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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 543, de 04/06/2026
cve: BOCG-15-D-543
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de junio de 2026
Núm. 543
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
042/000038
Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaraciones de actividades.
Aprobación por el Pleno ... (Página3)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000012
Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, al objeto de analizar la eventual adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el velo integral femenino, en
espacios y establecimientos públicos, así como sus consecuencias ... (Página7)
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerzade Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000042
Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página8)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000767
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 Aniversario de España en la Unión Europea.
Enmiendas ... (Página8)
Aprobación con modificaciones ... (Página12)
162/000782
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado.
Enmiendas ... (Página13)
Aprobación ... (Página15)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000200
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reversión de las decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica ...
172/000206
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre su desempeño como Ministra y las políticas desarrolladas desde su Ministerio ...
172/000207
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo
español ... (Página16)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000172
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página17)
Aprobación con modificaciones ... (Página19)
173/000173
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página20)
173/000174
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página23)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
044/000184
Informes «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2024 y primer semestre 2025», remitidos de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.
Dictamen de la Comisión ... (Página26)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
042/000038
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 28 de mayo de 2026, ha aprobado el Dictamen de la Comisión del Estatuto sobre declaraciones de actividades con el texto que se inserta a continuación.
Se ordena la publicación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
La Comisión del Estatuto, en su sesión del día de la fecha, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Manuel Cobo Vega (GP) y con la asistencia de los Excmos. Sres. Diputados D.ª María Montserrat García Chavarría (GS), D. José María Sánchez
García (GVOX) y D. Joseba Andoni Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV), vistas las declaraciones de actividades que pueden constituir causa de incompatibilidad y de otras actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, formuladas
por los Excmos. Sres. Diputados que más adelante se mencionan, ha acordado por unanimidad elevar al Pleno de la Cámara el siguiente
DICTAMEN
Primero. La Comisión ha tomado en consideración para emitir su Dictamen las previsiones de la LOREG y los criterios fijados en anteriores dictámenes y ratificados por el Pleno de la Cámara en los siguientes términos:
a) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.1.b) de la Constitución, la Comisión ha venido declarando compatible la condición de Diputado con la de miembro del Gobierno, así como de los cargos de la Administración General del Estado
que ostentan los miembros del Gobierno en su condición de tales. Igualmente, la Comisión, siguiendo el criterio ya sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el Pleno de la Cámara, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.1.b) de la
Constitución en relación con lo dispuesto por los artículos 6.1.f) y 155.1 de la LOREG, ha declarado compatible la condición de Diputado con la de Secretario de Estado.
b) En relación con el desempeño de cargos representativos locales la Comisión,siguiendo el criterio ya sentado en anteriores Legislaturas y aceptado por el Pleno de la Cámara, entiende que los cargos locales no son incompatibles con el de
Diputado (no se encuentran comprendidos en los artículos 155 a 159 de la LOREG), siempre que en su ejercicio no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1 de la LOREG. Por esta razón,
así como la previsión del artículo 158.1, no se podrán desempeñar los cargos locales en régimen de dedicación absoluta, ni percibir retribución, sino únicamente dietas por asistencia a las reuniones de los órganos de la Corporación. Igualmente es
criterio reiterado de la Comisión que deben comprenderse incluidos en el desempeño de las funciones representativas locales, la participación en otros entes locales como mancomunidades y consorcios, en los organismos públicos locales y en otros
entes públicos, en su condición de representantes locales, sin que tal posibilidad pueda comprender la pertenencia a empresas con participación pública, mayoritaria, directa o indirecta, cualquiera que sea su forma, prohibida por los artículos
155.2.e) y 156.1 de la
LOREG. En este último caso, la Comisión ha admitido la pertenencia de los cargos locales a la Junta General de dichas empresas cuando sus estatutos así lo prevén expresamente, pero nunca a los Consejos de Administración, requiriendo en su
caso, bien la modificación estatutaria, o la delegación de dicho cargo en otro representante local.
c) El desempeño de la función pública (salvedad hecha de las funciones docentes extraordinarias a que se refiere el artículo 157.4 de la LOREG y del desempeño de cargos representativos locales), resulta incompatible con la condición
parlamentaria (artículo 157.1). Por eso se hace constar que el funcionario pasa a la situación de servicios especiales y tiene incompatibilidad de retribuciones, sin perjuicio de la percepción de los correspondientes complementos por antigüedad.
La situación equivalente en el ámbito privado (trabajo por cuenta ajena a tiempo completo) determina la excedencia con reserva a puesto de trabajo en los términos previstos por la normativa que resulte de aplicación.
d) En relación con la actividad de impartición de cursos e intervención en actividades docentes en centros universitarios, es criterio de la Comisión, aceptado por el Pleno de la Cámara, que se trata de actividades compatibles cuando son
actividades docentes o de investigación, a tiempo parcial, de carácter extraordinario, que no afecten a la dirección y control de los servicios, pudiendo percibir por tales actividades las indemnizaciones reglamentarias establecidas, en los términos
del artículo 157.4 de la LOREG. En particular, entiende la Comisión que la realización de dicha actividad como compatible puede llevarse a cabo en calidad de profesor asociado y percibiendo la correspondiente indemnización reglamentaria, a cuyo
respecto, la condición de profesor asociado a tiempo parcial es una de las formas de prestación de los servicios docentes extraordinarios, declarados compatibles con el cargo de Diputado por el artículo 157.4 de la LOREG, con la posibilidad legal de
percibir en dicha condición las indemnizaciones reglamentarias establecidas al respecto.
e) En relación con el cargo de Consejero General de la Caja de Ahorros, vino entendiendo la Comisión, de acuerdo con el criterio reiteradamente fijado por la misma y aceptado por el Pleno de la Cámara, que no se trataba de cargo comprendido
como incompatible en los artículos 155.2.e) (miembro del Consejo de Administración de Caja de Ahorros de fundación pública) y 156.1 (miembros de órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de organismos, entes públicos, o empresas
con participación pública mayoritaria), ambos de la LOREG, sino actividad susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, con la limitación de no poder realizar en su ejercicio actividades comprendidas en el artículo 159.2 y
de no poder invocar o hacer uso de la condición de parlamentario para el ejercicio de dicha actividad y siempre que el ejercicio de las mismas no suponga menoscabo de la dedicación absoluta a la actividad parlamentaria establecida en el artículo
157.1.
El Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, dispuso (artículo 1.tres), que el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de una Caja de
Ahorros (entendiendo por tales la Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control sería incompatible con el de todo cargo político electo. A tal efecto la Disposición Transitoria Sexta de dicha norma dispuso que «Los
miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el Apartado tres, del artículo 3 de este Real Decreto Ley lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del
presente Real Decreto Ley y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su renovación». Cumplido ya ese plazo, la pertenencia a dichos órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro,
resulta hoy ya, en todo caso, incompatible con la condición de Diputado.
f) En relación con los cargos y actividades en los partidos políticos y grupos parlamentarios, es criterio constante de la Comisión, aceptado por el Pleno de la
Cámara, su consideración de actividad compatible con la condición de Diputado, dada la relación íntima entre el desempeño de unas y otras funciones.
g) En relación con la actividad de producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas, es criterio de la Comisión que se trata de una actividad compatible, conforme al artículo
159.3.b) de la LOREG, siempre que mediante la misma no se desempeñe, por sí o mediante sustitución, cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel,
honorarios o cualquier otra forma de retribución, y que no se incurra en ninguno de los supuestos de actividades privadas declaradas expresamente como incompatibles en el artículo 159.2 de la LOREG.
h) En relación con las actividades de conferenciante, de participación en coloquios,mesas redondas y tertulias en medios de comunicación, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara, que se trata de una
actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en actividades comprendidas en
el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como
dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
i) En relación con la pertenencia a asociaciones de utilidad pública o de fundaciones privadas, dado que esa forma jurídica no permite entender comprendidas a dichas entidades en la noción de compañías o empresas que se dediquen a contratar
con el sector público a que se refiere el artículo 159.2.b) de la LOREG, es criterio de la Comisión que se trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG. Por ello la Comisión podrá otorgar
autorización para el ejercicio de la actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en actividades comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal,
autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer
menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
j) En relación con el ejercicio libre y por cuenta propia de actividades profesionales(abogados, economistas, médicos, farmaceúticos, veterinarios, etc.), es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara que se
trata de actividad privada susceptible de autorización conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, con las limitaciones de no poder incurrir en las
comprendidas en el artículo 159.2 citado, no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la
actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la
LOREG.
k) En relación con la pertenencia a cargos representativos en Corporaciones de derecho público de defensa de intereses profesionales, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara, que no resulta incompatible con
la condición de Diputado, siempre que en el ejercicio de dicho cargo no se incurra en las actividades prohibidas por el artículo 159.2.a) de la LOREG, no se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el
artículo 157.1 de la LOREG y que, en las actividades que se realicen en el desempeño
del cargo, no se ejerzan funciones públicas, sino únicamente de representación y defensa de los intereses de los colegiados y de la profesión, de naturaleza privada.
l) En relación con la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas, es criterio reiterado de la Comisión, confirmado por el Pleno de la Cámara, que se trata de actividades privadas susceptibles de autorización
conforme al artículo 159.3.c) de la LOREG, por lo que la Comisión puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, siempre que no se incurra en ninguna de las actividades prohibidas expresamente en el artículo 159.2 de la
LOREG, especialmente las de contratar con el sector público estatal, autonómico o local, no se invoque o haga uso de la condición parlamentaria para el ejercicio de la actividad, tal como dispone el artículo 17 del Reglamento de la Cámara, y sin que
en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, que establece el artículo 157.1 de la LOREG.
m) En relación con la pertenencia a Comisiones Mixtas designadas por las Comunidades Autónomas (Comisiones Bilaterales y Comisiones Mixtas de Transferencias), tiene reiteradamente declarado la Comisión, siguiendo el criterio fijado por la
Junta Electoral Central en cuanto a la elegibilidad de quienes los ostentan, que no se trata de cargos públicos en el sentido del artículo 154.2 de la LOREG, por lo que no están comprendidos en la causa de incompatibilidad prevista en el artículo
155.1, ni tampoco en el 157.2 y 3, de modo que, si el Sr. Diputado no percibe remuneración del sector público, no está incurso en incompatibilidad por razón de la mencionada actividad.
n) El cargo de miembro del Consejo de Administración de Ente Público de Radio Televisión de una Comunidad Autónoma, cuando es designado por la Asamblea Parlamentaria y no percibe retribución sino únicamente dietas por asistencia a las
sesiones, se considera compatible conforme a lo previsto en el artículo 156.1 de la LOREG.
ñ) La percepción de ayudas públicas, en sus diferentes formas, vinculadas a la tenencia o explotación de fincas de uso agrario, es considerada compatible con la condición de Diputado en la medida de que se trata de ayudas regladas, que se
otorgan a través de un procedimiento objetivo y cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios. Se trata, además, del ejercicio de la administración del patrimonio personal reconocida en el artículo
159.3.a) de la LOREG.
o) La percepción de ayudas por maternidad o paternidad, en sus diferentes formas, es considerada compatible con la condición de Diputado en la medida de que se trata de ayudas regladas, que se otorgan a través de un procedimiento objetivo y
cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios.
p) La percepción de ayudas, en sus diferentes formas, vinculadas a la situación de dependencia, viudedad o que traen causa por haber sido víctima del terrorismo son consideradas compatibles con la condición de Diputado en la medida de que se
trata de ayudas regladas, que se otorgan a través de un procedimiento objetivo y cuya recepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios.
Segundo. La Comisión, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos, acuerda declarar la compatibilidad de actividades, o tomar conocimiento de las declaraciones, sin que sea necesario realizar ningún otro pronunciamiento, de los
Excmos/as. Sres. y Sras. Diputados/as que se detallan:
D. Óscar Clavell López (expte. núm. 004/110/2).
Impartición de clase de una hora semanal a los alumnos de Educación de la Universidad Tecnológica-Mediterráneo (UTAMED) a partir del curso 2026-2027. Actividad compatible en los términos del artículo 157.4, siempre que en su ejercicio no
se menoscabe el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias, según lo establecido en el artículo 157.1, ambos de la LOREG.
D. Juan Diego Requena Ruiz (expte. núm. 004/130/2).
Participación en eventos impartiendo, de forma esporádica, conferencias y otras actividades que no incurren en los supuestos del artículo 159.2 de la LOREG, con las cautelas de no invocar la condición y sin menoscabar la dedicación como
parlamentario. Se autoriza en los términos del artículo 159.3. c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación
absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
D. Pedro Puy Fraga (expte. núm. 004/199/4).
Miembro del Patronato de la Fundación Manuel Fraga Iribarne, sin remuneración. Se autoriza en los términos del artículo 159.3.c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las
actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG.
D. Raúl Cuevas Larrosa (expte. núm. 004/395/3).
Bombero-funcionario de carrera del Ayuntamiento de Zaragoza, en situación de servicios especiales, percibiendo el correspondiente complemento por antigüedad. La Comisión toma conocimiento.
2011-2020 Arquitecto, sector de la construcción (técnico en la elaboración de proyectos). La Comisión toma conocimiento.
Dña. Laura Vergara Román (expte. núm. 004/408/2).
Renuncia al salario del día 10 de febrero como socia-trabajadora coordinadora de proyectos de Cala y Pedal Sociedad Cooperativa. La Comisión toma conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.El Presidente de la Comisión, Manuel Cobo Vega.El Secretario de la Comisión, José María Sánchez García.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000012
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en
el seno de la Comisión Constitucional, de la Subcomisión al objeto de analizar la eventual adopción de medidas legislativas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el velo integral femenino, en espacios y establecimientos
públicos, así como sus consecuencias, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», número 531, de 18 de mayo de 2026.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000042
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, se acordó su tramitación como
Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte. 121/000097), por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000767
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas y la enmienda transaccional formuladas a la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 Aniversario de España en la Unión Europea, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 518, de 24 de abril de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 Aniversario de
España en la Unión Europea, que se debatirá hoy en la sesión plenaria.
Enmienda
De modificación.
Se modifica el párrafo décimo primero de la Exposición de motivos; y se elimina el punto 2, quedando el texto de la siguiente manera:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar e impulsar el compromiso de España con el proyecto europeo como garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica.
2. Expresar su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.
3. Declarar con carácter irrevocables la pertenencia de España a la UE.
4. Apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europeas, dotando a la Unión de mayor capacidad de actuación en materia de política exterior, seguridad, defensa, energía,
industria y transición tecnológica, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial, siempre desde la defensa del principio de subsidiariedad como garante de impulsar una gobernanza más democrática, cercana y eficaz.
5. Impulsar en el seno de las instituciones comunitarias la adaptación de los marcos legales, institucionales y democráticos de la Unión a la realidad existente en Europa, reconociendo a las naciones y pueblos que la conforman y
favoreciendo su participación política efectiva.
6. Promover las modificaciones normativas necesarias para posibilitar circunscripciones electorales propias al Parlamento Europeo y reforzar así el papel de las regiones y naciones para que cuenten con voz política propia en el marco
institucional europeo.
7. Promover la incorporación a la normativa comunitaria de una Directiva de Claridad, que establezca garantías democráticas, mayorías claras y procedimientos legales para posibles procesos de ampliación interna dentro de la Unión Europea
respecto de naciones europeas sin Estado que cumplan los requisitos democráticos y jurídicos exigidos por los Tratados y por los Criterios de Copenhague.
8. Impulsar, junto al resto de Estados miembros, la consecución del reconocimiento del Euskera, Gallego y Catalán como lenguas oficiales en la Unión Europea.»
Justificación.
Dotar a la Unión Europea de mayor capacidad de actuación en política exterior, seguridad, defensa, energía, industria y transición tecnológica, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial siempre desde la realidad existente
en Europa, reconociendo a las naciones y pueblos que la conforman.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026. Maribel Vaquero Montero, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el 40 aniversario de España en la
Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo debate está incluido en el punto núm. 5 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, que se celebrará el día 26 de mayo de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se propone la modificación de la parte dispositiva, cuyo texto queda redactado como sigue:
«1. Reafirmar e impulsar el compromiso de España con el proyecto de un espacio de libertad europeo.
exterior y promover que las políticas de la Unión fortalezcan la libertad, la prosperidad, la democracia real, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la seguridad y la prosperidad económica en España.
2. Expresar su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla;, defendiendo que su participación esté al
servicio de los intereses y soberanía de España.
3.
orientada a la protección de las fronteras, la seguridad, la libertad, la prosperidad y la defensa de los intereses comunes de los pueblos europeos.
4.
común a un marco normativo desorbitado, en favor de una regulación que impulse la seguridad, prosperidad y libertad de los trabajadores, familias y empresas con respeto al ámbito competencial de todos los Estados Miembros, garantizando el
acatamiento al principio de subsidiariedad y evitando cualquier extralimitación de las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados. Oponerse, en consecuencia, a la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio con Mercosur, que
atenta contra la prosperidad y bienestar de los españoles, además de vulnerar gravemente el equilibrio institucional europeo al no esperar a que el TJUE se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo, tal y como fue exigido por el Parlamento Europeo.»
Justificación.
Mejora Técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40
aniversario de España en la Unión Europea.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar e impulsar el compromiso de España
y la lucha contra la corrupción.
2. Expresar su reconocimiento a
trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla la presencia de España en la Unión Europea;
3.
sociedad española.
4.
Unión Europea al previo debate en las Cortes Generales, garantizando la defensa del interés nacional y el respeto al principio de subsidiariedad.
5. Garantizar la participación previa de las Cortes Generales en cualquier acuerdo relativo a Gibraltar que afecte a los intereses nacionales de España, en cumplimiento del artículo 94.1 de la Constitución Española y de las competencias
parlamentarias en materia de tratados internacionales.
6. Ejecutar adecuadamente los fondos Next Generation EU antes de la finalización de los mismos y en pleno cumplimiento con el Reglamento (UE) 2021/241.
7. Cumplir con los compromisos adquiridos por España en su Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo y presentar el borrador de plan presupuestario a la Comisión Europea en línea con el Reglamento (UE) 473/2013.
8. Defender al nivel del Consejo la adopción de un Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034 ambicioso y en línea con los intereses de nuestro país, en especial los intereses de los sectores productivos de España (por ejemplo,
el agrícola, ganadero o pesquero).
9. Cumplir con sus obligaciones de transposición del Derecho de la Unión Europea, acelerando la aplicación de las directivas transpuestas y la incorporación de las directivas pendientes, garantizando una tramitación eficaz y transparente de
su transposición.
10. Cumplir estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones, con todas las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1083, sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, garantizando el pluralismo y la independencia de los
medios de comunicación en nuestro país, incluidas salvaguardias contra la injerencia política en la libertad editorial y la protección de los periodistas.
11. Cumplir con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, renunciando a regularizaciones masivas que generen efecto llamada. Reforzar el control de la frontera sur de Europa y la lucha contra las mafias de trata de personas.
12. Garantizar que toda adquisición de tecnología destinada a infraestructuras críticas, redes 5G, sistemas de seguridad, comunicaciones estratégicas o tratamiento de información sensible se ajuste a los criterios del 5G Cybersecurity
Toolbox de la Unión Europea y a la normativa española de seguridad 5G, evitando la contratación con proveedores de alto riesgo cuando exista riesgo de dependencia tecnológica, vulnerabilidad estratégica o injerencia de terceros Estados.
13. Desbloquear el cumplimiento del acuerdo firmado en 2018 por los mandatarios de todos los países miembros, incluido el actual presidente de España, modificando, con carácter urgente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a la
reforma del Acta Electoral de la Unión Europea aprobada en 2018, fijándose de esta manera los umbrales de voto para las elecciones europeas en los límites que fueron aprobados por el Parlamento y el Consejo.
14. Impulsar una presencia española más influyente y respetada en la Unión Europea, basada en la lealtad institucional, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de los intereses de España y de los españoles.
15. Fomentar el uso del idioma español en la Unión Europea coincidiendo con el 40 aniversario de la oficialidad de la lengua española y fortalecer su uso en las principales instituciones comunitarias.
16. Defender una política energética basada en la neutralidad tecnológica, que aproveche todas las fuentes de energía limpias y de bajas emisiones reconocidas por la Unión Europea, incluida la energía nuclear, para garantizar una energía
asequible, segura y estable, reforzar la autonomía estratégica europea.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda transaccional
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar e impulsar el compromiso de España con el proyecto europeo como garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica.
2. Expresar su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.
3. Declarar con carácter irrevocable la pertenencia de España a la Unión Europea.
4. Apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europea, dotando a la Unión de mayor capacidad de actuación en materia de política exterior, seguridad, defensa, energía,
industria y triple transición ecológica, digital y social, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial, y el principio de subsidiariedad.
5. Impulsar, en el seno de las instituciones comunitarias, el pleno desarrollo de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con las regiones y pueblos de la Unión Europea.
6. Promover las modificaciones normativas necesarias para reforzar el papel de las regiones e instituciones equivalentes para que cuenten con voz propia en el marco institucional europeo.
7. Impulsar, junto con el resto de los Estados miembros, la consecución del reconocimiento del Euskera, Gallego y Catalán como lenguas oficiales de la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.Los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV).
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 40 Aniversario de España en la Unión Europea, publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 518, de 24 de abril de 2026, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reafirmar e impulsar el compromiso de España con el proyecto europeo como garante de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica.
2. Expresar su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla.
3. Declarar con carácter irrevocable la pertenencia de España a la Unión Europea.
4. Apoyar en el Consejo Europeo el proyecto de reforma de los Tratados para fortalecer la soberanía e independencia europea, dotando a la Unión de mayor capacidad de actuación en materia de política exterior, seguridad, defensa, energía,
industria y triple transición ecológica, digital y social, garantizando al mismo tiempo la cohesión social y territorial, y el principio de subsidiariedad.
5. Impulsar, en el seno de las instituciones comunitarias, el pleno desarrollo de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con las regiones y pueblos de la Unión Europea.
6. Promover las modificaciones normativas necesarias para reforzar el papel de las regiones e instituciones equivalentes para que cuenten con voz propia en el marco institucional europeo.
7. Impulsar, junto con el resto de los Estados miembros, la consecución del reconocimiento del euskera, gallego y catalán como lenguas oficiales de la Unión Europea.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000782
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 530, de 14 de mayo de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para la eliminación de la cita previa en las
oficinas de la Administración General del Estado, que se debatirá como punto 4 del orden del día en la sesión n.º 181 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 26 de mayo de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito
todo caso que su utilización tenga carácter exclusivamente potestativo para el ciudadano.
2. Garantizar la atención presencial directa y personalizada a cualquier ciudadano que lo solicite, con o sin cita previa, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en relación con las Administraciones Públicas, y en todo caso, al
menos en español.
3. Adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la atención telemática y la cita previa voluntaria, asegurando en todo caso la accesibilidad universal y la igualdad efectiva en el acceso a los
servicios públicos.
4. Promover las modificaciones legislativas necesarias en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para reconocer expresamente el derecho de las personas físicas a la atención
presencial, establecer que la cita previa no podrá constituir requisito obligatorio para relacionarse con las Administraciones Públicas y garantizar la atención administrativa presencial, al menos, en español en todo el territorio nacional.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del Estado.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la modificación normativa que permita eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención en las oficinas de la Administración General del Estado (AGE).
2. Promover el desarrollo reglamentario que facilite la adopción de las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, avanzando hacia un modelo de atención a la ciudadanía accesible, inclusivo y multicanal,
conforme a los principios de accesibilidad universal e igualdad en el acceso a los servicios públicos de la Administración General del Estado.
3. Una vez implantado el marco normativo y organizativo correspondiente, garantizar que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de atención, con o sin cita previa, a través de una atención multicanal en la AGE.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la eliminación de la cita previa en las oficinas de la Administración General del
Estado, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 530, de 14 de mayo de 2026, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Eliminar la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado.
2. Garantizar la atención presencial directa a cualquier ciudadano que lo solicite, con o sin cita previa.
3. Adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la atención telemática y la cita previa voluntaria, asegurando en todo caso la accesibilidad universal y la igualdad efectiva en el acceso a los
servicios públicos.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000200
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reversión de las decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión
social en la actual situación de crisis económica, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente interpelación urgente al Gobierno relativa a la reversión de las decisiones sobre el
incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O GP Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto nos artigos 180 e seguintes do vixente Regulamento do Congreso dos Deputados, presenta a seguinte Interpelación Urxente ao
Goberno relativa á reversión das decisións sobre incremento de gasto militar para favorecer o investimento social na actual situación de crise económica, para o seu debate en Pleno.
Madrid, 14 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do Grupo Mixto.
172/000206
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre su desempeño como Ministra
y las políticas desarrolladas desde su Ministerio, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones sobre su desempeño como ministra y las políticas desarrolladas desde su Ministerio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
172/000207
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para
garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo español, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de los dispuesto en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula interpelación urgente a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre
las medidas que va a tomar el Gobierno para garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo español.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000172
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al ministro del
Interior sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
Exposición de motivos
El narcotráfico se ha convertido en una amenaza creciente para la seguridad del Estado en determinadas zonas de España, especialmente en Andalucía, donde las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas han incrementado su
capacidad operativa y su violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, generando un grave deterioro de la seguridad ciudadana en muchas provincias del sur peninsular.
Los recientes asesinatos de dos guardias civiles en acto de servicio en Huelva, mientras participaban en una operación contra el narcotráfico, han vuelto a poner de manifiesto la extrema peligrosidad a la que se enfrentan diariamente
nuestros agentes.
Una tragedia que, además, recuerda inevitablemente a los hechos ocurridos hace dos años en Barbate, donde otros dos guardias civiles fueron asesinados mientras perseguían una narcolancha.
La repetición de sucesos de esta gravedad evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una amenaza estructural frente a la que los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vienen alertando desde hace años.
Asociaciones profesionales, sindicatos policiales y la propia Fiscalía Especial Antidroga han advertido
reiteradamente de la insuficiencia de medios materiales y humanos, así como de protección jurídica para afrontar esta creciente amenaza.
Sin embargo, tras ocho años en el Gobierno, ni el presidente Sánchez ni el ministro del Interior, Grande-Marlaska, han sido capaces de adoptar las medidas necesarias para revertir una situación que se agrava día tras día.
Lejos de reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los grupos parlamentarios que forman parte o que sustentan al Gobierno han paralizado o rechazado reiteradamente, en los últimos años, iniciativas
y propuestas legislativas dirigidas a mejorar la protección e incrementar los medios de los agentes, a reconocer como profesión de riesgo la labor de policías nacionales y guardias civiles y a endurecer la respuesta penal frente al narcotráfico y
las continuas agresiones que sufren quienes combaten estas redes criminales.
La lucha contra el narcotráfico exige una respuesta firme, coordinada y una dotación presupuestaria suficiente.
Resulta imprescindible reforzar las plantillas, mejorar los medios materiales y tecnológicos, recuperar unidades especializadas como OCON-Sur e impulsar reformas legales que garanticen el respaldo institucional y profesional de aquellos que
arriesgan su vida para defender el Estado de Derecho y la seguridad de todos los españoles.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desempeñan una labor esencial al servicio de todos los ciudadanos. Su compromiso, profesionalidad y sacrificio exigen un respaldo firme y permanente por parte del Ministerio del Interior y del conjunto de
las instituciones, especialmente hacia los agentes destinados en territorios donde la presión del narcotráfico amenaza con socavar la autoridad del Estado.
Por todo ello,
«El Congreso de los Diputados:
1. Reprueba al ministro del Interior por su gestión en relación con la insuficiente dotación de medios, recursos y respaldo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a lucha contra el narcotráfico, tras los
hechos que costaron la vida a dos guardias civiles en acto de servicio el pasado 8 de mayo de 2026 en Huelva.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
2. Impulsar los cambios legislativos oportunos para reconocer la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a efectos de que puedan optar al coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la
peligrosidad de su trabajo.
3. Restablecer la unidad OCON-Sur y reforzar el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico en ese enclave, así como en Huelva y en el resto del litoral andaluz.
4. Incrementar, de manera urgente, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en las zonas especialmente afectadas por el narcotráfico, cubriendo con carácter prioritario las vacantes existentes y reforzando las unidades dedicadas a
la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
5. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de recursos materiales suficientes para combatir el narcotráfico en condiciones de seguridad y de los medios necesarios para su protección y defensa frente a las redes criminales.
6. Aprobar un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil, tales como armas lanzadoras, con reglas claras de uso, mantenimiento y supervisión de su aplicación en operaciones marítimas,
ante el aumento de la violencia ejercida por los narcotraficantes y resto del crimen organizado.
7. Promover la reforma de los artículos 550 y 556 del Código Penal para aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad de los agentes, así como crear una fiscalía especial para la investigación de
actos delictivos
que tengan como objeto el menoscabo del principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 184.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo debate está incluido en el punto núm. 6 del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados,
que se celebrará el día 26 de mayo de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
Se propone la modificación de la parte dispositiva, cuyo texto queda redactado como sigue:
« [ ]
8. Reforzar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los Servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Marruecos.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar los cambios legislativos oportunos para reconocer la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a efectos de que puedan optar al coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la
peligrosidad de su trabajo.
2. Incrementar, de manera urgente, las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en las zonas especialmente afectadas por el narcotráfico, cubriendo con carácter
prioritario las vacantes existentes y reforzando las unidades dedicadas a la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.
3. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de recursos materiales suficientes para combatir el narcotráfico en condiciones de seguridad y de los medios necesarios para su protección y defensa frente a las redes criminales.
4. Aprobar un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil, tales como armas lanzadoras, con reglas claras de uso, mantenimiento y supervisión de su aplicación en operaciones marítimas,
ante el aumento de la violencia ejercida por los narcotraficantes y resto del crimen organizado.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000173
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas del Gobierno para resolver los problemas de la justicia en España, cuyo
texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas del Gobierno para resolver
los problemas de la Justicia en España.
Exposición de motivos
Primero. Los problemas de la justicia en españa: la colonización partidista.
La Justicia es uno de los poderes del Estado y presta un servicio público fundamental en una comunidad política, siendo su administración una de sus más básicas misiones. En España, la Justicia sufre desde hace décadas una fuerte crisis,
motivada de una parte por la politización de sus órganos de gobierno, y de otra por una serie de problemas estructurales debidos en buena medida a los desaciertos, cuando no a la irresponsabilidad del legislador.
Comenzando con la cuestión crítica de independencia judicial, la Constitución Española de 1978 articuló un modelo de autogobierno del Poder Judicial mediante la creación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el cual doce de
los veinte vocales del Consejo debían ser elegidos entre jueces y magistrados, reservándose únicamente los ocho restantes a una designación parlamentaria por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sin embargo, dicho diseño constitucional resultó
profundamente desnaturalizado tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), impulsada durante la primera mayoría absoluta del Partido Socialista, que trasladó a las Cortes Generales la elección de la
totalidad de los
vocales del Consejo. Esta alteración del espíritu constitucional abrió la puerta a la colonización partidista del órgano de gobierno de la Justicia, en la que tiene asimismo una gran responsabilidad el Partido Popular ya que, durante sus
etapas de mayoría absoluta, en dos ocasiones (2001 y 2013), pudieron reformar la LOPJ para terminar con este sistema de cuotas partidistas y prefirieron mantenerlo.
El mismo PP pactó en junio de 2024 la renovación de los miembros del CGPJ en una vergonzosa negociación con el Gobierno en Bruselas. Se suponía que, con arreglo a dicho pacto, y de acuerdo con los informes de la Comisión Europea y de
organismos del Consejo de Europa, tras esa renovación se modificaría la legislación para terminar con la intervención de órganos políticos en la designación de los miembros del CGPJ. VOX denunció que esta modificación legislativa no iba a llevarse
a cabo, y casi dos años después los hechos le han dado la razón: el ministro Félix Bolaños, en la sesión del pleno del Congreso de los Diputados de 20 de mayo de 2026, en respuesta a la interpelación urgente de que trae causa esta Moción, se
reafirmaba con prepotencia en la adhesión al sistema de cuotas partidistas.
Asimismo, uno de los aspectos más graves de deterioro de la Justicia durante los últimos años ha sido la creciente instrumentalización del Ministerio Fiscal por parte del Gobierno. Alvaro García Ortiz ha sido el primer fiscal general del
Estado designado pese a haber sido considerado no idóneo por el informe no vinculante del CGPJ, y sobre todo el primero en ser condenado penalmente por la Justicia. Pero lo más reseñable de su gestión fue el descarado sectarismo con que efectuó sus
nombramientos dentro de la Carrera Fiscal, brindando a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que él mismo había presidido, una sobrerrepresentación verdaderamente exorbitante en los nombramientos discrecionales y en la composición de la
Junta de Fiscales de Sala.
Debe asimismo hacerse referencia a algunas de las propuestas legislativas del Gobierno o de su entorno. El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se encuentra en tramitación desde el mes de mayo de 2025 en esta Cámara. Conocida como «Ley
Bolaños», contiene numerosas previsiones que atentan de forma directa contra la independencia del Poder Judicial y que comprometen gravemente la profesionalidad de los jueces, magistrados y fiscales. En segundo lugar, el Proyecto de Ley Orgánica de
Enjuiciamiento Criminal pretende encomendar la fase de instrucción al Ministerio Fiscal y restringir el ejercicio de la acción popular en el proceso penal. Finalmente, la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos
fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, se propone reformar la regulación de las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados para
debilitar aún más su independencia.
Segundo. Problemas estructurales de la justicia.
A la luz del Informe anual del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al ejercicio 20241 último disponible con datos desagregados por Comunidades Autónomas podemos apreciar la congestión estructural a la que está sometida la
Administración de Justicia, con elevada litigiosidad e incremento constante de asuntos ingresados, lo que provoca retrasos intolerables y dilaciones indebidas. La situación resulta especialmente alarmante si se atiende a la escasez de medios
humanos. España continúa situándose muy por debajo de la media europea en número de jueces por habitante: apenas 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17 de media en la Unión Europea2.
1 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/
2 https://nacionespanola.org/actualidad/articulos/la-tasa-de-litigiosidad-en-espana-la-mas-alta-de-la-union-europea-tiene-una-clara-explicacion/
Esta situación se ha visto agravada por el fuerte incremento de extranjeros en España durante los últimos años como consecuencia directa de las políticas de fronteras abiertas, «efecto llamada» y multiculturalismo impulsadas sucesivamente
por los gobiernos del bipartidismo, cuya última manifestación ha sido la regularización masiva de inmigrantes ilegales operada por la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de extranjería, aprobada a su vez por el Real Decreto 316/2026, de 14 de
abril. Este modelo ha favorecido una inmigración masiva sin precedentes, alterando profundamente la realidad social y demográfica de España, pero también ha incrementado la presión sobre los servicios públicos, entre ellos la Administración de
Justicia.
Pese a conocer la grave situación de colapso que atraviesa la Administración de Justicia, el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La
implantación del nuevo modelo organizativo basado en la creación de los Tribunales de Instancia implicó la sustitución de los anteriores órganos unipersonales por tribunales organizados en secciones especializadas dentro de cada partido judicial.
Pero resulta evidente que la mera modificación de la estructura organizativa y de la denominación de los órganos judiciales no ha resuelto nada por sí sola. Los nuevos Tribunales de Instancia han debido asumir íntegramente la carga de trabajo
acumulada por los anteriores Juzgados, sin que la reforma haya venido acompañada de un refuerzo suficiente y proporcional de medios personales, materiales y tecnológicos que permitan afrontar con garantías dicha transición. En definitiva, la
reforma ha acabado convirtiéndose en una mera reorganización burocrática sin eficacia real, incapaz de resolver los problemas estructurales de la Administración de Justicia.
Finalmente, otro aspecto de la Ley Orgánica 1/2025 que, según consenso de los operadores jurídicos, ha contribuido notablemente al colapso del sistema judicial es el de la consideración de los medios adecuados de solución de controversias
(MASC) como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, es decir, su fijación con condición necesaria para poder ejercitar acciones para obtener la tutela de los tribunales. Tal consideración no ha hecho sino establecer una fase
adicional obligatoria que está resultando sumamente costosa en tiempo y dinero para muchos litigantes.
Tercero. Algunas medidas para garantizar la independencia y la efectividad de la justicia.
La recuperación de una Justicia verdaderamente independiente exige poner fin al sistema de cuotas partidistas en la elección de los doce vocales de tumo judicial del CGPJ. Del mismo modo, resulta imprescindible recuperar la imparcialidad y
el prestigio del Ministerio Fiscal, y garantizar que actúe exclusivamente sometido al principio al principio de legalidad y al interés general, y no a directrices políticas ni a intereses ideológicos ajenos a su función constitucional. Es en todo
caso rechazable que se le encomiende la instrucción de los procesos penales, en especial en la actual coyuntura política marcada por un Gobierno cuyo presidente y varios ministros tienen un entorno político sujeto a graves sospechas de corrupción.
De otra parte, es inaplazable reforzar de manera inmediata los medios personales, materiales y tecnológicos de la Administración de Justicia. En contraste con ello, el Gobierno ha optado por reformas burocráticas vacías de contenido,
incapaces de resolver el colapso estructural que padecen diariamente juzgados y tribunales en toda España.
En línea con lo anteriormente expuesto, se impone la necesidad de revisar drásticamente la consideración de los MASC como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, valorando la supresión de dicho requisito en procesos de
familia con menores, juicios monitorios o procesos de desahucio, o incluso de forma total.
Asimismo, dado que las referidas políticas de fronteras abiertas y «efecto llamada» han provocado una presión insoportable sobre los servicios públicos y sobre el propio sistema judicial, es necesario revertir drásticamente dichas políticas
y sustituirlas por
otras inspiradas en la preservación de la identidad y la seguridad del pueblo español y en el principio de prioridad nacional.
En virtud de cuanto se ha expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Abandonar su inaceptable actitud de hostilidad contra la independencia judicial.
2. Promover la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de que los doce vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos mediante voto personal, igual, directo y secreto por y entre
los propios jueces y magistrados.
3. Retirar inmediatamente el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal y el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y, en general, abstenerse de formular cualquier propuesta legislativa que pueda comprometer en lo más mínimo la
neutralidad, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal y de cada uno de sus miembros.
4. Cesar en la promoción política de iniciativas de reforma legislativa para modificar las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados, manifestando públicamente la desautorización de cualquier propuesta en tal sentido.
5. Dotar a la Administración de Justicia de todos los medios personales, materiales y tecnológicos que sean necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones.
6. Impulsar una modificación legislativa para restringir los supuestos en que los medios adecuados de solución de controversias son requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil, valorando la supresión de dicho requisito en
procesos de familia con menores, juicios monitorios o procesos de desahucio, o en su caso para su supresión total.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
173/000174
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno en materia de seguridad, cuyo texto se
inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre cuál va a ser la prioridad del Gobierno
en materia de seguridad.
Exposición de motivos
La presente iniciativa es un homenaje a la incansable labor que realizan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la defensa de los españoles y en la lucha contra el crimen organizado. Desde el Grupo Parlamentario VOX
trasmitimos a través de la esta iniciativa nuestro más afectuoso reconocimiento a todas las FCSE.
Esta Moción se circunscribe hoy al planteamiento de un conjunto de medidas urgentes que afectan a la Guardia Civil ante la emergencia que supone la precariedad de medios humanos, materiales y jurídicos con los que se enfrenta a la lucha
contra el narcotráfico. Cuantas medidas aquí se proponen representan también el compromiso del Grupo Parlamentario VOX de hacerlas extensivas al Cuerpo Nacional de Policía con las especificidades propias de este.
La Guardia Civil, Instituto Armado de naturaleza militar con más de 180 años de existencia, ha demostrado, a lo largo de su dilatada vida y a través de todas las vicisitudes históricas, un amor y entrega sin límites al servicio de la Patria.
Sus miembros, que constituyen el núcleo más numeroso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran distribuidos por todos los rincones del territorio nacional, en permanente vigilancia al servicio de la Nación española.
Entre las misiones encomendadas a la Guardia Civil figura la de evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y los demás tráficos ilícitos. Lamentablemente, en el desempeño de dichas funciones, en la mañana del 8 de mayo de 2026, en
torno a las 11:00 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva, y durante el desarrollo de un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva
iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha.
En el transcurso de dicha persecución se produjo una embestida que provocó el fallecimiento de un Capitán y un Guardia Civil: uno de ellos murió en el acto y el otro durante su traslado al hospital. Asimismo, otros dos agentes resultaron
heridos, evidenciando una vez más la extraordinaria peligrosidad de las actuaciones que la Guardia Civil desarrolla frente al narcotráfico, el contrabando y las organizaciones criminales que operan en este ámbito.
Es cierto que la íntima satisfacción del deber cumplido constituye la mayor recompensa a la que puede aspirar un Guardia Civil, y que, desde la fundación del Benemérito Cuerpo, la Guardia Civil ha profesado que «el Honor es la principal
Divisa». Pero también es cierto que quienes consagran su vida al servicio de los demás, mediante la superación de sacrificios, riesgos y fatigas, merecen estar dotados, en todo momento, de todos los medios humanos, los recursos materiales, la
seguridad jurídica y el amparo legal necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones.
No resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física. La
Guardia Civil en su misión de protección de la seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el territorio y costas españolas, debe disponer de plantillas suficientes, vehículos y embarcaciones,
equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
De forma especial, debe garantizarse que todas las Unidades que lo precisen cuenten con los medios materiales, el equipamiento táctico y operativo, el armamento reglamentario y la munición necesarios para actuar con plena eficacia y
seguridad, evitando que los agentes se encuentren en situación de inferioridad material frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
Pero no basta con disponer de excepcionales profesionales y medios humanos, ni con dotar a la Guardia Civil de los mejores recursos materiales, tácticos y operativos adecuados si el ordenamiento jurídico deja desprotegidos a quienes se
enfrentan a criminales violentos y arriesgan su vida en cumplimiento del deber.
Por ello, resulta imprescindible promover las reformas legales necesarias para reforzar la cobertura jurídica de los agentes en acto de servicio, de modo que quienes defienden el orden y la ley, y la libertad y la seguridad de los españoles
no se vean sometidos a un calvario judicial, o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones realizadas en el legítimo ejercicio de sus funciones, sino que reciban el amparo institucional debido y, cuando proceda, el
reconocimiento público que merecen.
Por último, por estricto deber de justicia, debe reconocerse de forma expresa la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil con carácter general y sin excepción, salvo respecto de quienes se encuentren en
situación de suspensión de empleo o de suspensión de funciones.
Asimismo, debe garantizarse la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan
funciones equivalentes, asegurando una homologación retributiva plena, estable y permanente, acorde con la responsabilidad, peligrosidad, disponibilidad y sacrificio inherentes al servicio que prestan, específicamente, el personal de Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Vigilancia Aduanera, Instituciones Penitenciarias y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.
Asimismo, debe rechazarse cualquier política de cierre, abandono o desmantelamiento indiscriminado de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural. La necesaria reorganización funcional de Puestos o unidades administrativas no
puede confundirse con la desaparición de acuartelamientos y viviendas que, durante décadas, han contribuido a vertebrar el territorio, fijar población, favorecer el arraigo de los agentes y sus familias y garantizar una presencia real y visible de
la Guardia Civil en los municipios rurales.
Por ello, resulta imprescindible conservar, mantener y dignificar aquellas Casas Cuartel que sean necesarias para asegurar alojamiento adecuado, proximidad institucional, capacidad operativa y una respuesta eficaz frente a la inseguridad,
evitando que su cierre agrave la despoblación, la sensación de abandono y la pérdida de servicios esenciales en la España Rural.
Junto a lo anterior, resulta obligado dignificar y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, especialmente de quienes han ofrecido su vida por España o han resultado heridos en acto de servicio, mediante la
concesión de las condecoraciones y recompensas regionales o locales que procedan, garantizando siempre la reserva de su identidad y el respeto a su intimidad personal y familiar.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía nacional, expresa su gratitud y homenaje a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su impecable labor en defensa de la seguridad de los españoles y su
incansable lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Garantizar que todas las unidades de la Guardia Civil que lo requieran en su combate contra el narcotráfico y la criminalidad organizada dispongan del equipamiento táctico y operativo, del armamento y la munición necesarios para actuar
con plena eficacia y seguridad, evitando situaciones de inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
2. Generar protocolos operativos que incluyan reglas de enfrentamiento que cataloguen lo que es una fuerza letal, por ejemplo las narcolanchas, y permitan responder con otra fuerza letal ante la desobediencia a los agentes de la autoridad.
3. Promover las reformas legales necesarias para reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los miembros de la Guardia Civil que actúen en el legítimo ejercicio de sus funciones, evitando que puedan
verse sometidos a un calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones legítimas realizadas en cumplimiento del deber.
4. Reforzar de forma urgente los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de la Guardia Civil, especialmente de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que operan
en el territorio y costas españolas.
5. Específicamente dotar a la Guardia Civil de plantillas suficientes, vehículos, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación, embarcaciones de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y demás recursos operativos
adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
6. Reconocer expresamente la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil, con carácter general y sin excepción.
7. Declarar, de forma urgente, al Campo de Gibraltar y litoral andaluz como Zonas de Especial Singularidad e igualmente a aquellos lugares del territorio nacional que, por la especial incidencia de la criminalidad, tengan que poseer una
mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
8. Garantizar la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan funciones
equivalentes, mediante una homologación retributiva plena, estable y permanente.
9. Impedir el cierre, abandono, enajenación o desmantelamiento de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural, diferenciando en todo caso la eventual reorganización funcional de los Puestos de la conservación de los
acuartelamientos y viviendas que resulten necesarios para garantizar la presencia efectiva de la Guardia Civil, proporcionar alojamiento digno a los agentes y sus familias, favorecer su arraigo e integración en las comunidades locales y contribuir a
la vertebración, seguridad y vitalidad de los municipios rurales.
10. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para dignificar, proteger y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, honrando de manera especial a quienes han ofrecido su vida por España, o han sido heridos en
acto de servicio.
11. Proceder a la concesión de la Gran Cruz del Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra el narcotráfico.
12. Asimismo, proceder a la concesión, con carácter individual, de la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en favor de los Guardias Civiles fallecidos y heridos en acto de servicio, en atención a su entrega a España,
garantizando en todo momento la reserva de su identidad, la confidencialidad inherente a su función y el respeto a su intimidad personal y familiar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
044/000184
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, del dictamen emitido por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 20 de mayo de 2026,
en relación con el
Informe «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, año 2024».
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 16, sobre información y control parlamentario, de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso, y muy en especial a la luz de lo dispuesto en su apartado 3, emite, con respecto al que se refiere al ejercicio de 2024, el siguiente
DICTAMEN
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No autorizar la venta de armas si existe un riesgo sustancial de que se puedan usar para cometer atrocidades, garantizando el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la legislación española e internacional en la materia.
2. Mejorar los procesos de evaluación de riesgo mediante la incorporación de las mejores prácticas internacionales para garantizar que el historial de derechos humanos del receptor de las armas sea un elemento esencial en las decisiones de
la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) en la evaluación del riesgo.
3. Hacer público el Protocolo de Verificación Ex Post de seguimiento y control del uso de las armas exportadas, al cumplirse seis años de su adopción, llevar a cabo una revisión independiente, cuyos resultados se hagan públicos, sobre su
aplicación para garantizar que se impide el desvío de las armas exportadas e incorporar medidas para que el uso final sea acorde con el derecho internacional.
4. Incorporar al informe anual y así compartir con la Comisión de Defensa los informes de la aplicación del control ex post presentados a la JIMDDU para garantizar la rendición de cuentas y el control parlamentario.
5. Alcanzar los pactos necesarios para cumplir el compromiso expresado por el presidente del Gobierno en numerosas ocasiones (Pleno del 27 de febrero 2025, Pleno de 25 de febrero 2026, etc.) de aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales
antes del final de esta Legislatura. Actualmente, esta legislación impide el acceso a información crucial sobre violaciones de derechos humanos, como la venta de armas a países involucrados en conflictos.
6. Para evitar retrasos en la publicación de las estadísticas como ha sucedido en los tres últimos años, modificar el artículo 19 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso, y hacer público en Internet el informe anual y el semestral de exportaciones de armas respectivamente el 31 de mayo y antes del 31 de diciembre del año en curso.
7. Publicar en internet las licencias autorizadas con periodicidad semestral, como ocurre en otros países europeos exportadores como Reino Unido.
8. Calendarizar reuniones fijas JIMDDU-Comisión de Defensa para avanzar en transparencia y tratar las mejoras del sistema de control.
9. Instar al Estado, junto a otros, a jugar un papel activo tanto de defensa de mecanismos ya existentes como la Convención de Ottawa, como de apoyo a las nuevas iniciativas que se están impulsando para regular el comercio del material de
tortura y acabar con los «robots asesinos».
10. Exigir que cada informe de «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y de productos y tecnologías de doble uso», se presente en tiempo y forma, esto es, sin solapamientos.
11. Promover que la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio Exterior en el marco de la presentación de los informes Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y de productos y tecnologías de
doble uso ante la Comisión de Defensa cumpla estrictamente con su carácter anual, con el objeto de mejorar la función de control al Gobierno, contemplada en el artículo 66.2 de la Constitución Española.
12. Considerar a la industria nacional de Defensa como un sector estratégico y, por tanto, prioritario para las inversiones estatales.
13. Apoyar la investigación nacional y la expansión internacional de las empresas españolas de la industria de defensa.
14. Incluir en el informe un seguimiento anual de las licencias autorizadas en los años de vigencia de la licencia hasta ser realizadas.
15. Añadir una estadística global agregada del CUD ex post que muestre la evolución de esta media a lo largo de los años.
16. Incluir un análisis de los países de destino en cuanto a la cantidad y material exportado en los 5/10 años previos, con el fin de determinar la demanda prioritaria según países.
17. Mejora de la sede electrónica, que posibilite una reducción de la carga burocrática para las empresas y la elaboración de unas estadísticas más detalladas.
18. Mejora de la información a disposición de las empresas para una correcta solicitud de la licencia.
19. Mejora del procedimiento administrativo para reducir la carga burocrática sin reducir capacidad de control.
20. Necesidad de mayores esfuerzos de divulgación por parte de las autoridades competentes, tanto dentro de la Administración como en el sector privado.
21. Trabajar por una mayor y mejor divulgación de las ventajas de contar con una industria sólida en el sector de la Defensa, tanto entre el ámbito empresarial como entre la sociedad civil. Combatir la desinformación que rodea a esta
industria, dando a conocer la importancia que tiene el disponer de una industria de la Defensa referente como garantía del cumplimiento de los mecanismos de control en la exportación a destinos sensibles.
22. Facilitar la internacionalización del sector a través de la iniciativa de una mesa sectorial, con la presencia de la administración (MINDEF, MAEC, Ciencia, Industria, Economía ) junto con el sector (TEDAE y AESMIDE, las asociaciones).
23. Entrega del Informe anual de estadísticas de 2025 y realización de la correspondiente comparecencia antes de fin de año de 2026.
24. Realizar las jornadas con los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso a nivel técnico antes de fin de 2026.
25. Comprometerse a mantener las medidas adoptadas sobre prohibición de transferencias de armas a Israel, incluidos tránsitos y la desconexión tecnológica, especialmente con Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace
Industries (IA1), hasta que se ponga fin al genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid. Estas medidas deben incluir todas las armas, equipo, tecnología o piezas que permitan a Israel llevar a cabo el genocidio en Gaza o mantener su ocupación
ilegal, incluido el equipo policial y de vigilancia utilizado en el Territorio Palestino Ocupado.
26. Garantizar que la cláusula de la defensa de los intereses generales del Real Decreto-ley 10/2025 no se aplicará en ningún caso a transferencias de material de defensa a Israel que pueda contribuir a cometer o facilitar la comisión de
violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
27. Trabajar con los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Rumania, República Checa y Estados Unidos para acabar con el envío de armas a Israel.
28. Seguir mejorando los procesos de evaluación de riesgo incorporando las mejores prácticas internacionales para garantizar que el historial de derechos humanos del receptor de las armas sea un elemento esencial en las decisiones de la
JIMDDU.
29. Habiéndose cumplido ya seis años desde su adopción, compartir con la Comisión de Defensa el Protocolo de Verificación ex post de seguimiento y control del uso de las armas exportadas, llevar a cabo una revisión independiente, cuyos
resultados se hagan públicos, sobre su aplicación para garantizar que se impide el desvío de las armas exportadas, e incorporar medidas para que el uso final sea acorde con el derecho internacional.
30. Seguir aplicando el protocolo ex post de seguimiento de las armas exportadas cuando exista riesgo de desvío o de uso contrario al derecho internacional.
31. Seguir mejorando la evaluación de riesgo y la trazabilidad de la exportación de armas con los recursos y medidas adicionales necesarios para evitar que las armas españolas exportadas a EE.UU. puedan contribuir a facilitar o cometer
violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos tanto en EE.UU. como en operaciones militares en el extranjero. Facilitar información más detallada sobre los usuarios finales, especificando las unidades militares
y las agencias federales receptoras, incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (ICE y CBP, por sus siglas en inglés).
32. Adoptar medidas para denegar las licencias de exportación de armas al ICE/CBP hasta que cese la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas, se haya capacitado mediante programas de formación al ICE sobre las normas
internacionales relativas al uso de la fuerza y las armas de fuego y demuestren en la práctica que las aplican.
33. No autorizar exportaciones de material de defensa susceptibles de ser desviado a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán. En caso de autorizar alguna transferencia susceptible de desvío a Sudán, aplicar estrictamente el protocolo de
verificación del uso para evitar su desvío, compartiendo información al respecto en los foros internacionales pertinentes.
34. Solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU para que amplíe urgentemente el embargo de armas a Darfur al resto de Sudán y refuerce sus mecanismos de vigilancia y verificación.
35. Aplicar las medidas necesarias para garantizar que el gobierno de Ruanda no utiliza para apoyar al grupo rebelde M23 en el este de la República Democrática del Congo los sistemas de defensa aérea y vigilancia, incluidos radares de
vigilancia aérea exportados a las Fuerzas Armadas ruandesas en 2024.
36. De acuerdo con la legislación internacional en vigor, como el artículo 7.2 del Tratado sobre Comercio de Armas sobre medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e
importador, impulsar la adopción de medidas de mitigación de riesgo de uso indebido del material antidisturbios antes de autorizar licencias de exportación de material antidisturbios a países con historial de torturas, malos tratos, violencia e
impunidad de las fuerzas de seguridad.
37. Reforzar la capacidad de la JIMDDU con los recursos necesarios para que, en las exportaciones de material antidisturbios, pueda hacer un análisis exhaustivo y propuestas de programas de formación policial y cooperación judicial para que
las autoridades de los países importadores procesen a las personas responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas y capaciten a las fuerzas de seguridad para el uso de la fuerza de acuerdo con las normas internacionales en la
materia.
38. Incorporar al informe anual y así compartir con la Comisión de Defensa los informes de la aplicación del control ex post presentados a la JIMDDU para garantizar la rendición de cuentas y el control parlamentario.
39. Impulsar la tramitación parlamentaria urgente del proyecto de ley de Información Clasificada.
40. Para evitar retrasos en la publicación de las estadísticas como ha sucedido en los tres últimos años, modificar el artículo 19 del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble
uso para hacer público en Internet el informe anual y el semestral de exportaciones de armas respectivamente antes del 31 de mayo y antes del 31 de diciembre del año en curso.
41. Publicar en internet las licencias autorizadas con periodicidad semestral, como ocurre en otros países europeos exportadores como Reino Unido (que lo hace trimestralmente) o Países Bajos.
42. Calendarizar reuniones fijas JIMDDU-Comisión de Defensa, para avanzar en transparencia y tratar las mejoras del sistema de control.
43. Expresar un compromiso firme con mecanismos internacionales como el Convenio de Ottawa sobre minas antipersonales, el de Dublín sobre bombas de racimo o el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y hacer un llamamiento expreso
a Polonia, los países bálticos y Finlandia a revocar su decisión de retirarse del Convenio de Ottawa. Adoptar un papel activo de apoyo a un tratado sobre los sistemas de armas autónomas.
44. La Comisión de Defensa insta a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso a no conceder autorizaciones administrativas de exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán,
impidiendo exportaciones como las autorizadas en 2024 a ese país de detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros productos, así como reforzar los controles que son de su competencia para cumplir los embargos vigentes respecto a Irán, de
comercio de material de defensa o equipos de represión interna.
45. La Comisión de Defensa insta a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso a incluir en el Informe anual y en los Informes semestrales la información pertinente sobre las
exportaciones de material de defensa y de doble uso, del período de referencia, con indicación, al menos, del valor de las exportaciones por países de destino de manera exacta y no «aproximada», en cumplimiento del artículo 16.1 de la Ley 53/2007,
de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
46. La Comisión de Defensa acuerda que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados el Informe anual sobre las estadísticas sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, dentro de los seis meses
posteriores a la finalización del ejercicio al que se refiere el informe.
47. La Comisión de Defensa acuerda realizar una tasación de las exportaciones de material de defensa y de doble uso autorizadas cuya valoración es cero (sin valor declarado o sin contraprestación), así como detallar la razón de esa ausencia
de coste.
48. La Comisión de Defensa acuerda que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, y del resto de órganos administrativos que participen en los procedimientos establecidos en el Real
Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, se ajustará en el ejercicio de las competencias que tiene
encomendadas al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, absteniéndose de actuar por razones de decisión política o de la conveniencia del Gobierno, ajenas al interés público.
49. La Comisión de Defensa acuerda la comparecencia del titular de la Secretaría de Estado de Comercio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso, se producirá de forma obligatoria en el año siguiente al ejercicio evaluado. En caso de no estar constituida la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, esta se producirá ante la Diputación Permanente.
50. La Comisión de Defensa acuerda establecer de forma reglada el calendario de las dos reuniones anuales de la Comisión de Defensa con la JIMDDU, definiendo el número de componentes por cada Grupo Parlamentario.
51. La Comisión de Defensa acuerda definir una agenda de trabajo entre la Mesa de la Comisión y la Secretaría de Estado de Comercio para las reuniones anuales de la Comisión de Defensa con la JIMDDU.
52. La Comisión de Defensa acuerda ampliar y concretar los recursos humanos, técnicos y económicos dedicados a la labor de control de las exportaciones de material de defensa para los mecanismos necesarios de verificación y control ex
post de uso final en destinos considerados de especial sensibilidad.
53. La Comisión de Defensa acuerda fijar una asignación presupuestaria en la Secretaría de Estado de Comercio para disponer de los instrumentos y medios necesarios de verificación previstos en el Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, por
el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
54. La Comisión de Defensa acuerda conocer en los informes de control de exportación de material de defensa y de doble uso, las conclusiones y opiniones de la JIMDDU respecto de las posibles mejoras del Real Decreto 679/2014, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
55. La Comisión de Defensa acuerda proponer mejoras en los procesos de evaluación de riesgo de las operaciones de envío de material antidisturbios a países con algún historial de violación de derechos humanos.
56. La Comisión de Defensa acuerda mejorar las medidas de control del uso final del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, incluyendo en el CUF (certificado de uso final) sobre garantías del uso de los productos exportados, una cláusula
adicional en la que las autoridades receptoras certifiquen que los bienes recibidos no serán utilizados para facilitar o cometer violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
57. Mantener las medidas adoptadas en materia de prohibición de transferencias de armas a Israel mientras persistan el genocidio, la ocupación ilegal y el apartheid.
58. Garantizar que la cláusula de defensa de los intereses generales contemplada en el Real Decreto-ley 10/2025 no ampare en ningún caso transferencias de material de defensa a Israel que puedan facilitar violaciones graves del derecho
internacional humanitario o de los derechos humanos.
59. Continuar mejorando los procedimientos de evaluación de riesgo en las decisiones de la JIMDDU, incorporando las mejores prácticas internacionales con el fin de garantizar que el historial de derechos humanos del país receptor constituya
un elemento esencial y determinante en el proceso de autorización de exportaciones.
60. Hacer público el Protocolo de Verificación ex post de seguimiento y control del uso de las armas exportadas y compartir con la Comisión de Defensa los datos esenciales de los informes presentados a la JIMDDU.
61. Reforzar la evaluación de riesgo y la trazabilidad de las exportaciones de armas y material de defensa a Estados Unidos, dotando a los organismos competentes de los recursos necesarios para impedir que dicho material contribuya a la
comisión o facilitación de violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
62. Mejorar la información sobre usuarios finales en las exportaciones a Estados Unidos, especificando las unidades militares y agencias federales receptoras, incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP).
63. Aplicar estrictamente el protocolo de verificación del uso final en toda transferencia de material de defensa con riesgo de desvío a Sudán.
64. Aplicar estrictamente el protocolo de verificación del uso final en toda transferencia de material de defensa susceptible de desvío al grupo rebelde M23 en el este de la República Democrática del Congo.
65. No autorizar exportaciones de material de defensa a Myanmar susceptibles de ser utilizadas por la junta militar en la comisión de violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos contra la población
civil, aplicando
estrictamente el protocolo de verificación del uso final en cualquier transferencia con riesgo de desvío hacia dicho régimen.
66. Establecer que toda exportación de material de defensa vaya acompañada de un certificado de destino final y de una certificación emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la que se acredite que el
Gobierno receptor no figura en ninguna lista de sanciones de las Naciones Unidas o de la Unión Europea y que, a juicio del citado Ministerio, el material transferido no será empleado en actos contrarios al derecho internacional, los derechos humanos
o el derecho internacional humanitario.
67. Impulsar, de conformidad con el artículo 7.2 del Tratado sobre el Comercio de Armas, la adopción de medidas de mitigación del riesgo de uso indebido del material antidisturbios como requisito previo a la autorización de licencias de
exportación hacia países con historial documentado de torturas, malos tratos, violencia e impunidad de las fuerzas de seguridad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.El Presidente de la Comisión, Francisco José Conde López.El Secretario de la Comisión, Luc Andre Diouf Dioh.