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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 541, de 02/06/2026
cve: BOCG-15-D-541
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de junio de 2026
Núm. 541
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003467
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Antonio de Frutos Sualdea, guardia civil víctima del terrorismo ... (Página5)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003468
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la condena de la ideología que representan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla ... (Página7)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003479
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la modernización de la función pública y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos a través del consenso y el diálogo
... (Página10)
Comisión de Interior
161/003472
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a incrementar los recursos de la Unidad Central de Repatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página11)
161/003476
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada ... (Página14)
161/003478
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de delegados de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil para mejorar la seguridad, la participación efectiva y el óptimo
aprovechamiento de las oficinas de prevención ... (Página16)
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003477
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo ... (Página18)
161/003487
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la creación de una nueva titulación de formación profesional que se ajuste a las enseñanzas de artesano cuchillero ...
Comisión de Industria y Turismo
161/003493
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de las Fiestas del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional ... (Página22)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003490
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y la lealtad institucional en la modificación del Reglamento General de Costas ...
161/003491
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la construcción de la Presa del Golondrón en el río Guadámez, en el entorno de la localidad pacense de Don Benito, como actuación
estratégica para la seguridad territorial, la cohesión social y el desarrollo socioeconómico del medio rural ... (Página28)
161/003494
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la falta de liderazgo del Gobierno de España en la defensa del sector pesquero en el marco de la nueva diplomacia oceánica de la Unión Europea ...
(Página30)
161/003497
Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas extraordinarias de apoyo al marisqueo gallego y al impulso de una estrategia científico-técnica para analizar las causas de la crisis productiva del sector ...
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003486
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para la defensa del litoral español y los sectores productivos ante los vertidos contaminantes procedentes de Gibraltar ... (Página34)
161/003492
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el impulso de la construcción de la Presa del Golondrón en el río Guadámez, en el entorno de la localidad pacense de Don Benito, como actuación
estratégica para la seguridad territorial, la cohesión social y el desarrollo socioeconómico del medio rural ... (Página36)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003466
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre medidas para garantizar la protección de las familias afectadas por la venta de hipotecas a fondos de inversión ... (Página37)
Comisión de Cultura
161/003469
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a reprobar a Ernest Urtasun, Ministro de Cultura del Gobierno de España ... (Página42)
161/003480
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un Plan nacional de protección, conservación y promoción de los órganos históricos ... (Página44)
Comisión de Sanidad
161/003481
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un fondo estatal
con el que financiar innovaciones para el tratamiento de las enfermedades raras ... (Página49)
161/003482
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha plena y efectiva de la Agencia Estatal de Salud Pública ... (Página50)
161/003483
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha plena y efectiva del «Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud» ...
161/003488
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa al impulso de mejoras en materia de reconocimiento, prevención, tratamiento, investigación y divulgación de la Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica,
Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad ... (Página54)
Comisión de Igualdad
161/003471
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, contra la legislación sobre la llamada «violencia de género» y de denuncia de sus consecuencias ... (Página56)
161/003495
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno ... (Página61)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003485
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para reducir y, en su caso, eliminar los delitos de odio hacia las personas con discapacidad ... (Página64)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Industria y Turismo
181/001828
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre previsiones acerca de respaldar la propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria para constituir un grupo de trabajo conjunto
con los Ministerios de Industria y Turismo y Trabajo y Economía Social, el Ejecutivo autonómico y la multinacional Nestlé con el objetivo de garantizar el mantenimiento del empleo en la planta de La Penilla en Cantabria ...
181/001829
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre medidas previstas para apoyar las inversiones necesarias que aseguren la competitividad futura de la fábrica cántabra Nestlé, en
La Penilla, y evitar los 49 despidos anunciados en el marco del ERE, teniendo en cuenta que, según ha señalado el Gobierno regional, las causas del expediente no son económicas ... (Página66)
181/001830
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre opinión del Ministerio acerca de si la planta de La Penilla en Cantabria tiene un carácter estratégico dentro del tejido
industrial agroalimentario del norte de España y previsiones acerca de activar mecanismos de reindustrialización o ayudas específicas vinculadas al mantenimiento del empleo ... (Página66)
181/001831
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre empresas y proyectos de Cantabria que han resultado beneficiarios de fondos PERTE y fondos europeos durante la presente
legislatura ... (Página67)
181/001832
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre volumen económico total que ha recibido Cantabria procedente de fondos industriales europeos gestionados por el Estado ...
181/001833
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre medidas previstas para mejorar el acceso de empresas cántabras a futuras convocatorias de fondos PERTE ...
181/001834
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre valoración que realiza el Gobierno sobre el impacto real de los PERTE en Cantabria ... (Página67)
181/001835
Pregunta formulada por los Diputados Esther Llamazares Domingo (GP) y Conde López, Francisco José (GP), sobre información que tiene el Gobierno sobre posibles retrasos, incidencias de pago o incumplimientos en contratos actualmente vigentes
entre el Ministerio de Defensa y Santa Bárbara Sistemas, y medidas que piensa adoptar para garantizar su correcta ejecución y evitar impacto sobre la actividad industrial y el empleo en la planta de Trubia ... (Página68)
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001827
Pregunta formulada por los Diputados Ángel López Maraver (GVOX) y Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX), sobre valoración acerca de si es óptimo el estado de nuestra red de carreteras ante los millones de desplazamientos previstos para el
periodo estival ... (Página68)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/039135
Autor: Román Jasanada, Antonio
Belda Pérez-Pedrero, Enrique
Fechas y notificación de la supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso a través de ayuntamientos adheridos al convenio histórico suscrito con la FEMP ... (Página68)
184/039136
Autor: Román Jasanada, Antonio
Belda Pérez-Pedrero, Enrique
Adaptación de los convenios históricos entre ayuntamientos y la FEMP al nuevo marco jurídico, así como supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso ... (Página70)
184/039137
Autor: Román Jasanada, Antonio
Belda Pérez-Pedrero, Enrique
Informes jurídicos que fundamentan la decisión de considerar extinguidos los convenios históricos de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso ... (Página71)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Antonio de Frutos Sualdea, guardia civil víctima del
terrorismo, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Antonio de Frutos Sualdea, guardia civil caído en acto de servicio.
El 3 de mayo de 2026 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario de la muerte en acto de servicio del agente de la Guardia Civil Antonio de Frutos Sualdea, a consecuencia de la actividad de la banda criminal marxista y separatista ETA.
Antonio, asesinado a la edad de 44 años, murió a consecuencia de una explosión cobardemente detonada a distancia en Legazpia (Guipúzcoa), mientras conducía el vehículo policial. ETA tendió una trampa mediante la colocación de una bandera
separatista en un muro del embalse de Urtaza. Falleció en el acto1. Durante aquella época, la colocación de banderas separatistas o de carteles de ETA a modo de reclamo era un método típico de asesinato por parte de la banda terrorista,
particularmente dirigido contra agentes de la ley. En ocasiones adherían o colocaban cerca de las banderas cargas explosivas, o bien las adosaban a cables eléctricos. También las empleaban como señuelo para tender emboscadas, puesto que en aquel
entonces la exhibición de este tipo de banderas estaba prohibida.
Antonio de Frutos era oriundo de Valtiendas (Segovia). En el año 1963 ingresó en la Benemérita, por lo que estuvo trece años al servicio de España como miembro del Instituto armado. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de
Vergara, donde fue alumbrada su primera hija. En 1971, fue ascendido a cabo primero y trasladado al que, trágicamente, acabaría siendo su último destino, la mencionada localidad guipuzcoana
1 https://mapadelterror.com/victims/antonio-de-frutos-sualdea/
de Legazpia. Con su criminal muerte, ETA dejó a su esposa viuda, y a sus tres hijas huérfanas de padre, con edades comprendidas entre los ocho y los doce años. Su familia vivía atemorizada por ETA desde que fue encontrada una bomba en la
garita de su puesto en diciembre de 1975, y habían comprado un piso en Madrid. Esperaban que sus hijas finalizaran el curso escolar para mudarse, pero ETA decidió poner fin a la vida de su padre antes. El mismo día del funeral, su viuda se
trasladó a Madrid con las niñas2.
Segundo. La necesidad de honrar la memoria.
El desconocimiento de estas muertes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada «Ley de Memoria Democrática» que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y el separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley «consagra como portaestandartes de la memoria democrática no sólo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo»3.
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio
exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente enconado y violento cuando se ha dirigido contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad a la Patria común; y contra
aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España. Uno de estos últimos es Antonio de Frutos Sualdea, caído en acto de servicio, ya que dio su vida al acudir a retirar un símbolo que atentaba contra la unidad
nacional, contra la misma existencia de España.
No puede conmemorarse a Antonio de Frutos sin recordar su condición de militar español y de guardia civil. Y también hay que recordar que la Guardia Civil es un Instituto del Ejército fundado por el duque de Ahumada en 1844 cuya función
primordial durante casi dos siglos ha sido velar por la seguridad de los españoles y por el orden público. La Benemérita, como es también conocida, es una institución con un fuerte espíritu de cuerpo, en el que son especialmente apreciadas
determinadas virtudes: sacrificio, disciplina, rectitud, honradez, servicio pero, por encima de todo, el sentido del honor y el amor a la Patria.
El compromiso del Instituto con estos ideales ha sido sellado con sangre. Solamente en las últimas décadas, la banda criminal marxista y separatista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles4, y uno de ellos es el guardia civil Antonio de
Frutos Sualdea. Este agente de la ley murió cumpliendo con su deber, y la cualidad moral que lleva al cumplimiento del propio deber es precisamente el honor. Por ello, también en él se hizo realidad lo estipulado por el citado fundador del
Instituto: «el honor ha de ser la principal
2 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=57
3 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
4 https://web.guardiacivil.es/pdflink/es/54c4e1d3-1455-11f0-9bf8-6d0b3e4c7555/30-de-julio-de-2009.-Fallecen-dos-guardias-civiles-en-el-ultimo-atentado-mortal-de-ETA-en-Espana.pdf?themeconfigpath=/sites/guardiaCivil/.themeconfig
divisa del Guardia Civil». Debe subrayarse que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple
hecho de ser españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en acciones y en principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España como
Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria del cabo primero de la Guardia Civil Antonio de Frutos Sualdea, cincuenta años después de su asesinato, y lo reconoce con agradecimiento por sus años de servicio a la Patria hasta
el sacrificio de su vida en el cumplimiento del deber.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003468
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Teófilo Asarta Cuevas, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y
siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la condena de la ideología que representan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
Los orígenes del Foro de Sao Paulo se remontan a 1990, tras la caída del muro de Berlín, bajo el impulso de Fidel Castro y de Luiz Inácio «Lula» da Silva y como respuesta a la preocupación que suponía para sus apéndices (entre ellos Cuba) la
caída de la Unión Soviética. Ambos personajes han sido determinantes, junto al Foro de Sao Paulo, para el auge de la extrema izquierda y el avance de las ideas totalitarias del comunismo en Iberoamérica. Ambos grupos representan a organizaciones
íntimamente relacionadas con el narcoterrorismo y el narcocomunismo que a través de sus acciones han desestabilizado muchas democracias iberoamericanas, siempre con la finalidad de someter la soberanía de las naciones y de acabar con la libertad y
las instituciones constitucionales a ambos lados del Atlántico. Nos encontramos ante dos organizaciones transnacionales con fines ideológicos, políticos e incluso criminales que funcionan como un bloque monolítico, pervirtiendo las democracias y
las instituciones de los países en los que gobiernan; utilizando estas últimas como plataformas para difundir sus ideas totalitarias, las cuales sumen en la pobreza, la violencia y la ruptura social a los países, como es el caso de Venezuela,
Nicaragua, Colombia o Brasil, entre otros.
Así, el Grupo de Puebla surgió como un intento de lavado de cara a consecuencia del alto grado de corrupción y de la pésima gestión y por tanto el desprestigio que estaba caracterizando a muchos de los gobernantes que formaban parte del Foro
de Sao Paulo. Los gobernantes miembros de estas organizaciones operan de una manera uniforme y, bajo el pretexto de alcanzar la igualdad, conducen a sus pueblos a la pobreza extrema y a las cartillas de racionamiento para dedicar toda la riqueza de
los países a su bienestar personal y a influir en otros difundiendo su ideología.
En la actualidad, este movimiento pervive en foros como la IV Reunión «En Defensa de la Democracia» celebrada recientemente en Barcelona. Este evento congregó a los máximos representantes de los peores regímenes autocráticos del planeta.
De hecho, no fue una cumbre por la democracia, fue una cumbre de propaganda al servicio de Pedro Sánchez y de sus aliados ideológicos.
Así, asistió el guerrillero comunista Gustavo Petro, quien acusa a España de haber cometido genocidios y masacres, mientras su país está controlado por cárteles del narcotráfico y que condena a su población a permanecer bajo el yugo de
éstos. Mismo caso es el que adolece la nación mejicana, que padece la dirección de Claudia Sheinhaum, quien está directamente respaldada por grupos criminales y se niega a combatir abiertamente el narcotráfico. También asistieron el presidente
brasileño Lula da Silva y el sudafricano Cyril Ramaphosa, acusado de una limpieza étnica contra la población blanca en su país.
Segundo. La repercusión del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en la libertad de los pueblos de la Iberosfera.
Tal y como hemos expuesto, tanto Gustavo Petro como Lula Da Silva o Daniel Ortega pertenecen a un grupo de políticos de la izquierda radical en Iberoamérica que persiguen la aplicación de una agenda ideológica que tiene efectos devastadores,
tal y como podemos observar en los siguientes países:
Venezuela: la situación que atraviesan hoy nuestros hermanos venezolanos habría resultado impensable hace apenas dos décadas. Sin embargo, el país ha pasado más de veinte años sumido en una profunda crisis marcada por el miedo, la pobreza
y la pérdida de libertades. Este deterioro ha provocado el éxodo de más de siete millones de venezolanos, que han huido de la miseria, el hambre, la represión, la censura y la opresión. La crisis económica, social e institucional ha transformado
radicalmente la vida en el país. En este contexto, la reciente intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro han supuesto un punto de inflexión en la situación política. Gracias a
estos acontecimientos, se perciben ciertos indicios de cambio, con una progresiva reconfiguración del poder y expectativas de mejora en las condiciones del país.
Cuba: en este país, con el que nos unen profundos lazos de hermandad y en el que pervive el régimen comunista y totalitario establecido por Fidel Castro, impulsor decisivo del Foro de Sao Paulo, la población vive en una situación de falta
de libertad permanente y absoluta. La represión llevada a cabo por el poder incluye un sinfín de detenciones arbitrarias y miles de procedimientos penales carentes de cualquier tipo de garantía de derecho, con prácticas represivas absolutamente
inadmisibles que incluyen el uso de la tortura. El número de personas apresadas a causa de sus ideas políticas supera las 1.000 personas1.
Nicaragua: el tirano Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes ostentan el poder total y representan la continuidad del sandinismo. Su llegada al poder contó con el apoyo del régimen bolivariano que financió al Frente Sandinista
de Liberación Nacional. El país sufre una profunda crisis; las revueltas contra el poder de 2018 terminaron con 350 víctimas mortales, 760 presos políticos y numerosos exiliados2. El nivel de represión que se vive en Nicaragua es elevadísimo,
viven instalados en un régimen de supresión de libertades y los nicaragüenses se encuentran sometidos a un control y vigilancia constantes por parte del régimen sandinista.
Tercero. Conclusión.
Es una obligación denunciar el blanqueamiento de regímenes comunistas y totalitarios. El apoyo del actual Gobierno de España a este tipo corrientes ideológicas supone una ofensa al histórico papel que nuestra Nación ha mantenido siempre en
Hispanoamérica. Es intolerable que nuestras instituciones abran las puertas a los representantes y protectores de los regímenes comunistas más sangrientos y totalitarios que permanecen vivos gracias al Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo.
España tiene la obligación de trabajar en defensa de naciones libres, instituciones sólidas y prosperidad para los pueblos. No podemos permanecer impasibles ante la amenaza que suponen esos modelos de gobierno totalitarios y que se extienden por
una serie de países con los que nos unen profundos lazos de hermandad, fruto de un pasado común y de una historia compartida, de la que perviven entre otras muchas cosas, el tesoro de la lengua que nos hermana. Se debe trabajar para detener
cualquier intento de expansión de esta ideología destructiva encarnada en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, y plantar cara a la amenaza que se cierne sobre España y sobre otras naciones del mundo occidental.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Poner en marcha todas las medidas de política internacional a su alcance para evitar que las naciones de la Iberosfera retrocedan en el régimen de libertades propio de las naciones libres y soberanas.
2. Expresar su deseo de paz, de libertad y de prosperidad en todos los países de la Iberosfera, de modo muy singular en Venezuela, Cuba o Nicaragua, en donde se viven con mayor ferocidad las consecuencias y los estragos causados por los
regímenes totalitarios protegidos y amparados por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
1 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/07/cuba-autoridades-deben-liberar-personasinjustamente-encarceladas-eliminar-leyes-represivas/
2 https://www.univision.com/noticias/america-latina/350-muertos-760-presos-politicos-y-65-000-exiliadosel-oscuro-saldo-de-un-ano-de-crisis-en-nicaragua
3. Solicitar de manera expresa la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, Nicaragua y Cuba.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García y Alberto Asarta Cuevas, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003479
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la modernización de la
función pública y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos a través del consenso y el diálogo, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El personal al servicio de las administraciones públicas constituye un pilar esencial del funcionamiento del Estado. Son quienes garantizan, con profesionalidad y dedicación, que los ciudadanos reciban los servicios que sostienen nuestro
bienestar colectivo.
Pese a ello, sus condiciones laborales, retributivas y profesionales han experimentado un progresivo deterioro ante la falta de planificación estratégica del Gobierno, que continúa actuando con improvisación, ausencia de diálogo real y un
uso propagandístico de cuestiones que requieren rigor, estabilidad y acuerdo.
La interlocución con los representantes de los trabajadores sigue marcada por la indefinición, la falta de propuestas completas y la ausencia de una hoja de ruta transparente. Las convocatorias de negociación, cuando se producen, no
permiten abordar con garantías asuntos capitales para los empleados públicos: recuperación del poder adquisitivo, implantación de la jornada de 35 horas, jubilación parcial, carrera profesional, movilidad interadministrativa, equiparación
retributiva, reducción de la temporalidad o modernización administrativa.
El resultado es un clima de incertidumbre permanente que impide avanzar en acuerdos sólidos y que ha generado un profundo malestar en un colectivo esencial para el país. De hecho, siguen previstas huelgas y manifestaciones por la desidia
demostrada por parte del Gobierno.
La pérdida de poder adquisitivo acumulada, el envejecimiento de las plantillas, los retrasos en los procesos de estabilización, la precariedad en sectores críticos y la ausencia de incentivos al desempeño son problemas estructurales que
requieren una política pública ambiciosa y sostenida. Sin embargo, el Gobierno ha optado por una estrategia de anuncios inconcretos, gestos simbólicos y ausencia de compromisos verificables, algo que ha generado entre los empleados públicos la
sensación de que su esfuerzo no es debidamente reconocido y de que sus reivindicaciones y necesidades no se tienen en cuenta por parte del Gobierno.
A ello se añade que el actual responsable del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido históricamente posiciones políticas que en su día avalaron recortes salariales a los empleados públicos recordemos
su voto a favor en el recorte de derechos salariales del año 2010, algo que se certifica también en su falta de coherencia con las necesidades actuales del colectivo. Hoy, en lugar de impulsar una política integral de fortalecimiento de la
Administración, persiste la misma
lógica: falta de claridad, ausencia de planificación y una práctica negociadora incapaz de ofrecer soluciones reales.
La Administración necesita una estrategia que supere la inercia y devuelva al servicio público la estabilidad, la motivación y el reconocimiento que merece. Los empleados públicos no pueden seguir soportando políticas basadas en la
improvisación, los vacíos de gestión y las decisiones unilaterales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Retomar y garantizar un diálogo social efectivo con las organizaciones representativas del personal al servicio de las Administraciones Públicas, convocando la Mesa General de Negociación con propuestas concretas y fundamentadas, capaces
de abordar las reivindicaciones acumuladas en materia de condiciones laborales, retributivas y profesionales.
2. Presentar una hoja de ruta clara, ordenada y accesible públicamente, que permita estructurar los procesos de negociación en materia de función pública, con la finalidad de asegurar la participación de los representantes de los empleados
públicos en todas las fases de la toma de decisiones.
3. Reforzar los mecanismos de interlocución institucional entre el Ministerio competente y las organizaciones representativas de los empleados públicos, evitando prácticas unilaterales, anuncios sin contenido técnico o comunicaciones que no
hayan pasado previamente por los canales formales de negociación.
4. Impulsar un plan integral de modernización y reconocimiento del servicio público, orientado a mejorar la gestión del talento, recuperar progresivamente el poder adquisitivo, reducir la temporalidad, rejuvenecer las plantillas,
profesionalizar la carrera administrativa y acelerar la digitalización de la Administración, con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad y una función pública motivada y eficaz.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López, José Vicente Marí Bosó, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez
Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Alfonso Carlos Macías Gata y Evarist Aznar Teruel, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003472
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a incrementar los recursos de la Unidad Central de Repatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía, para su discusión en la Comisión de
Interior.
Exposición de motivos
Primero. El aumento exponencial de la criminalidad y su relación con la invasión migratoria.
La llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno ha estado marcada por dos constantes: el aumento exponencial de la criminalidad y la invasión inmigratoria. Ambas cuestiones se encuentran avaladas por los datos oficiales
publicados por el propio Ejecutivo. Así, entre el año 2017 y el 2025, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 76 %, los secuestros un 65 %, los delitos por tráfico de drogas, un 75 %. Es especialmente alarmante
el incremento exponencial de los delitos contra la libertad sexual (+85 %), y en particular, las agresiones sexuales con penetración (+286 %).
Si a ello sumamos, la sobrerrepresentación de los extranjeros en los citados delitos contra la libertad sexual, resulta más que evidente que existe una relación entre inmigración y criminalidad. En concreto, y según el Informe sobre delitos
contra la libertad sexual 2024, publicados por el Ministerio del Interior, prácticamente el 40 % de los detenidos por delitos contra la libertad sexual en 2024 son de nacionalidad extranjera, cuando apenas representan el 14 % de la población1. A
mayor abundamiento, los marroquíes son la nacionalidad extranjera más numerosa. (1.100 detenidos, un 8 % del total, cuando sólo representan un 2 % del total de población en España). Asimismo, entre los detenidos por delitos contra la libertad
sexual, en la franja de 18 a 30 años, el porcentaje de extranjeros asciende hasta el casi el 49 %, siendo los marroquíes el mayor grupo (445 de 1.910 detenidos2). Por último, deviene necesario añadir que en la franja de 31 a 40 años, los
extranjeros suponen el 51 %, superando a los españoles incluso en términos absolutos3.
Segundo. El crucial papel de la de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y, en especial, la Unidad Central de Repatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía.
Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 207/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le corresponde «el control de
entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración». Asimismo, y
dependientes de la citada Comisaría General, se encuentran la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales («UCRIF») y la Unidad Central de Repatriaciones.
A la UCRIF le corresponde «la planificación, coordinación y control de la investigación de las actividades delictivas relacionadas con la trata de seres humanos, el tráfico de personas, la inmigración ilegal y cualquier otro delito en
conexión con los anteriores, en el ámbito nacional e internacional»4. Por su parte, a la Unidad Central de Repatriaciones le corresponde «la dirección y ejecución de las expulsiones, las devoluciones, el control y la coordinación de los Centros de
Internamiento de Extranjeros y de los Centros de Asistencia Temporal de Extranjeros, la gestión policial en materia de menores extranjeros no acompañados. Realiza las gestiones tendentes a la determinación de la nacionalidad de procedencia y la
identidad de los ciudadanos extranjeros indocumentados. Coordina el cauce de información con los establecimientos penitenciarios referente a la excarcelación de extranjeros. Asimismo, es el Punto
1 Informe sobre delitos contra la libertad sexual 2024, p. 52, Ministerio del Interior, Disponible [en línea]:
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/publicaciones-periodicas/informe-sobre-delitos-contra-la-libertad-e-indemnidadsexual-en-Espana/Informe_DelitosSexuales24
_v111225_ACC _OK.pdf
2 Ibidem. p. 56.
3 Ibidem. p. 57.
4 https://www.policia.es/_ca/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgextranjeriayfronteras.php
Nacional de Contacto en materia de asistencia en casos de tránsitos internacionales a efectos de repatriación, así como en la gestión y coordinación en la organización de vuelos conjuntos de repatriación de nacionales de terceros países en
el seno de Estados miembros de la Unión Europea y países asociados a Schengen.»
Según datos facilitados por el Gobierno, entre los años 2019 y 2024 se habrían ejecutado menos de 13.000 órdenes de expulsión de inmigrantes ilegales. Mientras tanto, tan solo las entradas subrepticias a nuestro país ascienden a casi
270.000 en el mismo periodo de tiempo. Así, se observa una gran disparidad entre el número de inmigrantes que entra ilegalmente en nuestro país y el número de los que, finalmente, son expulsados. A mayor abundamiento, conviene reseñar que este
dato no incluye las entradas fraudulentas, lo que agravaría todavía más, la problemática sobre la ejecución de las órdenes de expulsión.
Ello se debe a las instrucciones del Gobierno y, en especial del ministro Grande-Marlaska, que ha sometido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a un debilitamiento hasta el extremo desde su llegada al Ejecutivo. Tal es así que
incluso el Gobierno ha elaborado la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana junto con los grupos de Bildu, ERC y PNV, todos ellos enemigos declarados de la unidad nacional. Así, se pretende el
debilitamiento del principio de la autoridad policial, sometiéndola a un cuestionamiento continuo. De hecho, el desmenuzamiento de la soberanía nacional, el debilitamiento del Estado frente a los enemigos de España son dos muestras claras e
identitarias de este Gobierno. Y todo ello para aguantar en el Palacio de La Moncloa un poco más.
Mientras tanto, los hombres y mujeres de las FCSE padecen unas condiciones laborales pésimas, en las que carecen del material necesario para hacer frente a una criminalidad creciente, cada vez más encaramada por culpa de la abulia del
Gobierno, y en especial, del ministro Marlaska.
Tercero. Conclusiones.
Por todo lo señalado, resulta evidente que nuestro país se encuentra sumido en una espiral de criminalidad creciente, siendo una de las causas primigenias la invasión inmigratoria que sufren los españoles y que es patrocinada por el
Ejecutivo. Tanto por su abulia a la hora de combatir la inmigración ilegal, como por su favorecimiento a través de una legislación en materia de extranjería cada vez más laxa y que tiene su punto culmen con el proyecto de Real Decreto que permitirá
la regularización de millones de extranjeros.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Aumentar los medios materiales, los recursos económicos y la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, de la Unidad Central de Repatriaciones del Cuerpo Nacional de Policía al objeto de que sus miembros
puedan ejercer sus funciones de una forma eficaz, eficiente y segura.
2. Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del respaldo institucional necesario para garantizar el principio de autoridad y el uso de los medios necesarios para poder cumplir con su misión.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003476
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, para su discusión en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Guardia Civil, Instituto Armado de naturaleza militar con más de 180 años de existencia, ha demostrado, a lo largo de su dilatada vida y a través de todas las vicisitudes históricas, un amor y entrega sin límites al servicio de la Patria.
Sus miembros, que constituyen el núcleo más numeroso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran distribuidos por todos los rincones del territorio nacional, en permanente vigilancia al servicio de la Nación española.
Entre las misiones encomendadas a la Guardia Civil figura la de evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y los demás tráficos ilícitos. Lamentablemente, en el desempeño de dichas funciones, en la mañana del 8 de mayo de 2026, en
torno a las 11:00 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva, y durante el desarrollo de un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva
iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha.
En el transcurso de dicha persecución se produjo una embestida que provocó el fallecimiento de un Capitán y un Guardia Civil: uno de ellos murió en el acto y el otro durante su traslado al hospital. Asimismo, otros dos agentes resultaron
heridos, evidenciando una vez más la extraordinaria peligrosidad de las actuaciones que la Guardia Civil desarrolla frente al narcotráfico, el contrabando y las organizaciones criminales que operan en este ámbito.
Es cierto que la íntima satisfacción del deber cumplido constituye la mayor recompensa a la que puede aspirar un Guardia Civil, y que, desde la fundación del Benemérito Cuerpo, la Guardia Civil ha profesado que «el Honor es la principal
Divisa». Pero también es cierto que quienes consagran su vida al servicio de los demás, mediante la superación de sacrificios, riesgos y fatigas, merecen estar dotados, en todo momento, de todos los medios humanos, los recursos materiales, la
seguridad jurídica y el amparo legal necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones.
No resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física. La
Guardia Civil en su misión de protección de la seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el territorio y costas españolas, debe disponer de plantillas suficientes, vehículos y embarcaciones,
equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
De forma especial, debe garantizarse que todas las Unidades que lo precisen cuenten con los medios materiales, el equipamiento táctico y operativo, el armamento reglamentario y la munición necesarios para actuar con plena eficacia y
seguridad, evitando que los agentes se encuentren en situación de inferioridad material frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
Pero no basta con disponer de excepcionales profesionales y medios humanos, ni con dotar a la Guardia Civil de los mejores recursos materiales, tácticos y operativos
adecuados si el ordenamiento jurídico deja desprotegidos a quienes se enfrentan a criminales violentos y arriesgan su vida en cumplimiento del deber.
Por ello, resulta imprescindible promover las reformas legales necesarias para reforzar la cobertura jurídica de los agentes en acto de servicio, de modo que quienes defienden el orden y la ley, y la libertad y la seguridad de los españoles
no se vean sometidos a un calvario judicial, o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones realizadas en el legítimo ejercicio de sus funciones, sino que reciban el amparo institucional debido y, cuando proceda, el
reconocimiento público que merecen.
Por último, por estricto deber de justicia, debe reconocerse de forma expresa la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil con carácter general y sin excepción, salvo respecto de quienes se encuentren en
situación de suspensión de empleo o de suspensión de funciones.
Asimismo, debe garantizarse la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan
funciones equivalentes, asegurando una homologación retributiva plena, estable y permanente, acorde con la responsabilidad, peligrosidad, disponibilidad y sacrificio inherentes al servicio que prestan, específicamente, el personal de Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Vigilancia Aduanera, Instituciones Penitenciarias y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.
Asimismo, debe rechazarse cualquier política de cierre, abandono o desmantelamiento indiscriminado de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural. La necesaria reorganización funcional de Puestos o unidades administrativas no
puede confundirse con la desaparición de acuartelamientos y viviendas que, durante décadas, han contribuido a vertebrar el territorio, fijar población, favorecer el arraigo de los agentes y sus familias y garantizar una presencia real y visible de
la Guardia Civil en los municipios rurales.
Por ello, resulta imprescindible conservar, mantener y dignificar aquellas Casas Cuartel que sean necesarias para asegurar alojamiento adecuado, proximidad institucional, capacidad operativa y una respuesta eficaz frente a la inseguridad,
evitando que su cierre agrave la despoblación, la sensación de abandono y la pérdida de servicios esenciales en la España Rural.
Junto a lo anterior, resulta obligado dignificar y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, especialmente de quienes han ofrecido su vida por España o han resultado heridos en acto de servicio, mediante la
concesión de las condecoraciones y recompensas regionales o locales que procedan, garantizando siempre la reserva de su identidad y el respeto a su intimidad personal y familiar.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Garantizar que todas las unidades de la Guardia Civil que lo requieran en su combate contra el narcotráfico y la criminalidad organizada dispongan del equipamiento táctico y operativo, del armamento y la munición necesarios para actuar
con plena eficacia y seguridad, evitando situaciones de inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
2. Generar protocolos operativos que incluyan reglas de enfrentamiento que cataloguen lo que es una fuerza letal, por ejemplo las narcolanchas, y permitan responder con otra fuerza letal ante la desobediencia a los agentes de la autoridad.
3. Promover las reformas legales necesarias para reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los miembros de la Guardia Civil que actúen en el legítimo ejercicio de sus funciones, evitando que puedan
verse sometidos a un calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones legítimas realizadas en cumplimiento del deber.
4. Reforzar de forma urgente los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de la Guardia Civil, especialmente de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que operan
en el territorio y costas españolas.
5. Específicamente dotar a la Guardia Civil de plantillas suficientes, vehículos, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación, embarcaciones de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y demás recursos operativos
adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
6. Reconocer expresamente la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil, con carácter general y sin excepción.
7. Garantizar la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan funciones
equivalentes, mediante una homologación retributiva plena, estable y permanente.
8. Impedir el cierre, abandono, enajenación o desmantelamiento de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural, diferenciando en todo caso la eventual reorganización funcional de los Puestos de la conservación de los
acuartelamientos y viviendas que resulten necesarios para garantizar la presencia efectiva de la Guardia Civil, proporcionar alojamiento digno a los agentes y sus familias, favorecer su arraigo e integración en las comunidades locales y contribuir a
la vertebración, seguridad y vitalidad de los municipios rurales.
9. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para dignificar, proteger y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, honrando de manera especial a quienes han ofrecido su vida por España, o han sido heridos en acto
de servicio.
10. Proceder a la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra narcotráfico.
11. Asimismo, proceder a la concesión, con carácter individual, de la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en favor de los Guardias Civiles fallecidos y heridos en acto de servicio, en atención a su entrega a España,
garantizando en todo momento la reserva de su identidad, la confidencialidad inherente a su función y el respeto a su intimidad personal y familiar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003478
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de delegados de
prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil para mejorar la seguridad, la participación efectiva y el óptimo aprovechamiento de las oficinas de prevención, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La prevención de riesgos laborales constituye un derecho reconocido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/391/CEE relativa a la seguridad y
salud de los trabajadores.
En el ámbito de la Guardia Civil, dicha normativa se adapta mediante el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, y la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo. No obstante, el modelo vigente limita la participación del personal a la Comisión
Permanente sobre Prevención de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil (artículo 25 del Real Decreto 175/2022), configurando un sistema excesivamente centralizado.
Esta centralización resulta insuficiente para dar respuesta eficaz a las necesidades preventivas de una organización con más de 80.000 efectivos distribuidos en más de 2.200 unidades territoriales, ya que dificulta la identificación ágil de
riesgos específicos en cada destino, retrasa la adopción de medidas preventivas adaptadas a realidades diferenciadas como las existentes entre entornos rurales y urbanos y sobrecarga un único órgano de ámbito nacional.
Asimismo, este modelo contraviene los principios de descentralización y participación recogidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, limitando la implicación directa de los representantes del personal en los distintos niveles
territoriales.
En este sentido, la implantación de delegados de prevención en ámbitos inferiores, elegidos democráticamente por asociaciones profesionales representativas, permitiría una actuación más próxima, eficaz y adaptada a las particularidades de
cada unidad.
Este planteamiento se alinea con modelos existentes en otros cuerpos, como el de la Policía Nacional, donde el Real Decreto 2/2006 prevé la existencia de delegados de prevención en distintos niveles organizativos. Pues, contribuiría a dar
respuesta a las demandas de los profesionales y a las exigencias derivadas del cumplimiento del derecho europeo en materia de seguridad y salud laboral.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Modificar el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, y la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo, con el fin de crear la figura de delegados de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, designados por las asociaciones profesionales
representativas con presencia en el Consejo de la Guardia Civil.
Establecer un sistema de designación de delegados de prevención que garantice su presencia en los distintos niveles territoriales, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Asignar a cada asociación profesional representativa un delegado de prevención por cada Zona y otro por cada Comandancia.
b) Determinar un número adicional de delegados de prevención por demarcación en función del censo de efectivos de cada escala en la unidad correspondiente, conforme a criterios análogos a los previstos en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995.
A estos efectos, se asignará un delegado adicional cuando la plantilla esté comprendida entre 2 y 9 efectivos; dos delegados adicionales cuando se sitúe entre 10 y 49 efectivos; tres delegados adicionales cuando alcance entre 50 y 100
efectivos; cinco delegados adicionales cuando se encuentre entre 101 y 500 efectivos; siete delegados adicionales cuando esté entre 501 y 1.000 efectivos; y, en el caso de plantillas superiores a 1.000 efectivos, se asignará un delegado adicional
por cada 1.000 efectivos o fracción.
Reconocer a los delegados de prevención las competencias previstas en el artículo 36 de la Ley 31/1995, incluyendo la vigilancia y control de las condiciones de trabajo, la participación en la evaluación de riesgos, la intervención en la
planificación de la actividad preventiva, así como en los planes de emergencia y en los órganos de prevención en su respectivo ámbito territorial.
Garantizar a los delegados de prevención un crédito horario suficiente para el ejercicio de sus funciones, con un mínimo de ocho horas semanales prorrogables en función de las necesidades del servicio, así como las garantías y protección
previstas en el artículo 37 de la Ley 31/1995.
Coordinar la actuación de los delegados de prevención con los servicios de prevención propios de cada Zona y Comandancia, conforme a lo dispuesto en la Orden INT/724/2006, de 10 de marzo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco e Irene Garrido Valenzuela, Diputadas.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
161/003477
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo, para
su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deporte.
Exposición de motivos
Desde hace pocos años asistimos a un preocupante retorno del machismo y una clara regresión en los valores históricos de igualdad entre hombres y mujeres que tanto costó conquistar y consolidar. Esta regresión está cristalizando, sobre
todo, en las generaciones más jóvenes, con fenómenos simultáneos alarmantes. Y, como apunta el Informe «Juventud en España, 2024» (INJUVE), esta problemática está afectando, sobre todo, a cómo una parte de la juventud de nuestro país se está
socializando y construyendo sus vínculos sexoafectivos dentro de un entorno digital hipersexualizado.
Por un lado, la aparición de la «generación porno» con una creciente hipersexualización precoz de niñas y adolescentes y el consumo disparado de los contenidos pornográficos como única fuente de educación afectivo-sexual. Según distintos
estudios, el 53 % de los niños entre 6-12 años aseguran que han visto contenido sexual en Internet sin querer (por la proliferación de banners), casi el 70 % de los adolescentes españoles entre 13 y 17 años consume pornografía de manera frecuente y
nueve de cada diez padres ignoran que sus hijos consumen pornografía online. Es altamente preocupante que el 30 % de los niños entre 8 y 12 años sólo tiene la pornografía como educación sexual.
En este mismo sentido, el informe del INJUVE señala que el 52 % de los jóvenes reconoce que visita aplicaciones o páginas web con contenido pornográfico y que, de ellos, el 28 % accede, al menos, una vez por semana. Además, existe una
marcada brecha de sexo: ya que únicamente el 26 % de los hombres declara que nunca ha consumido pornografía, frente al 63,5 % de las mujeres.
Por otro lado, se constata el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores (un 116 % más entre 2017-2022 según la Fiscalía General del Estado). En España, el 13,7 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual. El 12,4 % de los
casos fueron agresiones grupales (Macroencuesta 2019). A ello debemos añadir un dato preocupante que se enmarca en cómo la juventud está construyendo sus vínculos sexoafectivos y, especialmente, a cómo está comprendiendo el consentimiento a la hora
de mantener relaciones sexuales: según el INJUVE, más de un 10 % de la juventud declara que ha tenido relaciones sexuales que no ha querido tener. Y, si se agregan las respuestas vinculadas con el consentimiento, el porcentaje aumenta al 32 %
entre las mujeres y al 19 % entre hombres. Estos resultados refuerzan los datos obtenidos en el IV Macroestudio de violencia de género «Tolerancia Cero» (2023) en el que un 17 % de los jóvenes varones entre 16 y 21 años no considera que forzar a
una pareja a tener relaciones sexuales sin su
consentimiento sea violencia sexual; percepción que contrasta con los resultados del informe «La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España» (Díaz-Aguado et al., 2021) que destaca que existe una relación entre
chicas que afirman haberse sentido presionadas para situaciones sexuales no deseadas y aquellas que manifiestan haber sufrido violencia de género por parte de su pareja.
Además, esto se produce en un contexto alarmante de repunte de la violencia de género. Las cifras indican que el 99,6 % de los agresores sexuales son hombres (Macroencuesta 2019). El Informe de la Fundación FAD apunta a que el porcentaje
de jóvenes que consideran la violencia de género como inevitable o la niegan directamente a crecido hasta 36,5 % en 2025.
Por tanto, el problema no es únicamente el acceso a un entorno digital hipersexualizado, sino que ello está afectando también a una posición de desigualdad entre sexos, en una banalización de la violencia sexual y en una confusión en torno
al consentimiento.
Y es que el 90 % de las familias no saben lo que ve su hijo en internet. El tipo de contenido al que los menores acceden son escenas «agresivas» o «violentas»; en un 94 % esa violencia es contra las mujeres y en un porcentaje similar esas
imágenes dan a entender que a las protagonistas les gusta ser tratadas así. Datos que vendrían a corroborar el hecho de que el acceso temprano al contenido pornográfico puede influir en la conducta sexual de la juventud, en especial si no existe
una educación sexoafectiva previa y suficiente que permita a la juventud distinguir entre lo que es realidad y ficción.
Por ello, el peligro no es tanto que vean pornografía sino que su sexualidad, que se está formando en esas edades, asuma como normales comportamientos agresivos, violentos. Es decir, la problemática radica en que la pornografía sustituya a
una educación sexoafectiva familiar y escolar, basados en un modelo de dominación, desigualdad entre sexos y la normalización de prácticas violentas o degradantes. Así que existe la necesidad de la coeducación, del respeto entre iguales, de
«incorporar» de forma «más decidida» la educación afectiva y sexual en la familia y en el círculo escolar para prevenir, reducir y evitar múltiples riesgos como la exposición a contenidos inadecuados (violencia o pornografía), o retos virales
peligrosos.
Ello va en línea con la «Estrategia Juventud 2030», la cual propone una educación afectivosexual integral que contrarreste la pornografía como fuente educativa: es decir, que evite embarazos no deseados y promueva unas relaciones
sexoafectivas saludables y satisfactorias, libres de violencias, que aborden temas como el consentimiento, la gestión emocional y la construcción de relaciones saludables, además de prevenir embarazos e ITS.
Estas estrategias se ven reforzadas por el papel que viene desempeñando en el ámbito europeo el Consejo de Europa en materia de educación sexual, a través de la aprobación de distintas resoluciones.
De un lado, la Resolución 2649 (2026) de la Asamblea Parlamentaria, al abordar las causas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida su dimensión digital, apunta a la educación y a la sensibilización sobre igualdad de
género y roles no estereotipados, así como a una educación sexual integral adecuada a la edad.
Por otra parte, la Resolución 2629 (2025) también incide en la necesidad de implementar una educación sexual integral adecuada a la edad, orientada, entre otras finalidades, a proporcionar a los niños varones el conocimiento y el lenguaje
necesarios para protegerse y respetar los límites de los demás, así como a abordar la integridad corporal y el consentimiento sexual en la educación y en las medidas de sensibilización.
Finalmente, el Consejo de Europa está trabajando en una Recomendación específica sobre educación sexual integral, en línea con las resoluciones anteriores. En este borrador, dirigido a prevenir y combatir la violencia contra la infancia, se
propone, entre otras medidas, una educación sexual integral adecuada a la edad, con una clara función preventiva, transmitiendo información sobre el valor y la importancia del consentimiento en el respeto de la integridad personal y la autonomía
corporal propia y de los demás. Asimismo, el texto subraya que tanto los padres como los tutores son actores principales
en la protección de los niños frente a la violencia y que, en este sentido, los profesores deben recibir formación específica sobre educación sexual integral adecuada a la edad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando, en colaboración con las administraciones educativas, actuaciones para desarrollar la educación afectivo-sexual y emocional en las aulas encaminadas a:
Promover actuaciones de formación del profesorado vinculadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
Promover la elaboración y el intercambio de materiales didácticos relacionados con la educación afectivo-sexual para todas las etapas educativas con los contenidos previstos en la LOMLOE.
Cooperar con las Administraciones educativas respecto a los protocolos contra la violencia sexual, el ciberbullying, y contra cualquier tipo de violencia.
Promover la sensibilización de familias sobre la educación sexual y bienestar emocional.
Reforzar la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el Ministerio de Sanidad en las materias relacionadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
Difundir materiales didácticos aplicados a la formación en promoción y educación para la salud, que incluyan la educación afectivo-sexual, tales como la Guía de Escuelas Promotoras de Salud.
Promover la cooperación técnica con las CC.AA. en materia de educación afectivo-sexual y salud escolar a través de grupos de trabajo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.María Luz Martínez Seijo, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una nueva
titulación de formación profesional que se ajuste a las enseñanzas de artesano cuchillero, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Uno de los objetivos del Sistema de la Formación Profesional es adecuar los niveles de cualificación de la población activa a las necesidades de los sectores productivos y desarrollar un sistema de Formación Profesional a lo largo de la vida
flexible, accesible, acumulable, acreditable y capitalizable. Así lo establece la legislación vigente en materia de Formación Profesional, en particular la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación
Profesional.
En este marco, el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que sirve para evaluar y acreditar las competencias profesionales
que se adquieren por la experiencia laboral o la formación. Incluye las cualificaciones
profesionales más significativas del sistema productivo español por familias profesionales y niveles según los criterios establecidos por la Unión Europea.
El sector de la cuchillería constituye una actividad industrial y artesanal con una fuerte implantación territorial y una larga tradición histórica en España, especialmente en la provincia de Albacete, siendo referente histórico e
internacional del sector cuchillero, con un peso significativo en la economía local y provincial y una importante actividad exportadora.
En la actualidad, en la provincia existen alrededor de unas 40 empresas de cuchillería, con 1.200 familias trabajando en el sector. Albacete produce el 90 % de la cuchillería nacional, según datos de la Cámara de Comercio de Albacete de
2023. Y fue la principal provincia exportadora del país, alcanzando un valor de 19,4 millones de euros, según un informe de la Fundación COTEC.
La Escuela de Cuchillería de Albacete, fundada en 1999, es la primera escuela homologada de Formación Profesional con un título homologado de cuchillero. No obstante, la profesión de artesano cuchillero no cuenta actualmente con una
titulación específica de Formación Profesional integrada en el sistema oficial.
A pesar de su relevancia económica, cultural y artesanal, el sector se enfrenta a desafíos estructurales, entre ellos la competencia internacional y la falta de relevo generacional.
La ausencia de reconocimiento oficial de las competencias profesionales dificulta la transmisión del oficio, la incorporación de nuevos profesionales y la valorización laboral de esta actividad.
El reconocimiento del perfil profesional de artesano cuchillero dentro del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales permitiría abrir un camino profesional a los profesionales de la cuchillería, facilitar la acreditación
oficial de competencias adquiridas por experiencia laboral, favorecer la conservación de un oficio tradicional con relevancia económica e impulsar la cualificación y competitividad del sector, contribuyendo a garantizar el relevo generacional y a
mantener el empleo en los territorios donde esta actividad está implantada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La creación de una nueva titulación de formación profesional que se ajuste a las enseñanzas de artesano cuchillero, modificando para ello el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales e incorporando la cualificación
profesional correspondiente al perfil de artesano cuchillero.
2. Una vez creada la titulación, se facilitará la homologación o convalidación de los títulos que hubieran sido expedidos por las escuelas de cuchillería con anterioridad a la fecha de modificación del catálogo.
3. Impulsar programas de formación profesional en diseño y trabajo de la cuchillería, vinculados de manera directa a talleres y centros de producción activos.
4. Promover convenios de colaboración entre los talleres, centros de formación profesional, universidades y entidades culturales, con el fin de desarrollar itinerarios formativos que integren artesanía, diseño contemporáneo e innovación.
5. Defender y proteger públicamente el sector de la cuchillería como una actividad artesanal, industrial y cultural estratégica, promoviendo todas las medidas que garanticen la continuidad del oficio, el relevo generacional y la
comercialización del producto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Carmen Navarro Lacoba, Antonio Martínez Gómez, Cristina Teniente Sánchez, Óscar Clavell López y Jaime Miguel de los Santos González, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/003493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de las Fiestas del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés
Turístico Nacional, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
En el municipio de Caspe, al este de la provincia de Zaragoza, se celebran anualmente las Fiestas del Compromiso de Caspe, una recreación histórica que rememora el Compromiso de Caspe, acontecimiento clave en la historia de la Corona de
Aragón. Tras la muerte sin descendencia del rey Martín I de Aragón, se abrió un complejo conflicto sucesorio que afectó a los distintos territorios de la Corona.
Para resolverlo, se designó un grupo de compromisarios representantes de Aragón, Valencia y Cataluña, quienes, reunidos en la villa de Caspe en 1412, alcanzaron un acuerdo mediante deliberación y voto, proclamando a Fernando I de Aragón como
nuevo monarca. Este hecho constituye un ejemplo histórico de resolución pactada de conflictos políticos, basado en el diálogo, la representación institucional y el consenso, lo que le otorga un valor singular en la historia de España y de Europa.
Desde su inicio en el año 1997, estas fiestas se han consolidado como uno de los principales eventos culturales y turísticos del municipio, contando con una amplia implicación ciudadana, de asociaciones locales y también de entidades
culturales. Su programación supera el centenar de actividades, incluyendo recreaciones históricas, mercado medieval, desfiles, actuaciones y visitas guiadas.
Las Fiestas del Compromiso de Caspe se han celebrado de forma ininterrumpida durante más de 25 años, cumpliendo así uno de los requisitos fundamentales para su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Desde el punto de vista turístico, esta conmemoración ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Se ha alcanzado una elevada afluencia de visitantes durante su celebración, con una programación que supera las 100
actividades. El acto central congrega a un numeroso público, evidenciando su relevancia cultural. Las visitas guiadas y actividades complementarias cuentan con cientos de participantes en cada edición. En 2025, la celebración reunió en torno a
15.000 visitantes, consolidando su capacidad de atracción.
Asimismo, el impacto de estas fiestas se extiende al conjunto del sector turístico y económico no solo de Caspe, sino del territorio provincial, generando una alta ocupación en establecimientos hosteleros, dinamizando el comercio y
contribuyendo a posicionar a la provincia de Zaragoza como destino cultural de referencia en Aragón.
Las Fiestas del Compromiso de Caspe son, desde el año 2004, Fiesta de Interés Turístico de Aragón. En el año 2025 han sido reconocidas con la Placa al Mérito Turístico de Aragón.
Las Fiestas del Compromiso de Caspe reúnen los requisitos exigidos para su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. En primer lugar, porque cuentan con un demostrado arraigo social y elevada participación ciudadana, con
numerosas asociaciones culturales y colectivos colaborando en su organización y ejecución. Por otra parte, se trata de una celebración con una larga continuidad en el tiempo y consolidación organizativa. Es indudable su valor histórico y cultural
y su relevancia nacional, al poner en valor, con todo rigor académico, el origen de la Corona de Aragón. Lo hace, además, de forma singular. El Juramento de los Compromisarios es probablemente una de las reconstrucciones históricas más auténticas,
rigurosas y respetuosas con el pasado de toda España. No es una fiesta histórica, sino una
recreación fidedigna, en la que el trabajo de investigación que la antecede la convierte en un fenómeno cultural de primer orden. Es esta combinación de rigor académico, oferta cultural variada y participación ciudadana la que,
probablemente, determina su gran capacidad de atracción turística.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo institucional a la declaración de las Fiestas del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional e insta:
1. A la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España a valorar y resolver la solicitud de declaración de las Fiestas del Compromiso de Caspe como Fiesta de Interés Turístico Nacional, conforme a la normativa vigente; una vez que
las demás administraciones concernidas en materia de turismo hayan realizado las gestiones oportunas y hayan prestado su apoyo mediante la emisión de los informes preceptivos y la colaboración activa en la tramitación de la solicitud.
2. Impulsar la promoción cultural y la difusión de este acontecimiento conmemorativo, poniendo en valor su relevancia histórica y cultural.
El Congreso de los Diputados dará traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Caspe, al Gobierno de Aragón, al Ministerio de Industria y Turismo, así como a las entidades organizadoras, asociaciones locales y agentes sociales y
económicos implicados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Marta Gracia Blanco, Pepe Mercadal Baquero, Begoña Nasarre Oliva, Herminio Rufino Sancho Íñiguez y Víctor Javier Ruiz de Diego, Diputados.Patricia Blanquer Alcaraz y Montse Mínguez
García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la transparencia, la
seguridad jurídica y la lealtad institucional en la modificación del reglamento general de costas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició recientemente una nueva consulta pública previa para la modificación Del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas,
con el argumento de atender el procedimiento de infracción INFR (2022) 4121 incoado por la Comisión Europea por presunto incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.
Según la información facilitada por el propio Ministerio, la Comisión habría cuestionado determinados aspectos del régimen jurídico de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), especialmente en lo relativo a la
existencia de procedimientos de selección abiertos y transparentes y a la duración de las concesiones. Sin embargo, la documentación puesta a disposición en la consulta pública
previa resulta manifiestamente insuficiente para conocer con claridad el contenido del dictamen motivado, los preceptos concretos afectados, el alcance real de las modificaciones y el impacto económico, social y competencial que dichas
reformas pueden acarrear para las comunidades autónomas costeras y para los sectores económicos directamente vinculados al litoral.
Esta falta de transparencia y de información vulnera la práctica de cooperación institucional seguida en otros procedimientos de infracción y se aparta de lo previsto en el Acuerdo que regula la intervención de las Comunidades Autónomas en
las actuaciones del Estado ante la Comisión Europea, así como de los principios de lealtad institucional y cooperación recogidos en la Ley 40/2015. Distintas Comunidades Autónomas han denunciado expresamente que no se les ha facilitado el
expediente completo ni se ha articulado un cauce de cogobernanza eficaz pese a tener competencias directas en ordenación y gestión del litoral, pesca, marisqueo, acuicultura, medio ambiente y ordenación del territorio.
Resulta especialmente preocupante que el Gobierno haya optado por reabrir la modificación del Reglamento General de Costas sin abordar de forma previa y ordenada la actualización de la Ley 22/1988, de Costas, y de sus modificaciones, a la
luz de la doctrina constitucional y de la propia Directiva de Servicios. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró nulo el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, precisamente por la
omisión del trámite de consulta pública y por exceder el marco de desarrollo reglamentario de la Ley. Volver a intervenir el Reglamento sin una revisión serena y consensuada del marco legal básico plantea dudas serias desde la perspectiva del
principio de jerarquía normativa del artículo 9.3 de la Constitución y de la reserva de ley que rige el régimen del dominio público en el artículo 132.
Una vez concluido el periodo de consulta previa pública, y sin que haya dado tiempo material para resolver las alegaciones efectuadas al mismo, demostrando que esta consulta ha sido un mero instrumento vacío de contenido para cubrir el
expediente, se ha hecho público el pasado 9 de marzo de 2026 el contenido específico del anteproyecto, que no ha hecho sino agravar la preocupación. No en vano, la misma exposición de motivos confiesa que el reglamento no es suficiente y que es
necesario abordar las modificaciones legislativas a que hace referencia el Dictamen motivado.
En particular, el nuevo artículo 172 del Reglamento excluye de la prórroga extraordinaria a las concesiones que amparen actividades económicas, suprimiendo de facto un derecho expresamente reconocido por el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. Un reglamento no puede derogar ni modificar lo que una ley establece: hacerlo supone una nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 y una violación directa del artículo
9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de jerarquía normativa.
Del mismo modo, la Disposición Transitoria Segunda del anteproyecto establece la modificación forzosa de títulos concesionales vigentes y su revocación en caso de que el concesionario no acepte las nuevas condiciones, sin garantizar una
indemnización plena conforme al artículo 33.3 de la Constitución, lo que equivale a una expropiación encubierta con privación parcial del derecho indemnizatorio.
A mayor abundamiento, el nuevo artículo 158 del anteproyecto introduce un silencio administrativo negativo para el informe del Ministerio sin cobertura legal expresa, contrariando el artículo 24 de la Ley 39/2015 que establece el silencio
positivo como regla general en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Asimismo, la Disposición Transitoria Primera aplica de forma inmediata el nuevo régimen a los procedimientos en tramitación, vulnerando el principio de confianza legítima de quienes iniciaron sus expedientes bajo la normativa anterior y que
ahora se ven obligados a concurrir en un procedimiento competitivo frente a terceros, pudiendo perder derechos ya adquiridos en el trámite.
En este punto, es necesario recordar que, en el Pleno del Senado de 12 de marzo de 2024, con el objetivo de dar respuesta a una de las situaciones más urgentes y
sangrantes de la actual política de costas, el Grupo Parlamentario Popular promovió y consiguió la aprobación de una Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de Costas, destinada a la protección de los núcleos tradicionales
costeros con valor etnográfico. Dicha iniciativa pretende ofrecer un marco de garantía jurídica a las viviendas ubicadas en estos asentamientos históricos, que hoy se ven amenazadas por los nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre
que está impulsando el Gobierno, pese a tratarse de núcleos consolidados desde hace generaciones y plenamente integrados en la identidad cultural y paisajística de nuestro litoral. Son decenas de miles de familias a lo largo de la costa española
las que viven bajo la amenaza real de demolición de sus hogares o de pérdida de sus derechos de uso, pese a haber desarrollado su vida y sus proyectos vitales bajo un marco normativo que el propio Estado les ofreció como estable y fiable.
Resulta particularmente grave que esta Proposición de Ley, aprobada en el Senado y respaldada por el clamor de los municipios afectados, permanezca bloqueada, dos años después, en el Congreso de los Diputados por decisión de la Mesa de la
Cámara y de su presidenta, doña Francina Armengol, que han impedido hasta la fecha su toma en consideración y debate, privando así a estas familias de la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y de dotarse de una mínima seguridad jurídica.
Este bloqueo injustificado no solo constituye una falta de respeto más hacia esta Cámara y hacia los territorios más afectados por los nuevos deslindes, sino que revela una profunda insensibilidad hacia la situación límite de decenas de miles de
hogares costeros, a los que se niega deliberadamente una solución legislativa ya articulada y lista para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
El régimen de duración, prórroga y extinción de las concesiones en el DPMT es un elemento estructural del sistema y afecta de forma directa a derechos e intereses legítimos consolidados, a inversiones productivas realizadas al amparo de la
normativa vigente y a miles de empleos vinculados a actividades pesqueras, marisqueras, acuícolas, industriales, turísticas y de servicios que conforman el entramado económico del litoral español. La Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del
litoral, fijó un marco de hasta 75 años para determinados títulos concesionales. Cualquier intento de reducir de facto la duración máxima a 30 años, restringir las prórrogas extraordinarias o endurecer de manera generalizada el régimen concesional
sin un estudio serio de impacto económico y social supondría un golpe de enorme calado para la seguridad jurídica y la competitividad de nuestras zonas costeras.
A ello se añade la preocupación por el posible efecto retroactivo material de las reformas sobre concesiones ya otorgadas y sobre inversiones realizadas conforme al marco vigente, así como por la incertidumbre generada en torno a las
concesiones compensatorias asociadas a procesos de expropiación en nuevos deslindes del dominio público marítimo-terrestre. En concreto, la Disposición Transitoria Segunda del anteproyecto limita la base indemnizatoria a las inversiones realizadas
antes del 15 de febrero de 2023, excluyendo el lucro cesante correspondiente al período concesional restante. Esta limitación reglamentaria de la indemnización contradice la doctrina reiterada del Tribunal Supremo entre otras, en la STS de 23 de
marzo de 2015 (rec. 2512/2013) y vulnera el artículo 106.2 de la Constitución, que garantiza la reparación íntegra del daño causado por la actuación de la Administración.
Asimismo, desde territorios con fuerte peso litoral se ha advertido del riesgo de ampliar de forma desproporcionada el dominio público mediante criterios de deslinde basados en episodios extremos aislados de temporales, en lugar de criterios
contrastados y estables, lo que puede generar inseguridad jurídica, conflictos patrimoniales y tensión en las relaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Son muchas las ocasiones en las que distintas Comunidades Autónomas se han reunido para abordar esta cuestión y plantear una posición nítida: El 22 de julio de 2025, en Valencia, los responsables en materia de costas de Canarias, Murcia,
Comunitat Valenciana, Illes Balears, Andalucía y Galicia suscribieron un «Manifiesto por la defensa
del litoral español y su gestión responsable», en el que denunciaban la falta de criterios técnicos transparentes en los deslindes, la insuficiencia de inversiones estatales, la obstaculización de la gestión autonómica y reclamaban la cesión
de los cánones del dominio público marítimo-terrestre y una reforma legislativa nacional que les permita ejercer plenamente sus competencias en la gestión del litoral. El 19 de febrero de 2026, comunidades con litoral han reclamado conjuntamente la
transferencia efectiva de las competencias en costas, la paralización de los deslindes en curso y la convocatoria inmediata del MITECO para abordar, con consenso autonómico, la reforma del Reglamento de Costas. Y más recientemente, el 6 de marzo,
los consejeros de las Comunidades Autónomas de Galicia, Murcia, Cantabria, Andalucía, Baleares, Canarias y Valencia se volvieron a reunir con el objetivo de articular una política de costas en España que proteja el litoral y garantice seguridad
jurídica a las actividades económicas frente al modelo aplicado por el Gobierno, suscribiendo el manifiesto por una nueva normativa estatal en materia de costas.
Ante cualquier modificación del Reglamento General de Costas y en la adaptación de nuestro ordenamiento a la Directiva de Servicios, es necesario garantizar la seguridad jurídica, la lealtad institucional y la cogobernanza efectiva, así como
la protección del litoral y la continuidad de las actividades económicas sostenibles que dependen de él.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la máxima transparencia en el procedimiento de adaptación de la normativa de costas al dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción INFR (2022) 4121, remitiendo a las comunidades
autónomas costeras y a las Cortes Generales la documentación completa del expediente, incluidos los intercambios de comunicaciones con las instituciones europeas y los informes internos disponibles.
2. Convocar con carácter urgente la Conferencia Sectorial correspondiente para debatir con todas las comunidades autónomas costeras el alcance de la reforma del Reglamento General de Costas y, en su caso, de la Ley de Costas, asegurando un
auténtico proceso de cogobernanza en el que se tengan en cuenta las competencias y la realidad específica de cada territorio, y dando respuesta expresa a las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, y no convirtiendo el periodo de
consulta pública en un trámite del expediente vacío de contenido.
3. Priorizar una revisión ordenada y consensuada de la Ley 22/1988, de Costas, y de la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, antes de adoptar modificaciones reglamentarias de gran calado, de modo que cualquier cambio en el
régimen de duración, prórroga y extinción de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre se realice con pleno respeto al principio de jerarquía normativa y a la reserva de ley en materia de dominio público. A tal efecto, el Gobierno
deberá presentar un proyecto de ley que aborde de forma expresa la modificación de los artículos 42, 74, 75 y 81 de la Ley 22/1988 y del artículo 2 de la Ley 2/2013, identificados por la Comisión Europea en su Dictamen Motivado de 16 de diciembre de
2024 como los preceptos de rango legal cuya incompatibilidad con la Directiva de Servicios no puede resolverse por vía reglamentaria. Ningún Real Decreto puede derogar, modificar o vaciar de contenido los derechos que dichos preceptos legales
reconocen a los concesionarios.
4. Realizar y hacer público un estudio detallado de impacto económico, social y laboral de las reformas que se proyecten sobre las concesiones en el DPMT, incluyendo, al menos:
a. Número de concesiones vigentes potencialmente afectadas por una eventual reducción de la duración máxima.
b. Desglose por sectores (pesca, marisqueo, acuicultura, transformación de productos del mar, turismo, hostelería, puertos deportivos y otros servicios).
c. Estimación del impacto en inversión, empleo y tejido empresarial en las comunidades autónomas costeras.
5. Asegurar de forma expresa la plena seguridad jurídica de las concesiones ya otorgadas y de las inversiones realizadas al amparo del marco normativo vigente, evitando cualquier retroactividad material de las modificaciones reglamentarias
y garantizando el respeto a las prórrogas ordinarias y extraordinarias legalmente previstas, particularmente en el caso de las concesiones compensatorias vinculadas a procesos de expropiación derivados de nuevos deslindes del dominio público
marítimo-terrestre. En particular, el Gobierno deberá abstenerse de aplicar la Disposición Transitoria Primera del anteproyecto a expedientes de concesión que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor del Real Decreto,
respetando así el principio de confianza legítima y la doctrina del Tribunal Supremo sobre la irretroactividad de normas desfavorables en procedimientos en curso.
6. Definir, en diálogo con las comunidades autónomas y con base en criterios científicos contrastados, los criterios técnicos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, evitando interpretaciones expansivas basadas en episodios
extremos aislados de temporales y garantizando que cualquier modificación se acompase con los principios de gestión integrada del litoral y con la protección efectiva de los espacios naturales y de las actividades tradicionales que en ellos se
desarrollan, y estableciendo, de común acuerdo con las comunidades autónomas, una moratoria en la aprobación de nuevos deslindes o en la revisión de los existentes mientras se redefinen los criterios técnicos y se clarifica el marco concesional,
salvo en supuestos de riesgo cierto para las personas o los bienes.
7. Garantizar que, en los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, quede salvaguardado el derecho a la propiedad privada de los titulares registrales de inmuebles afectados por nuevos deslindes del dominio público marítimo
terrestre, respetando, en todo caso, que cualquier eventual alteración de dicho estatus conlleve una indemnización íntegra de los derechos demaniales de los mismos que pudieran ser modificados.
8. Garantizar que cualquier modificación del plazo o de las condiciones de las concesiones ya otorgadas al amparo de la Ley 2/2013 conlleve una indemnización íntegra conforme al artículo 33.3 y al artículo 106.2 de la Constitución, que
comprenda tanto el daño emergente como el lucro cesante derivado de la reducción del período concesional. A tal efecto, el Gobierno deberá abstenerse de aprobar la Disposición Transitoria Segunda del anteproyecto en tanto no se garantice mediante
norma con rango de ley un régimen indemnizatorio completo que incluya el valor de las expectativas razonables de explotación durante el período concesional suprimido, en coherencia con la doctrina del Tribunal Supremo entre otras, STS de 23 de
marzo de 2015 (rec. 2512/2013) y con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre protección de la propiedad (Protocolo 1 del CEDH).
9. Suspender cautelarmente la tramitación del anteproyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento General de Costas en aquellos preceptos que incidan directamente en el régimen de duración y prórroga de las concesiones que amparan
actividades económicas en particular el artículo 172 y la Disposición Transitoria Segunda, hasta que se haya aprobado el correspondiente proyecto de ley que modifique los preceptos de rango legal identificados en el Dictamen Motivado de la
Comisión Europea, garantizando así la coherencia del ordenamiento jurídico y evitando que el Real Decreto sea impugnado y anulado por el Tribunal Supremo con el consiguiente perjuicio para los propios objetivos de adaptación al Derecho de la Unión
Europea que el Gobierno declara perseguir, ya que vía reglamento no puede pretender derechos otorgados por normas con rango de ley.
10. En tanto no se tramite por el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la
preservación de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público, en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre, tomada en consideración en el Congreso el 16 de junio de
2025 o la Proposición de Ley aprobada por el Senado en fecha 12 de marzo de 2024, de modificación de la Ley de Costas para la salvaguarda de los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, acordar, con carácter inmediato, una moratoria de
todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo terrestre actualmente en curso en el litoral español, suspendiendo cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición se estén promoviendo por el Gobierno que puedan
implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los mismos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Cesar Sánchez Pérez, Juan Luis Pedreño Molina, Juan Diego Requena Ruiz, José Alberto Herrero Bono, Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Esther Llamazares Domingo, Raquel Clemente Muñoz,
Joaquín Melgarejo Moreno, Maribel Sánchez Torregrosa, Tomás Cabezón Casas, Javier José Folch Blanc, Rosa Quintana Carballo, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, Bella Verano Domínguez, Guillermo Mariscal Anaya y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso
de la construcción de la Presa del Golondrón en el río Guadámez, en el entorno de la localidad pacense de Don Benito, como actuación estratégica para la seguridad territorial, la cohesión social y el desarrollo socioeconómico del medio rural, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La Presa del Golondrón (Badajoz), proyectada sobre el río Guadámez, en las proximidades de Don Benito, constituye una actuación estratégica para el territorio por su capacidad para contribuir a la prevención de avenidas, la regulación de
recursos hídricos y la protección de las personas, los animales, los cultivos, las explotaciones agrarias, las infraestructuras y los bienes públicos y privados del entorno.
La cuenca del Guadámez, incluida en la demarcación hidrológica del río Guadiana, presenta una notable irregularidad hidrológica, con alternancia de periodos de escasez y episodios de lluvias intensas que incrementan el riesgo de inundaciones
y agravan la vulnerabilidad del territorio. En un contexto de cambio climático, esta realidad exige reforzar las infraestructuras de regulación y laminación como herramienta esencial de seguridad y resiliencia.
La historia de esta infraestructura se remonta a los años 80 del siglo XX, cuando se concibe la construcción de una presa de unos 45 m de altura, una longitud de coronación de 308 metros y capacidad cercana a 93 hm3, que se complementa con
un canal de 20 kilómetros que uniría esta presa con el canal del Zújar. La obra se ubicaría a unos 27 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Guadámez con el Guadiana.
En agosto de 1992 el «Boletín Oficial del Estado» publicaba la adjudicación para la asistencia técnica del proyecto. Y no es hasta el año 2001 cuando se somete a información pública el proyecto epigrafiado, junto con el Estudio de
Evaluación del
Impacto Ambiental. Ese mismo año la presa del Golondrón queda incluida en el anexo de inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico. La Confederación Hidrográfica del Guadiana publica en 2003 el Anteproyecto de la
presa de Golondrón.
El embalse es incluido en la Planificación Hidrológica de las de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana (2009-2015) y en el posterior programa de medidas de los ciclos de planificación (2016-2021). Finalmente, el
informe «Seguimiento del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2015/2021)» del año 2019 pone de manifiesto que se descarta la realización del Estudio de Evaluación Ambiental de la presa, y desaparece en
el ciclo 2022-2027.
La ausencia de esta infraestructura mantiene un déficit estructural en la margen izquierda del Guadiana, limitando la capacidad de gestión eficiente del agua y de protección frente a fenómenos extremos. La presa no debe contemplarse solo
como una obra hidráulica, sino como una respuesta necesaria para garantizar la seguridad del medio rural, la continuidad de la actividad económica y la estabilidad del tejido social de la comarca.
Es frecuente el aumento de los caudales y el desbordamiento del río Guadámez. Las recientes borrascas de los meses de enero y febrero de 2026 provocaron la activado el nivel rojo del cauce del por riesgo de inundación.
Asimismo, su ejecución contribuiría a fijar población, favorecer la permanencia de actividad económica y evitar dinámicas de despoblación en los municipios afectados. La protección frente a inundaciones, la mejora de la seguridad y la mayor
estabilidad del territorio son factores decisivos para que familias, empresas y explotaciones agrarias mantengan su actividad en la zona.
Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de una actuación ya planteada en el marco de la planificación hidrológica y que cuenta con un amplio respaldo territorial e institucional, lo que refuerza su viabilidad social y su coherencia con
los objetivos de interés general. En este contexto, resulta oportuno impulsar su inclusión y desarrollo en el próximo ciclo de planificación hidrológica del Guadiana, con el respaldo técnico, ambiental y administrativo necesario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de manera decidida, a través del Ministerio competente y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la inclusión de la Presa del Golondrón en el río Guadámez en el nuevo proceso de planificación hidrológica de la Demarcación
del Guadiana, promoviendo su consideración como actuación prioritaria de interés general.
2. Iniciar y acelerar, con la máxima urgencia, los estudios técnicos, ambientales incluido el diseño de medidas compensatorias, hidrológicos y económicos, necesarios para avanzar en la definición y viabilidad del proyecto, garantizando su
tramitación conforme a la normativa vigente.
3. Valorar expresamente, en el impulso de esta infraestructura, su contribución a la seguridad de las personas, los animales, los cultivos, las explotaciones agrarias, las infraestructuras y los bienes públicos y privados del entorno.
4. Tener en cuenta la función de la presa como instrumento de prevención y mitigación frente a inundaciones y sequías, en un contexto de creciente irregularidad climática que exige actuaciones estructurales de adaptación y resiliencia.
5. Considerar esta actuación como una infraestructura esencial para fijar población, favorecer la actividad económica, proteger el tejido productivo y combatir la despoblación de Don Benito y de su comarca.
6. Favorecer la coordinación institucional con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Don Benito y el resto de las administraciones y agentes sociales afectados, a fin de garantizar el máximo consenso territorial en torno al proyecto.
7. Incorporar esta actuación a la programación estatal de infraestructuras hidráulicas con la prioridad que exige su relevancia para la cohesión territorial, la seguridad del medio rural y el interés general.
8. Buscar y desarrollar, si fuera necesario y en coordinación con las Administraciones competentes, las alternativas a la obra para realizar las funciones de prevención y desarrollo socioeconómico previstas desde hace décadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Carlos Macías Gata, Pedro Ignacio Gallardo Barrena y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la falta de liderazgo del
Gobierno de España en la defensa del sector pesquero en el marco de la nueva diplomacia oceánica de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 28 de abril de 2026 una Resolución de gran relevancia política sobre el papel de la diplomacia oceánica en la competitividad de la pesca y la acuicultura de la Unión, en la que se reconoce expresamente
el deterioro progresivo de la competitividad del sector pesquero europeo como consecuencia del incremento de los costes de explotación, la carga normativa, la reducción de las posibilidades de pesca y la creciente competencia de terceros países que
operan bajo estándares menos exigentes.
Esta Resolución constata una realidad estructural que el sector pesquero español viene denunciando desde hace años: la Unión Europea ha elevado de forma significativa las exigencias a su propia flota sin trasladar esas mismas condiciones al
ámbito comercial, generando una situación de desventaja competitiva frente a terceros países.
A ello se suma un dato especialmente preocupante: la Unión Europea importa aproximadamente el 70 % de los productos del mar que consume, consolidando una dependencia exterior creciente que compromete la soberanía alimentaria y debilita el
tejido productivo europeo.
El Parlamento Europeo plantea la necesidad de corregir esta situación mediante el refuerzo de la diplomacia oceánica, la exigencia de condiciones de competencia equitativas, la aplicación efectiva de cláusulas espejo, el endurecimiento de
los controles sobre las importaciones y la modernización de la flota pesquera como elemento clave para garantizar la sostenibilidad económica y el relevo generacional del sector.
En este contexto, resulta especialmente llamativo que el propio Gobierno haya reconocido recientemente, en el marco de los debates europeos, la necesidad de reforzar la financiación, modernizar la flota pesquera y avanzar hacia un modelo más
seguro, descarbonizado y atractivo para las nuevas generaciones. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la ausencia de iniciativas concretas impulsadas hasta la fecha para hacer posibles dichos objetivos, lo que evidencia una preocupante
falta de coherencia entre el diagnóstico expresado y la acción política desarrollada.
Consideramos particularmente contradictorio que el Gobierno reclame en el ámbito europeo una mayor financiación para la modernización y renovación de la flota, al tiempo que no ha impulsado ni defendido con claridad las reformas normativas
necesarias para hacer viable dicha renovación, ni ha ejercido un liderazgo efectivo en las negociaciones europeas para garantizar los recursos financieros adecuados.
Este contexto se ve agravado por el debate en curso sobre el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que la Comisión Europea ha planteado una reducción significativa de los fondos destinados al sector pesquero. Frente a ello, el
Parlamento Europeo ha aprobado una posición clara en favor del refuerzo presupuestario, proponiendo un incremento de la financiación para la pesca y la acuicultura con el fin de afrontar retos como la descarbonización, la modernización de la flota,
el relevo generacional y el aumento de los costes.
Esta divergencia evidencia la existencia de dos modelos claramente diferenciados: uno que, apuesta por reforzar el papel estratégico del sector pesquero europeo, y otro que plantea su debilitamiento a través de recortes presupuestarios. En
este escenario, resulta especialmente preocupante la falta de una posición firme y pública por parte del Gobierno de España en defensa de los intereses del sector pesquero nacional.
Asimismo, la inacción del Gobierno no solo supone una oportunidad perdida, sino que contribuye a agravar la situación de un sector que enfrenta desafíos estructurales como el envejecimiento de la flota, la falta de relevo generacional, la
pérdida de rentabilidad y el aumento de la presión regulatoria.
España, como potencia pesquera de primer nivel, no puede limitarse a una posición pasiva. Debe asumir un papel de liderazgo en la definición de las políticas europeas en materia de pesca, gobernanza de los océanos y seguridad alimentaria.
Se considera necesario que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar una posición firme, coherente y ambiciosa en defensa del sector pesquero español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y presentar con carácter urgente una Estrategia Española de Diplomacia Oceánica, que supere la actual ausencia de dirección política y sitúe a España en una posición de liderazgo en la definición de la política pesquera y
marítima de la Unión Europea.
2. Defender de manera activa y prioritaria en el seno de la Unión Europea la implantación obligatoria de cláusulas espejo, garantizando que ningún producto pesquero importado pueda acceder al mercado comunitario sin cumplir estándares
equivalentes a los exigidos a la flota española y europea.
3. Impulsar el refuerzo inmediato de los controles sobre las importaciones de productos pesqueros, incluyendo la plena aplicación del sistema CATCH de gestión digital de la información para el régimen de certificación de las capturas, y la
adopción de medidas contundentes frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como frente a las prácticas de competencia desleal de terceros países.
4. Adoptar una posición firme en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en línea con el informe del Parlamento Europeo sobre el presupuesto comunitario, rechazando cualquier reducción de los fondos destinados a la
pesca y defendiendo un presupuesto acorde con el carácter estratégico del sector.
5. Promover en el ámbito europeo una revisión del marco normativo de la Política Pesquera Común que elimine obstáculos innecesarios y permita la renovación y modernización de la flota pesquera, mejorando la seguridad, la habitabilidad y la
eficiencia energética de los buques sin incrementar la capacidad de pesca.
6. Integrar de manera efectiva la pesca y la acuicultura en la política nacional de seguridad alimentaria, reconociendo su papel esencial en la reducción de la dependencia exterior y en el abastecimiento sostenible de alimentos.
7. Reforzar la presencia y el liderazgo de España en las organizaciones regionales de ordenación pesquera y en los foros internacionales, defendiendo condiciones de competencia equitativas frente a terceros países y garantizando la
protección de los intereses de la flota española.
8. Desarrollar un conjunto de medidas urgentes orientadas a garantizar el relevo generacional en el sector pesquero, incluyendo incentivos reales a la incorporación de jóvenes, la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento del
carácter estratégico de esta actividad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Rosa Quintana Carballo, Ainhoa Molina León, Ana Martínez Labella, Joaquín Melgarejo Moreno y Sergio Sayas López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas
extraordinarias de apoyo al marisqueo gallego y al impulso de una estrategia científico-técnica para analizar las causas de la crisis productiva del sector para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El marisqueo constituye una actividad estratégica para Galicia desde el punto de vista social, económico, territorial y cultural. Miles de familias dependen directa o indirectamente de una actividad que, además de generar empleo y riqueza
en las zonas costeras, desempeña un papel esencial en la fijación de población y en el mantenimiento del tejido social del litoral gallego.
Sin embargo, durante los últimos años, y de forma especialmente intensa en los últimos meses, numerosas zonas marisqueras gallegas vienen registrando una preocupante caída de productividad y episodios de elevada mortandad del recurso,
particularmente tras los temporales y fenómenos meteorológicos extremos sufridos durante el invierno, que provocaron importantes alteraciones en las condiciones de salinidad y en el equilibrio ecológico de las rías.
La situación afecta de manera especialmente grave a numerosas cofradías que ven comprometida su viabilidad económica tras meses de actividad muy reducida o prácticamente inexistente. En muchos casos, esta realidad está generando una
situación social límite para profesionales que continúan soportando costes fijos y obligaciones económicas pese a la drástica reducción de ingresos.
Es cierto que la gestión del marisqueo corresponde fundamentalmente a la Xunta de Galicia, y así debe reconocerse. Pero también es evidente que el Gobierno de España no puede permanecer al margen ante una situación de esta gravedad,
especialmente cuando concurren factores que trascienden el ámbito estrictamente autonómico: cambio climático, alteraciones oceanógraficas, contaminación, pérdida de productividad de las rías o falta de conocimiento científico actualizado sobre las
causas reales de la elevada mortandad del recurso.
El Ejecutivo central debería implicarse activamente en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, reforzando la investigación científica y la coordinación técnica entre organismos estatales y autonómicos para identificar con rigor las
causas del descenso de producción y de la mortandad del marisco. Galicia necesita más conocimiento, más medios y una estrategia científica estable que permita adoptar decisiones eficaces y anticiparse a futuras crisis.
Y, en segundo lugar, articulando en coordinación con la Xunta de Galicia y con el propio sector, medidas extraordinarias de apoyo social y económico para un colectivo que atraviesa una situación límite. Muchas mariscadoras y mariscadores
llevan meses sin apenas ingresos, mientras continúan soportando cuotas y costes fijos. Ante una emergencia de esta dimensión, el Gobierno de España debería valorar todos los mecanismos excepcionales de apoyo para evitar el deterioro irreversible de
una actividad fundamental para el litoral gallego.
No se trata de confrontar administraciones. Se trata de asumir que el marisqueo gallego forma parte de un sector estratégico para España y que, cuando miles de familias ven amenazado su medio de vida, todas las administraciones tienen la
obligación de colaborar y aportar soluciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en coordinación con la Xunta de Galicia, el Instituto Español de Oceanografía y el resto de los organismos científicos competentes, una estrategia científico-técnica específica para analizar las causas de la caída de
productividad y de la elevada mortandad del recurso marisquero en las rías gallegas.
2. Reforzar los recursos humanos, técnicos y económicos destinados a la investigación marina y al seguimiento ambiental de las rías gallegas, favoreciendo la obtención de datos actualizados y fiables que permitan adoptar medidas eficaces de
recuperación del recurso.
3. Evaluar, en colaboración con la Xunta de Galicia y con el sector, la puesta en marcha de medidas extraordinarias de apoyo económico y social para las mariscadoras y mariscadores afectados por la situación de inactividad o pérdida severa
de ingresos derivada de la crisis productiva del marisqueo.
4. Evaluar, en coordinación con la Xunta de Galicia y con las organizaciones representativas del sector, la adopción y, en su caso, ampliación o adaptación de mecanismos extraordinarios de alivio en materia de cotizaciones sociales para las
personas trabajadoras del sector marisquero afectadas por la paralización o reducción significativa de su actividad.
5. Favorecer la cooperación institucional entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia, la comunidad científica y el propio sector para desarrollar una estrategia integral de recuperación y resiliencia del marisqueo
gallego frente a futuros episodios climáticos y ambientales extremos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Rosa Quintana Carballo, Miguel Tellado Filgueira, Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Álvaro Pérez López, Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela,
Cristina Abades Martínez, Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga, Juan Andrés Bayón Rolo y Sergio Sayas López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/003486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Blanca Armario González, Tomás Fernández Ríos, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García, Ignacio Hoces Íñiguez y
Ricardo Chamorro Delmo, en sus respectivas condiciones de Portavoz, Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
Proposición no de Ley para la defensa del litoral español y los sectores productivos ante los vertidos contaminantes procedentes de Gibraltar, para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La protección del litoral español, de sus ecosistemas marinos y de los sectores productivos vinculados a la actividad marina debería constituir una obligación esencial de los poderes públicos. Sin embargo, durante años se ha venido
denunciando la existencia de vertidos de aguas fecales sin tratar procedentes de la colonia británica de Gibraltar al Mar Mediterráneo, sin que las autoridades gibraltareñas hayan adoptado las medidas necesarias para poner fin a una situación que
amenaza gravemente el equilibrio ecológico de la zona y perjudica directamente a España.
En línea con ello, varios medios de comunicación de tirada internacional han publicado en las últimas semanas una investigación en la que expone como el gobierno de Gibraltar continúa vertiendo aguas residuales sin tratar al Mar
Mediterráneo1. Lejos de buscar una solución definitiva a ello, las autoridades del peñón han omitido su deber de manera reiterada, evitando la construcción de infraestructuras adecuadas para que esto deje de producirse.
Desde el año 2015, la Unión Europea ha exigido al gobierno del Reino Unido que actúe en aras de proteger las aguas de Gibraltar, y en concreto abrió un procedimiento formal de infracción por no haber adoptado las medidas de protección
requeridas en las Zonas de Especial Conservación2. En línea con ello, en el año 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Reino Unido había infringido la legislación sobre aguas residuales al no tratar las aguas residuales
de la colonia británica de Gibraltar3. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Comisión ha perdido la capacidad de obra contra estas actuaciones en suelo gibraltareño, llegando a reconocer esta última que existe una «laguna legal»
que impide exigir el respeto a Gibraltar sobre la legislación comunitaria de medioambiente4.
Así, el reciente Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido con respecto a Gibraltar se separa no poco de las directrices dadas por el Consejo Europeo en julio de 2022, cuando brindó a los negociadores el mandato de que el futuro
Tratado debería garantizar la aplicación en el Peñón de reglas equitativas de competencia, tomando como referencia los estándares de la Unión en materia de empleo, fiscalidad, medio ambiente y lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.
A mayor abundamiento, el Acuerdo reconoce a las partes en su art. 215 su derecho establecer las políticas
1 https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/uk-territory-gibraltar-dumps-raw-sewage-mediterranean
2 https://salvamentomaritimo.org/noticias/la-ue-expedienta-a-londres-por-no-proteger-las-aguas-de-gibraltar/
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?anchor&uri=ecli:ECLI:EU:C:2017:334
4 https://www.swissinfo.ch/spa/bruselas-admite-no-puede-exigir-la-protecci%C3%B3n-ambiental-en-gibraltar-hasta-futuro-tratado/90065851
medioambientales y climáticas que consideren apropiadas, disponiendo de ello de una «discrecionalidad razonable».
Lamentablemente, no prevé medidas para luchar contra los vertidos en la Bahía de Algeciras de aguas residuales sin depurar, que afectan de manera inmediata al medio natural de España, además del abuso del suministro off shore de combustible
a los buques bunkering, con gran riesgo de producir contaminación marina. Y, por último, el citado Acuerdo omite ominosamente toda referencia a prácticas cotidianas en territorio gibraltareño, pero gravemente perjudiciales para España, como son
la abusiva expansión inmobiliaria del Peñón, y el aterramiento de enormes superficies de lo que hasta ese momento eran aguas territoriales de España caso del proyecto Eastside, con perjuicio no solo para nuestra soberanía sino también para el
equilibrio ecológico de la zona.
En este sentido, conviene reseñar que estos vertidos no solo afectan al entorno inmediato al Peñón, y sus consecuencias alcanzan a las costas españolas, afectando al sector pesquero, al turismo y a la actividad productiva asociadas al mar.
Tanto la provincia de Cádiz, como la de Málaga se enfrentan a una plaga de algas en sus aguas, que ataca a la biodiversidad marina y afecta ya al sector pesquero de la zona5. En línea con ello, el sector turístico también ha anunciado que el
impacto visual y ambiental sobre playas y espacios naturales ha afectado a la imagen de España como destino turístico6.
Pese a la gravedad de la situación, ni las autoridades de Gibraltar ni el Reino Unido han asumido su responsabilidad derivada de estos vertidos, trasladando de facto a España las consecuencias ambientales y económicas de una gestión
claramente insuficiente de sus aguas residuales. Se hace por tanto imprescindible exigir responsabilidades políticas y económicas a Gibraltar y al Reino Unido por los daños ocasionados, impulsar medidas inmediatas para poner fin a los vertidos
contaminantes, reforzar la protección ambiental del litoral español y apoyar a los sectores productivos perjudicados por esta situación.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir al gobierno de Reino Unido y Gibraltar la asunción de responsabilidades económicas y políticas por los vertidos de aguas fecales sin tratar al Mar Mediterráneo, instando a su vez a la construcción inmediata de una planta de
tratamiento de aguas residuales.
2. Rechazar en tantas instancias como sea requerido la Propuesta de Acuerdo de 17 de febrero de 2026 sobre Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido, por otra, por
entenderlo perjudicial para los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa.
3. Analizar el posible impacto que tiene el vertido de aguas fecales al Mar Mediterráneo en el aumento de la presencia de algas en las costas andaluzas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Ricardo Chamorro Delmo, Patricia Rueda Perelló, Tomás Fernández Ríos, Blanca Armario González, Alberto Asarta Cuevas, Carlos Flores Juberías, José María Sánchez García e Ignacio
Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y José María Figaredo Álvarez-Sala, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
5 https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-07-29/10000-kilos-de-alga-asiatica-invasora-retirados-de-las-playas-de-cadiz-en-48-horas.html
6 https://www.hosteltur.com/152802_un-alga-invasora-asiatica-continua-expandiendose-por-el-litoral-andaluz.html
161/003492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso
de la construcción de la Presa del Golondrón en el río Guadámez, en el entorno de la localidad pacense de Don Benito, como actuación estratégica para la seguridad territorial, la cohesión social y el desarrollo socioeconómico del medio rural, para
su debate en la Comisión de Comisión de Transición Ecológica y Resto Demográfico.
Exposición de motivos
La Presa del Golondrón (Badajoz), proyectada sobre el río Guadámez, en las proximidades de Don Benito, constituye una actuación estratégica para el territorio por su capacidad para contribuir a la prevención de avenidas, la regulación de
recursos hídricos y la protección de las personas, los animales, los cultivos, las explotaciones agrarias, las infraestructuras y los bienes públicos y privados del entorno.
La cuenca del Guadámez, incluida en la demarcación hidrológica del río Guadiana, presenta una notable irregularidad hidrológica, con alternancia de periodos de escasez y episodios de lluvias intensas que incrementan el riesgo de inundaciones
y agravan la vulnerabilidad del territorio. En un contexto de cambio climático, esta realidad exige reforzar las infraestructuras de regulación y laminación como herramienta esencial de seguridad y resiliencia.
La historia de esta infraestructura se remonta a los años 80 del siglo XX, cuando se concibe la construcción de una presa de unos 45 m de altura, una longitud de coronación de 308 metros y capacidad cercana a 93 hm3, que se complementa con
un canal de 20 kilómetros que uniría esta presa con el canal del Zújar. La obra se ubicaría a unos 27 kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Guadámez con el Guadiana.
En agosto de 1992 el «Boletín Oficial del Estado» publicaba la adjudicación para la asistencia técnica del proyecto. Y no es hasta el año 2001 cuando se somete a información pública el proyecto epigrafiado, junto con el Estudio de
Evaluación del Impacto Ambiental. Ese mismo año la presa del Golondrón queda incluida en el anexo de inversiones de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico. La Confederación Hidrográfica del Guadiana publica en 2003 el Anteproyecto de
la presa de Golondrón.
El embalse es incluido en la Planificación Hidrológica de las de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana (2009-2015) y en el posterior programa de medidas de los ciclos de planificación (2016-2021). Finalmente, el
informe «Seguimiento del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (2015/2021)» del año 2019 pone de manifiesto que se descarta la realización del Estudio de Evaluación Ambiental de la presa, y desaparece en
el ciclo 2022-2027.
La ausencia de esta infraestructura mantiene un déficit estructural en la margen izquierda del Guadiana, limitando la capacidad de gestión eficiente del agua y de protección frente a fenómenos extremos. La presa no debe contemplarse solo
como una obra hidráulica, sino como una respuesta necesaria para garantizar la seguridad del medio rural, la continuidad de la actividad económica y la estabilidad del tejido social de la comarca.
Es frecuente el aumento de los caudales y el desbordamiento del río Guadámez. Las recientes borrascas de los meses de enero y febrero de 2026 provocaron la activado el nivel rojo del cauce del por riesgo de inundación.
Asimismo, su ejecución contribuiría a fijar población, favorecer la permanencia de actividad económica y evitar dinámicas de despoblación en los municipios afectados. La protección frente a inundaciones, la mejora de la seguridad y la mayor
estabilidad del territorio son factores decisivos para que familias, empresas y explotaciones agrarias mantengan su actividad en la zona.
Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de una actuación ya planteada en el marco de la planificación hidrológica y que cuenta con un amplio respaldo territorial e institucional, lo que refuerza su viabilidad social y su coherencia con
los objetivos de interés general. En este contexto, resulta oportuno impulsar su inclusión y desarrollo en el próximo ciclo de planificación hidrológica del Guadiana, con el respaldo técnico, ambiental y administrativo necesario.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar de manera decidida, a través del Ministerio competente y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la inclusión de la Presa del Golondrón en el río Guadámez en el nuevo proceso de planificación hidrológica de la Demarcación
del Guadiana, promoviendo su consideración como actuación prioritaria de interés general.
2. Iniciar y acelerar, con la máxima urgencia, los estudios técnicos, ambientales incluido el diseño de medidas compensatorias, hidrológicos y económicos, necesarios para avanzar en la definición y viabilidad del proyecto, garantizando su
tramitación conforme a la normativa vigente.
3. Valorar expresamente, en el impulso de esta infraestructura, su contribución a la seguridad de las personas, los animales, los cultivos, las explotaciones agrarias, las infraestructuras y los bienes públicos y privados del entorno.
4. Tener en cuenta la función de la presa como instrumento de prevención y mitigación frente a inundaciones y sequías, en un contexto de creciente irregularidad climática que exige actuaciones estructurales de adaptación y resiliencia.
5. Considerar esta actuación como una infraestructura esencial para fijar población, favorecer la actividad económica, proteger el tejido productivo y combatir la despoblación de Don Benito y de su comarca.
6. Favorecer la coordinación institucional con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Don Benito y el resto de las administraciones y agentes sociales afectados, a fin de garantizar el máximo consenso territorial en torno al proyecto.
7. Incorporar esta actuación a la programación estatal de infraestructuras hidráulicas con la prioridad que exige su relevancia para la cohesión territorial, la seguridad del medio rural y el interés general.
8. Buscar y desarrollar, si fuera necesario y en coordinación con las Administraciones competentes, las alternativas a la obra para realizar las funciones de prevención y desarrollo socioeconómico previstas desde hace décadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Antonio Cavacasillas Rodríguez, Alfonso Carlos Macías Gata, Pedro Ignacio Gallardo Barrena y Joaquín Melgarejo Moreno, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003466
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Etna Estrems Fayo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para
garantizar la protección de las familias afectadas por la venta de hipotecas a fondos de inversión, para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La crisis financiera e hipotecaria evidenció la situación de vulnerabilidad en la que quedaron miles de familias ante un sistema político y financiero que, demasiado a menudo, priorizó la protección de los balances bancarios por encima del
derecho a la vivienda y de la protección de las personas consumidoras. En los años posteriores, numerosas entidades financieras transfirieron carteras de préstamos hipotecarios a fondos de inversión, fondos de titulización y otras entidades
especializadas en el recobro de deuda, frecuentemente con descuentos muy importantes respecto al valor nominal de los créditos.
Estas operaciones se han llevado a cabo habitualmente sin ofrecer a las familias afectadas la posibilidad de extinguir su deuda en las mismas condiciones económicas en las que la misma era transmitida a terceros. Así, mientras un fondo
podía adquirir un préstamo hipotecario con una fuerte rebaja, la persona deudora seguía obligada a responder por el total de la deuda reclamada, manteniéndose una situación claramente desigual e injusta.
Esta realidad ha ido acompañada de una gran opacidad. Muchas personas hipotecadas desconocen quién es el titular real de su préstamo, qué precio se pagó por su deuda, quién asume su gestión efectiva o con qué interlocutor pueden negociar.
Las cesiones masivas de créditos, la intervención de servicers y la falta de información clara han provocado situaciones de indefensión material para muchas familias, avalistas y herederos.
Los datos disponibles muestran que no se trata de casos aislados. En Cataluña, operaciones como la venta de hipotecas de Catalunya Banc a Blackstone afectaron a decenas de miles de familias, mientras que a escala estatal el volumen de
hipotecas transferidas a fondos de inversión podría superar ampliamente las 90 000. Paralelamente, las ejecuciones hipotecarias siguen siendo una problemática social de primer orden, con miles de procedimientos iniciados cada año sobre viviendas
habituales.
El ordenamiento jurídico español incorpora ya una figura parcialmente orientada a proteger al deudor: el retracto de crédito litigioso previsto en el artículo 1535 del Código civil español. Este precepto permite extinguir un crédito
litigioso reembolsando al cesionario el precio pagado, las costas y los intereses. No obstante, la regulación actual es claramente insuficiente, ya que solo se aplica a créditos litigiosos, establece un plazo muy reducido de nueve días y la
jurisprudencia ha limitado su aplicación en casos de ventas masivas de carteras hipotecarias.
También existen precedentes legislativos que apuntan en esa dirección. La Ley 24/2015 del Parlamento de Cataluña intentó reconocer el derecho de las personas deudoras a liberarse de la deuda pagando el mismo importe satisfecho por el
cesionario, pero esta previsión fue anulada por el Tribunal Constitucional a la Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019 por motivos competenciales, al considerar que corresponde al Estado regular esta materia. Esto refuerza la necesidad de
impulsar una reforma legislativa de ámbito estatal que garantice derechos efectivos y homogéneos para todas las personas afectadas.
La protección del derecho a la vivienda, la defensa de los consumidores y usuarios y la necesidad de reforzar la transparencia financiera exigen actualizar el marco legal vigente. Si el sistema financiero admite que una deuda hipotecaria
puede ser objeto de venta con descuentos sustanciales entre operadores profesionales, resulta socialmente injustificable, en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, que la misma oportunidad no pueda ser ejercida por la familia que soporta esa
deuda y que puede perder su vivienda habitual.
Por todo ello, se considera necesario instar al Gobierno del Estado y las Cortes Generales a impulsar una reforma del Código civil español, de la normativa hipotecaria y de la legislación de protección de consumidores y usuarios, con el
objetivo de reconocer un derecho efectivo de tanteo, retracto y redención a favor de las personas deudoras
hipotecarias, avalistas y herederos, especialmente en los casos cesiones masivas de créditos a fondos de inversión y otros terceros cesionarios. Esta reforma debería garantizar la transparencia de las transmisiones, la existencia de un
interlocutor claro y accesible, la obligación de informar adecuadamente a las personas afectadas y la posibilidad real de extinguir la deuda por el mismo precio por el que esta ha sido adquirida por el nuevo titular.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Impulsar una reforma del Código civil español, de la normativa hipotecaria, de la legislación de protección de consumidores y usuarios, de la Ley de enjuiciamiento civil y disposiciones concordantes, para reconocer un derecho efectivo de
tanteo, retracto y redención a favor de las personas deudoras hipotecarias consumidoras, avalistas, fiadores, herederos y sucesores, en caso de cesión onerosa de su crédito a terceros.
2. Establecer que este derecho sea de aplicación tanto a las cesiones individualizadas como a las cesiones masivas, ventas en bloque, titulizaciones, transmisiones de carteras hipotecarias o cualquier otra operación equivalente, impidiendo
que la venta agregada de créditos sirva para vaciar de contenido los derechos de las personas deudoras.
3. Obligar a las entidades cedentes y cesionarias a comunicar de forma fehaciente a la persona deudora, avalistas y, en su caso, herederos, cualquier cesión del crédito hipotecario, indicando como mínimo: la identidad del nuevo titular, la
identidad del gestor, servicer o interlocutor responsable con capacidad efectiva de respuesta y negociación, la fecha de cesión, el importe pendiente reclamado, el precio individualizado de transmisión del crédito o el criterio legal utilizado para
determinarlo, y el plazo para ejercitar el derecho de redención.
4. Prever que, en las ventas de carteras sin precio individualizado, el cesionario tenga la obligación de facilitar un valor asignado a cada crédito y que, en caso de falta de información u opacidad, se aplique un criterio legal de
determinación del precio favorable a la persona deudora, auditable y sometido a control judicial.
5. Ampliar el plazo de ejercicio del derecho, sustituyendo el actual plazo de nueve días previsto para el crédito litigioso por un plazo suficiente y efectivo, no inferior a 60 días hábiles desde la notificación completa de la cesión.
6. Establecer que ninguna ejecución hipotecaria, reclamación judicial o actuación de recobro pueda continuar o iniciarse sin acreditar previamente que la persona deudora, avalista o heredera ha sido informada de forma fehaciente de la
cesión del crédito, de la identidad del nuevo titular, del gestor o interlocutor responsable y de las condiciones esenciales de la transmisión. En caso de que esta comunicación no se haya producido en tiempo y forma, el titular actual del crédito
deberá ofrecer a la persona deudora la posibilidad de extinguir la deuda por el mismo precio de adquisición del crédito, más los gastos estrictamente acreditados y los intereses legales que correspondan, antes de poder reclamar judicial o
extrajudicialmente cantidad alguna. Asimismo, deberá garantizarse que toda persona deudora disponga de un interlocutor identificable, accesible y con capacidad efectiva de negociación para gestionar la deuda, acordar reestructuraciones, obtener
certificados, consultar el estado del préstamo y ejercer los derechos que le correspondan.
7. Incorporar este derecho dentro del marco de protección de deudores hipotecarios vulnerables, incluyéndolo en el Código de Buenas Prácticas y en los mecanismos de reestructuración de deuda hipotecaria, con especial atención a familias en
situación de vulnerabilidad, personas mayores, hogares monomarentales, avalistas y fiadores familiares, herederos y sucesores de viviendas hipotecadas.
8. Crear un registro público o sistema de información accesible sobre cesiones de créditos hipotecarios, que permita a las personas deudoras conocer quién es el titular real de su deuda, quién la gestiona y qué transmisiones se han
producido.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayo, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre mesures per
garantir la protecció de les famílies afectades per la venda dhipoteques a fons dinversió, per al seu debat en la Comissió dHabitatge i Agenda Urbana.
Exposició de motius
La crisi financera i hipotecària va evidenciar la situació de vulnerabilitat en què van quedar milers de famílies davant un sistema polític i financer que, massa sovint, va prioritzar la protecció dels balanços bancaris per sobre del dret a
lhabitatge i de la protecció de les persones consumidores. En els anys posteriors, nombroses entitats financeres van transferir carteres de préstecs hipotecaris a fons dinversió, fons de titulització i altres entitats especialitzades en el
recobrament de deute, sovint amb descomptes molt importants respecte del valor nominal dels crèdits.
Aquestes operacions shan dut a terme habitualment sense oferir a les famílies afectades la possibilitat dextingir el seu deute en les mateixes condicions econòmiques en què aquest era transmès a tercers. Així, mentre un fons podia
adquirir un préstec hipotecari amb una forta rebaixa, la persona deutora continuava obligada a respondre pel total del deute reclamat, mantenint-se una situació clarament desigual i injusta.
Aquesta realitat ha anat acompanyada duna gran opacitat. Moltes persones hipotecades desconeixen qui és el titular real del seu préstec, quin preu es va pagar pel seu deute, qui nassumeix la gestió efectiva o amb quin interlocutor poden
negociar. Les cessions massives de crèdits, la intervenció de servicers i la manca dinformació clara han provocat situacions dindefensió material per a moltes famílies, avaladors i hereus.
Les dades disponibles mostren que no es tracta de casos aïllats. A Catalunya, operacions com la venda dhipoteques de Catalunya Banc a Blackstone van afectar desenes de milers de famílies, mentre que a escala estatal el volum dhipoteques
transferides a fons dinversió podria superar àmpliament les 90.000. Paral·lelament, les execucions hipotecàries continuen sent una problemàtica social de primer ordre, amb milers de procediments iniciats cada any sobre habitatges habituals.
Lordenament jurídic espanyol ja incorpora una figura parcialment orientada a protegir el deutor: el retracte de crèdit litigiós previst a larticle 1535 del Codi civil espanyol. Aquest precepte permet extingir un crèdit litigiós
reemborsant al cessionari el preu pagat, les costes i els interessos. Tanmateix, la regulació actual és clarament insuficient, ja que només saplica a crèdits litigiosos, estableix un termini molt reduït de nou dies i la jurisprudència nha limitat
laplicació en casos de vendes massives de carteres hipotecàries.
També existeixen precedents legislatius que apunten en aquesta direcció. La Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya va intentar reconèixer el dret de les persones deutores a alliberar-se del deute pagant el mateix import satisfet pel
cessionari, però aquesta previsió va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional a la Sentència 13/2019, de 31 de gener de 2019 per motius competencials, en considerar que correspon a lEstat regular aquesta matèria. Això reforça la necessitat
dimpulsar una reforma legislativa dàmbit estatal que garanteixi drets efectius i homogenis per a totes les persones afectades.
La protecció del dret a lhabitatge, la defensa dels consumidors i usuaris i la necessitat de reforçar la transparència financera exigeixen actualitzar el marc legal vigent. Si el sistema financer admet que un deute hipotecari pot ser
objecte de venda amb descomptes substancials entre operadors professionals, resulta socialment injustificable, en un context de crisi daccés a l'habitatge, que la mateixa oportunitat no pugui ser exercida per la família que suporta aquell deute i
que pot perdre el seu habitatge habitual.
Per tot això, es considera necessari instar el Govern de lEstat i les Corts Generals a impulsar una reforma del Codi civil espanyol, de la normativa hipotecària i de la legislació de protecció de consumidors i usuaris, amb lobjectiu de
reconèixer un dret efectiu de tanteig, retracte i redempció a favor de les persones deutores hipotecàries, avaladors i hereus, especialment en els casos de cessions massives de crèdits a fons dinversió i altres tercers cessionaris. Aquesta reforma
hauria de garantir la transparència de les transmissions, lexistència dun interlocutor clar i accessible, lobligació dinformar adequadament les persones afectades i la possibilitat real dextingir el deute pel mateix preu pel qual aquest ha
estat adquirit pel nou titular.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Impulsar una reforma del Codi civil espanyol, de la normativa hipotecària, de la legislació de protecció de consumidors i usuaris, de la Llei denjudiciament civil i disposicions concordants, per reconèixer un dret efectiu de tanteig,
retracte i redempció a favor de les persones deutores hipotecàries consumidores, avaladors, fiadors, hereus i successors, en cas de cessió onerosa del seu crèdit a tercers.
2. Establir que aquest dret sigui aplicable tant a les cessions individualitzades com a les cessions massives, vendes en bloc, titulitzacions, transmissions de carteres hipotecàries o qualsevol altra operació equivalent, impedint que la
venda agregada de crèdits serveixi per buidar de contingut els drets de les persones deutores.
3. Obligar les entitats cedents i cessionàries a comunicar de manera fefaent a la persona deutora, avaladors i, si escau, hereus, qualsevol cessió del crèdit hipotecari, indicant com a mínim: la identitat del nou titular, la identitat del
gestor, servicer o interlocutor responsable amb capacitat efectiva de resposta i negociació, la data de cessió, limport pendent reclamat, el preu individualitzat de transmissió del crèdit o el criteri legal utilitzat per determinar-lo, i el termini
per exercir el dret de redempció.
4. Preveure que, en les vendes de carteres sense preu individualitzat, el cessionari tingui lobligació de facilitar un valor assignat a cada crèdit i que, en cas de manca dinformació o opacitat, sapliqui un criteri legal de determinació
del preu favorable a la persona deutora, auditable i sotmès a control judicial.
5. Ampliar el termini dexercici del dret, substituint lactual termini de nou dies previst per al crèdit litigiós per un termini suficient i efectiu, no inferior a 60 dies hàbils des de la notificació completa de la cessió.
6. Establir que cap execució hipotecària, reclamació judicial o actuació de recobrament pugui continuar o iniciar-se sense acreditar prèviament que la persona deutora, avaladora o hereva ha estat informada de manera fefaent de la cessió del
crèdit, de la identitat del nou titular, del gestor o interlocutor responsable i de les condicions essencials de la transmissió. En cas que aquesta comunicació no shagi produït en temps i forma, el titular actual del crèdit haurà doferir a la
persona deutora la possibilitat dextingir el deute pel mateix preu dadquisició del crèdit, més les despeses estrictament acreditades i els interessos legals que corresponguin, abans de poder reclamar judicialment o extrajudicialment cap quantitat.
Així mateix, shaurà de garantir que tota persona deutora disposi dun interlocutor identificable, accessible i amb capacitat efectiva de negociació per gestionar el deute, acordar reestructuracions, obtenir certificats, consultar lestat del
préstec i exercir els drets que li corresponguin.
7. Incorporar aquest dret dins el marc de protecció de deutors hipotecaris vulnerables, incloent-lo en el Codi de Bones Pràctiques i en els mecanismes de reestructuració de deute hipotecari, amb especial atenció a famílies en situació de
vulnerabilitat, persones grans, llars monomarentals, avaladors i fiadors familiars, hereus i successors dhabitatges hipotecats.
8. Crear un registre públic o sistema dinformació accessible sobre cessions de crèdits hipotecaris, que permeti a les persones deutores conèixer qui és el titular real del seu deute, qui el gestiona i quines transmissions shan produït.»
Congrés dels Diputats, 14 maig de 2026.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portaveu Grupo Parlamentario Republicà.
Comisión de Cultura
161/003469
María José Rodríguez de Millán Parro, Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, en su condición respectiva de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a reprobar a Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España, para su discusión en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En enero de 2024, Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno, hizo unas declaraciones públicas en las que asumía los postulados de la Leyenda Negra antiespañola al anunciar un profundo y concienzudo proceso de revisión y
descolonización de los museos estatales1. Unos días después, diversos historiadores le recriminaban sus palabras, exigían su dimisión y defendían que «la misión del ministro de Cultura es defender la cultura española, no atacarla»2. Sin embargo,
la polémica no quedó zanjada entonces y, lejos de retractarse de sus declaraciones, en noviembre de 2025 volvió a reconocer «los posibles abusos y las posibles injusticias que se pudieran cometer» durante la Conquista de América3.
En todo caso, no han sido estas las únicas veces que el ministro ha hecho gala de un sectarismo que le ha llevado a enfrentarse con parte de la sociedad civil española. En este sentido, ha mostrado desde su llegada al cargo un gran
desinterés por el arte sacro; una de las manifestaciones culturales más arraigadas en la cultura popular española. De hecho, tal ha sido el desprecio que ha mostrado el ministro por este sector cultural que su asistencia a una gala organizada por
la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro recibió muchas críticas4.
Además, dadas sus posiciones claramente antitaurinas, el Ministerio de Cultura ha excluido a Ignacio Sánchez Mejías, por su condición de torero, de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27. Con esta
decisión, el Gobierno ha decidido obviar a una figura que actuó como mecenas en la conformación
1 https://elpais.com/cultura/2024-01-22/el-ministro-de-cultura-anuncia-una-revision-de-los-museos-estatales-para-superar-un-marco-colonial.html
2 https://www.eldebate.com/cultura/20240110/hispanistas-contra-urtasun-mision-ministro-cultura-defender-cultura-espanola-no-atacarla_165917.html
3 https://www.abc.es/cultura/urtasun-suma-disculpas-albares-conquista-aceptando-posibles-20251112194047-nt.html
4 https://www.gentedepaz.es/ola-de-rechazo-tras-el-anuncio-de-la-presencia-del-ministro-de-cultura-ernesto-urtasun-en-la-gala-del-arte-sacro-de-sevilla/
del grupo a causa del «sectarismo totalitario» del ministro5. Años antes, el ministerio liderado por Urtasun ya había eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia defendiendo que «los españoles no entienden que se premie la tortura animal
con dinero público»6; una posición que, en todo caso, no le ha llevado a oponerse a la celebración de la Fiesta del Cordero.
Además, durante sus años al frente del Ministerio de Cultura, Ernest Urtasun ha obtenido logros muy escasos dado que la situación de los museos que dependen de su cartera es lamentable y muchos se han visto obligados a cerrar salas y reducir
los horarios de apertura debido a la falta de personal7. Por otra parte, Urtasun tampoco ha sido capaz de mejorar la gestión del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y los bailarines de la Compañía Nacional de Danza ya
han anunciado una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y salariales ante la inacción del INAEM y del propio Urtasun8.
En otro orden, el ministro anunció una inversión de ocho millones de euros para reparar el tejado de la Biblioteca Nacional de España después de que su ministerio ya hubiera invertido cerca de dos millones de euros en arreglar el citado
tejado unos meses antes9; algo que el ministro negó al ser preguntado por el portavoz de VOX en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Además, no explicó las causas del sobrecoste, argumentando falsamente que se había referido a
ellas en una comparecencia anterior y, hoy en día, aún sé desconocen las razones del incremento del coste de reparación10.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura liderado por Ernest Urtasun suspendió recientemente de empleo y sueldo al trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural que denunció daños irreversibles en 12.000 piezas de un archivo fotográfico
tras una obra en el sistema de climatización11. Además, según advirtió el Centro de Coordinación de Industrias Culturales, el Ministerio de Cultura habría encubierto a Diego Fernández, militante del Partido Socialista y exdirector de la Fundación
Instituto de Cultura Gitana, cuando este cometió presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental para justificar subvenciones y dietas de forma irregular y sistemática12. Asimismo, durante los últimos meses, se ha generalizado el
uso fraudulento del Bono Cultural Joven en las discotecas13.
Paralelamente, se han hecho evidentes las deficiencias en la gestión interna del patrimonio cultural español ampliamente considerado descuidado y con necesidades sin cubrir14, el Ministerio ha priorizado la canalización de recursos hacia
mecanismos multilaterales de cooperación internacional. Así, ha aprobado aportaciones a fondos gestionados por la UNESCO y otras redes internacionales15, así como recientes contribuciones a otros fondos internacionales de patrimonio16. Mientras
tanto, se han sucedido derrumbes de monumentos de gran valor artístico como la Iglesia de Nuestra
5 https://www.abc.es/sevilla/cultura/urtasun-veta-figura-ignacio-sanchez-mejias-centenario-20251117074136-nts.html
6 https://www.elmundo.es/cultura/toros/2024/05/03/66349236fc6c83a4268b4571.html
7 https://elpais.com/cultura/2025-07-28/los-museos-estatales-en-madrid-contratan-a-50-empleados-temporales-para-evitar-el-cierre-de-salas-y-la-reduccion-de-horarios.html
8 https://www.abc.es/cultura/teatros/urtasun-conocia-situacion-compania-nacional-danza-marzo-20251212040902-nt.html
9 https://www.eldiario.es/cultura/urtasun-anuncia-plan-8-millones-euros-reparar-biblioteca-nacional-inundaciones_1_11821294.html
10 https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrgano=377&codSesion=11&idLegislaturaElegida=15&fechaSesion=18/11/2025
11 https://www.elmundo.es/cultura/2025/11/20/691dbdf6fc6c8377468b45b1.html
12 https://www.abc.es/cultura/cultura-encubre-fraude-subvenciones-fundacion-gitana-20260325040638-nt.html
13 https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/gobierno-admite-que-hace-uso-fraudulento-bono-cultural-pero-considera-irrisorio_2026031369b3f7a96cf703292f6f3690.html
14 https://www.traveler.es/articulos/lista-roja-patrimonio-espanol-en-mal-estado-riesgo-desaparicion
15 https://www.abc.es/cultura/nuevo-gesto-urtasun-defensa-palestina-200000-euros-20251001124356-nt.html
16 https://www.cultura.gob.es/eu/actualidad/2025/12/251223-ayudas-fondo-ucraniano-patrimonio-cultural.html
Señora de la Asunción (Valladolid), que ostentaba la catalogación de Bien de Interés Cultural y cuyo muro que cerraba el ábside del altar colapso a causa de la falta de mantenimiento17.
En definitiva, lejos de buscar el bien del sector cultural, el Ministro pretende imponer un ejercicio de revisionismo histórico, excediendo las funciones que corresponden al Ministerio de Cultura. En definitiva, se hace evidente que existen
multitud de razones que motivan la reprobación de Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España, a causa de su nefasta gestión al frente del Ministerio de Cultura.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación de Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España, por su nefasta gestión al frente del Ministerio de Cultura y, en particular, por su apoyo a la Leyenda Negra antiespañola y
por el flagrante sectarismo que ha manifestado al prohibir, ilegalizar o cancelar las expresiones culturales que no se ajustan a su ideología.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.Joaquín Robles López, Blanca Armario González y José Ramírez del Río, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003480
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a un Plan nacional de
protección, conservación y promoción de los órganos históricos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El patrimonio organístico constituye uno de los legados culturales, artísticos y tecnológicos más complejos y significativos de la tradición europea y latinoamericana.
La organería arte, ciencia y oficio se enfrenta hoy a un triple desafío: Preservar un patrimonio organístico vulnerable y asegurar la continuidad generacional de los profesionales capaces de restaurar con criterios rigurosos y mantener
los órganos históricos españoles con su esencia técnica y sonora propia, material e inmaterial, de la que son herederos y transmisores; Construir nuevos instrumentos preparados para las exigencias y necesidades actuales que la sociedad, organistas
y compositores de última generación requieren cuyas nuevas obras también deberían ser protegidas y reconocidas como arte contemporáneo para que nuestro país cuente con un patrimonio organístico que permita la evolución y la creación musical de los
organistas que se forman en nuestros conservatorios, creando obras artísticas únicas que serán nuestro patrimonio del futuro, y a la vez, afrontan el reto de proyectar al exterior sus capacidades, sus productos y servicios en el ámbito mundial, como
ya se está realizando a través de la construcción artesanal de nuevos órganos, desde instrumentos contemporáneos de última generación a órganos en estilo histórico ibérico para iglesias y conservatorios europeos con el fin de estudiar la música de
órgano ibérica.
Las empresas organeras también están escribiendo historia y quizás algún día estas obras serán reconocidas como piezas de arte a cuidar.
17 https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/provincia/gran-muro-abside-valiosa-iglesia-muriel-zapardiel-20260112135105-nt.html
Existen empresas de organería que exportan servicios de restauración y construyen grandes instrumentos que les demandan desde el extranjero, exportando su firma personal, que a la vez es marca España. Sin embargo, aquí no siempre su
prestigio se ve suficientemente reconocido al no existir un marco legal concreto que proteja la profesión del intrusismo.
Los órganos históricos constituyen una parte esencial del patrimonio cultural, artístico y musical de España. Nuestro país alberga uno de los conjuntos de órganos más ricos y diversos de Europa, tanto por su antigüedad como por la variedad
de escuelas organeras, estilos constructivos y valores artísticos asociados.
Estos instrumentos no son únicamente bienes muebles de alto valor histórico, sino también elementos vivos del patrimonio inmaterial, vinculados a la tradición musical, litúrgica y cultural de numerosas comunidades. Sin embargo, una parte
significativa de los órganos históricos españoles se encuentra en estado de abandono, deterioro o mantenimiento inadecuado, lo que pone en riesgo su conservación y transmisión a las generaciones futuras.
La presencia del órgano en la Península Ibérica puede rastrearse desde época tardoantigua, como evidencian diversos mosaicos romanos que representan instrumentos aerófonos de teclado o sistemas hidráulicos emparentados con el hydraulis.
Muestra de ello es el mosaico de la Villa Romana de Noheda (Cuenca), que representa un hydraulis muy evolucionado en cuanto a recursos sonoros.
Estos testimonios iconográficos permiten plantear la existencia de una memoria organológica temprana en Hispania que, lejos de desaparecer tras la Antigüedad, pudo encontrar cauces de continuidad a través de las complejas dinámicas
culturales del Mediterráneo occidental. En este sentido, resulta especialmente sugerente la hipótesis que vincula la pervivencia y transmisión de saberes musicales y técnicos a la llegada de los omeyas por el sur de la Península, situando a
Andalucía como un espacio clave de intercambio cultural entre Oriente y Occidente, donde confluyeron tradiciones clásicas, islámicas y cristianas. Ejemplo de esto fue Gerbert d'Orlhac, educado en el monasterio de Ripoll, que fue a Córdoba donde
estudió medicina, matemáticas y la construcción del órgano que había llegado a través de los Omeyas, más tarde Gerbert fue Silvestre II (Papa y organero).
Durante el siglo XIII, la Corona de Castilla experimentó una notable expansión territorial hacia Extremadura, Murcia y gran parte de Andalucía, quedando aún fuera de su dominio el Reino de Granada, con Málaga y Almería, cuya conquista no se
produciría hasta finales del siglo XV. Este proceso histórico condicionó de manera decisiva el desarrollo del órgano en la Península Ibérica, dando lugar a trayectorias diferenciadas en función de los ámbitos políticos, culturales y litúrgicos.
Desde sus inicios medievales, la historia del órgano en España se configuró a partir de dos grandes áreas: por un lado, la Corona de Castilla, que a comienzos del siglo XVI integraba territorios como Navarra, Extremadura, Murcia y Andalucía; por
otro, la Corona de Aragón, a la que pertenecían el Reino de Valencia constituido en 1238 y el Condado de Barcelona, que, tras su progresiva independencia del poder carolingio y su integración con otros condados vecinos, dio lugar al Principado de
Cataluña en torno al año 1000. Esta doble realidad política y cultural constituye una clave fundamental para comprender la diversidad de estilos y soluciones constructivas del órgano en España.
En este contexto se generalizó la presencia en los templos del realejo, órgano positivo de pequeñas dimensiones, en el último tercio del siglo XV. Los Reyes Católicos poseían ya este tipo de instrumentos, afición compartida por sus
descendientes. De la reina Juana I de Castilla se conserva en Tordesillas el que está considerado el realejo más antiguo existente hoy en territorio castellano, testimonio excepcional de la organería tardomedieval. Paralelamente, durante el siglo
XV y los inicios del XVI, se documenta la presencia de organeros de procedencia germánica trabajando en los territorios de la Corona de Aragón, cuya actividad dejó una huella significativa en la configuración del denominado órgano mediterráneo,
caracterizado por una clara tendencia a la
monumentalidad, con instrumentos de grandes dimensiones, estructurados en varios cuerpos sonoros y concebidos para amplios espacios arquitectónicos.
La configuración de un modelo organístico propiamente español comenzó a definirse con claridad a partir de 1517, en paralelo a las transformaciones litúrgicas derivadas de la Reforma protestante y, especialmente, de la respuesta católica
articulada en la Contrarreforma. Este contexto propició el desarrollo de una escuela organera propia, con soluciones técnicas y estéticas específicamente adaptadas a las necesidades del ceremonial católico hispánico. Desde el punto de vista
organológico, el órgano ibérico se caracteriza por la adopción temprana del teclado partido, que permite la diferenciación tímbrica entre registros de bajo y de tiple en un mismo manual; por el desarrollo de la lengüetería horizontal o trompetería
de batalla, concebida tanto para la proyección sonora como para su función retórica y simbólica; y por la consolidación de familias de registros solistas cornetas, clarines, oboes, bajoncillos y flautados específicos destinados a imitar la
riqueza tímbrica de las capillas catedralicias, estableciendo un diálogo directo entre el órgano y los conjuntos vocales e instrumentales.
El Barroco, desarrollado plenamente entre los siglos XVII y XVIII, constituyó el periodo de máximo florecimiento y esplendor de esta tradición en la Península Ibérica, momento en el que se consolidó una escuela organera amplia, diversa y
cohesionada, con focos claramente definidos en Castilla, Aragón y Andalucía. Destacaron maestros como Leonardo Fernández Dávila; en los territorios alcanzaron especial relevancia figuras como la familia Roqués, José de Echevarría o Pedro Liborna
Echevarría o como el paradigmático Jorge Bosch. Estos constructores levantaron instrumentos de extraordinaria calidad técnica y artística, fijando un modelo sonoro coherente, reconocible y profundamente ligado a la arquitectura, la liturgia y la
retórica musical del ámbito hispánico.
Esta identidad constructiva dio lugar a un patrimonio organístico específico, excepcional y de enorme valor histórico, que no solo se difundió ampliamente por el territorio peninsular, sino que se proyectó también hacia Hispanoamérica, donde
la organería española dejó una huella profunda y duradera. La capacidad de estos modelos para adaptarse a nuevos contextos culturales y litúrgicos sin perder sus rasgos identitarios esenciales confirma el valor singular del órgano ibérico como uno
de los legados más relevantes de la historia musical española.
A partir del siglo XIX, por un lado, la desamortización, provocó la pérdida de muchos instrumentos barrocos vinculados a la liturgia monacal, pero se conservaros un buen número de órganos parroquiales. Por otro, donde el poder económico era
más significativo, los instrumentos fueron adaptados a las nuevas sensibilidades del periodo romántico y sinfónico, bien siendo transformados en esencia, o bien siendo sustituidos por nuevos instrumentos sinfónicos de la importante escuela
vascocatalana que se conservan en gran parte, y que también son seña de identidad de nuestro país.
En el siglo XX, el papa Pío X promulgó el motu proprio Tra le sollecitudini, siendo una nueva referencia para la música litúrgica, donde reafirmó la función del órgano como instrumento propio del culto, subordinando su uso al servicio del
canto y de la participación litúrgica. Con el paso del tiempo y especialmente tras el Concilio Vaticano II, el órgano fue perdiendo presencia en algunas comunidades.
La Guerra Civil destruyó, según los territorios y comunidades, una parte importante del patrimonio organístico, y con ello se perdió también el contexto cultural, el respeto y el cuidado hacia estos instrumentos. La recuperación y
revalorización del órgano ha sido lenta, y todavía hoy estamos en este proceso.
Pero el desconocimiento del estado y valía del patrimonio organístico es significativo. Las causas de esta situación incluyen la falta de inventarios actualizados, la insuficiencia de recursos económicos para su restauración y
mantenimiento, la escasa coordinación entre administraciones públicas y propietarios, así como la limitada difusión y conocimiento social de este patrimonio singular.
Es cierto que en el ámbito de políticas regionales se están desarrollando interesantes programas, pero este singular patrimonio merece una estrategia común.
Por su trayectoria continuada de apoyo institucional destacamos la que lidera la Diputación de Palencia, en coordinación con la Diócesis, Universidad de Valladolid, Junta de Castilla y León y diversas Asociaciones de Amigos del órgano, donde
se ha realizado y publicado un estudio documental archivístico desde que hay datos; existe una catalogación reciente, se han restaurado cerca de 40 instrumentos; se realiza un Festival Internacional de órgano con cerca de 30 conciertos cada año;
existe conservatorio donde se imparte el órgano, dotado de dos instrumentos; academias de formación para profesionales; escuela de órgano para no profesionales; y se ha realizado una réplica de un hydraulis.
La puesta en marcha del Ciclo de Órganos de Andalucía: Música y Patrimonio, organizado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Este programa incluye recitales y conciertos en 14
municipios de las ocho provincias andaluzas, con el objetivo de poner en valor los órganos históricos conservados en iglesias y templos, acercar su música a nuevos públicos y resaltar su importancia cultural y patrimonial.
En otras Comunidades, se ha puesto énfasis en la protección de los Instrumentos: el Gobierno de Aragón declaró 59 órganos históricos como Bienes de Interés Cultural (BIC) mediante el Decreto 184/2022, reconociendo expresamente su valor como
obras de arte y elementos culturales significativos. Además, estos órganos aparecen en el catálogo del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) con información histórica, artística y musicológica, lo que facilita su
conocimiento, estudio y difusión. Asturias y Cantabria, también los han protegido mediante su Declaración como Bien de Interés Cultural.
En otras, en colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones, se celebran Festivales, cursos de órgano, se restauran algunos órganos, pero sin una planificación, por lo que, aun siendo importantes, en la mayoría de los casos son actuaciones
inconexas y sin financiación garantizada, algo necesario para que impliquen una repercusión cultural y patrimonial importante a largo plazo.
La protección efectiva de los órganos históricos requiere una política pública integral que combine conservación, uso responsable, formación especializada y promoción cultural. Asimismo, resulta fundamental apoyar a los profesionales de la
organería y fomentar la investigación y divulgación de este patrimonio como parte del paisaje cultural común de España.
Sin duda, nuestros países vecinos, llevan desarrollando unas políticas muy efectivas en materia de protección musical y organística. En Francia, la protección de los órganos históricos se apoya en una estrategia pública integral que los
reconoce como parte esencial del patrimonio cultural. Muchos órganos están clasificados como Monuments Historiques, lo que garantiza protección legal específica, control técnico de las intervenciones y acceso a financiación pública compartida entre
el Estado y las administraciones territoriales. Esta política se refuerza con un inventario nacional exhaustivo y público, que permite conocer el estado de los instrumentos, priorizar restauraciones y facilitar la investigación. Además, existe una
red consolidada de expertos, conservadores y organeros cualificados que aseguran criterios homogéneos de conservación y restauración. Paralelamente, Francia concibe el órgano como un instrumento vivo, promoviendo su uso regular mediante conciertos,
festivales y actividades educativas. El Estado apoya activamente el oficio de la organería a través de la formación especializada y el reconocimiento artesanal, garantizando el relevo generacional.
En Alemania, el oficio de los organeros alemanes y el patrimonio organístico están reconocidos por la UNESCO como patrimonio Inmaterial y Material.
En Portugal, existen programas para la financiación de restauraciones y proyectos enmarcados en proyectos culturales y turísticos junto a otros bienes culturales y naturales.
El inmenso patrimonio organístico, que aún atesora nuestro país, sería un vehículo perfecto para la transmisión de conocimientos musicales en territorios con baja densidad de población, así como permitir el desarrollo de conciertos,
festivales y escuelas en
localidades donde la presencia cultural es escasa. Supone un atractivo turístico y cultural que ha de promoverse como herramienta contra el despoblamiento.
Por último, la organería española tiene características únicas en el mundo (como la trompetería en batalla, los secretos de corredera específicos, tablón acanalado, la estética sonora barroca ) que constituyen un legado cultural universal,
que llegó a América, principalmente en México, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que se desarrolló estilos propios (neogranadino, andino) en iglesias coloniales, y que merece el sello de protección internacional con la finalidad de garantizar su
mejor conservación y fomentar un turismo cultural especializado.
Por todo ello, porque se considera necesario impulsar medidas que refuercen el compromiso de las administraciones públicas con la preservación, puesta en valor y difusión de los órganos históricos existentes en España, se propone la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar cuantas medidas sean necesarias para:
1. Desarrollar un Plan Nacional de Organería, en colaboración con las comunidades autónomas, la Conferencia Episcopal, las entidades locales, los propietarios de los instrumentos, y expertos en la materia, con el objetivo de convertir el
órgano y la organería en un patrimonio vivo, accesible y comprensible para toda la sociedad, impulsando su puesta en valor cultural y educativa, sustentada en tres pilares: conservación, difusión y formación.
2. Impulsar la elaboración y actualización de un inventario nacional de órganos históricos, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las diócesis, las entidades locales y los propietarios de los instrumentos, que recoja su estado de
conservación, características técnicas y valor patrimonial.
3. Desarrollar, para la gobernanza y gestión de esta estrategia, una Mesa de Trabajo Permanente de Organería en el Ministerio de Cultura.
4. Fomentar líneas de financiación específicas destinadas a la restauración, mantenimiento y puesta en funcionamiento de órganos históricos, priorizando aquellos que se encuentren en riesgo de deterioro irreversible, incluyendo dentro de
los criterios de selección de ayudas del 2 % Cultural, la rehabilitación de los órganos históricos. Promover, asimismo, líneas de financiación orientadas a la investigación avanzada y al estudio de las innovaciones más recientes en el ámbito de la
organería contemporánea.
5. Apoyar la formación y el relevo generacional de los profesionales de la organería, impulsando programas de formación especializada, aprendizaje artesanal y reconocimiento de este oficio tradicional como patrimonio histórico, como
manifestación cultural inmaterial. Promover, para ello, convenios de colaboración entre centros europeos de formación en organería y talleres organeros españoles, con el fin de promover el aprendizaje, la práctica profesional y la transferencia de
conocimientos.
6. Promover la difusión y valorización cultural de los órganos históricos, mediante conciertos, escuelas formativas, ciclos educativos, actividades divulgativas y programas de turismo cultural que contribuyan a su conocimiento y apreciación
por parte de la ciudadanía, en especial en aquellas poblaciones con baja densidad de población.
7. Proponer la planificación, programación y creación de una oferta formativa que ordene las enseñanzas para la capacitación de profesionales de la organería. Y que, a resultas de tal proceso, sirva de referencia obligada para la
acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías no formales o informales.
8. Valorar la revisión y actualización de la normativa de protección de los órganos históricos, entre otros, el RD 782/1980, de 7 de marzo, sobre protección de instrumentos musicales de carácter histórico-artístico, con la finalidad de
garantizar que las intervenciones sean realizadas con la debida garantía técnica por personal cualificado, en particular en el ámbito de la contratación pública.
9. Promover la candidatura de la Organería Ibérica para que sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, previo acuerdo del
Consejo de Patrimonio Histórico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.María Soledad Cruz-Guzmán García, Eduardo Carazo Hermoso, Borja Sémper Pascual, Marta González Vázquez, Carlos Aragonés Mendiguchía, Manuel García Félix, Jaime Miguel de los Santos
González, José Alberto Herrero Bono, Héctor Palencia Rubio, Julia Parra Aparicio, Sandra Pascual Rocamora, Nacho Martín Blanco, Óscar Clavell López y María Elisa Vedrina Conesa, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad
161/003481
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un fondo
estatal con el que financiar innovaciones para el tratamiento de las enfermedades raras, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Las Enfermedades Raras (ER) son patologías con una prevalencia muy reducida en la población, pues afectan a menos de cinco personas por cada 10.000.
Las ER, también conocidas como «poco frecuentes», tienen un origen genético en el 70-80 % de los casos, suelen comenzar a manifestarse durante la edad pediátrica y afectan en todo el mundo a 300 millones de personas (4,7 % de la población
total, según la Organización Mundial de la Salud), de las que 30 millones se encuentran en Europa (6,7 % de la población europea, de acuerdo con la Organización Europea de Enfermedades Raras) y más de 3 millones en España (6,3 % de la población
nacional, considerando los datos ofrecidos desde la Federación Española de Enfermedades Raras [Feder]).
En los últimos años se han materializado en nuestro país medidas como la «Estrategia en ER del Sistema Nacional de Salud» (SNS), el modelo de «Centros, Servicios y Unidades de Referencia», la creación del «Registro Estatal de ER» o el
catálogo común de pruebas genéticas con las que el abordaje de las ER ha avanzado. Sin embargo, las carencias que los pacientes y sus familias y cuidadores consideran pendientes de ser satisfechas son todavía considerables.
Junto con la necesidad general de materializar mejoras en los servicios prestados en todo el territorio nacional sobre los principios de calidad, equidad y cohesión, un ejemplo representativo de dichas insuficiencias es el acceso a un
diagnóstico temprano y adecuado, pues, de acuerdo con lo planteado desde Feder, el tiempo que transcurre de media hasta la obtención del propio diagnóstico es de seis años, aunque en un 20 % de los casos esa demora alcanza e incluso supera la
década.
Otra muestra destacada, también con datos ofrecidos desde Feder, es el hecho de que sólo el 15 % de los enfermos son tratados con los conocidos como «medicamentos huérfanos», que son, de acuerdo con la definición planteada desde el
Ministerio de Sanidad, fármacos «destinados a tratar enfermedades que, por su rareza no resultan atractivos a los patrocinadores, quienes se muestran reacios a desarrollarlos bajo las condiciones de mercado habituales, ya que el pequeño tamaño del
mercado al que van
dirigidos no permitiría recuperar el capital invertido en la investigación y en el desarrollo del producto».
En este sentido, las cifras ofrecidas en mayo de este año por la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia) indican que el tiempo
medio registrado en España para acceder a un «medicamento huérfano» aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos es de 579 días, lo que representa un incremento de 141 días con respecto a 2018 y contrasta por exceso con los 124 días registrados
en Alemania o los 213 de Macedonia.
Además, y considerando el impacto directo en los pacientes con ER y en sus familias, únicamente el 67 % del total de los «medicamentos huérfanos» autorizados en Europa cuando Efpia y Farmaindustria elaboraron el mencionado informe (44 de 66)
están disponibles en España, frente al 97 % de la referida Alemania o el 80 % de Austria.
Por todo lo anterior, valorando como imprescindible la actualización inmediata de la mencionada «Estrategia en Enfermedades Raras del SNS» y teniendo en cuenta que el consumo de «medicamentos huérfanos» a nivel hospitalario en España supuso
un coste de 1.342,1 millones de euros en 2025 según el Ministerio de Sanidad, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un fondo estatal con el que financiar innovaciones diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas para mejorar el abordaje integral de las Enfermedades Raras en todo el Sistema Nacional de
Salud.
Dicho fondo será contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, así como en el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que deberá contener un apartado específico para Sanidad y contará con la dotación económica
necesaria para garantizar el acceso ágil, equitativo y cohesionado de los pacientes a las referidas innovaciones en todo el país.
El fondo será consensuado con las Comunidades Autónomas y coordinado con las asociaciones de pacientes y los representantes de los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y las empresas de biotecnología y tecnología sanitaria,
con el objetivo de favorecer un diagnóstico temprano, adecuado y preciso, así como un tratamiento personalizado, de precisión, humanizado, transversal y multidisciplinar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003482
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha plena y
efectiva de la Agencia Estatal de Salud Pública, para su debate en Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
El Congreso de los Diputados aprobó en sesión plenaria en julio de 2020 el documento con las conclusiones de la «Comisión para la Reconstrucción Social y Económica» creada a partir de la pandemia de COVID-19.
Junto con los apartados relativos a la «Reactivación Económica» y a la «Unión Europea» el documento de conclusiones referido contiene un epígrafe específico sobre «Sanidad y Salud Pública».
El epígrafe sobre «Sanidad y Salud Pública» está compuesto por diez temas relativos a la «Gobernanza»; los «Recursos Humanos y Profesionales»; la «Atención Primaria y de Salud»; la «Salud Pública»; la «Investigación, la l+D+i, fármacos y
vacunas»; la Transformación digital»; la «Coordinación de los servicios sanitarios y sociales»; la «Política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica»; la adecuación de «la financiación sanitaria a las necesidades reales», y el
«modelo de atención sanitaria».
Dichos temas contienen un total de 87 propuestas. La propuesta número siete, incluida en el primer tema el relativo a la «Gobernanza» del modelo plantea literalmente que «para una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud [SNS] y
fomentar mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud pública de las comunidades autónomas, se creará un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial estudiándose la fórmula jurídica más adecuada, incluida la
posibilidad de una Agencia».
Transcurridos tres años y medio desde entonces, en enero de 2024, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados el «Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública», que fue rechazado por el Pleno en la sesión celebrada el 20 de marzo de 2025.
El Ejecutivo envió un segundo proyecto de ley que fue aprobado en julio y publicado en el Boletín Oficial del Estado como «Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública».
Dicha Ley 7/2025 tiene como objeto «la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública», que contará con «personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión», que será adscrita
«orgánicamente al Ministerio de Sanidad» y que deberá «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias, con un enfoque
salutogénico que potencie las capacidades y el empoderamiento de las personas y las comunidades».
La misma Ley 7/2025 dispone que «el Gobierno aprobará en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, mediante real decreto, el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública». Sin embargo, transcurridos casi diez
meses desde la entrada en vigor de la norma, dicho real decreto no ha sido aprobado.
De igual forma, la agencia tampoco tiene asignada ubicación geográfica, algo que el Gobierno debió haber decidido antes del pasado 17 de febrero, según se estableció desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En consecuencia, la Agencia Estatal de Salud Pública sigue sin ser creada ni puesta en marcha, siendo por consiguiente imposible el desempeño de las funciones de «vigilancia, identificación y evaluación del estado de salud de la población y
sus determinantes, así como de los problemas, amenazas y riesgos en materia de salud pública»; de «información y comunicación pública sobre la salud de la población y los riesgos que puedan afectarla»; de «coordinación de actividades de
preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional»; de facilitación de «la colaboración, cooperación e interacción entre los servicios de salud pública y los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para conseguir el mayor grado de protección y ganancia en salud de la población»; de «refuerzo de las capacidades, la orientación y soporte para el ejercicio
de las actuaciones de salud pública de las Administraciones públicas y la sociedad civil», y de «evaluación de los resultados en salud derivados de las prestaciones sanitarias, en colaboración con las comunidades autónomas» que le son atribuidas en
la mencionada Ley 7/2025.
Este incumplimiento es grave per se, pero lo es todavía en mayor grado si se toma en consideración el papel que la Agencia Estatal de Salud Pública podría haber desempeñado ante la crisis generada por el brote de Hantavirus iniciado a
finales de abril.
En este contexto, y considerando la necesidad de la agencia para el Sistema Nacional de Salud planteada desde el sector sanitario por instituciones como, por ejemplo, la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Sindicato de Enfermería Satse o la Alianza de la Sanidad Privada Española, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear y a poner en marcha de forma plena y efectiva la Agencia Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial antes de que concluya el año 2026, desde la coordinación con los representantes
de los profesionales, el consenso real con las Comunidades Autónomas y con la dotación de recursos humanos, económicos, estructurales y tecnológicos que sean necesarios para garantizar un total y correcto desempeño de sus funciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003483
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ei Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha plena y
efectiva del «Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud», para su debate en Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
Más allá de lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos, acciones y normativa estructuradas para responder de forma diligente y equitativa a las
alertas y emergencias de salud pública.
En este sentido, en el ámbito de actuación de la Unión Europa, el Parlamento y el Consejo aprobaron el Reglamento 2022/2371, de 23 de noviembre de 2022, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud donde se establecen normas
sobre la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles.
A nivel nacional, el Gobierno comprometió la aprobación mediante real decreto el «Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud» con el propósito de establecer «los mecanismos para la declaración de
emergencias de salud pública de importancia nacional, los mecanismos de gobernanza y las capacidades y recursos necesarios para garantizar la preparación y respuesta oportuna frente a estas emergencias».
Sobre lo dispuesto en el artículo 12.1 de la «Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública» que define la vigilancia de la salud pública como el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir la
información relacionada con el estado de salud de la población y los factores que la condicionan, con
el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública, el Gobierno planteó que el plan referido debía también proponer «los mecanismos conjuntos de gobernanza que establezcan los mecanismos de coordinación entre todos los sectores con
capacidad en la toma de decisiones y responsabilidades en la [mencionada] preparación y respuesta frente a amenazas en salud pública en el nivel nacional».
El «Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud» fue sometido a consulta pública por el Ministerio de Sanidad entre el 5 y el 19 de mayo de 2023. Sin embargo, dicha versión del plan no prosperó y el 15 de
septiembre de 2025 el propio Ministerio de Sanidad volvió a abrir otro trámite de audiencia pública con el objetivo de «reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud y de las Administraciones públicas ante situaciones que puedan comprometer
gravemente la salud de la población», así como para «anticiparse y dar respuesta a riesgos de origen biológico (como pandemias o brotes epidémicos), químico (accidentes industriales, exposiciones tóxicas), ambiental (contaminación, olas de calor),
nuclear o radiológico, o cualquier otro evento que, por su naturaleza o magnitud, supere las capacidades asistenciales existentes o requiera una actuación conjunta y coordinada de las autoridades sanitarias».
El Ministerio de Sanidad concretó entonces que el plan supondría la creación de una «Comisión Estatal de Coordinación», de un «Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida», de un procedimiento de «Emergencia de Salud Pública de Importancia
Nacional» y de «recursos estratégicos» como una «reserva estratégica nacional sanitaria» de «materiales esenciales», una «plataforma digital de recursos asistenciales», una «red de unidades para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto
riesgo», una «red nacional de laboratorios de referencia», equipos «de salud pública de respuesta rápida», y un sistema de «coordinación con los puntos de entrada internacionales, en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional» citado
anteriormente.
No obstante, y a pesar de estar incluido en el «Plan Anual Normativo» del Gobierno de los años 2024, 2025 y 2026, en el momento en el que se redacta la presente iniciativa parlamentaria el «Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a
amenazas graves para la salud» sigue sin materializado.
Se trata de un incumplimiento flagrante por parte del Gobierno, que tampoco ha puesto en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública pesar de los meses que lleva en vigor la «Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la [propia]
Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y en el marco de la crisis generada por el brote de Hantavirus en las últimas semanas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar y poner en marcha de forma plena y efectiva el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud antes de que concluya el año 2026.
El Gobierno destinará cuantos recursos humanos, económicos, estructurales y tecnológicos sean necesarios para garantizar un total y correcto desempeño de sus funciones, consensuado cada decisión que tome con las Comunidades Autónomas y los
representantes de los profesionales sanitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Carmen Fúnez de Gregorio, Elvira Velasco Morillo y Antonio Cavacasillas Rodríguez, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003488
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa al impulso de mejoras en materia de reconocimiento, prevención,
tratamiento, investigación y divulgación de la Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad, para su debate en la Comisión de Sanidad en el Congreso.
Exposición de motivos
La Fibromialgia, la Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica, la Sensibilidad Química Múltiple y la Electrohipersensibilidad constituyen un grupo de afecciones de origen diverso que provocan un deterioro significativo de la
calidad de vida de las personas afectadas. Todas ellas se caracterizan por una compleja desregulación neuroinmuno-endocrina que provoca una gran diversidad de síntomas con un gran impacto en todas las esferas de la vida de las personas afectadas.
Los más prevalentes son dolor crónico, fatiga extrema, intolerancia a estímulos físicos o ambientales, así como diversos tipos de disfunciones cognitivas y autonómicas, que limitan gravemente la actividad cotidiana y la participación social. A
pesar de que tanto los rasgos clínicos como etiológicos de estas afecciones están claramente diferenciados, comparten el hecho de ser enfermedades de difícil diagnóstico, con desigual reconocimiento sanitario y con déficits en materia de
investigación y apoyo institucional. Es por ello por lo que las asociaciones de personas afectadas por estas afecciones tienden a trabajar de manera coordinada, buscando promover una mayor sensibilización social, así como una respuesta pública
acorde a su situación.
A la hora de valorar la relativa invisibilización y la necesidad de incrementar el apoyo institucional, no debe dejar de notarse la influencia del sesgo de género presente en las cuatro enfermedades. En todas ellas la prevalencia es muy
superior en mujeres, lo que históricamente ha favorecido un infradiagnóstico coherente con la tendencia general a infravalorar las dolencias con mayor prevalencia en mujeres, fenómeno bien estudiado por las ciencias sociales. Esta dimensión de
género se une a las dificultades para evaluar la sintomatología, debido a la ausencia de biomarcadores específicos y a la variabilidad e intensidad fluctuante de los síntomas. Este hecho contribuye a generar incertidumbre clínica, retrasos en el
diagnóstico y, a menudo, indeterminación en el tratamiento propuesto. En el caso de las mujeres, la inadecuación o el desconocimiento de las herramientas diagnósticas a disposición del personal sanitario se ve agravada por los antedichos sesgos
históricos en la valoración del dolor y malestar, tradicionalmente banalizados o reducidos a manifestaciones emocionales.
El principal síntoma de la Encefalomielitis Miálgica o Síndrome de Fatiga Crónica es, precisamente, la fatiga o el agotamiento; más específicamente el denominado «ANPE», Agotamiento Neuro-Inmune Metabólico Pos-Esfuerzo, una respuesta
anormalmente elevada frente a cantidades mínimas de esfuerzo físico y/o cognitivo. Ello no impide que muchas pacientes afronten comorbilidades como disfunciones neurológicas, inmunitarias, digestivas, genitourinarias, etc. Algunos casos presentan
situaciones de parálisis, gastroparesias o necesidad de aislamiento total. El tratamiento solo puede ser sintomático, siendo una de las herramientas empleadas el denominado pacing, esto es, el aprendizaje del control del ritmo o del nivel de sus
actividades.
En el caso de la fibromialgia, se trata de una enfermedad compleja y multisistémica, caracterizada principalmente por dolor crónico generalizado, acompañado habitualmente por una gran diversidad de síntomas y trastornos, como los trastornos
del sueño, cansancio extremo, debilidad muscular, disfunciones cognitivas, disfunciones de la articulación temporomandibular, mareos e inestabilidad, sequedad de mucosas,
ansiedad y depresión de tipo reactivo, etc. Las pacientes relatan de modo persistente problemas para conseguir un diagnóstico, ante la dificultad de establecer un rango objetivo de dolor. No obstante, la Sociedad Española de Reumatología
destacó en 2022 la importancia de establecer un diagnóstico para mejorar el enfrentamiento de las pacientes de fibromialgia. En cuanto al tratamiento, además del farmacológico para tratar algunos de los síntomas, lo que cuenta con una mayor
evidencia científica es una terapia multicomponente, que combine la educación sanitaria, la actividad física adaptada, técnicas de relajación o mindfulness y apoyo psicológico y emocional.
La Sensibilidad Química Múltiple es una afección mucho menos estudiada; estudios del Hospital Clínic de Barcelona y de la Red de Investigación de Salud Ambiental sugieren una prevalencia del 0,1 %-0,5 %. La sintomatología clave, sin
perjuicio de otras manifestaciones, es la reacción multisistémica a sustancias químicas comunes a unos niveles de exposición habitualmente tolerados por la mayoría de las personas. Recientemente en Italia se elaboró un consenso de expertos para
orientar el manejo clínico-terapéutico de la SQM, lo que supone un avance para su reconocimiento global en el ámbito sanitario. En el caso de la Electrohipersensibilidad nos encontramos, igualmente, con una afección poco conocida. Ha sido definida
por la literatura científica como un trastorno patológico neurológico, que cursa con una disminución en el umbral de tolerancia frente a la exposición a una serie de radiaciones no ionizantes, aunque éstas estén por debajo de los límites máximos
permitidos. Después de la reunión de consenso científico patrocinada por la OMS en 2004, se denominó «intolerancia ambiental idiopática» (IEI) atribuida a campos electromagnéticos y se reconoce que puede ser un problema incapacitante para la
persona afectada. Según el documento de Consenso Científico Internacional de 2021 la patología puede ser diagnosticada y tratada. La resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda prestar especial atención a las
personas electrosensibles. Parece evidente, en cualquier caso, que la investigación científica resulta fundamental en estas afecciones crónicas e incapacitantes, tanto para profundizar en el reconocimiento de estas como para avanzar en su correcto
diagnóstico y tratamiento.
En este sentido, es fundamental considerar los efectos en la vida social y laboral que afrontan las pacientes. Las cuatro patologías tienen un impacto profundo, altamente limitante a la hora de cualquier tipo de actividad, incluso
cotidiana. En el ámbito laboral la capacidad de mantener un empleo estable se ve gravemente deteriorada, provocando que muchas personas deban reducir su jornada, cambiar de puesto o dejar de trabajar. En casos particularmente complejos, estas
enfermedades llegan a ser altamente discapacitantes, y los cuidados tienden a recaer en el ámbito familiar. Cabe notar, por tanto, que las dificultades administrativas, médicas y judiciales para obtener una baja laboral o un reconocimiento de
discapacidad provocan que muchas personas en situaciones graves deban afrontarlas sin ningún tipo de prestación. Por otra parte, deben sumarse otras circunstancias complejas, tales como la sobremedicación de analgésicos derivada de la falta de un
diagnóstico claro, así como el sobrecoste que afrontan las pacientes a las que se les pauta algún tipo de tratamiento no cubierta por el sistema público.
Por último, pero en estrecha relación con lo ya expuesto, no puede dejar de mencionarse que asociaciones, entidades y pacientes lamentan la dificultad para orientarse en todo el proceso de su enfermedad, tanto a la hora de obtener un
diagnóstico como en el acceso a los recursos sanitarios y sociosanitarios que puedan estar a su disposición. El conocimiento de estas enfermedades resulta muy desigual, tanto entre los y las profesionales de la Sanidad como en la sociedad, lo que
genera infradiagnóstico, o diagnósticos tardíos, pero también puede producir un efecto también pernicioso de sobrediagnóstico, como está sucediendo en algunos casos. Las guías clínicas y protocolos elaboradas por las diversas administraciones
públicas no siempre han gozado de la solidez científica que habría sido deseable, ni se han escrito en colaboración con las asociaciones de pacientes. Determinadas administraciones públicas, instituciones sanitarias y sociedades científicas sí
disponen de guías y protocolos adecuados, pero las asociaciones y entidades de pacientes reclaman una mayor uniformidad, así como mejoras en el acceso a la información y el acompañamiento de los y las pacientes.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Avanzar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el reconocimiento pleno en España de la Fibromialgia, la Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, promoviendo que todas las
Comunidades Autónomas incorporen el uso de los Códigos Internacionales de Enfermedades correspondientes en sus estructuras de salud.
2. Impulsar la investigación en Fibromialgia, Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple, y otras patologías como la Electrohipersensibilidad, reforzando el apoyo a los proyectos de investigación ya
existentes e impulsando otros nuevos, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la situación epidemiológica, la historia natural de dichas patologías y su abordaje.
3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la formación de grado y posgrado del personal sanitario de atención primaria y de todas las especialidades y profesionales de la salud relacionados con el tratamiento de estas
patologías.
4. Valorar, con base en la evidencia científica disponible, la revisión de los documentos técnicos disponibles, de valoración, abordaje y tratamiento de estas patologías, contando con la participación activa de la comunidad científica y con
las sociedades y entidades de personas afectadas.
5. Contemplar, con base en la evidencia científica disponible, facilitar desde el Sistema Nacional de Salud, el acceso a terapias farmacológicas y no farmacológicas de probada eficacia y que formen parte de las recomendaciones para a las
personas afectadas por estas patologías.
6. Avanzar en el reconocimiento de las consecuencias sociales y laborales de las personas afectadas por estas enfermedades a través de las adaptaciones normativas que sean necesarias para garantizar, cuando proceda, y tras exámenes
cualificados, ágiles y objetivos, la concesión de la incapacidad laboral, temporal o permanente, el reconocimiento del grado de discapacidad, o la adaptación de los puestos de trabajo para la reincorporación laboral o para la adaptación del ámbito
laboral a las necesidades de las personas enfermas que puedan seguir trabajando. Estudiar fórmulas que faciliten reconocer, en los casos en que corresponda, y de acuerdo con los procedimientos establecidos reglamentariamente por la legislación
vigente, estas patologías como enfermedad profesional.
7. Diseñar y financiar campañas de sensibilización e información que favorezcan la prevención, un diagnóstico precoz adecuado y un mejor conocimiento sanitario y social de estas patologías. Para el diseño y elaboración de estas campañas se
contará con la participación de las organizaciones de personas afectadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Rafael Cofiño Fernández, Diputado.Txema Guijarro García, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Igualdad
161/003471
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley contra la legislación sobre la llamada «violencia de género» y de denuncia de sus consecuencias, para su discusión en la Comisión de
Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La legislación sobre la «violencia de género».
Entre las numerosas normas que han configurado en España el entramado jurídico relativo a la llamada «violencia de género», pueden destacarse la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género («Ley Orgánica 1/2004») y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual («Ley Orgánica 10/2022»). La Ley Orgánica 1/2004 fue muy importante porque estableció por primera vez en el sistema
constitucional unos delitos calificados por el sexo del autor y de la víctima, además de contener las reformas judiciales necesarias para su enjuiciamiento. Por su parte, la Ley Orgánica 10/2022, conocida como «Ley de sólo sí es sí» y tristemente
célebre por sus modificaciones del Código Penal que permitieron la excarcelación de cientos de delincuentes sexuales, contiene asimismo importantes normas sobre actuaciones de la Administración en esta materia.
Hay que decir que casi todos los grupos parlamentarios han contribuido de forma decisiva a la implantación de dicho concepto de «violencia de género», al desarrollo del marco ideológico que lo envuelve y a la adopción de medidas que, lejos
de ofrecer una respuesta eficaz, han evidenciado sus limitaciones. Así lo pone de manifiesto el denominado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y renovado en 2025, suscrito por todos los grupos parlamentarios salvo VOX.
Comenzando con las cuestiones judiciales, entre ellas debe destacarse la entrada en funcionamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer el 29 de junio de 2005, en ejecución de la Ley Orgánica 1/2004, que no constituyó una mera
innovación organizativa, sino la implantación de un régimen competencial excepcional que altera de forma sustancial los principios que deben regir la actuación del poder punitivo del Estado.
El sistema diseñado por el legislador atribuye a dichos órganos la instrucción de procedimientos penales y, simultáneamente, el conocimiento de materias civiles conexas, concentrando en un mismo juez el examen de los hechos con relevancia
penal y de sus consecuencias en el ámbito familiar. Pero, además, dicha atribución competencial no es neutra: queda condicionada a que el investigado sea varón y la denunciante mujer en el marco de una relación afectiva.
De este modo, la determinación del órgano jurisdiccional no depende exclusivamente de la naturaleza del hecho ni de su calificación jurídica, sino de la condición personal del investigado, conforme lo dispuesto en el artículo 44 de la citada
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que adicionó el artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial1, atribuyendo la competencia a los entonces llamados Juzgados de Violencia sobre la Mujer a los delitos cometidos
por un hombre contra quien sea o haya sido su esposa o pareja. La consecuencia es evidente: unos mismos hechos son enjuiciados por órganos distintos en función del sexo de las personas involucradas, introduciendo una diferencia de trato en el
propio acceso a la jurisdicción.
Esta configuración no es una simple especialización técnica, sino la instauración de un criterio personal en la atribución de la competencia. En la práctica, equivale a la existencia en este ámbito de un fuero específico determinado por el
sexo, incompatible con la exigencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución.
1 En la actualidad es el artículo 89 de la Ley Orgánica, relativo a las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia.
El propio concepto de «violencia de género», tal y como ha sido definido por el legislador, parte de una premisa que atribuye al varón, en cuanto tal, una posición de riesgo penal ex ante, al asociar su condición personal con una potencial
conducta agresiva en el ámbito de las relaciones afectivas. Sobre este presupuesto se articula un conjunto de consecuencias jurídicas que trascienden de la estricta valoración individualizada de los hechos.
Entre ellas, conviene desatacar la práctica de la detención del denunciado en las fases iniciales del procedimiento, con su traslado a dependencias policiales y su permanencia en situación de privación de libertad hasta su puesta a
disposición judicial. En la realidad habitual, dicha medida se materializa de forma inmediata a partir de la mera interposición de la denuncia por parte de la mujer, erigiéndose tal denuncia, por sí sola, en presupuesto suficiente para la adopción
de una medida restrictiva de derechos fundamentales, sin que resulte exigible la concurrencia de otros elementos objetivos que permitan apreciar, con el debido rigor, la existencia de indicios racionales de criminalidad.
Pero, como se ha indicado, esta situación indeseable se proyecta también sobre el ámbito administrativo. Debe denunciarse, en este sentido, que el actual sistema de reconocimiento administrativo de la condición de víctima de violencia
sexual, regulado en el artículo 37 de la citada Ley Orgánica 10/2022, constituye una vía abierta al fraude, al permitir el acceso a tal condición al margen de un previo pronunciamiento judicial o de una actividad probatoria mínimamente suficiente.
Este modelo responde a una determinada concepción ideológica que, lejos de atender a la realidad concreta de los hechos, parte de una construcción previa en la que la mujer es configurada, de manera generalizada, como sujeto pasivo de
violencia, con independencia de la verificación efectiva de los presupuestos que habrían de justificar tal reconocimiento.
Especialmente significativa resulta la reciente aprobación, en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad2, de un acuerdo relativo al procedimiento común de acreditación de las situaciones de violencias sexuales, en cumplimiento de lo
previsto en el ya mencionado artículo 37 de la Ley Orgánica. Dicho acuerdo, según lo publicado, supone que la acreditación que hacen los servicios sociales de la condición de víctima de violencia sexual tiene eficacia «en todo el territorio del
Estado y puede ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas principales de todas las formas de violencia sexual»; así como por quienes ejerzan su representación legal. La acreditación podrá ser solicitado por «las víctimas
(sic) que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con
pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación».
Todo ello ha puesto de manifiesto la existencia de supuestos en los que el reconocimiento de la condición de víctima se da a pesar de la inexistencia de responsabilidad penal del denunciado, lo que evidencia que es el propio diseño legal el
que viene a facilitar posibles fraudes.
Segundo. Sobre las denuncias falsas.
Los últimos datos disponibles, de la estadística judicial del año 2024, del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial3, apuntan a que el 42,39 % del total de los procedimientos de los Tribunales de
Instancia de las secciones de violencia sobre la mujer acaban en sobreseimiento como forma principal de terminación, lo que implica que el proceso se detiene antes de llegar a una sentencia. El
2 https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/sala-de-prensa/la-conferencia-sectorial-de-igualdad-aprueba-el-procedimiento-para-la-acreditacion-de-las-situaciones-de-violencias-sexuales/
3 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Anual-2024
sobreseimiento puede ser de dos tipos: provisional (70.330 casos, equivalentes al 39,67 %), esto ocurre cuando no hay pruebas suficientes para acusar en ese momento, pero el caso podría reabrirse si aparecen nuevos indicios; o
sobreseimiento libre (4.830 casos, que suponen el 2,72 %), que es el equivalente a una absolución anticipada, en la que el juez o tribunal determina que no hubo delito o el acusado no participó.
Si bien no cabe identificar automáticamente el sobreseimiento con la falsedad de la denuncia, tampoco puede ignorarse la existencia de denuncias falsas, cuya verdadera dimensión permanece en gran medida oculta debido a la concurrencia de
factores estructurales que dificultan su persecución y que impiden su reflejo real en las estadísticas oficiales. Dicho de otra manera: no todos los sobreseimientos e incluso absoluciones obedecen a denuncias falsas, pero sí muchísimos de ellos;
y las bajísimas cifras de condenas por denuncias falsas se deben a la gran dificultad de circunstancias personales, de procedimiento y de prueba para la acreditación judicial de tal conducta criminal, y no a que ese reducido número refleje las
cifras reales.
En primer lugar, la persona denunciada ha debido soportar, en no pocos casos, una intensa estigmatización social y personal derivada de la imputación, a lo que se suma la dilación inherente a los procedimientos judiciales, agravada por la
sobrecarga de la Administración de Justicia. Este contexto genera un gran desgaste emocional y un elevado coste económico, en la medida en que, tras el sobreseimiento ya sea provisional o libre, no procede la imposición de costas a la parte
denunciante, debiendo el investigado asumir los gastos de su defensa letrada si no ha sido beneficiario de asistencia jurídica gratuita. Incluso en supuestos de sentencia absolutoria, tales costes deben ser soportados por el acusado, salvo que se
aprecie temeridad o mala fe en la acusación, circunstancia que la jurisprudencia viene aplicando de forma extraordinariamente restrictiva.
A ello se añade que el ejercicio de la acción por denuncia falsa comporta la asunción de nuevos costes económicos, así como la superación de un estándar probatorio particularmente exigente, pues no basta con la absolución del acusado ni con
el archivo del procedimiento por insuficiencia de indicios, sino que resulta imprescindible acreditar de forma positiva la falsedad de la imputación, así como el conocimiento de dicha falsedad o el desprecio temerario por la verdad por parte de
quien denunció. Esta elevada carga probatoria, unida al esfuerzo adicional que implica la promoción de un nuevo procedimiento, disuade en la práctica a los afectados de ejercitar dicha acción.
En consecuencia, la concurrencia de factores de índole económica, procesal y probatoria explica que la persecución del delito de denuncia falsa resulte extraordinariamente limitada en la práctica. Tales son los motivos de que las condenas
dictadas por la comisión de este ilícito penal presenten un carácter residual. En efecto, según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 20254, el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa en el período
comprendido entre 2009 y 2024 se sitúa en torno a un promedio del 0,0082 % del total de denuncias. Ya se ha indicado cómo dicha cifra no puede interpretarse, en modo alguno, como expresión de inexistencia o irrelevancia del fenómeno en la realidad
judicial, sino que responde, precisamente, a las dificultades estructurales mencionadas.
Tercero. Necesaria erradicación del vigente marco legal sobre «violencia de género».
Las leyes vigentes en materia de violencia de género han introducido, como se ha señalado, una efectiva discriminación por razón de sexo, al articular un sistema en el que la especialización jurisdiccional se activa exclusivamente en función
de la condición de varón del investigado, quebrando así el principio de igualdad ante la ley. Asimismo, su configuración ha provocado un deterioro general del principio de presunción de inocencia en el conjunto del sistema jurídico afectado por
estas cuestiones, al propiciar un marco
4 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2025/FISCALIA_SITE/index.html
en el que el varón es situado, de partida, bajo una fortísima sospecha de ser un potencial agresor, la cual condiciona la actuación de los operadores jurídicos desde las fases iniciales del procedimiento.
A ello se añade que el diseño del sistema ha favorecido la aparición de situaciones materialmente equiparables al fraude de ley, al permitir el acceso a ayudas y beneficios sin exigencias rigurosas para acreditar la condición de víctima,
generando peligrosos incentivos que propician la instrumentalización del proceso penal para la consecución de fines ajenos a la tutela de bienes jurídicos.
Lejos de haber reforzado la protección de la mujer, este modelo ha evidenciado de forma palmaria sus limitaciones, al coincidir con un incremento de los delitos que pretendía combatir. Los datos más recientes así lo demuestran: entre el 1
de enero y el 23 de marzo del presente año 2026,14 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas, según cifras oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género5, lo que pone de manifiesto, con especial
crudeza, la ineficacia de las medidas del modelo vigente, en la medida en que no se articulan sobre la finalidad de garantizar una protección efectiva de las mujeres, sino que responden a un enfoque ideológico que busca la confrontación entre
hombres y mujeres.
Tampoco puede ignorarse el impacto de determinadas políticas migratorias que han facilitado la entrada de personas procedentes de entornos en los que la mujer no goza de una efectiva protección jurídica ni social, lo que exige una respuesta
firme que garantice la primacía de nuestros valores y la protección efectiva de la mujer frente a la imposición de culturas contrarias a la nuestra.
Y no se trata de afirmaciones carentes de sustento, sino de realidades avaladas por datos objetivos. Así, según fuentes oficiales, en el año 2025 el 40,7 %6 de los presuntos autores de asesinatos de mujeres son de nacionalidad extranjera,
pese a que este colectivo representa aproximadamente el 12,63 % de la población residente en España. Del mismo modo, se constata que en cerca del 75 % de los casos la relación entre víctima y autor es inexistente o desconocida, lo que excluye que
se pueda atribuir al ámbito de la llamada «violencia de género» en la pareja o en el entorno doméstico. Asimismo, los datos relativos a delitos contra la libertad sexual reflejan una tendencia similar: en 2024, en torno al 48,61 %7 de los
detenidos por este tipo de delitos eran de nacionalidad extranjera, pese a representar aproximadamente el 14 % de la población.
En todo caso, la protección efectiva de las víctimas exige un sistema asentado en la igualdad ante la ley, en la responsabilidad individual y en la plena vigencia de las garantías procesales, de modo que toda conducta de violencia o agresión
sexual sea perseguida y castigada con la máxima firmeza, con independencia del sexo del autor.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
2. Promover las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, e introducir los cambios normativos precisos para garantizar la
protección real de todas las mujeres, con independencia de imposiciones ideológicas.
3. Repudiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como fuente inspiradora de cualquier política pública, por tener un contenido absolutamente
5 https://www.elmundo.es/espana/2026/04/01/69ca64b3e4d4d809498b45a4.html
6 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/wp-content/uploads/VMujeres_2025_act_18_09_2025.pdf
7 Informes sobre delitos contra la libertad sexual 2024, Ministerio del Interior, p.56. Disponible [en línea]: Informe sobre delitos contra la libertad sexual. España 2024
ideológico y sectario, y por haberse constatado el rotundo fracaso de las medidas derivadas de dicho acuerdo.
4. Suprimir el Ministerio de Igualdad y elaborar una auditoría por la que se fiscalice el gasto público de la Administración General del Estado destinado a políticas contra la violencia de «género», desde el año 2005 hasta el año 2026, en
el que se clarifique cuántos de esos fondos se han destinado a la verdadera atención de las víctimas.
5. Dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres.
6. Eliminar las subvenciones concedidas en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando que esos recursos económicos se destinen a la protección real de las víctimas,
impulsando asimismo las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de dicha norma.
7. Interesar al Ministerio Fiscal para que promueva la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, por medio del ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la persecución de los
delitos contra la Administración de Justicia, en especial los de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos y los de falso testimonio.
8. Impulsar nuevas políticas públicas en esta materia basadas en la búsqueda del bien común, en el respeto a los principios de igualdad y justicia, y en la severidad del castigo para los agresores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, Diputadas.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, María de los Reyes Romero Vilches, Rocío Aguirre Gil de Biedma y Rocío de Meer Méndez, en su condición respectiva de Portavoz y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inseguridad que padecen las mujeres como consecuencia de la inmigración masiva y de la irresponsabilidad del Gobierno, para su
discusión en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Primero. La inseguridad de las mujeres como consecuencia de la invasión migratoria.
La seguridad constituye uno de los deberes esenciales del Estado y una condición indispensable para la convivencia, la libertad y la dignidad de la persona. Sin embargo, la realidad cotidiana que padecen millones de españoles, y de manera
singular las mujeres, evidencia un deterioro insostenible de la seguridad pública como consecuencia directa de las políticas de «fronteras abiertas» impulsadas por el actual Gobierno.
España ha dejado de ser, en la mayoría de sus barrios y ciudades, la Nación segura y tranquila por la que había sido reconocida. Las mujeres españolas contemplan con desasosiego cómo se multiplican las agresiones sexuales, los delitos
violentos y los episodios de intimidación en espacios públicos, transportes y zonas urbanas degradadas por la inmigración masiva y descontrolada.
Los propios datos oficiales desmienten de manera incontestable el discurso propagandístico del Gobierno. Entre 2017 y 2025, los delitos contra la libertad sexual se incrementaron en un 85 %, mientras que las agresiones sexuales con
penetración aumentaron en un estremecedor 288 %, según los balances de criminalidad del Ministerio del Interior.
Los datos oficiales revelan además una correlación innegable con respecto a la comisión de esta tipología delictiva y la condición de extranjeros de los autores. En el año 2024, los extranjeros representaron el 39,24 % de los detenidos o
investigados por delitos sexuales, pese a constituir únicamente en torno al 14 % de la población residente en España. La tasa de detenidos o investigados por delitos sexuales fue de 42,4 por cada 100.000 habitantes entre los españoles, mientras que
entre los extranjeros ascendió hasta 161,7, es decir, prácticamente cuatro veces superior.
Pero la realidad resulta aún más grave cuando se analizan las nacionalidades de los autores. Así, los datos del propio Ministerio del Interior reflejan tasas de delincuencia sexual absolutamente desorbitadas: 403 detenidos o investigados
por cada 100.000 habitantes son argelinos; 351 bolivianos; 333 dominicanos; 320 ecuatorianos; o 194 marroquíes, frente a los 42 españoles. Como se puede apreciar determinadas nacionalidades multiplican hasta por diez las tasas de delincuencia
sexual de los españoles.
Pese a la extrema gravedad de estas cifras, el Gobierno persiste irresponsablemente en una política de inmigración masiva, permitiendo la entrada continuada de centenares de miles de personas procedentes de entornos culturales en los que la
mujer carece de una verdadera consideración jurídica y social, permanece relegada a una posición de sometimiento y se ve privada de derechos y libertades elementales que forman parte esencial de nuestra civilización y de nuestra tradición jurídica.
Pero todavía resulta más escandaloso que, lejos de promover el cierre efectivo de las fronteras, reforzar los mecanismos de expulsión y garantizar la inmediata deportación de quienes delinquen o acceden ilegalmente a nuestro territorio, el
Gobierno haya optado por premiar dichas conductas mediante procesos de regularización masiva de inmigrantes ilegales. Tal propósito se materializa por medio de la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de extranjería, aprobada a su vez por el
Real Decreto 316/2026, de 14 de abril.
Segundo. Del fracaso legislativo del Gobierno y la desprotección de las mujeres provocada por el Gobierno.
A todo lo expuesto anteriormente se suma el rotundo fracaso de las políticas ideológicas impulsadas por el Gobierno, cuya aplicación no solo no ha garantizado una mayor protección para las mujeres, sino que les ha conducido a una situación
de inseguridad sin precedentes. Lejos de ofrecer soluciones eficaces, estas iniciativas han priorizado el adoctrinamiento ideológico y la propaganda institucional a la protección real de las víctimas.
Es imperiosa la necesidad de resaltar una de las iniciativas legislativas que simbolizó de manera palmaria el fracaso de esta deriva ideológica, la cual fue la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del «solo sí es sí». Una ley
concebida desde el sectarismo dogmático del Gobierno y la propaganda política, elaborada al margen de las advertencias de numerosos órganos consultivos, operadores jurídicos y especialistas en Derecho Penal, y cuyas consecuencias fueron tan
inmediatas como devastadoras para la seguridad jurídica y la verdadera protección de las mujeres.
La irresponsable modificación de las horquillas penológicas y la alteración de tipos penales provocaron, como resultado inevitable, la revisión masiva de condenas de delincuentes sexuales, con centenares de rebajas de pena y numerosas
excarcelaciones anticipadas de agresores sexuales, generando una profunda alarma social e indignación entre las víctimas y el conjunto de la sociedad española. Todo ello constituyó una afrenta intolerable al sentido más elemental de justicia y una
demostración inequívoca de los efectos letales que produce legislar desde el sectarismo ideológico y la frivolidad política.
El Gobierno, lejos de asumir desde el primer momento su gravísima responsabilidad, trató inicialmente de desacreditar a jueces y tribunales, imputando a la judicatura la aplicación estricta de un texto legal defectuoso redactado por el
propio Ejecutivo.
Otro episodio especialmente grave de esta sucesión de fracasos institucionales lo constituye el escándalo de las pulseras telemáticas destinadas al control de las órdenes de alejamiento con respecto a delincuentes sexuales. Lo que debía ser
un instrumento eficaz para garantizar la protección de las víctimas ha terminado convertido, bajo la gestión de este Gobierno, en nuevo símbolo de incompetencia.
Los reiterados fallos técnicos, errores de geolocalización, pérdidas de cobertura y falsas alertas denunciadas por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y diversas fiscalías provinciales han puesto de
manifiesto la absoluta fragilidad de un sistema, gestionado por el Ministerio de Igualdad, que ha sido incapaz de ofrecer seguridad a las mujeres que pretendía proteger. El fracaso fue tal que se produjeron sobreseimientos y absoluciones por la
imposibilidad de acreditar incumplimientos de las órdenes de alejamiento, mientras numerosas víctimas han llegado a solicitar la retirada de los dispositivos ante las falsas alarmas que producía el sistema y el consiguiente estado de nerviosismo y
alerta que esto les producía.
Y, una vez más, lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno respondió con propaganda, descalificaciones a jueces y fiscales y nuevas partidas de gasto público destinadas a organismos ideológicos y programas de nula utilidad, consolidando
una política basada en el dispendio y la ineficacia.
Llegados a este punto, es necesario afirmar que excepto VOX todos los grupos parlamentarios han contribuido de forma decisiva a la consolidación de un marco ideológico que, lejos de ofrecer verdadera protección a las mujeres y una respuesta
eficaz ante situaciones de violencia, ha evidenciado numerosas limitaciones.
VOX ha denunciado de forma constante todas las políticas erráticas del gobierno y las devastadoras consecuencias de las políticas de la inmigración masiva impulsadas por las élites políticas y sostenidas por un irresponsable dogmatismo
multicultural, así como de la políticas que han permitido la entrada indiscriminada de miles personas procedentes de entornos culturales incompatibles con los valores occidentales y con el respeto debido a la mujer.
La realidad confirma de manera dramática aquellas advertencias. España se enfrenta a un Gobierno que, mientras señala al hombre español como sospechoso permanente, promueve simultáneamente una invasión migratoria de sociedades donde la
mujer carece de libertad y protección. El resultado de esta combinación irresponsable y suicida es evidente: una completa degradación de la seguridad de las mujeres españolas, convertidas en las principales víctimas del fanatismo ideológico, de la
cobardía política y de la renuncia deliberada del Gobierno a defender sus fronteras, el orden público y la seguridad de las mujeres.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Efectuar una auditoria de resultados de las políticas y programas de gasto del Ministerio de Igualdad, para identificar todas aquellas que no hayan logrado resultados efectivos para la protección de las mujeres, orientando todos sus
recursos a la protección real de las mismas.
2. Promover las modificaciones legislativas necesarias a fin de garantizar la protección real y efectiva de todas las mujeres.
3. Dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para garantizar la efectiva protección de las mujeres.
4. Impulsar nuevas políticas públicas en esta materia basadas en la búsqueda de la protección y la seguridad, en el respeto a los principios de igualdad y justicia, y en la severidad del castigo para los agresores.
5. Promover las modificaciones legislativas necesarias para endurecer las penas previstas en los delitos contra la libertad sexual, especialmente cuando las víctimas sean menores, personas vulnerables o concurran circunstancias de
violencia, intimidación o actuación grupal, garantizando una respuesta penal firme y verdaderamente disuasoria.
6. Perseguir con absoluta contundencia la práctica de costumbres que, importadas a nuestro país como consecuencia de la inmigración masiva, sean contrarias a la dignidad de las mujeres y las niñas, como la mutilación genital femenina (MGF),
los matrimonios forzosos o el uso, e imposición de uso, de prendas como el burka y el nicab.
7. Repatriar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en España y deportar a todos aquellos inmigrantes que cometan delitos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.María de los Reyes Romero Vilches, Rocío de Meer Méndez y Rocío Aguirre Gil de Biedma, Diputadas.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003485
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reducir y, en su caso, eliminar
los delitos de odio hacia las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, define los delitos de odio como «toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o
percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su raza, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la
discapacidad, la orientación sexual, u otro factor similar».
Los delitos de odio se caracterizan por acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones, reales o percibidas, distintas a las del perpetrador, como puede ser la discapacidad,
entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español. La selección de las víctimas se basa en estas diferencias inherentes. Por lo tanto, un delito de odio puede dirigirse contra personas o grupos, así como contra sus bienes, degradando la
dignidad humana y obstruyendo el ejercicio de derechos fundamentales, fragmentando así el tejido de una sociedad democrática y diversa donde el pluralismo y la igualdad son esenciales. Durante el año 2016, se modificó la conceptualización de
delitos de odio cometidos contra personas con discapacidad. Antes, se computaban tanto los delitos cometidos contra personas con discapacidad, como los cometidos contra éstas con motivaciones de odio. Desde 2016, hubo un cambio en la forma de
calcular los delitos de odio. La definición del ámbito hacia las personas con discapacidad sería, cualquier incidente cometido contra personas con discapacidad donde el responsable de los hechos cometa la acción contra la víctima, el local o el
objetivo de la infracción, por motivos discriminatorios o relacionados con delitos de odio.
Según el informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España de 2023, presentado por el Ministerio del Interior y elaborado por la Oficina Nacional de Lucha
contra los Delitos de Odio, ONDOD, en 2023, el total de delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España asciende a 2.268 hechos, un 21,35 % más que en 2022. Es la mayor cifra registrada desde 2014.
El ámbito en el que los delitos de odio han registrado un mayor aumento ha sido el de delitos de odio contra personas con discapacidad, suponiendo un incremento del 113,04 % respecto a 2022.
En estos delitos, el autor escoge a la víctima por tener una discapacidad, menoscabando su dignidad como persona y perjudicando el normal desarrollo de sus derechos fundamentales, lo que supone un atentado contra los principios y mandatos de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, las redes sociales se han vuelto plataformas por antonomasia de los discursos de odio que preceden actos de discriminación y violencia que no suelen tener como
objetivo a una determinada persona con discapacidad, sino hacia sus colectivos, con lo que todas las personas se vuelven víctimas al compartir esta condición.
Los malos tratos, el ostracismo y la discriminación a través de los insultos y los tópicos, así como expresiones que identifican la discapacidad con elementos injuriosos, proyectan una relación de inferioridad que atenta contra la dignidad
de las personas afectadas.
Somos conscientes que los delitos y los discursos de odio son una preocupación para la mayoría de grupos, por eso se ha creado una subcomisión específica, con el voto favorable de nuestro grupo parlamentario, para escuchar a expertos y sacar
un documento de consenso con medidas y recomendaciones concretas para combatirlos. Pero mientras esto se produce, y puesto que según los datos del Ministerio del Interior son precisamente los delitos de odio contra las personas con discapacidad los
que más se han incrementado en el último año, desde el GPP consideramos que hay medidas urgentes que se pueden implementar para proteger a estas víctimas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover acciones que fomenten la creación de entornos seguros y respetuosos en los que las personas con discapacidad puedan promover sus procesos de denuncia cuando han sido víctimas de un delito.
2. Mejorar las capacidades de las autoridades estatales y dar apoyo técnico y financiero a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales para identificar, analizar, supervisar y evaluar el discurso de odio contra las personas con
discapacidad con el fin de desarrollar estrategias contra los discursos de odio.
3. Impulsar la colaboración y cooperación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las entidades del Tercer Sector de Acción Social del ámbito de la discapacidad, especialmente el CERMI como representante de las personas con
discapacidad.
4. Realizar campañas estatales potentes de comunicación que sirvan para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este tipo de delitos y los medios de denuncia y los apoyos que están disponibles para las víctimas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Ana Isabel Alós López, Patricia Rodríguez Calleja, María Mercedes Fernández González, Agustín Parra Gallego, María Sandra Moneo Díez, Antonio Martínez Gómez, Bartolomé Madrid Olmo,
Esther Llamazares Domingo, Isabel Gema Pérez Recuerda, Javier Noriega Gómez, María del Socorro Cuesta Rodríguez, Miguel Ángel Paniagua Núñez, Silverio Argüelles García, Pedro Samuel Martín García, María Lourdes Ramírez Martín, Bella Verano Domínguez
y Violante Tomás Olivares, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Industria y Turismo
181/001828
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Va a respaldar el Ministerio de Industria la propuesta planteada por el Gobierno de Cantabria para constituir un grupo de trabajo conjunto con los ministerios de Industria y Trabajo, el Ejecutivo autonómico y la multinacional Nestlé con el
objetivo de garantizar el mantenimiento del empleo en la planta de La Penilla en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001829
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué medidas está dispuesto a adoptar el Ministerio para apoyar las inversiones necesarias que aseguren la competitividad futura de la fábrica cántabra Nestlé, en La Penilla, y evitar los 49 despidos anunciados en el marco del ERE, teniendo
en cuenta que, según ha señalado el Gobierno regional, las causas del expediente no son económicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001830
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Considera el Ministerio que la planta de La Penilla en Cantabria tiene un carácter estratégico dentro del tejido industrial agroalimentario del norte de España y contempla
activar mecanismos de reindustrialización o ayudas específicas vinculadas al mantenimiento del empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001831
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué empresas y proyectos de Cantabria han resultado beneficiarios de fondos PERTE y fondos europeos durante la presente legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001832
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué volumen económico total ha recibido Cantabria procedente de fondos industriales europeos gestionados por el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001833
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio para mejorar el acceso de empresas cántabras a futuras convocatorias de fondos PERTE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001834
Félix de las Cuevas Cortes y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre el impacto real de los PERTE en Cantabria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Francisco José Conde López, Diputados.
181/001835
Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué información tiene el Gobierno sobre posibles retrasos, incidencias de pago o incumplimientos en contratos actualmente vigentes entre el Ministerio de Defensa y Santa Bárbara Sistemas, y qué medidas piensa adoptar para garantizar su
correcta ejecución y evitar impacto sobre la actividad industrial y el empleo en la planta de Trubia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2026.Esther Llamazares Domingo y Francisco José Conde López, Diputados.
Comisión sobre Seguridad Vial
181/001827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX).
Dirigida al Ministro del Interior.
¿Es óptimo el estado de nuestra red de carreteras ante los millones de desplazamientos previstos para el periodo estival?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2026.Ángel López Maraver y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/039135
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Román Jasanada, Antonio (GP)
Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP)
Fechas y notificación de la supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso a través de ayuntamientos adheridos al convenio histórico suscrito con la FEMP.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el quinto guion de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en
poder de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001712).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Habiendo conocido, a través de cartas que están llegando estos días a los ayuntamientos españoles, diputaciones provinciales, cabildos y consells, la suspensión de los convenios entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y numerosas entidades locales, en relación con los viajes de los Programas de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, basado en un Convenio histórico de
colaboración de en el año 1989 la FEMP y el Instituto Nacional de Servicios sociales, formulamos las siguientes preguntas para su respuesta por escrito, relativas a la supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso a
través de ayuntamientos adheridos al convenio histórico suscrito con la FEMP:
¿En qué fecha exacta decidió el Imserso dejar sin efecto el sistema de reserva de plazas a través de ayuntamientos?
¿En qué fecha se comunicó formalmente a los ayuntamientos afectados la supresión del sistema de reserva de plazas?
¿Qué medio de notificación se empleó y cuál fue el contenido íntegro de la comunicación remitida?
¿Ha existido resolución administrativa formal declarando extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales? En caso afirmativo, remítase copia y fecha de adopción.
¿Ha existido denuncia expresa de los convenios por parte del Imserso conforme a las cláusulas previstas en los mismos? En caso afirmativo, indíquese fecha, procedimiento seguido [...].
¿Qué reuniones o comunicaciones previas mantuvo el Imserso con la FEMP o con los ayuntamientos afectados antes de adoptar esta decisión? Indíquense fechas y asistentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados.
184/039136
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Román Jasanada, Antonio (GP)
Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP)
Adaptación de los convenios históricos entre ayuntamientos y la FEMP al nuevo marco jurídico, así como supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el segundo guion de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en
poder de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001713).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Habiendo conocido, a través de cartas que están llegando estos días a los ayuntamientos españoles, diputaciones provinciales, cabildos y consells, la suspensión de los convenios entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y numerosas entidades locales, en relación con los viajes de los Programas de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, basado en un Convenio histórico de
colaboración de en el año 1989 la FEMP y el Instituto Nacional de Servicios sociales, formulamos las siguientes preguntas para su respuesta por escrito, relativas a la supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso a
través de ayuntamientos adheridos al convenio histórico suscrito con la FEMP:
Desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿ha requerido el Imserso formalmente a la FEMP o a las entidades locales afectadas la adaptación de los convenios históricos al nuevo
marco jurídico?
En caso afirmativo, ¿cuántos requerimientos se efectuaron, en qué fechas y a qué entidades concretas se dirigieron? [...]
En caso negativo, ¿por qué motivo el Imserso no impulsó la adaptación de dichos convenios durante los más de diez años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015?
¿Qué actuaciones realizó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para posibilitar la adaptación del convenio histórico al régimen previsto en la Ley 40/2015?
¿Por qué razón el Ministerio sostiene ahora la extinción del convenio histórico cuando el sistema de reserva de plazas se ha mantenido operando con normalidad durante temporadas posteriores a la entrada en vigor de la Ley 40/2015?
¿Por qué no se promovió un nuevo convenio marco con la FEMP adaptado al régimen jurídico vigente que permitiera mantener un sistema de intermediación municipal especialmente orientado a personas mayores vulnerables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados.
184/039137
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Román Jasanada, Antonio (GP)
Belda Pérez-Pedrero, Enrique (GP)
Informes jurídicos que fundamentan la decisión de considerar extinguidos los convenios históricos de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el cuarto guion de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en
poder de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001714).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Habiendo conocido, a través de cartas que están llegando estos días a los ayuntamientos españoles, diputaciones provinciales, cabildos y consells, la suspensión de los convenios entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales del
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y numerosas entidades locales, en relación con los viajes de los Programas de vacaciones para mayores y para el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, basado en un Convenio histórico de
colaboración de en el año 1989 la FEMP y el Instituto Nacional de Servicios sociales, formulamos las siguientes preguntas para su respuesta por escrito, relativas a la supresión del sistema de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso a
través de ayuntamientos adheridos al convenio histórico suscrito con la FEMP:
¿Qué informes jurídicos, de intervención o de otros órganos administrativos sirven de fundamento a la decisión de considerar extinguidos los convenios históricos de reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso?
¿Cuál es la fecha de emisión, órgano emisor y conclusiones de dichos informes?
¿Considera el Ministerio que la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015 determina automáticamente la extinción de convenios preexistentes no adaptados?
¿Ha solicitado el Ministerio informe de la Abogacía del Estado sobre la vigencia, denuncia o extinción de los convenios históricos del Programa de Turismo del Imserso? En caso afirmativo, remítase [...] síntesis de conclusiones.
¿Ha valorado el Ministerio la posible existencia de confianza legítima generada en las entidades locales y en los beneficiarios del programa tras décadas de mantenimiento del sistema de reserva de plazas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.Antonio Román Jasanada y Enrique Belda Pérez-Pedrero, Diputados.