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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 546, de 09/06/2026
cve: BOCG-15-D-546
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de junio de 2026
Núm. 546
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003523
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, en defensa de la Cruz de los Caídos de Cáceres ... (Página4)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003509
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a las sanciones de la Unión Europea contra colonos violentos israelíes y al cese de la política de asentamientos en la Cisjordania ocupada ...
161/003522
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y el impulso de una transición pacífica a la democracia en Cuba ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003520
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para la reversión de la externalización de los servicios informáticos de la AEAT y la mejora de los cuadros de personal de las Delegaciones Especiales en Galicia ...
Comisión de Interior
161/003501
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa, protección y promoción del sector de la cuchillería española ... (Página13)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003505
Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Plurinacional SUMAR y Republicano, relativa a la situación de los trabajadores de la Mina Miura, en Tormaleo, Ibias, Asturias ... (Página14)
161/003516
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para dar una solución urgente a los trabajadores autónomos societarios y colaboradores, evitando el incremento de cuotas derivado de las decisiones del
Gobierno ... (Página16)
161/003521
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar los principios básicos de proximidad, calidad y atención adecuada al ciudadano en la Administración de la Seguridad Social ...
Comisión de Industria y Turismo
161/003499
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de modificación de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, para garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003511
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso y refuerzo del sistema español de Indicaciones Geográficas ... (Página23)
161/003512
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la puesta en valor de la miel y al refuerzo del sector apícola en España ... (Página25)
161/003513
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de una planificación pesquera más estable y sostenible ... (Página27)
161/003519
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a defender los intereses de los pescadores españoles de chirla ... (Página29)
Comisión de Política Territorial
161/003503
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al Régimen Especial de las Illes Balears ... (Página31)
161/003518
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización urgente de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales y las comunidades autónomas en los tributos del
Estado ... (Página32)
Comisión de Sanidad
161/003514
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la seguridad del paciente en el ámbito de la salud visual y la correcta aplicación de la normativa sobre productos sanitarios ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003507
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al fortalecimiento de la Cultura de Paz ... (Página36)
161/003508
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la condena del sistema de discriminación institucionalizada contra las mujeres y niñas en Afganistán y al impulso del reconocimiento internacional del
apartheid de género ... (Página38)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003510
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para impulsar e implementar tecnologías de apoyo de nueva generación para la mejora de la autonomía personal ... (Página40)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria y Turismo
181/001837
Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre medidas previstas para
proteger a la industria española de la competencia desleal de productos extranjeros, que no están sometidos a las mismas exigencias medioambientales, fiscales y laborales que soportan las empresas industriales españolas ...
181/001838
Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre impacto que el calendario de cierre de las centrales nucleares tendrá sobre la
producción industrial española, en especial la electrointensiva ... (Página43)
181/001839
Pregunta formulada por los Diputados José María Figaredo Álvarez-Sala (GVOX), Rueda Perelló, Patricia (GVOX) y Rodríguez Almeida, Andrés Alberto (GVOX), sobre medidas previstas para contribuir a la competitividad de la industria española,
especialmente en sectores intensivos en consumo de gas y electricidad ... (Página44)
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/001836
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre aportación económica de la Administración General del Estado a la Xunta de Galicia para la financiación de la atención a la dependencia en el año 2025 ...
Comisión de Sanidad
181/001840
Pregunta formulada por los Diputados David García Gomis (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX) y Fernández Ríos, Tomás (GVOX), sobre adecuada protección de los españoles frente a la cepa Bundibugyo del virus del ébola ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez e Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la Cruz de los Caídos de Cáceres, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
I. Un monumento patrimonio de todos los españoles
El pasado día 17 de abril, el Gobierno de España anunció la inclusión de la Cruz de los Caídos sita en la plaza de América de la ciudad de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática. La decisión ha
sido tomada mediante resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y se «dispone su retirada del espacio público»1.
Esta Cruz, de indudable valor histórico-artístico y construida en mármol, con una altura de doce metros y medio, constituye un importante símbolo de la ciudad de Cáceres tras los casi 90 años que lleva formando parte de su paisaje urbano, y
se integra en el patrimonio común de los cacereños y de todos los españoles. La nota de prensa del Ministerio señala que «según los informes de los expertos, esa cruz no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad», pero no
aporta en ningún momento dato identificativo alguno sobre dichos «expertos». Suponiendo, naturalmente, que los mismos existan, algo francamente dudoso, habida cuenta de los precedentes de este Gobierno sobre el particular.
II. La Cruz: homenaje a todas las víctimas
El artículo 46 de la Constitución española dispone que «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera 1 https://mptmd.gob.es/content/dam/mpt/prensa/notas_de_prensa/notas/2026/04/202604...
que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.» El contenido de este artículo está configurado como un principio que debe inspirar la actuación de todas las autoridades.
Además, existe un acuerdo político de la mayoría parlamentaria de la Asamblea de Extremadura que ha decidido proceder a la declaración de la Cruz de los Caídos como Bien de Interés Cultural2. Del mismo modo, el alcalde del Ayuntamiento de
Cáceres ha anunciado que desde el Consistorio recurrirán legalmente la orden de retirada del Ejecutivo en cuanto sea comunicada3. La oposición institucional y popular contra la arbitraria decisión del Gobierno es palmaria.
La actuación del Gobierno es absolutamente injustificada. La Historia de España debe ser asumida en su totalidad, y por ello es inadmisible que se pretenda la erradicación, con brutal y desvergonzado sectarismo, de los símbolos de uno de
los bandos en la Guerra Civil de 1936, así como los de las décadas subsiguientes. Este sectarismo es todavía más bárbaro y criminal cuando lo que pretende es destruir el recuerdo de caídos en combate o de víctimas de asesinatos en la retaguardia.
Por sí sola, esta línea de conducta descubre, sin asomo de duda, que el propósito de las llamadas políticas de «memoria histórica» y «memoria democrática» nada tiene que ver con la memoria de las víctimas, y todo con un proyecto de hegemonía
política y cultural.
Dicho lo anterior, y sin renunciar a la postura de principio expuesta, debe recordarse que, en el caso de la Cruz de Cáceres, ya fue desprovista de los elementos que políticamente podían vincularse al Régimen anterior. Así, en 1984 la
Corporación municipal procedió a la retirada de símbolos de fuerzas integrantes del bando nacional y de dos inscripciones representativas de sus ideales, siendo sustituidas por la leyenda «La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la
patria», palabras junto a las que colocó el actual escudo legal del Estado. Todo ello hace absolutamente insostenible la pretensión destructora del Ejecutivo.
Y, por supuesto, en ningún caso es defendible que el monumento represente afrenta alguna hacia las víctimas del bando frentepopulista de la Guerra Civil, puesto que el recuerdo de los muertos de un bando no es insultante para los fallecidos
del otro. Si se aceptase ese criterio, todos los homenajes a las víctimas afectas al Gobierno del Frente Popular promovidos por el actual Ejecutivo implicarían un menoscabo y una humillación a las víctimas y los caídos nacionales. En realidad, en
este caso todos los indicios apuntan a que efectivamente es así.
Lo cierto es que, en la actualidad, la Cruz de los Caídos de Cáceres homenajea a todos los fallecidos en la contienda4. Lo único que mueve al Gobierno a la hora de emitir esta resolución es su sectarismo, su rechazo a cualquier espíritu de
concordia y, en definitiva, su odio al pueblo español.
III. Memoria democrática: sectarismo y odio
Mediante su pretensión de derribar este monumento, el Gobierno afrenta y desprecia públicamente la memoria de las víctimas de la Guerra Civil, y, de paso, elimina un símbolo religioso del espacio público. La cruz es la suprema imagen de
cómo el cristianismo ha vertebrado nuestra civilización, lo cual es obviamente un motivo adicional para el designio gubernamental de derribarla. No en vano, el odio al cristianismo tiene un lugar principal en la filosofía destructiva que aglutina
el bloque en que se apoya el actual Ejecutivo.
No hay que olvidar el fin último de las denominadas «políticas de memoria democrática»: imponer una verdad histórica oficial como fundamento de una ideología oficial, que es la que profesan los partidos que integran el citado bloque de la
izquierda y el separatismo. La implantación de una memoria oficial de Estado implica aceptar el 2 https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/noticias/pp-v...
3 https://efe.com/extremadura/2026-04-18/cruz-caidos-caceres-orden-retirada/
4 https://www.hoy.es/caceres/inscripciones-franquistas-cruz-20200315004145-ntvo.ht...
carácter democrático de socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, lo cual justificaría su superioridad moral en la actualidad. En definitiva, es una operación para establecer una hegemonía política y cultural en todos los niveles
de la sociedad y del Estado. Por ello, el intento de destruir en la vía pública, con sectarismo y barbarie, los recuerdos que estorben esa pretensión disolvente y totalitaria deben ser respondidos con la más enérgica firmeza.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dejar sin efecto su decisión de incluir la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, y cesar en su acoso y hostilidad contra dicho elemento arquitectónico, teniendo especial
consideración al hecho de que se trata de una cruz, símbolo espiritual por excelencia.
2. Cesar en cualquier tipo de iniciativa que suponga eliminar o retirar símbolos yelementos de la historia de España por razones de sectarismo ideológico, como son las que animan las políticas de memoria histórica y memoria democrática.
3. Impulsar las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Hoces Íñiguez e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo a las sanciones de la Unión Europea contra colonos violentos
israelíes y al cese de la política de asentamientos en la Cisjordania ocupada, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La situación en Cisjordania no puede entenderse como una sucesión aislada de incidentes violentos, sino como parte de una política prolongada de asentamientos impulsada desde la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967. Desde
entonces, Israel ha promovido, autorizado, regularizado o tolerado la implantación de población civil israelí en territorios ocupados, mediante la construcción de asentamientos, la expansión de colonias existentes, la legalización retroactiva de
puestos avanzados, la apropiación de tierras, la demolición de viviendas palestinas, la restricción de movimientos y la creación de infraestructuras separadas que fragmentan e impiden la continuidad y comunicación del territorio palestino.
Naciones Unidas ha condenado reiteradamente estas políticas. La Resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 1979, determinó que la política de asentamientos carecía de validez legal. Posteriormente, las Resoluciones 452,
465 y 2334 reiteraron que los asentamientos israelíes constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y un obstáculo para la paz. La violencia de colonos contra la población palestina se ha intensificado en los últimos años, generando
desplazamientos
forzados, destrucción de viviendas e infraestructuras, vehículos, campos agrícolas y ataques contra civiles.
Diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han advertido que la expansión de los asentamientos y la anexión de facto de territorios palestinos socavan cualquier posibilidad de solución negociada basada en la
coexistencia de dos Estados.
En este contexto, las sanciones aprobadas por la Unión Europea constituyen un paso necesario para combatir la impunidad y reafirmar el compromiso europeo con el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario, los derechos
humanos y la legalidad internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno de España a:
1. Apoyar las sanciones propuestas por la Comisión Europea y acordadas en el seno de la Unión Europea contra colonos violentos israelíes y organizaciones vinculadas a ataques contra población palestina en la Cisjordania ocupada, seguir
promoviendo todo tipo de acciones, sin descartar un paquete más fuerte de sanciones dentro de la normativa europea, que impidan nuevos asentamientos y desmantelen los construidos ilegalmente.
2. Instar a Israel a parar por completo las políticas de colonización en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, cesando toda construcción, ampliación o legalización de todos los asentamientos, que son ilegales conforme al Derecho
Internacional.
3. Instar a la Unión Europea a romper el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel mientras persistan las políticas de ocupación, de asentamientos que son ilegales conforme al Derecho Internacional y las vulneraciones graves del Derecho
Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos en Palestina.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.Sergio Gutiérrez Prieto y María Isabel Moreno Fernández, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los derechos
humanos, la liberación de los presos políticos y el impulso de una transición pacífica a la democracia en Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Cuba atraviesa una de las crisis políticas, sociales, económicas y humanitarias más graves de su historia reciente. El deterioro acumulado durante décadas de dictadura comunista ha conducido a un escenario de empobrecimiento generalizado,
colapso de los servicios públicos esenciales, apagones recurrentes, escasez de alimentos y medicamentos, deterioro del sistema sanitario, falta de libertades civiles y una represión sostenida contra quienes reclaman pacíficamente libertad.
Esta crisis es el resultado directo de un sistema político corrupto y cerrado, sin controles democráticos, sin separación de poderes, sin libertad de prensa, sin garantías
electorales homologables a una democracia pluralista y sin respeto real a los derechos humanos.
En este contexto, la situación de los presos políticos constituye la expresión más nítida de la naturaleza represiva del régimen cubano. Según los últimos datos hechos públicos por Prisioners Defenders, Cuba ha alcanzado un nuevo récord de
1.260 presos políticos y de conciencia, unos datos que confirman que la voluntad del régimen cubano es mantener intacta su maquinaria de represión. Las excarcelaciones parciales o condicionadas no pueden presentarse como reformas democráticas
mientras se mantengan restricciones de derechos, arrestos domiciliarios, vigilancia, amenazas, destierros encubiertos o nuevas detenciones.
La represión política en Cuba se produce, además, en un contexto de profundo deterioro social. La escasez de alimentos y medicamentos, los apagones, la degradación de los servicios sanitarios, la falta de oportunidades económicas y la
emigración masiva son síntomas claros del fracaso estructural que representa la dictadura para los cubanos.
España mantiene vínculos históricos, sociales, culturales y políticos de primer orden con Cuba y no puede permanecer en una posición equidistante ante esta realidad. La política exterior española debe abandonar cualquier forma de
complacencia con la dictadura cubana y recuperar una posición clara en defensa de los derechos humanos, los presos políticos, la democracia y la libertad del pueblo cubano.
El Gobierno de España ha mantenido en los últimos años una política exterior marcada por una preocupante indulgencia hacia regímenes autoritarios iberoamericanos, pero la defensa de los derechos humanos no puede depender de afinidades
ideológicas, equilibrios partidistas o cálculos diplomáticos de corto plazo.
El Partido Popular defiende una política exterior iberoamericana basada en la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y el apoyo inequívoco a las fuerzas democráticas, que, además, representan una
unidad nunca vista antes en la historia de Cuba. Es imprescindible, por tanto, denunciar la represión, reclamar la liberación de todos los presos políticos y promover una transición inmediata, pacífica, ordenada y plenamente democrática en Cuba,
protagonizada por los cubanos y orientada a la reconciliación nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar la existencia de presos políticos y de conciencia en Cuba, así como la represión ejercida por el régimen cubano contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de opositores, artistas, estudiantes,
religiosos y ciudadanos.
2. Exigir al régimen cubano la liberación inmediata, incondicional y con plenitud de derechos de todos los presos políticos y de conciencia, rechazando cualquier fórmula de excarcelación parcial, condicionada, sometida a arresto
domiciliario, vigilancia, destierro forzoso o restricción posterior de libertades civiles y/o políticas.
3. Respaldar expresamente el Acuerdo de Liberación suscrito de forma unitaria por organizaciones cívicas, opositoras y de resistencia democrática cubanas, como una referencia para articular una salida democrática, pacífica y ordenada a la
dictadura.
4. Elaborar, en coordinación con organizaciones internacionales de derechos humanos, una relación de presos políticos con nacionalidad española en Cuba, o que requieran de asistencia consular urgente, médica o humanitaria.
5. Liderar, junto con los actores y socios democráticos de la comunidad internacional comprometidos con la libertad, una estrategia diplomática, en consonancia con el Acuerdo de Liberación, para poner fin a la dictadura y favorecer una
transición inmediata, pacífica, ordenada y plenamente democrática que permita la celebración de elecciones libres, justas y multipartidarias, el restablecimiento del pluralismo político, la
separación de poderes, la libertad de prensa, la liberación de los presos políticos y el respeto efectivo de todos los derechos fundamentales.
6. Reforzar el apoyo político, diplomático y material a las fuerzas democráticas cubanas, a los defensores de derechos humanos, a los familiares de presos políticos, a los medios independientes y a las organizaciones que documentan la
represión, garantizando que la cooperación española no contribuya directa ni indirectamente al sostenimiento de estructuras represivas del régimen.
7. Denunciar en los foros internacionales competentes, incluyendo Naciones Unidas, la Unión Europea y las cumbres iberoamericanas, la situación de crisis social, económica y humanitaria que vive Cuba como consecuencia de décadas de
dictadura, represión política, ausencia de libertades y fracaso estructural del modelo impuesto por el régimen.
8. Reorientar la política exterior española hacia Iberoamérica para que la defensa de la democracia, los derechos humanos, los presos políticos y el Estado de Derecho sea un principio rector efectivo, verificable y no subordinado a
afinidades ideológicas, intereses partidistas o cálculos diplomáticos de corto plazo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Belén Hoyo Juliá, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Manuel García Félix, Carlos Javier Floriano Corrales, José Manuel Velasco Retamosa, Carlos Rojas García, César Sánchez
Pérez, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Marta González Vázquez, Pedro Navarro López, Antonio Román Jasanada y Ricardo Tarno Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003520
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes. del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para la reversión de la externalización de los servicios informáticos de la AEAT y la mejora de los cuadros de personal de las Delegaciones Especiales en Galicia, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Desde el año 2023, se está produciendo en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) una progresiva externalización de la informática tributaria de la Agencia, como queda constatado en la documentación pública, en la
Programación Contractual de la AEAT y en el Código Ético para la Contratación Pública de la AEAT.
El análisis de la Programación Contractual de la AEAT correspondiente a los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 revela que en un solo cuatrienio, la AEAT contrató con empresas privadas servicios informáticos por valor de más de 472 millones
de euros. Por lo tanto, la dependencia de empresas privadas para funciones informáticas nucleares lleva años promoviéndose y sigue incrementándose mediante contratos que se repiten de forma sistemática cada cuatro años aproximadamente, siempre con
los mismos objetos y con importes crecientes.
Así, en 2023, se contrataron servicios de TI externos por un valor de alrededor de 166 millones de euros, incluyendo la gestión integral de las telecomunicaciones por 67,5 millones. En 2024, el volumen superó los 167 millones de euros,
incluyendo la externalización de Big Data e investigación del fraude (alrededor de 13,5 millones) y la
atención telefónica a la ciudadanía contribuyente (42,2 millones). En 2025, se contrataron servicios por alrededor de 77 millones de euros, con un macrocontrato de transformación digital del DIT de 68,3 millones con duraciones de hasta
cuatro años. Finalmente, en 2026, la AEAT externaliza la operación diaria y permanente de sus sistemas más sensibles mediante contratos de 24,36 e incluso 48 meses, con compromisos que se extienden hasta 2030. Los contratos identificados ascienden
a casi 62 millones de euros, pero debe tenerse en cuenta que los grandes contratos plurianuales asignados en ejercicios anteriores siguen plenamente en ejecución; por tanto, lejos de disminuir, la dependencia se consolida.
En todos estos contratos se observa un elemento común, la presencia recurrente de ofertas únicas en los procesos de licitación. Así, el Código Ético para la Contratación Pública de la AEAT, aprobado en octubre de 2023, establece en su punto
3.1 la obligación de planificar adecuadamente las necesidades que vayan a ser objeto de contratación, en su punto 3.2 la obligación de evaluar que los contratos obedecen a necesidades reales, y en su punto 2.2 la necesidad de evitar prescripciones
técnicas que generen dependencias injustificadas de proveedores concretos. A la luz de los datos descritos, consideramos que hay una distancia entre esos compromisos y lo que refleja la programación contractual.
El problema va más allá de una cuestión contractual y de presupuestos. Está en juego una cuestión de soberanía sobre los datos tributarios de la ciudadanía y sobre los datos personales del propio personal de la Agencia.
Los sistemas que se están externalizando no son sistemas auxiliares. Son los sistemas que almacenan, procesan y cruzan los datos fiscales de millones de personas: rentas, patrimonios, transacciones económicas, información bancaria,
investigaciones por fraude. Datos sujetos al Reglamento General de Protección de Datos y a la legislación tributaria, que exigen las más estrictas garantías de confidencialidad y control público.
Además, en varios de los contratos identificados aparecen referencias explícitas a productos de fabricantes concretos, mayoritariamente extranjeros. Esto crea dependencias tecnológicas de proveedores específicos (el denominado vendor
lock-in) de las que es muy difícil salir y que comprometen la autonomía tecnológica de la Administración.
Paralelamente al proceso descrito, la AEAT no está adoptando medidas para reforzar sus propios medios informáticos. En ninguno de los cuatro ejercicios analizados aparece en la programación contractual ninguna actuación orientada a convocar
paneles de movilidad para los grupos y subgrupos de informática ni a desarrollar un plan de internalización progresiva de las funciones externalizadas.
Esto resulta especialmente significativo en el caso del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (TAI), cuya nueva incorporación por ingreso libre se produjo en enero de 2026 (BOE de 10 de diciembre de 2025), sin que se haya convocado un
panel de movilidad que permita a ese personal acceder a puestos acordes con su formación.
Pero este problema no se circunscribe al ámbito informático. Las Delegaciones Especiales de la AEAT llevan años funcionando con plantillas por debajo del mínimo necesario para el desempeño normal de sus funciones. No se atiende ni siquiera
la cobertura básica con plazas vacantes que no se convocan, unidades de Informática, Gestión, Recaudación, Inspección y Aduanas que deben atender el servicio con personal muy insuficiente, y trabajadores y trabajadoras sobrecargados que cubren
puestos que no existen o están vacantes.
El caso de la Delegación Especial de Galicia es especialmente significativo. Las Administraciones y Delegaciones dependientes de la DEA Galicia (en Lugo, Ourense, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol y otros centros) sufren esta
precariedad de forma crónica, lo que afecta al servicio que ofrecen a la ciudadanía gallega y a las condiciones laborales del personal.
En línea con las denuncias de la organización sindical CIG, el BNG traslada esta problemática que afecta directamente a la soberanía tecnológica de la Administración y a
la seguridad de los datos fiscales de toda la ciudadanía, además de al derecho del personal funcionario a desempeñar las funciones que le son propias y a la garantía de un servicio público tributario digno para la ciudadanía. Una situación
que es preciso revertir, dotando a la AEAT del personal necesario para atender el conjunto de las funciones de gestión e inspección tributaria y atendiendo, con medios propios, el conjunto de las funciones informáticas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Revertir el modelo de progresiva externalización a empresas privadas de los servicios informáticos de la AEAT que se viene produciendo desde 2023 y apostar por un modelo de gestión propia que garantice la soberanía tecnológica.
2. Dar prioridad y garantías de confidencialidad e integridad a los datos tributarios de la ciudadanía y a los datos personales del propio personal de la Agencia, dando cumplimiento al Código Ético para la Contratación Pública de la AEAT,
que establece obligaciones de planificación adecuada, evaluación de necesidades reales y prevención de dependencias de proveedores concretos.
3. Llevar a cabo un plan de internalización progresiva de los servicios informáticos actualmente externalizados en la AEAT, reforzando los medios informáticos propios, con calendario, objetivos verificables y participación de los
representantes del personal, que permita recuperar las capacidades técnicas propias de la Agencia y reducir la dependencia de empresas privadas.
4. Proceder a la convocatoria de paneles de movilidad para los cuerpos informáticos, acabar con la situación de precariedad de las plantillas en las Delegaciones Especiales de la AEAT, en particular en la Delegación Especial de Galicia,
donde las unidades de Informática, Gestión, Recaudación, Inspección y Aduanas funcionan con personal muy por debajo del mínimo necesario, y cubrir las plazas vacantes en dichas unidades para garantizar un servicio público adecuado en Galicia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O grupo parlamentar mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei para a
reversión da externalización dos servizos informáticos da AEAT e a mellora dos cadros de persoal nas Delegacións Especiais na Galiza, para o seu debate na Comisión de Facenda e Función Pública.
Exposición de motivos
Desde o ano 2023, estase a producir na Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), unha progresiva externalización da informática tributaria da Axencia como fica constatado na Programación Contractual da AEAT e no Código Ético para
a Contratación Pública da AEAT.
A análise da Programación Contractual da AEAT correspondente aos exercicios 2023, 2024, 2025 e 2026 revela que, nun só cuadrienio, a AEAT contratou con empresas privadas servizos informáticos por valor de máis de 472 millóns de euros. Por
tanto, a dependencia de empresas privadas para funcións informáticas nucleares leva
anos promovéndose e segue incrementándose mediante contratos que se repiten de forma sistemática cada catro anos aproximadamente, sempre cos mesmos obxectos e importes crecentes.
Así, en 2023 contratáronse servizos TI externos por valor de arredor de 166 millóns de euros, incluíndo a xestión integral das telecomunicacións por 67,5 millóns. En 2024, o volume superou os 167 millóns de euros, incluíndo a
externalización de Big Data e Investigación da Fraude (arredor de 13,5 millóns) e a atención telefónica á cidadanía contribuínte (42,2 millóns). En 2025, contratáronse servizos por arredor de 77 millóns de euros, cun macro-contrato de
transformación dixital do DIT de 68,3 millóns con duracións de ata catro anos. E, finalmente, en 2026, a AEAT externaliza a operación diaria e permanente dos seus sistemas máis sensíbeis mediante contratos de 24, 36 e mesmo 48 meses, con
compromisos que se estenden até 2030. Os contratos identificados ascenden a case 62 millóns de euros, pero debe terse en conta que os grandes contratos plurianuais asinados en exercicios anteriores seguen plenamente en execución, por tanto, lonxe
de diminuír, a dependencia consolídase.
En todos estes contratos obsérvase un elemento común, a presenza recorrente de ofertas únicas nos procesos de licitación. Porén, o Código Ético para a Contratación Pública da AEAT, aprobado en outubro de 2023, estabelece no seu punto 3.1 a
obriga de planificar adecuadamente as necesidades que vaian ser obxecto de contratación, no seu punto 3.2 a obriga de avaliar que os contratos obedecen a necesidades reais, e no seu punto 2.2 a necesidade de evitar prescricións técnicas que xeren
dependencias inxustificadas de provedores concretos. Á luz dos datos descritos, consideramos que hai unha distancia entre eses compromisos e o que a programación contractual reflicte.
O problema vai máis alá dunha cuestión contractual e de orzamentos. Está en xogo unha cuestión de soberanía sobre os datos tributarios da cidadanía e sobre os datos persoais do propio persoal da Axencia.
Os sistemas que se están a externalizar non son sistemas auxiliares. Son os sistemas que almacenan, procesan e cruzan os datos fiscais de millóns de persoas: rendas, patrimonios, transaccións económicas, información bancaria,
investigacións por fraude. Datos suxeitos ao Regulamento Xeral de Protección de Datos e á lexislación tributaria, que exixen as máis estritas garantías de confidencialidade e control público.
Ademais, en varios dos contratos identificados aparecen referencias explícitas a produtos de fabricantes concretos, maioritariamente foráneos. Isto crea dependencias tecnolóxicas de provedores específicos (o denominado vendor lock-in) das
que é moi difícil saír e que comprometen a autonomía tecnolóxica da Administración.
Paralelamente ao proceso descrito, a AEAT non está adoptando medidas para reforzar os seus medios informáticos propios. En ningún dos catro exercicios analizados aparece na programación contractual ningunha actuación orientada a convocar
paneis de mobilidade para os grupos e subgrupos de informática nin a desenvolver un plan de internalización progresiva das funcións externalizadas.
Isto resulta especialmente significativo no caso do Corpo de Técnicos Auxiliares de Informática (TAI), cuxa nova incorporación por ingreso libre se produciu en xaneiro de 2026 (BOE de 10 de decembro de 2025), sen que se teña convocado panel
de mobilidade que permita a ese persoal acceder a postos acordes coa súa formación.
Mais este problema non se circunscribe ao ámbito informático. As Delegacións Especiais da AEAT levan anos funcionando con cadros de persoal por debaixo do mínimo necesario para o desempeño normal das súas funcións. Non se atende sequera á
cobertura básica, con prazas vacantes que non se convocan, unidades en Informática, Xestión, Recadación, Inspección e Aduanas que deben atender o servizo con persoal moi insuficiente, e traballaddores e traballadoras sobrecargadas cubrindo os postos
que non existen ou están baleiros.
O caso da Delegación Especial da Galiza é especialmente significativo. As Administracións e Delegacións dependentes da DEA Galiza (en Lugo, Ourense, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol e outros centros) sofren esta precariedade
de forma crónica, afectando ao servizo que ofrecen á cidadanía galega e ás condicións laborais do persoal.
En liña coas denuncias da organización sindical CIG, o BNG traslada esta problemática que afecta directamente á soberanía tecnolóxica da administración e á seguranza dos datos fiscais de toda a cidadanía, de dereito do persoal funcionario a
desempeñar as funcións que lle son propias, e de garantía dun servizo público tributario digno para a cidadanía. Unha situación que é preciso reverter, dotando á AEAT do persoal preciso para atender o conxunto das funcións de xestión e inspección
tributaria e atendendo, con medios propios, o conxunto das funcións informáticas.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta ao Goberno a:
1. Reverter o modelo de progresiva externalización a empresas privadas dos servizos informáticos da AEAT que se vén producindo desde 2023 e apostar por un modelo de xestión propia que garanta a soberanía tecnolóxica.
2. Dar prioridade e garantías de confidencialidade e integridade aos datos tributarios da cidadanía e aos datos persoais do propio persoal da Axencia, dando cumprimento ao Código Ético para a Contratación Pública da AEAT, que estabelece
obrigas de planificación adecuada, avaliación de necesidades reais e evitación de dependencias de provedores concretos.
3. Levar a cabo un plan de internalización progresiva dos servizos informáticos actualmente externalizados na AEAT, reforzando os medios informáticos propios, con calendario, obxectivos verificábeis e participación dos representantes do
persoal, que permita recuperar as capacidades técnicas propias da Axencia e reducir a dependencia de empresas privadas.
4. Proceder á convocatoria de paneis de mobilidade para os corpos informáticos, acabar coa situación de precariedade dos cadros de persoal nas Delegacións Especiais da AEAT, en particular na Delegación Especial da Galiza, onde unidades de
Informática, Xestión, Recadación, Inspección e Aduanas funcionan con persoal moi por debaixo do mínimo necesario, e cubrir as prazas vacantes nesta Unidades para garantir un servizo público adecuado na Galiza.»
Madrid, 29 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Interior
161/003501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa, protección y
promoción del sector de la cuchillería española, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La cuchillería de Albacete no es únicamente una actividad económica: representa más de seis siglos de tradición artesanal e industrial, formando parte de la identidad histórica de la ciudad y de España.
Es una de las grandes señas de identidad albaceteñas ya que Albacete concentra actualmente cerca del 90 % de la producción cuchillera nacional y constituye uno de los principales polos cuchilleros del mundo, reconocido internacionalmente por
la calidad, innovación y prestigio de sus productos.
Se trata además de un sector estratégico para la economía de la ciudad y de la provincia, que genera más de 1.000 empleos y exporta anualmente por valor de más de 35 millones de euros, llevando el nombre de España y de Albacete a mercados de
todo el mundo.
Por ello, es importante trasladar a la opinión pública la idea de que la navaja y la cuchillería albaceteñas, declaradas hace más de una década como Bien de Interés Cultural (BIC) tiene unos usos legítimos, tradicionales, profesionales,
deportivos, artesanales y coleccionistas como herramienta que nuestros ancestros han llevado en el bolsillo durante siglos y que muchos siguen cumpliendo a rajatabla.
Cerrada la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de armas para adaptarlo a la Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo (versión codificada como consecuencia de las
varias modificaciones sufridas por la Directiva 91/477/CEE del Consejo), resulta necesario defender y proteger la cuchillería de Albacete de posibles reformas que puedan afectar al empleo, tradición, industria, exportaciones y patrimonio cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Tener en cuenta las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, previa del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Armas aprobado por el RD 137/1993, por la Asociación de cuchilleros de Albacete,
para que la ausencia de definiciones claras o la utilización de términos confusos no perjudique a un sector que desarrolla en Albacete una actividad industrial y artesanal con más de seis siglos de tradición, motor económico de la zona y generador
de empleo.
2. Garantizar que la futura reforma del Reglamento de Armas preserve la actividad de la industria cuchillera de Albacete, así como los usos legítimos, tradicionales, profesionales, deportivos, artesanales y coleccionistas vinculados a la
navaja artesana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.Carmen Navarro Lacoba, Antonio Martínez Gómez y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Socialy Migraciones
161/003505
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR
Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley relativa a la situación de los trabajadores de la Mina Miura, en Tormaleo, Ibias, Asturias.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 10 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Grupos Parlamentarios proponentes.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de los trabajadores de la Mina Miura, en Tormaleo,
Ibias, Asturias, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La Mina Miura, situada en Tormaleo, concejo de Ibias, en el suroccidente asturiano, atraviesa una situación de extrema gravedad social, laboral y económica. En la actualidad, cuatro trabajadores permanecen encerrados a unos 300 metros de
profundidad como medida de protesta para reclamar el abono de las nóminas pendientes desde hace un año, así como la reactivación de la actividad en condiciones dignas y seguras y una salida inmediata a la situación de indefensión en la que se
encuentran.
Esta situación afecta no solo a los mineros de la explotación minera, sino también a sus familias y al conjunto de una comarca históricamente golpeada por la crisis industrial, la pérdida de empleo y la falta de alternativas económicas
estables.
La situación resulta aún más grave ya que los propios trabajadores se encuentran en un limbo laboral: no cobran sus salarios, pero tampoco han sido despedidos, lo que les impide acceder con normalidad a las prestaciones por desempleo. Esta
circunstancia supone una vulneración material de sus derechos laborales y una forma intolerable de abandono empresarial.
La empresa cambió de titularidad en octubre de 2025, con el compromiso del nuevo propietario de asumir las deudas salariales y reactivar la actividad. Sin embargo, dicho compromiso no se habría materializado, manteniéndose la paralización
de la explotación y el impago a la plantilla.
En un sector de riesgo como la minería, las administraciones públicas no pueden permanecer pasivas ante una situación que combina impagos, incertidumbre laboral, paralización productiva y posibles riesgos para la integridad física de los
trabajadores.
La minería asturiana forma parte de la memoria obrera, industrial y democrática de nuestro país. Sus trabajadores no pueden ser tratados como una carga prescindible ni quedar abandonados ante incumplimientos empresariales.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes, en coordinación con el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Ibias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la autoridad minera competente, las
organizaciones sindicales y la representación de los trabajadores.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, con carácter urgente, una mesa de seguimiento institucional sobre la situación de la Mina Miura, con participación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Ibias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la autoridad minera competente, las organizaciones sindicales y la representación de los trabajadores.
2. Requerir a la empresa titular de los derechos mineros el abono inmediato de todas las cantidades salariales adeudadas a los trabajadores, incluidas nóminas, pagas extraordinarias, cotizaciones y cualesquiera otros conceptos pendientes.
3. Activar de forma inmediata la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin de comprobar el alcance de los impagos, la situación contractual de la plantilla, las posibles responsabilidades empresariales y la existencia
de vulneraciones de derechos laborales o de Seguridad Social.
4. Garantizar que ningún trabajador quede en situación de desprotección, articulando, en coordinación con el Servicio Público de Empleo Estatal y la autoridad laboral competente, las medidas necesarias para que los trabajadores puedan
acceder a las prestaciones que legalmente les correspondan si la empresa persiste en el impago, la inactividad o el abandono de sus obligaciones.
5. Coordinar con la autoridad minera competente una inspección urgente de seguridad en la explotación, especialmente mientras continúe el encierro de trabajadores en el interior de la mina, garantizando la presencia de los responsables
técnicos necesarios y la adopción de todas las medidas de prevención de riesgos laborales.
6. Estudiar la apertura de los procedimientos administrativos que correspondan en caso de incumplimiento grave de las obligaciones laborales, económicas, técnicas o de seguridad por parte de la empresa titular, incluida, en su caso, la
revisión de la concesión o de los derechos mineros conforme a la normativa aplicable.
7. Asegurar la protección social y económica de las familias afectadas, habilitando los mecanismos de apoyo disponibles en colaboración con las administraciones autonómica y local, especialmente en una comarca rural y minera con especiales
dificultades de empleo y servicios.
8. Defender la continuidad de la actividad productiva únicamente si esta se realiza con garantías laborales, salariales, ambientales y de seguridad, evitando cualquier forma de reapertura basada en precariedad, impagos o ausencia de control
público.
9. Reforzar los mecanismos de vigilancia sobre empresas titulares de explotaciones mineras, para impedir situaciones de abandono empresarial, sucesión opaca de derechos mineros, impago prolongado de salarios o incumplimientos de seguridad
que pongan en riesgo la vida y los derechos de los trabajadores.
10. Presentar ante el Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de tres meses, un informe sobre las actuaciones realizadas en relación con la situación de la Mina Miura, incluyendo las medidas laborales, sociales, administrativas y de
seguridad adoptadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.Los Grupos Parlamentarios Mixto, Plurinacional SUMAR y Republicano.
161/003516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dar una solución urgente a los
trabajadores autónomos societarios y colaboradores, evitando el incremento de cuotas derivado de las decisiones del Gobierno, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las consecuencias de la incapacidad del Gobierno para gobernar y cumplir sus funciones constitucionalmente consignadas son visibles día a día. La falta de Presupuestos Generales del Estado los últimos tres años y la inseguridad que ello
acarrea a los ciudadanos afectan a todos y todos los días.
Uno de los ejemplos más recientes se advierte en el marco de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, donde más de un millón de ellos podrían ver afectadas en 2026 (y ejercicios siguientes) sus bases de cotización y más de 500.000 de
los que hoy pagan bases mínimas observarán cómo aumenta la cuota que actualmente abonan, tal y como se ha denunciado por las asociaciones que representan a este colectivo.
Así se desprende del incumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso de no incrementar estas para los trabajadores por cuenta propia societarios y colaboradores (prácticamente un tercio del total de los trabajadores autónomos de
nuestro país), consecuencia de no haber logrado actualizar el régimen transitorio sobre esta cuestión desde el año 2023.
La realidad de las nuevas cuantías que deberán pagar resulta de las medidas implementadas por el ejecutivo en dos disposiciones recientes. De una parte, el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social, que, entre otras cuestiones, consigna la actualización del tope mínimo y máximo de las bases de cotización del sistema.
De otra, la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2026, que ha marcado para los autónomos societarios y colaboradores una base de cotización mínima de 1.424 euros (en 2023 esta era de 1.000 euros la cual «se pactó ir transitoriamente adaptándola en 2024 y 2025 se tenía que fijar en
Presupuestos. Pero nunca los hubo y en 2026, tampoco» como alerta ATA).
La derivada de esta realidad supone un incremento en la cuota mínima de estos colectivos, que, en primer lugar, contraviene las promesas de la Ministra de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de no elevar la cotización de los
trabajadores por cuenta propia en 2025 y su mantenimiento en el ejercicio en curso, y, además, rompe el principio de equidad y de proporcionalidad de nuestro sistema.
Según se ha denunciado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la actualización de las bases mínimas de cotización de los autónomos societarios y colaboradores en la normativa antes referida supondrá un
incremento de bases mínimas, desde los 1.000 euros mensuales en 2025 hasta más de 1.400 euros en 2026, lo que supone un aumento de, aproximadamente, un 40 %.
Tal y como se ha señalado, estos trabajadores autónomos podrán mantener el pago de la misma cuota que en 2025, pero en 2028 (año en el que se realice la correspondiente regularización) se les exigirá aportar, como mínimo, la cuota
correspondiente a la base mínima de 1.424 euros para el ejercicio 2026.
El impacto global calculado fija, como se mencionaba, en 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia los que se verán perjudicados y, más concretamente, entre 500.000 y 600.000 trabajadores por cuenta propia que hoy cotizan por la base
mínima o por una base cercana y que serán los que realmente noten la subida en su cuota mensual.
Este incremento superará, se calcula, los 130 euros al mes, implicando un aumento de más de 1.600 euros adicionales al año. A mayor abundamiento, este incremento se
considera que perjudicará especialmente a las mujeres que ostentan la condición de autónomas colaboradoras, singularmente en el ámbito rural.
La situación anteriormente mencionada quiebra la voluntad que se consagró en nuestro sistema a través del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. En este, fundamentándose en las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020, se fijaba una cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos acorde «a sus ingresos
reales, de manera que no se vieran perjudicados los elementales principios de contributividad y de solidaridad en los que se fundamenta el sistema».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a paralizar, mediante el desarrollo normativo correspondiente, el incremento de cuotas que van a sufrir los trabajadores autónomos societarios y familiares, adaptando a estos el
espíritu de la reforma del año 2022 según la cual los autónomos han de cotizar según sus ingresos reales.
Además, a convocar sin demora a las asociaciones de trabajadores autónomos para abordar las cuestiones más relevantes para el conjunto de estos y, especialmente, lo referente al perjuicio que supondrá esta subida de cuotas en 2026».
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Irene Garrido Valenzuela, Jaime Eduardo de Olano Vela e Isabel Gema Pérez Recuerda, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar los principios básicos
de proximidad, calidad y atención adecuada al ciudadano en la Administración de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
España vive hoy un colapso inaceptable en su sistema de Seguridad Social. Miles de ciudadanos esperan durante semanas, incluso meses, para lograr una simple cita previa. Familias, autónomos y pensionistas desesperan frente a un Gobierno
que, con su deliberada forma de actuar, ha dejado de servir al ciudadano para convertirse en un laberinto muchas veces sin salida.
Esta situación no es fruto del azar, sino del abandono continuado por parte del Gobierno. Un Ejecutivo más preocupado por sus cuestiones y escándalos internos que por la gestión. El resultado es palpable: colas interminables, ventanillas
que parecen inalcanzables y un malestar creciente entre quienes solo piden que se les escuche y se les atienda en cuestiones tan relevantes como sus prestaciones.
Este abandono se ha denunciado desde todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Primero, por los ciudadanos, que contemplan atónitos y desesperados cómo una Administración tan esencial (y modélica hasta los últimos años) ha dejado de operar con
la rapidez y eficacia que es exigible en los últimos años por culpa de una gestión negligente e inoperante.
También los funcionarios y trabajadores de la misma se ven superados por un ejecutivo incapaz de atender a sus necesidades y demandas, hecho que ha motivado, incluso, por primera vez, manifestaciones en el seno de esta administración.
Aumenta exponencialmente la carga de trabajo, pero se reducen las plantillas y se ignoran sus necesidades.
De igual manera, los sindicatos alertan reiteradamente de las considerables debilidades en la gestión de la Administración de la Seguridad Social.
Y recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que el sistema de cita previa en los servicios públicos se ha convertido en un problema importante para muchos ciudadanos, generando importantes barreras. Este
sistema, que se implantó de forma generalizada (pero, en teoría, excepcional) durante la pandemia para evitar aglomeraciones, sigue siendo obligatorio en muchos casos, especialmente en organismos como la Seguridad Social o el servicio de empleo,
impidiendo un acceso igualitario a los ciudadanos.
Conseguir una cita hoy en el Instituto Nacional de la Seguridad es una tarea casi imposible, y más aún en el «trámite crítico» de la solicitud de pensiones de jubilación, como manifiesta la OCU. En muchas ocasiones no hay disponibilidad o
los plazos de espera son demasiado largos. Esto provoca que las personas no puedan realizar a tiempo trámites esenciales, como solicitar una pensión, gestionar prestaciones por desempleo o resolver gestiones administrativas urgentes.
Según el estudio realizado, en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad. De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos.
Esta situación ha sido calificada por la organización como «incompatible con los principios de servicio público eficiente y próximo», por lo que supone una vulneración flagrante de lo mandatado por la Constitución Española. Este es el lugar
al que ha llevado el Gobierno actual a la Administración encargada de gestionar el máximo exponente de nuestro modelo de bienestar social.
La cita previa, en lugar de facilitar la organización, se ha transformado en un obstáculo que limita el acceso a la administración pública. En muchas zonas de España es prácticamente imposible conseguir cita tras varios intentos, lo que
demuestra que el sistema no está funcionando correctamente.
Por ello, esta organización propone varias soluciones. Entre ellas, plantea que la cita previa deje de ser obligatoria, de modo que las personas puedan acudir directamente en casos necesarios. También sugiere dar prioridad a los colectivos
más vulnerables y establecer plazos máximos para atender trámites urgentes, con el objetivo de garantizar un acceso más rápido y justo.
Es necesario que estas medidas sean analizadas y, en su caso ejecutadas sin más dilación. Pero es más necesario aún que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado.
En septiembre de 2020, el entonces Ministro del ramo, hoy Gobernador del Banco de España, decía que evidenciar esta situación eran «anécdotas», «demagogia» y «desinformación». En mayo de 2023, lo calificaba, a voz en grito, de «bulo» e
«intoxicación».
Hoy, los partidos que sostienen al Gobierno siguen ignorando las necesidades de los administrados. Recientemente, en noviembre de 2025, en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, los grupos que integran y sustentan al
Ejecutivo consideraban que señalar y tratar de corregir este problema era «inocuo» (SUMAR) e «incoherente e histriónica» (PSOE). Es incomprensible que quien debe velar por las necesidades de los españoles considere que estas merezcan tales
calificativos.
El Partido Popular no comparte ni considera que sean procedentes tales reacciones. El Gobierno debería poner todo de su parte para tratar de revertir un problema manifiesto y manifestado por todos los ámbitos de la sociedad. Por ello,
reitera (con la intención de
que, de una vez, sea escuchado y solucionado por el Gobierno) la necesidad de abordar sin más dilación y de una vez por todas, este enorme problema.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«1. Suprimir el carácter obligatorio y generalizado del sistema de cita previa en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, permitiendo la atención presencial directa, sin
perjuicio de mantener la cita previa como opción voluntaria para quienes deseen utilizarla.
2. Establecer un plazo máximo de diez días hábiles para la obtención de cita previa en trámites esenciales, en particular en la solicitud de pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, así como en las prestaciones
por nacimiento y cuidado de menor.
3. Habilitar canales de atención prioritaria para colectivos vulnerables, especialmente personas mayores de 65 años, personas con discapacidad y residentes en municipios del medio rural, garantizando en todo caso la atención presencial sin
necesidad de tramitación telemática previa.
4. Reforzar las plantillas de la Administración de la Seguridad Social mediante la cobertura inmediata de las vacantes existentes y la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria que permita recuperar los niveles de atención
previos a la pandemia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Irene Garrido Valenzuela, Jaime Eduardo de Olano Vela e Isabel Gema Pérez Recuerda, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/003499
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la
Comisión de Industria y Turismo, de modificación de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, para garantizar el derecho al descanso dominical y al disfrute de la vida familiar.
Exposición de motivos
Hace más de un siglo que se conquistó el derecho al descanso dominical en España. Concretamente, el 3 de marzo de 1904 fue aprobada la Ley del descanso dominical, estableciendo la prohibición de trabajar los domingos con contadas y
justificadas excepciones.
En países como Alemania, la protección del descanso en domingos y festivos alcanza la condición de garantía constitucional, y en Suiza, incluso ciudades de gran perfil internacional como Ginebra quedan prácticamente paralizadas cada domingo,
con casi todos los comercios cerrados, debido a su legislación.
Recientemente, la Sentencia 1643/2025 del Tribunal Supremo, de 4 de abril, sienta un precedente para proteger la vida personal y el derecho al descanso, y es que contempla que pasar de librar el fin de semana a trabajar esos días por mandato
de la empresa altera de forma tan profunda la organización personal y vital de los trabajadores y trabajadoras que se considera una modificación sustancial de condiciones de trabajo, imponiéndose que no se trabajen los fines de semana, aunque dicha
posibilidad estuviera contemplada contractualmente.
Por otra parte, en Austria, la Corte Constitucional confirmó ya en 2012 que la prohibición de apertura de los comercios en domingos y festivos es coherente con la Constitución austríaca, reconociéndose que los objetivos generales del cierre
son la protección de los intereses de los consumidores, los objetivos del régimen de competencia y la función socio-política.
Todo lo anterior evidencia lo entrelazados que quedan los derechos al descanso y a una vida personal y las regulaciones laborales y de horarios de apertura de negocios, especialmente en países con un gran protagonismo del sector terciario y
del comercio como es el caso de España, donde ocupa alrededor de un 75 % del PIB. En Europa, según los datos ofrecimos por Eurostat (2023), las personas trabajadoras de servicios y ventas trabajan los fines de semana en un 48,9 %. Esta realidad
refleja que la lógica de la economía 24/7, que percibe las pausas como ineficiencias, necesita no solo ser frenada, sino también revertida. Esta tensión se ha evidenciado en la reciente marcha convocada por CGT con el apoyo de Intersindical
Valenciana, LAB y SB, bajo el lema «El Corte Inglés ya no es lo que era», donde se han denunciado jornadas abusivas y semanas de trabajo de 56 horas, horarios complicados que impiden la conciliación familiar y reclaman una compensación por trabajar
los domingos.
Es por lo anteriormente expuesto que la garantía del derecho al descanso en domingos y festivos no se puede limitar simplemente a una cuestión laboral, sino que encuentra su expresión más decisiva en la regulación de los horarios
comerciales. Es precisamente esta normativa la que define el marco esencial de la actividad económica y la que asegura que el legítimo derecho de los trabajadores y trabajadoras a un tiempo de reposo prevalezca frente a las presiones desmedidas de
un mercado que, sin límites, amenaza con erosionar la dignidad y el equilibrio social.
Asimismo, el modelo de la precariedad laboral y vital, el vaciado de la vida social de los barrios en favor de una ilusión de igualdad y consumismo se ha encarnado especialmente en la existencia de centros comerciales. La extraordinaria
persistencia de estos centros en España, en comparación con su declive en otros países europeos, solo puede entenderse a la luz de las desigualdades sociales estructurales del país.
Los centros comerciales absorben funciones que antes cumplían espacios públicos en barrios afectados por gentrificación y pérdida del comercio tradicional. Al ubicarse en periferias urbanas con servicios públicos deficientes, también actúan
como sustitutos parciales de equipamientos públicos, aunque generando empleo precario y reforzando la dependencia del consumo. De este modo, los centros comerciales no solo conviven con la desigualdad: la administran, la suavizan y la reproducen,
convirtiéndose en un elemento estructural de un modelo económico basado en la vulnerabilidad y el ocio accesible. Así, permitir sus aperturas en días festivos no solo hace que favorecer el vaciado de los barrios y la vida en común, sustituyéndolo
por un ocio consumista y trabajos precarios.
Precisamente, con el ánimo de reconducir estas dinámicas y buscando avanzar en tiempo para la vida personal y familiar, pero también para el descanso, consideramos que tras un siglo de tensiones, el Congreso debe realizar un avance
significativo en la garantía al derecho al descanso dominical proponiendo una reforma de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, en el siguiente sentido:
1. Modificar el artículo 4 de la Ley 1/2004, apartados 1 y 2, por el siguiente texto:
1. El número máximo de domingos y festivos en los que los comercios podrán desarrollar su actividad no podrá superar los 8 días, del total anual de domingos y festivos establecidos. Para el caso de los establecimientos en zonas de gran
afluencia
turística, el anterior número de apertura en domingos y festivos no podrá incrementarse en más de un 50 %.
2. Las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número reduciéndolo en orden a garantizar un mayor tiempo de descanso.
2. Modificar el artículo 5 de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, apartado 4, por el siguiente texto:
4. A los efectos de lo establecido en el apartado 1, las Comunidades Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán
zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos.
b) Que acojan un bien declarado Patrimonio de la Humanidad o bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
d) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.
e) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
En los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas, la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el Ayuntamiento interesado deberá contener en todo caso justificación de sus condiciones,
teniendo en cuenta especialmente la necesidad de garantizar el derecho al descanso dominical y el disfrute a la vida familiar en su compatibilidad con la existencia de intereses turísticos y económicos de lá zona. En consecuencia, tanto si la
propuesta es para su declaración en todo el municipio durante todo el año como limitada temporal o territorialmente, la propuesta debe acreditar la necesidad de sus circunstancias. En caso de que la Comunidad Autónoma no considere justificada la
propuesta, esta quedará rechazada.
Si en el plazo que determine su legislación autonómica o, en su defecto, en el plazo de seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del Ayuntamiento interesado, se entenderá rechazada como zona de gran afluencia
turística la propuesta por dicho Ayuntamiento.
En el caso de que dejaran de concurrir las circunstancias que motivaron la declaración de zona de gran afluencia turística, el Ayuntamiento deberá justificar la pérdida de las condiciones habilitantes. La Comunidad Autónoma competente, en
el plazo anteriormente señalado, deberá resolver; y, en caso de no hacerlo, se entenderá aceptada la propuesta municipal.
3. Modificar parte del artículo 5 de la Ley 1/2004, apartado 5, sustituyendo el segundo párrafo por el texto siguiente:
En el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, todo Ayuntamiento estará obligado a realizar una propuesta a la Comunidad Autónoma competente sobre la zona de gran afluencia turística del municipio en el que concurran
las circunstancias señaladas en el párrafo anterior. Para el caso de que los datos justificasen la pérdida del régimen aplicable a las zonas de gran afluencia turística, el Ayuntamiento estará obligado a proponer su eliminación, mantenimiento o
adaptación de acuerdo con los criterios de esta ley.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2026.Alberto Ibáñez Mezquita, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y refuerzo del sistema español de Indicaciones Geográficas,
para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La calidad diferenciada no es un adorno del mercado, es una política pública que protege un patrimonio colectivo. Una Indicación Geográfica reconocida y registrada en la UE salvaguarda un nombre y, con él, un saber hacer; ordena la oferta,
aporta trazabilidad verificable, reduce asimetrías de información para las personas consumidoras y consolida cadenas de valor ancladas en el territorio. En un contexto de competencia internacional intensa, cambios en los hábitos de consumo,
digitalización acelerada y mayor presión climática, el sistema de calidad alimentaria diferenciada es una herramienta estratégica para sostener rentas agrarias, actividad transformadora e identidad productiva.
España dispone de uno de los patrimonios de indicaciones geográficas más relevantes de la Unión Europea. Con datos consolidados a 25 de marzo de 2026, hay registradas en la UE un total de 394 figuras de las que 223 son de productos
agrícolas y alimenticios de las que 111 son denominaciones de origen protegidas (DOP) y 112 son indicaciones geográficas protegidas (IGP), existiendo además 3 Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). En el ámbito vitivinícola, a esa misma
fecha constan 149 figuras de las que 106 son DOP de vinos y 43 IGP, existiendo también 19 bebidas espirituosas con Indicación geográfica. Además, existen otras 15 figuras de calidad diferenciada que se encuentran en tramitación europea para su
reconocimiento y registro. Estas cifras evidencian una realidad plural, extendida por el conjunto del país, con figuras de gran dimensión y otras de escala comarcal que cumplen una función social determinante en la vertebración rural.
La estadística anual consolidada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, referida a las Indicaciones Geográficas muestra también la dimensión económica del sistema en su última edición disponible. A 31 de diciembre de 2023 las
figuras españolas de calidad diferenciada de productos agrícolas y alimentarios tenían, con 205.576 operadores primarios y 3.526 industrias inscritas. El valor económico estimado del conjunto alcanzó 3.043,47 millones de euros, con 2.404,38
millones correspondientes al mercado interior y 639,09 millones al mercado exterior. Son magnitudes que ayudan a comprender que la calidad diferenciada es una palanca de competitividad y, al tiempo, una política de cohesión territorial.
En el sector del vino, la información estadística oficial disponible para la campaña 2023/2024 cuantifica 104.178 viticultores inscritos, 3.606 bodegas embotelladoras y 756 no embotelladoras, con una superficie total inscrita de 630.641
hectáreas. En esa campaña, el valor económico estimado en origen de la comercialización interior y exterior de los vinos DOP se situó en 4.522 millones de euros. Este ecosistema se compone, además, de denominaciones donde la capilaridad social
resulta particularmente visible; la DOP Ribeiro, por ejemplo, registra 1.270 hectáreas y 1.480 viticultores inscritos en la citada campaña, un perfil que ilustra bien el papel de estas figuras como soporte de empleo, paisaje agrario y tejido
cooperativo y empresarial de proximidad.
En cuanto a vinos IGP en esa misma campaña, las cifras son de 115.666 hectáreas con 16.585 agricultores, 654 bodegas de las que 553 son embotelladoras y 101 no lo son, y un valor económico estimado en origen de casi 242 millones de euros.
En cuanto a las bebidas espirituosas con indicación geográfica, los datos oficiales nos indican que existen 140 industrias con un valor económico estimado anual de cerca de 137 millones de euros anuales
El marco europeo ha reforzado esta orientación estratégica. El Reglamento (UE) 2024/1143 moderniza el régimen de indicaciones geográficas y regímenes de calidad, fortalece el papel de las agrupaciones de productores y amplía instrumentos de
protección, incluyendo su proyección en el entorno digital. Esta actualización normativa resulta coherente con los desafíos actuales, donde lá evocación, la usurpación del nombre y el uso indebido en mercados y plataformas online pueden erosionar
la confianza y el valor añadido construido durante décadas.
En el plano nacional, España cuenta con una arquitectura normativa que conviene seguir consolidando y aplicando con rigor. La Ley 6/2015 establece el régimen jurídico de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ámbito
territorial supraautonómico; el Real Decreto 267/2017 que la desarrolla; el real Decreto 189/2026 que regula los procedimientos de tramitación que ha reemplazado recientemente al Real Decreto 1335/2011; y la Ley 28/2015 fija el régimen
sancionador básico para la defensa de la calidad alimentaria. Este entramado debe acompañarse de una capacidad operativa real en control, trazabilidad y defensa del nombre. En ese sentido, los datos del informe anual de control oficial de calidad
alimentaria correspondiente a 2024 reflejan un despliegue relevante de actuaciones, con 5.036 controles realizados y 793 expedientes sancionadores iniciados, lo que ayuda a preservar la unidad de mercado y la lealtad de las transacciones.
Junto al control, la protección internacional es una pieza cada vez más determinante. El propio Ministerio constata que la Unión Europea prioriza la inclusión de indicaciones geográficas en acuerdos bilaterales con terceros países, con
miles de registros asociados a nuestras denominaciones en esos marcos. En 2024 continuó, además, el proceso de inscripción de figuras españolas en el Registro Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ampliando la
defensa de los nombres más allá del mercado interior europeo.
La política comparada ofrece aprendizajes útiles. Francia ha consolidado un modelo de gobernanza donde la definición del vínculo al origen, los pliegos de condiciones, los controles y la defensa del sistema se articulan con estabilidad
institucional. Italia, por su parte, ha desarrollado consorcios con funciones robustas de tutela y promoción, capaces de coordinar al sector, sostener estrategias de posicionamiento y actuar con eficacia frente al fraude. En Portugal se observa
una coordinación nacional y regional orientada a reforzar disciplina de mercado, trazabilidad y coherencia en la gestión del sistema. Estas experiencias convergen en una idea esencial, la protección del nombre no puede disociarse de capacidad
técnica, inteligencia de mercado y una política continuada de reputación.
En España, el reforzamiento de nuestras DOP debe alinearse con la fortaleza general del sector agroalimentario. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha puesto en valor el
récord de exportaciones agroalimentarias y pesqueras de 2024, con 75.090 millones de euros, expresión de competitividad, calidad y apertura de mercados. La calidad diferenciada forma parte de esa ventaja comparativa y debe contar con instrumentos
acordes a su peso económico y territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en cooperación con las comunidades autónomas y con las agrupaciones de productores y órganos de gestión de las denominaciones, un Plan de fortalecimiento del sistema de Indicaciones Geográficas (DOP/IGP/IG/ETG), orientado a
reforzar su capacidad técnica y operativa en certificación, trazabilidad, control, protección
del nombre y promoción, con objetivos evaluables, indicadores de seguimiento y especial atención a las denominaciones de menor tamaño y mayor capilaridad territorial.
2. Reforzar la protección efectiva de las Indicaciones Geográficas frente a usos indebidos, evocaciones y prácticas desleales, con una prioridad específica en el entorno digital y el comercio electrónico, promoviendo mecanismos ágiles de
detección y retirada de contenidos infractores, cooperación con autoridades competentes y aplicación proporcionada del régimen sancionador, en coherencia con el marco europeo vigente.
3. Agilizar y dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos vinculados a la calidad diferenciada, en particular los relativos a modificaciones de pliegos de condiciones, para facilitar la adaptación a la evolución del mercado, la
innovación y los impactos del cambio climático, manteniendo el rigor del control oficial y preservando el vínculo al origen.
4. Potenciar la promoción, el conocimiento social y la internacionalización de las Indicaciones Geográficas, mediante acciones coordinadas con la distribución y el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), campañas institucionales
que incrementen el reconocimiento de los sellos europeos, y una estrategia de apertura de mercados que refuerce la protección de las indicaciones geográficas en acuerdos con terceros países, consolidando su defensa como activo de país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Iván Cacho Isla, María Luisa Faneca López y Patricia Otero Rodríguez, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la Proposición no de Ley relativa a la puesta en valor de la miel y al refuerzo del sector apícola en España, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La miel forma parte del patrimonio alimentario y cultural de nuestro país, ligada a paisajes agrícolas y forestales que han convivido históricamente con la apicultura como actividad económica, como oficio transmitido entre generaciones y
como elemento vertebrador de la vida rural. Allí donde hay colmenas, suele haber también territorio vivo, diversidad floral, actividad agraria complementaria y una economía rural que se sostiene con más de una sola renta.
La apicultura española se vincula, además, con la seguridad alimentaria y con la calidad de lo que producimos. Su contribución no se agota en el valor del producto final, la miel, la cera u otros derivados, también se expresa en un efecto
tractor sobre el conjunto del sistema agroalimentario gracias a la polinización, que mejora rendimientos, calidades y estabilidad productiva en numerosas producciones, reforzando a su vez la biodiversidad y la resiliencia de los sistemas agrarios.
De acuerdo con los indicadores oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de miel en España se situó en 33.134 toneladas en 2024, último dato cerrado disponible, y la producción de cera alcanzó 1.795
toneladas. Ese mismo balance refleja un tejido productivo extendido, con 36.833 explotaciones registradas y un grado de profesionalización relevante, en torno al 17 % del total, lo que confirma la dimensión económica y territorial de una actividad
que fija población, diversifica rentas y aporta valor añadido en el medio rural.
Este valor económico y ambiental convive con desafíos que el sector viene señalando con claridad. Por un lado, la presión competitiva derivada de la entrada en el mercado de productos comercializados como miel que no se ajustan a los
estándares de composición exigibles, lo que erosiona la confianza del consumidor y distorsiona las condiciones de competencia para quienes producen con rigor. Por otro, el incremento de costes y la presión sanitaria y climática sobre las colmenas,
con especial impacto de la varroosis y de la irregularidad meteorológica, que condicionan rendimientos y elevan gastos.
A escala europea, la preocupación por el fraude ha quedado reflejada en actuaciones coordinadas de control. Según la Comisión Europea, en, la acción «From the Hives» (muestras 2021-2022, resultados publicados en 2023), cerca de la mitad de
las muestras analizadas en frontera presentaron indicios de no conformidad con la Directiva de la miel por posible presencia de azúcares exógenos. Este tipo de prácticas, además de dañar la reputación del producto, impacta directamente sobre los
precios percibidos por los apicultores y sobre la decisión informada de compra por parte de los consumidores.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha venido impulsando medidas concretas para apuntalar el sector apícola y mejorar su competitividad. En el plano de
apoyo sectorial, la apicultura cuenta con una herramienta específica dentro del Plan Estratégico de la PAC, orientada a la sanidad apícola, la asistencia técnica, la mejora de la calidad y la comercialización. De acuerdo con la información
trasladada por el Ministerio, en 2025 las exportaciones de miel aumentaron un 12 % en volumen y un 8,7 % en valor, y la ejecución de la intervención sectorial en la campaña 2024-2025 ha superado el 90 % del presupuesto, con una destacada acogida de
las actuaciones vinculadas a tratamientos sanitarios frente a la varroa, uno de los principales retos del sector.
En el plano normativo, España ha dado un paso relevante para reforzar la transparencia del mercado y proteger al consumidor mediante el Real Decreto 68/2025, que actualiza la norma de calidad de la miel. Entre otros extremos, refuerza el
etiquetado de origen en las mezclas, con indicación de países y porcentajes en el campo visual principal, y prevé su plena aplicación a partir del 14 de junio de 2026, en coherencia con la evolución del marco europeo y con la necesidad de fortalecer
la trazabilidad.
La política comparada refuerza esta orientación. Nueva Zelanda, por ejemplo, ha desarrollado un marco de verificación específico para la miel de manuka, apoyado en criterios científicos y controles destinados a proteger la integridad del
producto, su reputación y la confianza del consumidor. Esa lógica de trazabilidad, verificación y transparencia muestra que la competitividad de la miel se construye con calidad demostrable, reglas claras y controles eficaces, una senda plenamente
alineada con los avances normativos y de política pública impulsados en España y en la Unión Europea.
En suma, resulta oportuno consolidar el apoyo al sector apícola, reforzar la lucha contra el fraude con medios técnicos y coordinación administrativa, y poner en valor la miel española como alimento de calidad y como palanca de desarrollo
rural, garantizando que el esfuerzo de los productores se vea respaldado por un mercado transparente, una competencia leal y una protección efectiva del consumidor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir reforzando el apoyo al sector apícola en el marco del Plan Estratégico de la PAC, consolidando las líneas de la intervención sectorial orientadas a sanidad apícola, asistencia técnica, formación e innovación, y favoreciendo la
profesionalización, la resiliencia y la sostenibilidad de las explotaciones, en coordinación con las comunidades autónomas y el propio sector.
2. Intensificar las actuaciones de trazabilidad, inspección y control frente al fraude en la comercialización de miel, reforzando la capacidad técnica y analítica de
verificación, la coordinación entre administraciones competentes y la cooperación con las instituciones europeas, asegurando una aplicación efectiva del marco de calidad y etiquetado y la protección del consumidor.
3. Impulsar la puesta en valor y la diferenciación de la miel española, promoviendo la información veraz al consumidor, la calidad y el valor añadido, el acceso a mercados y los canales de proximidad cuando proceda, y favoreciendo
iniciativas que mejoren el posicionamiento de las mieles españolas y la renta de los apicultores en el medio rural.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Víctor Javier Ruiz de Diego, Iván Cacho Isla, María Luisa Faneca López y Patricia Otero Rodríguez, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/003513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una planificación pesquera más estable y sostenible, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La pesca se ordena antes de que los buques salgan a la mar. Cada decisión sobre posibilidades de captura condiciona mareas, tripulaciones, inversiones, lonjas, industrias transformadoras, acuerdos comerciales y empleo en numerosos
municipios costeros. Por ello, una gestión pesquera estable y previsible no es únicamente una herramienta técnica de conservación de recursos; constituye también una condición necesaria para que la flota pueda trabajar con seguridad jurídica,
horizonte económico y capacidad de adaptación.
España es una de las principales potencias pesqueras de la Unión Europea y ha defendido de forma constante una gestión de los recursos marinos que combine sostenibilidad ambiental, rentabilidad económica y viabilidad social. Esta
orientación resulta especialmente relevante en el caso de las poblaciones compartidas con terceros Estados costeros, cuya gestión se canaliza a través de la Política Pesquera Común y de la acción exterior de la Unión Europea, singularmente en el
Atlántico Nordeste y en las relaciones con Reino Unido, Noruega, Islandia, Islas Feroe y otros Estados con intereses pesqueros en la zona.
Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una parte relevante de las posibilidades de pesca que afectan a la flota comunitaria y española se determina mediante consultas anuales entre la Unión Europea y el Reino Unido, acuerdos
trilaterales entre la Unión Europea, Reino Unido y Noruega, y otros procesos de negociación con Estados costeros. Estas consultas deben apoyarse en la mejor evidencia científica disponible, en particular la emitida por el Consejo Internacional para
la Exploración del Mar, y respetar los objetivos de sostenibilidad establecidos por la Política Pesquera Común.
El modelo anual permite adaptar las decisiones al estado biológico de las poblaciones, aunque introduce incertidumbre en la planificación de la actividad. La flota necesita horizontes razonablemente estables para organizar campañas,
inversiones, mantenimiento de buques, empleo, acuerdos comerciales y adaptación a nuevas exigencias ambientales. Esta previsibilidad resulta especialmente necesaria en pesquerías mixtas y en especies compartidas sometidas a negociaciones complejas
con terceros Estados costeros. La misma lógica resulta
aplicable, dentro del marco competencial correspondiente, a las flotas de cerco y arrastre que faenan en caladeros nacionales, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, donde una ordenación más estable puede contribuir a mejorar la
planificación de las campañas, la gestión empresarial de los buques y la adaptación progresiva a los objetivos de sostenibilidad.
En este marco, España ha venido defendiendo en la Unión Europea que, siempre que los informes científicos lo avalen, puedan establecerse Totales Admisibles de Capturas y cuotas plurianuales para determinadas especies. La experiencia
reciente confirma la utilidad de esta orientación. En diciembre de 2025, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea alcanzó el acuerdo político sobre las posibilidades de pesca para 2026, incluyendo en el Atlántico Nordeste diversos
Totales Admisibles de Capturas plurianuales para dos o más años, con el objetivo de aportar mayor previsibilidad al sector. Ese enfoque de gestión plurianual, adaptado a cada caladero, modalidad y especie, debe seguir explorándose también para
mejorar la estabilidad de las flotas de cerco y arrastre en aguas nacionales, particularmente allí donde la evidencia científica, la evolución de los recursos y la realidad socioeconómica de la flota permitan avanzar hacia marcos de ordenación más
previsibles.
En el caso español, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado los resultados positivos alcanzados para la flota española en las posibilidades de pesca de 2026, con el mantenimiento de cuotas relevantes para
especies de interés, como la merluza sur, y con avances importantes para evitar decisiones que habrían comprometido la viabilidad de determinadas pesquerías, como el acceso a la pesquería del besugo en aguas compartidas con Reino Unido.
Al mismo tiempo, las negociaciones recientes han evidenciado la necesidad de que la Unión Europea mantenga una posición firme, coordinada y basada en ciencia frente a decisiones unilaterales de algunos Estados costeros que puedan afectar a
especies de interés para la flota comunitaria y española. El Reglamento (UE) n.° 1380/2013, relativo a la Política Pesquera Común, establece que la gestión pesquera debe aplicar el enfoque precautorio y procurar que la explotación de los recursos
biológicos marinos restablezca y mantenga las poblaciones por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible. Ese mandato debe desarrollarse atendiendo también a los beneficios económicos, sociales y de empleo de la
actividad pesquera.
En consecuencia, resulta oportuno que el Congreso de los Diputados respalde una posición española activa en la Unión Europea a favor de una gestión pesquera plurianual, previsible y basada en la mejor evidencia científica para las
poblaciones compartidas con terceros Estados costeros, así como una mejora progresiva de la planificación de las flotas de cerco y arrastre en caladeros nacionales, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad de los recursos, la defensa de los
intereses legítimos de la flota española y la estabilidad económica y social de nuestros territorios pesqueros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar defendiendo, en el seno de la Unión Europea y en el marco de la Política Pesquera Común, una gestión plurianual de las poblaciones compartidas con los Estados costeros, basada en la mejor evidencia científica disponible, el
rendimiento máximo sostenible y la sostenibilidad social y económica de la flota.
2. Promover, siempre que los informes científicos lo avalen, la extensión de Totales Admisibles de Capturas y cuotas plurianuales para especies de interés de la flota española.
3. Reforzar, en colaboración con el sector pesquero, las comunidades autónomas afectadas y los organismos científicos de referencia, el seguimiento de las especies y
pesquerías de mayor interés para España, con el fin de anticipar escenarios de negociación, y defender una posición europea firme.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.María Luisa Faneca López, Patricia Otero Rodríguez, Iván Cacho Isla, Jonay Quintero Hernández, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Trinidad Carmen Argota Castro, José Luis Aceves
Galindo, Amador Marqués Atés, Joaquín Martínez Salmerón, Marta Trenzano Rubio, María Carmen Sánchez Díaz y Daniel Senderos Oraá, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Tomás Fernández Ríos, Blanca Armario González, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río y Francisco José Alcaraz Martos, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a defender los intereses de los pescadores españoles de chirla, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La situación que atraviesa el sector de la chirla (Venus gallina) en España, y particularmente en el Golfo de Cádiz y en la provincia de Huelva, constituye un ejemplo paradigmático de las consecuencias negativas derivadas de una Política
Pesquera Común cada vez más alejada de la realidad económica, social y productiva de nuestras costas. Las limitaciones establecidas sobre los caladeros tradicionales han supuesto una drástica reducción tanto de las zonas autorizadas para la pesca
como del número de jornadas anuales en las que los profesionales pueden desarrollar su actividad. Según denuncia el propio sector, cerca del 80 % de los ejemplares presentes en las zonas habilitadas no alcanzan el tamaño adecuado para su
comercialización, comprometiendo la rentabilidad de la campaña y la supervivencia económica de cientos de familias que dependen directamente de este recurso1.
En la misma línea, el actual Plan de Gestión para la captura de la chirla en el Golfo de Cádiz incorpora mecanismos automáticos de cierre que agravan todavía más la incertidumbre del sector. En concreto, se prevé la clausura de las zonas de
producción cuando el rendimiento medio de captura sea igual o inferior a 600 gramos por minuto, así como el cierre total de la pesquería una vez alcanzadas las 1.700 toneladas de capturas durante la campaña. Estas limitaciones, lejos de acompasarse
con la realidad biológica y económica del recurso, están provocando una reducción progresiva de la actividad y una pérdida constante de empleo y tejido productivo que afecta en mayor medida al litoral andaluz2.
A todo ello se añade una evidente desigualdad normativa dentro del propio mercado europeo. En diciembre de 2016, la Unión Europea autorizó una excepción específica para Italia que permite a su flota capturar chirlas con una talla mínima de
22 milímetros, mientras que para España se mantuvo la exigencia general de 25 milímetros3. Lo que 1 https://canalcostatv.es/el-sector-de-la-chirla-onubense-acudira-al-congreso-por-...
2 https://www.abc.es/sevilla/economia/prohibida-pesca-chirlas-golfo-cadiz-20250318...
3 https://www.abc.es/espana/andalucia/pescadores-andaluces-denuncian-competencia-d...
inicialmente se presentó como una medida excepcional y temporal ha terminado consolidándose de facto como un régimen privilegiado para los productores italianos, recientemente prorrogado durante cinco años más4. Esta asimetría regulatoria
está permitiendo la entrada masiva de producto italiano en el mercado español en condiciones mucho más ventajosas, generando una desigualdad en el mercado común que perjudica gravemente a nuestro sector pesquero.
Desde que se autorizó esta excepción, cientos de familias que históricamente han vivido de la chirla vienen reclamando al Gobierno una defensa del sector, exigiendo a Bruselas el mismo trato que Italia a fin de evitar la ruina5. Resulta
especialmente llamativo el cinismo político del PSOE en esta cuestión. En el año 2017, cuando se encontraba en la oposición, exigía al entonces Gobierno que aclarase si había reclamado ante la Unión Europea una talla única para la chirla6.
Sin embargo, desde su llegada al Gobierno de España en 2018, y pese a formar parte de la mayoría política que sostiene las instituciones comunitarias, no existe constancia de una actuación eficaz que haya logrado revertir esta situación
discriminatoria para el sector español.
En relación con ello, el Grupo Parlamentario Vox presentó una batería de preguntas parlamentarias para conocer las reclamaciones efectuadas ante la Unión Europea con el objetivo de garantizar que los pescadores andaluces de chirla puedan
competir en igualdad de condiciones con los italianos7. En su respuesta, el Gobierno afirmó que «el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reiterado a la Comisión Europea la disconformidad de España con esta medida», señalando que se
habían aportado informes científicos del Instituto Español de Oceanografía y documentación relativa al impacto socioeconómico y a la distorsión del mercado provocada por esta excepción. No obstante, el propio Ejecutivo reconocía igualmente que
«hasta la fecha, la Comisión Europea no ha tenido en cuenta la petición española ni sus argumentos», escudándose además en que la propuesta procedía del Consejo Consultivo del Mediterráneo (MEDAC), evidenciando con la respuesta la absoluta
incapacidad del Gobierno para defender eficazmente los intereses del sector pesquero español ante Bruselas.
Resulta especialmente llamativo que esta discriminación se mantenga pese a que el propio Reglamento Delegado (UE) 2022/2587 de la Comisión8 reconoce, sobre la base de los informes científicos elaborados por el Comité Científico, Técnico y
Económico de Pesca, que la chirla alcanza la madurez biológica con aproximadamente 11 milímetros de tamaño. La defensa del sector pesquero español exige abandonar la pasividad con la que el Gobierno viene aceptando decisiones perjudiciales para
nuestros productores en el seno de las instituciones comunitarias. España no puede seguir tolerando una Política Pesquera Común que impone sacrificios constantes a nuestra flota mientras permite excepciones permanentes para otros países.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Solicitar a la Comisión Europea la inmediata equiparación del régimen jurídico aplicable a la chirla (Venus gallina), autorizando a España a capturar ejemplares 4 https://www.ipacuicultura.com/noticia-73369-seccion-Pol%C3%ADtica
5 https://www.antena3.com/noticias/economia/chirlasnueva_201807025b3a37d90cf27a144...
6 https://www.finanzas.com/empresas/psoe-pide-gobierno-aclare-si-ha-reclamado-ue-t...
7 https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecy...
8 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-81982
de 22 mm de talla mínima, en igualdad de condiciones con Italia, garantizando en todo caso la sostenibilidad del recurso.
2. Impulsar con urgencia los estudios científicos necesarios y planes de gestión adaptados por zonas, que permitan justificar técnica y legalmente dicha solicitud ante las instituciones comunitarias.
3. Denunciar ante la Comisión y el Consejo las asimetrías normativas y regulatorias existentes en la Política Pesquera Común, proponiendo su reforma para impedir que se perpetúe la discriminación entre flotas nacionales dentro del mercado
único.
4. Defender con firmeza los intereses del sector pesquero español en todos los foros comunitarios, abandonando la sumisión a criterios ideológicos y burocráticos que perjudican gravemente al campo, la costa y la economía nacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Tomás Fernández Ríos, Blanca Armario González, Ricardo Chamorro Delmo, José Ramírez del Río y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial
161/003503
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, la presente Proposición no de Ley relativa al Regimen Especial de las Illes Balears, para su
debate y aprobación en la comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El hecho insular constituye una realidad estructural reconocida en el artículo 138.1 de la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que obliga a los poderes públicos a establecer mecanismos específicos de
compensación económica y territorial destinados a corregir los desequilibrios derivados de la insularidad.
En este contexto, las Illes Balears afrontan una situación de creciente vulnerabilidad social y económica derivada de unos sobrecostes estructurales permanentes que afectan directamente al acceso a la vivienda, la movilidad, el
abastecimiento de bienes básicos, los costes energéticos y la competitividad del tejido productivo. Diversos indicadores económicos y sociales evidencian que el coste de la vida en las Illes Balears se sitúa de manera sostenida por encima de la
media estatal, provocando una pérdida continuada de poder adquisitivo para la población residente.
La emergencia habitacional constituye actualmente una de las principales expresiones de esta situación. El incremento continuado de los precios de compra y alquiler ha convertido a las Illes Balears en el territorio con los precios de
vivienda más elevados del Estado, dificultando gravemente el acceso a la vivienda de la población residente, especialmente de las personas jóvenes y trabajadoras, y comprometiendo la cohesión social y territorial del archipiélago.
Asimismo, el crecimiento demográfico registrado durante las últimas décadas, unido al impacto de la población flotante y a la elevada presión sobre infraestructuras y servicios públicos esenciales, hace necesario revisar los actuales
mecanismos de cálculo del Factor de Insularidad y de las inversiones territorializadas del Estado, a fin de adecuarlos a la realidad poblacional efectiva y a las necesidades reales de las Illes Balears.
El Régimen Especial de las Illes Balears (REIB), regulado mediante el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, supuso un avance relevante en el reconocimiento institucional de estos desequilibrios históricos. Sin embargo, las medidas
actualmente vigentes continúan siendo insuficientes y parcialmente temporales, manteniendo un escenario de incertidumbre regulatoria que dificulta la planificación económica y las inversiones estratégicas a medio y largo plazo.
Por otra parte, la economía balear continúa presentando una elevada dependencia del sector turístico y de actividades vinculadas al sector servicios, circunstancia que incrementa la vulnerabilidad económica del archipiélago ante crisis
económicas, energéticas o climáticas. En consecuencia, resulta imprescindible reforzar el REIB como instrumento de diversificación económica y transición ecológica, favoreciendo él desarrollo de sectores estratégicos vinculados a las energías
renovables, la economía circular, la innovación tecnológica, la industria local y la soberanía alimentaria.
Igualmente, las políticas de bonificación y gratuidad del transporte público colectivo implementadas en los últimos ejercicios han demostrado efectos positivos tanto en términos de cohesión social como de reducción de emisiones y movilidad
sostenible, consolidándose como instrumentos eficaces de compensación territorial en un contexto insular.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Impulsar la reforma y actualización del Régimen Especial de las Illes Balears (REIB), mediante las modificaciones normativas necesarias para consolidar con carácter estable y permanente las medidas fiscales, económicas y de compensación
territorial actualmente vigentes, garantizando seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para la ciudadanía y el tejido productivo de las Illes Balears.
2. Revisar los mecanismos de determinación del Factor de Insularidad y de las inversiones territorializadas del Estado en las Illes Balears, incorporando indicadores relativos a población flotante, presión demográfica efectiva y costes
asociados a la insularidad, con el objetivo de garantizar una financiación adecuada y suficiente que permita corregir el déficit histórico en infraestructuras y servicios públicos.
3. Incorporar dentro del REIB instrumentos específicos de impulso a la diversificación económica y a la transición ecológica, mediante incentivos fiscales, económicos y financieros dirigidos a sectores estratégicos vinculados a las energías
renovables, la innovación tecnológica, la economía circular, la industria local y la soberanía alimentaria, con el objetivo de reducir la dependencia estructural del monocultivo turístico.
4. Garantizar la suficiencia financiera y la continuidad de las políticas de bonificación del transporte público terrestre colectivo en las Illes Balears, favoreciendo la consolidación de medidas de gratuidad y reducción tarifaria como
mecanismos de movilidad sostenible, cohesión social y compensación efectiva de los costes derivados de la insularidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/003518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la actualización urgente de las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales y las comunidades autónomas en los tributos del Estado, para su debate en la Comisión de Política
Territorial.
Exposición de motivos
Las comunidades autónomas y las entidades locales constituyen pilares esenciales de la arquitectura territorial del Estado. Las primeras son responsables de la prestación de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación,
los servicios sociales, la dependencia o buena parte de las políticas activas de empleo; las segundas son la Administración más próxima al ciudadano y la primera línea de respuesta ante las necesidades reales de los vecinos. Ambas sostienen, desde
ámbitos competenciales distintos pero complementarios, el funcionamiento ordinario del Estado del bienestar y la vida cotidiana de millones de españoles.
Sin embargo, pese a esa función esencial, el Gobierno de España mantiene una política de financiación territorial marcada por la improvisación, la inseguridad jurídica y la falta de previsibilidad. La incertidumbre se ha convertido en una
constante para comunidades autónomas y entidades locales, que ven condicionada su planificación presupuestaria por decisiones del Ejecutivo que no siempre llegan a tiempo ni con la claridad institucional exigible.
La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados y la reiterada dependencia de normas coyunturales están generando una situación especialmente perjudicial para estas administraciones. Comunidades autónomas y entidades
locales no pueden planificar adecuadamente sus políticas, sus inversiones, sus contratos, sus servicios esenciales ni sus obligaciones de gasto cuando una parte sustancial de sus ingresos depende de decisiones estatales tardías, fragmentarias o
sometidas a vaivenes normativos.
Las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado constituyen un elemento básico del sistema de financiación de estas administraciones y su correcta actualización afecta directamente a la capacidad que pueden tener para
prestar servicios públicos, atender a proveedores, ejecutar inversiones, sostener políticas sociales, cumplir sus competencias y garantizar la estabilidad presupuestaria de sus cuentas.
En el caso de las comunidades autónomas, las entregas a cuenta son determinantes para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas sociales. En el caso de las entidades locales, resultan
igualmente imprescindibles para sostener los servicios municipales, el mantenimiento urbano, la atención social de proximidad, la seguridad, la limpieza, el transporte, las infraestructuras básicas y el conjunto de prestaciones que reciben
diariamente los vecinos.
El propio Gobierno ha reconocido en diferentes normas la necesidad de actualizar las entregas a cuenta en el actual contexto de prórroga presupuestaria, precisamente para evitar resultados financieros indeseados y desajustes contrarios a la
lógica del sistema de financiación territorial. Así se recogía, por ejemplo, en el Real Decreto-ley 16/2025, que justificaba expresamente la necesidad de actualizar las entregas a cuenta ante la situación de prórroga presupuestaria. Dicho Real
Decreto-ley no se convalidó en el Congreso, pero ello no puede presentarse como una negativa a actualizar la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, sino como consecuencia directa de la forma irresponsable en que el Gobierno
volvió a utilizar un decreto ómnibus, cargado de materias heterogéneas y ajenas entre sí, para encubrir su incapacidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.
El debate parlamentario puso de manifiesto que existían medidas que podían y debían tramitarse por separado entre ellas, la actualización de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales, sin mezclar la financiación
territorial con pensiones, vivienda, energía, fiscalidad, Seguridad Social u otras cuestiones controvertidas.
Por tanto, la incertidumbre generada en las administraciones afectadas no deriva del rechazo a actualizar sus recursos, sino de la decisión del Gobierno de someter una cuestión esencial para la financiación autonómica y local a una técnica
legislativa abusiva, improvisada y de dudoso respeto institucional. El Ejecutivo pudo haber aprobado una norma específica, clara y separada para garantizar la actualización de las entregas a cuenta, pero optó por vincular esa medida a un paquete
normativo heterogéneo, trasladando después a comunidades autónomas y entidades locales las consecuencias de su propia falta de rigor.
Esta situación ha provocado que comunidades autónomas y numerosas entidades locales estén percibiendo importes inferiores a los inicialmente previstos o comunicados, con el consiguiente impacto sobre sus ingresos ordinarios. En la práctica,
administraciones que tienen que sostener servicios esenciales se encuentran con una reducción sobrevenida de recursos que no responde a una menor necesidad de gasto ni a una disminución de sus obligaciones, sino a la falta de diligencia del Gobierno
a la hora de garantizar un marco financiero estable.
La prórroga presupuestaria no puede convertirse en una excusa para trasladar a las administraciones territoriales las consecuencias de la parálisis del Gobierno. La Constitución prevé la prórroga automática de los Presupuestos cuando no se
aprueba una nueva Ley antes del inicio del ejercicio así llevamos ya tres años, pero esa previsión no exime al Ejecutivo de adoptar las medidas necesarias para evitar perjuicios a comunidades autónomas y entidades locales.
Ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos pueden ser tratados como una variable de ajuste de la incapacidad presupuestaria del Gobierno. Las comunidades autónomas no pueden gestionar la sanidad, la educación, la dependencia o los
servicios sociales con ingresos desactualizados. Los municipios no pueden elaborar sus cuentas, licitar contratos, mantener servicios o planificar inversiones con recursos menguantes, sometidos a rectificaciones improvisadas o pendientes de
decisiones estatales tardías.
Esta forma de gestionar castiga especialmente a las administraciones con menor margen financiero. Distintas administraciones y entidades representativas del ámbito municipal como la Federación Española de Municipios y Provincias han
reclamado ya al Gobierno la aprobación urgente de una norma que actualice las entregas a cuenta de 2026 y corrija el desfase derivado de la prórroga presupuestaria.
El Partido Popular ha defendido de forma reiterada la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, la autonomía local, la suficiencia financiera de las entidades locales y la necesidad de que el Gobierno deje de utilizar a
las administraciones territoriales como pagadores silenciosos de su falta de Presupuestos. España necesita un Gobierno que cumpla con comunidades autónomas y ayuntamientos, que respete su papel institucional y que garantice certidumbre financiera a
quienes sostienen los servicios públicos esenciales y los servicios más cercanos a los ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar de forma urgente una norma con rango de ley que permita actualizar las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales y las comunidades autónomas en los tributos del Estado correspondientes al ejercicio 2026, de
forma que reciban la financiación correspondiente conforme a la previsión de ingresos comunicada en noviembre de 2025.
2. Asegurar la plena suficiencia financiera de las entidades locales y comunidades autónomas, de conformidad con los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia de recursos, evitando que la falta de Presupuestos Generales
del Estado actualizados perjudique la prestación de servicios.
3. Comunicar de forma inmediata y transparente a cada Administración los importes actualizados de sus entregas a cuenta, así como los criterios de cálculo aplicados, con el fin de facilitar la planificación presupuestaria y la gestión
económica.
4. Reforzar la interlocución con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y con las entidades representativas del ámbito local, a fin de garantizar que cualquier decisión en materia de financiación local
se adopte con transparencia, lealtad institucional y conocimiento real del impacto sobre los municipios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Antonio Román Jasanada, Ángel Ibáñez Hernando, Elías Bendodo Benasayag, María Lourdes Ramírez Martín, Luis María Beamonte Mesa, Cristina Abades Martínez, Silverio Argüelles García,
Antonio Cavacasillas Rodríguez, Carmelo Barrio Baroja, Cristóbal Garre Murcia, Nacho Martín Blanco, Pedro Samuel Martín García, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez y Pedro Puy Fraga, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/003514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de la seguridad del paciente en el ámbito de la salud visual y
la correcta aplicación de la normativa sobre productos sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La salud visual constituye un elemento esencial de la salud, el bienestar y de la autonomía de las personas, a lo largo de todas las etapas de la vida. La detección precoz de alteraciones visuales, la corrección adecuada de defectos
refractivos y la prevención de patologías asociadas, son factores determinantes para el rendimiento escolar, la productividad laboral y la calidad de vida, especialmente en población infantil y personas mayores.
El Gobierno de España ha aprobado recientemente el Plan VEO, que refuerza el compromiso con el acceso equitativo al cuidado y la protección de la salud visual, sentado las bases para avanzar hacia una estrategia de salud pública orientada a
reducir desigualdades y mejorar la detección temprana de problemas visuales en la infancia.
En paralelo, el mercado de productos relacionados con la salud visual ha experimentado una creciente digitalización y una progresiva banalización comercial de determinados productos que, conforme al Reglamento (UE) 2017/745, tienen la
consideración de productos sanitarios cuando requieren adaptación individualizada, como es el caso de las lentes oftálmicas y las lentes de contacto.
La normativa europea establece exigencias claras en materia de seguridad, trazabilidad y vigilancia postcomercialización. No obstante, la percepción social de estos productos como simples bienes de consumo puede generar riesgos cuando se
adquieren o utilizan sin la adecuada supervisión profesional.
Los establecimientos sanitarios de óptica desempeñan un papel relevante en la realización de actividades de evaluación de las capacidades visuales mediante técnicas optométricas, de gestión de productos ópticos y de adaptación de ayudas
técnicas para la mejora, protección y compensación de la salud visual. Asimismo, los
ópticosoptometristas son profesionales sanitarios reconocidos en la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, y cuyas funciones establece, como el desarrollo de actividades dirigidas a la detección de los defectos de la
refracción ocular, a través de su medida instrumental, la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas.
El Ministerio de Sanidad, a través del nuevo Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, ha planteado la incorporación general del desarrollo de esta figura profesional en Atención Primaria y Comunitaria, especialmente para
aquellas cuestiones que están relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de afecciones oculares.
En este contexto, resulta necesario reforzar las garantías de seguridad del paciente, asegurar la correcta aplicación de la normativa vigente y consolidar la salud visual como una prioridad de salud pública, en coherencia con las líneas
estratégicas ya impulsadas por el Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar las actuaciones de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia para la salud visual de las lentes de contacto, lentes oftálmicas y otros productos de adaptación individualizada, así como sobre la
importancia de su uso bajo supervisión profesional.
2. Impulsar, en el marco de sus competencias y en coordinación con las comunidades autónomas, la correcta aplicación del Reglamento (UE) 2017/745, especialmente en lo relativo a trazabilidad, vigilancia postcomercialización y garantías de
seguridad en productos sanitarios vinculados a la salud visual.
3. Integrar de manera reforzada la salud visual en las estrategias de prevención y promoción de la salud, en coherencia con el Plan de Acción de Atención Primariay Comunitaria 2025-2027 y el Plan VEO, prestando especial atención a la
infancia, la adolescencia, las personas mayores y los colectivos en situación de vulnerabilidad.
4. Favorecer la coordinación entre profesionales de la salud visual y el resto del sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la atención primaria y comunitaria, para mejorar los circuitos de derivación y la detección precoz de
patologías oculares y/o problemas de refracción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.Alba Soldevilla Novials, Carmen Martínez Ramírez, Carmen Andrés Añón, Ana González Herdaro, Emilia Almodóvar Sánchez, Caridad Rives Arcayna, María Sainz Martín, Emilio Sáez Cruz,
María Isabel Moreno Fernández, Modesto Pose Mesura, María Luisa Faneca López y Margarita Martín Rodríguez, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fortalecimiento de la Cultura de Paz, para su debate en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La Cultura de Paz es un proyecto colectivo, positivo y participativo: requiere gobiernos comprometidos, instituciones justas, un conjunto de valores, actitudes y comportamientos de rechazo a la violencia y una ciudadanía conscientes. No se
trata de una utopía lejana, sino de una práctica diaria que se refleja en cómo hablamos, decidimos y actuamos.
La Cultura de Paz, tal como fue definida por la UNESCO y refrendada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 53/243, 1999), supone un compromiso global con valores y actitudes que rechazan la violencia y promueven el diálogo,
la justicia social, la equidad y la cooperación entre los pueblos para construir sociedades más justas y equitativas. Se entiende como un imperativo para la sociedad actual, que ofrece una visión realista y necesaria para abordar los desafíos
contemporáneos.
En un contexto global marcado por el resurgimiento de conflictos armados, la radicalización de los discursos de odio, la desigualdad de género, y los desafíos futuros, es urgente reforzar, desde todos los niveles, empezando por la
administración central, una cultura que defienda activamente la paz, los derechos humanos, la participación ciudadana, el diálogo y la democracia.
España, en los últimos siete años ha liderado con valentía este camino hacia la Cultura de Paz. Está a la cabeza de los países europeos que reconoció oficialmente a Palestina como Estado, en ayudar a Ucrania, a Afganistán, a la región del
Sahel, a Colombia, entre otras zonas convulsas, en constante desafío pero con las que mantenemos un compromiso duradero, de gran calado y de apoyo continuo.
España, como país comprometido con la Agenda 2030 y con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, tanto a través de acciones políticas y sociales como mediante la exigencia de cumplimiento de las
obligaciones legales, lidera la incorporación de la Cultura de Paz como política pública transversal, con especial énfasis en los ámbitos de la educación, la juventud, la igualdad y la diversidad, la salud, el desarrollo sostenible y la cooperación
internacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar fomentando, de manera transversal, la educación para la paz, los derechos humanos y la igualdad de género en los currículos escolares en todos los niveles del aprendizaje, en coordinación y colaboración con las comunidades
autónomas, promoviendo metodologías participativas y enfoques inclusivos.
2. Seguir priorizando, en colaboración con las Administraciones educativas, programas de formación para el profesorado, orientadores y personal educativo relativos a la cultura de paz, resolución de conflictos, convivencia escolar y
prevención de la violencia y el acoso, con especial atención a la violencia de género en el ámbito escolar.
3. Fomentar entre las universidades la creación de estructuras académicas universitarias y titulaciones de posgrado que contribuyan a estos fines.
4. Seguir impulsando campañas públicas de sensibilización dirigidas, fundamentalmente, a la población juvenil, pero también a toda la ciudadanía, acerca de dicha cultura de paz, el respeto a la diversidad, la igualdad de género y la no
violencia, utilizando también canales digitales y redes sociales.
5. Reforzar la integración de la perspectiva de igualdad en todas las políticas de paz desarrolladas por la administración central, garantizando la participación activa de las mujeres en todas las fases de los procesos de diálogo, mediación
y reparación social.
6. Reforzar la Cooperación Internacional para la paz con los países del Sur Global mediante la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global como ejes transformadores de la acción exterior, y articulando estas prioridades
con programas de
mediación, reconstrucción, y reparación, priorizando las iniciativas feministas y las lideradas por mujeres, jóvenes y organizaciones y entidades de la sociedad civil.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.María Luisa García Gurrutxaga, Susana Ros Martínez, Luc Andre Diouf Dioh, Olvido de la Rosa Baena, Lídia Guinart Moreno, Cristina López Zamora, Gabriel Blanco Arrúe, José Losada
Fernández, María Isabel Moreno Fernández, Alba Soldevilla Novials, Jonay Quintero Hernández y David Serrada Pariente, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a la condena del sistema de discriminación institucionalizada contra las
mujeres y niñas en Afganistán y al impulso del reconocimiento internacional del apartheid de género, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
Desde la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021, Afganistán ha experimentado uno de los retrocesos más graves en materia de derechos humanos registrados en las últimas décadas. El régimen talibán ha impuesto, de forma
sistemática y deliberada, un conjunto de normas, decretos y regulaciones que niegan a las mujeres y niñas afganas el ejercicio de sus derechos fundamentales en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Desde 2021, las autoridades talibanas han aprobado más de un centenar de decretos, regulaciones y edictos que restringen de forma severa la libertad de movimiento, el acceso a la educación, el derecho al trabajo, la participación en la vida
pública y política, el acceso a la justicia, la atención sanitaria y la libertad de expresión de las mujeres.
En el ámbito educativo, Afganistán se ha convertido en el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido acceder a la educación secundaria y superior. Actualmente, las niñas únicamente pueden cursar la educación primaria hasta el
sexto grado, siendo excluidas del sistema educativo a partir de los once o doce años. Como consecuencia directa de esta prohibición, más de dos millones de niñas permanecen privadas del derecho a la educación secundaria.
En diciembre de 2022, las autoridades talibanas suspendieron también el acceso de las mujeres a la educación universitaria, cerrando completamente el sistema de educación superior para ellas. Esta medida ha privado a toda una generación de
mujeres afganas de su derecho a la formación profesional y al desarrollo personal.
A estas restricciones educativas se suman otras medidas que limitan gravemente la autonomía personal de las mujeres, entre ellas la prohibición de trabajar en numerosos sectores, la obligación de desplazarse acompañadas por un familiar
masculino, la exclusión de diversos espacios públicos y las limitaciones a su participación en la vida social, cultural y política. Igualmente, las restricciones impuestas por los talibanes han creado una crisis sanitaria sin precedentes para las
mujeres y las niñas. Han limitado severamente su acceso a la atención médica al imponer una estricta segregación de género en los servicios de salud, al tiempo que se amenaza el futuro de la atención sanitaria al haberse prohibido el acceso de las
mujeres a la educación sanitaria. También se enfrentan a un aumento drástico de problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad, como consecuencia
de las estrictas normas impuestas, la segregación y el confinamiento, profundizando la crítica situación en la que se encuentra el frágil sistema sanitario afgano llevándolo al colapso.
En agosto de 2024, las autoridades talibanas aprobaron la denominada Ley de Conducta Pública y Moralidad, que refuerza las restricciones a la presencia de los grupos minoritarios y de las mujeres en el espacio público y limita aún más su
libertad de expresión y participación social, incluyendo la obligación de cubrirse completamente en público y la prohibición de ser escuchadas por varones no familiares.
En enero de 2026, el líder supremo talibán aprobó una regulación para reorganizar el sistema judicial y penal bajo una interpretación estricta del islam suní, distribuida entre el Tribunal Supremo y los órganos judiciales para su posterior
aplicación. Esta normativa ha sido denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, por consolidar un sistema penal incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre sus disposiciones más preocupantes destacan: la ampliación del uso de castigos corporales como la flagelación o los azotes, prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT); la extensión de la pena de
muerte a un mayor número de delitos, algunos definidos de manera ambigua y sometidos a la interpretación discrecional de autoridades religiosas; la introducción de un sistema de categorización de los acusados que establece diferencias en la
aplicación de las penas según la posición social, vulnerando el principio de igualdad ante la ley; y la legitimación de formas de control sobre personas que podrían ser constitutivas de prácticas análogas a la esclavitud o la servidumbre.
Diversos informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y por el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres
y las niñas, han advertido de la existencia de un sistema de discriminación institucionalizada susceptible de alcanzar la calificación jurídica de apartheid de género. Este concepto hace referencia a un régimen sistemático de segregación,
dominación y opresión basado en el género, sostenido mediante normas jurídicas, políticas públicas y prácticas institucionales destinadas a mantener la subordinación política, social y económica de las mujeres que conducen a su exclusión total en |a
vida social, económica, cultural y política de un país.
Desde una perspectiva jurídica, la persecución sistemática de mujeres y niñas por razón de género podría constituir un crimen de lesa humanidad conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica la
persecución de un grupo por motivos de género como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. La situación en Afganistán concurre en todos los elementos del tipo.
Asimismo, estas políticas vulneran las obligaciones internacionales en materia de igualdad recogidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como el marco de la agenda de
Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por las Naciones Unidas y, en particular, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la prevención, la gestión y la solución de conflictos, la construcción de
la paz, la recuperación postconflicto y la consolidación de sociedades pacíficas, democráticas e inclusivas.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y el fortalecimiento del sistema multilateral constituyen principios irrenunciables de la política exterior de España. La
comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante un sistema jurídico que institucionaliza la discriminación contra la mitad de la población de un país y que priva a millones de mujeres y niñas de su libertad, su educación y su futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover en el seno de las Naciones Unidas la condena internacional del sistema de discriminación institucionalizada contra las mujeres y niñas en Afganistán como una forma de apartheid de género.
2. Impulsar en los foros multilaterales, especialmente en la Unión Europea y en las Naciones Unidas, iniciativas dirigidas a exigir la derogación de las normas y regulaciones impuestas por las autoridades talibanas que vulneran los derechos
fundamentales de las mujeres y niñas.
3. Apoyar las iniciativas internacionales destinadas a investigar las posibles responsabilidades penales internacionales derivadas de la persecución sistemática por motivos de género en Afganistán en el marco del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
4. Respaldar mecanismos internacionales de seguimiento y documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres y niñas en Afganistán con el fin de preservar pruebas que permitan la rendición de cuentas de los
responsables y la reparación de las mujeres y niñas víctimas y supervivientes.
5. Reforzar los programas de cooperación internacional y ayuda humanitaria dirigidos a la protección de mujeres y niñas afganas, impulsando iniciativas de apoyo a mujeres defensoras de los derechos humanos, incluyendo organismos,
organizaciones y entidades feministas de la sociedad civil presentes en la región.
6. Seguir garantizando el acceso a la protección internacional para las mujeres afganas que acrediten persecución y que necesiten de este recurso, en cumplimiento de la normativa española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.María Luisa García Gurrutxaga, Susana Ros Martínez, Luc Andre Diouf Dioh, María Isabel Moreno Fernández, Gabriel Blanco Arrúe, Olvido de la Rosa Baena, Lídia Guinart Moreno, Cristina
López Zamora, José Losada Fernández, Jonay Quintero Hernández, David Serrada Pariente y Alba Soldevilla Novials, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003510
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar e implementar tecnologías de apoyo de nueva generación para
la mejora de la autonomía personal, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
En la España del futuro, marcada por un envejecimiento estructural y un aumento sostenido de la cronicidad, la necesidad de cuidados y apoyos será más intensiva y crecerá de forma acelerada. Para sostener la autonomía personal y la
participación social será imprescindible combinar recursos tradicionales servicios de apoyo, asistencia personal, adaptación de entornos con recursos emergentes. En ese escenario, la tecnología entendida como un vector de autonomía,
accesibilidad y empoderamiento se convierte en un componente estratégico del sistema de cuidados
y de la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de tecnología, lo hacemos en el sentido más ambicioso del término: desde soluciones de accesibilidad y comunicación aumentativa y alternativa, hasta robótica de apoyo, sensórica, sistemas
inteligentes de asistencia y, cuando proceda, neurotecnologías orientadas a funciones de comunicación y control. Estas líneas permiten, por ejemplo, que personas que han perdido el habla o que nunca han podido desarrollarla puedan comunicarse
mediante la interpretación de señales fisiológicas y patrones de intención, apoyándose en algoritmos entrenados con garantías de seguridad, privacidad y explicabilidad.
España debe implicarse activamente en estas tecnologías disruptivas e innovadoras. No hacerlo equivale a aceptar estándares, dependencias tecnológicas y marcos de decisión impuestos desde fuera, con consecuencias geopolíticas directas:
pérdida de soberanía digital, menor capacidad industrial y ausencia de voz en la definición de cómo se diseñan, regulan y despliegan los sistemas que afectarán a millones de personas.
Las tecnologías de apoyo de nueva generación pueden aportar mejoras sustantivas en capacidad de decisión, seguridad, continuidad de apoyos y calidad de vida. Sin embargo, el principal obstáculo para su adopción responsable no es la falta de
soluciones, sino la dificultad de convertir la innovación en un despliegue real con todas las garantías. Los proyectos piloto existentes son heterogéneos, con resultados poco comparables, y acusan un marcado desfase entre la evidencia generada y
los requisitos de cumplimiento normativo europeo seguridad, derechos fundamentales, protección de datos, ciberseguridad y normativa sectorial. En la actualidad, esa evidencia rara vez es reutilizada por otras administraciones o por los propios
organismos evaluadores, lo que obliga a repetir pruebas, incrementa costes y retrasa la llegada de las soluciones a las personas potencialmente usuarias, generando inseguridad jurídica, desigualdades territoriales y un mercado fragmentado que
dificulta la innovación responsable.
Por ello, resulta necesario un enfoque público integral que combine objetivos de política pública centrados en garantizar derechos con una infraestructura estable de validación en entorno real, basada en metodologías comunes, evaluación
independiente, transparencia metodológica e indicadores comparables. A este objetivo responde la creación de una red de Living Labs de validación en entorno real dotada de un marco común de validación con criterios verificables de seguridad,
consentimiento informado y accesibilidad, protección de datos, ciberseguridad e interoperabilidad. Toda validación en la Red deberá contar con evaluación independiente, trazabilidad metodológica, publicación de conflictos de interés y un informe
ejecutivo público por piloto, con salvaguardas de anonimización.
Asimismo, resulta imprescindible una pasarela de cumplimiento y adopción que convierta la evidencia generada en documentación reutilizable para la conformidad normativa europea, la contratación pública y el escalado, reduciendo tiempos y
cargas administrativas sin menoscabar las garantías legales. Esta pasarela incluirá una guía estatal de evidencia reutilizable, un itinerario de conformidad y una ventanilla de coordinación, así como mecanismos de cooperación europea. La
interoperabilidad, la portabilidad de datos, la reversibilidad tecnológica y los estándares abiertos deben constituir principios estructurales del sistema. En el plano de la contratación pública, será necesario desarrollar instrumentos y cláusulas
modelo que incorporen evaluación por resultados, accesibilidad universal, protección de datos, interoperabilidad y reversibilidad, transparencia en la subcontratación crítica y medidas contra las dependencias del proveedor, de modo que los pilotos
puedan convertirse en servicios reales con continuidad garantizada.
El modelo debe incorporar salvaguardas reforzadas frente a riesgos de vigilancia o control indebido, evaluación de impacto en derechos fundamentales, consentimiento accesible y reversible, gobernanza transparente de accesos y supervisión
ética en tecnologías de mayor sensibilidad, especialmente aquellas basadas en análisis intensivo de datos personales o neurotecnologías. Toda validación o despliegue financiado públicamente deberá incluir un protocolo de consentimiento informado
accesible y gradual que permita a la persona usuaria aceptar o rechazar funciones concretas sin
pérdida de los apoyos esenciales. La participación estructurada de las organizaciones representativas de personas con necesidades intensas de apoyo, con análisis de impacto organizativo y laboral cuando proceda y seguimiento público anual
de resultados, constituye el principal mecanismo de ética aplicada para asegurar que la tecnología no discrimine y que aumente y no restrinja derechos y oportunidades. La dimensión laboral de la transformación tecnológica exige, además, prever
planes de impacto y transición justa en las validaciones con impacto organizativo, con indicadores de calidad del empleo y objetivos de mejora de continuidad y calidad del servicio.
La presente iniciativa plantea, por tanto, una Estrategia estatal coordinada con las comunidades autónomas que permita pasar de un modelo de proyectos piloto dispersos a un sistema estable de validación, cumplimiento y adopción responsable
de tecnologías de apoyo, con participación estructurada de las personas usuarias y evaluación pública periódica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Desarrollo de soluciones de tecnología de apoyo de nueva generación incluyendo, entre otras, soluciones de accesibilidad, comunicación aumentativa, robótica de apoyo, sensórica, sistemas inteligentes de asistencia y, en su caso,
neurotecnologías orientadas a mejorar la autonomía personal, la vida independiente, la participación en la comunidad y la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad, así como las condiciones en que se
prestan los cuidados y apoyos, promoviendo entornos, productos, servicios y soluciones accesibles, seguras y basadas en los principios de igualdad de derechos, accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
2. Impulso, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de criterios comunes de calidad, validación, evaluación y despliegue de servicios, productos de apoyo y
soluciones tecnológicas vinculadas a la autonomía personal y los cuidados.
3. Refuerzo del papel del IMSERSO como organismo de referencia en materia de innovación y tecnología aplicada a la autonomía personal, la accesibilidad, los apoyos y los cuidados de larga duración, mediante actuaciones de análisis,
evaluación, cooperación institucional y transferencia de conocimiento, incluyendo el impulso de entornos colaborativos de validación y evaluación en condiciones reales de productos de apoyo, soluciones tecnológicas y modelos de cuidados, con
criterios comunes de calidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad e impacto, favoreciendo la generación de evidencia compartida y el desarrollo de marcos comunes de actuación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
4. Continuar y reforzar, desde las estructuras de gestión previstas en los apartados anteriores, un marco estable de cooperación entre el ámbito académico e investigador, las entidades y organizaciones representativas de personas con
discapacidad y dependencia, empresas y fundaciones innovadoras y las distintas administraciones públicas, con el objetivo de generar evidencia común para el impulso y desarrollo de proyectos de tecnologías de apoyo, accesibilidad, autonomía personal
y cuidados, orientados a asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
5. Reforzar los trabajos de innovación social en proyectos de cuidados y apoyos a personas con discapacidad y/o dependencia mediante los mecanismos de financiación que considere oportunos el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda
2030, y la generación de ecosistemas de innovación social como la Plataforma Vidas y colaboración interinstitucional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2026.Rafael Cofiño Fernández, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Industria y Turismo
181/001837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Industria y Turismo.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a la industria española de la competencia desleal de productos extranjeros, que no están sometidos a las mismas exigencias medioambientales, fiscales y laborales que soportan las empresas
industriales españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Patricia Rueda Perelló y Ricardo Chamorro Delmo, Diputados.
181/001838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Industria y Turismo.
¿Cuál será el impacto que el calendario de cierre de centrales nucleares tendrá sobre la producción industrial española, en especial la electrointensiva?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.
181/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Industria y Turismo.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para contribuir a la competitividad de la industria española, especialmente en sectores intensivos en consumo de gas y electricidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.José María Figaredo Álvarez-Sala, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y Patricia Rueda Perelló, Diputados.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
181/001836
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Cuál fue exactamente la aportación económica de la Administración General del Estado a la Xunta de Galicia para la financiación de la atención a la dependencia en el año 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentario Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Cal foi exactamente a achega económica da Administración xeral do Estado à Xunta da Galiza para o financiamento da atención á dependencia no ano 2025?
Madrid, 27 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Sanidad
181/001840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida a Ministro de Sanidad.
¿Están los españoles adecuadamente protegidos frente a la cepa Bundibugyo del virus del ébola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.David García Gomis, Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.