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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 520, de 28/04/2026
cve: BOCG-15-D-520
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
28 de abril de 2026
Núm. 520
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
059/000062
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de abril de 2026, en relación con el incidente ocurrido en la sesión plenaria del día 14 de abril de 2026 ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/003325
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, para honrar la memoria de Vicente Soria Blasco, víctima del terrorismo ... (Página8)
161/003331
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, para adecuar las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas a los estándares europeos ... (Página10)
161/003342
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos ... (Página17)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003314
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, sobre Myanmar y la no legitimación de las elecciones de 2025 ... (Página19)
Comisión de Justicia
161/000809
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la asunción por parte de la Iglesia católica de las indemnizaciones para las víctimas de abusos de la Iglesia católica.
Retirada ... (Página20)
161/003310
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de la mediación penal intrajudicial ... (Página20)
Comisión de Defensa
161/003338
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la regulación de la mediación penal intrajudicial ... (Página22)
Comisión de Interior
161/003309
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la activación de la UME ante incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos adversos en Canarias ... (Página23)
161/003316
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para proceder a la apertura inmediata de una oficina de documentación de la Policía Nacional de manera permanente en la ciudad de Sant Cugat del Vallès ...
(Página25)
161/003317
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para prevenir el robo de catalizadores en vehículos ... (Página26)
161/003318
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de efectivos de la Guardia Civil en Cantabria ... (Página27)
161/003320
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas para atajar el cultivo y tráfico de cannabis en la provincia de Granada ... (Página29)
161/003321
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer una Unidad de Documentación de la Policía Nacional con carácter permanente en la isla de El Hierro ...
161/003322
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación de efectivos y modernización de medios de la Guardia Civil en Melide y el resto de Galicia ... (Página31)
161/003330
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el mantenimiento de los cuarteles y puestos de la Guardia Civil en Pontevedra ... (Página33)
161/003336
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el refuerzo de los servicios de documentación y extranjería de la Policía Nacional en Verín, O Barco de Valdeorras y Ourense ...
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003319
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de habilitar un paso peatonal seguro a distinto nivel sobre la vía férrea en Teixeiro (Curtis, A Coruña) ...
Comisión de Industria y Turismo
161/003308
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la viabilidad de la inversión industrial y al mantenimiento del empleo en la planta de Saint-Gobain en Avilés ...
161/003339
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración de la Fiesta del Vencimiento del Dragón de Alcañiz (Teruel) como Fiesta de Interés Turístico Nacional ...
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003326
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la paralización del macrocentro de inmigrantes proyectado en
la antigua Clínica Arana (Vitoria) y a la priorización de los recursos públicos para los españoles ... (Página42)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003307
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para impulsar la defensa del sector citrícola ... (Página44)
161/003313
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora del coeficiente reductor de los buzos profesionales ... (Página46)
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003337
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, relativa a la protección de los inquilinos y a la recuperación de viviendas en manos de fondos de Inversión para su reincorporación al parque público de
vivienda ... (Página47)
Comisión de Cultura
161/003312
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo a compañías, autores y a los profesionales de las artes escénicas y en contra del veto ideológico de la ultraderecha ... (Página50)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003329
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la protección de los hogares frente al riesgo hipotecario variable y a la adopción de alternativas hipotecarias al Euribor y el IRPH ...
161/003334
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar la ejecución de los Fondos NextGen ... (Página55)
161/003340
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para superar el colapso de los servicios públicos ... (Página58)
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/003315
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en defensa de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura ... (Página60)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003332
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al refuerzo de la formación en seguridad vial para conductores de furgonetas y al impulso de medidas específicas para mejorar la seguridad de este tipo de
vehículos ... (Página62)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003323
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ... (Página64)
161/003324
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la rectificación de la normativa para la regularización extraordinaria de personas migrantes que excluye a las personas saharauis apátridas ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001746
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre número real de efectivos de la Guardia Civil actualmente destinados en Cantabria y déficit existente con el catálogo actual ...
181/001747
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre medidas urgentes que el Ministerio del Interior va a poner en marcha para reforzar las plantillas de la Guardia Civil en Cantabria
durante el verano del año 2026 ... (Página72)
181/001748
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre calendario previsto para cubrir las vacantes en la Guardia Civil en Cantabria en los meses de verano del año 2026 y garantizar un
servicio adecuado ... (Página72)
181/001749
Pregunta formulada por los Diputados Félix de las Cuevas Cortés (GP) y Vázquez Blanco, Ana Belén (GP), sobre motivo por el que no se han atendido con anterioridad las advertencias de las asociaciones profesionales del Cuerpo de la Guardia
Civil, así como las denuncias que el Grupo Popular ha realizado en el Congreso de los Diputados en las que se indica la necesidad de Cantabria de contar con al menos 136 nuevos agentes ... (Página72)
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001750
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre disposición a atender las demandas sociales y políticas de Pontecesures para mejorar la integración y humanización de la carretera N-550 a su paso por el núcleo urbano,
incorporando elementos de protección para las personas viandantes, de accesibilidad, iluminación y rehabilitación del firme ... (Página72)
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001755
PPregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre previsiones acerca de rectificar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para dar acceso al proceso de regularización extraordinaria a las personas apátridas, lo que implica facilitar la
regularización de las personas saharauis residentes en el Estado español ... (Página73)
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/001754
Pregunta formulada por el Diputado Néstor Rego Candamil (GMx), sobre acciones desarrolladas para garantizar que las personas del medio rural de Galicia puedan desarrollar un proyecto de vida laboral, personal o de emprendimiento y asegurar
que tengan acceso a internet de calidad, así como avanzar decididamente en el despliegue de la fibra óptica y la conexión a internet de banda ancha ... (Página73)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001751
Pregunta formulada por el Diputado Roberto García Morís (GS), sobre valoración que realiza el Gobierno sobre el incremento de
plazas públicas en la UNED para facilitar el acceso de los estudiantes a la educación superior pública ... (Página74)
181/001752
Pregunta formulada por la Diputada Marta Gracia Blanco (GS), sobre resultados del proceso de homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros durante el año 2025 ... (Página74)
181/001753
Pregunta formulada por la Diputada Obdulia Taboadela Álvarez (GS), sobre principales elementos que conforman la estrategia Deep Tech del Gobierno ... (Página74)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/037149
Autor: Rego Candamil, Néstor Incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en el Pazo de la Capitanía Marítima de A Coruña con el mantenimiento del nombre del 'Salón de Honor TG Yagüe'.
Retirada ... (Página75)
184/037356
Autor: Ramírez Martín, María Lourdes Rojas García, Carlos Hispán Iglesias de Ussel, Pablo Cierre del antiguo puesto de la Guardia Civil en el municipio de Cacín (Granada) y medidas alternativas previstas para garantizar la cobertura de
seguridad en el municipio ... (Página75)
184/037357
Autor: Ramírez Martín, María Lourdes Rojas García, Carlos Hispán Iglesias de Ussel, Pablo Inclusión en un procedimiento de subasta del antiguo inmueble del puesto de la Guardia Civil de Cacín (Granada), tras su cierre ...
184/037504
Autor: Matute García de Jalón, Oskar Detalles de la infracción que dio lugar al expediente IE/BP-3/2021 del Banco de España a la entidad Ibercaja Banco SA por errores al remitir la información empleada para el cálculo del Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), así como medidas previstas para reparar el daño causado ... (Página77)
184/037507
Autor: Iñarritu García, Jon Papel desempeñado por el Gobierno en la apertura de dos centros de detención en Mauritania e informes jurídicos solicitados antes de la apertura de los mismos ... (Página79)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
059/000062
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de abril de 2026, en relación con el incidente ocurrido en la sesión plenaria del día 14 de
abril de 2026.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
ACUERDO DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 21 DE ABRIL DE 2026, EN RELACIÓN CON EL INCIDENTE OCURRIDO EN LA SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2026
Uno. El martes, 14 de abril de 2026, el diputado del Grupo Parlamentario VOX José María Sánchez García, después de pedir airadamente desde su escaño intervenir cuando no tenía el uso de la palabra, fue llamado al orden por primera vez por
la Presidencia.
Posteriormente, subió a la tribuna presidencial para increpar a la letrada que estaba en ese momento desempeñando sus funciones de asistir al Pleno, por lo que fue llamado al orden por segunda vez, siendo advertido de que una tercera llamada
al orden conllevaría la expulsión.
Minutos después, se levantó de su escaño y, mientras otro diputado estaba en el estrado comenzando su intervención, volvió a subir a la Presidencia y se encaró a escasos centímetros con el Vicepresidente Primero de la Mesa, Alfonso Rodríguez
Gómez de Celis, que en ese momento estaba desempeñando el papel de presidente, al que vociferó y amenazó con gestos intimidatorios, obligando con ello a interrumpir el pleno.
Dos. Ante esta grave falta disciplinaria, el presidente procedió a llamarlo al orden por tercera vez y, en consecuencia, a su expulsión del resto de la sesión, en aplicación del artículo 104 del Reglamento del Congreso.
Es preciso señalar que no nos encontramos ante un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de constantes intentos por alterar el normal funcionamiento de los órganos parlamentarios:
Es frecuente que el Sr. Sánchez García profiera descalificaciones a diversos miembros de la Cámara, siendo uno de los diputados que más veces son llamados al orden tanto en Pleno como en Comisión.
No es la primera vez que una sesión plenaria, durante la legislatura en curso, se desarrolla en un ambiente de crispación.
Existe, como queda constatado de forma frecuente, una táctica para socavar el funcionamiento del Parlamento a base de generar altercados.
El incidente del pasado 14 de abril constituye un paso más en la estrategia de alterar el normal funcionamiento del Congreso y cuestionar la legitimidad de las instituciones democráticas.
Los ataques al Parlamento, a su Reglamento o a su Presidencia no son casuales. Son el inicio de una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia. De ahí que no quepa considerar que la actuación del Sr.
Sánchez García sea una simple falta de educación o una mera vulneración de la cortesía parlamentaria.
La situación actual hace necesario que la Cámara inicie una reflexión profunda sobre la senda iniciada. Los ataques al Parlamento, como el que se pudo ver el pasado 14 de abril, rara vez se producen de manera aislada, sino que suelen ser la
antesala de auténticos ataques a la democracia y a las libertades de que disfruta la ciudadanía.
La española no es una democracia militante, pero eso no significa que los y las demócratas no tengamos el derecho y el deber de defender las instituciones y a aquellos a quienes representan. Entre otras cosas porque son siempre las personas
y colectivos más vulnerables quienes más necesitan que las instituciones funcionen y que no se implante la ley del más fuerte que se demanda ya sin pudor desde algunos sectores.
Por las razones anteriores, la Mesa del Congreso de los Diputados, como órgano rector y de representación colegiada de la Cámara, tal y como establece el artículo 30 del Reglamento, adopta el siguiente acuerdo:
1. Condenar, en los más enérgicos términos, la actuación del Sr. Sánchez García, diputado del Grupo Parlamentario VOX, el pasado 14 de abril. Su intento de intimidar a una funcionaria y su ataque a la Presidencia de la Cámara constituyen
un grave cuestionamiento a la institución parlamentaria y a la democracia que representa.
2. Hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria para que rebajen el clima de crispación al que se está trasladando la vida parlamentaria. Siendo cierto que no todos los integrantes del arco
parlamentario son igualmente responsables de la situación, pues algunos grupos parlamentarios han hecho de la crispación una herramienta política para deslegitimar las propias instituciones, los 350 diputados y diputadas pueden y deben cooperar para
hacer posible que la ciudadanía vea un Parlamento más cívico y que represente mejor los intereses generales.
3. Advertir al Sr. Sánchez García de que conductas como las que se pudieron ver el pasado 14 de abril no serán toleradas, y serán respondidas con las actuaciones más enérgicas que permita la normativa vigente, en defensa de la democracia y
de la Constitución.
4. Proponer a los grupos parlamentarios que estudien una posible mejora del Reglamento del Congreso con el fin de que la Cámara disponga de una herramienta más eficaz para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que se puedan
producir en el curso de las sesiones parlamentarias. También sería recomendable analizar las formas de mejorar la convivencia en el recinto parlamentario para evitar ataques contra los valores democráticos.
5. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web de la Cámara.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión Constitucional
161/003325
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez en sus respectivas condiciones de Portavoz y Diputados del Grupo Parlamentario
VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para honrar la memoria de Vicente Soria Blasco, víctima del terrorismo, para su discusión en la
Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. Vicente Soria Blasco, asesinado por ETA.
El 30 de marzo de 2026 se ha cumplido el quincuagésimo aniversario del asesinato de Vicente Soria Blasco por la banda criminal marxista y separatista ETA.
Vicente, asesinado a la edad de 48 años, se ganaba la vida como operario en una fábrica de tornillos en Placencia de las Armas (Guipúzcoa). Los fines de semana ejercía como portero de un local musical para poder complementar su sueldo. Esa
fatídica mañana, a las 8:10 horas, cuando se disponía a entrar a su puesto de trabajo en la factoría, dos etarras le asesinaron disparándole ocho balas. Un compañero intentó, sin éxito, auxiliarle. Fue llevado al hospital, pero entró allí ya
cadáver. Mientras huían en un coche, los terroristas lanzaron también una granada de mano que, afortunadamente, no llegó a detonar, y que la Guardia Civil pudo retirar de forma segura dos horas después1.
Vicente Soria, oriundo de Ceclavín (Cáceres), llevaba veinte años viviendo y trabajando en el País Vasco, donde se había casado y formado una familia. Con este atroz crimen, ETA dejó a su mujer viuda y a sus cuatro hijos, de entre 6 y 16
años de edad, huérfanos de padre2. Sus allegados especularon con que el crimen pudo deberse al simple hecho de que Vicente había trabado amistad con algunos guardias civiles3. El asesinato quedó impune debido a la Ley de Amnistía de 19774.
Segundo. El reconocimiento necesario.
El desconocimiento de estos crímenes por parte de la sociedad española es generalizado, ya que, desde diversos poderes públicos y distintas instancias políticas, especialmente en los últimos años, se ha impulsado una suerte de amnesia
colectiva sobre esos crímenes, cuando no directamente un blanqueamiento de los mismos. Se ha aprobado incluso una mal llamada «Ley de Memoria Democrática» que pretende imponer una interpretación al gusto de la izquierda y del separatismo sobre el
siglo XX español, y en especial sobre la violencia política, sin tener en cuenta el terrorismo. Y es que esta Ley «consagra como portaestandartes de la memoria democrática no solo a las organizaciones supervivientes del Frente Popular, incluidos
los socialistas, los comunistas, los anarquistas, con sus respectivas guerrillas urbanas y rurales, sino también a las bandas terroristas que propugnaron el derrocamiento del franquismo para establecer su propia dictadura: ETA, GRAPO, FRAP y otras
organizaciones separatistas violentas. Los redactores equiparan, fraudulentamente, antifranquismo y democracia, 1 https://mapadelterror.com/victims/vicente-soria-blasco/
2 https://www.rtve.es/memoriadevida/detalle.php?id=53
3 https://mapadelterror.com/victims/vicente-soria-blasco/
4 https://www.euskadi.eus/contenidos/información/documentos_paz_convivencia/es_def...
como si fueran sinónimos y como si no fuera posible defender un régimen totalitario o autoritario fuera del franquismo5».
Es necesario decirlo con la máxima claridad: toda la actividad de la banda ETA desde su misma constitución, antes y después de la Ley de Amnistía de 1977, es absolutamente criminal en sus propósitos y en sus medios. En efecto, es criminal
y cobarde en los medios: asesinatos por la espalda, matanzas indiscriminadas con explosivos, secuestros, extorsión, amenazas, lesiones...
Pero también ha sido, siempre, una actividad criminal en los fines. La esencia de la banda ETA siempre estuvo en el odio exaltado contra España y en el propósito incondicional de destruir su unidad. Ese odio ha sido siempre especialmente
enconado y violento cuando se ha dirigido contra aquellos que, con las armas y el uniforme, han jurado defender la unidad de España; y contra los vascos y navarros distinguidos por su lealtad y amor a la Patria común.
Debe subrayarse, en todo caso, que ETA no nació contra un concreto régimen político, sino contra España y contra quienes la defienden. Y las víctimas de dicha banda de criminales separatistas fueron asesinadas por el simple hecho de ser
españoles y defender una España unida y en paz. Ni la memoria de estas víctimas ni sus familias pueden quedar en el olvido impuesto por intereses políticos. Es una cuestión de honor y de dignidad nacional.
De acuerdo con todo ello, cuando se están cumpliendo cincuenta años de los sucesivos asesinatos perpetrados por la banda ETA, se hace necesario reiterar tres líneas de conducta: recordar a sus víctimas y acompañar en el dolor a sus
familiares; repudiar unánime y contundentemente a la banda ETA, y con ella a toda su trayectoria, que es criminal en sus acciones y en sus principios inspiradores; y reafirmar nuestra lealtad inquebrantable a la unidad y a la soberanía de España
como Nación, que es exactamente lo que ETA ha querido destruir.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su consideración y su respeto por la memoria de Vicente Soria Blasco, víctima del odio asesino de la banda ETA, cincuenta años después de su asesinato.
2. Expresa su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar su memoria y la de las demás víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por otras
víctimas supervivientes.
3. Insta al Gobierno a impulsar la investigación de todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que continúan sin resolver.
4. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.
5. Insta además al Gobierno a promover la adopción de las medidas necesarias para reconocer y otorgar la consideración de crímenes de lesa humanidad a todos y cada uno de los delitos cometidos por la organización terrorista ETA, así como a
impulsar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectiva imprescriptibilidad de todos los delitos de terrorismo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Lourdes Méndez Monasterio, Carlos Flores Juberías, Ignacio Gil Lázaro, Francisco José Alcaraz Martos e Ignacio Hoces Íñiguez, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
5 https://fundaciondisenso.org/wp-content/uploads/2021/07/20230124_InformeV.pdf
161/003331
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, a instancias del diputado Josep Pagès i Massó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su debate en la Comisión Constitucional, una
Proposición no de Ley para adecuar las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas a los estándares europeos.
Exposición de motivos
La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas debe adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), tanto en su
vertiente de derecho a un tribunal independiente como en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
Esta adecuación consiste, en síntesis, en posibilitar una revisión plena de las resoluciones de naturaleza jurisdiccional del Tribunal de Cuentas por parte del Poder Judicial, una revisión que el régimen actual no permite, puesto que
únicamente prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo en los supuestos de carácter formalista estrictamente tasados en la legislación de desarrollo de casación y revisión. Para que la revisión judicial sea realmente plena, no puede
limitarse a estos supuestos, sino que debe poder valorar todos los extremos de la cuestión litigiosa planteada.
Esta revisión de carácter pleno y sustantivo se articula mediante la previsión de que el recurso de apelación contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas se sustanciará ante el órgano que proceda del orden judicial
contencioso-administrativo.
Se mantienen, no obstante, la totalidad de las funciones del Tribunal de Cuentas de naturaleza administrativa, así como una parte sustancial de las funciones de naturaleza jurisdiccional que tiene actualmente atribuidas, pasando a
corresponder a las Salas de Enjuiciamiento, entre otros, la resolución en primera instancia de los juicios de las cuentas, los procedimientos de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de fianzas, y a los Consejeros de Cuentas, la
instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance.
De esta forma, se consigue una correcta adecuación de este órgano constitucional no sólo a los principios constitucionales básicos del Estado de Derecho de división de poderes y de sometimiento de la actuación de estos al control judicial,
sino también a la reciente jurisprudencia europea sobre el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a un proceso equitativo. Este artículo ha sido interpretado en el sentido de que las resoluciones de los órganos
administrativos, y por extensión, de todos los poderes del Estado que no ofrezcan garantías de independencia e imparcialidad, deben poder ser recurridas en ejercicio de un derecho de recurso ante un órgano judicial que sí las ofrezca (TEDH, Albert y
Le Compte c. Bélgica, núm. 7299/75 y 7496/76, 10 de febrero de 2013, entre otras en el mismo sentido). Más recientemente, el TEDH ha reiterado su doctrina sobre el derecho a un «tribunal independiente e imparcial establecido por ley»,
circunstancia que se contraviene cuando el nombramiento de jueces se ve indebidamente influenciado por los poderes legislativo y ejecutivo (TEDH, demanda núm. 1469/20).
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuenta y la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con la finalidad de adecuar las
competencias del Tribunal de Cuentas a los principios constitucionales básicos del Estado de Derecho de división de poderes y de sometimiento de la actuación de estos al control judicial y a la jurisprudencia europea sobre el artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos
Humanos, relativo al derecho a un proceso equitativo, en el sentido que las resoluciones de los órganos administrativos, y por extensión, de todos los poderes del Estado que no ofrezcan garantías de independencia e imparcialidad, tienen que
poder ser recorridas en ejercicio de un derecho de recurso ante un órgano judicial que sí que las ofrezca, en base a la propuesta normativa siguiente
Artículo 1. Modificación de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Se modifica la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:
Artículo 1.
Uno. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
Asimismo, corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás
entidades vinculadas o dependientes de ellos.
Dos. En su actuación, debe de respetar las competencias de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas prevean sus Estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales.
Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
Artículo 17.
Uno. La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable.
Dos. Se extenderá, a los solos efectos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión en las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de
responsabilidad contable y estén con ella relacionadas directamente.
Tres. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable.
Tres. Se modifica el artículo 24, que queda redactado como sigue:
Artículo 24.
Uno. La Sección de Enjuiciamiento se organizará en Salas integradas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, y asistidas por uno o más Secretarios.
Dos. Las Salas conocerán de la resolución en primera instancia de los siguientes asuntos:
a) Los juicios de las cuentas.
b) Los procedimientos de reintegro por alcance.
c) Los expedientes de cancelación de fianzas.
d) Los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
Cuatro. Se modifica el artículo 25, que queda redactado como sigue:
Artículo 25.
Uno. Compete a los Consejeros de Cuentas, en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance.
Dos. En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hayan establecido órganos propios de fiscalización, el Tribunal delegará en éstos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable
en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Cinco. Se modifica el artículo 49, que queda redactado como sigue:
Artículo 49.
Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en los casos y en la forma que determine su Ley de Funcionamiento, serán susceptibles del recurso de apelación ante el órgano que proceda del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Siete. Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta, que queda redactada como sigue:
Cuarta.
Uno. El Tribunal de Cuentas podrá delegar en los órganos que han asumido las funciones del suprimido Servicio Nacional de Asesoramiento e Inspección de las Corporaciones Locales la revisión contable de aquéllas y la instrucción de los
procedimientos de reintegro por alcance y de cancelación de fianzas.
Dos. La resolución de dichos asuntos en primera instancia corresponderá al Tribunal de Cuentas.
Artículo 2. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Se modifica la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:
Artículo 52.
La jurisdicción contable se ejercerá por los siguientes Órganos:
a) Los Consejeros de Cuentas.
b) Las Salas del Tribunal de Cuentas.
Dos. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:
Artículo 53.
Compete a los Consejeros de Cuentas, como órganos de la jurisdicción contable, la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance.
Tres. Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:
Artículo 54.
Las Salas del Tribunal de Cuentas conocerán en primera instancia:
a) De los expedientes de cancelación de fianzas en que no se hubieran deducido pretensiones de responsabilidad contable y de los restantes procedimientos de cancelación de fianzas.
b) De los juicios de cuentas.
c) De los procedimientos de reintegro por alcance.
d) De los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las leyes.
e) De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de Cuentas, Secretarios y restantes funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia, por las causas y trámites establecidos en las
Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3, 1), de la presente.
f) De los recursos formulados en las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
g) De los recursos de súplica contra resoluciones de la propia Sala.
g) De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de Cuentas, Secretarios y resto de los funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia por las causas y trámites establecidos en las
Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3, 1), de la presente.
d) De los recursos formulados en las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
Cuatro. Se modifica el artículo 80, que queda redactado como sigue:
Artículo 80.
1. Contra las resoluciones de los órganos de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas cabrá recurso de apelación ante el órgano que proceda del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Los recursos de apelación se prepararán, interpondrán, sustanciarán y decidirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora del proceso contencioso-administrativo, sin que sea necesaria garantía de depósito alguno.
Cinco. Se suprimen los artículos 81, 82, 83 y 84.
Seis. Se suprime la Disposición Transitoria Tercera.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Josep Pagès i Massó, Diputado.Míriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a instàncies del diputat Josep Pagès i Massó, dacord amb el que sestableix en larticle 139 i següents del Reglament de la Cambra, presenta per al seu debat a la Comissió Constitucional, una
Proposició no de Llei per a adequar les funcions jurisdiccionals del Tribunal de Comptes als estàndards europeus.
Exposició de motius
La funció jurisdiccional del Tribunal de Comptes ha d'adequar-se a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans relativa al dret a un procés equitatiu (article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans), tant en el seu vessant de dret
a un tribunal independent com en el seu vessant d'accés a la jurisdicció.
Aquesta adequació consisteix, en síntesi, a possibilitar una revisió plena de les resolucions de naturalesa jurisdiccional del Tribunal de Comptes per part del Poder Judicial, una revisió que el règim actual no permet, ja que únicament
preveu la possibilitat de recórrer davant el Tribunal Suprem en els supòsits de caràcter formalista estrictament taxats en la legislació de desenvolupament de cassació i revisió. Perquè la revisió judicial sigui realment plena, no pot limitar-se a
aquests supòsits, sinó que ha de poder valorar tots els extrems de la qüestió litigiosa plantejada.
Aquesta revisió de caràcter ple i substantiu s'articula mitjançant la previsió que el recurs d'apel·lació contra les resolucions dictades pel Tribunal de Comptes se substanciarà davant l'òrgan que procedeixi de l'ordre judicial
contenciós-administratiu.
Es mantenen, no obstant això, la totalitat de les funcions del Tribunal de Comptes de naturalesa administrativa, així com una part substancial de les funcions de naturalesa jurisdiccional que té actualment atribuïdes, passant a correspondre
a les Sales d'Enjudiciament, entre altres, la resolució en primera instància dels judicis dels comptes, els procediments de reintegrament per abast i els expedients de cancel·lació de fiances, i als Consellers de Comptes, la instrucció dels
procediments de reintegrament per abast.
D'aquesta manera, s'aconsegueix una correcta adequació d'aquest òrgan constitucional no sols als principis constitucionals bàsics de l'Estat de Dret de divisió de poders i de sotmetiment de l'actuació d'aquests al control judicial, sinó
també a la recent jurisprudència europea sobre l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans, relatiu al dret a un procés equitatiu. Aquest article ha estat interpretat en el sentit que les resolucions dels òrgans administratius, i per extensió,
de tots els poders de l'Estat que no ofereixin garanties d'independència i imparcialitat, han de poder ser recorregudes en exercici d'un dret de recurs davant un òrgan judicial que sí que les ofereixi (TEDH, Albert i Le Compte c. Bèlgica, núm.
7299/75 i 7496/76, 10 de febrer de 2013, entre altres en el mateix sentit). Més recentment, el TEDH ha reiterat la seva doctrina sobre el dret a un «tribunal independent i imparcial establert per llei», circumstància que es contravé quan el
nomenament de jutges es veu indegudament influenciat pels poders legislatiu i executiu (TEDH, demanda núm. 1469/20).
Proposició no de Llei
«El Congrés dels Diputats insta el Govern espanyol a modificar la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes i la Llei 7/1988, de 5 dabril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, per tal dadequar les competències del
Tribunal de Comptes als principis constitucionals bàsics de l'Estat de Dret de divisió de poders i de sotmetiment de l'actuació d'aquests al control judicial i a la jurisprudència europea sobre l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans,
relatiu al dret a un procés equitatiu, en el sentit que les resolucions dels òrgans administratius, i per extensió, de tots els poders de l'Estat que no ofereixin garanties d'independència i imparcialitat, han de poder ser recorregudes en exercici
d'un dret de recurs davant un òrgan judicial que sí que les ofereixi, en base a la proposta normativa següent
Artículo 1. Modificación de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Se modifica la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado como sigue:
Artículo 1.
Uno. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución y la presente Ley Orgánica.
Asimismo, corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las fundaciones y demás
entidades vinculadas o dependientes de ellos.
Dos. En su actuación, debe de respetar las competencias de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas prevean sus Estatutos. Depende directamente de las Cortes Generales.
Dos. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
Artículo 17.
Uno. La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable.
Dos. Se extenderá, a los solos efectos del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión en las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de
responsabilidad contable y estén con ella relacionadas directamente.
Tres. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable.
Tres. Se modifica el artículo 24, que queda redactado como sigue:
Artículo 24.
Uno. La Sección de Enjuiciamiento se organizará en Salas integradas por un Presidente y dos Consejeros de Cuentas, y asistidas por uno o más Secretarios.
Dos. Las Salas conocerán de la resolución en primera instancia de los siguientes asuntos:
a) Los juicios de las cuentas.
b) Los procedimientos de reintegro por alcance.
c) Los expedientes de cancelación de fianzas.
d) Los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
Cuatro. Se modifica el artículo 25, que queda redactado como sigue:
Artículo 25.
Uno. Compete a los Consejeros de Cuentas, en la forma que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal, la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance.
Dos. En las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hayan establecido órganos propios de fiscalización, el Tribunal delegará en éstos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable
en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Cinco. Se modifica el artículo 49, que queda redactado como sigue:
Artículo 49.
Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en los casos y en la forma que determine su Ley de Funcionamiento, serán susceptibles del recurso de apelación ante el órgano que proceda del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Siete. Se modifica la Disposición Transitoria Cuarta, que queda redactada como sigue:
Cuarta.
Uno. El Tribunal de Cuentas podrá delegar en los órganos que han asumido las funciones del suprimido Servicio Nacional de Asesoramiento e Inspección de las Corporaciones Locales la revisión contable de aquéllas y la instrucción de los
procedimientos de reintegro por alcance y de cancelación de fianzas.
Dos. La resolución de dichos asuntos en primera instancia corresponderá al Tribunal de Cuentas.
Artículo 2. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Se modifica la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:
Artículo 52.
La jurisdicción contable se ejercerá por los siguientes Órganos:
a) Los Consejeros de Cuentas.
b) Las Salas del Tribunal de Cuentas.
Dos. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:
Artículo 53.
Compete a los Consejeros de Cuentas, como órganos de la jurisdicción contable, la instrucción de los procedimientos de reintegro por alcance.
Tres. Se modifica el artículo 54, que queda redactado como sigue:
Artículo 54.
Las Salas del Tribunal de Cuentas conocerán en primera instancia:
a) De los expedientes de cancelación de fianzas en que no se hubieran deducido pretensiones de responsabilidad contable y de los restantes procedimientos de cancelación de fianzas.
b) De los juicios de cuentas.
c) De los procedimientos de reintegro por alcance.
d) De los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las leyes.
e) De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de Cuentas, Secretarios y restantes funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia, por las causas y trámites
establecidos en las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3, 1), de la presente.
f) De los recursos formulados en las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
g) De los recursos de súplica contra resoluciones de la propia Sala.
g) De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de Cuentas, Secretarios y resto de los funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia por las causas y trámites establecidos en las
Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3, 1), de la presente.
d) De los recursos formulados en las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
Cuatro. Se modifica el artículo 80, que queda redactado como sigue:
Artículo 80.
1. Contra las resoluciones de los órganos de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas cabrá recurso de apelación ante el órgano que proceda del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
2. Los recursos de apelación se prepararán, interpondrán, sustanciarán y decidirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora del proceso contencioso-administrativo, sin que sea necesaria garantía de depósito alguno.
Cinco. Se suprimen los artículos 81, 82, 83 y 84.
Seis. Se suprime la Disposición Transitoria Tercera.»
Congrés dels Diputats, 17 dabril de 2026.Josep Pagès i Massó, Diputat.Míriam Nogueras i Camero, Portaveu GP Junts per Catalunya.
161/003342
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley de defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de defensa del derecho a la
participación en los asuntos públicos, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución Española recoge, en su artículo 23, que «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal»
y que «Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes».
Se trata, por tanto, de un derecho fundamental para la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho. Y, sin embargo, se trata de un derecho constantemente socavado por el actual Gobierno de España y los partidos
que lo sustentan y que ostentan la mayoría en la Mesa de este Congreso.
El 14 de abril de 2026, el Tribunal Constitucional ha estimado, por unanimidad, un recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Popular contra acuerdos de la Mesa del Congreso de la pasada legislatura mediante los que se
prorrogaba hasta en más de 70 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley que dimanaba de un Real Decreto-ley convalidado por el Pleno del Congreso y sobre el que este mismo Pleno había acordado seguidamente su tramitación
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Constata así el Tribunal Constitucional que «Cuando, como sucede en el caso enjuiciado, el plazo para presentar enmiendas se prorroga de manera automática y reiterada, sin ofrecer justificación para ello (ni siquiera cuando se formula la
correspondiente reconsideración), la decisión de la Mesa no favorece que los diputados puedan ejercer con mayores garantías su labor parlamentaria, sino, antes el contrario, dificulta y obstruye dicha tarea, al impedir que el procedimiento
legislativo siga su curso debido y se dé cumplimiento a la decisión del Pleno de la Cámara».
Pues bien, este supuesto que ahora el Tribunal Constitucional ha resuelto que constituye una vulneración del derecho fundamental de participación política, viene a ser la tónica habitual de esta legislatura.
Igualmente hay que mencionar que ese derecho de participación garantizado por el artículo 23 de la Constitución remite necesariamente al artículo 66 CE, que establece el sistema bicameral del poder legislativo y atribuye a ambas Cámaras,
entre otras, la «potestad legislativa del Estado».
Función legislativa del Parlamento cuyo normal desarrollo se impide por parte de la Mesa de la Cámara cuando subvierte la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas previsto para racionalizar el trabajo
parlamentario y utilizarlo, de manera mecánica y sistemática, para bloquear determinadas fases del procedimiento parlamentario ampliando sine die los plazos de presentación de enmiendas, tanto de las proposiciones de ley aprobadas por el Pleno del
Senado como las tomadas en consideración a iniciativa de la oposición o aquellas otras que por razones de oportunidad política se impide que avancen.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su compromiso con la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. En consecuencia, manifiesta su compromiso de salvaguardar este derecho, garantizando que la función legislativa de esta Cámara se ejerza con normalidad en cumplimiento de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Miguel Tellado Filgueira, Jaime Eduardo de Olano Vela, Pedro
Muñoz Abrines, Rafael Antonio Hernando Fraile, Carmen Navarro Lacoba, Manuel Cobo Vega, Enrique Belda Pérez-Pedrero, Nacho Martín Blanco, Isabel María Borrego Cortés, María Jesús Moro Almaraz y Pedro Puy Fraga, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003314
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, a instancias del diputado Jon Iñarritu García, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Myanmar y la
no legitimación de las elecciones de 2025, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Myanmar atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Desde el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero de 2021, el país se encuentra sumido en una profunda crisis política, social y humanitaria, caracterizada por la
represión sistemática de la oposición democrática, el incremento de la violencia contra la población civil y un acelerado deterioro de las condiciones de vida de millones de personas. Diversas fuentes internacionales incluido el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de septiembre de 2024 han documentado violaciones graves, masivas y reiteradas de derechos fundamentales, ataques indiscriminados, desplazamientos forzosos y la destrucción de
infraestructuras esenciales, entre ellas hospitales, escuelas y lugares de culto.
Según datos aportados por organizaciones internacionales, más de 5.350 civiles han sido asesinados desde el golpe militar, en gran medida como consecuencia de bombardeos aéreos indiscriminados. Asimismo, más de tres millones de personas se
encuentran desplazadas internamente y alrededor de 18,6 millones requieren asistencia humanitaria urgente. Todo ello se produce en un contexto en el que la junta militar ha intensificado el recurso a la violencia, la persecución política y la
impunidad generalizada.
La gravedad de la situación ha sido reiteradamente reconocida por la comunidad internacional. La ASEAN, en la Declaración de la Presidencia de octubre de 2024, expresó su profunda preocupación por la escalada de la violencia y reafirmó que
el Consenso en Cinco Puntos continúa siendo el marco principal para abordar la crisis, instando al cese inmediato de las hostilidades, a la protección de la población civil y a la creación de condiciones propicias para un diálogo nacional inclusivo.
Sin embargo, el régimen continúa actuando al margen de estos compromisos, perpetuando un estado de represión sistemática en el país.
A esta situación se suma la convocatoria anunciada por la Junta de unas elecciones el 28 de diciembre de 2025, sin garantías democráticas ni condiciones mínimas que permitan un ejercicio efectivo de los derechos de participación política.
La exclusión de
amplias zonas del territorio, las restricciones impuestas a partidos y candidatos, así como la ausencia de libertades fundamentales, evidencian un intento de conferir una apariencia de legitimidad a un proceso electoral carente de
credibilidad tanto interna como internacional.
Proposición no de Ley
«Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno de España a:
1. Declarar que España no reconocerá los resultados de las elecciones previstas para el 28 de diciembre de 2025 en Myanmar, al no concurrir condiciones mínimas de participación política ni garantías democráticas, y por constituir dicho
proceso un intento de la junta militar de dotar de apariencia de legitimidad a una convocatoria sin credibilidad ni transparencia.
2. Redoblar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios de España tanto en el marco de la Unión Europea como en los organismos multilaterales competentes orientados a poner fin a la violencia ejercida por la junta militar, aliviar el
sufrimiento de la población civil y promover una solución política negociada, inclusiva y de carácter federal, que incorpore la participación de todas las fuerzas democráticas y de las comunidades étnicas del país.
3. Explorar la posibilidad de destinar recursos y apoyo institucional a organizaciones internacionales que trabajan activamente en favor de la democracia federal y de la protección de los derechos humanos en Myanmar, reforzando así a los
actores que contribuyen de manera efectiva a una salida democrática, inclusiva y duradera del conflicto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2026.Jon Iñarritu García, Diputado.Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Justicia
161/000809
Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2026 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu la Proposición no de Ley relativa a la asunción por parte de la Iglesia católica de las indemnizaciones para las víctimas de abusos de
la Iglesia católica, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», Serie D, núm. 148, de 28 de mayo de 2024.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
161/003310
A la Mesa del Congreso
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regulación de la mediación penal intrajudicial, para su
debate en la Comisión de Justicia.
La mediación penal constituye una herramienta de justicia restaurativa orientada a la reparación del daño, la responsabilización del infractor la atención integral a las víctimas, complementaria del ejercicio de la jurisdicción penal. En
los últimos años, tanto organismos internacionales como amplios sectores doctrinales y profesionales han venido señalando la necesidad de integrar de forma sistemática mecanismos restaurativos en el proceso penal, con las debidas garantías
constitucionales.
En el ámbito europeo, la Recomendación CM/Rec (2018)8 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre justicia restaurativa en materia penal, así como la Directiva 2012/29/UE por laque se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos, instan a los Estados miembros a promover servicios de justicia restaurativa seguros, accesibles y de calidad, respetando los derechos de las partes y el principio de legalidad penal.
En la actualidad, la mediación penal carece de una regulación integral y adecuada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que genera cierta inseguridad jurídica y desigualdad territorial. Además, su aplicación se encuentra limitada a
determinados tipos de delitos y fases procesales, como la suspensión del procedimiento, la conformidad o la ejecución de la pena. Es evidente que la falta de un marco normativo claro dificulta la consolidación de prácticas restaurativas con
garantías y control jurisdiccional.
Sin embargo, existe una experiencia acumulada en proyectos piloto y programas de mediación penal intrajudicial impulsados desde el Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con comunidades autónomas con competencias en materia de
justicia, que ha puesto de manifiesto los beneficios de estos mecanismos en términos de satisfacción de las víctimas, reducción de la reincidencia, agilización de la respuesta penal y descongestión de los órganos judiciales. Por ejemplo, el Informe
del CGPJ de 2018 sobre la mediación penal destaca que la dispersión normativa y la falta de una regulación coherente dificultan la integración de la mediación en el proceso penal, limitando su efectividad como instrumento de justicia restaurativa
En este sentido, diversas voces dentro del ámbito judicial y fiscal han subrayado de manera reiterada la necesidad de dotar a la mediación penal de un marco normativo claro, homogéneo y garantista, integrada dentro del proceso penal,
compatible con el principio de legalidad, destacando su potencial para ofrecer una justicia más restaurativa, orientada a la reparación del daño.
Partiendo de nuestra propia experiencia y apoyándose en los modelos de países de nuestro entorno, como Portugal, Alemania o Bélgica, que han incorporado desde hace años mecanismos de mediación y justicia restaurativa en el ámbito penal, de
forma integrada en el proceso y bajo supervisión judicial o fiscal, sería muy positivo avanzar hacia una regulación que integre la mediación penal dentro del proceso penal con el máximo respeto a las garantías constitucionales.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
Impulsar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regule de forma clara y homogénea la mediación integrada dentro del proceso penal, con todas las garantías constitucionales, enmarcada en los principios de la justicia
restaurativa y bajo control jurisdiccional. En dicha regulación, entre otras, se abordarán las siguientes cuestiones:
Delimitar claramente el ámbito objetivo y subjetivo de la mediación penal.
Garantizar los derechos de las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización.
Preservar las garantías propias del proceso penal, en especial el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Reconocer el papel del Ministerio Fiscal como garante de la legalidad y del interés público.
Dotar de medios personales y materiales suficientes este sistema público de servicios de mediación penal intrajudicial.
Promover la formación especializada en esta materia para todos los operadores de la Justicia.
Incorporar mecanismos de evaluación y seguimiento de la mediación penal, con el objetivo de medir su impacto en términos de calidad.de la justicia, satisfacción de las víctimas y reinserción social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Defensa
161/003338
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instalación de una base
permanente de la UME en Galicia, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Unidad Militar de Emergencias (UME), unidad de intervención de las Fuerzas Armadas desde su creación ha demostrado sobradamente su eficacia, profesionalidad y compromiso en la gestión de situaciones de emergencia de gran envergadura en
todo el territorio nacional. Su capacidad operativa actuando en incendios forestales, inundaciones, temporales, nevadas, crisis sanitarias o tecnológicas, entre otros escenarios, se ha convertido en un pilar esencial dentro del Sistema Nacional de
Protección Civil.
Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de emergencias naturales en el Estado, debido a sus características orográficas, climáticas y forestales. En particular, los incendios forestales suponen un grave y recurrente
problema durante los meses de verano, alcanzando en muchas ocasiones dimensiones de emergencia nacional. A ello se suman otros riesgos no menos significativos, como temporales marítimos, etc.
Galicia presenta un perfil de riesgo elevado en materia de protección civil, especialmente en relación con incendios forestales, dada su elevada masa forestal, dispersión poblacional y condiciones meteorológicas extremas durante parte del
año.
En la actualidad, la base más cercana de la UME a Galicia se encuentra en León (BIEM V), lo que implica tiempos de respuesta que, si bien dentro de los estándares operativos, no son los óptimos en situaciones que requieren intervención
inmediata. En un contexto en el que la rapidez de respuesta es clave para salvar vidas, proteger bienes y reducir daños al medioambiente, la existencia de una base permanente de la UME en territorio gallego resultaría de extraordinaria utilidad.
La creación de dicha base permitiría mejorar de forma notable la capacidad de reacción ante emergencias, garantizar mayor proximidad y rapidez en las intervenciones, y fortalecer la colaboración y coordinación con los servicios de emergencia
autonómicos y locales. Asimismo, permitiría fomentar la formación conjunta, la planificación estratégica en materia de protección civil y la descentralización de recursos de alta capacidad operativa. La presencia permanente de la UME también
beneficiaría la eficacia en la reacción ante catástrofes, pues tendrían un alto conocimiento del territorio.
Actualmente, Galicia no cuenta con una base permanente de la UME. Esto supone una clara desventaja operativa en comparación con otras comunidades, especialmente en lo relativo a tiempos de respuesta, logística y prevención. Dentro de
Galicia, la provincia de Ourense es una de las más castigadas históricamente por los incendios forestales, siendo también una de las más despobladas y montañosas, lo que dificulta aún más las labores de emergencia y protección civil.
Por otra parte, la provincia de Ourense reúne una serie de condiciones estratégicas y técnicas adecuadas para albergar esta base: una posición geográfica central en el interior gallego, con buenas comunicaciones hacia el resto de la
comunidad autónoma; un alto índice de riesgo de incendios forestales; disponibilidad de suelo público para instalaciones logísticas y, además, un notable déficit histórico de infraestructuras estatales.
Contar con una base en Ourense permitiría reducir drásticamente el tiempo de despliegue, especialmente crítico en zonas rurales y montañosas. La pluralidad de incendios activos, la simultaneidad sin precedentes, los tiempos de intervención
prolongados y el enorme coste logístico subrayan la imperiosa necesidad de contar con una base operativa en Ourense. Esto no solo permitiría una respuesta más concentrada y rápida, sino también la planificación preventiva y el fortalecimiento de la
coordinación interinstitucional.
Ourense pertenece a lo que se conoce como «España vaciada», con retos demográficos y económicos. La instalación de una base de la UME no solo fortalecería la capacidad de respuesta, sino también promovería empleo y servicios en zonas
rurales, contribuyendo a su revitalización, supondría una dinamización económica y social para la provincia, así como una mayor seguridad para sus habitantes, en definitiva, un refuerzo de servicios públicos y seguridad en zonas rurales vulnerables.
Por tanto, desde un enfoque técnico, operativo y territorialmente equilibrado, resulta razonable considerar Ourense como emplazamiento idóneo para una base permanente de la UME en Galicia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Iniciar, en coordinación con la Xunta de Galicia y las autoridades locales, los trámites necesarios para ubicar dicha base en la provincia de Ourense.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Celso Luis Delgado Arce, Rosa Quintana Carballo, Miguel Tellado Filgueira, Marta González Vázquez, Tristana Moraleja Gómez, Cristina Abades Martínez,
Francisco José Conde López, Jaime Eduardo de Olano Vela, Irene Garrido Valenzuela, Pedro Puy Fraga y Juan Andrés Bayón Rolo, Diputados.Álvaro Pérez López, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003309
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Cristina Valido García de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
activación de la UME
ante incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos adversos en Canarias, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos adversos han experimentado en los últimos años un incremento notable tanto en su frecuencia como en su intensidad, afectando gravemente a la seguridad de las personas, lo bienes y el
medio natural en Canarias.
Episodios recientes han evidenciado la creciente complejidad de estas emergencias, especialmente en territorios insulares donde las condiciones orográficas, climáticas y de acceso dificultan las labores de intervención. A ello se suman
fenómenos meteorológicos extremos, como borrascas de alto impacto, entre ellas la reciente borrasca Therese, que provocó situaciones de riesgo generalizado y obligó a la adopción de medidas extraordinarias por parte de las administraciones
insulares.
El sistema de protección civil vigente establece distintos niveles de emergencia en función de su gravedad y ámbito competencial. En la actualidad, la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se produce fundamentalmente en
situaciones de nivel 2, es decir, cuando la dirección de la emergencia corresponde a la comunidad autónoma.
Sin embargo, en el contexto del archipiélago canario, los cabildos insulares ostentan competencias directas en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios forestales, siendo en muchos casos la autoridad competente en
emergencias de nivel 1 (insular). Esta singularidad del modelo territorial canario no se ve adecuadamente reflejada en la normativa estatal vigente.
En situaciones recientes, como la derivada de la borrasca Therese, se ha puesto de manifiesto que los cabildos se ven obligados a elevar artificialmente el nivel de la emergencia a nivel 2 para poder activar la intervención de la Unidad
Militar de Emergencias (UME), lo que evidencia una disfunción del sistema y una rigidez normativa que no responde a la realidad operativa ni a la urgencia de las situaciones.
La imposibilidad de activar directamente a la UME por parte de los cabildos insulares en situaciones de emergencia limita la capacidad de respuesta inmediata ante riesgos de rápida evolución, donde la anticipación y la rapidez de
intervención resultan determinantes para evitar daños mayores.
Por todo ello, se hace necesario adaptar la normativa estatal en materia de protección civil para reconocer la realidad organizativa de Canarias y permitir una respuesta más ágil, eficaz y proporcionada ante emergencias, incluyendo incendios
forestales y fenómenos meteorológicos adversos.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Modificar la normativa estatal en materia de protección civil, en particular la regulación relativa a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el fin de:
Permitir que los cabildos insulares, como autoridades competentes en emergencias de nivel insular, puedan solicitar directamente la activación de la UME, tanto en situaciones de incendios forestales como ante fenómenos meteorológicos
adversos u otras emergencias de protección civil.
2. Evitar la necesidad de elevar artificialmente el nivel de emergencia, garantizando que la activación de recursos estatales como la UME pueda producirse en función de la gravedad real de la situación y no de limitaciones formales del
sistema.
3. Reconocer la singularidad del modelo territorial y competencial de Canarias, garantizando que los mecanismos de respuesta ante emergencias se adapten a la realidad archipelágica.
4. Establecer los protocolos de coordinación necesarios entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, para asegurar una intervención eficaz, rápida y coordinada de la UME cuando sea
requerida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Cristina Valido García, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003316
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para proceder a la apertura inmediata
de una oficina de documentación de la Policía Nacional de manera permanente en la ciudad de Sant Cugat del Valles, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Hasta el mes de agosto de 2024, Sant Cugat del Valles disponía de una oficina de expedición del Documento Nacional de Identidad y del Pasaporte de la Policía Nacional, ubicada en la calle Valles.
Esta oficina daba servicio a miles de ciudadanos, casi 100.000 personas pasaban a lo largo del año por dichas oficinas, evitando a los vecinos tener que desplazarse a otros municipios para realizar trámites básicos y obligatorios como la
renovación del DNI o del pasaporte.
Sin embargo, esta oficina se cerró por parte de la Dirección General de la Policía debido al déficit de mantenimiento del edificio que ocupaba. Desde ese momento, el municipio se ha quedado sin este servicio esencial, y la ciudadanía se ve
obligada a desplazarse a localidades como Rubí, Cerdanyola o Terrassa, con las molestias y tiempos de espera que ello conlleva.
Cabe destacar que, ni la Delegación del Gobierno en Cataluña ni el Ayuntamiento de Sant Cugat han sido capaces de encontrar una solución que permita reabrir una oficina de expedición en el municipio.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha ofrecido varios locales municipales, pero la Delegación del Gobierno no los ha considerado adecuados. Paralelamente, el Ayuntamiento ha rechazado asumir el coste del alquiler de un local externo que pueda
cumplir con los requisitos exigidos.
Como alternativa provisional, se había propuesto la instalación periódica de una oficina móvil como las que funcionan en municipios más pequeños, pero finalmente esta opción tampoco se ha llevado a cabo ya que el Ayuntamiento se niega a
tramitar las citas previas necesarias para su funcionamiento.
Este conflicto institucional perjudica exclusivamente a los ciudadanos de Sant Cugat, que ven como una ciudad de casi 100.000 habitantes sigue sin disponer de un servicio público esencial que sí tienen municipios mucho más pequeños
Dado que el derecho de la ciudadanía a un acceso próximo y efectivo a los servicios públicos no debe verse condicionado ni obstaculizado por eventuales discrepancias entre administraciones, resulta imprescindible que el Gobierno adopte, de
una vez por todas, una solución que implique la reapertura de una oficina fija en Sant Cugat y la habilitación de un espacio definitivo que garantice la prestación del servicio de tramitación y expedición de documentos de identidad y pasaportes en
la localidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder, a través del Ministerio del Interior, a la apertura inmediata de una oficina de documentación (DNI, pasaportes, extranjería, etc.) de la Policía Nacional, de manera permanente en la
ciudad de Sant Cugat del Vallés, así como dotara dicha oficina de los medios personales y materiales suficientes para prestar dichos servicios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Santi Rodríguez Serra, Ana Belén Vázquez Blanco, Agustín Parra Gallego y Llanos de Luna Tobarra, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003317
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para prevenir el
robo de catalizadores en vehículos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años se ha producido un incremento significativo de los robos de catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública en diversas ciudades españolas.
Este fenómeno, que afecta tanto a particulares como a empresas de transporte y logística, se ha intensificado recientemente, generando una creciente preocupación social.
Los catalizadores contienen metales de alto valor como paladio, rodio y platino cuyo precio en el mercado internacional ha experimentado un notable aumento. Esta circunstancia ha favorecido la aparición de grupos organizados que actúan de
forma rápida y coordinada, causando daños materiales que pueden superar fácilmente los mil euros por vehículo, además de provocar perjuicios económicos indirectos derivados de la inmovilización del automóvil.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han alertado de la creciente profesionalización de estas redes, que operan en múltiples provincias y emplean canales ilícitos para la comercialización de los metales extraídos.
Asimismo, talleres y empresas del sector del reciclaje han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la trazabilidad de estos componentes con el fin de evitar su venta irregular.
Ante esta situación, resulta imprescindible que el Gobierno de España impulse medidas coordinadas que refuercen la prevención, mejoren la capacidad de investigación policial y garanticen un control más estricto del mercado de metales
procedentes de catalizadores, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y reducir la actividad delictiva asociada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar la presencia policial e incrementar los dispositivos de vigilancia en las zonas con mayor incidencia de robos de catalizadores, especialmente en horario nocturno, así como potenciar las unidades especializadas en delitos contra
el patrimonio y en crimen organizado para la investigación de estas redes.
2. Establecer un sistema reforzado de control y registro de catalizadores usados y de los metales que contienen, especialmente en centros de reciclaje y desguaces, así como impulsar un protocolo estatal de trazabilidad que dificulte la
comercialización ilícita de estos materiales.
3. Fomentar la cooperación entre administraciones autonómicas y locales con el fin de coordinar actuaciones preventivas y campañas informativas.
4. Promover acuerdos con asociaciones de talleres, fabricantes y aseguradoras para mejorar la detección temprana de estos delitos y la comunicación de incidentes.
5. Desarrollar campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre medidas de protección de los vehículos y sobre la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa.
6. Estudiar la viabilidad de incentivar la instalación de sistemas de protección física para catalizadores en vehículos especialmente vulnerables.
7. Evaluar la necesidad de actualizar la normativa vigente con el fin de endurecer las sanciones relacionadas con el robo, manipulación o comercialización ilegal de catalizadores y sus componentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Fernando de Rosa Torner y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003318
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al incremento de efectivos de
la Guardia Civil en Cantabria, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido de la actividad turística, consolidándose como uno de los destinos de referencia del norte de España. Este fenómeno se intensifica
especialmente durante la temporada estival, cuando numerosos municipios, en particular los del litoral, ven multiplicada su población de forma muy significativa.
Este incremento estacional de población genera una presión evidente sobre los servicios públicos y, de manera muy especial, sobre los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil, que ejerce sus
competencias en amplias zonas del territorio cántabro.
Lejos de ser una cuestión menor, el aumento de población tiene una incidencia directa en la seguridad ciudadana. Tal y como reflejan los propios datos del Ministerio del Interior, en contextos de elevada concentración de personas, como
ocurre en los meses de verano, se produce un incremento de determinados tipos de infracciones penales,
especialmente los delitos contra el patrimonio, como hurtos y robos, así como los delitos vinculados a la seguridad vial y a la celebración de eventos multitudinarios. Se trata, en muchos casos, de delincuencia de oportunidad, directamente
asociada al aumento de la actividad y la movilidad.
A ello, se suma el incremento de actuaciones vinculadas a emergencias, rescates en montaña, incidencias en espacios naturales y accidentes de tráfico, lo que incrementa de forma notable la carga operativa de la Guardia Civil durante estos
periodos.
Sin embargo, frente a esta realidad, la respuesta del Gobierno de España ha sido claramente insuficiente. Los dispositivos desplegados en el marco de la denominada Operación Verano presentan un carácter limitado, temporal y, en demasiadas
ocasiones, alejado de las necesidades reales del territorio.
Esta falta de adecuación pone de manifiesto la ausencia de una planificación eficaz y de una visión estructural por parte del Ministerio del Interior.
El Gobierno continúa sin abordar el problema de fondo: la falta de adaptación de la plantilla orgánica de la Guardia Civil en Cantabria a una realidad turística que ya no es coyuntural, sino estructural. Como consecuencia, se está
produciendo una sobrecarga creciente de los agentes, una merma en la capacidad preventiva y una mayor dificultad para garantizar niveles óptimos de seguridad en los momentos de máxima demanda.
En este sentido, la seguridad ciudadana no puede evaluarse únicamente a partir de medias anuales, sino que debe ajustarse a los picos reales de demanda. Resulta inadecuado pretender atender a una población que se multiplica durante el
periodo estival con unos recursos diseñados para una realidad completamente distinta.
Garantizar la seguridad en territorios con alta estacionalidad turística no solo es una obligación del Estado, sino también una condición indispensable para proteger la convivencia, la actividad económica y la imagen de España como destino
seguro.
Por este motivo, resulta imprescindible adoptar medidas que permitan reforzar de manera efectiva la presencia de la Guardia Civil en Cantabria durante la temporada estival.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la temporada estival, especialmente en las zonas con mayor afluencia turística.
2. Ampliar la duración y mejorar la planificación de los refuerzos estivales, adaptándolos a los periodos reales de mayor presión poblacional y evitando su carácter limitado.
3. Evaluar y revisar la plantilla orgánica de la Guardia Civil en Cantabria, con el objetivo de corregir el déficit estructural de efectivos existente.
4. Dotar de medios materiales, técnicos y logísticos suficientes a las unidades desplegadas, especialmente en materia de tráfico, seguridad ciudadana, rescates y protección del medio natural.
5. Desarrollar un plan específico para territorios con alta estacionalidad turística, que permita anticipar necesidades, mejorar la coordinación institucional y garantizar una respuesta eficaz en los periodos de máxima demanda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Félix de las Cuevas Cortés, Ana Belén Vázquez Blanco, Carlos García Adanero, Irene Garrido Valenzuela, Fernando de Rosa Torner, Carlos Alberto Sánchez Ojeda, Sofía Acedo Reyes,
Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Beatriz Álvarez Fanjul, María Eugenia Carballedo Berlanga, Manuel Cobo Vega, Llanos de Luna Tobarra, José Ignacio Romaní Cantera, Maribel Sánchez Torregrosa y Elvira Velasco Morillo, Diputados.Ester Muñoz
de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003320
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar medidas para
atajar el cultivo y tráfico de cannabis en la provincia de Granada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Recientemente se han publicado noticias muy preocupantes relativas al incremento de organizaciones criminales internacionales, dedicadas al tráfico de marihuana en Granada. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía Superior de
Andalucía han puesto de manifiesto, en las memorias de 2024, el agravamiento de la situación, observando un cambio de paradigma, de tal forma que las tradicionales estructuras familiares están siendo sustituidas por organizaciones criminales
extranjeras (holandesas, francesas, ucranianas, albanesas), que trasladan a Granada su base de operaciones para el cultivo indoor de marihuana.
Este cambio ha supuesto, a juicio del Ministerio Público, un incremento en la intervención de armas de fuego utilizadas para la protección de las plantaciones. Se trata de organizaciones con un importante nivel de sofisticación tecnológica
y operativa, que emplean numerosas armas para proteger sus cultivos, con el consiguiente incremento del riesgo para la población y los agentes de seguridad.
Las diligencias judiciales iniciadas por tráfico de drogas en Granada, durante el año 2024, según la Memoria de la Fiscalía, se han incrementado en un 20%, situándose en cerca de mil casos.
La Fiscalía General del Estado ya alertó del aumento de las bandas dedicadas al narcotráfico no españolas en la provincia de Granada, en la Memoria del año 2023, indicando que se trataba de bandas procedentes principalmente de países de
Europa del Este que sitúan en nuestro país y, en concreto en esta provincia, la base de operaciones de sus organizaciones criminales. En esa Memoria de 2023, el Ministerio Público señalaba puntos concretos de la provincia donde se ubican, tales
como la zona Norte de la capital granadina, Atarfe, Albolote y Pinos Puente, entre otros.
El último informe publicado este mes de junio por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, referente a 2024, recoge como en la provincia se incautaron más de 13 toneladas de hachís, un 52,6% más que el año
anterior.
Asimismo, se incautaron 229.178 plantas de cannabis en la provincia, representando un 47% del total de esta droga incautado en Andalucía.
Esta realidad ha supuesto, entre otras cosas, un agravamiento de los efectos ya conocidos del fraude eléctrico asociado al cultivo ilegal, sobrecargas frecuentes, apagones en la zona Norte de Granada y en algunas poblaciones como Pinos
Puente y Atarfe, afectando todo esto a la segundad de los ciudadanos y a la convivencia vecinal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar los recursos humanos y materiales destinados a desarticular bandas organizadas y redes internacionales dedicadas al cultivo de marihuana en Granada, incrementado los recursos de Guardia Civil, Policía Nacional y Fiscalía
Especial Antidroga.
2. Plantear la modificación del Código Penal para endurecer las penas tanto para el cultivo ilegal intensivo de marihuana, como para la defraudación de fluido eléctrico asociada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Carlos Rojas García, Pablo Hispán Iglesias de Ussel y María Lourdes Ramírez Martín, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003321
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a establecer una Unidad de
Documentación de la Policía Nacional con carácter permanente en la isla de El Hierro, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En los últimos años, el archipiélago canario viene soportando una presión migratoria creciente, especialmente a través de la denominada ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo. Esta situación se ha intensificado de forma notable
en islas como El Hierro, que se ha convertido en uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones irregulares.
La ausencia de una política migratoria ordenada y responsable por parte del Gobierno ha contribuido a agravar esta crisis, cuyas consecuencias son tanto humanitarias como operativas.
Desde el punto de vista humanitario, se siguen produciendo de forma recurrente tragedias en el mar, con la pérdida de vidas humanas de personas que intentan alcanzar territorio español en condiciones extremadamente peligrosas.
Desde el punto de vista operativo, la llegada constante de inmigrantes irregulares ha generado un notable colapso en los sistemas de acogida, así como una presión extraordinaria sobre los recursos disponibles en la isla.
Esta situación está afectando de manera directa a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en El Hierro, que se ven obligados a destinar una parte sustancial de sus recursos humanos y materiales a la
atención de esta crisis migratoria.
Como consecuencia, se están detrayendo efectivos que anteriormente estaban destinados a funciones esenciales de seguridad ciudadana, con el consiguiente impacto negativo en la protección de los residentes y en el normal desarrollo de la
actividad cotidiana en la isla.
A esta sobrecarga operativa se suma una evidente carencia estructural en materia de servicios administrativos básicos de la Policía Nacional. En particular, la isla de El Hierro carece de una Unidad de Documentación permanente para la
expedición y renovación de documentos oficiales como el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte.
En la actualidad, este servicio se presta de forma limitada y discontinua mediante desplazamientos puntuales de efectivos desde otras islas, lo que reduce la disponibilidad del servicio a unas pocas horas semanales.
Esta situación obliga, en muchos casos, a los residentes de El Hierro a desplazarse a otras islas, principalmente Tenerife, para realizar trámites esenciales relacionados con su documentación personal, con el consiguiente coste económico y
de tiempo.
Asimismo, esta dinámica incrementa la carga de trabajo de los agentes desplazados, que deben compatibilizar estas funciones con otras tareas operativas, agravando la situación de saturación ya existente.
Por todo lo expuesto, resulta necesario adoptar medidas estructurales que permitan aliviar la presión sobre los efectivos policiales, mejorar la calidad del servicio público y garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos de El Hierro a
servicios básicos de la Administración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una Unidad de Documentación de la Policía Nacional en la isla de El Hierro con carácter permanente.
2. Incrementar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la isla de El Hierro, para hacer frente a la incesante presión migratoria, así como para reforzar la seguridad ciudadana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Ainhoa Molina León, Juan Antonio Rojas Manrique, Laura María Lima García, Jimena Delgado-Taramona Hernández, Guillermo Mariscal Anaya, Carlos Alberto Sánchez Ojeda y Ana Belén
Vázquez Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003322
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de efectivos
y modernización de medios de la Guardia Civil en Melide y el resto de Galicia, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La situación de la Guardia Civil en Galicia atraviesa un momento crítico que combina dos factores estructurales: déficit grave de personal y falta de abastecimiento en medios materiales y tecnológicos.
Según estimaciones de algunas asociaciones profesionales, en Galicia faltan entre 800 y 900 agentes, mientras que, a nivel nacional, el déficit ronda los 20.000 efectivos. Solo en la provincia de A Coruña serían necesarios alrededor de 400
agentes adicionales.
Este déficit tiene su origen en un sistema de reposición insuficiente, que únicamente computa las jubilaciones ordinarias a los 65 años, sin contemplar adecuadamente el pase a la reserva a los 58 años, ni las vacantes generadas por ascensos
o cambios de especialidad.
El resultado es una plantilla envejecida, con una media de edad entre los 47 y 50 años, y con promociones numerosas de los años noventa próximas a su retiro 51 no se acelera la incorporación de nuevos guardias, Galicia afrontará en la
próxima década una reducción aún mayor de efectivos.
Un claro ejemplo de déficit de personal es el Puesto de la Guardia Civil de Melide (A Coruña), que da cobertura a los municipios de Melide (101 km2), Toques (78 km2) y
Santiso (68 km2), lo que supone un ámbito de actuación cercano a los 250 km2. Sin embargo, actualmente solo cuenta con cuatro agentes en activo.
La extensión del territorio es tal que una intervención puede implicar hasta una hora de desplazamiento para llegar al lugar y otra hora para regresar al cuartel, dejando durante ese tiempo la demarcación sin presencia efectiva.
Esta realidad tiene consecuencias directas: no se puede garantizar atención presencial continuada en horario de mañana (pese a estar asignada de 9:00 a 14:00 horas), se incrementan los tiempos de respuesta y, en muchas ocasiones, los
vecinos encuentran el cuartel cerrado y son derivados a puestos con servicio 24 horas como Milladoiro (Ames) o Betanzos que se encuentran a 1 hora de camino.
A ello se suma la falta de efectivos de la Policía Local (dos agentes cuando deberían ser ocho), lo que dificulta las actuaciones conjuntas y agrava la sensación de inseguridad en la capital de la comarca de Terra de Melide.
Además, la próxima apertura del tramo Melide-Arzúa de la autovía Lugo-Santiago puede suponer un nuevo desafío: la experiencia demuestra que la mejora de las infraestructuras de alta capacidad facilita no solo la movilidad y el desarrollo
económico, sino también la rápida huida de delincuentes hacia grandes núcleos urbanos, incrementando el riesgo de delitos contra la propiedad en zonas rurales bien conectadas. Sin un refuerzo paralelo de efectivos, esta mayor accesibilidad puede
traducirse en un aumento de la presión delictiva y en mayores dificultades para su persecución.
La falta de efectivos de Guardias civiles en Galicia se agrava por la falta de adaptación material a las exigencias actuales. El sistema de adquisición mediante pliegos públicos provoca que el material tecnológico, como tabletas o equipos
informáticos, llegue con varios años de desfase. También el parque móvil presenta vehículos que han superado su vida útil y modelos eléctricos o híbridos poco adecuados para desplazamientos en zonas rurales donde se carece de puntos de recarga.
En un puesto con recursos tan limitados como el de Melide, esta precariedad material se agrava con la insuficiencia de munición para las prácticas de tiro, lo que repercute directamente en la preparación operativa de los agentes. A ello se
suma la cancelación de la compra de munición a proveedores israelíes, tras haberse adquirido previamente pistolas de ese origen que utilizan cartuchería específica. Al haberse anulado el suministro y no existir stock suficiente alternativo,
actualmente no se dispone de las balas necesarias para su uso, una situación que afecta a más de 9.000 pistolas distribuidas en toda España que han quedado inoperativas.
El caso de Melide no es una excepción aislada, sino un ejemplo representativo de un problema estructural que se repite en numerosos puestos, especialmente en el medio rural gallego.
La falta de efectivos, medios y planificación adecuada constituye un patrón que afecta a distintas demarcaciones. Prueba de ello es que, en diversas provincias de Galicia, numerosos agentes han manifestado públicamente y de forma reiterada
su malestar por la situación de abandono que perciben por parte del Ministerio del Interior, reclamando soluciones urgentes y estructurales. Entre sus principales reivindicaciones están:
La insuficiencia de medios humanos y materiales para garantizar la seguridad ciudadana.
La existencia de instalaciones obsoletas y con carencias estructurales.
Plantillas envejecidas y sin refuerzos acordes con las necesidades actuales.
Sentimiento de discriminación frente a policías autonómicas, que reciben más efectivos y recursos.
La demanda de reconocimiento como profesión de riesgo, equiparable al de otros cuerpos como bomberos o policías locales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar de manera urgente el Puesto de la Guardia Civil de Melide, ampliando su catálogo de efectivos y cubriendo de forma inmediata las vacantes existentes, así como adoptar medidas equivalentes en aquellos puestos de Galicia que
presenten déficit estructural de personal, especialmente en el medio rural.
2. Revisar el sistema de reposición de efectivos, incorporando al cómputo las situaciones de pase a la reserva, ascensos y cambios de especialidad, con el fin de garantizar una plantilla real y operativa acorde a las necesidades actuales en
los cuarteles gallegos.
3. Reconocer, de manera inmediata, a la Guardia Civil como profesión de riesgo, equiparable a otros cuerpos, como el de bomberos, teniendo en cuenta la peligrosidad de su actividad.
4. Aprobar un plan específico de rejuvenecimiento de la plantilla, acelerando las convocatorias de acceso y reforzando la incorporación de nuevos guardias civiles tanto en Melide como en el conjunto de demarcaciones en Galicia.
5. Garantizar la presencia operativa permanente en el medio rural, asegurando patrullas suficientes durante las noches, fines de semana y festivos para una mayor rapidez de respuestas ante las eventuales emergencias.
6. Modernizar los medios materiales y tecnológicos, renovando el parque móvil, actualizando equipamientos informáticos y garantizando el suministro adecuado de munición y medios de defensa para la formación y seguridad de los agentes tanto
en Melide como en el conjunto de demarcaciones en Galicia, especialmente en las áreas rurales.
7. Constituir una mesa de diálogo con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, con el fin de abordar mejoras en relación con sus condiciones laborales, el reconocimiento como profesión de riesgo y medidas que garanticen a los
agentes una jubilación digna.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Marta González Vázquez, Ana Belén Vázquez Blanco, Miguel Tellado Filgueira, Tristana María Moraleja Gómez y Álvaro Pérez López, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003330
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de los cuarteles
y puestos de la Guardia Civil en Pontevedra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde su creación en 1844 los hombres y mujeres de la Guardia Civil han sido garantes de la seguridad pública en todo el territorio nacional, con especial incidencia en el medio rural, donde su presencia resulta muchas veces la única
referencia del Estado. Su labor ha permitido el ejercicio efectivo de los derechos y libertades constitucionales en condiciones de seguridad, contribuyendo a la cohesión territorial y social de España.
El papel de la Guardia Civil resulta especialmente relevante en provincias como Pontevedra, caracterizada por una elevada dispersión poblacional, numerosos núcleos rurales y una estructura municipal fragmentada, donde muchos ayuntamientos
carecen de efectivos de la Policía Local.
La provincia de Pontevedra tiene un poco más del 10% de los núcleos de población de toda España. En este contexto, la Guardia Civil constituye un pilar esencial para garantizar la seguridad ciudadana y la atención directa a los vecinos.
Sin embargo, en los últimos años se ha venido constatando un progresivo deterioro de los recursos humanos y materiales destinados a la Guardia Civil en la provincia de Pontevedra. Diversas asociaciones profesionales han denunciado, en
numerosas ocasiones, un déficit estructural de efectivos que se sitúa entre 400 y 500 agentes necesarios para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad tanto en la provincia como en el conjunto de Galicia durante los próximos años.
A esta falta de personal se suma un contexto de nuevas formas de criminalidad, así como de delincuencia violenta y organizada, que genera una mayor presión sobre las plantillas actuales y una mayor sensación de inseguridad entre los
ciudadanos.
La insuficiencia de efectivos y medios materiales está provocando una sobrecarga de trabajo para los agentes destinados en la provincia de Pontevedra, donde la dispersión geográfica y la existencia de numerosos municipios de pequeño tamaño
obligan a cubrir amplias zonas con recursos limitados. En estos entornos, la reducción de efectivos o el debilitamiento de los cuarteles supone un riesgo evidente de desprotección, agravado en situaciones de especial vulnerabilidad.
Las medidas del Ministerio del Interior están orientadas a la reorganización territorial mediante núcleos operativos y el eventual cierre o pérdida de operatividad de puestos auxiliares. Pues, el impacto es particularmente negativo en esta
provincia: de cuarenta y cuatro cuarteles que hay, solo siete están abiertos las veinticuatro horas.
La concentración de efectivos en unidades de mayor tamaño, sin un incremento paralelo de plantilla, puede traducirse en una menor presencia efectiva en el territorio, incrementando los tiempos de respuesta y debilitando la atención directa
al ciudadano.
Además, la limitación de horarios de atención presencial en los cuarteles, junto con la sustitución de servicios por medios telemáticos, resulta especialmente inadecuada en una provincia con una población envejecida y dispersa, donde el
acceso a recursos digitales no siempre está garantizado.
Pues es urgente reforzar la presencia de la Guardia Civil en Pontevedra, tanto en términos de efectivos como de medios materiales, garantizando un modelo de seguridad que atienda a las particularidades del territorio y asegure una cobertura
adecuada en todos los municipios, especialmente en los de menor tamaño, evitando situaciones de desigualdad respecto a los entornos urbanos y contribuyendo a la cohesión territorial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar el despliegue territorial de la Guardia Civil en Pontevedra, así como en el conjunto de Galicia para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de la población que habita en los entornos rurales, garantizando la seguridad
como un derecho social básico.
2. Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todos los Cuarteles de la Guardia Civil desplegados por todo el territorio español, dotándola de más medios personales y materiales.
3. Colaborar con los Ayuntamientos de las zonas rurales de la provincia de Pontevedra, en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
4. Proceder a la atención presencial en todos los cuarteles las 24 horas del día.
5. Detener cualquier eventual cierre de puestos de la Guardia Civil en la provincia.
6. Reforzar de manera urgente los puestos de la Guardia Civil en todas aquellas zonas de Galicia que carecen de Policía Local.
7. Completar la ocupación de todas las plazas que aparecen en el Catálogo de Puestos de Trabajo que siguen vacantes para la provincia de Pontevedra.
8. Elaborar un Plan de Incentivo Profesional y Económico para los agentes que quieran ocupar los puestos de baja demanda del medio rural.
9. Utilizar urgentemente las vacantes del personal en reserva sin destino, paran dotar de más agentes a los cuarteles.
10. Aprobar, en las próximas convocatorias de empleo público mayor número de plazas de las de las vacantes que quedan libres por jubilación hasta cubrir las bajas existentes en el catálogo.
11. Realizar las inversiones necesarias para mejorar los cuarteles de la Guardia Civil que se encuentran en mal estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Pedro Puy Fraga, Irene Garrido Valenzuela, Juan Andrés Bayón Rolo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/003336
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el refuerzo de los servicios de
documentación y extranjería de la Policía Nacional en Verín, O Barco de Valdeorras y Ourense, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Actualmente, en la provincia de Ourense, existen tres dependencias de Policía Nacional: la Comisaría Provincial, ubicada en la ciudad de Ourense; la Unidad de Extranjería y Documentación (UEYD), situada en la localidad de Verín; y la
Unidad de Documentación, radicada en O Barco de Valdeorras.
En la Comisaría Provincial de Ourense se encuentra el negociado de expedición de Documento Nacional de Identidad y pasaporte, en el que, además, se realizan diversos trámites y procedimientos administrativos relacionados con ciudadanos
extranjeros. Esta dependencia cuenta con funcionarios adscritos a la Escala de Cuerpos Generales (CCGG) para el desempeño de dichas funciones. Sin embargo, en la actualidad existe un déficit de cinco efectivos de CCGG, que está siendo suplido
mediante la reasignación de otros funcionarios destinados a tareas administrativas en distintas áreas de la Comisaría, así como mediante la detracción de efectivos policiales de servicios operativos. Esta situación se ha visto agravada durante el
año 2025, en el que ha sido necesario detraer a tres agentes operativos adicionales para garantizar la prestación del servicio de expedición de DNI y pasaporte en el ámbito rural a través del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC).
Por su parte, en la UEYD de Verín se desarrollan tanto funciones operativas como administrativas en materia de extranjería, además de la expedición de DNI y pasaporte. En dicha unidad existen actualmente tres vacantes de puestos
correspondientes a CCGG, que están siendo cubiertas de manera provisional por los propios funcionarios policiales destinados en la plantilla. Estos agentes, además de sus funciones operativas, asumen la tramitación de expedientes relacionados con
ciudadanos extranjeros, incluyendo la expedición y renovación de tarjetas de identidad de extranjero (TIE), la
asignación del número de identidad de extranjero (NIE), la tramitación de certificados de ciudadanos de la Unión Europea, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, documentos de viaje, prórrogas de estancia y solicitudes de protección
internacional.
Asimismo, el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional correspondiente a la UEYD de Verín, vigente desde el año 2007, contempla una estructura claramente insuficiente para atender la actual carga de trabajo, al prever únicamente
un puesto de jefe de unidad, uno de jefe de subgrupo, dos oficiales y cinco policías. Esta limitada dotación, unida al incremento sostenido de las funciones encomendadas, dificulta la adecuada atención a los ciudadanos, generando demoras en la
gestión de citas previas y situaciones puntuales de colapso en el servicio.
En cuanto a la Unidad de Documentación de O Barco de Valdeorras, esta dependencia presta servicios de expedición de DNI, pasaporte y tarjetas de identidad de extranjero (TIE). En la actualidad, los tres puestos de CCGG asignados se
encuentran vacantes, lo que implica que estas funciones sean asumidas íntegramente por los cinco funcionarios policiales destinados en la unidad desde su creación en el año 2023. Esta unidad fue concebida para dar servicio a una población
aproximada de 27.000 habitantes pertenecientes a una comarca integrada por diez municipios, cuya lejanía y deficiente comunicación con la capital provincial dificultaban el acceso a estos servicios.
A este escenario de insuficiencia estructural de personal se suma la previsión de un incremento significativo de la carga de trabajo derivado de la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno en enero de 2026, pendiente de
su publicación definitiva. Dicha medida podría afectar a más de un millón de ciudadanos extranjeros en situación irregular y cuya tramitación se prevé concentrar en un corto periodo de tiempo, previsiblemente entre los meses de abril y junio. Este
proceso incrementará de forma exponencial la presión sobre las unidades encargadas de la gestión administrativa en materia de extranjería, entre las que se encuentran las dependencias de la provincia de Ourense anteriormente descritas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar, a la mayor brevedad posible y hasta su cobertura definitiva mediante los procedimientos ordinarios de provisión, en comisión de servicio voluntaria y sin derecho a dietas, las vacantes de personal de la Escala de Cuerpos
Generales existentes en la Comisaría Provincial de Cúrense, en la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín y en la Unidad de Documentación de O Barco de Valdeorras.
2. Proceder, por parte de la Dirección General de la Policía y previa tramitación de los procedimientos oportunos, a la revisión y actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo de la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín, con el
fin de adecuar su dotación a las necesidades actuales y a la previsión de incremento de la carga de trabajo.
3. Convertir la actual Unidad de Documentación de O Barco de Valdeorras en una Unidad de Extranjería y Documentación, dotándola de los efectivos necesarios para la prestación integral de servicios operativos y administrativos en materia de
extranjería, además de la expedición de documentos oficiales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Ana Belén Vázquez Blanco, Rosa Quintana Carballo y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
161/003319
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de habilitar
un paso peatonal seguro a distinto nivel sobre la vía férrea en Teixeiro (Curtís, A Coruña), para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El núcleo urbano de Teixeiro, capital del municipio de Curtís (A Coruña), con 1.515 habitantes (2025), se encuentra dividido en dos partes por el paso de la línea ferroviaria León-A Coruña. Concretamente, la estación se ubica en el punto
kilométrico 487,898 de la mencionada línea férrea. Por esta infraestructura circulan diariamente varios trenes, con aproximadamente dos frecuencias diarias de pasajeros, además de las correspondientes circulaciones de trenes de mercancías. En uno
de los lados de la vía reside la mayor parte de la población, en torno a 1.170 vecinos. Es en esta zona donde se localizan los principales servicios públicos y equipamientos del municipio, como el centro de salud, el colegio, Correos o el
Ayuntamiento. En el otro lado de las vías viven aproximadamente 345 personas, situándose en esta parte del núcleo la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el cementerio y el edificio de usos múltiples del Ayuntamiento, espacio en el que se
desarrollan numerosas actividades sociales y comunitarias destinadas a personas mayores, jóvenes y asociaciones vecinales.
Esta distribución hace que el tránsito entre ambas partes del municipio sea constante en la vida cotidiana de los vecinos. Además, las viviendas y equipamientos se encuentran a escasos metros de la infraestructura ferroviaria, lo que
durante años ha llevado a muchos ciudadanos a cruzar directamente por las vías del tren. Por ello, Teixeiro disponía de un paso a nivel regulado mediante barreras que permitían o restringían el cruce en función de la circulación ferroviaria, para
peatones y vehículos fuera del ámbito de la estación.
Para garantizar una mayor seguridad que la que proporciona el paso a nivel con barrera y para eliminar este, en 2013, ADIF terminó la construcción de un paso inferior en la carretera AC-231, a escasos metros del paso eliminado. Sin embargo,
este paso presenta importantes deficiencias en materia de seguridad y accesibilidad:
El ancho de la acera no alcanza las dimensiones actualmente exigidas por la Orden TMA/851/2021, que fija una anchura mínima de 1,80 metros. La acera mide entre 1,40 y 1,50 metros, existiendo incluso puntos en los que se reduce hasta los
1,35 metros.
La pendiente del acceso supera el máximo permitido por la normativa vigente. Mientras que el límite establecido es del 6 %, la pendiente actual alcanza el 9 %, lo que dificulta su utilización y genera un riesgo añadido, especialmente para
personas mayores, menores o personas con movilidad reducida.
Y, por último, el paso inferior queda inutilizado por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias que se producen frecuentemente, un problema que ADIF ha intentado solucionar sin éxito con bombas de achique.
Debido a todas estas dificultades, y a la imposibilidad de considerar este paso inferior como un itinerario accesible, los vecinos continuaban hasta hace poco tiempo cruzando por el paso peatonal entre andenes existente en la estación, con
el consiguiente riesgo, hasta que ADIF construyó recientemente unos muros de hormigón (tipo New Jersey) anexos al cierre metálico de malla existente, colocado por ADIF a partir del 14 de junio
de 2024. Este cierre impide la accesibilidad del tránsito entre ambas zonas al mismo nivel y generando en la práctica una división física del núcleo urbano, que obliga a utilizar como única alternativa el paso inferior de la carretera
AC-231. Única alternativa no accesible para una buena parte de la población municipal, de avanzada edad y con dificultades de movilidad o familias con niños pequeños.
Desde el Ayuntamiento se ha creado una plataforma online para la recogida de firmas entre los vecinos reclamando una solución definitiva a ADIF. El manifiesto de esta plataforma está colgado en muchos locales comerciales de Teixeiro y del
resto del ayuntamiento, clara muestra de la implicación vecinal en esta demanda social.
No resulta aceptable que esta sea la única alternativa disponible cuando ADIF sí ha impulsado actuaciones similares en otras localidades gallegas. Es el caso de Rábade (Lugo), donde en 2023 se anunció la construcción de una nueva pasarela
peatonal con ascensor, que se encuentra aún en obras y situada a 80 metros de la actual. Rábade cuenta con una población similar a la de Teixeiro. Sin embargo, mientras allí se impulsan soluciones definitivas, en Teixeiro los vecinos siguen
esperando una respuesta a una demanda que el Ayuntamiento de Curtís viene trasladando a ADIF, responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias desde el año 2011. Cabe preguntarse si es necesario que se produzca un accidente mortal
para que se adopten las medidas necesarias, como ocurrió en Rábade.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Ejecutar, a través de ADIF y con cargo a su presupuesto, las actuaciones necesarias para habilitar en Teixeiro (Curtís, A Coruña) un paso peatonal a distinto nivel, ya sea superior o inferior, que permita cruzar la línea ferroviaria de
forma segura y accesible entre ambas partes del núcleo urbano, terminando con la barrera arquitectónica que supone la línea férrea en el centro del pueblo, que divide la malla urbana en dos partes y supone un grave riesgo de seguridad para los
vecinos.
2. Garantizar que dicha infraestructura sea diseñada y ejecutada por ADIF cumpliendo plenamente la normativa vigente en materia de accesibilidad y seguridad para peatones y contando con el acuerdo del Ayuntamiento de Curtís y los vecinos de
Teixeiro.
3. Adoptar, en tanto no se ejecute la solución definitiva, las medidas provisionales necesarias por parte de ADIF que permitan mejorar las condiciones de seguridad del itinerario peatonal actualmente existente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Marta González Vázquez, Miguel Tellado Filgueira, Tristana María Moraleja Gomez, Álvaro Pérez López y Héctor Palencia Rubio, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria y Turismo
161/003308
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la viabilidad de la inversión industrial y al mantenimiento del empleo en la planta de Saint-Gobain en Avilés.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 6 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. el Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la viabilidad de la
inversión industrial y al mantenimiento del empleo en la planta de Saint-Gobain en Avilés, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La planta de Saint-Gobain en Avilés constituye uno de los principales activos industriales del Principado de Asturias, tanto por su impacto en el empleo como por su papel estratégico dentro de la cadena de valor del sector del vidrio y la
construcción.
En los últimos años, la evolución de la actividad en la factoría ha estado marcada por procesos de ajuste, cambios organizativos y la necesidad de afrontar inversiones estratégicas. En este contexto, resultaba especialmente urgente la
decisión de la empresa de acometer la inversión en un nuevo horno híbrido, basado en tecnología Fuel-Ready Hybrid Furnace (FURHY) capaz de operar con gas y electricidad, elemento central de su capacidad productiva y clave para garantizar su
continuidad a medio y largo plazo tras el agotamiento de su vida útil.
Este proceso no puede analizarse al margen de los factores que condicionan la competitividad de la industria electrointensiva en España y, particularmente, en Asturias. El elevado coste de la energía, unido a las exigencias derivadas del
proceso de descarbonización, ha incrementado la complejidad de acometer inversiones industriales de gran envergadura. A ello se suman otros elementos críticos, como la necesidad de infraestructuras adecuadas, un suministro energético competitivo y
estable, el impulso a la innovación, la adecuación de la formación a las necesidades del sector y una reducción de las cargas burocráticas y fiscales que afectan a la actividad industrial.
En este escenario, la adaptación a los objetivos climáticos europeos y la modernización tecnológica del tejido productivo deben abordarse de forma compatible con el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo, evitando que la
transición energética derive en una pérdida de capacidad productiva en territorios industriales como Asturias.
En este sentido, el escenario de incertidumbre que durante meses ha condicionado el futuro de la planta parece comenzar a despejarse. De forma paralela, se ha
confirmado la concesión de fondos europeos de innovación a la multinacional para el desarrollo del proyecto industrial, lo que permite asegurar la ejecución de la inversión necesaria para la construcción del nuevo horno.
Tras este avance, y después de un periodo de gran complejidad, se ha logrado desbloquear la firma del nuevo convenio colectivo gracias a un acuerdo entre empresa y trabajadores que aporta estabilidad al marco laboral.
Con el proyecto industrial encauzado y el marco laboral estabilizado, corresponde ahora al Gobierno de España y al Principado de Asturias ejercer un papel activo y coordinado. Resulta imprescindible agilizar todos los procedimientos
administrativos, autorizaciones y licencias, garantizando que la inversión se materialice en los plazos previstos.
Solo desde esa coordinación institucional será posible consolidar esta inversión estratégica, asegurar el mantenimiento del empleo y reforzar el posicionamiento de Asturias como territorio de industria competitiva, moderna y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con el Principado de Asturias y en el ámbito de sus respectivas competencias:
1. Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Principado de Asturias, las actuaciones necesarias para favorecer la inversión industrial en la planta de Saint- Gobain en Avilés, mediante la activación de los instrumentos de apoyo estatal
disponibles, incluidos los programas vinculados a la descarbonización y modernización industrial.
2. Garantizar la adecuada coordinación entre las ayudas estatales y autonómicas, asegurando su compatibilidad y eficacia en el marco de la normativa europea en materia de ayudas de Estado.
3. Incorporar, en los instrumentos de apoyo público de carácter estatal, compromisos que garanticen, durante un periodo determinado, el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en la planta de Avilés, así como la ejecución
efectiva de las inversiones comprometidas.
4. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto industrial, así como, en su caso, de reintegro de las ayudas públicas si no se cumplen los compromisos adquiridos.
5. Requerir a la empresa la presentación de un proyecto industrial concreto, con calendario definido, volumen de inversión y compromisos asociados en materia de empleo y actividad.
6. Informar a la Comisión de Industria y Turismo de las actuaciones, las líneas de apoyo y los compromisos adquiridos por las partes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2026.Esther Llamazares Domingo, Francisco José Conde López, Irene Garrido Valenzuela, Tristana María Moraleja Gómez, Silverio Argüelles García, Mirian Guardiola Salmerón, Laura María
Lima García, José Ignacio Romaní Cantera, Cristina Agüera Gago, Félix de las Cuevas Cortés, José Vicente Marí Bosó, Guillermo Mariscal Anaya, Joan Mesquida Mayans, Pedro Navarro López, Sandra Pascual Rocamora y José Manuel Velasco Retamosa,
Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003339
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración de la Fiesta
del Vencimiento del Dragón de Alcañiz (Teruel) como Fiesta de interés Turístico Nacional, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo.
Exposición de motivos
La Fiesta del Vencimiento del Dragón de Alcañiz se celebra anualmente el 23 de abril, coincidiendo con la festividad de San Jorge, patrón de Aragón y Día de Aragón. Esta celebración tiene su origen en el año 1996, con motivo del 900
aniversario de la batalla de Alcoraz (1096), y desde entonces se ha desarrollado de forma ininterrumpida salvo en los años afectados por la pandemia alcanzando en la actualidad las 28 ediciones.
Esta fiesta consiste en una representación teatralizada del enfrentamiento entre San Jorge y el dragón, basada en una leyenda profundamente arraigada en la tradición aragonesa y europea. El evento se desarrolla en un enclave monumental de
excepcional valor histórico-artístico, como es el conjunto formado por la Plaza de España, la Casa Consistorial y la Lonja de Alcañiz, declarado Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural.
Hay que señalar que desde el punto de vista cultural y etnográfico, la fiesta integra valores singulares como:
La exaltación de la identidad aragonesa vinculada a San Jorge.
La promoción del Día del Libro, mediante la simbólica entrega de un libro por parte de San Jorge a la autoridad municipal.
La recuperación de tradiciones populares locales, como el uso del ramillete de flores silvestres, símbolo de paz y amor.
Un mensaje transversal de convivencia, concordia y cultura, proyectando a Alcañiz como «Ciudad Europea de la Concordia».
En el ámbito turístico, se trata de una fiesta singular en el conjunto del Estado español, ya que no existe ninguna otra celebración popular que represente el vencimiento del dragón por San Jorge de manera estructurada, periódica y con una
alta participación ciudadana. La fiesta atrae cada año a numerosos visitantes de Aragón y del resto de España, contribuyendo a la dinamización económica local, al fomento del turismo cultural sostenible, así como a la proyección de la imagen
turística de nuestro país.
Asimismo, la celebración destaca por su carácter inclusivo, accesible, igualitario y abierto a todos los públicos, así como por incorporar elementos gastronómicos tradicionales que refuerzan su atractivo turístico. Habría que agregar que
como complemento a la citada celebración, durante el fin de semana más próximo al 23 de abril, se suele instalar un mercado medieval añadiendo un marco de ambientación histórica a la citada festividad.
Por todo lo expuesto, y en atención a los criterios establecidos para la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional regulados en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, se entiende que concurrirían en la Fiesta del Vencimiento del
Dragón de Alcañiz méritos suficientes para obtener dicho reconocimiento oficial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las siguientes medidas:
1. Impulsar, a través del Ministerio de Industria y Turismo, la declaración de la Fiesta del Vencimiento del Dragón de Alcañiz (Teruel) como Fiesta de Interés Turístico Nacional de España en reconocimiento de su valor histórico, cultural y
social, previa su solicitud correspondiente.
2. Colaborar al máximo con el Ayuntamiento de Alcañiz y las entidades culturales y festivas de esta localidad en la recopilación y validación de la documentación patrimonial, histórica y estadística que acompañe el expediente de solicitud.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Raquel Clemente Muñoz, José Alberto Herrero Bono y Mirian Guardiola Salmerón, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Derechos Sociales y Consumo
161/003326
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María José Rodríguez de Millán Parro, Rocío de Meer Méndez, Tomás Fernández Ríos y Carlos Hernández Quero, en su condición respectiva de Portavoz, Portavoz Adjunto y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en
los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización del macrocentro de inmigrantes proyectado en la antigua Clínica Arana (Vitoria) y a la priorización de los recursos
públicos para los españoles, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Exposición de motivos
España soporta actualmente una presión migratoria creciente e insostenible, agravada por las políticas de puertas abiertas impulsadas por el Gobierno, que ha asumido como dogma que la inmigración masiva es la única respuesta al grave
problema demográfico que atraviesa nuestro país.
Esta visión ignora deliberadamente que el suicidio demográfico de España no puede solucionarse mediante la sustitución poblacional, sino mediante políticas decididas de apoyo a la natalidad, a la familia y a la prosperidad de los españoles.
Adicionalmente, los socios del Gobierno han recurrido a la inmigración con el objetivo de diluir la cohesión nacional y debilitar nuestro estilo de vida y nuestras tradiciones.
En este contexto, el número de extranjeros que llegan cada año a nuestro país se ha incrementado notablemente, provocando la saturación de los diferentes tipos de centros de acogida, tanto los Centros de Atención a Refugiados (CAR) que
forman parte de la red pública de Centros de migraciones, dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM); así como los centros de menores dependientes de los poderes públicos regionales como la diputaciones torales y los gobiernos
autonómicos. Ante esta saturación el Gobierno ha aumentado el número de plazas dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Dentro de los programas del Sistema de Acogida de Protección Internacional y del Programa de
Atención Humanitaria, el número
de plazas en 2025 ascendía a 34.062 y 24.532 plazas respectivamente1. Esta situación ha generado graves problemas de convivencia, seguridad y saturación de los servicios públicos.
Pese a ello, el Gobierno ha destinado 16 millones de euros a rehabilitar la antigua Clínica Arana, en Vitoria, para crear un macrocentro que funcionará como Centro de Atención a Refugiados (CAR) con capacidad para 350 inmigrantes. El propio
Ayuntamiento ha reconocido que la apertura de este centro obligará a reforzar los servicios sociales, lo que evidencia la falta de planificación y la irresponsabilidad de seguir ampliando una red de acogida que ya se encuentra desbordada.
La intranquilidad de los vecinos de Vitoria con la construcción de este nuevo centro es evidente. Se estima que a finales de este mismo año puede abrir sus puertas, con previsión de recibir 1.000 personas al año. A pesar de los esfuerzos
de la Delegación del Gobierno por «promocionar» este centro como un éxito de la política migratoria del Gobierno, las fuerzas separatistas socias de este Ejecutivo rechazan el proyecto. Si bien es cierto, que estas fuerzas políticas apoyaron los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en los que se incluyeron «partidas para financiar ocho centros de acogida de protección internacional». A ello se suma la crisis de inseguridad en el centro de menas Bideberri de Vitoria: con más
de 150 intervenciones de la policía regional en tres años2. En la última intervención las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron a 28 menas en una pelea callejera, tras producirse un motín en el propio centro3.
Destinar recursos públicos a la creación de nuevos macrocentros de inmigración, en lugar de atender las necesidades urgentes de los españoles, no solo resulta injusto, sino profundamente irresponsable. Este centro, de llegar a destinarse
para el uso que pretende el Gobierno de Sánchez, se convertirá en exponente de la política del bipartidismo: de clínica de maternidad hasta 1977 y residencia pública hasta el año 2011, a estar cerrado durante 15 años, para finalmente convertirse en
un centro de acogida de inmigrantes con biblioteca e instalaciones deportivas.
Por todo ello, es necesario paralizar este proyecto y priorizar el interés de los españoles, evitando que nuevas decisiones del Gobierno continúen agravando la presión migratoria sobre los servicios públicos y la convivencia en nuestros
barrios.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Paralizar de manera inmediata el proyecto de creación del macrocentro de acogida para inmigrantes y solicitantes de asilo en Arana, Vitoria.
2. Destinar dicha infraestructura a la creación de centros de atención sociosanitaria para la tercera edad, desde la perspectiva de la prioridad nacional.
3. Proceder al cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados garantizando la repatriación a sus países de origen, para que los menores extranjeros no acompañados estén con sus familias.
4. Limitar los recursos residenciales que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destina al Sistema de Acogida de Protección Internacional y del Programa de Atención Humanitaria para los extranjeros, sustituyendo el
actual modelo por políticas orientadas a evitar el efecto llamada.
5. Suspender la apertura de nuevos centros de acogida de inmigrantes, con el objeto de priorizar y garantizar la cobertura de las necesidades de los españoles.
1 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Documents/2... [Págs. 7 y 8]
2 https://gaceta.es/espana/agresiones-robos-peleas-la-crisis-de-inseguridad-en-el-...
3 https://www.elcorreo.com/alava/araba/ertzaintza-identifica-menas-plena-calle-vit...
6. Destinar los recursos públicos actualmente previstos para la apertura o mantenimiento de centros de inmigrantes a políticas de apoyo a la natalidad, a la familia y al acceso a la vivienda para los españoles.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Rocío de Meer Méndez y Tomás Fernández Ríos, Diputados.María José Rodríguez de Millán Parro y Carlos Hernández Quero, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003307
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la defensa del sector citrícola, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector citrícola constituye una de las principales producciones agrícolas de España y desempeña un papel estratégico en el conjunto del sistema agroalimentario nacional, tanto por su contribución al empleo agrario como por su elevada
capacidad exportadora dentro del mercado internacional.
España se sitúa como el primer exportador de cítricos frescos de la Unión Europea y uno de los principales productores mundiales, concentrándose la producción principalmente en el arco mediterráneo.
En este contexto, la Comunidad Valenciana constituye el principal núcleo citrícola del país, con una superficie superior a las 140.000 hectáreas de cultivo. En la Región de Murcia, el cultivo de cítricos ocupa en torno a 43.900 hectáreas,
lo que representa aproximadamente el 15 % de la superficie citrícola española. Andalucía constituye la segunda región citrícola de España, con una superficie cercana a las 87.500 hectáreas de cultivo, representa el 37 % de la producción total
española.
La citricultura española constituye, por tanto, un sistema productivo altamente especializado y territorialmente concentrado que genera empleo directo e indirecto en amplias zonas rurales, contribuyendo de manera decisiva al mantenimiento de
la actividad agraria, al equilibrio territorial y al liderazgo exportador del sector agroalimentario español.
No obstante, el sector viene manifestando en los últimos años una creciente preocupación por diversos factores que afectan a su competitividad, entre los que destacan el incremento de los costes de producción (energía, fertilizantes,
fitosanitarios, mano de obra y agua); el riesgo de entrada de plagas y enfermedades, por falta de controles efectivos en frontera; la presión normativa derivada de la regulación comunitaria (aumento de la burocracia y las cargas para los
agricultores sin garantizar la rentabilidad de las explotaciones; y, el aumento descontrolado de las importaciones procedentes de terceros países (Marruecos, Sudafrica, Egipto...).
Asimismo, las organizaciones profesionales agrarias, representativas, han trasladado reiteradamente a las administraciones públicas la necesidad de reforzar los mecanismos de protección del sector frente a determinados riesgos fitosanitarios
asociados a las importaciones agrícolas. Entre dichas amenazas destacan plagas de cuarentena como la falsa polilla de los cítricos (Thaumatotibia leucotreta), la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) o el cancro bacteriano (Xanthomonas citri),
cuya introducción en el territorio comunitario está ocasionando graves pérdidas económicas y productivas para la citricultura europea.
La UE obligará a importar la naranja sudafricana al territorio comunitario aplicando tratamiento en frío, pero no así para otros cítricos. Algunas de estas plagas, como la falsa polilla también afectan a otros vegetales y se pueden
introducir con la importación de otras especies, como las rosas cortadas.
A ello se suma la preocupación existente en el sector por el impacto de determinados acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea con terceros países productores de cítricos, entre los que destaca el Acuerdo de Asociación Económica
entre la Unión Europea y los Estados de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), que ha favorecido un incremento de las importaciones procedentes de países como Sudáfrica durante periodos coincidentes con la campaña europea. Por eso,
piden a la Comisión Europea que active la cláusula de salvaguardia del art. 34 del acuerdo UE-SADC.
En este contexto, numerosas organizaciones del sector han reclamado la aplicación efectiva de las denominadas clausulas de salvaguarda y reciprocidad en los acuerdos comerciales, destinadas a garantizar que los productos importados cumplan
estándares equivalentes a los exigidos a los productores europeos.
Por todo ello, resulta necesario reforzarlas actuaciones dirigidas a protegerla sanidad vegetal, garantizar condiciones de competencia equilibradas y mejorar la competitividad del sector citrícola español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, el establecimiento de cláusulas de salvaguarda y reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países exportadores de cítricos al mercado comunitario.
2. Reforzar los controles fitosanitarios en frontera, tanto por parte de España como de la Unión Europea, especialmente en relación con las importaciones procedentes de países con presencia de plagas de cuarentena que afectan a los
cítricos.
3. Demandar al Gobierno de España el refuerzo urgente de los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) en los Puertos para la realización exhaustiva de los controles en materia de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria a las importaciones de
terceros países.
4. Promover la creación de una nueva Agencia europea de control de las importaciones, frontex agroalimentario con capacidad para coordinar y homologar los criterios para el control de volumen de los flujos comerciales de cítricos y otros
productos agroalimentarios y el cumplimiento de normas sanitarias.
5. Garantizar la aplicación rigurosa del tratamiento en frío generalizada para todas las importaciones de cítricos procedentes de países con presencia de la plaga Thaumatotibia leucotreta.
6. Promover en el seno de la Unión Europea medidas adicionales de prevención frente a plagas como Phyllosticta citricarpa o Xanthomonas citrí.
7. Elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias representativas, un Plan Estratégico Nacional para el Sector Citrícola, orientado a mejorar su competitividad, sostenibilidad y
capacidad exportadora.
8. Garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, asegurando que los precios en origen cubran al menos los costes de producción de los agricultores.
9. Activar de la cláusula de salvaguardia del art. 34 del acuerdo UE-SADC que significa aplicar medidas de protección comercial para frenar temporalmente las importaciones de cítricos (principalmente de Sudáfrica) cuando estas perjudican
al sector citrícola europeo.
10. Promover, en el seno de la Unión Europea, la modificación de los acuerdos de libre comercio con los países importadores de cítricos para incorporar las cláusulas de protección de activación automática.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2026.Joaquín Melgarejo Moreno, Juan Diego Requena Ruiz, Pedro Ignacio Gallardo Barrena, María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez, Ainhoa Molina León, María del Socorro Cuesta
Rodríguez, Javier José Folch Blanc, Manuel García Félix, Alfonso Carlos Macías Gata, Milagros Marcos Ortega, Antonio Martínez Gómez, Javier Merino Martínez, Rosa Quintana Carballo, Óscar Ramajo Prada, Sergio Sayas López, César Sánchez Pérez y
Maribel Sánchez Torregrosa, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003313
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, y, en su representación, su portavoz adjunta Ione Belarra Urteaga, integrante de Podemos, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
la presente Proposición no de Ley relativa a la mejora del coeficiente reductor de los buzos profesionales, para su debate y tramitación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El buceo profesional constituye una actividad laboral de alta exigencia física y psicológica, desarrollada en condiciones extremas de presión, temperatura, visibilidad y riesgo permanente para la salud y la vida. Los buzos profesionales
desempeñan funciones esenciales en sectores estratégicos como la obra civil marítima y en aguas continentales, la construcción y mantenimiento de infraestructuras portuarias, fluviales, energéticas y de telecomunicaciones, la acuicultura marina,
trabajos en aguas en contaminadas, reflotamientos y el mantenimiento de barcos, entre otros.
La evidencia médica y científica ha acreditado sobradamente que la exposición prolongada al buceo profesional genera un deterioro progresivo de la salud, incluso cuando la actividad se desarrolla conforme a los protocolos de seguridad
vigentes. Patologías como la enfermedad descompresiva crónica, disbarismos, osteonecrosis disbárica, afecciones respiratorias, neurológicas y cardiovasculares, afecciones auditivas y vestibulares, así como un envejecimiento prematuro, son
significativamente más prevalentes en este colectivo que en la población general.
El ordenamiento jurídico español reconoce la penosidad, peligrosidad y toxicidad de determinadas actividades laborales mediante la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación. En el caso de los buzos profesionales, dichos
coeficientes se encuentran regulados de forma limitada y claramente insuficiente para compensar el impacto real que esta actividad tiene sobre la esperanza y calidad de vida laboral y postlaboral de quienes la ejercen.
Es necesario, a su vez incorporar a los buceadores profesionales de aguas continentales que no realizar su actividad laboral en el medio marino y que se encuentran enmarcados en el Régimen General de la Seguridad Social, ante la misma
actividad, dependiendo del régimen de cotización los buzos tienen o no coeficientes reductores, es injusto de todo punto de vista que estos profesionales se queden fuera de una jubilación anticipada respecto al conjunto de compañeros/as que
comparten la misma formación, y sufren los mismos riesgos que los buzos aparados en el Régimen Especial del Mar, pero ellos/as además tienen mayor probabilidad de padecer una enfermedad descompresiva al trabajar sumergidos/as en altitud. La única
diferencia existente para estar excluidos es donde cotizan, tal hecho es absurdo, indignante e inaceptable para nuestro marco laboral.
Además, la regulación actual presenta desajustes respecto a la realidad del sector, dejando fuera a determinados perfiles profesionales, periodos de actividad efectiva, y no refleja los avances científicos ni las recomendaciones de
organismos especializados en medicina hiperbárica y salud laboral.
Esta situación genera una discriminación objetiva respecto a otros colectivos con condiciones de trabajo equiparables, vulnera el principio de equidad del sistema de Seguridad Social y desincentiva la profesionalización y el relevo
generacional en un sector estratégico para la economía marítima y la seguridad de las infraestructuras críticas del Estado.
Por todo lo expuesto, resulta necesario y urgente revisar y mejorar el coeficiente reductor aplicable a los buzos profesionales, incluyendo a adaptándolo a la realidad actual del sector, a la evidencia científica disponible y a los
principios de justicia social y protección de la salud laboral.
La presente Proposición no de Ley tiene como finalidad reforzar la protección social y sanitaria de los buzos profesionales, reconociendo de manera justa y proporcionada las especiales condiciones en las que desarrollan su actividad y
contribuyendo a la sostenibilidad, dignificación y seguridad de un sector esencial para el interés general.
Por todo ello, se presentan la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar, en el plazo máximo de seis meses, una revisión integral del coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable a los buzos profesionales, con el objetivo de adecuarlo a la penosidad, peligrosidad y riesgos reales asociados
a esta actividad.
2. Reconocer un coeficiente reductor del 0,40 para los buzos profesionales, teniendo en cuenta la totalidad de los periodos de trabajo efectivo en inmersión, con independencia del tipo de contrato, régimen de cotización realizada.
3. Reconocimiento del derecho a la retroactividad del coeficiente reductor desde el inicio de la vida laboral del buzo.
4. Incorporar en dicha revisión los criterios médicos y científicos actualizados en materia de salud hiperbárica y enfermedades profesionales asociadas al buceo, contando con la participación de expertos independientes y de las
organizaciones representativas del sector.
5. Garantizar que la nueva regulación incluya mecanismos claros, objetivos y homogéneos para el cómputo de los periodos de actividad, evitando lagunas normativas y situaciones de inseguridad jurídica.
6. Evaluar la inclusión del buceo profesional en el cuadro de enfermedades profesionales de aquellas patologías cuya relación causal con la actividad esté científicamente acreditada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2026.Ione Belarra Urteaga, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Vivienda y Agenda Urbana
161/003337
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los inquilinos y a
la recuperación de viviendas en manos de fondos de inversión para su reincorporación al
parque público de vivienda, para su debate y aprobación en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En España, y especialmente en áreas metropolitanas con alta demanda de alquiler se está produciendo una nueva ola de operaciones millonarias en el mercado de la vivienda en la que grandes fondos de inversión como Blackstone, Cerberus, Ares
Management y Azora, han puesto a la venta o en proceso de recapitalización cerca de 30.000 viviendas de alquiler. Dichos inmuebles estarían valorados en más de 5.000 millones de euros. Estas operaciones forman parte de un cambio de ciclo en la
estrategia de los grandes fondos internacionales, que tras más de una década acumulando activos inmobiliarios en España, especialmente tras la crisis financiera de 2008, han comenzado a desprenderse de grandes carteras residenciales para
materializar beneficios.
En conjunto, se trata de una de las mayores reestructuraciones del mercado residencial en España en los últimos años, con operaciones de gran volumen que incluyen, por ejemplo, la venta de más de 5.000 viviendas de la cartera Fidere (filial
de Blackstone) por alrededor de 1.000 millones de euros, o la desinversión de más de 3.300 viviendas por parte de Cerberus valoradas en hasta 800 millones.
En este contexto, la actual salida al mercado de las viviendas por parte de fondos de inversión constituye una cuestión de interés general. Permite plantear la intervención de los poderes públicos para reforzar el parque público de
vivienda, proteger a los inquilinos y garantizar que estos activos cumplan la función social que les corresponde.
Una parte significativa de estos inmuebles procede de la venta de vivienda pública a fondos de inversión durante la crisis económica en operaciones impulsadas por gobiernos del Partido Popular. Solo en la ciudad de Madrid, situada a la
cabeza de los mercados inmobiliarios tensionados, entre 2012 y 2013, se vendieron cerca de 5.000 viviendas públicas municipales y más de 2.900 viviendas del IVIMA, a fondos de inversión.
Estas viviendas fueron adjudicadas a precios muy por debajo de su valor real. Tal y como ha documentado El País, promociones completas de vivienda pública se vendieron por entre 69.000 y 103.000 euros por vivienda, y hoy algunas de ellas
están siendo revendidas por importes que alcanzan los 500.000 o incluso 600.000 euros. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, han renunciado, por un lado, al derecho de tanteo y retracto para que los inmuebles pasen de nuevo a
titularidad pública y, por otro lado, a utilizar las herramientas que posee a través de la aplicación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Especialmente en aquellas donde gobierna el Partido Popular no se han impulsado
medidas eficaces de control de precios del alquiler, no se ha ampliado el parque público de vivienda y tampoco se ha garantizado una protección efectiva frente a los grandes tenedores.
Se debe tener en cuenta que, estas actuaciones responden al modelo que se ha consolidado en los últimos años en el que la vivienda ha dejado de ser tratada como un derecho fundamental, para convertirse, en la práctica, en un activo
financiero orientado a la obtención de beneficios.
Este modelo ha contribuido, por otra parte, a agravar la desigualdad social. Según FOESSA, el 45 % de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que la renta de los caseros es
un 82 % superior a la de los inquilinos, según el informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En Málaga, por ejemplo, solo el 9 % de la oferta de alquiler resulta asequible para familias con ingresos medios. En Palma, el 89 % de los alquileres supera el esfuerzo económico recomendado, obligando a muchas familias a destinar más del
40 % de sus ingresos a la vivienda, tal y como aparece reflejado en el Informe «Alquiler razonable en España».
Estos datos alertan de la existencia de una situación objetiva de especial gravedad que dificulta de manera significativa el ejercicio del derecho al acceso a la vivienda digna y adecuada para una parte mayoritaria de la población y que está
directamente relacionada con dinámicas de especulación en el mercado inmobiliario y así lo confirman algunas cifras: entre 2014 y 2024, el 56 % de las compras de vivienda se realizaron al contado, el 15 % fueron realizadas por compradores
extranjeros no residentes y entre 2008 y 2020, cerca de la mitad de las adquisiciones correspondieron a empresas con más de ocho viviendas en propiedad.
Asimismo, la expansión de los fondos de inversión en el mercado residencial no solo incide en el encarecimiento de la vivienda, sino que tiene efectos sobre la estructura social y urbana. En aquellos entornos donde estos actores concentran
una parte significativa del parque residencial, se observa una menor inversión en el mantenimiento de los inmuebles, un deterioro de la convivencia vecinal y una progresiva pérdida de cohesión social. De este modo, los barrios ven alterada su
función como espacios de vida para convertirse en activos orientados a la obtención de rentas, lo que contribuye al desplazamiento de la población residente y a la transformación del entorno urbano en un espacio cada vez menos accesible para la
mayoría social.
A esta cuestión, se debe añadir que, según distintas estimaciones, hasta 2,6 millones de inquilinos podrían verse afectados por cambios en sus condiciones contractuales en los próximos años. Al mismo tiempo, España cuenta con un parque
público de vivienda que apenas alcanza el 2,5 % del total, muy lejos de países como Francia o Alemania, donde supera el 15 %. Esta debilidad estructural limita la capacidad de las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda y
proteger a la ciudadanía frente a dinámicas especulativas.
Por ello, resulta necesario adoptar medidas que permitan revertir esta situación, recuperar viviendas de origen público y asegurar su destino a políticas de vivienda asequible, garantizando así el derecho a la vivienda y la cohesión social.
Por todo lo expuesto anteriormente y por la defensa de los intereses y la dignidad, de quienes habitan nuestro país, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adquirir, a través de la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Casa47), las viviendas que actualmente están siendo puestas a la venta por fondos de inversión, con el objetivo de incorporarlas al parque público de vivienda, garantizar su
función social y destinarlas a alquiler asequible.
2. Adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para limitar la expansión de los fondos de inversión y de los grandes tenedores en el mercado residencial cuando su actividad tenga un carácter especulativo, con el fin de evitar la
utilización de la vivienda como un mero activo financiero y reforzar su consideración como derecho.
3. Impulsar, en el marco de las competencias estatales y en colaboración con las comunidades autónomas, la creación y mantenimiento de un registro público y transparente de grandes tenedores de vivienda, incluyendo fondos de inversión y
sociedades patrimoniales, con el objetivo de mejorar el conocimiento del mercado, facilitar la planificación de políticas públicas y garantizar la protección efectiva de las personas inquilinas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Teslem Andala Ubbi y Alberto Ibáñez Mezquita, Diputados.Verónica Martínez Barbero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Comisión de Cultura
161/003312
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a compañías, autores y a los profesionales de las artes escénicas y en
contra del veto ideológico de la ultraderecha, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Recientemente, fuimos testigos de cómo dimitía la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba tras la indignación popular por haber interrumpido y prohibido un monólogo feminista organizado con motivo del 8M, el Día Internacional
de la Mujer.
La responsable municipal subió al escenario del Teatro Casa de Cultura de esta población mientras se representaba la obra «Ser Mujer» y se dirigió a los asistentes para comunicarles que «este monólogo acaba aquí», argumentando «las faltas de
respeto» que le habían hecho llegar. No es la única polémica machista de este Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, que sacó adelante los Presupuestos municipales gracias a un acuerdo con VOX que eliminaba el término «violencia machista»
de los documentos oficiales del consistorio y lo sustituía por «violencia doméstica».
Y no es la primera vez que compañías, autores o artistas denuncian cancelaciones de obras en ayuntamientos gobernados por PP y VOX.
Como se recordará, desde las elecciones municipales de 2023 se precipitaron una serie de cancelaciones de obras culturales, de teatro mayoritariamente, por parte de ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular y Vox que imponían un veto
ideológico a las obras que se alejaban del ideario de los partidos mencionados.
Por ejemplo, la Compañía Teatro Defondo denunció ese mismo año en sus redes sociales que la representación de Orlando de Virginia Woolf, prevista para el 25 de noviembre de 2023, había sido cancelada por la Concejalía de Cultura y Turismo
del ayuntamiento madrileño de Valdemorillo dirigido por Vox.
Otras obras culturales que han sido canceladas trataban sobre el trastorno alimentario o la memoria histórica y/o democrática, una situación que se ha repetido en varias ocasiones en diferentes municipios españoles, a lo largo de todos estos
dos últimos años y medio en los que derecha y la ultraderecha llegaron a los gobiernos municipales y autonómicos, muchas veces en acuerdos de gobierno o con el apoyo necesario del segundo al primero, y que someten a las compañías de teatro, a los
autores y a los artistas escénicos a una censura que limita su derecho al trabajo; así como los derechos fundamentales de libertad de expresión, y de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, consagrados en el Artículo 20 de
nuestra Constitución, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la producción y creación artística de las compañías de teatro, autores y de los profesionales de las artes escénicas.
2. Posicionarse en contra del veto ideológico al que la derecha y la ultraderecha someten a las obras teatrales que se alejan de su ideario.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Marc Lamuà Estañol, Diputado.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
161/003329
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación
Digital, sobre la protección de los hogares frente al riesgo hipotecario variable y a la adopción de alternativas hipotecarias al Euribor y el IRPH.
Exposición de motivos
La gestión del tipo de interés es una parte esencial del negocio bancario. Sin embargo, trasladar ese riesgo a las familias cuando se les concede un préstamo para la adquisición de su vivienda no puede ser nunca calificado como una sana
política de crédito. Los hogares no están en condiciones de gestionar con solvencia riesgos financieros variables y a muy largo plazo en un ámbito tan esencial como la financiación de la vivienda habitual. No se trata de una carencia individual ni
de un simple problema de educación financiera. Se trata de un límite estructural: las familias no cuentan con departamentos de análisis de riesgo, modelos de cobertura, capacidad de diversificación ni poder de negociación equivalente al de las
entidades de crédito. Por eso, trasladarles de forma generalizada el riesgo de tipos de interés supone imponer a la parte más débil de la relación contractual una carga que no puede administrar en condiciones de igualdad, lo que convierte la
hipoteca a tipo variable en un vehículo de transmisión de incertidumbre financiera hacia las familias.
Esta realidad estructural se vuelve aún más lesiva en coyunturas internacionales inestables como la actual. La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en
Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares. En este contexto, las cuotas hipotecarias pueden aumentar de
forma brusca por la evolución de las expectativas de mercado, las tensiones de liquidez o el encarecimiento de la energía, incluso antes o al margen de decisiones formales de política monetaria. El resultado es bien conocido: familias que
contrataron su vivienda habitual en un marco de aparente normalidad se ven obligadas a absorber, sin capacidad real de anticipación ni cobertura, shocks financieros sobrevenidos.
Como se apuntaba, no estamos ante un problema de educación financiera de los hogares, como a menudo se pretende simplificar. No se trata de enseñar a las familias a esquivar riesgos que otros les trasladan, sino de decidir si esos riesgos
deben recaer o no sobre ellas. Se trata, por tanto, de una decisión de política económica y de diseño institucional: se están desplazando decisiones técnicas y de enorme trascendencia a largo plazo a unidades familiares que no están social ni
económicamente organizadas para asumirlas. Por este mismo motivo existen sistemas públicos obligatorios de pensiones para la vejez: porque los hogares no son capaces de gestionar adecuadamente y por sí solos riesgos a muy largo plazo. Delegar en
las familias decisiones de financiación hipotecaria variable durante veinte o treinta años es tan improcedente como pretender que los consumidores decidan por sí mismos qué aditivos
pueden tener los alimentos que compran en el supermercado. En un caso y en otro, la gestión responsable exige regulación pública y agentes especializados.
La exposición hipotecaria al tipo variable de los hogares españoles ha sido históricamente anómala en comparación con las principales economías de nuestro entorno. Durante años, la práctica totalidad del mercado hipotecario español descansó
sobre préstamos referenciados a tipos variables. Se debió a que las entidades financieras sólo ofrecían tipos fijos a una media de uno o dos puntos por encima de los variables en el momento de contratar. Aunque en los últimos años la hipoteca fija
ha ganado peso de forma significativa en el flujo de nuevas operaciones, las hipotecas a tipo variable representan en torno al 61 % del saldo hipotecario en vigor. Si se compara esta trayectoria con la de las principales economías europeas como la
alemana o la francesa, donde el tipo fijo tiene un peso estructural superior al 80 %, resulta evidente que el mercado hipotecario español ha trasladado en mayor medida el riesgo de tipos a los hogares que otros países de nuestro entorno.
La reciente mejora relativa del tipo fijo en la nueva contratación no debe inducir a complacencia. En 2025, el 92 % de las nuevas hipotecas en España se formalizaron con algún período inicial a tipo fijo, pero casi una cuarta parte de ellas
correspondían a fijaciones de entre uno y diez años, es decir, a productos mixtos que no eliminan el riesgo de tipos, sino que lo difieren en el tiempo. La evidencia comparada internacional muestra que no existe ninguna fatalidad técnica que
obligue a concentrar el riesgo hipotecario en los hogares: se trata de una opción de mercado y de regulación.
Durante años, la comercialización del crédito hipotecario en España se forzó de manera preferente hacia productos variables, no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades, incluso cuando ello suponía
exponer a las familias a la evolución de índices sujetos a fuertes oscilaciones. En la práctica, el supuesto beneficio inicial de una cuota más baja se transforma con frecuencia en una trampa financiera cuando cambia el ciclo de tipos. La
experiencia reciente lo ha demostrado con claridad: la subida de tipos iniciada en 2022 encareció de forma intensa y casi inmediata la carga financiera soportada por cientos de miles de hogares en España, precisamente porque nuestro sistema seguía
más expuesto al tipo variable que el promedio del área del euro.
Tampoco resulta sensato seguir apoyando una parte tan relevante del crédito hipotecario en un índice como el Euribor como si fuera una referencia neutral, espontánea e incontestable. No lo es. El Euribor es un índice construido a partir de
contribuciones de entidades panelistas en un contexto en el que el mercado interbancario tradicional no existe y en el que, en el tramo principal, el de un año, el volumen de operaciones desapareció por completo en el año 2015. No hablamos, por
tanto, de una pura fotografía de un mercado denso y transparente, sino de un indicador cuya formación depende de únicamente de las manifestaciones de voluntad de 19 entidades bancarias, sin respaldo monetario real de ningún tipo. Esa trampa
metodológica es especialmente grave cuando se utiliza para determinar el precio de la vivienda financiada de millones de familias.
La debilidad del Euribor no es solo teórica. La Comisión Europea sancionó a varios bancos por participar en un cártel que manipuló el índice Euribor y el EONIA, quedando probados intercambios de información y concertación sobre las
contribuciones deseadas o previstas para determinar el número que mostraba el índice Euribor entre 2005 y 2008. No estamos, por tanto, ante una referencia inmaculada ni inmune a distorsiones, sino ante un índice que arrastra graves antecedentes
acreditados de manipulación, sin que se pueda asegurar que estas prácticas hayan cesado, pues se mantiene su endeble metodología de cálculo. Cuando un índice presenta esa historia y, además, descansa sobre una base operativa menos robusta que la
que aparenta, el legislador no puede seguir tratándolo como si su traslación masiva a la vivienda habitual fuese inocua.
A ello se añade que el Euribor lleva años registrando movimientos intensos sin necesidad de que exista una subida o bajada paralela de los tipos oficiales del Banco Central Europeo, como acaba de suceder con el inicio de la crisis en Oriente
Medio. El
propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias
antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá. La consecuencia es una desconexión material entre la decisión
pública formal y el coste real soportado por las familias. Para un hogar medio, esa volatilidad adicional no es un matiz técnico: es la diferencia entre poder sostener su vivienda o entrar en una situación de vulnerabilidad sobrevenida.
Cabe recordar que en el año 2023 el Banco de España reconoció que el índice Euribor no reflejaba el precio o coste de la financiación mayorista, sino que se trataba de una encuesta que se hacían los bancos a sí mismos al respecto de los
tipos de interés que les gustaría que se aplicasen en sus contratos. Confirmó lo que ya había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 24 de septiembre de 2019 al fallar sobre el Cartel del Euribor: los bancos
habían transformado un sistema basado en el coste de mercado y con asunción de riesgos para ellos, en un simple sistema declarativo sin riesgo alguno y fácilmente influenciable. Países como el Reino Unido han prohibido la utilización en los
contratos de los índices LIBOR desde 2021 y en Italia desde su Tribunal Supremo hasta las jurisdicciones menores han declarado nulos los intereses de los contratos referidos a ese índice, desde el año 2023. En estos momentos se encuentra pendiente
de sentencia el Asunto C-60/25 ante el TJUE, en el que puede resolverse efectivamente la nulidad de los intereses referenciados al índice Euribor en los préstamos hipotecarios en Italia.
Junto al Euríbor, merece una crítica aún más severa el IRPH. Se estima que este índice ha afectado en España a alrededor de un millón de hipotecas, lo que da cuenta de la magnitud social del problema. El IRPH no solo ha sido criticado por
generar, de manera persistente, cuotas superiores a las de los préstamos referenciados al Euribor, sino también por su propia configuración: el Banco de España explica que se calcula a partir de la media simple de los tipos medios ponderados por el
principal de las operaciones que las propias entidades declaran sobre sus préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, calculados en términos de TAE. Eso supone que el índice muestra siempre un precio superior al real del
tipo del mercado. La propia norma del Banco de España que lo aprobó como índice utilizable en los contratos estableció un mecanismo de corrección que debía aplicarse en cada operación que se concertase con un consumidor, consistente en la
aplicación obligatoria a este índice de un diferencial negativo que se obtenía tras la aplicación de la fórmula que el propio Banco de España reguló y publicó en el BOE. La inmensa mayoría de las empresas bancarias incumplieron y violaron la norma,
no solo ocultando a los clientes la obligación de aplicar un diferencial negativo específico a cada contrato, sino imponiendo a los consumidores diferenciales positivos.
Precisamente por ello, el IRPH continúa siendo objeto de una intensa controversia judicial. El TJUE ha reiterado que las cláusulas que lo incorporan no quedan excluidas del control de transparencia y que corresponde a los tribunales
nacionales comprobar, caso por caso, si el consumidor recibió información suficiente para comprender el funcionamiento del índice, su método de cálculo y sus consecuencias económicas. Las resoluciones del tribunal han insistido reiteradamente en
ese estándar reforzado de transparencia y en la necesidad de un control judicial efectivo, lo que confirma que el problema nunca fue una mera discusión académica sobre índices, sino la utilización de referencias complejas en contratos masivos con
consumidores sin la información debida.
La judicialización del IRPH revela, además, un patrón de fondo que conecta directamente con la crítica al Euribor y al comportamiento del sector bancario: durante demasiado tiempo se ha pretendido que la gestión de riesgos financieros de
largo plazo recaiga sobre los hogares, incluso cuando esos riesgos se articulan mediante índices cuya construcción no es neutral, cuya comprensión exige conocimientos especializados y cuya evolución depende en la actualidad, directamente, de la
propia actuación del
sistema financiero. El problema, por tanto, no es solo qué índice se utiliza, sino una lógica de mercado que socializa el riesgo sobre los consumidores y que ha privatizado el diseño y la administración del índice.
En esta línea se inscribe la iniciativa legislativa promovida por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar para regular las cláusulas Rédito ad Libitum (REDAL), admitida a trámite en el Congreso, cuyo objetivo es establecer mecanismos de
resolución ante el elevado volumen detectado de cláusulas hipotecarias abusivas vinculadas a la amortización, errores en las fórmulas de cálculo o referencias apoyadas en índices no adecuados. Esta propuesta parte de una idea jurídicamente y
socialmente acertada: no puede aceptarse que el consumidor soporte indefinidamente los efectos de contratos hipotecarios construidos sobre opacidad, fórmulas defectuosas o referencias inadecuadas cuando no directamente falseadas, manipuladas o
incorporadas a los contratos violando las normas.
La concentración del sistema financiero español agrava aún más los problemas apuntados. En un mercado dominado por unas pocas grandes entidades, la competencia real sobre las condiciones hipotecarias es limitada. Las familias no negocian
en pie de igualdad con la banca, sino desde una posición claramente más débil. En ese contexto, la libertad contractual es más formal que efectiva. El resultado es un sistema en el que el poder de fijación de condiciones permanece en manos de las
entidades y el riesgo se traslada de forma desproporcionada a los hogares. Esa es precisamente la lógica que una política económica orientada al interés general debe corregir.
Por todo lo anterior, resulta necesario que las hipotecas a tipo variable se comercialicen solo en supuestos excepcionales, cuando exista una solvencia especialmente alta, una capacidad real de absorción de variaciones de cuota y una
comprensión efectiva del riesgo asumido. No se trata de prohibir de manera absoluta toda fórmula variable, sino de impedir su colocación masiva a hogares que no están en condiciones de soportar sus oscilaciones, como ha ocurrido de forma reiterada
en España. Igual que el ordenamiento exige prudencia reforzada cuando están en juego bienes esenciales, debe exigirla también en materia hipotecaria. La vivienda habitual no puede quedar sometida a una lógica financiera que prioriza la
conveniencia comercial de la entidad sobre la estabilidad económica de las familias.
Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la búsqueda de alternativas al Euribor y al IRPH que ofrezcan mayor transparencia, trazabilidad y justicia, impidiendo los efectos de la manipulación y minimizando la exposición de los hogares a
volatilidades ajenas a su capacidad de control. La regulación no puede limitarse a advertir de los riesgos y descargar toda la responsabilidad sobre consumidores que no tienen por qué disponer de conocimientos especializados de ingeniería
financiera. Corresponde a los poderes públicos y a los supervisores promover referencias más robustas y compatibles con la función social de la financiación de la vivienda. En esta dirección, merece ser explorada una referencia basada en activos
públicos europeos líquidos y homogéneos, como los eurobonos, que permita desvincular el coste hipotecario de índices frágiles o sesgados y reduzca la fragmentación del mercado de crédito hipotecario en la Unión. No se propone nada que no haya sido
ya previsto en el Reglamento UE 2016/1011 sobre utilización de índices variables en contratos financieros.
La presente proposición no de ley parte, en definitiva, de una idea simple pero decisiva: la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en
condiciones de administrar. Cuando la financiación de una necesidad básica depende de índices discutibles o directamente ilícitamente aplicados en los contratos, de mercados imperfectos y de una relación contractual profundamente asimétrica, la
neutralidad del legislador deja de ser prudencia y pasa a ser dejación. Por eso resulta necesario reforzar la protección pública, limitar la difusión indiscriminada de hipotecas variables, corregir los daños asociados al IRPH, al Euribor y a las
cláusulas REDAL y abrir una senda de financiación más estable, transparente y socialmente justa para los hogares. No hacerlo
equivale a aceptar como normal que la banca conserve la capacidad técnica y el poder de mercado mientras las familias cargan con las consecuencias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una
capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota.
2. Revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares, reforzando el control de transparencia material y la
evaluación de idoneidad del producto.
3. Promover el estudio de alternativas al Euribor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en
algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.
4. Evaluar, en el plazo de un año, el impacto distributivo y social del modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares, con especial atención a la exposición al tipo variable, a la evolución del esfuerzo
hipotecario y al riesgo de pérdida de vivienda habitual.
5. Legislar sobre el importante desequilibrio para determinar la abusividad de cláusulas no transparentes, a fin de dotar de seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores.
6. Llevar a cabo las medidas legislativas oportunas sobre la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las
situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea obligatoria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Carlos Martín Urriza y Fèlix Alonso Cantorné, Diputados.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
161/003334
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la ejecución de los
Fondos NextGen, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
A poco más de cuatro meses para que acabe el plazo límite de los Fondos Next Gen, el próximo 31 de agosto de 2026, ya nadie duda que el gobierno ha fracasado en su ejecución y lo que era una oportunidad histórica para transformar nuestra
economía se ha convertido en un fiasco al más puro estilo de los «Planes E» de Zapatero.
Hay 4 señales evidentes de ese fracaso. La primera es la pérdida de ambición transformadora aceptada por el Gobierno en cada una de las 7 modificaciones que se han ido aprobando a la Adenda del Plan de Recuperación desde 2022. La última
modificación a la Adenda, aprobada en enero de 2026, que el ministro Cuerpo calificó como la agenda de la simplificación es, en realidad, la agenda de la resignación:
Se eliminan o rebajan 155 compromisos del Plan de Recuperación que se había dicho que eran fundamentales para transformar nuestra economía, incluyendo la renuncia a aprobar 17 Leyes que incluían reformas estructurales de gran calado como
son la Ley de industria, La ley de pesca, la Ley de diversidad familiar o las Leyes sanitarias, entre otras.
Se renuncia a inversiones por más de 10.000 M que afectan a todos los sectores estratégicos: desde vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, l+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades... hasta las
ayudas para la DANA.
Se renuncia al 40,4 % de los PERTE que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 M a 25.314 M, en sectores punteros como la fabricación de Chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector
sanitario.
Se renuncia a 60.454 M de los 163.000 M que nos adjudicaron, el 37,1 % de los fondos que teníamos disponibles, por la incapacidad del Gobierno de aprobar los hitos y reformas que tenía comprometidos.
En definitiva, nos resignamos a recibir sólo el 8,2 % del PIB de 2019 que fue la base para el cálculo de los fondos, frente al 13 % del PIB que nos habían adjudicado.
La segunda señal del fracaso es que, como consecuencia de su diseño y gestión intervencionista, centralizada y discrecional, la ejecución de los fondos ha ido empeorando año tras año; la burocracia, la inseguridad jurídica y los cuellos de
botella han impedido ejecutar un porcentaje de fondos cada vez mayor: el 54,5 % en 2021, el 60,4 % en 2022, el 72,7 % en 2023, el 73,4 % en 2024 y el 81,3 % en 2025. La IGAE certifica que, en 2025, se dejaron sin ejecutar ocho de cada diez euros
presupuestados: de los 35.516 M presupuestados se han reconocido obligaciones netas de 18.691 M (el 52,6 % de lo presupuestado) y se han realizado pagos por importe de 6.641 M (el 18,7 % de lo presupuestado).
Tan solo hay 6 ministerios que han ejecutado más del 50 % de los fondos presupuestados y hay algunos casos especialmente llamativos: el ministro que no dimite porque él no hace las soldaduras de las vías sólo ejecutó el 31,9 % de los fondos
presupuestados, la ministra responsable del apagón eléctrico que dejó toda España a oscuras sólo ejecutó el 25,2 %, el flamante nuevo vicepresidente primero sólo ejecutó el 15,7 %, la ministra de vivienda primera preocupación de los españoles,
según el CIS solo ejecutó el 10,9 %, el ministro opositor de Ayuso sólo ejecutó el 8,7 %, y la ministra de juventud e infancia sólo el 1,5 %.
Esta incapacidad creciente para ejecutar los fondos europeos explica la necesidad del Gobierno de reprogramar fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hacia instrumentos financieros o esquemas de ayuda que permitan
extender su utilización más allá de diciembre de 2026; pero esto debe hacerse de forma clara, con criterios objetivos y con coordinación real con todas las administraciones públicas y entidades ejecutoras para garantizar plenamente la seguridad
jurídica de estas inversiones.
La tercera señal es que, como consecuencia de la minoría parlamentaria de Sánchez no solo hemos perdido ya 60.454 M de fondos europeos, sino que el Gobierno no puede garantizar que sea capaz de aprobar los más de 200 hitos y reformas que
quedan pendientes para recibir la totalidad de los 102.632 M en los que ha quedado el PRTR. Existe un riesgo real de que la Comisión europea no dé por ejecutadas las inversiones y reformas antes del 30 de septiembre, que es la fecha límite para la
presentación de la justificación y, por tanto, reduzca el pago final antes del 31 de diciembre (tanto por la no ejecución del dinero ya transferido, 71.432 M; como del pendiente de transferir, 31.200
M, de transferencias no reembolsables y préstamos). Por ejemplo, el Gobierno sabe que el Congreso le ha tumbado todos los intentos de subir la fiscalidad del diésel y con el gasoil rondando los 2 euros será imposible que nadie cambie su
posición al respecto, o sabe que no tiene apoyos para suprimir la bonificación por tributación conjunta, por poner solo 2 ejemplos muy evidentes de objetivos que va a incumplir seguro.
Pero hay otros muchos hitos que generan dudas razonables. Por ejemplo, no parece factible que la ministra de sanidad, cuyo sectarismo e incapacidad han provocado una huelga indefinida de médicos, sea capaz de garantizar el cumplimiento del
hito 276, que incluye el «abordaje o regulación de puestos o ámbitos difíciles de cubrir, el horario de trabajo, las funciones de guardia, las retribuciones, la formación, la conciliación de la vida familiar y profesional, y la retención del talento
en las profesiones sanitarias, las enseñanza y la investigación, y para regular el sistema de formación sanitaria especializada».
Por último, el cuarto y definitivo indicador del fracaso de los fondos europeos es que no han conseguido transformar nada nuestro modelo productivo:
no han logrado atraer más inversión extranjera: la inversión extranjera bruta (IEB) cayó un -21,8 % en 2025 respecto al año anterior (30.764 M en 2025 frente a en 39.351 M 2024), el dato más bajo de IEB desde 2021;
no se ha cerrado la brecha de innovación con la media de la UE-27: España invirtió en 2024 el 1,49 % del PIB vs 2,24 % de media de la UE-27;
ha aumentado la brecha de productividad: entre 2018 y 2025, la productividad por trabajador en España ha caído un -0,7 % mientras que en la media de la UE-27 ha aumentado un 2,6 %;
ha aumentado la brecha de renta per cápita: nuestra renta es el 84,4 % de la media europea, 0,9 puntos menos que en 2018 (85,3 %).
no ha mejorado la situación económica y social de las familias españolas: el 90 % reconoce que ha perdido poder adquisitivo, la pobreza energética es el doble que en 2018 y estamos a la cabeza de pobreza infantil de toda la UE-27, por
poner solo algunos ejemplos.
En definitiva, los fondos NextGen no han cumplido con nada de lo que nos prometieron en 2021.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Publicar, en el plazo más breve posible, un criterio interpretativo completo y homogéneo sobre los límites temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y sobre los supuestos en los que resulta jurídicamente posible reprogramar
medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hacia instrumentos financieros, esquemas de ayuda gestionados de forma independiente u otras fórmulas admitidas por la Comisión Europea para preservar la absorción de fondos.
2. Identificar y revisar de manera urgente, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el resto de entidades ejecutoras, todas aquellas actuaciones del PRTR que no puedan culminar materialmente antes del 31 de agosto
de 2026, distinguiendo entre las inversiones ordinarias que deban cerrarse, redimensionarse o reprogramarse y aquellas otras que, por su naturaleza, puedan canalizarse mediante instrumentos jurídicos compatibles con el marco europeo.
3. Realizar si resulta necesario, las modificaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de sus hitos y objetivos que permitan adaptar determinadas inversiones en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales.
4. Garantizar que, en los instrumentos financieros y mecanismos de ejecución ya aprobados o que puedan aprobarse, se permita de manera expresa y con seguridad
jurídica que las operaciones formalizadas dentro del plazo del MRR puedan desembolsarse y desarrollarse con posterioridad, cuando así lo prevean el correspondiente acuerdo de ejecución, el CID y los compromisos de reinversión autorizados por
la Comisión Europea.
5. Reforzar la coordinación, la cogobernanza y el diálogo institucional con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el resto de Entidades Locales en la ejecución y seguimiento de los programas financiados con fondos europeos, con el
fin de facilitar su plena absorción.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Jaime Eduardo de Olano Vela, José Vicente Marí Bosó, Pedro Puy Fraga, Francisco José Conde López y Juan Bravo Baena, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003340
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popularen el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para superar el colapso de los
servicios públicos, para su debate en Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
Exposición de motivos
Cuando el ministro de economía, Carlos Cuerpo, asume la vicepresidencia primera del Gobierno de España, asume la responsabilidad de la situación económica y social del Gobierno, así como de toda la corrupción del partido socialista, del
Gobierno y del entorno familiar más cercano de Pedro Sánchez que hoy está siendo juzgada.
Hasta ese nombramiento, Cuerpo era responsable sólo de no hacer bien su trabajo en el ministerio:
Vulneró el principio de independencia del Banco de España, al intentar quitar a una consejera para colocar a alguien afín;
es incapaz de aprobar incluso los proyectos de ley que vienen de la legislatura pasada y que ya estaban muy avanzados, como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero o la Ley de Garantía del servicio de cajeros automáticos en los
municipios en riesgo de exclusión;
mantiene bloqueados otros 5 proyectos de ley, a pesar de tener procedimiento de tramitación urgente, porque su supuesta capacidad de diálogo se queda en supuesta;
está a la cola de ejecución de los fondos NextGen: solo ejecutó el 15,7 % de los fondos europeos que tenía presupuestado su ministerio para 2025, ocupando el puesto 17 de los 22 ministerios por porcentaje de ejecución;
renunció al 40,4 % de los PERTE que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 M a 25.314 M, en sectores punteros como la fabricación de Chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector
sanitario;
renunció a 60.500 millones de euros de los fondos NextGen, el 37 % del total disponible, por su incapacidad para aprobar las reformas que había comprometido con Bruselas;
amplió la brecha de productividad por trabajador, que ha caído un -0,7 % en España frente a la subida de 2,6 % de la UE-27;
su excelente japonés ha atraído solo 208 M de Inversión Extranjera Bruta de Japón en el año 2025, un -69,2 % menos que el año anterior (678 M) y un -94,8 % menos que en 2018 (3.974 M);
Tras aceptar el nombramiento como vicepresidente primero, Cuerpo es el segundo máximo responsable de que España no funcione. Porque se da la paradoja de que con un récord de recaudación tributaria (+178.500 millones de euros) y con la
inyección de fondos europeos (102.500 millones de euros), los servicios públicos funcionan peor que nunca en nuestro país. Si a ello le añadimos la insoportable corrupción que invade al partido socialista, al gobierno y al entorno más íntimo de
Pedro Sánchez el resultado no puede ser otro que la desconfianza, el hartazgo y la desesperación de los ciudadanos ante esta negra etapa de España.
Sólo como ejemplos de que España no funciona:
El pasado 28 de abril de 2025 sufrimos el mayor apagón eléctrico sucedido en Europa en más de 100 años, dejando a oscuras a la Península Ibérica, Andorra y partes del sur de Francia. Hoy sabemos con certeza que la razón fue el dogmatismo
ideológico que llevó a configurar un mix energético insostenible sólo para intentar abrir los telediarios con una noticia que no fuera sobre corrupción.
Los técnicos advierten que las infraestructuras hidráulicas acumulan un déficit de unos 27.000 millones de euros en inversiones con el riesgo que ello supone, al mismo tiempo que el Gobierno renuncia a 3.500 M de fondos europeos
inicialmente previstos para mitigar el Cambio Climático (1.805 M del PERTE del Agua y 1.635M del PERTE de Descarbonización).
El tren ha pasado de «vivir sus mejores días» a un deterioro continuo: primero perdieron la puntualidad; después la calidad en el servicio; más tarde, la fiabilidad (retrasos, caos en estaciones, trenes tirados en la nada...) y
finalmente, la seguridad, con las tragedias que todos conocemos.
La red de carreteras nacionales sufre un déficit de mantenimiento que SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) estima en más de 11.000 millones de euros.
Por primera vez en la historia, los médicos de todo el Sistema Nacional de Salud han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida contra las políticas del Ministerio de Sanidad.
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están colapsadas y ha llegado a surgir un verdadero mercado negro de citas para atención personal donde aquellos que podían pagarlo «compraban» una cita que resultaba inalcanzable
para la mayoría.
El Tribunal de Cuentas ha certificado el fracaso del IMV destacando que solo alcanza al 21 % de los hogares en pobreza severa, mientras 7 de cada 10 solicitudes son rechazadas por errores en la tramitación, requisitos inasumibles y
descoordinación institucional
Tenemos mayor inseguridad en las calles que en 2018; por el abandono y desprecio a policías y guardias civiles (récord de agresiones a agentes, inversiones sin ejecutar y falta de equipamiento adecuado; no reconocimiento de la
calificación de profesión de riesgo...) y fronteras sin control efectivo fruto de una gestión fallida que alienta la inmigración ilegal y fortalece a las mafias.
La vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles cuando en 2018 era el 16°. La falta de segundad jurídica (protección del okupa); la infernal burocracia, la incompetencia sumada a la ideología más recalcitrante han
imposibilitado el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, que hoy no pueden ni comprar ni alquilar;
En definitiva, asistimos al declive de los servicios públicos que, pese a contar con funcionarios ejemplares, son dirigidos por incompetentes sin otra virtud que su adscripción a alguno de los partidos de gobierno o de sus socios.
El resultado es conocido por todos: Los servicios públicos están colapsados, los procedimientos bloqueados y los ciudadanos desatendidos. Un país avanzado no se merece un Gobierno incompetente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asumir responsabilidades reales ante el deterioro generalizado de todos los servicios públicos dependientes del Gobierno, incluyendo el cese de los altos cargos responsables de cada uno de ellos. Asimismo, y en un ejercicio de
honestidad, la asunción de responsabilidades políticas por parte de los ministros como administradores últimos de estos servicios;
2. Realizar una auditoría externa que valide la idoneidad de los altos cargos que ocupan puestos de responsabilidad en cada uno de los ministerios, organismos y empresas públicas responsables de proveerlos servicios públicos a los
ciudadanos;
3. Revisar los procedimientos, protocolos y recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad y acordes a lo que los ciudadanos están pagando a través de sus impuestos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Jaime Eduardo de Olano Vela, José Vicente Marí Bosó, Pedro Puy Fraga, Francisco José Conde López, Ángel Ibáñez Hernando y Juan Bravo Baena, Diputados.Ester Muñoz de la Iglesia,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales
161/003315
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura, para su
debate en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
Exposición de motivos
Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025, reflexionó al recoger el galardón sobre «la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad», y explicó que «hoy día, en cuanto alguien tiene una opinión
diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo, se pierde el respeto, y ya no es posible un discurso sobre el que se base la democracia».
Ese respeto escasea hoy en algunos representantes políticos, incapaces de ejercer oposición sin señalar ni faltar al respeto. Al mismo tiempo, el anonimato en las redes sociales y el «infinite scroll», que promete una información ilimitada,
han favorecido una creciente polarización social que empieza a amenazar la convivencia ciudadana y a la propia democracia.
Además, las fuerzas ultras han puesto en su punto de mira a las televisiones públicas europeas, así como a los especialistas o contertulios que en ellas se expresan diariamente, y que consideran que ofrecen un relato diferente al suyo.
La extrema derecha amenaza con asfixiar económicamente a las corporaciones públicas de comunicación o ponerlas a su servicio al llegar al poder, amenazando, incluso, con entrar con «motosierra o lanzallamas». Todo, con el objetivo de acabar
con la confianza en uno de los pilares clave de la información.
Esto no es un fenómeno exclusivo de España. Recientemente, Donald Trump acusó a la cadena BBC británica de manipular su discurso y ha sometido a una asfixia económica tanto a la televisión, como a las radios públicas estadounidenses,
provocando el cierre de la Corporación de Radiodifusión Pública de Estados Unidos (CPB). Una práctica que también ha comenzado a extenderse en Reino Unido, donde el partido del ultraderechista Nigel Farage, Reform UK, ha situado también a la BBC en
su diana.
El director del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO), Paolo Cesarini, apunta a que «estos ataques ultras tienen conexiones con los ocurridos en otras democracias occidentales» y constituyen un caldo de cultivo para las teorías
de la conspiración de la ultraderecha, al situar a los medios públicos en el punto de mira. Cesarini considera «preocupantes los despidos, las interferencias, política, los recortes presupuestarios y los intentos de centralizar el control o socavar
la credibilidad de los medios públicos». Además, lamenta que «el debate democrático se vea cada vez más amenazado por la desinformación, impulsada por la inteligencia artificial, la propaganda hostil y los algoritmos de las redes sociales que
amplifican las divisiones sociales». No obstante, recuerda que «los medios públicos siguen siendo una de las mayores salvaguardas contra la concentración del poder mediático privado, pero también son vulnerables ante la retórica populista y la
cacería política por parte de los gobiernos autoritarios».
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista defenderemos siempre la libertad de expresión en los medios de comunicación, tanto público como privados. Del mismo modo, preservaremos el derecho de la ciudadanía de recibir una información
veraz, frente a los bulos, los insultos y el señalamiento, como garantía de unos servicios públicos de calidad.
Conviene recordar que estos derechos están protegidos por el artículo 20 de nuestra Constitución, que no solo «reconoce y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», sino que,
además, establece que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa». Unas garantías que se ven ampliadas por otros artículos del texto constitucional, así como por la jurisprudencia emanada por parte
del Tribunal Constitucional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar su apoyo al desarrollo de un trabajo profesional periodístico libre y sin censura, en defensa de la convivencia y la democracia.
2. Seguir apoyando el servicio público de comunicación audiovisual, pilar fundamental en nuestra democracia, frente a las amenazas a las actualmente se enfrenta.
3. Seguir preservando y fortaleciendo a las radio-televisiones públicas y entes territoriales como piezas fundamentales de nuestro sistema democrático, ya que garantizan una oferta informativa plural, imparcial, rigurosa y de calidad,
cercanas a la realidad territorial y protegidas frente a injerencias indebidas.
4. En el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno y de conformidad con el marco normativo establecido en el Reglamento europeo de libertad de medios, impulsar las modificaciones legislativas necesarias que
permitan avanzar en la transparencia, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación,
orientadas a prevenir la manipulación informativa y desinformación, así como a limitar situaciones de dependencia derivada de la opacidad en la propiedad de los medios de comunicación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2026.Vicent Sarrià i Morell y Ferran Verdejo Vicente, Diputados.Begoña Nasarre Oliva y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/003332
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al refuerzo de la formación en seguridad vial para conductores de
furgonetas y al impulso de medidas específicas, para mejorar la seguridad de este tipo de vehículos, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
Las furgonetas desempeñan un papel esencial en el transporte ligero de mercancías, el reparto urbano y múltiples actividades económicas estratégicas. No obstante, su creciente presencia en vías urbanas e interurbanas conlleva importantes
desafíos para la seguridad vial.
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la Dirección General de Tráfico, ha alertado recientemente de que las furgonetas constituyen una «asignatura pendiente» de la seguridad vial en España, señalando un aumento relevante
de la siniestralidad en este tipo de vehículos y la concurrencia de factores de riesgo específicos.
Entre los elementos diferenciales que inciden en la siniestralidad de las furgonetas destacan:
Su doble uso profesional y particular, con intensidades de circulación elevadas.
La mayor antigüedad media del parque respecto a otros vehículos.
Las particularidades dinámicas del vehículo (masa, centro de gravedad, distancias de frenado).
La realización frecuente de maniobras de carga y descarga en entornos urbanos congestionados.
La exposición prolongada a la conducción por motivos laborales.
La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 establece como prioridades la protección de los usuarios vulnerables, el enfoque de sistema seguro, la reducción de comportamientos de riesgo y la mejora de la formación de los conductores como
herramienta estructural de prevención.
En este marco estratégico, los conductores de furgonetas constituyen un colectivo prioritario de intervención, dada la interacción constante de estos vehículos con peatones, ciclistas y motociclistas en entornos urbanos, así como su elevada
exposición al riesgo en vías interurbanas.
Resulta por ello necesario reforzar la capacitación específica de estos conductores, integrando contenidos adaptados a las características del vehículo y a los escenarios reales de circulación, alineados con los principios preventivos de la
Estrategia 2030 y con el enfoque de movilidad segura y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar un Programa Específico de Formación en Seguridad Vial para Conductores de Furgonetas, alineado con la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030. Formación que incluya módulos formativos adaptados a las particularidades de
estos vehículos, que contemplen:
a) Conducción segura basada en el enfoque Sistema Seguro.
Anticipación del riesgo y conducción defensiva.
Adaptación de la velocidad a entornos urbanos e interurbanos.
Gestión de distancias de seguridad y frenado con vehículos de mayor masa.
b) Protección de usuarios vulnerables (prioridad estratégica de la Estrategia 2030).
Interacción segura con peatones, ciclistas y motoristas.
Prevención de atropellos en maniobras de baja velocidad.
Visibilidad y ángulos muertos en vehículos de reparto.
c) Seguridad en operaciones de carga y descarga.
Maniobras seguras en entornos urbanos congestionados.
Señalización adecuada de paradas operativas.
Prevención de estacionamientos indebidos que generen situaciones de riesgo.
d) Factores humanos y prevención de conductas de riesgo.
Gestión de la fatiga en conducción profesional.
Prevención de distracciones tecnológicas.
Sensibilización sobre alcohol, drogas y medicamentos.
Gestión del estrés asociado a tiempos de reparto,
e) Conducción eficiente y tecnologías de seguridad.
Uso correcto de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS).
Eficiencia energética y conducción suave como factores de seguridad.
Adaptación progresiva a flotas electrificadas.
2. Promover la integración de esta formación en:
Cursos de obtención y renovación de permisos profesionales.
Programas de formación continua en empresas con flotas de furgonetas.
Planes de prevención de riesgos laborales vinculados a la conducción.
3. Impulsar incentivos para empresas que acrediten planes de formación periódica en seguridad vial para sus conductores de furgonetas, por ejemplo, en la contratación pública, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
4. Desarrollar campañas de sensibilización específicas para estos vehículos, alineadas con los objetivos de reducción de siniestralidad de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
5. Reforzar el análisis estadístico diferenciado de siniestralidad de furgonetas por parte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas formativas adoptadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2026.Juan Carlos Jerez Antequera y Manuel Arribas Maroto, Diputados.Maribel García López y Montse Mínguez García, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/003323
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
Proposición no de Ley sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contemplada en el punto 6 procedería llevarla a cabo, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones
Exposición de motivos
Este comienzo del mes de marzo hemos conocido la noticia de que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos registra beneficios de unos 14,4 millones de euros tras diez años de pérdidas. Según informa la web de correos es una «cifra que
excluye el impacto de la provisión extraordinaria asociada al plan de rejuvenecimiento de la
plantilla» aunque la información publicada no refleja plenamente la situación estructural de la compañía ni su capacidad real de generación de ingresos recurrentes.
La Ley 6/2025, de 28 de julio, de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de
arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias, reconoce a Correos como prestatario del Servicio Postal Universal y como prestatario de cuatro Servicios de Interés Económico General (SIEG) en su Disposición Final Única.
Dicho reconocimiento, junto con la consiguiente asignación económica por parte del Estado para su prestación, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y un cierto repunte de la actividad en paquetería, explican parcialmente el resultado
positivo registrado por Correos en 2025. Sin embargo, analizadas las cuentas, este resultado se apoya fundamentalmente en una intensa política de contención del gasto de explotación y de personal orientada a equilibrar las cuentas maltrechas de la
etapa anterior.
Es precisamente esta política de contención la que genera importantes motivos de preocupación en especial en lo que se refiere a la gestión de la plantilla y al modelo laboral sobre el que se está sosteniendo dicha evolución económica. Y es
que la mejora de la cifra de negocio no debe basarse en modelos incoherentes con las debidas garantías laborales que debe ofrecer una empresa pública a sus trabajadores ni en ajustes de costes laborales o procesos de reducción de plantilla que
comprometan su función como servicio público esencial.
Los sindicatos vienen alertando del abuso de la temporalidad en Correos apuntando que la tasa de temporalidad estructural ronda el 25%, afectando a más de 30.000 trabajadores eventuales, de los cuales unos 4.500 acumulan décadas de servicio
en una situación que presenta indicios de fraude de ley al cubrir necesidades estructurales con contratación temporal prolongada. Una práctica que contrasta con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, que propone «la adopción de medidas para mejorar la eficiencia de los recursos humanos reduciendo los altos niveles de temporalidad» y se marca como objetivo «situar la tasa de temporalidad estructural por debajo
del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas» y con el marco jurídico europeo en materia de contratación temporal.
A su vez se ha alertado de un exceso de parcialidad no deseada, con más de 5000 empleados trabajando a tiempo parcial, mientras la empresa recurre, año tras año, a unas 250.000 horas complementarias y 250.000 horas extraordinarias anuales,
tal y como consta en la información remitida a los sindicatos. La contratación a tiempo parcial debe responder a causas objetivas y voluntarias y la situación de Correos apunta a que muchas de estas plazas responden en realidad a necesidades
estructurales de jornada completa. Es algo a analizar de manera urgente en el marco del diálogo social y la negociación colectiva.
De hecho, los sindicatos denuncian que no se han llevado a cabo los compromisos del Acuerdo de 31 de diciembre de 2024 que contempla la conversión progresiva de esos contratos parciales en contratos de jornada completa. Tampoco se habría
implantado la jornada de 35 horas que preveía el acuerdo y que ya es efectiva en otras empresas públicas.
Esta situación, en su conjunto, no parece responder a elementos coyunturales, sino a la consolidación de un modelo estructural de gestión de recursos humanos basado en la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad como instrumentos de
flexibilidad interna, incompatible con la naturaleza de Correos como empresa pública estatal y con su función de prestación de un servicio esencial para la cohesión social y territorial.
En un contexto de reestructuración y apertura de nuevas líneas de servicio a la ciudadanía es necesario contar con los recursos humanos suficientes para garantizar tanto un adecuado crecimiento de la empresa como la adecuada prestación del
servicio público, incluyendo potenciales servicios financieros básicos que permitirían asegurar la
atención en municipios sin cobertura bancaria, que afectan especialmente a las personas de mayor edad.
Los sindicatos alertan de que el Plan de Rejuvenecimiento que incluye un plan de salidas con una provisión económica de 427 millones de euros y que debe garantizar el 100 % de la retribución y de la pensión, oculte una reducción neta del
personal suponiendo un recorte camuflado de plantilla. Un proceso de salidas desvinculado de una planificación adecuada de las ofertas de empleo público, con tasas de reposición y estabilización suficientes, supondría un recorte encubierto
orientado a la reducción de costes y no a una verdadera renovación de Correos, comprometiendo su capacidad de crecimiento y de prestación de servicios públicos.
La condición de Correos como sociedad estatal, cuyo accionista único es la SEPI dependiente del Ministerio de Hacienda, implica una responsabilidad directa del Estado en la orientación de su modelo social y laboral y en el cumplimiento de la
legalidad vigente y de los compromisos adquiridos, no pudiendo desvincularse la financiación pública del cumplimiento efectivo de estos principios.
Considerando lo expuesto y con vistas a garantizar un modelo de negocio estable, público, productivo, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reducir la tasa de temporalidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos situándola por debajo del 8% mediante ofertas de empleo público suficientes y una planificación plurianual transparente de las necesidades estructurales de
plantilla.
2. Eliminar la parcialidad no deseada cumpliendo con lo acordado con los sindicatos convirtiendo de forma progresiva los contratos a tiempo parcial estructurales en contratos a tiempo completo.
3. Asegurar tasa de reposición y las plazas de estabilización suficientes implementadas a través de las ofertas de empleo correspondientes, garantizando la cobertura de las necesidades estructurales de plantilla para la prestación del
servicio público postal y las nuevas líneas de negocio adoptadas, así como cualquier otra futura propuesta de negocio o servicio ciudadano garantizando la operatividad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.
4. Garantizar que cualquier proceso de salidas derivado del Plan de Rejuvenecimiento esté condicionado a la aprobación simultánea de las correspondientes ofertas de empleo público que aseguren la reposición efectiva de las plazas
estructurales necesarias.
5. Implementar de manera inmediata y homogénea la jornada de 35 horas semanales para toda la plantilla.
6. Presentar un informe anual de seguimiento ante el Congreso sobre la evolución del empleo en Correos y vincular la financiación pública (SPU y SIEG) al cumplimiento efectivo de estos compromisos sociales y laborales, incluyendo
indicadores concretos de temporalidad, parcialidad y evolución de la plantilla.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputado.Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
A la Mesa del Congrés dels Diputats
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, de conformitat amb els articles 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de Llei sobre
la situació laboral dels treballadors i treballadores de la Societat Estatal Correus i Telègrafs en la Comissió de Treball, Seguretat Social, Inclusió i Migracions
Exposició de motius
Aquest començament del mes de març hem conegut la notícia que la Societat Estatal de Correus i Telègrafs registra beneficis d'uns 14,4 milions d'euros després de deu anys de pèrdues. Segons informa la web de correus és una «xifra que exclou
l'impacte de la provisió extraordinària associada al pla de rejoveniment de la plantilla» encara que la informació publicada no reflecteix plenament la situació estructural de la companyia ni la seva capacitat real de generació d'ingressos
recurrents.
La Llei 6/2025, de 28 de juliol, de modificació de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, per a la regulació de les inversions en elements patrimonials afectes a l'activitat d'arrendament
d'habitatge a les Illes Canàries, reconeix a Correus com a prestatari del Servei Postal Universal i com a prestatari de quatre Serveis d'Interès Econòmic General (SIEG) en la seva Disposició Final Única.
Aquest reconeixement, juntament amb la consegüent assignació econòmica per part de l'Estat per a la seva prestació, el desenvolupament de noves línies de negoci i un cert repunt de l'activitat en paqueteria, expliquen parcialment el resultat
positiu registrat per Correus en 2025. No obstant això, analitzats els comptes, aquest resultat es recolza fonamentalment en una intensa política de contenció de la despesa d'explotació i de personal orientada a equilibrar els comptes malparats de
l'etapa anterior.
És precisament aquesta política de contenció la que genera importants motius de preocupació especialment pel que fa a la gestió de la plantilla i al model laboral sobre el qual s'està sostenint aquesta evolució econòmica. I és que la
millora de la xifra de negoci no ha de basar-se en models incoherents amb les degudes garanties laborals que ha d'oferir una empresa pública als seus treballadors ni en ajustos de costos laborals o processos de reducció de plantilla que comprometin
la seva funció com a servei públic essencial.
Els sindicats venen alertant de l'abús de la temporalitat en Correus apuntant que la taxa de temporalitat estructural ronda el 25 %, afectant més de 30.000 treballadors eventuals, dels quals uns 4.500 acumulen dècades de servei en una
situació que presenta indicis de frau de llei en cobrir necessitats estructurals amb contractació temporal prolongada. Una pràctica que contrasta amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, que proposa «l'adopció de mesures per a millorar l'eficiència dels recursos humans reduint els alts nivells de temporalitat» i es marca com a objectiu «situar la taxa de temporalitat estructural per sota del 8 per cent en el
conjunt de les Administracions Públiques» i amb el marc jurídic europeu en matèria de contractació temporal.
Al seu torn s'ha alertat d'un excés de parcialitat no desitjada, amb més de 5000 empleats treballant a temps parcial, mentre l'empresa recorre, any rere any, a unes 250.000 hores complementàries i 250.000 hores extraordinàries anuals, tal
com consta en la informació remesa als sindicats. La contractació a temps parcial ha de respondre a causes objectives i voluntàries i la situació de Correus apunta al fet que moltes d'aquestes places responen en realitat a necessitats estructurals
de jornada completa. És alguna cosa a analitzar de manera urgent en el marc del diàleg social i la negociació col·lectiva.
De fet, els sindicats denuncien que no s'han dut a terme els compromisos de l'Acord de 31 de desembre de 2024 que contempla la conversió progressiva d'aquests contractes parcials en contractes de jornada completa. Tampoc s'hauria implantat
la jornada de 35 hores que preveia l'acord i que ja és efectiva en altres empreses públiques.
Aquesta situació, en el seu conjunt, no sembla respondre a elements conjunturals, sinó a la consolidació d'un model estructural de gestió de recursos humans basat en la
temporalitat, la inestabilitat i la parcialitat com a instruments de flexibilitat interna, incompatible amb la naturalesa de Correus com a empresa pública estatal i amb la seva funció de prestació d'un servei essencial per a la cohesió
social i territorial.
En un context de reestructuració i obertura de noves línies de servei a la ciutadania és necessari comptar amb els recursos humans suficients per a garantir tant un adequat creixement de l'empresa com l'adequada prestació del servei públic,
incloent-hi potencials serveis financers bàsics que permetrien assegurar l'atenció en municipis sense cobertura bancària, que afecten especialment les persones de major edat.
Els sindicats alerten que el Pla de Rejoveniment que inclou un pla de sortides amb una provisió econòmica de 427 milions d'euros i que ha de garantir el 100 % de la retribució i de la pensió, oculti una reducció neta del personal suposant
una retallada camuflada de plantilla. Un procés de sortides desvinculat d'una planificació adequada de les ofertes d'ocupació pública, amb taxes de reposició i estabilització suficients, suposaria una retallada encoberta orientada a la reducció de
costos i no a una veritable renovació de Correus, comprometent la seva capacitat de creixement i de prestació de serveis públics.
La condició de Correus com a societat estatal, l'accionista únic de la qual és la SEPI dependent del Ministeri d'Hisenda, implica una responsabilitat directa de l'Estat en l'orientació del seu model social i laboral i en el compliment de la
legalitat vigent i dels compromisos adquirits, no podent desvincular-se el finançament públic del compliment efectiu d'aquests principis.
Considerant l'exposat i amb vista a garantir un model de negoci estable, públic, productiu, eficient i al servei de la ciutadania.
El Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR presenta la següent
Proposició no de llei
«El Congrés dels Diputats insta el govern a:
1. Reduir la taxa de temporalitat de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs situant-la per sota del 8 % mitjançant ofertes d'ocupació pública suficients i una planificació pluriennal transparent de les necessitats estructurals de
plantilla.
2. Eliminar la parcialitat no desitjada complint amb els acords amb els sindicats convertint de manera progressiva els contractes a temps parcial estructurals en contractes a temps complet.
3. Assegurar taxa de reposició i les places d'estabilització suficients implementades a través de les ofertes d'ocupació corresponents, garantint la cobertura de les necessitats estructurals de plantilla per a la prestació del servei públic
postal i les noves línies de negoci adoptades, així com qualsevol altra futura proposta de negoci o servei ciutadà garantint l'operativitat de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs.
4. Garantir que qualsevol procés de sortides derivat del Pla de Rejoveniment estigui condicionat a l'aprovació simultània de les corresponents ofertes d'ocupació pública que assegurin la reposició efectiva de les places estructurals
necessàries.
5. Implementar de manera immediata i homogènia la jornada de 35 hores setmanals per a tota la plantilla.
6. Presentar un informe anual de seguiment davant el Congrés sobrel'evolució de l'ocupació en Correus i vincular el finançament públic (SPU i SIEG) al compliment efectiu d'aquests compromisos socials i laborals, incloent-hi indicadors
concrets de temporalitat, parcialitat i evolució de la plantilla.»
Congrés dels Diputats, 16 dabril de 2026.Fèlix Alonso Cantorné, Diputat. Aina Vidal Sáez, Portaveu adjunta del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR.
161/003324
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley relativa a la rectificación de la normativa para la regularización extraordinaria de personas migrantes que excluye a las personas saharauis apátridas.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 111100, y considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. el Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara vigente, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la rectificación de la normativa para la regularización extraordinaria de personas migrantes que excluye a las personas saharauis apátridas, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los derechos y
libertades de los extranjeros en el Estado español y de su integración social. Una normativa largamente esperada y exigida por las diferentes organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes, y que garantizará la igualdad de
acceso a los servicios públicos básicos.
Sin embargo, tal como han denunciado diversas organizaciones y asociaciones de solidaridad y defensa de los derechos del pueblo saharaui, la nueva normativa excluye explícitamente de la posibilidad de acogerse a este proceso de
regularización extraordinaria para las personas residentes de forma irregular en el Estado español a las personas apátridas, que son, en su inmensa mayoría, saharauis.
Con esta exclusión, el Gobierno estatal vuelve a dar la espalda al pueblo saharaui al impedir que los y las saharauis apátridas accedan al proceso de regularización extraordinaria. Como denuncian numerosas entidades, no tiene sentido alegar
una situación de «regularidad» para las personas que solicitan el reconocimiento de su condición de apátridas cuando, mientras este procedimiento no se resuelve, no se les
permite trabajar precisamente porque no tienen la autorización de residencia y trabajo concedida.
Por lo tanto, es necesario rectificar y modificar el Real Decreto que el Gobierno acaba de publicar para permitir también el acceso a la regularización extraordinaria a las personas apátridas, dando así acceso a la gran mayoría de los
saharauis residentes en el Estado español.
Por todo lo anteriormente expuesto, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso insta al Gobierno del Estado a:
1. Rectificar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los derechos y libertades de los
extranjeros en el Estado español y de su integración social, para dar acceso al procedimiento extraordinario de regularización a las personas apátridas, lo que implica facilitar la regularización de los saharauis residentes en el Estado español.
2. Avanzar en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, siguiendo las resoluciones de la ONU y la labor de la MINURSO, para que sea posible celebrar, cuanto antes, el referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Á Mesa do Congreso
O Grupo Parlamentar Mixto, a instancia do deputado do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ao abeiro do disposto no artigo 193 e seguintes do vixente Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de Lei
relativa á rectificación da normativa para a regularización extraordinaria de persoas migrantes que exclúe ás persoas saharauís apátridas, para o seu debate na Comisión de Traballo, Economía Social, Inclusión, Seguranza Social e Migracións.
Exposición de motivos
O Consello de Ministros vén de aprobar no día de onte o Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 1155/2024, de 19 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre
dereitos e liberdades dos estranxeiros no Estado español e a súa integración social. Unha regulación longamente esperada e demandada polas distintas organizacións en defensa dos dereitos das persoas migrantes, e que permitirá garantir o acceso en
igualdade a servizos públicos básicos.
Porén, tal e como veñen de denunciar distintas organizacións e asociacións de solidariedade e defensa dos dereitos do pobo saharauí, a nova normativa exclúe de forma explícita da posibilidade de acollerse a este proceso de regularización
extraordinaria para as persoas residentes de forma irregular no Estado español, ás persoas apátridas, as cales son, na súa inmensa maioría, saharauís.
Con esta exclusión, o Goberno do Estado volve, máis unha vez, a dar as costas ao pobo saharauí impedindo o acceso das e dos saharauís apátridas ao proceso de regularización extraordinaria. Tal e como denuncian numerosas entidades, carece de
sentido que se alegue unha situación de «regularidade» das persoas solicitantes de recoñecemento do estatuto de apátrida cando, mentres non se resolve ese trámite, non
lles é permitido traballar precisamente por non ter autorización de residencia e de traballo concedida.
Así pois, é preciso rectificar e modificar o RD que vén de publicar o Goberno para permitir tamén o acceso á regularización extraordinaria das persoas apátridas, dando así, acceso á grande maioría das persoas saharauís residentes no Estado
español.
Por todo o exposto anteriormente, o BNG presenta a seguinte
Proposición non de Lei
«O Congreso insta o Goberno do Estado a:
1. Rectificar o Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 1155/2024, de 19 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros
no Estado español e a súa integración social para dar acceso ao proceso de regularización extraordinaria ás persoas apátridas, o que implica, facilitar a regularización das persoas saharauís residentes no Estado español.
2. Avanzar no proceso de descolonización do Sáhara Occidental, seguindo as resolucións da ONU e o traballo da MINURSO para que sexa posíbel realizar, canto antes, o referendo de autodeterminación do pobo saharauí.»
En Madrid, 16 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Comisión de Interior
181/001746
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuál es el número real de efectivos de la Guardia Civil actualmente destinados en Cantabria y el déficit existente con el catálogo actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001747
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuál es el detalle de las medidas urgentes que el Ministerio del Interior va a poner en marcha para reforzar las plantillas de la Guardia Civil en Cantabria durante el verano de 2026?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001748
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Cuál es el calendario previsto para cubrir las vacantes en la Guardia Civil en Cantabria en los meses de verano de 2026 y garantizar un servicio adecuado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
181/001749
Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Porqué no se han atendido con anterioridad las advertencias de las asociaciones profesionales del Cuerpo de la Guardia Civil así como las denuncias que el Grupo Popular ha realizado en el Congreso de los Diputados en las que se denuncia la
necesidad de Cantabria de contar con al menos 136 nuevos agentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Félix de las Cuevas Cortés y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.
Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible
181/001750
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno
¿Qué disposición tiene el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para atender las demandas sociales y políticas de Pontecesures para mejorar la integración y humanización de la carretera N-550 a su paso por el núcleo urbano,
incorporando elementos de protección para las personas viandantes, de accesibilidad, iluminación y rehabilitación del firme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno
Que disposición ten o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentábel a atender as demandas sociais e políticas de Pontecesures para mellorar a integración e humanización da estrada N-550 ao seu paso polo núcleo urbano, incorporando
elementos de protección para as persoas viandantes, de accesibilidade, iluminación e rehabilitación do firme?
En Madrid, 14 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001755
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno:
¿Rectificará el Gobierno el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en el Estado español y su integración social para dar acceso al proceso de regularización extraordinaria a las personas apátridas, lo que implica facilitar la regularización de las personas saharauis residentes en el
Estado español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Rectificará o Goberno o Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 1155/2024, de 19 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros no Estado español e a súa integración social para dar acceso ao proceso de regularización extraordinaria ás persoas apátridas, o que implica, facilitar a regularización das persoas saharauís residentes no Estado español?
En Madrid, 15 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital
181/001754
El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Qué acciones desarrolla el Ministerio para garantizar que las personas del medio rural de Galicia puedan desarrollar un proyecto de vida laboral, personal o de
emprendimiento y asegurar que tengan acceso a internet de calidad y avanzar decididamente en el despliegue de la fibra óptica y la conexión a internet de banda ancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Diputado.
O deputado do Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego Candamil, integrado no Grupo Parlamentar Mixto, formula a seguinte pregunta dirixida ao Goberno:
Que accións desenvolve o Ministerio para garantir que as persoas do rural da Galiza, podan desenvolver un proxecto de vida laboral, persoal ou de emprendemento e asegurar que teñan acceso a internet de calidade e avanzar decididamente no
despregamento da fibra óptica e conexión a internet de banda larga?
En Madrid, 14 de abril de 2026.Néstor Rego Candamil, Deputado do BNG, Portavoz adxunto do GP Mixto.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001751
Roberto García Morís, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Qué valoración realiza el Gobierno sobre el incremento de plazas públicas en la UNED para facilitar el acceso de los estudiantes a la educación superior pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Roberto García Morís, Diputado.
181/001752
Marta Gracia Blanco, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Cuáles han sido los resultados del proceso de homologación y declaración de equivalencias de títulos extranjeros durante el año 2025?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Marta Gracia Blanco, Diputada.
181/001753
Obdulia Taboadela Álvarez, Grupo Parlamentario Socialista.
¿Cuáles son los principales elementos que conforman la estrategia Deep Tech del Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2026.Obdulia Taboadela Álvarez, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/037149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GMx)
Retirada de su pregunta sobre incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en el Pazo de la Capitanía Marítima de A Coruña con el mantenimiento del nombre del «Salón de Honor TG Yagüe».
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 514, de 20 de abril de 2026.
184/037356
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ramírez Martín, María Lourdes (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Cierre del antiguo puesto de la Guardia Civil en el municipio de Cacín (Granada) y medidas alternativas previstas para garantizar la cobertura de seguridad en el municipio.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el punto 8 de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder
de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001657).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
Según diversas informaciones, el Gobierno habría procedido al cierre del antiguo puesto de la Guardia Civil en el municipio de Cacín, en la provincia de Granada. Una decisión de esta naturaleza, sin una planificación clara ni un análisis
previo del impacto en la seguridad ciudadana del medio rural, refuerza la percepción de abandono de los municipios de la provincia y de una merma en la capacidad de respuesta de la Guardia Civil en el entorno.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué órgano de la Administración General del Estado adoptó la decisión de cerrar el puesto de la Guardia Civil de Cacín?
2. ¿En qué fecha se acordó dicha medida y en qué momento fue efectivamente ejecutada?
3. ¿Cuál fue la motivación concreta, técnica y operativa para la supresión de un puesto de la Guardia Civil en un municipio como Cacín?
4. ¿Se trata de un cierre definitivo o el Gobierno contempla la posibilidad de reapertura del puesto en el futuro?
5. ¿Qué destino se ha dado a los efectivos que prestaban servicio en dicho puesto?
6. ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre el impacto de esta decisión en la seguridad ciudadana y en la atención a la población de Cacín y su entorno?
7. ¿Qué medidas alternativas ha previsto el Ministerio del Interior para garantizar la cobertura de seguridad en el municipio tras la desactivación del puesto?
8. ¿Existe resolución, expediente, orden o instrucción administrativa relativa al cierre del puesto? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2026.María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.
184/037357
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ramírez Martín, María Lourdes (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Hispán Iglesias de Ussel, Pablo (GP)
Inclusión en un procedimiento de subasta del antiguo inmueble del puesto de la Guardia Civil de Cacín (Granada), tras su cierre.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia incluida en el punto 6 de la iniciativa, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder
de la Administración pública correspondiente, y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001658).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán iglesias de Ussel, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.
De acuerdo con noticias recientemente publicadas, el Gobierno habría procedido a incluir en un procedimiento de subasta el antiguo inmueble del puesto de la Guardia Civil de Cacín, en la provincia de Granada, tras su cierre. Una enajenación
de este tipo, sin una explicación clara ni un análisis público de su conveniencia, genera legítimas dudas sobre la coherencia de una política de segundas residencias para el cuerpo y sobre la pérdida de infraestructuras estratégicas en el medio
rural.
Por ello, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué órgano del Ministerio del Interior o de la Administración General del Estado impulsó o autorizó la subasta del antiguo puesto de la Guardia Civil de Cacín?
2. ¿En qué fecha se inició el procedimiento de subasta del inmueble?
3. ¿Qué criterios se han aplicado para decidir la enajenación de este inmueble y no su reutilización para otros fines públicos o su cesión a la Administración local?
4. ¿Se ha informado o consultado al Ayuntamiento de Cacín o a la Subdelegación del Gobierno en Granada antes de proceder a la venta?
5. ¿Se ha evaluado el impacto de la pérdida de este inmueble en la capacidad futura de recuperar presencia policial estatal en el municipio?
6. ¿Existe expediente administrativo, resolución o instrucción específica relativa a la subasta del inmueble? [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2026.María Lourdes Ramírez Martín, Carlos Rojas García y Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Diputados.
184/037504
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Matute García de Jalón, Oskar (GEH Bildu)
Detalles de la infracción que dio lugar al expediente IE/BP-3/2021 del Banco de España a la entidad Ibercaja Banco SA por errores al remitir la información empleada para el cálculo del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH),
así como medidas previstas para reparar el daño causado.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el punto 2, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 111964, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7
del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Entidad Pública correspondiente y trasladar a dicha Entidad (nuevo número de expediente 189/000048).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Oskar Matute García de Jalón, Diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu de conformidad con Io previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes Preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta
por escrito:
El IRPH es un índice de referencia hipotecario utilizado, en lugar del Euribor, en algunos préstamos en el estado español. Existen dudas razonables sobre la abusividad de la cláusula con la que las entidades bancarias han incorporado el
IRPH a los contratos, y en la actualidad es un tema judicializado.
Respecto a la propia configuración del índice, que es calculado por el Banco de España, un catedrático de estadística aplicada certificó que es un índice «muy poco robusto» y «manifiestamente mejorable», añadiendo además que «cada una de las
entidades tiene capacidad de influencia» en el valor del IRPH (fuente: http://www.irphstop.eus/es/etxeberriadoktorearen-txostena/)
El 26 de abril de 2023 el BOE publicó la Resolución de 18 de abril de 2023 del Banco de España por la que se publica la sanción de multa por la comisión de una infracción grave impuesta a Ibercaja Banco, SA. Dicha resolución informaba de la
finalización del expediente de referencia IE/BP-3/2021 con una sanción de cinco millones de euros a la entonces Ibercaja Banco SA por la comisión de una infracción grave consistente en la remisión «inexacta» de la información que ha de presentarse
al Banco de España para el cálculo del IRPH (fuente: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-A-2023-10211.pdf). Lamentablemente, no se detalla en qué consiste la inexactitud de la información suministrada.
La entidad sancionada ha reconocido que su «error operacional» ha causado un perjuicio a las personas consumidoras (fuente: https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-banco-espana-impone-m...
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-banco-espana-impone-m...)
Todo apunta a una posible manipulación de datos que influyó al alza en el valor del IRPH.
Por ello, se solicita la respuesta por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿En qué consiste exactamente la infracción que dio lugar al expediente IE/BP-3/2021 del Banco de España?
2. [...]
3. ¿En cuántas ocasiones ha cometido Ibercaja errores al remitir al Banco de España la información empleada para el cálculo del IRPH?
4. ¿Cuántos puntos porcentuales superior al dato correcto fue el dato suministrado por Ibercaja cada mes en el que remitió información inexacta?
5. ¿Cuál es el número total de entidades consideradas en el cálculo del IRPH en los meses en los que Ibercaja remitió información inexacta?
6. ¿Es cierto que el incremento que el IRPH experimentó por la inexactitud de Ibercaja es exactamente igual al incremento del dato de Ibercaja dividido por el número total de entidades y que por tanto Ibercaja podía predecir con exactitud
su influencia en el resultado mensual del IRPH?
7. ¿Cuál es el perjuicio total ocasionado a las personas con un préstamo hipotecario vinculado al IRPH?
8. ¿Qué medidas tomó o va a tomar el Gobierno para reparar el daño causado?
9. ¿Es este el único caso detectado o existen más casos, con o sin sanción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2026.Oskar Matute García de Jalón, Diputado.
184/037507
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu)
Papel desempeñado por el Gobierno en la apertura de dos centros de detención en Mauritania e informes jurídicos solicitados antes de la apertura de los mismos.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en el punto 2, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 111964, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos del artículo 7
del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, en la medida en que obre en poder de la Administración Pública correspondiente y trasladar a dicha Administración (nuevo número de expediente 186/001662).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2026.P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo Elola-Olaso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu de conformidad con Io previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al gobierno con solicitud de respuesta por
escrito.
El pasado día 5 de noviembre el diario El Salto publicó un artículo de investigación de la Fundación Por Causa en el que informaba que el Gobierno de España había abierto dos cárceles de migrantes en Mauritania y que ambos centros de
detención habían sido construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por ello, deseo conocer:
1. ¿Qué hay de cierto en esta información? ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el Gobierno de España en la apertura de dichos centros de detención Mauritania?
2. ¿Se solicitaron informes jurídicos antes de la apertura? [...].
3. Según la noticia, la FIAP afirma que inspira estos centros en los CATE de Canarias en los que el ingreso de menores de edad no está permitido, pero a la vez reconoce que esos centros de Mauritania sí internarían a menores. La
investigación revela que ambos centros disponen incluso de cunas. ¿Considera normal el Gobierno apoyar actuaciones que no serían legales en España?
4. ¿Cuáles son los convenios, acuerdos bilaterales o multilaterales existen entre España (o FIAP) y Mauritania para la colaboración en materia de migración, detención de migrantes o externalización de fronteras?
5. ¿Qué mecanismos de supervisión o rendición de cuentas ha dispuesto el Gobierno para garantizar que los centros de Mauritania cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos (tratamiento de menores, separación familiar,
derecho de asilo, no devolución, condiciones de detención)?
6. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a menores de edad que pueden ser internados en estos centros, y cómo se garantiza su protección, separación, acceso a tutela o servicios sociales?
7. ¿Considerando que la legislación española prohíbe internamente de menores en centros de detención migratoria, estima el Gobierno que sería posible hacerlo en el extranjero en centros construidos con fondos españoles?
8. ¿Cuál ha sido el coste total del proyecto (incluyendo financiación española, fondos europeos, FIAP) y qué parte de ese coste está condicionada a objetivos concretos de control migratorio, detención, vigilancia fronteriza, y cuáles son
los resultados previstos o medidos hasta ahora?
9. ¿Qué opinión le merece a España que Mauritania realice devoluciones en cadena (refoulement) o abandono de personas vulnerables en zonas de riesgo extremo?
10. ¿Qué información o datos tiene el Gobierno sobre la funcionalidad real de los centros en Mauritania? ¿Recibe información por parte de las autoridades mauritanas?
11. ¿Qué opinión le merece el informe de Human Rights Watch de este año en relación con el tratamiento de las migraciones por parte de Mauritania?
12. ¿Ha respondido a la acusación que señala a la Unión Europea y España, de haber continuado externalizando y subcontratando la gestión migratoria a Mauritania, pese a sus vulneraciones de derechos?
13. Mauritania utiliza equipamiento español (de la FIAP): drones, vehículos todoterreno, quads, visores nocturnos entre otros y que hay agentes policiales españoles
sobre el terreno. ¿Estima el Gobierno que no tiene responsabilidad subsidiaria sobre las posibles conculcaciones de DDHH por parte de Mauritania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2026.Jon Iñarritu García, Diputado.