BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


22 de mayo de 2026

Núm. 535

ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


162/000790


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la protección de Doñana y la recuperación del río Guadiamar ... (Página2)


162/000791


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la racionalización y simplificación normativa en España ... (Página3)


162/000792


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al compromiso de los partidos políticos con representación parlamentaria con los valores democráticos europeos y la transparencia e independencia en
sus vínculos internacionales ... (Página6)


162/000793


Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del transporte en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible ... (Página8)

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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


Pleno


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de mayo de 2026.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.


162/000790


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga y Martina Velarde Gómez, portavoz de la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación, integrantes de Podemos, presentan, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de Doñana y la recuperación del río Guadiamar, para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los
Diputados.


Exposición de motivos


El espacio natural de Doñana está compuesto por dos espacios protegidos diferentes que, en conjunto, cubren un total de más de 128.386 hectáreas. Se trata del Parque Nacional y el Parque Natural. Estos espacios cuentan con la máxima
protección a nivel nacional e internacional por sus enormes valores naturales.


Doñana agrupa una gran variedad de ecosistemas, que incluyen desde las marismas, a playas, pasando por las dunas móviles, ecotonos y los bosques xerófilos mediterráneos. Precisamente, la singularidad de Doñana se debe a la variedad de
paisajes y especies que alberga. Además de la marisma, ecosistema que se caracteriza por su gran biodiversidad y su aspecto cambiante, existe un conjunto de ecosistemas excepcionales que confluyen aquí.


Debido a esta variedad de ambientes, la diversidad biológica de Doñana es muy alta, habitando en el Parque numerosas especies de flora y fauna, entre las que se encuentran especies emblemáticas (algunas de las cuales están amenazadas), como
el lince ibérico o el águila imperial.


Doñana lleva décadas sufriendo agresiones que van minando su salud ecológica. Desde proyectos de carreteras, a urbanizaciones como Matalascañas, o el más reciente proyecto de almacenamiento de gas natural en el subsuelo del parque. El
vertido de miles de toneladas de residuos tóxicos procedente de la fracturada balsa de la mina de Aznalcóllar (hoy, en proceso de reapertura) en abril de 1998, fue uno de los momentos más críticos que ha sufrido este ecosistema.


Sin embargo, la salud de Doñana depende del estado de las reservas de agua. Estudios recientes muestran que, en Doñana, todas las masas de agua han menguado. Según señala el 'Informe preliminar sobre el estado de los acuíferos del entorno
de

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Doñana', correspondiente al año hidrológico 2024-2025, la precipitación del año hidrológico 2024/25 fue de 671 mm. (octubre 2024-septiembre 2025), lo que se considera un año húmedo, el primero desde 2010/11, con un 123 % de la media. A
pesar de ello, la evolución del acuífero de Doñana mantiene un comportamiento considerado desfavorable. La organización sostiene que la superficie inundada en las lagunas peridunares tampoco muestra signos de recuperación.


La restauración del río Guadiamar por su trazado original constituye una de las medidas más ambiciosas para la recuperación hidrológica de Doñana. Este río, que históricamente aportaba importantes volúmenes de agua dulce a la marisma, fue
parcialmente desecado a mediados del siglo XX como parte de las políticas de transformación agrícola del franquismo.


Sin una recuperación integral del cauce natural del Caño del Guadiamar, la marisma continuará en un proceso de degradación paulatina, solo interrumpido por años de pluviometría excepcional como el citado último año hidrológico 2024/2025. La
situación actual de aparente recuperación es, según estos especialistas, un espejismo producido por la contención artificial de las aguas mediante compuertas que impiden su libre circulación.


Este sistema de gestión hídrica, aunque permite mantener niveles de inundación visualmente satisfactorios, provoca a medio plazo problemas de colmatación y salinización que deterioran la calidad ecológica de la marisma.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Impulsar la recuperación integral del río Guadiamar, para devolver a las marismas las aguas de este río, creando con ello una zona de transición hacia las marismas.


— Incluir la recuperación del Guadiamar en el Plan Nacional de Restauración.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2026.—Martina Velarde Gómez, Diputada.—Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


162/000791


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la racionalización y
simplificación normativa en España, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


La regulación es un instrumento esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna. Su objetivo principal es establecer reglas claras que reduzcan la incertidumbre, protejan derechos y faciliten la actividad económica. Sin
embargo, cuando la regulación se vuelve excesiva, compleja y descoordinada, deja de ser una herramienta de progreso para convertirse en un lastre que frena el crecimiento económico, dificulta el emprendimiento y limita la eficacia de la
administración pública. España es un claro ejemplo de cómo la inflación regulatoria y la falta de calidad normativa están afectando negativamente a nuestra economía, nuestra competitividad y nuestra capacidad para atraer inversiones.


En los últimos años, las instituciones europeas han situado la reducción de cargas administrativas, la mejora de la calidad legislativa y la simplificación del

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marco regulatorio entre las principales prioridades para reforzar la competitividad económica de la Unión Europea. La propia Comisión Europea introdujo en 2022 el principio «una norma nueva, una norma derogada» en el marco de su agenda de
«Legislar mejor», con el fin de compensar las nuevas cargas administrativas mediante la eliminación de cargas existentes. Además, tanto el Informe Draghi sobre competitividad europea como el Informe Letta sobre el futuro del mercado único destacan
la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara, coherente, proporcionada y fácil de aplicar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.


El Banco Mundial realiza anualmente una serie de estudios para generar los índices de Gobernanza Mundial. Uno de ellos, la calidad regulatoria, capta las percepciones sobre la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y
regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. La estimación proporciona la puntuación del país en el indicador agregado, en unidades de una distribución normal estándar, es decir, que oscila entre aproximadamente
-2,5 y 2,5.


Según dichos datos del Banco Mundial, los índices de calidad regulatoria de España han experimentado un descenso significativo desde 2018. De hecho, los datos del año 2023 representan el peor dato histórico en calidad regulatoria, desde que
el Banco Mundial inició la publicación de los datos en el año 1996. Este deterioro se refleja también en una menor eficacia gubernamental, una mayor complejidad administrativa y una creciente desconfianza por parte de los agentes económicos. Todo
ello, unido a las fórmulas legislativas que el Gobierno emplea —principalmente, Reales Decretos-leyes— y a la fragmentación normativa entre las distintas administraciones públicas, están generando un entorno hostil para el emprendimiento y la
inversión, tanto nacional como extranjera. Además de dificultar la actividad empresarial, la falta de claridad y coherencia en la regulación acaba desincentivando también la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos económicos, empresariales y
de creación de empleo.


El economista Juan S. Mora-Sanguinetti ha demostrado en sus investigaciones que por cada incremento del 1 % en el volumen de normas, el número de empresas locales se reduce un 0,05 %. Este dato es alarmante, ya que en los últimos años el
ritmo de producción normativa en España no ha dejado de acelerarse. Solo en 2021 se aprobaron 12.704 nuevas normas, lo que ha creado una maraña regulatoria que dificulta la expansión de las empresas y limita su capacidad para operar en un mercado
único eficiente. La fragmentación normativa entre las distintas administraciones genera inseguridad jurídica y, además, incrementa los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente para las pymes, que son el motor de la economía española.
Este fenómeno también se produce con la transposición de normativas europeas. La Comunicación de la Comisión sobre implementación y simplificación advierte de que los requisitos nacionales adicionales que van más allá de lo exigido por el derecho
de la UE, el llamado gold plating, generan inseguridad jurídica, fragmentación en el mercado único y crean cargas adicionales para ciudadanos y empresas.


La situación se agrava aún más cuando observamos la ejecución de los fondos europeos en nuestro país. Las cifras de ejecución de los fondos Next Generation son un claro indicador de que algo no funciona en la Administración pública
española. La excesiva carga regulatoria y la complejidad de los procedimientos administrativos están retrasando la movilización de inversiones, tanto públicas como privadas, algo que pone en riesgo la recuperación económica y la modernización de
nuestro país.


La problemática del exceso regulatorio se agrava con la falta de claridad y coherencia en la redacción normativa. La proliferación de referencias cruzadas entre leyes y reglamentos genera, en muchas ocasiones, un sistema difícil de
comprender para los operadores económicos y para los ciudadanos en general. De acuerdo con estudios recientes, cada norma nueva en España hace referencia a una media de 11 disposiciones previas, lo que incrementa exponencialmente la carga de
conocimiento jurídico necesario para su cumplimiento. Esto, además de afectar a la seguridad jurídica, también incrementa los costes de cumplimiento para las empresas, que deben destinar considerables recursos a interpretar y adaptar sus procesos a
la normativa vigente.

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El 29 de enero de 2025 la Comisión Europea aprobaba la Brújula de la Competitividad para la Unión Europea, la guía de trabajo de la Comisión en la que se incluyen las prioridades y acciones que pretende implementar la Comisión. En línea con
lo anteriormente expuesto, los dos principios fundamentales de la Brújula son la simplificación del entorno regulatorio y la coordinación de políticas, con el objetivo de reducir la carga burocrática en un 25 % (35 % para las pymes) y establecer un
régimen que armonice las normas fiscales, laborales y de insolvencia en toda la Unión Europea. Un objetivo que España debe compartir también.


El Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026 apostaba por una regulación más ligera, clara y fácil de aplicar, especialmente en ámbitos relacionados con la inversión, la contratación pública, la innovación y el mercado interior.
El Programa señala que más de la mitad de las iniciativas legislativas previstas para 2026 tendrán como objetivo simplificar la legislación de la Unión y reitera el objetivo de reducir en un 25 % las cargas administrativas con carácter general, y en
un 35 % las cargas que soportan las pymes. Un objetivo que España debe compartir también.


La Comisión Europea ha reforzado además esta estrategia mediante la reciente Comunicación sobre «Mejora de la Legislación y aplicación normativa», presentada el 28 de abril de 2026, y debatida ese mismo día en el Pleno del Parlamento Europeo
en Estrasburgo. La Comisión sitúa la simplificación normativa, la consolidación legislativa, la eliminación de duplicidades regulatorias y la mejora de la aplicación de las normas entre las prioridades estratégicas de la Unión Europea. Entre otras
medidas, la Comisión ha anunciado un «Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa» destinado a revisar incoherencias, solapamientos y fragmentación normativa en distintos sectores estratégicos.


El propio Parlamento Europeo ha asumido esta agenda como una prioridad institucional. El 12 de marzo de 2026, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el informe sobre la adecuación de la normativa de la Unión Europea y la subsidiariedad y
proporcionalidad (Better Law-Makinq 2023-2024), del que fue ponente el eurodiputado Jörgen Warborn (PPE). El informe deja claro que el objetivo no es la desregulación, sino una mejor regulación: que la legislación esté orientada a resolver
problemas reales, sea aplicable en la práctica y exigible sobre el terreno. Esta amplia mayoría parlamentaria refleja un creciente consenso institucional sobre la necesidad de adaptar el diseño y la ejecución de la legislación europea a las
realidades económicas actuales.


En su respuesta oficial a una pregunta parlamentaria, la Comisión Europea ha confirmado además que los paquetes ómnibus y demás propuestas de simplificación presentados durante 2025, si fueran aprobados por los colegisladores, podrían
generar al menos 15.000 millones de euros de ahorro anual en costes administrativos recurrentes para las empresas europeas (resultado neto de 15.250 millones de euros en ahorros y 247 millones de euros en costes adicionales), una cifra muy superior
a los ahorros que se derivarían de la mera aplicación de un enfoque «una norma nueva, una norma derogada».


En este contexto, es urgente que se adopten medidas que simplifiquen y racionalicen el marco regulatorio, mejoren la calidad de las normas y agilicen los procedimientos administrativos. Es necesario un pacto entre las administraciones para
reducir la fragmentación normativa y garantizar la coherencia y claridad de la regulación con el objetivo de recuperar la confianza de los agentes económicos, impulsar el crecimiento y garantizar un futuro próspero para nuestro país.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar un Plan Nacional de Simplificación Normativa, en línea con los objetivos establecidos (i) en la Brújula de la Competitividad para la Unión Europea; (ii) en el Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2026; (iii) y en la
Comunicación sobre “Mejora de la Legislación y aplicación normativa”, que reduzca de forma efectiva el

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volumen regulatorio y fije objetivos cuantificables de reducción de cargas administrativas equivalentes, al menos, al 25 % con carácter general y al 35 % para las pymes.


2. Realizar un inventario exhaustivo del derecho estatal vigente con el objetivo de identificar las normas derogadas tácitamente o que hayan perdido vigencia y, en consecuencia, aprobar una norma global de derogación expresa y de
declaración de pérdida de vigencia de toda aquella normativa que se haya identificado como obsoleta, siguiendo el ejemplo de los diferentes paquetes ómnibus de simplificación normativa presentados por la Comisión Europea.


3. Establecer un límite a la producción normativa mediante al menos la aplicación del principio «una norma nueva, tres normas derogadas» que la Comisión Europea viene aplicando desde 2022, en línea con los principios europeos de mejora
regulatoria y simplificación administrativa, garantizando que el ordenamiento jurídico se mantenga estable y coherente, y estudiando la viabilidad de avanzar progresivamente hacia un enfoque «una norma nueva, una norma derogada» en la línea de la
posición expresada mayoritariamente por ef Parlamento Europeo en su votación de 22 de enero de 2026.


4. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas un Plan de Acción para la Simplificación y Depuración Normativa que siga el modelo anunciado por la Comisión Europea en su Comunicación del 28 de abril de 2026, destinado a revisar
incoherencias, solapamientos, duplicidades e ineficiencias entre administraciones y a fomentar la consolidación de la legislación en los sectores estratégicos más fragmentados.


5. Simplificar los procedimientos administrativos y de contratación pública, eliminando trabas burocráticas innecesarias y agilizando la ejecución de inversiones, especialmente aquellas financiadas con fondos europeos.


6. Revisar el Real Decreto 931/2017, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, con el objetivo de mejorar la calidad de la regulación y reforzar los mecanismos de análisis y evaluación de impacto normativo,
incorporando metodologías que se encuentren en línea con las nuevas herramientas de consulta puestas en marcha por la Comisión Europea, como los “reality checks” o los “implementation dialogues”.


7. Fomentar la cultura de la evaluación y simplificación normativa en las administraciones públicas, mediante la formación de empleados públicos y la adopción de buenas prácticas en la redacción legislativa.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2026.—Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra, Pedro Puy Fraga, José Enrique Núñez Guijarro, José Vicente Marí Bosó, Pedro Muñoz Abrines, Álvaro Pérez
López, Carmelo Barrio Baroja, María Pilar Alía Aguado, Félix de las Cuevas Cortés, Alfonso Carlos Macías Gata, Santi Rodríguez Serra, Carlos Simarro Vicens y Macarena Montesinos de Miguel, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000792


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al compromiso de los partidos
políticos con representación parlamentaria con los valores democráticos europeos y la transparencia e independencia en sus vínculos internacionales, para su debate en Pleno.

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Exposición de motivos


La Unión Europea atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia reciente. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ha recordado a los ciudadanos europeos que la paz en el continente no es un estado permanente, sino un
logro que requiere ser activamente preservado por quienes ostentan responsabilidad pública.


Cabe destacar que la opinión pública española es clara en lo que respecta el europeísmo y el atlantismo: según el Barómetro del Real Instituto Elcano de mayo-junio de 2025, el 75 % de los españoles cree que Europa debe seguir enviando apoyo
militar a Ucrania, y el 85 % apoya la permanencia en la OTAN. Asimismo, una encuesta de GAD3 para Mediaset España de febrero de 2025 sitúa a Vladimir Putin con una valoración inferior a 2 puntos sobre 10 entre los ciudadanos españoles. Estos datos
reflejan un consenso social sólido y transversal que las instituciones tienen la obligación de recoger y trasladar al ámbito europeo.


En este contexto, la cohesión y autonomía democrática de las instituciones europeas constituye un activo estratégico de primer orden. Cualquier quiebra de esa cohesión —ya sea por acción, por omisión o por la existencia de vínculos no
declarados entre actores políticos europeos y potencias extranjeras que actúan en contra de los intereses de la Unión— representa una amenaza para el conjunto de los ciudadanos europeos y, por tanto, también para los españoles.


Adicionalmente, la Unión ha detectado campañas de manipulación e injerencia de información procedente del extranjero (FlMl), que suelen tener como objetivo socavar los procesos democráticos en Europa y afectar negativamente a los valores,
procedimientos y procesos políticos democráticos europeos.


Asimismo, las instituciones europeas han trasladado en los últimos meses una preocupación creciente por la integridad de los procesos de deliberación interna en el seno de los órganos de la UE, y por la posibilidad de que determinados
vínculos políticos o estratégicos entre partidos con representación institucional y terceros Estados no democráticos y abiertamente hostiles a la Unión comprometan la seguridad y la confidencialidad de dichos procesos. La Comisión Europea ha
manifestado públicamente que este tipo de situaciones son «profundamente preocupantes» y ha reclamado transparencia y rendición de cuentas a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas, incluidas las obligaciones relativas
a donaciones, contribuciones, recursos autogenerados y el uso de la financiación con cargo al presupuesto general de la Unión Europea o a cualquier otra fuente, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2025/2445 de 26 de noviembre de
2025.


En este marco, resulta pertinente que el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre la necesidad de garantizar que los partidos políticos con representación parlamentaria en España —y sus familias políticas europeas— actúen con plena
transparencia e independencia respecto de sus vínculos internacionales, y que ninguna relación de cooperación, coordinación o alineamiento estratégico con Estados o regímenes hostiles y que vulneran los valores democráticos europeos pueda
desarrollarse al margen del escrutinio público y de las instituciones.


La pertenencia a un grupo parlamentario europeo no es un dato organizativo menor: implica cooperación política, financiación compartida con fondos públicos de la Unión, coordinación estratégica y representación común ante los ciudadanos de
toda Europa. Los electores españoles tienen derecho a conocer en qué marco internacional se inscriben los partidos a los que otorgan su voto.

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Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Implementar las medidas preventivas y de respuesta que se pongan en marcha por parte de la Unión Europea para hacer frente de manera eficaz a las amenazas procedentes de actores estatales o no estatales extranjeros.


2. Solicitar formalmente a la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF) que active los mecanismos de verificación previstos en el Reglamento (UE, Euratom) 2025/2445, respecto de aquellos
partidos políticos europeos, grupos o fundaciones cuyos miembros hayan sido objeto de investigación o señalamiento por parte de las instituciones europeas por mantener vínculos con potencias u organizaciones que representan una amenaza para la
seguridad, los valores y principios del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea o la integridad de la Unión, y que informe a esta Cámara del resultado de dicha solicitud.


3. Trasladar a las instituciones europeas competentes la preocupación de esta Cámara por las informaciones, reconocidas por la propia Comisión Europea como «profundamente preocupantes», relativas a posibles filtraciones de información
confidencial en el seno de los órganos de la UE a potencias hostiles extranjeras, y expresar el respaldo de España a los mecanismos de investigación y rendición de cuentas que dichas instituciones consideren procedentes.


4. Apoyar, en el marco de la Unión Europea y del Consejo de Europa, el desarrollo de mecanismos que garanticen que los partidos, grupos políticos y fundaciones políticas europeas que reciben financiación pública de las instituciones de la
Unión cumplen efectivamente con el compromiso de respetar los valores democráticos, el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos europeos consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y que dicho compromiso es incompatible
con relaciones de cooperación política con regímenes y organizaciones hostiles o que vulneran esos valores.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.—Milagros Marcos Ortega, Carlos Rojas García, Carlos Javier Floriano Corrales, Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Álvaro Pérez López y Macarena Montesinos de Miguel,
Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000793


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa del transporte
en España ante los incumplimientos de la Ley de Movilidad Sostenible, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos


España atraviesa en la actualidad una preocupante degradación democrática e institucional derivada de una forma de gobernar en la que el cumplimiento de las obligaciones legales ha dejado de considerarse un deber exigible para convertirse en
una cuestión subordinada al interés político del momento.

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El Gobierno de España incumple de manera reiterada mandatos constitucionales y legales, normaliza la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado, principal instrumento de la acción política y económica de cualquier Gobierno,
bloquea iniciativas legislativas aprobadas para su tramitación mediante prórrogas indefinidas de los plazos de enmiendas y acumula retrasos en obligaciones normativas, planes y desarrollos reglamentarios impuestos por las propias leyes.


Se consolida así una dinámica institucional en la que los plazos legales dejan de ser vinculantes, el control parlamentario pierde eficacia y el cumplimiento efectivo de la ley queda relegado frente a la conveniencia política del Gobierno.


En el ámbito del transporte y la movilidad, esta forma de actuar ha alcanzado una especial gravedad. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha negado reiteradamente las advertencias formuladas tanto por sectores profesionales y
técnicos, por organizaciones de usuarios, como por el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos parlamentarios acerca del progresivo deterioro de infraestructuras y servicios de transporte en España.


Advertencias relativas al abandono de la red estatal de carreteras y del envejecimiento del parque automovilístico; la desigualdad del acceso básico a las infraestructuras en muchas provincias de España; la supresión de horarios,
frecuencias y rutas en el transporte público regular de viajeros por carretera en el transporte estatal, en especial en la España rural; o la falta de financiación para la mejora de la eficiencia energética de los buques e infraestructuras
portuarias, y el desarrollo de tecnologías innovadoras, infraestructuras asociadas y combustibles alternativos sostenibles en el transporte marítimo.


Sin embargo, donde esta situación ha alcanzado su máxima gravedad ha sido en el ámbito ferroviario. El caos ferroviario se instaló gracias a un aumento exagerado de las incidencias, la proliferación de cientos de limitaciones temporales de
velocidad, se dispararon los precursores de accidentes, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de seguridad y mantenimiento adecuado de la misma.


El caos ferroviario se convirtió en una constante para millones de usuarios en toda España y el colapso llegó tras el fallecimiento de 47 personas en Adamuz y Gelida por negligencia grave, tras la falta de planificación y ausencia de
reacción por parte del Gobierno, más allá de negarlo o buscar culpables fuera para distraer y maquillar la situación real.


La Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible entró en vigor el 5 de diciembre de 2025 e incluyó a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y con el apoyo mayoritario de la Cámara, conformando una mayoría alternativa para elevar a rango de ley una
serie de medidas aprobadas y reclamadas en Proposiciones no de Ley y debates parlamentarios y esperadas por toda la sociedad española.


Muchas de ellas por la importancia y gravedad de la situación, tenían fecha clara para su cumplimiento, pero a día de hoy el plazo se ha cumplido y el Gobierno de España repite el mismo patrón, antidemocrático, no cumplir la Ley, y poner en
riesgo el transporte, la movilidad y la seguridad de muchos españoles.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata la primera fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para
solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad, tal y como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad
Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.

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2. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata la segunda fase del Plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para
solventar el resto de los problemas en la infraestructura, tras un proceso de diálogo con el sector y los grupos parlamentarios, tal y como establece el apartado 1 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber
incumplido el plazo legal del 5 de abril.


3. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes,
incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia, tal y como establece el apartado 2 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.


4. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras, que provoquen más de 20 minutos de retraso en un
trayecto ferroviario, tal y como establece el apartado 3 de la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de febrero.


5. Cumplir la Ley, y recuperar de manera inmediata los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de
retraso, del 50 % y al 100 % del importe, respectivamente, tal y como establece la disposición adicional trigesimoprimera de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 1 de enero.


6. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d,
incluso de ocasión o usados, tal y como establece la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley de Movilidad Sostenible, tras haber incumplido el plazo legal del 5 de marzo.


7. Cumplir la Ley, y aprobar, publicar y poner en marcha de manera inmediata el Plan de Convergencia para el acceso básico a la movilidad para este año 2026 para identificar y, planificar la corrección del desequilibrio territorial
existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, tal y como establece la disposición adicional trigésima tercera de la Ley de Movilidad Sostenible.


8. Cumplir la Ley, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional, tal y como
establece el apartado 3 del artículo 48 de la Ley de Movilidad Sostenible, así como incorporar en las nuevas licitaciones los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de
conectividad no atendidas por el Gobierno.


9. Cumplir la Ley, y publicar de manera inmediata las órdenes de convocatoria y puesta en marcha para garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo, en virtud de la cual, se regula la
financiación de un Plan nacional del transporte marítimo, financiado con los derechos recaudados al sector, y dirigido a la mejora de la eficiencia energética de los buques e infraestructuras portuarias, el desarrollo de tecnologías innovadoras,
infraestructuras asociadas y combustibles alternativos sostenibles, tal y como establece la disposición adicional trigésimo segunda de la Ley de Movilidad Sostenible.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2026.—Juan Bravo Baena, Héctor Palencia Rubio, José Vicente Marí Bosó, José Alberto Herrero Bono, Ana Martínez Labella, Cristina Teniente Sánchez, Francisco José Conde López y Juan Antonio
Rojas Manrique, Diputados.—Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.