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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 537, de 26/05/2026
cve: BOCG-15-D-537
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
26 de mayo de 2026
Núm. 537
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003461
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para condenar la violencia contra representantes políticos, personas defensoras de los derechos humanos y del territorio, y para la protección de la participación
democrática a nivel internaciona ... (Página4)
161/003462
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la defensa del multilateralismo, los Organismos Internacionales y el orden internacional basado en reglas ... (Página7)
Comisión de Defensa
161/003455
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reconocimiento al Grupo de Combate Expedicionario Dédalo de la Armada por su labor de apoyo a la población de Turquía tras el terremoto de 2023 ...
161/003456
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el incremento del número de efectivos de las Fuerzas Armadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página11)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003452
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al colapso del sistema de cita previa y a la proliferación de un mercado negro asociado a la regularización de inmigrantes ...
161/003458
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, para transferencia de la titularidad del edificio de la «Cooperativa la Unió» al Ayuntamiento de Premià de Mar ... (Página13)
161/003464
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Corrupción, al refuerzo integral del sistema de integridad pública y a la ejecución real de
los compromisos de Gobierno Abierto ... (Página15)
161/003465
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el refuerzo del control de incompatibilidades en la Administración General del Estado y de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses ...
(Página17)
Comisión de Interior
161/003446
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para el reconocimiento de la profesión y servicio en la Guardia Civil como profesión de riesgo ... (Página19)
161/003451
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la ampliación y mejora de la dotación del Centro de Inserción Social «Carmen Avendaño» de Vigo ... (Página21)
Comisión de Industria y Turismo
161/003447
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el talento industrial ... (Página25)
161/003454
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adecuación del sistema estatal de registro de viviendas de uso turístico al Reglamento (UE) 2024/1028 y a la corrección de los efectos
derivados de la duplicidad registral ... (Página29)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003449
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la protección de Doñana y la recuperación del río Guadiamar ... (Página31)
161/003460
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, relativa al impulso de un marco regulador seguro para el uso de drones en la agricultura y ganadería y la necesaria reducción de sobrerregulación estatal en
materia fitosanitaria ... (Página32)
161/003463
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de los agricultores canarios ... (Página36)
Comisión de Política Territorial
161/003453
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el impacto territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea ... (Página38)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003448
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la regulación y el control de las cátedras universitarias ... (Página43)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001819
Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre valoración acerca de si eran suficientes los medios materiales, tecnológicos y de protección personal, así como el tipo y características de las embarcaciones asignadas
al Servicio Marítimo de la Guardia Civil que participaban en la persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva el día 08/05/2026, operativo en el que fallecieron dos agentes en acto de servicio ... (Página45)
181/001820
Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre actuaciones concretas que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior y, en su caso, la Dirección General de la Guardia Civil, desde la tragedia ocurrida en Barbate en
el año 2024, para reforzar la seguridad, los medios materiales y la capacidad operativa de los agentes destinados a la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el sur de España ... (Página46)
181/001821
Pregunta formulada por la Diputada Ana Belén Vázquez Blanco (GP), sobre previsiones acerca de impulsar el reconocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como profesión de riesgo, atendiendo a las reiteradas reclamaciones de los
agentes y al incremento de las situaciones de especial peligrosidad que afrontan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones ... (Página46)
181/001822
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre planes del Gobierno con respecto a los usos del antiguo complejo penitenciario de Vigo garantizando su utilización con fines públicos y sociales ...
181/001823
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre garantías del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del desarrollo efectivo de programas de intervención y
reinserción, especialmente en el ámbito de la violencia de género, la seguridad vial y la justicia restaurativa en el CIS de Vigo ... (Página46)
181/001824
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones de aumento de manera inmediata, por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la plantilla del CIS de Vigo equiparándola a la de otros centros
con características similares ... (Página47)
181/001825
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre planes del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, acerca de reanudar y ejecutar con urgencia la ampliación del CIS en
Vigo, que se paralizó en el año 2012, adaptando el proyecto a las necesidades actuales ... (Página47)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/038764
Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén Acedo Reyes, Sofía Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana Hernando Fraile, Rafael Antonio Sánchez Torregrosa, Maribel Confirmación acerca de si, con carácter previo a la aprobación y publicación del Real
Decreto relativo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, se elaboró algún informe técnico, operativo, jurídico o de inteligencia por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF, el CENIF o cualquier otra unidad
especializada de la Policía Nacional ... (Página48)
184/039041
Autor: Hoces Íñiguez, Ignacio Aizcorbe Torra, Juan José Flores Juberías, Carlos Instauración por el Ministerio de Justicia de un procedimiento automatizado de cancelación de antecedentes penales desde el año 2021, participación de algún
funcionario en alguna fase del citado procedimiento y realización de auditorías internas para verificar la viabilidad del proceso ... (Página50)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para condenar la violencia contra representantes políticos, personas defensoras de
los derechos humanos y del territorio, y para la protección de la participación democrática a nivel internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
La violencia, las amenazas, la persecución, el acoso y el hostigamiento contra cargos políticos y contra personas defensoras de los derechos humanos y del territorio constituyen una grave vulneración de los principios democráticos y del
Estado de derecho, además de un incumplimiento sistemático de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos o libertades fundamentales.
De acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, en sus informes al Consejo de Derechos Humanos, cada año se registran en distintos países del mundo asesinatos,
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, campañas de difamación y criminalización contra quienes defienden los derechos humanos, los bienes comunes y el medio ambiente, y contra sus familias. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha subrayado reiteradamente que la violencia contra las personas defensoras tiene un efecto paralizador sobre la participación cívica y política, y debilita el funcionamiento democrático de las
instituciones.
La Unión Europea, a través de las Directrices de la UE sobre las personas defensoras de los derechos humanos (actualizadas y reforzadas en el marco del Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2024), reconoce el
papel fundamental de estas personas en la protección del Estado de Derecho y en la consolidación de sociedades abiertas, inclusivas y participativas. Estas Directrices instan a los Estados a prevenir la violencia, investigar los ataques y
garantizar mecanismos efectivos de protección, incluyendo medidas específicas para grupos en situación de especial riesgo, como mujeres defensoras, personas defensoras indígenas, personas LGTBI y quienes defienden el medio ambiente y el territorio.
Diversos informes de organismos internacionales, de organismos regionales y de organizaciones de la sociedad civil coinciden en señalar que las personas defensoras del territorio y del medio ambiente están entre las más afectadas por la
violencia. Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente ataques, amenazas de muerte, criminalización y uso indebido del derecho penal contra líderes comunitarios, activistas y defensores y defensoras de la tierra, en contextos vinculados
a grandes proyectos de infraestructuras, minería, agroindustria y explotación de recursos naturales. Estos ataques no sólo vulneran derechos individuales como la vida, la integridad y la libertad de expresión, sino que buscan amedrentar a
comunidades enteras y silenciar la protesta social y la participación en asuntos públicos.
Igualmente, las agresiones contra cargos electos y responsables políticos incluyendo amenazas, acoso, discurso de odio y violencia física han sido objeto de preocupación por parte de instituciones internacionales. La Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y diversos órganos de Naciones Unidas, entre otras, han alertado de que este clima de hostilidad tiene un efecto disuasorio sobre la participación política, especialmente de mujeres,
jóvenes, minorías y personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados destacando los diferentes pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, pudiendo desalentar su implicación en la vida pública y en la representación
institucional.
A nivel internacional, partimos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de diferentes tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. Asimismo, la Asamblea General de la ONU ha aprobado repetidas Resoluciones sobre la protección de
las personas defensoras de los derechos humanos, recordando la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998 y reiterando la obligación de los Estados de garantizar un entorno seguro y propicio para su labor. Igualmente, el
Consejo de Derechos Humanos ha condenado las represalias y amenazas contra quienes cooperan con los mecanismos internacionales de derechos humanos, reconociendo que ello socava la rendición de cuentas y el escrutinio democrático.
En el ámbito europeo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia de sus tribunales de garantía consagran el derecho a la vida, la integridad física y moral, la
libertad de expresión, reunión y asociación, así como el derecho a participar en los asuntos públicos. La violencia y el hostigamiento contra cargos públicos y personas defensoras de derechos humanos son incompatibles con estos estándares y con el
compromiso de los Estados europeos con la democracia, el pluralismo y la participación efectiva. Todas estas formas de violencia son despreciables, constituyen una violación de los derechos humanos y debilitan nuestros valores fundamentales.
La violencia política y la dirigida contra personas defensoras tiene, además, un impacto sistémico sobre la calidad de la democracia: genera miedo, autocensura, abandono de la vida pública, debilitamiento del tejido social y desconfianza en
las instituciones. En contextos de crisis climática y de profundas transformaciones económicas y sociales, la seguridad y protección de quienes defienden los derechos humanos y el territorio son esenciales para garantizar procesos deliberativos
inclusivos, informados y legítimos, y para que las decisiones públicas se adopten con participación real de las comunidades afectadas.
Igualmente, en este ámbito se ha de continuar reforzando la lucha contra la impunidad, y así garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y de sus familiares, pilar fundamental del Estado de derecho y los derechos humanos.
Por todo ello, resulta imprescindible que los poderes públicos condenen de forma inequívoca toda forma de violencia, amenaza, criminalización o campaña de odio dirigida contra cargos políticos y personas defensoras de los derechos humanos y
del territorio, y refuercen los mecanismos de prevención, protección y rendición de cuentas, en
coherencia con las obligaciones asumidas en el marco de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Condenar de manera firme y expresa toda forma de violencia, amenaza, hostigamiento, criminalización o discurso de odio dirigida contra cargos públicos, responsables políticos y personas defensoras de los derechos humanos y del
territorio, con independencia de su adscripción ideológica, sexo, origen o cualquier otra condición y reconocer públicamente la labor legítima y necesaria que desarrollan estas personas.
2. Seguir evaluando de manera periódica y, cuando proceda, reforzar los protocolos y mecanismos de prevención y protección existentes para cargos públicos y personas defensoras de los derechos humanos y del territorio, especialmente a
mujeres, y para los colectivos en situación de especial riesgo como personas defensoras indígenas, personas defensoras del medio ambiente y del territorio, y personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados.
3. Continuar reforzando a nivel regional e internacional la implementación de herramientas y canales de denuncia efectiva de las violaciones de derechos humanos, contribuyendo así a la puesta en marcha de plataformas de diálogo y a la
organización y defensa para la resolución y transformación pacífica de conflictos.
4. Seguir mejorando y actualizando los programas de formación especializada para quienes desempeñen estas labores en materia de derechos humanos, protección de personas defensoras y abordaje de la violencia política.
5. Reafirmar y mantener el compromiso institucional de que todas las amenazas, agresiones y actos de violencia contra cargos públicos y personas defensoras de los derechos humanos y del territorio sean objeto de investigaciones prontas,
exhaustivas, independientes y efectivas, que conduzcan, en su caso, a la identificación y sanción de los responsables.
6. Velar por que quienes sufren estos ataques cuenten con recursos efectivos de reparación, incluyendo asistencia jurídica, apoyo psicosocial y medidas de protección adecuadas.
7. Desarrollar políticas públicas que fortalezcan el espacio cívico y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, conforme a los estándares internacionales y regionales.
8. Impulsar campañas de sensibilización, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, para visibilizar el impacto de la violencia política y de los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos y del territorio en
la participación democrática, así como para promover una cultura de respeto, diálogo y no violencia.
9. Fomentar la participación activa de organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y comunidades afectadas en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a su protección.
10. Reforzar la cooperación con instituciones de la Unión Europea, de Naciones Unidas y con organizaciones internacionales y regionales especializadas en derechos humanos, con el fin de intercambiar buenas prácticas y avanzar en la mejora
de la participación y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y del territorio.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.María Dolores Corujo Berriel, Sergio Gutiérrez Prieto y M.ª Isabel Moreno Fernández, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/003462
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del multilateralismo, los Organismos Internacionales y el
orden internacional basado en reglas, para su debate en la Comisión Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El mundo atraviesa un momento de profunda inestabilidad internacional. La multiplicación de conflictos armados, las crisis humanitarias, las tensiones comerciales, los riesgos sanitarios globales y los ataques al Derecho Internacional ponen
de manifiesto que ningún Estado, por poderoso que sea, puede afrontar en solitario los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el número de conflictos armados alcanzó alrededor de 130 en 2025, más del doble que quince años antes, y más de veinte conflictos se prolongan ya desde hace más de dos décadas. El Centro de
Monitoreo del Desplazamiento Interno recoge, a su vez, que los conflictos y la violencia provocaron 32,3 millones de desplazamientos forzados en 2025 y que, al cierre de ese año, 82,2 millones de personas vivían en situación de desplazamiento
interno.
Esta realidad confirma que la paz, la seguridad internacional y la protección de la población civil dependen de la capacidad de la comunidad internacional para reforzar sus mecanismos comunes de prevención, mediación, cooperación y rendición
de cuentas. En septiembre de 2024, los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron el Pacto para el Futuro, concebido para revitalizar la cooperación internacional, actualizar la gobernanza global y adaptar las instituciones multilaterales a los
desafíos del siglo XXl.
También en el ámbito económico se observa una creciente erosión del orden internacional basado en reglas. Las políticas arancelarias han tensionado gravemente el sistema comercial internacional. La Organización Mundial del Comercio
advirtió el 9 de abril de 2025 de que la escalada comercial entre Estados Unidos y China podía reducir hasta un 80 % el comercio de mercancías entre ambas economías y de que una división de la economía mundial en bloques podría reducir el PIB real
mundial a largo plazo en cerca de un 7 %.
En materia sanitaria, la pandemia de la COVID-19 evidenció que los riesgos globales requieren respuestas globales. En un mundo sin fronteras, interconectado y expuesto a epidemias, conflictos, desplazamientos y emergencias climáticas, la
Organización Mundial de la Salud sigue siendo una pieza esencial de coordinación, vigilancia epidemiológica, asistencia técnica e investigación. Los recientes acontecimientos en el crucero internacional MV Hondius vuelve a ser un ejemplo de la
necesidad de sistemas supranacionales de control, prevención y vigilancia y, por tanto de organizaciones internacionales que se responsabilicen de la misma. En 2026, según sus datos internos, la OMS tuvo que responder a 36 emergencias sanitarias,
incluidas 14 emergencias de grado 3 que requieren el máximo nivel de respuesta organizativa.
Del mismo modo, la Corte Penal Internacional constituye un instrumento imprescindible para combatir la impunidad y proteger a las víctimas de los crímenes más graves. El Estatuto de Roma atribuye a la Corte competencia sobre el crimen de
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En un contexto de vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario, ataques contra la población civil y discursos que pretenden situar a determinados
actores por encima de la ley, la justicia penal internacional debe reforzarse, no debilitarse.
Por todo ello, frente a quienes defienden la unilateralidad, la imposición de la fuerza o el debilitamiento de las instituciones comunes, España debe reafirmar su compromiso con un mundo en paz, fundado en el respeto al Derecho
Internacional, la cooperación
entre Estados, la protección de los derechos humanos, la justicia internacional y el fortalecimiento de los organismos multilaterales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Redoblar los esfuerzos diplomáticos y económicos para impulsar el fortalecimiento de los organismos internacionales y el multilateralismo frente a quienes apuestan por la unilateralidad.
2. Instar a reformular el papel de la Organización Mundial del Comercio ante el papel amenazante de una guerra comercial basada en aranceles, defendiendo un sistema comercial internacional abierto, justo, previsible y basado en reglas, y
reclamando que sus dirigentes tengan un papel más activo frente a dichas políticas, tanto en la prevención de escaladas arancelarias como en la mediación entre Estados y en la defensa de los países más vulnerables.
3. Reconocer el papel esencial de la Organización Mundial de la Salud en la prevención, coordinación y respuesta ante crisis sanitarias globales, en un mundo sin fronteras, conectado y expuesto a riesgos compartidos, instando a la comunidad
internacional a garantizar una financiación suficiente, estable y previsible de la OMS.
4. Apostar por la Corte Penal Internacional como instrumento imprescindible de lucha contra la impunidad, de defensa del Derecho Internacional y de protección de las víctimas, promoviendo que en el futuro puedan ser investigados y juzgados
los responsables de los crímenes más graves, de forma que ningún delito contra el orden internacional pueda quedar impune en el futuro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Sergio Gutiérrez Prieto y M.ª Isabel Moreno Fernández, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/003455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reconocimiento al Grupo de Combate
Expedicionario Dédalo de la Armada por su labor de apoyo a la población de Turquía tras el terremoto de 2023, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El día 6 de febrero de 2023 dos terremotos consecutivos de gran intensidad sacudieron el sureste de Turquía con efectos devastadores. El sismo causó 40.000 muertos, destruyó 223.000 edificios y provocó el desplazamiento de tres millones y
medio de personas. Las infraestructuras de transporte y abastecimiento de agua y electricidad quedaron arrasadas.
En esas fechas se encontraba navegando por aguas del Mediterráneo oriental el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, compuesto por los buques LHD Juan Carlos I, el LPD Galicia, la fragata Blas de Lezo, y el AOR Cantabria. Esta flota había
partido de la Base de Rota el día 16 de enero en misión de apoyo a la disuasión y defensa de la OTAN en aguas del mar Mediterráneo. Su cometido era dirigirse a Egipto,
donde iba a realizar ejercicios anfibios, y por eso estaba embarcado el BRD (batallón reforzado de desembarco) 223 formado en base al Segundo Batallón de Desembarco del Tercio de Armada, al que se había reforzado con unidades de maniobra,
apoyo de combate y apoyo de servicios de combate. Contaba en total con 520 Infantes de Marina, 67 vehículos y 9 embarcaciones de asalto.
Cuando se tuvo noticia del desastre en Turquía, el Grupo Dédalo estaba a solo dos días de navegación de la zona afectada, y se comenzó a planear una posible intervención de ayuda humanitaria dadas las capacidades embarcadas y la extrema
utilidad del Batallón de Desembarco en una operación de tal naturaleza. El Grupo llevaba ya navegando un mes, por lo que la coordinación entre la Fuerza Naval y la Fuerza de Desembarco estaba plenamente establecida y, en el fondo, la operación de
ayuda humanitaria no dejaba de ser una operación anfibia más para la que todos sus componentes estaban bien adiestrados. Recibida la autorización de la cadena de mando, el Grupo Dédalo llegó a las costas de Turquía el día 8 de febrero, y en cuanto
estuvo a alcance de vuelo de helicóptero envió un destacamento avanzado de reconocimiento al aeropuerto de Incirlick desde donde expusieron a las autoridades turcas las capacidades del Grupo Dédalo, recibiendo de estas el cometido de la ciudad de
Iskenderun, de aproximadamente un cuarto de millón de habitantes, localizada en la bahía de Alejandreta, a escasos 80 km de la frontera con Siria, y que estaba muy afectada por las consecuencias del terremoto. En la madrugada del día 9 se iniciaron
las operaciones desembarco y, en pocas horas y tras sucesivas oleadas, se puso en tierra a todo el personal, así como los vehículos y los aprovisionamientos del BRD. AI caer la tarde de ese mismo día 9, unidades del BRD ya estaban comenzando los
trabajos de desescombro mientras que otros elementos comenzaban la distribución de las 90 toneladas de suministros de ayuda humanitaria pertenecientes a las propias existencias de los buques del Grupo Dédalo que se habían desembarcado a bordo de los
camiones de la Infantería de Marina.
EI BRD dedicó su esfuerzo principal a proporcionar apoyo a las tareas de rescate de supervivientes. Se organizaron cuatro equipos operativos de rescate simultáneos de entidad sección, que realizaron turnos de trabajo ininterrumpidos de 12
horas, día y noche. Fruto de su esfuerzo fue el rescate con vida de varios supervivientes y los cadáveres de numerosos fallecidos. En paralelo, el BRD volcó su trabajo en proporcionar refugio a la población que se había quedado sin techo, y junto
a las autoridades turcas se levantaron seis campamentos repartidos en el entorno de la ciudad de Iskenderun, a los que también se apoyó con el suministro de víveres, mantas y material de ayuda humanitaria. Además, el BRD cooperó en la descarga y
transporte de la ayuda humanitaria que llegaba desde diversas partes del mundo al aeropuerto de Adana, y gracias a los camiones del BRD pudieron hacerse llegar a los afectados por los infantes de Marina cientos de toneladas de suministros básicos.
También fueron los integrantes del BRD quienes prestaron apoyo de seguridad en sus desplazamientos, transporte, combustible y de otro material a las ONGs españolas desplazadas a la zona, especialmente al hospital de campaña desplegado por al AECID.
El componente de seguridad prestado por el BRD fue básico, porque a medida que pasaban los días la delincuencia fue incrementándose en la zona, y si por el día las fuerzas de seguridad turcas conseguían a duras penas controlar la situación, por las
noches abundaban los saqueos e incluso se escuchaban tiroteos esporádicos.
Durante todo el despliegue en tierra del BRD fue imprescindible para el éxito de la misión contar en todo momento con el apoyo logístico de los buques y aeronaves del Grupo Dédalo. Se estableció una zona de apoyo en playa que permaneció
operativa durante toda la misión, asegurando a la Fuerza de Desembarco un adecuado sostenimiento basado en las capacidades de los buques anfibios y del AOR Patiño, lo que permitía operar a la Infantería de Marina con autonomía logística en tierra
sin consumir ningún recurso local, hecho de suma importancia cuando éstos son críticos y escasos en los primeros días de la tragedia. Hubo más de 150 varadas que proporcionaron a nuestras tropas suministros de todo tipo: raciones de combate, agua,
combustibles, repuestos y comida en caliente, cocinada a bordo, que era apreciada por las tropas cuando regresaban de los trabajos con temperaturas cercanas a cero grados al caer la noche.
Cuando pasada una semana desde el primer terremoto las autoridades turcas dieron por concluidas las labores de búsqueda y rescate de supervivientes, el BRD se replegó reembarcando en los buques de la Armada el día 15 de febrero. Fueron el
primer equipo de respuesta internacional en llegar y el último en marcharse. Durante los siete intensos días de operaciones de ayuda humanitaria, el BRD 223 constituyó la mayor unidad internacional desplazada a Turquía, y el desempeño de sus
infantes de marina no pasó inadvertido. Con sus medios y capacidades orgánicas, cumplió con el propósito de lograr efectos de impacto rápido para aliviar la situación de los damnificados por el terremoto en la ciudad de Iskenderun y sus
alrededores. EI BRD 223 recibió numerosas muestras de reconocimiento no solo por parte de las autoridades turcas, sino también por la propia población de Iskenderun, agradecida y todavía sorprendida al ver trabajar en sus calles llenas de escombros
y desolación a los soldados españoles que venían a ayudar desde la mar.
La de la Armada no fue la única ayuda militar prestada a Turquía. Además de los 520 infantes de Marina del BRD, también la UME se desplazó a la zona, enviando a 55 efectivos y dos perros, que hicieron un excelente trabajo de rescate de tres
personas enterradas bajo los escombros.
La ministra de Defensa de desplazó a la Base de Morón para recibir a los efectivos de la UME que habían participado en las labores de rescate y transmitió una muy merecida felicitación a sus componentes. Lamentablemente la ministra,
Margarita Robles, ni fue a recibir al Grupo de Combate Expedicionario Dédalo a su arribada a España, ni trasladó felicitación alguna a sus componentes. Con esta PNL se pretende reparar esta injusticia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1°. La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en nombre del pueblo español al que representan sus miembros, expresa su reconocimiento a los componentes del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo de la Armada española por la
ayuda prestada a la población de Turquía tras el terremoto de febrero del año 2023. Singularmente se agradece la abnegación de los componentes del Batallón Reforzado de Desembarco del Tercio de Armada de la Infantería de Marina, que con una entrega
admirable socorrieron en tierra a las víctimas de aquella catástrofe.
2°. La Comisión de Defensa del Congreso insta a la ministra de Defensa a que haga constar en la hoja de servicios de cada uno de los componentes del BRD una felicitación por su servicio en las labores de ayuda humanitaria prestada con
ocasión del terremoto ocurrido en Turquía en el año 2023.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.Agustín Conde Bajén, Carlos Rojas García, Francisco José Conde López, Macarena Lorente Anaya, Javier Celaya Brey, Carlos Javier Floriano Corrales, Carlos García Adanero, Pablo Hispán
Iglesias de Ussel, José Enrique Núñez Guijarro, Pablo Pérez Coronado, María Elvira Rodríguez Herrer, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Ricardo Tarno Blanco y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento del numero de
efectivos de las Fuerzas Armadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 12 de diciembre de 2024, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, pronunció uno de los discursos más importantes desde su reciente nombramiento, resaltando la necesidad de que los miembros de la organización aumenten el gasto
y la producción de defensa en un entorno de seguridad cada vez más turbulento. De hecho, ha fijado como objetivo aumentar la inversión en defensa hasta el 3,5 % del PIB y el 1,5 % en seguridad en La Cumbre de La Haya de junio de 2025. Por su
parte, Estados Unidos uno de los países con mayor presupuesto en defensa ha hecho referencia al bajo porcentaje de gasto militar de algunos aliados, haciendo referencia expresa a España. En la misma línea, la nueva presidenta de la Agencia
Europea de Defensa, la Alta Representante, Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia reconociendo el papel que juega la OTAN como piedra angular de la seguridad euroatlántica ha manifestado la necesidad de que la Unión Europea avance hacia un
reforzamiento de su capacidad defensiva que garantice que pueda actuar con decisión e independencia ante cualquier posible amenaza.
La guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio e Irán, han puesto en evidencia que la diplomacia y la cooperación internacional no se bastan por sí solas para garantizar la resolución pacífica de las controversias; y que, por tanto,
resulta imprescindible disponer de una capacidad de disuasión mediante el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas que frene las ambiciones expansionistas de las autocracias.
España, cuarta economía de la UE, ocupa, sin embargo, la décima posición en la OTAN en términos absolutos y la última en términos relativos, con una inversión en Defensa, que pese a su progresivo incremento en los últimos años, sólo alcanza
al 1,28 % del PIB.
Según el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP) con datos actualizados a enero de 2024, nuestras Fuerzas Armadas están integradas por 122.244 efectivos; cuando en el artículo 16 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se estableció un número máximo entre 130.000 y 140.000 efectivos, con un contexto geopolítico muy diferente al actual.
En lo que respecta a las guarniciones de Ceuta y Melilla, el número de efectivos ha experimentado una evolución menguante en los últimos decenios como consecuencia de la profesionalización y modernización del Ejército, aunque sus unidades
participan en casi todas las misiones desplegadas por nuestro país en cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Desde la publicación de la Orden DEF/708/2020, de 27 de julio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra, las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla, se hallan encuadradas dentro del Mando de Canarias del
Ejército de Tierra. Ambas ciudades autónomas suponen las únicas fronteras terrestres de España, a excepción de Andorra, con un país que no pertenece ni a la UE ni a la OTAN.
A pesar de las relaciones de buena vecindad con el Reino de Marruecos, no podemos obviar las injustificadas reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla; ni episodios recientes como la crisis migratoria de los días 17 y 18 de mayo de
2021 en Ceuta que obligaron a desplegar a unidades del Ejército en la playa del Tarajal en refuerzo de la acción de contención de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar la II Bandera legionaria Carlos V del I Tercio Gran Capitán de la Comandancia General de Melilla, disuelta en 2009; y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba del II Tercio
Duque de Alba de la Comandancia General de Ceuta, disuelta en 2007».
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Javier Celaya Brey, Sofía Acedo Reyes y Carlos Rojas García, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/003452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al colapso del sistema de
cita previa y a la proliferación de un mercado negro asociado a la regularización de inmigrantes, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Gobierno ha impulsado un proceso de regularización masiva de inmigrantes que afecta a centenares de miles de personas sin haber previsto, con el mínimo rigor exigible, los medios administrativos necesarios para su correcta gestión. En
lugar de implementar una política ordenada, garantista y eficaz, esta actuación ha evidenciado, una vez más, una grave improvisación que está generando consecuencias directas sobre las administraciones públicas y, concretamente, sobre la confianza
en las instituciones públicas.
La realidad es incontestable: el sistema de acceso a los procedimientos administrativos vinculados a dicha regularización, en particular, el empadronamiento y la obtención de cita previa para la presentación de documentación, se encuentra
saturado, desbordado e incapaz de absorber la demanda generada por el propio Gobierno.
Este colapso es el resultado de una gestión deficiente de los recursos públicos, de una planificación inexistente y de incapacidad reiterada mostrada por parte del Gobierno para anticipar los efectos de sus propias decisiones. Como
consecuencia directa de esta situación, ha emergido una economía sumergida que mercantiliza los derechos básicos de los ciudadanos y convierte el acceso a la Administración en un privilegio de pago.
Diversas informaciones han puesto de manifiesto la existencia de redes informales, y, en muchos casos, organizadas, que venden empadronamientos por importes que alcanzan los 350 euros, así como citas previas en oficinas de Correos por hasta
600 euros, pese a tratarse de trámites gratuitos. Este fenómeno se ve agravado por el uso de herramientas automatizadas para la solicitud masiva de citas, que posteriormente son revendidas, generando un mercado paralelo que excluye a quienes no
pueden asumir dichos costes.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación de extrema gravedad institucional: el Estado no solo no garantiza el acceso igualitario a sus propios procedimientos, sino que permite, por inacción, que estos sean capturados por redes que
operan al margen de la legalidad.
Pero este hecho no constituye un fenómeno aislado vinculado exclusivamente al actual proceso de regularización. La proliferación de mercados ilegales en torno a la obtención de citas administrativas responde a un problema estructural que
afecta a
diversos ámbitos de la Administración General del Estado. Este mismo patrón, caracterizado por la escasez de citas disponibles, la captura de las mismas mediante sistemas automatizados y su posterior reventa, ha sido denunciado en servicios
esenciales como extranjería, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, e incluso en consulados españoles en el exterior para la tramitación de visados.
La reiteración de estos episodios, así como la existencia de actuaciones policiales contra redes organizadas dedicadas a esta actividad, evidencian que nos encontramos ante una disfunción del sistema del modelo de gestión administrativa, que
consolida un acceso desigual a los servicios públicos y la existencia de grupos organizados que se aprovechan de la situación.
Este escenario proyecta una imagen profundamente deteriorada de la Administración Pública española, además de contribuir a debilitar su legitimidad y a alimentar, además, la percepción de que los servicios públicos solo funcionan mediante
mecanismos informales. En definitiva, el Gobierno ha permitido que se consolide una red de mafias que controlan de facto del acceso a derechos administrativos básicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a la paralización inmediata del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno, ante la manifiesta incapacidad de la Administración General del Estado para gestionarlo con garantías de legalidad, eficacia e
igualdad, evitando así que continúe alimentando redes de fraude, explotación y mercantilización de derechos básicos.
2. Implantar de forma inmediata sistemas tecnológicos antifraude en la gestión de la cita previa, que impidan el acaparamiento masivo de citas mediante bots o intermediarios, incluyendo mecanismos de verificación de identidad, limitación de
reservas y trazabilidad de accesos.
3. Auditar de manera urgente el sistema de gestión de citas administrativas, identificando disfunciones, puntos de captura por redes informales y responsabilidades en su diseño y ejecución.
4. Poner fin al actual modelo de cita previa obligatoria como único mecanismo de acceso a la Administración, que ha demostrado ser ineficaz, excluyente y fácilmente accesible para redes fraudulentas, restableciendo un sistema de atención
accesible, directo y sin intermediación para los ciudadanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López, José Vicente Marí Bosó, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez
Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Santi Rodríguez Serra, Alfonso Carlos Macías Gata, Juan Luis Pedreño Molina y Mario Cortés Carballo, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003458
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para transferencia de la titularidad del edificio de la «Cooperativa la
Unió» al Ayuntamiento de Premià de Mar, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La «Cooperativa La Unió» en el municipio de Premià de Mar (Barcelona) fue una cooperativa de consumo creada en el siglo XIX, con un espacio destinado a tienda de víveres, café tertulia de los socios y sala de espectáculos. La CNT/FAI
Sindicato Único lo expropió durante la Guerra Civil española (1936-1939) dónde después de la victoria del ejército de Franco, el partido fascista Falange Española de la JONS estableció su sede.
Con el advenimiento de la democracia, los locales han acogido varios organismos públicos y entidades de la sociedad civil de la población, como: Radio Premià de Mar, la Escuela Municipal de Música, la Fundación GRITO, la Asociación de
Pesebristas o el Agrupamiento Escucha Amon-Ra. La Cooperativa la Unión es el precedente más antiguo de economía social y solidaria en Premià de Mar.
El Ayuntamiento ha reclamado, por diferentes vías, la cesión o el traspaso de la propiedad al ministerio de Hacienda para convertirlo en un centro cívico de titularidad y uso públicos, siendo esta además una reclamación histórica de los
vecinos en todas las audiencias públicas que realiza el consistorio. Esta petición se realizó tanto de manera directa con interlocución con el Ministerio como mediante una enmienda en los presupuestos generales del año 2022, pero hoy en día sigue
sin realizarse o establecerse un calendario claro del posible traspaso.
La enajenación de bienes del patrimonio de la Administración General del Estado se regula en los artículos 131 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y 91 y siguientes de su
reglamento, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, así mismo, por lo que respecta a Patrimonio acumulado sindical, esta posibilidad se establece en el artículo séptimo de Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del
patrimonio sindical acumulado.
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Iniciar un procedimiento para la transferencia de la titularidad, mediante la enajenación del inmueble u otras formas jurídicas aplicables, del edificio de la Cooperativa La Unió al Ayuntamiento de Premià de Mar, a razón de su uso por
interés público.
2. Acordar, conjuntamente con el Ayuntamiento de Premià de Mar, las ayudas correspondientes para la rehabilitación y adecuación del edificio de la Cooperativa La Unió, para garantizar su seguridad y sostenibilidad en su nuevo uso.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei per a la transferència de la titularitat de l'edifici de la «Cooperativa La Unió»
a lAjuntament de Premià de Mar, per al seu debat en la Comissió d'Hisenda i Funció Pública.
Exposició de motius
La «Cooperativa La Unió» en el municipi de Premià de Mar (Barcelona) va ser una cooperativa de consum creada en el segle XIX, amb un espai destinat a botiga de queviures, cafè tertúlia dels socis i sala d'espectacles. La CNT/**FAI Sindicat
Únic ho va expropiar durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) on després de la victòria de l'exèrcit de Franco, el partit feixista Falange Espanyola de la JONS va establir la seva seu.
Amb l'adveniment de la democràcia, els locals han acollit diversos organismes públics i entitats de la societat civil de la població, com: Ràdio Premià de Mar, l'Escola Municipal de Música, la Fundació CRIT, l'Associació de Pessebristes o
l'Agrupament Escolta Amon-Ra. La Cooperativa la Unió és el precedent més antic d'economia social i solidària a Premià de Mar.
L'Ajuntament ha reclamat, per diferents vies, la cessió o el traspàs de la propietat al ministeri d'Hisenda per a convertir-lo en un centre cívic de titularitat i ús públics, sent aquesta a més una reclamació històrica dels veïns en totes
les audiències públiques que realitza el consistori. Aquesta petició es va realitzar tant de manera directa amb interlocució amb el Ministeri com mitjançant una esmena en els pressupostos generals de l'any 2022, però avui dia segueix sense
realitzar-se o establir-se un calendari clar del possible traspàs de la titularitat.
L'alienació de béns del patrimoni de l'Administració General de l'Estat es regula en els articles 131 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i 91 i següents del seu reglament, aprovat
pel Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, així mateix, pel que respecta a Patrimoni acumulat sindical, aquesta possibilitat s'estableix en l'article setè de Llei 4/1986, de 8 de gener, de cessió de béns del patrimoni sindical acumulat.
Proposició no de Llei
«El Congrés insta al Govern a:
1. Iniciar un procediment per a la transferència de la titularitat, mitjançant l'alienació de l'immoble o altres formes jurídiques aplicables, de l'edifici de la Cooperativa La Unió a l'Ajuntament de Premià de Mar, a raó del seu ús per
interès públic.
2. Acordar, conjuntament amb lajuntament de Premià de Mar, les ajudes corresponents per a la rehabilitació i adequació de l'edifici de la Cooperativa La Unió, per garantir-ne la seva seguretat i sostenibilitat en el seu nou ús.»
Palau del Congrés dels Diputats, 14 de maig de 2026.Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
161/003464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una
Estrategia Nacional contra la Corrupción, al refuerzo integral del sistema de integridad publica y a la ejecución real de los compromisos de Gobierno Abierto, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Publica.
Exposición de motivos
La integridad pública constituye uno de los pilares estructurales del Estado de Derecho y del correcto funcionamiento de las Administraciones públicas. Se trata de un principio que condiciona la legitimidad, la eficacia y la sostenibilidad
de la acción pública. La prevención de la corrupción, la gestión adecuada de los conflictos de interés, la transparencia en la toma de decisiones y la existencia de controles independientes y efectivos son elementos indispensables para garantizar
que el poder público se ejerce con objetividad y sometimiento pleno a la ley.
La experiencia comparada demuestra que los sistemas de integridad más cohesionados no se construyen mediante reformas parciales o respuestas reactivas ante
episodios concretos, sino a través de marcos estratégicos que identifiquen riesgos, coordinen competencias, armonicen estándares normativos y establezcan mecanismos claros de seguimiento y evaluación.
En los últimos años, España ha mostrado una evolución preocupante en los indicadores internacionales que evalúan el control de la corrupción, la fortaleza de los mecanismos de supervisión, la independencia de los órganos de control, la
prevención del nepotismo en el acceso a la función pública, la transparencia en la contratación pública y la eficacia en la protección de denunciantes. Esta tendencia evidencia que las medidas anunciadas hasta la fecha no han consolidado un sistema
integral de integridad pública coherente, coordinado y evaluable.
En este contexto, el pasado 10 de febrero de 2025 se publicaba el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con unos datos realmente preocupantes para España. Es particularmente significativo el deterioro
registrado por nuestro país en este indicador internacional que evalúa anualmente la solidez del sector público a partir de fuentes expertas independientes y análisis institucionales comparados. España ha pasado de 61 puntos en 2021 a 55 puntos en
2025, perdiendo seis puntos en cuatro años y descendiendo quince posiciones en el ranking internacional, hasta situarse en el puesto 49 de 182 países. En el ámbito de la Unión Europea, España ha retrocedido hasta la posición 17 de 27 Estados
miembros, alejándose progresivamente de los estándares de las democracias más consolidadas de su entorno. Este índice mide elementos estructurales como la independencia judicial, la eficacia de los mecanismos de supervisión, la prevención de
conflictos de interés, la transparencia en la contratación pública, la protección de denunciantes y la capacidad real del Estado para investigar y sancionar conductas corruptas. La pérdida acumulada de diez puntos desde 2012 y el retroceso
sostenido de los últimos años deben interpretarse como la manifestación de debilidades persistentes en la arquitectura preventiva del sistema de integridad pública.
El Gobierno ha anunciado iniciativas normativas y ha aprobado planes vinculados al Gobierno Abierto, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, la proliferación de compromisos programáticos no puede sustituir la adopción de
una Estrategia Nacional Anticorrupción, dotada de diagnóstico previo, objetivos definidos, indicadores y recursos presupuestarios específicos. El Gobierno Abierto no puede quedar reducido a un catálogo de compromisos declarativos; exige coherencia
entre planificación, ejecución y evaluación pública de resultados.
La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supuso un avance relevante en la configuración del sistema preventivo. No obstante, dicha norma incorporó
en su Disposición adicional quinta un mandato expreso: el Gobierno debía aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una Estrategia contra la corrupción en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley. Ese
plazo ha sido ampliamente superado sin que se haya aprobado una Estrategia Nacional Anticorrupción conforme a los estándares exigibles.
El incumplimiento de un mandato legal en materia de integridad pública no puede considerarse como una simple demora temporal. Supone la ausencia intencionada de la pieza que debía articular de forma sistemática el conjunto de medidas para
luchas contra la corrupción.
La actual situación, reflejada en los indicadores internacionales, evidencia una arquitectura normativa insuficiente. Persisten déficits en la coordinación entre niveles territoriales, en la armonización de estándares, en la sistematización
de riesgos, en la evaluación del impacto de las políticas públicas y en la medición de resultados.
Del mismo modo, la efectividad de los órganos de control no depende únicamente de su creación formal. Requiere autonomía funcional real, estabilidad institucional, capacidad sancionadora efectiva y recursos humanos y materiales suficientes.
Por otro lado, España ha asumido compromisos específicos en el marco de los Planes de Gobierno Abierto orientados a fortalecer la transparencia, la rendición de
cuentas y la integridad institucional. Sin embargo, el retraso en la aprobación de la Estrategia Nacional Anticorrupción prevista legalmente compromete la coherencia entre esos compromisos y su ejecución efectiva. En este sentido, la lucha
contra la corrupción exige liderazgo político, planificación estratégica y cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes. No puede descansar en medidas aisladas ni en iniciativas de alcance limitado.
Persistir en la aprobación de medidas parciales sin cumplir previamente con la obligación legal de articular una Estrategia Nacional Anticorrupción integral debilita la coherencia del sistema, fragmenta la acción pública y transmite un
mensaje de insuficiente determinación en la prevención estructural de la corrupción. La integridad pública no admite dilaciones indefinidas ni compromisos retóricos desvinculados de la ejecución efectiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar la Estrategia Nacional contra la Corrupción prevista en la Disposición adicional quinta de la Ley 2/2023, cuyo plazo legal de dieciocho meses para su adopción ya ha sido incumplido, garantizando su carácter integral, coordinado y
dotado de recursos suficientes.
2. Incorporar en dicha Estrategia un diagnóstico exhaustivo de riesgos sistémicos de corrupción y un plan de acción estructurado que abarque conflictos de interés, regulación de grupos de interés, contratación pública, prevención del
nepotismo, protección de denunciantes y coordinación interadministrativa, con objetivos concretos, indicadores verificables y calendario de ejecución.
3. Reforzar y garantizar la independencia funcional, la autonomía presupuestaria y la capacidad sancionadora de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la Oficina de
Conflictos de Intereses y de los órganos de fiscalización, garantizando medios humanos y materiales suficientes para el ejercicio real de sus competencias.
4. Establecer un sistema anual de seguimiento y evaluación pública de la Estrategia Nacional contra la Corrupción y de los compromisos asumidos en los Planes de Gobierno Abierto, con remisión de informe detallado al Congreso de los
Diputados y comparecencia del Gobierno para rendir cuentas sobre su grado de ejecución y sobre la evolución de los indicadores de integridad pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Ángel Ibáñez Hernando, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique
Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Alfonso Carlos Macías Gata y José Vicente Marí Bosó, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo del control de
incompatibilidades en la Administración General del Estado y de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Publica.
Exposición de motivos
El preámbulo de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña,
sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad.
Esa exigencia no representa una cuestión retórica. La Ley 3/2015 se construye sobre un principio básico: cuando se ejerce como alto cargo en la Administración General del Estado, y más aún cuando se gestiona dinero público o se toman
decisiones con impacto económico, no puede existir ni sombra de confusión entre el interés general y los intereses privados. Por eso la ley impone, entre otras cuestiones, dedicación exclusiva (art. 13), limitaciones en participaciones societarias
(art. 14), y un sistema de declaraciones obligatorias y control de conflictos de intereses, que no está diseñado para «cumplir el expediente», sino para prevenir riesgos reales y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Para garantizar ese cumplimiento, la propia ley crea la Oficina de Conflictos de Intereses, concebida como una pieza fundamental del sistema de integridad pública: debe comprobar, investigar cuando existan indicios y actuar con
independencia. Si la Oficina falla, ya sea por pasividad, por precipitación o por criterios políticos, sus objetivos se convierten en papel mojado.
En este contexto, han cobrado especial relevancia las informaciones conocidas públicamente que señalan que D. Borja Luis Cabezón Royo habría mantenido responsabilidades en una sociedad mercantil privada con conexiones internacionales y
actividades opacas durante un periodo en el que desempeñaba funciones públicas de máxima relevancia, incluyendo su nombramiento como Consejero Delegado de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Según dichas informaciones, esa simultaneidad se
habría extendido durante meses, algo que entra en colisión con el principio de dedicación exclusiva exigido por la Ley 3/2015.
La gravedad institucional de este caso no reside solo en el nombre propio, sino en lo que representa: ENISA es una entidad del sector público que participa en la financiación del tejido empresarial y en políticas de apoyo al emprendimiento
innovador. Precisamente por esa naturaleza, el máximo responsable ejecutivo debe estar sometido a un estándar reforzado de integridad y ausencia de conflictos de intereses. A ello se añade que las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales
asociadas a dos altos cargos ostentados por el Sr. Cabezón (Director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Consejero Delegado en ENISA), no contienen referencia alguna a dicha actividad empresarial.
Y aquí aparece el elemento más preocupante: el funcionamiento real de los mecanismos de control del Gobierno. En casos anteriores hemos visto como por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses se archivaban casos con una rapidez
extraordinaria, a pesar de las críticas sobre la falta de profundidad en el análisis y sobre la forma en que se trasladó la decisión. La percepción generada es letal para el sistema y deja claro que el control gubernamental se ejerce con prisa
cuando afecta al propio Gobierno.
El problema, por tanto, afecta directamente a la responsabilidad del Gobierno y, singularmente, a la del Presidente como máximo responsable del Ejecutivo y garante de que la Ley de Altos Cargos se aplique con rigor a quienes él nombra,
promociona o sitúa en posiciones directivas en el sector público.
Cuando existen dudas razonables sobre incompatibilidades, sobre la coexistencia de responsabilidades públicas y vínculos privados, o sobre la eficacia del control preventivo, no basta con decir que «todo está declarado» o que «no hay
problema». La Ley 3/2015 no se diseñó para blindar al Gobierno, sino para blindar al Estado y a la democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar los procedimientos de verificación aplicados por la Oficina de Conflictos de Intereses en relación con el cumplimiento del régimen de dedicación exclusiva y la evaluación de declaraciones de actividades y bienes de altos cargos a
través de comprobaciones documentadas y eficaces.
2. Reforzar y garantizar la independencia orgánica y funcional de la Oficina de Conflictos de Intereses mediante la implantación de mecanismos que eviten interferencias gubernamentales en la apertura, instrucción y resolución de actuaciones
de comprobación.
3. Desarrollar un marco normativo más exigente para la prevención de conflictos de intereses, en línea con lo recomendado por los organismos internacionales.
4. Establecer procedimientos transparentes para la selección y nombramiento de altos cargos del sector público estatal empresarial basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad profesional e integridad, con el fin de garantizar
que el acceso a responsabilidades de máxima dirección pública responda a criterios profesionales y no a decisiones discrecionales del Gobierno.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Ángel Ibáñez Hernando, Aurora Nacarino-Brabo Jiménez, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez López, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique
Núñez Guijarro, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Alfonso Carlos Macías Gata y José Vicente Marí Bosó, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Alberto Teófilo Asarta Cuevas, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos y David García Gomis, en su respectiva condición de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de
lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento de la profesión y servicio en la Guardia Civil como profesión de riesgo, para su discusión en la Comisión
de Interior.
Exposición de motivos
El 29 de mayo de 2024 se aprobó una Proposición no de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario VOX en la Comisión de Interior, cuyo objeto era reconocer las profesiones de Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo.
El 26 de febrero de 2025 se aprobó una Proposición no de Ley en la Comisión de Defensa impulsada por el Grupo Parlamentario VOX, cuyo objeto era reconocer a la profesión militar como profesión de riesgo. A día de hoy, el Ministerio de
Defensa ha iniciado el procedimiento para dicho reconocimiento, si bien llega tarde y de manera deficitaria ya que afectaría solamente a una parte del personal militar.
La presente iniciativa, en lógica coherencia con las anteriores, exige ese mismo reconocimiento para la Guardía Civil y la Policía Nacional.
Atendiendo a lo dispuesto por la Seguridad Social, profesión de riesgo es aquella cuyas actividades son excepcionalmente peligrosas, penosas o con elevada siniestralidad.
En este sentido, la Guardia Civil desempeña diariamente cometidos que implican un riesgo directo, constante y, en muchas ocasiones, extremo. Tales como la lucha contra el narcotráfico, donde se enfrentan a organizaciones criminales cada vez
más violentas, con medios sofisticados y sin ningún respeto por la vida; el control de fronteras y la vigilancia marítima, donde operan en condiciones meteorológicas adversas y en escenarios de alta peligrosidad. En el desempeño de la peligrosa
misión de la lucha contra el narcotráfico tenemos que lamentar, otra vez, el asesinato de dos Guardias Civiles cuando perseguían una narcolancha en Huelva. Sus muertes ponen de manifiesto la peligrosidad de la profesión.
Asimismo, es necesario recordar la lucha contra el terrorismo, donde la Guardia Civil ha sido, durante décadas, una pieza clave en la defensa del Estado de Derecho. En este punto resulta pertinente recordar algo que algunos parecen haber
olvidado. Durante años, la banda terrorista ETA convirtió a la Guardia Civil en uno de sus principales objetivos. Atacaron Casas-Cuartel, atentaron contra los agentes y sus familias, asesinando e hiriendo a un gran número de guardias y familiares,
sembrando el terror contra quienes vestían este uniforme. Y, aun así, la Guardia Civil nunca se retiró, ni dejó de cumplir su misión y nunca dejó de defender a España.
Mientras tanto, los miembros de la Benemérita siguen estando incondicionalmente al servicio de España. También en las carreteras, donde los agentes de tráfico no solo se enfrentan al peligro inherente a la circulación, sino también a
situaciones imprevisibles: fugas, persecuciones, conductores violentos o delincuentes que no dudan en poner en peligro la vida de los agentes; en los rescates más complejos; en la desactivación de explosivos; en la defensa y protección del medio
rural, y por supuesto, en las misiones internacionales, junto con nuestras Fuerzas Armadas.
La lista es larga y el denominador común es siempre el mismo: riesgo real, constante y acreditado y, sin embargo, su servicio a la sociedad no está reconocido como profesión de riesgo. Resulta indudable que la Guardia Civil es, al igual
que las Fuerzas Armadas, un cuerpo que trabaja bajo condiciones de disponibilidad permanente, disciplina, limitación de derechos y exposición continua al peligro.
Y todo ello con un nivel de profesionalidad y entrega que es reconocido por la sociedad española, siendo posiblemente una de las instituciones más valoradas y respetadas. Un prestigio ganado con años de servicio, de sacrificio y de
cercanía.
El reconocimiento como profesión de riesgo no es un gesto simbólico, es una cuestión de coherencia y una obligación moral y política. Así, tal y como se ha señalado, son múltiples los casos que demuestran de forma clara la peligrosidad que
conlleva la profesión de Guardia Civil. Concretamente, desde el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate (Cádiz) a manos de narcotraficantes en febrero de 2024, el Ejecutivo ha demostrado nuevamente su negligencia a la hora de proteger a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mientras tanto, el Gobierno desoye al pueblo español quien, a través del Congreso de los Diputados ya ha instado en repetidas ocasiones a que declare como profesión de riesgo el desempeño de las FCSE, así como de que les dote de los medios
materiales y humanos necesarios para que puedan desempeñar su servicio a la sociedad con la mayor de las garantías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1) Reconocer la profesión y servicio en la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de la Policía como profesión de riesgo.
2) Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, de todos los medios humanos y materiales necesarios, así como de la cobertura jurídica y legal necesaria para el correcto
cumplimiento de sus funciones.
3) Manifestar de forma inequívoca el total respaldo institucional a las actuaciones que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial en la lucha contra el narcotráfico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Alberto Asarta Cuevas, Ignacio Gil Lázaro, David García Gomis y Francisco José Alcaraz Martos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/003451
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la ampliación y mejora de la dotación el Centro de Inserción Social «Carmen Avendaño» de Vigo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Centro de Inserción Social (CIS) «Carmen Avendaño» de Vigo fue inaugurado el 6 de julio de 2006, siendo el primer centro de este tipo en Galicia. Está ubicado en parte de las instalaciones del antiguo Centro Penitenciario de Vigo,
situado en la Avenida de Madrid y clausurado en 1998 tras la apertura del Centro Penitenciario de A Lama.
Los CIS constituyen una parte fundamental del modelo de ejecución penal orientado a la reinserción social, ya que son los mecanismos responsables de gestionar el régimen de semilibertad, las medidas alternativas al encarcelamiento y el
acompañamiento de las personas condenadas en el proceso de retorno a la vida social, laboral y familiar.
Sin embargo, el CIS de Vigo, desde su propia concepción, ha dado lugar a una situación estructural de insuficiencia y discriminación en comparación con otros centros del Estado, lo que compromete seriamente la eficacia de las políticas
públicas de reinserción en Galicia.
Resulta injustificable que, siendo Vigo y su región la principal zona poblada del país, el CSI, destinado a atender esta realidad tuviera un tamaño muy inferior a las necesidades reales. La comparación, por ejemplo, con el CIS de A Coruña
pone de manifiesto esta desigualdad: Más de 7.000 m² de superficie útil en A Coruña frente a poco más de 2.500 m² en Vigo; 142 habitaciones frente a 71; una plantilla de unos 55 profesionales frente a tan solo 25 en Vigo (sin incluir la
vigilancia). Y todo esto a pesar de que ambos centros tienen un número de personas usuarias muy similar.
Lo más importante es que el CIS de Vigo carece de autonomía orgánica y funcional, ya que depende del Centro Penitenciario de A Lama, situado a 50 km de distancia, mientras que el de A Coruña se configuró como un centro independiente. Esta
decisión organizativa implica una limitación adicional en la gestión y planificación del centro de Vigo.
Esta realidad responde a una lógica de desequilibrio territorial y a la falta generalizada de financiación de los servicios públicos estatales en Galicia, que también se manifiesta en el ámbito penitenciario.
Las condiciones actuales del CIS en Vigo son claramente insuficientes y tienen un impacto directo tanto en las personas usuarias como en el personal del centro: oficinas saturadas y pequeñas; falta de espacios específicos para la
coordinación técnica; archivos que ocupan áreas de trabajo; oficinas sin ventilación ni luz natural; solo cinco oficinas para todo el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SXPMA) en unos 100 m².
Esta situación precaria impide el desarrollo normal de programas de intervención individualizados o grupales, que son fundamentales para prevenir la reincidencia y garantizar una reintegración efectiva.
De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento muy significativo de la actividad, debido a la ampliación de las penas alternativas en el Código Penal, al aumento del control telemático o a la entrada en vigor de la Instrucción
6/2020, que permite la entrada directa en el CIS.
Tan solo en enero de 2024, se impusieron 471 penas de servicio comunitario, con un peso muy relevante de delitos relacionados con la violencia de género y la seguridad vial. La falta de personal y espacios adecuados implica que
prácticamente todas estas condenas se ejecuten sin una intervención específica en la tipología delictiva (complementaria), lo que reduce su eficacia reeducativa y preventiva de nuevos delitos.
Asimismo, cabe recordar que en 2012 el Gobierno del Estado decidió paralizar la ampliación del CIS de Vigo, ya aprobada y licitada por un importe de 10,5 millones de euros, que habría dotado al centro de 7.600 m² adicionales. Desde
entonces, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, sin que exista una alternativa real por parte del Estado.
El cierre en octubre de 2025 del punto de atención de los servicios sociales penitenciarios de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad de Pontevedra, operativo desde 1983, también implicó la centralización (de la actividad) de los casos
de libertad condicional de toda la provincia en el CIS de Vigo, aumentando la presión asistencial y administrativa sobre un centro que ya estaba claramente saturado.
Resulta incomprensible que, tras más de 28 años de desuso, las instalaciones de la antigua prisión de Vigo sigan abandonadas, a pesar de formar parte del mismo recinto. Una situación que es amplia y reiteradamente conocida por las
instituciones penitenciarias, que incluso han enviado in situ personal técnico de sus servicios centrales en Madrid para evaluar la reforma del CIS, sin que sus conclusiones y/o recomendaciones se hayan hecho públicas.
La ampliación y mejora del CIS de Vigo es una demanda que llevan mucho tiempo reclamando tanto las organizaciones sociales como las sindicales. En este sentido, es necesario señalar que, además del proyecto que se detuvo en 2012, existe una
propuesta técnica viable para, como mínimo, reutilizar y rehabilitar las antiguas dependencias administrativas de la antigua prisión para el SXPMA, incorporando al centro una superficie aproximada de 1.000 m² sin necesidad de modificación
estructural. Esto permitiría paliar las carencias actuales con 3 aulas de formación, 6 oficinas, 2 archivos y 2 almacenes. Las dependencias actuales del SXPMA podrían ser utilizadas exclusivamente por el CIS (sala de reuniones, archivo, unidad de
recepción, habilitación de oficinas). Asimismo, el espacio de las antiguas dependencias podría aprovecharse para trasladar el archivo histórico que actualmente se encuentra en la prisión de A Lama, garantizando su correcta conservación y
facilitando el acceso a las personas con un interés legítimo y para la investigación con fines históricos, científicos o estadísticos. Esta ampliación aliviaría de inmediato la situación de colapso del CIS y mejoraría sustancialmente la calidad del
servicio.
A todo lo anterior se suma la incertidumbre provocada por la reciente visita de personal técnico del Ayuntamiento de Vigo para estudiar la delimitación de las parcelas del antiguo recinto penitenciario, sin información pública clara sobre el
destino de estas instalaciones, lo que genera preocupación por la posible y definitiva pérdida de un espacio estratégico para el sistema de espacios abiertos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Reanudar y ejecutar con urgencia la ampliación del CIS de Vigo, que se paralizó en 2012, adaptando el proyecto a las necesidades actuales.
2. Incrementar de inmediato la plantilla del CIS de Vigo, equiparándola a la de otros centros con características similares.
3. Garantizar el desarrollo eficaz de programas de intervención y reinserción, especialmente en materia de violencia de género, seguridad vial y justicia restaurativa.
4. Revertir la centralización de los servicios sociales penitenciarios y recuperar los puntos de atención descentralizados en la provincia.
5. Informar de forma transparente sobre los planes relativos a la antigua prisión de Vigo, garantizando su uso para fines públicos y sociales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á ampliación e mellora da dotación do Centro de Inserción Social «Carmen Avendaño» de Vigo, para o seu debate na Comisión de Interior.
Exposición de motivos
O Centro de Inserción Social (CIS) «Carmen Avendaño» de Vigo foi inaugurado o 6 de xullo de 2006, sendo o primeiro centro destas características na Galiza. Sitúase nunha parte das instalacións do antigo Centro Penitenciario de Vigo, sito na
Avenida de Madrid e clausurado en 1998 tras a apertura do Centro Penitenciario da Lama.
Os CIS constitúen unha peza fundamental do modelo de execución penal orientado á reinserción social, ao seren os dispositivos encargados da xestión do réxime de semiliberdade, das medidas alternativas á prisión e do acompañamento das persoas
penadas no proceso de retorno á vida social, laboral e familiar.
Porén, o CIS de Vigo arrastra desde a súa propia concepción unha situación estrutural de insuficiencia e discriminación respecto doutros centros do Estado, que compromete gravemente a eficacia das políticas públicas de reinserción en Galiza.
Resulta inxustificábel que, sendo Vigo e a súa comarca a principal área poboacional do país, o CIS destinado a atender esta realidade fose dimensionado moi por debaixo das necesidades reais. A comparación, por exemplo, co CIS da Coruña
evidencia esta desigualdade: Máis de 7.000 m² de superficie útil na Coruña fronte a pouco máis de 2.500 m² en Vigo; 142 habitacións fronte a 71; un cadro de persoal de arredor de 55 profesionais fronte a apenas 25 en Vigo (excluíndo vixilancia).
E todo a pesar de ambos centros teren un número de persoas usuarias moi semellante.
A maiores, o CIS de Vigo carece de autonomía orgánica e funcional, ao depender do Centro Penitenciario da Lama, a 50 km, mentres que o da Coruña foi configurado como un centro independente. Esta decisión organizativa implica unha limitación
engadida na xestión e planificación do centro vigués.
Esta realidade responde a unha lóxica de desequilibrio territorial e de infradotación xeneralizada dos servizos públicos estatais na Galiza, que se manifesta tamén no ámbito penitenciario.
As condicións actuais do CIS de Vigo son claramente insuficientes e teñen unha repercusión directa tanto nas persoas usuarias como no propio persoal do centro: oficinas saturadas e de reducidas dimensións; inexistencia de espazos
específicos para coordinación técnica; arquivos ocupando zonas de traballo; despachos sen ventilación nin luz natural; só cinco oficinas para todo o Servizo de Xestión de Penas e Medidas Alternativas (SXPMA) en arredor de 100 m².
Esta precariedade impide desenvolver con normalidade programas de intervención individualizada ou grupal, fundamentais para evitar a reincidencia e garantir a reinserción efectiva.
Aliás, nos últimos anos produciuse un incremento moi significativo da actividade, por causa da expansión das penas alternativas no Código Penal, o incremento do control telemático ou a entrada en vigor da Instrución 6/2020, que permite o
ingreso directo en CIS.
Só en xaneiro de 2024 xestionáronse 471 penas de traballos en beneficio da comunidade, cun peso moi relevante de delitos vinculados á violencia de xénero e á seguranza viaria. A falta de persoal e espazos adecuados provoca que practicamente
todas estas penas se executen sen unha intervención específica sobre a tipoloxía delituosa (complementarios), reducindo a súa eficacia reeducadora e preventiva de novos delitos.
Así mesmo, cómpre lembrar que no ano 2012 o Goberno do Estado decidiu paralizar a ampliación do CIS de Vigo, xa aprobada e licitada por un importe de 10,5 millóns de euros, e que permitiría dotar ao centro de 7.600 m² adicionais. Desde
entón, a situación non só non mellorou, senón que se agravou, sen que exista unha alternativa real por parte do Estado.
O fechamento en outubro de 2025 do punto de atención de servizos sociais penitenciarios na Subdelegación do Goberno na cidade de Pontevedra, operativo desde 1983, implicou, ademais, a centralización (da actividade) dos casos en liberdade
condicional de toda a provincia no CIS de Vigo, incrementando a presión asistencial e administrativa sobre un centro xa claramente saturado.
Resulta incomprensíbel que, tras máis de 28 anos en desuso, as instalacións da antiga prisión de Vigo continúen abandonadas, a pesar de formar parte do mesmo recinto. Unha situación que é de sobrado e reiterado coñecemento por parte de
Institucións Penitenciarias, que mesmo ten enviado in situ persoal técnico dos seus servizos centrais en Madrid para avaliar a reforma do CIS, sen que teñan transcendido as súas conclusións e/ou recomendacións.
A ampliación e mellora do CIS de Vigo é unha reivindicación longamente demandada tanto por organización sociais como sindicais. Neste sentido, é preciso sinalar que, para alén do proxecto paralizado en 2012, existe unha proposta técnica
viábel para, como mínimo, reutilizar e rehabilitar as antigas dependencias administrativas da antiga prisión para o SXPMA, incorporando ao centro unha superficie aproximada de 1.000 m² sen necesidade de modificación estrutural. Isto permitiría
paliar as carencias actuais con 3 aulas de formación, 6 oficinas, 2 arquivos e 2 almacéns. As actuais dependencias do SXPMA poderían destinarse a uso exclusivo do CIS (sala de xuntas, arquivo, unidade de acollida, desdobramento de despachos). Así
mesmo, poderíase poñer en valor o espazo das antigas dependencias para trasladar o arquivo histórico actualmente na prisión da Lama, garantindo a súa correcta conservación e facilitando o acceso a persoas con interese lexítimo e á investigación con
fins históricos, científicos ou estatísticos. Esta ampliación permitiría aliviar no inmediato a situación de colapso do CIS e mellorar substancialmente a calidade do servizo.
A todo o anterior engádese a incerteza provocada pola recente visita de persoal técnico do Concello de Vigo para estudar o deslinde das parcelas do antigo recinto penitenciario, sen información pública clara sobre o destino destas
instalacións, o que xera preocupación sobre a posíbel e definitiva perda dun espazo estratéxico para o sistema de medio aberto.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Retomar e executar con carácter urxente a ampliación do CIS de Vigo, paralizada en 2012, adaptando o proxecto ás necesidades actuais.
2. Incrementar de maneira inmediata o cadro de persoal do CIS de Vigo, equiparándoo ao doutros centros de características semellantes.
3. Garantir o desenvolvemento efectivo de programas de intervención e reinserción, especialmente en materia de violencia de xénero, seguranza viaria e xustiza restaurativa.
4. Reverter a centralización dos servizos sociais penitenciarios, recuperando puntos de atención descentralizados na provincia.
5. Informar con transparencia sobre os plans respecto ao recinto da antiga prisión de Vigo, garantindo o seu uso para fins públicos e sociais.»
Madrid, 12 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Industria y Turismo
161/003447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
talento industrial, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La industria catalana ha sido históricamente uno de los principales motores económicos, sociales y tecnológicos de Cataluña. Concentra una parte substancial de la actividad industrial del Estado, genera empleo de calidad, impulsa las
exportaciones y constituye un elemento esencial para la cohesión territorial y la competitividad económica. Actualmente, el sector se encuentra inmerso en una profunda transformación derivada de la digitalización, la transición energética, la
automatización y la implantación de tecnologías asociadas a la industria 4.0, lo que está modificando radicalmente las necesidades de talento y las competencias profesionales requeridas.
Este nuevo contexto industrial exige perfiles altamente cualificados, con conocimientos técnicos avanzados, competencias digitales y habilidades transversales capaces de adaptarse a entornos productivos cada vez más complejos y cambiantes.
El Informe Talento Industrial elaborado por KPMG conjuntamente con AMEC, el Colegio de Ingenieros de Cataluña, FemCAT y la Fundació per la Indústria pone de manifiesto que el talento se ha convertido en un recurso estratégico determinante para
garantizar la competitividad de la industria catalana.
A pesar de este escenario, el sistema actual presenta un desajuste estructural entre la oferta formativa y la demanda real de profesionales industriales. El informe evidencia que el 82 % de las empresas industriales tienen dificultades para
encontrar perfiles cualificados. Esta situación afecta especialmente a perfiles técnicos, operativos y de ingeniería vinculados al mantenimiento industrial, la automatización, la robótica, la digitalización y la producción industrial.
Los datos disponibles muestran una problemática especialmente preocupante: el sistema educativo catalán genera aproximadamente 11 680 personas graduadas anualmente susceptibles de incorporarse al sector industrial, mientras que la demanda
anual estimada supera las 26 000 vacantes. Esto implica una brecha del 58 %, es decir, más de la mitad de las vacantes industriales no pueden ser cubiertas con talento formado en Cataluña.
Este desajuste no es homogéneo ni territorial ni sectorialmente. En la demarcación de Girona, la brecha alcanza el 76 %, mientras que en Barcelona se sitúa en el 57 %.
Asimismo, los perfiles comerciales técnicos y los vinculados a la innovación y transformación presentan desequilibrios especialmente críticos, llegando hasta el 100 % en algunos casos.
La problemática no se limita exclusivamente a la falta cuantitativa de profesionales, sino también a una insuficiente adecuación cualitativa de la formación. El mismo informe destaca que solo un 9 % de las empresas considera que la
formación actual responde plenamente a las necesidades del sector industrial, mientras que el 39 % considera que solo se adapta parcialmente y el 31 % la considera excesivamente teórica y alejada de la realidad productiva.
La falta de profesionales especializados está condicionando directamente la competitividad del tejido productivo catalán y la capacidad de las empresas para abordar procesos de digitalización y transformación industrial. El informe señala
que casi el 60 % de las empresas industriales han impulsado iniciativas de digitalización en los últimos años, pero solo un 21 % considera encontrarse en una fase avanzada de transformación digital, siendo la falta de talento una de las principales
barreras.
Esta situación también tiene consecuencias sobre la capacidad de innovación y crecimiento económico del país. Las empresas se ven obligadas, cada vez más, a impulsar procesos de captación internacional de talento o desarrollar programas
internos intensivos de formación y reskilling para compensar las carencias del sistema formativo. A pesar del esfuerzo del tejido empresarial, esta respuesta es insuficiente si no va acompañada de una estrategia pública integral y coordinada.
Por otra parte, la concentración territorial de la oferta formativa industrial agrava aún más el desequilibrio. El 72 % de los programas formativos industriales se concentran en la provincia de Barcelona, lo que limita la generación de
talento en otros territorios con fuerte implantación industrial. Esta realidad evidencia la necesidad de desarrollar una política territorial equilibrada que aproxime la oferta formativa a las necesidades específicas de cada comarca y sector
productivo.
Especialmente relevante es el papel estratégico de la Formación Profesional, que concentra el 75 % de los programas formativos industriales existentes en Cataluña. No obstante, la FP dual todavía tiene una implantación muy limitada,
representando solo el 1 % de la oferta formativa industrial. Este dato pone de manifiesto la necesidad de intensificar la colaboración entre empresas, centros educativos y administraciones públicas para potenciar modelos de formación dual que
faciliten una mejor conexión entre aprendizaje y realidad empresarial.
La transición industrial y tecnológica que afronta Cataluña requiere de políticas públicas que refuercen la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo, potencien las vocaciones industriales y STEM entre los jóvenes,
actualicen los currículos formativos, promuevan la formación continua y el reskilling, y faciliten la incorporación de talento especializado en los sectores industriales estratégicos.
También hay que dignificar y prestigiar las profesiones industriales, combatiendo la percepción obsoleta de la industria y poniendo en valor su aportación a la innovación, la sostenibilidad, el empleo de calidad y el progreso económico. La
industria del siglo XXI necesita talento altamente cualificado, pero también necesita un entorno institucional capaz de anticipar los retos y construir las condiciones necesarias para que Cataluña siga siendo un país industrial líder en el sur de
Europa.
Por todos estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la financiación estatal destinada a la Formación Profesional industrial y tecnológica, especialmente en aquellos territorios con una elevada concentración de actividad industrial y con mayores déficits de cobertura de vacantes,
respetando en todo caso las competencias educativas y de ejecución de la Generalitat de Cataluña.
2. Impulsar líneas de ayudas e incentivos a empresas industriales que desarrollen programas de formación dual, prácticas remuneradas, formación interna especializada o colaboraciones estables con centros educativos y universidades,
respetando los modelos propios de concertación y desarrollo competencial de la Generalitat de Cataluña.
3. Fomentar, en colaboración con las comunidades autónomas, campañas de promoción de las vocaciones industriales y STEM, especialmente entre jóvenes y mujeres, con el objetivo de prestigiar los estudios técnicos e industriales y reducir los
déficits de profesionales en sectores estratégicos.
4. Reforzar los programas estatales de apoyo a la innovación industrial, la digitalización y la transferencia tecnológica, incorporando líneas específicas destinadas al desarrollo y la captación de talento especializado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Inés Granollers Cunillera, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre el talent
industrial, per al seu debat a la Comissió dIndústria i Turisme.
Exposició de motius
La indústria catalana ha estat històricament un dels principals motors econòmics, socials i tecnològics de Catalunya. Concentra una part substancial de lactivitat industrial de lEstat, genera ocupació de qualitat, impulsa les exportacions
i constitueix un element essencial per a la cohesió territorial i la competitivitat econòmica. Actualment, el sector es troba immers en una profunda transformació derivada de la digitalització, la transició energètica, lautomatització i la
implantació de tecnologies associades a la indústria 4.0, fet que està modificant radicalment les necessitats de talent i les competències professionals requerides.
Aquest nou context industrial exigeix perfils altament qualificats, amb coneixements tècnics avançats, competències digitals i habilitats transversals capaces dadaptar-se a entorns productius cada vegada més complexos i canviants.
LInforme Talent Industrial elaborat per KPMG conjuntament amb AMEC, el Col·legi dEnginyers de Catalunya, FemCAT i la Fundació per la Indústria posa de manifest que el talent sha convertit en un recurs estratègic determinant per garantir la
competitivitat de la indústria catalana.
Malgrat aquest escenari, el sistema actual presenta un desajust estructural entre loferta formativa i la demanda real de professionals industrials. Linforme evidencia que el 82 % de les empreses industrials tenen dificultats per trobar
perfils qualificats. Aquesta situació afecta especialment perfils tècnics, operatius i denginyeria vinculats al manteniment industrial, lautomatització, la robòtica, la digitalització i la producció industrial.
Les dades disponibles mostren una problemàtica especialment preocupant: el sistema educatiu català genera aproximadament 11.680 persones graduades anualment susceptibles dincorporar-se al sector industrial, mentre que la demanda anual
estimada supera les 26.000 vacants. Això implica una bretxa del 58 %, és a dir, més de la meitat de les vacants industrials no poden ser cobertes amb talent format a Catalunya.
Aquest desajust no és homogeni ni territorialment ni sectorialment. A la demarcació de Girona, la bretxa arriba al 76 %, mentre que a Barcelona se situa en el 57 %. Igualment, els perfils comercials tècnics i els vinculats a la innovació i
transformació presenten desequilibris especialment crítics, arribant fins al 100 % en alguns casos.
La problemàtica no es limita exclusivament a la manca quantitativa de professionals, sinó també a una insuficient adequació qualitativa de la formació. El mateix informe destaca que només un 9 % de les empreses considera que la formació
actual respon plenament a les necessitats del sector industrial, mentre que el 39 % considera que només shi adapta parcialment i el 31 % la considera excessivament teòrica i allunyada de la realitat productiva.
La manca de professionals especialitzats està condicionant directament la competitivitat del teixit productiu català i la capacitat de les empreses per abordar processos de digitalització i transformació industrial. Linforme assenyala que
gairebé el 60 % de les empreses industrials han impulsat iniciatives de digitalització en els darrers anys, però només un 21 % considera trobar-se en una fase avançada de transformació digital, essent la manca de talent una de les principals
barreres.
Aquesta situació també té conseqüències sobre la capacitat dinnovació i de creixement econòmic del país. Les empreses es veuen obligades, cada vegada més, a impulsar processos de captació internacional de talent o a desenvolupar programes
interns intensius de formació i reskilling per compensar les mancances del sistema formatiu. Tot i lesforç del teixit empresarial, aquesta resposta és insuficient si no va acompanyada duna estratègia pública integral i coordinada.
Daltra banda, la concentració territorial de loferta formativa industrial agreuja encara més el desequilibri. El 72 % dels programes formatius industrials es concentren a la província de Barcelona, fet que limita la generació de talent en
altres territoris amb forta implantació industrial. Aquesta realitat evidencia la necessitat de desplegar una política territorial equilibrada que aproximi loferta formativa a les necessitats específiques de cada comarca i sector productiu.
És especialment rellevant el paper estratègic de la Formació Professional, que concentra el 75 % dels programes formatius industrials existents a Catalunya. No obstant això, lFP dual encara té una implantació molt limitada, representant
només l1 % de loferta formativa industrial. Aquesta dada posa de manifest la necessitat dintensificar la col·laboració entre empreses, centres educatius i administracions públiques per potenciar models de formació dual que facilitin una millor
connexió entre aprenentatge i realitat empresarial.
La transició industrial i tecnològica que afronta Catalunya requereix de polítiques públiques que reforcin la connexió entre el sistema educatiu i el teixit productiu, potenciïn les vocacions industrials i STEM entre els joves, actualitzin
els currículums formatius, promoguin la formació contínua i el reskilling, i facilitin la incorporació de talent especialitzat als sectors industrials estratègics.
Cal també dignificar i prestigiar les professions industrials, combatent la percepció obsoleta de la indústria i posant en valor la seva aportació a la innovació, la sostenibilitat, locupació de qualitat i el progrés econòmic. La indústria
del segle XXI necessita talent altament qualificat, però també necessita un entorn institucional capaç danticipar els reptes i construir les condicions necessàries perquè Catalunya continuï essent un país industrial líder al sud dEuropa.
Per tots aquests motius, es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern a:
1. Reforçar el finançament estatal destinat a la Formació Professional industrial i tecnològica, especialment en aquells territoris amb una elevada concentració dactivitat industrial i amb majors dèficits de cobertura de vacants,
respectant en tot cas les competències educatives i dexecució de la Generalitat de Catalunya.
2. Impulsar línies dajuts i incentius a empreses industrials que desenvolupin programes de formació dual, pràctiques remunerades, formació interna especialitzada o col·laboracions estables amb centres educatius i universitats, respectant
els models propis de concertació i desenvolupament competencial de la Generalitat de Catalunya.
3. Fomentar, en col·laboració amb les comunitats autònomes, campanyes de promoció de les vocacions industrials i STEM, especialment entre joves i dones, amb lobjectiu de prestigiar els estudis tècnics i industrials i reduir els dèficits de
professionals en sectors estratègics.
4. Reforçar els programes estatals de suport a la innovació industrial, la digitalització i la transferència tecnològica, incorporant línies específiques destinades al desenvolupament i captació de talent especialitzat.»
Congrés dels Diputats, 11 maig de 2026.Inés Granollers Cunillera, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavaveu G.P. Republicà.
161/003454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adecuacion del sistema
estatal de registro de viviendas de uso turístico al Reglamento (UE) 2024/1028 y a la corrección de los efectos derivados de la duplicidad registral, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
El Reglamento (UE) 2024/1028, aprobado en abril de 2024, se concibió como un instrumento destinado a mejorar el conocimiento del fenómeno de los alquileres de corta duración mediante la recogida e intercambio de datos entre plataformas y
administraciones públicas. Su finalidad es estrictamente informativa: dotar a los Estados miembros de información fiable para la toma de decisiones, evitando al mismo tiempo cargas administrativas innecesarias y garantizando la simplicidad y la
interoperabilidad de los sistemas. En coherencia con este objetivo, el Reglamento establece un principio esencial: una misma unidad de alojamiento no puede estar sujeta a más de un procedimiento obligatorio de registro. La norma europea apuesta
por sistemas simples, interoperables y basados en un único punto de entrada, sin sustituir ni duplicar los mecanismos de control existentes en los Estados miembros. Su aplicación plena está prevista para el próximo 20 de mayo de 2026.
Sin embargo, el Gobierno de España, mediante el Real Decreto 1312/2024, optó por un modelo distinto al previsto en el Reglamento europeo. En lugar de desarrollar un sistema basado en la interoperabilidad de los registros autonómicos ya
existentes, creó un Registro Único estatal adicional, de carácter obligatorio, gestionado a través del Registro de la Propiedad, órgano de naturaleza declarativa adscrito al Ministerio de Justicia. Este diseño introduce varios elementos que se
alejan de forma significativa del planteamiento europeo: la exigencia de un doble procedimiento de registro (autonómico y estatal), en contra del principio de unicidad; la conversión del registro estatal en un requisito habilitante para la
actividad, al condicionarse la presencia en plataformas digitales a la obtención del número estatal; la imposición de cargas adicionales al propietario, cuando el Reglamento europeo sitúa la responsabilidad de suministro de datos en las
plataformas; y la utilización del Registro de la Propiedad como filtro previo, introduciendo criterios ajenos a la normativa turística y desplazando la función de los registros autonómicos.
Desde su aprobación, el Real Decreto ha sido contestado por diversas Comunidades Autónomas entre ellas Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Región de Murcia que han interpuesto recursos por invasión de competencias en materia de
ordenación turística, evidenciando el conflicto territorial generado.
A estas objeciones autonómicas se suma el dictamen emitido por el Consejo de Estado el 18 de diciembre de 2024, en el que se advierte expresamente de la posible invasión competencial derivada del diseño estatal del Registro Único y de la
Ventanilla Digital Única. El dictamen señala que el proyecto afecta a materias cuya regulación corresponde a las Comunidades Autónomas, especialmente en lo relativo a la ordenación turística y a los procedimientos de control y supervisión de las
actividades alojativas. Asimismo, el Consejo de Estado subraya que el Registro de la Propiedad es un instrumento de naturaleza declarativa y que su utilización para condicionar la actividad turística plantea dudas de encaje competencial y de
adecuación al reparto constitucional de competencias. Estas advertencias se suman a las ya formuladas por las Comunidades Autónomas y anticipan un escenario de conflictividad institucional que el Gobierno no ha corregido.
La implantación del Registro Único estatal ha generado efectos inmediatos y perjudiciales sobre miles de operadores turísticos que cumplen plenamente la normativa autonómica. La imposibilidad de anunciarse en plataformas digitales por no
disponer del número estatal no convierte en ilegales a las viviendas de uso turístico correctamente inscritas en los registros autonómicos competentes. Estas viviendas siguen siendo legales, pero quedan expulsadas del principal canal de acceso al
mercado, lo que constituye una restricción efectiva de su actividad económica. La actividad de las viviendas de uso turístico se basa de forma decisiva en su visibilidad y comercialización a través de plataformas digitales, que constituyen hoy el
canal predominante de oferta y reserva. El desarrollo de esta figura alojativa se ha producido precisamente en paralelo a la irrupción de estas plataformas, que han permitido a miles de pequeños propietarios acceder a una demanda global que, de
otro modo, les sería inalcanzable.
En su inmensa mayoría, las viviendas de uso turístico son titularidad de pequeños propietarios que han invertido en su vivienda para obtener un rendimiento complementario y que no pueden equipararse a grandes operadores turísticos. La
imposición de un requisito adicional, ajeno al registro autonómico y vinculado al Registro de la Propiedad, traslada sobre estos pequeños operadores una carga desproporcionada, compromete la viabilidad económica de su actividad y agrava la
inseguridad jurídica.
Todo lo anterior adquiere una especial gravedad ante la inminencia del 20 de mayo de 2026, fecha en la que el Reglamento (UE) 2024/1028 será plenamente aplicable y en la que la Comisión Europea evaluará la compatibilidad del sistema español
con el principio de procedimiento único. La propia Comisión ha advertido en varias ocasiones que la coexistencia de dos registros es contraria al Reglamento europeo.
En este sentido, mantener el actual diseño estatal más allá de esa fecha expone a España a un conflicto jurídico con las instituciones europeas, compromete la seguridad jurídica del sector y prolonga unos efectos económicos negativos que ya
se están produciendo.
Por estas razones, resulta imprescindible conocer qué medidas está adoptando el Gobierno de España para garantizar el cumplimiento efectivo del Reglamento antes de su aplicación plena, así como para corregir los efectos ya producidos por la
implantación del Registro Único estatal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopcion de las siguientes medidas:
1. Adecuar de manera inmediata el sistema estatal de registro de viviendas de uso turístico al principio de procedimiento único establecido en el Reglamento (UE) 2024/1028, garantizando la interoperabilidad con los registros autonómicos,
eliminando cualquier duplicidad que suponga cargas adicionales para los operadores y protegiendo el papel de los registros autonómicos como instrumentos habilitantes de la actividad turística.
2. Adoptar medidas urgentes para corregir los efectos ya producidos por la implantación del Registro Único estatal, garantizando el acceso inmediato a las plataformas digitales de aquellas viviendas que cumplen la normativa autonómica.
3. Evaluar y, en su caso, establecer mecanismos de compensación para los propietarios que hayan sufrido perjuicios económicos directos como consecuencia de la imposición del doble registro.
4. Informar a las Comunidades Autónomas y al sector de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del Reglamento europeo antes del 20 de mayo de 2026, reforzando la seguridad jurídica y la estabilidad del mercado turístico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.Mirian Guardiola Salmerón, Francisco José Conde López, Cristina Moreno Borrás, Irene Garrido Valenzuela, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés,
Laura María Lima García, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, José Ignacio Romaní Cantera, José Manuel Velasco Retamosa, José Vicente Marí Bosó, Juan Bravo Baena y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Pesca, Agricultura y Alimentación
161/003449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez, portavoz de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de Doñana y la recuperación del río Guadiamar, para su debate ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El espacio natural de Doñana está compuesto por dos espacios protegidos diferentes que, en conjunto, cubren un total de más de 128.386 hectáreas. Se trata del Parque Nacional y el Parque Natural. Estos espacios cuentan con la máxima
protección a nivel nacional e internacional por sus enormes valores naturales.
Doñana agrupa una gran variedad de ecosistemas, que incluyen desde las marismas, a playas, pasando por las dunas móviles, ecotonos y los bosques xerófilos mediterráneos. Precisamente, la singularidad de Doñana se debe a la variedad de
paisajes y especies que alberga. Además de la marisma, ecosistema que se caracteriza por su gran biodiversidad y su aspecto cambiante, existe un conjunto de ecosistemas excepcionales que confluyen aquí.
Debido a esta variedad de ambientes, la diversidad biológica de Doñana es muy alta, habitando en el Parque numerosas especies de flora y fauna, entre las que se encuentran especies emblemáticas (algunas de las cuales están amenazadas), como
el lince ibérico o el águila imperial.
Doñana lleva décadas sufriendo agresiones que van minando su salud ecológica. Desde proyectos de carreteras, a urbanizaciones como Matalascañas, o el más reciente proyecto de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del parque. El
vertido de miles de toneladas de residuos tóxicos procedente de la fracturada balsa de la mina de
Aznalcóllar (hoy, en proceso de reapertura) en abril de 1998, fue uno de los momentos más críticos que ha sufrido este ecosistema.
Sin embargo, la salud de Doñana depende del estado de las reservas de agua. Estudios recientes muestran que, en Doñana, todas las masas de agua han menguado. Según señala el Informe preliminar sobre el estado de los acuíferos del entorno
de Doñana, correspondiente al año hidrológico 2024-2025, la precipitación del año hidrológico 2024/25 fue de 671 mm. (octubre 2024-septiembre 2025), lo que se considera un año húmedo, el primero desde 2010/11, con un 123 % de la media. A pesar de
ello, la evolución del acuífero de Doñana mantiene un comportamiento considerado desfavorable. La organización sostiene que la superficie inundada en las lagunas peridunares tampoco muestra signos de recuperación.
La restauración del rio Guadiamar por su trazado original constituye una de las medidas más ambiciosas para la recuperación hidrológica de Doñana. Este rio, que históricamente aportaba importantes volúmenes de agua dulce a la marisma, fue
parcialmente desecado a mediados del siglo XX como parte de las políticas de transformación agrícola del franquismo.
Sin una recuperación integral del cauce natural del Caño del Guadiamar, la marisma continuará en un proceso de degradación paulatina, solo interrumpido por años de pluviometría excepcional como el citado último año hidrológico 2024/2025. La
situación actual de aparente recuperación es, según estos especialistas, un espejismo producido por la contención artificial de las aguas mediante compuertas que impiden su libre circulación.
Este sistema de gestión hídrica, aunque permite mantener niveles de inundación visualmente satisfactorios, provoca a medio plazo problemas de colmatación y salinización que deterioran la calidad ecológica de la marisma.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar la recuperación integral del río Guadiamar, para devolver a las marismas las aguas de este río, creando con ello una zona de transición hacia las marismas.
Incluir la recuperación del Guadiamar en el Plan Nacional de Restauración.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Martina Velarde Gómez, Diputada.Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Isidre Gavín i Valls, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación, una Proposición no de Ley relativa al impulso de un marco regulador seguro para el uso de drones en la agricultura y ganadería y la necesaria reducción de sobrerregulación estatal en materia fitosanitaria.
Exposición de motivos
El sector agrario catalán afronta una situación cada vez más exigente. El aumento de los costes de producción, la falta de relevo generacional, las dificultades derivadas del cambio climático, la presión de nuevas plagas y enfermedades y
una regulación cada vez más compleja condicionan gravemente la competitividad de las explotaciones agrarias. En este contexto, la innovación tecnológica y la agricultura de precisión no
pueden entenderse como una opción complementaria, sino como una necesidad para garantizar el futuro del campo catalán y del conjunto del sector agrario.
Cataluña cuenta con una agricultura diversa, profesionalizada y altamente expuesta a los retos propios de los cultivos mediterráneos. La fruta dulce, la viña, el olivo, el arroz, los cítricos, la huerta o los cultivos extensivos necesitan
herramientas eficaces, seguras y adaptadas a cada realidad productiva. Sin embargo, demasiado a menudo el marco normativo estatal no acompaña esta realidad, sino que añade capas de burocracia, incertidumbre y restricciones que acaban perjudicando a
los productores.
Uno de los ámbitos en los que esta contradicción es más evidente es el uso de drones para la aplicación de productos fitosanitarios. Estos pueden permitir tratamientos más precisos, una reducción de la exposición de los operadores, una
mejor actuación en parcelas de difícil acceso, una aplicación más focalizada y, en determinadas circunstancias, una reducción del riesgo respecto a otras formas de aplicación. Esta tecnología es especialmente relevante en explotaciones con
orografía compleja, cultivos especializados o situaciones en las que la entrada de maquinaria convencional resulta difícil, costosa o menos eficiente.
Durante la tramitación de la Ley 8/2025, el Grupo Parlamentario de Junts incorporó la necesidad de avanzar en el uso de drones en operaciones agrarias, siempre con pleno respeto a la normativa europea aplicable. Esta incorporación responde
a una realidad muy concreta: el campo necesita herramientas modernas, útiles y seguras para trabajar mejor, reducir costes, llegar a fincas de difícil acceso y afrontar con mayores garantías plagas, emergencias y nuevos retos productivos.
A pesar de este potencial, el marco regulador vigente sigue limitando fuertemente su uso, donde se establece una prohibición general de la aplicación aérea de productos fitosanitarios. Aunque los drones no son equiparables técnicamente a la
aplicación aérea convencional, en la práctica reguladora han sido asimilados a esta categoría, lo que ha restringido su aplicación.
Varias iniciativas europeas e internacionales trabajan para generar datos y protocolos que permiten avanzar hacia una regulación fundamentada en la evidencia científica y pueden servir de referencia para la elaboración de un marco propio,
seguro y proporcional.
Paralelamente, el sector sufre una mayor problemática: la sobrerregulación estatal en materia de productos fitosanitarios. En demasiadas ocasiones, el Estado aplica la normativa europea de forma más restrictiva de lo que exige la Unión
Europea, introduce criterios adicionales, anticipa clasificaciones, limita mezclas, aplica cancelaciones sin períodos de gracia suficientes o dificulta el reconocimiento mutuo de productos ya autorizados en otros Estados miembros. Esta práctica
genera inseguridad jurídica, pérdida de herramientas fitosanitarias, retraso en la llegada de innovación y una pérdida de competitividad del sector agrario catalán respecto a otras agriculturas europeas.
El campo catalán no necesita más obstáculos burocráticos, sino normas claras, proporcionadas y adaptadas a la realidad productiva. La protección de la salud humana, del medio ambiente y de la seguridad alimentaria tiene que ser siempre
prioritaria, pero esta protección no puede justificar una aplicación desproporcionada, rígida o ineficiente de la normativa europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Junts presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar que las decisiones estatales sobre usos, restricciones y autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios se adopten de acuerdo con las comunidades autónomas afectadas, especialmente cuando tengan impacto sobre
cultivos mediterráneos, plagas específicas, aplicaciones con drones o medidas de mitigación territorialmente adaptadas.
2. Modificar el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios,
conjuntamente con el sector, para incorporar un régimen específico, seguro y proporcionado para el uso de drones en la aplicación de productos fitosanitarios, diferenciando esta tecnología de la aplicación aérea convencional y permitiendo
autorizaciones en supuestos concretos, especialmente cuando se pueda acreditar una mayor precisión del tratamiento y una menor exposición de los operadores.
3. Desarrollar, en el marco de esta modificación normativa, un programa de ensayos, proyectos piloto y autorizaciones experimentales con drones, priorizando cultivos y situaciones de especial interés para la agricultura mediterránea.
4. Dar cumplimiento efectivo a la disposición adicional tercera de la Ley 8/2025, de 29 de septiembre, por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea,
relativa a la utilización de aeronaves no tripuladas en operaciones agrarias e inspecciones de líneas eléctricas, promoviendo y facilitando la normativa necesaria para que los drones puedan operar, en estas actividades, fuera de la distancia visual
del piloto BVLOS, con pleno respeto a la normativa europea aplicable.
5. Revisar y eliminar la sobrerregulación estatal en materia de productos fitosanitarios que vaya más allá de lo que exige la Unión Europea, especialmente cuando comporte la pérdida de herramientas ya disponibles en otros Estados miembros,
retrase la llegada de innovación al sector agroalimentario o perjudique la competitividad del sector.
6. Garantizar que las explotaciones agrarias dispongan de una respuesta ágil y efectiva ante episodios extraordinarios de plagas, enfermedades u otros riesgos fitosanitarios graves, aplicando con celeridad el mecanismo de autorización
excepcional previsto en el artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009, para valorar autorizaciones temporales cuando no existan alternativas viables, evitando que la falta de respuesta administrativa y el exceso burocrático comprometan la
producción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.Isidre Gavin i Valls, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instancies del diputat Isidre Gavín i Valls, a lempara del que estableix larticle 193 i ss del Reglament de la Cambra presenta, per al seu debat a la Comissió dAgricultura, Pesca i Alimentació,
una Proposició no de Llei relativa a limpuls dun marc regulador segur per a lús de drons en lagricultura i ramaderia i la necessària reducció de sobreregulació estatal en matèria fitosanitària.
Exposició de motius
El sector agrari català afronta una situació cada vegada més exigent. Laugment dels costos de producció, la manca de relleu generacional, les dificultats derivades del canvi climàtic, la pressió de noves plagues i malalties, i una
regulació cada cop més complexa condicionen greument la competitivitat de les explotacions agràries. En aquest context, la innovació tecnològica i lagricultura de precisió no poden ser enteses com una opció complementària, sinó com una necessitat
per garantir el futur del camp català i del conjunt del sector agrari.
Catalunya compta amb una agricultura diversa, professionalitzada i altament exposada als reptes propis dels cultius mediterranis. La fruita dolça, la vinya, lolivera, larròs, els cítrics, lhorta o els cultius extensius necessiten eines
eficaces, segures i adaptades a cada realitat productiva. Tanmateix, massa sovint el marc normatiu estatal no acompanya aquesta realitat, sinó que afegeix capes de burocràcia, incertesa i restriccions que acaben perjudicant els productors.
Un dels àmbits on aquesta contradicció és més evident és lús de drons per a laplicació de productes fitosanitaris. Aquests poden permetre tractaments més precisos, una reducció de lexposició dels operadors, una millor actuació en
parcel·les de difícil accés, una aplicació més focalitzada i, en determinades circumstàncies, una reducció del risc respecte daltres formes daplicació. Aquesta tecnologia és especialment rellevant en explotacions amb orografia complexa, cultius
especialitzats o situacions en què lentrada de maquinària convencional resulta difícil, costosa o menys eficient.
Durant la tramitació de la Llei 8/2025, el Grup Parlamentari de Junts va incorporar la necessitat davançar en lús de drons en operacions agràries, sempre amb ple respecte a la normativa europea aplicable. Aquesta incorporació respon a una
realitat molt concreta: el camp necessita eines modernes, útils i segures per treballar millor, reduir costos, arribar a finques de difícil accés i afrontar amb més garanties plagues, emergències i nous reptes productius.
Malgrat aquest potencial, el marc regulador vigent continua limitant-ne fortament lús, on sestableix una prohibició general de laplicació aèria de productes fitosanitaris. Tot i que els drons no són equiparables tècnicament a laplicació
aèria convencional, en la pràctica reguladora han estat assimilats a aquesta categoria, fet que nha restringit laplicació.
Diverses iniciatives europees i internacionals treballen per generar dades i protocols que permeten avançar cap a una regulació fonamentada en levidència científica, i poden servir de referència per a lelaboració dun marc propi, segur i
proporcional.
Paral·lelament, el sector pateix una problemàtica més àmplia: la sobreregulació estatal en matèria de productes fitosanitaris. En massa ocasions, lEstat aplica la normativa europea de manera més restrictiva del que exigeix la Unió
Europea, introdueix criteris addicionals, anticipa classificacions, limita mescles, aplica cancel·lacions sense períodes de gràcia suficients o dificulta el reconeixement mutu de productes ja autoritzats en altres Estats membres. Aquesta pràctica
genera inseguretat jurídica, pèrdua deines fitosanitàries, retard en larribada dinnovació i una pèrdua de competitivitat del sector agrari català respecte daltres agricultures europees.
El camp català no necessita més obstacles burocràtics, sinó normes clares, proporcionades i adaptades a la realitat productiva. La protecció de la salut humana, del medi ambient i de la seguretat alimentària ha de ser sempre prioritària,
però aquesta protecció no pot justificar una aplicació desproporcionada, rígida o ineficient de la normativa europea.
Per tot això, el Grup Parlamentari de Junts presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a:
1. Garantir que les decisions estatals sobre usos, restriccions i autoritzacions excepcionals de productes fitosanitaris sadoptin dacord amb les comunitats autònomes afectades, especialment quan tinguin impacte sobre cultius mediterranis,
plagues específiques, aplicacions amb drons o mesures de mitigació territorialment adaptades.
2. Modificar el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual sestableix el marc dactuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, conjuntament amb el sector, per incorporar un règim específic, segur i
proporcionat per a lús de drons en laplicació de productes fitosanitaris, diferenciant aquesta tecnologia de laplicació aèria convencional i permetent autoritzacions en supòsits concrets, especialment quan es pugui acreditar una major precisió
del tractament i una menor exposició dels operadors.
3. Desenvolupar, en el marc daquesta modificació normativa, un programa dassajos, projectes pilot i autoritzacions experimentals amb drons, prioritzant cultius i situacions despecial interès per a lagricultura mediterrània.
4. Donar compliment efectiu a la disposició addicional tercera de la Llei 8/2025, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre
Navegació Aèria, i la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria, relativa a la utilització daeronaus no tripulades en operacions agràries i inspeccions de línies elèctriques, promovent i facilitant la normativa necessària perquè els
drons puguin operar, en aquestes activitats, fora de la distància visual del pilot BVLOS, amb ple respecte a la normativa europea aplicable.
5. Revisar i eliminar la sobreregulació estatal en matèria de productes fitosanitaris que vagi més enllà del que exigeix la Unió Europea, especialment quan comporti la pèrdua deines ja disponibles en altres Estats membres, retardi
larribada dinnovació al sector agroalimentari o perjudiqui la competitivitat del sector.
6. Garantir que les explotacions agràries disposin duna resposta àgil i efectiva davant episodis extraordinaris de plagues, malalties o altres riscos fitosanitaris greus, aplicant amb celeritat el mecanisme dautorització excepcional
previst a larticle 53 del Reglament (CE) 1107/2009, per valorar autoritzacions temporals quan no hi hagi alternatives viables, evitant que la manca de resposta administrativa i excés burocràtic comprometi la producció.»
Palau del Congrés dels Diputats, 13 de maig de 2026.Isidre Gavin i Valls, Diputat.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.
161/003463
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
defensa de los agricultores canarios, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Uno de los retos a los que los agricultores de las islas tienen que hacer frente es la prohibición del uso de determinados productos fitosanitarios por parte de la Unión Europea, sin que existan alternativas eficaces para el control de las
principales plagas en que afectan a los cultivos canarios. Esta situación está provocando un aumento sin control de los costes de producción, así como una mayor destrucción de fruta por destrío, lo que compromete la competitividad y el futuro de
miles de agricultores de Canarias.
En este sentido, preocupan especialmente las siguientes plagas: la mosca blanca (Aleurodicus floccissimus) y la cochinilla de la platanera (Dysmicoccus grassii), que afectan fundamentalmente a las plataneras; así como la cochinilla del
aguacate (Nipaecoccus nipae) que ha adquirido una relevancia crítica en los últimos años, entre otras cochinillas que también la afectan, aunque en menor medida, como Fiorinia fioriniae, Protopulvinaria pyriformis. Por último, resaltar que la
Nipaecoccus nipae es una especie polífaga, por lo que, aunque incide especialmente en el cultivo del aguacate, también afecta a otros 80 géneros de plantas pertenecientes a 43 familias. Se alimenta de una amplia gama de plantas de importancia
económica, principalmente cultivos frutales y ornamentales, incluidos aguacates, cítricos, cacao, cocos, chirimoyas, guayabas, mangos, piñas, guanábana y diferentes palmeras.
Por las condiciones de cultivo de Canarias estas plagas tienen presencia casi todo el año, aunque suele acentuarse en el periodo estival y el inicio del otoño. Cabe destacar que, durante el periodo 2023 2025, se han puesto de manifiesto
situaciones críticas tanto en la producción como en la comercialización del aguacate. Esta situación de emergencia, derivada del avance de la plaga y la ineficacia de los métodos de control biológico o preventivo hasta el momento, exige una
intervención inmediata mediante tratamientos químicos.
En relación con lo anterior, uno de los productos prohibidos son los fitosanitarios formulados a base de Spirotetramat 10 % [SC] P/V. Éstos son especialmente eficaces como insecticidas contra la cochinilla de la platanera (Dysmicoccus
grassii), mosca blanca (Aleurodicus floccissimus), la cochinilla del aguacate (Nipaecoccus nipae) y otras cochinillas como Fiorinia fiorinae y Protopulvinaria pyriformis (que también afectan a los cultivos de aguacates). A pesar de la prohibición
existente, el artículo 53 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo, establece que, en circunstancias especiales, un Estado miembro podría autorizar, por un periodo no superior a 120 días, la comercialización de productos fitosanitarios para su utilización controlada y limitada, si tal medida fuera necesaria
debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables.
Asimismo, el artículo 34 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, establece la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente conceda autorizaciones excepcionales de un producto fitosanitario
en caso de peligro imprevisible que no pueda ser controlado por otros medios.
Habida cuenta de lo dispuesto en ambos preceptos, el Gobierno de Canarias solicitó ante el órgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar
Animal) el uso excepcional de Spirotetramat 10 % [SC] P/V, para controlar las plagas de la mosca blanca (Aleurodicus floccissimus) y de la cochinilla de la platanera (Dysmicoccus grassii) que está afectando a las plataneras. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación denegó la autorización excepcional.
Posteriormente, en marzo de 2026, el Gobierno de Canarias solicitó ante el mismo órgano el uso excepcional de Movento Gold (Spirotetramat 10 % [SC] p/v, ROPMF N.º ES-00024) para controlar la plaga Nipaecoccus nipae que está afectando a los
cultivos de aguacate. En este caso se propuso la aplicación de una dosis de 0,075-0,1 % (75-100 mL/hL), con un máximo de 2 L/ha, un límite de dos aplicaciones anuales y un plazo de seguridad de 14 días, por un periodo de 120 días, del 1 de junio al
28 de septiembre de 2026. Esta petición ha seguido la misma suerte que la anterior.
Por último, cabe recordar que, como debido a la falta de control efectivo de la frontera, lo cual vulnera la Orden de 12 de marzo de 1987, que establece medidas de protección fitosanitaria para Canarias, se está permitiendo la entrada ilegal
de frutas y hortalizas en el archipiélago, lo que implica, además de una competencia desleal para nuestros agricultores, la introducción de nuevas plagas y enfermedades en el ecosistema canario. Por todo lo expuesto, los grupos parlamentario abajo
firmantes presentan la siguiente:
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Continuar defendiendo de manera activa ante el Estado y la Unión Europea la singularidad de Canarias como región ultraperiférica, donde las condiciones climáticas favorecen el rápido establecimiento y desarrollo de plagas y enfermedades,
haciendo inviable la aplicación de criterios homogéneos con el territorio continental.
2. 2.1. Reforzar las medidas de control para garantizar el cumplimiento de la normativa fitosanitaria vigente y evitar la entrada ilegal de productos agrícolas en el archipiélago.
2.2 Autorizar la aplicación de Spirotetramat 10 % [SC] P/V para controlar las plagas de la mosca blanca (Aleurodicus floccissimus) y de la cochinilla de la platanera (Dysmicoccus grassii) por un periodo de 120 días, del 1 de junio al 28 de
septiembre de 2026.
2.3 Autorizar la aplicación de Movento Gold (Spirotetramat 10 % [SC] p/v, ROPMF N.º ES-00024) para controlar la plaga Nipaecoccus nipae que está afectando a los aguacates en dosis de 0,075-0,1 % (75-100 mL/hL), con un máximo de 2 L/ha, un
límite
de dos aplicaciones anuales y un plazo de seguridad de 14 días, por un periodo de 120 días, del 1 de junio al 28 de septiembre de 2026.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Política Territorial
161/003453
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Republicano
Proposición no de Ley sobre el impacto territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 2 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Territorial. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Teresa Jordà i Roura y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impacto territorial del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, para su debate en la Comisión de Política Territorial.
Exposición de motivos
El pasado mes de abril, el Parlamento Europeo votó en plenario su posición respecto al nuevo presupuesto de la Unión Europea, el Marco Financiero Plurianual para el período 2028-2034. Este instrumento es clave porque condiciona todas las
políticas de la Unión Europea para un período de siete años, afectando directamente a la ciudadanía y los gobiernos como el de la Generalitat de Cataluña, que ejecutan fondos y programas europeos.
La posición del Parlamento Europeo enmienda la primera propuesta de la Comisión Europea, presentada en verano de 2025, respecto a una serie de elementos. Primero,
aumenta el volumen total del presupuesto en casi 200 000 millones de euros, alcanzando el 1,27 % de la RNB y excluye el repago de la deuda adquirida por el Next Generation EU. Segundo, el Parlamento Europeo propone una serie de nuevos
recursos propios de la UE que incluyen una tasa sobre servicios digitales, la extensión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM en inglés) y una tasa sobre las plusvalías de los criptoactivos. Tercero, se hacen vinculantes los
objetivos de clima y biodiversidad para todos los programas. Por último, se condiciona la aplicación del presupuesto al cumplimiento con el Estado de derecho de forma horizontal, en todas sus rúbricas.
Más allá de estos elementos, el Parlamento Europeo se distancia de la recentralización de fondos propuesta el año pasado por la Comisión Europea. El planteamiento del ejecutivo comunitario consistía en crear Planes de Asociación Nacional y
Regional (NRPP) que agruparan a una quincena de fondos y programas actualmente existentes y que fueran gestionados de forma centralizada por los Estados miembros, con flexibilidad para transferir fondos de un capítulo a otro.
Los NRPP, pues, agruparían desde la Política Agraria Común hasta fondos gestionados por gobiernos de territorios y ciudades europeas, como el Fondo Social Europeo (FSE+) o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Esta recentralización ponía en riesgo el papel protagonista que la Generalitat de Cataluña lleva décadas liderando en la implementación de políticas europeas, con una experiencia de gestión y conocimiento de la realidad territorial que se
perderían de haber salido adelante la propuesta de la Comisión Europea.
En contraposición, el Parlamento Europeo propone restituir el papel de las autoridades locales y territoriales en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los programas. Se vacían de contenido los NRPP y se asignan
cifras concretas a cada una de las políticas con descentralización territorial, eliminando la prerrogativa por parte de los Estados de redirigir fondos de un programa a otro. Además, el texto aprobado por el Parlamento Europeo incluye los
principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, así como el enfoque de asociación conjuntamente con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Estos principios están reconocidos en los tratados y reglamentos de la Unión Europea y
entroncan directamente con sus valores fundamentales.
El posicionamiento del Parlamento Europeo es clave para asegurar un rol protagonista de la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de los Països Catalans. La Generalitat planifica, gestiona y coordina fondos europeos como el FEDER, el
FSE+ o el Next Generation EU, el programa de recuperación pospandemia y cuya ejecución Cataluña ha liderado en el Estado. Además, la Generalitat acompaña a universidades, centros de investigación y empresas en la obtención de fondos competitivos
europeos. Cataluña es la tercera región de la UE que capta más financiación en proyectos competitivos de investigación e innovación, atrayendo el doble de presupuesto de lo que correspondería por su población sobre el total de la UE.
Estos fondos tienen un impacto directo en el territorio. Como pilar de la soberanía alimentaria europea, la PAC ha aportado más de 4450 millones de euros en ayudas directas y desarrollo rural a Cataluña desde 2011. En 2024, la demarcación
de Lleida y del Alt Pirineu concentraron la mayoría de estos recursos, con más de 115 millones de euros en ayudas, seguidas por Girona, las Terres de l'Ebre y la Cataluña Central. La Generalitat de Cataluña tiene un rol central en la ejecución y la
gestión de la PAC, en la interlocución con el sector agrícola y ganadero y en la cofinanciación de programas de desarrollo rural con recursos propios.
En cuanto al FEDER, la Generalitat actúa como organismo intermedio, desarrollando programas propios regionales en coordinación con las instituciones europeas. Estas competencias de planificación, selección de proyectos y certificación
suponen que la Generalitat gestione hasta 840,5 millones de euros durante el período 2021-2027, que financian actuaciones estratégicas relacionadas con la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad o la bioeconomía. En
este caso, la demarcación de Barcelona es la principal receptora de fondos debido a la mayor concentración de universidades, centros de investigación y grandes proyectos de movilidad.
A esta cifra se suman cerca de 1000 millones de euros más relativos al FSE+, para la cohesión social y las políticas de empleo, además de otros fondos como el Interreg, el Fondo Europeo de Pesca o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
parte del Next Generation EU.
Esta experiencia demuestra que gobiernos como la Generalitat son esenciales para lograr los grandes objetivos europeos. Es aún más así en un contexto de fragmentación internacional, donde la apuesta por la autonomía estratégica europea debe
ir acompañada de recursos y de una gobernanza multinivel efectiva para ser creíble. La competitividad y cohesión de la economía europea, la soberanía alimentaria y la transición energética son ejes claves que deben hacerse de la mano de los
gobiernos más cercanos a la ciudadanía.
Todo este bagaje de gestión de la Generalitat de Cataluña corre riesgo de perderse según cómo termine la negociación para el nuevo período presupuestario europeo. Si bien el Parlamento Europeo ha manifestado la oposición a los nuevos planes
de carácter recentralizador, la palabra la tienen ahora los Estados miembros, que tendrán que negociar el volumen y estructura del paquete y aprobarlo por unanimidad. En última instancia, el Parlamento Europeo solo podrá posicionarse a favor o en
contra de la posición de los Estados.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. En el marco de las negociaciones en el Consejo de la UE para el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034:
En línea con los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, posicionarse en contra de la recentralización que supondrían los Planes de Asociación Nacionales y Regionales y asegurar que gobiernos como el de la Generalitat de
Cataluña mantienen el rol vigente en la gestión de fondos europeos vinculados a la Política Agraria Común (PAC), la Política de Cohesión (FEDER y FSE+) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura.
Velar por el mantenimiento de los fondos y programas de la política de cohesión y la PAC como políticas propias de la Unión Europea, limitando la flexibilidad entre programas que podría hacer que sus recursos se derivaran a otras partidas.
Defender un presupuesto europeo ambicioso, con un total de recursos superior al propuesto por la Comisión Europea, con nuevos recursos propios alineados con la fiscalidad verde y la progresividad fiscal y comprometido con el cambio
climático.
Oponerse a los recortes de partidas de la PAC y la política de cohesión para destinar los recursos a gasto militar.
Asegurar la condicionalidad del MFP al estricto cumplimiento con el Estado de derecho y los derechos LGTBI+.
Tener en cuenta la situación particular de los territorios insulares a la hora de diseñar programas para el período de programación 2028-2034, reservando dotaciones financieras y estableciendo criterios de elegibilidad específicos.
2. Comparecer en comisión parlamentaria, antes de que acabe el presente período sesiones, para exponer la posición del Gobierno español de cara a las negociaciones entre Estados miembros, primero, e interinstitucionales, después, respecto
al nuevo MFP. Posteriormente, actualizar de forma regular a esta cámara sobre las distintas fases negociadoras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Teresa Jordà i Roura y Gabriel Rufián Romero, Portavoces del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la diputada Teresa Jordà i Roura i a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre limpacte
territorial del nou marc financer pluriennal de la Unió Europea, per al seu debat en la Comissió de Política Territorial.
Exposició de motius
El passat mes dabril, el Parlament Europeu va votar en plenari la seva posició respecte al nou pressupost de la Unió Europea, el Marc Financer Pluriennal, per al període 2028-2034. Aquest instrument és clau perquè condiciona totes les
polítiques de la Unió Europea per a un període de set anys, afectant directament la ciutadania i els governs com el de la Generalitat de Catalunya, que executen fons i programes europeus.
La posició del Parlament Europeu esmena la primera proposta de la Comissió Europea, presentada lestiu de 2025, respecte una sèrie delements. Primer, augmenta el volum total del pressupost en gairebé 200.000 milions deuros, arribant a
l1,27 % de la RNB, i nexclou el repagament del deute adquirit pel Next Generation EU. Segon, el Parlament Europeu proposa una sèrie de nous recursos propis de la UE que inclouen una taxa sobre serveis digitals, lextensió del Mecanisme
dAjustament a la Frontera per Carboni (CBAM en anglès) i una taxa sobre les plusvàlues dels criptoactius. Tercer, es fan vinculants els objectius de clima i biodiversitat per a tots els programes. En últim lloc, es condiciona laplicació del
pressupost al compliment amb lEstat de dret de forma horitzontal, en totes les seves rúbriques.
Més enllà daquests elements, el Parlament Europeu es distancia de la recentralització de fons proposada lany passat per la Comissió Europea. El plantejament de lexecutiu comunitari consistia en crear Plans de Partenariat Nacional i
Regional (NRPPs) que agrupessin una quinzena de fons i programes actualment existents i que fossin gestionats de forma centralitzada pels estats membres, amb flexibilitat per transferir fons dun capítol a un altre.
Els NRPPs, doncs, agruparien des de la Política Agrària Comuna fins a fons gestionats per governs de territoris i ciutats europees, com el Fons Social Europeu (FSE+) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Aquesta recentralització posava en risc el paper protagonista que la Generalitat de Catalunya fa dècades que té liderant la implementació de polítiques europees, amb una experiència de gestió i coneixement de la realitat territorial que es
perdrien dhaver tirat endavant la proposta de la Comissió Europea.
En contraposició, el Parlament Europeu proposa restituir el paper de les autoritats locals i territorials en el disseny, implementació, seguiment i avaluació dels programes. Es buiden de contingut els NRPPs i sassignen xifres concretes a
cada una de les polítiques amb descentralització territorial, eliminant la prerrogativa per part dels estats de redirigir fons dun programa a un altre. A més, el text aprovat pel Parlament Europeu inclou els principis de subsidiarietat i de
governança multi-nivell, a més de lenfocament de partenariat conjuntament amb governs i organitzacions de la societat civil. Aquests principis estan reconeguts als tractats i reglaments de la Unió Europea i entronquen directament amb els seus
valors fonamentals.
El posicionament del Parlament Europeu és clau per a asegurar un rol protagonista de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments dels Països Catalans. La Generalitat planifica, gestiona i coordina fons europeus com el FEDER, el FSE+ o el
Next Generation EU, el programa de recuperació postpandèmia i del qual Catalunya nha liderat lexecució a lEstat. A més, la Generalitat acompanya a universitats, centres de recerca i empreses en lobtenció de fons competitius europeus. Catalunya
és la tercera regió de la UE que capta més finançament en projectes competitius de recerca i innovació, atraient el doble de pressupost del que pertocaria per la seva població sobre el total de la UE.
Aquests fons tenen un impacte directe al territori. Com a pilar de la sobirania alimentària europea, la PAC ha aportat més de 4.450 milions deuros en ajudes directes i desenvolupament rural a Catalunya des de 2011. El 2024, la demarcació
de Lleida i de lAlt Pirineu van concentrar la majoria daquests recursos, amb més de 115 milions deuros en ajuts, seguides per Girona, les Terres de lEbre i la Catalunya Central. La Generalitat de Catalunya té un rol central en lexecució i la
gestió de la PAC, en la interlocució amb el sector pagès i ramader i en el co-finançament de programes de desenvolupament rural amb recursos propis.
Pel que fa al de FEDER, la Generalitat actua com a organisme intermedi, desenvolupant programes propis regionals en coordinació amb les institucions europees. Aquestes competències de planificació, selecció de projectes i certificació
suposen que la Generalitat gestioni fins a 840,5 milions deuros durant el període 2021-2027, que financen actuacions estratègiques relacionades amb la digitalització, la lluita contra el canvi climàtic, la biodiversitat o la bioeconomia. En aquest
cas, la demarcació de Barcelona és la principal receptora de fons degut a la major concentració duniversitats, centres de recerca i grans projectes de mobilitat.
A aquesta xifra shi sumen vora 1.000 milions deuros més relatius al FSE+, per a la cohesió social i les polítiques docupació, a més daltres fons com lInterreg, el Fons Europeu de Pesca o el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, part
del Next Generation EU.
Aquesta experiència demostra que governs com la Generalitat són essencials per aterrar els grans objectius europeus. És encara més així en un context de fragmentació internacional, on laposta per lautonomia estratègica europea ha danar
acompanyada de recursos i duna governança multi-nivell efectiva per ser creïble. La competitivitat i cohesió de leconomia europea, la sobirania alimentaria i la transició energètica són eixos claus que shan de fer de la mà dels governs més
propers a la ciutadania.
Tot aquest bagatge de gestió de la Generalitat de Catalunya corre risc de perdres segons com acabi la negociació per al nou període pressupostari europeu. Si bé el Parlament Europeu ha manifestat loposició als nous plans de caràcter
recantralitzador, la paraula la tenen ara els estats membres, que hauran de negociar el volum i estructura del paquet i aprovar-lo per unanimitat. En última instància, el Parlament Europeu tan sols podrà posicionar-se a favor o en contra de la
posició dels estats.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. En el marc de les negociacions al Consell de la UE per al nou Marc Financer Pluriennal (MFP) 2028-2034:
En línia amb els principis de subsidiarietat i governança multi-nivell, posicionar-se en contra de la recentralització que suposarien els Plans de Partenariat Nacionals i Regionals i assegurar que governs com el de la Generalitat de
Catalunya mantenen el rol vigent en la gestió de fons europeus vinculats a la Política Agrària Comuna (PAC), la Política de Cohesió (FEDER i FSE+) i el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura.
Vetllar per al manteniment dels fons i programes de la política de cohesió i la PAC com a polítiques pròpies de la Unió Europea, limitant la flexibilitat entre programes que podria fer que els seus recursos es derivessin a altres partides.
Defensar un pressupost europeu ambiciós, amb un total de recursos superior al proposat per la Comissió Europea, amb nous recursos propis alineats amb la fiscalitat verda i la progressivitat fiscal i compromès amb el canvi climàtic.
Oposar-se a les retallades de partides de la PAC i la política de cohesió per destinar els recursos a despesa militar.
Assegurar la condicionalitat del MFP a lestricte compliment amb lEstat de dret i els drets LGTBI+-
Tenir en compte la situació particular dels territoris insulars a lhora de dissenyar programes per al període de programació 2028-2034, reservant-hi dotacions financeres i establint criteris delegibilitat específics.
2. Comparèixer en comissió parlamentària, abans que acabi el present període sessions, per exposar la posició del Govern espanyol de cara a les negociacions entre estats membres, primer, i interinstitucionals, després, respecte el nou MFP.
Posteriorment, actualitzar de forma regular a aquesta cambra sobre les diferents fases negociadores.»
Congrés dels Diputats, 12 maig de 2026.Teresa Jordà i Roura y Gabriel Rufián Romero, Portaveus G.P. Republicà.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la diputada Etna Estrems Fayos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación y el control de las cátedras universitarias, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El sistema universitario público es uno de los pilares fundamentales de generación de conocimiento crítico e independiente al servicio del interés general, desvinculado de presiones económicas o políticas. La universidad pública debe
garantizar que la investigación científica y la producción académica respondan a criterios de calidad, independencia y utilidad social, especialmente en aquellos ámbitos que inciden en derechos fundamentales, como en el caso del derecho a la
vivienda.
Sin embargo, en los últimos años han proliferado cátedras financiadas por empresas del sector inmobiliario en universidades públicas del Estado español. Estas, impulsadas mediante convenios con promotores, fondos de inversión y plataformas
inmobiliarias, generan estudios e informes sobre el mercado inmobiliario que influyen en el debate público y en la elaboración de políticas públicas.
La participación directa de estos actores, con intereses claramente marcados, comporta riesgos evidentes de sesgo, condicionamiento, orientación de los resultados, llegando incluso a legitimar determinadas posiciones políticas o económicas
en detrimento de otras. Esto plantea interrogantes relevantes sobre la independencia académica.
La mayoría de informes publicados recogen dos ideas: la necesidad de incrementar la oferta mediante nueva construcción y la consideración de que regular el alquiler reduce la oferta. Sin embargo, distintos actores sociales, sindicales y
académicos han advertido del riesgo de subordinar la investigación científica con los intereses del lobby de la vivienda, así como de la posibilidad de que estos estudios estén condicionados por los intereses económicos de las entidades que los
financian.
Según estas denuncias, la presencia de intereses privados en la investigación puede comprometer la neutralidad e independencia de la investigación universitaria, especialmente en un ámbito tan sensible como el derecho a la vivienda.
Asimismo, señalan que estos instrumentos pueden actuar como mecanismos de influencia ideológica y presión contra determinadas políticas públicas, como la regulación del alquiler.
Ante esta realidad, es imprescindible garantizar que la universidad pública mantenga su carácter independiente, de creación de conocimiento público y al servicio del interés general.
Por todo esto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Regular la creación, el funcionamiento y el control de las cátedras financiadas por entidades privadas en universidades públicas, con el objetivo de garantizar su transparencia y la independencia académica.
2. Crear un registro público de cátedras financiadas por entidades privadas.
3. Impulsar mecanismos de evaluación de la calidad, el rigor y la imparcialidad de la investigación desarrollada en el marco de estas cátedras, mediante las agencias de evaluación del sistema universitario.
4. Garantizar que los estudios e informes elaborados en el marco de cátedras financiadas por entidades privadas vayan acompañados de la publicación de sus fuentes de financiación.
5. Incrementar la financiación pública destinada a investigación en el ámbito de la vivienda, con atención a las perspectivas sociales, jurídicas y económicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Republicà, a instàncies de la Diputada Etna Estrems Fayos, a lempara del que sestableix en larticle 193 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre la regulació i
control de les càtedres universitàries, per al seu debat en la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats.
Exposició de motius
El sistema universitari públic és un dels pilars fonamentals de generació de coneixement crític i independent al servei de linterès general, desvinculat de pressions econòmiques o polítiques. La universitat pública ha de garantir que la
recerca científica i la producció acadèmica responguin a criteris de qualitat, independència i utilitat social, especialment en aquells àmbits que incideixen en drets fonamentals, com és el cas del dret a lhabitatge.
Tanmateix, els últims anys han proliferat càtedres finançades per empreses del sector immobiliari en universitats públiques de lEstat espanyol. Aquestes, impulsades mitjançant convenis amb promotors, fons dinversió i plataformes
immobiliàries, generen estudis i informes sobre el mercat immobiliari que influeixen en el debat públic i en lelaboració de polítiques públiques.
La participació directa daquests actors, amb interessos clarament marcats, comporta riscos evidents de biaix, condicionament, orientació dels resultats, arribant fins i tot a legitimar determinades posicions polítiques o econòmiques en
detriment daltres. Aquest fet planteja interrogants rellevants sobre la independència acadèmica.
La majoria dinformes publicats recullen dues idees: la necessitat dincrementar loferta mitjançant nova construcció i la consideració que regular el lloguer redueix loferta. Tanmateix, diferents actors socials, sindicals i acadèmics han
advertit del risc de subordinar la investigació científica amb els interessos del lobby de lhabitatge, així com de la possibilitat que aquests estudis estiguin condicionats pels interessos econòmics de les entitats que els financen.
Segons aquestes denúncies, la presència dinteressos privats en la recerca pot comprometre la neutralitat i independència de la investigació universitària, especialment en un àmbit tan sensible com el dret a lhabitatge. Així mateix,
assenyalen que aquests
instruments poden actuar com a mecanismes dinfluència ideològica i de pressió contra determinades polítiques públiques, com la regulació del lloguer.
Davant aquesta realitat, és imprescindible garantir que la universitat pública mantingui el seu caràcter independent, de creació de coneixement públic i al servei de linterès general.
Per tot això es presenta la següent
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta al govern espanyol a:
1. Regular la creació, el funcionament i el control de les càtedres finançades per entitats privades en universitats públiques, amb lobjectiu de garantir la seva transparència i la independència acadèmica.
2. Crear un registre públic de càtedres finançades per entitats privades.
3. Impulsar mecanismes davaluació de la qualitat, el rigor i la imparcialitat de la recerca desenvolupada en el marc daquestes càtedres, mitjançant les agències davaluació del sistema universitari.
4. Garantir que els estudis i informes elaborats en el marc de càtedres finançades per entitats privades vagin acompanyats de la publicació de les seves fonts de finançament.
5. Incrementar el finançament públic destinat a recerca en làmbit de lhabitatge, amb atenció a les perspectives socials, jurídiques i econòmiques.»
Congrés dels Diputats, 12 maig de 2026.Etna Estrems Fayos, Diputada.Gabriel Rufián Romero, Portavaveu G.P. Republicà.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comision de Interior
181/001819
Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Considera el Gobierno que eran suficientes los medios materiales, tecnológicos y de protección personal, así como el tipo y características de las embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo de la Guardia Civil que participaban en la
persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva el pasado 8 de mayo de 2026, operativo en el que fallecieron dos agentes en acto de servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
181/001820
Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo el Ministerio del Interior y, en su caso, la Dirección General de la Guardia Civil desde la tragedia ocurrida en Barbate en 2024 para reforzar la seguridad, los medios materiales y la capacidad
operativa de los agentes destinados a la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el sur de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
181/001821
Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar el reconocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Nacional como profesión de riesgo, atendiendo a las reiteradas reclamaciones de los agentes y al incremento de las situaciones de especial
peligrosidad que afrontar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.
181/001822
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno.
¿Cuáles son los planes del Gobierno con respecto a los usos del antiguo complejo penitenciario de Vigo, garantizando su utilización con fines públicos y sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno.
Cales son as previsións do Goberno respecto dos usos do recinto da antiga prisión de Vigo asegurando o seu uso para fins públicos e sociais?
Madrid, 12 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
181/001823
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno.
¿Garantizará el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el desarrollo efectivo de programas de intervención y
reinserción, especialmente en el ámbito de la violencia de género, la seguridad vial y la justicia restaurativa en el CIS de Vigo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno.
Garantirá o Ministerio do Interior, a través da Secretaría Xeral de Institución Penitenciarias, o desenvolvemento efectivo de programas de intervención e reinserción, especialmente en materia de violencia de xénero, seguranza viaria e
xustiza restaurativa no CIS de Vigo?
Madrid, 12 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
181/001824
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno.
¿Aumentará, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de manera inmediata, la plantilla del CIS de Vigo, equiparándola a la de otros centros con características similares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula la seguinte pregunta dirixida ao Goberno.
Incrementará a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, de manera inmediata, o cadro de persoal do CIS de Vigo, equiparándoo ao doutros centros de características semellantes?
Madrid, 12 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
181/001825
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno.
¿Forma parte de los planes del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, reanudar y ejecutar con urgencia la ampliación del CIS en Vigo, que se paralizó en 2012, adaptando el proyecto a las
necesidades actuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno.
Entra nas previsións do Ministerio de Interior, a través da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, retomar e executar con carácter urxente a ampliación do CIS de Vigo, paralizada en 2012, addaptando o proxecto ás necesidades
actuais?
Madrid, 12 de maio de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/038764
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Acedo Reyes, Sofía (GP)
Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Cayetana (GP)
Hernando Fraile, Rafael Antonio (GP)
Sánchez Torregrosa, Maribel (GP)
Confirmación acerca de si, con carácter previo a la aprobación y publicación del Real Decreto relativo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, se elaboró algún informe técnico, operativo, jurídico o de inteligencia por parte de la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF, el CENIF o cualquier otra unidad especializada de la Policía Nacional.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el punto 5 de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder
de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001710).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ana Belén Vázquez Blanco, Sofía Acedo Reyes, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Rafael Hernando Fraile y Maribel Sánchez Torregrosa, pertenecientes ai Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El pasado mes de febrero, varios diputados solicitaron información a la Administración del Estado recabando diversa documentación en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes. La documentación requerida era la siguiente:
Copia íntegra de los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF o el CENIF relativos a la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Copia de los informes jurídicos o técnicos que analicen la compatibilidad del real decreto de regularización con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Copia de las comunicaciones o instrucciones cursadas entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones relativas a la elaboración, contenido o tramitación del
real decreto.
Relación de advertencias, observaciones o informes recibidos de instituciones europeas, agencias de la Unión Europea o autoridades de otros Estados miembros en relación con los riesgos del proceso de regularización para el espacio
Schengen.
La respuesta remitida por el Gobierno a la solicitud de documentación formulada por diputados del Grupo Parlamentario Popular ha sido del todo insuficiente ya que no aporta ningún dato o informe requerido, obstaculizando el ejercicio de las
funciones de control parlamentario reconocidas a los miembros de las Cortes Generales por la Constitución.
El Ejecutivo se limita a afirmar que «no le consta la existencia» de determinados informes técnicos, sin aportar información alternativa como datos y/o análisis que necesariamente debieron servir de base para la aprobación de una medida de
extraordinaria relevancia en materia migratoria y de seguridad.
Además, cabe recordar que dicho Proyecto de Real Decreto no «se encuentra actualmente en fase de tramitación» ya que dicho Real Decreto ha sido publicado en el BOE y está vigente y en plena aplicación por parte de la Administración. Por
tanto, los distintos ministerios implicados deben aportar la documentación solicitada sobre el texto definitivo.
Finalmente, el Gobierno ha acordado en Consejo de Ministros la clasificación de secreto o reservado parte de la documentación solicitada en base a la regulación en materia de secretos oficiales, sin ninguna justificación que lo avale y sin
aportar el alcance concreto de dicha clasificación.
Por todo ello, se pregunta al Gobierno:
1. ¿Puede confirmar el Gobierno si, con carácter previo a la aprobación y publicación del Real Decreto relativo a la regularización extraordinaria de inmigrantes, se elaboró algún informe técnico, operativo, jurídico o de inteligencia por
parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF, el CENIF o cualquier otra unidad especializada de la Policía Nacional?
2. ¿Qué datos, análisis estadísticos y evaluaciones de impacto sirvieron de base para la adopción de una medida de tanta trascendencia en materia migratoria y de seguridad como es la regularización masiva de cientos de miles de extranjeros
en situación irregular?
3. ¿Fueron consultadas la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF, el CENIF o cualquier otra unidad especializada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la elaboración del Proyecto de Real Decreto para la
regularización extraordinaria de inmigrantes?
4. ¿Cómo justifica el Gobierno haber denegado la documentación solicitada alegando que el proyecto normativo «se encuentra actualmente en fase de tramitación»,
cuando el Real Decreto ya ha sido aprobado, publicado en el BOE y se encuentra plenamente vigente y aplicándose por las Administraciones competentes?
5. [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Sofía Acedo Reyes, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Rafael Antonio Hernando Fraile y Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.
184/039041
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Hoces Íñiguez, Ignacio (GVOX)
Aizcorbe Torra, Juan José (GVOX)
Flores Juberías, Carlos (GVOX)
Instauración por el Ministerio de Justicia de un procedimiento automatizado de cancelación de antecedentes penales desde el año 2021, participación de algún funcionario en alguna fase del citado procedimiento y realización de auditorías
internas para verificar la viabilidad del proceso.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 114904, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Ignacio Hoces Íñiguez, en su condición de Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX) al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas
para las que solicitan respuesta por escrito.
Exposición de motivos
Fuentes periodísticas y oficiales confirman que el Ministerio de Justicia ha automatizado el procedimiento de cancelación de antecedentes, por lo menos, desde 20211, cancelando 1.130.335 antecedentes penales en apenas cinco años. La
cancelación de los antecedentes funcionó durante décadas «de manera manual y altamente individualizada debido a su enorme complejidad», para pasar a depender de 1 El Gobierno cancela más de 1.1 millones de antecedentes penales en 5 años mediante
sistemas automatizados y robotizados.
un algoritmo. Así, cientos de miles de personas han visto cancelados sus antecedentes, incluidos en algunos casos antecedentes por delitos sexuales, de forma automática sin necesidad de solicitarlo. El propio Ministerio de Presidencia,
Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado tutoriales públicos para facilitar la cancelación de antecedentes dirigido específicamente a extranjeros interesados en adquirir la nacionalidad española.
En relación con los datos mencionados, se formulan las siguientes
Preguntas
1. ¿La cancelación de antecedentes penales es enteramente robotizada o automatizada o, por el contrario, participa algún funcionario en alguna fase del procedimiento?
2. ¿Cuántas cancelaciones de antecedentes penales entre 2021 y la actualidad corresponden a extranjeros?
3. De estas, ¿cuántas corresponden a personas que han solicitado la nacionalidad? ¿cuántas de ellas la han obtenido?
4. ¿Cuántas cancelaciones de antecedentes penales entre 2022 y la actualidad corresponden a personas que residían ilegalmente en España?
5. ¿Qué algoritmos exactos se utilizan en el proceso de cancelación de los antecedentes penales? ¿qué tasas de error presentan?
6. ¿Existen auditorías internas para verificar la viabilidad del proceso?
7. ¿Cuántas cancelaciones derivadas de delitos contra la libertad sexual se han producido entre 2022 y la actualidad? ¿Y de hechos relacionados con el terrorismo?
8. ¿De qué forma afecta esta cancelación de antecedentes a la exigencia de aportar un certificado de carencia de antecedentes penales para acceder a algunas profesiones, como son la de profesores escolares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.Ignacio Hoces Íñiguez, Juan José Aizcorbe Torra y Carlos Flores Juberías, Diputados.