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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 527, de 08/05/2026
cve: BOCG-15-D-527
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de mayo de 2026
Núm. 527
ÍNDICE
Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerzade Ley
REALES DECRETOS-LEYES
130/000039
Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.
Derogación ... (Página3)
130/000040
Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte.
Convalidación y tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia ... (Página7)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000745
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España.
Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmienda formulada ... (Página7)
162/000756
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía.
Enmienda ... (Página8)
Aprobación ... (Página9)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000197
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes referida a la política del Gobierno en materia educativa ... (Página10)
172/000198
Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno ... (Página10)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000167
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto de la crisis generada
por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página11)
Aprobación con modificaciones ... (Página18)
173/000168
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas.
Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página19)
Aprobación ... (Página22)
173/000169
Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura.
Texto de la moción y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página22)
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
REALES DECRETOS-LEYES
130/000039
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, dicho Real Decreto-ley fue sometido a debate y votación de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de hoy, en la que se acordó su derogación.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
REAL DECRETO-LEY 8/2026, DE 20 DE MARZO, DE MEDIDAS EN EL ALQUILER EN RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA DE IRÁN
I
Nuestro país se encuentra inmerso en una crisis de vivienda que podría agravarse sustancialmente como consecuencia de la guerra de Irán. El Banco Central Europeo prevé que la guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo
debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía.
Al igual que en el contexto del impacto de la guerra en Ucrania, es necesario activar medidas preventivas que aporten estabilidad y seguridad económica a las familias desde estadios iniciales. En concreto, en 2026, se producirá la finalización de
la vigencia de miles de contratos firmados durante los últimos años. A ello se añade el aumento acumulado, en el conjunto del Estado, del precio ofertado del alquiler.
Además, esta situación se agrava por la negativa de muchas comunidades autónomas a declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado y con ello a aplicar las medidas de control de precios y de prórroga de contratos previstas en la Ley
12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
En ese contexto, resulta necesario tomar medidas extraordinarias y urgentes para evitar que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos
medios o de la renta media de los hogares.
En ese contexto, el presente real decreto-ley articula una prórroga extraordinaria por un máximo de dos años para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes en la fecha de su entrada en vigor y cuya finalización esté
prevista para antes del 31 de diciembre de 2027, preservando sus términos y condiciones esenciales, sin perjuicio de los supuestos legalmente previstos de recuperación por necesidad.
Por otra parte, ante el impacto sobre la evolución de los precios de los alquileres en un contexto de precios tensionados, se hace preciso adoptar medidas para evitar, en el marco de un mismo contrato, un excesivo impacto en las personas y
hogares arrendatarios de vivienda, por lo que se considera necesario establecer una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2027, de forma que, en defecto de acuerdo entre las partes, la actualización de la renta no pueda superar el 2%, lo que ofrece una evolución sujeta a
una mayor estabilidad, en el contexto actual. En el caso particular de que el arrendador de la vivienda sea un gran tenedor, el límite del 2% a la actualización aplicará en todo caso, exista o no acuerdo entre las partes.
Esta modificación responde a razones de urgencia y necesidad en un contexto de inestabilidad derivado de la guerra de Irán, que puede alterar coyunturalmente la adecuación de los índices o referencias aplicables a la actualización anual de
la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda.
II
El presente real decreto-ley se estructura en dos artículos y dos disposiciones finales.
El artículo 1 dispone la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
El artículo 2 regula una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
Por último, las disposiciones finales primera y segunda recogen el título competencial en virtud del que se dicta la norma y el régimen de entrada en vigor de la misma, respectivamente.
III
Concurren en las medidas y actuaciones que integran este real decreto-ley, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuesto
habilitante para la aprobación de este tipo de normas.
El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes en caso de urgente y extraordinaria necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que esa situación de extraordinaria y urgente necesidad puede deducirse «de una pluralidad de elementos», entre ellos, «los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la
norma» (STC 6/1983, de 4 de febrero). Por su parte, entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita el empleo del real decreto-ley y las medidas contenidas en él debe existir una «relación directa o de congruencia».
La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión
se traduce en una ordenación de prioridades políticas de actuación. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este
instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la
adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Por ello, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (SSTC 6/1983, de 4 de
febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ 3), subvenir a una
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la
tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
Para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia del Alto Tribunal exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para
su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (SSTC 29/1982, de
31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4, 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).
Así, el presupuesto habilitante encuentra su legitimidad en la necesidad de abordar sin dilación una respuesta al grave impacto económico que está originando el conflicto en el Golfo Pérsico, con todas las implicaciones que ello supone. Se
trata de una coyuntura para la cual no se espera una salida a corto plazo, lo que conllevará la afectación prolongada de hogares y, en particular, de las y los arrendatarios, si no se adoptan medidas que aporten seguridad a las familias y, en
relación a la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, del hecho de que los índices o referencias aplicables a dicha actualización se verán sometidos a las turbulencias derivadas
del incremento de los precios energéticos que ha producido la guerra de Irán, singularmente en el caso del Índice de Precios al Consumo, de forma que, como ya ocurrió en el caso de la guerra de Ucrania, tales referencias dejarán de ser, de manera
coyuntural, adecuadas para la aplicación de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda, y ello exige adoptar medidas con carácter urgente.
IV
Concurren en este real decreto-ley, además, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se da debido cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el interés general en el que se fundamenta las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución y
objetivos. La norma además resulta acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible y mínima para lograr los objetivos descritos. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, por cuanto es
coherente y se inserta dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico.
En cuanto al principio de transparencia, si bien la tramitación de una norma como es el real decreto-ley está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se definen claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la memoria que lo acompaña.
Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en la regla 8.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, de la Ministra de
Vivienda y Agenda Urbana y del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de marzo de 2026,
DISPONGO:
Artículo 1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
1. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga
obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027, o finalice el periodo de prórroga tácita previsto en los artículos 10.1 y 10.2, se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por
plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros
términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3, la necesidad de ocupar la vivienda. La prórroga
extraordinaria regulada en este artículo es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que, en su caso, se aplicará con carácter preferente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente.
Artículo 2. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del
periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:
a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor en los términos que establece el artículo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las
partes, sin que la variación anual de la renta pueda exceder del dos por ciento. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser
superior al dos por ciento.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 20 de marzo de 2026.
130/000040
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia (núm. expte.
121/000093) , por lo que el texto se publica en la serie A del Boletín Oficial de las Cortes Generales, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
162/000745
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España, publicada
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 503, de 27 de marzo de 2026.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario VOX, relativa al colapso
del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España.
Enmienda
De sustitución.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una política migratoria responsable, clara y adaptada al Reglamento Europeo de Retornos, así como a trabajar con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente y desde el consenso
pleno con las Comunidades Autónomas y los representantes de los pacientes y los profesionales sanitarios para materializar:
Un nuevo modelo de financiación autonómica con una pieza separada para Sanidad que garantice los recursos económicos necesarios para adecuar la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) a las necesidades
asistenciales crecientes y cambiantes de los españoles.
Una dotación adecuada del Fondo de Garantía Asistencial con el objetivo de que cuente con cuantos recursos sean necesarios para cubrir en todo el SNS la totalidad de los costes derivados de la asistencia sanitaria prestada a los pacientes
en situación administrativa irregular.
Medidas de utilidad real con las que asegurar el acceso ágil, equitativo, seguro y cohesionado de los españoles a las prestaciones y las innovaciones terapéuticas y tecnológicas en todo el SNS.
Acciones para mejorar la condiciones formativas, laborales y retributivas de los profesionales en todo el SNS que favorezcan la atracción y la fidelización de talento, avancen en la gestión y la planificación de los recursos humanos,
subsanen el caos de la convocatoria y el examen de la Formación Sanitaria Especializada 2025/2026, y den respuesta a las necesidades que han provocado las manifestaciones y huelgas provocadas por la propuesta para renovar el Estatuto Marco
realizada por el Ministerio de Sanidad.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000756
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 513, de 17 de abril de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (G.P. VOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley relativa a los retrasos del Estado en
infraestructuras y actuaciones hídricas en Andalucía para su debate en el Pleno, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados que se
celebrará el día 28 de abril de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar una política hídrica nacional, promoviendo un Plan Nacional del Agua que contemple la interconexión de las cuencas y la construcción de nuevos embalses para garantizar el suministro de agua en el consumo humano, agrícola y
energético.
2.
infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado aún pendientes en Andalucía, así como otras de competencia estatal esenciales para el desarrollo y el futuro de toda la Nación.
3.
4. Garantizar el correcto mantenimiento y conservación de todas las infraestructuras hídricas de España y evitar la demolición de presas.
5. Elaborar un informe actualizado sobre el estado de las infraestructuras hidráulicas en España y poner en marcha un plan específico para reforzar y modernizar embalses y presas, asegurando el abastecimiento de agua para consumo humano,
agrícola y energético.
6. Incrementar la inversión en el mantenimiento, la rehabilitación y la modernización de infraestructuras hídricas, así como en la implantación de planes de emergencia en las presas de titularidad estatal prestando especial atención a las
presas de categoría A.
7. Modificar el Real Decreto 264/1021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses para que la normativa de seguridad en infraestructuras hídricas sea de carácter vinculante.
8. Impulsar la modificación de la normativa vigente con el objetivo de establecer criterios de localización de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), así como de cualquier otra infraestructura pública o privada, seguros y
compatibles con la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas, teniendo especialmente en cuenta la protección de las explotaciones agrícolas y que los suelos agrícolas de alta productividad que forman parte de la actual superficie
agraria útil sigan siendo dedicados a este fin.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los retrasos del Estado en infraestructuras y actuaciones hídricas en
Andalucía, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 513, de 17 de abril de 2026, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar y ejecutar de manera inmediata un plan de actuación urgente, con una cronología de cumplimento cierta y sin dilaciones, destinado a culminar las infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado aún pendientes en
Andalucía, así como otras de competencia estatal esenciales para el desarrollo y el futuro de esta tierra.
2. Dotar dicho plan de los recursos financieros plurianuales y suficientes que garanticen su ejecución completa, incluyendo las actuaciones en materia de agua reclamadas reiteradamente por el Gobierno andaluz.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000197
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, a la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes referida a la política del Gobierno en materia
educativa, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto y, en su representación, su portavoz Ione Belarra Urteaga, Diputada de Podemos formula interpelación urgente a la Ministra de Educación referida a la política del Gobierno en materia educativa
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000198
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana sobre las políticas en materia de vivienda de
este Gobierno, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda
Urbana, sobre las políticas en materia de vivienda de este Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000167
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica, que se tramitó entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 1 y 11
se harían, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, y de las enmiendas presentadas a la misma, teniendo en cuenta que la enmienda del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR se tramitó entendiendo que las previsiones contenidas
en sus puntos 1 y 11 se harían, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, y que la enmienda del Grupo Parlamentario VOX se tramitó entendiendo que la previsión contenida en su punto 11 se haría, en todo caso, por el procedimiento
reglamentario pertinente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre
el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica.
Exposición de motivos
El conflicto bélico iniciado en Oriente Medio a finales de febrero de 2026 ha alterado de forma profunda el escenario energético y comercial internacional. La afectación del Estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el tránsito de una parte
sustancial del petróleo y del gas mundiales, y los ataques sobre infraestructuras críticas de abastecimiento han provocado un encarecimiento abrupto de la energía, una elevada volatilidad en los mercados de materias primas y un aumento de la
incertidumbre sobre la continuidad y el coste de los suministros. No se trata, por tanto, de una perturbación coyuntural de alcance limitado, sino de un shock de oferta con capacidad de proyectarse sobre los precios, el transporte, la producción y
la actividad económica durante un periodo prolongado.
Las instituciones europeas han venido advirtiendo de la necesidad de articular respuestas públicas coordinadas, proporcionadas y territorialmente adecuadas ante crisis de esta naturaleza. Tales advertencias adquieren una especial relevancia
en relación con las regiones ultraperiféricas, cuya exposición a perturbaciones energéticas y logísticas resulta significativamente superior a la del territorio continental. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce
expresamente que territorios como Canarias presentan desventajas permanentes derivadas de la lejanía, la insularidad, la reducida dimensión del mercado interior, la dependencia exterior y los sobrecostes de abastecimiento y transporte,
circunstancias que justifican la adopción de medidas específicas y diferenciadas.
En coherencia con ese marco, el ordenamiento jurídico español también reconoce un tratamiento singular para Canarias. El artículo 138 de la Constitución obliga a atender de manera particular el hecho insular, mientras que el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias constituye un sistema estable de compensación destinado a corregir los sobrecostes estructurales del archipiélago y a garantizar la igualdad real de oportunidades de sus ciudadanos en el conjunto del Estado. La
singularidad canaria, por tanto, no responde a una lógica de privilegio, sino a una exigencia de equidad material y de cohesión territorial.
El Gobierno de España ha reaccionado ante la crisis mediante el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que moviliza un paquete de medidas de amplio alcance para amortiguar los efectos del encarecimiento energético y de suministros. No
obstante, una parte sustancial del núcleo de esa respuesta estatal se articula a través de instrumentos tributarios que no resultan directamente trasladables a Canarias. Las rebajas aprobadas sobre el IVA y sobre determinados tributos estatales
vinculados a la energía y a los combustibles operan en el territorio común, pero no se proyectan de manera automática sobre un archipiélago que cuenta con un régimen fiscal propio, asentado en el IGIC y en figuras tributarias diferenciadas. La
insuficiencia de la traslación territorial de estas medidas no significa que el Estado no haya actuado, sino que la respuesta aprobada no alcanza a Canarias en términos materialmente equivalentes.
Esta realidad ha obligado al Gobierno de Canarias a aprobar un paquete normativo complementario propio, con medidas fiscales, energéticas y de apoyo sectorial dirigidas a paliar una parte del impacto que el marco estatal no corrige de forma
automática. Se ha producido así una situación en la que la comunidad autónoma, dentro del ámbito de sus competencias y con cargo a sus propios recursos, ha debido compensar parcialmente una asimetría generada por el diseño general de la respuesta
estatal. Sin perjuicio de la valoración positiva que merezcan esas medidas autonómicas, no debería recaer exclusivamente sobre la Hacienda canaria la obligación de neutralizar los efectos de un shock internacional cuya dimensión, instrumentos de
corrección y principales palancas de respuesta corresponden esencialmente al Estado.
El impacto específico sobre Canarias resulta, además, especialmente intenso por la propia estructura económica y territorial del archipiélago. El sistema eléctrico no peninsular, la dependencia absoluta de los hidrocarburos importados, la
fragmentación insular, la doble insularidad, la elevada exposición del transporte marítimo y aéreo, la relevancia del turismo en la actividad económica y la sensibilidad del sector primario, de la industria, del comercio y de los trabajadores
autónomos al encarecimiento de la energía y de los suministros, configuran una vulnerabilidad objetiva que multiplica los efectos de cualquier perturbación exterior. En Canarias, el alza del petróleo no repercute solo en la energía, sino también en
la conectividad, en los costes logísticos, en los insumos productivos y, en última instancia, en el coste de la vida.
Existen ya evidencias suficientes de esa singular afectación. El encarecimiento del combustible y del transporte presiona sobre las líneas marítimas interinsulares y sobre el precio final de las mercancías; la agricultura, la ganadería y
la pesca soportan mayores costes energéticos, de piensos, fertilizantes e insumos; la industria y las pequeñas y medianas empresas ven erosionados sus márgenes por el aumento de los costes de producción y aprovisionamiento; y la economía familiar
se resiente por la traslación progresiva del sobrecoste energético a la cesta de bienes esenciales. Todo ello se produce, además, en una economía abierta y dinámica, con una elevada dependencia de la conectividad y con una actividad turística
particularmente expuesta a cualquier alteración persistente de los costes de transporte.
Desde una perspectiva de equidad territorial, la insuficiencia de la respuesta estatal reviste una especial gravedad. Los ciudadanos canarios participan, como el resto de españoles, del esfuerzo fiscal colectivo que financia las medidas
nacionales de choque. En términos estrictamente proporcionales al peso demográfico del archipiélago, la participación de Canarias en un paquete estatal de 5.000 millones de euros equivaldría a una cuantía cercana a los 230 millones. Sin embargo,
una parte central del alivio fiscal
previsto por el Estado no se proyecta sobre los hogares y empresas canarias con la misma intensidad. Se genera así una fractura material en el principio de solidaridad territorial que debe ser corregida mediante instrumentos específicos,
verificables y suficientemente dotados.
Por ello, la respuesta que demanda Canarias no puede limitarse a una apelación genérica al esfuerzo autonómico ni a una mera extensión declarativa de medidas diseñadas sobre una realidad fiscal y logística distinta. Resulta imprescindible
que el Estado incorpore de forma expresa la variable canaria en sus instrumentos anticrisis, territorialice la respuesta en función de la singular exposición del archipiélago y articule mecanismos estables de coordinación, financiación y
seguimiento. Solo así podrá garantizarse que la condición de región ultraperiférica, lejos de convertirse en un factor adicional de desprotección, opere como el fundamento jurídico y político de una respuesta adecuada a la realidad de Canarias.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo más breve posible, un informe específico sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en Canarias, con escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación,
abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.
2. Incorporar en los próximos reales decretos-ley, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a esta crisis un capítulo específico para Canarias, atendiendo a su condición de Región Ultraperiférica y a las singularidades
derivadas de su Régimen Económico y Fiscal.
3. Habilitar una compensación económica específica para Canarias que corrija la asimetría generada por la no aplicación directa en el archipiélago de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales adoptadas para el conjunto del territorio
nacional.
4. Aprobar, en coordinación con el Gobierno de Canarias, un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para el archipiélago que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación,
transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.
5. Reforzar y adaptar las ayudas estatales dirigidas a los sectores agrario, ganadero, pesquero, industrial, del transporte y demás actividades especialmente expuestas al incremento de los costes energéticos y logísticos, garantizando su
compatibilidad y complementariedad con las medidas ya adoptadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
6. Revisar de forma urgente los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, a fin de que reflejen adecuadamente el incremento real de los costes del combustible, del
almacenamiento y de la logística en Canarias.
7. Impulsar medidas de apoyo a la renta de los hogares, especialmente de los más vulnerables, mediante instrumentos más eficaces frente a un shock de oferta persistente, incluyendo la actualización de los tramos más bajos del IRPF y el
refuerzo de la protección social en territorios insulares y ultraperiféricos.
8. Flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para administraciones solventes como la Comunidad Autónoma de Canarias, de forma que puedan desplegar con plenitud su capacidad presupuestaria para proteger a las familias y a los
sectores productivos ante esta crisis internacional.
9. Constituir una mesa permanente de seguimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, con participación de los sectores económicos y sociales más representativos, para evaluar la evolución del conflicto, la eficacia de las
medidas adoptadas y la necesidad de nuevas actuaciones.
10. Priorizar, dentro de la planificación energética y de las inversiones estratégicas del Estado, aquellas actuaciones destinadas a reforzar la autonomía y la seguridad energética de Canarias, en particular las vinculadas al
almacenamiento, a las renovables y a la resiliencia de los sistemas insulares.
11. Comparecer periódicamente ante esta Cámara para informar de las previsiones que maneja el Gobierno, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas
previstas para Canarias ante la evolución del conflicto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2026.Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar al amparo de lo dispuesto vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra.
Valido García) sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica.
Enmienda
De modificación.
Sustituir el texto por el siguiente:
«El Congreso insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y remitir al Congreso, en el plazo más breve posible, un informe específico sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en Canarias y las Balears, con escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación,
abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.
2. Incorporar en los próximos reales decretos-ley, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a esta crisis un capítulo específico para Canarias y las Balears, atendiendo a su condición de región insular en el caso balear o
insular y Ultraperiférica, en el caso canario, y a las singularidades derivadas de su Régimen Económico y Fiscal.
3. Habilitar una compensación económica específica para Canarias y las Balears que corrija la asimetría generada por la no aplicación directa en el archipiélago de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales adoptadas para el conjunto
del territorio nacional.
4. Aprobar, en coordinación con el Gobierno de Canarias y el Govern de les Illes Balears, un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para el archipiélago que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación
eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.
5. Reforzar y adaptar las ayudas estatales dirigidas a los sectores agrario, ganadero, pesquero, industrial, del transporte y demás actividades especialmente expuestas al incremento de los costes énergéticos y logísticos, garantizando su
compatibilidad y complementariedad con las medidas ya adoptadas por la Comunidad Autónoma de Canarias y la de las Illes Balears.
6. Revisar de forma urgente los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, a fin de que reflejen
adecuadamente el incremento real de los costes del combustible, del almacenamiento y de la logística en Canarias y las Balears.
7. Impulsar medidas de apoyo a la renta de los hogares, especialmente de los más vulnerables, mediante instrumentos más eficaces frente a un shock de oferta persistente, incluyendo la actualización de los tramos más bajos del IRPF y el
refuerzo de la protección social en territorios insulares y ultraperiféricos.
8. Flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para administraciones solventes como la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de forma que puedan desplegar con plenitud su capacidad
presupuestaria para proteger a las familias y a los sectores productivos ante esta crisis internacional.
9. Constituir una mesa permanente de seguimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, así como una mesa entre el Gobierno de España y el de las Illes Balears, con participación de los sectores económicos y sociales más
representativos, para evaluar la evolución del conflicto, la eficacia de las medidas adoptadas y la necesidad de nuevas actuaciones.
10. Priorizar, dentro de la planificación energética y de las inversiones estratégicas del Estado, aquellas actuaciones destinadas a reforzar la autonomía y la seguridad energética de Canarias y las Balears, en particular las vinculadas al
almacenamiento, a las renovables y a la resiliencia de los sistemas insulares.
11. Comparecer periódicamente ante esta Cámara para informar de las previsiones que maneja el Gobierno, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas
previstas para Canarias y las Illes Balears ante la evolución del conflicto.
12. Impulsar en las Illes Balears y las Islas Canarias un seguimiento, actualización y desarrollo de los régimenes especiales.»
Justificación.
La crisis derivada del conflicto en Oriente Medio tiene una afectación enorme y claramente superior a la de los territorios peninsulares en territorios insulares como las Illes Balears y las Islas Canarias. Por ello requiere respuestas
plenamente adaptadas a su singularidad y fragilidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.Vicenç Vidal Matas, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Valido García), sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra
Región Ultraperiférica.
Enmienda
De modificación.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar, desde la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones, los trabajos conjuntos ya iniciados para acordar y formalizar medidas compensatorias
específicas para Canarias ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de Irán.
2. Priorizar, en ese marco de cooperación, actuaciones coyunturales, temporales y proporcionadas dirigidas a paliar el encarecimiento de los combustibles, de la energía y de los bienes básicos, así como a proteger a las familias, a las
personas trabajadoras autónomas, al sector del transporte, al sector primario y al tejido productivo de Canarias.
3. Seguir incorporando en la respuesta pública a la actual crisis el principio de adecuación a la realidad canaria, de forma que la igualdad efectiva entre territorios se traduzca en soluciones útiles, equivalentes y adaptadas a las
especificidades de Canarias.
4. Trabajar con el Gobierno de Canarias para que, de acuerdo con la distribución competencial vigente, se analice y, en su caso, se impulse la adopción de medidas complementarias de carácter coyuntural orientadas a aliviar el impacto de la
actual crisis sobre los hogares y los sectores económicos más vulnerables del archipiélago, en coherencia con las actuaciones acordadas con la Administración General del Estado.
5. Convocar un Consejo Interterritorial para abordar con las Comunidades Autónomas el impacto de la crisis en Oriente Medio.
6. En el marco de las comparecencias periódicas del Gobierno relativas al Plan de Respuesta y de Relanzamiento Comercial, informar sobre el impacto de la crisis en Oriente Medio y, en particular, sus efectos en Canarias dado sus
especialidades como Región Ultraperiférica.
7. Continuar con el seguimiento de la conectividad y el abastecimiento en las Islas Canarias a través de informes periódicos, con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios de transporte en el archipiélago.
8. Mantener el seguimiento de las rutas bajo obligaciones de servicio público en el territorio insular canario y en caso de detectar discontinuidades en el servicio tomar las medidas de contingencia ya contempladas en la normativa, así como
analizar la posibilidad de aplicar mecanismos de urgencia en materia de contratación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.Montse Mínguez García, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre el impacto de
la crisis generada por la guerra de Irán en Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica, que se debatirá como punto 6 del orden de día en la sesión núm. 175 del Pleno del Congreso
de los Diputados del día 28 de abril de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y remitir al Congreso de los Diputados, en el plazo más breve posible, un informe específico sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en Canarias, con
escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación, abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.
2. Incorporar en los próximos reales decretos-ley, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a esta crisis un capítulo específico para Canarias, atendiendo a su condición de Región Ultraperiférica y a las singularidades
derivadas de su Régimen Económico y Fiscal.
3. Habilitar una compensación económica específica para Canarias que corrija la asimetría generada por la no aplicación directa en el archipiélago de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales adoptadas para el conjunto del territorio
nacional.
4. Aprobar, en coordinación con el Gobierno de Canarias, un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para el archipiélago que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación eléctrica, queroseno de aviación,
transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.
5. Reforzar y adaptar las ayudas estatales dirigidas a los sectores agrario, ganadero, pesquero, industrial, del transporte y demás actividades especialmente expuestas al incremento de los costes energéticos y logísticos, garantizando su
compatibilidad y complementariedad con las medidas ya adoptadas por la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto, revertir las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo, suprimir el sistema europeo de comercio de derechos de emisión de CO2,
implantar un modelo energético basado en un mix diversificado, seguro y tecnológicamente viable que no discrimine las fuentes energéticas disponibles bajo criterios ideológicos y promueva la confianza de los inversores en nuevas tecnologías, como
los reactores modulares pequeños (SMR).
6. Revisar de forma urgente los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, a fin de que reflejen adecuadamente el incremento real de los costes del combustible, del
almacenamiento y de la logística en Canarias.
7.
el refuerzo de la protección social en territorios insulares y ultrapcriféricos.
Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000 , un primer tramo hasta los 70.000 que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000 que tributará a un tipo
del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.
Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.
Hasta la consecución de la reforma fiscal, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de
alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
8.
familias y a Ios-sectores productivos ante esta crisis internacional.
Revisar el gasto público no esencial a través de auditoria integral de todas las partidas presupuestarias, suprimir el gasto político e ideológico destinado a la propaganda y el adoctrinamiento y eliminar las subvenciones que reciben
asociaciones empresariales y sindicatos.
9. Constituir una mesa permanente de seguimiento entre el Gobierno de España y
10. Priorizar, dentro de la planificación energética y de las inversiones estratégicas del Estado, aquellas actuaciones destinadas a reforzar la autonomía y la seguridad energética de Canarias, en particular las vinculadas al
almacenamiento,
11. Comparecer periódicamente ante esta Cámara para informar de las previsiones que maneja el Gobierno, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas
previstas para Canarias y el resto del territorio nacional ante la evolución del conflicto.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impacto de la crisis generada por la guerra de Irán en
Canarias y medidas urgentes a poner en marcha para enfrentar sus consecuencias en nuestra Región Ultraperiférica, ha acordado lo siguiente, entendiendo que las previsiones contenidas en los puntos 1 y 11 se harían, en todo caso, por el procedimiento
reglamentario pertinente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Elaborar y remitir al Congreso, en el plazo más breve posible, un informe específico sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio en Canarias y las Balears, con escenarios previsibles de evolución en materia de energía, inflación,
abastecimiento, conectividad, turismo, actividad económica y cohesión territorial.
2. Incorporar en los próximos reales decretos-leyes, planes de contingencia o paquetes de respuesta frente a esta crisis un capítulo específico para Canarias y las Balears, atendiendo a su condición de región insular en el caso balear o
insular y Ultraperiférica, en el caso canario, y a las singularidades derivadas de su Régimen Económico y Fiscal.
3. Habilitar una compensación económica específica para Canarias y las Balears que corrija la asimetría generada por la no aplicación directa en el archipiélago de parte del núcleo fiscal de las medidas estatales adoptadas para el conjunto
del territorio nacional.
4. Aprobar, en coordinación con el Gobierno de Canarias y el Govern de les Illes Balears, un plan de garantía de abastecimiento y conectividad para el archipiélago que contemple combustibles de automoción, combustibles para generación
eléctrica, queroseno de aviación, transporte marítimo de mercancías y continuidad operativa de puertos y aeropuertos.
5. Reforzar y adaptar las ayudas estatales dirigidas a los sectores agrario, ganadero, pesquero, industrial, del transporte y demás actividades especialmente expuestas al incremento de los costes energéticos y logísticos, garantizando su
compatibilidad y complementariedad con las medidas ya adoptadas por la Comunidad Autónoma de Canarias y la de las Illes Balears.
6. Revisar de forma urgente los mecanismos de reconocimiento de los costes de generación eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares, a fin de que reflejen adecuadamente el incremento real de los costes del combustible, del
almacenamiento y de la logística en Canarias y las Balears.
7. Impulsar medidas de apoyo a la renta de los hogares, especialmente de los más vulnerables, mediante instrumentos más eficaces frente a un shock de oferta persistente,
incluyendo la actualización de los tramos más bajos del IRPF y el refuerzo de la protección social en territorios insulares y ultraperiféricos.
8. Flexibilizar temporalmente las reglas fiscales y de gasto para administraciones solventes como la Comunidad Autónoma de Canarias y la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de forma que puedan desplegar con plenitud su capacidad
presupuestaria para proteger a las familias y a los sectores productivos ante esta crisis internacional.
9. Constituir una mesa permanente de seguimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, así como una mesa entre el Gobierno de España y el de las Illes Balears, con participación de los sectores económicos y sociales más
representativos, para evaluar la evolución del conflicto, la eficacia de las medidas adoptadas y la necesidad de nuevas actuaciones.
10. Priorizar, dentro de la planificación energética y de las inversiones estratégicas del Estado, aquellas actuaciones destinadas a reforzar la autonomía y la seguridad energética de Canarias y las Balears, en particular las vinculadas al
almacenamiento, a las renovables y a la resiliencia de los sistemas insulares.
11. Comparecer periódicamente ante esta Cámara para informar de las previsiones que maneja el Gobierno, de las medidas ya activadas, de las actuaciones en cartera según los distintos escenarios posibles y de las decisiones específicas
previstas para Canarias y las Illes Balears ante la evolución del conflicto.
12. Impulsar en las Illes Balears y las Islas Canarias un seguimiento, actualización y desarrollo de los regímenes especiales.»
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000168
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas y de la enmienda presentada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al
vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas.
Exposición de motivos
En la interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta en las familias españolas quedaron evidenciadas dos cosas: la primera; la desconexión de este Gobierno con la realidad que
viven las familias; la segunda, que hay una política alternativa.
De nada sirve que el PIB aumente un 2,8 %, si ese crecimiento es extensivo y se diluye en términos de renta per cápita.
De nada sirve que los salarios brutos aumenten un 4,1 % en 2025, si los precios suben un 2,9 % y el tipo impositivo medio sube un 1,5 %, dejándonos con una pérdida de poder adquisitivo del -0,3 % en el año, que se suma a la sufrida en los
años previos, como ha quedado demostrado a pesar del intento del ministro de economía y vicepresidente primero de manipular esa cifra. Incluso comparando el salario medio de 2025 (bruto estimado de 30.372 ) con el salario medio de 2018 (bruto de
24.009 ), en términos reales y netos, hay una pérdida de poder adquisitivo del -1,4 %.
De nada sirve presumir de reducir la desigualdad, cuando sus políticas han convertido España en el país con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil de toda la UE-27, un 33,9 %. Debe ser muy progresista adelantar a Bulgaria y Rumania en
pobreza infantil, pero es algo que abochornaría a cualquier gobernante de la OCDE.
Más allá de estas cifras, bastaría con escuchar lo que dicen las familias españolas; desde que gobierna Sánchez se ha estrechado la clase media en 13,7 puntos la clase media, del 65,5 % en 2019 al 51,8 % de la población, y se ha
multiplicado por 6 quienes se consideran clase baja o pobre, del 3 % en 2019 al 18,6 % actual, según el último barómetro del CIS.
Revertir esta situación requiere en primer lugar, tener unos Presupuestos Generales del Estado actualizados; y en segundo lugar, políticas diferentes que vuelvan a poner el foco en la mejora de la productividad y de la competitividad, que
son las verdaderas palancas de un crecimiento robusto y sostenible, que garantizan empleos de más calidad y que permitirán recuperar el poder adquisitivo perdido por las familias en los últimos 7 años de gobierno socialista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de manera inmediata el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, poniendo fin a la anomalía institucional provocada por el Gobierno, para devolver la credibilidad a la política fiscal española.
2. Revisar en profundidad la política económica para aliviar a las clases medias y reactivar la inversión, corrigiendo la subida silenciosa de impuestos vía inflación y orientando el sistema tributario a incentivar el trabajo, el ahorro y
la inversión productiva.
3. Reducir drásticamente la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y limitar el intervencionismo, garantizando un entorno estable que permita a empresas y autónomos crecer, invertir y generar empleo de calidad.
4. Impulsar una transformación digital real de la economía, basada la integración de IA de las Administraciones Públicas, la penetración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en pymes y el desarrollo de España como hub industrial
y tecnológico en IA.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2026.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.2 y 110.4 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre la política
económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas, que se debatirá como punto 7 del orden de día en la sesión núm. 175 del Pleno del Congreso de los Diputados del día 28 de abril de 2026.
Enmienda
De modificación.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de manera inmediata el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, poniendo fin a la anomalía institucional provocada por el Gobierno, para devolver la credibilidad a la política fiscal española.
2. Realizar y ejecutar un plan de reducción de gasto político en la Administración General del Estado a través de auditoría integral de todas las partidas, suprimir el gasto político e ideológico destinado a la propaganda y el
adoctrinamiento, impulsar el cierre de los ministerios, secretarias de Estado y direcciones generales que hayan demostrado su ineficacia para proteger los intereses nacionales, como los Ministerios de Igualdad o Memoria Democrática y auditar, y
eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
sistema tributario a incentivar el trabajo, el ahorro y la inversión productiva.
4. Llevar a cabo una rebaja y simplificación drástica del IRPF, estableciendo un mínimo exento de 22.000 , un primer tramo hasta los 70.000 que tributará a un tipo del 15 % y un segundo tramo a partir de los 70.000,01 que tributará a un
tipo del 25 %. Se aplicará una minoración de 4 puntos porcentuales en el tipo aplicable para cada contribuyente por cada descendiente.
Establecer que el ahorro deje de tributar por su falso incremento provocado por la inflación incluyendo tablas de actualización automática.
Hasta la consecución de la reforma fiscal, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda la Nación la deducción por gastos de alquiler en el IRPF para que todos los españoles con contratos de
alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC.
garantizando un entorno estable que permita a empresas y autónomos crecer, invertir y generar empleo de calidad.
4. Impulsar una transformación digital real de la economía, basada la integración de IA de las Administraciones Públicas, la penetración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en pymes y el desarrollo de España como hub industrial
y tecnológico en IA, promoviendo la protección de la soberanía de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea, siempre y cuando no represente una amenaza para la
seguridad nacional, la defensa y el interés general.»
Justificación.
Mejora técnica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a
las familias españolas, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de manera inmediata el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, poniendo fin a la anomalía institucional provocada por el Gobierno, para devolver la credibilidad a la política fiscal española.
2. Revisar en profundidad la política económica para aliviar a las clases medias y reactivar la inversión, corrigiendo la subida silenciosa de impuestos vía inflación y orientando el sistema tributario a incentivar el trabajo, el ahorro y
la inversión productiva.
3. Reducir drásticamente la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y limitar el intervencionismo, garantizando un entorno estable que permita a empresas y autónomos crecer, invertir y generar empleo de calidad.
4. Impulsar una transformación digital real de la economía, basada la integración de IA de las Administraciones Públicas, la penetración de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en pymes y el desarrollo de España como hub industrial
y tecnológico en IA.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
173/000169
El Pleno de la Cámara en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las
infraestructuras en lo que queda de legislatura, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al ministro de Transportes y Movilidad
Sostenible sobre las prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura.
Exposición de motivos
Durante los últimos años, las infraestructuras de transporte en España, y de manera especialmente grave en el sector ferroviario, han experimentado un progresivo deterioro que ha puesto en cuestión las actuaciones del Gobierno. Así, lejos
de responder a un modelo de planificación estratégica orientado al mantenimiento y conservación de las redes existentes, los últimos Ejecutivos han priorizado obras de alto impacto en los medios de comunicación que no se corresponden con acciones
tendentes a consolidar la seguridad, la fiabilidad y la calidad de un servicio público esencial para millones de españoles.
El incremento de incidencias en la red ferroviaria1, las reiteradas averías2, los retrasos sistemáticos3 y las interrupciones de servicio4 se han convertido en una constante que afecta tanto a los servicios de Cercanías fundamentales para
el acceso a los servicios básicos, como a los de media y larga distancia. Particularmente grave resulta que esta degradación haya sido advertida por profesionales del sector sin haberse atendido con la diligencia debida. Las señales de fatiga en
las infraestructuras5, la acumulación de incidencias y los informes internos6 eran indicadores suficientes para que el Gobierno hubiese adoptado medidas correctoras con antelación. Frente a ello, el propio ministro de Transportes y Movilidad
Sostenible afirmaba que los servicios ferroviarios se encontraban en el «mejor momento de su historia»7 y alentaba a promover las actuaciones necesarias para ampliar la velocidad de los trenes hasta 350 km/h8.
Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, que han supuesto el fallecimiento de 47 personas9, constituyen la manifestación más trágica de esta cadena de negligencias. Más allá de la necesaria depuración de responsabilidades técnicas y
judiciales, estos hechos exigen una clara asunción de responsabilidades políticas por parte de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de las infraestructuras y de anticiparse a los riesgos derivados de su deterioro. Además, en el
contexto del proceso de liberalización del transporte ferroviario impulsado en 2018 10, el aumento del tráfico no ha venido acompañado de una adecuada adaptación de la capacidad de la red ni de un refuerzo proporcional de las inversiones en
mantenimiento.
En otro orden, el deterioro de la Red de Carreteras del Estado, donde el déficit de conservación acumulado en los últimos años está comprometiendo la seguridad vial y elevando el riesgo de siniestralidad, también forma parte de las
competencias que el Gobierno ha delegado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Tanto los usuarios de la red viaria, como los profesionales del sector del transporte de mercancías11 han advertido del aumento exponencial de
socavones y roturas en las principales arterias que conforman las carreteras españolas. Además, varios expertos han advertido del déficit de inversión de 13.491 millones de euros en inversión de mantenimiento acumulada y deterioros de gravedad en
el 53 % (54.373 km) de los kilómetros de la red de carreteras12.
En paralelo, otros ámbitos estratégicos de la movilidad, como son los puertos y aeropuertos, presentan ejemplos de mala gestión que requieren de actuaciones urgentes. Las deficiencias en los controles fronterizos de los Puertos del
Estado13, la insuficiencia de personal en infraestructuras críticas14 o la falta de medidas frente al
1 https://www.abc.es/economia/incidencia-tecnica-deja-parado-media-hora-primer-20240521125959-nt.html
2 https://www.abc.es/espana/andalucia/malaga/descarrila-tren-alora-malaga-fuertes-lluvias-20241029131419-nts.html
3 https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/Sevilla/retrasos-en-32-trenes-de-alta-velocidad-entre-madrid-y-andalucia/2196779.html
4 https://www.malagahoy.es/malaga/centenar-pasajeros-viajan-autobus-nueva-averia-tren-sevilla-malaga_0_2002256166.html
5 https://www.larazon.es/opinion/fatiga-materiales-amenaza-invisible-que-pone-jaque-seguridad-ferroviaria_2026031869b9e4063156ba241d5908db.html
6 https://www.rtve.es/noticias/20260120/sindicato-maquinistas-informo-agosto-inestabilidades-rodadura-vibracion-trenes/16902565.shtml
7 https://elpais.com/economia/2024-08-23/oscar-puente-el-tren-vive-en-espana-el-mejor-momento-de-su-historia.html
8 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes-movilidad-sostenible/paginas/2025/171125-puente-alta-velocidad-madrid-barcelona.aspx
9 https://www.larazon.es/espana/47-muertos-despues-culpa-nadie_20260211698c6d8d1817b41eb640fdbc.html
10 https://www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/vie-21122018-1514
11 https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/queja-camionero-25-reventones-carretera-misma-noche-estan-estado-lamentable_2026022069984f511817b41eb65740c3.html
12 https://www.aecarretera.com/comunicados/NP%20Auditoria%20estado%20carreteras%20AEC%202025_DEF_con%20QR_03%2007%2025.pdf
13 https://www.csif.es/es/articulo/nacional/general/72620
14 https://elpais.com/espana/2025-07-02/caos-en-barajas-ante-el-colapso-del-control-de-pasaportes-de-la-t4-por-falta-de-efectivos-y-un-fallo-informatico.html
vandalismo en espacios aeroportuarios reflejan una ausencia de prioridades claras por parte del Gobierno ante infraestructuras que son fundamentales para la seguridad alimentaria y la imagen internacional de España como destino turístico.
Además, desde la entrada en vigor en enero de 2024 del Régimen de Comercio de Emisiones en los puertos Europeos los puertos españoles han perdido competitividad con respecto a los puertos vecinos15; TángerMed se ha convertido en un epicentro
logístico que conecta Europa, África y Asia al evitar esa ecotasa, superando en tráfico de mercancías al Puerto de Algeciras16.
En definitiva, la política del Ejecutivo en materia de infraestructuras de transporte ha evidenciado una preocupante falta de orientación, cuando no una auténtica dejación de funciones que ha afectado a la seguridad y la eficiencia del
sistema. Esta situación ha erosionado la confianza de los españoles ante un sistema público esencial para su día a día y pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan revertir este acumulado deterioro.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Moción
«El Congreso de los Diputados:
A. Acuerda la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, por su responsabilidad política en la situación actual de las infraestructuras de transporte y en concreto del sistema ferroviario, que ha
tenido como consecuencia el fallecimiento de 47 personas en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida.
B. Condena la negligente gestión del mantenimiento ferroviario y de la Red de carreteras del Estado por parte del Ejecutivo, que ha propiciado la acumulación de incidencias, el progresivo deterioro de las infraestructuras y la merma de la
confianza de los ciudadanos en un servicio público esencial, exigiendo la asunción inmediata de responsabilidades políticas ante la falta de actuación diligente frente a advertencias técnicas y reiteradas señales de degradación.
C. Insta al Gobierno a:
1. Proceder al cese inmediato, a través del presidente del Gobierno, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, como responsable político de la situación actual las infraestructuras de transporte, por su
incapacidad para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, su falta de reacción ante las deficiencias en las redes viarias y ferroviarias previamente señaladas y el grave deterioro de la confianza de los usuarios en el sector
ferroviario público.
2. Evaluar con carácter urgente la Estrategia Indicativa para el desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria correspondiente al periodo 2021-2026, así como orientar la preparación de la estrategia que la
sustituya para el siguiente periodo, con el fin de detectar deficiencias, redefinir prioridades de inversión y garantizar un marco financiero suficiente que permita reforzar la seguridad y la fiabilidad del servicio.
3. Impulsar la elaboración de un Plan nacional de inversiones ferroviarias orientado prioritariamente a la seguridad y al adecuado mantenimiento de la red, dotado de financiación suficiente y de un calendario cierto de ejecución, mediante
la revisión de las actuales prioridades presupuestarias, que permita recuperar los estándares de normalidad, seguridad y fiabilidad del servicio ferroviario,y que preste especial atención a las redes de Cercanías y a las líneas vertebradoras del
medio rural, como instrumento de cohesión territorial y desarrollo económico.
15 https://www.eldebate.com/econom%C3%ADa/20240424/puertos-espanoles-pierden-peso-ante-marruecos-exento-cumplir-normas-emisiones_191114.html
16 https://gaceta.es/espana/el-ministro-de-exteriores-carga-contra-el-gobierno-de-sanchez-por-la-reapertura-de-la-embajada-en-iran-va-de-la-mano-sin-pudor-del-regimen-terrorista-irani-20260409-1211/?scroll-event=true
4. Reforzar y actualizar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizando que sus actuaciones en materia de seguridad respondan a las necesidades presentes y futuras del sistema y se ejecuten con plena
eficacia.
5. Desarrollar o actualizar los planes de protección de infraestructuras críticas, prestando especial atención a estaciones y líneas ferroviarias, e incorporando medidas específicas de prevención y respuesta frente al robo de cableado y
otros actos vandálicos o delictivos.
6. Garantizar la contratación de un número suficiente de maquinistas, evitando la supresión de servicios por falta de personal operativo.
7. Programar y ejecutar las obras ferroviarias de forma que se reduzca al mínimo su impacto sobre el servicio y los usuarios, garantizando la comunicación previa de los servicios alternativos con al menos un mes de antelación al inicio de
las actuaciones.
8. Asegurar una dotación adecuada de recursos humanos y medios técnicos para la gestión de incidencias ferroviarias, garantizando que los nombramientos se fundamenten exclusivamente en criterios de mérito, capacidad y cualificación
profesional.
9. Aprobar con carácter urgente un nuevo protocolo de actuación ante incidencias en la red ferroviaria, que incluya:
a. La provisión de asistencia básica a los viajeros durante interrupciones del servicio (alimentación, agua potable, mantas, climatización adecuada, acceso a aseos e iluminación suficiente), con atención prioritaria a personas en situación
de especial vulnerabilidad.
b. La implantación de planes de evacuación claros y accesibles que permitan a los usuarios conocer los procedimientos de actuación.
c. El establecimiento de mecanismos de comunicación inmediata, clara y eficaz sobre averías, retrasos o interrupciones del servicio.
d. Información continua, clara, veraz y actualizada durante los incidentes que afecten a la red. Formación específica al personal ferroviario para asegurar una atención adecuada y empática a los viajeros en situaciones de emergencia.
10. Reforzar el mantenimiento y conservación de la Red de carreteras del Estado mediante un plan de choque de inversión en carreteras que revierta el creciente deterioro del conjunto de la red con el objeto de prevenir accidentes de tráfico
y reducir la siniestralidad vial.
11. Impulsar cuantas medidas sean necesarias para reducir la siniestralidad en los puntos negros identificados por la Dirección General de Tráfico, incluyendo, entre otras, mejoras en el trazado de las carreteras, así como en la
señalización de estas.
12. Suspender de manera inmediata el régimen de comercio de los derechos de emisión de CO2, por su impacto negativo en la competitividad de las empresas españolas y en concreto en la competitividad de los puertos españoles.
13. Aumentar la dotación de personal y material de los Puestos de Inspección Fronterizos de los Puertos del Estado, especialmente en aquellos puntos con altas importaciones agropecuarias.
14. Analizar con carácter prioritario la situación de los controles de pasaportes en toda la red aeroportuaria española, a fin de evitar que se produzcan aglomeraciones y retrasos que deterioren el servicio, afecten a la imagen de los
aeropuertos españoles y comprometan su seguridad.
15. Ejecutar de manera urgente las medidas necesarias al objeto de reforzar la dotación de personal policial en los aeropuertos de interés general gestionados por Aena S.M.E., S.A, con el fin de no obstaculizar al sector turístico.
16. Implementar acciones preventivas encaminadas a evitar la consolidación de los aeropuertos españoles como espacios de pernocta habitual para personas sin hogar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2026.María José Rodríguez de Millán Parro, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.