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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 539, de 29/05/2026
cve: BOCG-15-D-539
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de mayo de 2026
Núm. 539
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000232
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo.
Retirada ... (Página8)
162/000794
Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Plurinacional SUMAR, Euskal Herria Bildu y Republicano, sobre la titularidad pública de la red de distribución eléctrica y el establecimiento de un marco concesional transparente
... (Página8)
162/000795
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada ... (Página13)
162/000796
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo ... (Página15)
162/000797
Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV), Plurinacional SUMAR y Mixto, relativa al cese de actividad del polígono de tiro de Bardenas ... (Página18)
Secretaría General
291/000001
Horario del Registro General de la Secretaría General de la Cámara.
Modificación ... (Página20)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de bienes y rentas presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ÍNDICE
LORENZO CAZORLA, Juan Antonio (GS) (núm. expte. 005/000354/0001)1 ... (Página3)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000232
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista
Retirada de su Proposición no de Ley para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota.La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm 142, de 17 de mayo de 2024.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
162/000794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios que suscriben, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la titularidad pública de la red de distribución eléctrica y el
establecimiento de un marco concesional transparente, para que sea debatida en el Pleno del Congreso.
Exposición de motivos
La red de distribución eléctrica es una infraestructura estratégica esencial para la seguridad nacional, la cohesión territorial, el bienestar, la economía, la transición ecológica y la soberanía energética del Estado. Se trata por lo tanto
de una cuestión de interés general, de responsabilidad institucional y de capacidad real del Estado para garantizar un servicio del que dependen la actividad económica, la competitividad industrial, la vida cotidiana de millones de ciudadanos y el
futuro de nuestra sociedad. El propio ordenamiento jurídico vigente reconoce este carácter: la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico (LSE) califica el suministro eléctrico como servicio de interés económico general. La regulación de su infraestructura
debe ser plenamente coherente con esa calificación.
I. Fundamento jurídico y económico de la titularidad pública.
La distribución eléctrica es, por su propia configuración técnica y económica, un monopolio natural: no pueden coexistir en paralelo múltiples redes en un mismo territorio por razones de eficiencia, seguridad y viabilidad. Esta
circunstancia exige un tratamiento jurídico singular. Allí donde el mercado no puede operar en condiciones reales de competencia, el Derecho debe reforzar los mecanismos de tutela del interés general, evitar posiciones de dominio perjudiciales para
el sistema y garantizar que la gestión de la infraestructura responda a criterios de servicio, calidad, neutralidad y planificación a largo plazo. Un marco concesional riguroso, con obligaciones precisas y competencia en la gestión, es el
instrumento que el Derecho prevé para garantizar el interés general en estos supuestos.
La distribución eléctrica en España se desarrolla en régimen de autorización administrativa, no de concesión. Esta distinción no es menor: el operador privado titular de la red no está sujeto a un título habilitante con plazo definido,
condiciones de reversión, obligaciones de inversión territorial ni mecanismos de gobernanza y control efectivo por parte de la Administración. Opera sobre infraestructuras construidas en buena parte sobre dominio público y financiadas mediante
tarifas reguladas sufragadas por el conjunto de los consumidores, pero sin las obligaciones que en Derecho administrativo corresponden a quien gestiona un bien o servicio de titularidad colectiva.
La distribución eléctrica carece de un plan director de red con prioridades territoriales ni sectoriales vinculantes. A diferencia de la red de transporte cuya planificación aprueba el Ministerio con carácter vinculante la planificación
de la red de distribución la elaboran las propias distribuidoras, y la CNMC aprueba sus planes de inversión en cuanto a retribución regulada, no en cuanto a las citadas prioridades.
Las consecuencias de esta brecha son cuantificables. El primer déficit es la capacidad de la red: el 83 % de los nudos de la red de distribución carecen de capacidad disponible para nuevas conexiones para la generación distribuida o la
electrificación, y solo el 10 % de las solicitudes son aprobadas. Proyectos de generación renovable, industrialización, fabricación de baterías, hidrógeno, electromovilidad e industria avanzada ven condicionada su implantación por la ausencia de
capacidad en la red, con un impacto estimado de más de 60.000 millones de euros en inversiones que evalúan mercados europeos alternativos con mayor certidumbre de acceso.
El segundo déficit es de neutralidad y competencia. Las principales distribuidoras forman parte de grupos empresariales que operan simultáneamente en generación, distribución y comercialización. Esta integración vertical genera conflictos
de interés concretos y bien documentados: el distribuidor decide las condiciones técnicas y los plazos de conexión de nuevos generadores, acumula datos de consumo y capacidad de enorme valor competitivo para la comercialización, y tiene incentivos
para no invertir en capacidad de red que facilite la entrada de generación distribuida, competidora de su propia generación centralizada. La Directiva europea de electricidad exige separación funcional efectiva precisamente para evitar que la
posición dominante en distribución distorsione los mercados liberalizados. España no cumple plenamente ese estándar. La titularidad pública de la red, en manos del sector público sin intereses en generación ni en comercialización, garantiza por
definición la neutralidad de la red, condición necesaria
para que el mercado liberalizado funcione correctamente y para que la transición energética distribuida sea posible en igualdad de condiciones.
El tercer déficit es de seguridad estratégica. La Ley 8/2011, de protección de infraestructuras críticas clasifica las redes eléctricas como infraestructura crítica nacional, lo que genera obligaciones de protección y control difícilmente
compatibles con la ausencia de titularidad pública. La Directiva europea NIS2 obliga a los Estados miembros a garantizar capacidad real de intervención sobre infraestructuras energéticas críticas ante amenazas de actores hostiles, estatales o no
estatales. Esa capacidad de intervención efectiva es estructuralmente más sólida cuando el sector público es titular de la infraestructura que cuando debe negociarla con un operador privado en situación de emergencia. En un contexto geopolítico en
el que las infraestructuras energéticas son objetivo reconocido de amenazas híbridas, este argumento no es secundario: es una exigencia de la responsabilidad del Estado ante sus ciudadanos.
II. De la descentralización operativa a la gobernanza institucional.
El sistema español de distribución eléctrica ya presenta una estructura territorialmente descentralizada: las redes operan en zonas geográficas definidas, gestionadas por operadores con implantación territorial específica. Esta
descentralización operativa no es el problema; es, de hecho, el punto de partida. El problema es que esa descentralización geográfica no va acompañada de descentralización de la titularidad ni de la gobernanza. Las zonas de distribución están
gestionadas principalmente por cinco grandes grupos privados sin vinculación institucional real con el territorio. Las comunidades autónomas y los municipios carecen de capacidad de intervención sobre una infraestructura que condiciona directamente
su desarrollo económico, su política energética y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Lo que esta proposición defiende es convertir una descentralización operativa privada en una descentralización institucional que sitúe la titularidad y la gobernanza de la red en las administraciones del territorio. La coordinación técnica
global y la visión de conjunto del sistema corresponden a Red Eléctrica como operador del sistema, y la regulación económica a la CNMC con carácter único para todo el territorio. Dentro de ese marco común, que preserva la coherencia y la seguridad
del sistema, las comunidades autónomas y, en su caso, las administraciones locales con capacidad institucional suficiente pueden ser titulares de las redes en su ámbito territorial y ejercer gobernanza real sobre su planificación y gestión.
La descentralización de la gobernanza institucional es además un mandato político acordado por todas las familias políticas europeas. El Paquete Europeo de Redes de 2025 establece que las redes eléctricas deben evolucionar hacia un modelo
descentralizado, digitalizado y flexible, con planificación reforzada a escala regional. La Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad va más lejos: habilita a los Estados miembros a reconocer el derecho de
las comunidades ciudadanas de energía a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución, gestionarlas autónomamente en su zona de operaciones y estar sujetas a tarifas de acceso a la red adecuadas. La Directiva modificativa 2024/1711
refuerza este marco. España tiene la oportunidad de adaptar su ordenamiento jurídico a este consenso europeo, que apunta inequívocamente hacia redes de distribución más descentralizadas, con titularidad y gobernanza institucional más próximas al
territorio.
La escala autonómica es el primer y principal nivel de esta descentralización institucional, en coherencia con el reparto competencial que la Constitución y los Estatutos de Autonomía establecen en materia de energía, medio ambiente,
ordenación del territorio y desarrollo económico regional. Las comunidades autónomas que así lo decidan deben poder asumir la titularidad de las redes en su ámbito, definir el plan director de la red conforme a sus propias estrategias, y encomendar
su gestión mediante procedimientos abiertos y competitivos. Este es el nivel de descentralización que mejor
permite alinear la planificación de la infraestructura eléctrica con las estrategias de desarrollo industrial y energético propias de cada territorio.
En un segundo nivel, cuando la capacidad institucional y las características del territorio así lo justifiquen, cabría habilitar igualmente que entidades supramunicipales o municipios con capacidad suficiente asuman la titularidad de las
redes en sus ámbitos territoriales. En este marco, los nuevos desarrollos urbanísticos y las ampliaciones de capacidad financiadas por terceros representan el ámbito de aplicación más inmediata de la titularidad pública: solo con la modificación
del artículo 39 de la LSE las infraestructuras de red construidas con cargo a promotores privados pueden incorporarse al patrimonio público en lugar de ceder gratuitamente a los operadores privados concesionarios, reforzando así desde el primer
momento la posición de las administraciones territoriales como titulares de la red en su ámbito.
Tanto las comunidades autónomas como los municipios carecen hoy de acceso a la información técnica, económica y operativa de la red, que necesitan para ejercer sus propias competencias en materia de planificación urbanística, transición
energética, movilidad eléctrica, ordenación del espacio público y lucha contra la pobreza energética. Ese acceso debe reconocerse como una garantía institucional básica para todas las administraciones públicas, con independencia de si asumen o no
la titularidad de la red en su territorio.
La descentralización institucional de la titularidad genera ventajas estructurales que el modelo actual no puede producir. La proximidad mejora la gestión y la resiliencia: el titular autonómico o local conoce mejor su red, adapta las
inversiones a las necesidades reales del territorio, responde con mayor agilidad ante perturbaciones y rinde cuentas ante las instituciones democráticas cercanas a los ciudadanos afectados. La competencia en la gestión mejora el servicio: la
licitación abierta a operadores públicos y privados genera incentivos permanentes para la innovación, la eficiencia y la calidad, en contraste con una regulación que protege y perpetua el monopolio territorial sin alternativa real que caracteriza el
modelo actual.
III. El modelo europeo: titularidad pública, descentralización y competencia.
La titularidad pública de la red de distribución es el modelo predominante en la Unión Europea, articulado en la mayoría de los casos mediante esquemas concesionales con vinculación territorial. La gestión se encomienda mediante
procedimientos regulados con plazos, obligaciones y condiciones de reversión precisas. No es una excepción: es el estándar europeo, que combina exactamente los tres elementos que esta proposición defiende: titularidad pública, descentralización
institucional y competencia.
Francia atribuye la titularidad de la red a municipios y entidades intermunicipales, que la gestionan mediante concesión. Los Países Bajos establecen legalmente la propiedad pública de las redes y de sus operadores, con separación
estructural plena de actividades. Portugal articula la distribución mediante concesiones de servicio público con competencia municipal. Alemania, con más de 800 operadores de distribución de titularidad predominantemente municipal o regional,
presenta tiempos de interrupción del suministro sistemáticamente inferiores a los españoles y una capacidad de adaptación tecnológica de la red superior. En todos estos países la separación efectiva entre distribución y otras actividades del sector
es además una realidad estructural, no una exigencia meramente formal.
En ninguno de estos países la titularidad pública descentralizada ha significado ineficiencia, fragmentación o pérdida de coherencia del sistema. La coordinación técnica global y la visión de conjunto la garantiza en cada caso el operador
del sistema nacional, que preserva la seguridad y el equilibrio del sistema con independencia del modelo de titularidad de la distribución. España tiene la necesidad de homologarse con el estándar
europeo mayoritario, con plenas garantías para los operadores y con los instrumentos jurídicos que ese modelo ha demostrado ser eficaz.
IV. Marco de transición ordenada y garantías para los operadores.
Esta proposición no plantea una expropiación ni prejuzga el modelo de gestión de la red. La titularidad pública es la tesis central: a partir de ella, cada administración titular puede optar por distintos modelos de gestión según su
capacidad institucional y sus objetivos de política energética y territorial. El instrumento central de este modelo es un marco concesional claro, transparente y competitivo, que garantiza la participación de operadores públicos y privados en
igualdad de condiciones. La titularidad pública habilita igualmente la gestión directa por la administración titular, o fórmulas mixtas, sin que esta proposición prejuzgue ni cierre ese debate. Corresponderá a cada administración titular decidir
el modelo de gestión más adecuado a su realidad.
Los operadores actuales tienen en este modelo plenas garantías jurídicas y económicas. La transición se articula mediante un régimen concesional que reconoce y protege sus derechos patrimoniales, garantiza la continuidad de su actividad
durante un horizonte temporal definido, y preserva íntegramente la retribución regulada de su actividad. Lejos de suponer una ruptura, el marco concesional otorga a los operadores existentes una posición jurídica más sólida y predecible que la
actual, basada en meras autorizaciones administrativas sin plazo ni condiciones precisas. Al término del período concesional, los operadores actuales podrán concurrir en igualdad de condiciones a los procedimientos competitivos para la gestión de
las redes bajo titularidad pública, en los mismos términos que cualquier otro operador público o privado.
Lo que se corrige es una anomalía estructural: que una infraestructura de naturaleza estratégica, que tiene naturaleza de monopolio natural, construida sobre dominio público y financiada con tarifas reguladas, carezca de un título jurídico
de titularidad pública con plan director vinculante, separación estructural efectiva entre distribución y actividades liberalizadas, y acceso garantizado de las administraciones públicas a los datos técnicos y operativos de la red. La proposición
sigue el modelo de las autopistas, del transporte ferroviario, de los aeropuertos, y de las redes de agua. Es, también, el modelo eléctrico de la mayoría de nuestros socios europeos.
Parte dispositiva
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una reforma de la legislación actual para establecer la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica. Esta titularidad pública incluirá tanto la red existente como los nuevos desarrollos de red y las ampliaciones
de capacidad que se realizan a cargo de terceros.
2. Habilitar el marco jurídico para que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan asumir la titularidad de redes de distribución en su ámbito territorial. La habilitación de este marco jurídico incluirá la posibilidad de que las
entidades locales puedan asumir igualmente dicha titularidad y de que las comunidades energéticas puedan gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación.
3. Articular un marco de transición ordenada mediante un régimen concesional que garantice a los operadores actuales la continuidad de su actividad, la seguridad jurídica de sus inversiones, la retribución regulada de su actividad y el
pleno reconocimiento de sus derechos patrimoniales.
4. Impulsar la aprobación de planes directores vinculantes de inversión en la red de distribución, definidos por el conjunto de las administraciones públicas. Dichos planes serán definidos atendiendo las prioridades territoriales y
sectoriales de cada administración en su ámbito de actuación, tendrán capacidad de actualización anual y garantizarán el acceso a a los datos técnicos económicos y operativos a todas las
administraciones, necesarios para la elaboración y seguimiento de los planes y para el control de la prestación del servicio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Eloi Badia Casas, Mikel Otero Gabirondo, Néstor Rego Candamil y Àgueda Micó Micó, Diputados.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.Mertxe Aizpurua
Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.Teresa Jordà i Roura, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
162/000795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
La Guardia Civil, Instituto Armado de naturaleza militar con más de 180 años de existencia, ha demostrado, a lo largo de su dilatada vida y a través de todas las vicisitudes históricas, un amor y entrega sin límites al servicio de la Patria.
Sus miembros, que constituyen el núcleo más numeroso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran distribuidos por todos los rincones del territorio nacional, en permanente vigilancia al servicio de la Nación española.
Entre las misiones encomendadas a la Guardia Civil figura la de evitar y perseguir el contrabando, el narcotráfico y los demás tráficos ilícitos. Lamentablemente, en el desempeño de dichas funciones, en la mañana del 8 de mayo de 2026, en
torno a las 11:00 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva, y durante el desarrollo de un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva
iniciaron una persecución en alta mar contra una narcolancha.
En el transcurso de dicha persecución se produjo una embestida que provocó el fallecimiento de un Capitán y un Guardia Civil: uno de ellos murió en el acto y el otro durante su traslado al hospital. Asimismo, otros dos agentes resultaron
heridos, evidenciando una vez más la extraordinaria peligrosidad de las actuaciones que la Guardia Civil desarrolla frente al narcotráfico, el contrabando y las organizaciones criminales que operan en este ámbito.
Es cierto que la íntima satisfacción del deber cumplido constituye la mayor recompensa a la que puede aspirar un Guardia Civil, y que, desde la fundación del Benemérito Cuerpo, la Guardia Civil ha profesado que «el Honor es la principal
Divisa». Pero también es cierto que quienes consagran su vida al servicio de los demás, mediante la superación de sacrificios, riesgos y fatigas, merecen estar dotados, en todo momento, de todos los medios humanos, los recursos materiales, la
seguridad jurídica y el amparo legal necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones.
No resulta aceptable que quienes se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física. La
Guardia Civil en su misión de protección de la seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el territorio y costas españolas, debe disponer de plantillas suficientes, vehículos y embarcaciones,
equipos de protección,
medios tecnológicos, sistemas de comunicación y recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
De forma especial, debe garantizarse que todas las Unidades que lo precisen cuenten con los medios materiales, el equipamiento táctico y operativo, el armamento reglamentario y la munición necesarios para actuar con plena eficacia y
seguridad, evitando que los agentes se encuentren en situación de inferioridad material frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
Pero no basta con disponer de excepcionales profesionales y medios humanos, ni con dotar a la Guardia Civil de los mejores recursos materiales, tácticos y operativos adecuados si el ordenamiento jurídico deja desprotegidos a quienes se
enfrentan a criminales violentos y arriesgan su vida en cumplimiento del deber.
Por ello, resulta imprescindible promover las reformas legales necesarias para reforzar la cobertura jurídica de los agentes en acto de servicio, de modo que quienes defienden el orden y la ley, y la libertad y la seguridad de los españoles
no se vean sometidos a un calvario judicial, o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones realizadas en el legítimo ejercicio de sus funciones, sino que reciban el amparo institucional debido y, cuando proceda, el
reconocimiento público que merecen.
Por último, por estricto deber de justicia, debe reconocerse de forma expresa la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil con carácter general y sin excepción, salvo respecto de quienes se encuentren en
situación de suspensión de empleo o de suspensión de funciones.
Asimismo, debe garantizarse la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan
funciones equivalentes, asegurando urna homologación retributiva plena, estable y permanente, acorde con la responsabilidad, peligrosidad, disponibilidad y sacrificio inherentes al servicio que prestan, específicamente, el personal de Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Servicio de Vigilancia Aduanera, Instituciones Penitenciarias y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales.
Asimismo, debe rechazarse cualquier política de cierre, abandono o desmantelamiento indiscriminado de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural. La necesaria reorganización funcional de Puestos o unidades administrativas no
puede confundirse con la desaparición de acuartelamientos y viviendas que, durante décadas, han contribuido a vertebrar el territorio, fijar población, favorecer el arraigo de los agentes y sus familias y garantizar una presencia real y visible de
la Guardia Civil en los municipios rurales.
Por ello, resulta imprescindible conservar, mantener y dignificar aquellas Casas Cuartel que sean necesarias para asegurar alojamiento adecuado, proximidad institucional, capacidad operativa y una respuesta eficaz frente a la inseguridad,
evitando que su cierre agrave la despoblación, la sensación de abandono y la pérdida de servicios esenciales en la España Rural.
Junto a lo anterior, resulta obligado dignificar y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, especialmente de quienes han ofrecido su vida por España o han resultado heridos en acto de servicio, mediante la
concesión de las condecoraciones y recompensas regionales o locales que procedan, garantizando siempre la reserva de su identidad y el respeto a su intimidad personal y familiar.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas:
1. Garantizar que todas las unidades de la Guardia Civil que lo requieran en su combate contra el narcotráfico y la criminalidad organizada dispongan del equipamiento táctico y operativo, del armamento y la munición necesarios para actuar
con plena eficacia y seguridad, evitando situaciones de inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas.
2. Generar protocolos operativos que incluyan reglas de enfrentamiento que cataloguen lo que es una fuerza letal, por ejemplo las narcolanchas, y permitan responder con otra fuerza letal ante la desobediencia a los agentes de la autoridad.
3. Promover las reformas legales necesarias para reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los miembros de la Guardia Civil que actúen en el legítimo ejercicio de sus funciones, evitando que puedan
verse sometidos a un calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones legítimas realizadas en cumplimiento del deber.
4. Reforzar de forma urgente los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de la Guardia Civil, especialmente de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que operan
en el territorio y costas españolas.
5. Específicamente dotar a la Guardia Civil de plantillas suficientes, vehículos, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación, embarcaciones de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y demás recursos operativos
adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta.
6. Reconocer expresamente la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil, con carácter general y sin excepción.
7. Garantizar la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan funciones
equivalentes, mediante una homologación retributiva plena, estable y permanente.
8. Impedir el cierre, abandono, enajenación o desmantelamiento de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la España Rural, diferenciando en todo caso la eventual reorganización funcional de los Puestos de la conservación de los
acuartelamientos y viviendas que resulten necesarios para garantizar la presencia efectiva de la Guardia Civil, proporcionar alojamiento digno a los agentes y sus familias, favorecer su arraigo e integración en las comunidades locales y contribuir a
la vertebración, seguridad y vitalidad de los municipios rurales.
9. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para dignificar, proteger y reconocer institucionalmente el servicio prestado por la Guardia Civil, honrando de manera especial a quienes han ofrecido su vida por España, o han sido heridos en acto
de servicio.
10. Proceder a la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra narcotráfico.
11. Asimismo, proceder a la concesión, con carácter individual, de la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en favor de los Guardias Civiles fallecidos y heridos en acto de servicio, en atención a su entrega a España,
garantizando en todo momento la reserva de su identidad, la confidencialidad inherente a su función y el respeto a su intimidad personal y familiar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2026.Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
162/000796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la educación afectivo-sexual y emocional en el ámbito educativo, para
su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde hace pocos años asistimos a un preocupante retorno del machismo y una clara regresión en los valores históricos de igualdad entre hombres y mujeres que tanto costó conquistar y consolidar. Esta regresión está cristalizando, sobre
todo, en las generaciones más jóvenes, con fenómenos simultáneos alarmantes. Y, como apunta el Informe «Juventud en España, 2024» (INJUVE), esta problemática está afectando, sobre todo, a cómo una parte de la juventud de nuestro país se está
socializando y construyendo sus vínculos sexoafectivos dentro de un entorno digital hipersexualizado.
Por un lado, la aparición de la «generación porno» con una creciente hipersexualización precoz de niñas y adolescentes y el consumo disparado de los contenidos pornográficos como única fuente de educación afectivo-sexual. Según distintos
estudios, el 53 % de los niños entre 6-12 años aseguran que han visto contenido sexual en Internet sin querer (por la proliferación de banners), casi el 70 % de los adolescentes españoles entre 13 y 17 años consume pornografía de manera frecuente y
nueve de cada diez padres ignoran que sus hijos consumen pornografía online. Es altamente preocupante que el 30 % de los niños entre 8 y 12 años sólo tiene la pornografía como educación sexual.
En este mismo sentido, el informe del INJUVE señala que el 52 % de los jóvenes reconoce que visita aplicaciones o páginas web con contenido pornográfico y que, de ellos, el 28 % accede, al menos, una vez por semana. Además, existe una
marcada brecha de sexo: ya que únicamente el 26 % de los hombres declara que nunca ha consumido pornografía, frente al 63,5 % de las mujeres.
Por otro lado, se constata el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores (un 116 % más entre 2017-2022 según la Fiscalía General del Estado). En España, el 13,7 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual. El 12,4 % de los
casos fueron agresiones grupales (Macroencuesta 2019). A ello debemos añadir un dato preocupante que se enmarca en cómo la juventud está construyendo sus vínculos sexoafectivos y, especialmente, a cómo está comprendiendo el consentimiento a la hora
de mantener relaciones sexuales: según el INJUVE, más de un 10 % de la juventud declara que ha tenido relaciones sexuales que no ha querido tener. Y, si se agregan las respuestas vinculadas con el consentimiento, el porcentaje aumenta al 32 %
entre las mujeres y al 19 % entre hombres. Estos resultados refuerzan los datos obtenidos en el IV Macroestudio de violencia de género «Tolerancia Cero» (2023) en el que un 17 % de los jóvenes varones entre 16 y 21 años no considera que forzar a
una pareja a tener relaciones sexuales sin su consentimiento sea violencia sexual; percepción que contrasta con los resultados del informe «La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España» (Díaz-Aguado et al., 2021) que
destaca que existe una relación entre chicas que afirman haberse sentido presionadas para situaciones sexuales no deseadas y aquellas que manifiestan haber sufrido violencia de género por parte de su pareja.
Además, esto se produce en un contexto alarmante de repunte de la violencia de género. Las cifras indican que el 99,6 % de los agresores sexuales son hombres (Macroencuesta 2019). El Informe de la Fundación FAD apunta a que el porcentaje
de jóvenes que consideran la violencia de género como inevitable o la niegan directamente ha crecido hasta 36,5 % en 2025.
Por tanto, el problema no es únicamente el acceso a un entorno digital hipersexualizado, sino que ello está afectando también a una posición de desigualdad entre sexos, en una banalización de la violencia sexual y en una confusión en torno
al consentimiento.
Y es que el 90 % de las familias no saben lo que ve su hijo en internet. El tipo de contenido al que los menores acceden son escenas «agresivas» o «violentas»; en un 94 % esa violencia es contra las mujeres y en un porcentaje similar esas
imágenes dan a entender que a las protagonistas les gusta ser tratadas así. Datos que vendrían a corroborar el hecho de que el acceso temprano al contenido pornográfico puede influir en
la conducta sexual de la juventud, en especial si no existe una educación sexoafectiva previa y suficiente que permita a la juventud distinguir entre lo que es realidad y ficción.
Por ello, el peligro no es tanto que vean pornografía sino que su sexualidad, que se está formando en esas edades, asuma como normales comportamientos agresivos, violentos. Es decir, la problemática radica en que la pornografía sustituya a
una educación sexoafectiva familiar y escolar, basados en un modelo de dominación, desigualdad entre sexos y la normalización de prácticas violentas o degradantes. Así que existe la necesidad de la coeducación, del respeto entre iguales, de
«incorporar» de forma «más decidida» la educación afectiva y sexual en la familia y en el círculo escolar para prevenir, reducir y evitar múltiples riesgos como la exposición a contenidos inadecuados (violencia o pornografía), o retos virales
peligrosos.
Ello va en línea con la «Estrategia Juventud 2030», la cual propone una educación afectivosexual integral que contrarreste la pornografía como fuente educativa: es decir, que evite embarazos no deseados y promueva unas relaciones
sexoafectivas saludables y satisfactorias, libres de violencias, que aborden temas como el consentimiento, la gestión emocional y la construcción de relaciones saludables, además de prevenir embarazos e ITS.
Estas estrategias se ven reforzadas por el papel que viene desempeñando en el ámbito europeo el Consejo de Europa en materia de educación sexual, a través de la aprobación de distintas resoluciones.
De un lado, la Resolución 2649 (2026) de la Asamblea Parlamentaria, al abordar las causas de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida su dimensión digital, apunta a la educación y a la sensibilización sobre igualdad de
género y roles no estereotipados, así como a una educación sexual integral adecuada a la edad.
Por otra parte, la Resolución 2629 (2025) también incide en la necesidad de implementar una educación sexual integral adecuada a la edad, orientada, entre otras finalidades, a proporcionar a los niños varones el conocimiento y el lenguaje
necesarios para protegerse y respetar los límites de los demás, así como a abordar la integridad corporal y el consentimiento sexual en la educación y en las medidas de sensibilización.
Finalmente, el Consejo de Europa está trabajando en una Recomendación específica sobre educación sexual integral, en línea con las resoluciones anteriores. En este borrador, dirigido a prevenir y combatir la violencia contra la infancia, se
propone, entre otras medidas, una educación sexual integral adecuada a la edad, con una clara función preventiva, transmitiendo información sobre el valor y la importancia del consentimiento en el respeto de la integridad personal y la autonomía
corporal propia y de los demás. Asimismo, el texto subraya que tanto los padres como los tutores son actores principales en la protección de los niños frente a la violencia y que, en este sentido, los profesores deben recibir formación específica
sobre educación sexual integral adecuada a la edad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando, en colaboración con las administraciones educativas, actuaciones para desarrollar la educación afectivo-sexual y emocional en las aulas encaminadas a:
Promover actuaciones de formación del profesorado vinculadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
Promover la elaboración y el intercambio de materiales didácticos relacionados con la educación afectivo-sexual para todas las etapas educativas con los contenidos previstos en la LOMLOE.
Cooperar con las Administraciones educativas respecto a los protocolos contra la violencia sexual, el ciberbullying, y contra cualquier tipo de violencia.
Promover la sensibilización de familias sobre la educación sexual y bienestar emocional.
Reforzar la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con el Ministerio de Sanidad en las materias relacionadas con la educación afectivo-sexual en el ámbito educativo.
Difundir materiales didácticos aplicados a la formación en promoción y educación para la salud, que incluyan la educación afectivo-sexual, tales como la Guía de Escuelas Promotoras de Salud.
Promover la cooperación técnica con las CC.AA. en materia de educación afectivo- sexual y salud escolar a través de grupos de trabajo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.María Luz Martínez Seijo, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios Euskal Herria Bildu, Vasco EAJ-PNV, Plurinacional Sumar y Mixto-Podemos, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa
al cese de actividad del Polígono de Tiro de Bardenas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Hace 75 años que el Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas fue instaurado bajo la dictadura franquista. Lo que comenzó con un arrendamiento forzoso y temporal, se ha convertido en 75 años de actividad militar, condicionando gravemente
el devenir de la zona y generando una contradicción insostenible, dado que el emplazamiento militar se sitúa en pleno corazón del Parque Natural catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000.
Durante estas siete décadas, las más de 2.200 hectáreas de terreno han servido como el principal centro de entrenamiento de fuego real para el Ejército del Aire español y las fuerzas de la OTAN, incluyendo el lanzamiento de armamento desde
aviones de combate; una actividad que resulta frontalmente incompatible con los valores de paz, sostenibilidad y protección de la biodiversidad que definen a la sociedad navarra.
Esta prolongada presencia militar ha generado profundas afecciones negativas en nuestro territorio y en nuestra sociedad, comenzando por los más de 70 accidentes ocurridos, entre los que se encuentran más de 30 registrados fuera del
perímetro, los cuales han llegado a provocar la caída de aviones y proyectiles en zonas civiles habitadas, comprometiendo la propia seguridad de la ciudadanía. A ello se suma una constante contaminación acústica por el sobrevuelo diario de cazas a
baja altura que rompen la barrera del sonido, un grave impacto medioambiental por el uso de munición que deteriora el suelo y la fauna endémica de este valioso ecosistema, y una severa limitación socioeconómica que hipoteca el desarrollo económico y
laboral de la zona y sus habitantes.
Frente a esta realidad, el sentir social y político de Navarra se ha ido manifestando a lo largo de los años, construyendo amplios consensos que abogan por abrir un nuevo tiempo en las Bardenas y en Nafarroa, dejando atrás la actividad
militar del polígono y la dependencia que de facto supone, para ligar el porvenir del territorio a la cultura de la paz, el desarrollo social y económico y la sostenibilidad. Este anhelo se ha manifestado de manera reiterada y pacífica a través de
la propia sociedad civil, y se ha visto sólidamente respaldado a nivel institucional por los sucesivos pronunciamientos de las instituciones locales y el Parlamento de Navarra. Estas manifestaciones sociales y políticas deberían ser la base para
construir una postura social y política transversal que
permitan iniciar el proceso de transición para terminar, tras 75 largos años, la actividad militar en Bardenas y abrir la ventana a un nuevo proyecto de desarrollo social, económico, laboral y sostenible que ofrezca certezas y futuro para
los habitantes de las entidades de la junta de Bardenas.
Será en 2028 cuando expirará el actual contrato de arrendamiento entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Bardenas. Se presenta por tanto una oportunidad histórica para atender esta voluntad y comenzar el camino para
finalizar la actividad militar del polígono. Una oportunidad que debe abordarse desde el respeto a la ciudadanía afectada y desde la valentía política para hacerlo realidad.
Por todo ello, la presente iniciativa se presenta como expresión de la voluntad de un amplio espacio social y político navarro, con el objetivo de abrir una nueva fase histórica para terminar con los 75 años ininterrumpidos del polígono de
tiro en nuestro territorio.
Para ello, será imprescindible superar la dependencia económica deliberadamente generada para las entidades congozantes y los municipios de la Ribera y ofrecer una verdadera alternativa de futuro. Por eso la actual dependencia del canon de
arrendamiento ha funcionado históricamente como un factor de cohesión condicionada que urge transformar mediante un Plan de Reconversión Integral. Se hace necesario, por tanto, atender de manera coordinada las demandas que desde el propio ámbito
local navarro exigen alternativas socioeconómicas viables para que la prosperidad de los pueblos no quede supeditada a la presencia del polígono de tiro.
Es un deber de justicia social que las instituciones del Estado, en estrecha colaboración con el Gobierno de Navarra y la Junta de Bardenas, desplieguen la financiación y proyectos necesarios y suficientes para asegurar un ecosistema
socioeconómico y laboral que abra nuevas oportunidades. De este modo, se garantizará que la Comunidad de Bardenas, sus entidades y su ciudadanía puedan liderar un nuevo ciclo de desarrollo socioeconómico, permitiendo que la comarca prospere con
dignidad, autonomía y pleno respeto a su valioso patrimonio natural.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Solicita, tras 75 años de actividad, el cese de la actividad militar llevada a cabo en el Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas en Navarra.
2. Insta al Ministerio de Defensa a que, conjuntamente a la Junta de Bardenas, una vez finalizada la vigencia en 2028, no proceda a la renovación del contrato de arrendamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas.
3. Insta al Gobierno de España a derogar la declaración del Polígono de Tiro de las Bardenas como Zona de Interés Preferente para Defensa aprobada mediante el Real Decreto 1943/2000.
4. Solicita al Gobierno español a, junto al Gobierno de Navarra y a la Junta de Bardenas, establecer un plan de reconversión, impulso económico y financiación suficiente para la Comunidad de Bardenas y sus entidades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2026.Isabel Pozueta Fernández y Mikel Legarda Uriarte, Diputados.Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.Maribel Vaquero Montero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
SECRETARÍA GENERAL
291/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, y con ocasión de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Congreso de los Diputados, ha acordado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 92.1 del Reglamento, modificar para el
lunes 8 de junio de 2026 el horario de mañana del Registro presencial, que será de 12 a 14 horas, en lugar de 10 a 14 horas.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2026P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.