servicios de emergencia y extinción de incendios para garantizar actuaciones rápidas, eficaces y seguras.
3. Avanzar en la homogeneización de protocolos y criterios de actuación de los distintos cuerpos de emergencias, protección civil y bomberos, favoreciendo la interoperabilidad de medios y reforzando las labores preventivas desarrolladas
durante todo el año.
4. Impulsar y facilitar las actividades tradicionales, como el pastoreo, la ganadería extensiva, la limpieza de montes, el desbroce o la recogida de leña, y la apertura y mantenimiento de cortafuegos.
5. Endurecer las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para los responsables de incendios forestales sobre montes o masas forestales.
6. Impulsar un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, la modernización de embalses, la limpieza de cauces y la disponibilidad de recursos hídricos destinados a la prevención y extinción de incendios.
7. Elaborar un inventario nacional de infraestructuras hidráulicas y barreras fluviales susceptibles de utilización en labores de extinción de incendios, promoviendo su mantenimiento y conservación.
8. Promover la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la prevención, detección temprana y extinción de incendios forestales, como complemento a las técnicas tradicionales, destinando para ello los fondos necesarios.
9. Fomentar la colaboración entre universidades, centros de investigación y administraciones públicas para el desarrollo de herramientas tecnológicas y sistemas avanzados de prevención y respuesta frente a incendios forestales.
10. Reconocer el papel esencial que desempeñan agricultores, ganaderos y profesionales del medio rural en la conservación del territorio, la prevención de incendios, la seguridad alimentaria y la cohesión territorial de España.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX
Comisión de Cultura
161/003532
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y el Grupo Parlamentario Mixto, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley para impulsar una
candidatura de las festividades valencianas del Corpus como patrimonio cultural de la humanidad, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La festividad del Corpus Christi de València constituye una de las manifestaciones patrimoniales, rituales y festivas más antiguas, singulares y representativas del pueblo valenciano que va más allá de su lógica dimensión religiosa.
Documentada desde el siglo XIV, se consolidó progresivamente como la «fiesta grande» de la ciudad, integrando patrimonio religioso, teatral, musical, coreográfico y popular en una expresión única de cultura mediterránea.
Esta continuidad histórica, su riqueza simbólica y su capacidad de influencia cultural han convertido el Corpus de València en una de las expresiones más relevantes del patrimonio cultural inmaterial valenciano. De hecho, en 2026 se
conmemora el 700 aniversario de la instauración histórica de la festividad, una efeméride de gran trascendencia cultural y patrimonial.
Su importancia institucional fue reconocida oficialmente mediante el Decreto 92/2010, de 28 de mayo, del Consell, por el que la Solemnidad del Corpus Christi de la ciudad de València fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial. Este
expediente constituye una referencia institucional y científica sobre el valor patrimonial del Corpus valenciano, destacando expresamente que la celebración «ha sido modelo de las demás procesiones de la Comunitat Valenciana», evidenciando así su
influencia sobre numerosas celebraciones corpusianas en otros pueblos y ciudades.
Además, el expediente pone en valor el modelo de gobernanza histórica de la fiesta, impulsada tradicionalmente por el Cabildo Catedralicio y secundada por el Ayuntamiento de València. Esa gobernanza ha contado en las últimas décadas con la
inestimable colaboración de entidades culturales y asociaciones como la Asociación de Amigos del Corpus, los Campaneros de la Catedral de València y la Asociación de Músicos y Danzantes del Corpus de València, entre otros colectivos implicados en la
preservación de las tradiciones corpusianas.
Esta colaboración institucional y ciudadana ha permitido conservar a lo largo de los siglos un conjunto patrimonial extraordinario, integrado por las singulares Rocas, los misterios, las danzas tradicionales, la música y los toques manuales
de campanas, la indumentaria, los personajes simbólicos y alegóricos, así como los rituales y prácticas de transmisión intergeneracional vinculadas a la celebración.
Entre estos elementos destaca también la Casa de las Rocas, edificio histórico vinculado a la custodia del patrimonio mueble del Corpus. Desde 2015, este espacio ha vivido un proceso sostenido de dignificación, recuperación patrimonial y
modernización museográfica en el que se han impulsado actuaciones de restauración artística de las Rocas y una rehabilitación integral del edificio, finalizada en 2023, que ha incluido intervenciones arquitectónicas, patrimoniales y museográficas.
Durante las obras de rehabilitación aparecieron, además, restos pictóricos y frescos de interés patrimonial, que evidencian el valor histórico del inmueble y la necesidad de continuar profundizando en su investigación y documentación.
Asimismo, también dentro de las acciones impulsadas por los gobiernos progresistas para poner en valor la «fiesta grande», este Museo del Corpus-Casa de las Rocas obtuvo por fin en 2018 el reconocimiento oficial de la Generalitat Valenciana
como
museo. En esta línea de dignificación, también cabe destacar el trabajo técnico publicado en 2023 por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València (IRPUPV), orientado al estudio estructural y
material de las Rocas para establecer criterios científicos de restauración y preservación futura.
La importancia del Corpus de València excede tanto su dimensión religiosa como el ámbito local. Su proyección histórica ha generado una red de celebraciones en numerosos municipios valencianos que comparten raíces, simbologías y prácticas
rituales, configurando un conjunto festivo de enorme singularidad dentro del patrimonio cultural valenciano.
En este contexto, el 700 aniversario del Corpus de València representa una oportunidad excepcional para impulsar una estrategia coordinada de reconocimiento, protección, investigación, restauración y proyección del patrimonio corpusiano
valenciano en su conjunto, de acuerdo con los principios de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y con el espíritu del expediente BIC de 2010.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Instar al Ministerio de Cultura a:
1. Impulsar los trabajos técnicos, patrimoniales e institucionales necesarios para presentar una candidatura conjunta con la Generalitat Valenciana de las festividades valencianas del Corpus para el listado representativo del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
2. Constituir una comisión de trabajo específica con participación de municipios valencianos con celebraciones históricas del Corpus, el Arzobispado de València, las universidades públicas valencianas, especialistas en patrimonio cultural
inmaterial, las entidades culturales vinculadas a la fiesta y todas las administraciones públicas competentes, con el objetivo de identificar elementos patrimoniales compartidos y coordinar estrategias de salvaguarda en torno al patrimonio
corpusiano valenciano.
3. Implicarse en los trabajos de conservación y restauración de las Rocas del Corpus de València, tomando como base los criterios establecidos en el estudio desarrollado en 2023 por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la
Universitat Politècnica de València.
4. Realizar trabajos de estudio, documentación, conservación y posible puesta en valor de los restos pictóricos aparecidos durante las obras de rehabilitación de la Casa de las Rocas, atendiendo a su interés histórico, patrimonial y
museográfico.
5. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidència de la Generalitat Valenciana y a su Conselleria de Cultura, a Les Corts Valencianes, al Cabildo Metropolitano de València, a las diferentes entidades cívicas implicadas en la
fiesta, a las universidades públicas valencianas y a los municipios valencianos con celebraciones tradicionales del Corpus Christi vinculadas a la celebración de la ciudad de València.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.Àgueda Micó Micó y Nahuel González López, Diputados.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo
Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR i el Grup Parlamentari Mixt, presenten, a lempar del disposat a larticle 193 i següents del vigent Reglament del Congrés, la present Proposició no de Llei per a impulsar una candidatura de les
festivitats
valencianes del Corpus com a patrimoni cultural de la humanitat, per al seu debat en la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
La festivitat del Corpus Christi de València constitueix una de les manifestacions patrimonials, rituals i festives més antigues, singulars i representatives del poble valencià que va més enllà de la seua lògica dimensió religiosa.
Documentada des del segle XIV, es consolidà progressivament com la «festa grossa» de la ciutat, integrant patrimoni religiós, teatral, musical, coreogràfic i popular en una expressió única de cultura mediterrània.
Esta continuïtat històrica, la seua riquesa simbòlica i la seua capacitat dinfluència cultural han convertit el Corpus de València en una de les expressions més rellevants del patrimoni cultural immaterial valencià. De fet, en 2026 es
commemora el 700 aniversari de la instauració històrica de la festivitat, una efemèride de gran transcendència cultural i patrimonial.
La seua importància institucional va ser reconeguda oficialment mitjançant el Decret 92/2010, de 28 de maig, del Consell, pel qual la Solemnitat del Corpus Christi de la ciutat de València va ser declarada Bé dInterés Cultural Immaterial.
Este expedient constitueix una referència institucional i científica sobre el valor patrimonial del Corpus valencià, destacant expressament que la celebració «ha sigut model de les altres processons de la Comunitat Valenciana», evidenciant així la
seua influència sobre nombroses celebracions corpusianes en altres pobles i ciutats.
A més, lexpedient posa en valor el model de governança històrica de la festa, impulsada tradicionalment pel Capítol Catedralici i secundada per lAjuntament de València. Eixa governança ha comptat en les últimes dècades amb la inestimable
col·laboració dentitats culturals i associacions com lAssociació dAmics del Corpus, els Campaners de la Catedral de València i l'Associació de Músics i Dansadors del Corpus de València, entre altres col·lectius implicats en la preservació de les
tradicions corpusianes.
Esta col·laboració institucional i ciutadana ha permés conservar al llarg dels segles un conjunt patrimonial extraordinari, integrat per les singulars Roques, els misteris, les danses tradicionals, la música i els tocs manuals de campanes,
la indumentària, els personatges simbòlics i al·legòrics, així com els rituals i pràctiques de transmissió intergeneracional vinculades a la celebració.
Entre estos elements destaca també la Casa de les Roques, edifici històric vinculat a la custòdia del patrimoni moble del Corpus. Des de 2015, este espai ha viscut un procés sostingut de dignificació, recuperació patrimonial i modernització
museogràfica en que shan impulsat actuacions de restauració artística de les Roques i una rehabilitació integral de ledifici, finalitzada en 2023, que ha inclòs intervencions arquitectòniques, patrimonials i museogràfiques.
Durant les obres de rehabilitació van aparéixer, a més, restes pictòriques i frescos dinterés patrimonial, que evidencien el valor històric de limmoble i la necessitat de continuar aprofundint en la seua investigació i documentació.
Així mateix, també dins de les accions impulsades pels governs progressistes per posar en valor la «festa grossa» este Museu del Corpus-Casa de les Roques va obtindre per fi en 2018 el reconeixement oficial de la Generalitat Valenciana com a
museu. En esta línia de dignificació, també cal destacar el treball tècnic lliurat en 2023 per lInstitut de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València (IRP-UPV), orientat a lestudi estructural i material de les Roques per
a establir criteris científics de restauració i preservació futura.
La importància del Corpus de València excedeix tant la seua dimensió religiosa com làmbit local. La seua projecció històrica ha generat una xarxa de celebracions en nombrosos municipis valencians que comparteixen arrels, simbologies i
pràctiques rituals, configurant un conjunt festiu denorme singularitat dins del patrimoni cultural valencià.
En este context, el 700 aniversari del Corpus de València representa una oportunitat excepcional per a impulsar una estratègia coordinada de reconeixement, protecció, investigació, restauració i projecció del patrimoni corpusià valencià en
el seu conjunt, dacord amb els principis de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO i amb lesperit de lexpedient BIC de 2010.
Per tot el que sha exposat, es presenta la següent
Proposició no de Llei
«Instar al Ministeri de Cultura a:
1. Impulsar els treballs tècnics, patrimonials i institucionals necessaris per a presentar una candidatura conjunta amb la Generalitat Valenciana de les festivitats valencianes del Corpus per al llistat representatiu del patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
2. Constituir una comissió de treball específica amb participació de municipis valencians amb celebracions històriques del Corpus, lArquebisbat de València, les universitats públiques valencianes, especialistes en patrimoni cultural
immaterial, les entitats culturals vinculades a la festa i totes les administracions públiques competents, amb lobjectiu didentificar elements patrimonials compartits, i coordinar estratègies de salvaguarda al voltant del patrimoni corpusià
valencià.
3. Implicar-se en els treballs de conservació i restauració de les Roques del Corpus de València, prenent com a base els criteris establits en lestudi desenvolupat en 2023 per lInstitut de Restauració del Patrimoni de la Universitat
Politècnica de València.
4. Realitzar treballs destudi, documentació, conservació i possible posada en valor de les restes pictòriques aparegudes durant les obres de rehabilitació de la Casa de les Roques, atenent el seu interés històric, patrimonial i
museogràfic.
5. Donar trasllat dels presents acords a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a la seua Conselleria de Cultura, a les Corts Valencianes, al Capitol Metropolità de València, a les diferents entitats cíviques implicades en la festa,
a les universitats publiques valencianes i als municipis valencians amb celebracions tradicionals del Corpus Christi vinculades a la celebració de la ciutat de València.»
Palau del Congrés, 28 de maig de 2026.Àgueda Micó Micó y Nahuel González López, Diputats.Alberto Ibáñez Mezquita, Portaveu del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.Néstor Rego Candamil, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari Mixt.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de bases mínimas comunes para la intervención de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con funciones de tráfico en siniestros viales y la instrucción de atestados, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Los siniestros viales continúan constituyendo uno de los principales problemas de salud pública y seguridad pública en España. Cada año fallecen centenares de personas y miles resultan heridas en nuestras calles y carreteras, generando un
enorme impacto humano, social, sanitario, económico y judicial.
La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en materia de tráfico Guardia Civil, Mossos dEsquadra, Ertzaintza, Policía Foral y policías locales dentro de sus respectivos ámbitos competenciales resulta esencial
no solo para garantizar la seguridad de la circulación y el auxilio a las víctimas, sino también para asegurar la correcta investigación de los hechos, la preservación de pruebas y la adecuada instrucción de los atestados policiales.
El marco jurídico vigente regula de forma extensa las competencias y funciones policiales en esta materia. La Real Decreto Legislativo 6/2015 establece las competencias de vigilancia, regulación, denuncia y auxilio en materia de tráfico,
así como la obligación de los implicados a someterse a pruebas de alcohol y drogas en caso de siniestro vial. El Real Decreto 1428/2003 desarrolla las obligaciones de actuación ante accidentes y regula las pruebas de detección de alcohol y drogas.
Asimismo, la Ley Orgánica 2/1986 atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad funciones de auxilio, protección y policía judicial, mientras que la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la actuación de la policía judicial en la investigación
de hechos potencialmente constitutivos de infracción penal, incluyendo la práctica de diligencias, la preservación de indicios y la confección de atestados.
Igualmente, las diferentes normas autonómicas reguladoras de las policías autonómicas y locales contemplan expresamente las funciones de tráfico y la instrucción de atestados por siniestros viales dentro de sus respectivos ámbitos
territoriales.
Sin embargo, pese a la existencia de este amplio marco competencial y funcional, no existe actualmente una regulación común que establezca unas bases mínimas homogéneas de actuación policial en la intervención en siniestros viales y en la
instrucción de atestados.
En la práctica, gran parte de los procedimientos operativos dependen de protocolos internos, instrucciones de servicio, manuales técnicos o criterios organizativos propios de cada cuerpo policial. Ello provoca diferencias apreciables entre
territorios y administraciones en cuestiones tan relevantes como:
la preservación y aseguramiento de la escena del siniestro;
la realización de pruebas de alcohol y drogas;
la recogida de indicios y evidencias;
la documentación fotográfica y planimétrica;
la atención e información a víctimas y familiares;
la coordinación con servicios sanitarios;
la remisión de información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico;
o los criterios mínimos de elaboración de atestados.
Esta situación puede generar desigualdad en la atención a las víctimas, heterogeneidad en la calidad de los atestados, dificultades estadísticas y de coordinación administrativa, inseguridad jurídica para los propios agentes actuantes e
incluso diferencias relevantes en la preservación de pruebas vinculadas a procedimientos judiciales.
Debe tenerse en cuenta, además, que la intervención policial en siniestros viales no constituye únicamente una actuación administrativa en materia de tráfico, sino que frecuentemente implica funciones propias de policía judicial sometidas a
las garantías y exigencias de la legislación procesal penal. Por ello, resulta razonable avanzar hacia la definición de unas bases mínimas comunes que garanticen unos estándares homogéneos de actuación en todo el territorio, sin perjuicio de las
competencias organizativas y ejecutivas de las comunidades autónomas y entidades locales.
La existencia de estándares básicos comunes no supondría una recentralización competencial, sino un instrumento de coordinación, interoperabilidad, calidad técnica y garantía de igualdad básica de la ciudadanía ante actuaciones policiales
directamente vinculadas con la tutela judicial efectiva, la protección de las víctimas y la seguridad vial.
La Comisión Europea lleva décadas impulsando mecanismos de armonización de los sistemas nacionales de recogida e investigación de siniestros viales.
Uno de los ejemplos más importantes es el sistema europeo CARE (Community Road Accident Database), creado para integrar información detallada de accidentes con víctimas de todos los Estados miembros.
Para poder comparar datos entre países, la Comisión Europea promovió el desarrollo del protocolo CADaS (Common Accident Data Set), consistente en:
un conjunto mínimo de datos estandarizados;
definiciones comunes;
criterios homogéneos de clasificación;
y estructuras compatibles de recogida de información policial y técnica.
La propia documentación de la Comisión Europea reconoce expresamente que: «la falta de uniformidad de los sistemas nacionales de recogida de accidentes dificulta la comparabilidad y limita la calidad de los análisis y políticas públicas».
El International Transport Forum (ITF) de la OCDE viene defendiendo desde hace años: sistemas homogéneos de investigación;
estándares comunes;
interoperabilidad policial y sanitaria;
mejora de calidad de datos;
y formación especializada en reconstrucción de siniestros.
Especialmente relevante es la recomendación de utilizar definiciones médicas homogéneas para lesiones graves (MAIS3+) y coordinar policía-sanidad para validar la gravedad real de las víctimas.
El ITF insiste en que sin investigación homogénea y datos fiables resulta imposible diseñar políticas eficaces de seguridad vial.
Por todo ello, resulta oportuno impulsar un estudio y posterior desarrollo de unas bases mínimas comunes para la intervención policial en siniestros viales y la instrucción de atestados, respetando el actual reparto competencial y
favoreciendo la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Primero. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico, la Federación Española de Municipios y Provincias y los distintos cuerpos policiales con funciones de tráfico, un estudio
integral sobre la conveniencia de establecer unas bases mínimas comunes de actuación para la intervención policial en siniestros viales y la instrucción de atestados.
Segundo. Valorar el desarrollo reglamentario de criterios básicos homogéneos aplicables a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con funciones de tráfico, especialmente en materias relativas a:
la preservación y aseguramiento de la escena del siniestro;
la realización de pruebas de alcohol y drogas;
la recogida y conservación de indicios y evidencias;
la documentación técnica y planimétrica;
la coordinación con servicios sanitarios y judiciales;
la atención e información a víctimas y familiares;
y la remisión de información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Tercero. Estudiar fórmulas de coordinación normativa y operativa que permitan garantizar unos estándares mínimos homogéneos en el ejercicio de funciones de policía judicial relacionadas con siniestros viales, evitando que aspectos
esenciales de dichas actuaciones dependan exclusivamente de protocolos internos o criterios discrecionales de cada cuerpo actuante.
Cuarto. Promover mecanismos de formación, coordinación e intercambio de buenas prácticas entre Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales en materia de investigación e intervención policial en siniestros viales.
Quinto. Analizar experiencias comparadas y recomendaciones internacionales relativas a la investigación policial y técnica de los siniestros viales, con el fin de incorporar estándares avanzados de calidad, interoperabilidad y protección de
las víctimas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Juan Carlos Jerez Antequera, Manuel Arribas Maroto y Oriol Almirón Ruiz, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Interior
181/001842
Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Va a tener en cuenta las alegaciones presentadas por la Asociación de cuchilleros de Albacete en el trámite de consulta pública previa del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas aprobado por el RD 137/1993, y
qué plazos contempla el ministerio del Interior para la aprobación definitiva de este?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Carmen Navarro Lacoba y Antonio Martínez Gómez, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001843
Celso Luis Delgado Arce, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Atenderá el Gobierno la unánime demanda de la Xunta, del Parlamento de Galicia y de la inmensa mayoría de la sociedad gallega, que reclama el rescate de la concesión y
la liberalización del peaje de la autopista del Atlántico AP-9, por ser esta la alternativa más ventajosa para el interés público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/001844
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Se compromete el Gobierno a acelerar los trámites para llevar a cabo el proyecto de Reordenación de accesos en la carretera N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 a 577+500, ampliamente demandado desde hace mucho
tiempo por los vecinos y vecinas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Comprométese o Goberno a acelerar os trámites para levar a cabo o proxecto de Reordenación de accesos na estrada N-VI Travesía de Cortiñán (Bergondo). Tramo PP.KK. 576+200 a 577+500, amplamente demandando dende fai moito tempo pola
veciñanza.
Madrid, 2 de xuño de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001841
Rosa Quintana Carballo, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿En qué estado se encuentran el proyecto piloto para evaluar las condiciones de pesca y cría de atún rojo y rabil en aguas de Canarias acordado en la 29.ª reunión de ICCAT, celebrada en Sevilla en noviembre de 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2026.Rosa Quintana Carballo, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/037716
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Pagès i Massó, Josep (GJxCAT)
Contratos suscritos por el Ministerio de Defensa con Palantir Technologies Spain S.L., incluido el CNI, o por cualquier otro ministerio u organismo público, y servicios que se prestan en virtud de los contratos adjudicados por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa en los años 2022 y 2023.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Josep Pagès i Massó, diputado del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula las siguientes preguntas al Gobierno español y solicita su respuesta
por escrito.
Según se indica en la página web contratos.gobierto.es/adjudicatarios (explorador de Gobierno Abierto Contratación), Palantir Technologies Spain, S.L. ha obtenido dos adjudicaciones por un importe total de 16,8 millones de euros en los
últimos años. En 2022, se le adjudicó un contrato por valor de 256.200 euros, y en 2023, otro por valor de 16,54 millones de euros; ambos se distribuyeron al 50 % entre las categorías de «arquitectura e ingeniería» y «software y licencias».
Para el primer contrato se registran los siguientes datos: Contratación de una prueba de concepto para una solución comercial de fusión y análisis de Gobierto Contratación.
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Información sobre la licitación Contratación de una prueba de concepto para una solución comercial de fusión y análisis de Inteligencia en el ámbito del sistema de inteligencia de las fuerzas armadas del Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor de la Defensa.
Estado: Resuelta Negociado sin publicidad Suministros Exp.: 2022/SP02002001/002246E.
Formalización de la adjudicación 24 nov. 2022.
Importe de adjudicación 256.200,00
Licitadores 1.
Para el segundo contrato se registra la siguiente información: Contratación de una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Gobierto Contratación.
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Información sobre la licitación Contratación de una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS) del Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Estado: Resuelta Negociado sin publicidad Suministros Exp.: 2023/SP02002001/00001311E.
Formalización de la adjudicación 6 nov. 2023.
Importe de adjudicación 16,54 millones de euros.
Licitadores 1.
Los contratos de los gobiernos europeos con Palantir han sido objeto de polémica, tal y como se refleja en la prensa internacional (Los conservadores exigen una investigación sobre la reunión de Keir Starmer con el gigante tecnológico
Palantir, cliente de la firma de lobby de Peter Mandelson, antes de ganar un contrato de defensa de 240 millones de libras. | UCV Radio; Calls to halt UK Palantir contracts grow amid «lack of transparency» over deals | Politics | The Guardian),
especialmente por el riesgo de que se vean afectados los derechos de los ciudadanos que podría derivarse de permitir que esta empresa acceda a los datos personales de los ciudadanos que el Estado tiene a su disposición.
En este sentido, Palantir es una empresa de software especializada en tecnologías basadas en la inteligencia artificial para políticas de seguridad. Sus servicios han sido utilizados por Estados Unidos en conflictos fuera de sus fronteras
(Afganistán, Irak, Gaza) y, más recientemente, también dentro del territorio estadounidense (la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. los ha utilizado para la identificación y el control de inmigrantes en Estados Unidos). Se
trata, por lo tanto, de una empresa que participa en operaciones militares de Estados Unidos en zonas de conflicto y en operaciones de vigilancia fronteriza que tienen graves repercusiones en los derechos de los ciudadanos.
Los expertos y los defensores de las libertades civiles han advertido en repetidas ocasiones que la expansión de Palantir le da acceso a datos sensibles, incluidos datos de seguridad e historiales médicos. Esto, junto con el uso masivo de
datos por parte de las tecnologías de inteligencia artificial, de big data y el cruce de datos obtenidos de fuentes abiertas que comportan la obtención y el uso intensivo de información bancaria, comercial, médica, personal, etc., ha llevado a los
expertos a concluir que Palantir podría estar vigilando, activamente y a gran escala, el comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales y plataformas.
Por lo tanto, se apunta que la externalización de los servicios del Ministerio de Defensa plantea riesgos para la privacidad, la rendición de cuentas y la democracia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se formulan las siguientes preguntas, que se solicita que sean respondidas de forma individualizada y debidamente justificadas:
1. ¿Qué servicios se prestan en virtud de los contratos adjudicados por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa en 2022 y 2023?
2. ¿Los recursos tecnológicos de Inteligencia Artificial que ofrece Palantir tienen acceso a datos de los ciudadanos españoles?
3. ¿Se utilizan los recursos tecnológicos de Palantir contratados para definir «patrones de comportamiento» a partir de fuentes abiertas?
4. ¿Está utilizando el Ministerio de Defensa Palantir para crear perfiles individuales únicos mediante la recopilación de datos procedentes de diversos registros públicos y privados? ¿Se está llevando a cabo una vigilancia de los
ciudadanos o de grupos, basada en datos masivos, con el fin de crear un modelo policial algorítmico?
5. ¿Pueden otros departamentos ministeriales (Hacienda, Interior, Seguridad Social), la Fiscalía, los organismos públicos, los órganos judiciales, etc., acceder a los datos y la información obtenidos con Palantir? ¿Tienen la posibilidad de
añadir y/o cotejar los datos obtenidos con Palantir con sus propias bases de datos?
6. ¿Cuál es la cadena de custodia de los datos que se gestionan y procesan con Palantir?
7. ¿Dónde se encuentran físicamente los servidores que se utilizan para almacenar los datos?
8. ¿Tiene el personal de Palantir acceso directo o remoto a los datos que procesa el sistema durante las tareas de mantenimiento, actualización o asistencia técnica? ¿En caso de que Palantir tenga acceso técnico al sistema, qué mecanismos
garantizan que los datos no se transfieran fuera de la jurisdicción española o europea?
9. ¿Qué empresas subcontratadas participan en la implementación o el mantenimiento del sistema?
10. Los datos que se introducen, analizan, procesan, comparten y almacenan con Palantir están en manos de un gigante estadounidense de la minería de datos respaldado por el fondo de capital riesgo In-Q-Tel (de la CIA), bajo la dirección de
un multimillonario donante del Partido Republicano y de Donald Trump, que han sido duramente criticados por ONG como Amnistía Internacional por graves violaciones de los derechos humanos, con escándalos como los de Nueva Orleans o el Reino Unido, y
desinversiones por parte de Storebrand, la mayor gestora de activos de Noruega, o la Soros Fund Management, y con sentencias adversas como la del Tribunal Constitucional de Alemania por el uso invasivo e indiscriminado de datos, va en contra de los
intereses del Estado español en medio de una ruptura de relaciones y una confrontación directa con EE. UU. En relación concreta con esta cuestión, planteamos las siguientes preguntas:
¿Considera que los intereses del Estado podrían verse afectados, dada la crisis actual en las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno de los Estados Unidos?
¿Considera que esta situación va en contra de todos los principios de soberanía tecnológica que está estableciendo la UE y de los mismos principios democráticos que el Gobierno español afirma que se esfuerza por cumplir cada día?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.Josep Pagès i Massó, Diputado.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
Josep Pagès i Massó, diputat del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a lempara del que disposen els articles 185 i s.s. del Reglament de la Cambra, formula les següents preguntes al Govern espanyol, sol·licitant la resposta per escrit.
Tal i com consta al web contratos.gobierto.es/adjudicatarios (Explorador de Govern Obert Contractació) Palantir Technologies Spain, S.L. ha obtingut dues adjudicacions per un total de 16,8 M en els darrers anys. Lany 2022 se li va
adjudicar un contracte per valor de 256.200 , i lany 2023 un contracte per valor de 16,54 M, ambdós al 50 % en les categories «arquitectura i enginyeria» i «software i llicències».
Del primer contracte consten les següents dades: Contratación de una prueba de concepto para una solución comercial de fusión y análisis de - Gobierto Contratación.
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Información sobre la licitación Contratación de una prueba de concepto para una solución comercial de fusión y análisis de Inteligencia en el ámbito del sistema de inteligencia de las fuerzas armadas del Jefatura de Asuntos Económicos del
Estado Mayor de la Defensa. Estado: Resuelta Negociado sin publicidad Suministros Exp.: 2022/SP02002001/002246E.
Formalización de la adjudicación 24 nov 2022.
Importe de adjudicación 256.200,00 .
Licitadores 1.
Del segon contracte consten les següents dades: Contratación de una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de - Gobierto Contratación.
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Información sobre la licitación Contratación de una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFAS) del Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
Estado: Resuelta Negociado sin publicidad Suministros Exp.: 2023/SP02002001/00001311E.
Formalización de la adjudicación 6 nov 2023.
Importe de adjudicación 16,54M .
Licitadores 1.
Els contractes de governs europeus amb Palantir han estat polèmics tal i com ha reflexat la premsa internacional (Los conservadores exigen una investigación sobre la reunión de Keir Starmer con el gigante tecnológico Palantir, cliente de la
firma de lobby de Peter Mandelson, antes de ganar un contrato de defensa de 240 millones de libras. | UCV Radio; Calls to halt UK Palantir contracts grow amid lack of transparency over deals | Politics | The Guardian), sobretot pel risc
dafectació als drets dels ciutadans que pot comportar permetre laccés daquesta empresa a les dades personals dels ciutadans que lEstat té a la seva disposició.
En aquest sentit, Palantir és una empresa de software especialitzada en tecnologies basades en la intel·ligència artificial per a polítiques de seguretat. Els seus serveis han estat utilitzats pels Estats Units en conflictes fora de les
seves fronteres (Afganistan, Iraq, Gaza) i darrerament, també dins de territori americà (ha estat utilitzada per lICE nord-americana per a la identificació i control de persones immigrades als Estats Units). Es tracta, doncs, duna empresa
implicada en operacions militars dels Estats Units en zones de conflicte i en operacions de policia fronterera amb greus afectacions als drets dels ciutadans.
Experts i defensors de les llibertats civils han advertit repetidament sobre l'accés en lexpansió de Palantir a dades sensibles, incloses dades de seguretat i registres mèdics. Això, sumat a lús massiu de dades per part de les tecnologies
dIntel·ligència Artificial, el big data, lencreuament de dades captades de fonts obertes que comporten lobtenció i lús intensiu dinformació bancària, comercial, mèdica, personal, etc., ha portat als experts a concloure que, de forma proactiva i
massiva, Palantir pugui estar estar monitoritzant el comportament dels ciutadans en xarxes socials i plataformes.
Es planteja, per tant, lexistència de riscos per a la privacitat, la rendició de comptes i la democràcia amb la contractació, per part del Ministeri de Defensa, dels seus serveis.
Tenint en compte lanterior, es formulen les següents preguntes, que se sol·licita que siguin respostes de forma individualitzada i degudament justificada:
1. Quins serveis ofereixen els contractes adjudicats per la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa els anys 2022 i 2023?
2. Els recursos tecnològics dIntel·ligència Artificial oferts per Palantir tenen accés a les dades dels ciutadans espanyols?
3. Els recursos tecnològics de Palantir contractats són utilitzats per a definir «patrons de comportament» en base a fons obertes?
4. El Ministeri de Defensa està utilitzant Palantir per crear perfils únics de persones a partir dagregar dades de diferents registres estatals i privats? Sestà executant una vigilància ciutadana o per grups basada en dades massives
creant un model de policia algorítimica?
5. Els altres departaments ministerials del Govern (Hisenda, Interior, Seguretat Social), la Fiscalia, els organismes públics, els òrgans judicials, etc. poden tenir accés a les dades i informacions obtingudes amb Palantir? Tenen tenen la
possibilitat dagregar i/o creuar les dades obtingudes amb Palantir amb les seves bases de dades?
6. Quina és la cadena de custodia de les dades manipulades i refinades amb Palantir?
7. Els servidors que sutilitzen per emmagatzemar les dades, on estan ubicats físicament?
8. Té el personal de Palantir accés directe o remot a les dades processades pel sistema durant tasques de manteniment, actualització o suport tècnic? En cas que Palantir tingui accés tècnic al sistema, quins mecanismes garanteixen que les
dades no siguin transferides fora de la jurisdicció espanyola o europea?
9. Quines empreses subcontractades participen en la implantació o manteniment del sistema?
10. Les dades que sintrodueixen, analitzen, processen, comparteixen i desen amb Palantir estan en mans dun gegant de mineria de dades nord-americà impulsat per Fons de Capital Risc In-Q-Tel (la CIA), sota la direcció dun multimilionari
donant del Partit Republicà i de Donald Trump, que han estat fortament criticats per greus vulneracions dels drets humans per ONGs com Amnesty, amb escàndols com els de Nova Orleans o el Regne Unit, amb desinversions com les de Storebrand, el major
gestor dactius de Noruega, o la Soros Fund Management, i amb sentències en contra com la del Tribunal Constitucional dAlemanya per ús invasiu i indiscriminat de dades, va en contra dels interessos de lEstat espanyol enmig dun trencament de
relacions i enfrontament directe amb USA. Específicament al respecte daquesta qüestió, formulem les següents preguntes:
Considera que hi podria haver una afectació dels interessos de lEstat, atenent a la crisi de relacions actual entre el Gobierno espanyol i el govern dels Estats Units?
Considera que aquesta situació va en contra direcció de tots els principis de Sobirania Tecnològica que està marcant la UE i dels propis principis democràtics que el Gobierno espanyol manifesta que sesforça per complir cada dia?
Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.Josep Pagès i Massó, Diputat.
184/039071
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Serrada Pariente, David (GS)
Trámites realizados por la Diputación Provincial de Salamanca o por alguna otra institución competente para que la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca vuelva a estar inscrita en el registro de la Subsecretaría del Ministerio
de Cultura, así como consecuencias que acarrea el hecho de que una escuela no esté inscrita en el citado registro pero esté realizando sus funciones.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr.
Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D. David Serrada Pariente, Diputado por Salamanca, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito:
La Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de Salamanca presenta en la actualidad graves carencias en su funcionamiento que están poniendo en entredicho la finalidad de la escuela y la reputación de la institución de la que
depende.
Un requisito importante para la buena marcha de la escuela es estar inscrita en el Registro de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura.
A pesar de ello, la caducidad de la inscripción expiró el pasado 22 de febrero de 2026, sin que se tenga conocimiento de que se haya solicitado por parte de la Diputación Provincial o del organismo competente la solicitud de renovación de
esa inscripción.
Por este motivo se presenta la siguiente pregunta:
¿Se han realizado los trámites necesarios por parte de la Diputación Provincial de Salamanca o de alguna otra institución competente, para que la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, vuelva a estar inscrita en el Registro de
la Subsecretaría del Ministerio de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.David Serrada Pariente, Diputado.
184/039492
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Granollers Cunillera, Inés (GR)
Criterios en los que se basa la frecuencia de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aplicable a los vehículos adscritos a la formación de conductores, Ministerio que tiene la responsabilidad y competencia para decidir los plazos de
inspección de vehículos, y razones por las que los vehículos de alquiler se equipararon al régimen general de los turismos.
Acuerdo:
Admitir a trámite en los términos de la reformulación presentada, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 2, dado
que, en los términos en que se encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara, comunicando este acuerdo a la autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
La Diputada Inés Granollers Cunillera del Grupo Parlamentario Republicano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
La periodicidad de la inspección técnica de vehículos (ITV) aplicable a los vehículos con servicio de formación de conductores es una cuestión que preocupa al sector de las autoescuelas.
Las entidades, lideradas por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE en adelante), cuestionan que la frecuencia sea la adecuada teniendo en cuenta la intensidad de uso, el kilometraje anual, y las condiciones de conducción.
Actualmente, desde la reforma del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, deben inspeccionarse anualmente los que tengan entre 2 y 5 años de antigüedad y semestralmente los que superen los 5
años. Por esta razón, CNAE considera que se trata de una frecuencia desproporcionada, que supone grandes costes económicos y administrativos.
En primer lugar, según el sector, la utilización de un vehículo de autoescuela es limitada, superando pocas veces las 8h diarias. Además, debe tenerse en cuenta que la conducción suele realizarse a baja velocidad, de forma progresiva y
supervisada, ya que está orientada al aprendizaje, cuestiones que reducen el desgaste de los sistemas críticos del vehículo. En segundo lugar, mencionan que anualmente la distancia media recorrida es inferior a la del sector del taxi, que tiene una
frecuencia de inspección equiparada al de las autoescuelas.
Por último, denuncian que otros vehículos de uso intensivo quedaron adscritos al sistema general de inspección. En este sentido, consideran que se encuentran en una situación de agravio comparativo respecto a los vehículos de alquiler, con
o sin conductor, que quedaron equiparados a los turismos convencionales en la última reforma del Real Decreto mencionado anteriormente. Además, esta cuestión se extiende también a los vehículos de dos y tres ruedas, ciclomotores y cuadriciclos
adaptados a la formación de conductores.
Por todo lo anterior, se realizan las siguientes preguntas al Gobierno, solicitando la respuesta por escrito:
1. ¿En base a qué criterios se decidió la frecuencia de la inspección técnica de vehículos a los vehículos adscritos a la formación de conductores?
2. [ ]
3. ¿Por qué razones los vehículos de alquiler, con o sin conductor, se equipararon al régimen general de los turismos? ¿Considera el Gobierno que se trata de un agravio en comparación con los vehículos de autoescuela y de los taxis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
La Diputada Inés Granollers Cunillera del Grup Parlamentari Republicà, a l'empara del que es disposa en l'article 185 i següents del Reglament de la Cambra, formula al Govern espanyol les següents preguntes sol licitant la seva resposta per
escrit.
La periodicitat de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) aplicable als vehicles amb servei de formació de conductors és una qüestió que preocupa el sector de les autoescoles.
Les entitats, liderades per la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE en endavant), qüestionen que la freqüència sigui l'adequada tenint en compte la intensitat d'ús, el quilometratge anual, i les condicions de conducció. Actualment, des
de la reforma del Reial Decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, s'han d'inspeccionar anualment els que tinguin entre 2 i 5 anys d'antiguitat i semestralment els que superin els 5 anys. Per aquesta raó,
CNAE considera que es
tracta d'una freqüència desproporcionada, que suposa grans costos econòmics i administratius.
En primer lloc, segons el sector, la utilització d'un vehicle d'autoescola és limitada, superant poques vegades les 8h diàries. A més, cal tenir en compte que la conducció sol realitzar-se a baixa velocitat, de forma progressiva i
supervisada, ja que està orientada a l'aprenentatge, qüestions que redueixen el desgast dels sistemes crítics del vehicle. En segon lloc, esmenten que anualment la distància mitjana recorreguda és inferior a la del sector del taxi, que té una
freqüència d'inspecció equiparada al de les autoescoles.
Finalment, denuncien que altres vehicles d'ús intensiu van quedar adscrits al sistema general d'inspecció. En aquest sentit, consideren que es troben en una situació de greuge comparatiu respecte als vehicles de lloguer, amb o sense
conductor, que van quedar equiparats als turismes convencionals en l'última reforma del Reial decret esmentat anteriorment. A més, aquesta qüestió s'estén també als vehicles de dues i tres rodes, ciclomotors i quadricicles adaptats a la formació de
conductors.
Per tot l'anterior, es realitzen les següents preguntes al Gobierno, demanant la resposta per escrit:
1. En base a quins criteris es va definir la freqüència de la inspecció tècnica de vehicles als vehicles adscrits a la formació de conductors?
2. [ ]
3. Per quines raons els vehicles de lloguer, amb o sense conductor, es van equiparar al règim general dels turismes? Considera el Gobierno que es tracta d'un greuge en comparació amb els vehicles d'autoescola i dels taxis?
Congrés dels Diputats, 2 de juny de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.
OTROS TEXTOS
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
140/000015
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la siguiente declaración institucional adoptada por unanimidad por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 10 de junio
de 2026:
«La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados manifiesta su respaldo a los esfuerzos dirigidos a la firma de un Acuerdo de Paz definitivo entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, que permita poner fin de
manera duradera al conflicto entre ambos Estados.
La Comisión valora positivamente que dicho acuerdo se fundamente en los principios del Derecho Internacional, en particular el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras y la independencia política
de los Estados, así como en la renuncia al uso o amenaza de la fuerza y a cualquier reclamación territorial.
Asimismo, destaca la importancia de los mecanismos previstos para la delimitación fronteriza, las medidas de confianza y seguridad, la resolución pacífica de controversias y los compromisos en materia humanitaria, especialmente en relación
con las personas desaparecidas. En este sentido, y como testimonio del avance en el proceso de paz, resulta fundamental avanzar hacia la liberación de todos los armenios capturados, un paso que consolidaría la confianza mutua y fortalecería la
dimensión humanitaria del acuerdo.
La Comisión subraya igualmente el valor de las iniciativas orientadas a la apertura de comunicaciones, la cooperación económica y la conectividad regional como elementos que contribuyen a la estabilidad y prosperidad del Cáucaso Sur.
La Comisión reconoce el papel de la comunidad internacional en el acompañamiento de este proceso y anima a que se continúe apoyando cualquier iniciativa que refuerce la paz, la estabilidad y la cooperación regional.
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores:
1. Manifiesta su apoyo al proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán y reafirma su compromiso con la promoción de la paz, el diálogo y la cooperación internacional como principios fundamentales de la convivencia entre Estados.
2. Anima a las partes a culminar la firma del Acuerdo y a su implementación de buena fe.
3. Destaca la importancia de consolidar una paz justa, duradera e inclusiva entre ambos Estados, que beneficie a las generaciones presentes y futuras y que contribuya a la estabilidad y prosperidad de la región.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.