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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 528, de 12/05/2026
cve: BOCG-15-D-528
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de mayo de 2026
Núm. 528
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000778
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para condenar los ataques contra instituciones académicas en contextos de conflictos bélicos ... (Página2)
162/000779
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la participación de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus+ y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad ... (Página3)
162/000780
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de las y los menores frente al sharenting con fines comerciales y la explotación económica de su imagen en entornos digitales ...
162/000783
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español ... (Página7)
162/000785
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la situación que atraviesan los presos políticos saharauis ... (Página9)
162/000787
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar el encaje de la inteligencia artificial en el sistema educativo analizando posibles beneficios y riesgos ... (Página11)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su
conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2026.P.A. La Secretaria General Adjunta para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, Ángeles González Escudero.
162/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para condenar los ataques contra instituciones académicas en contextos de
conflictos bélicos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 12 de marzo de 2026, un dron no tripulado del ejército israelí Impacto contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath, en el extrarradio de Beirut. Según las autoridades del Líbano, el bombardeo causó la
muerte del decano de la facultad, Dr. Hussein Bazzi, y del profesor Mortada Srour.
El presidente del país, Joseph Aoun, calificó el ataque como una «violación de las leyes y normas internacionales que prohíben atacar instituciones educativas y civiles». Este suceso no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en
una preocupante escalada de violencia que ha obligado a las autoridades libanesas a cerrar escuelas e instituciones de educación superior en el área de Beirut. Organizaciones humanitarias y analistas internacionales han advertido sobre la
repetición en el Líbano de tácticas ya vistas en Gaza, donde el sistema educativo ha sido devastado.
En paralelo, también hemos sido testigos de la muerte de al menos 175 personas, en su mayoría niñas, tras el bombardeo de una escuela de primaria femenina en Minab (Irán) el pasado 28 de febrero de 2026. La procedencia del ataque apunta a
la responsabilidad de Estados Unidos, que habría atacado la escuela por error.
Tal y como recordó el presidente libanés, los ataques contra instituciones académicas en el contexto de un conflicto armado vulneran normas esenciales del Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, cabe recordar que el artículo 52
del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra establece que los bienes civiles, entre los que se incluyen las instituciones educativas, no serán objeto de ataque, salvo que se estén utilizando para fines militares.
La comunidad internacional y el Derecho Internacional Humanitario establecen claramente el principio de distinción y la protección especial de la que gozan las instituciones civiles dedicadas a la educación. También el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2601, aprobada por unanimidad en 2021,
condena los ataques y amenazas contra escuelas, niños y niñas y personal docente. Asimismo, en la resolución se exhorta a las partes a salvaguardar el derecho a la educación y se insta a los Estados miembros a que formulen medidas
preventivas, así como estrategias y mecanismos de coordinación adecuados, para garantizar el acceso a la educación en conflictos armados en condiciones de seguridad.
España, como Estado firmante de los Convenios de Ginebra y miembro comprometido con la agenda de Naciones Unidas para la protección de la infancia y la educación en situaciones de conflicto, no puede permanecer impasible ante estos hechos.
Fiel reflejo del compromiso con la implementación de la Agenda 2030 es el esfuerzo realizado al trasladar estos objetivos tanto a las políticas públicas nacionales como a la acción exterior. Por ello, reivindica medidas que velen por el
cumplimiento del ODS 4 (Educación de calidad), 3 (Salud y bienestar), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). Asimismo, el pasado 16 de marzo de 2026, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las
Universidades Españolas (CRUE) manifestó su «profunda preocupación por el impacto devastador que los conflictos armados tienen sobre la educación, las comunidades académicas y la sociedad civil».
El Grupo Parlamentario Socialista se suma a la preocupación expresada por la comunidad académica y manifiesta su firme rechazo a la guerra perpetrada en Oriente Medio, cuyos efectos empiezan a ser devastadores para la población civil en
general y para la comunidad académica y científica en particular.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados condena los ataques contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath y contra la escuela de primaria femenina de Minab (Irán), así como cualquier ataque contra instituciones educativas o
académicas en contextos de conflictos armados.
Además, insta al Gobierno a:
1. Continuar exigiendo el respeto escrupuloso del Derecho Internacional y, particularmente, del Derecho Internacional Humanitario por todas las partes en conflicto, recordando la obligación de proteger las instituciones educativas o
académicas como bienes de carácter civil que no deben ser objeto de ataques ni de amenazas, salvaguardando el acceso a la educación.
2. Seguir promoviendo la adopción de medidas que garanticen la igualdad de acceso a la educación y la continuación de la educación en conflictos armados, reconociendo el papel esencial que esta tiene para las perspectivas de paz y
seguridad.
3. Instar a la contención de las partes y a la máxima moderación en el uso de la fuerza, respetando siempre la vida de la población civil, y optar por la salida diplomática y por el retorno a la mesa de negociaciones que frene la actual
escalada de confrontación, que sólo tiene efectos desestabilizadores con consecuencias globales devastadoras, como la única vía viable que conduzca a una paz duradera en la región.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2026.Roberto García Morís y Obdulia Taboadela Álvarez, Diputados.Javier Alfonso Cendón y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
participación de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus+ y en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Programa Erasmus+ constituye una de las principales iniciativas de la Unión Europea para promover la movilidad internacional y la cooperación en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, favoreciendo la mejora
de las oportunidades formativas, profesionales y personales de la ciudadanía europea.
Asimismo, el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) ofrece a la juventud la oportunidad de participar en proyectos de voluntariado, prácticas profesionales y empleo en actividades de carácter solidario, tanto dentro como fuera de su país de
origen. Su finalidad es fortalecer la cohesión, la inclusión social y la ciudadanía activa a través de experiencias transformadoras en beneficio de la comunidad.
Ambos programas han avanzado en la incorporación de criterios de equidad e inclusión, con medidas específicas dirigidas a las personas con discapacidad, tales como ayudas económicas para sufragar los costes adicionales derivados de sus
necesidades, como alojamiento adaptado, asistencia personal, transporte, materiales accesibles o atención médica especializada.
Con presupuestos robustos (26.000 millones de euros para Erasmus+ y más de 1.000 millones para el CES en el periodo 2021-2027), estas iniciativas facilitan la participación de miles de jóvenes europeos. No obstante, persisten importantes
brechas de acceso. Entre 2014 y 2020, solo 585 personas con necesidades especiales participaron desde España en Erasmus+, de las cuales menos de 200 tenían una discapacidad reconocida. A su vez, en el marco del CES, las cifras de participación de
jóvenes con discapacidad siguen siendo también muy reducidas.
En el ámbito universitario, por ejemplo, el 1,3 % del alumnado en España tiene alguna discapacidad, pero solo el 0,2 % de los beneficiarios del Programa Erasmus+ forman parte de este colectivo. Esta infrarrepresentación limita el acceso a
experiencias formativas y solidarias clave para la empleabilidad, la autonomía y la inclusión social. Según el SEPIE (Servicio Español para la Internalización de la Educación), participaren Erasmus+ incrementa un 25 % las posibilidades de encontrar
empleo, y los estudios del CES destacan el alto impacto que estas experiencias tienen en el desarrollo personal y social de la juventud participante.
Para mejorar esta situación se han implementado iniciativas como la Red Europea de Universidades Inclusivas, impulsada por Fundación ONCE, que busca fomentar la movilidad internacional de estudiantes con discapacidad mediante la creación de
una red de universidades comprometidas con la inclusión. Además, el SEPIE ofrece ayudas económicas específicas para estudiantes con discapacidad que participan en programas de movilidad internacional, con el objetivo de cubrir los costes
adicionales que puedan surgir debido a su discapacidad.
Proyectos europeos como INCLUDL Schools o Design2Freedom, impulsados por entidades como COCEMFE en cooperación con universidades y organizaciones sociales europeas, han evidenciado el enorme potencial de la colaboración entre el tercer
sector y el sistema educativo para avanzar en una movilidad internacional inclusiva y en una solidaridad accesible a todas las personas.
Aunque existen iniciativas como las mencionadas, es necesario un impulso adicional que garantice una participación efectiva, estable y acompañada para la juventud con discapacidad. Es necesario reforzar y visibilizar el acceso de las
personas con discapacidad a ambos programas europeos, mediante la creación de un cupo específico de plazas, acompañado de medidas que aseguren la accesibilidad, el acompañamiento y la participación plena de este colectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, ante las instituciones europeas competentes y en el marco de la planificación de los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, la creación de un cupo específico de plazas reservadas para personas con discapacidad
dentro de sus respectivas convocatorias de movilidad internacional y participación solidaria.
2. Seguir impulsando medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan participar en los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, entre las que se incluyan:
Ayudas económicas para hacer frente a los gastos vinculados con la falta de accesibilidad universal durante la participación en los programas Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, recurriendo, en su caso, al programa de ayudas
Reina Letizia del Real Patronato sobre Discapacidad.
Refuerzo, por parte de las administraciones competentes, del acompañamiento integral durante todo el proceso de participación, incluyendo apoyo emocional, orientación personalizada y seguimiento.
Garantía de accesibilidad universal en todos los procedimientos administrativos, canales de información y entornos de acogida.
Formación específica del personal académico, técnico y administrativo, tanto en las entidades de envío como en las de acogida, sobre inclusión, accesibilidad y atención a la diversidad.
3. Reforzar, en coordinación con las comunidades autónomas, universidades, organizaciones juveniles y entidades sociales, las campañas de información y sensibilización dirigidas específicamente a estudiantes y jóvenes con discapacidad, para
promover su acceso a Erasmus+ y al Cuerpo Europeo de Solidaridad.
4. Estudiar, por parte de las administraciones competentes, la creación de incentivos específicos para las instituciones, organizaciones y entidades del tercer sector que desarrollen programas de movilidad internacional y participación
solidaria inclusivos, mediante instrumentos como financiación adicional, reconocimiento institucional o prioridad en convocatorias futuras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.Olvido de la Rosa Baena, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de las y los menores frente al sharenting con fines comerciales
y la explotación económica de su imagen en entornos digitales, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La protección de la infancia y la adolescencia ha sido siempre una seña de identidad del proyecto socialista. Una sociedad justa y cohesionada se construye garantizando que niños, niñas y adolescentes crezcan protegidos, con derechos
efectivos y en igualdad de
oportunidades. En un contexto de profunda transformación digital, este compromiso exige actualizar las políticas públicas para responder a nuevas formas de vulnerabilidad que afectan directamente a la infancia.
Desde una perspectiva de protección integral, es imprescindible seguir reforzando las políticas públicas que sitúan a la infancia en el centro, garantizando su bienestar, su desarrollo pleno y el respeto a su dignidad en todos los ámbitos de
su vida, incluidos los entornos digitales, abordando los retos que la digitalización plantea a los derechos de la infancia.
Las redes sociales forman parte del entorno cotidiano de millones de menores y de sus familias. En este contexto, se ha extendido el fenómeno conocido como sharenting, consistente en la difusión por parte de progenitores o tutores legales
de imágenes, vídeos o información personal de menores en plataformas digitales. Cuando esta práctica se vincula a procesos de monetización, colaboraciones publicitarias o generación de ingresos directos o indirectos, adquiere una dimensión
especialmente preocupante desde la óptica de los derechos de la infancia.
El sharenting con fines comerciales puede dar lugar a situaciones de explotación económica de la imagen del menor, al convertir su vida cotidiana, su intimidad y su identidad digital en un recurso económico. Esta exposición temprana y
continuada puede afectar negativamente a su derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de sus datos personales, generando además una huella digital involuntaria, persistente y difícilmente reversible, cuyas consecuencias pueden
acompañar al menor durante toda su vida adulta.
Desde una perspectiva de infancia, resulta esencial subrayar que niños, niñas y adolescentes no cuentan con la madurez necesaria para comprender el alcance, la permanencia y los efectos futuros de su exposición en entornos digitales
globales. Por ello, el principio del interés superior del menor debe prevalecer siempre sobre cualquier interés económico o de notoriedad, incluso cuando este se produzca en el ámbito familiar.
Es probable que muchas familias no actúen desde la intencionalidad de dañar, sino desde la normalización social de estas prácticas en un ecosistema digital que evoluciona más rápido que la regulación. Por este motivo, las respuestas
públicas deben combinar protección, prevención, acompañamiento y sensibilización, evitando enfoques exclusivamente punitivos y apostando por un marco normativo claro, garantista y con vocación pedagógica.
En este sentido, el Gobierno está desarrollando un buen trabajo para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales, así como los avances ya impulsados en materia de derechos digitales y protección de
datos. No obstante, el crecimiento del sharenting con fines comerciales y de la actividad de menores como creadores de contenido pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando y concretando este marco, especialmente en lo relativo a la
prevención de la explotación económica de la imagen infantil y a la corresponsabilidad de los distintos actores implicados.
Es necesario impulsar iniciativas que refuercen la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, anticipándose a los riesgos y garantizando que la economía digital no se desarrolle a costa de su bienestar presente ni de su
futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a:
1. Trabajar y estudiar la creación de un marco jurídico específico para la actividad económica de menores en redes sociales, que garantice:
La primacía del interés superior del menor.
Límites claros a la utilización de su imagen y de su vida cotidiana con fines comerciales.
Mecanismos de autorización y supervisión administrativa adaptados a la protección de la infancia.
La protección efectiva, transparente y garantista de los ingresos generados a nombre del menor.
2. Estudiar el establecimiento de salvaguardas expresas frente a cualquier forma de explotación económica del menor, evitando que su imagen, su intimidad o su identidad digital se conviertan en una fuente de ingresos sin control público ni
garantías suficientes para su desarrollo integral.
3. Garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar de forma progresiva en las decisiones que afecten a su presencia digital, de acuerdo con su edad y grado de madurez, asegurando que su voluntad sea escuchada y respetada.
4. Trabajar, en el marco europeo, para avanzar en la corresponsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la infancia, especialmente en la identificación, limitación y control de la monetización de contenidos protagonizados
por menores, así como en la retirada ágil de aquellos que vulneren sus derechos.
5. Impulsar campañas de sensibilización y formación dirigidas a familias, profesionales de la infancia y a la ciudadanía, sobre los riesgos del sharenting con fines comerciales, la identidad digital infantil y los derechos de niños, niñas y
adolescentes en los entornos digitales.
6. Fomentar la cooperación institucional y el diálogo social, incorporando a personas expertas, organizaciones especializadas en infancia y adolescencia y a niños, niñas y adolescentes en el diseño de políticas públicas qué les afectan.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.Olvido de la Rosa Baena, Diputada.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
El deporte, en cualquiera de sus múltiples disciplinas, siempre ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Lo es porque, además de considerarse una fuente de salud física y mental, su práctica conlleva un
enriquecimiento personal a muchos niveles. La disciplina, el afán de autosuperación, la necesidad para mejorar comunicativamente con el fin de conseguir objetivos comunes, el respeto al rival... Son ejemplos de que la práctica de un deporte nos
moldea y nos educa. Por tanto, como elemento educativo, debemos asegurarnos de que la igualdad y la inclusión también son unos de sus pilares.
Los discursos de odio en el deporte son una problemática estructural con un impacto creciente. El deporte español, y en particular el fútbol, se ha convertido en un espacio donde se reflejan con intensidad diversas formas de discurso de
odio presentes en la sociedad. Los datos más recientes (2025-2026) muestran que este fenómeno no solo persiste, sino que adopta nuevas formas, especialmente a través de las redes sociales.
En el ámbito digital, se han detectado más de 33.000 mensajes de odio vinculados al fútbol en una sola temporada, dirigidos principalmente a deportistas. Este volumen se enmarca dentro de una realidad más amplia: en España se registraron
cerca de 779.000 contenidos de odio racista o xenófobo en redes sociales en 2025, de los cuales apenas el 51 % fueron eliminados. Estas cifras evidencian que el entorno digital actúa como un amplificador del odio, con una capacidad de difusión que
supera los mecanismos actuales de control.
Además, el odio no se distribuye de manera homogénea. Se concentra especialmente en figuras jóvenes, racializadas y altamente expuestas mediáticamente. Este patrón revela que el discurso de odio no es solo un fenómeno deportivo, sino
también social, vinculado a prejuicios estructurales como el racismo o la xenofobia.
En los estadios, la situación tampoco es ajena a esta realidad. Persisten cánticos ofensivos, insultos colectivos y manifestaciones de odio hacia equipos o jugadores, lo que demuestra que la violencia simbólica sigue normalizada en
determinados contextos deportivos. Estos comportamientos no se limitan al deporte profesional, sino que también se reproducen en el deporte base, donde se han documentado insultos racistas directos a menores, lo que resulta especialmente
preocupante por su impacto formativo.
En este contexto general, la situación de las mujeres en el deporte merece una atención específica. Los datos muestran que las denuncias por misoginia y sexismo han aumentado un 67 % en la última temporada, representando ya una proporción
significativa de los casos registrados. A diferencia de los hombres, que reciben principalmente ataques vinculados a la rivalidad deportiva, las mujeres son objeto de un discurso de odio de carácter estructural, que incluye sexualización,
deslegitimación de sus logros y cuestionamiento de su presencia en el deporte.
Este fenómeno se ve agravado por desigualdades persistentes. Aunque las mujeres representan cerca del 42 % del deporte de alto nivel en España, su presencia en puestos técnicos o de liderazgo sigue siendo limitada, y su visibilidad
mediática continúa siendo inferior. Esta combinación de mayor exposición y desigualdad genera un efecto de reacción negativa, que se traduce en un aumento del odio.
Asimismo, el impacto es especialmente significativo en el deporte base, donde las adolescentes abandonan la práctica deportiva en una proporción muy superior a la de los chicos. Factores como el ambiente hostil, la falta de referentes y la
presión social contribuyen a este abandono, lo que perpetúa la desigualdad en etapas posteriores.
En definitiva, el discurso de odio en el deporte español presenta características claras: es masivo en redes sociales, visible en espacios físicos como los estadios, y estructural en el caso de las mujeres y los colectivos vulnerables como
las personas racializadas.
Históricamente, muchas de estas conductas han sido toleradas o minimizadas bajo la idea de que forman parte de la «pasión» deportiva. Sin embargo, los datos actuales muestran un cambio de paradigma: existe una mayor conciencia social e
institucional sobre la gravedad del problema, así como avances en su monitorización y denuncia.
Aun así, estos avances conviven con una realidad persistente. El descenso puntual de algunos indicadores no oculta que el discurso de odio sigue profundamente arraigado en dinámicas culturales, sociales y digitales. En particular, la
creciente visibilidad del deporte femenino ha puesto de manifiesto formas de odio previamente invisibilizadas, evidenciando que la igualdad formal no implica necesariamente igualdad real.
Combatir el discurso de odio en el deporte español no es solo una cuestión disciplinaria, sino un reto social que exige una acción coordinada entre instituciones, entidades deportivas, plataformas digitales y ciudadanía. Solo mediante un
enfoque integral será posible transformar el deporte en un espacio verdaderamente inclusivo y respetuoso.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a tomar medidas para combatir los discursos de odio en el deporte español a través de las siguientes propuestas:
1. Refuerzo del trabajo de la Comisión estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, con la aplicación efectiva y homogénea de sanciones en casos de racismo, misoginia u otros discursos de odio y con
una mayor implicación de los órganos disciplinarios y judiciales.
2. Regulación y responsabilidad de plataformas digitales, promoviendo, dentro del ámbito de sus competencias, protocolos de actuación con medios de comunicación, empresas tecnológicas y de internet, frente al contenido de odio, reforzando
así el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación, estableciendo, dentro de los márgenes que permite la armonización operada por el Derecho de la Unión Europea, obligaciones más estrictas para redes sociales y
mejorando los sistemas de detección mediante inteligencia artificial, asegurando su supervisión en todo momento y evitando la automatización y el sesgo algorítmico.
3. Educación y prevención, impulsando programas educativos en deporte base sobre igualdad, respeto y diversidad y fortaleciendo la formación específica para personal docente, técnico, arbitral y de juzgamiento, y personal deportivo.
4. Protección de víctimas, reforzando los protocolos claros de denuncia y acompañamiento y los programas existentes de apoyo psicológico y legal a deportistas afectados.
5. Promoción de la igualdad en el deporte femenino. Seguir avanzando en todos los ámbitos para dotar de mayor visibilidad mediática al deporte femenino, realizando campañas de impulso para fortalecer la presencia de mujeres en puestos
técnicos y de liderazgo según marca ya la legislación española en esta materia y lanzando campañas contra la sexualización y deslegitimación de la mujer en el deporte.
6. Intervención en estadios, continuando con el refuerzo de los protocolos inmediatos ante cánticos o conductas de odio en las distintas instalaciones y eventos deportivos, impulsando medidas que permitan la pronta identificación y sanción
de responsables y realizando campañas de sensibilización dirigidas a aficiones, clubes y federaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.Amador Marqués Atés, Diputado.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000785
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación que atraviesan los presos
políticos saharauis, para su debate en Pleno.
Durante cinco décadas, organismos internacionales, mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos han documentado un patrón continuado de represión sistemática del Reino de Marruecos contra la población civil saharaui, en
particular contra quienes defienden de forma pacífica el derecho de autodeterminación. Lejos de tratarse de hechos aislados, las evidencias apuntan a la existencia de prácticas estructurales que podrían constituir graves violaciones de los Derechos
Humanos.
Según los informes más recientes de las familias de los presos políticos y de la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes (LPPS), el grupo Gdeim Izik sigue sufriendo duras condiciones de detención,
caracterizadas por el aislamiento en celdas individuales, los malos tratos y las restricciones sistemáticas a derechos fundamentales como la atención sanitaria y las visitas familiares. En los últimos meses, estas violaciones se han intensificado,
provocando un grave deterioro de la salud física y mental de los detenidos.
Se trata de una represión sistemática, la cual se incrementa de manera considerable dependiendo de los acontecimientos políticos que se produzcan en relación con el contexto de ocupación del Sahara Occidental y/o las fechas señaladas para el
pueblo saharaui.
Todos los presos civiles del grupo Gdeim Izik sufren una grave debilitación de la vista debido a la falta de exposición a la luz solar, las malas condiciones sanitarias y de ventilación durante los reconocimientos médicos, así como a los
castigos derivados del aislamiento.
La reducción de las visitas familiares durante el último año responde a medidas de represalia, que incluyen insultos durante las visitas, demoras, registros humillantes y la prohibición de introducir efectos personales. El factor económico
también es relevante debido a la lejanía de los centros penitenciarios, los altos costes de desplazamiento y las restricciones económicas que sufren las familias.
No se dispone de información suficiente sobre algunos presos porque la administración penitenciaria rechaza las solicitudes de visita de familiares no directos, exigiendo que el visitante sea padre, madre, hermano o hermana, mientras que sus
familias se encuentran en campamentos de refugiados o en Europa, como es el caso de Naama Asfari, Mohamed Tehlil, Mohamed Mbarek Lafkir y otros.
Concretamente, en relación con las condiciones de detención en que se encuentran los presos saharauis, podría señalarse:
1. Aislamiento sistemático y acoso.
Los miembros del grupo siguen «distribuidos en varias prisiones marroquíes» (Kenitra, Tiflet, Ait Melloul, Tan-Tan, Marrakech, etc.), lo que dificulta la comunicación con sus familias y agrava su sufrimiento psicológico y social.
Las administraciones penitenciarias siguen imponiendo el «aislamiento en celdas individuales» a algunos presos, impidiendo cualquier interacción entre ellos y multiplicando los efectos de este aislamiento. Por ejemplo, Mohamed Bourial, no
ha podido ver a sus compañeros durante más de cinco años, ya que sale al patio en un horario diferente al del resto de los reclusos para impedir cualquier contacto entre ellos.
2. Privación de derechos fundamentales
Los presos enfrentan restricciones crecientes en cuanto a las visitas familiares, cuyas solicitudes son a menudo rechazadas o sometidas a condiciones arbitrarias.
Las comunicaciones telefónicas son muy limitadas, interceptadas y, en ocasiones, son cortadas sin justificación.
Las administraciones penitenciarias aplican una política sistemática de acoso mediante la «confiscación de efectos personales», como libros y ropa.
Con respecto a su situación sanitaria, las denuncias se han centrado en las siguientes cuestiones:
1. Negligencia médica sistemática
Muchos miembros del grupo padecen enfermedades crónicas, pero «no reciben el tratamiento necesario», lo que provoca un grave deterioro de su estado de salud.
Las administraciones penitenciarias se niegan a trasladar a los detenidos a hospitales especializados, incluso en casos graves, limitándose a administrar analgésicos sin un tratamiento efectivo.
2. Deterioro de la salud debido a las condiciones en que se encuentran
Las familias que han logrado visitarles confirman un «grave deterioro de la salud física y mental» de los presos.
Con relación al régimen de visitas, desde noviembre de 2024, muchos detenidos no han podido ver a sus familias debido a la «negativa de las autoridades a conceder los permisos de visita».
Y por último, es importante poner toda la atención sobre la huelga de hambre indefinida iniciada por los estudiantes y presos políticos saharauis, Brahim Babeit y Salah-Eddine Sabbar, en la cárcel de Ait Melloul (Marruecos) para denunciar y
protestar por sus condiciones de detención y exigir dignidad.
Habida cuenta de la grave situación, el Gobierno de España debería intervenir en aras de contribuir a la defensa de los derechos humanos de la población civil saharaui, especialmente de las personas privadas de libertad por motivos
políticos.
Esta actuación resultaría coherente con el posicionamiento mantenido por el Gobierno en defensa de la aplicación y respeto del Derecho Internacional en otros contextos.
Por lo anterior, ante las graves vulneraciones de derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental ocupado por el Reino de Marrueco y alarmante situación agravada durante los últimos años y, particularmente, considerando la posición
de España como potencia administradora del territorio del Sahara Occidental, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
Denunciar por los cauces oportunos la situación en la que se encuentran los presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos, exhortando su liberación inmediata y, en todo caso, a garantizar un proceso justo y unas condiciones dignas
durante su detención, de conformidad con lo establecido por el Derecho Internacional, garantizando, entre otras cuestiones, los derechos fundamentales, el fin del aislamiento en celdas individuales y la debida atención sanitaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2026.Gerardo Pisarello Prados y Teslem Andala Ubbi, Diputados.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
162/000787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el encaje de la inteligencia artificial en el sistema educativo
analizando posibles beneficios y riesgos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo y su influencia se extiende prácticamente a todos los
ámbitos de nuestra vida. Desde la atención médica, la agricultura, los transportes o el entretenimiento y a veces de forma inadvertida y sin que seamos conscientes de que la estamos utilizando. Sin embargo, el avance de la IA también
plantea retos y desafíos y no menores, preocupaciones éticas y también temores sobre su impacto en el empleo y la desigualdad. Creemos que sería irresponsable no abordar estos dilemas porque es nuestro deber asegurarnos de que esta tecnología se
utilice para el beneficio de todos y todas; y con especial atención su uso en el ámbito educativo.
La irrupción de la IA está propiciando un cambio de paradigma con nuevas herramientas en las que parece ser posible delegar tareas complejas que antes eran exclusivamente resueltas por la inteligencia humana.
Los expertos no son tajantes en sus soluciones: nos instan a debatir, analizar con rigor y sopesar los beneficios y los posibles riesgos que el uso de la IA en la educación puede suponer. Pero este debate no es abstracto. Debe centrarse
en cuestiones concretas: la dotación material a los centros, la formación del profesorado y de las familias, la metodología, la evaluación y los límites éticos y su regulación y siempre con el mismo objetivo: mejorar la educación de todos.
Las herramientas basadas en la IA generan textos, audios, imágenes, vídeos..., pero en la actualidad el contenido almacenado esta predominantemente en inglés. Por eso, España está impulsando el desarrollo de un modelo en español y en las
lenguas cooficiales, para ampliar su campo de actuación.
Las potencialidades de la IA son enormes: puede personalizar la educación atendiendo así mejor a la diversidad en el aprendizaje; favorecer la inclusión del alumnado con necesidades especiales y específicas y el aprendizaje a lo largo de
la vida; también puede aumentar la eficiencia docente generando materiales, reduciendo tareas administrativas y facilitando la corrección y la evaluación; y, además, también puede impulsar la investigación educativa y la formación de equipos
docentes y directivos de los centros educativos.
Ahora bien, frente a estas potencialidades, también existen una serie de riesgos que deben mitigarse, como pueden ser: amenazas para la integridad académica mediante trabajos generados por la IA sin la debida transparencia; introducir
sesgos en modelos y datos que pueden reproducir o agravar determinadas desigualdades; aumentar la brecha digital si el acceso no es equitativo; problemas en la protección, privacidad y custodia de datos, sobre todo cuando afectan a menores de
edad; y finalmente, el coste energético y el impacto ambiental que está provocando el uso de esta tecnología.
La realidad es que todavía hay incertidumbres sobre la IA y su uso en educación y faltan estudios sistemáticos, pero es cierto que el ámbito educativo es especialmente sensible a los cambios que inevitablemente traerá esta tecnología; y es
precisamente por ello por lo que debemos debatir qué marco de utilización sería más adecuado y necesario, combinando innovación con garantías y con un uso que redunde positivamente tanto para el alumnado como para el profesorado.
No obstante, la inteligencia artificial ya se está empezando a integrar en áreas como la personalización del aprendizaje, la tutoría virtual, la automatización de tareas administrativas, el análisis de datos o el desarrollo de recursos
educativos; pero ello debe ir acompañado de cambios en la metodología y en la evaluación.
Hay que recordar que la IA ya se incluye, actualmente, en los currículos oficiales a través del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria,
desarrollándose formaciones específicas para dotar al profesorado de las herramientas necesarias ante este nuevo cambio. Áreas en las que se está mostrando una mayor potencialidad en la actualidad.
Pero al tratarse de una tecnología relativamente reciente en las aulas de nuestro país, todavía no se dispone de evidencia científica. Por ello, el uso de la IA de manera efectiva y segura necesita una alfabetización para comprender sus
riesgos y limitaciones, necesita una regulación multinivel que proteja a usuarios y finalmente se
necesita también que los generadores de IA cumplan con esas regulaciones y los principios éticos.
Conscientes de que debemos actuar siempre de manera responsable, sobre todo en el ámbito educativo, y guiándonos en todo momento por el principio de precaución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Propiciar un debate sobre el encaje de la IA en el sistema educativo en el seno de un grupo de trabajo específico, promovido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el concurso de expertos educativos,
comunidades autónomas, profesorado, familias y alumnado.
2. La elaboración de un informe a partir de ese debate que será dado a conocer a nivel educativo, social y político.
3. Impulsar una IA responsable, ética y de calidad que redunde en favor de la mejora educativa de todo el alumnado y en la mejora de la eficiencia y condiciones de trabajo del profesorado.
4. Cooperar con las Administraciones educativas en el desarrollo y uso de herramientas educativas de IA en las lenguas cooficiales, cuidando su calidad e incluyendo la participación de responsables lingüísticos y educativos de las
diferentes Comunidades Autónomas donde se hablan dichas lenguas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2026.María Luisa García Gurrutxaga y María Luz Martínez Seijo, Diputadas.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.